Mesa de Derechos Humanos denuncia desconfianza, incertidumbre y descontento social por acciones del gobierno ante el Covid-19
abril 14, 2020
Redacción
Las medidas tomadas por el gobierno continúan teniendo un enfoque reactivo, militarista, individualista y utiliza una estrategia de internalización de la culpa, señalando a quien en un estado de necesidad desatiende el toque de queda para atender las necesidades de las que el Estado mismo históricamente se ha desligado.redaccion@criterio.hn
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – La Mesa de Derechos Humanos presentó este martes el Informe “Estado Crítico de la Nación en Tiempos de COVID-19”, donde expresa su preocupación por la ineficacia y falta de legitimidad en las medidas tomadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández para enfrentar la crisis humanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
El informe resalta que los matices en los niveles de desigualdad social, pobreza, pobreza extrema, violencia, corrupción e impunidad como política de estado, en contraste con las medidas adoptadas por el gobierno, reflejan el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Enfatizando particularmente en el deber de adoptar medidas para atender las causas estructurales que impiden que la población en general cuente con un Sistema de Salud robustecido, integral e inclusivo.
También el informe devela que el Sistema de Salud hondureño ha colapsado, y en momentos de emergencia sanitaria como el actual, se evidencia que el mismo no ha sido una prioridad en la agenda del gobierno, como si lo ha sido el incremento de presupuesto en materia de Defensa y Seguridad.
El Informe del Estado Critico de la Nación en Tiempos de COVID-19, da cuenta de las violaciones a derechos humanos de grupos colocados en situación de mayor vulnerabilidad y señala las medidas que comprometen el goce real de los derechos humanos a nivel general.
La Mesa de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por lo siguiente:
- Las medidas tomadas por el gobierno continúan teniendo un enfoque reactivo, militarista, individualista y utiliza una estrategia de internalización de la culpa, señalando a quien en un estado de necesidad desatiende el toque de queda para atender las necesidades de las que el Estado mismo históricamente se ha desligado.
- La respuesta del Estado a la pandemia ha expuesto a la niñez, adolescencia, juventud y las mujeres a un contexto agravado de violencia y desatención de sus necesidades de protección especial; por otro lado, las medidas adoptadas por el gobierno refuerzan la discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, personas con VIH, trabajadoras sexuales, personas LGBTI, así como el desinterés de las necesidades de las personas privadas de libertad, quienes se enfrentan a un contexto de violencia generalizado y a elevados niveles de exposición de contagio como producto del hacinamiento al que están sometidos; Por su lado, las personas defensoras de derechos humanos, las y los periodistas, se enfrentan a una respuesta represiva (detenciones, agresiones y malos tratos) y a serios obstáculos para desarrollar su trabajo, incluyendo la negativa de acceder a la información pública.
- Manifiesta preocupación por la disminución de las medidas de protección a beneficiarios de “medidas cautelares” otorgadas por la CIDH y las otorgadas por la Dirección General del Mecanismo Nacional de Protección.
- Observa con preocupación que las proyecciones de impacto de la pandemia hechas por expertos profesionales independientes no coinciden con los datos proporcionados por el SINAGER en las diferentes cadenas nacionales.
- Denuncia que el gobierno intenta limitar arbitrariamente la libertad de expresión del personal sanitario para ocultar la gravedad de crisis sanitaria, el mal manejo de los recursos, la falta de abastecimiento de equipo de protección para el personal sanitario.
- Observa que los mecanismos de rendición de cuentas que el gobierno ofrece respecto de la administración de los fondos no son claras ni detalladas además que muestra serias debilidades técnicas y permea opacidad, lo que abre las oportunidades de perpetuar las acostumbradas prácticas de corrupción estructural.
- Finalmente, La Mesa observa con preocupación que la falta de legitimidad del gobierno produce altos niveles de desconfianza, incertidumbre y descontento social, lo que supone un grave desafío para que el mismo pueda -como pretender- enfrentar la crisis de manera vertical y unilateral.
- Crear un Comité Interinstitucional para la atención de la Pandemia de COVID-19 bajo la Dirección del Colegio Médico de Honduras y profesionales de la salud expertos en el tema.
- Activas los Comités de Emergencia Municipal y los Comités de Emergencia Local y otros mecanismos de articulación y participación ciudadana que sirvan grupos de monitoreo de las medidas y de enlace de la comunidad con las autoridades sanitarias.
- Incluir en todos los niveles de auditoría social y rendición de cuentas al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y al Foro Social para la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH).
- Dar a conocer de manera inmediata la estrategia de intervención en la crisis, particularmente el plan de inversión y beneficios, el plan de distribución de la ayuda humanitaria y equipo de protección personal;
- Crear bases de datos con información desagregada para identificar el impacto de la pandemia de forma diferenciada atendiendo las características y exposiciones de las poblaciones colocadas en situación de vulnerabilidad.
¿Por qué Honduras también debería hacerle autopsias a los cuerpos fallecidos por Covid-19?
Por
Redacción 
Foto: Investigación y Desarrollo
Por Danelia Bueso
Periodista del CESPAD
Periodista del CESPAD
14 de abril 2020
Las autopsias en muertos por el Covid-19
están abriendo la probabilidad de un cambio en el tratamiento de las
personas contagiadas. Estados Unidos, Italia y China las realizan para
verificar las verdaderas causas de la muerte y los mecanismos de cómo el
virus provoca daño y hacer cambios en los tratamientos. EL CESPAD
conversó con la doctora Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina
Forense, para comprender la importancia que tiene practicar autopsias,
también en Honduras.
En Italia, para el caso, ya se están
cambiando los protocolos de tratamiento de pacientes por Covid-19,
basándose en medidas antiinflamatorias y anticoagulantes, a partir de
las autopsias que realizaron a 50 cadáveres en el hospital de Belgamoro y
20 en Milán. Hasta el momento, las autopsias han sido dirigidas a los
pulmones y es el estudio de casos más amplio a nivel mundial. De allí la
importancia de entender la hipótesis que Italia maneja y analizar cómo
en Honduras las autoridades sanitarias deben evaluar los nuevos
procedimientos médicos, a partir de un presunto mal diagnóstico de los
pacientes con Covid-19.
A continuación, la entrevista hecha a Villanueva.
Periodista (P): Médicos en
Italia y Estados Unidos están autopsiando a fallecidos por Covid-19.
¿Qué están reflejando esas autopsias?
Julissa Villanueva (JV): La importancia que tienen las autopsias en el ámbito médico y de salud pública en este momento de pandemia y emergencia mundial por coronavirus, es porque son las herramientas técnicas especializadas que permiten a los sistemas de Salud Publica tener el control de calidad científico,
confirmativo de las enfermedades que afectan a la población. Es decir,
la confirmación de las causas, los mecanismos de por qué nos enfermamos y
los efectos dañinos sobre las células, los tejidos u órganos del
cuerpo. Esto ayuda a hacer valiosos aportes en el tratamiento de
enfermedades, en la investigación de nuevas curas o simplemente en la
verificación diagnóstica. Sin embargo, cada vez que ocurra una
muerte natural que se considere una amenaza para la salud pública, como
lo son las muertes por Covid-19, podrían ser consideradas de importancia
realizarlas para promover investigación científica a pesar de su alta
posibilidad de infección. En Estados Unidos, Italia y China se están
realizando este tipo de investigaciones científicas post mortem, con un
solo objetivo: conocer las verdaderas causas de la muerte
por el Covid-19 y los mecanismos de cómo el virus provoca daño en los
tejidos para poder hacer inferencias adecuadas en los tratamientos, lo
cual refleja un verdadero avance académico en el conocimiento de la
enfermedad y evitar las altas tasas de letalidad.
P: ¿Sugiere que en Honduras es necesario autopsiar algunos de los fallecidos por el virus?
JV: Por supuesto que
sí. Siempre es ideal que en todos los países del mundo se promueva la
investigación científica de las enfermedades que causan altas tasas de
morbimortalidad a través de las autopsias. Sin embargo, lamentablemente,
a pesar de que en el país el recurso humano profesional especializado
en Patología existe, este es muy escaso y no se cuenta con suficientes
salas de autopsias en los hospitales nacionales, habiendo apenas una
única sala muy vetusta y olvidada en el Hospital Escuela Universitario
de Tegucigalpa, la que actualmente está clausurada por falta de
mantenimiento y la inexistencia de protocolos e insumos de bioseguridad.
Por lo anterior se escapa el privilegio
de que en Honduras se pueda divulgar al mundo científico, los resultados
de nuestras propias investigaciones de casos de fallecidos por
Covid-19. Así mismo como profesionales de la Patología o profesores
universitarios, nos quedamos con la posibilidad de soñar que existan
cambios revolucionarios en el sistema de salud nacional, que permitan
que se hagan este tipo de estudios post mortem en todos los hospitales
de especialidades del país. En Honduras hemos tenido recientemente otras
epidemias menos peligrosas en cuanto a los riesgos de contagio al
manipular cadáveres. Estas epidemias, actualmente vigentes como el
dengue, desde el 2019 a la fecha, han enfermado a más de 120 mil
hondureños y se han registrado 189 muertes. Lamentablemente no conocemos
absolutamente nada sobre las causas de muerte, la patogénesis ni los
efectos terapéuticos porque no se realizó ninguna autopsia hospitalaria
lo cual nos deja con un empobrecido panorama para promover pautas claras
de erradicación de la epidemia por dengue.
(P) ¿Cambiarán los protocolos de atención con lo que están evidenciando las autopsias?
JV: Por supuesto, ya que, con las
autopsias parciales realizadas en China, así como las casuísticas de
autopsias completas hechas en New Orleans y Oklahoma en Estados Unidos,
así como las realizadas en Italia, estas últimas aún no publicadas, nos
revelan el desafío que hay en el mundo por entender el mecanismo de cómo
el Covid-19 provoca la muerte en los pacientes que la padecen y
ampliará la necesidad de cambiar los protocolos de tratamientos.
Actualmente se ha reforzado en Estados Unidos, que el Coronavirus
provoca un daño directo difuso al alveolo pulmonar que genera el
aparecimiento de neumonías graves, sobre todo se ha confirmado en estos
casos que no existe relación directa con uso de ventilación mecánica o
medicación ya que se describen estos hallazgos en fallecidos no
intubados que no recibieron tratamiento. Por otro lado, se
establece que este virus puede generar en el paciente severas y
exageradas respuestas inflamatorias con solo detectar su presencia en el
organismo, lo que activa de manera inmediata mediadores químicos y
células linfocíticas que provocan daños en la microvasculatura, con la
consecuente formación de coágulos o trombos sanguíneos describiéndose
cuadros de coagulación intravascular diseminada. Ante esto es importante
tomar en cuenta la incorporación de nuevos esquemas de manejos en los
pacientes, como lo son el uso de Antiinflamatoria Esferoidales y terapia
anticoagulante en pacientes con Covid-19.
P: ¿Hay algún caso en Honduras
que está siguiendo un tratamiento diferente a partir, por ejemplo, de lo
que han revelado las autopsias en Italia?
En Honduras nuestros médicos
especialistas encargados del manejo de los pacientes con Covid-19
aplican los protocolos actualizados propuestos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y están muy atentos de los cambios que se
están proponiendo en el tratamiento. Conozco de casos de
colegas que enfermaron gravemente y se les da manejo con interferón,
además de antiinflamatorios esferoidales y terapia anticoagulante, esto
acorde con lo que se ha descrito en pacientes que han fallecido. Existen
ya publicaciones de los reportes de autopsia y déjenme decirles que han
mejorado y eso nos llena de mucha alegría y esperanza.
Hoy, en nuestro grupo médico de chat, un colega que enfermó gravemente,
nos comentaba de su enorme mejoría y su traslado de la Unidad de
Cuidados Intensivos a otra sala de cuidados intermedios. Desde luego,
hay muchos retos que vencer aún para conocer esta nueva enfermedad.
P: ¿Cuándo se tendrá certeza si es neumonía o no, la que acaba con la vida de los pacientes positivos de Covid-19?
Desde hace más de un mes, de acuerdo con
los hallazgos de las autopsias completas, realizadas en Estados Unidos y
publicadas en los más importantes Jornal Médicos, se tiene certeza
clara que los pacientes con Covid-19 graves, desarrollan un daño
alveolar difuso que provoca neumonía, independientemente si están
acoplados a ventiladores mecánicos o no, o sin haber recibido
tratamiento alguno. De la causa de muerte puede variar en los pacientes,
según las enfermedades crónicas asociadas que este padezca en el
momento que se le diagnostique Covid-19.
P: En el intercambio de datos con otros forenses, ¿Qué aconsejan en Honduras antes que se dispare más las cifras de letalidad?
En el intercambio de información entre
colegas expertos en diferentes áreas, se aconseja a nuestro país que se
promueva las medidas preventivas de la enfermedad, evitando los
contagios a través del distanciamiento social y aislamiento, lavado
constante de manos, promoción de educación al respecto de la enfermedad y
disminuir la diseminación del virus con medidas de cuarentenas
,detectando oportunamente los casos infectados del virus con uso de
pruebas rápidas de tamizaje masivo y las pruebas moleculares
confirmatorias entre otros.
P: ¿Qué pedirán al Gobierno ante
los estudios que se están realizando en otros países y que reflejan un
camino que podría seguirse en Honduras?
Solicitarle al gobierno que, en primer lugar, esta
epidemia sea manejada por personal médico experto en la materia que
pueda dar manejo oportuno de los casos, para evitar las muertes y no se
improvise más en este punto. Además, que asegure las
medidas de bioseguridad al personal de salud encargados. Del mismo modo,
se incita también para que se incorpore activamente a los servicios
forenses y funerarias, en la promoción adecuada de gestión de cadáveres
en los casos de muerte por Covid-19, dotándolos de la indumentaria de
protección necesaria, de la materia prima para fabricación de ataúdes
especiales, bolsas especiales herméticas para cadáveres, así como la
construcción de panteones especiales individuales para entierros
masivos, dignos en el caso de que ocurra un alto número de
fallecimientos.
