viernes, 9 de abril de 2021

HONDURAS: Radio Progreso: A 5 años del asesinato de Berta Cáceres, sigue búsqueda de justicia y verdad // Berta, el COPINH y la lucha por el Gualcarque // Defensores: A cinco años de su asesinato, el legado de Berta Cáceres continúa presente en el pueblo hondureño que clama por justicia // Berta Cáceres multiplicada - Una conversación con sus hijas Laura y Bertha Zúñiga // Cinco años clamando por verdad y justicia por Giorgio Trucchi // Cuatro años buscando justicia: entrevista a Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres // La justicia no llega a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres // COPINH: Boletín No. 14 / 2021: 5 años exigiendo y construyendo justicia // Congresista Johnson Re (EE.UU) introduce La Ley Berta Cáceres sobre los DDHH en Honduras // Libro: Las Revoluciones de Berta (PDF) // Mujeres de Honduras luchan en desventaja por conquistar el poder político

 

HONDURAS / A CINCO AÑOS DEL CRIMEN CONTRA BERTA, “COPINES” EXIGEN JUSTICIA

Publicado: 02 Marzo 2021

Este 2 de marzo se cumplen cinco años del asesinato de la mundialmente reconocida ambientalista y lideresa indígena hondureña, Berta Cáceres, la Justicia aún no llega y desde las organizaciones populares, se hace un llamado urgente para que no haya más impunidad.

Según el Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), desde el crimen contra Berta, se ha asesinado a 37 ambientalistas hasta el cierre de 2020. 

Redacción Central\ EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Este martes 02 de marzo de 2021, se cumplen cinco años del crimen contra una de las mujeres más destacadas de la historia hondureña, Berta Cáceres, lideresa indígena y defensora de la vida, ejecutada por oponerse al proyecto “Agua Zarca” sobre el Río Gualcarque, fuente de vida del patrimonio indígena Lenca.

 

Hasta hoy, no ha llegado la justicia contra los autores materiales e intelectuales, pues aunque ya haya condenas para varios implicados, los que dieron la orden de ejecución, siguen libres.

Y en ese contexto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), el equipo de abogados y la familia de la extinta ambientalista se han pronunciado para recordar la vida y la lucha de Berta, y para exigir que no se trunque más el camino de la justicia.

 

“El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos, ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertos y expertas internacionales que han identificado a los autores intelectuales”, resalta un pronunciamiento oficial.

Y extiende: “Han transcurrido 1,827 días, 1,827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres”.

 

En el documento, el Copinh ha señalado que la presión de grupos económicos y políticos están impidiendo que sean procesados: Daniel Atala Midence, José Eduardo Zablah y Jacobo Atala Zablah, a quienes la organización social y la familia han apuntado directamente como autores intelectuales del asesinato.

“Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás de este crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala”, recalca el documento. 

Por todo lo anterior, el Copinh, la familia de Berta y el equipo legal que lleva el caso, piden “que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación”.

 

De igual manera, urgen al Poder Judicial que el proceso contra Roberto David Castillo, quien fuera presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por suponerlo como uno de los autores intelectuales del crimen, sean realizados sin dar más largas “para que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen”.  

Berta, fue ejecutada el 2 de marzo de 2016 en su casa de habitación, en sus últimos momentos de vida estuvo al frente de la defensa del Río Gualcarque, en peligro por el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” ejecutado por la empresa DESA.

 

Cabe señalar que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras presentó en marzo de 2019 el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, donde se acusó a 16 personas por Abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fraude.

En 2015 ganó el prestigioso Goldman Environmental Prize por su destaca lucha en defensa de los recursos naturales. Tras su asesinato, se ha convertido en mártir e icono mundial, su nombre está en varias calles históricas de países europeos y en Honduras, se le inmortaliza cada vez que el pueblo protesta en defensa de los recursos naturales.

 

Berta cumplió su promesa cuando en vida protestó: “Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”.


Berta, el COPINH y la lucha por el Gualcarque

Tinta Verde

Por

Publicado el 19 marzo, 2021

La líder indígena lenca, Berta Isabel Cáceres fue una defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de los recursos naturales, fundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Parte del legado de Berta es el COPINH, que sigue resistiendo y luchando en contra del colonialismo, además de estar exigiendo y construyendo justicia por el asesinato de su coordinadora, Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016.

El pueblo lenca recuerda como hace cinco años tuvieron que “sembrar a Bertita”, mártir de la lucha que ellas y ellos hoy sostienen en el departamento de Intibucá por la defensa de su sagrado río el Gualcarque.

Empresas como Sinohydro, el Banco Mundial y la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), intentaron construir represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, sin haber respetado el procesos de realizar una consulta, previa, libre e informada a los pueblos indígenas, tal como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Vista desde la comunidad lenca de río Blanco en el Gualcarque.

“Las transnacionales quieren invadir nuestro territorio, ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua y los bosques a través de proyectos de represas hidroeléctricas para la creación de energía, nosotras vemos que esta lucha que tenemos en la comunidad no es aislada y es un problema mundial, en este continente, así como todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que luchan por un sentido de justicia y emancipación”, declaró, Berta Cáceres desde el primer momento.

Producto de la defensa de los derechos del pueblo indígena lenca, Berta fue asesinada en su casa de habitación, a pesar de que contaba con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que requirió al gobierno de Honduras asegurar la vida de la líder ambientalista.

COPINH sigue exigiendo justicia
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”, frase célebre de Berta Cáceres.

Han pasado cinco años y el COPINH sigue exigiendo juicio y castigo para los autores intelectuales del asesinato de la lideresa lenca. Los autores materiales del crimen fueron sentenciados en diciembre del 2019, con penas de 30 y 50 años de cárcel, personas que se desempeñaban como ex dirigentes y miembros de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), ex militares y militares activos.

El COPINH comunicó, “han transcurrido 1827 días, 1827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres”.

Además, agregaron que “las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes”.

El comunicado también señaló “nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala”.

Honduras hundida en impunidad
Por lo tanto, sostuvieron que “no debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad”.

De igual forma recalcaron que “el clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia, por eso nos desfalleceremos junto al rebelde pueblo Lenca.

Concluyeron exigiendo junto a la familia de Berta Cáceres y el equipo legal con un “llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso”.

Texto y fotos: Gissel Grandez.


A cinco años de su asesinato, el legado de Berta Cáceres continúa presente en el pueblo hondureño que clama por justicia

Por defensores -
2 marzo, 2021

Tegucigalpa.- “A horas de conmemorar la siembra de mi mami muchos sentimientos se mezclan en mi interior. Quiero decir que casi nunca le hice ni promesas ni juramentos a ella, porque se sabe, entre ella y yo, que eso sale sobrando… Nosotras tenemos un pacto, un pacto de sangre y un pacto de amor. Solo le reafirmo que he hecho todo lo que he podido, todo lo que mis fuerzas me han alcanzado y me siento feliz de saber que nunca estuve sola en este camino y que esta lucha ha sido mi proceso de sanación”, escribió en su página oficial Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista y guardiana de los ríos, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.

“No logré lo que quise lograr cuando me imaginé 5 años después del crimen: me sabía certera logrando la condena más histórica de Honduras, sentenciando a la gran cúpula económica del país”, continúo escribiendo.

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Así mismo expresó en su página oficial de Facebook que no se ha rendido, que la lucha no solo es de la “hija Berta”, sino de todo un pueblo; “sin embargo, se equivocarán los impunes se piensan que me he rendido y sobre todo equivocados si piensan que esta es la lucha de “la hija de Berta”. Esta es la lucha de todo un pueblo que se sabe sediento de justicia y confío en que tenga la sabiduría de forjar su liberación”.

“Gracias a mi mami por siempre estar conmigo, (con mis hermanas y hermano) por iluminarme, por siempre darme la confianza, como lo hizo en vida. Gracias a toda la gente que ha estado hombro a hombro y que de la única que acepto reproches y críticas”, agregó en su escrito.

Finalizó diciendo que “con ese recuerdo en mi corazón damos pie a una gran jornada que será clamor mundial de justicia”.

El 2 de marzo de 2016 el pueblo hondureño se paralizó con el asesinato de la ambientalista al interior de su casa ubicada en La Esperanza, Intibucá, y dicho crimen continúa en total impunidad en Honduras, pero la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del cual fue cofundadora y coordinadora, el pueblo hondureño a cinco años de su asesinato continúa exigiendo Justicia.

Salvador Zúñiga, esposo de Berta Cáceres, lamentó que, en el caso de Berta, a cinco años de su asesinato, no se ha hecho justicia en el país.

Una de las situaciones lamentables es que los actores intelectuales no estén enjuiciados, a pesar de que hay  pruebas contundentes, que conducirían a algún miembro de la familia Atala, y no hay una detención o una orden de captura, es un asesinato que continúa en la impunidad, señaló Zúniga.

Añadió que hemos visto como se ha protegido desde el estado, y este también es un crimen del estado porque han participado como lo ha establecido las investigaciones, gente vinculada a las Fuerzas Armadas de Honduras, el caso del Mayor Díaz Chávez.

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Agregó que “hay una lucha para una justicia plena verdadera y que no se vuelvan a cometer este tipo de asesinatos que son una dedicatoria a los y las luchadoras por la defensa de los bienes comunes naturales, y a los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Salvador dijo a defensoresenlinea.com que el crimen de Berta Cáceres era precisamente por la defensa de los bienes comunes naturales, la defensa de los pueblos indígenas, la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de la soberanía popular y la soberanía territorial de Honduras que ella hacía.

El defensor de los territorios dijo que Berta dejó un legado para continuar la lucha en defensa de los ríos, en defensa de los bosques, en defensa desde los territorios, los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y aunque la asesinaron físicamente, hoy el legado se ha multiplicado, hay más gente que reivindica el derecho a la justicia y estamos a próximos a un amanecer distinto y a un amanecer verdadero para el pueblo hondureño.

Finalizó diciendo que en Honduras, si bien cierto hay al menos ocho personas que están acusadas de haber cometido el crimen, pero no hay órdenes de captura que lleven a los actores intelectuales, porque son los grupos fácticos poderosos que manejan los hilos de la vida y la muerte, que siguen cometiendo asesinatos y que quedan en la impunidad. Siguen manchando de sangre el territorio hondureño, precisamente por grupos crimínales que se han enclaustrado en el poder del país.

Ante la preocupación de los asesinatos contra ambientalistas en Honduras, un informe publicado por la organización internacional Global Witness, que ha señalado a este país como el más peligroso para defender los recursos de la tierra, además expresa que políticos y empresarios hondureños están ligados a la represión violenta de activistas que defienden sus tierras. Esta Organización precisa que son 123 ambientalistas y defensores dela tierra, asesinados desde enero del 2010.

Berta Cáceres fue asesinada en su casa, ubicada en La Esperanza, Intibucá, el 2 de marzo del 2016, por el caso hay ocho personas detenidas, señaladas como autores materiales, pero ningún hechor intelectual, situación que lamenta la familia de Cáceres Flores.

En un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), en el marco del quinto aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras.

En su comunicado expresa la OACNUDH que observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como fue expresado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el 26 de febrero del presente año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

La OACNUDH resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales, y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad.

Berta Cáceres, sigue presente en los ríos y en los territorios porque asesinaron su cuerpo, pero su legado siempre permanecerá por siempre en Honduras”.

“Berta no murió, se multiplicó”.


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LA DEFENSA DE LA TIERRA

Berta Cáceres multiplicada

Una conversación con sus hijas Laura y Bertha Zúñiga

Marcelo Expósito 6/03/2021

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Bertha y Laura Zúñiga.

Luis Salgado / Kike Castro (El Salto)

Más de 200 personas fueron asesinadas en 2019 por liderar la defensa de la tierra y el medioambiente en Abya Yala, la porción del mundo que los europeos llamamos América. Hace más de 500 años que Abya Yala se desangra por una herida colonial cuya visibilización nos sigue resultando insoportable. Sobre todo cuando el movimiento antirracista y las luchas anticoloniales globales nos muestran que hay un nexo cada vez más estrecho entre las denuncias del bajo precio que le damos a la vida de las comunidades resistentes en América Latina, el señalamiento de la violencia estructural que sufren las personas migrantes en Europa o las revueltas por los crímenes policiales contra la población afrodescendiente en Norteamérica.

En la medianoche del 2 al 3 de marzo de 2016, unos sicarios forzaron la puerta del domicilio de Berta Cáceres en La Esperanza para asesinarla. Había fundado el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) 23 años antes. Desde hacía seis años, era una figura clave en la articulación de las comunidades indígenas contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, uno de los brutales planes de privatización territorial facilitados por las concesiones a las multinacionales decretadas tras el golpe de Estado hondureño de 2009. La proyección internacional de su figura había crecido en el año 2015, cuando le fue concedido el Goldman Environmental Prize y pronunció su contundente y hermosísimo discurso en la ceremonia de entrega: “¡Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”... Aun hoy día, después de su asesinato, cuanto más se la conoce más nos impresiona por su complejidad. Líder social comprometida a lo largo de su vida en tejer una sociedad civil democrática de organizaciones críticas en su país, tuvo como una de sus principales metas ayudar a reconstruir la identidad cultural del pueblo lenca, empoderando los liderazgos diferenciales de las mujeres e introduciendo en las comunidades indígenas debates sobre la diversidad sexual. Una vez más, nos viene de un rincón del mundo el ejemplo terminante de cómo las políticas militantes están obligadas a ser interseccionales si deseamos una emancipación transversal. En el quinto aniversario de su asesinato hemos propuesto conversar con sus hijas Bertha Zúñiga y Laura Zúñiga. Pero les hemos pedido no solamente hablar sobre su madre, sino relatarnos también algo sobre su propia experiencia de vida. Las dos cosas resultan inseparables: si el imaginario popular sobre Berta Cáceres nos la representa tras su muerte como una semilla que germina, una estrella en multiplicación o un ser humano que se reintegra definitivamente en el ecosistema que defendió, es porque existen trayectorias militantes que, más allá de convertirse en ideales abstractos tras truncarse sus vidas por la violencia, cobran cuerpo de nuevo en las experiencias de vida concretas que las suceden.

Bertha (1990) y Laura (1993) son dos mujeres jóvenes generosas a la hora de compartir sus tiempos y sus narraciones. El discurso político contundente muy articulado que sostienen se dulcifica regularmente por una tonalidad amable en la que no faltan las sonrisas frecuentes y una alegría chispeante, contagiosa, que reluce invitante.

Formáis parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenes de Honduras (COPINH). ¿Cuál es vuestro papel en esta organización y a qué se dedica?

Bertha: El COPINH está en 5 de los 18 departamentos de Honduras, en comunidades eminentemente indígenas lenca. Prácticamente nacimos y crecimos en esta organización. Actualmente, yo desempeño la función de coordinadora general de toda la lucha política y social del COPINH junto con compañeros y compañeras que integran todos nuestros ejes de lucha, que tienen que ver esencialmente con la defensa del territorio, de los bienes comunes de la naturaleza, y con seguir reforzando la cultura lenca, su proyecto emancipatorio y autonómico. El COPINH asumió también como eje de lucha el proceso de buscar justicia para mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, lo que está siendo un proceso bastante demandante. También toca llevar adelante las redes del COPINH con las herramientas de la educación popular que forman parte de las metodologías de los movimientos sociales en América Latina, la articulación con movimientos sociales en Honduras y fuera de Honduras, sobre todo comunidades indígenas que también están en lucha y resistencia.

¿Quiénes sois los lenca, cuál es vuestra historia?

Bertha: [Ríen] Bueno... el pueblo lenca es uno de los pueblos indígenas en Honduras que tiene una lucha milenaria por su necesidad de defender el territorio. Es un pueblo muy grande y diverso que no sólo está ubicado en Honduras sino también en una parte de El Salvador. Por su diversidad tenía la característica de ser tanto un pueblo productor de artesanía y alfarería como también guerrero, lo que le permitió en tiempos de la colonia mantener una lucha directa con la invasión española. Producto de esa resistencia en defensa de los territorios, de la memoria de Lempira [cacique lenca que se opuso contundentemente a la colonización en la década de 1530, y quien, según la crónica recogida en las Décadas de Herrera, fue asesinado a traición por los españoles durante una negociación de paz], ha habido también una saña especial contra este pueblo históricamente, se ha intentado borrar gran parte de su identidad. Es el único pueblo indígena en Honduras que no conserva su lengua, solamente fonías. Sin embargo, sí conserva su cosmovisión y sus prácticas ancestrales más importantes como la “compostura” a la madre tierra, que es una ceremonia de pago a la tierra en agradecimiento por todo lo que da. Mantiene entonces su memoria de resistencia ancestral, sus valores culturales espirituales, esas relaciones comunitarias bastante armónicas con la naturaleza y la vez, desde hace mucho tiempo, un proceso organizativo [refuerza aquí el énfasis] para legalizar la posesión histórica de las tierras que sigue sin reconocerse y sigue sin resolverse por parte del Estado de Honduras. Con el nacimiento del COPINH se empuja ese proceso de demanda sobre la tierra y de respeto a los derechos territoriales del pueblo lenca. 

El pueblo lenca es uno de los pueblos indígenas en Honduras que tiene una lucha milenaria por su necesidad de defender el territorio

¿Tenéis recuerdos de cómo fue crecer en La Esperanza como una vivencia atravesada por estos conflictos?

