Entrevista a la activista afroamericana Angela Davis
«Nunca habíamos presenciado manifestaciones continuadas, de este tamaño y tan diversas»
Por Lanre Bakare | 24/06/2020 | EE.UU. - REBELIÓN
Fuentes: The Guardian - El diario -Foto: Angela Davis
en 2016 en un intento de visitar a Arnaldo Otegi en la prisión de
Logroño -EFE.
La veterana defensora de los derechos civiles habla de
cómo fue crecer en plena era de la segregación racial en EE.UU., de la
oportunidad que tiene el movimiento Black Lives Matter y de su
inspiración para seguir luchando.
Es 1972 y Angela Davis responde a una pregunta sobre si aprueba el uso de la violencia por parte de los Panteras Negras.
Está sentada frente a un fondo de bloques de color azul brisa, las
paredes de una celda de la prisión estatal de California. Lleva un
jersey de cuello alto de color rojo y, como es habitual en ella, luce su
característico peinado afro y tiene un cigarrillo en la mano.
Mientras responde, mira fijamente al entrevistador sueco, prácticamente parece que lo pueda atravesar con la mirada: «¿Me preguntas si apruebo la violencia? Esta pregunta no tiene ningún sentido. ¿Si apruebo las armas? Crecí en Birmingham, Alabama. A algunos muy, muy buenos amigos míos los mataron bombas; bombas que fueron preparadas por racistas. Uno de mis recuerdos de infancia es el sonido de las bombas que explotaban al otro lado de la calle y sentir cómo mi casa temblaba… Por eso, me parece increíble que alguien me pregunte si apruebo la violencia, porque significa que la persona que hace esa pregunta no tiene ni idea de lo que los negros hemos sufrido y vivido en carne propia en este país desde que llegó la primera persona negra, que había sido secuestrada en el litoral africano».
Este corto fragmento de video permite comprender perfectamente por qué Davis es un símbolo: su imagen, su determinación y su intelecto. El documental The Black Power Mixtape la inmortalizó en 2011 y las redes sociales han difundido varios fragmentos de la entrevista desde que George Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis y se desencadenó a lo largo y ancho del mundo un movimiento de protesta contra la violencia policial. El libro que publicó en 1981, Women, Race and Class (Mujeres, Raza y Clase) ha pasado a ser lectura obligada para todo aquel que quiera aprender a luchar contra el racismo de forma activa, junto con el libro The Fire Next Time (La próxima vez el fuego), de James Baldwin, y la autobiografía de Frederick Douglass.
A sus 76 años, habla por Zoom desde su oficina en California. ¿Tiene la impresión que, después de tantos años, es posible una transformación profunda? «Bueno, por supuesto, esta vez podría ser diferente», señala Davis. «Pero nada garantiza que así sea». Davis se muestra comprensiblemente prudente ya que a lo largo de su vida ha visto de todo, desde los disturbios de Watts y Vietnam hasta las protestas de Ferguson y las manifestaciones contra la guerra de Irak. «Se han dado muchas situaciones que han hecho despertar la conciencia ciudadana y han propiciado oportunidades de cambio, pero lo cierto es que el tipo de reformas que han tenido lugar no han permitido una transformación radical».
En general, se siente alentada por las extensas protestas que ha generado la muerte de Floyd. Aunque tan recientemente como en 2014 se dieron otras protestas masivas, tras la muerte de Michael Brown, y otras muertes como la de Tamir Rice, Sandra Bland y Eric Garner, Davis piensa que esta vez, algo ha cambiado. Esta vez, los blancos han empezado a comprender la situación.
«Nunca habíamos presenciado manifestaciones continuadas y de este tamaño que fueran tan diversas», dice Davis. «Así que creo que eso es lo que está dando a la gente una gran esperanza. Hasta ahora, la reacción de muchas personas que leían el eslogan ‘Black Lives Matter’ era: «¿Pero no deberíamos estar diciendo que todas las vidas importan? Y finalmente ahora lo están entendiendo. Mientras se siga tratando así a las personas negras, mientras la violencia del racismo siga siendo lo que es, entonces nadie está a salvo».
Si alguien está cualificada para hacer una valoración de la situación actual, es Davis. Durante cincuenta años la intelectual ha liderado campañas sobre justicia racial, pero las causas que ha perseguido –reforma de las cárceles, desmantelamiento de la policía, reestructuración del sistema de fianzas– han sido consideradas, hasta hace poco, demasiado radicales para el pensamiento político dominante. Muchos tenían la sensación de que Davis se había quedado anclada en el pasado; que pertenecía a una estirpe de los años 60 de la llamada «radical chic» y que sus ideas habían quedado superadas. En un perfil escrito en 2016, un entrevistador del Wall Street Journal preguntó a sus colegas periodistas si sabían quién era Davis. Nadie menor de 35 años lo sabía.
Puede que Davis se haya convertido en símbolo de justicia social 50 años después de haber alcanzado notoriedad, pero insiste en que obtiene lo mismo de la nueva generación de manifestantes y pensadores políticos. «Veo a todos estos jóvenes inteligentes, que han aprendido del pasado y que han desarrollado nuevas ideas», dice. «Estoy aprendiendo mucho de personas que son 50 años más jóvenes que yo. Y para mí, eso es emocionante. Eso me hace querer seguir luchando».
«Creo que es muy importante señalar que, aunque la magnitud de esta respuesta no tiene precedentes, las luchas que se están librando ya se libraron en el pasado», dice. Davis no quiere que el impacto de la organización comunitaria, los talleres educativos y los bancos de alimentos –el trabajo de base iniciado por los Panteras Negras en los años 60– sea ignorado. «Se trata de una batalla que se libra desde hace mucho tiempo», añade. «Lo que estamos viendo ahora es el resultado de una labor que se ha hecho de forma continuada en el tiempo y que no necesariamente ha recibido la atención de los medios de comunicación.»
En Estados Unidos, la población carcelaria pasó de alrededor de 200.000 presos en la época de Attica a más de un millón a mediados de los años noventa. «Cuando miramos hacia atrás, realmente nos percatamos de que las reformas solo sirvieron para consolidar la institución y perpetuar el sistema», dice. «Y esto es lo que me da miedo del momento actual».
En este sentido, ¿Qué consejo le daría al movimiento ‘Black Lives Matter’? «Lo más importante desde mi punto de vista es empezar a dar forma a todas las propuestas sobre lo que podemos hacer a continuación», señala.
Esta es, obviamente, una pregunta importante, y una de difícil respuesta en el contexto de la creciente ola de protestas que se está produciendo en todo el mundo. Una cosa que Davis tiene clara es que situaciones puntuales como la quema de una comisaría de policía en Minneapolis o la retirada de la estatua de Edward Colston en Bristol no son la respuesta definitiva. «Independientemente de lo que la gente piense al respecto, realmente no va a producir un cambio», indica en relación a la estatua. «Lo que importa es cómo se organicen. El trabajo. Y si hay gente que sigue haciendo ese trabajo y se continúa organizando para luchar contra el racismo y proponen una nueva visión sobre cómo transformar nuestra sociedad, eso es lo que hará la diferencia.»
