Análisis | En el contexto
COVID-19 ¿Qué factores explican las protestas de la población excluida,
que demanda alimentos en Honduras?
Por Redacción abril 20, 2020
Foto: La Prensa
18 de abril, 2020
En el contexto de la actual crisis
generada por la pandemia del COVID-19, en el país se desarrollan una
serie de protestas ciudadanas desde cuatro frentes: personal médico que
demanda equipo de bioseguridad en los centros asistenciales del país,
personas que fueron despedidos de sus puestos de trabajo al margen de la
ley, ciudadanos que se oponen a la instalación de albergues para
hospedar a personas sospechosas y contagiadas por el virus y ciudadanos
de a pie en barrios, colonias y caseríos que demandan acceso a
alimentos, agua y seguridad sanitaria para sus familias.
En este análisis nos detendremos a
analizar el cuarto frente, cuantificando y describiendo el número de
protestas, perfil de los actores que protestan, demandas principales y
los posicionamientos de la ciudadanía sobre la actual crisis humanitaria
que azota a los sectores excluidos y vulnerables de la sociedad
hondureña.
En Honduras la pobreza, la exclusión, la marginalidad y las desigualdades van juntas[1]
y en tiempos de pandemias se encuentran por doquier, son inseparables y
muestran el rostro de quienes desde su posición social de excluidos
demandan el cumplimiento de derechos humanos básicos para hacerle frente
a los impactos humanitarios del COVID-19.
Esas posiciones son diferenciadas y para fines de este análisis los vamos a ubicar en tres tipos de clase social[2]:
clase marginada, clase baja y clase obrera. Como veremos más adelante
las actuales protestas son desarrolladas en su mayoría por una clase
marginada (personas sin trabajo y madres solteras), clase baja
(trabajadores del sector informal) y la clase obrera (trabajadores que
fueron despedidos de sus trabajos y a trabajadores a quienes les
suspendieron contrato).
I. Emergencia de la protesta social en demanda de alimentos
En el periodo comprendido del 18 de marzo al 17 de abril se desarrollaron en el país un total de 128 protestas,
en un contexto marcado por la puesta en marcha del toque de queda y su
posterior proceso de aislamiento social que ha obligado a la población
hondureña en situación de precariedad social y laboral a confinarse en
sus casas.
Durante este período los principales
focos de protestas se concentraron en barrios, colonias y caseríos de
los lugares señalados en el gráfico #1, territorios que comparten
algunas características: población excluida y desprovista de los
principales medios de vida y altamente dependientes de los bajos
ingresos económicos que obtienen de sus actividades laborales en el
sector informal de la economía, rubro de la maquila, actividades
agrícolas, ganadería y agro industria. Si bien es cierto que el tema
económico es clave para comprender las motivaciones de estas protestas,
existen elementos sociopolíticos que dan cuenta de otras motivaciones
que incentivan a la ciudadanía a salir a las calles.
Las protestas se caracterizan por su
carácter espontaneo y por sus limitados niveles de articulación política
y estratégica, lo cual no le resta transcendencia para identificar
desde el discurso de la ciudadanía temas sociopolíticos que motivan
estas propuestas: a) Acumulación de descontento ciudadano hacia el régimen de JOH por sus acciones en detrimento de los sectores excluidos, b) La toma de conciencia y forjamiento de una identidad subalterna generadora de presión política y social y, c) Politización social de la ciudadanía producto del cambio cultural que ha vivido el país en la última década.
En conclusión, nos encontramos ante
protestas que políticamente carecen de articulación estratégica, pero
que a niveles discursivos y pragmáticos van forjando una identidad
subalterna que en el corto y mediano plazo pueden desencadenar procesos
de protestas más consistentes y prolongados por la disputa de lo
humanitario y lo social en el país, en un contexto marcado por las
desigualdades y repolitización de lo social[3].
II. Perfil de los actores que lideran las protestas ciudadanas
En tiempos de COVID 19 las actuales
protestas se caracterizan por su carácter clasista, ya que son los
sectores más excluidos de la sociedad los que confluyen en las asambleas
comunitarias y bloqueos de carretera para demandar por alimentos,
seguridad sanitaria, entre otras. El siguiente gráfico trata de ilustrar
dicha integración.
De las personas que participan en las
protestas el 26% expresa no contar con trabajo, el 23% son vendedores
ambulantes, un 20% lo representan madres solteras, el 18% trabajadores
que fueron recientemente despedidos de sus trabajos al margen de la ley
y, el 14% aquellas personas que fueron suspendidas temporalmente de sus
empleos.
Detrás de esas cifras hay al menos tres puntos de reflexión:
- Estos sectores históricamente han estado excluidos de las oportunidades de acumulación que han sido acaparadas por las élites políticas y económicas,
- Los procesos de constitución de ciudadanía social (salud, trabajo y educación) han sido débiles o en el peor de los casos inexistentes, y,
- El mercado laboral genera trabajo antes que empleos, lo que se traduce en amplios procesos de precarización del mundo asalariado sin paquetes de protección y seguridad social.
En conclusión, el orden neoliberal a la
vez que es productor de desigualdades extremas expulsa de manera
constante a las personas del mundo laboral, sometiéndolas a un mercado
laboral regido por leyes depredatorias. Mientras que el régimen de JOH
impulsa acciones de protección hacia la gran economía, los sectores
subalternos soportan las decisiones canallas de los gobernantes.
Principales demandas de la ciudadanía en las protestas
Quizás uno de los punto más interesantes
de las protestas ciudadanas, es que sus demandas no se reducen al tema
alimentario y encaran exigencias concretas de
reinvindicación/cumplimiento de derechos humanos básicos para enfrentar
el actual proceso de crisis humanitaria. El siguiente gráfico busca
aproximarnos a las demandas detrás de las protestas.
El tema coyuntural que convoca a la
ciudadanía es el tema alimentario con un 45%, luego sobresale el tema
agua con un 18%, lo sigue con un 15% la atención sanitaria (equipamiento
de centros de salud, mascarillas y gel anti- bacterial), con un 12% la
atención especial a personas de la tercera edad, considerados por la OMS
como el sector más vulnerable y proclive a contagiarse del COVID-19, y,
por último, con un 9% la suspensión de pago de los servicios públicos
(agua y electricidad).
En resumen, lo que estás demandas nos
intentan decir, por un lado, es que el régimen de JOH, pese a la
aprobación de una jugosa cantidad de dinero para atender la emergencia
del COVID-19 y a una serie de acciones de asistencia social, sigue sin
darle repuestas a las necesidades básicas de los sectores excluidos y,
por otro lado, evidencia con fuerza el colapso del sistema público de
atención primaria y la inseguridad alimentaria en la que esta sumergida
la población hondureña.
D. Posicionamiento de la ciudadanía en protesta sobre la actual crisis humanitaria
El régimen de JOH para atender la actual
crisis alimentaria y sanitaria ha tomado como medida principal la
entrega del saco solidario, en el marco de programa Honduras Solidaria
con un monto de 3,600 millones de lempiras, el que consiste en la
entrega de 30 alimentos básicos.
Desde las valoraciones de la ciudadanía esa medida no satisface las
necesidades básicas de los sectores excluidos. El siguiente gráfico
busca ilustrar dicha premisa.
El 65% de la ciudadanía que protesta
considera que la actual política de entrega de alimentos carece de
transparencia, ya que expresan que son entregados a personas afines al
partido de gobierno. El 15% considera que la cantidad de alimentos
entregados no está en proporción a la cantidad de integrantes de las
familias. Mientras que el 12% señala la limitada entrega de insumos
sanitarios (mascarillas y gel antibacterial) para protegerse de la
propagación del virus y el 8% expresa que las autoridades locales no dan
respuesta a las demandas alimentarias y sanitarias de la población.
En términos generales, esos
posicionamientos nos indican que la actual gestión y administración de
la crisis carece de estrategias adecuadas de actuación y en la práctica,
se traducen en una serie de limitaciones que no permite darles
respuestas a las demandas de la ciudadanía. En ese marco, la ciudadanía
se encuentra despojada y desprovista de sus principales derechos humanos
en un contexto de crisis en el cual es difícil la sobrevivencia diaria.
A manera de cierre
Lo expuesto en el análisis nos indica
que en el corto y mediano plazo la presión política y social desde los
sectores excluidos hacia el régimen se acrecentara y, las protestas
pueden radicalizarse hasta el punto de desembocar en saqueos. La élite,
es posible prever, reaccionará con medidas orientadas a bajar la actual
tensión social, que pueden desbocar en un proceso gradual de suspensión
del actual toque de queda, en un contexto en el que los expertos
sostienen que sería altamente peligroso y elevaría potencialmente el
número de personas contagiadas.
[1]
Para profundizar sobre el tema véase: Pérez Sáinz, Juan Pablo. Mercados
y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en
América Latina, Capitulo 1. San José, C.R.: FLACSO, 2014.
[2]
Para profundizar sobre el tema véase: Bauman, Zygmunt. Trabajo,
consumidores y nuevos pobres, Capitulo 4. Barcelona, España.: Editorial
Gedisa, 1999.
[3]
Para profundizar sobre la relación entre identidad subalterna y
repolitización social véase: Pérez Sáinz, Juan Pablo. Las desigualdades y
la repolitización de la cuestión social en América Latina. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Costa Rica, 2019.
Vendedores ambulatorios durante el "toque de queda" por Coronavirus, en un barrio pobre de Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras.-
Esta es la cuarta semana de toque de queda impuesto como medida para
evitar la propagación del Coronavirus o COVID-19, sin que pase un día de
protestas y exigencias populares, especialmente por falta de alimentos.
El 16 de marzo, cuando se aplicó el
Decreto Presidencial PCM 021-2020, se suspendieron las garantías
constitucionales que impedían la libre movilización, cierre bancas,
comercios y sucesivamente otras acciones que mostraron las
desigualdades sociales y económicas. En el Informe: Crisis de derechos
humanos durante la pandemia Covid-19, el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra 20,000
suspensiones de trabajadores, acrecentando las inestabilidad familiar.
En los días siguientes, con otros PCM se
iba permitiendo la circulación social específicamente a centros
financieros, supermercados y farmacias. Los precios de algunos productos
de la canasta básica se han elevado y el material de bioseguridad como
gel anti bacterial y mascarillas no está al alcance de toda la
población.
El distanciamiento social ha llegado incluso a la indiferencia personal- El acaparamiento de parte de algunas personas que tienen el dinero y los medios hasta para comprar productos innecesarios, dejan a los pobres sin obtener lo básico para sobrevivir.
No es extraño ver largas filas en
supermercados y agencias bancarias, así como vehículos llenos de comida,
sobre todo en las grandes urbanizaciones, que también donde se
registran más víctimas de Coronavirus, a nivel mundial.
El líder social Sergio Rivera, considera
que el Coronavirus es una enfermedad que afecta más a la gente pobre en
toda Latinoamérica, la gente que tiene dinero ha llenado sus alacenas
de comida, sin importarles que los demás coman, esta gente acaparó el
gel de manos y las mascarillas.
En las grandes cadenas de supermercados
no es extraño ver a esposas de funcionarios públicos y niños con
mascarillas N95 (recomendadas para evitar el virus) que ni siquiera se
las dan al personal de salud que está en la primera línea atendiendo los
casos de COVID-19, y deben asumir personalmente los riesgos ante un
contagio.
Vehículo cargado con varios cartones de huevos en un supermercado capitalino, al anunciarse el toque de queda.
La pobreza es más letal que el mismo
Coronavirus, se evidencia en todos los compatriotas que, cuando van a la
pulpería a comprar una bolsita de frijoles y tres huevos les dicen que
“no hay”, porque alguien con dinero estacionó su vehículo y compró 20
cartones de huevos, y dejó a la población sin comer.
Hay personas que no tienen dinero, y
compran diario lo que pueden, o es el sector que sus ingresos son
diarios, no cuentan con un salario ni remuneración periódica, y así nos
damos cuenta que este tipo de epidemias, además de desfavorecer en el
aspecto sanitario a toda la población, los pobres la padecen más porque
están encerrados en sus casas con la incertidumbre de la comida del día
siguiente.
Estadísticas de pobrezas acorde a la realidad
Aunque el régimen de Juan Orlando
Hernández insista en métodos apoyados por bancos multilaterales que la
pobreza se ha reducido a un 48.3 % de los 9.2 millones de habitantes, y
que el 22.9 por ciento subsiste en extrema pobreza; Según el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza en Honduras es aproximadamente
de un 62 por ciento, y la pobreza extrema es de 38 por ciento.
Los últimos indicadores del INE,
coinciden con las cifras del estudio “Programa Bono Vida Mejor: Una
Valoración sobre sus alcances, desde la perspectiva de los derechos de
las mujeres” divulgado en el 2018, por varias organizaciones sociales,
el cual revela que la pobreza pasó de 62.8 % en el año 2014 a 64.3% en el 2017, pese a la inversión de más de 4,200 millones de lempiras en el programa gubernamental “Bono Vida Mejor”
Las cifras de pobreza son un
insumo determinante para muchas decisiones en un país, por
ejemplo, decisiones de políticas públicas y programas
gubernamentales, además de decisiones económicas por parte de
diversos actores, detalló el INE a inicios del 2020.
Tres semanas sin ingresos económicos
Actualmente
se ha segmentado a la población para que salga una vez por semana a
comprar a los supermercados o agencias bancarias. Mientras los mercados
populares están militarizados.
Desde el 17 de marzo cuando entró en
vigencia el PCM 021-2020, inicialmente para las ciudades de Choluteca
(sur), Distrito Central (centro) y La Ceiba (norte) donde se reportaron
los primeros casos de Coronavirus, fue abrupto el paro de labores, los
despidos o suspensiones temporales, las calles estaban vacías, las
personas fueron confinadas a sus hogares, desconociendo su realidad.
Las suspensiones a las garantías
constitucionales han impactado más en las personas que viven de ingresos
diarios, por tener un pequeño negocio o prestar servicios con su fuerza
de trabajo, y esa es otra forma de exterminarlos, es un padecimiento
más cruel que la pandemia.
Mientras que, los grandes empresarios se
han beneficiado con la especulación de precios abusando del libre
mercado en medio de una emergencia nacional, al parecer hay complicidad
para seguir sacando dinero, detalló el catedrático universitario, Sergio
Rivera.
El régimen ha obtenido más de 11 mil
millones de lempiras, supuestamente para acciones encaminadas a
enfrentar la crisis del Coronavirus, pero, agregó Rivera, los mismos que
se han robado los fondos del Estado, saqueado el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), son los mismos que van administrar ese dinero,
y no podemos tener esperanza de abastecimiento de equipo médico o
construcción de centros hospitalarios.
Acrecienta la desconfianza cuando
aparecen en medios de comunicación personas lavándose las manos, cuando
las tienen manchadas de sangre, muerte, dolor y luto de miles de
familiares de víctimas de la intolerancia, de gente como un asesino que
está queriéndonos dar una imagen diferente de lo asesino que él ha sido,
aportó Rivera.
Sergio Rivera, defensor de DDHH y líder magisterial
y por eso
es imposible olvidarlos.
Seguramente
ven
en los amaneceres
múltiples edificios
donde ellos
quisieran habitar con sus hijos.
Pueden
llevar en hombros
el féretro de una estrella.
Pueden
destruir el aire como aves furiosas,
nublar el sol.
Pero desconociendo sus tesoros
entran y salen por espejos de sangre;
caminan y mueren despacio.
Por eso
es imposible olvidarlos.
“Creo que hay varias cuestiones que están implicadas en la presente situación que estamos viviendo, la economía del país de acuerdo con los análisis que los expertos han realizado, se ha estancado en este año y efectivamente en el proceso que se ha vivido en cuanto al problema del coronavirus, lo primero que habría que señalar es que el coronavirus es una realidad, es una pandemia que está haciendo estragos en todos los puntos cardinales del planeta”, expresó Membreño.
Reiteró que si bien, no son los pobres
los que abarrotan los supermercados, si son los que reciben el mayor
impacto. Hay que aprovechar el tiempo con los niños y niñas para adoptar
una nueva forma de vida, duplicar las medidas de seguridad, no sabemos
hasta cuándo va estar ese virus entre nosotros, así que en hogar hay que
emprender esa labor.
El problema en Honduras es ser pobre,
porque hasta eso hay diferencias, el agua llega de vez en cuando, y para
contrarrestar el COVID – 19 es necesario tener suficiente agua sobre
todo para lavarse las manos.
En Honduras, el acceso al agua es
afectado por las empresas mineras, hidroeléctricas o de la construcción.
Las concesiones se han adueñado del vital líquido que es primordial
entre las medidas de higiene en esta pandemia.
Mientras la empresa privada junto al
ilegal gobierno anuncia la creación de mesas de trabajo para restablecer
la economía, no se escuchan comentarios sobre la Semana Santa, las
vacaciones o visitas a los pueblos, pesa más la incertidumbre sobre qué
comerán mañana y qué sucederá después.
El COVID -19 ha paralizado el mundo, hoy
suma un millón 434 mil 426 casos confirmados desde finales de diciembre
cuando el epicentro era China. Han fallecido 82,220 personas sin
distingo de edad, sexo, profesión, nacionalidad o creencia espiritual. Y
301 mil 768 se han recuperado.
En Honduras desde el 11 de marzo hasta
el 7 de abril se confirmaron 312 casos positivos, 22 decesos y 6
recuperaciones. La zona norte es la más afectada, pero el Coronavirus
está activo en 11 departamentos del país, y en cada comunidad las
medidas restrictivas y cierres de calles son más herméticas, incluso se
impide el paso al transporte de alimento que causa desabastecimiento en
los pequeños comercios, y suma la politización de las provisiones que
deben entregar las alcaldías.
El Coronavirus amplió la brecha de la pobreza y los pudientes, y trae a la memoria los versos del poeta hondureño Roberto Sosa:
“Los Pobres”
Los pobres son muchosy por eso
es imposible olvidarlos.
Seguramente
ven
en los amaneceres
múltiples edificios
donde ellos
quisieran habitar con sus hijos.
Pueden
llevar en hombros
el féretro de una estrella.
Pueden
destruir el aire como aves furiosas,
nublar el sol.
Pero desconociendo sus tesoros
entran y salen por espejos de sangre;
caminan y mueren despacio.
Por eso
es imposible olvidarlos.
Mario Membreño: “Régimen ha monopolizado el manejo de la crisis con propósitos bastardos”
Por Riccy Ponce -
6 abril, 2020
Hondurans
who entered the country in the last hours are escorted by authorities
as they enter an ambulance to be put in quarantine at the Jose Simon
Azcona sports complex to prevent the spread of the new coronavirus in
Tegucigalpa on March 18, 2020. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)
Tegucigalpa.- Mario Membreño, analista
político y uno de los integrantes de la coordinación nacional de la
Convergencia Contra el Continuismo (CCC), dialogó con
defensoresenlinea.com sobre la situación que está atravesando el país y
lo que podría ocurrir durante y después del paso por del coronavirus en
Honduras.“Creo que hay varias cuestiones que están implicadas en la presente situación que estamos viviendo, la economía del país de acuerdo con los análisis que los expertos han realizado, se ha estancado en este año y efectivamente en el proceso que se ha vivido en cuanto al problema del coronavirus, lo primero que habría que señalar es que el coronavirus es una realidad, es una pandemia que está haciendo estragos en todos los puntos cardinales del planeta”, expresó Membreño.
Mario Membreño, dirigente de la CCC
Añadió que “en los países de más alto desarrollo, con mejor
organización social y con sistemas de salud modernos, ha causado un daño
enorme y que por tanto en los países dependientes y sub desarrollados
esa pandemia va a tener resultado también catastróficos”.
Asimismo dijo que “en el contexto global del planeta, se puede decir que esta pandemia se da bajo las condiciones de la globalización, que ha tenido como consecuencia principal aumentar las desigualdades sociales, y poner a los marginados sociales en la peores condiciones que se ha podido conseguir, es decir el coronavirus va a tener efectos realmente graves”.
Membreño indicó que “a la altura del 30 de marzo la cantidad de muertos ya había superado las expectativas, me refiero a las expectativas que planteo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según ellos serían entre 26 mil y 40 mil casos de personas infectadas, a estas alturas esas proyecciones han sido superadas por la realidad y se espera que vayan a tener una cantidad superior que era el límite máximo que la OPS había establecido”.
El analista político dijo a defensoresenlinea.com que por otra parte la pandemia está golpeando ya en la economía en el país.
“Como decíamos de que esa economía está estancada, las consecuencias van hacer mucho mayores, es natural que los empresarios pretendan resolver su situación lanzándola contra los trabajadores, porque así ha sido siempre, los intereses egoístas del gran capital o de los capitalistas en general que ponen por sobre todo las ganancias, que no tengan el menor interés en darle solución a la crisis permitiendo que eso le afecte, sino todo lo contrario, lanzar los efectos de la crisis hacia la población en general”, dijo.
Por otra parte dijo que se van a agravar los problemas sociales, es decir la pobreza, el desempleo, la marginalidad van a crecer grandemente, y eso indudablemente va a obligar a replantear en los diferentes sectores, la clase obrera, el campesinado, los estudiantes, los maestros, los médicos, la forma de enfrentar esta situación y evitar que sea lanzada la crisis sobre ellos”.
Agregó que una de las preocupaciones que se debe plantear es “cómo va a quedar el país a partir del momento en que la pandemia comience a superarse y eso obliga a tener un pensamiento estratégico, por cuanto hasta el día de hoy el régimen ha manejado la crisis de tal manera que cerró los espacios de participación de la oposición y de la sociedad civil en general”.
“En otras palabras, el régimen ha monopolizado el manejo de la crisis y lo ha hecho con propósitos bastardos, para limpiarle el rostro a la dictadura, acumular más fondos para sus objetivos políticos y quedar en una situación mucho mejor que la que tiene actualmente, después de superada la crisis”, puntualizó.
El analista político se refirió a lo que se condenó en redes sociales por la población en cuanto a que el régimen apartara el Hospital Militar para la atención de Juan Orlando Hernández y su familia.
“Esa es una acción que desenmascara precisamente los propósitos que tiene la cúpula político-militares que acompañan la dictadura, esa es la situación indudablemente que refleja la despreocupación que hay por el resto de la población y que lo que buscan indudablemente es tener a su servicio lo que puedan utilizar el sistema de salud.
En Honduras alrededor de los 300 casos han sido confirmados positivos de covid-19 y 22 víctimas mortales, situación que es preocupante, ya que el sistema de salud que tenemos no está preparada para afrontar una pandemia como la que estamos atravesando a nivel mundial.
El
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de
amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad
personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en
general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los
centros médicos y que entra en contacto con el personal y las
instalaciones hospitalarias.
El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares.
Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud.
La carta fue enviada el viernes 3 de abril, cuando se cumplen 17 días de haberse decretado la suspensión de garantías constitucionales a través del decreto ejecutivo PCM 021-2020, y ordenadas por el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
Durante este período, 45 defensores han sido víctimas de agresiones como represalias a su ejercicio y 7 periodistas han sido agredidos, detenidos, sus equipos decomisados y su material televisivo borrado.
Asimismo dijo que “en el contexto global del planeta, se puede decir que esta pandemia se da bajo las condiciones de la globalización, que ha tenido como consecuencia principal aumentar las desigualdades sociales, y poner a los marginados sociales en la peores condiciones que se ha podido conseguir, es decir el coronavirus va a tener efectos realmente graves”.
Membreño indicó que “a la altura del 30 de marzo la cantidad de muertos ya había superado las expectativas, me refiero a las expectativas que planteo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según ellos serían entre 26 mil y 40 mil casos de personas infectadas, a estas alturas esas proyecciones han sido superadas por la realidad y se espera que vayan a tener una cantidad superior que era el límite máximo que la OPS había establecido”.
El analista político dijo a defensoresenlinea.com que por otra parte la pandemia está golpeando ya en la economía en el país.
“Como decíamos de que esa economía está estancada, las consecuencias van hacer mucho mayores, es natural que los empresarios pretendan resolver su situación lanzándola contra los trabajadores, porque así ha sido siempre, los intereses egoístas del gran capital o de los capitalistas en general que ponen por sobre todo las ganancias, que no tengan el menor interés en darle solución a la crisis permitiendo que eso le afecte, sino todo lo contrario, lanzar los efectos de la crisis hacia la población en general”, dijo.
Por otra parte dijo que se van a agravar los problemas sociales, es decir la pobreza, el desempleo, la marginalidad van a crecer grandemente, y eso indudablemente va a obligar a replantear en los diferentes sectores, la clase obrera, el campesinado, los estudiantes, los maestros, los médicos, la forma de enfrentar esta situación y evitar que sea lanzada la crisis sobre ellos”.
Agregó que una de las preocupaciones que se debe plantear es “cómo va a quedar el país a partir del momento en que la pandemia comience a superarse y eso obliga a tener un pensamiento estratégico, por cuanto hasta el día de hoy el régimen ha manejado la crisis de tal manera que cerró los espacios de participación de la oposición y de la sociedad civil en general”.
“En otras palabras, el régimen ha monopolizado el manejo de la crisis y lo ha hecho con propósitos bastardos, para limpiarle el rostro a la dictadura, acumular más fondos para sus objetivos políticos y quedar en una situación mucho mejor que la que tiene actualmente, después de superada la crisis”, puntualizó.
El analista político se refirió a lo que se condenó en redes sociales por la población en cuanto a que el régimen apartara el Hospital Militar para la atención de Juan Orlando Hernández y su familia.
“Esa es una acción que desenmascara precisamente los propósitos que tiene la cúpula político-militares que acompañan la dictadura, esa es la situación indudablemente que refleja la despreocupación que hay por el resto de la población y que lo que buscan indudablemente es tener a su servicio lo que puedan utilizar el sistema de salud.
En Honduras alrededor de los 300 casos han sido confirmados positivos de covid-19 y 22 víctimas mortales, situación que es preocupante, ya que el sistema de salud que tenemos no está preparada para afrontar una pandemia como la que estamos atravesando a nivel mundial.
Mesa de Derechos Humanos exigió al gobierno de JOH no utilizar emergencia por COVID19 para restringir derechos fundamentales
Tuesday, 31 March 2020 00:21 Written by Dina Meza Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La Mesa de Derechos Humanos denunció este 30 de marzo de 2020, la
reducción del espacio y la represión hacia la labor de las personas
defensoras de derechos humanos; el uso innecesario y desproporcionado de
la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, retrocesos a los
derechos de las y los trabajadores como los despidos y suspensión
injustificada de contratos laborales y la distribución politizada de la
ayuda humanitaria, entre otras situaciones que se han están produciendo
en el marco de la emergencia por la epidemia COVID19 en Honduras.
Además criticó que el gobierno de Honduras no ha dado a conocer
concretamente su estrategia “INTEGRAL” de manejo e intervención para
prevenir, contener y mitigar la emergencia sanitaria por COVID-19.
La Mesa de Derechos Humanos está conformada por más de una decena de organizaciones de derechos humanos que reúnen periódicamente para evaluar la situación de los derechos humanos en el país y hacer demandas para cambios que promuevan el alto a las violaciones a los derechos fundamentales en el país.
En un comunicado distribuido públicamente La Mesa denunció que “ ha recibido denuncias acerca de la distribución selectiva de los llamados “sacos solidarios” con criterios de selección político partidarios....rechaza estas prácticas ya que las mismas incrementan las grandes brechas de desigualdad y exclusión social, en detrimento de la población en condición de mayor vulnerabilidad, como la niñez, juventud, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Alertó que la politización de la ayuda humanitaria con fondos del Estado, produce situaciones de tensión en la comunidad, profundiza la polarización social y disminuye las capacidades de la población para soportar y superar las medidas de confinamiento, colocándoles en un estado de necesidad, de búsqueda de alimentos básicos y otros insumos necesarios para permanecer en sus casas.
La Mesa expresa su preocupación en torno a las violaciones a derechos humanos de las que ha tenido conocimiento, que profundizan la crisis en detrimento de los más vulnerabilizados; dentro de estas violaciones destacan: el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, retrocesos a los derechos de las y los trabajadores como los despidos y suspensión injustificada de contratos laborales de las y los trabajadores, así como la reducción y represión de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias contra estas, destaca el documento.
En relación al uso de la información, la Mesa de Derechos Humanos advirtió que el mal manejo de la información produce y generaliza algunos factores psicosociales como el miedo y la incertidumbre, que contribuyen al deterioro de la salud integral, incluyendo la salud mental.
Le recordó al Estado de Honduras y sus autoridades que los estándares internacionales de derechos humanos pre establecen que los estados de excepción deben seguir los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad y necesidad. Además, estas medidas deben limitar su duración a la exigencia de la situación de emergencia y no pueden restringir algunos derechos fundamentales como -entre otros- el derecho a la integridad, la vida y los derechos de la niñez.
Lea el comunicado completo en este link
La Mesa de Derechos Humanos está conformada por más de una decena de organizaciones de derechos humanos que reúnen periódicamente para evaluar la situación de los derechos humanos en el país y hacer demandas para cambios que promuevan el alto a las violaciones a los derechos fundamentales en el país.
En un comunicado distribuido públicamente La Mesa denunció que “ ha recibido denuncias acerca de la distribución selectiva de los llamados “sacos solidarios” con criterios de selección político partidarios....rechaza estas prácticas ya que las mismas incrementan las grandes brechas de desigualdad y exclusión social, en detrimento de la población en condición de mayor vulnerabilidad, como la niñez, juventud, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Alertó que la politización de la ayuda humanitaria con fondos del Estado, produce situaciones de tensión en la comunidad, profundiza la polarización social y disminuye las capacidades de la población para soportar y superar las medidas de confinamiento, colocándoles en un estado de necesidad, de búsqueda de alimentos básicos y otros insumos necesarios para permanecer en sus casas.
La Mesa expresa su preocupación en torno a las violaciones a derechos humanos de las que ha tenido conocimiento, que profundizan la crisis en detrimento de los más vulnerabilizados; dentro de estas violaciones destacan: el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, retrocesos a los derechos de las y los trabajadores como los despidos y suspensión injustificada de contratos laborales de las y los trabajadores, así como la reducción y represión de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias contra estas, destaca el documento.
En relación al uso de la información, la Mesa de Derechos Humanos advirtió que el mal manejo de la información produce y generaliza algunos factores psicosociales como el miedo y la incertidumbre, que contribuyen al deterioro de la salud integral, incluyendo la salud mental.
Le recordó al Estado de Honduras y sus autoridades que los estándares internacionales de derechos humanos pre establecen que los estados de excepción deben seguir los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad y necesidad. Además, estas medidas deben limitar su duración a la exigencia de la situación de emergencia y no pueden restringir algunos derechos fundamentales como -entre otros- el derecho a la integridad, la vida y los derechos de la niñez.
Lea el comunicado completo en este link
Publicado el 10 Abril, 2020
El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares.
Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud.
Coronavirus: Estados de emergencia son un terreno fértil para perpetrar violaciones a los DDHH
Por Marc Allas -
4 abril, 2020
Michael Forst. Relator Sobre la Situación de los DDHH
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), considerando que los
estados de emergencia son un terreno fértil para la violación de los
derechos humanos y para cometer actos de represalia en contra de
opositores políticos, periodistas independientes y defensores y
defensoras de derechos humanos, ha enviado una carta al Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos,
Michael Forst.La carta fue enviada el viernes 3 de abril, cuando se cumplen 17 días de haberse decretado la suspensión de garantías constitucionales a través del decreto ejecutivo PCM 021-2020, y ordenadas por el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
Durante este período, 45 defensores han sido víctimas de agresiones como represalias a su ejercicio y 7 periodistas han sido agredidos, detenidos, sus equipos decomisados y su material televisivo borrado.
Imagen tomada del video cortesia de Yessenia Beltrand (Accion Ecumenica)
En la misiva se detalla el impacto que está teniendo la suspensión de
las garantías constitucionales, (dictadas por el régimen para contener
la propagación del coronavirus en Honduras) en relación al trabajo que
ejercen los comunicadores sociales, periodistas, defensores y defensoras
de derechos humanos, así como la censura y persecución de las opiniones
y críticas que vierten opositores políticos.
El COFADEH señala que el decreto PCM-021-2020, otorga amplios poderes, a Las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, que actúan en apoyo a la Secretaría de Salud, para poner en ejecución los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud a fin de evitar la propagación del virus.
Asimismo expresa que a pesar de las reformas a dicho decreto y que tienen que ver con la habilitación para ejercer la libertad de expresión, que fueron aprobadas el 21 de marzo, los abusos a estos derechos han continuado, constituyéndose en obstáculos a la labor periodística y en abusos constitutivos de tratos crueles contra los detenidos que a juicio discrecional de las fuerzas de seguridad del Estado, transgreden el toque de queda. Y restricciones a los defensores a expresar su opinión y a realizar denuncias.
El COFADEH considera que los hechos denunciados, profundizan la crisis de derechos humanos que se están perpetrando en un contexto complejo, donde toda la institucionalidad está al servicio del Ejecutivo, que considera a los disidentes como enemigos, en especial a la prensa independiente y a los defensores y defensoras de derechos humanos.
En la misiva también se plantea que el régimen de Juan Orlando Hernández, durante sus dos mandatos, ha retrocedido en el respeto y promoción de los derechos humanos. “El régimen ha sido hostil hacia los defensores, tratando de silenciar sus voces críticas en el país por medio de la amenaza, la criminalización y el asesinato. Prácticas de vigilancia clandestina, intervenciones de teléfonos, intercepción de mensajes electrónicos, han sido frecuentes aun antes de la pandemia”.
Por otro lado se denuncia que el régimen ha desplegado el ejército, la policía antimotines y preventiva a las plazas públicas y límites municipales, que están violentando derechos y abusos de autoridad, en algunas ocasiones selectivas, contra las personas que defienden su derecho a la alimentación, a suministros sanitarios y al agua. Y se le permite a la policía arrestar personas sin ninguna garantía y a discrecionalidad; remitirlo a diferentes centros irregulares para la detención de personas.
El COFADEH señala que el decreto PCM-021-2020, otorga amplios poderes, a Las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, que actúan en apoyo a la Secretaría de Salud, para poner en ejecución los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud a fin de evitar la propagación del virus.
Asimismo expresa que a pesar de las reformas a dicho decreto y que tienen que ver con la habilitación para ejercer la libertad de expresión, que fueron aprobadas el 21 de marzo, los abusos a estos derechos han continuado, constituyéndose en obstáculos a la labor periodística y en abusos constitutivos de tratos crueles contra los detenidos que a juicio discrecional de las fuerzas de seguridad del Estado, transgreden el toque de queda. Y restricciones a los defensores a expresar su opinión y a realizar denuncias.
El COFADEH considera que los hechos denunciados, profundizan la crisis de derechos humanos que se están perpetrando en un contexto complejo, donde toda la institucionalidad está al servicio del Ejecutivo, que considera a los disidentes como enemigos, en especial a la prensa independiente y a los defensores y defensoras de derechos humanos.
En la misiva también se plantea que el régimen de Juan Orlando Hernández, durante sus dos mandatos, ha retrocedido en el respeto y promoción de los derechos humanos. “El régimen ha sido hostil hacia los defensores, tratando de silenciar sus voces críticas en el país por medio de la amenaza, la criminalización y el asesinato. Prácticas de vigilancia clandestina, intervenciones de teléfonos, intercepción de mensajes electrónicos, han sido frecuentes aun antes de la pandemia”.
Por otro lado se denuncia que el régimen ha desplegado el ejército, la policía antimotines y preventiva a las plazas públicas y límites municipales, que están violentando derechos y abusos de autoridad, en algunas ocasiones selectivas, contra las personas que defienden su derecho a la alimentación, a suministros sanitarios y al agua. Y se le permite a la policía arrestar personas sin ninguna garantía y a discrecionalidad; remitirlo a diferentes centros irregulares para la detención de personas.
La Policía capturó a los periodistas que daban cobertura al desalojo violento/ Foto: Patepluma HD
En otros aspectos denunciados, se destacan las medidas drásticas y
arbitrarias adoptadas por las autoridades municipales que buscan la
restricción de personas a sus municipios, como medida de prevención,
pero que en muchos casos, violentan el derecho a la alimentación e
integridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Por otra parte y en medio de esta crisis sanitaria, se registró el 2 de abril, un desalojo violento que provocó la muerte de la defensora de los territorios, Iris Argentina Álvarez Chávez, así como heridas por armas de fuego contra 3 labriegos pertenecientes a la Empresa Campesina “Cerro Escondido”.
Guardias de seguridad privados de la Azucarera La Grecia, localizada en Monjarás, departamento de Choluteca, serían los responsables tanto de la muerte de la dirigenta, como de las heridas provocadas por armas de fuego en contra de 3 campesinos.
“Este hecho obedece a un patrón sistemático de ataque a los defensores, en este caso interrelacionado a la pandemia y prácticas estructurales que generan un ambiente de riesgo y peligro general para la labor de la defensa de los derechos humanos”, señaló el COFADEH.
Este caso concreto se ve incrementado por un alto grado de desprotección estatal y ausencia de acción preventiva a violaciones inminentes e irreparables, como ya ocurrió en el Aguan en el caso denominado el Tumbador, que se encuentra en la impunidad, advirtió la reconocida organización de los derechos humanos.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva solicitó a Michael Forst que le recuerde al estado de Honduras, que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Asimismo que le recomiende al Estado de Honduras que exceptúe, conforme el Articulo 3 del PCM021-2020, a los defensores de derechos humanos, para que puedan realizar su labor de defensoría sin objeto de detenciones ilegales y malos tratos.
En el marco de esta pandemia, los defensores de los derechos humanos sufren estigmatización y afrontan cada vez más obstáculos para desempeñar su labor. Las amenazas y ataques por parte de autoridades gubernamentales están impidiendo que desarrollen su labor de defensa.
El decreto PCM 021-2020, los excluye de la circulación para ejercer defensoría, únicamente autoriza al CONADEH que no tiene presencia en los municipios, por lo que las victimas de detenciones ilegales permanecen en absoluta indefensión en las delegaciones policiales por largos periodos de tiempo.
El COFADEH instó al Relator Sobre la Situación de los Derechos Humanos que reitere su llamamiento del 16 de marzo en donde se establece que “las declaraciones de emergencia por el brote no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
En la carta se pide a Michael Forst que solicite al Estado a que no utilice la crisis sanitaria para implementar medidas extremas que violan los derechos humanos, la libertad de prensa y la labor de quienes defienden los derechos humanos, justo cuando más se necesitan garantías para asegurar que la salud de la población en especial la más desfavorecida que no tiene acceso a otro tipo de información.
Y por último se solicita al Relator Especial de la ONU, a que exhorte al Estado para que proceda de inmediato a investigar los hechos en los que perdió la vida la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez, se proceda a deducir responsabilidad penal a los autores materiales e intelectuales y se proteja en forma inmediata, a los defensores del Movimiento Campesino Cerro Escondido y se les garantice atención médica y hospitalaria de calidad.
Ver carta: COFADEH Comunicación al Relator de Defensores
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha reiterado que la
situación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, que
se encuentran privados de libertad, enfrentan una situación de gravedad y
urgencia que podría derivar en pérdidas irreparables, a consecuencia
del coronavirus en Honduras.
Es por ello que ante la falta de respuesta oportuna por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto de una “pronta” resolución al Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo y a favor de defensores del ambiente y presos políticos, remitió una carta al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joel Hernández.
En la carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva plantea con suma preocupación la situación de riesgo a la salud y la vida de los presos políticos y defensores de derechos ambientales, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
Bertha Oliva solicitó al Relator de la OEA sobre los privados de libertad, que le haga un llamado al régimen de Juan Orlando Hernández para que el Estado de Honduras, adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de los defensores de derechos humanos y opositores políticos, ordenando su excarcelación.
En la misiva se informa al Relator sobre las disposiciones del régimen relacionadas a la suspensión de las garantías constitucionales y el impacto en las personas privadas de libertad, a quienes se les han prohibido las visitas de sus familiares desde el 13 de marzo.
No está claro o se desconocen las medidas internas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus en los centros penales o si la población penitenciaria cuenta con mascarillas y guantes para su protección.
Por otro lado, la carta explica al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Luego el lunes 6 de abril se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, “una solicitud de pronta resolución” del Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo de 2020 a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y de los presos políticos.
Esto con el propósito de garantizar su derecho a la salud y a la vida, ante la pandemia del coronavirus (Covid19), aplicando una medida alterna a la prisión.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el centro Penal de Olanchito y La Ceiba respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Por su parte el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), interpuso el 31 de marzo un Hábeas Corpus Humanitario ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para las personas privadas de libertad que padecen enfermedades crónicas como: la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas de 60 años, así como quienes padezcan del VIH, y otras enfermedades, que por su condición inmunológica están en riesgo inminente su Salud y su vida ante la pandemia del COVID19.
Al respecto la Corte resolvió favorablemente y liberó a 52 internos e internas de los centros penales, pero no ha respondido ante los dos recursos presentados a favor de los ambientalistas y presos políticos.
La situación de precariedad de los centros penales hondureños no es desconocida para la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien le ha dado seguimiento en los últimos 20 años.
En su más reciente informe del 27 de agosto de 2019, la CIDH observó que la “situación se caracteriza por altos niveles de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88%), excesivo uso de la prisión preventiva (53% del total de la población carcelaria), militarización de la función penitenciaria, y condiciones deplorables de detención.
Además, durante los últimos años, el Estado ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de las conocidas “mega cárceles”, que para el COFADEH son cárceles de tortura. Ello, ha incrementado la utilización de regímenes de máxima seguridad, y por lo tanto, la aplicación del aislamiento prolongado” .
En este mismo informe La “CIDH urge al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que permitan, la aplicación de beneficios de excarcelación, que además de reducir la población carcelaria, propician la reinserción social de las personas privadas de libertad”.
Asimismo la CIDH observaba que el hacinamiento en los centros penales está directamente vinculado a la excesiva y desproporcional aplicación de la prisión preventiva. “La prisión preventiva se presenta como una de las principales causas que repercute en los altos niveles de hacinamiento, y constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras”.
Los centros penales no están en condiciones de impedir que los privados de libertad se contagien del COVID-19, es más, por las condiciones de reclusión sería muy proclive que la pandemia pueda replicarse rápidamente entre los internos y el personal penitenciario, tanto por la mala alimentación como por la falta de sol, la falta de higiene general y el acceso a agua potable para el aseo personal y consumo.
Pareciera ser que la única medida tomada es la restricción de las visitas familiares, medida equivocada porque, generalmente son las que subsidian alimentos, productos de higiene y agua, y medicamentos, que deberían ser obligación del Estado de Honduras.
Ver Carta: Comunicación a la Relatoría de Privados de Libertad
El recurso de Hábeas corpus correctivo fue presentado por el Área Legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y Juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso era a favor de Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orvin Nahúm Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, presos por defender el agua y la vida de Guapinol.
Así mismo a favor de los presos políticos Felipe Ezquivel, Víctor Josep Castillo Quiroz y Rommel Baldemar Herrera Portillo.
Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, expresó que el Hábeas Corpus se presentó por la situación de pandemia que se está viviendo tanto nacional como internacional por el Coronavirus o COVID-19.
“Mediante ese nuevo escrito le solicitamos a la juez resuelva de manera pronta este Hábeas Corpus Correctivo en virtud que ha transcurrido el tiempo prudencial, y que el mismo sea resuelto tomando en cuenta que el objetivo primordial de solicitar el mismo, es evitar que estas personas puedan ser contagiadas con este virus”.
“Esto debido que el alto grado de hacinamiento que hay en estas Cárceles, la falta de políticas en nuestro sistema penitenciario son muy precarias y debido a eso, solicitamos al juez que resuelva de manera inmediata el Hábeas Corpus Correctivo y que se le apliquen en estas personas medida alternativa a la prisión preventiva para evitar que sean contagiadas, y evitar con esto lesiones su integridad física como su vida”, Finalizó Cárdenas.
Los presos políticos se encuentran recluidos desde hace varios meses en las cárceles de Olanchito, La Ceiba, Choluteca, y uno en el Hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa por presentar problemas de salud, debido a su detención y reclusión en una Cárcel de máxima Tortura.
La situación de los presos políticos es crítica por la emergencia en la que se encuentra atravesando el país, corren el riesgo de contagio de Covid-19 por el nivel de hacinamiento.
Así mismo algunos de los presos por el agua y la vida padecen enfermedades que pueden causar un deterioro de salud, como es el caso de Jeremías Martínez Díaz, que padece de reflujo y problemas de espalda y que tiene que comer comida especial y tomar sus medicamentos, que su familia le hacía llegar, pero que por la suspensión de las garantías constitucionales, su familia no ha podido llevarlos ni visitarlo, causando preocupación a él y a sus familiares por la difícil situación que atraviesa el defensor del agua y la vida, así como sus compañeros
Ver carta de los parlamentarios europeos aquí: Carta Parlamento Europeo
Una vez más, como organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos, garífunas e indígenas, comunitarias, feministas, juveniles, gremiales, profesionales, políticas y populares, en el marco de la profundización de la pandemia y de la amenaza antidemocrática y militarista del continuismo de la dictadura, elevamos nuestras voces con firmeza y dignidad:
1- Repudiamos la utilización por parte de Juan Orlando Hernández y su equipo de gobierno, de la situación de emergencia, encierro y miedo de la población como excusa para perpetuar proyecto dictatorial.
2- En nombre de población amenazada de extinción, elevamos más las voces en demanda porque la conducción de la emergencia de salud la asuma un equipo amplio, profesional, éticamente responsable, liderado por el Colegio Médico de Honduras, cuya máxima tarea sea dotar de equipo necesario a las instalaciones hospitalarias y al personal de salud para que con garantías de bioseguridad den atención digna a los pacientes de la pandemia.
3- Llamamos a sumar todas las voces de dignidad para demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas, conducido por personas e instituciones independientes. Repudiamos al FONAC en asuntos de auditoría, porque no representa a la sociedad civil, y porque no pasa de ser una espuria mano que barniza el rostro de corrupción y criminalidad del actual régimen dictatorial.
4- A la par del clamor porque se garantice estabilidad laboral y salarial a los trabajadores y trabajadoras, llamamos a elevar todas las voces porque se respete el derecho a la vida amenazada, por encima de los negocios e intereses económicos de los empresarios.
Siguiendo el criterio profesional de las personas expertas en salud, llamamos a nuestro pueblo trabajador a no atender llamados a presentarse a laborar, porque de abrirse las fábricas y negocios, se condenaría a la población trabajadora a una matanza masiva y colectiva.
5- Llamamos a las organizaciones municipales, locales y comunitarias a exigir un sistema permanente de entrega organizada, domiciliar y disciplinada de víveres a la población desempleada y a la que ha perdido su fuente de ingresos, a través de asociaciones de madres y padres de familia y otras organizaciones de base. Así se garantiza que la entrega no arriesgue la contaminación de las personas, evite la militarización y politización de las entregas.
6- Llamamos a estar alertas ante la amenaza de los sectores oscuros que conducen las instituciones de justicia de aprovechar la emergencia y encierro de la población para tomar decisiones que consolidan el pacto de impunidad, como sacar de la cárcel a auténticos saqueadores, asesinos de nuestra amada Berta Cáceres, violadores, abusadores y asesinos de mujeres y violadores de derechos humanos, al tiempo que hundir en prisión a defensores del agua, la vida y los derechos humanos y de la naturaleza.
7- Exhortamos a unirnos desde nuestro confinamiento en todas las actividades posibles para hacernos sentir en los espacios públicos, como el cacerolazo, este domingo 12 de abril a las 7 pm, y todo lo que represente solidaridad con los pacientes, con el personal de salud y con nuestro pueblo hambriento. Tenemos claridad que nos enfrentamos a dos peligrosos enemigos: uno, la pandemia que hemos de detener con un plan nacional liderado por los médicos y personal de salud; y dos, la actual epidemia que preside Juan Orlando Hernández, que amenaza con perpetuar el saqueo, el crimen y la corrupción. Esta epidemia política solo la podremos erradicar con nuestra lucha y rebeldía organizada.
Honduras, abril de 2020
Diferentes fueron las actividades que se llevaron a cabo, entre otras tres paneles sobre la situación del juicio en contra de los responsables del asesinato de Berta Cáceres, la ofensiva privatizadora de los bienes comunes, en particular de los ríos, y las luchas que se están dando a nivel nacional en defensa del agua.
También se estrenó una exposición fotográfica que recuerda la vida, el legado y las luchas de la lideresa indígena lenca, organizada por el Copinh, la Oacnudh de Honduras, la FES y la Rel UITA.
Arreciando la lucha
Durante la actividad, Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del Copinh, recordó lo difícil que fueron los primeros meses después del asesinato.
"Nos preguntábamos cómo podíamos continuar en este proceso de lucha sin su presencia, su conocimiento, experiencia y los contactos que ella construyó durante muchos años.
Sin embargo logramos sobreponernos. Nuestro primer pensamiento fue continuar a realizar lo que ella nos había enseñado, exigir verdad y justicia, continuar su lucha y, por ende, la lucha del Copinh".
Los pueblos deben estar protegiendo el derecho fundamental al agua porque los grandes intereses internacionales están detrás del despojo de este bien común", aseveró.
Por otra parte y en medio de esta crisis sanitaria, se registró el 2 de abril, un desalojo violento que provocó la muerte de la defensora de los territorios, Iris Argentina Álvarez Chávez, así como heridas por armas de fuego contra 3 labriegos pertenecientes a la Empresa Campesina “Cerro Escondido”.
Guardias de seguridad privados de la Azucarera La Grecia, localizada en Monjarás, departamento de Choluteca, serían los responsables tanto de la muerte de la dirigenta, como de las heridas provocadas por armas de fuego en contra de 3 campesinos.
“Este hecho obedece a un patrón sistemático de ataque a los defensores, en este caso interrelacionado a la pandemia y prácticas estructurales que generan un ambiente de riesgo y peligro general para la labor de la defensa de los derechos humanos”, señaló el COFADEH.
Este caso concreto se ve incrementado por un alto grado de desprotección estatal y ausencia de acción preventiva a violaciones inminentes e irreparables, como ya ocurrió en el Aguan en el caso denominado el Tumbador, que se encuentra en la impunidad, advirtió la reconocida organización de los derechos humanos.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva solicitó a Michael Forst que le recuerde al estado de Honduras, que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Asimismo que le recomiende al Estado de Honduras que exceptúe, conforme el Articulo 3 del PCM021-2020, a los defensores de derechos humanos, para que puedan realizar su labor de defensoría sin objeto de detenciones ilegales y malos tratos.
En el marco de esta pandemia, los defensores de los derechos humanos sufren estigmatización y afrontan cada vez más obstáculos para desempeñar su labor. Las amenazas y ataques por parte de autoridades gubernamentales están impidiendo que desarrollen su labor de defensa.
El decreto PCM 021-2020, los excluye de la circulación para ejercer defensoría, únicamente autoriza al CONADEH que no tiene presencia en los municipios, por lo que las victimas de detenciones ilegales permanecen en absoluta indefensión en las delegaciones policiales por largos periodos de tiempo.
El COFADEH instó al Relator Sobre la Situación de los Derechos Humanos que reitere su llamamiento del 16 de marzo en donde se establece que “las declaraciones de emergencia por el brote no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
En la carta se pide a Michael Forst que solicite al Estado a que no utilice la crisis sanitaria para implementar medidas extremas que violan los derechos humanos, la libertad de prensa y la labor de quienes defienden los derechos humanos, justo cuando más se necesitan garantías para asegurar que la salud de la población en especial la más desfavorecida que no tiene acceso a otro tipo de información.
Y por último se solicita al Relator Especial de la ONU, a que exhorte al Estado para que proceda de inmediato a investigar los hechos en los que perdió la vida la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez, se proceda a deducir responsabilidad penal a los autores materiales e intelectuales y se proteja en forma inmediata, a los defensores del Movimiento Campesino Cerro Escondido y se les garantice atención médica y hospitalaria de calidad.
Ver carta: COFADEH Comunicación al Relator de Defensores
Días 26, 27 y 28 de la cuarentena. Fin de Semana Santa, incendios y corrupción
abril 13, 2020
Redacción
Por: Fernando Destèphen redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Terminó la Semana Santa, no se vio la caravana de vehículos transportando personas -derrotadas por el cansancio y la nueva deuda- apoyados en la paila de pick up o con las ventanas abiertas saludando. No, este año está temporada fue reemplazada por una cuarentena y un toque de queda debido al nuevo Coronavirus: Sars-Cov-02 que causa el Covid-19.
Honduras es un país endémico, todos los años se repite lo mismo: dengue, incendios, más de 250 incendios se reportaron solo el fin de semana, uno, en un cerro atrás de la Basílica de Suyapa fue suficiente para poner a prueba la fe. Como la de los pastores que sobrevolaron en un helicóptero el domingo, igual que los católicos hace dos semanas, ambos con los mismos resultados: nada.
El Covid-19 continúa en Honduras, los encargados de Sinager continúan improvisando, la gente protesta, pide comida y la fe es el pretexto para confirmar la ignorancia de la religión y para continuar gritando que la solución no vendrá de la iglesia ni de ningún pastor autonombrado iluminado.
Mientras los pastores, dentro del helicóptero hacían su ritual, abajo las montañas se quemaban, algunos pedían comida, otros intentaban vender algo. Otros eran confirmados positivos por un virus que no intimida a una población que ha muerto poco a poco desde siempre.
El Distrito Central a veces se esconde en una densa capa de humo.
Noventa y cinco de los incendios a nivel nacional fueron en el Distrito Central. La fe de los pastores y el aceite ni eliminó el Covid-19 ni apagó las llamas. La desesperación por llamar la atención es a veces un peligro.
Las pruebas rápidas ya están en San Pedro Sula. El miedo y el calor asfixian, también lo hace la incertidumbre de qué va a pasar mañana.
Más protestas de médicos que piden insumos de bioseguridad para atender a los pacientes con Covid-19. También continúa enfermándose el personal de salud, unos 12 médicos y 17 enfermeras estarían infectados por el Covid-19 denunció Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Más tarde, el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, también denunció médicos enfermos, pero también la perdida de material que ya había sido entregado, se pide una investigación.
“No se puede derrotar la pandemia con militares, ingenieros o abogados”, dijo el doctor Santos.
El manejo de la compra de insumos de bioseguridad, capacidades de atención y la falta de una logística para llevar comida con los programas gubernamentales ha creado un debate público sobre si está emergencia sanitaria se está manejando bien.
En la avenida Miguel Cervantes, justo al cruzar la calle de la biblioteca Nacional, dos hombres practicaban algo que ya días no se ve: un asalto, con la luz del día y la soledad de esa zona, con la miseria de asaltar a un igual, que ni tuvo miedo, solo entregó, bajo la mirada, abrió su cartera, los dos ladrones sacaron lo que querían, se van, él también con la cabeza abajo y un cubrebocas azul que se desdibuja por su mirada de impotencia.
Comayagüela es un distrito aparte, se comporta independiente de Tegucigalpa, los mercados abren, los comerciantes informales venden lo de la temporada: mangos, ciruelas y piscinas inflables. Cierto, ellos viven de las temporadas, solo que esta nadie habría adivinado que sería tan difícil.
El gobierno ha aprobado alrededor de ochenta y tres mil doscientos treinta millones de lempiras para combatir el Covid-19, lo que ha ocasionado compras de emergencia, compras que siempre levantan demasiado polvo porque los procesos nunca carecen de la transparencia que impediría la corrupción.
Este lunes la segmentación dependiendo del último dígito de la cédula de identidad continuó, pero solo con dos números, 1 y 2. La gente fue menos, las filas se están volviendo la normalidad de la disciplina.
Los incendios se lograron controlar, San Pedro Sula continúa cerrada, en el mundo ya son dos millones de personas contagiadas, Donald Trump no puede manejar una crisis sanitaria y en Honduras, Francis Contreras -talvez para no aburrir- aparece explicando la situación mundial, antes de martillar la cabeza de miles de personas con los nuevos datos de casos confirmados:
8 en Cortés, uno en Lempira y uno en Francisco Morazán, diez casos más, 407, 26 muertes y 7 recuperados, a pesar de la gravedad en la voz de Francis Contreras y su lenguaje corporal la voz del director del IHSS en San Pedro Sula, Omar Jananía dijo que en el hospital Leonardo Martínez han muerto 16 personas con sospecha de Covid-19 en el hospital Mario Catarino Rivas 17 y 5 en el Seguro Social.
Francis Contreras explicó que se tendrá que esperar el resultado del Laboratorio Nacional de Virología para confirmar o descartar que esas muertes fueron debido al Covid-19.
Parece que en Honduras no se le había temido tanto a una muerte sin cara.
Tegucigalpa.- Terminó la Semana Santa, no se vio la caravana de vehículos transportando personas -derrotadas por el cansancio y la nueva deuda- apoyados en la paila de pick up o con las ventanas abiertas saludando. No, este año está temporada fue reemplazada por una cuarentena y un toque de queda debido al nuevo Coronavirus: Sars-Cov-02 que causa el Covid-19.
Honduras es un país endémico, todos los años se repite lo mismo: dengue, incendios, más de 250 incendios se reportaron solo el fin de semana, uno, en un cerro atrás de la Basílica de Suyapa fue suficiente para poner a prueba la fe. Como la de los pastores que sobrevolaron en un helicóptero el domingo, igual que los católicos hace dos semanas, ambos con los mismos resultados: nada.
El Covid-19 continúa en Honduras, los encargados de Sinager continúan improvisando, la gente protesta, pide comida y la fe es el pretexto para confirmar la ignorancia de la religión y para continuar gritando que la solución no vendrá de la iglesia ni de ningún pastor autonombrado iluminado.
Mientras los pastores, dentro del helicóptero hacían su ritual, abajo las montañas se quemaban, algunos pedían comida, otros intentaban vender algo. Otros eran confirmados positivos por un virus que no intimida a una población que ha muerto poco a poco desde siempre.
Incendio en el municipio de Guarizama, departamento de Olancho. Foto Andrès Molina
Unos 312 incendios forestales se han
registrado hasta la noche de este lunes, estos incendios ya han afectado
casi las 12 mil hectáreas de bosque, informó Sandra Canales, la jefa de
la Unidad de Protección Ambiental del Instituto de Conservación
Forestal (ICF). 12 mil hectáreas.El Distrito Central a veces se esconde en una densa capa de humo.
Noventa y cinco de los incendios a nivel nacional fueron en el Distrito Central. La fe de los pastores y el aceite ni eliminó el Covid-19 ni apagó las llamas. La desesperación por llamar la atención es a veces un peligro.
Las pruebas rápidas ya están en San Pedro Sula. El miedo y el calor asfixian, también lo hace la incertidumbre de qué va a pasar mañana.
Más protestas de médicos que piden insumos de bioseguridad para atender a los pacientes con Covid-19. También continúa enfermándose el personal de salud, unos 12 médicos y 17 enfermeras estarían infectados por el Covid-19 denunció Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Más tarde, el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, también denunció médicos enfermos, pero también la perdida de material que ya había sido entregado, se pide una investigación.
“No se puede derrotar la pandemia con militares, ingenieros o abogados”, dijo el doctor Santos.
El manejo de la compra de insumos de bioseguridad, capacidades de atención y la falta de una logística para llevar comida con los programas gubernamentales ha creado un debate público sobre si está emergencia sanitaria se está manejando bien.
En la avenida Miguel Cervantes, justo al cruzar la calle de la biblioteca Nacional, dos hombres practicaban algo que ya días no se ve: un asalto, con la luz del día y la soledad de esa zona, con la miseria de asaltar a un igual, que ni tuvo miedo, solo entregó, bajo la mirada, abrió su cartera, los dos ladrones sacaron lo que querían, se van, él también con la cabeza abajo y un cubrebocas azul que se desdibuja por su mirada de impotencia.
Comayagüela es un distrito aparte, se comporta independiente de Tegucigalpa, los mercados abren, los comerciantes informales venden lo de la temporada: mangos, ciruelas y piscinas inflables. Cierto, ellos viven de las temporadas, solo que esta nadie habría adivinado que sería tan difícil.
El gobierno ha aprobado alrededor de ochenta y tres mil doscientos treinta millones de lempiras para combatir el Covid-19, lo que ha ocasionado compras de emergencia, compras que siempre levantan demasiado polvo porque los procesos nunca carecen de la transparencia que impediría la corrupción.
Este lunes la segmentación dependiendo del último dígito de la cédula de identidad continuó, pero solo con dos números, 1 y 2. La gente fue menos, las filas se están volviendo la normalidad de la disciplina.
Los incendios se lograron controlar, San Pedro Sula continúa cerrada, en el mundo ya son dos millones de personas contagiadas, Donald Trump no puede manejar una crisis sanitaria y en Honduras, Francis Contreras -talvez para no aburrir- aparece explicando la situación mundial, antes de martillar la cabeza de miles de personas con los nuevos datos de casos confirmados:
8 en Cortés, uno en Lempira y uno en Francisco Morazán, diez casos más, 407, 26 muertes y 7 recuperados, a pesar de la gravedad en la voz de Francis Contreras y su lenguaje corporal la voz del director del IHSS en San Pedro Sula, Omar Jananía dijo que en el hospital Leonardo Martínez han muerto 16 personas con sospecha de Covid-19 en el hospital Mario Catarino Rivas 17 y 5 en el Seguro Social.
Francis Contreras explicó que se tendrá que esperar el resultado del Laboratorio Nacional de Virología para confirmar o descartar que esas muertes fueron debido al Covid-19.
Parece que en Honduras no se le había temido tanto a una muerte sin cara.
El papel del Poder Judicial frente a la pandemia del Coronavirus
- 06/04/2020
Ana A. Pineda, Edy Tábora, Claudia Hermannsdorfer y Joaquín A. Mejía Rivera
Dignidad humana y derecho a la salud
El
artículo 59 de la Constitución de la República establece que el fin
supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. La Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia
RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015 de fecha 22 de abril de 2015,
plantea que la persona humana “es alfa y omega de las normas jurídicas”. Por ello, la dignidad humana constituye
la columna vertebral de nuestro ordenamiento constitucional y la fuente
de la que emanan los derechos humanos. Frente a ello, el Estado tiene
el deber de generar las condiciones adecuadas para que dicha dignidad se
realice plenamente.
A
la luz de lo anterior, en nuestro marco constitucional el Estado es un
instrumento que sirve y existe en función del desarrollo de la dignidad
de las personas y sus derechos, razón por la cual debe, como lo
establece el artículo 1 de la Constitución, asegurar a toda la población
“el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar
económico y social”. Bajo
esta concepción instrumental del Estado, su legitimidad descansa en la
protección de las personas, de su dignidad y sus derechos, entre ellos
el derecho a la salud.
Este derecho está
íntimamente ligado a la dignidad humana y a otros derechos humanos, de
tal manera que no puede ser abordado de manera individual, ya que cuando
sufre una afectación, compromete otros derechos fundamentales como el
derecho a la vida, la integridad física, psíquica y moral, y vulnera
gravemente la dignidad humana. Como lo establece la Sala de lo
Constitucional, esta unidad intrínseca hace que el derecho a la salud se
eleve y adquiera jerarquía o “carácter de derecho fundamental”, y
merezca protección constitucional.
El papel del Estado frente a la crisis del Coronavirus (COVID-19)
Antes
que la Organización Mundial de la Salud declarara que el COVID-19
constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional,
el Colegio Médico de Honduras ya venía emitiendo reiteradas alertas al
gobierno de la república sobre las graves falencias del sistema nacional
de salud. Además, en constantes ocasiones señaló que el mismo no estaba
preparado para que el personal médico y hospitalario pudiera atender
las afectaciones a la salud de la población.
A pesar que en el país todavía no había casos de personas contagiadas, algunas medidas que adoptó el Estado fueron:
-
Decretar una declaratoria de estado emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con el fin de continuar las acciones de prevención y control, y garantía de la atención a las personas que padecen dengue, así como el fortalecimiento de acciones de vigilancia, prevención, control y garantía a la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por COVID-19.
-
Dotar con 100 millones de lempiras a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y a la Secretaría de Salud para garantizar el fortalecimiento de la provisión de servicios con el recurso humano, equipamiento médico, adquisición de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder ante la emergencia del dengue y del COVID-19.
-
Aprobar la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19, con la que se autorizó la disposición de más de 10 mil millones de lempiras para la Red Integral Pública de Servicios de Salud y el manejo de la emergencia de la pandemia.
A
pesar del enorme esfuerzo financiero realizado, hasta el momento no se
ha reflejado en el mejoramiento del sistema nacional de salud y el
Estado ha sido incapaz de responder debidamente a las exigencias de la
emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, es decir, los centros
hospitalarios del país siguen sin contar con los adecuados recursos
humanos, equipamiento médico, adquisición de insumos, materiales y
equipos de protección personal de quienes están en primera línea en la
lucha contra la pandemia. Teniendo en consideración la falta de
legitimidad del gobierno, su vinculación con el narcotráfico y su
responsabilidad en el desfalco del Seguro Social, es absolutamente
normal que la ciudadanía tenga fuertes dudas de que con esta emergencia
saldrán nuevas personas millonarias relacionadas con el régimen de Juan
Orlando Hernández.
El derecho humano a la salud y el poder judicial
La
Sala de lo Constitucional ha señalado que la salud es un derecho
fundamental y un servicio público. En este sentido, es una condición existencial de la vida digna y, por tanto, a las personas no se les debe una
vida cualquiera, sino una vida saludable. Esto es así porque la persona
humana requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en
todo lugar, y no debe existir excusa alguna para que a un ser humano no
se le reconozca su derecho inalienable a la salud, el cual es una
extensión directa del derecho primario a la vida, así como al derecho a
la dignidad.
Pese
a ello y a los recursos financieros aprobados, los centros
hospitalarios y el personal sanitario siguen sin contar con los insumos y
equipos adecuados para enfrentar la crisis generada por el COVID-19,
tales como, ventiladores mecánicos, mascarillas N95, batas
desechables, gabachas hidrofóbicas u overoles impermeables, gorros,
fundas para zapatos, guantes, anteojos de protección, gel antibacterial,
alcohol, jabón, detergente, desinfectantes de superficies, cloro,
abastecimiento de agua, entre otros.
A
falta de estos insumos, la situación de trabajo del personal sanitario,
así como la de la población que recibe atención, se ha tornado en
condiciones desfavorables e inhumanas con consecuencias negativas sobre
los derechos a la salud, la vida y la integridad. Estas circunstancias
constituyen una grave y reiterada omisión por parte del régimen,
teniendo como consecuencia la vulneración del derecho a la salud de la
población y del personal sanitario, así como de quienes laboran en todos
los niveles de los distintos centros hospitalarios del país.
Por
ello, es fundamental que el Poder Judicial, particularmente a través de
la Sala de lo Constitucional, asuma su papel de garante para controlar
la legalidad de las acciones u omisiones del poder ejecutivo y del poder
legislativo. En este sentido, ante los recursos de amparo presentados
recientemente por el Colegio Médico y diferentes personas y
organizaciones miembras de la Coalición contra la Impunidad con el fin
de que se obligue al Estado a utilizar de forma transparente, eficaz y
adecuada los recursos disponibles para garantizar derechos tan
importantes como la salud y la vida, la Sala debe ordenar la adopción inmediata de las siguientes medidas:
-
Mejorar los espacios para atención diferenciada de pacientes por afección del COVID-19 y otras enfermedades.
-
Crear espacio para la higiene corporal de todo el personal de salud con el fin de hacerse una limpieza antes de abandonar el centro asistencial y evitar el contagio para terceras personas.
-
Aplicar estrictamente los Protocolos acordados por la OMS.
-
Revisar con miras a mejorar la práctica para el manejo de cadáveres desde el levantamiento de los cuerpos, su entrega de forma pronta, segura y en condiciones dignas, y posterior sepultura.
-
Revisar la práctica sobre el traslado de una persona afectada por COVID-19 de un centro hospitalario a otro, incluyendo el transporte en ambulancias.
-
Mejorar el laboratorio de virología y la respuesta de laboratorio para dar a conocer los resultados de manera inmediata al personal médico tratante de pacientes afectados con la finalidad de adoptar las medidas de prevención que el caso exija, incluyendo los mecanismos de aislamiento y cuarentena requeridos para poder contrarrestar los graves efectos de esta pandemia.
-
Proteger a las mujeres en estado de gestación que laboran en el sistema nacional de salud, incluyendo al personal sanitario que presenta una o más enfermedades, así como a aquellas mayores de 60 años, mediante permisos u otras medidas, sin que se comprometan sus derechos laborales, así como cualquier otra que resulte idónea.
En su orden: docente universitaria y ex ministra de derechos humanos; director del Bufete Justicia para los Pueblos; coordinadora del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH); y miembro del ERIC-SJ y del EJDH.
Joaquín Mejía
Doctor en derechos humanos
Coronavirus: COFADEH demanda la liberación de los presos políticos y defensores del medio ambiente
Por Marc Allas -
14 abril, 2020Es por ello que ante la falta de respuesta oportuna por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto de una “pronta” resolución al Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo y a favor de defensores del ambiente y presos políticos, remitió una carta al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joel Hernández.
En la carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva plantea con suma preocupación la situación de riesgo a la salud y la vida de los presos políticos y defensores de derechos ambientales, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
Bertha Oliva solicitó al Relator de la OEA sobre los privados de libertad, que le haga un llamado al régimen de Juan Orlando Hernández para que el Estado de Honduras, adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de los defensores de derechos humanos y opositores políticos, ordenando su excarcelación.
En la misiva se informa al Relator sobre las disposiciones del régimen relacionadas a la suspensión de las garantías constitucionales y el impacto en las personas privadas de libertad, a quienes se les han prohibido las visitas de sus familiares desde el 13 de marzo.
No está claro o se desconocen las medidas internas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus en los centros penales o si la población penitenciaria cuenta con mascarillas y guantes para su protección.
Por otro lado, la carta explica al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Luego el lunes 6 de abril se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, “una solicitud de pronta resolución” del Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo de 2020 a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y de los presos políticos.
Esto con el propósito de garantizar su derecho a la salud y a la vida, ante la pandemia del coronavirus (Covid19), aplicando una medida alterna a la prisión.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el centro Penal de Olanchito y La Ceiba respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Por su parte el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), interpuso el 31 de marzo un Hábeas Corpus Humanitario ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para las personas privadas de libertad que padecen enfermedades crónicas como: la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas de 60 años, así como quienes padezcan del VIH, y otras enfermedades, que por su condición inmunológica están en riesgo inminente su Salud y su vida ante la pandemia del COVID19.
Al respecto la Corte resolvió favorablemente y liberó a 52 internos e internas de los centros penales, pero no ha respondido ante los dos recursos presentados a favor de los ambientalistas y presos políticos.
La situación de precariedad de los centros penales hondureños no es desconocida para la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien le ha dado seguimiento en los últimos 20 años.
En su más reciente informe del 27 de agosto de 2019, la CIDH observó que la “situación se caracteriza por altos niveles de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88%), excesivo uso de la prisión preventiva (53% del total de la población carcelaria), militarización de la función penitenciaria, y condiciones deplorables de detención.
Además, durante los últimos años, el Estado ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de las conocidas “mega cárceles”, que para el COFADEH son cárceles de tortura. Ello, ha incrementado la utilización de regímenes de máxima seguridad, y por lo tanto, la aplicación del aislamiento prolongado” .
En este mismo informe La “CIDH urge al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que permitan, la aplicación de beneficios de excarcelación, que además de reducir la población carcelaria, propician la reinserción social de las personas privadas de libertad”.
Asimismo la CIDH observaba que el hacinamiento en los centros penales está directamente vinculado a la excesiva y desproporcional aplicación de la prisión preventiva. “La prisión preventiva se presenta como una de las principales causas que repercute en los altos niveles de hacinamiento, y constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras”.
Los centros penales no están en condiciones de impedir que los privados de libertad se contagien del COVID-19, es más, por las condiciones de reclusión sería muy proclive que la pandemia pueda replicarse rápidamente entre los internos y el personal penitenciario, tanto por la mala alimentación como por la falta de sol, la falta de higiene general y el acceso a agua potable para el aseo personal y consumo.
Pareciera ser que la única medida tomada es la restricción de las visitas familiares, medida equivocada porque, generalmente son las que subsidian alimentos, productos de higiene y agua, y medicamentos, que deberían ser obligación del Estado de Honduras.
Ver Carta: Comunicación a la Relatoría de Privados de Libertad
Presentan escrito de pronta resolución de Hábeas Corpus correctivo presentado en favor de presos de Guapinol
Por Riccy Ponce -
7 abril, 2020
Los
líderes criminalizados son: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro
Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander
Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán
Tegucigalpa.- El día lunes 6 de abril se
presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal, una solicitud de pronta
resolución del hábeas corpus correctivo presentado el 24 de marzo de
2020 a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y los
presos políticos del país.El recurso de Hábeas corpus correctivo fue presentado por el Área Legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y Juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso era a favor de Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orvin Nahúm Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, presos por defender el agua y la vida de Guapinol.
Así mismo a favor de los presos políticos Felipe Ezquivel, Víctor Josep Castillo Quiroz y Rommel Baldemar Herrera Portillo.
Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, expresó que el Hábeas Corpus se presentó por la situación de pandemia que se está viviendo tanto nacional como internacional por el Coronavirus o COVID-19.
“Mediante ese nuevo escrito le solicitamos a la juez resuelva de manera pronta este Hábeas Corpus Correctivo en virtud que ha transcurrido el tiempo prudencial, y que el mismo sea resuelto tomando en cuenta que el objetivo primordial de solicitar el mismo, es evitar que estas personas puedan ser contagiadas con este virus”.
“Esto debido que el alto grado de hacinamiento que hay en estas Cárceles, la falta de políticas en nuestro sistema penitenciario son muy precarias y debido a eso, solicitamos al juez que resuelva de manera inmediata el Hábeas Corpus Correctivo y que se le apliquen en estas personas medida alternativa a la prisión preventiva para evitar que sean contagiadas, y evitar con esto lesiones su integridad física como su vida”, Finalizó Cárdenas.
Los presos políticos se encuentran recluidos desde hace varios meses en las cárceles de Olanchito, La Ceiba, Choluteca, y uno en el Hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa por presentar problemas de salud, debido a su detención y reclusión en una Cárcel de máxima Tortura.
La situación de los presos políticos es crítica por la emergencia en la que se encuentra atravesando el país, corren el riesgo de contagio de Covid-19 por el nivel de hacinamiento.
Así mismo algunos de los presos por el agua y la vida padecen enfermedades que pueden causar un deterioro de salud, como es el caso de Jeremías Martínez Díaz, que padece de reflujo y problemas de espalda y que tiene que comer comida especial y tomar sus medicamentos, que su familia le hacía llegar, pero que por la suspensión de las garantías constitucionales, su familia no ha podido llevarlos ni visitarlo, causando preocupación a él y a sus familiares por la difícil situación que atraviesa el defensor del agua y la vida, así como sus compañeros
Parlamento Europeo hace un llamamiento al régimen para liberar a los defensores de los derechos humanos de Guapinol
Por defensores -
6 abril, 2020
Bertha Oliva y dos de los ambientalistas presos en Olanchito
Miembros del Parlamento Europeo han expresado su preocupación
por la prolongada prisión preventiva de defensores de los derechos
humanos en Honduras, e hizo un llamado al régimen de Juan Orlando
Hernández para que libere a los defensores de los derechos humanos de
Guapinol en medio de la crisis de COVID-19.Ver carta de los parlamentarios europeos aquí: Carta Parlamento Europeo
Berta Oliva: Por consolidación de la impunidad siguen las violaciones a derechos humanos
Por defensores -
4 marzo, 2020
Tegucigalpa, Honduras.-
Han pasado cuatro décadas de un silencio cómplice con la impunidad,
entre cambios de gobiernos y partidos políticos, pero los mismos actores
que implementaron la Doctrina de Seguridad Nacional, en la década de
1980, que causó la desaparición forzada de más de 184 personas en el
país.
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde 1982 mantiene el tema en la
palestra pública, pese a los ataques constantes para acallar las voces
de madres, esposas, hijos, amistades y compañeros de las víctimas de
lesa humanidad.
El 8 de mayo el tema será presentado
nuevamente en el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cada uno
de los 193 Estados miembros de la ONU rindan un examen sobre la
situación de los derechos humanos en el país, para evaluar la situación
de derechos humanos de los 193 países miembros.
Previo al EPU, La Coalición Contra la
Impunidad, presentó hoy, en el Foro “Honduras frente al Examen Periódico
Universal (EPU) 2020, los “Hallazgos y recomendaciones desde la
sociedad civil”, el primer panel, Berta Oliva, coordinadora general del
COFADEH, expuso sobre el informe de las recomendaciones priorizadas del
Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Expresó que, el Estado en un momento
reconoció 184 personas desaparecidas, pero no son 184, la cantidad es
mayor. Sin embargo, El Estado las reconoció, no porque había una
´política de Estado, sino porque un atrevido Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (Leo Valladares), de esa época (1994).
La historia de la desaparición forzada
aún no se cuenta, aún no se audita, reiteró Oliva, porque tenemos miedo y
tienen miedo los represores a descubrir la verdad. Esta es una deuda
histórica a la que deberíamos asumir cada ciudadano, que somos
coherentes con la verdad y con la exigencia de justicia.
Durante su ponencia, agregó que, “Estoy
pidiendo que tengamos memoria histórica y que lo que estamos viviendo
hoy es porque el pasado no se ha resuelto en temas de desapariciones
forzadas”.
Trabajemos con la memoria para evitar y colocar en debates públicos el pensamiento libre de los que hoy no están con nosotras. Berta Oliva
Asimismo, hizo un llamado a trabajar por
el tema de las desapariciones forzadas en un país donde está seriamente
atemorizado, y hoy sigue siendo atemorizado porque lo que se pretende
es borrar la historia y la memoria para la continuidad de los delitos.
Lógicamente eso va impregnado de lo que es toda una estrategia de impunidad.
Oliva afirmó que, meter miedo colectivo
es el trabajo de los opresores, pero si levantáramos nuestras voces en
colectivo para traer el pasado al presente y así construir futuro, el
tema de la desaparición forzada debería ser materia obligatoria, no de
las familias, no de los familiares, sino de todos los que creemos
realmente en un mundo con justicia es posible. Y eso no lo hemos
logrado, siguen los casos totalmente en la impunidad, pero desde la
instancia que impulsamos nos sentimos derrotados, al contrario.
La defensora de derechos humanos y
sobreviviente a la Doctrina de Seguridad Nacional, compartió que, “Hemos
hecho camino y escuela en el tema de los derechos humanos, porque no le
hemos puesto el manto del olvido y no nos hemos acomodados a lo que
quieren que nos acomodemos”.
“Estamos libres. Estamos Pensando y además construyendo, acompañando, edificando con dignidad”, expuso Oliva.
De cara al EPU, yo pediría que miren a
Honduras, que el problema de la impunidad, de los muertos, de los
asesinados, el de los exiliados políticos, los torturados de hoy, es
porque aquí se ha dejado que la impunidad se consolide.
COFADEH ha tenido en los últimos
tiempos, casos que ha podido llevar ante el Sistema Interamericano de
los Derechos Humanos. Muestra que la impunidad continúa porque el Estado
facilita cualquiera de las recomendaciones que sean de tipo material
“pero lo que nosotros deseamos que conozca el pueblo para que no se
repita, como es verdad y justicia, eso está en pañales y le tenemos
miedo todavía”, continuó Oliva.
Denunció que, a las esposas de los
desaparecidos y a las madres, pero ella hoy como esposa de un detenido
desaparecido (Tomas Nativí-1981), no las consideran como víctimas, “y
somos mujeres que amamos, luchamos, criamos, construimos, que
sobrevivimos, pese a que ese concepto está reconocido universalmente”.
De conocimiento en el EPU: Impunidad en casos de desaparición forzada
La
desaparición forzada de personas en Honduras, en el marco de la
aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1994) tuvo el
carácter de una práctica sistemática y generalizada llegando a
configurar un crimen de lesa humanidad. A pesar de la magnitud que
alcanzó esta práctica, el Estado de Honduras no ha logrado dar respuesta
de manera integral a esta problemática, existiendo algunos avances
-aunque insuficientes-, en materia de investigación y recuperación de
restos óseos de cementerios clandestinos.
En el Año 2012 se modificó el Código
Penal de Honduras para incorporar el delito de desaparición forzada,
cuya redacción no se ajusta a los estándares internacionales. El 10 de
mayo de 2019, fue publicado el nuevo Código Penal que entrará en
vigencia en mayo de 2020, contiene un capítulo que busca adecuar la
legislación penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
para sancionar los crímenes internacionales, entre ellos la desaparición
forzada, cuando son cometidos como delitos contra la humanidad.
La Desaparición Forzada de Personas está
contenida en los artículos 140, 141 y 142. La definición contemplada no
es concurrente con los estándares interamericanos y los universales del
delito de desaparición forzada. Las circunstancias agravantes y
atenuantes no se ajustan a los estándares internacionales. Y las penas
son bajas en relación con el delito.
A 37 años de iniciado el fenómeno
1980-2019, la mayoría de los familiares de las víctimas de
desapariciones aún no han obtenido respuestas ni conocen el paradero
final de sus seres queridos. Los esfuerzos desplegados por el Ministerio
Público entre el año 1995 y 2002 han sido insuficientes para dar
respuesta a ésta problemática, solo cinco casos fueron judicializados. Y
en la actualidad este proceso se encuentra inactivo.
Manifiesto público de la CCC y de una veintena de organizaciones sociales
Por defensores -
9 abril, 20201- Repudiamos la utilización por parte de Juan Orlando Hernández y su equipo de gobierno, de la situación de emergencia, encierro y miedo de la población como excusa para perpetuar proyecto dictatorial.
2- En nombre de población amenazada de extinción, elevamos más las voces en demanda porque la conducción de la emergencia de salud la asuma un equipo amplio, profesional, éticamente responsable, liderado por el Colegio Médico de Honduras, cuya máxima tarea sea dotar de equipo necesario a las instalaciones hospitalarias y al personal de salud para que con garantías de bioseguridad den atención digna a los pacientes de la pandemia.
3- Llamamos a sumar todas las voces de dignidad para demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas, conducido por personas e instituciones independientes. Repudiamos al FONAC en asuntos de auditoría, porque no representa a la sociedad civil, y porque no pasa de ser una espuria mano que barniza el rostro de corrupción y criminalidad del actual régimen dictatorial.
4- A la par del clamor porque se garantice estabilidad laboral y salarial a los trabajadores y trabajadoras, llamamos a elevar todas las voces porque se respete el derecho a la vida amenazada, por encima de los negocios e intereses económicos de los empresarios.
Siguiendo el criterio profesional de las personas expertas en salud, llamamos a nuestro pueblo trabajador a no atender llamados a presentarse a laborar, porque de abrirse las fábricas y negocios, se condenaría a la población trabajadora a una matanza masiva y colectiva.
5- Llamamos a las organizaciones municipales, locales y comunitarias a exigir un sistema permanente de entrega organizada, domiciliar y disciplinada de víveres a la población desempleada y a la que ha perdido su fuente de ingresos, a través de asociaciones de madres y padres de familia y otras organizaciones de base. Así se garantiza que la entrega no arriesgue la contaminación de las personas, evite la militarización y politización de las entregas.
6- Llamamos a estar alertas ante la amenaza de los sectores oscuros que conducen las instituciones de justicia de aprovechar la emergencia y encierro de la población para tomar decisiones que consolidan el pacto de impunidad, como sacar de la cárcel a auténticos saqueadores, asesinos de nuestra amada Berta Cáceres, violadores, abusadores y asesinos de mujeres y violadores de derechos humanos, al tiempo que hundir en prisión a defensores del agua, la vida y los derechos humanos y de la naturaleza.
7- Exhortamos a unirnos desde nuestro confinamiento en todas las actividades posibles para hacernos sentir en los espacios públicos, como el cacerolazo, este domingo 12 de abril a las 7 pm, y todo lo que represente solidaridad con los pacientes, con el personal de salud y con nuestro pueblo hambriento. Tenemos claridad que nos enfrentamos a dos peligrosos enemigos: uno, la pandemia que hemos de detener con un plan nacional liderado por los médicos y personal de salud; y dos, la actual epidemia que preside Juan Orlando Hernández, que amenaza con perpetuar el saqueo, el crimen y la corrupción. Esta epidemia política solo la podremos erradicar con nuestra lucha y rebeldía organizada.
Honduras, abril de 2020
Supuestos testaferros ligados a crimen organizado amenazan a lideresas del pueblo maya chortí
Sunday, 16 February 2020 21:13 Written by Bersely García Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
En el marco de la resistencia y defensa de los territorios ancestrales, este 13 de febrero de 2020, María
Santos, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de
Honduras, CONAMINH, denunció agresiones verbales, hostigamiento y
amenazas a muerte a varias defensoras que pertenecen al pueblo
originario Maya Chortí, en la comunidad de El Florido, Santa Rita, en el
departamento de Copán.
Supuestamente las amenas provienen de “supuestos dueños que son
testaferros de una persona con proceso penal en los Estados Unidos”,
dijo una fuente.
Los incidentes denunciados vienen dándose desde hace varios años, en los cuales participan, según señalan fuentes que solicitaron reservar su nombre, autoridades del municipio en conjunto con los señalados arriba.
En este contexto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ,
en una entrevista a pasosdeanimalgrande.com, denunció que la defensora
María Santos ha recibido varias agresiones al igual que las demás
miembras de la Coordinadora Nacional de los Derechos Indígenas Maya
Chortí de Honduras, CONAMINH
Cabe mencionar que la afectada por su accionar en la defensa del territorio maya, ha estado judializada hace varios años y hasta el 2019 se le dio la sentencia resolutoria de su caso.
Según lo expresado por la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, los ataques han sido sistemáticos desde el 2016, entre ellos; las amenazas, procesos de judialización, campañas de desprestigio, en contra de las líderes de la comunidad, como también se han dado supuestos intentos de compra de conciencia para lograr el despojo de la tierra.
Por su parte la CONAMINH también denunció ante este medio de comunicación que quienes quieren despojarles de sus tierras se han prestado para llevar citatorios .También se mencionó que intentan desviar el cauce de las fuentes de agua, privando a la comunidad de un derecho vital.
Asimismo hacen lo necesario para impedir a los indígenas realizar sus labores de agricultura y ganadería, despojándoles de su ganado y herramientas de trabajo, llevando a los animales a sus predios, para cuando los pobladores intenten recuperarlos acusarlos por invadir su propiedad, en complicidad de la Policía Nacional, según lo manifestado por la organización indígena maya.
La situación de los pueblos originarios en resistencia por su tierra se enfrentan a ataques sistemáticos, teniendo en consideración que “más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado y quienes tienen acceso son políticos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado ” , señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Una situación similar están pasando la comunidad garífuna de Vallecito, en el departamento de Colón, donde narcotraficantes intentan expulsarlos de su territorio para instalar pistas clandestinas para el tráfico de la droga. En ese contexto la defensora Miriam Miranda ha denunciado reiteradas amenazas, y hace unos años fue secuestrada por hombres armados.
Berta
Cáceres obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por
su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. Su asesinato, en
2016, no es un hecho aislado en región. Foto: The New York Times.
El pueblo de Honduras reclama este martes justicia, a cuatro
años del asesinato de la activista y defensora de los derechos humanos
Berta Cáceres.
En su cuenta de la red social Twitter, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2010) recordó el legado de la ambientalista hondureña a favor de la preservación del agua y la vida y exigió a las autoridades justicia ante la impunidad del crimen.
“Mujer, Líder y Mártir; Asesinada por escuadrones de la muerte por defender los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales”, expresó Zelaya.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) desarrolla actividades en honor a la ambientalistas, al tiempo que demanda al gobierno de Juan Orlando Hernández la captura y castigo a los autores intelectuales del crimen.
A través de un comunicado, Copinh condena a la empresa DESA, constructora del Proyecto Hidroeléctrico Agua zarca, en la comunidad Lenca de Río Blanco por la persecución política, vigilancia y criminalización de Berta Cáceres.
Hasta el momento son siete los condenados por la muerte de la activista hondureña y ya inició el proceso judicial contra David Castillo, autor intelectual del mismo, puntualizaron.
Igualmente denunciaron que el gobierno no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah, empresarios responsables de la toma de decisión del crimen de Cáceres.
“Es un imperativo del Copinh y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”, señalaron.
Activistas de México, Colombia, Sudán, Namibia, Filipinas, Indonesia y Kenia se unieron a los homenajes a la activista hondureña, como expresión de la lucha por la defensa del agua y la vida.
Cáceres, madre de cuatro hijos y líder de la comunidad indígena lenca, mereció en 2015 el Premio Medioambiental Goldman por liderar una campaña contra un proyecto hidroeléctrico con financiación internacional en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas, y vital para su supervivencia.
(Con información de PL)
Los incidentes denunciados vienen dándose desde hace varios años, en los cuales participan, según señalan fuentes que solicitaron reservar su nombre, autoridades del municipio en conjunto con los señalados arriba.
 Esta es la alerta difundida por la Red Nacional de Defensoras de DDHH |
Cabe mencionar que la afectada por su accionar en la defensa del territorio maya, ha estado judializada hace varios años y hasta el 2019 se le dio la sentencia resolutoria de su caso.
Según lo expresado por la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, los ataques han sido sistemáticos desde el 2016, entre ellos; las amenazas, procesos de judialización, campañas de desprestigio, en contra de las líderes de la comunidad, como también se han dado supuestos intentos de compra de conciencia para lograr el despojo de la tierra.
Por su parte la CONAMINH también denunció ante este medio de comunicación que quienes quieren despojarles de sus tierras se han prestado para llevar citatorios .También se mencionó que intentan desviar el cauce de las fuentes de agua, privando a la comunidad de un derecho vital.
Asimismo hacen lo necesario para impedir a los indígenas realizar sus labores de agricultura y ganadería, despojándoles de su ganado y herramientas de trabajo, llevando a los animales a sus predios, para cuando los pobladores intenten recuperarlos acusarlos por invadir su propiedad, en complicidad de la Policía Nacional, según lo manifestado por la organización indígena maya.
La situación de los pueblos originarios en resistencia por su tierra se enfrentan a ataques sistemáticos, teniendo en consideración que “más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado y quienes tienen acceso son políticos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado ” , señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Una situación similar están pasando la comunidad garífuna de Vallecito, en el departamento de Colón, donde narcotraficantes intentan expulsarlos de su territorio para instalar pistas clandestinas para el tráfico de la droga. En ese contexto la defensora Miriam Miranda ha denunciado reiteradas amenazas, y hace unos años fue secuestrada por hombres armados.
Miranda ha denunciado que el Estado de Honduras ha
sido incapaz de darle protección idónea, criticando fuertemente al
Mecanismo de Protección por no tomar con responsabilidad su caso y
dilatar acciones que pueden proteger su vida.
Reclaman en Honduras justicia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres
3 marzo 2020
| CUBADEBATE
Berta
Cáceres obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por
su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. Su asesinato, en
2016, no es un hecho aislado en región. Foto: The New York Times.En su cuenta de la red social Twitter, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2010) recordó el legado de la ambientalista hondureña a favor de la preservación del agua y la vida y exigió a las autoridades justicia ante la impunidad del crimen.
“Mujer, Líder y Mártir; Asesinada por escuadrones de la muerte por defender los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales”, expresó Zelaya.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) desarrolla actividades en honor a la ambientalistas, al tiempo que demanda al gobierno de Juan Orlando Hernández la captura y castigo a los autores intelectuales del crimen.
A través de un comunicado, Copinh condena a la empresa DESA, constructora del Proyecto Hidroeléctrico Agua zarca, en la comunidad Lenca de Río Blanco por la persecución política, vigilancia y criminalización de Berta Cáceres.
Hasta el momento son siete los condenados por la muerte de la activista hondureña y ya inició el proceso judicial contra David Castillo, autor intelectual del mismo, puntualizaron.
Igualmente denunciaron que el gobierno no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah, empresarios responsables de la toma de decisión del crimen de Cáceres.
“Es un imperativo del Copinh y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”, señalaron.
Activistas de México, Colombia, Sudán, Namibia, Filipinas, Indonesia y Kenia se unieron a los homenajes a la activista hondureña, como expresión de la lucha por la defensa del agua y la vida.
Cáceres, madre de cuatro hijos y líder de la comunidad indígena lenca, mereció en 2015 el Premio Medioambiental Goldman por liderar una campaña contra un proyecto hidroeléctrico con financiación internacional en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas, y vital para su supervivencia.
(Con información de PL)
Lista Informativa Nicaragua y más
Cuatro años con Berta
 |
| Fotos G. Trucchi | Rel-UITA |
Copinh conmemora siembra de lideresa indígena y su renacer en cada lucha de los pueblos
Por Giorgio Trucchi | LINyM
martes, 3 de marzo de 2020
Bajo
el lema 'Aguas libres, Pueblos libres', este 2 y 3 de marzo el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) conmemoró el cuarto aniversario del asesinato de su cofundadora Berta Cáceres.
Muchas
las familias y los jóvenes que viajaron desde las comunidades lencas
hasta el Centro de Encuentro y Amistad 'Utopia', situado en las afueras
de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, no sólo para recordar a su
lideresa cuya vida fue brutalmente truncada por intereses mezquinos,
sino para exigir justicia y arreciar esperanza.
Muchas
también las organizaciones hermanas y solidarias, tanto nacionales como
internacionales, que siguen acuerpando a la familia de Berta y al
Copinh en esta justa lucha por la verdad y la justicia.
- VIDEO entrevista Bertha Zúniga Cáceres
- Galería de Fotos ¡Aguas libres, Pueblos libres!
Diferentes fueron las actividades que se llevaron a cabo, entre otras tres paneles sobre la situación del juicio en contra de los responsables del asesinato de Berta Cáceres, la ofensiva privatizadora de los bienes comunes, en particular de los ríos, y las luchas que se están dando a nivel nacional en defensa del agua.
También se estrenó una exposición fotográfica que recuerda la vida, el legado y las luchas de la lideresa indígena lenca, organizada por el Copinh, la Oacnudh de Honduras, la FES y la Rel UITA.
Arreciando la lucha
Durante la actividad, Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del Copinh, recordó lo difícil que fueron los primeros meses después del asesinato.
"Nos preguntábamos cómo podíamos continuar en este proceso de lucha sin su presencia, su conocimiento, experiencia y los contactos que ella construyó durante muchos años.
Sin embargo logramos sobreponernos. Nuestro primer pensamiento fue continuar a realizar lo que ella nos había enseñado, exigir verdad y justicia, continuar su lucha y, por ende, la lucha del Copinh".
En un comunicado,
el Copinh recordó que hasta el momento han sido procesados y condenados
los siete autores materiales del crimen, al tiempo que denunció la
ausencia de persecución de quienes planearon, ordenaron y financiaron el
asesinato.
"Denunciamos que el Estado de Honduras, represor y violador de derechos humanos, no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah", dueños de la empresa (Desarrollos Energéticos SA DESA) constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
También señala que el asesinato fue parte de un plan, orquestado con el apoyo de las fuerzas represivas del Estado, "para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras" y sembrar el miedo entre luchadores y luchadoras.
"El rugido mundial de justicia ha permitido que a 4 años (del asesinato) tengamos enjuiciados a siete personas vinculadas con la autoría material del crimen y comenzado un proceso contra David Castillo, autor intelectual del mismo".
Más impunidad
Lamentablemente, el juicio contra el ex presidente y miembro de la inteligencia del ejército hondureño aún no ha comenzado.
"Hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen", y esto a pesar de la gran cantidad de evidencias y del señalamiento hecho por el tribunal en la sentencia condenatoria contra los autores materiales del asesinato de Cáceres.
Bertha Zúniga advirtió que la lucha del Copinh se va a ampliar y entra a una nueva etapa.
"Como organización reafirmamos que nuestro verdadero camino es acompañar la lucha de los pueblos, para que no se repitan estos crímenes y para construir nuestro proceso soberano y autónomo.
Hoy - continuó - hacemos un llamado a convocar la lucha por el agua, porque todos los territorios en que andaba Berta Cáceres tienen una lucha por el agua.
"Denunciamos que el Estado de Honduras, represor y violador de derechos humanos, no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah", dueños de la empresa (Desarrollos Energéticos SA DESA) constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
También señala que el asesinato fue parte de un plan, orquestado con el apoyo de las fuerzas represivas del Estado, "para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras" y sembrar el miedo entre luchadores y luchadoras.
"El rugido mundial de justicia ha permitido que a 4 años (del asesinato) tengamos enjuiciados a siete personas vinculadas con la autoría material del crimen y comenzado un proceso contra David Castillo, autor intelectual del mismo".
Más impunidad
Lamentablemente, el juicio contra el ex presidente y miembro de la inteligencia del ejército hondureño aún no ha comenzado.
"Hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen", y esto a pesar de la gran cantidad de evidencias y del señalamiento hecho por el tribunal en la sentencia condenatoria contra los autores materiales del asesinato de Cáceres.
Bertha Zúniga advirtió que la lucha del Copinh se va a ampliar y entra a una nueva etapa.
"Como organización reafirmamos que nuestro verdadero camino es acompañar la lucha de los pueblos, para que no se repitan estos crímenes y para construir nuestro proceso soberano y autónomo.
Hoy - continuó - hacemos un llamado a convocar la lucha por el agua, porque todos los territorios en que andaba Berta Cáceres tienen una lucha por el agua.
Los pueblos deben estar protegiendo el derecho fundamental al agua porque los grandes intereses internacionales están detrás del despojo de este bien común", aseveró.
Además,
el Copinh manifestó que llevará su lucha hasta atacar las razones
estructurales que produjeron el asesinato de Berta, es decir el
racismo, el no respeto al derecho de consulta previa, libre e informada
de las comunidades indígenas y el respeto a la autonomía de los pueblos.
"Una de las ausencias más grandes que tiene
Berta Cáceres es en el proceso articulador. Todavía no hemos encontrado la manera para unir estos discursos de
resistencia. Nuestro propósito es hermanar estas lucha, tanto a nivel nacional como internacional
Nuestro
compromiso es seguir adelante con este esfuerzo y con esta lucha", dijo
Zúniga Cáceres ante un auditorio sumamente atento.
Las actividades concluyeron
con una movilización de antorchas que llegó hasta el parque central de
la
ciudad donde el Copinh, la familia de Berta e integrantes de las
comunidades lenca volvieron a levantar su voz, exigiendo verdad,
justicia y un alto a la impunidad.
Pubblicato da
nicaraguaymas
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12:00