P: ¿Es necesario autopsiar pacientes que fallecen por Covid-19 en Honduras?, y ¿en qué condiciones están las morgues en Honduras?
Una autopsia de un paciente con Covid-19
en Honduras significa, lamentablemente, un riesgo inminente de contagio
de enfermedad para aquellos que podamos realizarla, ya que en Honduras
se carecen de las medidas de bioseguridad especiales. El Gobierno no ha
invertido desde hace más de 30 años en la construcción de ningún nuevo
hospital y mucho menos ha dotado de salas de autopsias perfectamente
equipadas, como verdaderas suites de investigación académica para los
hospitales públicos ni del seguro social.
Tampoco existe el mantenimiento completo
de las morgues existentes y con lo anterior se traduce que no realizar
autopsias hospitalarias o médico legales en esta epidemia, constituye un
verdadero retraso en la investigación científica de esta u otras
enfermedades, con la sumisión a la ignorancia y el consecuente
subdesarrollo técnico y académico de la salud en el país.
Las guerras mortales por el agua en Honduras
- 26/03/2020
En
el exuberante valle del Bajo Aguán, sucesivos conflictos por la tierra y
el agua han dejado más de 150 muertos. Y la lucha aún no ha terminado.
Por Jared Olson
Por Jared Olson
Traducción del artículo de Jared Olson publicado por: https://www.thenation.com/
No se puede llegar a la mina desde la puerta a lo largo del camino, que está custodiada por soldados con M-16 y un capataz con casco con una escopeta sobre su pecho.
Entonces, si desea ver el complejo de extracción de minerales en expansión que se está construyendo aquí en el exuberante valle del Bajo Aguán de Honduras, debe caminar por El Guapinol, una de las aldeas que muchos temen que la mina envenene. Asciendes por un camino de cantos rodados llenos de barro, pasando una línea de alambre de púas para llegar a un terraplén cubierto de hierba.
Desde allí, puede ver las excavadoras, los camiones, las hileras de pilotes de hormigón y el enorme agujero marrón raspado de los verdes pisos del valle. La mina, cuya fábrica conjunta de procesamiento de óxido de hierro será la más grande de Centroamérica, aún no se ha construido. Pero ya se está derramando sangre sobre ella.
Reinaldo Domínguez, ex preso político y activista comunitario, en El Guapinol, Honduras.
Aquí, en el corazón del Parque Nacional Carlos Escaleras, a la cabeza de docenas de ríos, se está produciendo un conflicto mortal por el agua entre la oligarquía local, con la intención de extraer el mayor valor posible de esta área, y los residentes del pequeño valle. pueblos, que dependen de los ríos para gran parte de su sustento y sustento. Esta tampoco es la primera vez que estas dos fuerzas se enfrentan en el valle. Más bien, este conflicto es una continuación de más de 25 años de luchas sangrientas entre los gobernantes de facto del valle y las personas que viven debajo de ellos.
Las enormes plantaciones de palma africana de Dinant dominan el paisaje del valle de Aguan.
Entre 2010 y 2014, más de 150 campesinos fueron asesinados o
«desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los
residentes del valle contra el ejército hondureño, la policía local y
los guardias de seguridad privados fuertemente armados, a menudo
trabajando en conjunto, según informes de El guardián. El Aguán fue
testigo de una forma de guerra de baja intensidad: hubo acusaciones de
tortura; las aldeas fueron incendiadas; y más de 8,000 soldados fueron
desplegados en el valle.
A fines de 2013, los Facussés y sus aliados decidieron expandir sus inversiones al cobrar un movimiento ejecutado apresuradamente para cambiar el tamaño de las tierras protegidas en Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La minería de EMCO había estado presionando por una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas dentadas oscuras que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se derraman hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas. al mar caribe.
El proyecto, que se estaba preparando para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por individuos de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa presuntamente estuvo involucrada en el conflicto de tierras. asesinatos
«Son las mismas personas las que dirigen el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de La Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirige el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant … Son los mismos actores».
El gobierno otorgó permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares (“Pinares Investments”), anteriormente EMCO Mining, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, quien falleció en 2015, fue partidario del golpe de estado que derrocó a Zelaya, y la Embajada de los Estados Unidos lo describió como «el hombre de negocios más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades se estaban utilizando para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición ocurrida durante el conflicto de tierras sobre la plantación de palmeras de Dinant en el Bajo Aguán, que investigaron como Una sección transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».
Cuando se contactó con él para comentar sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se descubrió que los empleados de la compañía «realizaron actividades ilegales, utilizaron fuerza inapropiada o conspiraron contra ninguna persona u organización». La declaración también dijo que «la Compañía condena enérgicamente la violencia, la toma criminal de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos «.
Al igual que en Honduras después del golpe, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: el 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del presidente Porfirio Lobo Sosa, representantes del Congreso hondureño liderados por un conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para cambiar el tamaño de Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, corta 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el tamaño de la tierra, las primeras concesiones mineras exploratorias se otorgaron a EMCO Mining, el nombre anterior de Pinares Investments, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.
«De la forma en que lo hicieron, la compañía minera tuvo la oportunidad de obtener la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, el congresista del partido opositor LIBRE para Colón, donde se encuentra Aguán. «Fue una trampa: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».
En los años transcurridos desde 2014, el proyecto se ha enfrentado a la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como El Guapinol, que se sostiene por el flujo del río Guapinol donde sale de Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna legal bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, se clasificó como no metálico en el momento en que la compañía recibió su concesión.
«La ley minera de Honduras dice que el óxido de hierro no es metal», dice Esly Banegas, líder sindical en la cercana Tocoa, cuyo hijo y ex esposo fueron asesinados en el conflicto por la tierra. (Este vacío legal se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).
Saltando entre los grupos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se alzan como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes de acrílico astillado, mensajes de amor para el agua que pasa.
«Te amamos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».
Según los informes, en este lugar el verano pasado, un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde fluye más allá del pueblo de su homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.
Cruzando hacia el banco opuesto, apenas a 20 pies de profundidad en el bosque, Domínguez nos muestra dónde la cerca perimetral para la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Se encuentra a 15 pies de altura, rematada con bobinas gruesas y frescas de alambre de púas que corren a lo largo de la cerca hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la cerca, puedes ver las distantes crestas de terraplenes de tierra y puedes escuchar, muy débilmente, el sonido del equipo pesado trabajando.
«Tememos por nosotros mismos», admite Domínguez. “Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos «.
Ocho personas, incluidos líderes comunitarios, mineros y policías militares, han sido asesinadas en relación con la mina propuesta de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque las razones detrás de algunos de los asesinatos han permanecido turbios, con algunos Los investigadores que atestiguan que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cartel de drogas con el de la compañía minera, las muertes han impulsado una campaña sostenida en los medios de comunicación por parte de Pinares y el gobierno hondureño para criminalizar el movimiento anti-minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una pandilla armada contra las minas, una acusación de la cual hay poca o ninguna evidencia.
«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de organizaciones y personas … Lo mismo [sucedió] con Berta Cáceres [la activista ambiental indígena hondureña asesinada]. Era el mismo patrón: criminalizarlos, ataques salariales a través de las redes sociales, perfiles falsos, noticias inventadas «.
El espectro de las consecuencias ambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras después del golpe de estado de 2009. La mina San Martín en la región del Valle del Siria del país, por ejemplo, que solo funcionó entre 2000 y 2009, y a pesar de la retórica de la empresa matriz de preocupación ambiental, se hizo famosa por producir niveles altos y duraderos de cianuro, arsénico y mercurio. en comunidades aledañas y por el hostigamiento de ambientalistas que resistieron su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, si la mina Pinares atraviesa, sus comunidades soportarán una carga similar.
«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de La Lempira.
A fines de 2013, los Facussés y sus aliados decidieron expandir sus inversiones al cobrar un movimiento ejecutado apresuradamente para cambiar el tamaño de las tierras protegidas en Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La minería de EMCO había estado presionando por una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas dentadas oscuras que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se derraman hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas. al mar caribe.
El proyecto, que se estaba preparando para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por individuos de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa presuntamente estuvo involucrada en el conflicto de tierras. asesinatos
«Son las mismas personas las que dirigen el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de La Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirige el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant … Son los mismos actores».
El gobierno otorgó permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares (“Pinares Investments”), anteriormente EMCO Mining, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, quien falleció en 2015, fue partidario del golpe de estado que derrocó a Zelaya, y la Embajada de los Estados Unidos lo describió como «el hombre de negocios más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades se estaban utilizando para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición ocurrida durante el conflicto de tierras sobre la plantación de palmeras de Dinant en el Bajo Aguán, que investigaron como Una sección transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».
Cuando se contactó con él para comentar sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se descubrió que los empleados de la compañía «realizaron actividades ilegales, utilizaron fuerza inapropiada o conspiraron contra ninguna persona u organización». La declaración también dijo que «la Compañía condena enérgicamente la violencia, la toma criminal de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos «.
Al igual que en Honduras después del golpe, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: el 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del presidente Porfirio Lobo Sosa, representantes del Congreso hondureño liderados por un conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para cambiar el tamaño de Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, corta 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el tamaño de la tierra, las primeras concesiones mineras exploratorias se otorgaron a EMCO Mining, el nombre anterior de Pinares Investments, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.
«De la forma en que lo hicieron, la compañía minera tuvo la oportunidad de obtener la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, el congresista del partido opositor LIBRE para Colón, donde se encuentra Aguán. «Fue una trampa: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».
En los años transcurridos desde 2014, el proyecto se ha enfrentado a la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como El Guapinol, que se sostiene por el flujo del río Guapinol donde sale de Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna legal bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, se clasificó como no metálico en el momento en que la compañía recibió su concesión.
«La ley minera de Honduras dice que el óxido de hierro no es metal», dice Esly Banegas, líder sindical en la cercana Tocoa, cuyo hijo y ex esposo fueron asesinados en el conflicto por la tierra. (Este vacío legal se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).
Saltando entre los grupos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se alzan como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes de acrílico astillado, mensajes de amor para el agua que pasa.
«Te amamos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».
Según los informes, en este lugar el verano pasado, un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde fluye más allá del pueblo de su homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.
Cruzando hacia el banco opuesto, apenas a 20 pies de profundidad en el bosque, Domínguez nos muestra dónde la cerca perimetral para la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Se encuentra a 15 pies de altura, rematada con bobinas gruesas y frescas de alambre de púas que corren a lo largo de la cerca hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la cerca, puedes ver las distantes crestas de terraplenes de tierra y puedes escuchar, muy débilmente, el sonido del equipo pesado trabajando.
«Tememos por nosotros mismos», admite Domínguez. “Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos «.
Ocho personas, incluidos líderes comunitarios, mineros y policías militares, han sido asesinadas en relación con la mina propuesta de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque las razones detrás de algunos de los asesinatos han permanecido turbios, con algunos Los investigadores que atestiguan que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cartel de drogas con el de la compañía minera, las muertes han impulsado una campaña sostenida en los medios de comunicación por parte de Pinares y el gobierno hondureño para criminalizar el movimiento anti-minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una pandilla armada contra las minas, una acusación de la cual hay poca o ninguna evidencia.
«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de organizaciones y personas … Lo mismo [sucedió] con Berta Cáceres [la activista ambiental indígena hondureña asesinada]. Era el mismo patrón: criminalizarlos, ataques salariales a través de las redes sociales, perfiles falsos, noticias inventadas «.
El espectro de las consecuencias ambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras después del golpe de estado de 2009. La mina San Martín en la región del Valle del Siria del país, por ejemplo, que solo funcionó entre 2000 y 2009, y a pesar de la retórica de la empresa matriz de preocupación ambiental, se hizo famosa por producir niveles altos y duraderos de cianuro, arsénico y mercurio. en comunidades aledañas y por el hostigamiento de ambientalistas que resistieron su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, si la mina Pinares atraviesa, sus comunidades soportarán una carga similar.
«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de La Lempira.
Raúl
Ramírez se encuentra junto a la cerca de la instalación de
clasificación de la mina, que se instaló a pies de las pequeñas casas en
La Lempira.
Las tensiones sobre la mina Guapinol comenzaron a hervir en mayo de
2018, cuando, frustrados por la presencia continua de la mina y la
aparente aceptación de las autoridades municipales, los residentes
ocuparon el edificio municipal de Tocoa durante once días.
Cuando eso falló, los residentes en contra de la mina cambiaron de estrategia.
«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «‘ ¿Por qué no vas a tomar el camino que utilizó Inversiones Los Pinares en lugar de tomar el edificio municipal? «Y así lo hicimos».
El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, del 1 de agosto al 27 de octubre de 2018. Las apuestas se habían incrementado en ese momento: el agua en el río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la posibilidad de utilizar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.
«El agua cayó como chocolate por el negocio», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no podía usarse para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos se llenarían completamente de lodo. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad «.
Cuando eso falló, los residentes en contra de la mina cambiaron de estrategia.
«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «‘ ¿Por qué no vas a tomar el camino que utilizó Inversiones Los Pinares en lugar de tomar el edificio municipal? «Y así lo hicimos».
El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, del 1 de agosto al 27 de octubre de 2018. Las apuestas se habían incrementado en ese momento: el agua en el río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la posibilidad de utilizar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.
«El agua cayó como chocolate por el negocio», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no podía usarse para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos se llenarían completamente de lodo. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad «.
El
río Gaupinol, que corre junto a la instalación de clasificación de la
mina. El texto pintado en la roca dice «Cuidemos el bosque».
«Las mujeres de la comunidad decían:» Dios mío, qué vamos a hacer con
este río sucio, porque el agua que una vez recogió tu piel era barro
puro «, dice Dilma Cruz, la madre de Sorto Cedillo. “Los niños pequeños
también lo bebían”.
Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que no pudieran ingresar alimentos y suministros, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.