Bertha: Nosotras hemos tenido la oportunidad de conocer de pequeñas la situación de marginalidad profunda en la que vivían los niños y niñas del pueblo lenca, con desnutrición severa... Para nosotras fue un descubrimiento nuestra propia cultura frente a un sistema educativo que niega la existencia del pueblo lenca diciendo: “¡Existió en el pasado, pero ya desaparecieron!”. Entonces, una de las luchas más fuertes que ha hecho el COPINH es demostrar la existencia de las comunidades indígenas. Fuimos descubriendo nuestra propia identidad fortaleciéndola y apropiándonos de ese proceso.

Laura: Puedo contar como ejemplo cuando acompañamos a la comunidad de Montaña Verde, que hace muchos años se tuvo que enfrentar a terratenientes que se querían apropiar de la montaña [nota: se refieren a la violación de las tierras ancestrales por el terrateniente Neptaly Arnaldo Toledo entre 2012-2013, ante la pasividad del Instituto Nacional Agrario de Honduras que rehuía titular las tierras a nombre de la comunidad]. Producto de eso tuvieron encarcelados a varios líderes de la comunidad que incluso fueron torturados, sus hijos que tenían nuestra edad sufrieron al ver toda esa operación en contra de su familia. Pues fuimos ahí para acompañar y vimos cómo niños de nuestra edad, incluso niñas más pequeñitas que nosotras, habían sufrido esa persecución, la estigmatización, la tortura de sus padres... Entonces, una también, en la vivencia, va aprendiendo lo que significa la defensa del territorio. 

Yo me acuerdo que me decía: “Usted tiene que luchar. Usted no puede ser una persona apática frente a la realidad”

En general, ¿cómo era Berta Cáceres como madre, qué recuerdo tenéis de ella en el día a día?

Laura: Mi mami, una de las cosas que tenía es que nos trató siempre como sujetas, digamos; nunca nos quitó la palabra ni la voz sino al contrario. Ese ejercicio de darle la palabra a los niños y a las niñas, respetando a todas las personas como sujetos políticos, pensantes, es algo que permite hoy en día que el COPINH tenga mucha juventud que vivió esa experiencia. Eso fue bonito, que nos diera la palabra en asambleas cuando no todo el mundo lo entendía, cuando costaba más entender por qué. Eso me parece que tiene que ver con la fuerza de mi mami que era la misma fuerza que hacía que impulsara los liderazgos de las mujeres, que hablara sobre estos temas en territorios donde por ejemplo no se hablaba tanto de diversidad sexual, que pusiera esa discusión y nos exigiera a todos plantearnos los debates, profundizándolos a partir de la idea de justicia. ¡Y así era como mamá, nos enseñó, nos exigió también! Yo me acuerdo que me decía: “Usted tiene que luchar. Usted no puede ser una persona apática frente a la realidad”. Con eso crecimos y por eso creo que, cuando sucede el asesinato de mi mami, nosotras podemos lograr hacer un debate público, también pararnos [sostenernos en pie] por esas herramientas que nos dio.

¿Cuál fue la trama que dio lugar al asesinato de vuestra madre? Con la perspectiva de estos cinco años, ¿cómo resumiríais el proceso y la red de responsabilidades que condujo al crimen que acabó con la vida de Berta Cáceres?

Bertha: El conflicto con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es uno de los muchos conflictos que fueron instalados en el territorio del pueblo lenca, en el marco del concesionamiento masivo que se vivió posteriormente al golpe de Estado de 2009. El COPINH denunció –y Berta Cáceres en particular– que el Estado aprueba más de 51 concesiones para proyectos de generación de energía, fundamentalmente proyectos hidroeléctricos sólo para el territorio del pueblo lenca, que es un territorio relativamente pequeño, de manera que se produce una amenaza principalmente para los ríos. Hubo en 2010 un proceso de denuncia bastante fuerte de estas concesiones, no sólo por parte del COPINH sino también por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En el año 2013 se supo que unas mediciones que se estaban realizando en el río eran para un proyecto hidroeléctrico y las comunidades empezaron comunicarse a través de la coordinación del COPINH para saber de qué manera protegerse. El COPINH elaboró una denuncia formal que se depositó en la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural de Honduras, alertando de la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas. En vista de que las denuncias no avanzaban las comunidades decidieron realizar lo que se llamó “la toma del Roble” [1 de abril de 2013], que fue una toma de carretera para evitar el paso de la maquinaria que estaba rompiendo la montaña para llevar el equipamiento al río. Y ahí comenzó prácticamente una guerra contra el pueblo lenca por parte de la empresa y de la seguridad del Estado, acompañados muy fuertemente por las instancias financiadoras internacionales.

El conflicto con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es uno de los muchos en el territorio del pueblo lenca, debido al concesionamiento masivo que se vivió después del golpe de Estado de 2009

A partir de ahí se empezó a conocer quién era la empresa [Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)], quién era el presidente, quién era el señor David Castillo [gerente general de DESA y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca], sus accionistas, qué bancos estaban financiando... En julio de 2013 era asesinado el compañero Tomás García [líder indígena lenca asesinado por el ejército hondureño el 15 de julio de 2013; la condena del militar Kevin Yasser en 2015 por homicidio simple fue calificada de insatisfactoria por el COPINH] con tentativa de asesinato de su hijo Allan; también fallecen otras compañeras del COPINH en un accidente. Empiezan a verse la sangre y la violencia con la que se intentaba imponer ese proyecto. Por la lucha se logra expulsar al primer constructor, la empresa china Sinohydro, principal constructora de represas del mundo, y luego entraron varios bancos inversores en el proyecto: el FMO [Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., holandés], el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Finnfund [Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd., finlandés] [nota: todos ellos han acabado por retirarse del proyecto, y su desvinculación ha sido denunciada por el COPINH como un reconocimiento de su responsabilidad en la violencia ejercida en torno a Agua Zarca]. Mi madre les escribió cartas pidiéndoles por favor que se retiraran de este proyecto que estaba vinculado con la violación de los derechos de las comunidades indígenas e involucrados en el asesinato de Tomás García. No hicieron caso, no escucharon nada de lo que se les estaba diciendo, e incluso empezaron a defender públicamente a la empresa y todo lo que estaba haciendo. Negaron la condición de pueblo indígena de la comunidad de Río Blanco y fue todo en general una gran batalla con amenazas, incidentes, ataques sistemáticos al COPINH, sabotajes a las radios, rompían la carretera, mi mami fue detenida en dos ocasiones y encarcelada en una de ellas; le abrieron un proceso por usurpación, coacción y daños a la empresa. Finalmente le dieron el Premio Goldman, pero después ellos retomaron el proyecto al otro lado del río Gualcarque y empezó otro proceso organizativo y de movilizaciones.

Y bueno, viendo que la lucha no iba a parar y viendo amenazados sus intereses, ella es asesinada. Hubo una tentativa previa del 5 y 6 de febrero, donde los sicarios se ubicaron también en La Esperanza, y en su asesinato se vieron involucrados un mayor de las fuerzas armadas, el señor Mariano Díaz Chávez; el señor David Castillo, quien subcontrató al señor Douglas Bustillo [exmilitar] que era el exjefe de seguridad de la empresa... Son quienes toman la decisión, y eso mismo lo dijo Sergio Rodríguez [gerente de DESA] en el juicio pasado, que el tema Berta Cáceres y COPINH se hablaba al nivel de la Junta Directiva. Y de la Junta Directiva y accionistas mayoritarios son los señores Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah, y el señor Daniel Atala Mience que es el gerente financiero de la empresa. Estas personas son dueños del Fútbol Club Motagua, de bancos, de un montón de empresas en Honduras, son una de las familias influyentes que apoyaron el golpe de Estado, que apoyan al actual presidente Juan Orlando Hernández [caracterizado en su carrera política por su reivindicación de políticas securitarias duras y por estar rodeado de numerosas sospechas de corrupción], que son parte de estas estructuras prácticamente intocables. Ellos son los tomadores de decisión de algo que David Castillo coordinó y para lo cual contrataron a varias personas y eso es justamente lo que hoy estamos disputando. Esa es la parte que continúa en impunidad y por lo cual nosotras seguimos luchando por la justicia. 

 La última vez que la vi fue en el aeropuerto, el primero de marzo, y me dijo fue: “No tenga miedo, usted sabe que en este país nos puede pasar cualquier cosa pero usted no vaya a tener miedo”.

¿Hay algún recuerdo o alguna reflexión que queráis compartir a propósito del día en que sucedió el asesinato de Berta Cáceres? ¿Era un peligro que tuvierais presente, dados los antecedentes?

Laura: No, yo creo que era algo que... se podía analizar, pero que era muy difícil, visto en retrospectiva, decir: sí, esto va a pasar. En el momento, después de tantos años de amenazas, persecución... yo creo que había una naturalización de esas amenazas. Fue un momento difícil, yo me encontraba fuera del país, había viajado un día antes del asesinato de mi mami, y una de las cosas que yo recuerdo que hablábamos era que había amenazas hacia nosotras también. Creo que esa era la parte más difícil para ella, pensar que nosotras también estábamos en peligro. La última vez que la vi fue en el aeropuerto, el primero de marzo, y lo que ella me dijo fue: “No tenga miedo, usted sabe que en este país nos puede pasar cualquier cosa pero usted no vaya a tener miedo”. Y yo creo que ahí es un momento en el que una cae y dice: esto es una realidad cierta. Bertha también estuvo acompañando a mi mami con la comunicación en algunas comunidades en las que yo creo que sí se sentía un ambiente de violencia. Pero, claro, siempre es difícil de creer porque la muerte les pasa a otros. Siempre es algo tan lejano, es una posibilidad tan irreal que... yo no podía analizar racionalmente eso, no podía sentirlo; además, mi mami era una persona segura, nunca nos transmitió miedo. Siempre nos hizo saber clara la situación en la que estábamos, que había riesgo, pero nunca hablaba desde el miedo.

Fue potente el entierro de vuestra madre, ¿verdad? Porque se convirtió en un acto multitudinario de solidaridad internacional, una gran demostración de fuerza comunitaria y de reivindicación colectiva. 

Laura: Yo creo que fue el momento que marca el romper con la naturalización de la muerte acá, y eso fue para el movimiento social pero también para el pueblo hondureño. Ese mensaje que da la sociedad hondureña sobre el asesinato fue muy fuerte y se replicó a nivel internacional también. Yo creo que ese es el primer paso, uno de los días en los que se logra romper con la primera narrativa que intenta imponer el Estado, y por eso también intentamos demostrar la responsabilidad del Estado. El ministro de Seguridad, ese día del asesinato, a las 6 de la mañana, cuando a nosotros ni siquiera nos habían informado, decía públicamente que era un crimen pasional. Esa carga machista, patriarcal, del ministro de Seguridad, de un alto rango del Gobierno marca varias cosas, y una de ellas es buscar cambiar el motivo de ese asesinato. Ella fue una luchadora que había puesto 33 denuncias de amenazas, sobre todo contra una empresa que era DESA. Ese día se rompe con esa primera intención de impunidad.

¿Cuál es el estado del proceso judicial y del reclamo de justicia con respecto a vuestra madre?

Laura: Vivimos hace ya dos dos años un juicio contra ocho personas, siete de las cuales fueron condenadas, que son las personas que nosotras entendemos como los gatilleros que dispararon y que son el eslabón más bajo y también más débil de esta cadena criminal. Porque son gente joven y pobre, incluso más jóvenes que nosotras... Estamos hablando de militares que utilizan el ejército como un lugar para captar a ese tipo de personas que hacen el trabajo de disparar. Esas personas fueron condenadas y hoy estamos enfrentando otro proceso judicial contra David Castillo, exmilitar entrenado en los Estados Unidos [graduado en West Point y exoficial de inteligencia hondureño] que utilizó estos conocimientos y herramientas para aplicarlas en contra de mi mami y del COPINH. Es una persona que dirigió esta empresa pero no es quien aportó los capitales más importantes. Nosotras entendemos que es parte de esta cadena de autoridad material claramente con grandes capacidades, herramientas, dinero y conexiones que no tenían los sicarios. Este último proceso judicial ya llegó a la última etapa que es el debate oral y público: nosotras hemos peleado para que sea público, para que el pueblo hondureño sea testigo de este juicio. Tenemos 81 medios de pruebas que vamos a presentar en contra de David Castillo a quien consideramos asesino de mi mami. Y queremos que en este juicio se nos permitan estar. En el juicio pasado expulsaron a nuestros abogados, no les dejaron ser parte y no pudimos aportar medios de prueba. Esta vez queremos que se nos admita porque también estamos llamando a testificar a esos que no han sido juzgados, que son la familia Atala Zablah. Ya son dos años de retraso porque las audiencias se han ido posponiendo, es súper agotante estar una y otra vez esperando que este juicio inicie [ver Azul Cordo, “Honduras: una nueva dilación por el femicidio de Berta Cáceres”, Latfem, 14/01/2021]. Falta que acabe este proceso y falta la investigación exhaustiva de los autores intelectuales del asesinato de mi mami, falta el juicio y el castigo para esos que lo financiaron, los que hicieron posible que este asesinato sucediera, los que buscaban beneficiarse del terror que puede causar un asesinato como este. Estamos también peleando para que el Estado se responsabilice porque era su obligación proteger a Berta Cáceres, mi mami tenía medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se cumplieron, es más: el Estado la persiguió, la encarceló. Finalmente, otra cosa que sucede es que el río sigue concesionado, es decir, a pesar de este asesinato y de otros, a pesar de la lucha que ha habido del pueblo lenca, todavía ahora el río está en peligro. Esta resistencia es una lucha insigne para el pueblo hondureño, así que los que tienen intereses quieren derrotar esta lucha, cosa que no van a poder porque hay un pueblo que está en pie.

Falta la investigación exhaustiva de los autores intelectuales del asesinato de mi mami, falta el juicio y el castigo para esos que lo financiaron, los que hicieron posible que este asesinato sucediera

¿Cómo explicaríais el papel de las mujeres no solamente en la reconstrucción de la vida comunitaria del pueblo lenca sino también en la construcción de las resistencias en defensa de los territorios?

Laura: El papel de las mujeres tiene que ver primero con que hemos aprendido desde hace mucho la resistencia, porque nuestros cuerpos han sido también territorios que se ha buscado destruir, que se ha buscado vaciar, nos han visto como territorios a los cuales conquistar. Hemos aprendido, de esa rebeldía que viene desde el vientre de nuestros propios cuerpos, a tejer redes de solidaridad y de resistencia, de lucha, que yo creo que van más allá de una consigna, que tienen que ver con preservar y cuidar la vida. Con pensar, planificar y disfrutar el futuro. Porque, al final, nosotras vamos aprendiendo de nuestras madres cómo hacer esta disputa, son las mujeres las que han desafiado la idea de la opresión patriarcal para pensar la vida desde otro lugar. No sólo la vida de la tierra, sino incluso la vida con justicia desde la igualdad de los géneros, de los cuerpos, disputando los espacios políticos que nos han quitado sobre todo a las mujeres indígenas, que nos han relegado, nos han sacado del espacio público. Volver a dar esos debates. Yo creo que mi mami por eso también es tan importante, porque es una lideresa que sale a lo público y lo disputa en los diferentes espacios local, nacional e internacional. Yo creo que eso lo vamos aprendiendo también. Y es muy lindo ese tejido que también está hecho de diversas generaciones: hablamos de mi abuela, hablamos de mi mami, y vamos así juntas construyendo esas otras formas de pensar y desafiando esos poderes opresores. Entendemos la tierra también como un cuerpo femenino que ha sido violentado, que se ha buscado conquistar, que se ha buscado destruir. Esa comunicación, ese entendimiento nos hace tener fortaleza a la hora de luchar y resistir.

Autor > Marcelo Expósito


Pressenza

Cinco años clamando por verdad y justicia

02.03.2021 - Managua, Nicaragua - Giorgio Trucchi

Cinco años clamando por verdad y justicia
Berta Zúñiga Cáceres (Imagen de Giorgio Trucchi)

El 2 de marzo de hace 5 años, caía víctima de balas asesinas la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres. El vil asesinato conmocionó al mundo y la exigencia de verdad y justicia para Berta ha penetrado hasta lo más hondo, levantando el velo de silencio que envuelve a un país donde luchar contra un sistema capitalista, racista y patriarcal, defendiendo la tierra y los bienes comunes, aún significa arriesgar la vida.

“Giorgio, mataron a Berta. La mataron”, rezaba el mensajito que me envió Miriam, amiga entrañable y compañera de lucha de Berta, aquella madrugada de marzo.

Desde aquellos primeros instantes resultó evidente que detrás de las balas disparadas por sicarios estaba la autoría intelectual de gente poderosa coludida con órganos estatales, en el marco de un contexto de persecución sistemática contra Berta Cáceres y el Copinh1, por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

En diciembre de 2019, los autores materiales del crimen fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), ex militares y militares activos.

Sólo un primer paso en el camino por la justicia. Hasta el momento ninguno de los autores intelectuales ha sido enjuiciado.

Cinco años después, la familia de Berta, el Copinh, el mundo entero siguen clamando por verdad, justicia y fin de la impunidad.

Bertha Zúniga Cáceres, hija de la luchadora social asesinada y coordinadora del Copinh, conversó con La Rel.