Angela Yvonne Davis nació en Birmingham, Alabama, en 1944. Alabama estaba controlada por el conocido político supremacista blanco Bull Connor. Davis era amiga de algunas de las personas que murieron en el atentado contra la iglesia bautista de la calle 16 en 1963 –un acto de terrorismo del Ku Klux Klan en el que murieron cuatro niñas, y por el que no se iniciaron acciones judiciales hasta 1977. «Ya sabíamos que el papel de la policía era proteger a los supremacistas blancos», dice Davis.
Se mudó a Nueva York a los 15 años para ir a una escuela secundaria, fue a Alemania [Occidental] para estudiar filosofía y marxismo con Herbert Marcuse en la escuela de Frankfurt, y, cuando regresó a Estados Unidos a finales de los 60 participó activamente en el movimiento de los Panteras Negras y fue miembro del partido comunista. Sus vínculos con el comunismo le supusieron que el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, la despidiera de su puesto como profesora interina asociada de filosofía en la UCLA, Universidad de California].
Mientras responde, mira fijamente al entrevistador sueco, prácticamente parece que lo pueda atravesar con la mirada: «¿Me preguntas si apruebo la violencia? Esta pregunta no tiene ningún sentido. ¿Si apruebo las armas? Crecí en Birmingham, Alabama. A algunos muy, muy buenos amigos míos los mataron bombas; bombas que fueron preparadas por racistas. Uno de mis recuerdos de infancia es el sonido de las bombas que explotaban al otro lado de la calle y sentir cómo mi casa temblaba… Por eso, me parece increíble que alguien me pregunte si apruebo la violencia, porque significa que la persona que hace esa pregunta no tiene ni idea de lo que los negros hemos sufrido y vivido en carne propia en este país desde que llegó la primera persona negra, que había sido secuestrada en el litoral africano».
Este corto fragmento de video permite comprender perfectamente por qué Davis es un símbolo: su imagen, su determinación y su intelecto. El documental The Black Power Mixtape la inmortalizó en 2011 y las redes sociales han difundido varios fragmentos de la entrevista desde que George Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis y se desencadenó a lo largo y ancho del mundo un movimiento de protesta contra la violencia policial. El libro que publicó en 1981, Women, Race and Class (Mujeres, Raza y Clase) ha pasado a ser lectura obligada para todo aquel que quiera aprender a luchar contra el racismo de forma activa, junto con el libro The Fire Next Time (La próxima vez el fuego), de James Baldwin, y la autobiografía de Frederick Douglass.
A sus 76 años, habla por Zoom desde su oficina en California. ¿Tiene la impresión que, después de tantos años, es posible una transformación profunda? «Bueno, por supuesto, esta vez podría ser diferente», señala Davis. «Pero nada garantiza que así sea». Davis se muestra comprensiblemente prudente ya que a lo largo de su vida ha visto de todo, desde los disturbios de Watts y Vietnam hasta las protestas de Ferguson y las manifestaciones contra la guerra de Irak. «Se han dado muchas situaciones que han hecho despertar la conciencia ciudadana y han propiciado oportunidades de cambio, pero lo cierto es que el tipo de reformas que han tenido lugar no han permitido una transformación radical».
En general, se siente alentada por las extensas protestas que ha generado la muerte de Floyd. Aunque tan recientemente como en 2014 se dieron otras protestas masivas, tras la muerte de Michael Brown, y otras muertes como la de Tamir Rice, Sandra Bland y Eric Garner, Davis piensa que esta vez, algo ha cambiado. Esta vez, los blancos han empezado a comprender la situación.
«Nunca habíamos presenciado manifestaciones continuadas y de este tamaño que fueran tan diversas», dice Davis. «Así que creo que eso es lo que está dando a la gente una gran esperanza. Hasta ahora, la reacción de muchas personas que leían el eslogan ‘Black Lives Matter’ era: «¿Pero no deberíamos estar diciendo que todas las vidas importan? Y finalmente ahora lo están entendiendo. Mientras se siga tratando así a las personas negras, mientras la violencia del racismo siga siendo lo que es, entonces nadie está a salvo».
Si alguien está cualificada para hacer una valoración de la situación actual, es Davis. Durante cincuenta años la intelectual ha liderado campañas sobre justicia racial, pero las causas que ha perseguido –reforma de las cárceles, desmantelamiento de la policía, reestructuración del sistema de fianzas– han sido consideradas, hasta hace poco, demasiado radicales para el pensamiento político dominante. Muchos tenían la sensación de que Davis se había quedado anclada en el pasado; que pertenecía a una estirpe de los años 60 de la llamada «radical chic» y que sus ideas habían quedado superadas. En un perfil escrito en 2016, un entrevistador del Wall Street Journal preguntó a sus colegas periodistas si sabían quién era Davis. Nadie menor de 35 años lo sabía.
Puede que Davis se haya convertido en símbolo de justicia social 50 años después de haber alcanzado notoriedad, pero insiste en que obtiene lo mismo de la nueva generación de manifestantes y pensadores políticos. «Veo a todos estos jóvenes inteligentes, que han aprendido del pasado y que han desarrollado nuevas ideas», dice. «Estoy aprendiendo mucho de personas que son 50 años más jóvenes que yo. Y para mí, eso es emocionante. Eso me hace querer seguir luchando».
«Creo que es muy importante señalar que, aunque la magnitud de esta respuesta no tiene precedentes, las luchas que se están librando ya se libraron en el pasado», dice. Davis no quiere que el impacto de la organización comunitaria, los talleres educativos y los bancos de alimentos –el trabajo de base iniciado por los Panteras Negras en los años 60– sea ignorado. «Se trata de una batalla que se libra desde hace mucho tiempo», añade. «Lo que estamos viendo ahora es el resultado de una labor que se ha hecho de forma continuada en el tiempo y que no necesariamente ha recibido la atención de los medios de comunicación.»
«Lo importante es organizarse frente al racismo»
Davis cita la militarización de la policía estadounidense después de la Guerra de Vietnam, y la oportunidad que tuvo el país para impulsar una reforma del sistema penitenciario después del motín en el centro correccional de Attica en 1971, que no se materializó, al menos no de la manera que ella imaginaba.En Estados Unidos, la población carcelaria pasó de alrededor de 200.000 presos en la época de Attica a más de un millón a mediados de los años noventa. «Cuando miramos hacia atrás, realmente nos percatamos de que las reformas solo sirvieron para consolidar la institución y perpetuar el sistema», dice. «Y esto es lo que me da miedo del momento actual».
En este sentido, ¿Qué consejo le daría al movimiento ‘Black Lives Matter’? «Lo más importante desde mi punto de vista es empezar a dar forma a todas las propuestas sobre lo que podemos hacer a continuación», señala.
