Muerte de estudiante de enfermería en custodia policial se perfila como femicidio de Estado
- febrero 13, 2021
Keyla Martínez, estudiante de enfermería, murió en una celda policial en el departamento de Intibucá, después de haber sido detenida la noche del 6 de febrero por incumplir un toque de queda. La Policía Nacional dijo que se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones. El caso ha despertado protestas e indignación, su familia pide justicia.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
«Lo que quiero es sentar un precedente para que muchas mujeres que han sido vilmente asesinadas puedan descansar en paz (…) Ahora mi hija es una figura reconocida a nivel mundial, hubiera querido que fuera en otra situación, pero mi hija fue estrangulada por miembros de la Policía y por eso estoy exigiendo justicia», dice Norma Rodríguez, madre de Keyla, en una conferencia de prensa que ofrecen todos los familiares —apenas dos días después de su sepelio— en la que declaró que su hija fue víctima de femicidio.
Norma regresó de Madrid, España, donde vivía desde hace cuatro años, un día después de que la noticia de la muerte de su hija había copado la agenda mediática del país. La noticia decía que la Policía informó que Keyla —tras ser arrestada por incumplir medidas del toque de queda por la pandemia— se suicidó en la celda de detención. Keyla fue detenida la noche del 6 de febrero junto al médico Edgard Velásquez, en La Esperanza, departamento de Intibucá. A las 2:55 de la madrugada, el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato recibió su cuerpo ya sin signos vitales, aunque la misma policía informó que la llevaba con vida. Los detalles de lo que sucedió entre el momento de la detención y su llegada al centro asistencial aún son difusos.
«Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», menciona el comunicado de la Policía Nacional de Honduras (PNH).
Sin embargo, las autoridades del centro asistencial desmintieron que ella hubiera muerto ahí.
José Lemus Martínez, subdirector del hospital, declaró que Keyla fue llevada por agentes de la Policía: «venía sin signos vitales, con signos post mortem, lo demás le compete a Medicina Forense decirlo».
Lemus añadió que todo quedó registrado en un libro de incidencias del hospital que ahora se encuentra secuestrado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público (MP), quienes investigan el caso.
Posteriormente la doctora Patricia Zúniga, quién estaba de guardia la madrugada que recibieron, declaró en distintos medios que Keyla no llevaba signos de suicidio, además los policías que dejaron su cuerpo nunca dijeron que se había intentado suicidar. Lo que constató el equipo médico fue que Keyla tenía una oreja morada «que pudo haber sido por compresión o trauma directo», además de que probablemente tenía al menos media hora de estar muerta y no pudo haber fallecido en el traslado.
Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional de Honduras, argumentó en conferencia de prensa que «ese primer comunicado era un informe preliminar con el fin de dar a conocer que la PNH iba a iniciar una investigación».
Ahora se sabe que al menos 13 policías se encuentran siendo investigados y permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con la información del MP, se les están realizando exámenes forenses de salud mental, fluidos y vello púbico.
Jorge Galindo, vocero de la Atic, anunció que desde el lunes 8 de febrero «en la celda donde presuntamente ocurrió este hecho, lamentable el equipo técnico de la Atic está realizando un trabajo técnico-científico denominado planimetría y de igual forma una inspección al interior de esta celda con lo que se hará un informe para presentar a la fiscalía». Galindo añadió que el caso está siendo conocido por la sección que investiga muertes cometidas por funcionarios del Estado o miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Para Karol Bobadilla, abogada e integrante del Foro de mujeres por vida, la forma en que se ha manejado el caso de Keyla «es el resultado claro de cómo desde hace mucho tiempo se viene manejando este tipo de casos y que desde la misma institucionalidad se ha planteado un patrón a la hora de nombrar casos como suicidio cuando se trata evidentemente de feminicidio», Bobadilla añade que el mensaje detrás de ese patrón es la impunidad clara para quienes quieren violentar mujeres, demostrado por la acción inmediata de intentar cubrir el crimen.
Las muertes violentas de mujeres no han sido debidamente investigadas en Honduras. Investigaciones de Contracorriente señalan que desde que se creó la tipificación del femicidio en 2013 solo existen 15 sentencias condenatorias en esos casos, un dato que contrastar con las más de 7000 denuncias en el MP por asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio interpuestas entre 2008 y 2019, en las que la víctima fue una mujer.
Olivia Zúniga, diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Intibucá, dijo sentirse identificada con el caso porque le recordó a todo lo que como familia tuvieron que pasar cuando en 2016 asesinaron a su madre, Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares de Honduras (Copinh). Zúniga participó en protestas que se llevaron a cabo un día después de la muerte de Keyla, estas manifestaciones terminaron reprimidas por la Policía.
«Esos pronunciamientos y comunicados de la Policía no tienen ninguna credibilidad para nosotras ni para el pueblo hondureño. Cambian la versión de los hechos, así como cuando hicieron con mi mamá que dijeron que era un crimen pasional, después que era un pleito de poder interno en su organización», agregó.
Zúniga añadió que lo más preocupante del caso es que existen antecedentes recientes de mujeres jóvenes «maltratadas, golpeadas, ultrajadas física y sexualmente por esa misma policía», a quienes le dieron acompañamiento.
Según las denuncias realizadas posteriormente en un medio televisivo, dos mujeres habían denunciado hace aproximadamente un mes que elementos de la Policía, de La Esperanza, después de una detención arbitraria en la que fueron golpeadas, los policías intentaron entrar en la celda donde estaban detenidas porque querían violarlas. Las jóvenes afirman que pusieron la denuncia en la Dirección Policial de Investigaciones, pero que hasta el momento no se había hecho ninguna investigación.
Una mujer de la Esperanza que habló con Contracorriente y prefirió no dar su nombre, contó que en una ocasión en la que fue detenida —además de haber sufrido múltiples abusos a sus derechos como no decirle por qué la detenía, ni permitirle hacer llamadas— en varias ocasiones intentaron tocarla. «Los policías se metían a medianoche y yo les decía: “¿qué hacen aquí si la detenida soy yo?”», añadió.
Aunque el mismo fin de semana ocurrieron al menos cuatro casos más de femicidio en el país. Para Karol Bobadilla esto no es algo novedoso: «se ha generado un morbo más allá de informar o educar a la población con respecto a este tipo de temas. La noticia se vuelve una fuente de dinero que ayuda al marketing abordando de forma morbosa, revictimizante y amarillista» .
La abogada Bobadilla, también recuerda cómo la PNH suele ser la primera barrera que encuentran las mujeres cuando buscan justicia. «Creemos que a esa institución también le falta muchísimo para poder aportar en cambios estructurales y más profundos con respecto a la realidad que están viviendo las mujeres».
Un reportaje publicado por Contracorriente cuenta que las mujeres no están seguras ni siquiera dentro de la PNH, donde son víctimas de acoso y abuso sexual, también denuncian que enfrentan muchas barreras para ejercer su profesión libremente y en condiciones iguales.
La médica forense Julissa Villanueva, fue separada de su cargo en la dirección de Medicina Forense meses después de declarar públicamente que el informe de autopsia de Sherill Hernández, jefa del departamento de delitos contra la administración pública de la Atic —encontrada muerta en su casa en Copán—, dictaminaba un homicidio y no un suicidio como lo planteó la misma Atic que investigaba el caso.
Ahora Villanueva dice sentirse acosada e intimidada también por haber dado declaraciones sobre el informe forense de Keyla del que tuvo conocimiento, pero asegura que lo importante es analizar «que no es un tema aislado, es más complejo y nos vamos a quedar solo en esa muchacha ¿a cuántas no le vienen haciendo lo mismo?».
El caso de Keyla lo lleva un equipo de tres abogadas, dicen que lo hacen ad honorem porque «somos mujeres valientes que sabemos que la víctima hoy es una mujer», dijo Irma López, la principal apoderada de la familia.
López añade que no quieren que se emitan requerimientos fiscales tan pronto y que luego se suelte a los culpables por falta de pruebas. «Queremos a los verdaderos responsables, individualizar la responsabilidad penal de cada uno de los policías que esa noche estuvieron de turno, que tuvieron bajo su guarda y custodia a Keyla Patricia Martínez, a quien le quitaron la vida».
Protestas y actos simbólicos por Keyla
Poco después de que se dio a conocer el caso de Keyla, comenzaron las manifestaciones exigiendo justicia. El mismo domingo 7 de febrero la población hizo plantones pacíficos frente a la posta policial de La Esperanza, al día siguiente poco después de las nueve de la mañana lo que comenzó como un plantón parecido al día anterior, terminó con enfrentamientos entre los miembros de la PNH y manifestantes, en donde ambos resultaron con heridos.
La protesta culminó cerca de las ocho de la noche y una hora después los policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y fueron reasignados unos cuarenta policías, provenientes del departamento de La Paz. Según le dijo a medios Rebeca Torres, portavoz de la PNH, este cambio fue rutinario «tenemos nuevo director y con ello, un nuevo director estratégico. Los cambios obedecen precisamente a una planificación estratégica para poder movilizar y cumplir lo que la ley ordena».
Sin embargo, Alex Madrid, el nuevo subcomisionado asignado a La Esperanza le dijo a Contracorriente que el caso de Keyla sí aceleró el proceso: «los policías que posiblemente pudieron estar involucrados ya fueron relevados, esto ya estaba planificado, pero claro que esta situación aceleró este proceso, puedo asegurar que no hay objeto de entorpecer alguna investigación». Madrid añadió que estaba ahí para mediar y no tenía órdenes de reprimir ninguna manifestación.
El subcomisionado encargado de esa posta, Melvin Alvarenga, había sido asignado a La Esperanza apenas el 24 de enero, es decir que solo llevaba 13 días cuando sucedió el homicidio de Keyla. Antes de eso Alvarenga estuvo asignado a La Moskitia, en el departamento de Gracias a Dios, desde el 3 de mayo de 2019.
Alvarenga solo dio declaraciones a un medio televisivo en donde dijo que en esa estación había tres policías hombres en la oficina de atención al ciudadano y que las mujeres policías andaban afuera en radio patrullas, además aseguró que tampoco había otras mujeres detenidas.
El martes, mientras la familia realizaba la vela del cuerpo de Keyla, un grupo de mujeres autoconvocadas realizó una velada frente a la posta policial, colocaron un altar con los nombres de casos simbólicos de mujeres víctimas de violencia en el departamento y con velas escribieron la palabra «justicia». Las mismas mujeres habían llenado días atrás de rótulos con el rostro de Keyla diciendo: «ella no se suicidó, la Policía la mató».
El parque comenzó a llenarse no solo de mujeres, los presentes recibían velas y gritaban consignas frente a una estación, compuesta de dos pisos llenos de policías que de vez en cuando grababan el momento. En un momento, una enfermera apareció con una candela y una flor, caminó por toda la multitud y en silencio colocó su ofrenda sobre el altar y se fue llorando. No habló con nadie, ni se supo si conocía a Keyla, pero en todos los espacios de convocatoria aparecían enfermeras que, escondidas en sus mascarillas, decían que tenían miedo de hablar con los medios y de dar sus nombres, pero que pensaban que la historia de Keyla le pudo haber pasado a cualquiera de ellas.
Un grupo de mujeres llevó impresiones de una canción feminista mexicana llamada canción sin miedo, cambiando la letra a una variante para Honduras. La letra incluía los nombres de los casos simbólicos del departamento: «Soy Keyla, Margarita y soy Teresa. Soy Berta, soy Nicole y Maudalena. Soy la niña que subiste por la fuerza, la chava asesinada en una celda, y soy esta que te hará pagar la cuenta».
Mientras las mujeres cantaban en La Esperanza, la Secretaría de Seguridad daba una conferencia de prensa en la capital donde actualizaban el caso, aún sin dar respuestas concretas sobre su posible participación «la Policía Nacional no andaba más que cumpliendo una normativa aprobada por el Gobierno en un momento de crisis y de pandemia sanitaria. Si como producto de estas actuaciones o de cualquier otra actuación un miembro de la Policía pudo haber, o no, cometido una irregularidad lo importante es la respuesta que estamos dando para corregir ese evento», dijo Gerson Velásquez, subcomisionado de la PNH.