-Son cinco años del asesinato de Berta, de tu mamá, y su legado continúa más vigente que nunca.
-Su memoria, su claridad, su legado están muy presentes en el pueblo de Honduras por la grave crisis que vivimos. Territorios y bienes comunes siguen siendo atacados, ha recrudecido la violencia contra las mujeres y se ha profundizado la pobreza y la inseguridad, obligando a mucha gente a huir de su propio país.

En este quinto aniversario de la siembra de la compañera Berta seguimos rescatando su pensamiento, como por ejemplo el proyecto refundacional de Honduras y el proceso que implicaría una transformación sustancial del país.

Creemos que es necesario transformar radicalmente tanto el sistema y el modelo económico vigente, como la matriz energética del país. Y es imprescindible que esto cuente con la participación activa de todo el pueblo hondureño.

Los pueblos que no luchan por su existencia desaparecen. Esto es el llamado urgente que Berta nos heredó.

-Berta hablaba de la ‘justicia de los pueblos’.
-Frente a esta maquinaria de impunidad lo que nos toca es ir construyendo la justicia de los pueblos, defendiendo territorios contra empresas que van a seguir acechando.

Como Copinh vamos a seguir trabajando en los procesos territoriales, organizativos, en alianza con los otros pueblos. Procesos que deben seguir firmes pese a los ataques y el hostigamiento sistemático que sufrimos.

-A 5 años de su siembra, la impresión es que no han podido convertir a Berta en un ‘logo vacío’, sino todo lo contrario.
–Berta y su legado se han convertido en motor de lucha para las transformaciones sociales. Su mirada y su pensamiento van más allá del ‘ambientalismo’, es más radical, y abarca las luchas de los pueblos contra un sistema que es neoliberal, patriarcal y racista.

Su rostro y su nombre los encontramos en las luchas en los diferentes territorios de Honduras y del mundo. Aquellas mismas luchas que acompañó en vida y que seguramente acompañaría si estuviese aquí.

La imagen de Berta Cáceres no pudo ser vaciada y sigue siendo inspiración para los pueblos.

-¿Cómo sigue la búsqueda de verdad y justicia para Berta?
-Sabemos que el crimen fue ejecutado por una estructura criminal, vinculada a miembros de la familia Atala Zablah2, que sigue estando impune.

Lamentablemente, el Estado de Honduras no ha tenido, hasta el momento, la voluntad política de involucrarlos en el juicio contra los mandantes del crimen.

También se ha venido atrasando de manera sistemática el juicio contra David Castillo, ex presidente de Desa y coautor del asesinato. Contra él se han presentado 88 medios de prueba y estamos esperando que el tribunal se pronuncie.

Pero la verdad es que, después de cinco años, la paciencia se nos ha agotado. En Honduras la justicia está vinculada a los grupos de poder. Necesitamos que haya más presión para que los criminales y sus cómplices paguen la deuda que tienen con las víctimas.

Sentimos el apoyo, la solidaridad de tanta gente. Nunca vamos a renunciar a la verdad y la justicia para Berta.

“En la jornada de ayer, el tribunal decidió admitir sólo a un miembro de la familia Atala (Daniel Atala Midence) en calidad de testigo calificado, al tiempo que rechazó los informes de la Cidh, con los cuales se pretendía dar a conocer el contexto de persecución y violencia del cual fue víctima Berta y que culminó con su asesinato. El tribunal fijó el 6 de abril como fecha de inicio del juicio en contra de David Castillo“.

1 Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
2 Directivos de la empresa Desa que es propietaria e impulsora del proyecto Agua Zarca

Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)

Los demócratas reintroducen la Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, en el aniversario de la muerte de la activista hondureña

05 Mar. 2021

Un grupo de congresistas demócratas ha reintroducido la iniciativa de la Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, que suspendería la ayuda militar de Estados Unidos al país centroamericano hasta que el Gobierno hondureño investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad. El proyecto de ley lleva el nombre de Berta Cáceres, la popular defensora del agua y de la tierra indígena Lenca, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016, un día antes de cumplir 45 años. En 2017, el periódico The Guardian informó que la ejecución extrajudicial de Cáceres había sido planeada por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales de Honduras entrenadas por Estados Unidos. Cáceres habría cumplido 50 años esta semana. En 2019, Democracy Now! habló con una de sus hijas, Laura Zúñiga Cáceres, en Madrid, España.

Laura Zúñiga Cáceres: “Luego vemos cómo se sigue apoyando, sobre todo en el área militar, a gobiernos […] que son altamente represivos y violadores de derechos humanos. Y digamos, cuando fue el asesinato de mi mami, una de las cosas que nos llamó la atención es que se hablaba que miembros del FBI estaban investigando el asesinato de mi mami, cosa que la embajada de Estados Unidos nunca aclaró, a pesar de que no era cierto, y permitió que el Estado creara esa narrativa”.

Vea nuestra cobertura sobre la vida y la muerte de Berta Cáceres, así como nuestra entrevista en 2019 con su hija Laura Zúñiga Cáceres en la cumbre climática de la ONU en Madrid.

Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)

Cuatro años buscando justicia: entrevista a Laura Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres

17 de enero de 2020

En Honduras, un nuevo informe presentado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirma que, al menos, quince mujeres fueron asesinadas en los primeros catorce días de este año. La violencia contra las mujeres, las personas LGBTQ, los líderes indígenas y los activistas ambientales aumentó estrepitosamente en Honduras durante el gobierno de Juan Orlando Hernández que tiene el respaldo de EE.UU. El informe se da casi cuatro años después de que un grupo de sicarios asesinara a Berta Cáceres, indígena activista ambiental, en su casa ubicada en La Esperanza, Honduras. El mes pasado en Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, siete hombres fueron condenados a cincuenta años de cárcel por ese asesinato ocurrido en marzo de 2016. Cáceres había estado oponiéndose a la construcción de una importante represa hidroeléctrica en el río Gualcarque en terrenos sagrados del pueblo lenca, en el sudoeste de ese país. En noviembre de 2018, un tribunal determinó que el asesinato de Cáceres había sido ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña responsable del proyecto de la represa Agua Zarca, conocida como DESA, que contrataron a los sicarios ahora condenados. Cáceres había ganado el Premio Goldman 2015 a los defensores del medio ambiente, por su trabajo de protección de las comunidades indígenas y por su campaña de justicia ambiental contra la construcción de la enorme represa. En diciembre, conversamos con una de sus hijas, Laura Zúñiga Cáceres, en Madrid, España, adonde había viajado para recibir un premio de derechos humanos. “Es una condena tardía. Han sido casi cuatro años de búsqueda de justicia. Es producto de un proceso bastante doloroso y difícil en el que las víctimas hemos estado en disputa directa con un Estado asesino y agresivo”, afirma Zúniga Cáceres.


Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, Democracynow.org el informativo de guerra y paz, soy Amy Goodman. El pasado diciembre siete hombres fueron condenados en Honduras a más de cincuenta años en prisión por el asesinato de la medioambientalista indígena Berta Cáceres. Cáceres estaba luchando contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en tierras indígenas lencas cuando fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016. Un tribunal dictaminó que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña dueña de la represa, conocida como DESA, que contrató a los sicarios que fueron condenados por llevar a cabo el asesinato. Al menos dos de los hombres involucrados en el crimen habían sido entrenados por militares estadounidenses.

El asesinato de Cáceres se produjo un año después de que la activista recibiera el Premio Ambiental Goldman por su trabajo para proteger a las comunidades indígenas y por su lucha contra la represa. Esta es Cáceres hablando en 2015.

BERTA CÁCERES: En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua, y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Berta Cáceres dando su discurso de aceptación del Premio Ambiental Goldman en 2015. Justo unas semanas después de que los asesinos de Cáceres fueran condenados, Democracy Now! habló con su hija Laura Zúñiga Cáceres en Madrid, España. Comencé por preguntarle si pensaba que la reciente sentencia había hecho justicia.

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, primero eso, una condena tardía, digamos, son casi cuatro años de estar buscando justicia, viene producto de un proceso bastante difícil y doloroso que ha sido ponernos a nosotros como víctimas en disputa directa con un Estado asesino y agresor, y se dan los resultados mínimos que pudo haber dado el Estado. Seguimos hablando de que no están los asesinos intelectuales de mi mami y que a quienes se capturó y se condenó fueron a las personas más débiles dentro de la estructura criminal que atentó contra mi mami.

AMY GOODMAN: ¿Podría contarnos qué pasó y quiénes cree que son los responsables de la muerte de su madre, desde los hombres que le dispararon hasta la persona que ustedes creen que ordenó su asesinato?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, mi mami era una luchadora, defensora del territorio indígena lenca que está en el suroccidente de Honduras, estaba defendiendo el territorio también del concesionamiento que hubo a los ríos. Específicamente había una lucha muy importante que es la lucha en defensa del Río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca.

En esa defensa se intentaba construir una represa que es la represa hidroeléctrica Agua Zarca, quien la estaba construyendo es la empresa DESA, cuyos socios más importantes, mayoritarios, es la familia Atala Zablah, y esta empresa es la que nosotros hemos responsabilizado y que incluso hay un tribunal que ha dicho que es la responsable del asesinato de mi mami. Entonces nosotros entendemos que los socios de esta empresa son los que participaron en el asesinato de mi mami. Además de eso, a partir de una investigación hemos tenido pruebas que conectan a esta familia con el asesinato de mi mamá. Entonces, ellos son las que todavía faltan. Hoy hay siete personas condenadas que son asociadas a su autoría, a la autoría material del asesinato o a la autoría del asesinato material de mi mamá.

Esas son las personas que son gatilleros, que participaron disparándole. Hay en esas siete personas condenadas, dos personas muy vinculadas a la empresa DESA, una de ellas es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el gerente ambiental. Entonces, nos preocupa porque hay elementos militares ahí también, siendo que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar que participó en la inteligencia del Estado y que aplicó esos conocimientos para perseguir y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Gualcarque.

AMY GOODMAN: ¿Qué pruebas tienen de que la familia dueña de la represa está directamente involucrada? ¿Se presentó esa evidencia en el juicio?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, tenemos 33 amenazas previas que se le hicieron a mi mami, la mayoría vinculadas a DESA, previo a su asesinato. Además de esto, a partir de información que nos da el Ministerio Público, logramos ver chats o comunicaciones de miembros de la empresa con sus empleados en las que hablan de ataques hacia el COPINH. Además de lo que implicaba para ellos la actividad de mi mami. Además de eso, hay también chat que vinculan directamente al gerente general con los gatilleros… en las que se coordina el asesinato de mi mami. Y además, como el gerente general le da información a miembros de la familia, entonces yo creo que eso es bastante evidente y demuestra un poco cómo esta red con también comportamientos militares.

AMY GOODMAN: De los siete hombres que fueron condenados por el asesinato de su madre, dos recibieron entrenamiento en Estados Unidos. Uno es un ex teniente del Ejército y otro, un mayor de las Fuerzas Especiales. Según se indica, militares entrenados por Estados Unidos “proporcionaron apoyo logístico y el arma usada en el asesinato de Cáceres”. ¿Puede hablarnos sobre esta conexión con Estados Unidos?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que lo que vimos a partir del golpe de Estado fue cómo se entra masivamente el extractivismo en nuestro país. Y ahí vemos cómo los militares son los que logran tener el poder sobre esas empresas. Son… se van volviendo empresarios a partir de este golpe de Estado y ahí vemos cómo primero el gobierno de los Estados Unidos es cómplice y permite la instalación de este golpe de este Estado. Luego vemos cómo se sigue apoyando, sobre todo en el área militar, a gobiernos … que son altamente represivos y violadores de derechos humanos. Y digamos, cuando fue el asesinato de mi mami, una de las cosas que nos llamó la atención es que se hablaba que miembros del FBI estaban investigando el asesinato de mi mami, cosa que la embajada de Estados Unidos nunca aclaró, a pesar de que no era cierto y que permitió que el Estado creara esa narrativa. Pero la cosa más evidente de cómo se forman militares para asesinar a defensores es el entrenamiento que recibe tanto Mariano Díaz Chávez como David Castillo por parte de los Estados Unidos y que pone a funcionar para realizar este asesinato y los que no han cortado jamás el financiamiento para el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es un gobierno dictatorial, que sigue asesinando, que sigue generando impunidad sobre el caso de mi mami y sobre otros casos más.

AMY GOODMAN: ¿Puede contarnos sobre la investigación independiente que se llevó a cabo, quiénes estuvieron involucrados y qué pasos se deberían seguir al respecto ahora?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Nosotros, desde un inicio, desde que fue el asesinato de mi mami, el primer día, exigimos una comisión internacional que pudiera investigar porque entendíamos que el Estado había sido parte —y lo vemos ahora— de este asesinato. El Estado nunca nos permitió que entrara una comisión. Lo ofreció, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no nos dejó participar. No dejó participar a esa comisión. Entonces, nosotros hicimos un llamado a juristas internacionales, con experiencia en casos de genocidio, desaparición, de crímenes de Estado, que pudieran participar y hacer una investigación independiente, en los que participó gente de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos y de Holanda. Y con la información que brindó el Ministerio Público, la revisaron, las sistematizaron y ahí salió que hace más de un año y medio, que fue cuando se entregó la información, el Ministerio Público ya contaba con pruebas para enjuiciar a más personas, pero que no lo había hecho.

¿Qué es lo que nos queda para que haya justicia realmente? Yo creo que son por lo menos dos cosas: La primera es la captura y el enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales del asesinato de mi mamá. Y la segunda, que es muy importante, es la cancelación de la concesión del río Gualcarque, porque hoy en día, después del asesinato de mi mami y después de más de seis muertes por causa de esta represa, aún la empresa DESA tiene la concesión del río. O sea, tiene el poder de hacer lo que quiera con ese río y eso es realmente indignante que siga sucediendo. O sea, hay una impunidad descarada en este caso y así la persecución abierta contra un montón de defensores en Honduras. Pero para iniciar con el proceso de justicia, yo creo que son esos dos puntos.

AMY GOODMAN: ¿Puede poner en un contexto más amplio el asesinato de su madre, en términos de cuál era su lucha en Honduras y lo que están tratando de lograr ustedes como miembros del grupo ambiental COPINH en La Esperanza, donde ella vivía y ustedes aún viven? ¿Qué debe entender la gente sobre esta lucha?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, yo creo que una de las cosas para entender a Honduras es que vivimos un golpe de Estado y una dictadura altamente represiva y militarizada. Bajo este contexto, el COPINH ha venido luchando desde el ‘92. Fue mi mami coordinadora de esta organización y lo que buscaba era proteger los bienes naturales que el pueblo indígena lenca ha protegido durante más de 500 años. Era también proteger la vida de las personas que están ahí. Nosotros, el COPINH, trabajamos con mujeres, con niños, con la cultura, desde una visión plural que propone otras formas de vida que no tienen que ver con la destrucción de este planeta.

Yo creo que fortalecer las cosas buenas del pueblo lenca y poder articular con otros pueblos, enfrentarse a la justicia, es un poco lo que hacía mi mami y lo que viene haciendo mucha gente allá. El COPINH está en la parte sur occidente Honduras y son muchas comunidades las que están formando parte, aliándose y construyendo otra visión del mundo. Y por eso, digamos, por su propuesta, que tenía que ver con la refundación de Honduras, que tenía que ver con pensarse libres, con el derecho a ser felices es que se asesina a mi mami. Se intenta también acabar con la organización, que es eso, es plural, somos muchos y muchas que siguen, digamos, poniendo el cuerpo y que el asesinato de mi mami lo que marcó fue la necesidad de construir realmente otra sociedad.

AMY GOODMAN: Usted está en Madrid. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también está acá. Al llegar, Hernández escribió en Twitter: “No llegamos a Madrid a pedir; llegamos a exigir lo justo. Honduras es uno de los 3 países más afectados por cambio climático en el mundo. Los fondos verdes son urgentes para enfrentar la emergencia que destruye nuestras fuentes de agua, bosques, agricultura y nuestra existencia”. ¿Qué le diría al presidente Hernández?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que es muy cínico el decir eso, sobre todo cuando él ha sido parte, digamos, de la destrucción y el sometimiento de la población a una gran violencia. O sea, si es cierto que el pueblo hondureño está viviendo grandes consecuencias por la destrucción del planeta, pero no él, es más, los fondos del Estado, los ha utilizado y los ha invertido en la militarización de ese país, en la represión, en la persecución hacia los defensores de la tierra y por eso estamos viendo asesinatos, estamos viendo a personas encarceladas. Estamos viviendo una situación en la que realmente se compromete la vida en Honduras y hablar y apropiarse incluso de los discursos de quienes estamos poniendo el cuerpo, a mí, sinceramente, me genera mucha indignación, sobre todo porque él ha sido una de las personas que ha asegurado la impunidad en el caso de mi mami.

AMY GOODMAN: ¿Cuál es el precio que las mujeres en particular pagan por luchar por la justicia climática?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que son varios. Una de las cosas es que así como se viola y se destruye el territorio tierra, así también se atacan nuestros cuerpos y eso es algo que es una constante, digamos, en países como Honduras. Sabemos que asumimos el riesgo de que nos asesinen, que nos violen, que ataquen a nuestras familias. También yo creo que tiene que ver mucho con el desarraigo, con la historia, porque somos las mujeres quienes guardamos la historia y la forma de gestión de los bienes naturales y cuando se nos desplaza o se nos violenta se pierde también y se rompe ese tejido social. Es también la destrucción de los planes de vida y de futuro cuando pasan cosas como amenazas, como asesinatos. Yo creo que cambia también el rumbo de cómo nos estamos imaginando en nuestro futuro, porque nos toca entonces afrontar y resistir un modelo muy pero muy agresivo para nosotras.