Rigoberto Hernández, residente de El Guapinol, estaba en el campamento ese día cuando fue alcanzado por una bala disparada por personas que cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.
Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que no pudieran ingresar alimentos y suministros, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.
Rigoberto Hernández, residente de El Guapinol, estaba en el campamento ese día cuando fue alcanzado por una bala disparada por personas que cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.
Las
fuerzas de seguridad son muy visibles en el Bajo Aguán. Izquierda: los
soldados vigilan la entrada cerrada a la instalación minera de Pinares.
Derecha: Infantes de marina hondureños patrullan el pueblo de Tocoa.
“El siete de septiembre”, dice, “estábamos en el campamento
defendiendo el medio ambiente, nuestra agua, cuando fui alcanzado por
una bala en la espalda, a manos de [personas que trabajaban para la
mina]. Yo era incoherente. No pude caminar. Me llevaron en un automóvil a
una clínica y comencé mi recuperación, poco a poco ”.
Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto contra 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que provocó una serie de redadas y operaciones por parte de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, los hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que los «eliminarían», una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.
«Parecía una guerra», dijo un testigo a un periodista sobre la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y policías militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad dispararon descargas de gases lacrimógenos antes de abrir fuego con munición real. En el consiguiente bombardeo de balas, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, fue asesinado. Pero más tarde esa tarde, después de que rompieron el campamento y siguieron persiguiendo a los manifestantes en la aldea de Ceibita, dos policías militares también fueron asesinados.
«Lo extraño fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a informar esta historia. “Posteriormente, el ejército y la policía ingresaron a las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a alguien con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación «.
Según un investigador de derechos humanos, que presentó su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y que compartió su investigación con nosotros bajo la condición de anonimato, la muerte de los dos policías militares en el campamento. La dispersión puede haber sido un caso de luchas internas del cartel que se reformuló para criminalizar el movimiento anti-minas.
Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto contra 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que provocó una serie de redadas y operaciones por parte de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, los hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que los «eliminarían», una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.
«Parecía una guerra», dijo un testigo a un periodista sobre la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y policías militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad dispararon descargas de gases lacrimógenos antes de abrir fuego con munición real. En el consiguiente bombardeo de balas, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, fue asesinado. Pero más tarde esa tarde, después de que rompieron el campamento y siguieron persiguiendo a los manifestantes en la aldea de Ceibita, dos policías militares también fueron asesinados.
«Lo extraño fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a informar esta historia. “Posteriormente, el ejército y la policía ingresaron a las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a alguien con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación «.
Según un investigador de derechos humanos, que presentó su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y que compartió su investigación con nosotros bajo la condición de anonimato, la muerte de los dos policías militares en el campamento. La dispersión puede haber sido un caso de luchas internas del cartel que se reformuló para criminalizar el movimiento anti-minas.
La esquina de la instalación de clasificación cercada, a escasos metros del río Guapinol.
Este investigador, en concierto con numerosos líderes de derechos
humanos entrevistados en el valle, dijo que era probable que las
licencias de exploración minera otorgadas durante los últimos días del
presidente Lobo fueran controladas por Javier y Devis Lionel Rivera
Maradiaga, líderes del cartel de drogas de Cachiros, y Poco tiempo
después, Pinares recibió una licencia de explotación vecina. En 2015,
los hermanos Rivera Maradiaga se convirtieron en informantes protegidos
por la DEA, lo que llevó a la extradición del hijo del ex presidente
Lobo, Fabio Lobo. Devis Lionel Rivera Maradiaga declaró que Lobo había
recibido un avión antidrogas en una de las propiedades de Miguel Facussé
Barjúm y reconoció que dos políticos clave que respaldan a Pinares, el
alcalde de Tocoa, Adán Fúnez y el congresista de Colón Óscar Nájera,
eran asociados de Cachiro. Facussé había negado previamente cualquier
participación en el aterrizaje del avión de drogas en su propiedad.
Los informes recopilados por el investigador de derechos humanos indican que ex ejecutores de Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que se dice que son de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 que mató a oficiales de la policía militar, que el investigador encontró evidencia para sugerir como resultado de las luchas internas entre los antiguos asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hacia Ceibita y disparando gases lacrimógenos hacia sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y el ejército hondureño.
No pudimos contactar a Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si a Facussé le gustaría comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la compañía son transparentes sobre la actividad de la compañía y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero solo cuando se hace -persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro informe principal, pero debido a que el representante insistió en que solo se podía realizar en persona en lugar de hacerlo por Skype, esto no fue posible para The Nation. No hubo oferta para una entrevista con Facussé.
Pinares, que accedió a proporcionar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto cumple con los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ambientalistas», lo que sugiere que muchos son delincuentes armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina responsable, no contaminante y generadora de empleo.
Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, líder de la comunidad guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios manifestantes decidieron presentarse en la corte en Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de miedo a la Ley.
Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con la reputación de ser tan peligrosa que COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la describió como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, todavía permanecen encarcelados.
«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es:» Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país «. Si dejamos de luchar contra la empresa minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».
Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a personas inocentes». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt por su activismo, un hombre se paró afuera del evento de entrega de premios entregando folletos que representan cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.
Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: el 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua de Guapinol, emitió un comunicado de prensa que detallaba cómo, en numerosas ocasiones, había sentido que estaba en el punto de ser secuestrado por hombres con atuendo militar que le advirtieron que «no se meta con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, quien mientras asistía a nuestro informe para este artículo también investigó el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una nueva camioneta de doble cabina se desvió bruscamente frente a él. Un hombre saltó hacia abajo. «Estás hablando mucha mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas». El camión se deslizó en una espiral de polvo, arrojando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos de tráfico de drogas en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.
A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionados para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, finalmente se celebró una reunión de cabildo abierto o “comunidad abierta” en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, incluido el ex presidente expulsado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron una ley para llevar al Congreso que ordenaría a Pinares y cualquier otra corporación minera que abandonara el área. Pero eso no ha cambiado mucho en el terreno: la construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo preliminar continuará.
Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado emitido después de la reunión que, a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».
Todavía se puede escuchar el pesado equipo de construcción a toda hora del día. Las patrullas militares continúan a través de aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas de Tocoa de COPA, una organización campesina al frente de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada “desde lugares oscuros”, fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre, luego el 26 de enero.
«Desafortunadamente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de ecologistas falsos sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna evidencia acusan a personas respetables que han decidido invertir en un área donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la incertidumbre legal causada por los invasores ex officio que se benefician económicamente de esta actividad «.
Los informes recopilados por el investigador de derechos humanos indican que ex ejecutores de Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que se dice que son de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 que mató a oficiales de la policía militar, que el investigador encontró evidencia para sugerir como resultado de las luchas internas entre los antiguos asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hacia Ceibita y disparando gases lacrimógenos hacia sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y el ejército hondureño.
No pudimos contactar a Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si a Facussé le gustaría comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la compañía son transparentes sobre la actividad de la compañía y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero solo cuando se hace -persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro informe principal, pero debido a que el representante insistió en que solo se podía realizar en persona en lugar de hacerlo por Skype, esto no fue posible para The Nation. No hubo oferta para una entrevista con Facussé.
Pinares, que accedió a proporcionar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto cumple con los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ambientalistas», lo que sugiere que muchos son delincuentes armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina responsable, no contaminante y generadora de empleo.
Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, líder de la comunidad guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios manifestantes decidieron presentarse en la corte en Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de miedo a la Ley.
Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con la reputación de ser tan peligrosa que COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la describió como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, todavía permanecen encarcelados.
«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es:» Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país «. Si dejamos de luchar contra la empresa minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».
Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a personas inocentes». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt por su activismo, un hombre se paró afuera del evento de entrega de premios entregando folletos que representan cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.
Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: el 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua de Guapinol, emitió un comunicado de prensa que detallaba cómo, en numerosas ocasiones, había sentido que estaba en el punto de ser secuestrado por hombres con atuendo militar que le advirtieron que «no se meta con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, quien mientras asistía a nuestro informe para este artículo también investigó el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una nueva camioneta de doble cabina se desvió bruscamente frente a él. Un hombre saltó hacia abajo. «Estás hablando mucha mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas». El camión se deslizó en una espiral de polvo, arrojando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos de tráfico de drogas en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.
A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionados para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, finalmente se celebró una reunión de cabildo abierto o “comunidad abierta” en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, incluido el ex presidente expulsado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron una ley para llevar al Congreso que ordenaría a Pinares y cualquier otra corporación minera que abandonara el área. Pero eso no ha cambiado mucho en el terreno: la construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo preliminar continuará.
Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado emitido después de la reunión que, a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».
Todavía se puede escuchar el pesado equipo de construcción a toda hora del día. Las patrullas militares continúan a través de aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas de Tocoa de COPA, una organización campesina al frente de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada “desde lugares oscuros”, fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre, luego el 26 de enero.
«Desafortunadamente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de ecologistas falsos sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna evidencia acusan a personas respetables que han decidido invertir en un área donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la incertidumbre legal causada por los invasores ex officio que se benefician económicamente de esta actividad «.
Un pescador submarino busca tilapia en el río Aguán, una de las cuencas hidrográficas más grandes del país.
Para muchos de los que viven cerca de la infraestructura de la mina, a
la sombra de Carlos Escaleras, a orillas de los ríos Guapinol, San
Pedro y Aguán, la realidad augura un futuro mucho más oscuro.
“Imagine tener grandes camiones pasando por su casa día y noche, día y noche. Sonido constante Nos afecta bastante ”, dice Doña Reina Ordoña, de La Lempira.
«Si la compañía continúa con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, tesorero de COPA, y ex prisionero encarcelado por resistir la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán una forma de vivir». No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia «.
Fuente: https://www.thenation.com/
Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en documentar las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentra más de su trabajo aquí.
“Imagine tener grandes camiones pasando por su casa día y noche, día y noche. Sonido constante Nos afecta bastante ”, dice Doña Reina Ordoña, de La Lempira.
«Si la compañía continúa con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, tesorero de COPA, y ex prisionero encarcelado por resistir la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán una forma de vivir». No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia «.
Fuente: https://www.thenation.com/
Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en documentar las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentra más de su trabajo aquí.
Familiares y ambientalistas exigen libertad de defensores del Río Guapinol
- 26/02/2020
Son ocho los defensores del agua que están por cumplir seis meses de la privación de su libertad.
En el marco del “Encuentro de los Pueblos por el Agua”,
ambientalistas y las madres de los defensores del Río Guapinol de Tocoa,
Colón, exigieron su pronta liberación. Los ocho defensores del agua,
quienes han rechazado los proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos
Escaleras, están por cumplir seis meses de privación de libertad.
Doña Emma Soriano, madre de Arnol Alemán, cuenta la angustia que vive al ver a su hijo en la granja penal de Olanchito, departamento de Yoro: “los sábados me lo pasan al pasillo y ahí lo miro”, entre lágrimas, dice que “me preocupa mucho, porque está injustamente preso, Dios es justo y en cualquier rato lo vamos a tener”.
Mientras las comunidades centroamericanas se declaraban en defensa colectiva del agua, Rufina Márquez, mamá de Daniel Márquez, preso político por la protección del Río Guapinol, expresaba que defender el agua no es ningún delito y recuerda que “ha sido muy difícil, porque ellos están ahí inocentemente. Siento mucha tristeza, al ver que ellos están ahí con orgullo por defender el derecho al agua”.
En ese sentido, las comunidades de El Salvador y Honduras, presentes en el “Encuentro por el Agua” que se celebró en Tegucigalpa, condenaron la criminalización, la judicialización y el encarcelamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, tierra y territorio, y el “hostigamiento e indefensión en que se encuentran las familias de los privados de libertad en Guapinol”.
“Demandamos la liberación inmediata de los compañeros de Guapinol y sector San Pedro, encarcelados injustamente por defender los ríos San Pedro y Guapinol, en riesgo de ser destruidos por las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones ECOTECK”, manifestaron en conferencia de prensa, la tarde del miércoles, 26 de febrero.
Regino Rodríguez, integrante del Foro del Agua de El Salvador, al solidarizarse con las familiares de los defensores del Río Guapinol, señala que el Estado hondureño ha cometido una injusticia y provoca conflictividad social al criminalizar a los ambientalistas: “no puede ser que un gobierno, que por mandato de su Constitución debe defender a sus ciudadanos, obedezca a intereses corporativos y entregue los territorios”.
Exigencia al Poder Judicial
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la defensa legal de los presos políticos del Río Guapinol, privados de libertad en las cárceles de La Ceiba y Olanchito, informaron que están a la espera de un pronto pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, relacionada con la liberación o sustitución de la medida de prisión preventiva.
Edy Tábora, integrante del equipo legal de los defensores del Río Guapinol, explicó que entre los pronunciamientos que deberá realizar la Corte de Apelaciones está la resolución del recurso de apelación presentado del 7 de noviembre de 2019, en el cual se impugnó el fallo de la jueza Lisseth Vallecillo, quien determinó enviar a prisión a los ambientalistas.
Por otra parte, Tábora indicó que están exigiendo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre cuatro hábeas corpus, presentados desde septiembre de 2019. Agrega que hay “una tercera posibilidad para que los compañeros salgan en libertad”, y es una nueva solicitud de audiencia para la revisión de medidas distintas a la prisión preventiva.
“La Corte de Apelaciones debe de resolver el día de mañana, porque el expediente lo recibió el lunes, nuestro Código Penal dice que debe resolver tres días posterior al recibir el expediente”, detalló Tábora, al comentar que es importante que las organizaciones y la sociedad presionen para que la Corte de Apelaciones se pronuncie. “Se trata de los defensores del agua y la vida”.
Los racionamientos de agua en Tegucigalpa y Comayaguela podrían superar los 9 días. El gerente de la División Metropolitana del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA, Carlos Hernández dijo en Radio Progreso que debido al bajo nivel de las represas La Concepción y Los Laureles, que abastecen de agua el Distrito Central, los racionamientos incrementaran hasta 9 días.