Esta es, obviamente, una pregunta importante, y una de difícil respuesta en el contexto de la creciente ola de protestas que se está produciendo en todo el mundo. Una cosa que Davis tiene clara es que situaciones puntuales como la quema de una comisaría de policía en Minneapolis o la retirada de la estatua de Edward Colston en Bristol no son la respuesta definitiva. «Independientemente de lo que la gente piense al respecto, realmente no va a producir un cambio», indica en relación a la estatua. «Lo que importa es cómo se organicen. El trabajo. Y si hay gente que sigue haciendo ese trabajo y se continúa organizando para luchar contra el racismo y proponen una nueva visión sobre cómo transformar nuestra sociedad, eso es lo que hará la diferencia.»
Angela Yvonne Davis nació en Birmingham, Alabama, en 1944. Alabama estaba controlada por el conocido político supremacista blanco Bull Connor. Davis era amiga de algunas de las personas que murieron en el atentado contra la iglesia bautista de la calle 16 en 1963 –un acto de terrorismo del Ku Klux Klan en el que murieron cuatro niñas, y por el que no se iniciaron acciones judiciales hasta 1977. «Ya sabíamos que el papel de la policía era proteger a los supremacistas blancos», dice Davis.
Se mudó a Nueva York a los 15 años para ir a una escuela secundaria, fue a Alemania [Occidental] para estudiar filosofía y marxismo con Herbert Marcuse en la escuela de Frankfurt, y, cuando regresó a Estados Unidos a finales de los 60 participó activamente en el movimiento de los Panteras Negras y fue miembro del partido comunista. Sus vínculos con el comunismo le supusieron que el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, la despidiera de su puesto como profesora interina asociada de filosofía en la UCLA, Universidad de California].
Angela Davis
En 1970, se produjo una situación que lo cambió todo. Una escopeta
que Davis había comprado legalmente fue usada por un joven, Jonathan
Jackson, que entró armado en un juzgado y que tomó al juez como rehén.
El juez murió, así como Jackson y los dos hombres que estaban siendo
juzgados en la sala. Davis fue acusada de «secuestro agravado y
asesinato en primer grado» porque había comprado el arma. Vivió en la
clandestinidad hasta que finalmente fue detenida en Nueva York.
Aretha Franklin se ofreció a pagar la fianza para que su caso se conociera, los Rolling Stones y John Lennon escribieron canciones sobre ella. Se convirtió en una causa célebre en todo el mundo y tras pasar 18 meses en la cárcel fue absuelta de todos los cargos. Tras esta experiencia, Davis se convirtió en una académica de ideas radicales y una líder de la comunidad; en una figura internacional de activismo político de todas las tendencias. «Estoy muy agradecida de seguir viva», dice Davis, «porque siento que soy viviendo el movimiento actual en nombre de todos aquellos que no llegaron tan lejos.»
Davis es consciente de lo cerca que estuvo de la muerte. Cuando habló con el periodista sueco en 1972, todavía estaba detenida por un cargo de asesinato y podría, en teoría, haber sido ejecutada. Muchos de los compañeros Panteras Negras de Davis tuvieron muertes violentas a manos del estado: Fred Hampton fue asesinado en una redada policial en Chicago, mientras que Bobby Hutton fue abatido a tiros mientras se rendía en Oakland (Marlon Brando pronunció su panegírico). Muchos más siguen en prisión (Mumia Abu-Jamal) o en el exilio (Assata Shakur). «Sé que podría haber sido uno de ellos… varios no lo lograron», dice Davis. «Podría seguir en la cárcel, podría haber sido condenada a pasar el resto de mi vida entre rejas. Estoy viva porque personas en todo el mundo se movilizaron y me salvaron. Así que, en cierto sentido, nunca he dejado de librar esta batalla porque soy consciente de que yo no estaría aquí si otras personas no hubieran librado el mismo tipo de batalla para salvarme. Y seguiré haciendo esto hasta el día en que me muera».
«Creo que es importante entender por qué tendemos a representar esta lucha con figuras masculinas, y por qué no reconocemos que las mujeres han estado siempre en el centro de estas luchas, ya sea como víctimas o como organizadoras». No sólo se están imponiendo las opiniones de Davis sobre la reforma de la policía y la justicia social; sus ideas sobre cómo se produce ese cambio están demostrando ser igualmente influyentes. Durante décadas, ha promovido el pensamiento feminista que se opone al liderazgo político hipermasculino y las formas de resistencia. Piensa que los movimientos Occupy Wall Street y Black Lives Matter, que no han tenido un líder único, están abriendo nuevos caminos.
«Hay quienes en este país se preguntan: ‘¿Dónde está el Martin Luther King contemporáneo?’, ‘¿Dónde está el nuevo Malcolm X?’, ‘¿Dónde está el próximo Marcus Garvey?'» dice Davis. «Y, por supuesto, cuando piensan en los líderes, piensan en el liderazgo carismático de hombres negros. Pero la organización radical más reciente entre los jóvenes, que ha sido un tipo de organización feminista, ha hecho hincapié en el liderazgo colectivo».
¿Pero no hay tensión entre los ideales de un liderazgo compartido y el hecho de que ella sea considerada un símbolo? «No puedo tomarme demasiado en serio», dice. «Lo digo una y otra vez. Porque nada de esto habría pasado si sólo dependiera de mí como persona. Lo que realmente [marcó la diferencia] fue el movimiento y el impacto que tuvo el movimiento».
Davis ya había intentado que el movimiento dejara de ser minoritario y pasara a ser una corriente mayoritaria. De hecho, se presentó a las elecciones en 1980, como candidata a la vicepresidencia del Partido Comunista de Estados Unidos. En una conferencia en 2006, habló con desesperación de la presidencia de George W. Bush, y ahora ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre de Trump, prefiriendo hablar «del actual residente de la Casa Blanca». ¿Piensa que la democracia estadounidense tiene espacio para ideas radicales sobre el cambio social? «No creo que pueda suceder», dice Davis. «No con el liderazgo de las actuales formaciones políticas –no con los Demócratas, y ciertamente no con el partido Republicano.»
¿Pero qué hay de los demócratas arrodillándose y usando tela de kente en señal de solidaridad? Nancy Pelosi y otros prominentes demócratas usaron la tela de Ghana, que les fue dada por el Caucus Negro del Congreso, para mostrar «solidaridad» con los afroamericanos, una base de votantes crucial con la que su candidato presidencial, Joe Biden, intenta conectar. «Eso fue porque quieren estar en el lado correcto de la historia», dice Davis, con desdén. «No necesariamente porque vayan a hacer lo correcto».
En sus conferencias, Davis cuenta a veces una historia sobre cómo, siendo una niña pequeña en Birmingham, en un contexto de segregación racial, le preguntó a su madre por qué no podía ir al parque de atracciones o a las bibliotecas. Su madre, que fue activista antes que ella, le explicó cómo funcionaba la segregación, pero su discurso no terminó allí. «Nos decía continuamente que las cosas cambiarían», dice Davis. «Y que cambiarían, y que podríamos ser parte de ese cambio. Así que aprendí de niña a vivir bajo la segregación racial, pero al mismo tiempo, a vivir en un mundo nuevo imaginado y a reconocer que las cosas no siempre serían como eran». «Mi madre siempre nos decía: ‘Las cosas no deberían ser así, el mundo no debería ser así'».