Una base de datos recopilada por Contracorriente señala que entre marzo y junio al menos 47,060 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. Muchas de estas detenciones, documentadas por organizaciones de derechos humanos, denunciaron que fueron arbitrarias, expuestos a tratos indignos y puestos en riesgos de seguridad y contagio.
Minutos después muchas de las personas se
retiraron cuando llegaron grupos que comenzaron a enfrentarse con la
policía, después de algunas horas de enfrentamiento en donde la policía
no salía, pero respondía con gas lacrimógeno desde la posta policial, la
manifestación terminó cuando parte de una entrada de la posta fue
incendiada y los agentes salieron a realizar detenciones.
El miércoles 10 de febrero fue el entierro de Keyla, que no solo estuvo lleno de familiares y personas que la conocieron, sino que también asistió población indignada que pedía justicia con flores, globos y carteles. Ese momento tan íntimo para una familia se volvió un espacio en el que ellos mismos habían convocado a medios de comunicación y decidieron hacer una pequeña conferencia. Doña Norma, quién había regresado de España el día anterior, habló por primera vez y frente al féretro de su hija dijo que se trataba de un femicidio y que la única justicia que esperaban era de organismos internacionales, por la desconfianza que sienten de las instituciones del Estado: «me duele mi país, me duele que no haya autoridades en quien confiar».
A Keyla la enterraron con un ataúd que llevaba una bandera con el logo de la facultad de Ciencias Médicas, la casa de estudios de la que estaba por graduarse. El director del Centro Médico Gadan, Romualdo Orellana, un centro en donde Keyla laboró por varios años le dijo a Contracorriente lo mucho que le había motivado a estudiar enfermería y que en diciembre cubrió turnos de vacaciones: «vi como había crecido en su carrera, se desempañaba con mucho entusiasmo y profesionalismo».
Orellana añade que el caso de Keyla le genera mucha preocupación a toda la población, especialmente al gremio médico, quienes asegura que han sido víctimas de abusos policiales: «yo mismo he sido agredido por la Policía cuando he salido de noche a ver pacientes y creo que este es un modus operandi de la Policía, de dañar a la población, no de protegerla ni de servir». Orellana cuenta que en una ocasión tuvo que huir de una detención por la desconfianza y violencia con la que lo habían detenido y que al día siguiente en un retén de tránsito le dijeron: «usted es el que se le escapa de la policía».
El padre de Keyla, Luis Sosa, aprovechó el espacio de los medios para pedir un verdadero proceso de limpieza en las instituciones: «saneen verdaderamente esas instituciones que están corroídas por la corrupción, por la delincuencia y por todos los actos condenables que nos tienen al pueblo hondureño sometido (…) Yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos decepcionados de la patria que un grupo de gobernantes incapaces, ineptos y corruptos nos están heredando».
La familia de Keyla dijo que no descartan una exhumación en caso de que las abogadas lo vean necesario.
Las incongruencias e irregularidades del caso
«El día que me avisaron yo no había ni desayunado, ese fue mi desayuno: la noticia de Keyla, era increíble algo que uno no se espera (…) hay muchas dudas y contradicciones que han creado las mismas autoridades, nosotros solo queremos esclarecer qué sucedió», dice Ridel Hernández Rodríguez, tío de Keyla, quien además cuenta que cuando fueron a la Policía por las pertenencias de Keyla le dijeron que la identidad estaba en el hospital y luego se dieron cuenta que siempre estuvo en la Policía, que ese tipo de detalles son los que les generaron desconfianza desde un inicio.
Una de las declaraciones en las que más enfatizaba la Policía es que Keyla estaba en estado de ebriedad cuando la detuvieron, algo que la familia consideró muy victimizante. El padre de Keyla, Luis Sosa, dijo durante el entierro «esto es lo que más me duele, que tuvo el descaro un policía de tratar de denigrar su dignidad cuando todos sabemos que ella era una joven de un buen comportamiento, con muchas ilusiones para poder servir a la patria y comunidad».
El subcomisionado Melvin Alvarenga, quien solo dio declaraciones una vez a un medio televisivo, señaló que al momento de la detención a Keyla no se le hizo prueba de alcoholemia y que solo tienen un vídeo donde ella asegura que tomó entre una y tres cervezas.
Además de esto y que la PNH mintió en su primer comunicado, Alvarenga dijo que Keyla se había suicidado con una blusa: «ella tenía su blusa o su centro y al mismo tiempo pues la prenda con la que ella se quitó la vida es similar, prácticamente su blusa y recuerde que aquí estamos en una zona donde las condiciones de tiempo son bastantes frías por esa razón nosotros hacemos una consideración con los detenidos».
Pero un vídeo filtrado y lo que dicen los demás policías es que se habría suicidado con un suéter, una teoría que, para la abogada de la familia, Irma López, es imposible. Ella señala que Keyla medía 1.70 metros, que verificó la celda en la que estuvo Keyla y no hay posibilidades de que con esas medidas ella se pudiera suicidar con el suéter.
Cuatro días después de la muerte de Keyla, el doctor Edgar Velásquez quien fue detenido junto con ella, declaró en varios medios televisivos y afirmó que, aunque Keyla estaba tranquilizándolo al momento de la detención, dentro de la celda ella «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder».
Según Velásquez había otras diez personas en la celda que escucharon lo que sucedió y cómo Keyla dejó de contestar después de eso. Dijo que empezaron a pedir ayuda y entre cinco y diez minutos después llegaron agentes a supervisar, sacaron a Keyla, entonces él pidió verle los signos vitales y no lo dejaron. Supo que Keyla estaba muerta hasta las siete de la mañana, cuando el subcomisionado Alvarenga se lo dijo y lo puso en libertad.
La diputada Zúniga, dice también que esta es una realidad de todas las familias víctimas de un asesinato «se nos niega el derecho a tener una autopsia y análisis forense independiente a la del MP donde se puede manipular todo con facilidad porque el sistema de justicia es altamente corrupto. Magistrados, fiscales, jueces deben ser depurados porque no hay intenciones de que en este país las mujeres tengamos justicia, desde el momento que ocurren este tipo de actos lo que reflejan es que existe tal nivel de impunidad que no les importan las consecuencias».
Por su parte el portavoz del MP, Yuri Mora, dijo que no podía dar más detalles de lo hecho público hasta ahora, por lo que no confirmó si también hay una investigación contra el doctor. Pero aseguró que a pesar de las declaraciones que se están dando en medios de comunicación eso no cambia el rumbo de la investigación.
«El informe preliminar de Medicina Forense es básicamente lo que se hizo en la autopsia, no creo que cambie porque ese proceso ya se concluyó», aseguró el vocero del MP.
Mientras tanto, la familia de Keyla se reúne en la casa donde vivían Keyla y su hermana en La Esperanza, frente a una de las puertas han colocado un dibujo que hizo Keyla y que para su familia se ha vuelto un símbolo de su búsqueda por la justicia. El cuadro tiene un dibujo de una rosa y una mariposa con la frase: «nunca dejaré de luchar porque solo quien no lucha muere».
Las pruebas científicas son claras, Keyla Martínez fue asesinada a manos de la Policía Nacional, pero el Ministerio Público se rehusará a emitir un requerimiento fiscal con orden de captura. Según las fuentes de Libertad Digital al interior del Ministerio Público los policías estarán libres sin ningún tipo de castigo por »falta de pruebas.»
Los medios de comunicación corporativos se han dedicado en las ultimas horas a desviar el tema del asesinato y darle un tinte diferente, es decir; están intentando crear una especie de »show mediático» desviando el tema del meollo del asunto, la Policía Nacional mata, viola y desaparece mujeres, ese es el tema central que causo malestar en los sectores populares y desencadenó una ola de rabia y rebeldía popular. Pero ahora los medios han desviado el tema dirigiéndolo hacia la perspectiva de poner la palabra del Doctor contra la palabra de medicina forense.
Los policías están siendo sometidos a distintas pruebas, pero no hay indicios de que exista una verdadera intención de castigarlos, mucho menos una intención de modificar a la institución. La Policía Nacional como institución en general debe ser modificada, no son garantes de los derechos humanos, al contrario, son portadores de la violencia contra las mujeres, del odio contra el pueblo, y del terror como forma de control social.
Si el ministerio público no castiga a los asesinos de Keyla, quedará al desnudo una vez más, la ineficiencia absoluta de todo el sistema judicial hondureño. Los asesinos de Keyla deben ser castigados con todo el peso de la ley, y la Policía Nacional debe someterse a un cambio estructural. El castigo debe recaer a los altos mandos que intentaron encubrir el asesinato, y sobre los actores materiales de este repudiable hecho.
Keyla Martínez merece justicia, así como todas las mujeres que perdieron la vida a manos de la violencia salvaje que provoca el machismo. La brutalidad policial le arrebata la vida a cientos de hondureños y hondureñas en el anonimato. Si el caso de Keyla queda impune, no solo será una injusticia mas, si no que será un impulso y aliento para los asesinos y violadores de Honduras para que continúen cometiendo sus atrocidades. El pueblo hondureño no debe bajar la guardia, se debe continuar presionando para que haya castigo a los asesinos y transformaciones profundas en las instituciones estatales. En las calles está el poder, solo en las calles se podrá exigir justicia para Keyla.
COMUNICADO PÚBLICO CASO KEYLA
Exigimos una investigación que nos dé a conocer cuáles fueron las motivaciones para la ejecución de esta joven promesa en su campo profesional y para el pueblo que la vio crecer.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y los familiares de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, asesinada el 7 de febrero de 2021, en La Esperanza, Intibucá, en poder de la Policía Nacional, comparecemos públicamente para exponer lo siguiente:
Hoy se cumple 25 días que la Policía Nacional cometió el acto criminal en contra de la vida de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante universitaria de la carrera de Enfermería, quien fue detenida bajo el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021 que suspende las Garantías Constitucionales y es una continuación del decreto PCM #021-2020 que nos mantiene sin Normas Fundamentales hace un año. Keyla fue privada de libertad en las celdas de la Unidad Departamental de Policía #10 (UDEP #10).
Llegamos a este día y no hemos visto ninguna acción ejemplarizante de parte del Ministerio Público que nos conduzca a pensar “que vamos a obtener justicia”. Las autoridades correspondientes no dan respuesta sobre lo que hacen para castigar a los responsables intelectuales, materiales y cómplices por acción u omisión que pudieron haber evitado este crimen.
Por lo tanto, exigimos una investigación que nos dé a conocer cuáles fueron las motivaciones para la ejecución de esta joven promesa en su campo profesional y para el pueblo que la vio crecer.
Es urgente que se aclare por qué la policía de la UDEP #10 privó de libertad a Keyla Ramírez, acusándola además de escándalo en la vía pública, cuando un vídeo muestra que era ella quien tranquilizaba al doctor Edgar José Velásquez Orellana, ante el sometimiento policial.
Necesitamos que se diga quiénes estaban en las celdas la noche entre el 6 y 7 de febrero y que se esclarezca cuanto tiempo estuvo detenido el galeno Edgar Velásquez, conductor del vehículo donde se transportaba en compañía de Keyla, cuando fueron detenidos por la policía.
Precisamos de una investigación total que nos dé a conocer la trama de este crimen, quiénes y porqué lo hicieron, y que sean castigados con todo el peso de la Ley. ¡Ya basta de manipulación! cuándo pretendieron instalar en el imaginario colectivo que se trataba de un suicidio y no de un homicidio, como está determinado preliminarmente en los resultados de Medicina Forense.
Exigimos conocer cuáles son las acciones realizadas por el fiscal asignado al caso, qué diligencias ha realizado, qué evidencias tiene y cuáles son las líneas de investigación.
Así como fue de diligente el Sistema de Justicia para imputar cargos y sin la prueba suficiente criminalizar a los cinco estudiantes que reclamaban justicia para Keyla.
La diligencia manifiesta a favor de la impunidad al dejar en libertad a Levis Russi Rivera Benítez, miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asignado a la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano (FNSTU), señalado como responsable en el asesinato del joven Erick Davinson Barrientos Avilés, en su centro de trabajo, así debieron ser diligentes para actuar en el término de infraganti en contra de los policías responsables y los agentes de turno en la UDEP #10.
Lo que se ha observado y por eso lo estamos denunciando, es que la investigación, seguimiento y la hostilidad la han direccionado a los familiares de la víctima. Y hoy enfrentan hostigamiento, persecución, vigilancia permanente e intimidación por parte de fuerzas represoras del Estado, que emplean toda una logística, a sus uniformados y hombres vestidos de civil que equivalen a escuadrones de la muerte para instalarles el miedo y acallar la voz de exigencia de justicia.
Ante este panorama que deja más incertidumbre que respuestas en búsqueda de justicia, hacemos un llamado urgente a la Comunidad Nacional e Internacional a que se sume al acompañamiento de la familia de Keyla, ya que la impunidad que impera en Honduras es de enorme preocupación para nosotras.
Afírmanos que seguimos sin miedo y con fuerza exigiendo ¡Justicia para Keyla!
¡De los hechos y los hechores ni olvido ni perdón!
Tegucigalpa 4 de marzo de 2021
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – COFADEH
Regional Latinoamericana de la UITA / Rel-UITA
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – Acodehu
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO – CCC
El domingo 7 de febrero, Honduras despertó con la terrible noticia del supuesto suicidio de Keyla Martínez, de 26 años, estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según la versión oficial brindada por la Policía Nacional de La Esperanza Intibucá, la noche del sábado, Keyla y su acompañante, irrespetaron el toque de queda, medida establecida por la regulación de circulación por el confinamiento por Covid19 y se les detuvo por escándalo público.
El confuso comunicado oficial de la policía, afirmó que en horas de la madrugada, Keyla fue encontrada con signos vitales bajos luego de intentar quitarse la vida en la celda donde estaba detenida y habría sido trasladada inmediatamente al hospital donde finalmente, falleció.
Horas después de este comunicado, y ya con la creciente consternación y furia de la población a nivel nacional, circuló por redes sociales virtuales, declaraciones del personal médico de ése hospital, donde aseguraban que Keyla ingresó sin vida al centro médico, y así, la mentira que pretendía ocultar a los hechores del acto, comenzó a caerse a pedazos.
La rabia
La rabia no se hizo esperar y diferentes
organizaciones feministas y de mujeres de todo Honduras se
autoconvocaron para salir a las calles a exigir que se esclareciese el
caso y justicia para Keyla. Los actos de protesta se desarrollaron el
Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Esperanza, El Progreso, entre
otros.
Ante esto la policía nacional se vio obligada a reconocer que Keyla no se había suicidado, sino que, había muerto por asfixia dentro de la posta policial y bajo custodia de la Policía Nacional de La Esperanza Intibucá, evidenciando así el accionar cómplice de la institución estatal para encubrir el femicidio.
“Este asesinato ha causado mucha indignación porque es la continuidad de lo que hace el Estado de Honduras y vemos como se manifiesta a sangre fría (…) no es posible que las autoridades, los agentes policiales que su lema es “servir y proteger” sean quienes nos están violentando, violando, asesinando, desapareciendo, lo único que hacen es protegerse entre ellos mismos, protegiendo los intereses de quienes están arriba de ellos” afirmó María José Benítez, miembra de la organización feminista Femiñangaras.
Mientras los medios de comunicación seguían reproduciendo los discursos misóginos y colaboraban intencionalmente a crear confusión con el caso, la familia de Keyla responsabilizaba directamente a la policía y exigía justicia entre indignación y digna rabia.
“Yo no voy a confiar en esos asesinos después de que mataron a mi hermana… ellos están detrás del asesinato de mi hermana, están protegiendo a los asesinos. ¿qué tipo de autoridades tenemos nosotros si no sirven ni para proteger una vida?” declaró la hermana de Keyla para un noticiero nacional.
Protesta y represión
Por su parte, la población
de La Esperanza respondió a una convocatoria de la organización
Campesinas Lencas a una protesta pacífica frente a la posta policial,
que terminó en una brutal represión por parte de los agentes policiales y
militares en contra la población indefensa que exigía justicia.
«Estábamos con nuestros carteles gritándoles asesinos y les molesta tanto (…) empezaron a reírse cuando les decíamos esto, luego empezaron a empujarnos, muchas compañeras salieron golpeadas, heridas (…) a una le abrieron la pierna con la bomba lacrimógena, lanzaron balas de goma, golpearon a bastantes compañeros y compañeras (…) si una caminaba sola por la calle te agarraban y te golpeaban” nos relata Estrella del Cid, miembra de Campesinas Lencas.
El pueblo se convirtió en una batalla campal durante todo el día y culminó con el ataque de un grupo organizado de activistas del partido nacional a Hailynn del Cid, una de las mujeres que había estado activa en la protesta. El ataque se realizó cuando Hailynn regresaba a su casa de habitación y fue interceptada por un grupo de aproximadamente 30 personas invadieron su casa causándole daño físico a ella y a un menor de edad.
A pesar del despliegue de represión e intimidación que la policía de La Esperanza ha montado, las mujeres de todas las edades y la población en general no han dejado de exigir justicia para Keyla. A una sola voz el martes en la noche en una velada pública para exigir justicia por Keyla y todas las demás mujeres asesinadas, por el cese de la violencia estructural y la impunidad policial las mujeres y niñas gritaron: “gritamos sin miedo, pedimos justicia, que resuene fuerte nos queremos viva, que caiga con fuerza, esta policía”
Iris Romero
Fotos: María José Benítez y Ariel Gómez
En 1991, Honduras fue conmocionada con la noticia de una joven estudiante de apenas 17 años que fue torturada, mutilada, violada y asesinada por miembros del Ejército Hondureño. Hoy, después de 30 años, parece que la historia se repite, esta vez con una joven estudiante de enfermería quien fue asesinada dentro de una posta policial en la Esperanza, Intibucá el pasado domingo 7 de enero de 2021.
La primera asesinada en un batallón, y la última en un cuartel policial ¿la relación de estos crímenes? La combinación de brutalidad militar, la bestialidad policial e la impunidad.
La impunidad con la que gozan los elementos policiales de Honduras ha vuelto a cobrar una vida, esta vez se trató de Keyla Martínez, pasante universitaria de la carrera de enfermería quien fue requerida la noche del sábado por la policía bajo el supuesto de violentar el toque de queda instalado por la cuarentena. El día siguiente Keyla fue llevada sin vida desde la posta policial hasta un hospital cercano.
30 años de violencia
Esto nos hace preguntarnos
¿Cuántas mujeres, niñas, adolescentes asesinadas en manos de las fuerzas
de seguridad ha habido entre Riccy y Keyla? Al parecer la violencia
feminicida que se ejerce públicamente desde la institucionalidad ha
desatado una «permisividad» para que se desate una ola de violencia
machista contra las mujeres.
Son muchos los factores sociales y culturales que el estado articula para crear el escenario preciso para habilitar y reproducir prácticas violentas hacia las mujeres en Honduras. El caso de Keyla Martínez, lejos de ser aislado, viene a destapar la brutalidad policial respaldada por el gobierno quien le ha otorgado una “licencia para matar” a sus fuerzas de seguridad para asegurar el control de las masas, este ciclo de violencia ha desencadenado un repudio hacia la figura policial que ha generado múltiples enfrentamientos entre el pueblo y la policía, poniendo ellos las balas, y el pueblo los muertos.
La impunidad que se ha mostrado en este caso, así como en el caso de Riccy Mabel es una bofetada más por parte del Estado ante las exigencias de justicia, demostrando una vez más que ni tienen ni tendrá la voluntad política para atender las problemáticas que afectan a las mayorías, específicamente las problemáticas que afectan a las mujeres en Honduras, menos en tiempo de campañas electorales.
El “trabajo policial”
En Honduras el rol de la
policía ha sido reconocido por mantener la estabilidad de un sistema que
arroja miseria, usando las fuerzas represivas para defender al gobierno
de turno y a la empresa privada a costa de reprimir, torturar y
violentar los Derechos Humanos de la población.
Asesinar, violar, desaparecer y encubrir, el modus operandi de los feminicidas legitimados por el Estado de Honduras, quien se ha vuelto experto en sostener practicas criminales, desde el femicidio hacía Riccy Mabel han pasado 30 años, y en esos 30 años han sido cientos los nombres de mujeres asesinadas, al menos las que se ven reflejadas en las estadísticas. Pero esta es también la lucha inclaudicable de familiares, amigos y organizaciones solidarias por la verdad y la justicia, contra la impunidad de ayer y hoy, y sabiendo que el Estado es siempre responsable.
El abuso policial continúa perpetuándose con la complicidad de los aliados más poderosos: la justicia y los medios de comunicación, porque mientras las personas se manifestaban exigiendo justicia, los medios de comunicación enfocaban su atención en cubrir el estado de salud del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez.
En lo profundo de cada persona que ha escuchado o leído sobre el caso de Keyla ha crecido un peso gigante en el pecho, un dolor colectivo que ha desencadenado un sinnúmero de reacciones de las mujeres en todo el país, donde muchas han tomado valor para relatar las veces que han sido víctimas de violencia, acoso o intimidación por miembros de las fuerzas de seguridad. Toda esta reacción ha sido la estocada final para que el pueblo se diera cuenta que los femicidios que se muestran en los medios de comunicación no son ni una cuarta parte de los casos de mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista.
Una estructura de violencia
La misma fuerza
policial que asesino a Riccy Mabel en el 91’ y a Keyla en 2021, es la
misma fuerza policial que también criminaliza, violenta y dispara a bala
viva contra el pueblo en las manifestaciones o plantones, la misma que
durante los años 80’ desapareció a 148 dirigentes populares, la misma
que goza de impunidad respaldada por un estado que ha sumergido en la
miseria a un pueblo que apenas sobrevive a la pesadilla hondureña.
Una vez más queda demostrado que Honduras es un territorio peligroso para ser mujer, donde las mujeres solo pueden cuidarse entre ellas, a través de los lazos de solidaridad que se niegan a ceder ante los múltiples ataques del Estado de Honduras.
Flor Euceda.
A cada minuto de cada semana
Nos roban amigas, nos matan hermanas
Destrozan sus cuerpos, las desaparecen
No olviden sus nombres, por favor, señor presidente
Fragmento “Canción si Miedo” Vivir Quintana
En Honduras permanecer “bajo custodia policial” puede significar la muerte
Tegucigalpa.- Que agentes policiales hayan cometido homicidio contra una ciudadana bajo su custodia, dentro de una estación policial, es un crimen gravísimo que debe tener respuestas inmediatas de parte de un sistema judicial serio, comprometido con los derechos humanos y con la causa de la aplicación de la justicia.
Pero Honduras, no vive bajo un gobierno constitucional. Lo que existe es un régimen que burló la democracia y estableció una dictadura en la que los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas (FFAA) han cometido todo tipo de vejámenes, abusos y hasta muertes violentas en contra de la ciudadanía.
La joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez, fue víctima de homicidio ejecutado por agentes de la Policía Nacional, asignados a la Unidad Departamental de Policía Número 10 (UDEP #10) de la Esperanza, Intibucá.
Según lo que se conoció, la joven enfermera fue detenida la noche del 6 de febrero de 2010, junto al médico Edgar José Velásquez Orellana, quien conducía el automóvil en que se transportaban, porque violaron un toque de queda establecido por las autoridades a causa de la pandemia de covid19.
Tras haber sido liberado, el médico Velásquez Orellana ocultó su versión de los hechos, hasta que habló para una televisora internacional en la que dijo que Keyla Patricia se había mostrado triste y desesperada y que había expresado su deseo de morir.
Entrevistada por www.defensoresenlinea.com una pariente de Keyla Patricia dijo que “tenemos conocimiento que no sólo la Policía anda tras nuestros pasos sino personas particulares, específicamente familiares de la Familia Velásquez que le han dado persecución a algunos familiares y personas cercanas y constantemente enfrente de nuestras casas se paran vehículos sin placas por la noche”.
“Hay mucho movimiento fuera de las casas y sí, nos hemos percatado de muchas situaciones que no son normales y pues, han persistido, no sólo de parte de la policía sino que sabemos que hay muchas más personas interesadas en que este caso no se resuelva, por lo tanto sí tenemos esa situación de que hay personas extrañas que andan rondando y esto genera cierto tipo de temor, sin embargo nosotros estamos en una lucha por la muerte de Keyla y no vamos a detenernos hasta que los verdaderos culpables paguen por ese delito”, dijo la informante.
Keyla Patricia murió a manos de quienes juraron “servir y proteger” y su caso está en absoluta impunidad. Si no, ¿cómo explicar que a la fecha, el Ministerio Público (MP) no haya librado requerimientos contra los supuestos responsables del crimen, cuando ha sido de público conocimiento que su muerte se ejecutó bajo el resguardo de agentes policiales que son también “servidores públicos”?.
Tras conocer de la muerte violenta de su hermana, la joven Nancy Martínez muy golpeada emocionalmente por la trágica noticia expresó: “A mi hermana me la quitaron los mismos policías, en las manos donde debió estar segura”.
Se conoció que todo el personal de la Jefatura Policial de La Esperanza fue “rotado” después del crimen perpetrado contra la joven. Y que se reasignaron agentes de la posta de Marcala, departamento de La Paz.
Keyla Patricia cursaba el último año de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y fue retenida el sábado 6 de febrero del año en curso, tras una denuncia al 911 por supuesto escándalo en la vía pública.
En las primeras declaraciones dadas a conocer, el Ministerio Público (MP) aseguró que se trató de un homicidio y no de un suicidio como ha querido hacer creer la Policía Nacional. La Fiscalía informó que la autopsia practicada al cuerpo de la fémina, reveló que su muerte se debió a “asfixia mecánica” o estrangulamiento.
Mientras tanto otro pariente de Keyla Patricia que dialogó con www.defensoresenlinea.com de quien se omite su nombre por razones de seguridad, expresó que “es indignante que a estas alturas todavía no haya un implicado directamente o un responsable directo de la muerte de Keyla”.
Las respuestas que nosotros hemos recibido del Ministerio Público es que se está trabajando, que se está investigando; que se está haciendo pruebas científicas en el caso. Esperemos que sea ésta la situación por la cual el Ministerio Público se está tardando tanto en presentar un requerimiento fiscal y que no estén tratando de manipular las pruebas de alguna manera, para que algunas personas sean favorecidas de los que estén implicados, sostuvo.
Añadió que “la situación es desesperante para la familia y el hecho es que Keyla murió dentro de una celda y el número de personas que estaban en la Policía es reducido, entonces ya debería de haberse hecho algún tipo de acciones, pero en cambio hemos visto que lo que se ha pretendido es favorecer a los implicados en el caso”.
Consultado sobre el actuar de los agentes policiales, el entrevistado señaló que la policía es una organización criminal que se ha encargado por muchos años de servir y proteger a los criminales y no al pueblo hondureño.
“Ellos sirven y se protegen entre ellos mismos, son delincuentes, que solo se han encargado de hacer mucho daño al país no solo en el caso de Keyla, si no en muchos casos que han sucedido en Honduras en manos de la policía”.
En este caso están protegiendo a alguien de alto rango de la Policía y por eso vemos que los procesos han sido demasiado lentos, que han tratado de ocultar evidencias, aseguró.
Familiares afirmaron que una vez que el cuerpo de Keyla Patricia fue sacado sin vida de la celda en donde estaba retenida, los agentes habrían borrado evidencias de la escena del crimen. Con esto se montó una escena falsa en la que se pretendía que la familia creyera que la joven se había quitado la vida.
Este crimen ha generado y continúa generando todo tipo de protestas y manifestaciones, algunas de las cuales han encontraron como respuesta del régimen de Juan Orlando Hernández, represión, seguimiento y criminalización de quienes demandan justicia.
El 10 de febrero de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) divulgó un comunicado en el que condenó la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
La OACNUDH consideró que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación debería llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.
El organismo mundial con representación en Honduras instó a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares.
Otro aspecto importante señalado por OACNUDH tiene que ver con la detención de la joven estudiante de enfermería y las disposiciones del régimen aplicadas producto de la pandemia provocada por el covid19 y las ejecutorias de los cuerpos de seguridad.
En ese sentido apuntó que, “con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos”.
Entre tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) con una larga trayectoria de 38 años en defensa y promoción de los derechos humanos, a petición de los familiares, asumió la representación legal del caso.
La Coordinadora General, Bertha Oliva, dijo acerca del desempeño del Ministerio Público (MP) que “en los últimos años ha dejado clara su posición en base a su acción”.
El accionar del Ministerio Público deja mucho que desear. No actúan como dice la ley que deben ser representantes de la sociedad ante las denuncias que se hacen y los delitos de los cuales es víctima la sociedad, señaló.
Oliva indicó que el Ministerio Público es parte del control y de la centralización de los poderes para enfrentar “justicia a la manera del dueño del poder, o mejor dicho en el caso de Keyla Patricia, sabemos con mucha certeza, con mucha propiedad; que no fue un caso producto de violar el toque de queda. No”.
“Aquí lo que pasa es que como no hay órganos investigativos independientes, las investigaciones que nos dan a conocer son las que ya han diseñado que van a implementar en los casos como el de Keyla Patricia”, sostuvo la reconocida defensora de los derechos humanos.
Bertha Oliva expresó que una, como ciudadana, se asusta de la poca ejemplar actuación y la sanción de las autoridades del Ministerio Público (MP) para el fiscal o los fiscales que estaban en la zona de La Esperanza, Intibucá; de no ordenar inmediatamente la detención en el término de infragancia del jefe de la unidad policial, de los policías que estaban de turno, desde que se inició la detención.
Y a la última persona que acompañó a Keyla Patricia, en este caso al doctor, al que escondieron, le acomodaron un discurso que no lo elaboraron bien. No hubo una orden en el término de infragancia, e inmediatez de parte del Ministerio Público y lo que querían posicionar en el imaginario colectivo era que Keyla Patricia se había suicidado. ¡Vea que barbaridad, que locura!. Entonces todo eso involucra al Ministerio Público porque sus actuaciones no son ejemplarizantes, sus actuaciones son de complicidad con el crimen y con el delito.
Por otra parte Bertha Oliva dijo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha estado muy acertada con la calificación del delito. “Es una ejecución extrajudicial, independientemente que Keyla Patricia es una mujer, esa es la calificación que debe tener”.
En Honduras lo que hay es una política de terror y miedo, que ha venido alimentando a las unidades policiales y militares en todo el país, más con el decreto de la suspensión de las garantías constitucionales, que “sirve como aval y justificación para la detención de las personas, y se amparan en el decreto para justificar su poca ejemplar actuación.
Y también alimentan ese accionar, los niveles de impunidad que hay en el país, los altos niveles de corrupción, el crimen organizado, así como la complicidad y la venia que se tiene del que ha centralizado el poder y ha convertido a Honduras en una dictadura, sostuvo Bertha oliva.
El 23 de febrero de 2021, la familia de Keyla Patricia Martínez Rodríguez con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que representa legalmente a los familiares de la víctima, realizaron un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) para exigir justicia y denunciar hostigamientos y vigilancia de parte de agentes policiales.
Mediante un comunicado leído ante los medios de comunicación que brindaron cobertura al plantón, los parientes de la joven asesinada, manifestaron que están siendo “víctimas de constante vigilancia, persecución e intimidación de parte de las fuerzas represoras del Estado”.
“Hay patrullas policiales que merodean nuestras casas y a los lugares que hemos frecuentado. Hacen fuertes ruidos cuando estamos en casa, como advirtiéndonos de su presencia. Se escucha que cargan sus fusiles. Hace unos días, una mujer vestida de civil y armada con un fusil en compañía de varios miembros uniformados de la Policía Nacional, hacía movimientos con su arma, cerca de nosotros”, denunciaron los familiares.
Respecto al caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, la autopsia reveló claramente que la causa de su muerte fué “homicidio por obstrucción de vías respiratorias”, contradiciendo la versión policial que afirmó un suicidio, cuando Keyla estaba bajo su custodia en calidad de detenida, supuestamente por infringir el toque de queda según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021.
El caso de Keyla Patricia tiene similitud con otro evento acontecido la noche del 2 de junio de 2010. Se trata del crimen perpetrado por agentes policiales en contra de Mario Orlando Sequeira Canales de 37 años.
Había viajado desde Denver, Estados Unidos, para visitar a su madre, hermana y hermanos en Honduras, específicamente en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Arribó el 27 de mayo a Siguatepeque, y decidió hospedarse en el hotel Gómez de la ciudad. El 2 de junio, estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en su cuarto de hotel, y protagonizó un escándalo que obligó a la administración a llamar a la policía.
Una patrulla conformada por cuatro agentes policiales se presentó al hotel para proceder al arresto. Sequeira presentó resistencia, y fue sometido por los policías. Una vez sometido, los agentes lo golpearon con brutalidad desde su detención, durante su transporte a la jefatura policial, e incluso, en la propia sede de Policía. Las torturas de las que fue víctima, le ocasionaron la muerte, y curiosamente murió por asfixia, porque fue estrangulado.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) asumió la representación legal y acompañamiento psicológico a los familiares de Mario Orlando Sequeira Canales.
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y el COFADEH, en su condición de acusador privado, promovieron la causa judicial en contra de un oficial y 7 agentes policiales, que fueron acusados por los delitos de homicidio, torturas, falta a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de Mario Orlando Sequeria Canales y el Estado de Honduras.
Los días 12, 13 y 14 de junio 2017, siete años después de los hechos, los imputados enfrentaron Juicio Oral y Público en el juzgado de Siguatepeque.
En la Audiencia, se reveló que uno de los policías acusados por la muerte del señor Sequeira había fallecido. También se informó que ninguno de los imputados se encontraba ya en servicio activo dentro de la Policía Nacional, ya que algunos habían sido separados por un proceso de depuración y otros que presentaron su renuncia, años después de iniciado el proceso judicial.
Bajo un largo proceso judicial que incluyó muchas dilaciones, fue hasta el 28 de julio del 2017, donde se celebró la audiencia de notificación de sentencia.
El Tribunal “absolvió a los agentes de policía, de los delitos de abuso de autoridad, falta de los deberes de los funcionarios públicos, homicidio y torturas”, en perjuicio de Mario Sequeira Canales y la Administración Pública.
Este caso reveló cómo el sistema de justicia actual, sigue protegiendo a policías y militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos. Ya que el tribunal no consideró, pese a tener pruebas contundentes, que se practicaron torturas contra la víctima.
De hecho el Tribunal de Sentencia sólo condenó a 3 agentes, por el delito de “vejámenes” en perjuicio del Mario Sequeira Canales. Es determinante señalar que el Tribunal ignoró completamente los delitos de tortura y homicidio, pese a que se presentaron pruebas materiales y testificales irrefutables que indicaron que Mario Sequeira, a raíz de las múltiples torturas inflingidas, murió durante su detención en la Jefatura Policial.
El expediente “Sequeira”, es considerado por el COFADEH, como un caso emblemático que contiene graves violaciones a los derechos humanos, en el que agentes del estado, torturaron y mataron a Mario Sequeira, mientras estuvo “bajo custodia policial”.
El homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra. En el caso abordado, se trata de un agente o varios agentes del estado, que mataron a una ciudadana. Lo que se convierte en una grave violación a un derecho humano; el derecho a la vida.
La esperanza para las mujeres de la familia de Keyla estaba afuera de Honduras
- febrero 26, 2021
Detrás de la búsqueda de justicia en el homicidio de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial en Intibucá, su familia aún intenta sobrevivir a un país que les ha negado todo. El departamento de Intibucá, a pesar de estar lleno de riquezas naturales es uno de los más pobres del país, a esto se suma la inseguridad y la violencia de género.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
Norma Rodríguez, se sienta frente a un altar improvisado para su hija Keyla dentro de su casa en La Esperanza, Intibucá en el occidente de Honduras. Los últimos cuatro años, Norma estaba lejos de sus hijas, en España y justo antes de la muerte de Keyla, uno de sus jefes le dijo que debía hacer el esfuerzo de sacar a sus hijas de Honduras porque veía que muchas mujeres eran asesinadas. «Me lo dijo el miércoles y este señor como que me estaba diciendo: “Norma, apúrate a sacarla de ahí que te la van a matar”. El domingo me la están matando (a mi hija), luego tuve que llamar a mi jefe para contarle», dice Norma, quien evita ver el retrato de Keyla a su lado porque no puede contener las lágrimas. El dolor que siente a veces es más grande que la fuerza que necesita para seguir hablando, dice.
Keyla murió el 7 de febrero después de haber sido detenida por incumplir un toque de queda en La Esperanza, departamento de Intibucá. La Policía Nacional (PNH) dijo que Keyla se había suicidado en su celda de detención, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones.
Doña Norma cuenta que decidió migrar a España para que sus dos hijas menores, Keyla y Nancy, pudieran estudiar en la universidad pública en Tegucigalpa. Antes de irse, trabajaba vendiendo ropa los fines de semana en San Francisco de Opalaca, a 48 kilómetros de La Esperanza. En España, laboraba ocho horas diarias en trabajos de limpieza.
««Antes tenía que estar casi todo el día para vender algo de ropa, como le digo era muy dura la vida aquí realmente y a raíz de eso emigré», explica. Sus otros dos hijos también se habían ido del país desde hace diez años, una a Estados Unidos y otro a México, en donde trabajaban en distintos oficios.
Un
estudio de Naciones Unidas en 2011 dice que al menos un 55 % de la
población en Intibucá vive en pobreza extrema. Además, el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) en 2018 señaló que más del 40 % de
los hogares en Intibucá gastan el 75 % de sus ingresos en alimentos: «el
bajo nivel de ingresos de los jornaleros, con poca o ninguna tierra,
combinado con los altos precios estacionales de los alimentos básicos,
particularmente frijol y maíz, y la pobreza extrema es lo que afecta a
la mayor parte de los hogares», dice el informe.
Eva Sánchez, coordinadora de la organización intibucana Las Hormigas, añade que esa desigualdad siempre había producido migración interna, de pobladores de Intibucá hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula a buscar trabajo en las maquilas. «Pero de unos años para acá la migración no es solo por la situación económica, sino también por seguridad», agrega Eva.
Doña Norma dice que ahora no solo es la pobreza la que podría expulsar a ella y toda su familia, ahora tienen miedo por haberse atrevido a denunciar a la PNH y sienten persecución porque carros y personas particulares llegan a su casa y toman fotografías sin permiso. Nancy, la hermana de Keyla, tenía un negocio de venta de flores y ahora teme volver a salir a la calle, cuenta que no quiere irse de La Esperanza, pero ya no puede vender como lo hacía semanas antes.
A pesar de esto, doña Norma asegura que buscarán sobrevivir con el negocio de flores de su hija porque no planea volver a España hasta resolver el caso «y ahora es una frustración total de si sales te pueden matar, no hay seguridad», y añade que su mayor temor es que si las llegaran a asesinar no se podrá esclarecer el crimen contra su hija.
La familia de Keyla no ha parado de movilizarse y convocar a plantones buscando presionar por justicia desde que se comenzó a investigar su caso. El viernes 20 de febrero realizaron un evento de novenario en el parque central frente a la posta policial. Al día siguiente convocaron a una marcha saliendo del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, a donde Keyla llegó ya sin vida.
La marcha salió del hospital hasta el paseo turístico la Gruta. Para llegar ahí se debe transitar una zona cerca a la posta policial donde Keyla murió y la PNH había cerrado los accesos. Doña Norma que desde un inicio caminaba decidida solo ve a los policías y su rostro cambia de inmediato, comienza a gritar: «¡asesinos, cobardes, ustedes la mataron!».
Dos días después de la muerte de Keyla, cuarenta policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y se movieron a Tegucigalpa. En La Esperanza fueron reasignados otros cuarenta, provenientes del departamento de La Paz. El cambio, aseguró la portavoz de la PNH, era rutinario.
Alex
Madrid, subcomisionado asignado a la posta de La Esperanza, confirmó que
una semana después hubo otro cambio de policías: «por el cansancio,
ellos estaban desde mucho tiempo antes de que sucedió esta situación y
ya ameritaba un relevo, no le voy a decir el número por razones de
seguridad», nos dijo Madrid quien asegura que lo que buscan es proteger
que la posta policial no sea incendiada, como sucedió en un intento la
semana anterior.
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Doña Norma asegura que lo que le sucedió a Keyla es una constante en el país: «en Madrid andaba siempre en las protestas esas porque aquí no es la primera vez que matan a una mujer, sino que es constante. Yo iba a exigir justicia por las mujeres asesinadas sin saber que yo iba a ser una de las víctimas».
De 2010 a 2018 el Ministerio Público registró 90 muertes violentas de mujeres en Intibucá, ninguna fue catalogada como femicidio en esa base de datos. Entre 2014 y 2019 apenas tres casos de Intibucá fueron ingresados como femicidio en el Poder Judicial, ninguno ha llegado a los tribunales de sentencia, ni tienen una resolución.
La organización de mujeres Las Hormigas tiene un registro de 46 femicidios en los últimos 10 años. «Cuando van a interponer denuncias por amenazas no son tomadas en serio, aunque ya ha habido casos de femicidio en donde las mujeres primero fueron amenazadas y luego ejecutaron la acción», dice Eva Sánchez, quien además explica que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica es difícil.
Sánchez dice que entre los limitantes están las dificultades en recurso económico para movilizarse, así como la fallas en darle seguimiento a las denuncias y a las medidas de seguridad interpuestas para proteger a las mujeres. «Aunque le digan al compañero de hogar que tiene que alejarse por dos o tres meses de la casa nadie monitorea eso, entonces empieza a amenazar a la compañera de que si no regresa le va a pasar algo peor y regresan por las amenazas o porque creen nuevamente en ellos», añade Sánchez.
Para doña Norma el caso de Keyla debe ser una guía para que todas las mujeres víctimas de violencia consigan justicia: «no pueden seguir cometiendo esos crímenes, tenemos que quitarnos ese miedo porque yo sé que hay mucha gente que quiere protestar pero tienen miedo de que les caiga un balazo».
Esta semana la familia de Keyla viajó hasta Tegucigalpa para revocar la representación que tenía la abogada Irma López sobre el caso, y dárselo al Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). «El único interés que esta organización tiene es hacerse el nombre para que a través de este caso ellos puedan cobrar dinero a otros países y pedir ayudas, o sea, ese es el trabajo que estas organizaciones hacen de nombre», expresó López en medios de comunicación.
La familia respondió en un comunicado del Cofadeh que decidieron buscarlos: «por nuestra trayectoria de seriedad y objetividad para acompañar su peregrinar en búsqueda de la justicia. Ellos, que comprenden bien la trama de la impunidad en el país, pueden afirmarlo con absoluta transparencia». La familia también realizó denuncias en el Ministerio Público porque dice estar recibiendo intimidaciones en su casa.
«Somos víctimas constantes de vigilancias, persecución y hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas represoras del Estado. Hay patrullas policiales merodeando nuestra casa y lugares que hemos frecuentado en los últimos días (…) Hacen ruido, escuchamos como uniformados cargan sus armas cerca de nosotros, pero no dejaremos de exigir justicia», dijo doña Norma, quien también mencionó que ha conocido que personas merodean el cementerio donde se encuentra el cuerpo de Keyla de noche y teme que lo vayan a exhumar.
El caso de Keyla Martínez se complicó cuando la versión del médico Edgar Velásquez, quien también fue detenido junto a Keyla, fue similar a la de la PNH y las dio cuatro días después en medios de comunicación «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder», dijo.
Para la familia las declaraciones del médico son falsas: «Aquí vino él y desde que yo lo vi y lo escuché daba nauseas saber qué tipo de persona es, pobre mi hija porque si era una persona entregada, amigable, sincera y él no porque le dio una puñalada por la espalda», dice doña Norma, quien dice que serán los jueces los que juzguen si con su testimonio lo coloca como cómplice de los involucrados en el caso.
Para la familia de Keyla la posibilidad de que se suicidara es imposible, ella tenía una mejor amiga desde hace nueve años que falleció por preeclampsia en diciembre de 2020, después de tener a su tercer hijo. Roque Ruiz, esposo de Lesby, cuenta que durante el entierro de Lesby, Keyla prometió que se haría cargo de los tres hijos: «Ella quería vivir, quería graduarse de licenciada en enfermería porque amaba bastante la carrera, no lo hacía por dinero, sino porque tenía ese don de servir», dice Ruiz.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en 2015 que las tasas de mortalidad materna siguen siendo altas en el país, a pesar de que hubo un cambio porcentual desde 1990. En el departamento de Intibucá la tasa es de 113 por cada 100,000 nacidos vivos, un dato que contrasta con el promedio regional para América Latina que es de 57 muertes por cada 100,000 partos.
Roque añade que el segundo hijo de Lesby se llama Patrick, debido al cariño que le tenían decidieron ponerle Patricia, el segundo nombre de Keyla: «es lamentable cuando preguntan por su tía Keyla, ¿qué respuestas les vamos a dar?», dice Roque, con el dolor de saber que sus hijos han perdido a dos figuras maternas en menos de dos meses.
Doña Norma recuerda que no se irá del país hasta conseguir justicia en el caso de su hija y que, si no se esclarece en Honduras, buscarán apoyo de entidades internacionales. «No nos dejen solos para que se esclarezca este caso porque si no van a seguir matando y limpiando la escena del crimen y ya, tranquilos se van a otro sitio a hacer de las suyas con otras mujeres indefensas», finaliza.
Secretividad de las investigaciones sobre el asesinato de Keyla generan desconfianza en la familia
Tegucigalpa.- Ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organizaciones sociales solidarias nacionales e internacionales y la familia de Keyla Martínez, realizaron una conferencia de prensa para exigir justicia y una investigación que dé a conocer cuáles fueron las motivaciones para la ejecución de la estudiante de enfermería, asesinada al interior de la posta policial en la Esperanza, Intibucá.
En la conferencia de prensa se le dio lectura a un comunicado que se hizo público en la voz los padres de Keyla, doña Norma Rodríguez y Luis Martínez, y de la coordinadora del COFADEH, Berta Oliva.
Después de la lectura del documento, la presidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Ana Cecilia Jiménez, quien estaba vía Zoom, dijo que es impactante conocer este feminicidio y expresó la solidarizad de su organización con la familia y el pueblo de Honduras.
“Una vez más desde una voz internacional y desde nuestra organización, nos solidarizamos con el pueblo de Honduras, con la población y todas las poblaciones de origen lenca porque sabemos que todos ustedes corren la sangre, el valor y la dignidad de los hermanos lenca, que han tenido una resistencia ejemplarizante para los pueblos que luchan”.
Señaló que como ACODEHU han estado presentes desde hace más de una década en el país, apoyando al pueblo hondureño desde el golpe de estado al expresidente constitucionalista José Manuel Zelaya, cuando las fuerzas realmente perversas de ese país hasta el día de hoy, representan muy bien la dictadura de Juan Orando Hernández, enviaron a ese presidente a Costa Rica en expulsiones que todos ustedes y el mundo entero conoció; nos solidarizamos con la lucha de este pueblo”.
En su participación, señaló que “da horror escuchar desde afuera, y como defensoras y defensores de derechos humanos toda la actuación que existe orquestada en esta dictadura, para asesinar vilmente a jóvenes, a trabajadores, a agricultores a indígenas que son realmente la reserva de este pueblo”.
“Realmente conmueve a la a la opinión internacional las actuaciones del Ministerio Público en Honduras, exigimos que la fuerzas militares y policiales del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando tratan de dar falsas justificaciones cuando pretenden justificar un crimen de esta magnitud”, agregó la presidenta de ACODEHU.
Asimismo expresó que “la organización internacional tiene información de que hasta el día der hoy la familia de Keyla no tiene ninguna información oficial de los avances de una investigación basada en la justicia que se requiere en cada uno de estos casos.
Señaló también que no ha habido una información que satisfaga por lo menos los avances de esta investigación, ni al pueblo de Honduras, ni a las familias, ni a las organizaciones fundamentalmente a Cofadeh, y menos a las organizaciones internacionales que están pidiendo justicia.
La coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, añadió la escasa ejemplaridad de los órganos de investigación quienes dejan mucho que desear en el país.
“La verdad es que la poca y escasa ejemplar actuación de los órganos de investigación de nuestro país, con eso nos deja mucho que pensar, quieren seguir ocultando los verdaderos motivos de quienes y porque asesinaron a Keyla, porque mintieron los voceros, porque hicieron oficialmente ese comunicado donde decían que era un suicidio, esas mentiras son las que pone al país al desnudo, como el país más corrupto y más impune”.
“Aquí estamos con los familiares exigiendo que nos digan exactamente qué es lo que pasó y porque lo hicieron, y además queremos saber qué paso con el doctor?, cual es el papel del doctor? y ellos lo pueden aclarar, hay muchas dudas y eso es inaceptable, vamos a seguir con la firmeza puesta de esclarecer los hechos, agregó Oliva.
Por su parte Norma Rodríguez, madre de la joven, señaló que “nosotros vamos luchando para que todos se esclarezca, aunque claro ya está, lo único que necesitamos es que se ponga el doctor a la disposición de las autoridades, porque que él era el primero que debían de haber retenido como sospechoso, también porque él andaba con mi hija en el momento de la detención”.
La madre de la joven estudiante agregó que el doctor por ser una persona cuello blanco los están protegiendo, ya que todavía está trabajando, “es una vergüenza realmente cómo funcionan las autoridades aquí en nuestro país, este hombre debería de estar detenido, así como hicieron en el caso de Berta Cáceres, ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero a mi hija ellos la mataron no hay duda y tienen que pagar”.
El padre de Keyla, Luis Martínez, denunció que el doctor es muy amigo de una persona que es muy amiga del oficial que estaba de turno en ese momento, entonces preguntó ¿creen ustedes que una persona con esas características puede ser introducida a una cárcel, que más que cárcel es una porqueriza allí en La Esperanza?
Añadió que lo único que está pasando aquí es que están protegiendo culpables, están protegiendo asesinos y no quieren darlo a conocer, simple y sencillamente porque no quieren que nos demos cuenta, tan bajo esta la institución policial en este momento, finalizó.
A Keyla la capturó la policía la noche del sábado 6 de febrero, por suponerla responsable de violentar el toque de queda impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, como medida para evitar la propagación del Covid-19, según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, afirmó la Secretaría de Seguridad.
En la madrugada del domingo 7 de febrero fue llevada por una patrulla policial al Hospital “Enrique Aguilar Cerrato” de La Esperanza, supuestamente por intento de suicidio dentro de la celda. El Hospital desmintió esta versión, afirmando que la joven de 26 años llegó sin signos vitales (fallecida).
La autopsia practicada en la Morgue Judicial del Ministerio Público en Tegucigalpa, revela que Keyla fue víctima de asfixia mecánica, o sea homicidio.
Y hasta la fecha no hay requerimientos fiscales para ninguno de los oficiales que se encontraba de turno esa noche en la posta policial de La Esperanza.
Ha pasado una semana desde el asesinato de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez en una posta policial de La Esperanza, Intibucá. El saldo hasta ahora ha sido una serie de contradicciones en el relato de la policía, la impunidad de los hechores y cinco jóvenes criminalizados por protestar en contra de la impunidad y la complicidad de toda la institución policial y el Estado de Honduras.
El miércoles 10 de febrero, en horas de la tarde, durante una protesta pacífica convocada por diversas organizaciones feministas y acuerpada por organizaciones estudiantiles, la Policía Nacional y los militares dieron persecución y captura a quienes participaban en la acción que tenía como objetivo exigir a las autoridades competentes la agilización de la investigación para dar con los culpables del asesinato de Keyla.
La acción de protesta pacífica inició a las 3.30 pm en el Parque Central de Tegucigalpa. La actividad se desarrolló con tranquilidad hasta que de manera confusa ocurrió el incendio de una moto policial, generando quemaduras de primer grado en la pierna de un oficial. Se desconoce realmente los pormenores que provocaron el incendio, sin embargo, luego del hecho la policía dio persecución a las y los protestantes que se movilizaban hacia La Facultad de Ciencias Médicas, donde estudiaba Keyla Martínez.
Criminalización a la protesta
El resultado de
esta terrible persecución por el centro de la ciudad fue la detención de
cinco estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) que fueron golpeados y llevados a la posta policial del Core7
ubicada en Barrio Abajo, acusándoles del incendio de la motocicleta y
las heridas del oficial sin que existiera una prueba que los relacionara
con ese hecho.
Las alarmas saltaron cuando organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación se apersonaron a la posta policial del Core 7. La versión oficial de los policías a cargo era que no habían detenidos, pero se tenía versión de manifestantes que habían visto entrar las patrullas con los detenidos.
La solidaridad no se hizo esperar y en las afueras de la posta se aglutinó un grupo de protestantes para resguardar la vida de los detenidos, y luego de un ambiente bastante tenso, de negación de acceso a medios de comunicación y de entrada a defensores y defensoras a la militarizada de posta policial y sus alrededores, la policía reconoció que estaban en dicho lugar.
Los detenidos son Eduardo Molina, Cristopher Flores, Alex Laguna, Joel Rojas y Josué Fonseca, a quienes mientras estuvieron detenidos se les violento sus derechos por parte de policías y militares, que los golpearon, insultaron y amenazaron.
A los estudiantes se les imputan los delitos de lesiones, incendio, manifestación ilícita, daños y atentado y fueron entregados bajo medidas sustitutivas a COFADEH la noche del jueves 11 de enero, luego de más de 24 horas detenidos con la citación de regresar a los juzgados el 24 de febrero para la realización de la audiencia inicial.
El accionar sistemático de la criminalización a la protesta social que el Gobierno ha intensificado durante los últimos 10 años, según organismos de Derechos Humanos más de cinco mil personas han sido criminalizadas en Honduras por protestas sociales en la última década. Esto deja claro la estructura dictatorial, la violación a la democracia y la impunidad con la que el Partido Nacional de Honduras gobierna.
Iris Romero.
El Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó esta semana la decisión
de la administración Trump de reconocer las elecciones presidenciales de
Honduras en el 2017, que impusieron como ‘ganador’ a Juan Orlando
Hernández, quien ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico.
En
ese contexto fue consultado este viernes (26.03.2021), por una cadena
radial del país, el exjefe de la Misión Contra la Impunidad de Honduras
(MACCHI), Juan Jiménez Mayor, quien lamentó esa posición.
“Francamente
es lamentable las declaraciones del señor Almagro en el sentido de no
asumir sus propias responsabilidades”, inició Jiménez Mayor,
El
ex vocero señaló la actitud del titular de la OEA en evadir y señalar con
el dedo hacia otro lado pese a su propia carga de responsabilidad.
Jiménez recordó el penoso episodio que vivió Honduras en 2017 en el
marco de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Explicó
que la OEA cumplió con su papel en el país al enviar una misión
internacional la cual finalmente fue desconocida por el propio Almagro,
al no admitir un proceso irregular en la nación centroamericana. Lo cual
lo señaló Almagro como una alianza entre los corruptos y la OEA.
“El juego que tuvo en ese momento el Secretario General -de la OEA- al margen de la misión de observación electoral fue un juego propio que él tendrá que explicar con mayor detalle de porqué hizo lo que hizo en el caso de Honduras”. Cuestionó el hecho de que Almagro inicialmente haya planteado que las elecciones de Honduras habían sido fraudulentas proponiendo nuevos comicios, pero en el transcurso de los días señaló que iba a trabajar con el gobierno ilegalmente impuesto.
Luis Almagro, el Secretario General de la OEA,
criticó la decisión del gobierno estadounidense de reconocer las
elecciones presidenciales de Honduras en el 2017, que impusieron como
ganador a Juan Orlando Hernández, quien ha sido señalado de tener
vínculos con el narcotráfico, dice una cadena radial del país a través
de una nota de prensa.
Con estas declaraciones Almagro también
deja claro que quien manda en la OEA es el gobierno estadounidense, no
la Asamblea General de los Estados Americanos, es decir; La OEA es un
instrumento más del imperio norteamericano para ejercer control sobre
los países y para atacar a los países progresistas como Venezuela o
Nicaragua.
En una audiencia ante el comité de relaciones exteriores del Senado, Almagro recordó que la OEA pidió que se celebren nuevas elecciones en Honduras, basándose en un informe del organismo que encontró serias irregularidades en el proceso. El Estado de Honduras negó la recomendación de la OEA, sumado a eso, el expresidente Trump reconoció a Hernández como »presidente electo», y envió a la embajadora Fulton a que impusiera a Hernández.
Pese a que JOH por la fuerza de las armas, se impuso como presidente,
la OEA nunca lo sancionó, al contrario, le brindaron todo el apoyo
posible a la dictadura de Hernández, a tal grado de avalar que la MACCIH
haya sido sacada de Honduras.
El Gobierno de los Estados Unidos debe dejar de mediar entre el narcotraficante Juan Orlando Hernández y los fiscales estadounidenses, es contradictorio que mientras los fiscales acusan con pruebas y fundamentos irrefutables a JOH por sus vínculos con el narcotráfico, este sea condecorado por el mismo Gobierno norteamericano.
Hernández anclado a sus buenas relaciones con los generales estadounidenses del Comando Sur, y confiado en que aún es un peón útil para la Embajada Americana, tiene la capacidad de ‘negociar’ seguir viviendo en la impunidad campante de la que goza actualmente. Hernández necesita seguir al frente del poder ejecutivo del país para demostrar que aún es útil para los intereses imperialistas de la nación norteamericana.
Estados Unidos, quizás en los últimos 100 años de su historia, se ha dedicado abiertamente a apoyar gobiernos de todo tipo, (Dictaduras genocidas, gobiernos corruptos, juntas militares), con tal de cumplir sus intereses imperialistas y neo imperialistas, pero nunca habían caído al punto de apoyar gobiernos abiertamente narcotraficantes como es el caso de Hernández.
Los fiscales estadounidenses se sienten ‘traicionados’ por su mismo gobierno, que ha pesar de que Biden ha demostrado no ser protector de JOH, no ha tenido el poder de enfrentar al Comando Sur, para que rompan sus relaciones con Hernández. Y es que los generales del Comando Sur prefieren mil veces a JOH antes que llegue un gobierno progresista en Honduras. La administración Biden en un acto de dignificarse un poco, debe de tener el valor de hacerse a un lado, y permitirle a la justicia norteamericana proceder contra el Narco-Dictador.
El Narco-Dictador hondureño a través de su cuenta de Twitter »tentó al diablo» diciendo entre líneas que rompería el tratado de lucha contra el narcotráfico si el gobierno de los Estados Unidos continuaban mencionandolo en las cortes americanas. ¿Biden se quedaría quieto? pues no, reaccionó y le envió un fuerte mensaje al Narco-Dictador.
‘Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción no está en una posición de disfrutar a una colaboración estrecha con Estados Unidos’, dijo un funcionario del gobierno de Biden.
El gobierno del presidente Joe Biden fue contundente al advertir que no colaborará con el Narco-Dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández, por los señalamientos de corrupción que existen en su contra, incluidos sus nexos con el narcotráfico. La información de trascendencia diplomática la confirmó este martes (09.03.2021) el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y coincide con las menciones de los vínculos del gobernante con capos de la droga, entre ellos el más reciente Geovanny Fuentes Ramírez.
El representante de la Casa Blanca acotó que lo que ocurre en Honduras no está libre de consecuencias, lo que quiere decir que en pocos días comenzarían a tomar acciones, las cuales podrían derivarse en la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, promovida por importantes senadores demócratas, sería un cubetazo de agua fría para los que se creen »intocables» como Hernández.
No habrá otro presidente como él
- febrero 26, 2021
- Editorial, Opinión
A menos de un mes del primer proceso electoral de 2021 y después de que senadores estadounidenses solicitaron sanciones contra él por la abundante evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, le dijo al país que no habrá presidente que luche contra el narcotráfico como él lo ha hecho y que un nuevo presidente no podrá enfrentar el crimen si en Estados Unidos siguen creyéndole a los narcotraficantes antes que a él. Con esto el presidente, además de desvalorizar el sistema de justicia de Estados Unidos, hace una amenaza implícita, ¿podría quedarse en el poder?
Las constantes menciones de su nombre como co conspirador en los casos contra narcotraficantes en la Corte del Distrito Sur de New York se han convertido en portadas de los medios más importantes del mundo, también cómo la estructura de su partido —el Partido Nacional— ha funcionado como una estructura criminal con la familia Hernández a la cabeza.
Aún no hay una acusación directa contra él, sin embargo, sus días en la silla presidencial están contados, oficialmente Hernández tendrá que dejar el cargo en enero del 2022. Los senadores estadounidenses que introdujeron la ley nos dicen que se debe sancionar al presidente, no solo por sus vínculos con el narcotráfico, sino también porque Honduras ha retrocedido en la garantía de los derechos básicos para la población desde el golpe de Estado de 2009, un golpe que el Gobierno de ese país —en ese momento— apoyó.
Si se aprueba la ley en el Senado, Hernández no solo perdería la visa y sus bienes en Estados Unidos, Honduras también vería condicionado el apoyo a las fuerzas de seguridad y militares, y además se materializaría un esfuerzo anticorrupción más robusto que el que él destruyó en 2019.
Hernández dio un mensaje desesperado a la población en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acompañado de sus hasta ahora fieles Fuerzas Armadas. Este órgano fue creado por él para monopolizar las políticas en materia de seguridad y defensa en su persona. Los militares son una pieza clave en la maquinaria de poder de Hernández y han sido tibiamente mencionados en los juicios de New York. Pero además de citar la biblia y acusar a los narcotraficantes de usar magia negra para obtener beneficios en Estados Unidos, Hernández advirtió que en los próximos días se creará una nueva jurisdicción para asuntos de maras y pandillas.
El logro que Juan Orlando Hernández más presume es la reducción de homicidios, la aprobación de una ley que ha permitido extraditar a 23 narcotraficantes a Estados Unidos y una cuestionable lucha contra las maras y pandillas a través de las fuerzas especiales creadas por él, al mando de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), liderada por militares.
La mano dura de Hernández se ha basado en el retroceso de Honduras a una institucionalidad cada vez más arrebatada de las manos de civiles, minando la independencia de investigación y judicialización. Esto le ha supuesto a Honduras el riesgo de perder apoyo internacional para sostener el precario sistema de seguridad y justicia del país. Honduras perdería importante apoyo financiero de Estados Unidos de aprobarse la ley de sanciones por el patrón criminal del presidente, y este se queda corto si cree que puede negociar con aprobar nuevas extradiciones o con prometer que meterá preso a cada pandillero, marero o «terrorista» que se encuentre en el camino.
En su triste búsqueda de redención, Hernández se reunió con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad donde dedicó un buen tiempo a desacreditar la participación de los miembros del cartel de narcotráfico «los Cachiros» en los procesos judiciales en Nueva York, alegando que estos son criminales que usan la magia del falso testimonio para incriminarlo a él, el presidente que lucha —como ningún otro en el mundo— contra el crimen organizado.
Mientras esto ocurre, en comunidades y aldeas rurales se ha puesto en marcha una maquinaria electoral bien aceitada de recursos para saturar medios de comunicación en favor del partido en el gobierno.
La autocracia que ha construido el presidente recuerda las antiguas edificaciones militares coloniales que protegían las costas caribe del hostigamiento pirata. Robustas y acorazadas, eran el mejor lugar para resguardarse durante un asedio. Salir era siempre un problema. De frente, las tropas enemigas; atrás y a los lados, la gente harta del asedio culpando al encargado del frente de defensa. No quedaba más que resistir e invocar la ayuda divina para que las tropas fieles no abandonaran el bastión asediado. La autocracia provee la mejor arma frente a un asedio foráneo: la impunidad. Pero es crucial para la sobrevivencia del sistema el tomar una decisión: se resiste hasta estar acabado y —como decían los nazis durante el asedio a Berlín: más vale un final con horror que un horror sin final— se entrega la cabeza que debe rodar para entonces negociar, como lo hicieron los italianos cuando les tocó sacrificar al Duce. Poco tendrá esa decisión que ver con asuntos divinos o de magia como refiere constantemente el presidente Hernández cuando de asuntos políticos se trata.
La larga historia de la humanidad se puede leer a través de la lucha de la razón frente al pensamiento mágico. Las primeras sociedades humanas usaron la magia para explicar todo lo que no comprendían y los sacerdotes y brujos fueron intermediarios entre lo incomprensible y el resto de la gente, que les creía y a quienes les dieron el poder de dirigir. Eso fue hace miles de años y mucho hemos avanzado como sociedad para entender que una de las expresiones más acabadas de la razón es el derecho y el Estado —al menos en teoría—. Pero hay estados más racionales que otros y hay algunos que recurren aún a la magia para explicar lo que ante los ojos de la razón es incuestionable.
El discurso de la llave mágica, de la guerra del bien y del mal, del engaño del maligno, tendrá algún eco en la corte de seguidores fanáticos que hoy son caja de resonancia de la propaganda electoral. Pero no afuera. Afuera se prepara una ley que podría romper uno de los engranajes de la impunidad en este país. Algo necesario aunque las protestas patrióticas y antiimperialistas se desborden. No es magia lo que ocurre ni magia lo que explica lo que ocurre en Honduras.
En la reunión con el Consejo, el presidente, como lo hizo antes del 2017, prometió dejar la presidencia al final de este período, en enero del 2022, pero advirtió que no habrá presidente como él, como si sus acciones y forma de gobernar fueran extraordinarias a la forma en que su partido (el Partido Nacional) ha gobernado por décadas. Muchos dirán en Honduras que con que Hernández salga del poder y rinda cuentas en Estados Unidos es suficiente, pero él es el resultado de una maquinaria mucho más grande y que se adapta a cualquier cambio en el mundo, incluso a un supuesto cambio radical en el Gobierno del padrino del norte. Esta maquinaria está pulida para las elecciones de este año y por ahora no tiene adversario que pueda detenerla. Se equivoca el presidente en decir que no habrá presidente como él. Al contrario, vendrán muchos como él, con mecanismos que han mutado, como el mismo Hernández afirma que ha mutado el crimen.
Y tiene razón en eso, en que el crimen se adapta a las oportunidades que se le presentan porque el sistema político que sostiene la autocracia en Honduras no ha cambiado, porque los partidos políticos que se disputan el control del Estado no emergieron de un sistema diferente, sino del mismo que defiende el Partido Nacional y porque la élite política usa estrategias clientelistas, dogmáticas y hasta mágicas para ganar las elecciones. Entonces, el presidente se equivoca, sí hay muchos como él en la jungla electoral a la que nos adentramos este año, muchos que impunemente compiten por puestos de elección popular y que defenderán la autocracia como su mejor fuerte, con las mismas alianzas e imploraciones frente a los asedios por venir.
Documentos muestran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobornó a periodistas
En Honduras, una filtración de documentos reveló que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández pagó cientos de miles de dólares en sobornos a más de 70 periodistas como parte de los esfuerzos de Hernández por controlar la prensa. Las acusaciones forman parte de la última demanda penal por corrupción contra el Gobierno de Hernández. Hernández es un aliado clave de Estados Unidos.
El Narc0-Dictador hondureño, Juan Orlando Hernández es una vergüenza para todos los hondureños, es mencionado constantemente en las cortes estadounidenses por sus vínculos con el narcotráfico, los fiscales del Distrito sur lo acusan con pruebas y fundamentos de cometer diferentes ilícitos, fue reelegido ilegalmente pisoteando la constitución y violentando la decisión popular, según una encuesta realizada Hernández es el presidente más impopular de América Latina.
JOH tiene a su hermano, Tony Hernández, sentenciado en Estados Unidos por Narcotráfico, lavado de activos, y posesión ilegal de armas, su extinta hermana Hilda Hernández era la encargada de drenar fondos públicos a través de oenegés, y esta también era la encargada de sobornar a los periodistas gargantas asalariadas para que callaran ante las ilegalidades de Hernández .
El reciente juicio contra Geovany Fuentes dejó en claro que JOH es el capo más poderoso de la región, pero los intereses imperialistas de Estados Unidos representados a través del Departamento de Estado son más importantes para la administración estadounidense que detener el narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos lleva varios años impidiendo que JOH sea judicializado.
JOH se pasea libremente por el mundo, gozando del dinero saqueado del erario público, y el dinero sucio y sangriento producto de sus negocios turbios e ilícitos, mientras en Honduras los hondureños sufren la convulsión social causada por vivir en un Estado fallido que carece de democracia. Los hondureños en el extranjero se avergüenzan, no por su país, por su tierra o sus costumbres, se avergüenzan por los mandatarios que han convertido el país en un paraíso de la ilegalidad y la impunidad.
Se advierte sobre escenario para derogar extradición en Honduras
- 02/03/2021
En las últimas semanas han crecido los señalamientos en contra del Presidente Juan Orlando Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, lo que eleva las voces que públicamente piden su renuncia.
Analistas coinciden que la institucionalidad se hará un solo nudo para proteger a los políticos que están señalados en la Corte del Distrito Sur de New York. En ese sentido, el abogado y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jary Dixon Herrera, señala que hoy más que nunca la extradición de hondureños y hondureñas hacia los Estados Unidos está en peligro.
Herrera dice que, en la administración de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, por presiones del gobierno de Estados Unidos se aprobó la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, pero se omitió aprobar la Ley de Extradición, que era determinar el procedimiento cómo un hondureño podría ser extraditado.
Dixon recuerda que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en aquel momento lo que hizo fue aprobar un “auto acordado”.
“Si tomamos en cuenta que tenemos una Corte Suprema de Justicia apegada y controlada por el poder Ejecutivo no sería extraño que buscarán la forma de derogar la extradición. Si la eliminan, si la derogan quedaríamos en un limbo jurídico, porque no tendríamos manera de extraditar personas hacia Estados Unidos”, concluye,
Peligro real
El diputado Luis Redondo, quien junto a la bancada del Pinu promueve una iniciativa para destituir a Juan Orlando Hernández, dice que la extradición está en peligro real.
“El Partido Nacional es el que está realizando cabildeos. Es el sector dentro de ese partido que está vinculado con el narcotráfico”, señala.
Luis Redondo dice que, en el país, el gobierno del Partido Nacional ha impedido que se extraditen personas, abriéndoles casos judiciales. “Los fiscales de Estados Unidos se están quejando porque el Estado de Honduras, ni siquiera les contesta las notas de extradición”, comenta.
El parlamentario recuerda el caso contra el señor Jaime Rolando Rosenthal, a quien se le pidió en extradición en 2016 por los Estados Unidos, pero al final no fue extraditado, “porque tenía que responder a las acusaciones en los Tribunales hondureños”.
En ese entonces a Jaime Rosenthal Oliva no se le extraditó porque tenía juicios pendientes en Honduras. Basándose en el artículo 6 del tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y Honduras, donde quedó establecido que si la persona pedida en extradición, tiene causas pendientes en el país, no podrá ser extraditada hasta que dilucide la situación legal.
“Le puedo asegurar de esa misma manera que se protegió a Jaime Rosenthal, se hizo con Miguel Pastor y con varios que han sido solicitados. El Partido Nacional y la Corte Suprema de Justicia, están protegiendo a JOH para que no sea extraditado” enfatiza Luis Redondo.
No es un camino fácil
El abogado Edmundo Orellana, ex Fiscal General de la República, no cree que el camino para eliminar la extradición sea nada fácil. Explica qué cualquier intento que puedan tener de eliminar la extradición pasa por aprobar una reforma constitucional en esta legislatura, pero que estaría necesitada para tener efecto, de una ratificación en la próxima legislatura.
“Posiblemente en el próximo Congreso Nacional, el Partido Nacional no tendrá control. Siendo así, sería muy difícil que se ratifique la derogación. Por lo que yo creo que es muy improbable ese escenario”, expresa.
El abogado dice que estamos ante dos escenarios, uno de ellos es la vergüenza que estamos pasando los hondureños y hondureñas con un gobernante señalado con semejante tipo de delito. “El caso de este caballero es que está acusado por narcotráfico. Estamos hablando de un delito que no ha sido asociado a ningún presidente, salvo a Noriega, que fue un caso extraordinario. Pero en Honduras y en América Latina, nunca se imaginó un gobernante así”, comenta.
El segundo escenario, es que por fin el pueblo hondureño está despertando. Porque en las últimas semanas se ha visto como varias organizaciones han comenzado a emitir comunicados muy claros, exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández.
Pablo Escobar fue un narcotraficante, y político colombiano, que llegó a convertirse en uno de los hombres más millonarios de Colombia. Juan Orlando Hernández es un político hondureño, considerado uno de los capos de la cocaína en la región. Estos dos personajes siniestros de la historia, uno actual y otro de finales del siglo XX sometidos en comparación se han encontrado 10 grandes similitudes.
- Pablo Escobar y Juan Orlando Hernández son considerados por sus maestros de la primaria como »niños traviesos» y desaplicados, pero con gran »astucia».
- Pablo Escobar tenía una fascinación por el »poder absoluto», siempre destacó por liderar tanto a su familia, como a su organización criminal. JOH a pesar de no ser el hermano mayor, es el jefe del »Clan Hernández» y destacó como líder desde la Universidad.
- Pablo Escobar en 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. Juan Orlando formó parte del Congreso de la República desde 1998.
- Pablo Escobar tal como se relata en los libros escritos sobre él, y según los testimonios de sus allegados, siempre soñó con ser Presidente de Colombia. Juan Orlando hablaba con sus compañeros de clase, que soñaba ser Presidente de Honduras
- Pablo Escobar tenía un primo narcotraficante, (El administrador del Cartel de Medellín) Gustavo Gaviria. JOH es primo de Mauricio Hernández Pineda, narcotraficante detenido en Estados Unidos junto a Tony Hernández.
- Pablo Escobar era hermano de Roberto de Jesús Escobar Gaviria, Osito, este se dedicó al narcotráfico igual que su hermano. Juan Orlando de igual manera es hermano de un narcotraficante, Tony Hernández.
- Pablo Escobar tuvo comprado a generales y coroneles para que estuviesen a su servicio para facilitar el tráfico de cocaína. Juan Orlando tiene a su servicio a todas las Fuerzas Armadas de Honduras.
- Pablo Escobar sobornaba fiscales, jueces, y magistrados de La Corte Suprema de Justicia para evadir la ley. Juan Orlando tiene a su servicio todo el sistema judicial de Honduras.
- Pablo Escobar traficó toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Juan Orlando es conocido como el capo de la cocaína en la región, la cantidad de droga enviada hacia Estados Unidos es incalculable.
- Pablo Escobar derrochaba su dinero en lujos y
gustos exóticos. Juan Orlando es reconocido por tener gustos
extravagantes, en sus mansiones acostumbra tener animales exóticos, y
usar carros, helicópteros, yates, aviones privados de lujo.
Juan Orlando Hernández definitivamente logró avanzar en el plano económico, político, y social mucho más que Escobar. Pero nadie es intocable toda la vida, a cada chancho le llega su navidad. Escobar murió asesinado en un tejado solo, sin dinero, y sin poder. ¿Cuál será el destino de JOH?
El abogado del narcotraficante Geovany Fuentes asegura que la fiscalía estadounidense tiene todo listo para enjuiciar al Narc0-Dictador hondureño Juan Orlando Hernández. Explicó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha brindado protección y apoyo a Hernández, pero que las actividades ilícitas de este, se les fueron de las manos.
Los fiscales del Distrito Sur y la DEA están ansiosos de enjuiciar a Hernández, con el reciente juicio contra Geovany Fuentes no queda ninguna excusa para no enjuiciar a Hernández. El abogado de Fuentes señaló que la fiscalía está operando de forma independiente, y por esta vez, omitirá seguir las instrucciones del Departamento de Estado.
Es decir; la protección brindada a Hernández por parte de sus aliados norteamericanos no será suficiente para impedir que sea enjuiciado. Los fiscales del Distrito Sur sienten que JOH se está burlando en sus caras, al reunirse con la embajada americana en Honduras, y a ser condecorado por el mismo gobierno norteamericano, cuando este »está llenando de cocaína las narices de los gringos»
El actual presidente norteamericano evitará mediar entre la fiscalía y JOH, como lo había hecho anteriormente el expresidente Trump. El destino de JOH será una prisión gringa, al menos que este se logré mantener al frente del poder ejecutivo de Honduras. Las acciones prepotentes de JOH han golpeado el ego de los jueces y los fiscales norteamericanos, ¿Podrá el Departamento de Estado detener a todo el sistema judicial de Estados Unidos?
El Narco-Dictador hondureño, al igual que su
hermano, no tiene otro destino más que pudrirse en un calabozo frío y
oscuro en los Estados Unidos. La caída de JOH es inminente, el imperio
de la droga que construyó junto a su hermano Tony Hernández se desmorona
por pedazos a medida que sus aliados les dan la espalda, y los fiscales
estadounidenses avanzan en las profundas investigaciones.
El Narc0-Partido Nacional no piensa darse el lujo de perder el poder de la nación, la Embajada Estadounidense y las familias millonarias de Honduras tampoco piensan permitir que un partido con tendencia progresista llegue al poder. En esta encrucijada política, las mafias oscuras que dirigen el país han optado por dos cosas como su estrategia para mantener el poder: 1. Abandonar a JOH y que se pudra en una prisión gringa, tal como lo hicieron con Tony. 2. Dividir a la oposición en dos grandes bloques para facilitar el próximo fraude electoral.
Los medios tarifados ahora cuestionan el gobierno de Hernández, ¿Por qué las gargantas asalariadas como Edgardo Melgar cambiaron su discurso de la noche a la mañana?, los medios de comunicación corporativos al servicio de la Dictadura como Televicentro propiedad de las familias Ferrari, Villeda y Kafati, conspiran para mantener el poder de la nación, hundiendo mediáticamente al ya desprestigiado e impopular JOH, a su familia, y allegados. ¿No es contradictorio?, hace unos meses defendían la dictadura a capa y espada.
El rompimiento entre JOH y sus ‘aliados’ de la empresa privada (Que no son amigos de nadie más que de su dinero), se notó en un programa donde el asesor presidencial Marvin Ponce arremetió contra los poderosos de Honduras, como ser: Fredy Nasser, Jorge Canahuati Larach, Pedro Atala Zablah, entre otros.
JOH debe pagar por todo el daño hecho a Honduras, debe ser castigado con todo el peso de la ley, pero los grupos de poder que construyeron el andamiaje para que JOH dirigiera la nación también son responsables directos de calamidad del pueblo hondureño, y deben pagar por eso. Tony con cadena perpetua en los Estados Unidos, prácticamente enterrado en vida, Ahora JOH solo, sin poder, y a días de salir de la presidencia, lo espera la DEA y los fiscales estadounidenses dispuestos a hundirlo hasta el fondo. A cada chancho le llega su día.
Es decir; Tony estará el resto de sus días preso, JOH tiene un destino que no es diferente, pero el país para ser rescatado, debe ser dirigido por el pueblo, sin seguir guiones gringos, para derrotar a los grupos de poder que son co-responsables del Narco-Estado.
El día de mañana será condenado el narcotraficante Tony Hernández, el juez Kevin Castel prometió condenar a Tony apegado a la justicia, dejando en claro que no habrá espacio para la ‘misericordia’ que tanto anhelan los familiares de este criminal. Mañana recaerá sobre Tony todo el peso de la ley norteamericana.
Al parecer, la misericordia aclamada por los familiares de Tony Hernández, y el intento fallido de utilizar el sentimiento humano del juez en beneficio de Tony, logró un objetivo totalmente distinto al que se planteó la defensa. Según fuentes, el juez Castel se molestó, y no quiere verse como que ‘da el brazo a torcer’ así que se espera que la condena dictada contra Hernández sea drástica.
Hernández es el trofeo de la DEA, y la
medallita para los fiscales, es decir; con la sentencia de Tony, la DEA y
con eso el gobierno de los Estados Unidos en general puede ‘sacar el
pecho’ diciendo que agarran peces gordos. La fiscalía norteamericana le
ha dedicado muchos años al caso de Tony, mañana es el día definitivo.
Mañana
quedará demostrado que nadie es intocable cuando a poder criminal se
refiere, Tony no pudo contra la DEA, tampoco sus prestigiosos abogados
pudieron contra la fiscalía, JOH no logró convencer al Comando Sur que
los apoyaran con sus influencias. A partir de mañana Tony estará muerto
en vida, pasando el resto de sus días en un calabozo gringo sin más
esperanza posible.
Los hondureños a través de las redes sociales han convocado a celebrar la condena del narcotraficante Tony Hernández, hermano del Narco-Dictador hondureño, Juan Orlando Hernández. La condena de Tony, se espera sea una cadena perpetua, los hondureños en redes sociales han manifestado que Tony Hernández pudriéndose en una cárcel estadounidense es un »alivio» para este sufrido país.
Tony Hernández es uno de los miembros del
»clan Hernández», una estructura criminal que desde 2004 o antes, se
dedican al tráfico de cocaína, compra y venta de armas, y a escalar
paulatinamente en el Partido Nacional de Honduras, a tal punto que Juan
Orlando Hernández ya presidió el poder legislativo, y lleva dos periodos
usurpando la presidencia del poder ejecutivo de Honduras. El entierro
en vida que hoy se le dictará a Tony es motivo de celebración para todo
el pueblo hondureño víctima de este »grupillo de criminales».
Tony
será sentenciado el día de hoy (30.03.2021) a las 12:00 PM hora de
Honduras, se espera que para horas de la tarde hayan caravanas, fiestas
en el interior de los barrios y un »mega cacerolazo» durante las horas
de la noche.
Juan Orlando Hernández en sus últimos días como
»inquilino» del poder ejecutivo de Honduras, está más que preocupado al
verse el también en un calabozo estadounidense en los próximos meses.
Si
bien es cierto, Tony no es el pez más »gordo» es un aliento para este
sufrido país, falta JOH, falta Ebal, falta Mauricio Oliva, el Fiscal
General, los magistrados de la Corte Suprema de (in) Justicia. Rescatar
Honduras va más allá de encerrar a los narcotraficantes, Estados Unidos
no liberará de la explotación al país, es correcto celebrar que la
justicia recaiga sobre Tony, pero también es correcto tener los pies en
la tierra para que el pueblo entienda que salvar Honduras solo lo puede
hacer el pueblo.