Tegucigalpa según Hernández, ha tenido racionamientos de 6 a 7 días desde agosto de 2019, producto de la débil temporada de lluviosa.
“La cantidad de agua que estamos manejando es insuficiente”. De continuar el mismo ritmo, dentro de unas semanas la situación en la capital será insostenible por la falta de agua, dijo el funcionario.
Por su parte el presidente de las juntas de agua, Manuel Amador, luego de conocer el incremento a nueve días de racionamiento, indica que el déficit de agua en el Distrito Central supera los 100 millones de metros cúbicos.
Amador sostiene que la capital requiere de 600 mil metros cúbicos diarios de agua para poder cubrir todos los sectores. Asimismo, reitera que la construcción de la represa en San José de Jacaleapa, anunciada por la municipalidad, solo generará 8 millones de metros cúbicos, es decir un 15% de abastecimiento.
Los meteorólogos advierten que este 2020 la canícula será más prolongada de lo que se había pronosticado, y la temporada de lluvias tendrá una reducción muy semejante a la experimentada en periodos pasados.
Para la ciudadanía en la capital el panorama no es alentador. El verano será intenso y los racionamientos de agua podrían superar los 9 días.
Para Itsmania Platero, las reformas al nuevo Código Penal
“son arbitrarias” porque están fuera de ley y la libertad de expresión
es un derecho humano contemplado en los tratados internacionales.
En ese sentido, Platero dijo que el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) a través de su titular Roberto Herrera Cáceres, debería estar velando o tratando de que se quite del Código, todo lo relacionado a los periodistas que, a su criterio, desde un comienzo no debió estar notificados en este caso los delitos relacionados a los profesionales de la comunicación en los medios.
La defensora de derechos humanos arguyó que “los periodistas no pueden ser responsables de lo que el medio de comunicación en muchas veces ordena o señala los lineamientos que se deben seguir para la realización del trabajo periodístico, ni tampoco de las acciones que se tomen como interlocutor en el momento de poder dar su opinión”.
“Creo es muy importante que a partir de este momento se enciendan las alertas, porque la prensa es ahorita un bastión principal para que un país todavía marche en altos niveles de democracia, donde el medio de comunicación se ha vuelto el espacio para que la población pueda hablar la verdad y es lo único que queda”, manifestó Itsmania.
Con la mencionada reforma al instrumento penal, la entrevistada enfatizó que se violenta y se atropella la libertad de expresión en el país.
Las reformas al Código Penal aún no eximen a los medios de difusión de las penas, aseguró la directora ejecutiva de C-Libre, Amada Ponce, quien además señaló 20 delitos que afectan no solo a los periodistas o comunicadores sociales, sino a cualquier persona que realice el ejercicio de la libertad de expresión.
El Congreso Nacional ayer miércoles eliminó los artículos 28 y el 153, el vicepresidente del Poder Legislativo, Mario Pérez, explicó que “Se han eliminado dos artículos del nuevo Código Penal, hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa contra el que comete el ilícito penal y no al director o al dueño del medio de comunicación”.
También se quitó la posibilidad de ir escalonadamente al director del noticiero, al jefe de redacción y por último terminar en el dueño del medio de comunicación.
“El otro artículo eliminado es el artículo 153, deja claro y establecido que una violación de Derechos Humanos es responsable quien comete el hecho y quien dio la orden (si es que existió alguien que ordenó), pero que nunca va a llegar a responsabilidad contra alguien que no tuvo el conocimiento de esa situación o que no tuvo ningún tipo de participación en la misma”, apuntó Pérez.
El
Consejo Nacional Electoral (CNE), informó ayer que por mayoría han
vetado la figura de la reelección en Honduras, por lo tanto, para los
comicios de 2021 la nueva autoridad no aceptará la inscripción de
personas que ya hayan ostentado la presidencia.
De los comisionados del CNE, sólo Kelvin Aguirre pidió realizar un plebiscito para el tema de la reelección y, una vez finalizó la conferencia de prensa, una delegación del parlamento pidió una reunión con las autoridades electorales.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (Cofadeh), el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos en
Honduras y La Convergencia Contra el Continuismo, denunciamos los actos
de intimidación y hostigamiento en contra de manifestantes y oponentes
políticos en Honduras, especialmente por los últimos acontecimientos
ocurridos entre el 18 de febrero y el 6 de marzo de 2020.
La Policía de Investigaciones ha desarrollado en este tiempo varias acciones orientadas a incriminar manifestantes en los hechos del 31 de mayo de 2019, cuando algunas llantas fueron quemadas en la entrada principal de la Embajada de los Estado Unidos de América.
Por este hecho se encuentra en Detención Preventiva, el joven Maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo desde el 18 de febrero en forma arbitraria y sin seguir los principios del debido proceso de investigación, agentes de la DPI han llamado a declarar bajo engaño e intimidación tanto a familiares como amigos de Rommel, tratando de que declaren contra sí mismos y contra su pariente, pero también se han introducido con artificios a las casas de manifestantes ampliamente conocidos con perfiles de otros opositores, para que sean reconocidos como los que participaron en los hechos de la embajada. Un total de 9 casos de este tipo han sido reportados.
La consecuencia más grave de lo expresado es la fuerte distorsión en los objetivos y la función social de la investigación criminal. Ésta no aparece diseñada como un instrumento del poder público que junto con otros, debe servir para dar respuesta a problemas concretos de la sociedad, sino como aparatos a partir de los cuales el Estado sostiene su capacidad de acción, represión y venganza, aún en ausencia de legitimidad o incluso como reflejo de los conflictos políticos derivados de la ilegalidad del régimen.
La Policía de Investigaciones no está siguiendo las reglas en la investigación policial y judicial con esta práctica, está dejando de lado los intereses del individuo para proteger otros intereses ajenos a la verdad, a la justicia y al derecho de la presunción de inocencia.
Estos acontecimientos y otros que se encuentran en proceso de documentación, dan cuenta de la persistencia de la violencia y las afectaciones a la vida y la integridad de la población hondureña que se ha manifestado en diferentes momentos.
Por ello exhortamos a la Población Hondureña
La Plaza La Merced fue escenario una vez más ayer del plantón
histórico de las familias y amistades de personas desaparecidas en
Honduras. El Cofadeh lleva casi 39 años sin faltar a esa cita.
Es muy interesante examinar el relato de esa comparecencia de seres extraordinarios que no se rinden en el tiempo en su justo reclamo a los responsables de aquellos y de estos hechos atroces.
La nota escrita difundida en los predios cercanos al inútil Congreso Nacional, aclara de entrada que el Cofadeh no llega al viejo cetro histórico de Tegucigalpa como lo hacen las aves de techo, que llegan a buscar semillas por hábito condicionado todos los días.
“No estamos paradas hoy en esta proximidad de la vieja casa presidencial para gritar al viento nuestro dolor eterno, estamos aquí desde hace 39 años golpeando la puerta del Estado que nos debe la verdad y la justicia”.
El grupo que nunca falta cada primer viernes de mes, llegó armado de memoria histórica para enviar un telegrama a la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH, integrada por liberales y nacionalistas, considerada entre los responsables de la desaparición forzada de más de 500 opositores sociales y políticos en los años 80´s.
Los integrantes de esa Asociación que se valía del orejismo, la delación, el aislamiento, la tortura y el asesinato, “no están olvidados ni mucho menos perdonados, porque no han sido confesados ni han sido sancionados”, dijo el Cofadeh en su comunicado de la plaza.
Esa declaración, anunciaron las víctimas, será repetida a los representantes del Estado de Honduras que asistan en mayo próximo al tercer Examen Universal sobre la situación de los derechos humanos delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que evaluará las recomendaciones de hace cinco años.
Según el texto divulgado es posible que los funcionarios estatales y los responsables vivos de aquellos hechos criminales, considerados los casos históricos, piensen que el examen no tiene consecuencias en el tiempo y que es una formalidad burocrática que no les afecta.
“Pero las familias de las víctimas – dice el documento — le recordamos a esos criminales que con el dolor humano no se juega. Estamos en duelo centenares de familias que hemos perdido de ese modo violento seres queridos en manos de militares y sus escuadrones de la muerte, que fueron bendecidos por curas y pastores, financiados por empresarios sucios, y avalados por la CIA”.
El escrito hace referencia indirecta al batallón de la muerte 3-16 organizado por Papi Raymond, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, junto a militares y policías matones que aún viven en Tatumbla y Tegucigalpa, sin haber sido sentenciados por la justicia nacional.
“Igual que ha dicho la familia de Berta Cáceres en el cuarto aniversario de siembra histórica de esa extraordinaria mujer indígena, feminista, anti patriarcal y anti capitalista, nosotras repetimos que el castigo a los eslabones materiales de los hechos cuenta como condena pero falta la justicia, los inspiradores y financiadores de la cadena de mando no están enjuiciados. Faltan los Atala, faltan los APROHs y faltan los escuadroneros”, dijo la organización humanitaria.
La captura de Callejas y Hawit en Estados Unidos por delincuentes comunes organizados no compensa su responsabilidad como líderes financieros de la APROH, dijeron ayer las víctimas de los ochentas, por eso en vida les recordamos su deuda, así como se la recordamos a Rafael Ferrari antes de morir, a Mario Rivera López, y a Oswaldo Ramos Soto, y a Paul Vineli, y a Gustavo Álvarez, y a Suazo Córdova y a su ministro de la Presidencia, entre otros. No los olvidamos. No queremos, pero no tenemos odio ni sed de venganza, sólo tenemos amor con esperanza.
Algunos de esos nombres señalados, efectivamente, han muerto en los últimos años sin haber respondido por sus contribuciones al modelo criminal implantado en Honduras entre 1979 y 1992, y pretendieron pasar desapercibidos con ceremonias religiosas en busca de falsas indulgencias.
Por otra parte, la organización de víctimas retomó los grandes temas de la actualidad internacional que afectan a Honduras, y no se refiere al corona virus que tiene excesivos locutores alarmistas ni se refiere a loss narcos katrachos enjuiciados en Nueva York. Los familiares hablaron de los temas que hieren a la Honduras de abajo.
“Como las aves de techo venimos hoy a volar nuestra solidaridad con los 60 mil hondureños y hondureñas que deambulan en la frontera de México, que viven a la espera de un asilo en condiciones deplorables, que huyen de Honduras por culpa de este cartel de delincuentes de políticos impostores que destruyen el presente de la Patria”, dijo con firmeza la organización de víctimas de la desaparición forzada.
También el Comité de víctimas expresó solidaridad con las luchas de las comunidades indígenas y campesinas que defienden las cordilleras del norte, centro y occidente de Honduras, donde nacen las aguas dulces amenazadas por delincuentes mineros y represadores de ríos asociados con el crimen organizado del Estado.
En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, el Cofadeh habló a las madres que lloran, a las familias que buscan consuelo, a los dolientes que aprisionan en sus pechos el luto, y les dijo que no están solas en esta batalla por la dignidad y la vida. “Nosotras no tenemos bolsas solidarias para llenar estómagos y sobornar las voluntades, pero tenemos orejas para escuchar y palabras para caminar juntos en esta batalla contra la violencia”, expresa el comunicado.
El texto hace referencia a la política de limosnas que utiliza el Partido Nacional y Liberal para sostenerse en la usurpación del poder desde el golpe de Estado de 2009, una estrategia que elimina como el SIDA las defensas internas de las comunidades empobrecidas y las vuelve dóciles a los deseos de los caciques urbanos asentados en Tegucigalpa.
Al final de su comparecencia en la Plaza de los Pañuelos Blancos, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos repitió una invitación a las personas responsables de haber herido eternamente sus vidas. “Les repetimos, una vez más, no tengan miedo; no crean que sus amigos del poder judicial, del ministerio público y los partidos políticos los van a proteger para siempre; sólo ustedes pueden salvarse de las historias de sangre que arrastran desde 1980. Vengan y confiesen. Y después, hablamos”.
El mensaje fue interpretado como un nuevo llamado a los escuacdroneros, políticos, religiosos y militares que son responsables de las desapariciones históricas de personas, hechos cometidos al amparo del Estado que era instrumento de los gringos anticomunistas de Reagan y Bush padre, un tema que será abordado por la ONU el 8 de mayo próximo.
Hasta aquí el resumen editorial del texto difundido ayer en el plantón de la Plaza La Merced en el viejo y ruidoso centro antiguo de Tegucigalpa, la capital.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 7 de marzo de 2020
Doña Emma Soriano, madre de Arnol Alemán, cuenta la angustia que vive al ver a su hijo en la granja penal de Olanchito, departamento de Yoro: “los sábados me lo pasan al pasillo y ahí lo miro”, entre lágrimas, dice que “me preocupa mucho, porque está injustamente preso, Dios es justo y en cualquier rato lo vamos a tener”.
Mientras las comunidades centroamericanas se declaraban en defensa colectiva del agua, Rufina Márquez, mamá de Daniel Márquez, preso político por la protección del Río Guapinol, expresaba que defender el agua no es ningún delito y recuerda que “ha sido muy difícil, porque ellos están ahí inocentemente. Siento mucha tristeza, al ver que ellos están ahí con orgullo por defender el derecho al agua”.
En ese sentido, las comunidades de El Salvador y Honduras, presentes en el “Encuentro por el Agua” que se celebró en Tegucigalpa, condenaron la criminalización, la judicialización y el encarcelamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, tierra y territorio, y el “hostigamiento e indefensión en que se encuentran las familias de los privados de libertad en Guapinol”.
“Demandamos la liberación inmediata de los compañeros de Guapinol y sector San Pedro, encarcelados injustamente por defender los ríos San Pedro y Guapinol, en riesgo de ser destruidos por las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones ECOTECK”, manifestaron en conferencia de prensa, la tarde del miércoles, 26 de febrero.