Traducido por Emma Reverter
Ni
el miedo a infectarse detiene la rabia del pueblo hondureño que este
miércoles ha vuelto a las calles a protestar en una caravana vehicular,
ya son varias las semanas que los ciudadanos reactivaron los rechazos al
actual régimen, a quien piden la renuncia y explicación por los miles
de millones de lempiras aprobados para la pandemia y que no se ve en los
hospitales.
Líderes
de la oposición política y, sobre todo, ciudadanos comunes alzan la voz
contra el contexto de corrupción en el manejo de la pandemia Covid-19 y
suman reclamos cada día, ahora también exigen que el Estado responda
por la frágil situación del pueblo garífuna.
Aretha Franklin se ofreció a pagar la fianza para que su caso se conociera, los Rolling Stones y John Lennon escribieron canciones sobre ella. Se convirtió en una causa célebre en todo el mundo y tras pasar 18 meses en la cárcel fue absuelta de todos los cargos. Tras esta experiencia, Davis se convirtió en una académica de ideas radicales y una líder de la comunidad; en una figura internacional de activismo político de todas las tendencias. «Estoy muy agradecida de seguir viva», dice Davis, «porque siento que soy viviendo el movimiento actual en nombre de todos aquellos que no llegaron tan lejos.»
Davis es consciente de lo cerca que estuvo de la muerte. Cuando habló con el periodista sueco en 1972, todavía estaba detenida por un cargo de asesinato y podría, en teoría, haber sido ejecutada. Muchos de los compañeros Panteras Negras de Davis tuvieron muertes violentas a manos del estado: Fred Hampton fue asesinado en una redada policial en Chicago, mientras que Bobby Hutton fue abatido a tiros mientras se rendía en Oakland (Marlon Brando pronunció su panegírico). Muchos más siguen en prisión (Mumia Abu-Jamal) o en el exilio (Assata Shakur). «Sé que podría haber sido uno de ellos… varios no lo lograron», dice Davis. «Podría seguir en la cárcel, podría haber sido condenada a pasar el resto de mi vida entre rejas. Estoy viva porque personas en todo el mundo se movilizaron y me salvaron. Así que, en cierto sentido, nunca he dejado de librar esta batalla porque soy consciente de que yo no estaría aquí si otras personas no hubieran librado el mismo tipo de batalla para salvarme. Y seguiré haciendo esto hasta el día en que me muera».
Oposición al liderazgo hipermasculino
Uno de los principios que han marcado la vida de Davis desde que salió de prisión ha sido trabajar para que la contribución de las mujeres a la lucha por los derechos civiles no sea ignorada. Cree que en el momento actual esta contribución se está reconociendo y muchos luchan por que las mujeres que han sido víctimas de la violencia policial –gente como Breonna Taylor, que fue asesinada a tiros por la policía en Louisville, Kentucky, después de haber utilizado un ariete para entrar en su apartamento– reciban la misma cobertura que sus homólogos masculinos. «Esta masculinización de la historia se remonta a muchas décadas y siglos», dice Davis. «Los debates sobre los linchamientos, por ejemplo, a menudo no reconocen no sólo que muchas de las víctimas de linchamiento eran mujeres negras, sino también que quienes luchaban contra los linchamientos eran mujeres negras, como Ida B Wells«.«Creo que es importante entender por qué tendemos a representar esta lucha con figuras masculinas, y por qué no reconocemos que las mujeres han estado siempre en el centro de estas luchas, ya sea como víctimas o como organizadoras». No sólo se están imponiendo las opiniones de Davis sobre la reforma de la policía y la justicia social; sus ideas sobre cómo se produce ese cambio están demostrando ser igualmente influyentes. Durante décadas, ha promovido el pensamiento feminista que se opone al liderazgo político hipermasculino y las formas de resistencia. Piensa que los movimientos Occupy Wall Street y Black Lives Matter, que no han tenido un líder único, están abriendo nuevos caminos.
«Hay quienes en este país se preguntan: ‘¿Dónde está el Martin Luther King contemporáneo?’, ‘¿Dónde está el nuevo Malcolm X?’, ‘¿Dónde está el próximo Marcus Garvey?'» dice Davis. «Y, por supuesto, cuando piensan en los líderes, piensan en el liderazgo carismático de hombres negros. Pero la organización radical más reciente entre los jóvenes, que ha sido un tipo de organización feminista, ha hecho hincapié en el liderazgo colectivo».
¿Pero no hay tensión entre los ideales de un liderazgo compartido y el hecho de que ella sea considerada un símbolo? «No puedo tomarme demasiado en serio», dice. «Lo digo una y otra vez. Porque nada de esto habría pasado si sólo dependiera de mí como persona. Lo que realmente [marcó la diferencia] fue el movimiento y el impacto que tuvo el movimiento».
Davis ya había intentado que el movimiento dejara de ser minoritario y pasara a ser una corriente mayoritaria. De hecho, se presentó a las elecciones en 1980, como candidata a la vicepresidencia del Partido Comunista de Estados Unidos. En una conferencia en 2006, habló con desesperación de la presidencia de George W. Bush, y ahora ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre de Trump, prefiriendo hablar «del actual residente de la Casa Blanca». ¿Piensa que la democracia estadounidense tiene espacio para ideas radicales sobre el cambio social? «No creo que pueda suceder», dice Davis. «No con el liderazgo de las actuales formaciones políticas –no con los Demócratas, y ciertamente no con el partido Republicano.»
¿Pero qué hay de los demócratas arrodillándose y usando tela de kente en señal de solidaridad? Nancy Pelosi y otros prominentes demócratas usaron la tela de Ghana, que les fue dada por el Caucus Negro del Congreso, para mostrar «solidaridad» con los afroamericanos, una base de votantes crucial con la que su candidato presidencial, Joe Biden, intenta conectar. «Eso fue porque quieren estar en el lado correcto de la historia», dice Davis, con desdén. «No necesariamente porque vayan a hacer lo correcto».
En sus conferencias, Davis cuenta a veces una historia sobre cómo, siendo una niña pequeña en Birmingham, en un contexto de segregación racial, le preguntó a su madre por qué no podía ir al parque de atracciones o a las bibliotecas. Su madre, que fue activista antes que ella, le explicó cómo funcionaba la segregación, pero su discurso no terminó allí. «Nos decía continuamente que las cosas cambiarían», dice Davis. «Y que cambiarían, y que podríamos ser parte de ese cambio. Así que aprendí de niña a vivir bajo la segregación racial, pero al mismo tiempo, a vivir en un mundo nuevo imaginado y a reconocer que las cosas no siempre serían como eran». «Mi madre siempre nos decía: ‘Las cosas no deberían ser así, el mundo no debería ser así'».
