HONDURAS: Coronavirus: De manera urgente demandan dotación de equipo de bioseguridad y rendición de cuentas // HONDUREÑOS INTENSIFICAN PROTESTA SOCIAL POR ALIMENTOS E INSUMOS BIOMÉDICOS // Sobrevaloración en precio de mascarillas inicio de lo que podría ser el acto de corrupción récord en Honduras // Radio Progreso: Migrantes en centros de detención corren riesgo de contagiarse de Covid-19 // Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh // A cuatro años de su asesinato, impunidad arropa caso Berta Cáceres // Valle de Sula bajo un toque de queda absoluto // La mirada internacional sobre acciones por Covid-19: Expertos de la ONU instan a los Estados a incluir a todas las personas // CorteIDH llama a proteger los Derechos Humanos en la emergencia por Covid-19 // El Libertador: HONDURAS/ “ESTRATEGIA DEL ‘SHOCK”, EL MIEDO COMO ARMA POLÍTICA // Casi 11,400 hondureños deportados en 2020 y 440 desaparecidos en viaje a EE.UU.

Coronavirus: De manera urgente demandan dotación de equipo de bioseguridad y rendición de cuentas

Por Marc Allas -

13 abril, 2020

Tegucigalpa.- El Colegio Médico de Honduras Médicos (CMH) nuevamente demandó del  régimen de Juan Orlando Hernández, la dotación de equipo de bioseguridad para la protección del personal sanitario de los hospitales del país
Autoridades del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula,  informaron  que actualmente hay 12 médicos y 17 enfermeras que se encuentran en cuarentena porque están contagiados de coronavirus. De éste personal,  3 profesionales de la salud se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otros 2 hospitalizados en áreas intermedias.

A finales de marzo se registró la muerte de la doctora Denise Roxana Murillo Martínez, a consecuencia de la exposición del coronavirus  en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Su muerte constituyó la primera baja del personal médico que lucha contra la pandemia, en medio de la  escasa atención que reciben de parte del régimen. Además murieron 2 enfermeras.
El Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) reportó el lunes 13 de abril, la muerte de 26 hondureños, y resaltó que sólo el departamento de Cortés, registra  268 casos confirmados por covid19 (coronavirus). A nivel nacional la cifra de personas contagiadas asciende a 374,  con 7 personas recuperadas.
La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa que realizó hoy un plantón junto a sus colegas en la entrada principal del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, dijo que la calidad del equipo que se necesita debe ser congruente con la capacidad del personal que trabaja en los hospitales y centros de salud.
Figueroa apuntó que las pruebas de coronavirus no se están aplicando a los médicos y personal de enfermería que ha tenido contacto con personas contagiadas en las salas destinadas para atender la emergencia por el covid19.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras cuestionó que si la inversión en Honduras es mucho mayor que en el resto de países de Centroamérica, por qué sólo se aplican 96 pruebas diarias, mientras Costa Rica aplica 500 pruebas.
La profesional de la medicina exigió al estado el suministro suficiente de mascarillas, lentes de protección, batas especiales, botas, gorros y guantes para todo el personal del sistema sanitario del país.

Visiblemente molesta la doctora Figueroa explicó que el primer centro asistencial del país no tiene los ventiladores mecánicos que prometió la Secretaría de Salud  y que hospitales como el de La Ceiba está abandonado.
“Las autoridades han sido cínicas y corruptas, como siguen siendo, no podemos quedarnos calladas, porque el sistema es ineficiente, no han hecho nada, ¿dónde está el dinero que se aprobaron?, ¿en la bolsa de quién está?, se preguntó la galena.
Unas 26 mil pruebas (o test para detectar el coronavirus) que fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE) no se han podido aplicar, porque no llegaron con sus respectivos reactivos.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) dio a conocer que el pasado 10 de febrero  la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) recibió 110 millones de lempiras para combatir el dengue y la posible llegada del coronavirus.
El 11 de marzo el Congreso Nacional (CN) aprobó 623 millones de lempiras para insumos médicos y remodelación de hospitales. El 13 de marzo el régimen aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus. El monto aprobado fue de más de 10 mil 450 millones de lempiras.
El 17 de marzo se ordena la recaudación del 2 por ciento del Presupuesto General de la República con un monto de 3 mil 686 millones de lempiras. El destino de este monto no fue especificado.
Entretanto el 31 de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) transfirió a las arcas del estado en calidad de préstamo, 3 mil 550 millones de lempiras para enfrentar la pandemia.
Por otra parte, el 2 de abril, el Congreso Nacional (CN) autorizó una contratación directa de préstamos por más de 62 mil 220 millones de lempiras supuestamente destinados a la emergencia.
En total, el régimen dispone de más de 80 mil 640 millones de lempiras para atenuar el impacto del coronavirus en Honduras.
El Fosdeh sostuvo que no hay claridad sobre la forma en que el régimen está invirtiendo los millonarios fondos. Sólo el Programa “Honduras Solidaria” que presume ayudar a la población más pobre a través de las municipalidades recibe únicamente el 0.42 por ciento del presupuesto para la crisis. ¿Dónde está el resto del dinero?, se preguntó el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.

HONDUREÑOS INTENSIFICAN PROTESTA SOCIAL POR ALIMENTOS E INSUMOS BIOMÉDICOS

Publicado: 13 Abril 2020

El hambre y la pobreza siguen aventajando al Covid-19, ya que el pueblo no puede cumplir con la cuarentena porque no hubo un plan efectivo de abastecimiento y, a pesar del riesgo que implica salir a protestar, los hondureños presionan al Gobierno cada día con más fuerza.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Este lunes se han intensificado las demandas del pueblo hondureño que sigue exigiendo al Gobierno por el “Saco Solidario” que prometió como un alivio a la angustia de los ciudadanos incapaces de trabajar debido a la cuarentena por el Covid-19.

También los médicos siguen presionando para que se distribuya el equipo de protección biomédica que se pidió desde antes que se registrara el primer caso positivo en el país.

Y es que el régimen ha contado con unos 15 mil millones de lempiras para hacer frente al estado de emergencia, dinero percibido por donaciones de organismos financieros internacionales, ayuda de países aliados y creación de leyes de “alivio” a la economía.

Nota de interés: ¡URGENTE! EMPLEADOS DE MAQUILA PROTESTAN EN CHOLOMA POR COBROS IMPAGABLES

Este lunes han continuado las protestas del pueblo que muere de hambre, en la capital Tegucigalpa y Comayagüela, se efectuaron plantones en las salidas al oriente y sur del país, también en el sector de Suyapa, al menos 2,000 personas aquejaron que no tenían alimentos.

El reclamo social por alimentos es una constante a pesar de la restricción de movilidad, al igual que las medidas de presión del personal de salud, hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula, especialistas de la medicina protestaron por la falta de insumos de protección biomédica.

Durante el fin de semana las acciones de reclamo social fueron tomando fuerza en el norte del país, más precisamente en varios municipios del departamento de Cortés, epicentro del Covid-19 en el país, ya que la autoridad no responde con el abastecimiento.

  

Sobrevaloración en precio de mascarillas inicio de lo que podría ser el acto de corrupción récord en Honduras

• 14/04/2020

Gabriel Rubí comisionado de Copeco. En la adquisición de insumos para la bioseguridad durante la emergencia por el Coronavirus, Gobierno nacionalista está comprando mascarillas N95 a un precio unitario de 190 lempiras, sin embargo, el costo real no sobrepasa los 45 lempiras, denuncia el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Los señalamientos del Fosdeh surgen tras analizar las compras, que hasta el momento ha hecho públicas la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en el portal web de la Secretaría de Finanzas.
Alejandro Kaffati, economista e investigador del Fosdeh, indica que, además, se ha identificado la sobrevaloración de precios en la compra de dos hospitales móviles a 1,100 millones de lempiras, hospitales que también fueron adquiridos por el gobierno de El Salvador a un costo 700 mil dólares, la mitad del monto que reporta Copeco.
“Esto le da a Fosdeh los indicios que estamos a las puertas de un acto de corrupción récord en la historia hondureña”, advierte Alejandro Kaffati, apuntando que las autoridades gubernamentales no han “podido justificar plenamente por qué la compra de los insumos a precios tan elevados y se reducen a decir que es consecuencia de la demandan excesiva internacional”.
Kaffati dice que el monitoreo realizado demuestra que, hasta la fecha desde el inicio emergencia sanitaria, el gobierno hondureño ha ejecutado 2,100 millones de lempiras de los 80 mil 640 millones aprobados en nombre del combate al Coronavirus.
“Copeco ha realizado unas compras que son bastante irregulares, principalmente para abastecer las salas de atención, entre ellos se menciona 10 televisores de 32 pulgadas, siete televisores de 39 pulgadas, unas cafeteras y unas mesas que andan alrededor de cinco a seis mil lempiras”, detalla Kaffati y se cuestiona por qué Copeco adquiere producto de oficina en medio de una pandemia.
En relación al presupuesto para el nombrado proyecto “Honduras Solidaria”, el economista explica que el Poder Ejecutivo solicitó fondos a la Secretaría de Finanzas y reorientaron el Presupuesto General de la República, que suman 3,600 millones de lempiras.
“Es un programa que tiene fuertes indicios de proselitismo político, dado que la ayuda no llega sin distinción partidaria, sino que llega a las personas afines al partido de gobierno, el programa Honduras Solidaria solo tiene 740 mil hogares beneficiarios y el total de hogares en condición de pobreza es de 1.2 millones”, denuncia Kaffati.
Aunque el panorama es incierto, Alejandro Kaffati manifiesta que las esperanzas para enfrentar la crisis y denunciar la falta de transparencia están. “Hoy por hoy hemos visto una ciudadanía más activa, a través de las redes sociales, encarando y exigiendo rendición de cuentas al más alto nivel”.

Migrantes en centros de detención corren riesgo de contagiarse de Covid-19

• 06/04/2020

Varios casos positivos de Covid-19 se han presentado entre migrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes están acusando a la administración de Donald Trump de exponerlos a la pandemia al no permitirles salir de los centros de detención.
La directora ejecutiva del Centro Presente, una organización defensora de derechos humanos en Boston, Massachusetts, Patricia Montes dice que, el presidente estadounidense tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de las personas que están en los centros de detención, sin embargo, ninguno de esos derechos fue garantizado antes de la pandemia y a raíz de su llegada se pone aún más en riesgo la vida y salud de las personas que están detenidas.
“Estamos hablando mayormente de familias, mujeres embarazadas, niños y niñas, todas son poblaciones en riesgo en estos centros de detención. Por lo tanto, responsabilizamos rotundamente al gobierno por las muertes que ya se han dado y por las que se pueden presentar”, asegura la defensora.
Patricia Montes asegura que, se debe reconocer que no se ha establecido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ningún mecanismo a lo interno de estos centros de detención, para garantizar el derecho que tiene la gente a la vida y a la salud.
Los migrantes han denunciado que en estos centros de detención no hay mascarillas, en medio del hacinamiento hay casos extremos donde ni siquiera hay agua y jabón para que la gente pueda lavarse las manos, lo que preocupa a las organizaciones porque el contagio puede ser masivo.
Por el contrario el servicio de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha dado a conocer de manera pública que no es responsabilidad de ellos, que son los centros de detención que están siendo gestionados por empresas privadas y son estas, las responsables de establecer este tipo de protocolo ante la pandemia del coronavirus.
No hay acceso a estadísticas
Aunque las denuncias sobre el contagio y las condiciones de insalubridad en los centros de detención son constantes, las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tienen acceso a datos reales sobre la cantidad de personas contagiadas.
“No hemos tenido acceso de estadísticas oficiales, consideramos que es urgente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos actúe de manera responsable y rápida para nosotros poder tener acceso a esa información detallada. Hay personas que están con una preocupación enorme a raíz que sus familiares están a lo interno de estos centros de detención”, señala Patricia Montes.
Ausencia de los gobiernos
Montes lamenta la irresponsabilidad de los gobiernos de México y Centroamérica, quienes ni siquiera se han pronunciado oficialmente sobre lo que está pasando con sus detenidos en las rutas migratorias y en los centros de detención en Estados Unidos.
Patricia Montes explica que, a partir del 20 de marzo comenzaron nuevas disposiciones para las deportaciones de migrantes. Entre la que incluye las deportaciones inmediatas, sin embargo, no se ha visto un posicionamiento de parte de los gobiernos ni preocupación en torno a la situación que están viviendo sus compatriotas detenidos.
Agrega que las detenciones y deportaciones continúan vigentes. “Es muy importante entender que estas detenciones y deportaciones son parte de una maquinaria que no se ha detenido. Una vez más el gobierno de Estados Unidos pone en riesgo no solo a las poblaciones que están detenidas, sino también a los pueblos centroamericanos, pues muchas personas están siendo deportadas todas las semanas y podrían estar contagiadas con COVID-19.
“Detener las deportaciones en este momento es extremadamente necesario para tratar de detener el contagio a lo interno de los centros de detención. Sabemos que hay más contagios en este momento en Estados Unidos que en los países centroamericanos, que evidentemente no están preparados para recibir esta pandemia a raíz del grado de corrupción e impunidad que existe en nuestros países de origen”, concluye la defensora.

Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

abril 7, 2020 Redacción

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.
Se ha hecho de conocimiento del Copinh, ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.
El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.
El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.
Exigen que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.
El Copinh hace un llamado y alerta nacional e internacional para estar pendientes de esta jugada que se pretende hacer como ya se esta haciendo con el exvicepresidente del Consejo dela Judicatura. Teodoro Bonilla,que está con un pie en la calle.

A cuatro años de su asesinato, impunidad arropa caso Berta Cáceres

• 03/03/2020

A cuatro años del asesinato de Berta, la demanda es justicia contra los autores intelectuales del asesinato. Al cumplirse cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, diversas organizaciones nacionales e internacionales se dieron cita en el centro de capacitación Utopía, la sede del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, en La Esperanza, Intibucá, en Honduras para demandar justicia para la lideresa indígena.
“Queremos seguir profundizando la lucha de Berta Cáceres y acompañarnos, entre los territorios, en las luchas en defensa del agua. Esta conmemoración está dedicada a la lucha por las aguas de toda Honduras”, manifestó a Radio Progreso Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora general del Copinh.
El 02 de marzo de 2016, Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Copinh, fue asesinada en su casa donde además atentaron contra la vida del activista mexicano Gustavo Castro.
A cuatro años de su asesinato la demanda sigue siendo justicia contra los autores intelectuales del asesinato y la cancelación de los proyectos extractivistas que ponen en peligro la existencia de los pueblos originarios de Honduras.
Muchas irregularidades
La familia de Cáceres y el Copinh denunciaron, durante el proceso, reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, se unen a las voces que reclaman por justicia en el asesinato contra Cáceres. La directora de Cejil, abogada Claudia Paz y Paz, lamentó que Honduras siga siendo un país peligroso para ejercer defensoría de los Derechos Humanos.
“Estamos pendiente que se inicie juicio en contra de uno de los autores intelectuales, David Castillo, pero aún no se ha esclarecido quienes integraban el resto de la estructura criminal que planificó y ordenó el asesinato de Berta Cáceres, estamos hablando de empresarios que lo hicieron para callar su voz y para desarticular su lucha en contra de la instalación de empresa hidroeléctrica Agua Zarca”, dijo Paz y Paz.
El abogado del Copinh y de la familia Cáceres, Rodil Vásquez, denunció que los tribunales excluyeron del proceso a algunos miembros del equipo de acusadores luego de que presentaran pruebas contra banqueros socios de DESA como autores intelectuales del crimen de Cáceres.
Por su parte, Cejil lamentó que la concesión sobre el río Gualcarque sigue vigente a pesar de que se ha demostrado, en varios procesos penales, todas las irregularidades que existieron alrededor de la anómala e ilegal autorización.

El país está a la espera que comience el juicio contra David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato, Fuente de inspiración
Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, Colón, expresa que el espíritu y la lucha de Bertha Cáceres les brinda la fuerza necesaria para avanzar y continuar al frente de la lucha en defensa de los bienes comunes en Colón.
“Berta es una hermana de la lucha del Aguán. Su lucha ha sido muy inspiradora por su compromiso, por su amor, por su pueblo, y toda esa visión integral que ella tenía de la lucha contra el capitalismo, contra el patriarcado, es una fuerza que a nosotras nos acompaña y que nos inspira a seguir defendiendo los bienes naturales”, manifestó a Radio Progreso Juana Esquivel.
Esquivel dijo que están conscientes que si Bertha Cáceres estuviera viva, les animaría y se sumaría a la lucha en defensa de las comunidades y de los presos políticos que hoy guardan prisión por defender el agua y la vida.
“Yo creo que Berta nos diría que mantengamos la dignidad y la fuerza de lucha siempre, que no nos rindamos y no nos vamos a rendir, con esa misma fuerza inspiradora de Berta y de Carlos Escaleras nosotros seguimos en el Aguán luchando por la liberación de nuestros territorios y de nuestros compañeros”, aseguró Esquivel.

Varias organizaciones nacionales e internacionales se dieron cita en Utopía, sede del Copinh en La Esperanza, Intibucá. Territorio minado
Berta Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015 por su labor ambiental, fue asesinada pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
“Tristemente el record de Honduras en cuanto a defensores de la tierra, de los territorios y el agua es que es uno de los países más violentos del hemisferio”, dijo la directora de Cejil, Claudia Paz y Paz.
Berta Zúniga está convencida que los territorios libres, un país con justicia y un país con democracia sería la mayor acción de justicia para Berta Cáceres y su familia. “Y para eso tenemos que trabajar en un proceso que sea más amplio que el Copinh, que articule a todas las comunidades y organizaciones que siguen resistiendo”, manifestó Zúniga.

Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Berta Cáceres y la justicia no alcanza a los autores intelectuales

Monday, 02 March 2020 11:48 Written by  Dina Meza Published in Bertha Caceres PASOS DE ANIMAL GRANDE

Foto:COPINH

Hace cuatro años, en la madrugada fue asesinada Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honudras, COPINH. La mataron dentro de su casa, con toda la impunidad que les dio el sistema estatal, que se trató de lavar las manos para deslindar su responsabilidad del crimen. En las primeras horas el Ministerio Público quiso colocarlo como un asesinato pasional, pero los criminales dejaron con vida a Gustavo Castro, un defensor mexicano, quien reveló la verdad de lo sucedido, se llevó a cabo un crimen político contra una de las personas más comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas.

 Hoy sus familiares y el COPIHN, harán un homnaje a su memoria y reclamarán justicia, que los autores intelectuales sean llevados a la cárcel, pues solo los que participaron materialmente en el crimen y unos dos en la planificación están ante la justicia, pero no por voluntad estatal sino que por presionales de diversos sectores nacionales e  internacionales,  y la investigación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE, que investigó material importante para demostrar la participación estatal en el crimen en apoyo a la empresa hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos, S.A, DESA.
En la inauguración de las actividades conmemorativas de los cuatro  años  a los que se ha denominado "la siembra de Berta", se presentó en el parque central de la Esperanza, Intibucá, el documental "Berta por siempre", y se estarán desarrollando otras acciones para demandar justicia.
A nivel mundial varias organizaciones solidarias en el globo terráqueo,  llevaron a cabo actividades públicas en este mismo contexto en que la impunidad trata de ahogar las ansias de justicia.

Valle de Sula bajo un toque de queda absoluto

• 06/04/2020

Se reportan casos de Covid-19 en 11 de los 18 departamentos del país. Mediante el decreto PCM 028-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta, el gobierno restringe las garantías constitucionales de manera total en todos los municipios del departamento de Cortés y se suma la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro, debido al avance de casos de COVID-19 en esos lugares.
En el artículo tres del decreto que se refiere a la disposición especial se establece que, en todos los municipios del departamento de Cortés, así como en el municipio de El Progreso, Yoro, se aplicará la restricción de garantías de manera absoluta desde el 6 hasta el 12 de abril.
Sólo podrá circular el personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos y servicios públicos indispensables incluso el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado.
Asimismo, hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos, la industria de maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender la emergencia, sector agroalimentario para garantizar la producción y la distribución de alimentos, las gasolineras únicamente para abastecer de combustible a los sectores autorizados en estas excepciones, transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar sus trabajadores.
Además, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras, industria de carga aérea marítima y terrestre de importación y exportación, suministros y puertos y las empresas de seguridad privada.

La mirada internacional sobre acciones por Covid-19: Expertos de la ONU instan a los Estados a incluir a todas las personas

Tuesday, 14 April 2020 01:24 Written by  Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE

Foto:tiempo.hn

Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han instado a los líderes del mundo a garantizar el respeto a los derechos humanos en toda medida adoptada por los gobiernos para hacer frente a la situación sanitaria del COVID-19 y que es fundamental la inclusión de todas las personas para combatir el virus.
Los diez expertos han pedido a los Estados que tomen medidas de protección de los derechos a la vida, a la salud y garantizar el acceso a la atención médica a quienes necesiten, sin discriminación.
Asimismo, instaron a los gobiernos a tener especial cuidado sobre los efectos de COVID-19 hacia las personas vulnerables, incluidas las de la tercera edad, quienes padezcan de alguna discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

También las personas privadas de libertad, otras sin hogar y aquellos que viven en pobreza. Se ha enfatizado que las mujeres corren alto riesgo porque en muchas sociedades ellas son las principales cuidadoras de los familiares enfermos.
Además, la ONU ha emitido las directrices que deben de seguirse para la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos frente la pandemia del COVID-19, en estas indicaciones se refieren a temas específicos en los cuales han dejado en claro ante estas circunstancias se deben de proteger a los sectores vulnerables y desfavorecidos.
Desde la perspectiva de los derechos humanos de este organismo se mencionan; el estado de alarma, de excepción y otras figuras similares, el deber de proteger a las personas vulnerables, derecho a la información, la libertad de expresión y a la participación, como también sobre los derechos económicos, sociales y de culto.
En esta guía a tomar por los Estados se resalta que ante la situación, cualquier respuesta de emergencia debe de ser proporcionada de manera necesaria y sin discriminación.
No obstante, el Estado hondureño debe de adoptar las sugerencias a cabalidad sobre el respeto de los derechos fundamentales de los diversos sectores, dando apertura al acceso a la alimentación, a la salud, derecho al agua, entre otros., sobre lo cual se ha denunciado que hay irregularidades entre ellas la distribución politizada de los alimentos.
También es de importancia que se opten medidas en cuanto a la perspectiva de género, garantizando la seguridad y protección de las mujeres y niñas, además el gobierno está en la responsabilidad de brindar información de forma fidedigna a toda la población.

CorteIDH llama a proteger los Derechos Humanos en la emergencia por Covid-19

• 14/04/2020

La CorteIDH pide garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a toda persona sin discriminación alguna. San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, ha adoptado, el pasado jueves 9 de abril de 2020, una Declaración titulada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”.
La Presidenta de la Corte Interamericana, Jueza Elizabeth Odio Benito ha señalado que esta declaración tiene por objeto que “los Estados tengan presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta y contención ante la pandemia”.
“Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”, señala la Declaración de la CorteIDH.
Recuerda que los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia.
Insiste en que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
“Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, señala la Declaración.
Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad demanda la CorteIDH.
El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.
“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, señala la Declaración de la CorteIDH.
La CorteIDH también es tajante al señalar que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas.
“Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que extremen el cuidado a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia”, concluye la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la emergencia mundial del Covid-19.

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Los derechos humanos siguen en situación de riesgo en Honduras

Por defensores -

5 marzo, 2020

Tegucigalpa.- En Honduras la situación de derechos humanos sigue en situación de riesgo, donde no ha habido avance significativo en el fortalecimiento del sistema de justicia, porque estamos en un estado represivo y torturador, donde se ha consolidado la impunidad.
Así coincidieron defensores y defensoras de derechos humanos y de la tierra durante el foro “Hallazgos y recomendaciones desde la sociedad civil”, Honduras frente al Examen Periódico Universal (EPU) 2020, convocado por la Coalición Contra Impunidad.
Los reconocidos defensores Juan Almendares Bonilla del El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT); Berta Oliva del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh); Gustavo Irías de Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD); Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), participaron en el panel “Estado de Derecho y la responsabilidad del Estado de Honduras”.
El evento, donde participaron reconocidos defensores nacionales como exponentes, se desarrolló en un hotel capitalino, que contó con la presencia de representantes diplomáticos, cooperantes, defensores de derechos humanos, de la tierra y territorio, de la niñez y juventud, de la comunidad LGTB, entre otros.

El estado hondureño no ha tenido avance significativo en fortalecimiento del sistema de justicia a pesar de los compromisos y de haber adoptados algunas medidas derivadas de estos Exámenes Periódicos Universal y otras recomendaciones de organismo de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, expresó Gustavo Irías del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
La debilidad del sistema de justicia, la falta de independencia judicial y la conducta criminalizadora de parte de operadores de justicia hacia poblaciones vulneralizadas, ha contribuido a un estado de impunidad generalizada, indicó Irías.
Para el caso, 82 personas vinculadas a los medios de comunicación han sido asesinadas entre el 2001 y hasta la fecha, donde el 90 por ciento de los casos está en la impunidad, similar situación se puede decir de los cerca de 200 personas asesinadas en conflicto agrario en el Bajo Aguán y otros sectores vulnerables.
El 27 de febrero 2014, el gobierno aprobó la Unidad Especializada para la Investigación y Enjuiciamiento de Muertes Violentas en la Zona del Bajo Aguán  (Umviba), y a pesar de la creación, esta no brinda avances sobre las investigaciones de la violencia y asesinatos en el sector.
También ocurre con la creación de Fiscalía Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la que no ha establecido una respuesta institucional para hacer frente a la violencia que sufren estas poblaciones.
En su intervención, Gustavo Irías indicó que el enfoque represivo de seguridad del Estado ha producido violaciones, y como está militarizada, en lugar de reducir, la violación a los derechos humanos se ha convertido en el factor fundamental de estas violaciones.
El nuevo Código Penal criminaliza la protesta social y la libertad de expresión y contempla figuras delictivas como reuniones y manifestaciones ilícitas, asociaciones para delinquir y en cuanto a libertad de expresión se elevan a delitos penales la difamación y la calumnia.
El 8 de mayo próximo Honduras se someterá a su tercer Examen Periódico Universal (EPU), donde será evaluado sobre las recomendaciones realizadas durante el último encuentro, donde se le emitieron 152, de las cuales el Estado solo pudo cumplir el 22 por ciento.
Una de las preocupaciones es que se toman resoluciones del EPU y un gran porcentaje no se cumple, o sea que tenemos que exigir a cualquier Gobierno, e incluso al EPU, que se hagan realidad esas recomendaciones.

Así comenzó su intervención el reconocido defensores de los derechos humanos, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y actual director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendares Bonilla.
“Honduras es un país donde no hay democracia, ni formal ni real, no hay libertad y no hay justicia”, sostuvo el destacado defensor de los derechos humanos en Honduras, quien remarcó que no tenemos un país libre, tenemos un país, y aunque no les guste, un país militarmente ocupado, manejado, intervenido, no hay respeto a su soberanía ni a su dignidad”.
Asimismo denunció que la Tortura en Honduras es una práctica cotidiana y que la criminalización de la protesta no solamente es jurídica, sino que es consecutoria, es punitiva, es carcelaria y llega hasta el asesinato, y podemos decir que una manera de criminalizar esa protesta son las cárceles.
Antes del golpe militar, en Honduras existían aproximadamente entre 9 mil a 11 mil presos y en diez años se han duplicado a 22 mil.
Las cárceles han sido verdaderos infiernos de injusticia. Han muerto más de 500 personas en supuestos accidentes graves y en realidad han sido actos criminales.
“La tortura se práctica en las cárceles y antes de llegar a las cárceles generalmente de cada diez personas siete son torturados. Y una de las cosas más terribles es que la tortura se acompaña de descuartizar, desarticular los cuerpos y decapitarlos”, señaló.
El doctor Juan Almendares Bonilla fue muy contundente al sostener que “aquí lo que hay es un estado represivo y torturador y esa es la realidad”. Para él, en Honduras no manda el presidente Juan Orlando Hernández ni los militares, quien manda en este país es “el Comando Sur”.
En términos generales la situación de derechos humanos sigue en situación de riesgo, cuando se hace el ejercicio de la defensa de los derechos territoriales, señaló Bety Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
“Este Modelo de desarrollo del estado está basado en un extractivismo limitado de bienes naturales y que nos lleva a una situación de violación de derechos humanos”, sostuvo.
Para la ambientalista, los factores estructurales que tienen que ver con la agudización de la conflictividad, no hay respuesta por parte del estado.
“Aquí para un desalojo y un desplazamiento actúa de manera inmediata los sistemas de seguridad, pero para acompañamiento a defensores y defensoras no se ve reflejado este contexto de criminalización y de judicialización de defensa de territorio, a pesar de que muchos gozan de medidas por parte de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) e incluso del Mecanismo de Protección, lo que ha generado mayor vulnerabilidad y riesgo de los defensores de la tierra y el ambiente”.
Agregó que “mucha gente se está yendo en las caravanas de migrantes, no solo por el tema de pobreza y desempleo, sino en condición de refugiado o exiliado y el ejemplo es la cantidad de hondureños y hondureñas pidiendo asilo político”.
Del 2010 al 2018 a marcado los crecientes conflictos relacionados con la tierra, el agua y se ha incrementado el número de concesiones para proyectos mineros de generación de energía, según el informe de Territorios en Riesgo del 2019. Hasta julio de 2018 existían 854 concesiones mineras y más de 300 concesiones hidroeléctricas.

Estado de Honduras a las puertas de una nueva examinación de los derechos humanos en el EPU

Friday, 21 February 2020 01:52 Written by  Andrómeda Morales Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE

En medio de inseguridad, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos, el Estado de Honduras será examinado en su tercer ciclo, el próximo mes de mayo, en el Examen Periódico Universal, (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Asamblea General de la ONU, el 15 de Marzo de 2006, en su resolución 60/251, dio luz al Consejo de Derechos Humanos (CDH), donde todos los Estados miembros de las Naciones Unidas,(ONU), serán examinados cada cinco años. Dicha resolución dispone que “el examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; éste mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados”.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.
Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los países miembros de ONU es revisada cada 5 años. Unos 42 Estados son revisados en el año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.
El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:
El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.
La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;
Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.
Honduras ante el EPU
En su primera comparecencia post golpe 2009, el gobierno de turno de Honduras, presentó su informe en noviembre del 2010, el que recibió 129 recomendaciones de diferentes naciones, pero en mayo del 2015 aumentaron a 159.
Cumplimiento recomendaciones 2015
A partir del primer EPU, en el gobierno de Porfirio Lobo, surgido del golpe de Estado de 2009, las organizaciones de la Sociedad Civil observaron que el informe que presentaba el Estado hondureño carecía de hechos verdaderos, ya que era elaborado y sustentado por la confabulación de varias organizaciones de la sociedad civil afines, la Cúpula de la Iglesia Católica y iglesia Evangélica, así como otras entidades.
Unas 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos crearon la Plataforma EPU, para elaborar un “informe sombra”, es decir, un documento donde plasman la verdadera situación de derechos humanos en el país.
De igual manera, el gobierno precedido por Juan Orlando Hernández, quien llegó al poder en un cuestionado proceso electoral que señalaron de fraudulento en las elecciones de 2013, se ha esforzado en aderezar el informe que se entrega para la evaluación del EPU. En mayo del 2015 recibió 159 recomendaciones, una treintena más que en el 2010.
Teniendo en cuenta que uno de los derechos que garantizan un Estado democrático es la Libertad de Expresión, a Honduras le recomendaron adoptar todas las medidas necesarias mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica.
Sin embargo, hasta el 2019 están registrados 83 periodistas y comunicadores sociales asesinados. Solo en ese año perdieron la vida ocho profesionales de la comunicación, lo que ha reforzado que Honduras sea una nación hostil para el ejercicio del periodismo.
Aparte de la violación al derecho a la vida, muchos periodistas son víctimas de amenazas a muerte o son agredidos físicamente por parte de miembros de la seguridad del Estado, en el momento de las coberturas a manifestaciones en las calles.
Uno de los casos fue el del periodista Geovany Sierr, del canal de televisión UNETV, quien resultó herido de bala el 26 de noviembre del 2018 mientras cubría una manifestación en los alrededores de la casa de gobierno, hecho perpetrado por policías penitenciarios.
“Andaban con muchas ganas de reprimir (se refiere la policía, entonces empecé a grabar y documenté lo que estaban haciendo, pero en un momento el policía procedió a ejercer la violencia para arrebatarme la cámara, yo no me dejaba porque era una evidencia vital como prueba del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado, me quebró parte de la cámara, pero yo todavía podía grabar, llegó un momento que caí al suelo, y él me puso las botas en la cara, yo ya no podía más, mi brazo derecho estaba desprendido y el dolor era insoportable, sentía que me desmayaba”, relató la periodista Dunia Montoya, víctima de ataque de policías cuando ejercía su trabajo periodístico, el 01 de septiembre de 2015.
La Constitución hondureña protege el derecho de libre expresión y prensa, pero en 2016, 21 medios audiovisuales vieron revocadas sus licencias para operar, el gobierno argumentó infracciones administrativas, según constató el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), este ente afirmó que “durante el 2016 quedó evidenciado, una vez más que el ejercicio del periodismo es una ocupación de alto riesgo y una tarea difícil de realizar producto de la ola de violencia que afecta al país”.
En el periodo 2010-2016 murieron en forma violenta 58 periodistas y comunicadores sociales, homicidios que en un 97% se encuentran impunes. Se ha identificado que los periodistas que trabajan en temas relacionados con derechos humanos, política, drogas y disputas de tierra, parecen los más vulnerables, aunque las autoridades sostienen que tales asesinatos no son sino delincuencia callejera.
Sí, el gobierno de Honduras debería apostarle a la protección de la ciudadanía especialmente a los grupos que denominan vulnerables como mujeres, pueblos indígenas y afro-hondureños, pero muchas organizaciones internacionales califican al país como incapaz para cumplir con esta recomendación.
Así lo menciona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, (CEAR), que en un informe catalogó a la nación diciendo que es “el segundo país más pobre de Centro América, sufre una mala distribución de la renta , la riqueza que se traduce en más de 65 por ciento de la población viviendo en la pobreza, que la corrupción es endémica y su débil economía”, con estos antecedentes es difícil de creer que se puedan consolidar las instituciones democráticas.
Lo antes mencionado sostiene que existe un ambiente de desprotección, violencia e impunidad, esas son las palabras que mejor definen la situación de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente o de otros derechos humanos, pero también de periodistas, abogados, jueces, mujeres, personas LGTBI o desplazados internos.
Aunque la pena de muerte está abolida y el país es firmante de los siete principales tratados de derechos humanos, tácitamente existe, reflejándose en la alta tasa de homicidios que envuelve a la sociedad hondureña, según declaraciones de la Coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), Migdonia Ayestas, que indicó que en el 2019 ha habido un promedio de 42,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que supone un 2,2 por ciento más que en el 2018.
Los datos de ese observatorio concuerdan con los ofrecidos por el Sistema Estadístico Policial en Linea,(SEPOL), y esa instancia de la UNAH, pronosticó que en el 2019 los homicidios aumentarían.
En este sentido se contabilizan del 2010 al 2018 un promedio de 917 masacres, dando un total de víctimas de 3 mil 344, específicamente en los departamentos de Cortés, Atlántida, Francisco Morazán y Olancho. El 2019 cerraría con 43 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Dichos datos contrastan el hecho que el gobierno ha inyectado grandes cantidades de dinero al presupuesto de Seguridad y Fuerzas Armadas, con el discurso de acabar con la inseguridad de la ciudadanía. También ha financiado la creación de cuerpos élites especiales.
Por ejemplo, el 27 de junio de 2013, entró en vigencia el decreto 103-2013 mediante el cual se creó una unidad especial policial denominada Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, TIGRES, que opera dentro de una estrategia interinstitucional en seguridad.
Tanto en el EPU 2010 como en el 2015, se le solicitó al Estado adoptar medidas para poner fin a las amenazas y el hostigamiento de defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, de acuerdo con la declaración de la Asamblea General sobre defensores de derechos humanos, tales como el establecimiento de un mecanismo de aplicación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Al Estado de Honduras se le hicieron un total de 28 recomendaciones sobre los y las defensoras de Derechos Humanos, de éstas, aceptó nueve, observó 17 y rechazó una, en su mayoría se contempla utilizar el marco legal para su protección.
A dos meses de la creación de TIGRES, el 23 de agosto de 2013 el Congreso de la República creó a la Policía Militar del Orden Público, según el gobierno, ésta es una medida que responde a la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad que asuma con eficiencia los desafíos de seguridad ciudadana ocasionados por la acción del crimen organizado y otras amenazas a la ciudadanía, en tanto se adoptan medidas para hacer frente al alegado desprestigio e insuficiencia de la Policía Nacional.
En los considerandos de la referida ley, se establece que: “la crisis de seguridad que actualmente vive el país pone de manifiesto la necesidad de creación de una unidad militar especializada en el combate frontal al crimen organizado y crimen común cuando estos fenómenos han evolucionado a formas más peligrosas por su modo de operar alterando significativamente la paz social y el orden público.”
Ambos cuerpos de uniformados han sido utilizados para respaldar la ilegal e ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández, y lanzados a las calles para controlar las manifestaciones que protestaban por el fraude electoral del 2017, en donde los militares reprimieron, torturaron y dispararon sus armas de reglamento contras las personas que protestaban.
En varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), se aseguró que la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que conforme a las normas de creación de la Policía Militar, esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia.
Las Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales si bien reconocen en la ley de protección aprobada avances formales importantes, tienen observaciones y preocupaciones al respecto, entre éstas, que la ley incluye a operadores/as de justicia y comunicadores que no necesariamente son defensores de derechos humanos.
El mecanismo de implementación del Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, por su conformación carecerá de autonomía para la toma de decisiones y el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de DDHH, órgano del Sistema, tiene un número reducido de representantes de las organizaciones defensoras de DDHH, que además deben ser acreditados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y otra irregularidad es que la Secretaría de Defensa participa en el Consejo.
Una recomendación que se ha hecho de manera reiterativa desde las relatorías de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ocasiones anteriores, trata sobre la descriminalización de las figuras penales de los delitos de injuria, calumnia y difamación, lo que adquiere importancia ya que las mismas han sido utilizadas para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos y no se adhieren a los principios de libertad de expresión recomendados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos, según se manifestó en el informe Honduras ante el Examen Periódico Universal, mayo 2015.
Según Amnistía Internacional, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para activistas del medio ambiente y la tierra.
Para Global Witness, Honduras sigue teniendo la cifra más elevada del mundo de homicidios per cápita, donde personas de la comunidad LGTBI y defensores del ambiente son objeto de campañas de desprestigio y criminalización, así como de amenazas, agresiones y homicidios en un clima general de impunidad.
34 de las recomendaciones del EPU 2015, se refieren específicamente a los derechos humanos de las mujeres. De esas el Estado hondureño aceptó 18, es decir, que se compromete a cumplirlas, observó 13 y tomó nota de tres.
De las aceptadas y observadas se refieren fundamentalmente a la discriminación y las violencias contra las mujeres, pero ninguna expone a los derechos sexuales y reproductivos. El Estado solo tomó nota de las recomendaciones que contienen estos derechos.
Otra de las recomendaciones fue la de fortalecer las acciones que se enfoquen en eliminar patrones culturales de discriminación contra las mujeres, promoviendo un adecuado acceso a la protección judicial en el orden de prevenir casos de violencia que afectan su vida, salud e integridad y que estos permanezcan sin castigo
Migdonia Ayestas comentó que cada día es asesinada una mujer, en tanto, que en los homicidios múltiples de enero a agosto del 2019, a veintidós mujeres les quitaron la vida, es decir, 15,3 por ciento de los homicidios registrados en esos meses.
Por otro lado las organizaciones feministas sostienen que en Honduras es asesinada una mujer cada 13 horas.
A pesar de que en el año 2013 se reformó el Código Penal hondureño, incorporando el tipo penal de femicidio, el artículo 118-A establece que las muertes violentas contra las mujeres han aumentado de una manera alarmante.
Para Small Arms Survey (201 6 ),Honduras ocupó el cuarto lugar entre los países con las tasas de muertes violentas en América Latina, con una tasa de 12.6 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes.
Los datos del ONV/UNAH - IUDPAS, en el período 2011-2016, los homicidios de mujeres mantuvieron de manera sostenida la característica de violencia endémica al superar la tasa de 10 o más homicidios por cada cien mil habitantes.
Aunque formalmente la Constitución las protege, las mujeres y las niñas son objeto de diversas formas de violencia.
La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, concluyó en 2007 que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, el abuso incestuoso de niñas y la violación y violencia en el hogar, así como los secuestros, las desapariciones, los asesinatos y los feminicidios en el país, siguen suscitando gran preocupación, según lo señaló CEAR.
La polémica por la implementación del Programa “Guardianes de la Patria” que consiste en contribuir en la formación de niños, niñas y jóvenes en riesgo social, con una labor preventiva y formativa fundamentada en indicadores que fortalecen el cuerpo, la mente y el espíritu en beneficio de la sociedad, es una clara vulneración a los derechos de los niños y niñas, por ser clasista y con un sentido alienante para la infancia pobre del país.
Sobre el particular, en reiteradas ocasiones, representantes de la sociedad civil han manifestado preocupación respecto a este programa, porque promueve una cultura militar al involucrar a las Fuerzas Armadas en la formación cívica y religiosa de la infancia y adolescencia hondureñas.
Al respecto la CIDH plantea que la ejecución del programa Guardianes de la Patria, como iniciativa de educación dirigida a niños, niñas y adolescentes, no es una función natural del ejército, ya que la expansión del campo de acción de las Fuerzas Armadas al ámbito de la educación y adoctrinamiento de niños, niñas y adolescentes constituye otra manifestación de este fenómeno de la militarización de los espacios públicos.
El contexto de violencia e inseguridad coloca a la infancia y adolescencia en una posición de especial vulnerabilidad, especialmente si se considera que los menores de 18 años representan el 45 por ciento de la población total
Los activistas LGBTI son objeto de un gran número de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, denunció que entre julio de 2015 y enero de 2016, los integrantes de la Asociación Arcoiris, grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTI, sufrieron 36 incidentes relativos a su seguridad, entre ellos homicidios, amenazas, vigilancia y hostigamiento.
En 2008, se reportaron cuatro casos de personas LGBTI muertas violentamente; 24 en 2009, 23 en 2010, 36 el 2011, 43 en 2012, 32 en 2013 y alrededor de 60 entre el 2014 y 2016. Se estima que los casos judicializados suman alrededor de 50, aunque el nivel de impunidad alcanza el 92 por ciento.
Hasta la fecha son ya 325 personas de la diversidad sexual desde el 2009, más del 90 por ciento de los crímenes de odio quedan impunes. En lo que va de 2019 han sido asesinadas 21 personas LGBTI en el país.
En un informe, el Relator Especial sobre “Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias en Honduras” , acerca de su visita oficial a Honduras del 23 al 27 de mayo de 2016, debido a los acontecimientos suscitados después del golpe de Estado, en Honduras el presidente Porfirio Lobo, surgido del contexto post golpe, en ese periodo decidió conformar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2010, para examinar los acontecimientos que habían ocurrido antes y después del golpe.
La comisión documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y formuló 84 recomendaciones, sin embargo, se ha avanzado poco en el enjuiciamiento de esos abusos.
La corrupción de la policía repercute también en el clima de inseguridad. Se han recibido denuncias de agentes de policía que estaban involucrados en la petición de sobornos, en extorsiones y en asesinatos y que actuaban en connivencia con pandillas y grupos delictivos organizados.
Al menos en cinco casos, algunos agentes de policía han estado implicados en asesinatos de miembros de pandillas, en acciones similares a las de los “escuadrones de la muerte”.
Durante la visita, el Relator Especial tomó conocimiento de numerosas denuncias de homicidios cometidos por la policía, la policía militar y oficiales militares.
Recomendaciones 2010
Las recomendaciones en el año 2010 básicamente se refirieron a los temas de trata de personas, Mujer, Niños, Justicia, Instrumentos Internacionales, Impunidad, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Racial, Grupos Minoritarios, Trabajos, Laboral, Condiciones de Detención, Torturas, LGTBI, Instituciones de Derechos Humanos, Libertad de Expresión, Ejecuciones Extrajudiciales, Libertad de Asociación, Defensores de Derechos Humanos, Formación en Derechos Humanos, Pobreza, Derecho a la Educación, Derecho a la Salud, Plan de Acción Nacional, Derecho a la Alimentación, Migrantes, Sociedad Civil.
Ante estos temas el analista Joaquín Mejía en un trabajo muy elaborado titulado “La situación de los derechos humanos en Honduras en el escenario post golpe de Estado”, encontró que sólo entre el 30 de enero al 28 de mayo del 2010 se registraron más de 700 casos de agresiones por razones políticas, entre ellas, asesinatos, atentados, amenazas a muerte, persecuciones, agresiones sexuales, detenciones y allanamientos ilegales, tortura, secuestros, entre otras.
Además que el denominador común de todas estas violaciones a los derechos humanos es la total impunidad con que actúan sus autores intelectuales y materiales como resultado del colapso de las instituciones estatales encargas de investigar y sancionar dichas acciones.
En tanto que el Estado hondureño es uno de los países que ha recibido más condenas por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que la justicia no ha procedido contra los responsables intelectuales ni materiales de las violaciones a los derechos humanos, lo cual implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la justicia.
En materia de Libertad de Expresión, las cifras de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales son alarmantes, ya que fueron 61 periodistas a los que les arrebataron la vida entre el 2009 y 2015, especialmente en el periodo post golpe donde fue derrocado el presidente Manuel Zelaya, lo que vuelve precario el ejercicio de la profesión y no existen garantías por parte de los entes estatales encargados de la seguridad para salvaguardar la vida de los comunicadores.
A la vez que el uso del estamento legislativo se ha puesto a la orden del día para acallar las voces disidentes de los periodistas, provocando la censura desmedida con la puesta en marcha la famosa “Ley de Secretos Oficiales”, denominada “Ley para la Clasificación de los Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional”.
Dicha normativa conlleva sanciones en el caso de divulgar información que instituciones estatales consideren clasificada, también la misma viene a echar al traste la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ya que limita las funciones de ésta. Otro punto es que con estos estamentos se limita el acceso a la información a la sociedad hondureña.
Hace unas semanas la Sala de lo Constitucional señaló en un Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por esa Ley que lo aceptaba parcialmente. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si la Ley es totalmente lesiva.
Asimismo la situación de los derechos humanos se deterioró por la violación generalizada y sistematizada, por el motivo de que las instituciones encargadas de impartir justicia y velar por las garantías fundamentales de la población plasmadas en la carta magna, se confabularon para dar paso a la consolidación de un golpe de Estado.
Ese hecho deleznable acabó con el supuesto Estado democrático y de Derecho que mantenía el orden constitucional.
Por ejemplo, entre las claves se pueden enlistar el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), que se involucraron en colocar un velo de impunidad avalando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.
Nuevamente al Estado de Honduras en el 2020 le toca ser examinado en el EPU. Aunque el país vive en una exacerbada impunidad, en el 2015, el Estado de Honduras aseguró cumplió el 80 por ciento de las recomendaciones de 2010. Es casi seguro que el discurso oficial en este año, será el mismo. Les toca a las organizaciones de la sociedad civil desvirtuar documentadamente estas aseveraciones.

HONDURAS/ “ESTRATEGIA DEL ‘SHOCK”, EL MIEDO COMO ARMA POLÍTICA

Publicado: 14 Marzo 2020

Es un hecho que el poder manipula y miente a la población.- Manipula por sí mismo y a través de los medios de información a sus órdenes donde deja fortunas en propaganda, ¿ha visto en estos días cada cuantos segundos hay noticias del coronavirus en la prensa tradicional?

Detrás de los escándalos que levanta la prensa tradicional se esconden las verdaderas noticias, ¿no se ha preguntado por qué de repente el coronavirus se nos presenta día y noche como el final del mundo –que existe y daña, es verdadero— pero no con la exageración que se bombardea el cerebro de los hondureños, hasta el pánico.

¿Sabe que negoció el gobierno en estos días de histeria colectiva? ¿Miró cómo JOH logró que oraran por él y su régimen? ¿Supo que se aprobaron 12,500 millones de lempiras para tratar el virus y esos fondos son de las pensiones del IHSS?, ¿Se enteró de la privatización de la Portuaria? ¿Sabe qué vendrá para la educación y salud pública luego que se aprobó la ley del sector social?

Si lo que quita el sueño al gobierno es evitar la muerte de los hondureños por el coronavirus, que aun invocándolo como ritual macabro sólo hay supuestos casos de los que se sabe poco o nada y, ¿por qué no se levanta la misma alarma por el dengue que ya mató diez personas en 2020 y hay más de 9,500 casos confirmados, y ese mismo zancudo mató más de 200 hondureños en 2019? ¿Por qué creen que no importa?

Redacción

EL LIBERTADOR

redaccion@ellibertador.hn

Para que nadie juegue con su voluntad y se forme su propia opinión acerca de la guerra psicológica que en estos días arrecia en Honduras, en este artículo incluimos un cuadro oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizado hace menos de una semana sobre las muertes diarias que provocan en todo el planeta 25 enfermedades, donde el Coronavirus ocupa el lugar 17 con 56 decesos, lo supera por mucho la gripe con más de mil muertes cada día y en primer lugar está la tuberculosis con más de 3,000 fallecimientos todos los días. ¡Claro! que las enfermedades existen, y los humanos somos atacados por virus y bacterias desde que nacemos, ahí nos salva el primer súper antídoto biológico que produce el cuerpo de la madre y nos lo transmite a través de la leche materna.

Por eso este análisis, EL LIBERTADOR se propone explicarle cómo funcionan las guerras de cuarta generación, cómo a través de los medios masivos de comunicación, el poder impone su voluntad sobre la población, la manipula y la vapulea como trapo al viento. Siempre ha pasado así y siempre las verdaderas noticias que dañan a la gente están detrás del escándalo que levanta la prensa tradicional. Esta invención se ha ido perfeccionando por siglos.

Se trata de Psicología y Sociología de la comunicación, de control de masas y el empleo de técnicas para dominar el subconsciente humano para que le sea imposible advertir lo que en verdad sucede en la esfera del poder político y económico cuando mediante el gobierno estafa, engaña y asalta al angustiado e ingenuo pueblo. La mala y baja educación, la desorganización y la poca capacidad de razonamiento de los individuos, es el terreno ideal para que las sociedades caigan como moscas en las operaciones psicológicas del poder. 

Es un hecho que el poder manipula y miente a la población. Manipula por sí mismo y a través de los canales de información a su disposición. El objetivo es desarrollar su política con el menor costo posible; conseguir mayor control social, desviando la atención pública de los problemas importantes y evitar las protestas o crear terror para desviar la atención pública, por ejemplo. Pero no es sólo el Gobierno, lo hace todo el sistema integrado por los grupos de poder a través del aparato ideológico: iglesias, políticos, educación, medios de comunicación, partidos, etc.

Todo esto ni es nuevo ni va a dejar de ocurrir. Todo está estudiado y practicado. Se atribuye a Noam Chomsky, el libro «Armas silenciosas para guerras tranquilas». Otras fuentes afirman que es un documento, fechado en mayo de 1979, y que proviene, sin citar autor y por seguridad, supuestamente del Grupo Bildergerg. Le presentamos las «10 Estrategias de Manipulación», usted haga la relación y, en la práctica, ubíquelas en Honduras.

1.- Estrategia de distracción, para mantener a la gente ignorante. Con el fin de evitar que la ciudadanía piense y se organice, se lanza una lluvia sostenida de información poco importante; distrayendo la atención lejos de los problemas reales. Mientras nos enzarzamos en vacías guerras de opinión sobre derechos de grupos vulnerables como LGTBI, de mujeres o autonomías de pueblos, enfermedades, sexo (mire con sentido crítico los foros y la programación de la televisión hondureña), y así perdemos de vista la corrupción pública, privatización de servicios sociales, inseguridad social, criminalidad en el gobierno, recortes de presupuestos o pésimos sistemas en sanidad, educación y pensiones.

2.- Estrategia de provocación, para ofrecer soluciones a problemas creados. Se crea un problema o situación determinada, para provocar la reacción social, a fin de que se exijan medidas, para aplicar a continuación, precisamente las que el poder tenía previsto poner en marcha. Se provocan actos violentos en una manifestación, y a continuación la policía actúa contundentemente. Además, si la opinión pública pide más medidas de seguridad, el gobierno limita derechos y libertades públicas. La crisis económica que padecemos es otro ejemplo. El gobierno hondureño siempre ha presentado medidas como un mal necesario, y orquestado por los medios informativos afines, aprovecha la situación para desmantelar el Estado social.

3.- Estrategia de ejecución gradual, para evitar el conflicto social inmediato. Para llevar a cabo una medida, que en principio podría resultar inaceptable socialmente, basta con aplicarla de forma gradual, a cuentagotas, en el tiempo; creando el ambiente propicio para que lo inaceptable se convierta en necesario. Hace treinta años a los hondureños se nos repite y explica conceptos y fórmulas que las instituciones públicas son ineficientes ¿o son los funcionarios? Todo para privatizar y reducir la organización del Estado (menos gastos sociales y menos servicios públicos). Hoy se ven sus frutos envenenados. Han ido adoptando medidas cada vez más restrictivas y, sin apenas darnos cuenta, han conseguido sus objetivos.

4.- Estrategia de diferir resultados, suponiendo que es más fácil aceptar un sacrificio en el futuro, que una tortura en el presente. Es una estrategia que, además de manipular intereses, promueve la insolidaridad generacional, la aceptación sin protesta del crecimiento de la deuda externa en Honduras es buen ejemplo, igualmente pasa en distintas áreas de la economía y la política, quienes aceptaron y aplaudieron el golpe de Estado en 2009, pasaron la factura de un gobierno y de un país destartalado en 2020 a los que hace diez años eran niños. Muchos hondureños se alegraron con el golpe por ignorancia, y muchos piden privatizar la educación y la salud.  

5.- Estrategia de minusvaloración para engañarnos como a niños. Dirigiéndose a la gente como si fueran niños, inexpertos, o faltos de entendimiento, engañan. Cuanto más se quiere engañar, más se utiliza el tono infantil. Cuanto más infantil sea el trato, más probabilidad de que la reacción carezca de sentido crítico. Repasemos los programas de la televisión, muestran banalidades o hechos marginales de la realidad; recomiendan rezar como solución a la crisis económica o ineptitud del gobierno o para que haya empleo y todo mejore ¿Cuántas veces al día dirán los hondureños “gracias a Dios” o “es la voluntad de Dios”?; o relacionan el derecho a la protesta con el vandalismo y la libertad de expresión con el crimen. Toda una ofensa a la inteligencia.

6.- Estrategia de la emoción, para evitar la reflexión crítica. Hacer uso de aspectos emocionales, es una técnica clásica, para evitar el análisis racional y el sentido crítico. Con esta fórmula, se accede al inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos y temores o para inducir comportamientos. Cuando un funcionario dice: «el Gobierno tiene la obligación de gobernar y si lo hace mal no puede renunciar», «haré lo que tenga que hacer», cueste lo que cueste, pues. El gobierno acude a lo emocional, en lugar de explicar las razones de la crisis y admitir las consecuencias de la destrucción del Estado de Leyes

7.- Estrategia de la ignorancia, para evitar el control democrático. Presentando los temas como algo complicado y complejo, lejos del entendimiento de la población, y se deja la gestión pública en manos de los técnicos y expertos. Se diseña un sistema educativo de calidad para la clase pudiente y la educación mediocre para los luchadores y empobrecidos, de esa manera se mantiene la desigualdad, el pobre termina odiando las empresas y se consuela con ser trabajador de otros toda la vida, aunque pase frustrado por la existencia rutinaria y falta de nuevos horizontes a través de un emprendimiento personal. 

8.- Estrategia de la mediocridad, para enaltecer lo vulgar. Estimulando la creencia de que lo moderno es ser vulgar, lo inculto cobra protagonismo y el «a punta de verga de Toño» adquiere seña de identidad. Esto se observa, cuando los medios informativos, al servicio del poder, cargan contra los valores de la sociedad progresista y avanzada, o contra el sistema público educativo, acusándole de impulsor de valores alejados de la tradición, sin presentar una alternativa de calidad a la sociedad actual. La televisión nacional pasa llena de gente inculta y vulgar, destacan en los foros por las estupideces que hablan todas las mañanas.

9.- Estrategia de la culpa, para que el individuo se autoinculpe de su propia desgracia. El mensaje es inculcar la autoculpabilidad, ya sea por la insuficiente inteligencia, por la escasa capacidad, o por los limitados esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo, culpándose, se autoexcluye de la solución, y la acción queda inhibida; y ya se sabe que sin acción, no hay revolución. Se acusa a los trabajadores de que no trabajan lo suficiente, a los profesores que son unos vagos, a los enfermos que acuden demasiado a los servicios de salud, a las familias que se han endeudado por encima de sus posibilidades que son culpables de las deudas y de su precariedad financiera.

10.- Estrategia de la sobreprotección, para mostrar quien es el que cuida y protege. Con los avances de la ciencia y la «brecha» informativa el «Sistema» adquiere un conocimiento avanzado del ser humano, tanto física como psicológica. La cuestión es conocer mejor al individuo, que lo que él mismo se conoce. “Nosotros sabemos lo que Honduras necesita”, se escucha decir desde las tribunas públicas aun cuando el Estado colapsó. “Danos tu voto”, que sabremos sacarte de la pobreza, y una vez en el cargo se vuelven dictadores, se creen dueños de la riqueza, se olvidan de los electores, gobiernan para el capital y se someten a Estados Unidos. Y siguen repitiendo, nosotros que tenemos una visión global de la realidad, proponemos lo mejor. Tú no actúes, nosotros gobernaremos por vos. Quedate tranquilo.

Así está el ambiente en tierra catracha, sin embargo, frente a la manipulación y el engaño, la razón, la conciencia y la convicción, para actuar con la mayor contundencia contra el Poder que manipula. No olvide, de usted depende que esto no continúe en Honduras.

HONDURAS/ LA CORONA DEL GOBIERNO, EL “HOYO” DE JUAN Y TIEMPO DEL VIRUS

Pero bueno, bueno, bueno, lector no se moleste ¿Qué le pasa? El primer ciudadano y el séquito deben preocuparnos a todos. Por cierto, sé que es curioso y está pensando que en el hospital Militar tienen ventiladores (de los correctos), insumos de alta gama, los trajes de bioseguridad, y que de dónde salió ese dinero… ¡Ay pequeño! No pregunte más, no sea ñángara y mal hondureño, no me diga que se creía aquello de que el capitán se hunde con el barco ¡ilusos!, eso sólo pasa en Titanic; en un barrio con techos de lámina una señora levanta una pancarta “tenemos hambre”, el periodista le pregunta – ¿Por quién votó usted señora? –Por Juan Orlando-. Cuatro años más señora, si llega.

Reflexión

EL LIBERTADOR

redaccion@ellibertador.hn

Tegucigalpa. Una enorme prisión se nos presenta, un sistema aparentemente justo, si cada uno de los reclusos toma lo que debería, todos podrían comer.- En la práctica es profundamente desigual; los de “arriba”, no escuchan porque están arriba, “obvio”, y no hay que llamar a los que abajo, porque, “obvio”, están abajo. Este modelo, que es aplicable a Honduras, se nos presenta en la película “El Hoyo”. 

“Pues hay que comunicarse con los de arriba”- ¿Para qué?, “¿cómo que para qué? Para que racionen la comida. Y que pasen el mensaje a los del 46. Y esos a los del 45, y así”, -¡Eh! ¿Es usted comunista?, “Razonable.- Lo justo sería racionar la comida” - Los de arriba no escucharán a un comunista. Una señora en un barrio marginal, reclama: “¿Por qué no vienen los diputados a dejarnos comida, así como nos piden el voto?, nos estamos muriendo de hambre, ayúdennos por favor. Ellos no llegarán, porque son los de arriba. ¡Obvio!

Los militares y Juancito, están decididos al “hasta que la muerte nos separe”, según la Constitución no existen clases privilegiadas, pero… ¿Quién le hace caso a la Constitución? Y estos dos, menos; ya mandaron armar el Hospital Militar, para la monárquica, cultísima y siempre sacrificada familia Hernández (todos, los como 300 hermanos e hijos), además, los funcionarios y también sus familias, militares y sus familias ¡Obviamente! No es una profe la que los va atender, sino cuatro profesionales especializados de la medicina. Ahí si saben de profesiones.

Pero bueno, bueno, bueno, lector no se moleste ¿Qué le pasa? El primer ciudadano y el séquito debe preocuparnos a todos. Por cierto, sé que es curioso y está pensando que en el hospital Militar tienen ventiladores (de los correctos), insumos de alta gama, los trajes de bioseguridad, y que de dónde salió ese dinero… ¡Ay pequeño! No pregunte más, no sea ñángara y mal hondureño, no me diga que se creía aquello de que el capitán se hunde con el barco ¡ilusos!, eso sólo pasa en Titanic; en un barrio con techos de lámina una señora levanta una pancarta “tenemos hambre”, el periodista le pregunta –¿Por quién votó usted señora? –Por Juan Orlando-. Cuatro años más señora, si llega.

Que picarón que sos Sikaffy ¡Bribón!, Oliva contó que lo fuiste a buscar a su casa hasta Choluteca, se llevó con el pecho todos los retenes, la cuarentena, toques de queda y llevabas la voz cantante de los empresarios siempre socialmente responsables (con ellos) y ¡Puff! Las telefónicas ganaron millones en una sola aprobación, que el virus acá, que el virus allá y los negocios no paran, hasta el virulento Walter, el hijo chiquito de Juan, en su ansiedad por aprobar cuanto antes el decreto, lo traicionó la conciencia: “El PN apoya todas las medidas que le hacen daño al pueblo”. Waltercito, en esta ocasión estamos en sintonía con ud.

Y es que ha sido una estela de mentes brillantes, desde los ñángaras que la muchacha Welsy mira hasta en la sopa de frijoles, todos son comunistas para la pobre, los médicos, Pedro Barquero, los maestros y todo lo que no pida “4 más”; podemos dimensionar la horrorosa regañada que se llevó la diputada pulpo, la pobre Sarita más perdida que una oveja, que ni habla y cuando lo hace se equivoca, dejando claro que en El Paraíso no hay un solo respirador para combatir el Covid-19; mama ¿Y entonces? Si sale diciendo eso ¿Cómo justificamos todos los millones? ¡Ay no! Volver a la cueva mejor.

Probablemente, quien deberá despedirse de los curules será esa diputada voz de trueno, Waleska Zelaya, les dijo la verdad en la cara a las telefónicas, que es una barbaridad que dieran cinco minutos de saldo y que les recordaba que sus riquezas se las da el pueblo hondureño, mínimo tenían que dar tres meses gratuitos de Internet y planes, aaaay muchacha, no le entiende al trámite de sus lideres.- Horas después el honorable Congreso le daría súper negocios a las telefónicas. ¡Adiós! Waleska “Bella ciao, bella ciao, ciao…”

Pero quien si le entiende al trámite son algunos miembros de la bancada garífuna, miren a la diputada liberal (dice ella) Dinora Brooks, que, y nos basamos en sus palabras, ha sido una eterna enamorada idílica del partido Nacional, despacito, suave, suavecito nos vienen anunciando a través de esa doñita que lo mejor es cancelar las elecciones internas, es que es más larga que mil lempiras de chorizos, se le ve en la carita avispada, en la risa chispa y en la voz chillona; los demás son niños en Nursery, cuando Brooks ya se estaba graduando en este “hoyo”, es de las que comen arriba. Ni al amigo Luis invita, come solita con la familia.

Y obviamente, previo a la insinuación de que mejor no se hagan las elecciones internas y ayudas públicas en nombre de políticos; se acercan peligrosamente al área chica los militares, que son ellos los que luchan contra el Coronavirus, que ellos nos salvarán, que ellos llevan los alimentos, es tan exagerado que un periodista de TSI, estaba tan emocionado que se subía a los camiones de los militares; tenían razón y uno de mal intencionado, podemos no tener médicos, ni maestros, pero que los súper militares nunca nos falten.

¡Hey! Hablando en serio ¿Por qué Francis siempre sale con un militar detrás de él? (Si alguien lo deja en la caja de comentarios, le agradeceré), siempre que sale con esa pésima dicción ¿Será que no logra leer bien leer las letras que le van pasando? Y se le nota esas ganas de pegarle a uno o puede ser la emoción del minuto de fama, será lo más grande de su vida, figurar por una vez y de paso con un militar detrás; siento que  vamos  declararle guerra a china. ¡On fire baby!

Mientras todo eso pasa, el pueblo sigue saliendo a las calles sin protección y sin comida, así como en el “Hoyo”, nos demuestra que arriba y abajo, son extremadamente similares, PriceSmart se llenó en medio del toque de queda, pero también los mercados y la doctora Figueroa nos sentencia que en tres semanas los muertos caerán en las calles… para evitar eso debería existir, por ejemplo, un alcalde que se respete, con acciones viriles; pero mi hermano, aquel que gritaba “Papí! ¡Papí! Nadie sabe dónde está, algún mantel ha de ser testigo del miedo del hombre que siempre trabaja “desde las sombras”, el Batman hondureño, no puede parar ni los incendios, no hay agua o medio llega un rato, ni el control de la población… Asfura, amigo, sino puede renuncie chiqui.

En esta prisión en forma de país, los bienes ni suben ni bajan, siempre se quedaron arriba, a nosotros nos dan vírgenes en los aires, obviamente pasean con bienes públicos y con todo respeto, su opinión cambiaría si anduviera un Buda en los aires, pero nosotros seguiremos diciendo que es incorrecto e inconstitucional, los empresarios de la “gran empresa” siguen despidiendo a lo loco y desde este tribunal, exigimos que el Centro Cívico, sea la zona de cuidados para las personas enfermas de Covid-19. Les recordamos la icónica frase de Trimagasi “Hay tres tipos de personas: los de arriba, los de abajo y los que caen”. ¿Dónde está Ud.?

Casi 11,400 hondureños deportados en 2020 y 440 desaparecidos en viaje a EE.UU.

Por Libertad Digital

Publicado el 23 Febrero, 2020

Un total de 11,399 hondureños indocumentados han regresado a su país deportados en lo que va de 2020, mientras que 440 migrantes han desaparecido en su intento por llegar a Estados Unidos, informó este domingo una fuente oficial en Tegucigalpa.
Las autoridades estadounidenses han deportado entre enero y el 16 de febrero a 3,879 hondureños indocumentados, entre ellos 420 menores, indicó en un informe el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, la que tuvo acceso Efe.
México ha deportado, por vía aérea, a 2,045 hondureños indocumentados, incluidos 276 menores, muchos de ellos no acompañados, añade el documento.
Otros 5.133 hondureños, incluidos 715 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 342 nacionales fueron repatriados desde países centroamericanos, según el documento.
Del total de deportados en el periodo de referencia, 8,596 son hombres, 1,396 mujeres y 1,407 menores de edad.
En 2019 fueron retornados 109,185 hondureños, la mayoría de México y Estados Unidos, lo que supone un 45 % más que los 75,279 repatriados en 2018, según las cifras del Observatorio Consular.
HONDUREÑOS DESAPARECIDOS EN PELIGROSO VIAJE
Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano hacia Estados Unidos, en una travesía en la que se exponen a todo tipo de peligros por parte de bandas criminales y a abusos de autoridades corruptas.
El Gobierno de Honduras ha documentado al menos 440 casos de hondureños desaparecidos en el intento de cruzar la frontera para llegar a territorio estadounidense, según la vicecanciller del país, Nelly Jerez.
“Tenemos 440 personas que continúan desaparecidas en la ruta migratoria (…), seguimos con la búsqueda de todos ellos”, dijo a periodistas la funcionaria.
Sin precisar detalles, Jerez indicó que muchos de los hondureños desaparecidos han fingido su secuestro para pedir dinero a sus familias en Honduras.
Señaló que los traficantes de personas, conocidos como «coyotes», exigen a familias de migrantes secuestrados entre 5,000 y 10,000 dólares por su liberación.
Los indocumentados que cruzan México con rumbo a Estados Unidos están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como a abusos de autoridades corruptas, según las autoridades.
En Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería, se calcula que viven alrededor de un millón de ciudadanos de Honduras, la mayor parte de ellos en condición irregular, que han escapado de situaciones que afectan al país como la violencia.