Regino Rodríguez, integrante del Foro del Agua de El Salvador, al solidarizarse con las familiares de los defensores del Río Guapinol, señala que el Estado hondureño ha cometido una injusticia y provoca conflictividad social al criminalizar a los ambientalistas: “no puede ser que un gobierno, que por mandato de su Constitución debe defender a sus ciudadanos, obedezca a intereses corporativos y entregue los territorios”.
Exigencia al Poder Judicial
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la defensa legal de los presos políticos del Río Guapinol, privados de libertad en las cárceles de La Ceiba y Olanchito, informaron que están a la espera de un pronto pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, relacionada con la liberación o sustitución de la medida de prisión preventiva.
Edy Tábora, integrante del equipo legal de los defensores del Río Guapinol, explicó que entre los pronunciamientos que deberá realizar la Corte de Apelaciones está la resolución del recurso de apelación presentado del 7 de noviembre de 2019, en el cual se impugnó el fallo de la jueza Lisseth Vallecillo, quien determinó enviar a prisión a los ambientalistas.
Por otra parte, Tábora indicó que están exigiendo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre cuatro hábeas corpus, presentados desde septiembre de 2019. Agrega que hay “una tercera posibilidad para que los compañeros salgan en libertad”, y es una nueva solicitud de audiencia para la revisión de medidas distintas a la prisión preventiva.
“La Corte de Apelaciones debe de resolver el día de mañana, porque el expediente lo recibió el lunes, nuestro Código Penal dice que debe resolver tres días posterior al recibir el expediente”, detalló Tábora, al comentar que es importante que las organizaciones y la sociedad presionen para que la Corte de Apelaciones se pronuncie. “Se trata de los defensores del agua y la vida”.
Se agudiza racionamiento de agua en la capital
- 03/03/2020
Los racionamientos de agua en Tegucigalpa y Comayaguela podrían superar los 9 días. El gerente de la División Metropolitana del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA, Carlos Hernández dijo en Radio Progreso que debido al bajo nivel de las represas La Concepción y Los Laureles, que abastecen de agua el Distrito Central, los racionamientos incrementaran hasta 9 días.
Tegucigalpa según Hernández, ha tenido racionamientos de 6 a 7 días desde agosto de 2019, producto de la débil temporada de lluviosa.
“La cantidad de agua que estamos manejando es insuficiente”. De continuar el mismo ritmo, dentro de unas semanas la situación en la capital será insostenible por la falta de agua, dijo el funcionario.
Por su parte el presidente de las juntas de agua, Manuel Amador, luego de conocer el incremento a nueve días de racionamiento, indica que el déficit de agua en el Distrito Central supera los 100 millones de metros cúbicos.
Amador sostiene que la capital requiere de 600 mil metros cúbicos diarios de agua para poder cubrir todos los sectores. Asimismo, reitera que la construcción de la represa en San José de Jacaleapa, anunciada por la municipalidad, solo generará 8 millones de metros cúbicos, es decir un 15% de abastecimiento.
Los meteorólogos advierten que este 2020 la canícula será más prolongada de lo que se había pronosticado, y la temporada de lluvias tendrá una reducción muy semejante a la experimentada en periodos pasados.
Para la ciudadanía en la capital el panorama no es alentador. El verano será intenso y los racionamientos de agua podrían superar los 9 días.
Encuentro nacional de comunidades en defensa del agua y el medio juntó fuerzas para luchar
Wednesday, 26 February 2020 00:08 Written by Bersely García Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
Más de 20 comunidades nacionales y de El Salvador llegaron a la
capital hondureña este 25 de febrero, para hablar sobre las empresas
extractivas que destruyen los recursos naturales, en el marco del
Encuentro Nacional de Comunidades en Defensa del Agua y el Medio
Ambiente.
Este encuentro, que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, se da en una coyuntura muy preocupante de ataques a personas
defensoras del territorio que se oponen a la contaminación de los ríos o
al desplazamiento de comunidades entera para despojarles de sus bienes
naturales, entre ellos el agua.
El extractivismo destruye y genera violencia
Le atribuyen la responsabilidad del daño del bosque y las cuencas
hidrográficas a estos proyectos de extracción, mismos que les ha traído
consecuencias a las personas que luchan por la preservación del medio
ambiente, entre éstas se encuentran las amenazas, persecución,
desplazamientos, judializaciones, asesinatos y como el caso de la
comunidad de Guapinol, el encarcelamiento de ocho ambientalistas.
Aunque en años anteriores organismos internacionales han mostrado su preocupación por la situación en el país como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado sigue sin adoptar las recomendaciones.
En agosto de 2018, la CIDH observó que “el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.
Asimismo, la CIDH señaló que el Estado de Honduras debe evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
El integrante del Foro Nacional del Agua del Salvador, Regino Rodríguez, se refirió que el encuentro de los pueblos unidos por el agua, tiene que ver con la vida de las personas de las comunidades de los territorios.
El defensor salvadoreño manifestó que “estamos en Honduras porque es un país que está siendo saqueado, expropiado de sus bienes naturales y porque la gente de la zona rural está sufriendo muchas injusticias por el tema ambiental”.
Rodríguez también denunció que su país está siendo afectado por los proyectos extractivistas que existen en Honduras, por ser una zona de recargo acuífera, por lo que espera se tenga un vínculo con las comunidades entre los dos países centroamericanos.
La representante de Guapinol, Juana Zúniga, dijo que si la lucha se lleva de una forma colectiva, será más fácil para la defensa de sus territorios, sus fuentes de agua “y que se le devuelva al pueblo lo que les han robado estas empresas extractivas”.
El abogado independiente, Eddy Tabora, parte del equipo legal de los defensores encarcelados de Guapinol, explicó que se espera con este encuentro que las comunidades que están sufriendo las embestidas del sistema por defender el agua, se organicen para hacer frente a nivel nacional.
Tabora mencionó que “cada vez que un movimiento sale en defensa del agua, los ríos o los bosques, las empresas y el Estado se juntan para criminalizar o para generar violencia contra la gente.
Concluyó diciendo que las comunidades han venido al espacio urbano para hacer un llamado de alerta porque la situación se vuelve más crítica porque hay menos agua para el consumo humano, denunciado las consecuencias que les ha traído mantenerse en contra de los proyectos extractivos a lo largo del país.
Entre las conclusiones del encuentro es que el conflicto por la preservación y protección por los bienes comunes y naturales en la nación hondureña, no termina y parece avanzar, de tal modo que las y los defensores se han unido para realizar una lucha en conjunto.
El extractivismo destruye y genera violencia
 Familiares de los presos politicos de Guapinol junto a organizaciones y abogados |
Aunque en años anteriores organismos internacionales han mostrado su preocupación por la situación en el país como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado sigue sin adoptar las recomendaciones.
En agosto de 2018, la CIDH observó que “el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.
Asimismo, la CIDH señaló que el Estado de Honduras debe evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
El integrante del Foro Nacional del Agua del Salvador, Regino Rodríguez, se refirió que el encuentro de los pueblos unidos por el agua, tiene que ver con la vida de las personas de las comunidades de los territorios.
El defensor salvadoreño manifestó que “estamos en Honduras porque es un país que está siendo saqueado, expropiado de sus bienes naturales y porque la gente de la zona rural está sufriendo muchas injusticias por el tema ambiental”.
Rodríguez también denunció que su país está siendo afectado por los proyectos extractivistas que existen en Honduras, por ser una zona de recargo acuífera, por lo que espera se tenga un vínculo con las comunidades entre los dos países centroamericanos.
La representante de Guapinol, Juana Zúniga, dijo que si la lucha se lleva de una forma colectiva, será más fácil para la defensa de sus territorios, sus fuentes de agua “y que se le devuelva al pueblo lo que les han robado estas empresas extractivas”.
El abogado independiente, Eddy Tabora, parte del equipo legal de los defensores encarcelados de Guapinol, explicó que se espera con este encuentro que las comunidades que están sufriendo las embestidas del sistema por defender el agua, se organicen para hacer frente a nivel nacional.
Tabora mencionó que “cada vez que un movimiento sale en defensa del agua, los ríos o los bosques, las empresas y el Estado se juntan para criminalizar o para generar violencia contra la gente.
Concluyó diciendo que las comunidades han venido al espacio urbano para hacer un llamado de alerta porque la situación se vuelve más crítica porque hay menos agua para el consumo humano, denunciado las consecuencias que les ha traído mantenerse en contra de los proyectos extractivos a lo largo del país.
Entre las conclusiones del encuentro es que el conflicto por la preservación y protección por los bienes comunes y naturales en la nación hondureña, no termina y parece avanzar, de tal modo que las y los defensores se han unido para realizar una lucha en conjunto.
Auditorias siguen revelando corrupción en alcaldía de La Ceiba
- 06/03/2020
Edificio de la alcaldía de La Ceiba, Atántida.
Recientemente el Tribunal Superior de Cuenta (TSC) presentó los
resultados de una auditoría realizada en la municipalidad de La Ceiba,
Atlántida, encontrando responsabilidad por 35.6 millones de lempiras, en
el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2014.
En su auditoría, el TSC encontró siete hallazgos en la municipalidad de La Ceiba, constitutivos de responsabilidad civil que ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por la suma de 35 millones 633 mil 714 lempiras con 37 centavos.
El Tribunal constató que la administración municipal emitió cheques que suman un total de 15 millones 020 mil, 372 lempiras con 75 centavos, sin tener disponibilidad económica, ocasionando gastos financieros por sobregiro bancario.
Además, se comprobó que la administración municipal dejó prescribir impuestos por 7 millones 246 mil 424 lempiras con 98 centavos, evidenciando falta de gestión administrativa al no efectuar los cobros correspondientes.
La auditoría ratifica las denuncias que la ciudadanía y las organizaciones sociales vienen denunciando desde hace varios años. La Ceiba la corrupción opera tranquilamente, frente a la pasividad de las instituciones encargadas de deducir responsabilidad a quienes desfalcan las arcas municipales.
El representante de la Comisión Municipal de Transparencia, Osman Suazo dice que el informe presentado por el Tribunal de Cuentas debió haberse publicado el año 2015, un año después de haber sido practicada, sin embargo, por el poder que tienen algunos políticos en el municipio fue hasta este año que se reveló.
“En ese tiempo no había divorcio entre el ex alcalde Carlos Aguilar y el diputado Rodolfo Irías Navas. Venían las elecciones del 2017 y como el informe es revelador y podría haber significado un serio peligro para ambos funcionarios público que ostentaban la reelección, decidieron engavetarlo”, explica.
Osman Suazo también detalló a Radio Progreso que actualmente se realiza una segunda auditoría forense al periodo 2014-2019, que comprende una parte de la segunda administración de Carlos Aguilar y la primera parte del actual alcalde Jerry Sabio. La misma podría revelar mayores actos de corrupción, en una de las municipalidades más endeudadas del país.
“En los últimos diez años, de un presupuesto aproximado de cuatro mil millones de lempiras, gran parte ha ido a parar a pequeñas élites dentro del municipio que no le permite a la ciudad avanzar a paso firme”, señaló Suazo.
La situación de la comuna ceibeña, es sinónimo de la crisis que atraviesan otras municipalidades del país. La corrupción se ha hecho parte de la cotidianidad.
A criterio del ex fiscal de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), José Jorge Aguilar, los funcionarios en gran parte de las municipalidades se blindan para que sus actuaciones no sean investigadas.
Eso lo logran a través de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia que, en la mayor parte de los casos, son a conveniencia de los alcaldes, lo que aísla la posibilidad de transparentar los procesos.
“Las decisiones son políticas y los funcionarios tienen miedo de tomar decisiones que van a afectar a personas que buscan continuar en el poder. Por lo que deciden pasar por alto cualquier caso de corrupción”, señala.
La falta de transparencia y la incapacidad administrativa son los factores principales que mantienen cerca del colapso financiero a varias municipalidades en el país.
Las municipalidades están obligadas a garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución de todos los fondos recaudados por las transferencias de gobierno central y por las recaudaciones propias, sin embargo, en muchas ocasiones esos fondos sirven como “vaquita lechera” para enriquecer a funcionarios municipales y a sus colegas de partido.
En el país, al menos 32 alcaldías han sido señalas de actos de corrupción. Solo en el 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entregó al Ministerio Público al menos 15 casos en los que se involucran a corporaciones o alcaldes. Según datos de la Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON) 40 alcaldes y ex alcaldes enfrentan procesos penales, muchos de ellos señalados de actos de corrupción.
En febrero, el CNA presentó un informe en el que revela una red de corrupción compuesta por 25 alcaldes y ex alcaldes y 24 tesoreros y ex tesorero municipales, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino y violación de los derechos de los funcionarios al haber desviado más de 33.5 millones del bolsillo de sus trabajadores.
El modo de operar de estas corporaciones identificadas en el periodo 2010-2020 consiste en cobrar y no trasladar la cuota de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social de sus operarios que en muchos de los casos fueron utilizados en gasto corriente, impacto que ha significado una afrenta al acceso que por derecho tienen a la cobertura social al menos 796 afiliados y sus familias.
En su auditoría, el TSC encontró siete hallazgos en la municipalidad de La Ceiba, constitutivos de responsabilidad civil que ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por la suma de 35 millones 633 mil 714 lempiras con 37 centavos.
El Tribunal constató que la administración municipal emitió cheques que suman un total de 15 millones 020 mil, 372 lempiras con 75 centavos, sin tener disponibilidad económica, ocasionando gastos financieros por sobregiro bancario.
Además, se comprobó que la administración municipal dejó prescribir impuestos por 7 millones 246 mil 424 lempiras con 98 centavos, evidenciando falta de gestión administrativa al no efectuar los cobros correspondientes.
La auditoría ratifica las denuncias que la ciudadanía y las organizaciones sociales vienen denunciando desde hace varios años. La Ceiba la corrupción opera tranquilamente, frente a la pasividad de las instituciones encargadas de deducir responsabilidad a quienes desfalcan las arcas municipales.
El representante de la Comisión Municipal de Transparencia, Osman Suazo dice que el informe presentado por el Tribunal de Cuentas debió haberse publicado el año 2015, un año después de haber sido practicada, sin embargo, por el poder que tienen algunos políticos en el municipio fue hasta este año que se reveló.
“En ese tiempo no había divorcio entre el ex alcalde Carlos Aguilar y el diputado Rodolfo Irías Navas. Venían las elecciones del 2017 y como el informe es revelador y podría haber significado un serio peligro para ambos funcionarios público que ostentaban la reelección, decidieron engavetarlo”, explica.
Osman Suazo también detalló a Radio Progreso que actualmente se realiza una segunda auditoría forense al periodo 2014-2019, que comprende una parte de la segunda administración de Carlos Aguilar y la primera parte del actual alcalde Jerry Sabio. La misma podría revelar mayores actos de corrupción, en una de las municipalidades más endeudadas del país.
“En los últimos diez años, de un presupuesto aproximado de cuatro mil millones de lempiras, gran parte ha ido a parar a pequeñas élites dentro del municipio que no le permite a la ciudad avanzar a paso firme”, señaló Suazo.
La situación de la comuna ceibeña, es sinónimo de la crisis que atraviesan otras municipalidades del país. La corrupción se ha hecho parte de la cotidianidad.
A criterio del ex fiscal de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), José Jorge Aguilar, los funcionarios en gran parte de las municipalidades se blindan para que sus actuaciones no sean investigadas.
Eso lo logran a través de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia que, en la mayor parte de los casos, son a conveniencia de los alcaldes, lo que aísla la posibilidad de transparentar los procesos.
“Las decisiones son políticas y los funcionarios tienen miedo de tomar decisiones que van a afectar a personas que buscan continuar en el poder. Por lo que deciden pasar por alto cualquier caso de corrupción”, señala.
La falta de transparencia y la incapacidad administrativa son los factores principales que mantienen cerca del colapso financiero a varias municipalidades en el país.
Las municipalidades están obligadas a garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución de todos los fondos recaudados por las transferencias de gobierno central y por las recaudaciones propias, sin embargo, en muchas ocasiones esos fondos sirven como “vaquita lechera” para enriquecer a funcionarios municipales y a sus colegas de partido.
En el país, al menos 32 alcaldías han sido señalas de actos de corrupción. Solo en el 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entregó al Ministerio Público al menos 15 casos en los que se involucran a corporaciones o alcaldes. Según datos de la Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON) 40 alcaldes y ex alcaldes enfrentan procesos penales, muchos de ellos señalados de actos de corrupción.
En febrero, el CNA presentó un informe en el que revela una red de corrupción compuesta por 25 alcaldes y ex alcaldes y 24 tesoreros y ex tesorero municipales, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino y violación de los derechos de los funcionarios al haber desviado más de 33.5 millones del bolsillo de sus trabajadores.
El modo de operar de estas corporaciones identificadas en el periodo 2010-2020 consiste en cobrar y no trasladar la cuota de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social de sus operarios que en muchos de los casos fueron utilizados en gasto corriente, impacto que ha significado una afrenta al acceso que por derecho tienen a la cobertura social al menos 796 afiliados y sus familias.
Publicado el 20 Febrero, 2020
En ese sentido, Platero dijo que el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) a través de su titular Roberto Herrera Cáceres, debería estar velando o tratando de que se quite del Código, todo lo relacionado a los periodistas que, a su criterio, desde un comienzo no debió estar notificados en este caso los delitos relacionados a los profesionales de la comunicación en los medios.
La defensora de derechos humanos arguyó que “los periodistas no pueden ser responsables de lo que el medio de comunicación en muchas veces ordena o señala los lineamientos que se deben seguir para la realización del trabajo periodístico, ni tampoco de las acciones que se tomen como interlocutor en el momento de poder dar su opinión”.
“Creo es muy importante que a partir de este momento se enciendan las alertas, porque la prensa es ahorita un bastión principal para que un país todavía marche en altos niveles de democracia, donde el medio de comunicación se ha vuelto el espacio para que la población pueda hablar la verdad y es lo único que queda”, manifestó Itsmania.
Con la mencionada reforma al instrumento penal, la entrevistada enfatizó que se violenta y se atropella la libertad de expresión en el país.
Las reformas al Código Penal aún no eximen a los medios de difusión de las penas, aseguró la directora ejecutiva de C-Libre, Amada Ponce, quien además señaló 20 delitos que afectan no solo a los periodistas o comunicadores sociales, sino a cualquier persona que realice el ejercicio de la libertad de expresión.
El Congreso Nacional ayer miércoles eliminó los artículos 28 y el 153, el vicepresidente del Poder Legislativo, Mario Pérez, explicó que “Se han eliminado dos artículos del nuevo Código Penal, hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa contra el que comete el ilícito penal y no al director o al dueño del medio de comunicación”.
También se quitó la posibilidad de ir escalonadamente al director del noticiero, al jefe de redacción y por último terminar en el dueño del medio de comunicación.
“El otro artículo eliminado es el artículo 153, deja claro y establecido que una violación de Derechos Humanos es responsable quien comete el hecho y quien dio la orden (si es que existió alguien que ordenó), pero que nunca va a llegar a responsabilidad contra alguien que no tuvo el conocimiento de esa situación o que no tuvo ningún tipo de participación en la misma”, apuntó Pérez.
MOLESTOS ENEMIGOS DE LA LEY POR VETO DEL CNE A REELECCIÓN PRESIDENCIAL
- Publicado: 06 Marzo 2020
El
Consejo Nacional Electoral (CNE), informó ayer que por mayoría han
vetado la figura de la reelección en Honduras, por lo tanto, para los
comicios de 2021 la nueva autoridad no aceptará la inscripción de
personas que ya hayan ostentado la presidencia.De los comisionados del CNE, sólo Kelvin Aguirre pidió realizar un plebiscito para el tema de la reelección y, una vez finalizó la conferencia de prensa, una delegación del parlamento pidió una reunión con las autoridades electorales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
sentencia contra la reelección presidencial en Honduras que emitió ayer
el Consejo Nacional Electoral (CNE), no ha caído nada bien a personajes
que han apoyado el ultraje a la constitución. Tras reunirse con
diputados en el Congreso Nacional, las autoridades del nuevo órgano
veedor de comicios de elección, informó que no aceptarán candidaturas de
quienes ya hayan ostentado la presidencia del país.
Lo
anterior basado en los artículos pétreos de la Constitución de la
República que califican la reelección como una “traición a la patria”.
Precisamente, la presidente del CNE, Rixi Moncada ha dicho que ninguna
sentencia de un poder del Estado está por encima de la ley.
Cabe
recordar que lo que permitió a Juan Hernández buscar un segundo periodo
en el cargo, fue una dudable sentencia de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), acto que al CNE “constituye delito y eso evidencia que en el país
no hay división de poderes”.
Moncada
añadió que el CNE trabaja para recuperar el principio de nación, pues
opina que “nadie debe obediencia a decisiones ilegales; además de que no
van reglamentar la continuidad, anunciaron que no reconocen la
reelección de Hernández y desconocen totalmente la sentencia de la CSJ.
El
único miembro del CNE que votó a favor de la reelección, fue Kelvin
Aguirre, quien sin tomar en cuenta la zozobra que vive el pueblo en
“procesos democráticos” como los vistos en 2017, ha sugerido un
plebiscito por la continuidad en el poder.
El
tema ha generado un amplio debate en el ámbito nacional, ya que no
gustó la postura firme de la autoridad electoral; no obstante, los
hondureños han alabado la decisión en redes sociales.
ANÁLISIS / SERÁN MUCHOS HONDURAS TUS MUERTOS, A SABER SI CAERÁN CON HONOR
- Publicado: 14 Marzo 2020
Prevenir
esa catástrofe es responsabilidad del Estado, es decir de la sociedad
constituida para protegerse. JOH no creó el virus chino, pero es el
responsable directo del colapso de los servicios públicos, desprovistos
de los recursos que se perdieron en corrupción y represión de la
protesta. Servicios que no podrán atender la emergencia, lo cual
agravará la crisis para los ricos también que pronto tampoco podrán
viajar.
Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
Hablar
de la nueva peste es fácil. Aunque no sepas nada. Proliferan las
especulaciones y los absurdos, allá y aquí. Que es el fin del mundo o
que infectó a los chinos porque comen murciélagos, como declara una
connotada política de la derecha sudamericana y que no nos dañará a
nosotros, o que Venezuela se está blindando contra el virus con un
antirretroviral cubano, como dice el Sr. Presidente.
Un
periodista quiere discutir si se trata de un arma biológica que le
enviaron a los chinos, o una que los chinos desarrollaban, cuando se les
escapó del laboratorio. Unos amigos de la izquierda radical aseguran
que es una cocora del capitalismo, que busca generar pánico para
encubrir otros problemas y favorecer el control social. Pero Donald
Trump declara que es un timo, o una gran mentira que quiere dañar su
reelección y ha mandado callar a los científicos que trabajan en el
gobierno, antes de prohibir ayer el ingreso de los europeos
continentales.
Un
predicador fundamentalista asegura que es la peste que menciona la
Biblia que mandó Dios a Egipto, y que no afectará a los creyentes. Preso
debería estar. Una autoridad del IHSS nos consuela diciéndonos que no
debería preocuparnos tanto. ¡Y
el vocero nos anima a confiar en la institucionalidad del Estado, que
anuncia que ya tiene doce hospitales listos! para recibir a quienes
necesiten hospitalización y que sólo porque hay dos enfermos no
significa que habrá muertos.
¡Si
bien esto último pudiera ser lo más inverosímil de todo! Porque según
modelos matemáticos muy serios, en Honduras, pudiera llegar a haber, en
un corto periodo, unas 300 mil personas que hospitalizar y, desde antes,
el sistema de salud está colapsado. Por supuesto que habrá muertos, por
supuesto. La histeria colectiva que ya también empezó a aflorar tampoco
servirá de nada. Agotar los víveres. Es irrelevante y no es preciso
recurrir a una teoría conspiratoria.
Desde
hace milenios, desde distintas esquinas del planeta han surgido
contagios semejantes que han tenido impactos gravísimos sobre sociedades
que no pudieron interpretarlos. (Pests and Peoples) Apenas en 1919 y
1920 diez millones de personas sucumbieron a una Influenza.
Por
ahora y por desgracia, los fieles de todas las grandes religiones han
resultado susceptibles, los budistas en Corea, y taoístas en China, los
musulmanes en Irán, los Cristianos viejos en Italia.
En
los mercados de valores, el capitalismo internacional ha perdido
billones de dólares, veinte por ciento del valor simbolizado en el Dow
Jones en una semana, con solo anticiparse a las consecuencias materiales
ineludibles. Y oficialmente,
la Organización Mundial de la Salud declara que se trata de una pandemia
global aunque, por la vía de prevenir y aislar focos de infección, los
países todavía pueden amortiguar su impacto. ¡Justo lo que no se está
haciendo aquí!, donde los dos casos confirmados son de contagios
contraídos en el exterior y debería haber una cuarentena de los
pasajeros provenientes de países con oleadas de contagio, que no se
sometan a una prueba -pagada y segura- de su propia inocuidad.
Puede
parecer draconiano pero es indispensable para prevenir una tragedia sin
nombre. Cientos de miles (que no se alborote Bukele, también de
salvadoreños y guatemaltecos) muchos más que en cualquier momento pasado
van a estar en grave riesgo en una corta temporada. Podrían morir más
pobres y viejos pero serán muchos, productivos con un efecto
trascendente sobre la condición de vida de los sobrevivientes.
Prevenir
esa catástrofe es una responsabilidad del Estado, es decir de la
sociedad constituida para protegerse. JOH no creó el virus chino. Pero
es -con los suyos- el responsable directo del colapso y la atonía de los
servicios públicos, desprovistos de los recursos que se perdieron en la
corrupción y se dedicaron a la represión. Servicios que no podrán
atender la emergencia, con lo cual se agravará la crisis para los ricos
también que –pronto- tampoco podrán viajar.
Habría
que comenzar por una sabia coordinación de la comunicación pública,
para informar y orientar a la ciudadanía correctamente. Sin morbo ni
escándalo, previniendo el pánico que no tenga fundamento, pero sin
ocultar la gravedad de la situación y todo aquello (mucho es) que
podemos hacer para prevenir como individuos, como familias y como
comunidades de trabajo y convivencia.
Y
para explicar la tarea de los gobiernos. Debería ponerse en línea toda
la educación superior. Tendría que estarse contemplando ya el cierre,
por seis meses, de las escuelas y colegios, de los templos, como está
cerrada la Basílica de San Pedro en Roma. Cuando llegue la ola del
contagio, todas las congregaciones multitudinarias, para entretenimiento
público, artístico o deportivo, deberían prohibirse, como los cultos
religiosos de más de un número modesto de personas, no digamos las
reuniones proselitistas de los partidos, como esos lanzamientos.
Deberían
estar permanentemente habilitados todos los hospitales. (Aquí hay
cerrado un hospital en Cabañas, que fue del Dr. Ochoa creo, y debería
abrirse de inmediato y facilitado a los servicios municipales de salud).
Habilitados como hospitales, los templos vacíos, sin objeción. Al
servicio todos los médicos. Cerrado, hasta nuevo aviso, el comercio no
esencial, a saber el que no sea de alimentos, medicinas, combustibles y
repuestos esenciales. Trasladadas a los hogares de los empleados
–temporalmente- todas las actividades que se puedan hacer desde un
ordenador. Facilitados los pagos por transferencia bancaria y giro, a
las tarjetas que casi todo el mundo tiene.
Fortalecido
y coordinado el servicio de ambulancias, incluyendo todas las de las
FFAA y del servicio privado. Controlado el uso de las terminales y
limitado el acceso al transporte público, a personas precavidas, con
máscara, que no muestren síntomas de enfermedad. Claro para decretar esa
clase de medidas se necesita tener autoridad, legitimidad social y
política. Lo que le falta al gobierno en la región, y por supuesto al de
JOH.
La
peste nos va a dejar muchas moralejas. Hablar es fácil. Lo difícil será
hacer lo que procede para salvarnos de un trauma nacional. Pero
claramente no es la hora del cuchicheo, las consultas triviales y el
discurso florido. Ante la amenaza objetiva de la peste, el ejecutivo
debería pasar, por acuerdo de las fuerzas vivas, las fuerzas sociales,
los partidos, otras ramas del Estado y la milicia a un Comité de Salud
Pública que se encargue prioritariamente de la crisis sanitaria. Y
planifique la transición a un régimen en que no pueda pasar esto.
La Policía de Investigaciones ha desarrollado en este tiempo varias acciones orientadas a incriminar manifestantes en los hechos del 31 de mayo de 2019, cuando algunas llantas fueron quemadas en la entrada principal de la Embajada de los Estado Unidos de América.
Por este hecho se encuentra en Detención Preventiva, el joven Maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo desde el 18 de febrero en forma arbitraria y sin seguir los principios del debido proceso de investigación, agentes de la DPI han llamado a declarar bajo engaño e intimidación tanto a familiares como amigos de Rommel, tratando de que declaren contra sí mismos y contra su pariente, pero también se han introducido con artificios a las casas de manifestantes ampliamente conocidos con perfiles de otros opositores, para que sean reconocidos como los que participaron en los hechos de la embajada. Un total de 9 casos de este tipo han sido reportados.
La consecuencia más grave de lo expresado es la fuerte distorsión en los objetivos y la función social de la investigación criminal. Ésta no aparece diseñada como un instrumento del poder público que junto con otros, debe servir para dar respuesta a problemas concretos de la sociedad, sino como aparatos a partir de los cuales el Estado sostiene su capacidad de acción, represión y venganza, aún en ausencia de legitimidad o incluso como reflejo de los conflictos políticos derivados de la ilegalidad del régimen.
La Policía de Investigaciones no está siguiendo las reglas en la investigación policial y judicial con esta práctica, está dejando de lado los intereses del individuo para proteger otros intereses ajenos a la verdad, a la justicia y al derecho de la presunción de inocencia.
Estos acontecimientos y otros que se encuentran en proceso de documentación, dan cuenta de la persistencia de la violencia y las afectaciones a la vida y la integridad de la población hondureña que se ha manifestado en diferentes momentos.
Por ello exhortamos a la Población Hondureña
- No dejarse intimidar, exigir su derecho a guardar silencio, y solo declarar en presencia de su abogado o representantes de las organizaciones de derechos humanos.
- No autorizar el ingreso a sus domicilios de autoridades de investigación, si no cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
- Denunciar cualesquier acto de violencia contra sus derechos humanos.
- Al Estado de Honduras a que se abstenga de utilizar tácticas de engaño contra la población y garantice los derechos a la manifestación y a la libre expresión.
- Que ejerza la obligación estatal de investigar como corresponda, según los estándares internacionales de derechos humanos.
Es muy interesante examinar el relato de esa comparecencia de seres extraordinarios que no se rinden en el tiempo en su justo reclamo a los responsables de aquellos y de estos hechos atroces.
La nota escrita difundida en los predios cercanos al inútil Congreso Nacional, aclara de entrada que el Cofadeh no llega al viejo cetro histórico de Tegucigalpa como lo hacen las aves de techo, que llegan a buscar semillas por hábito condicionado todos los días.
“No estamos paradas hoy en esta proximidad de la vieja casa presidencial para gritar al viento nuestro dolor eterno, estamos aquí desde hace 39 años golpeando la puerta del Estado que nos debe la verdad y la justicia”.
El grupo que nunca falta cada primer viernes de mes, llegó armado de memoria histórica para enviar un telegrama a la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH, integrada por liberales y nacionalistas, considerada entre los responsables de la desaparición forzada de más de 500 opositores sociales y políticos en los años 80´s.
Los integrantes de esa Asociación que se valía del orejismo, la delación, el aislamiento, la tortura y el asesinato, “no están olvidados ni mucho menos perdonados, porque no han sido confesados ni han sido sancionados”, dijo el Cofadeh en su comunicado de la plaza.
Esa declaración, anunciaron las víctimas, será repetida a los representantes del Estado de Honduras que asistan en mayo próximo al tercer Examen Universal sobre la situación de los derechos humanos delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que evaluará las recomendaciones de hace cinco años.
Según el texto divulgado es posible que los funcionarios estatales y los responsables vivos de aquellos hechos criminales, considerados los casos históricos, piensen que el examen no tiene consecuencias en el tiempo y que es una formalidad burocrática que no les afecta.
“Pero las familias de las víctimas – dice el documento — le recordamos a esos criminales que con el dolor humano no se juega. Estamos en duelo centenares de familias que hemos perdido de ese modo violento seres queridos en manos de militares y sus escuadrones de la muerte, que fueron bendecidos por curas y pastores, financiados por empresarios sucios, y avalados por la CIA”.
El escrito hace referencia indirecta al batallón de la muerte 3-16 organizado por Papi Raymond, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, junto a militares y policías matones que aún viven en Tatumbla y Tegucigalpa, sin haber sido sentenciados por la justicia nacional.
“Igual que ha dicho la familia de Berta Cáceres en el cuarto aniversario de siembra histórica de esa extraordinaria mujer indígena, feminista, anti patriarcal y anti capitalista, nosotras repetimos que el castigo a los eslabones materiales de los hechos cuenta como condena pero falta la justicia, los inspiradores y financiadores de la cadena de mando no están enjuiciados. Faltan los Atala, faltan los APROHs y faltan los escuadroneros”, dijo la organización humanitaria.
La captura de Callejas y Hawit en Estados Unidos por delincuentes comunes organizados no compensa su responsabilidad como líderes financieros de la APROH, dijeron ayer las víctimas de los ochentas, por eso en vida les recordamos su deuda, así como se la recordamos a Rafael Ferrari antes de morir, a Mario Rivera López, y a Oswaldo Ramos Soto, y a Paul Vineli, y a Gustavo Álvarez, y a Suazo Córdova y a su ministro de la Presidencia, entre otros. No los olvidamos. No queremos, pero no tenemos odio ni sed de venganza, sólo tenemos amor con esperanza.
Algunos de esos nombres señalados, efectivamente, han muerto en los últimos años sin haber respondido por sus contribuciones al modelo criminal implantado en Honduras entre 1979 y 1992, y pretendieron pasar desapercibidos con ceremonias religiosas en busca de falsas indulgencias.
Por otra parte, la organización de víctimas retomó los grandes temas de la actualidad internacional que afectan a Honduras, y no se refiere al corona virus que tiene excesivos locutores alarmistas ni se refiere a loss narcos katrachos enjuiciados en Nueva York. Los familiares hablaron de los temas que hieren a la Honduras de abajo.
“Como las aves de techo venimos hoy a volar nuestra solidaridad con los 60 mil hondureños y hondureñas que deambulan en la frontera de México, que viven a la espera de un asilo en condiciones deplorables, que huyen de Honduras por culpa de este cartel de delincuentes de políticos impostores que destruyen el presente de la Patria”, dijo con firmeza la organización de víctimas de la desaparición forzada.
También el Comité de víctimas expresó solidaridad con las luchas de las comunidades indígenas y campesinas que defienden las cordilleras del norte, centro y occidente de Honduras, donde nacen las aguas dulces amenazadas por delincuentes mineros y represadores de ríos asociados con el crimen organizado del Estado.
En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, el Cofadeh habló a las madres que lloran, a las familias que buscan consuelo, a los dolientes que aprisionan en sus pechos el luto, y les dijo que no están solas en esta batalla por la dignidad y la vida. “Nosotras no tenemos bolsas solidarias para llenar estómagos y sobornar las voluntades, pero tenemos orejas para escuchar y palabras para caminar juntos en esta batalla contra la violencia”, expresa el comunicado.
El texto hace referencia a la política de limosnas que utiliza el Partido Nacional y Liberal para sostenerse en la usurpación del poder desde el golpe de Estado de 2009, una estrategia que elimina como el SIDA las defensas internas de las comunidades empobrecidas y las vuelve dóciles a los deseos de los caciques urbanos asentados en Tegucigalpa.
Al final de su comparecencia en la Plaza de los Pañuelos Blancos, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos repitió una invitación a las personas responsables de haber herido eternamente sus vidas. “Les repetimos, una vez más, no tengan miedo; no crean que sus amigos del poder judicial, del ministerio público y los partidos políticos los van a proteger para siempre; sólo ustedes pueden salvarse de las historias de sangre que arrastran desde 1980. Vengan y confiesen. Y después, hablamos”.
El mensaje fue interpretado como un nuevo llamado a los escuacdroneros, políticos, religiosos y militares que son responsables de las desapariciones históricas de personas, hechos cometidos al amparo del Estado que era instrumento de los gringos anticomunistas de Reagan y Bush padre, un tema que será abordado por la ONU el 8 de mayo próximo.
Hasta aquí el resumen editorial del texto difundido ayer en el plantón de la Plaza La Merced en el viejo y ruidoso centro antiguo de Tegucigalpa, la capital.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 7 de marzo de 2020
Ataques reiterados: Incursionan en la sede de Vía Campesina-Honduras
Sunday, 23 February 2020 21:43 Written by Dina Meza Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
A la izquierda : la puerta principal
de la Vía Campesina está destruida. A la derecha la DPI interroga a
Rafael Alegría sobre el hecho.
Apenas unos minutos de que el Coordinador de la Vía
Campesina-Honduras, Rafael Alegría, había salido de las oficinas y un
desconocido ingresó al lugar, este domingo 23 de febrero de 2020. El
objetivo aparentemente era llevarse una computadora con información de
una de las oficinas cuya puerta fue forzada para entrar, pero dejó
listos otros enseres en el patio de la organización, pareciera que tiene
programado regresar, no se sabe si actuaba solo. Para el dirigente se
trata de una persecución política.
Quizá los pasos del Coordinador de Vía Campesina-Honduras, habían
sido seguidos sin que se diera cuenta, según el patrón que desde hace
mucho tiempo han tenido las acciones en su contra y de la organización.
La vía campesina apoya entre muchas acciones, a campesinos y campesinas en la lucha por su derecho a la tierra, la defensa de los territorios, está contra el militarismo, impulsa una reforma agraria integral y se opone a que las Fuerzas Armadas manejen el agro en Honduras por lo que presentado un Recurso de Inconstitucionalidad contra un decreto que faculta a los militares a inmiscuirse en actividades que no les competen, pero que el presidente Juan Orlando Hernández, en aras de mantener contentos a los altos jerarcas militares para sostenerse en el poder está cerrando un círculo peligroso que genera mucha violencia contra la población.
Es la enésima vez que la Vía Campesina sufre un percance de eta naturaleza, desde el 2009 los ataques son constantes, incluyen disparos en dos ocasiones con descargas de proyectiles, intercepción de empleados a la salida de la organización, un supuesto plan para asesinar a Alegría en el 2017, previo a las elecciones generales que se realizarían en el país, hasta una seria advertencia el anterior Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien dijo que quienes se oponían a que este ente armado manejara unos 4 mil millones de lempiras en el agro, eran apenas unos 10 labriegos a quienes ya tenían plenamente identificados.
Estas acciones coinciden con las efectuadas contra la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA , que a finales de diciembre de 2019 y principios de 2020, ha tenido incursiones en sus oficinas , las cuales quieren aparentar asaltos comunes, pero han sido descartados porque les llevaron también información y ocurren en momentos en que esta organización aporya la lucha por la libertad de los presos políticos de Guapinol y para que se desmantele el decreto que permite la destrucción del medio ambiente por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
Miré el portón forzado
A eso de las cuatro de la tarde Alegría volvió a las oficinas de Vía
Campesina y observó que el portón del garaje estaba forzado por lo que
alertó al Mecanismo de Protección, pero la policía se tardó en llegar
casi dos horas junto con la Dirección Policial de Investigaciones DPI.
La ASOPODEHU debió llamar al Comisionado Wilmer Torres Saavedra, Director de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, para que intercediera en agilizar la presencia de los cuerpos policiales.
Los pedazos de vidrios y de madera de las puertas que fueron forzadas estaban por todos lados, y la cámara registró el momento en que un hombre de camisa negra violentó las puertas de entrada a las oficinas y se apropió de una computadora.
El dirigente campesino detalló ante la DPI todas las acciones violentas que se han llevado a cabo contra la organización, las cuales solo han quedado en las gavetas del Ministerio Público, ente que no ha investigado ni una tan sola. Se quejó también que no han ido efectivas las medidas del mecanismo de Protección para proteger su vida.
Descarto el robo
Rafael Alejo expresó que descartaba que se tratara de un robo porque las características que tiene es de una connotación política, “lo que hicieron fue arrancar las pantallas de las cámaras, rompieron las puertas, hemos sufrido tantos atentados de esta naturaleza, es la novena mes que sucede”.
Agregó que las acciones de la organización estorban al régimen porque es una institución que se ha mantenido en la denuncia permanente las injusticia, la represión, los asesinatos de campesinos y dirigentes sociales, a favor de la libertad de los presos políticos, que no se privatice el agua, “por eso somos un blanco de la dictadura que está gobernando el país”.
Sin embargo reiteró que aunque hagan las denuncias respectivas las mismas solo es para que queden registradas porque no esperan ningún avance tal como ha sucedido con las demás.
Refirió que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las cuales fueron transferidas al Mecanismo de Protección, “pero aunque han hecho los análisis de riesgo y la conclusión es que hay alto riesgo, no se ha actuado en defensa de la seguridad de nosotros”.
La denuncias interpuestas están en el MP, pero todas en la impunidad
El 25 de julio de 2009, el líder de Vía Campesina fue detenido por más de seis horas por supuestamente violar el toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El 11 de agosto del 2009 a la medianoche, al menos dos individuos que iba en un carro dispararon contra la sede de la organización ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa cuando en ese local habían varias personas albergadas.
El 08 de febrero de 2011, Rafael Alegría fue informado en forma
confidencial, que en la ciudad de Miami, Estados Unidos se estaba
planificando un secuestro en su contra, así como actos de tortura,
planes que se extenderían también hacia Juan Barahona, Sub Coordinador
del Frente Nacional de Resistencia Popular, (FNRP), Según lo denunció el
COFADEH en el comunicado de prensa.
El 26 de enero del 2016 las instalaciones de La Vía Campesina Honduras nuevamente fueron tiroteadas en horas de la madrugada, unos 11 proyectiles impactaron en el portón principal de la organización.
El 20 de noviembre del 2017, el afectado denunció en conferencia de prensa un supuesto plan para asesinarle a él y a la periodista Gilda Silvestrucci, ambos candidatos a diputados por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, en las elecciones generales de ese año , que fueron muy cuestionadas por fraude y que a pesar de ello el actual mandatario asumió el poder de la nación.
El 14 de noviembre de 2019 René Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, criticó el hecho de que esta organización se opusiera a que la FFAA manejen el presupuesto del agro y dijo en forma amenazante en medios de comunicación “solo son como 10 campesinos los que están en contra, ya los tenemos contados e identificados”.
La vía campesina apoya entre muchas acciones, a campesinos y campesinas en la lucha por su derecho a la tierra, la defensa de los territorios, está contra el militarismo, impulsa una reforma agraria integral y se opone a que las Fuerzas Armadas manejen el agro en Honduras por lo que presentado un Recurso de Inconstitucionalidad contra un decreto que faculta a los militares a inmiscuirse en actividades que no les competen, pero que el presidente Juan Orlando Hernández, en aras de mantener contentos a los altos jerarcas militares para sostenerse en el poder está cerrando un círculo peligroso que genera mucha violencia contra la población.
Es la enésima vez que la Vía Campesina sufre un percance de eta naturaleza, desde el 2009 los ataques son constantes, incluyen disparos en dos ocasiones con descargas de proyectiles, intercepción de empleados a la salida de la organización, un supuesto plan para asesinar a Alegría en el 2017, previo a las elecciones generales que se realizarían en el país, hasta una seria advertencia el anterior Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien dijo que quienes se oponían a que este ente armado manejara unos 4 mil millones de lempiras en el agro, eran apenas unos 10 labriegos a quienes ya tenían plenamente identificados.
Estas acciones coinciden con las efectuadas contra la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA , que a finales de diciembre de 2019 y principios de 2020, ha tenido incursiones en sus oficinas , las cuales quieren aparentar asaltos comunes, pero han sido descartados porque les llevaron también información y ocurren en momentos en que esta organización aporya la lucha por la libertad de los presos políticos de Guapinol y para que se desmantele el decreto que permite la destrucción del medio ambiente por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
Miré el portón forzado
 Rafael Alegría: Han sido ya nueve acciones contra nosotros y todas están en la impunidad |
La ASOPODEHU debió llamar al Comisionado Wilmer Torres Saavedra, Director de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, para que intercediera en agilizar la presencia de los cuerpos policiales.
Los pedazos de vidrios y de madera de las puertas que fueron forzadas estaban por todos lados, y la cámara registró el momento en que un hombre de camisa negra violentó las puertas de entrada a las oficinas y se apropió de una computadora.
El dirigente campesino detalló ante la DPI todas las acciones violentas que se han llevado a cabo contra la organización, las cuales solo han quedado en las gavetas del Ministerio Público, ente que no ha investigado ni una tan sola. Se quejó también que no han ido efectivas las medidas del mecanismo de Protección para proteger su vida.
Descarto el robo
Rafael Alejo expresó que descartaba que se tratara de un robo porque las características que tiene es de una connotación política, “lo que hicieron fue arrancar las pantallas de las cámaras, rompieron las puertas, hemos sufrido tantos atentados de esta naturaleza, es la novena mes que sucede”.
Agregó que las acciones de la organización estorban al régimen porque es una institución que se ha mantenido en la denuncia permanente las injusticia, la represión, los asesinatos de campesinos y dirigentes sociales, a favor de la libertad de los presos políticos, que no se privatice el agua, “por eso somos un blanco de la dictadura que está gobernando el país”.
Sin embargo reiteró que aunque hagan las denuncias respectivas las mismas solo es para que queden registradas porque no esperan ningún avance tal como ha sucedido con las demás.
Refirió que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las cuales fueron transferidas al Mecanismo de Protección, “pero aunque han hecho los análisis de riesgo y la conclusión es que hay alto riesgo, no se ha actuado en defensa de la seguridad de nosotros”.
La denuncias interpuestas están en el MP, pero todas en la impunidad
El 25 de julio de 2009, el líder de Vía Campesina fue detenido por más de seis horas por supuestamente violar el toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El 11 de agosto del 2009 a la medianoche, al menos dos individuos que iba en un carro dispararon contra la sede de la organización ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa cuando en ese local habían varias personas albergadas.
Las gavetas del escritorio quedaron abiertas, y el individuo
procedió a llevarse una
laptop que tenía información importante, según una
grabación de cámara.
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El 26 de enero del 2016 las instalaciones de La Vía Campesina Honduras nuevamente fueron tiroteadas en horas de la madrugada, unos 11 proyectiles impactaron en el portón principal de la organización.
El 20 de noviembre del 2017, el afectado denunció en conferencia de prensa un supuesto plan para asesinarle a él y a la periodista Gilda Silvestrucci, ambos candidatos a diputados por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, en las elecciones generales de ese año , que fueron muy cuestionadas por fraude y que a pesar de ello el actual mandatario asumió el poder de la nación.
El 14 de noviembre de 2019 René Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, criticó el hecho de que esta organización se opusiera a que la FFAA manejen el presupuesto del agro y dijo en forma amenazante en medios de comunicación “solo son como 10 campesinos los que están en contra, ya los tenemos contados e identificados”.
Más de 70 municipios se han declarado libre de extractivismo
- 18/02/2020
Cabildo abierto realizado en San José, La Paz.
Desde las comunidades más remotas del país están surgiendo luchas en
defensa de los bienes comunes de la naturaleza. La población hondureña
ha entendido que, defender los bienes naturales es defender la vida.
Con el golpe de Estado de 2009, las concepciones del territorio (hidroeléctricas, térmicas, mineras, proyectos hoteleros), incrementaron aceleradamente en el país. Al mismo pasó que incrementaron los proyectos aumentó el nivel de conciencia y organizativo de la ciudadanía.
Las luchas en el país han sido diversas; desde campamentos dignos, controles territoriales, asambleas populares, hasta cabildos abiertos y consultas soberanas. La más reciente expresión de soberanía popular fue la declaratoria de Marcala, La Paz, como municipio libre de proyectos extractivos.
Según el ambientalista Pedro Landa, miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), por lo menos 70 municipios en el país se han declarado en los últimos cinco años libres de minería, hidroeléctricas y térmicas. Las declaratorias se han dado en los departamentos de Santa Bárbara, Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Lempira, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Olancho y Ocotepeque.
En otros departamentos como Islas de la Bahía, se han hecho cabildos ambientales en las que se realizan declaratorias de productos tóxicos como el plástico. Las mismas también son importantes en la conservación de la casa común, dijo el ambientrais
“Ahora mismo en el Distrito Central hay dos luchas muy fuertes, primero por la no privatización del agua a través de la municipalización y, por otro lado, con el tema de la construcción de los condominios que se están haciendo en la zona de amortiguamiento del parque Nacional La Tigra. Hay una lucha muy fuerte, ojalá la población de Tegucigalpa despierte y no deje solas a las comunidades que viven alrededor de La Tigra”, señala.
Pedro Landa explica que las declaratorias de municipios libres de proyectos extractivos tienen mucha fuerza. En primer lugar, hay que reconocer que son instrumentos jurídicos porque el artículo 65 de la Ley de Municipalidades señala que las resoluciones de las Corporaciones Municipales tienen fuerza de instrumentos jurídicos, es decir, son leyes municipales, entonces son de obligatorio cumplimiento dentro del territorio municipal.
El ambientalista señala que a nivel nacional hay que remitirse nuevamente al artículo 65 de la Ley de Municipalidades, la normativa dice que, la jerarquía jurídica es la siguiente; en primer lugar, la Constitución de la República, en segundo La Ley de Municipalidades, tercer lugar, los Convenios Internacionales y finalmente las leyes generales.
“Eso significa que las Leyes de Minería, Ley del Instituto de Conservación Forestal (ICF), La Ley para la Generación de Energía con Recursos Renovables, están en cuarto lugar. Por encima de la Ley de Municipalidades lo único que está es la Constitución en cuanto a normativa. Por lo tanto, no puede ninguna institución estatal imponer proyectos que son rechazados en los municipios. Las decisiones que se toman en Cabildos Abiertos son ley”, puntualiza Landa.
Incumplimiento
Aunque son varios los municipios a nivel nacional que han realizado declaratorias contra los proyectos extractivistas, Pedro Landa cree que solamente entre un 10 y un 15% están cumpliendo con la decisión soberana de la ciudadanía.
“Hay que señalar que muchos de los alcaldes-corporaciones están coludidos con las empresas y el gobierno central y lo que le dicen a la población es que las resoluciones no son retroactivas y se aplican desde el momento que se toma la decisión para adelante, es decir, no aplica de forma retroactiva. Sin embargo, hay que recalcar que todas estas concesiones se han otorgado de manera ilegal y sin consultar a la ciudadanía”, acota.
Desde el año 2009 el Estado hondureño ha optado por un modelo de desarrollo que es insostenible a nivel mundial, el modelo extractivista que privatiza y consume vorazmente los recursos naturales y es rechazado tajantemente por la ciudadanía. Esto se ve reflejado en todas las luchas espontaneas que surgen a nivel nacional.
Según Pedro Landa el pueblo está enviando un mensaje claro a la clase política a través de las declaratorias realizadas en el país. La ciudadanía les dice que no se puede seguir asesinando con políticas extractivas.
Con el golpe de Estado de 2009, las concepciones del territorio (hidroeléctricas, térmicas, mineras, proyectos hoteleros), incrementaron aceleradamente en el país. Al mismo pasó que incrementaron los proyectos aumentó el nivel de conciencia y organizativo de la ciudadanía.
Las luchas en el país han sido diversas; desde campamentos dignos, controles territoriales, asambleas populares, hasta cabildos abiertos y consultas soberanas. La más reciente expresión de soberanía popular fue la declaratoria de Marcala, La Paz, como municipio libre de proyectos extractivos.
Según el ambientalista Pedro Landa, miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), por lo menos 70 municipios en el país se han declarado en los últimos cinco años libres de minería, hidroeléctricas y térmicas. Las declaratorias se han dado en los departamentos de Santa Bárbara, Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Lempira, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Olancho y Ocotepeque.
En otros departamentos como Islas de la Bahía, se han hecho cabildos ambientales en las que se realizan declaratorias de productos tóxicos como el plástico. Las mismas también son importantes en la conservación de la casa común, dijo el ambientrais
“Ahora mismo en el Distrito Central hay dos luchas muy fuertes, primero por la no privatización del agua a través de la municipalización y, por otro lado, con el tema de la construcción de los condominios que se están haciendo en la zona de amortiguamiento del parque Nacional La Tigra. Hay una lucha muy fuerte, ojalá la población de Tegucigalpa despierte y no deje solas a las comunidades que viven alrededor de La Tigra”, señala.
Pedro Landa explica que las declaratorias de municipios libres de proyectos extractivos tienen mucha fuerza. En primer lugar, hay que reconocer que son instrumentos jurídicos porque el artículo 65 de la Ley de Municipalidades señala que las resoluciones de las Corporaciones Municipales tienen fuerza de instrumentos jurídicos, es decir, son leyes municipales, entonces son de obligatorio cumplimiento dentro del territorio municipal.
El ambientalista señala que a nivel nacional hay que remitirse nuevamente al artículo 65 de la Ley de Municipalidades, la normativa dice que, la jerarquía jurídica es la siguiente; en primer lugar, la Constitución de la República, en segundo La Ley de Municipalidades, tercer lugar, los Convenios Internacionales y finalmente las leyes generales.
“Eso significa que las Leyes de Minería, Ley del Instituto de Conservación Forestal (ICF), La Ley para la Generación de Energía con Recursos Renovables, están en cuarto lugar. Por encima de la Ley de Municipalidades lo único que está es la Constitución en cuanto a normativa. Por lo tanto, no puede ninguna institución estatal imponer proyectos que son rechazados en los municipios. Las decisiones que se toman en Cabildos Abiertos son ley”, puntualiza Landa.
Incumplimiento
Aunque son varios los municipios a nivel nacional que han realizado declaratorias contra los proyectos extractivistas, Pedro Landa cree que solamente entre un 10 y un 15% están cumpliendo con la decisión soberana de la ciudadanía.
“Hay que señalar que muchos de los alcaldes-corporaciones están coludidos con las empresas y el gobierno central y lo que le dicen a la población es que las resoluciones no son retroactivas y se aplican desde el momento que se toma la decisión para adelante, es decir, no aplica de forma retroactiva. Sin embargo, hay que recalcar que todas estas concesiones se han otorgado de manera ilegal y sin consultar a la ciudadanía”, acota.
Desde el año 2009 el Estado hondureño ha optado por un modelo de desarrollo que es insostenible a nivel mundial, el modelo extractivista que privatiza y consume vorazmente los recursos naturales y es rechazado tajantemente por la ciudadanía. Esto se ve reflejado en todas las luchas espontaneas que surgen a nivel nacional.
Según Pedro Landa el pueblo está enviando un mensaje claro a la clase política a través de las declaratorias realizadas en el país. La ciudadanía les dice que no se puede seguir asesinando con políticas extractivas.