Traducido por Emma Reverter
HONDURAS / OTRA VEZ EN LAS CALLES, NI EL COVID FRENA PROTESTA CIUDADANA
- Publicado: 22 Julio 2020
Ni
el miedo a infectarse detiene la rabia del pueblo hondureño que este
miércoles ha vuelto a las calles a protestar en una caravana vehicular,
ya son varias las semanas que los ciudadanos reactivaron los rechazos al
actual régimen, a quien piden la renuncia y explicación por los miles
de millones de lempiras aprobados para la pandemia y que no se ve en los
hospitales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ahora
llueve en las principales avenidas de Tegucigalpa, ciudad que junto a
Comayagüela forman la capital de Honduras. Y también truena, por el
“rugir” del claxon de las decenas de automóviles que hoy han circulado
en la “caravana de solidaridad e indignación”, el nuevo modelo de
protestas que el pueblo utiliza contra la corrupción y el régimen.
La
manifestación fue organizada desde el pasado viernes y finalmente esta
tarde desde el barrio La Guadalupe al inicio del bulevar Morazán, el
desfile y el reclamo se hizo sonar otra vez. También se han reportado
movilizaciones en Tela, San Pedro Sula y Comayagua.
Líderes
de la oposición política y, sobre todo, ciudadanos comunes alzan la voz
contra el contexto de corrupción en el manejo de la pandemia Covid-19 y
suman reclamos cada día, ahora también exigen que el Estado responda
por la frágil situación del pueblo garífuna.
Y
es que el pasado sábado cuatro líderes de la comunidad del Triunfo de
la Cruz, departamento de Atlantida, fueron secuestrados por sujetos con
indumentaria policial. Hoy la Policía capturó a un sospechoso de
orquestar el secuestro.
En
tanto, el pueblo mantiene las consigna tradicional: “Fuera JOH”,
exigiendo la renuncia del gobernante Juan Hernández, y “¿dónde está el
dinero?” en alusión a los miles de millones de lempiras destinados a la
emergencia en el campo de la salud y que no se ve reflejada en centros
de atención donde cada día la condición de los pacientes de Covid-19 es
más dramática.
"La cruel pedagogía del virus" discute con Agamben y Zizek
Coronavirus: un texto urgente de Boaventura de Sousa Santos
El
investigador portugués parte de los debates de intelectuales para
trazar un cuadro de situación en vistas a la "nueva normalidad". La
pandemia es planteada como una alegoría que remite a los marginados del
discurso dominante.
Por Susana Cella
PÁGINA 12 - 14 de junio de 2020
Considera Boaventura que nos hallamos en la finalización de una etapa histórica que se iniciara en el siglo XVII.
Ante
la pandemia, que hoy vivimos como lo que estaba en nuestro imaginario
por novelas históricas o películas contando episodios de pestes, de
relatos fantásticos y distópicos, y que se nos presenta en la
experiencia de una realidad contundente, han habido y siguen habiendo
hipótesis que podemos calificar de urgentes frente a lo que no pertenece
a un género literario, sino a ensayar elucidaciones ante lo que parece
desafiar creencias y perspectivas realistas.
Una de ellas, y no menor, es la que postula el investigador portugués Boaventura de Sousa Santos, quien suma a su larga lista de escritos, el más reciente, titulado La cruel pedagogía del virus. Para este autor, hay en la intervención de intelectuales algo similar a lo que observa en el campo político: una distancia respecto de la vida cotidiana de los sectores que muchos de ellos dicen representar o interpretar. Desde allí critica a Giorgio Agamben o a Slavoj Zizek (a las opiniones recientes de ambos compiladas en Sopa de Wuhan).
Boaventura de Sousa Santos refiere al contexto histórico en que tiene lugar esta pandemia remontándose a la imposición del neoliberalismo en los años ochenta. La lógica del capital financiero provocó un estado de crisis permanente. Pese a parecer una contradicción -si se piensa la crisis como un momento puntual-, exhibe su larga duración cuando la luz encandiladora, normativa y normalizante del triunfo capitalista deja ver, “de la peor manera posible”, lo que se trataba de ocultar. Esto es la desnuda intemperie en la que viven quienes se hallan fuera de las mínimas condiciones de subsistencia en el mundo. Eso otro que se ha tratado de silenciar se vuelve tan notorio que apenas hace falta “mirar por la ventana” para constatarlo.
La pandemia del coronavirus destruye la idea de que no hay otra alternativa que adecuarse a las reglas instauradas por el capitalismo global para mostrar la cara oculta de lo que aparecía como la sola posibilidad.
Si la aparente solidez del sistema visto como único “se
desvanece en el aire” ante un virus que quiso ser definido en términos
ideológicos como “el virus chino”, postulado por los Estados Unidos
contra su contendiente por la hegemonía mundial, hoy se ha desbaratado
ante la amenaza que es para todos y que destruye un bastión ideológico del neoliberalismo como la “seguridad”. Pero, contrariamente a lo que se ha dicho, el virus no es democrático, en tanto es más nocivo en todos los sectores vulnerables (o vulnerados) de la sociedad.
Boaventura erige la situación de pandemia como una alegoría, esto es, implementar una figura retórica --allo agorein, lo que dice algo de otra cosa--. La cuarentena como aislamiento remite a los marginados del discurso dominante, así se detiene a considerar la situación de mujeres, trabajadores precarizados, vendedores ambulantes, gente sin casa, habitantes de favelas, asentamientos, villas miseria, campos de refugiados, inmigrantes sin documento, discapacitados, ancianos y otros muchos similares cuya misma condición ya implicaba una “cuarentena” en tanto separados de sus derechos.
Considera Boaventura que nos hallamos en la finalización de una etapa histórica que se iniciara en el siglo XVII, y que ahora, en su versión omnímoda de globalización, manifiesta su acabamiento tanto en las crisis inminentes --como esta de la pandemia--como en las de larga duración --tsunamis, catástrofes naturales, epidemias más o menos localizadas por zonas, clases sociales, discriminaciones genéricas-- que evidencian el peligro de la continuidad de la vida en la Tierra, en la cual la especie humana suma un ínfimo porcentaje.
La situación de cuarentena generalizada deja ver la permanente condición de cuarentena de los soslayados de la lógica del mercado. Al nombrado capitalismo se suman el colonialismo y el patriarcado, indisolublemente relacionados. Al plantear la reencuarentenación de todos los que caen fuera de estos intereses, puede establecer una especie de toponimia entre el norte y el sur. No remiten según su idea a lugares geográficos sino a lo que domina y a lo que está dominado --incluyendo también a quienes reproducen la ideología del dominador--, mientras que del otro lado está la cuarentena reforzada y se hacen patentes las “asimetrías”, que se notan más ante las reacciones de quienes han naturalizado su lugar de seguridad, ahora quebrada.
Para Boaventura hay un corte decisivo producido a partir de 1989 cuando el fantasma enemigo --la URSS-- implosiona y se postula como única salida el capitalismo, incluso en la versión de un capitalismo más humano. Definición que resulta para el autor, consecuente con su análisis, una verdadera contradicción en tanto que si prevalece la razón mercantil tanto el Estado como la comunidad quedan sujetos a la rentabilidad, lo cual va en detrimento de estos dos. Si se habían pensado y debatido alternativas económicas, sociales y políticas para ver de qué modo morigerar los males inducidos por el capitalismo, todo esto mayormente se abandonó cuando la política se pensó en términos de gestión y la participación intelectual se redujo a querellas internas a ese campo.
Las lecciones que daría la pandemia son entonces verificar de qué modo operan los medios de difusión, de que hay sectores más expuestos, de que el capitalismo ha llevado a una generalización de sus males, de que los gobiernos menos obedientes al neoliberalismo han conseguido actuar mejor contra la pandemia, de que la derecha extrema y la derecha hiperneoliberal han quedado desacreditadas pese a su crecimiento, de que las epidemias se convierten el problemas graves cuando afectan a las poblaciones de algún modo favorecidas o sometidas por el orden global.
La pregunta que subsiste es la del día después: ¿volver a qué “normalidad”? Si es la de continuar en un mismo estado de cosas, el coronavirus sería sólo un episodio o un prólogo de desastres mayores. Por tanto se hace necesaria una nueva articulación entre “procesos políticos y civilizadores” para salir de las cuarentenas, es decir, de las segregaciones de enormes sectores de la población mundial y del ataque capitalista a la naturaleza.
The
New York Times (NYT), ha desmentido la información que Casa
Presidencial filtró a través de varios medios de comunicación donde se
afirmaba que el periódico estadounidense reconocía a Honduras como
“ejemplo” en el manejo de la pandemia.
A través de un tuit de la cuenta oficial de comunicaciones del NYT, señala que la información que maneja sobre la pandemia ha sido tergiversada porque su mapa de tendencia sobre el Covid-19, “no constituye una evaluación del manejo de la crisis en cada país”.
Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la pandemia que golpea
fuertemente al país dejando luto, dolor y preocupación al pueblo
hondureño, ha puesto en evidencia lo peor y lo mejor de la sociedad,
además de evidenciar lo despreciable que puede ser la clase política.
“Puso en evidencia que todavía no todo está perdido, que hay gente con solidaridad y visión cristiana que puede dar la vida por otros: los médicos, enfermeras, algunos auxiliares de salud. Puso en evidencia lo despreciable que puede ser la clase política: robar, tomar dinero a costa de la vida de los demás no sólo puede ser un delito sino un pecado y un pecado que no tiene redención, y finalmente establecer la necesidad de que hay cosas que podemos hacer”, dijo Pineda.
Aseguró que en Honduras se puede tener el mejor sistema de salud de Centroamérica, que no se requiere un esfuerzo muy grande, y que ojalá el próximo gobierno se prepare para las futuras pandemias y se pueda construir un sistema de sanitario que devuelva la dignidad al pueblo.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Raúl Pineda Alvarado (RPA), analista político hondureño, miembro del Partido Nacional y ex diputado al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.
RP. ¿Cómo lo trata la pandemia?
RPA. Pues ha servido para muchas cosas, para valorar la libertad. Hemos estado inmersos en un discurso de más penas, más encarcelamientos, hay que prolongar la reclusión, y cuando uno está recluido, reducido a espacio físico de su casa con algunas modestas comodidades, se da cuenta y valora lo que es la restricción de la libertad. También sirve para hacer un montón de cosas que uno tenía pendiente, como ordenar documentos y se encuentran cosas muy interesantes (…) y hay tiempo para reflexionar sobre lo que sucede en el país y hacia dónde vamos.
RP. ¿Qué conclusiones ha llegado?
RPA. Se llega a la conclusión de que hemos sido detractores por costumbre, hemos visto, para seguir una sentencia bíblica: el sucio en el ojo ajeno pero no hemos visto la viga en el nuestro, y lo que está pasando tiene matices de responsabilidad, claro que los políticos que nosotros elegimos son responsables, son un grupo particularmente corruptos e incapaces, pero también somos una sociedad apática.
RP. ¿Por qué apáticos?
RPA. En Honduras estamos esperando que los norteamericanos, que los militares o que la empresa privada nos traiga las transformaciones que necesita el país. Cambios que se necesitan no como antes, hoy necesitamos una estructura gubernamental más eficiente, más pequeña, más productiva, más honesta, una sociedad que entienda que tiene derechos y tiene el derecho a reclamar sus derechos.
RP. ¿Hay algún verdadero líder en la estructura política actual capaz de conducir al país en nuevos rumbos?
RPA. Creo que sí. Honduras tiene gente competente, es más tiene gente honesta pero tiene muy poca gente valiente. Es decir, aquí hay gente honesta y con capacidad de sacar adelante al país con un equipo multipartidario o con un equipo sin partido, pero no hay gente que tenga el valor de enfrentar el inevitable choque que se va a tener que dar con la gente que está manejando Honduras. Los corruptos, los malvados tontos no son, ellos tienen su tanque de pensamiento y por eso hacen lo que hacen con la oposición.
RP. ¿Tiene posibilidad la oposición de dar un cambio en este país?
RPA. Yo veo que la oposición unida puede generar un cambio si son sinceros, y puedo también considerar que ese cambio puede darse a través del apoyo de un nuevo hombre o mujer que no haya tenido participación política.
RP. ¿Qué es lo más grave de esta pandemia: el virus, la corrupción o la politización?
RPA. Creo que el tema se ha politizado, pero la oposición es tan incompetente que ni siquiera ha podido politizarlo de manera inteligente. Usted solo oye un discurso genérico: el gobierno es corrupto, sí, pero no le dicen por qué es corrupto, o por ejemplo los hospitales no van a venir y si vienen no van a venir en las condiciones en las que fueron contratados, sí, pero los hospitales no han llegado y no hay manera de presentar una evidencia fáctica de que lo que decimos es verdad, y tampoco masificamos el mensaje porque los medios, en su mayor parte, están cooptados.
RP. ¿Cuál es su valoración de cómo el gobierno ha manejado la pandemia?
RPA. La ha manejado muy mal, y por una razón muy sencilla: éste es un gobierno que orbita alrededor del culto de la personalidad del presidente Hernández. Yo siempre he insistido: si se da la coyuntura, el presidente Hernández va querer quedarse en el poder y para eso hay que exaltar su imagen, y qué mejor oportunidad que él aparezca como el salvador del pueblo hondureño en esta crisis.
RP. ¿Cuáles han sido los errores en esta pandemia?
RPA. El primer problema es que: un presidente sale rodeado de militares y policías en lugar de salir rodeado de científicos de batas blancas. También ha sido una crisis que se ha querido aprovechar para sacarle brillo a la armadura del presidente, ese fue un error tremendo, todo esto ha sido muy mal manejado y ojalá haya, aunque sea tardía, una rectificación saludable.
RP. ¿Quiénes son Gabriel Rubí y Marcos Bográn en este mal manejo de los fondos de la emergencia?
RPA. En Derecho Penal, los penalistas hablamos de autores inmediatos y autores mediatos. El autor inmediato es el ejecutor, el autor mediato es lo que antes llamaban autor intelectual, y la sociedad se va furibunda contra el autor inmediato. ¿Quiénes están detrás de la decisión de disponer, de una manera tan imprudente, de 47 millones de dólares?, ¿habrá un hondureño tan ingenuo que crea que esa fue una iniciativa única y exclusiva de Marcos Bográn’, sí, pero a dónde va la crítica: hay que crucificar a Marcos Bográn. Estoy convencido que a esos señores, a esos muchachos, los van a llevar a la cárcel.
RP. ¿Qué simboliza Rubí y Bográn en el Partido Nacional?
RPA. Es gente que no son nacionalistas ortodoxos, son parte de una generación de buena presencia física, de hablar inglés, conocen informática pero carecen totalmente de integridad y patriotismo, y esos, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, entraron al asalto de la estructura del partido. Esos no conocen del Partido Nacional cuando estaba en la llanura o cuando los nacionalistas fueron perseguidos, no, a ellos, para usar la frase de un carnicero, no les tocó la parte del hueso solo les tocó la parte del filete.
RP. ¿Qué efecto produce eso en la gente del Partido Nacional?
RPA. La gente del Partido Nacional está incómoda. Aparecen algunos fogonazos de inconformidad como el de “Pepe” Lobo (ex presidente de Honduras) que surge porque le tienen presa a su esposa, pero hay otro montón de gente que está incómoda. Conozco muchos nacionalistas, diputados que no van a votar por el Partido, se siente avergonzados y resentidos porque les toca pagar una factura de algo que no consumieron.
RP. ¿Habrá elecciones el próximo año?
RPA. Tres países recientemente fueron a elecciones, uno de ellos fue dominicana, y lo hizo bien, ganó la oposición, hay países como El Salvador que fueron a elecciones en medio de las balas. Creo que el otro año van a haber elecciones y de hecho el presidente del Congreso ha empeñado su palabra en eso, y recuerde que para cambiar la fecha de las elecciones hay que cambiar la ley y el presidente del Congreso ha sido muy claro en que la ley no se va a cambiar.
RP. ¿Qué escenario puede dibujar usted para las elecciones generales?
RPA. Pues si no se da una coyuntura extraordinaria, que puede darse como un autogolpe, la convocatoria de una constituyente en una alianza de don Juan Orlando Hernández con Manuel Zelaya, también van a haber elecciones y van a ser muy diferentes, van ser muy observadas, y si la oposición no aprendió de lo que pasó en 2017 pues no merecen tener acceso al poder de este país.
RP. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia?
RPA. Puso en evidencia lo peor y lo mejor de la sociedad. Puso en evidencia que todavía no todo está perdido, que hay gente con solidaridad y visión cristiana que puede dar la vida por otros: los médicos, las enfermeras, algunos auxiliares de salud. Puso en evidencia lo despreciable que puede ser la clase política, robar, tomar dinero a costa de la vida de los demás no solo puede ser un delito sino un pecado y un pecado que no tiene redención, y finalmente establecer la necesidad de que hay cosas que podemos hacer. En Honduras podemos tener el mejor sistema de salud de Centroamérica, eso no requiere un esfuerzo muy grande, y ojalá el próximo gobierno se prepare para las otras pandemias y que tengamos un sistema de sanitario que nos de dignidad.
Una de ellas, y no menor, es la que postula el investigador portugués Boaventura de Sousa Santos, quien suma a su larga lista de escritos, el más reciente, titulado La cruel pedagogía del virus. Para este autor, hay en la intervención de intelectuales algo similar a lo que observa en el campo político: una distancia respecto de la vida cotidiana de los sectores que muchos de ellos dicen representar o interpretar. Desde allí critica a Giorgio Agamben o a Slavoj Zizek (a las opiniones recientes de ambos compiladas en Sopa de Wuhan).
Boaventura de Sousa Santos refiere al contexto histórico en que tiene lugar esta pandemia remontándose a la imposición del neoliberalismo en los años ochenta. La lógica del capital financiero provocó un estado de crisis permanente. Pese a parecer una contradicción -si se piensa la crisis como un momento puntual-, exhibe su larga duración cuando la luz encandiladora, normativa y normalizante del triunfo capitalista deja ver, “de la peor manera posible”, lo que se trataba de ocultar. Esto es la desnuda intemperie en la que viven quienes se hallan fuera de las mínimas condiciones de subsistencia en el mundo. Eso otro que se ha tratado de silenciar se vuelve tan notorio que apenas hace falta “mirar por la ventana” para constatarlo.
La pandemia del coronavirus destruye la idea de que no hay otra alternativa que adecuarse a las reglas instauradas por el capitalismo global para mostrar la cara oculta de lo que aparecía como la sola posibilidad.
Boaventura erige la situación de pandemia como una alegoría, esto es, implementar una figura retórica --allo agorein, lo que dice algo de otra cosa--. La cuarentena como aislamiento remite a los marginados del discurso dominante, así se detiene a considerar la situación de mujeres, trabajadores precarizados, vendedores ambulantes, gente sin casa, habitantes de favelas, asentamientos, villas miseria, campos de refugiados, inmigrantes sin documento, discapacitados, ancianos y otros muchos similares cuya misma condición ya implicaba una “cuarentena” en tanto separados de sus derechos.
Considera Boaventura que nos hallamos en la finalización de una etapa histórica que se iniciara en el siglo XVII, y que ahora, en su versión omnímoda de globalización, manifiesta su acabamiento tanto en las crisis inminentes --como esta de la pandemia--como en las de larga duración --tsunamis, catástrofes naturales, epidemias más o menos localizadas por zonas, clases sociales, discriminaciones genéricas-- que evidencian el peligro de la continuidad de la vida en la Tierra, en la cual la especie humana suma un ínfimo porcentaje.
La situación de cuarentena generalizada deja ver la permanente condición de cuarentena de los soslayados de la lógica del mercado. Al nombrado capitalismo se suman el colonialismo y el patriarcado, indisolublemente relacionados. Al plantear la reencuarentenación de todos los que caen fuera de estos intereses, puede establecer una especie de toponimia entre el norte y el sur. No remiten según su idea a lugares geográficos sino a lo que domina y a lo que está dominado --incluyendo también a quienes reproducen la ideología del dominador--, mientras que del otro lado está la cuarentena reforzada y se hacen patentes las “asimetrías”, que se notan más ante las reacciones de quienes han naturalizado su lugar de seguridad, ahora quebrada.
Para Boaventura hay un corte decisivo producido a partir de 1989 cuando el fantasma enemigo --la URSS-- implosiona y se postula como única salida el capitalismo, incluso en la versión de un capitalismo más humano. Definición que resulta para el autor, consecuente con su análisis, una verdadera contradicción en tanto que si prevalece la razón mercantil tanto el Estado como la comunidad quedan sujetos a la rentabilidad, lo cual va en detrimento de estos dos. Si se habían pensado y debatido alternativas económicas, sociales y políticas para ver de qué modo morigerar los males inducidos por el capitalismo, todo esto mayormente se abandonó cuando la política se pensó en términos de gestión y la participación intelectual se redujo a querellas internas a ese campo.
Las lecciones que daría la pandemia son entonces verificar de qué modo operan los medios de difusión, de que hay sectores más expuestos, de que el capitalismo ha llevado a una generalización de sus males, de que los gobiernos menos obedientes al neoliberalismo han conseguido actuar mejor contra la pandemia, de que la derecha extrema y la derecha hiperneoliberal han quedado desacreditadas pese a su crecimiento, de que las epidemias se convierten el problemas graves cuando afectan a las poblaciones de algún modo favorecidas o sometidas por el orden global.
La pregunta que subsiste es la del día después: ¿volver a qué “normalidad”? Si es la de continuar en un mismo estado de cosas, el coronavirus sería sólo un episodio o un prólogo de desastres mayores. Por tanto se hace necesaria una nueva articulación entre “procesos políticos y civilizadores” para salir de las cuarentenas, es decir, de las segregaciones de enormes sectores de la población mundial y del ataque capitalista a la naturaleza.
NEW YORK TIMES ACUSA A JOH POR TERGIVERSAR INFORMACIÓN EN MANEJO DE PANDEMIA
- Publicado: 21 Julio 2020
The
New York Times (NYT), ha desmentido la información que Casa
Presidencial filtró a través de varios medios de comunicación donde se
afirmaba que el periódico estadounidense reconocía a Honduras como
“ejemplo” en el manejo de la pandemia.A través de un tuit de la cuenta oficial de comunicaciones del NYT, señala que la información que maneja sobre la pandemia ha sido tergiversada porque su mapa de tendencia sobre el Covid-19, “no constituye una evaluación del manejo de la crisis en cada país”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras
que se hiciera viral por la indignación del pueblo hondureño un
artículo donde se señaló que The New York Times (NYT) destacó al
Gobierno de Honduras por su manejo “ejemplar” de la pandemia Covid-19,
el periódico estadounidense, a través de su cuenta de Twitter, ha desmentido el reporte.
El
artículo que fue presentado en varios medios de comunicación, incluidas
las redes sociales, apunta que el gobernante Juan Hernández refiere que
NYT “califica a Honduras como uno de los países, que a pesar de todo,
ha manejado mejor la situación generada por la pandemia del Covid-19”.
Hernández
agrega que el pasado 15 de julio estuvo en conferencia virtual con
científicos nacionales e internacionales y que estos le notificaron que
NYT en su edición digital existe un portal mundial sobre la pandemia en
el que Honduras “calificaba, de acuerdo a esos datos, entre los países
que, a pesar de todo, comparativamente hablando, iba manejando mejor la
situación”.
Este
martes, el prestigioso periódico ha mencionado desde su cuenta oficial
para comunicaciones en Twitter, que la información fue tergiversada por
el gobernante, ya que en realidad lo que el NYT ha publicado es un mapa
que refleja la tendencia de los casos reportados en los últimos días, y
por ende: “no constituye una evaluación del manejo de la crisis en cada
país”. Y además, adjunta el enlace a su base de datos.
Pandemia evidenció lo despreciable que puede ser la clase política en Honduras (+Entrevista)
- 10/07/2020
Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la pandemia que golpea
fuertemente al país dejando luto, dolor y preocupación al pueblo
hondureño, ha puesto en evidencia lo peor y lo mejor de la sociedad,
además de evidenciar lo despreciable que puede ser la clase política.“Puso en evidencia que todavía no todo está perdido, que hay gente con solidaridad y visión cristiana que puede dar la vida por otros: los médicos, enfermeras, algunos auxiliares de salud. Puso en evidencia lo despreciable que puede ser la clase política: robar, tomar dinero a costa de la vida de los demás no sólo puede ser un delito sino un pecado y un pecado que no tiene redención, y finalmente establecer la necesidad de que hay cosas que podemos hacer”, dijo Pineda.
Aseguró que en Honduras se puede tener el mejor sistema de salud de Centroamérica, que no se requiere un esfuerzo muy grande, y que ojalá el próximo gobierno se prepare para las futuras pandemias y se pueda construir un sistema de sanitario que devuelva la dignidad al pueblo.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Raúl Pineda Alvarado (RPA), analista político hondureño, miembro del Partido Nacional y ex diputado al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.
RP. ¿Cómo lo trata la pandemia?
RPA. Pues ha servido para muchas cosas, para valorar la libertad. Hemos estado inmersos en un discurso de más penas, más encarcelamientos, hay que prolongar la reclusión, y cuando uno está recluido, reducido a espacio físico de su casa con algunas modestas comodidades, se da cuenta y valora lo que es la restricción de la libertad. También sirve para hacer un montón de cosas que uno tenía pendiente, como ordenar documentos y se encuentran cosas muy interesantes (…) y hay tiempo para reflexionar sobre lo que sucede en el país y hacia dónde vamos.
RP. ¿Qué conclusiones ha llegado?
RPA. Se llega a la conclusión de que hemos sido detractores por costumbre, hemos visto, para seguir una sentencia bíblica: el sucio en el ojo ajeno pero no hemos visto la viga en el nuestro, y lo que está pasando tiene matices de responsabilidad, claro que los políticos que nosotros elegimos son responsables, son un grupo particularmente corruptos e incapaces, pero también somos una sociedad apática.
RP. ¿Por qué apáticos?
RPA. En Honduras estamos esperando que los norteamericanos, que los militares o que la empresa privada nos traiga las transformaciones que necesita el país. Cambios que se necesitan no como antes, hoy necesitamos una estructura gubernamental más eficiente, más pequeña, más productiva, más honesta, una sociedad que entienda que tiene derechos y tiene el derecho a reclamar sus derechos.
RP. ¿Hay algún verdadero líder en la estructura política actual capaz de conducir al país en nuevos rumbos?
RPA. Creo que sí. Honduras tiene gente competente, es más tiene gente honesta pero tiene muy poca gente valiente. Es decir, aquí hay gente honesta y con capacidad de sacar adelante al país con un equipo multipartidario o con un equipo sin partido, pero no hay gente que tenga el valor de enfrentar el inevitable choque que se va a tener que dar con la gente que está manejando Honduras. Los corruptos, los malvados tontos no son, ellos tienen su tanque de pensamiento y por eso hacen lo que hacen con la oposición.
RP. ¿Tiene posibilidad la oposición de dar un cambio en este país?
RPA. Yo veo que la oposición unida puede generar un cambio si son sinceros, y puedo también considerar que ese cambio puede darse a través del apoyo de un nuevo hombre o mujer que no haya tenido participación política.
RP. ¿Qué es lo más grave de esta pandemia: el virus, la corrupción o la politización?
RPA. