Corrupción e incapacidad gubernamental sobresalen a un año de la pandemia
- 19/03/2021
Honduras cumplió esta semana un año desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en el territorio nacional. Un año marcado por el dolor debido a la muerte de miles de hondureños y hondureñas y por la indignación a causa de la mala gestión gubernamental.
En este primer año, Honduras tiene un total de 179,515 casos confirmados y 4,373 muertes, según estadísticas de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo (SINAGER). Estadísticas cuestionadas por diversos sectores que están convencidos que los números son mayores.
El dolor y la impotencia han sido comunes en los miles de hogares que perdieron un familiar a causa del mortal virus. Doce meses después, el gremio médico y el personal de enfermería siguen siendo golpeado por la enfermedad.
Uno de esos médicos que sintió en carne propia la presencia del virus y la impotencia de vivir en un país que carece de un sistema sanitario de calidad, fue el doctor José Manuel Matheu, ex viceministro de salud. El doctor relató a Radio Progreso que su experiencia fue horrible, porque su esposa y sus hijas se contagiaron de Covid-19. Detalla que su compañera de hogar se contagió en diciembre y él en febrero de 2021; ambos necesitaron ser internados en una sala de cuidados intensivos.
“Mi experiencia fue horrible. Yo me estaba tratando en casa, me dejaron medicamentos intravenosos, pero necesité ponerme oxígeno. Mi esposa era la que me atendía. Por la noche empecé a desaturar oxígeno y fue necesario irnos de emergencia al hospital”, expresó.
Con impotencia el médico relata que esa noche del 17 de febrero vivió la peor pesadilla de su vida; porque no había cupo ni en los hospitales públicos ni privados, fue necesario llamar a los directores de los hospitales para ver si “por influencia” le podían habilitar un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para intentar salvar su vida. Finalmente encontraron cupo en un hospital privado, donde fue necesario pagar grandes cantidades de dinero.
“Me lograron meter, me pusieron alto flujo y a partir de ese momento pasé ocho días en los que no mostraba mejora alguna. Después de esos ocho días y por obra del Espíritu Santo, comencé a mejorar. Yo tuve la oportunidad de luchar por mi vida, pero eso no le pasa a la mayoría de la población que no tiene acceso ni siquiera a un tanque de oxígeno”, dijo con la voz entrecortada.
Manejo de la pandemia
Desde su posición como víctima, el doctor Matheu dice que la pandemia ha sido manejada de forma mediocre por un gobierno malo, al que no le interesa la salud de la población hondureña.
“Hay que ponerle nombre y apellido de quienes son los que nos tienen como estamos. Honduras necesita comenzar a generar esperanza. Aquí la mayoría somos honrados y trabajadores, pero dejamos que un grupito nos manipule”, señala.
La historia del doctor Matheu, es reflejo de la situación que ha atravesado el personal sanitario y la ciudadanía en el país -quienes por la corrupción han sido víctimas de una red de corrupción que se olvidó que el Estado no es una hacienda personal que se puede utilizar para enriquecerse a costillas de la población.
El personal sanitario ha sido el que se ha llevado la peor parte con la pandemia. Hasta la fecha, 74 médicos han perdido la vida porque en sus hospitales o centros de trabajo, el gobierno no garantizó las medidas de bioseguridad y se contagiaron.
Para el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), doctor Samuel Santos, la pandemia ha sido una tragedia para el pueblo hondureño debido a la corrupción. Porque se aprobaron miles de millones de lempiras, pero que al final no fueron bien manejados.
Santos señala que el primer año de la pandemia dejó muchos muertos por falta de transparencia. “Nos dejó lágrimas y tristeza. Nos llena de indignación, porque sentimos que el país no está bien y el mal manejo de la pandemia es el mejor reflejo”.
Por su parte, el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, dice que los médicos se sienten sumamente preocupados porque casi todas las semanas siguen muriendo trabajadoras y trabajadores de la salud.
Umaña ve con mucha preocupación que en el proceso de aplicación de las vacunas donadas a Honduras a través del mecanismo Covax, se esté colando personas que no trabajan en primera línea de atención.
“Cuando usted solo tiene 48 mil dosis y sabe que no le ajustará para el personal de primera línea, deben establecerse prioridades. No solamente se debe vacunar a los médicos, enfermeras y personal auxiliar de los hospitales nacionales y el seguro social, sino que todo el personal de primera línea de clínicas privadas y profesiones afines como microbiólogos, farmacéuticos. Después se podrá vacunar al resto del personal administrativo”, enfatiza.
Señala que como médicos se sienten indignados porque pidieron desde hace dos semanas los listados que se utilizarían para vacunar, pero las autoridades sanitarias nunca dieron respuesta a esa petición.
“Hoy vemos que personal administrativo va a ser vacunado, mientras médicos y enfermeras se van a quedar sin este beneficio”, concluye Umaña.
Pesadilla
El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana dice que la pandemia ha sido una completa pesadilla. El gremio de enfermería por su relación directa con los pacientes, ha sido uno de los que más se ha contagiado del virus.
Orellana explica que, hasta la fecha más de 40 de enfermeros y enfermeras han perdido la vida, y más de cuatrocientos contagiados. Ahora mismo hay 124 aislados, 15 hospitalizados, de los cuales 6 están en una condición de salud delicada.
A un año de la pandemia y a pesar de la llegada de las primeras dosis de vacunas, el panorama para la población hondureña sigue siendo sombrío y desalentador. Las vacunas, no alcanzan para inmunizar a todo el personal sanitario, mucho menos para aplicarlas a la población pobre. En medio de la pandemia, la ciudadanía y el personal sanitario han tenido que ingeniárselas para sobrevivir y no contagiarse.
Condenan corrupción en la distribución y aplicación de vacuna contra Covid
- 25/03/2021
Honduras cumplió el primer año de estar en medio de la emergencia por la llegada de la pandemia Covid-19. Un año de denuncias de corrupción en el manejo de los fondos para controlar la enfermedad. En este año el gobierno sigue demostrando incapacidad en el manejo de la emergencia, y los casos de la enfermedad siguen en aumento.
Mientras el mundo avanza en la inmunización de sus poblaciones, el gobierno de Honduras sigue escudándose en que los países más ricos acapararon las vacunas. Ante la capacidad de su gestión, ha sido necesaria la solidaridad internacional, para comenzar a inmunizar al personal sanitario que trabaja en primera línea de atención.
Sin embargo, con la aplicación de la primera dosis, llegaron las denuncias de corrupción en la selección de las primeras listas de personas a vacunar. A través de denuncias por los medios de comunicación se dijo que, existían listas preseleccionadas para la aplicación de la vacuna. Listas que incluían, no sólo a personal de primera línea, sino también a personas que trabajan en áreas administrativas donde no corren mayor riesgo al contagio.
Radio Progreso (RP), dialogó con el ex viceministro de Salud, doctor José Manuel Matheu (JM) –sobreviviente de Covid-19-, sobre los nuevos actos de corrupción que se han denunciado.
RP- Doctor, Acabamos de cumplir un año de estar en medio de la emergencia. ¿Cómo valora la gestión gubernamental en este primer año?
JM- En este momento tenemos que decirlo; el peor gobierno de la historia que pasará como el más corrupto, mediocre, incapaz y mentiroso. Gente que usó su cerebro para robar. En marzo dijeron que iban a comprar 95 hospitales, sin embargo, a la fecha esos hospitales no han llegado o terminan de construirse.
Ha sido un manejo fatal. Uno de los peores errores ha sido que han puesto a políticos a conducir la emergencia.
RP- Han llegado las primeras dosis de vacuna, también han llegado las denuncias de burocratización en la aplicación. ¿Cuáles son los criterios que se debieron utilizar para comenzar con las inmunizaciones?
JM- Ese tipo de situaciones no se pueden dar. El que no era personal de primera línea, no debió vacunarse primero. El personal administrativo no tiene nada que ver con primera línea, pero aquí se hizo.
Estar vacunando personal administrativo, amigos políticos, es jugar con la vida de los demás. Eso solo lo puede hacer gente que no tiene ni valores ni principios. Desde mitad del año pasado se tuvo que haber empezado a hacer el contacto con las fábricas para lograr precios bajos. Era necesario anticipar la problemática, poniendo las soluciones.
La prioridad es el personal de salud, comenzando por quienes están en contacto directo con el virus. La población mayor de 60 años con problemas de salud, es otro grupo que debería tener prioridad.
Por ejemplo, esos más de cuatro millones de dosis de la vacuna Rusa, en vez de vacunar solo a dos millones yo sugiero que se aplique a cuatro millones de hondureños y hondureñas y diferir un poco la segunda dosis. Es decir alargar el tiempo de aplicación de la segunda dosis. Para tener mayor cobertura, y en ese tiempo gestionar la segunda dosis.
RP- En el país se ha vendido la llegada de las vacunas donadas, como un gran éxito ¿refleja esto una buena gestión?
JM- Jamás. El mecanismo Covax es un programa mundial de solidaridad, que con fondos de países ricos apoya a países pobres. Llegamos tarde a la fiesta, cuando los demás ya había reventado la piñata. Por falta de planificación hoy solo son excusas y más mentiras.
RP- ¿Qué porcentaje de la población hondureña debe estar vacunado para alcanzar la inmunidad de rebaño?
JM- Está establecido a nivel mundial que se necesita el 70% de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño. Con eso, el virus pierde fuerza y se vuelve más fácil controlarlo.
En Honduras a eso deberíamos apostar. Si compramos cuatro millones de dosis, vacunemos a cuatro millones de hondureños en cuanto lleguen. Pero también gestionemos inmediatamente las próximas dosis.
RP- ¿Qué vacuna necesita la población hondureña?
JM- No hay una vacuna mejor que otra. Algunas dan de entrada mayor protección, pero de entrada todas brindan protección y previenen que el virus haga que la gente pueda agravarse.
RP- ¿Son peligrosos los efectos secundarios?
JM- Lo que le puede dar efectos secundarios es lo que da cualquier vacuna, una alergia o una fiebre. Pero es necesario que todos los que tengan la oportunidad de inmunizarse lo hagan.
Piden transparencia en juicio a implicado en crimen de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Amnistía Internacional y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) pidieron este martes transparencia y respeto de las garantías del proceso legal en el juicio a uno de los implicados en el asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres.
El juicio de David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, es “un evento trascendente en busca de justicia”, dijo la coordinadora del Copinh, Berta Zúniga, pero aclaró que “no se cierra aquí el proceso de búsqueda de justicia hacia esos otros actores que continúan en la impunidad”.
A su vez, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió la continuación de la investigación “de todas las personas involucradas en la planeación del asesinato” perpetrado el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, al oriente de Honduras.
Zúniga también hizo un llamado a la solidaridad y acompañamiento en este momento que es determinante en el proceso de búsqueda de justicia para Cáceres.
“Necesitamos de esa veeduría, de ese acompañamiento de parte de las organizaciones de Derechos Humanos, de las personas individuales que también han sido parte de esta lucha”, dijo Zúniga. El juicio inicia el 6 de abril, aunque no descartó que haya intentos de aplazarlo y con ello el acceso a la justicia.
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El juicio a David Castillo es “como una pieza clave que conecta con esos autores intelectuales que están en la impunidad”, que “son actores económicos de gran influencia en nuestro país y que siguen sin ser juzgados”, agregó.
Guevara Rosas por su parte recordó que el gobierno de Honduras no protegió a Cáceres, quien había venido denunciando agresiones y amenazas por su lucha en defensa de los derechos humanos y el ambiente, y desde su asesinato “se ha encargado de obstaculizar todo los caminos para garantizar verdad y justicia”.
En Honduras, el peligro de muerte es constante para las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el territorio, y “la impunidad es casi absoluta”, dijo la profesional del derecho.
“Amnistía Internacional ha venido denunciando durante mucho tiempo que en el juicio, y particularmente en el juicio que estará por abrirse nuevamente en unos días, ha habido una serie de irregularidades para obstaculizar la transparencia y el debido proceso y sobre todo el acceso a la familia y al Copinh”, apuntó Guevara Rosas.
Cinco años después “seguimos reclamando a las autoridades hondureñas que respeten la transparencia de este proceso que es tan importante para lograr la verdad y la justicia, no solo en el caso de Berta Cáceres sino para poder dignificar los procesos de muchas otras personas defensoras de los derechos humanos que tristemente han sido asesinadas en Honduras”.
Relatora de la ONU pide juicio para asesinos de Berta Cáceres
Berta Cáceres, luchadora ambientalista de Honduras, fue asesinada en su casa en marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
Tomado de: TeleSurTV
Tegucigalpa.- La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnès Callamard, llamó a responsabilizar a los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista y líder indígena hondureña Berta Cáceres.
«Mientras no se responsabilice a los autores intelectuales, no se ha hecho justicia para Berta Cáceres. Se necesita una campaña formidable, investigaciones eficaces, múltiples juicios en diferentes países y determinación», dijo Callamard en su cuenta en Twitter.
Este 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres (1972-2016), quien fuera Premio Goldman a los defensores de la naturaleza.
Una de sus grandes luchas fue contra los promotores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, que la comunidad lenca considera sagrado y vital para su supervivencia. En la noche del 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa.
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El empleado de la compañía Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) fue detenido hace tres años y acusado como intermediario entre los ejecutores del crimen y su juicio está previsto para abril próximo.
OACNUDH reitera responsabilidad del Estado en profundizar investigación por el asesinato de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) reiteró mediante un comunicado la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 2 de marzo de 2016.
La representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Alabaladejo Escribano señaló que la oficina que representa «continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres y reitera al Estado hondureño su responsabilidad de Profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares, recordando que la justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen».
El documento resalta que el asesinato de la defensora de los derechos humanos ambientales ocurrió en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial de los pueblos indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos originarios de Honduras viven en situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrente por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad.
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Por lo que OACNUDH considera fundamental que el Estado de Honduras redoble esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos Humanos.
Asimismo, OACNUDH señaló que observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como lo expreso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, el 26 de febrero de este año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
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Asesinatos de defensores y defensoras de DDHH no son inevitables: Mary Lawlor
A la publicación de la OACNUDH en el marco del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, se suma la de Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Lawlor expresó mediante un artículo de opinión que, a cinco años de la muerte de Berta Cáceres, los defensores de derechos humanos continúan siendo asesinados en impunidad. «Es una historia conocida y continua, en Honduras y en todo el mundo, donde las personas responsables del asesinato de alguien que defiende los derechos humanos gozan a menudo de impunidad», escribió.
Mary Lawlor. (foto Human Rights House Foundation)
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos afirmó que desde 2015, al menos 1,323 defensoras y defensores han perdido la vida; siendo Latinoamérica la región más afectada especialmente cuando se refiere a casos relacionados a derechos ambientales.
Subrayó que «El número de defensores y defensoras asesinados es, con toda probabilidad, significativamente mayor que las cifras de las que disponemos». Además, agregó: «Sabemos que, en cada continente, en las ciudades y en el campo, en las democracias y las dictaduras, los gobiernos y otras fuerzas amenazaron y mataron a quienes defendían los derechos humanos. Muchos, como Berta Cáceres, son asesinados en el contexto de grandes proyectos empresariales».
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Lawlor manifestó: «Estos asesinatos no son actos de violencia al azar que surgen de la nada. Muchos de los homicidios son precedidos de amenazas. Como señaló Amnistía Internacional, el asesinato de Berta Cáceres “fue una tragedia anunciada” y Berta había “denunciado reiteradamente las agresiones y las amenazas de muerte contra ella, que habían aumentado mientras luchaba contra la construcción de una represa hidroeléctrica llamada Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca”».
Finalmente, remarcó que «los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos no son inevitables: muchos se anuncian con antelación y, aun así, los gobiernos, año tras año, no proporcionan recursos suficientes para prevenirlos y, año tras año, no piden cuentas a los asesinos. De hecho, los Estados no sólo deben acabar con la impunidad, sino que también deben aplaudir públicamente la contribución vital que hacen los derechos humanos a la sociedad».
Asesinato Berta Cáceres: inicia juicio contra David Castillo
30.03.2021 - Managua, Nicaragua - Giorgio Trucchi
«Un momento determinante en el proceso de búsqueda de verdad y justicia»
El 6 de abril iniciará en Honduras el juicio oral y público contra David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres.
«Después de cinco años de estar en esta batalla llega un momento determinante en el proceso de búsqueda de verdad y justicia», dijo en conferencia de prensa Bertha Zúniga Cáceres, hija de la lideresa indígena y actual coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh).
David Castillo fue presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual Berta Cáceres y el Copinh lucharon durante años, y ex oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia militar estadounidense de West Point.
«Castillo es un coautor del asesinato y es una pieza clave que conecta con los autores intelectuales, es decir con actores económicos muy influyentes en nuestro país y que gozan de absoluta impunidad.
Juntos generaron un patrón de persecución permanente contra el Copinh y contra Berta, no sólo en cuanto luchadora social y lideresa de este proceso de resistencia territorial, sino también en cuanto mujer.
Es imposible entender el asesinato de Berta Cáceres -continuó Zúniga- sin entender el contexto de ataques sistemáticos que le antecedió y que también son parte integrante del crimen.
Toda esta impunidad se convierte en una deuda más del Estado de Honduras con la justicia» (vea aquí todo sobre la Causa Berta Cáceres)
En diciembre de 2019, los autores materiales del crimen fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de Desa, ex militares y militares activos.
En más de una ocasión, tanto la familia de Berta Cáceres como el Copinh han señalado el vínculo que existiría entre la estructura criminal que ejecutó el asesinato y la poderosa familia Atala Zablah.
Hasta el momento, el Estado de Honduras no ha mostrado la voluntad política de involucrarlos en los juicios, aunque al finalizar la audiencia de proposición de pruebas contra Castillo, el tribunal decidió admitir a Daniel Atala Midence, ex gerente financiero de Desa, en calidad de testigo calificado.
«Este proceso va a ser un desafío. Vamos a necesitar de todo el apoyo y la solidaridad de las personas y organizaciones que nos han acompañado en todos estos años y que han sido parte de esta lucha.
Asimismo, es importante entender que con esta nueva etapa (el juicio contra David Castillo) no se cierra el proceso de búsqueda de verdad y justicia. ¡Faltan los autores intelectuales!», sentenció Bertha Zúniga Cáceres.
Caso crimen contra Berta Cáceres: Juzgado de Ejecución libra orden de captura contra María Luisa Borjas
A menos de una semana para que inicie el juicio oral y público contra David Castillo, uno de los enjuiciados por el crimen contra Berta Cáceres, lideresa indígena y Coordinadora General del COPIHN, el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán emitió orden de captura contra la diputada y ex comisionada de policía María Luisa Borjas, quien fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, en un proceso por difamación y calumnias por haber leído un comunicado sobre la falta de investigación del asesinato de la defensora de la etnia lenca. El Comité de Solidaridad con Borjas realizó una conferencia de prensa donde exigió al Poder Judicial abstenerse de ejecutar la orden de captura por estar viciada de ilegalidad.
Este es el comunicado leído en la conferencia de prensa este martes 30 de marzo de 2021:
EE.UU. deporta a México a una mujer hondureña que había comenzado su labor de parto mientras estaba en custodia
Una mujer embarazada proveniente de Honduras, que buscaba asilo en EE.UU. junto con su esposo, fue deportada a México por la Patrulla Fronteriza, cuando ya había comenzado su labor de parto.
"Mi mujer está a punto de dar a luz y no nos atienden", comentó Alan, esposo de Belkis, en un video grabado desde la parte posterior de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, camino a ser deportados en el cruce de San Ysidro, en la ciudad mexicana de Tijuana, Baja California.
En las imágenes difundidas por la cadena CBS8, se observa a Belkis recostada en el piso del automóvil, mientras realiza dolorosas labores de parto, con la ayuda de su esposo. "Él me decía: 'siéntate, siéntate'. No puedo, le digo yo, me duele mucho", recordó durante una entrevista.
Deportación
El pasado 3 de marzo, las autoridades estadounidenses deportaron a la pareja en el cruce fronterizo de San Ysidro, en donde una ambulancia de la Cruz Roja los trasladó de urgencia a un hospital del municipio de Rosarito (México), en donde Belkis dio a luz a su bebé.
La pareja huyó de Honduras en medio de varias amenazas. Llegar a Tijuana les tomó algunos meses. Viajaron en autobús por Guatemala, cruzaron a México en balsa y abordaron trenes y camiones para finalmente trasladarse hasta el norte del país. La intención de Alan y Belkis era pedir asilo a las autoridades estadounidenses, pero la frontera permanece cerrada.
De manera que, la pareja hondureña cruzó por vías irregulares el sur de EE.UU., en donde fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y finalmente deportados, pese a que la mujer se encontraba en el inicio de las labores de parto.
"Ver que la Patrulla Fronteriza deportó a esta familia a México, en donde no tienen un estatus migratorio o la oportunidad de recibir atención médica, fue para mí muy impactante", señaló al medio norteamericano Ginger Cline, especialista de la organización binacional de atención a refugiados Al Otro Lado.
Política migratoria
El Gobierno de Joe Biden ha revertido algunas políticas migratorias implementadas por su antecesor, Donald Trump. En una de sus primeras acciones, el mandatario estadounidense suspendió el programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que establecía que las personas que llegaban a la frontera sur de EE.UU. y solicitaban asilo en el país norteamericano eran enviadas a México, donde debían esperar sus resoluciones migratorias.
Pese a este anuncio, la Administración de Biden ha presionado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recibir a las familias de migrantes que son deportadas desde EE.UU.
"¿Qué hay sobre las familias [de migrantes]? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar. Todas deberían ir de regreso", afirmó Biden el pasado jueves 25 de marzo.
En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también hizo un llamado a los migrantes para que no intenten llegar hacia EE.UU. en busca de asilo.
"Ahora no es el momento de venir, y la gran mayoría de la gente será rechazada. Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato", advirtió Psaki.
Mentiras y promesas superficiales la constante de políticos en sus cierres de campaña
Honduras está a pocas horas de las elecciones Primarias en las que elegirá a los candidatos definitivos a diversos cargos de elección popular. En el cierre de las campañas, los políticos de los partidos Nacional, Liberal y Libre, aprovecharon para divulgar demagogia, mentiras y promesas superficiales.
Los aspirantes han usado la lucha contra la corrupción como la principal bandera para convencer a los votantes. Radio Progreso en una nueva verificación de discurso político público, contrasta con datos, las principales afirmaciones de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular de las fuerzas políticas más importantes del país.
La corrupción: el apellido inocultable de los candidatos presidenciales de la estrella solitaria
Cada vez que pueden, Nasry Asfura y Mauricio Oliva, aspirantes presidenciales por el Partido Nacional, se desvinculan de la corrupción. Si alguien les pregunta por actos ilícitos, salen al paso a desvincularse con todo el ímpetu del caso.
En el cierre de su campaña, Nasry Asfura, líder del movimiento Unidad y Esperanza, acudió al programa: “Mi primera vez” de Televicentro, en donde le preguntaron si ha tenido vínculos en actos de corrupción. Asfura contestó:
«Me siento tranquilo y en paz con mi corazón y conmigo mismo, tengo mi forma de administrar y hacer las cosas, pero no tocaré un centavo de lo que no es mío, mientras se pueda ser funcionario público, si Dios me lo permite, así me verán todos los días».
FALSO
En la actualidad Asfura enfrenta una solicitud de antejuicio (pérdida de inmunidad) presentada por la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO), por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.
Asfura fue vinculado en un acto de corrupción en la Alcaldía del Distrito Central, la cual dirige y de la que según la UFERCO, desvió más de 28 millones de lempiras para beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina.
En reiteradas ocasiones Nasry Asfura, mejor conocido como “Papi a la orden”, ha dicho que el dinero que tomó fue un reembolso hacia su persona, porque él en su momento financió un proyecto de interés comunitario.
Hablar de corrupción en el Partido Nacional es muy común en los últimos años. La otra candidatura nacionalista apunta a Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, poder del Estado desde donde han emanado decisiones orientadas a favorecer la corrupción (expulsión de la MACCIH, aprobación de nuevo Código Penal, contratos amañados de energía y otros).
Oliva cerró su campaña el pasado domingo, se refirió a varios temas, incluido al apoyo que ha brindado al Poder Ejecutivo en dar trámite a todas las iniciativas que llegan al Congreso Nacional.
“Yo desde aquí quiero decir algo fuerte y claro, el Poder Ejecutivo: No puede quejarse de este presidente del CN, porque le hemos aprobado el presupuesto y adecuado la ley para que traigan la vacuna ¡YA!
VERDAD, PERO…
Si bien el Congreso Nacional bajo el mando de Oliva se ha convertido en una plataforma colaboradora del Poder Ejecutivo, la misma también ha sido el mecanismo para avalar todas las irregularidades cometidas por Juan Orlando Hernández e incluso defenderlo ante los cuestionamientos de estar involucrado en el narcotráfico y crimen organizado.
A un año de la pandemia de la COVID-19, las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo para agilizar las compras directas fueron tramitadas por Oliva, ese mecanismo se convirtió en corrupción en casos sonados como la compra de hospitales móviles e insumos de bioseguridad.
Autoritarismo, ilegalidades y corrupción seguirán en la última legislatura del Congreso Nacional
El 25 de enero de 2021 se instaló la Cuarta Legislatura en el Congreso Nacional, a criterio de diputados y analistas…
Por otra parte, ante los cuestionamientos contra Hernández, desprendidos de la justicia norteamericana, el Congreso bajo el mandato de Oliva, negó la posibilidad de aplicar un juicio político contra el titular del Ejecutivo, por lo tanto, la colaboración de Oliva con la ayuda de sus 60 diputados, ha sido enfocada al fortalecimiento de la corrupción e impunidad.
Un exconvicto, un caricaturista y un académico, en una carrera por recuperar a un partido que se hundió en la corrupción
Los liberales tampoco renunciaron a la demagogia para cerrar sus campañas proselitistas, unos se vendieron como luchadores férreos contra la corrupción y otros se victimizaron por sus actos cometidos en el pasado.
Por ejemplo, el diputado liberal y actual candidato presidencial, Darío Banegas, habló en el canal TV Metro de Siguatepeque, sobre su papel en el Congreso y también de la podredumbre que salpica al país.
“El problema es que una hoja de papel que le vale 10 centavos a la empresa privada, esa misma hoja de papel cuando la compra el Gobierno le vale 10 lempiras, el problema aquí es que el Gobierno ha sido considerado como un botín para repartírselo entre la cofradía de socios, entre la argolla del partido político. El problema aquí es que ha habido empresas que nunca han tenido un cliente en el sector privado, solo han sido contratadas por el Gobierno, porque allí le exageran los precios, le elevan los precios, y le apoyan en licitaciones amañadas, en socios, y gente que siempre pide un porcentaje para apoyar empresas”.
VERDAD, PERO…
A mitad de semana, el exfiscal de la Constitución, René Adán Tomé, presentó una denuncia y solicitud al Ministerio Público, con el objetivo de inhabilitar tres precandidaturas presidenciales, entre ellas la de Darío Banegas, quien fue acusado por Tomé de haber sido protagonista de la aprobación de más de 100 contratos de diversa índole, el 20 de enero de 2014.
Tomé y el actual diputado Luis Redondo, presentaron una formal denuncia a la Fiscalía para que investigue los actos relacionados a la mejor conocida como sesión de la diarrea legislativa, última reunión que fue dirigida por Juan Orlando Hernández en 2014, donde Banegas formaba parte de la Junta Directiva del Poder Legislativo.
De esa sesión se desprendieron 23 contratos de generación eléctrica fotovoltaica, los que según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), violaron la Ley de Contratación del Estado y también benefició a varias empresas de maletín, incluidas las que tanto criticó Banegas en su comparecencia en Tv Metro.
Pero en el Congreso han sucedido muchas cosas, por ejemplo, cuando llegan los momentos de elegir a quienes dirigen instituciones clave como la Corte Suprema y el Ministerio Público, la cúpula partidaria influye en el comportamiento de su bancada.
Si bien Luis Zelaya, actual presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, se presenta como un político sin cola que le pisen, tiene en su hoja de vida un hecho del que en la actualidad no puede sentirse orgulloso.
En nuestro tercer eje de fortalecer la institucionalidad está la apuesta de lucha contra la corrupción e impunidad a través del circuito anticorrupción que lo incluye el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y estamos abogando por fortalecer el Consejo Nacional Anticorrupción, para que la acción penal no sea solo monopolizada por el Ministerio Público.
VERDAD, PERO…
En este momento el fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, ha sido mencionado por narcotraficantes confesos en cortes norteamericanas, de haber protegido acciones ilícitas bajo el mandato del presidente Juan Orlando Hernández.
Chinchilla fue reelecto en el cargo en 2018, su nombramiento fue polémico, pues el Partido Liberal fue clave para alcanzar el consenso para su continuidad.
Los liberales están divididos en el Poder Legislativo, hay un sector que responde a los mandatos del expresidente Carlos Flores Facussé, y hay otro que se acerca a los lineamientos de Luis Zelaya y el Central Ejecutivo. En ese momento, Luis Zelaya dio la bendición para que los diputados a fin a su gestión, validaran la continuidad de Chinchilla en la Fiscalía, ratificando a un funcionario que ha dejado mucho que desear en su lucha contra la corrupción y crimen organizado.
Luis Zelaya: La elección del Fiscal General fue la mejor decisión para Honduras
Radio América. Contrario a Salvador Nasralla, el ex-presidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya se mostró satisfecho sobre todo por la votación de los…
El narcotráfico y lavado de activos están presentes en la política hondureña, el precandidato presidencial Yani Rosenthal, estuvo preso 2 años y medio en Estados Unidos, por brindar colaboración junto a su padre el banquero Jaime Rosenthal, para que organizaciones criminales como “Los Cachiros”, lavaran su dinero.
En 2015 varias empresas de Jaime Rosenthal fueron confiscadas por el Estado de Honduras, incluyendo un medio de comunicación escrito (Diario Tiempo), los empleados fueron despedidos y hasta la fecha los afectados no han recibido el pago de sus prestaciones laborales. Yani, heredero del legado político de Jaime Rosenthal, se refiere de esta forma a quienes se atreven a protestar por exigir sus derechos:
«Es un grupo de trabajadores que trabajaban en Diario Tiempo que se aliaron con el Partido Nacional, que son los únicos que reclaman, y ellos cometieron un error de coludirse con el Partido Nacional para apropiarse de Diario Tiempo”.
FALSO
Los empleados despedidos de Diario Tiempo han sido de diversas afiliaciones políticas, y se han organizado para demandar a los responsables lo que les corresponde. Son más de 300 extrabajadores que a casi seis años de su despido, nadie (ni el Estado, ni la familia Rosenthal) se hace responsable de ello. A pesar de esa situación, Yani pasa la hoja, librándose de responsabilidad, acusando a los que les reclaman y con el cinismo del caso, presentándose al electorado como un respetuoso de los derechos humanos y laborales.
Esperando el pago de sus prestaciones, siguen muriendo ex empleados de diario tiempo
La calamidad y la desgracia siguen rodeando a los 300 ex trabajadores y ex trabajadoras de Diario Tiempo…
Finalmente, en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), hay vicios demagógicos que no se pierden con el tiempo, algunos de sus candidatos apuestan a spots publicitarios donde prometen el cielo y la tierra, también hacen alusión a eventos del pasado, con el objetivo de sacar provecho electoral.
Carlos Eduardo Reina, un precandidato presidencial que fue liberal y además forma parte de una familia con una histórica trayectoria política, aprendió bien de sus antecesores, y utilizó el tema de las mujeres a su favor, así como lo hacen muchos de los políticos tradicionales del país.
“Las mujeres antes podían caminar sin tanto miedo, en cambio no solo le temen a la violencia o a la delincuencia, sino que también hay temor a la autoridad, policía, militares porque no garantizan sus derechos”.
VERDAD, PERO…
En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó Honduras y constató que en materia de derechos humanos el país ha retrocedido, ubicando a las mujeres como uno de los grupos vulnerables más golpeados, amenazados y abandonados por la institucionalidad hondureña.
Más allá de los datos que evidencian la vulnerabilidad de las mujeres, el tema fue abordado en el marco del Día Internacional de la Mujer, como una bandera para obtener votos.
Para el 2018, la CIDH rescataba la necesidad de que Honduras necesitaba fortalecer su institucionalidad para poner mayor atención y brindar mejores condiciones de vida a personas vulnerables en el territorio nacional.
Sobre este tema el analista de sociedad civil, Josué Murillo, instó a la ciudadanía a no dejar de acudir a las urnas el 14 de marzo, pero advirtió la necesidad de pensar el voto, y dárselo a personas que no tengan manchas de corrupción, narcotráfico o que gracias a sus actos, hayan ayudado a construir la institucionalidad débil que actualmente tiene el país.
Radio Progreso HN
La decadencia democrática en Honduras
Por: Alan Rodriguez, especialista en pedagogía política.
Los campeones del ¡Fraude! sin duda en esta pasada elección son los cachurecos que alcanzaron un nivel de cinismo sofisticado «Fraude consensuado para hacernos pensar que son un Melon»,
el resto de fuerzas en contienda están a la deriva en el catastrofismo,
¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! hasta en las fuerzas que aspiran acabar con
el ¡Fraude!, un ¡Fraude sin memoria histórica es un ¡Fraude también!
pues es justo y necesario recordar nuestra decadencia democrática,
fraudulentas son todas las autoridades del país, después de la ruptura
del Golpe en 2009, por tanto las elecciones, son un fraude por que le
antecede la imposición ilegal de JOH y antes de él, la inflada de urnas
que se dio el Narco «Don PEPE «en la era post Golpe y no solo el nefasto
gobierno es culpable de esta decadencia.
»Tambien es un Fraude
la Justicia parcelada y colonial de Nueva York » nos da atol con el dedo
«al no mencionar al alto mando militar hondureño y norteamericano que
sonsacó a políticos hondureños para vincularlos al narcotráfico ni se
mencionan a traficantes Gringos , ¡el plan Colombia es un Fraude¡.
¡Son un fraude! Si sumamos también a los observadores internacionales y
la cooperación internacional, anclado a un modelo colonial, es un
¡fraude! El sufragio universal narco-politizado, pero los medios
fraudulentos sólo exponen la inflada de urnas para que «el voto
emocional se solidarice con la supuesta victima», ¡que pega el grito al
cielo sobre el acta que le inflaron! ¡pero se hace el pendej* con la
urna que Infló!, hay grupos que llevan haciendo fraude en movimientos
internos desde 1,985 y hoy reclaman transparencia cuando perdieron.
Ya no hay sensatez en nuestro país, vergüenza deberían de tener los partidos en contienda pues las ambiciones personales de unos pocos le cuestan al pueblo 1,500 millones ¿Por que los candidatos y los partidos no se pagan sus primarias e internas con fondos de la deuda política y recursos personales?, se pregunta el pueblo. Los partidos bisagra que van en las generales no tienen solvencia moral para criticar, por que se dedican a traficar actas para el partido de Gobierno en fin la hipocresía no somos una república y estos problemas por supuesto se resuelven con más democracia y es por eso que sostenemos que sea EL PUEBLO MISMO QUIEN ORGANICE LAS ELECCIONES.
CNA denuncia ante el MP a miembros de las MER que inflaron resultados en las primarias
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este viernes ante el Ministerio Público a miembros de Mesas Receptoras Electorales (MER) por el supuesto delito de falsificación de documentos electorales durante las elecciones primarias del pasado 14 de marzo.
La denuncia abarca a los miembros propietarios y suplentes que fueron designados en las MER a nivel nacional y que inflaron los votos, con mayor incidencia en los Partidos Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre), según los hallazgos de una investigación del organismo anticorrupción.
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Fueron constatadas casi seis mil actas de cierre, lo cual permitió identificar “un aumento desproporcionado de votos, acrecentando irracionalmente la carga electoral en diferentes sectores del país”, señala la investigación que fue presentada previo a la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales.
Según el CNA, miembros de las MER alteraron el documento oficial en beneficio de determinados candidatos en los diferentes niveles electivos, al grado que hay candidatos con más votos que votantes en los centros de votación.
La alteración maliciosa se realizó al momento de llenar las actas de cierre para favorecer candidatos de los tres partidos que participaron en la contienda.
Se detectó así mismo la duplicidad de datos en las actas electorales de cierre final, “comportamiento predominante en los partidos políticos Libre y Liberal” en las que se identificó que los datos consignados son similares respecto al número de papeleta recibida, cantidad de votantes, distribución de votos y mismos nombres y firmas de miembros MER.
Lo anterior “podría significar que estas actas son falsas o están adulteradas dolosamente por los miembros de ambas MER, lo que refleja que no se respetó el escrutinio correspondiente”.
De las casi seis mil actas auditadas, que incluyen el nivel presidencial y de diputados en los 18 departamentos, un número considerable presentaba irregularidades, señala la investigación.
Entre estas irregularidades están la alteración de datos, actas sin firmas de los miembros MER, números sobrepuestos, borrones y tachaduras en el conteo de los votos, y que en muchos casos la cantidad de miembros en las mesas no coincidía con la cantidad de firmas de las actas de cierre final, lo cual le quita validez legal a ese documento electoral.
“Se pudo determinar que mediante el fenómeno de inflación de votos se buscó beneficiar directamente a los precandidatos de los partidos políticos”, situación que genera una erogación económica perjudicial por concepto de la deuda política.
Por cada voto obtenido, el Estado paga 39 lempiras y al haber una inflación de votos, el desembolso es mayor.
Las inconsistencias fueron detectadas en los niveles presidencial y de diputados, “cuyas cifras contenidas en las actas de cierre no coinciden con la carga electoral establecida”, es decir, que los votos adjudicados a los aspirantes de los diferentes movimientos de cada partido político son mayores al monto que fue determinado para cada MER.
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Por lo anterior, se puede concluir que la negativa del Congreso Nacional en aprobar las reformas electorales se debe a que la actual legislación permite a los tradicionales partidos políticos “alterar dolosamente los resultados primarios, subsecuentemente, las elecciones generales, permitiéndoles mantenerse en el poder para evitar que la voluntad del pueblo hondureño se cumpla”, apunta el CNA.
Entre las recomendaciones del organismo de la sociedad civil están la despolitización de las MER y que los partidos ejecuten “buenas prácticas, honestas y transparentes en los procesos electorales, capacitando adecuadamente a los miembros” de estas.
Ante los hallazgos el CNA exhorta al Consejo Nacional Electoral a depurar las actas que presentan inconsistencias en la contabilización de votos oficiales y utilizar un sistema informático inteligente que identifique inconsistencias de cualquier naturaleza.
Mientras que, al Ministerio Público, a
través de la Fiscalía de Delitos Electorales, se le llama a actuar de
oficio para identificar a los miembros MER que adulteraron “la voluntad
soberana, situación que es conducente a un delito electoral de acuerdo
con la legislación penal vigente”.
Los militares señalados en Nueva York de transportar cocaína, son los encargados de transportar el material electoral para las elecciones primarias, ¿será esto democracia?, ¿Se puede confiar en un proceso electoral donde quienes transportan el material electoral, están al servicio del narcotráfico?.
JOH no está fuera de la batalla política, sigue siendo el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir; los militares están bajo las órdenes de JOH. Las condiciones para el tan probable »autogolpe» están más que dadas, no sería sorpresa para nadie que la madrugada del 14 de Marzo se llene de »gorilas y terror» como ocurrió en junio del 2009.
Los militares fácilmente pueden interrumpir el proceso electoral, y »JOH» podría asumir el papel de »victima», de esta manera, se interrumpiría el calendario electoral, lo cual se traduce a más tiempo de JOH en el poder. JOH seguiría libre e impune, con más tiempo disponible para planear cómo salvarse de su inminente extradición.
La narco-cúpula militar y JOH al verse contra las cuerdas, no accederán a un desarrollo democrático en el país, si el »autogolpe» lo descartan por ser tan »poco creíble», es seguro que se inflarán urnas para el Partido Nacional, para vender la idea de que el país confía en la »democracia». Y sobre todo, demostrarle al mundo, pero en especial, a Estados Unidos, que habrá una »transición», para planear su próxima movida en el tablero. ¿Habrán o no elecciones el 14 de marzo? ¿Se respetará la democracia?
17.8% de las actas presentan inconsistencias y errores: CNE
El informe de resultados y la declaratoria final, estará lista dentro del plazo que manda la ley, el día 13 de abril de 2021
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha informado que el 17.8% del total de las actas recibidas y escaneadas de los tres partidos políticos, presentan diversas inconsistencias y errores en el llenado, provenientes desde las mesas electorales,
El Consejo Nacional Electoral a través de la Dirección Electoral y de Sistemas, ha concluido el proceso de apertura de maletas y escaneo del 100% de las actas recibidas de los centros de votación de todo el país.
El CNE ha señalado que, hasta este día, el 17.8% del total de las actas recibidas y escaneadas de los tres partidos políticos, presentan diversas inconsistencias y errores en el llenado, provenientes desde las mesas electorales, razón por la cual hasta la fecha lo divulgado alcanza aproximadamente el 82.2% de las actas escaneadas y transcritas.
El 17.8% de las actas ha sido sometido al análisis y verificación previo a la suma y divulgación, manteniéndose los resultados en los porcentajes ya públicamente conocidos, especialmente en el nivel presidencial.
Señalan que el Sistema seguirá siendo alimentado por cada acta y sus resultados que vayan siendo liberadas conforme el proceso de análisis, verificación y suma en el que se encuentran, así como por cada acta que resulte de la verificación por conteo público que se efectuará tanto de oficio como por resolución de las impugnaciones presentadas por todos los candidatos que se consideran perjudicados.
El CNE iniciará mañana jueves el proceso de verificación por reconteo público de todas las urnas, votos y actas que sea necesario para resolver las inconsistencias, errores y, en su caso, resultados inflados que así se determine.
El CNE recuerda que el plazo para las impugnaciones vence este viernes 26 de marzo a las 12 de la noche y que ya ha recibido más de 40 escritos de impugnación y atenderá con diligencia la verificación acta por acta y voto por voto en todas las urnas que sean impugnadas.
El informe de resultados y la declaratoria final, estará lista dentro del plazo que manda la ley, el día 13 de abril de 2021.
Precandidatos liberales y libres exigen al CNE revertir fraude y dejan puerta abierta a una alianza con Nasralla
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Los precandidatos de dos movimientos del Partido Libertad y Refundación (Libre) y uno del Partido Liberal (PL) hicieron este miércoles un reclamo conjunto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para revertir todas las anomalías que existieron en las elecciones primarias.
Nelson Ávila, del movimiento 5 de Julio, Wilfredo Méndez, de Honduras Libre, y Luis Zelaya, de Recuperar Honduras, ofrecieron una conferencia de prensa en la cual dieron lectura a un comunicado en el que expresaron su preocupación por “el fraude generalizado en todos los partidos perpetrado en el proceso electoral primario”.
Afirman que se han detectado miles de irregularidades que afectan la transparencia y veracidad de los resultados que hace públicos el CNE en los tres niveles de elección.
Entre esas irregularidades hay actas infladas, con más votos que votantes; actas sin firmas o con firma y sin datos, con número de identidad falsos; actas donde la suma de los votos a los diferentes candidatos no coincide y donde la suma de los votos de los diferentes partidos es muy superior a la carga electoral; así como personas con doble votación.
Cuestionan que no se ha garantizado la transparencia en el conteo y escaneo de las actas, ya que el destuse de las maletas electorales se ha hecho sin testigos que impidieran su adulteración.
Solicitan en consecuencia “una auditoría forense que invalide todas las actas fraudulentas que de forma masiva impulsan un fraude electoral” que atenta contra la democracia. Así mismo, despejar todas las dudas de adulteración, revisión de todas las actas, cuadernillos y votos, para garantizar un proceso limpio “y que Honduras votará en noviembre sin dudas de fraude”.
También pidieron el amparo de la comunidad internacional representada en Honduras, para que exija al CNE todas las garantías democráticas.
En la conferencia estuvo presente también la coordinadora general electa de Libre, María Luisa Borjas, el aspirante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Eduardo Martell, y Salvado Nasralla, fundador del partido Salvador de Honduras.
“Aunque él no participó en estas elecciones primarias, pero llegó a darnos su solidaridad y su apoyo porque a todas luces esto fue un fraude, el que quiera desconocerlo es porque realmente se quiere engañar”, dijo Borjas sobre la presencia de Nasralla.
Sobre una alianza política, Borjas dijo que con este encuentro “claro que se dejó la puerta abierta para en un futuro, pero ahorita estamos enfocados en el objetivo que es revertir ese tremendo fraude, que superó por mucho al de (David) Matamoros Batson” en las elecciones de 2017.
Citado por los medios de comunicación, Nasralla declaró que la de hoy fue una alianza de los justos contra el narcotráfico. “Yo he venido a apoyar una causa justa”, reiteró.
Sobre el comunicado de Libre y el Partido Liberal, el director de Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden) Wilmer Vásquez, opinó que como partido político Libre debería pronunciarse también, así como cada uno de los movimientos, nueve en total, “para evitar la instalación del fraude que sería solo el inicio de lo que pasará en el mes de noviembre”.
El diputado del Partido Nacional Óscar Nájera, arremetió contra sus jefes de partido, acusando de la extinta a Hilda Hernández de ser intermediaria entre el Partido Nacional y »Los Cachiros». Ahora que el barco de la ilegalidad en el que se montaron se hunde, los nacionalistas andan viendo como se salvan, algunos, »echando al agua» a quienes fueron sus aliados en el pasado. »A cada chancho, le llega su navidad» reza el dicho popular, con la situación actual del Partido Nacional, este dicho queda más que vigente. Los que se creyeron intocables, ahora rezan no acabar en un calabozo frío y oscuro de los Estados Unidos.
Univisión aseguró que documentos legales en su poder constatan que el congresista hondureño, Óscar Nájera, recibió apoyo de Los Cachiros para su campaña política a cambio de asegurarles que no serían extraditados a los Estados Unidos. La investigación del medio de comunicación, efectuada por los periodistas David C Adams y Jeff Ernst, refiere que Los Cachiros apoyaron a Nájera con dinero, ganado, autos, alquiler de helicópteros para su uso en la campaña con un valor aproximado de un millón de dólares.
Según la investigación de Univisión, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, testificó en el juicio de Juan Antonio, alias Tony Hernández, que Nájera dio protección a sus envíos de drogas «con información de investigaciones gubernamentales» y puntos de control de los militares y la policía. “Óscar Nájera los movería. Cuando necesitáramos que lo hiciera, alejarlos cuando necesitáramos pasar por los puntos de control, él los quitaría”, dijo Rivera a la corte.
Con el actual juicio contra Geovany Fuentes, el congresista Nájera sigue enredado en los tentáculos de la corrupción y el crimen organizado. Pero esta vez, Nájera salió a culpar a la extinta Hilda Hernández, aseverando que Hilda lo obligaba a recibir sobornos y a ser intermediario entre el Partido Nacional y Los Cachiros. Lavarse las manos, es lo que les queda, pero la justicia Estadounidense no escatima en encarcelarlos y juzgarlos, ¿Cuál será su destino?.
Reprograman juicio contra exprimera dama, Rosa Elena de Lobo
- 24/03/2021
A petición de la defensa, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa decidió reprogramar el juicio oral y público contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, acusada de apropiación indebida y fraude.
En la misma causa también está procesado Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena de Lobo, acusado de fraude.
El juicio reprogramado se va a celebrar del 15 al 30 de junio y del 20 de julio al 6 de agosto, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras
- febrero 16, 2021
- Reportajes
El partido que ha gobernado Honduras desde 2010 se ha convertido en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos.
Por: Héctor Silva Ávalos y Victoria Dittmar*
Fotografía de portada: Associated Press
Esta es una investigación original de Insight Crime publicada en este medio con autorización de sus autores.
Un informante que trabaja en el departamento de Lempira, oeste del país, miró al general Leandro Osorio y dijo: «yo sé de un sitio donde hay drogas».
Era mediados de enero de 2014, y Osorio era el jefe de la División de Inteligencia de la Policía Nacional de Honduras, quien posteriormente haría unas declaraciones sorprendentes sobre el caso. Pidió evidencia a su informante, y este le mandó unas fotografías de lo que parecía un invernadero oculto en medio de las montañas.
El informante también le dio las coordenadas, pero le advirtió al general: las drogas y algunos de quienes trabajaban allí tenían la protección de un alto oficial de policía y de un político muy poderoso.
El invernadero estaba cerca de La Iguala, una pequeña población enclavada en las montañas de Opalaca, a unas cuatro horas en auto y una hora y media más a pie desde Tegucigalpa. Estaba cerca de Gracias, la cabecera departamental de Lempira y era sede del clan Hernández.
InSight Crime corroboró el relato de Osorio con documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En estos documentos, elaborados luego en una investigación distinta, hay referencias al laboratorio de La Iguala, a la protección que recibía, y a la supuesta relación de «Tony» Hernández con el mismo. Un agente del Ministerio Público y un miembro de la inteligencia policial hondureña también confirmaron que las autoridades investigaron el laboratorio y a los dos hombres capturados en La Iguala. El oficial de policía añadió que «Tony» Hernández había sido mencionado en la investigación.
En Gracias ese clan era conocido por sus pequeñas plantaciones cafetaleras y sus grandes ambiciones políticas, según los testimonios que recogió InSight Crime en la ciudad, durante una visita de campo. Juan Orlando Hernández es el jefe del gobernante Partido Nacional y presidente de Honduras desde 2014. Su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, era diputado suplente en esa época. Uno de sus otros hermanos era coronel del Ejército.
Pero Osorio estaba decidido a corroborar la denuncia del informante. Fue así como pasada la medianoche, del 31 de enero de 2014, sin notificar a sus superiores en Tegucigalpa y dando no más que una pizca de información vaga a la Fiscalía General, Osorio, junto con una unidad élite de la Policía, se dirigieron a las montañas.
«Yo era el único que sabía lo que íbamos a hacer», le relató Osorio a InSight Crime, años después en Tegucigalpa. «A los fiscales solo les dije que teníamos información de un lugar donde supuestamente había drogas».
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A las cinco de la madrugada, Osorio y su unidad habían conducido hasta donde era posible; se bajaron del camión y empezaron el camino a pie. «Era una subida dura», contó Osorio, kilómetros de camino cuesta arriba en medio de selva y matorrales espesos.
Pero cuando llegaron a las coordenadas, pudieron ver las plantas de coca y marihuana, miles de ellas, alrededor de un pequeño invernadero. Revisaron cuidadosamente los sembrados y el invernadero, donde hallaron un rifle calibre 22, dos generadores grandes y varias canecas de diésel. Y arrestaron a dos sospechosos que parecían estar cuidando los sembrados: un hondureño y un colombiano, esos mismos que el informante advirtió que tenían protección de alguien muy poderoso.
En total, el general y su unidad hallaron 1800 plantas de amapola y 800 de marihuana. El general también relató a InSight Crime que encontraron unas 6000 plantas de coca.
«Era casi una hectárea y media de selva», puntualizó.
Osorio dice que empacó algunas de las plantas en su vehículo para presentar como evidencia de su hallazgo y quemó el resto, lo que según sus palabras era un procedimiento de operación estándar. Luego, fue a Gracias a informar a la Policía Nacional y a la Fiscalía con sede en Gracias. Fue ahí donde empezaron sus problemas.
La financiación del proyecto político
Mucho antes de que Juan Orlando asumiera la presidencia y su hermano «Tony» comenzara a trasegar drogas por las principales rutas de tráfico de cocaína del país, su hermana Hilda Hernández se abrió camino en las filas del Partido Nacional. Comenzó a los 36 años, durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), pero su carrera política despegó realmente cuando fungió como secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) en el mandato de Porfirio Lobo (2010-2012).
Como ministra, su tarea era coordinar el desembolso de dinero público para programas sociales. Su cargo le daba las herramientas para crear una potente fuerza política: una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas de papel mediante las cuales podía canalizar recursos destinados por el Gobierno. Esas ONG y empresas firmaron contratos con el Gobierno para proyectos de desarrollo social. Parte del dinero se invirtió en esos proyectos, pero, según las investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), las dos entidades encargadas de investigar la corrupción en Honduras, parte del dinero se desvió a políticos y campañas políticas, incluida la del hermano de Hilda, Juan Orlando, en su campaña a la presidencia en 2013.
Específicamente, un funcionario de alto rango del Gobierno, que trabajó en la investigación, dijo a InSight Crime que Hilda creó unas 279 fundaciones. Desde ellas, creen los investigadores, que pudieron haberse malversado hasta USD 360,6 millones de dinero público.
Desde el comienzo, fue un asunto familiar. Hilda solicitaba dinero para proyectos por medio de lo que se conocía como el Fondo de Desarrollo Departamental. Ese fondo era controlado por el Congreso, cuyo presidente en esa época era su hermano Juan Orlando. El Congreso autorizaba la entrega de los fondos a las fundaciones. Ese dinero se desviaba a las cuentas personales de políticos o era cobrado en efectivo por cómplices de Hilda.
Según una investigación de Univisión, algunos proyectos eran pequeños (como la distribución de útiles escolares) y por ende difíciles de rastrear. En otros casos, se otorgaron contratos a ONG para asuntos como pesticidas y fumigación, cuando las ONG se decían especializadas en desarrollo juvenil. Según Univisión, 360 políticos y funcionarios de Gobierno activos y retirados se beneficiaron de ese esquema.
«Se robaron todo el dinero», comentó a InSight Crime un funcionario que trabajó en las investigaciones al hacer referencia al dinero apropiado por la ministra.
El caso era tan grande que las autoridades lo dividieron por partes. Un documento presentado por la Maccih y la Ufecic a las cortes hondureñas, en junio de 2018, mencionaba dos ONG: Dibattista y Todos Somos Honduras, que según las investigaciones malversaron USD 12 millones. El dinero, relataron los investigadores, se dirigió a las campañas políticas de los partidos Nacional y Liberal en 2013. El caso se conoce como la «Caja de Pandora». En esos documentos de la Corte no se mencionan los nombres de Hilda ni de Juan Orlando Hernández.
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Fue solo hasta después de que Fernando Suárez, uno de los cómplices de Hilda Hernández, que cobraba pagos para ella, se entregó a las autoridades en noviembre de 2018 que se conectó a la familia. Suárez —que figuraba como representante legal de las dos fundaciones mencionadas por la Maccih y la Ufecic— dijo que parte de ese dinero se usaron para respaldar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández.
La declaración de Suárez vinculaba a dos presidentes al esquema de corrupción. Según Suárez, en la administración de Porfirio Lobo se desviaron los fondos a las ONG. El dinero se retiraba en cuanto era depositado en las cuentas de las fundaciones.
«Era muy simple: se retiraba el dinero en efectivo y se llevaba en vehículos del servicio secreto», contó Suárez a las autoridades, para referirse a la guardia presidencial de Lobo.
No se sabe con claridad qué sucedía a partir de ahí, pero los fiscales afirman que el dinero iba a los bolsillos particulares de los políticos y a las arcas del Partido Nacional. Por su parte, Lobo ha dicho que Suárez es un «testigo fabricado».
Además de eso, Suárez declaró que fue Hilda Hernández quien le dio la instrucción de dirigir los pagos a la campaña de su hermano. Ella nunca retiró el dinero ni hizo los pagos por sí misma, para que su nombre no apareciera en ningún documento, señalan los investigadores. Sin embargo, según Suárez, cuando el dinero entraba al Partido Nacional era ella quien lo manejaba.
La campaña presidencial parecía difícil, y Suárez dijo que el dinero «fue indispensable» para la campaña de Hernández en 2013. Hernández ganó con el 37 % de la votación, un margen mayor de lo esperado.
Entretanto, otro proyecto familiar aún más perverso tomaba forma en el campo, cerca de la frontera con Guatemala.
La conexión narco
A comienzos de 2014, cuando Osorio y su fuerza élite de la policía se abrían camino entre la espesa maleza hacia los sembrados de coca, amapola y marihuana en La Iguala, el mapa del narcotráfico en Honduras experimentaba algunos cambios importantes. Ese año, los dos grupos narcotraficantes más importantes del país sufrieron fuertes golpes cuando sus jefes se entregaron a Estados Unidos o fueron capturados y posteriormente extraditados a Estados Unidos para responder por sus cargos.
Al mismo tiempo, según fiscales estadounidenses, Antonio «Tony» Hernández, el hermano del presidente y diputado suplente, trató de valerse de sus conexiones políticas para posicionarse como narco en Honduras. Nunca tuvo mucho éxito, pero entre él y su poderosa familia, crearon una especie de federación con diferentes líderes políticos y funcionarios de gobierno que apoyaron las operaciones legales e ilegales en sus territorios.
Según la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y varios fiscales estadounidenses, «Tony» trabajaba con sus hermanos, Juan Orlando e Hilda Hernández, quienes según las autoridades facilitaban su empresa narcotraficante. La solicitud de información abarcaba las cuentas de correo electrónico de la hermana del mandatario, Hilda Hernández; del secretario de la presidencia, Ebal Díaz; y del secretario de Seguridad Nacional, Julián Pacheco Tinoco. Hilda Hernández, que ayudó a manejar las finanzas del partido político del presidente y su campaña presidencial, pereció en diciembre de 2015 en un choque de helicóptero. La solicitud mencionaba además a cuatro miembros de la adinerada familia Rosenthal, que tiene contactos políticos.
Desde Gracias, «Tony» se fue abriendo camino. Aunque hoy en esta ciudad rodeada de montañas, la fama del hermano menor del presidente es enorme, no siempre fue así. Un veterano político local, cuya familia también ha llegado a ocupar puestos importantes en el tinglado del poder en Honduras, recuerda a «Tony» como un tipo afable que era popular en Gracias por su venta de carne asada cerca del estadio de fútbol. Esos días parecen ahora lejanos.
Quizás por su proximidad con Lempira, la cuna del poder político de la familia Hernández, «Tony» centró sus operaciones en los departamentos vecinos y en la frontera con Guatemala, donde la cocaína ha encontrado históricamente una ruta en dirección al Norte. Allí, en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque —un territorio marcado por el feroz control territorial ejercido por el clan de la familia Valle Valle y otros—, comenzó «Tony» su cruzada. Su primera alianza importante fue con Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán, y socio de los Valle.
Durante ese periodo, «Tony» fue «un mandadero», según le relató a InSight Crime, un exoficial de inteligencia del ejército, pero luego comenzó a trabajar con Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo». Este era un actor importante en el mundo del narco, y por medio de él, «Tony» Hernández comenzó una participación más directa en el negocio. A cambio, «Rojo» dijo a los fiscales estadounidenses que le dio dinero a «Tony» para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional en 2005.
En 2010, según documentos de la corte estadounidense en el caso contra «Ton» Hernández, este le anunció a Ardón que quería independizarse de la familia Valle Valle. Y ambos acordaron recibir cargamentos de cocaína en La Mosquitia, una región selvática al noreste de Honduras. Algunos de ellos eran marcados con las iniciales TH, y luego enviados a Estados Unidos.
Fue por esa época que Osorio entró al laboratorio de drogas en La Iguala. Antes de bajar de la montaña, Osorio interrogó al colombiano que había arrestado en el invernadero. Este le dijo que le habían pagado USD 25,000 para cuidar el lugar. No dijo quién lo contrató, pero Osorio tuvo la corazonada de que era alguien importante tan pronto relató el caso a los fiscales y la policía.
«Fue un momento muy estresante cuando los fiscales no querían tomar los casos de los detenidos y los jueces no querían colaborar», recordó Osorio, refiriéndose a sus visitas a la Policía y las oficinas de los fiscales en Gracias.
En cierto momento, mientras daba parte a otras autoridades, otro policía reiteró lo que el informante le había dicho a Osorio, solo que esta vez con más detalles: que Osorio se las estaba viendo con redes muy bien conectadas, que incluían al comandante de la Policía Nacional, Josué Constantino Zavala Laínez, quien estaba asignado a la zona, y con «Tony Hernández».
Osorio volvió a Tegucigalpa e informó a sus superiores, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Osorio se enteró de que liberaron al colombiano y se archivó la investigación sobre el narcolaboratorio. Los fiscales también se abstuvieron de investigar la posible conexión de «Tony» Hernández con las plantaciones. Osorio fue trasladado y posteriormente dado de baja de la policía definitivamente.
«Mi baja se remonta a ese operativo en La Iguala, y a otros operativos similares para los que no pude lograr el apoyo ni del ejército ni de los fiscales. No existe una sola denuncia en mi contra por violaciones de derechos humanos ni por nada más», comentó a InSight Crime.
Para Osorio, la ironía fue mayúscula. En octubre de 2018, «Tony» Hernández fue detenido en Miami por narcotráfico. Un año después, el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense solicitó información sobre la presunta «actividad criminal de “Tony” Hernández Alvarado o sus cómplices», incluido uno y sus supuestos socios: el comandante de la policía Zavala Laínez, el mismo que se hizo cargo del caso del laboratorio en La Iguala. Según un testigo citado por el DOJ, Zavala Laínez se reunía con «Tony» para coordinar actividades en ese laboratorio. En una de esas entrevistas, Hernández «le agradeció» a Zavala Laínez por su protección, dicen los documentos.
El esquema era también político. Según los fiscales estadounidenses que posteriormente formalizaron la imputación contra «Tony», Hilda y Juan Orlando Hernández y otros coconspiradores usaron dinero del narcotráfico para «financiar las campañas de los candidatos del Partido Nacional en Honduras, incluidas las campañas presidenciales de 2009 y 2013, con el fin de mantener su poder y su influencia política. Como resultado de eso, en 2014, el acusado no solo era un violento narcotraficante, capaz de mover varias toneladas (de narcóticos), sino también diputado».
«Tony» no fue la primera conexión del Partido Nacional con el narcotráfico transnacional. Antes de él, estuvo Fabio Lobo, el hijo del presidente Porfirio Lobo, quien en 2017 fue sentenciado a 24 años de prisión por cargos de narcotráfico. Los expedientes judiciales decían que Lobo pidió más dinero para pagarle a Julián Pacheco, el general del Ejército convertido en ministro de seguridad que, según un testimonio de la Corte, dio protección a una caravana que transportaba drogas hasta la frontera con Guatemala. Pacheco, que sigue siendo ministro de seguridad del presidente Hernández, también resultó vinculado a la empresa de «Tony». Este negó las denuncias calificándolas de mentiras, diciendo que fueron hechas por criminales en busca de una reducción de penas en Estados Unidos.
En 2019, «Tony» Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
La continuación de las conexiones con el narcotráfico
En el centro de las actividades criminales en Honduras hay una relación simbiótica entre los delincuentes y algunos políticos de alto nivel. Según los expedientes acopiados por los fiscales estadounidenses, el toma y dame con la familia Hernández, por ejemplo, fue un acuerdo con el presidente Juan Orlando Hernández de no extraditar a algunos criminales a cambio de apoyo financiero para su partido y su familia. El presidente ha negado esos señalamientos y resalta que él ha extraditado a numerosos narcos a Estados Unidos, incluyendo supuestos aliados de su hermano «Tony».
Sin embargo, investigadores hondureños y estadounidenses señalan que el apoyo financiero permitió a Hernández ganar la presidencia, una
vez mediante votación popular legítima, en 2013, y otra en
circunstancias muy dudosas cuatro años después, cuando —luego de un
sospechoso corte de energía después de las votaciones— los resultados
presentaron un cambio total a
su favor para superar el déficit. Aunque observadores internacionales
de la Organización de Estados Americanos declararon posteriormente que
su reelección en 2017 fue obtenida en circunstancias sospechosas, Hernández permane
Mientras tanto, algunos líderes del partido mantienen su relación con el narcotráfico, pese a la condena de «Tony» Hernández y los rumores diplomáticos casi permanentes sobre la relación del mismo presidente Hernández con traficantes. «El grado de penetración del narcotráfico en el mundo político en Honduras sigue siendo muy alto», declaró un diplomático latinoamericano, que trabajó con la Maccih hasta finales de 2019, en entrevista con InSight Crime.
Un ejemplo de esta configuración se encuentra en Gracias a Dios, en una zona conocida como La Mosquitia, una selva escasamente poblada a lo largo de la costa que limita con el noreste de Nicaragua. Allí, la limitada presencia del Estado hondureño, combinada con la difícil topografía: montañas, pantanos y ensenadas desoladas, han hecho de la Mosquitia un refugio de primera y un escenario para los grandes productores de cocaína de Suramérica.
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Por muchos años, estas rutas estuvieron dominadas por el Cartel del Atlántico. El poder del cartel creció en gran medida gracias a sus conexiones con, entre otros, líderes políticos locales, como Roberto Paisano Wood. Paisano Wood fue durante años el hombre fuerte del Partido Nacional, en Gracias a Dios, según fuentes del Gobierno y de un líder político de La Mosquitia a quien InSight Crime entrevistó.
«Nada pasa aquí sin que él lo sepa», comentó el líder político, quien pidió que se reservara su identidad por el poder que aún tienen las redes criminales y el peligro que suponen.
Paisano Wood y su hermano, Seth, también traficaban drogas, según un agente de la unidad de inteligencia militar de Honduras, que estuvo en La Mosquitia hasta 2018. Los hermanos tenían vínculos con José Emilio Arrechavala, uno de los jefes del cartel del Atlántico.
En octubre de 2019, las autoridades detuvieron a los hermanos y los sindicaron de lavado de dinero. Específicamente, los fiscales señalaron que la familia era «una organización dedicada al tráfico de drogas con su centro de operaciones en Gracias a Dios».
Varios sospechosos en un mismo partido
Alrededor del Partido Nacional han surgido más empresas criminales, desde depredadores ambientales en los departamentos del norte de Olancho y Gracias a Dios, hasta líderes locales del partido implicados en la malversación masiva de recursos públicos.
Por ejemplo, a cientos de kilómetros de La Mosquitia, en el departamento de La Paz (sur del país), Gladis Aurora López ha creado su propio feudo. López es diputada y vicepresidenta del Congreso. También ha sido mencionada en documentos desclasificados por el Departamento del Tesoro estadounidense como alguien que ha «alegado de manera creíble haber incurrido en corrupción o facilitado actos corruptos».
Lo más notable es que ella fue una de las políticas que se benefició de las redes que desviaron recursos del Estado para campañas políticas particulares. Un funcionario de la Fiscalía General declaró a InSight Crime que el esposo de la diputada estuvo conectado con el caso Caja de Pandora y que su hija y su esposo tuvieron conexión con un caso de corrupción conexo.
El esposo de López es el administrador de al menos dos proyectos hidroeléctricos en La Paz, que también han generado controversia. Una investigación independiente de Global Witness vinculó a la diputada con la represión violenta de ambientalistas que protestaban por la construcción de las represas, para las que se obtuvieron cuestionables licencias y que presuntamente ignoraron las protestas y de los grupos indígenas frente a proyectos de gran impacto, según Global Witness.
En Olancho, también se han establecido redes criminales dedicadas a la tala ilegal y al tráfico de madera, gracias al poder político de algunos de sus miembros. En la ciudad de Catacamas, el alcalde y exdiputado nacional Lincoln Figueroa ha sido investigado por su presunta participación en redes ilegales de extracción maderera en las montañas vecinas. En julio de 2011, su nombre fue citado en un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sospechas de participación en el asesinato de una activista ambiental en Olancho.
Desde entonces, ambientalistas y opositores políticos han vinculado a Figueroa con la tala ilegal. Figueroa señala que las acusaciones en su contra están motivadas por disputas entre partidos políticos. Y aunque varias comisiones ambientales municipales en Catacamas también lo han investigado, nunca ha sido imputado de un delito.
También se han quedado cortas otras investigaciones sobre las actividades ilícitas de dirigentes del partido. Luego de que la familia Hernández resultara implicada con el caso Caja de Pandora, la Ufecic y la Maccih comenzaron a investigar al presidente hondureño. Al final, sin embargo, la justicia hondureña enterró el caso Caja de Pandora. Por lo que después, a comienzos de 2020, la administración Hernández desmontó la Maccih.
La consolidación del poder
La condena de «Tony» Hernández sacudió al presidente y su partido, y, por un momento, Juan Orlando trastabilló, pero pronto recuperó el equilibrio, con ayuda de sus aliados más cercanos, entre ellos Mauricio Oliva, líder del Partido Nacional y actual presidente del Congreso.
Oliva desempeñó un papel clave en el desmonte de la Maccih y, según una fuente de la Fiscalía General, ayudó a presionar la aprobación del código penal que limita las funciones de los fiscales para investigar casos de corrupción.
Oliva tiene sus propios fantasmas guardados. Fue investigado por la Maccih y la Ufecic por corrupción, y una investigación reciente del portal de noticias Expediente Público descubrió que un testaferro de la organización narcotraficante conocida como Los Cachiros le había transferido, a él y a varios parientes suyos, cuatro propiedades por un valor superior a un millón de dólares.
Pero no se conocen investigaciones sobre Oliva o sobre el presidente Hernández. De hecho, actualmente hay muy poca oposición política en el Partido Nacional. Los partidos de oposición están divididos y la resistencia de la sociedad civil se ha hecho mucho menos visible.
Leandro Osorio, el jefe policial que descubrió el laboratorio en La Iguala fue depurado de la Policía Nacional dos años después de su descubrimiento como parte de una «reestructuración del cuerpo». Él atribuye su salida a su intento de iniciar investigaciones a «Tony» Hernández.
La Ufecic también quedó debilitada. Una fuente en el Ministerio Público relató a InSight Crime que, después de cambiar su acrónimo a Uferco, hubo recortes salariales para los agentes de la unidad y recortes de personal, lo que triplica el tiempo que tardan las investigaciones.
«Juan Orlando está más fuerte que nunca», señaló un exagente de la Maccih.
*Este artículo es parte de una investigación de dos años de InSight Crime en las regiones transfronterizas del Triángulo Norte de Centroamérica y la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. Se reproduce con autorización. Puede leer el original en inglés aquí.