Entonces es como eso, pero yo también creo que somos las mujeres las que estamos llevando adelante la resistencia, los liderazgos, el liderazgo en mi mami era uno pero cuando nosotros vamos a las comunidades encontramos grandes liderazgos de mujeres y eso tiene que ver también con que estamos logrando generar alianzas que nos permiten también fortalecernos.

AMY GOODMAN: ¿Cómo afecta la crisis climática a Honduras? La gente de Estados Unidos ve a Honduras como un país del llamado Triángulo Norte, de dónde muchos refugiados que intentan llegar a Estados Unidos proceden. ¿La crisis climática influye en ese éxodo?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que una de las cosas es que la crisis es provocada también por un modelo de despojo y de agresión hacia el planeta y hacia los países también que estamos destinados a ser zonas solo dadoras de nuestros bienes. Entonces vemos que este sistema de despojo, que es el sistema extractivo, crea el despojo de la tierra, que es el lugar donde muchos y muchas logran sobrevivir, logran tejer su vida, su cultura y esto es uno de los primeros pasos hacia la salida, hacia la migración.

Pero también vemos, por ejemplo, como la destrucción de nuestros territorios, de nuestros ríos, va generando también que las tierras se sequen, que las lluvias cambien. Entonces esto hace que las cosechas, pues, se sequen. También vimos el año antepasado como en el pueblo lenca, el maíz…no se pudo sacar cosecha de maíz porque no llovió. Entonces ya no hubo más posibilidad. En la parte sur, también de Honduras, estamos viendo sequías. En la capital hubo una crisis del agua, no había agua y eso va generando inestabilidad. Va generando la necesidad de irse, pero yo creo que lo central es este modelo de despojo que nos quita nuestros territorios, nuestros bienes, los destruye y nos saca así de los lugares en los que crecimos y que nos permiten sobrevivir.

AMY GOODMAN: Su madre fue una mujer increíblemente valiente. Usted está siguiendo sus pasos. ¿De dónde saca las fuerzas, y qué le produce esperanza?

LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, yo creo que las ganas de luchar vienen de, primero, la indignación que fue este asesinato, de pensar qué haría mi mami, porque yo creo que una de las cosas que uno busca y muchas personas buscamos es poder rendirle honor a ella a través de nuestra vida. Y lo que me da esperanza…

Yo creo que es el pueblo lenca, que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que guarda la alegría. Incluso en momentos en los que parece que no hay nada de esperanza, hay una risa, hay mucha creatividad para poder enfrentar incluso situaciones tan violentas como las que vivimos. Yo creo que eso anima mucho. Yo, a pesar de todo, me quedo en Honduras porque es el lugar que me da energía para seguir.


Colaboraron en la producción de esta entrevista Clara Ibarra, Gabriela Barzallo, Igor Moreno Unanua y Mariana Góngora.


Honduras: La justicia no llega a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

por Martín Cúneo
LA HAINE - 03/03/2021

El títere de EEUU protege a los poderosos

En la madrugada del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en la casa de la activista ecologista Berta Cáceres. Sabía que cualquier día podía pasar. Todas las semanas, las personas que se oponían al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca recibían amenazas y cuatro de ellas ya habían sido asesinadas. En otra habitación de la vivienda de la dirigente indígena, en La Esperanza (Honduras), dormía el activista ecologista Gustavo Castro.

--¿Quién está ahí?, alcanzó a decir antes de que le dispararan.

Lo dieron por muerto, pero solo le habían herido en una oreja. No fallaron a la hora de acabar con su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con una gran proyección internacional, en un serio obstáculo para la represa planeada en un río sagrado para el pueblo lenca, un proyecto que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país y la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés y la empresa pública finlandesa Finnfund.

La policía hondureña intentó endosar el crimen a los compañeros de lucha de Berta Cáceres, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso consiguió poner las cosas en su lugar y apuntar directamente a los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la compañía responsable de la represa.

Cinco años después, el caso está lejos de ser resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas -dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército- fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Sin embargo, hasta ahora, solo el presidente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el "autor intelectual" del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otros altos cargos de la compañía.

Y las autoridades hondureñas no están haciendo lo necesario para garantizar que haya justicia en el caso, denuncia una carta enviada este 1 de marzo a la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, por una veintena de organizaciones ecologistas y de DDHH. Entre las organizaciones firmantes de la carta, figuran CEAR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Calala, Front Line Defender, Mundubat, Entrepobles y Global Witness.

Frente a los intentos de los abogados de Castilla Mejía de enfangar y retrasar el proceso judicial, los firmantes piden a la diplomacia española que intervenga para que el Estado hondureño garantice "los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres". También piden a González Haya que presione al gobierno de Honduras para que el proceso contra Castillo Mejía sea "rápido", "exhaustivo" y "transparente", con presencia de periodistas y observadores.

La indefensión de los activistas de DDHH, ecologistas e indígenas en Honduras, el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, según Global Witness, es otro de los motivos de preocupación para estas ONG. Según señalan, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, el primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de los activistas ecologistas y defensores del territorio. "La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respete y resguarde el rol de quienes están en el centro de la lucha en contra de la inminente crisis ambiental", señalan en la carta.

El reconocimiento del trabajo que realiza el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como la protección de sus integrantes y la defensa del pueblo lenca, es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones para la ministra española de Exteriores. Mientras avanzaba la investigación del asesinato de Cáceres, el COPINH presentó hasta 35 denuncias ante la Fiscalía sobre agresiones a la comunidad indígena lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los supuestos agresores.

La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de ser esclarecida. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra de las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, entrevistado en The Guardian, declaraba que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales "con órdenes de eliminar a todos esos objetivos". En septiembre, continúa esta ONG internacional, el COPINH descubrió a un espía militar que estaba informando sobre las actividades de la dirigencia de la organización.

El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal. Este ex militar, implicado en diversos casos de corrupción, seguía recibiendo un sueldo del ejército tras haber abandonado la institución.

Según un informe de esta organización de DDHH, la empresa DESA tiene también importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del Banco de América Central (BAC Honduras) e integrante de "una de las familias empresariales más adineradas de Honduras".

La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación a que las multinacionales recurran a las amenazas, a las agresiones y a los asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. "La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras, y deja impune a quienes son responsables del crimen", indican en la carta a la ministra.

El Salto


A cinco años de su asesinato el legado de Berta Cáceres se visibiliza en la lucha de mujeres defensoras de su territorio

Por Angeles Mariscal, Yessica Morales | 11/03/2021 | REBELIÓN

Fuentes: Chiapas Paralelo [Ilustración: Altar en honor a Berta Cáceres en la Plaza de la Cruz – 2 de marzo 2018. Cortesía: Guancasco de Medios]

Cinco años y no ha habido justicia, David Castillo, 88 pruebas, empresario hondureño, exoficial militar, fue detenido en 2018. El tribunal desdeñó la demanda para que su asesinato sea juzgado con perspectiva de género. Se pretende llegar a los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah.

El asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 02 de marzo de 2016 a manos de un ex militar y empresario hondureño -según ha documentado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH)-, pretendió acabar con la lucha del pueblo indígena lenca por defender los recursos naturales de la explotación de empresas.

Ocurrió lo contrario, cinco años después, si bien no se ha sentenciado al presunto autor material ni llevado a juicio a empresarios ligados a las centrales térmicas, hidroeléctricas, de hidrocarburos, eólicas, geotérmicas y de extracción minera; se ha movilizado regiones indígenas y afrodescendientes que defienden su territorio.

El legado a la defensora ambiental se extiende a miles de mujeres de diversas partes del mundo, que acompañan a su familia y al COPINH para que en los tribunales se reconozca el asesinato como un crimen de estado que además fue un acto feminicida.

En el análisis que integrantes de la organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, realizó a propósito del aniversario de su muerte, detallan la lucha que emprendió Cáceres, la situación que prevalece en Honduras y se extiende a otras partes del mundo, entre ellas la región mesoamericana, que abarca México.

Vídeo. Berta Cáceres: con sus propias palabras

No es un crimen defender nuestros derechos como pueblos indígenas, dijo Berta Cáceres en una de las entrevistas que dio antes de su muerteElla planteó el equilibrio que la comunidad indígena lenca a la que pertenecía, busca entre su interior, su comunidad y el ecosistema donde viven.

Quieren privatizar nuestros ríos, nuestra tierra (…) la lucha no es aislada, es un problema mundial del continente (…) si nosotros no tenemos alegría y esperanza, estamos muertas en vida, fueron algunas de sus enseñanzas.

Si bien luego de su asesinato ha habido decenas de movilizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y América defendiendo la tierra y territorio donde habitan, también el sector empresarial mantiene la presión sobre los gobiernos y ha logrado mayores concesiones y reformas legales que les favorecen.

Angélica Schenerock detalló que, hay 101 concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Honduras, 34 de ellas en territorio lenca; hay en Honduras 13 procesadoras de palma aceitera, un monocultivo que coloca a este país como el tercer mayor productor de palma aceitera del continente, aún a costa de secar las fuentes de agua y afecta la soberanía alimentaria de los pueblos.

También en la tierra de Cáceres están instaladas plantas eólicas que provoca afectaciones a las aves migratorias, a la fauna del lugar, y cuyos aerogeneradores contamina tierra por aceite que desprende.

Se suman 36 hidroeléctrica, 33 de ellas instaladas en zona indígena; y plantas de hidrocarburos que amenazan con derrames el mar; más aún, se promueve el turismo que controla el sector empresarial, que se practica mediante sistemas de despojo territorial y cultural, folklorización de los pueblos, con enfoques racistas, señaló Schenerock.

Detalló que estos proyectos se han impuesto sin que se respete el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre lo que quieren y no quieren en su territorio.

Se impone el extractivismo como el motor del sistema capitalista, que atentan contra la vida y autonomía de los pueblos, y genera dependencia; y que llevó al asesinato de Berta Cáceres, concluyó la especialista.

Todo, bajo el cobijo de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) semejantes de las Zonas Económicas Especiales que han intentado imponer en el sur de México, creadas para intensificar el modelo extractivo capitalista.

Por su lucha, en vida Berta Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Al recibirlo, dijo “somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz (…) Dedico este premio al pueblo a todas las rebeldías y la defensa de los bienes de la naturaleza”.

Chiapas exigió justicia por Berta Cáceres, a 4 años de su asesinato.

A su vez, la Asociación Civil Otros Mundos mencionó que, desde el 03 de marzo de 2016, la justicia hondureña ha protegido a los autores materiales e intelectuales del crimen de Cáceres.

Señalaron que el Ministerio Público y Fiscalía alteró pruebas, inventó testigos, generaron intimidación al COPINH y a los testigos protegidos.

A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional gritamos con voz firme ¡Faltan los Átala!, mencionó la Asociación Civil.

Por ello, desde Chiapas se sumaron a la exigencia de justicia con un debido proceso en el juicio contra David Castillo, añadieron que las pruebas apuntan que participó en el crimen y que de manera presunta vinculan a la familia Átala.

El COPINH expuso que, Berta Cáceres, una mujer irreverente, luchadora y consciente, los ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, como a denunciar la impunidad que cae sobre su pueblo, y no hay castigo para quienes cometen crímenes como del que ella fue víctima.

Acentuaron que, el sistema de justicia hondureño hace oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.

El Concejo puntualizó que, han transcurrido 1827 días, en los que la justicia y verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Cáceres.

Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Átala Midence, José Eduardo Átala Zablah, Pedro Átala Zablah y Jacobo Átala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes, expuso el COPINH.

Agregaron que, hay nueva información que pone de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico que es propiedad de la familia Átala.

No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad, dijo el COPINH.

Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Cáceres y el equipo legal exigen que los miembros de la familia Átala Zablah involucrados en el crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación.

Aunado a ello, que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen.

Exhortaron al pueblo hondureño a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que, quienes defienden vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.

Hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.

Por otro lado, dieron a conocer que debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, les impide el encuentro y abrazo de fuerza, pero saben que la solidaridad y lucha por la justicia no se detiene por la distancia, que siguen cuidándose y acuerpados desde las distintas luchas en cada territorio, manteniendo la memoria viva de Berta, como su legado, coraje y rebeldía.

Es así como, en conmemoración del 5o aniversario, a través de sus redes sociales estarán compartiendo actividades, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, seguirán levantando sus voces llenas de justicia, libertad, dignidad y paz.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/03/a-5-anos-de-su-asesinato-legado-de-berta-caceres-se-visibiliza-en-la-lucha-de-mujeres-defensoras-de-su-territorio/


COPINH

Boletín No. 14 / 2021: 5 años exigiendo y construyendo justicia

HERE IN ENGLISH

Este 2 de marzo se conmemoró, en el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía”, el 5to aniversario de la siembra de Berta Cáceres.  Tras un año muy duro para Honduras y el mundo por la crisis agravada por el COVID-19, comunidades defensoras de distintos territorios del país, organizaciones nacionales e internacionales, representantes del cuerpo diplomático en Honduras y de las Naciones Unidas, se hicieron presentes en un día de reafirmación de lucha por la justicia para Berta.

 El COPINH y la familia de Berta Cáceres, junto al equipo legal que representa la causa en búsqueda de justicia, exigieron a través de un pronunciamiento público en conferencia de prensa que “No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras” El énfasis  en que los miembros de la familia Atala Zablah, involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación ni encubrimiento, atravesó enérgicamente la  jornada. 

 “Esta causa tiene su raíz en la política económica extractivista, y hay empresarios involucrados en este crimen. Berta tiene un perfil indiscutible de mujer indígena, lideresa social, defensora de los derechos humanos, la asesinaron porque tuvo la capacidad de alterar el curso criminal que seguía la estructura que la asesinó, que es la estructura que saquea a Honduras”, expresó Víctor Fernández, miembro del Equipo Legal de la causa Berta Cáceres

  Entre palabras de la representante en Honduras de la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH (OACNUDH), música de cantautoras hondureñas, testimonios de integrantes de la comunidad de Río Blanco y una actualización de los procesos judiciales que hoy hacen parte de una causa común en búsqueda de justicia y un Concierto Virtual con la participación de destacados artistas con reconocimiento mundial como Roger Waters,  se reafirmó  el compromiso de lucha por mantener viva la memoria de Berta y la urgencia de su legado en tanto pensamiento y acción para la Honduras de hoy. 

 Sembrando solidaridad, cosechando Justicia

 En medio de la apuesta por la impunidad en esta causa, poco a poco el pueblo Lenca, el COPINH, la familia de Berta y la solidaridad nacional e internacional, han arrebatado un anhelo de justicia que a 5 años de su siembra se renueva en espíritu de lucha y en exigencia al Estado de Honduras por la captura de los autores intelectuales.

  Una Acción Global en solidaridad, que sumó más de 5 mil manifestaciones en exigencia de justicia para Berta alrededor del mundo, marcó los lazos construidos hasta hoy. El posicionamiento de autoridades como la miembra del parlamento Europeo Tilly Metz, que hizo un llamado al Estado de Honduras para que procese y juzgue a Daniel Atala Midence, Gerente financiero de DESA, la relatora especial de la ONU de Ejecuciones Extrajudiciales Agnes Callamard también manifestó “Mientras los autores intelectuales no rindan cuentas, la justicia para Berta Cáceres no ha sido entregada”. 

  Además, organizaciones de sociedad civil enviaron una carta al departamento de Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos en Honduras, exigiendo que continúe la presión para que todos los responsables del crimen contra Berta Cáceres sean procesados.

  Son 5 años de construir lazos de solidaridad, es por esto que el día 4 de marzo, día en el que Berta cumpliría 50 años, organizaciones, comunidades y personas de distintos territorios del mundo sembraron un “Árbol para Berta” .  La siembra de un árbol para la vida, donde los poderosos quisieron sembrar muerte, fue un acto simbólico que renovó el compromiso con la memoria y el legado de Berta Cáceres, reafirmando que esta lucha por Berta es una oportunidad para que en Honduras se demuestre que nadie puede estar por encima de la justicia

  Un paso hacia la autoría intelectual 

 Después de 11 suspensiones de la etapa de Juicio oral y público causadas por la defensa del  señor David Castillo, imputado por su responsabilidad como coautor del crimen de Berta Cáceres y empleado de la familia Atala Zablah, finalmente, se llevó a cabo la Audiencia de proposición de pruebas en su contra y se dio fecha para la etapa de Debate Oral y Público entre el 6 y el 30 de abril del presente año. 

 Este 1ro de marzo el Tribunal resolvió las pruebas que serían admitidas para ser utilizadas en el juicio contra David .

Los peritos presentados por la acusación privada fueron admitidos para control jurisdiccional, sus peritajes deberán ser presentados el 26 de marzo y serán analizados para ser parte del juicio en abril de este año. 

Entre las pruebas periciales presentadas por la acusación privada contra David Castillo, una pericia antropológica y con perspectiva de género hecha por Gladys Tzul Tzul,  daría cuenta de que el crimen de Berta Cáceres fue un femicidio político. 

Entre otras pruebas admitidas, se encuentran conversaciones del señor Castillo con miembros de la junta directiva de DESA y con los autores materiales del crimen, en las que planificaban ataques contra Berta Cáceres y el COPINH. Esta vinculación criminal, demuestra el uso y abuso del poder político y económico, el tráfico de influencias, pago a informantes, uso de policías en favor de la empresa, y el acercamiento de Castillo hacia Berta Cáceres para el monitoreo y análisis de sus movimientos como militar de inteligencia al servicio de los Atala. 

 El Tribunal admitió a Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de DESA,como testigo calificado para el Debate Oral y Público. Contra Daniel Atala Midence, se han presentado 2 solicitudes de Requerimiento Fiscal y hasta la fecha no ha habido acción por parte del Ministerio Público respecto a este caso.

Si bien Daniel Atala deberá testificar sobre las acciones realizadas por Castillo contra Berta Cáceres, el Tribunal rechazó a Jacobo Atala, José Eduardo Atala y Pedro Atala, quienes también figuran entre las pruebas presentadas y hacen parte de la autoría intelectual del crimen. Ellos, como miembros de la junta directiva de DESA, “tenían conocimiento de las operaciones y de las acciones de ataques vividas por el COPINH y Berta Cáceres en su lucha en defensa del sagrado Río Gualcarque” afirmó Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH.



COPINH

Petición online por la Justicia para Berta / Online petition for Justice for Berta

(English below) Este 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y a cinco años del crimen, quienes ordenaron y decidieron el asesinato de Berta, siguen evadiendo la justicia.

Invitamos a las organizaciones de base, comunitarias, regionales, feministas, indígenas, decoloniales, en defensa de derechos humanos y derechos de los pueblos a sumarse a la nuestra petición de exigencia de castigo a todos los responsables del crimen contra Berta.

Que el Estado de Honduras escuche las voces del pueblo organizado en Honduras y al rededor del mundo exigiendo justicia para Berta.

Firma aquí:  Petición Copinh

#JusticiaParaBerta


This March 2 marked five years since the assassination of our compañera Berta Cáceres, and five years after the crime, those who ordered and decided Berta’s murder continue to evade justice.

We invite all grassroots, community, regional, feminist, indigenous, decolonial organizations in defense of human rights and peoples’ rights to join our petition demanding punishment for all those responsible for the crime against Berta.

That the State of Honduras listen to the voices of the organized people in Honduras and around the world demanding justice for Berta.

Sign here: Petition Copinh


Congresista Johnson Re – introduce La Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras

Congresista junto con más de 40 colegas encabeza el esfuerzo para suspender fondos de los Estados Unidos para la policía y fuerzas militares de Honduras hasta que flagrantes violaciones de derechos humanos sean investigadas y enjuiciadas.

Por defensores -
4 marzo, 2021

WASHINGTON, D.C.– Esta semana conmemora el quinto aniversario del asesinato de la lideresa de derechos indígenas y ambientales, Berta Cáceres. Cinco años después, la lucha por los derechos humanos en Honduras sigue y los Estados Unidos tiene que cambiar su papel en esta lucha drásticamente.

Hoy, Rep. Johnson, junto con cinco co-auspiciadores: Rep. Jan Schakowsky (IL-09); Rep. Marcy Kaptur (OH-9); Rep. Ilhan Omar (MN-05); Rep. Chuy Garcia (IL-04) y Rep. Joaquin Castro (TX-20), re-introdujeron la Ley Berta Cáceres sobre los Derecho Humanos en Honduras. La legislación tiene 44 co-auspiciadores originales.

La Ley Berta Cáceres sobre los Derecho Humanos en Honduras suspenderá fondos de los Estados Unidos para operaciones de la policía y fuerzas militares y prohíbe el desembolso de préstamos internacionales para asistencia en materia de seguridad hasta que el gobierno de Honduras investigue y enjuicia flagrantes violaciones de derechos humanos cometidos por su policía y fuerzas militares.

El Departamento de Estado, El New York Times, Associated Press y numerosos grupos de derechos humanos han documentado que la policía y fuerzas militares de Honduras son ampliamente consideradas corruptas y responsables por flagrantes abusos de derechos humanos – incluyendo tortura, violaciones, detenciones ilegales y asesinatos – y gozan de impunidad.

“Brindamos millones de dólares a Honduras cada año en asistencia en materia de seguridad, pero estas mismas fuerzas han estado atacando y asesinando activistas de derechos humanos, ambientales y laborales como Berta Cáceres sin ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades hondureñas,” dijo Rep. Johnson.

“La impunidad desenfrenada no puede continuar. Es el momento para que nuestro gobierno envía un mensaje más fuerte con la aplicación de condiciones sobre la asistencia en materia de seguridad y prestamos multilaterales para ejercer presión real y duradera sobre el gobierno de Honduras para proteger sus activistas y enjuiciar los responsables de estos crímenes atroces. Sigo en solidaridad con la familia de Berta, COPINH y la comunidad entera de activistas quienes han dedicado sus vidas a una justicia profunda para los hondureños.

Rep. Marcy Kaptur (OH-9): “En esta semana del aniversario lamentable del asesinato de Berta Cáceres, una vez más, hago un llamado a mis colegas a apoyar la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras lo cual suspenderá fondos de los Estados Unidos para operaciones de la policía y fuerzas militares de Honduras hasta que el gobierno de Honduras investigue reportes creíbles de abusos de derechos humanos.”

Congresista Jan Schakowsky (IL-09): “Han sido cinco años desde el asesinato devastador de Berta Cáceres, una defensora de derechos humanos y ambientales, a manos de un ex oficial militar entrenado por los Estados Unidos. Hasta hoy, los asesinatos de defensores de derechos humanos en Honduras siguen a un índice alarmante y los asesinos muchas veces no son enjuiciados.” “Ya hace tiempo que los Estados Unidos hubiera terminado su apoyo a las fuerzas militares y la policía de Honduras quienes asesinan su propio pueblo, repriman libertades civiles y violan derechos humanos. Esta legislación crucial asegurará que suspendemos inmediatamente la asistencia de los Estados Unidos asignado para armar y entrenar la policía y fuerzas militares de Honduras hasta que los defensores de derechos humanos están protegidos y las fuerzas de seguridad están enjuiciados por sus flagrantes violaciones de derechos humanos.”

Rep. Ilhan Omar (MN-05): “Hace cinco años la activista Hondureña Berta Cáceres fue asesinada por fuerzas militares hondureños entrenados en los Estados Unidos. In 2019 y 2017 tuve el honor de reunirme con su hija quien persigue justicia para Berta. Pero hasta hoy, seguimos brindando asistencia en materia de seguridad a un gobierno que asesina activistas de derechos humanos con cero consecuencias legales. Igual a como debemos suspender asistencia a Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, los Estados Unidos no debe brindar asistencia en materia de seguridad a un gobierno que asesina activistas con impunidad. Estoy orgullosa de sumarme al esfuerzo de Congresista Johnson para asegurar que Honduras no es premiado por sus crímenes.”

Congresista Jesús “Chuy” García (IL-04): “Cuando conocí la madre y hija de Berta Cáceres en Honduras y después en Washington, prometí a seguir luchando por justicia para Berta. Violaciones de derechos humanos nunca deben ser alimentadas con dólares americanos. La Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras suspenderá asistencia en materia de seguridad al país hasta que cesan estas violaciones cometidas por la policía y oficiales del gobierno en contra de su propio pueblo y hasta que todos los responsables por el asesinato de Berta son llevados ante la justicia. Esto lo debemos a la familia de Berta y a todos los hondureños forzadas a migrar debido la violencia desenfrenado en su país.”

Congresista Joaquin Castro (TX-20): “Es un honor sumar a mis colegas en introducir la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras de 2021. En este quinto aniversario del asesinato de Berta demandamos que los que están detrás de su asesinato finalmente sean enjuiciados. Estoy en solidaridad con la familia de Berta e innumerables defensores de derechos humanos innumerables que sufren persecución injustamente por su activismo en Honduras. Mientras reflexionamos sobre el legado de Berta, no podemos en conciencia seguir brindando asistencia a las fuerzas de seguridad de Honduras que cometan violaciones extremas de derechos humanos. Hago un llamado a mis colegas a sumarse a este importante esfuerzo legislativo y demandar justica para Berta Cáceres.”

Esta Ley requiere investigaciones en una serie de asesinatos sospechosos de activistas de derechos humanos y demanda que el gobierno de Honduras proteja los derechos de los sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, Indígenas, Afro-Indígenas, campesinos y activistas LGBTI; opositores políticos y otros activistas de la sociedad civil, para que puedan operar sin injerencia de la policía o fuerzas militares.

Berta Cáceres hubiera cumplido 50 años mañana. Su legado sigue vivo.

Otros co-auspiciadores: Reps. Don Beyer, Earl Blumenauer, Suzanne Bonamici, David Cicilline, Emanuel Cleaver II, Danny K. Davis, Peter DeFazio, Adriano Espaillat, Anna Eshoo, Sylvia Garcia, Mary Gay Scanlon, Raúl Grijalva, Eleanor Holmes Norton, Jared Huffman, Pramila Jayapal, Ro Khanna, Ron Kind, Derek Kilmer, Andy Levin, Alan Lowenthal, Stephen Lynch, James McGovern, Gwen Moore, Seth Moulton, Grace Napolitano, Alexandria Ocasio-Cortez, Jimmy Panetta, Chellie Pingree, Mark Pocan, Ayanna Pressley, Jamie Raskin, Kathleen Rice, Bobby L. Rush, Rashida Tlaib, Paul Tonko, Nydia Velázquez, Bonnie Watson Coleman, Juan Vargas, Peter Welch.

Contacto: Any Phelan (770) 987-2291


Red Latina sin fronteras

enred_sinfronteras@riseup.net

Libro: Las Revoluciones de Berta (PDF)

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Libro: Las Revoluciones de Berta (PDF)

de Claudia Korol

descargar aquì:

https://www.cesp-pd.it/spip/IMG/pdf/lasrevolucionesdeberta.pdf

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Introducciòn 

Las Revoluciones de Berta

Claudia Korol

En la noche del 2 de marzo del año 2016, un grupo de sicarios ingresaron a la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. En ese ataque fue herido también el activista ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien había ido a Honduras a participar de un seminario sobre “Energías Renovables” convocado por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

En medio de la lucha tremenda del pueblo Lenca para impedir la instalación de la represa en el río Gualcarque, Berta y los copines y copinas se daban tiempo para estudiar y pensar alternativas energéticas. Así era Berta, y así es la escuela en la que formó al COPINH. Sin fronteras entre la acción transformadora y el pensamiento, revolucionando creativamente las prácticas y las teorías. Lejos de los dogmas, su radicalidad no estaba hecha de puras palabras, sino de acciones y gestos rebeldes.

¡Mataron a Berta! Desde la madrugada del 3 de marzo la noticia se desparramó rápidamente por el continente y otras regiones del mundo. ¡Mataron a Berta! E inmediatamente la incredulidad.

¿Mataron a Berta? ¡Cuesta creerlo todavía! El dolor sigue intacto y el tiempo no lo alivia. Mientras la extrañamos, la nombramos, y la invitamos a cada una de nuestras luchas, Berta semilla se ha vuelto ejemplo, se ha sembrado, y se multiplica todos los días, Berta río riega los sueños de las comunidades y de los territorios donde se defiende la vida, Berta compañera anima las resistencias del pueblo hondureño, que apretando los dientes sigue levantándose frente a un nuevo golpe de estado, que profundiza y extiende la guerra de conquista.

El 4 de marzo Berta iba a cumplir 45 años. Para el 27 del mismo mes, se preparaba la celebración del 23º aniversario del COPINH, organización que parieron a fuerza de muchasluchas y sueños, y en la que puso su corazón.

¿Mataron a Berta? Nadie lo creyó… Nadie lo cree todavía… Lo escribimos y seguimos sin creerlo. La vida y la muerte son dos modos de estar en el mundo, para quienes sentimos que el ejemplo de las compañeras y compañeros que nos arrebataron, siguen acompañando nuestros pasos.

Los y las compas de COPINH aseguran que Berta está sembrada en Río Blanco, el territorio en el que dio sus últimas batallas. Hay quienes dicen que se mezcló en las aguas del río Gualcarque junto a los espíritus de las niñas que lo cuidan. Hay quienes sienten que se multiplica en la Esperanza, el lugar donde nació una vez y donde sigue naciendo tantas veces. La leyenda crece más grande que la propia memoria de Berta, tal vez porque hacen falta muchas Bertas para enfrentar este “tiempo perro”. Desde la memoria, Berta nos interpela: “¡Vamos compas, que hay que arreciar la lucha!”. “¡Despertemos humanidad! Ya no hay tiempo”.

Pero Berta no es mito ni leyenda. Es una mujer que transgredió muchas fronteras en las que se pretenden encerrar los proyectos libertarios. Revolucionaria desde jovencita, casi desde niña, maestra, madre de tres hijas y un hijo, amiga entrañable, hija, hermana, tía, prima, compañera, internacionalista, guerrera del pueblo Lenca, pedagoga del ejemplo, cuidadora de la naturaleza, de los ríos, de los bosques, de la biodiversidad, de la cultura y de la espiritualidad, activista antimilitarista, apasionada por las revoluciones de Cuba, Venezuela, Vietnam, Palestina, Kurdistán, de la experiencia zapatista, de la lucha heroica del pueblo colombiano, del pueblo salvadoreño -al que lo hizo también suyo participando activamente en la vida guerrillera junto al FMLN-, educadora popular, comunicadora, lectora infatigable, feminista en sus actos y en su pensamiento, líder de la resistencia al golpe de estado, promotora de la Refundación de Honduras. Muchas Bertas y siempre la misma: la compañera indomesticable.

Este texto no busca alimentar el mito sino recuperar algunas de sus palabras, para acercarnos a las revoluciones anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, socialistas, a la Refundación de Honduras y del Abya Yala que ella soñó con nosotras. (Digo “nosotras” porque siempre Berta se movió en una dimensión colectiva, y algunas amigas feministas estuvimos a su lado en diferentes momentos, allá, acá y en otros rincones del mundo, respondiendo a su llamado o invitándola a conspirar juntas).

El libro es producto de largos diálogos que sostuvimos en los años posteriores al golpe de estado. Recupera también algunas de sus intervenciones en radios comunitarias, en videos, en discursos.

Agradezco a Meli (Melissa Cardoza), por compartir generosamente la documentación y los bellos relatos al pie de las urgencias que hizo de las luchas del COPINH y de la Resistencia, por animarme y acompañarme de muchos modos en la escritura de este texto, y por vivir juntas tantos momentos de pensar y sentir profundamente a Berta.

Agradezco a Albita (Alba Marconi) que participó aclarando dudas, buscando documentos e imágenes que ha ido sistematizando en todos los años de participación en la tarea de comunicación de COPINH. Albita realizó amorosamente el diseño de la tapa de este libro. Con ella y Meli compartimos largas horas re-viviendo a nuestra amiga y compañera.

Agradezco a Bertita (Berta Zúniga Cáceres), hija y compañera de Berta, que en el esfuerzo gigantesco de asumir la coordinación de COPINH también se hizo momentos para ir aportando lo necesario a estos escritos.

Agradezco a Laurita (Laura Zúniga Cáceres) y a Salva (Salvador Zúniga Cáceres, hija e hijo y compas de Berta y del COPINH, con quienes compartí muchos momentos de convivencia, y luego la lucha por justicia para Berta.

En honor a la memoria colectiva, que desde el poder intentan confundir, ensuciar, lastimar, a través de muchas mentiras, quiero decir que Laurita y Salva tuvieron que salir de Honduras para Argentina porque estaban siendo amenazados, como parte de las muchas presiones que se hicieron para intentar doblegar a Berta. Pudieron hacerlo gracias a la solidaridad de algunas compañeras feministas. Nuestro apoyo y acompañamiento a Berta, al COPINH, como también a otras compañeras y compañeros de Honduras y del mundo, fue realizado con todo el cariño, el compromiso, y la responsabilidad de saber que es un aporte para defender la vida y las luchas de los pueblos. El acuerpamiento es parte de la política feminista. No tiene nada que ver con financiamientos externos, con ONGS, ni con lógicas asistencialistas, sino con nuestra costumbre de caminar y desafiar juntas las trampas del poder patriarcal, capitalista y colonial. Con nuestra convicción de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Bertita y Laurita aportaron también a este libro un capítulo fundamental, en el que en un hermoso diálogo entre ellas comparten la estrategia judicial de la familia y del COPINH frente al proceso judicial que al día de publicar el libro sigue abierto.

Berta fue acosada por el patriarcado, que no le dio respiro en su organización, en su familia, y en los modos de criminalizarla aún después del crimen -cuando pretendieron presentar su asesinato como un crimen pasional o como un escarmiento por su libertad como mujer-. Fue perseguida y amenazada por el capitalismo, que después de intentar asesinar a los territorios Lencas, a sus ríos y bosques, decidió ejecutar a la mujer que los defendía.

Hablar de Berta exige nombrar también a las compañeras que sufren en nuestro Abya Yala esta triple agresión y opresión capitalista, colonial y patriarcal. Es pensar en las redes que necesitamos levantar para acuerpar a nuestras hermanas, frente a los proyectos de muerte y de violencia cotidiana.

Son muchos los femicidios territoriales que estamos sufriendo: Bety Cariño en México, Macarena Valdés en Chile, Laura Vásquez Pineda y Juana Ramírez Santiago en Guatemala, Margarita Murillo y Lesbia Yaneth Urquía

Urquía, en Honduras, Nicinha y Marielle Franco, en Brasil, Luz Herminia Olarte, Maricela Tombé, Ruth Alicia López Guisao y Yoryanis Isabel Bernal Varela, entre otras mujeres indígenas, negras y campesinas asesinadas en Colombia y en otros rincones del continente. Es pensar también en las vidas de tantas compañeras criminalizadas y en algunos casos expulsadas de sus territorios, como las mujeres mapuche en Argentina y Chile, o las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala. Acuerpar a cada una, demandar justicia por todas, es parte del camino que hacemos y recorremos cuando gritamos “¡Justicia para Berta!”.

Junto a Berta y al pueblo Lenca de Río Blanco y de Honduras organizados en COPINH, tuve la posibilidad de aprender no sólo la rebeldía en la lucha,sino también la alegría, la creatividad, y la fidelidad al territorio del que son parte. Visité al Río Gualcarque, a la comunidad que lo cuida. Estos textos amontonados, son una manera de devolver algo de lo que aprendí a su lado.

Con Berta y las compañeras inseparables que andaban siempre a su lado, metidas en todas sus aventuras y fiestas, supe también que la lucha feminista, antipatriarcal, anticolonial, puede encarnarse en movimientos que saben reunir la energía y la fuerza con la espiritualidad y la conciencia, la lucha callejera con la educación popular, el feminismo indígena, negro, garífuna, popular, con la perspectiva socialista, el cuidado de losterritorios que habitan con la dimensión internacionalista, la intensidad de los dolores cotidianos con el espacio para la alegría, para el deseo, para la libertad.

Berta disfrutaba profundamente de la vida y de la amistad. Por eso todos los momentos revividos en la escritura, provocan sonrisas e inmediatamente nostalgia, ternura, rabia, incomodidad, lágrimas, y un deseo urgente de corregir esta parte de la historia en la que nos la arrebatan. También queda la sensación de todo lo que falta decir, pero la confianza de que están quienes puedan contarlo.

El libro estaba listo y revisado por Berta cuando fue el crimen. En ese momento, el espanto y el impacto llevaron a detener la publicación y a repensarla. Ahora, cuando pasaron más de dos años de aquel momento en que creyeron borrarla de la historia, cuando desde diversoslugaresse la nombra, cuando se inició el juicio a una parte de los asesinos, queremos dar a conocer estas pinceladas de su pensamiento potente y de sus sueños fértiles.

Seguramente otras voces podrán completar la mirada sobre los aportes de Berta a nuestrasrebeldías.Amigas, compas que compartieron distintostramos de su intensa vida, irán diciendo lo suyo. Éste es el intento de que no se escapen los diálogos que tenía guardados y entregarlos a la memoria colectiva.

Espero que sea una contribución para quienes quieran conocerla, recordarla, y especialmente para el COPINH, la organización que creó, promovió, impulsó, organizó, defendió y amó, y en la que quedó plantada su estrella.

La experiencia del COPINH y de Berta en un tiempo en que las nubes pretenden ocultar el horizonte de esperanzas en todo el continente, será interesante para asumir nuevos momentos de lucha en los que esperamos que su voz resuene aún más intensa y fuerte, para estimular la Refundación de Honduras y de nuestro Abya Yala desde abajo, desde las raíces. Para que aún frente a los reveses, hablemos en clave de revoluciones, como lo hizo Berta, sabiendo que ellas laten en el corazón rebelde de los pueblos.

fuente: https://otrosmundoschiapas.org/libro-las-revoluciones-de-berta/


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Mujeres política Honduras

Mujeres de Honduras luchan en desventaja por conquistar el poder político

marzo 11, 2021 Redaccion

Por: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Portada: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –Dos son los grandes proyectos de Angélica Méndez para este 2021; el primero, entrar a la universidad para estudiar química industrial y el segundo, sacar su tarjeta de identidad para ir a votar por primera vez.

Esta adolescente residente en Tegucigalpa y egresada de bachillerato cumplirá hasta mayo los 18 años, por tanto, no está registrada para votar en las elecciones primarias del 14 de marzo, pero espera con ilusión las elecciones generales de noviembre para poder ejercer ese derecho.

Su interés en participar en este proceso tan importante para la democracia no es un caso aislado, ya que según el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) las mujeres fueron las votantes mayoritarias en las elecciones generales de 2013, aunque no las más votadas.

El derecho a elegir y ser electas reconocido en 1955 gracias a la lucha de los movimientos feministas organizados, no ha significado su plena y efectiva participación y representación política.

Fue 25 años después de ese logro histórico que dos mujeres resultaron electas cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, en 1980.

En los siguientes seis procesos electorales no llegaron a tener ni el 10 % de representación en el Congreso Nacional.

Pese a las reglas electorales que obligan a los partidos políticos a incluir a las mujeres en las planillas, entre 1981 y 2017 solo 169 lograron una diputación frente a 1,071 hombres, según el informe La representación política de las mujeres (2019), del Centro Carter.

5,406 mujeres han sido asesinadas en Honduras
En los últimos años los movimientos feministas y de mujeres han tenido relevancia en la vida política y social de Honduras.

Lea, además: La violencia sigue limitando la participación política de las mujeres en Honduras

En el 2000 fue aprobada la cuota del 30 % de participación política de las mujeres; en 2012, la del 40 %; y en 2016, la del 50%, pero los partidos han desarrollado estrategias para “simular cumplirlas”, señala la organización.

Las mujeres representan el 51.3 % de la población, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pero siguen teniendo una menor participación que los hombres, incluso en las elecciones primarias.

En la práctica, los partidos tampoco presentan candidaturas paritarias en las elecciones generales. Uno de los problemas es que las reglas electorales inclusivas solo aplican para las precandidaturas internas, de cuyos resultados dependen las listas de candidaturas para las generales, en función de la cantidad de votos alcanzados.

“El sistema político hondureño está excluyendo de manera sistemática a la mitad de la población del proceso de toma de decisiones”, lo que dificulta que pueda ser denominado como “democrático”, apunta el Centro Carter.

MUJERES NO SE SIENTEN REPRESENTADAS

La reducida participación de las mujeres es más grave en el nivel municipal, en el que solo 23 de los 298 municipios están bajo el mando de una alcaldesa.

Según un estudio del Centro Eurolatinoamericano, a menor escala territorial, más invisibilidades se reproducen contra las mujeres, que son relegadas y desplazadas a la esfera privada, es decir al hogar, cuyas responsabilidades asume de manera desproporcionada.

Y si son mujeres, pobres e indígenas, la discriminación se triplica.

En ese contexto destaca el occidental departamento de Santa Bárbara, donde están ocho del total nacional de municipios que son dirigidos por mujeres.

Este año las mujeres podrían alcanzar la mitad de los 28 municipios del departamento, “pero no necesariamente esa representación cuantitativa es cualitativa para nosotras”, dijo la integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez.

La mayoría de las alcaldesas del departamento son nacionalistas y siguen el mismo modelo vertical dentro de su partido, sin respetar los derechos de las mujeres. Ni siquiera las dos de Libre han significado una diferencia para las pobladoras, agregó Vásquez, quien también es integrante de la Red de Mujeres de Santa Bárbara, que tiene presencia en 15 municipios.

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“A las mujeres nos deberían preguntar a quiénes queremos como candidatas”, dice la lideresa santabarbarense Betty Vásquez.

En una de esas dos alcaldías, la coordinadora de la oficina de la mujer que estaba haciendo trabajos “más allá de esos cosméticos que a veces les dicen que hagan para mantener entretenidas a las mujeres” fue despedida “porque tenía un perfil y un liderazgo tan alto que la alcaldesa se sentía opacada”.

Es así como “falta mucha formación política, mucho empoderamiento, mucho desaprender porque a veces muchas mujeres hacen lo mismo que hacen los hombres” en cuanto a prácticas mezquinas y perjudiciales, dice Vásquez.

De los nueve diputados de Santa Bárbara una es mujer, pertenece al Partido Nacional y “lleva siete periodos consecutivos, pero jamás ha legislado en favor de las mujeres, jamás le ha interesado la agenda de las mujeres”, dijo la lideresa departamental. “Creen que hablar de las mujeres es mandarles flores y regalarles un pastel”, criticó.

Es más, añadió, “esa diputada, como otras diputadas del occidente de Honduras, son incluso las que votan a favor de políticas nefastas” para los derechos de la población femenina, como la reforma al artículo 67 sobre el aborto.

Tampoco los grupos feministas se sienten representados por las mujeres que han llegado al poder.

La reforma para endurecer la prohibición del aborto es un ejemplo de cómo el tema de las mujeres es usado para conseguir votos, pero también de la falta de representatividad que hay, dijo la defensora legal de la Red Lésbica Cattrachas, Astrid Ramos.

El papel de las diputadas “nos hizo saber que tener mujeres en el Congreso tampoco es una garantía de que van a legislar a favor de nosotras”, manifestó.


“Tener mujeres en el Congreso tampoco es una garantía de que van a legislar a favor de nosotras”: Astrid Ramos, defensora legal de Cattrachas. (Foto: redes sociales Astrid Ramos.

El día del debate, la mayoría de los que hablaron fueron hombres y las pocas veces que participaron las diputadas “fue en contra de las mujeres”, dijo Ramos, quien deploró “papeles nefastos” como el de la diputada nacionalista Waleska Zelaya.

También dejó mucho qué desear la titular del Instituto Nacional de la Mujer (Inam), “la máxima representante de las mujeres en Honduras ni siquiera dio una opinión, se llamó al silencio”, recordó.

En ese sentido, “tener mujeres mientras le sirvan al sistema o mientras carezcan de poder real para tomar decisiones y decir sus opiniones sin miedo a represalias, o que definitivamente sean misóginas, es lastimoso”, opinó Ramos.

A su criterio, uno de los problemas es que las mujeres se han acostumbrado a ceder espacios.

“Sabemos que el patriarcado también actúa para ponernos a nosotras mismas en contra”, expresó la profesional del derecho, “pero mientras no tengamos a mujeres comprometidas, que no teman tomar una posición públicamente” y que no cedan por miedo a no salir reelectas “creo que no vamos a avanzar”.

Para Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, “son contadas con los dedos de las manos las diputadas que efectivamente hacen suyas las reivindicaciones estratégicas más importantes de las mujeres”.

Además, funcionarias como la ministra del Inam solo responden a los intereses del gobierno y de su partido y solo algunas mujeres “han tenido la valentía, la fuerza y el coraje de impulsar algunos temas”.

Pero no solo los intereses partidarios mueven a algunas funcionarias y servidoras públicas por quienes las mujeres organizadas no se sienten representadas.

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La mayoría de las funcionarias públicas sólo responde a los intereses del gobierno y de su partido, dice la directora del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure.

Desde una tesorera municipal que transfirió fondos de la alcaldía a la cuenta de su madre, como consta en un informe de 2019 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hasta una vicepresidenta del Congreso Nacional incluida ese mismo año en una lista de corruptos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casos de mujeres implicadas en actos de corrupción son cada vez más visibles.

Funcionarias de mandos intermedios, alcaldesas, diputadas, ministras y primeras damas son orquestadoras, cómplices e instrumentos en casos sonados como la Caja chica de la dama, Pandora, Red de Diputados, Corrupción sobre ruedas y Hermes, entre otros.

Aunque hay un sesgo de género en la percepción de la corrupción, que es más atribuida a los hombres, los estudios sobre psicología social han demostrado que la honestidad e integridad no son condiciones consustanciales a ser hombre o mujer, dice el estudio del PNUD Género y Corrupción en América Latina (2014).

El estudio reconoce también que no hay evidencia sólida que vincule la presencia de mujeres en las posiciones de dirección y decisión con una mayor o menor corrupción.

Lo que sí está demostrado es que “la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y la participación de las mujeres”.

El riesgo de enfrentar las consecuencias es uno de los factores que pueden explicar una actitud diferente de hombres y mujeres frente a la corrupción.

“En contextos donde el riesgo es bajo o nulo -o donde incluso es más riesgoso enfrentar la corrupción que plegarse a ella- los incentivos juegan en favor de ser más tolerables a la corrupción y a mayor probabilidad a involucrarse en corrupción”, analiza el estudio.

En pocas palabras, la impunidad alienta a los corruptos, en este caso a las corruptas. Y esa impunidad se puede traducir también en el voto inmerecido en las urnas, en la indiferencia de los electores o en la ausencia de las candidatas idóneas para el país.

“Si nos quejamos de los malos gobiernos, si nos quejamos que los partidos políticos están mal, entonces ¿qué acciones debemos tomar?”, se pregunta la feminista y precandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Francisco Morazán, Ana Lucía Pérez.

Su respuesta es que la gente “que sí vale la pena tiene la obligación” de participar en el proceso electoral.

“Hay mucha gente enemiga del pueblo en el poder”, dice la precandidata que busca una diputación por primera vez.

Los derechos de las mujeres también han estado mal representados por las mismas mujeres.

A las diputadas “les ha faltado más”, dice la feminista, “tal vez por cuidar el curul no se han tratado algunos temas” como la despenalización del aborto y el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), entre otros.

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“Hay mucha gente enemiga del pueblo en el poder”, dice Ana Lucía Pérez, feminista y precandidata a diputada del partido Libre por el departamento de Francisco Morazán.

“Me parece que están haciendo mal su labor, pero yo no solo les voy a exigir a las diputadas, sino a los diputados porque también les pagamos para que nos representen bien y sería machista solo exigirles a las mujeres”.             

La participación en estas elecciones primarias de precandidatas a diputadas “hablando de aborto libre, de matrimonio igualitario, aunque seamos pocas, es un avance”, agregó.

Por su postura a favor del aborto y los derechos de la comunidad LGBT, Pérez ha sido atacada con comentarios misóginos por parte de políticos conservadores.

Y así como la mayoría de las aspirantes, ha tenido que competir en condiciones de desventaja frente a los contendientes varones que tienen una mayor proyección en los medios.

“Generalmente, los hombres son a quienes más entrevistan, son los más conocidos”, reconoce Ana Lucía.

En un monitoreo de once foros y debates en televisión realizado entre diciembre pasado y enero por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), la participación de las mujeres fue de 8.3 % mientras que la de los hombres de 91.7 %.

SIMULANDO LA PARIDAD

Además de ser invisibilizadas, las mujeres deben enfrentar otras barreras impuestas por partidos políticos que no están interesados en cerrar la brecha de género.

En Santa Bárbara, por ejemplo, se aprovechan de mujeres con un “analfabetismo enorme” a las que usan de “relleno” para cumplir con la paridad, dice Betty Vásquez.

A estas aspirantes de bajo perfil las eligen también como estrategia para que resulte electa la gente que los movimientos o partidos han decidido, “una falta de respeto a la dignidad de la compañera que con qué humildad o con qué confianza o con qué sueño da sus datos para ser inscrita”.

En occidente, dice Vásquez, los perfiles de candidatas a alcaldías y diputaciones son muy bajos, en parte, porque las mujeres son las más empobrecidas.

“Me consta que acá en Santa Bárbara hay candidatos a alcalde, y del partido Libre, no digamos en los otros partidos, que les ponen a las candidatas a diputadas una cuota de dinero para apoyarlas y meterlas en un combo en los procesos internos”, pero muchas no pueden pagar.

Es tal el descaro, que el día que la gente va a votar le dan un papelito con los números de los candidatos que han apoyado económicamente a esa alcaldía, “desde ahí para mí empieza un fraude electoral”, denuncia.

Y las que tienen el dinero para competir están alejadas de los proyectos y propuestas de las mujeres, “ellas tienen más posibilidades de salir (electas), pero no nos vamos a ver representadas ni como mujeres ni como lencas”.

Para la activista social, “a las mujeres nos deberían preguntar a quiénes queremos como candidatas”, pero “no nos consultan, ellas aparecen o las ponen”.

La presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afro Hondureñas (Red-MIAH), Gloria López, dijo por su parte que la participación de las mujeres en política tiene que ver también con organización y formación política.

Sin eso, “vamos a seguir participando solo para que nos tomen la foto”, porque hasta ahora los espacios que les han dado los partidos políticos a las mujeres, sobre todo a las indígenas, han sido de relleno o para decir que son incluyentes, apuntó.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas estipula que los partidos políticos deben destinar el 10 % de la deuda política para la capacitación y promoción política de las mujeres, pero en la práctica eso no ocurre.

Noticia Relacionada: Formación política de la mujer en Honduras, una deuda empantanada por falta de transparencia

La autoridad electoral debería controlar la implementación de programas de formación técnica en política para las mujeres, sobre todo jóvenes e indígenas con capacidades de liderazgo y perfil para optar a cargos de elección popular, recomienda el Centro Carter.

MACHISMO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La profesora Jacqueline Trejo es un ejemplo de los obstáculos que enfrentan muchas aspirantes por ser mujeres.

En estas elecciones primarias intenta por tercera vez llegar a la alcaldía de Macuelizo, en Santa Bárbara.

En 2013, perdió frente al candidato nacionalista por 75 votos, según el TSE, aunque las actas de las mesas electorales la daban como ganadora.

En 2017, volvió a perder contra el candidato de ese partido que lleva más de quince años gobernando en el municipio.

“El pueblo nos ha respaldado, pero quienes ostentan el dinero y el poder lo han impedido”, dijo la precandidata de Libre que llegó a pedir recuento de votos, pero el TSE no lo permitió.

En el actual proceso electoral ha tenido que enfrentar además el machismo dentro de su partido, en el que otro precandidato a la alcaldía la ha descalificado “diciendo que tiene que ser un hombre” el candidato para poder aspirar a administrar un municipio.


“Me da rabia saber que hay hombres en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres no podemos gobernar”: Jacqueline Trejo, precandidata del partido Libre a la alcaldía de Macuelizo, Santa Bárbara. (redes sociales)

“Me da rabia saber que hay hombres en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres no podemos gobernar, que es un espacio nada más para los hombres, cuando la historia nos dice que lo han hecho tan mal porque la mayoría de los hombres son los que han estado en los principales cargos, tanto a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y también en las corporaciones municipales”.

Con dos derrotas previas en circunstancias dudosas, el otro argumento es que por ser mujer no ha sabido defender su triunfo y que se necesita a un hombre “para que se pueda enfrentar a otro hombre”.

Trejo cuenta que, en 226 años de vida municipal, Macuelizo solo ha tenido una mujer alcaldesa que “por cierto, lo hizo muy bien, demostró que las mujeres tenemos la capacidad para gobernar”.

Julia Carranza es también precandidata a una alcaldía por Libre, en el occidental municipio de Copán Ruinas, en Copán. Es profesora y ambientalista.

“Viendo la situación con este gobierno ineficiente, inútil y corrupto, creo que debemos integrarnos en este proceso”, reflexionó.

“Si los buenos nos hacemos a un lado le estamos dejando el espacio a los corruptos” que se han enriquecido dejando más empobrecido a los municipios y al país, añadió la precandidata que busca el cargo por segunda vez.

En 2017 no logró pasar de las primarias. El otro precandidato de su partido, un hombre machista que no quería perder ante una mujer, infló los resultados para quedar como candidato de Libre, pero en las generales no logró ni la mitad de los votos que supuestamente había obtenido en las internas.

Como defensora de los territorios, ha sido un obstáculo para los intereses del actual alcalde del municipio, de filiación nacionalista, quien “pagó a gente de su partido para que fuera a votar en contra mía” e impedir su participación en las primarias.

“Estamos en un pueblo muy conservador donde los hombres piensan que solamente ellos pueden participar, o pueden gobernar, o pueden decidir”, lamentó Carranza.

En los últimos 66 años, “nosotras hemos avanzado en lo político, en el sentido de que hoy en día podemos votar, podemos ser electas, podríamos decir que tenemos capacidad para tener representación, pero es relativa”, dijo la historiadora Anarella Vélez Osejo, catedrática de Estudios de la Mujer de la UNAH.

La situación de las mujeres hondureñas tiene que ver quiénes están ejerciendo el poder en el país, “que es un sector sumamente conservador y sin ética”.

Y por el otro lado, con el hecho de que “la educación de nuestras mujeres todavía no es suficiente como para que ellas mismas sean capaces de determinar quién es la persona que realmente puede representar sus intereses”.

En Honduras, la educación está tan abandonada justamente para evitar los cambios que se necesitan, aseveró.

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“Las mujeres están tomando conciencia de sus posibilidades”, manifiesta la historiadora Anarella Vélez Osejo. (Redes sociales).

No obstante, se muestra optimista, pues cree que las cosas empiezan a cambiar aun en medio de la adversidad porque las mujeres están tomando conciencia de sus posibilidades.

Si bien es cierto que el camino de las mujeres hacia una participación política plena, efectiva e igualitaria está lleno de barreras, los procesos electorales como el que se avecina son oportunidades de cambio.

El voto es la herramienta más efectiva que tiene la población para obligar a los partidos políticos a ubicar a las mujeres en sus filas, en las planillas y en los cargos públicos.

Este domingo 14 de marzo, al menos 2,912 hombres y 1,782 mujeres de tres partidos políticos competirán por una candidatura para las elecciones generales de noviembre en los niveles presidencial, municipal, al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano. Las cifras no incluyen a los precandidatos ni precandidatas municipales de Libre, ya que fue imposible hacer un conteo debido a que muchas casillas no tenían foto y los nombres eran ilegibles.

Desde este espacio estaremos atentos al proceso electoral en el que, si bien la participación de los hombres casi duplica al de las mujeres, veremos si se van dando pasos al frente o retrocediendo en la representación de la otra mitad de la población sin cuya inclusión el país está lejos de ser una democracia.


La criminalización de defensores de derechos humanos en Centroamérica es creciente

Por defensores -
25 marzo, 2021

Tegucigalpa.- En el área centroamericana los ataques a los defensores de derechos humanos ha tenido una tendencia creciente, donde son amenazados y perseguidos, estigmatizados y difamado, denunciado erróneamente, arrestado, herido o incluso asesinado.

Así lo señala el informe “Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica”, hecho público este jueves por la Mesa Redonda América Central Alemania, a través de un foro digital denominado “Cuando la justicia se trasforma en injusticia”.

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En el mismo participaron Bärbel Kofler, Encaragada por los Derechos Humanos del Gobierno Alemán; Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala; Edwin Espinal, defensor de derechos humanos criminalizado en Honduras; Sonia Sánchez, defensora de derechos humanos en El Salvado y Edy Tábora, abogado del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos en Honduras.

La criminalización no es el único riesgo que corren los defensores de derechos humanos en Centro América, también hay otros problemas como la libertad de expresión, la destrucción del tejido social en las comunidades, la militarización y la vigilancia, los ataques e intimidaciones, y la estigmatización.

Otro de los elementos que surgió en el foro fue la impunidad, el que es utilizado por las personas que se concentran en el poder para hacerla valer para así mismo, para mantener sus privilegios y de esta manera castigar a quienes se oponen a sus intereses.

“La criminalización es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones políticos judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa de los derechos humanos”, señaló Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala.

Añadió que estos Estados que han sido cooptados por grupos económicos su finalidad última es agredir a las personas defensoras de los derechos humanos, con la intención de sentar un precedente.

En Honduras, después del golpe de estado de 2009, se implementó un modelo de despojo que vino a modificar el marco legal relacionado con los concesionamiento de los recursos naturales, y también se implementó un modelo político que vino a afectar a toda la ciudadanía, sostuvo el abogado Edy Tábora, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos en Honduras.

Después del golpe de estado, cuando se comienza a implementar las concesiones, se inicia una criminalización muy particular para las personas que participaban en la defensa de los recursos naturales, las acusaciones fueron evolucionando de acuerdo al respaldo nacional e internacional que recibían los defensores.

“Vemos que las acusaciones comienzan por delitos de manifestación ilícita y obstaculización de planes de manejo, y ahora nos estamos enfrentando a una criminalización totalmente evolucionada, ya que se orientan a presentar otro tipo de delitos como el de usurpación, amenazas y coacciones; y en el 2017 comenzaron a aplicar a los defensores la figura del delito de ocupación del espacio público”, señaló Tábora.

Agregó que en el caso de los defensores de Guapinol “fusionaron los delitos que venía acusando como usurpación, amenazas, coacciones y ocupación del espacio público, con delitos relacionado con el crimen organizado, entonces comenzaron a acusar por incendios, privaciones injusta de la libertad, portación de armas, robos y asociación ilícitas”

“El caso de Guapinol se complejiza porque fusionan estos mecanismos de criminalización, y creo que hemos sobrepasado a Guapinol porque en los últimos casos están siendo acusados por una nueva figura que es el desplazamiento forzado”.

El encarcelamiento en prisión de máxima seguridad por participar en manifestaciones, personas defensoras del medio ambiente en prisión preventiva por años, prohibición de organizaciones de derechos humanos, persecución de la protesta pacífica, son algunas facetas de la criminalización creciente de las personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica.

Lo que distingue la criminalización de otros ataques es el uso selectivo de las leyes contra las y los defensores. Esto da a la represión una apariencia de legitimidad, las personas sienten la omnipotencia del Estado y de las grandes empresas.

“Hemos sufrido mucha represión por parte de los entes del Estado encargados de dar seguridad, quienes han sido entrenados y dar persecución a todas las personas que nos oponemos a este régimen dictatorial en Honduras”, señaló el Edwin Espinal, quien permaneció más de año y medio preso en una cárcel de máxima seguridad por participar en las protestas contra el fraude electoral de 2017.

Desde el golpe de estado de 2009 ha sido víctima de persecución, secuestro, amenazas, allanamientos, detenciones, encarcelamiento y enjuiciamiento. El 13 y 14 de septiembre va a juicio y oral público por los delitos de daños agravados, incendio y uso de material explosivo de fabricación casera, en perjuicio del Hotel Marriot en Tegucigalpa.

Sonia Sánchez, una defensora de derechos humanos de la organización de Mujeres de Santos Tomás en El Salvador, enfrenta acusaciones por el delito de coacción junto a otras tres personas, por oponerse a un proyecto habitacional que va a afectar el medio ambiente en el municipio que habita.

“Que te criminalicen por defender los derechos humanos trae consecuencias y efectos en la vida de las personas que defendemos estos derechos, por ejemplo afectaciones físicas, emocionales”, señaló Sonia Sánchez.

Agregó que cuando se ganan las demandas y les absuelven de los delitos, las cosas no finalizan ahí, las empresas continúan con sus amenazas, las agresiones y los allanamientos contra las viviendas de las personas que se oponen a los proyectos destructivos del medio ambiente.

“Hay situaciones de impotencia que nos lleva a pensar que las instituciones públicas que deben garantizar los derechos de quienes defendemos los derechos, están a favor de las grandes empresas”.

Finalmente indicó que están impulsando una propuesta de Ley que reconozca y busque la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, porque no tienen un marco legal nacional específico para las personas que realizan la defensoría de los derechos humanos.


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Geopolítica y elecciones en Honduras

Geopolítica y elecciones en Honduras (2da parte)

Por: Tomas Andino Mencía

Segunda parte: DE LA PROMESA DE REFORMAS ELECTORALES AL FRAUDE DE LAS PRIMARIAS

Como argumenté en el contexto internacional analizado en la primera parte de este artículo, creo que el nuevo gobierno de Biden ha dado indicios muy claros de que JOH perdió ya la confianza y la utilidad que tenía para el imperio y por ende su salida está asegurada. Pero hasta ahí. Como se concreta esa decisión, es otra cosa.

Artículo relacionado Geopolítica y elecciones en Honduras (1era parte)

El imperio no va a sacar a JOH de manera brusca y repentina, como muchos sueñan, a través de un golpe de Estado, un “golpe de barracas” dentro de las Fuerzas Armadas, una invasión, o algo similar, mientras este se mantenga dentro del universo de sus aliados. En el mundo de la “realpolitik” hay cuestiones que pesan más que los buenos deseos. Por ejemplo:

  1. Honduras es una pieza clave en el terreno para la estrategia geopolítica y militar del Comando Sur de la Fuerza Armada de Estados Unidos en Mesoamérica (SOUTHCOM), donde tiene un centro neurálgico (Palmerola) diseñado para comandar intervenciones de distinto tipo en un amplio radio de acción. Eso para ellos es prioridad número uno y está bajo supervisión del Departamento de Defensa y la CIA. Entonces cualquier cambio que se pretenda hacer no debe poner en riesgo ese rol que para el Comando Sur juega el Estado de Honduras.
  2. Para ellos es indispensable asegurarse de sustituir a JOH por un sucesor confiable a sus intereses de imperio que dé continuidad a su proyecto de la “Estrategia Integral para América Central”. No va a cometer el error de abrir un vacío de poder que pueda ser llenado por cualquiera, y menos por alguien que se resista a todo el intervencionismo que se nos viene encima durante la era Biden en Centroamérica y en nuestro país.
  3. Cualquier cambio debe hacerse sin dañar su alianza estratégica con la oligarquía nacional, es decir, con los grupos de poder representados en el bipartidismo tradicional cachureco-liberal. El problema con Honduras es que se dejó mucho tiempo en el poder a la banda criminal juanorlandista y esta tiene contaminados a casi todos los estratos políticos, militares, policiales y empresariales. De manera que sacar un prospecto que reúna todos los requisitos, es extremadamente difícil.
  4. Dado que la élite corrupta tiene su “guardia pretoriana”, la Policía Militar, cualquier intento de sacarlo por la fuerza generaría un conflicto mayúsculo que laceraría las buenas relaciones que el Comando Sur tiene con la cúpula de la Fuerza Armada Hondureña, la que a pesar de las fechorías que haga, son “sus” corruptos, “sus” violadores y “sus” narcos. No le interesa provocar inestabilidad política y social en donde tiene una base militar estratégica para Mesoamérica. En tal sentido prefiere que el régimen tenga una transición por la vía electoral.
  5. No tiene urgencia por sacarlo de inmediato porque no hay en el país un estado de sublevación popular masivo, que lo obligue a sacarlo antes que el Pueblo coloque su propio gobierno. Si lo hubiera otro gallo nos cantara.
  6. Hay también una razón legal-diplomática. Es parte de la política exterior norteamericana que un gobierno gringo no puede capturar o juzgar a un presidente al cual haya reconocido como legítimamente elegido, por razones de inmunidad diplomática; y como todos sabemos Trump reconoció el resultado del fraude electoral de 2017.

Por ende, mientras JOH este en la presidencia y no cometa una locura que a ojos de los gringos amerite invocar razones de “Seguridad Nacional” (como hacer un pacto militar con los rusos o chinos, tocar la base militar de Palmerola, dar un auto golpe de Estado) el imperio no tendrá motivo para precipitar una intervención por fuera de los canales políticos regulares. Su muerte política será lenta.

Así que no es extraño que se siga echando más leña al fuego preparando un juicio contra JOH, que se emitan leyes en el Congreso y el Senado norteamericano para apretar más las tuercas, que se recorten ciertos rubros de la asistencia económica o que se quiten visados, porque esto seguirá así en espera de que salga del poder.

EL PROCESO ELECTORAL EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA DEL IMPERIO Y DEL RÉGIMEN

Ahora ¿puede prolongarse este estado de cosas indefinidamente? Considero que no. El tiempo se le agota también al imperio. La oportunidad de sacar a JOH por los medios convencionales, tiene fecha de vencimiento el 28 de noviembre de 2021, es decir, el día de las elecciones generales. Para entonces los gringos ya deberían haber posicionado a su alternativa en el escenario político nacional, a fin de que en las elecciones el gobierno de JOH tenga un aterrizaje suave sin revolver las aguas de la rebelión popular y de la inestabilidad política. De lo contrario, después le será más difícil sacarlo del poder y, en el peor de los casos, para nuestra desgracia, podría verse obligado a aceptarlo por un tiempo más, sometido a fuertes condicionamientos.

Por todo lo dicho, el proceso electoral en general se ha convertido en el mecanismo que, a los ojos del imperio y de la oligarquía, permitiría la salida de JOH y haría una transición controlada a otra etapa. Pero también desde la perspectiva de JOH y sus aliados, el proceso electoral es estratégico pues es la “llave mágica” que tiene para evadir la justicia norteamericana. En ese sentido, el proceso electoral es clave para ambos bandos y todos los caminos conducen hacia ahí.

¿QUE PASO CON LAS REFORMAS ELECTORALES PROMETIDAS?

Es sabido que tanto los procesos electorales de 2013 y 2017 fueron manipulado por JOH para lograr sus “triunfos” fraudulentos. No repetir semejante escenario en noviembre de 2021 requería hacer cambios sustanciales mediante una nueva Ley Electoral; cambios como la despartidización de los organismos electorales, nuevas autoridades que administren el proceso, la incorporación del balotaje o segunda vuelta, un nuevo Censo, nueva identidad y mecanismos confiables de registro y conteo de los votos (como el voto electrónico). Pero ¿Qué paso con todo eso?

Lo primero por decir es que este proceso desde un inicio ha estado bajo control de los sectores afines al régimen, es decir, el juanorlandismo en el Partido Nacional y su aliado el florismo en el Partido Liberal. Para ellos ha sido de interés que nada cambie en materia de legislación electoral para hacer lo mismo que se hizo en 2013 y 2017, porque de esa forma se aseguran la continuidad de JOH en el poder, al menos cuatro años más. Y viceversa, es de máximo interés de la oposición burguesa y de la resistencia popular que esos cambios se implementen… O más exactamente, debería serlo.

En este proceso podemos apreciar tres momentos diferentes; a) la reforma constitucional y la integración de los nuevos organismos electorales; b) las elecciones primarias e internas; y, c) las elecciones generales.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL: UN PASO ATRÁS Y SIETE ADELANTE A FAVOR DE LOS CACHURECOS

En el año 2018, después de la crisis electoral de 2017 y de la intervención de la OEA, el Partido Nacional dio un paso atrás accediendo a hacer una reforma constitucional que creo dos nuevas instituciones electorales, el Concejo Nacional de Elecciones (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambas en sustitución del Tribunal Supremo Electoral. También hizo reformas importantes al Registro Nacional de las Personas (RNP). Previamente se había integrado también la llamada Unidad de Política Limpia (UPL), supuestamente para vigilar que no se colaran en el proceso candidatos(as) con nexos con el crimen organizado.

Lo novedoso de este paso fue que la reforma constitucional y a la Ley del RNP permitieron la incorporación del Partido LIBRE a estos organismos; posibilitado por un acuerdo sobre ese punto (no declarado pero evidente) entre nacionalistas, liberales y libres en el Congreso Nacional. Las expectativas de esa incorporación eran grandes, al menos en su base.

Sin embargo, el Partido de gobierno en alianza con el “lado oscuro” del Partido Liberal, aprovechando la confianza que deposito el citado partido opositor en ellos, logro dar siete pasos adelante en su estrategia para lograr sus objetivos:

1) Evadió hacer las reformas electorales torales. El tema de las reformas electorales más recientes viene masticándose en Honduras desde 2014, siendo la prohibición de la reelección y la segunda vuelta los temas torales sobre los que nunca se ha logrado consenso, precisamente porque oponerse a estos temas es la clave para la continuación en el poder del actual régimen.

El citado acuerdo de 2018 entre el PN, PL y LIBRE evadió abordar esos temas y se limitó a la mencionada reforma constitucional que creo el CNE, TJE y reformo al RNP. Desde entonces el Partido Nacional se tranco en no aprobar ninguna nueva Ley Electoral que contuviera las reformas más importantes, prometiendo abordarlas “para después”.

Del lado de la oposición, LIBRE, que es el partido con más capacidad de movilización, en lugar de exigirlas enérgicamente en las calles, se contentó con su integración al CNE, TJE, RNP y la UPL, y se limitó a participar en una mesa de trabajo de los tres partidos políticos para elaborar el proyecto de Ley en base a una propuesta de la OEA; una triste forma de perder tiempo porque es sabido que los cachurecos nunca respetan los acuerdos.

La primera muestra de que el pacto no era de fiar fue el hecho de que el Partido Nacional se negó a instalar los nuevos organismos electorales acordados a fin de no incorporar los nuevos concejales de LIBRE y los empleados de estos. Esto último motivo la “insurrección parlamentaria” en 2019 para exigir el nombramiento de sus concejales y la contratación de sus funcionarios, pero contrario a lo que podía esperarse, no coloco en el centro de esta “insurrección” el asunto de las reformas electorales. Finalmente, el Partido Nacional accedió a los nombramientos, pero… con la condición de que la Ley Electoral fuera aprobada “después”; y LIBRE, pues, no lo objeto.

Vencido el plazo fatal para la aprobación de la nueva Ley en septiembre de 2020, el cachurequismo incumplió el compromiso de aprobar la nueva Ley desde la presidencia del Congreso, y la oposición no estuvo en condiciones de reaccionar debido al confinamiento de la pandemia y a que las sesiones del Congreso desde entonces son virtuales. Pocos días antes, Rixi Moncada, concejal de LIBRE en el CNE, había dejado de ser presidenta de ese organismo, poniendo fin a la oportunidad de hacer algo para cambiar las reglas del juego, quedándole solo el derecho al pataleo.

De esa forma el Partido Nacional hábilmente se echó a la bolsa al citado partido por confiar en la palabra de su enemigo, por no pelear las reformas con movilización y por ceder lo estratégico (las reformas) a cambio de lo inmediato (las chambas).

2) Se estableció el CNE y TJE con todas las ventajas para el bipartidismo. En lugar de defender la ciudadanización del máximo organismo electoral, LIBRE pactó con el Partido Nacional y Liberal aceptar que estos tuvieran dos concejales contra uno de oposición, algo difícil de digerir como una “conquista”. Por otro lado, la presidencia del Consejo Nacional Electoral es rotatoria pero el orden definido favorece al bipartidismo: LIBRE lo presidiría el primer año (2018-2019), el Partido Liberal en el segundo año, o sea durante las elecciones primarias (2019-2020); y el Partido Nacional lo presidiría nada más y nada menos que durante la realización de las elecciones generales (2020-2021). Es decir que el bipartidismo tradicional se reservó turnar la presidencia del CNE en los momentos estelares para llevar al terreno una estrategia fraudulenta, sin que hubiera de parte de ningún otro partido de oposición ninguna objeción. Ahora que pasaron las primarias nos damos cuenta por qué el interés del bipartidismo en presidir el organismo en estas etapas.

3) El nuevo Censo fue “depurado” con trampas: La primera versión del Censo Nacional entregado a fines de diciembre de 2020 presento más de 400 mil inconsistencias, las que en cuestión de poco más de un mes, fueron “resueltas” ¡supuestamente a razón de más de 10 mil inconsistencias diarias! (nunca se había visto tanta eficiencia en el Estado de Honduras…). Se prometió la entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación para fin de enero 2021 pero llegada la fecha no se cumplió y de emergencia se resolvió que los electores en marzo podrían votar con ambas identidades (la vieja y la nueva), añadiendo listados adicionales en las mesas electorales, con los riesgos que eso suponía para la doble votación. Al parecer se eliminaron los “muertos votantes” del censo, pero el domicilio de más de 1,600,000 votantes fue modificado para dificultarles ejercer el sufragio; 200 mil jóvenes no pudieron votar, entre muchos otros problemas que en la mayoría de los casos afectaba a los partidos de oposición. Debido a esto, en las primarias hubo muchos problemas que beneficiaron la estrategia fraudulenta del régimen.

4) Se elimino el TREP. El sistema Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP) en la mayoría de los procesos electorales se utilizó para dar tendencias oficiales desde el organismo electoral, a fin de evitar la manipulación privada de información al público. En este caso fue descartado argumentando que no se encontró una empresa capaz de organizarlo en el poco tiempo que quedaba y se decidió que el mismo CNE lo asumiría. Lo malo es que el cambio fue para empeorar. Ahora nos damos cuenta de que esto favoreció las encuestas de “boca de urna” pagadas por el Partido Nacional para difundir la versión de los resultados que a ese partido le interesaba. Algo similar ocurrió en los otros partidos de oposición.

5) La Unidad de Política Limpia “no detecto” candidatos corruptos. Cuando se suponía que todos los candidatos debieron ser minuciosamente esculcados por esta unidad, integrada por los tres partidos políticos mayoritarios, vemos que se inscribieron en las elecciones primarias candidatos “pandoros” en el Partido Liberal, vinculados a escándalos de latrocinio como Marco Bográn, Waleska Zelaya y otros en el Partido Nacional, y varios mencionados en la Corte de New York, como Adán Funez en el Partido LIBRE o el hermano de Geovani Fuentes en el PN; y por supuesto, tampoco fue objetado Yani Rosenthal quien tiene pendiente responder ante la justicia hondureña por los delitos que cometió en Honduras por los trances que hizo con los narcotraficantes. ¿Por qué esa unidad no impidió o al menos cuestiono la inscripción de estas personas?

A lo anterior hay que sumar dos intangibles:

6) La confianza hizo bajar la guardia. Se vendió políticamente la incorporación de LIBRE a los organismos electorales como una garantía de la supuesta transparencia del proceso electoral y de que, con su presencia, era prácticamente “imposible” un fraude, en palabras de sus líderes. Esto hizo bajar la guardia por confiar en la capacidad de los representantes de dicho partido en el CNE, el TJE y RNP, lo cual fue aprovechado por el Partido Nacional, con los resultados que estamos viendo.

7) Se profundizo la división de la oposición. No es de extrañar que estos pasos en lugar de favorecer el posicionamiento de LIBRE como un partido de oposición consecuente, se le perciba como un partido que ahora forma parte del establishment o el estatus quo de la clase política tradicional, provocando mayores divergencias de este con los demás partidos contrarios a la narco dictadura. Los hechos muestra que LIBRE privilegio establecer pactos con el enemigo supuestamente para tener cuotas de poder, que pactar con los otros partidos de oposición para fortalecer sus aliados naturales.

En ese sentido, el primer paso en la estrategia del cachurequismo para mantenerse en el poder fue lograda con éxito. Pregunta obligada: ¿Cómo se explica tanto “error” de parte de un liderazgo tan sagaz como el de LIBRE? Comprendo que este partido no es mayoría en el Congreso, pero para eso se tiene la calle y las bases. Hacer componendas de esa forma con el poder, no es justificable teniendo a la vista los resultados obtenidos.

El siguiente paso de la estrategia del partido de gobierno fue dado en las recién pasadas elecciones primarias e internas.  

LAS ELECCIONES PRIMARIAS E INTERNAS: UN DESASTRE CALCULADO

Si algo podemos decir de las elecciones primarias del 14 de marzo es que en estas se reflejó la ausencia de mecanismos de control y transparencia que pudieron haber funcionado si se hubiera contado con una nueva Ley Electoral, con la ciudadanización de los organismos electorales y la transparencia de la gestión electoral. Como consecuencia se practicaron las modalidades de fraude más burdas y descaradas, como la inflación de votantes, personas que votaron varias veces, personas duplicadas en listados, añadidas, actas adulteradas, además de la compra de votos, etc.

Como lo exprese en otro trabajo, el proceso electoral primario e interno fue un desastre, pero un desastre planificado. Viendo los resultados generales del proceso que recién acaba de ocurrir, no es difícil conocer cuáles fueron los objetivos que se propuso el régimen en estas elecciones primarias e internas:

1) Instalar en el imaginario colectivo la supuesta supremacía del voto duro del Partido Nacional frente al voto de los otros partidos, quedando la falsa impresión de que LIBRE quedo en último lugar de preferencias, algo contradictorio con lo observado en la afluencia de votantes en las urnas; una forma sucia de iniciar la campaña electoral del cachurequismo. Lo inaudito es que la representación de LIBRE no muestra la misma beligerancia que tuvo en un inicio para desmentir esa maniobra, denunciando el fraude en curso. Al no hacerlo se está afectando a sí mismo como partido de cara a las próximas elecciones, pues con los resultados que su representante avala, aparece en el último lugar de las preferencias por detrás del bipartidismo; sin mencionar la afectación a su prestigio ético, que es aún más importante.

2) Posicionar mediante un gran fraude electoral a los candidatos más afines al régimen en el Partido Nacional y Liberal, es decir, Nasry Asfura para el primero y Yani Rosenthal en el segundo. El caso de Nasry Asfura es clave para la continuidad del régimen porque significa la posibilidad de que este actúe como testaferro guardándole el puesto a JOH en la candidatura presidencial.  En el caso de Yani Rosenthal, miembro del florismo y por tanto en el fondo aliado de JOH, es clave para asegurarse cuotas de poder en un próximo gobierno de colaboración con la dictadura y también para iniciar el destronamiento de Luis Zelaya del Concejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, fortaleciéndose el bipartidismo que sostiene la narco-dictadura.

3) Exacerbar el divisionismo en la oposición al volver irreconciliables las discrepancias entre LIBRE, de un lado, y el grupo constituido por Nasralla, Luis Zelaya, Wilfredo Méndez, Nelson Ávila, María Luisa Borjas y otros, como resultado de las críticas de estos últimos sobre el proceso fraudulento en marcha. 

4) Introducir un factor de crisis interna en el partido LIBRE, donde unas corrientes hicieron fraude a otras y al interior de estas. Esto ha generado un conflicto interno entre quienes reconocen los resultados del CNE y los que denuncian el fraude ocurrido. Esta situación puede volverse peligrosa para dicho partido con ocasión de la disputa por la Coordinación General, que puede llegar hasta los tribunales dominados por el bipartidismo.

LA RESPONSABILIDAD DEL CNE

El órgano que ha protagonizado desde el inicio este desastre y ahora legitimado sus resultados es el Concejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el bipartidismo tradicional –el más interesado en que se dé la situación que vemos—pero del cual no se exime de responsabilidad la representación del único partido de oposición que lo integra, porque hasta el momento de escribir este artículo, avalaba estos resultados.

EL CNE y el RNP con un presupuesto de alrededor de 1 mil 100 millones Lempiras fue incapaz de garantizar lo básico del proceso: el censo electoral completo, el nuevo documento de identificación, la habilitación de los nuevos electores, el voto domiciliario, los locales en muchos lugares del país, entre otros temas; y una vez realizados los comicios, tampoco garantizo una difusión oficial expedita y confiable de resultados, porque por 48 horas hubo un “apagón informativo” que tuvo al borde de un ataque de nervios a sirios y troyanos. Eso recuerda el “apagón del sistema informático” de las elecciones de 2017. A partir de ahí, la duda es lo que predomina.

Una vez echado a andar el conteo de actas, se revelaron irregularidades en muchísimos centros de votación, aspecto documentado por varios movimientos afectados, en su mayoría que no gozan de la preferencia de las autoridades centrales de los partidos; y en el caso del Partido Liberal, de aquellos que no gozan de cercanía con JOH. El CNE presidido por la representante liberal Ana Paola Hall, responsabiliza a los miembros de MER de esas irregularidades, olvidando decir que por ley en cada MER había un representante del CNE, que debió evitarlas; y que la suma de las actas con vicios de nulidad al conteo general no lo hace las MER sino el personal central del CNE en Tegucigalpa.

En base a la información y denuncias que han trascendido de parte de las y los afectados, con documentación de soporte, puede decirse que el CNE ha mentido a la población porque se han contabilizado como validas actas con vicios de nulidad, en base a las cuales el organismo informa de las tendencias en los resultados, favoreciendo a los candidatos afines al régimen en el Partido Nacional y el Partido Liberal, o afines al oficialismo en el Partido LIBRE.

Que hay la posibilidad de hacer impugnaciones, si la hay; de lo que hay menos posibilidades es de que el Tribunal de Justicia Electoral, que lo domina el bipartidismo, resuelva las impugnaciones de manera que se cambien drásticamente los resultados ya difundidos.

LOS NUMEROS INFLADOS DEL FRAUDE

El 14 e marzo fue notoria la mayor afluencia de electores presentes en las urnas de LIBRE y del Partido Liberal en los centros de votación, y una reducida cantidad de electores en las urnas cachurecas, pese a que el Partido Nacional fue el que mas pago el voto y envió a todos los empleados públicos que pudo, bajo obligatoriedad. Pero al momento del conteo, se contabiliza un promedio nacional de 119 votos por cada acta del cachurequismo, para un total de 797,367 votos en la formula presidencial; al Partido Liberal se le adjudican 90 votos por MER y 535,695 votos; mientras que al partido LIBRE se le acreditan 69 votos promedio por cada MER y un total de 353,798 votos.

Esto es a todas luces un resultado super inflado a favor del partido de gobierno, como ya fue mencionado, para fortalecer la imagen del partido y del candidato de JOH. Según ese “resultado”, solo el candidato Nasry Asfura obtuvo más votos que las dos corrientes liberales y casi el doble de LIBRE. Con esto se busca colocar en la conciencia de las personas que en noviembre el PN le dará una paliza a la oposición, algo increíble.

Lo resultados por cada corriente interna son igualmente inaceptables porque se basan en practicas similares de compra de votos, inflación de datos en las actas, entre otras, en favor de los candidatos “repitentes” y afines al oficialismo en cada partido. Y las quejas provienen no solo de corrientes internas adversas a los caudillos sino también al interior de las mismas corrientes.

Que esos resultados los avale el partido Nacional y el Liberal no es de extrañar, pero lo que ha sorprendido es que lo avale también la representación de LIBRE en el CNE. A diferencia de la actitud beligerante que tuvo la abogada Rixi Moncada al comienzo de su integración al CNE, ahora se llama al silencio sobre estas muestras evidentes del fraude que una vez ella denuncio. Recordamos, por ejemplo, que el 18 de febrero recién pasado, en conferencia de prensa, Moncada afirmo lapidariamente que “Aquí se está fraguando el fraude para las primarias y generales”, refiriéndose al CNE. (Disponible en: http://cholusatsur.com/noticias/ultima-hora-rixi-moncada-revela-que-dentro-del-cne-se-fragua-un-fraude-electoral/); un mes más tarde, el 16 de marzo estaba llamando “a la calma” explicando que todo está bajo control y que el conteo se realizaría despacio pero bien. El cambio de actitud de dicha concejal fue abismal.

Tan notorio ha sido que un líder emblemático de LIBRE, como Rafael Alegría, llego a declarar, desencantado; “Creíamos que el proceso sería transparente, sin triquiñuelas y totalmente democrático como lo ha reiterado la compañera Rixi Moncada, representante de LIBRE en el CNE; al parecer no ha sido así, abundan las denuncias de abultamiento de resultados de la MER para favorecer a unos y perjudicar a otros que sin lugar a duda constituye un fraude electoral” (El Pulso, 24 de marzo 2021)

¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo puede ser que la representante de LIBRE avale con su silencio un resultado que desfavorece a su propio partido? ¿Y qué paso con las autoridades de su partido que  no se oye su voz crítica, como haría cualquier partido medianamente atento a lo que pasa?

¿Van a actuar de la misma manera en las elecciones generales, callando las irregularidades que se presenten y avalando el fraude que se prepara desde ya por cachurecos y liberales-yanistas, como al inicio lo denuncio Rixi? La práctica dirá si dicho partido rectifica o se hunde.

Pero volviendo al CNE, cabe reflexionar: Si esto ocurre cuando dicho organismo lo preside el Partido Liberal, ¿Cómo será cuando lo presida el Partido Nacional, a partir de septiembre de este año?

Sigue tercera parte: HACIA DONDE VA EL PROCESO ELECTORAL: ESCENARIOS PROBABLES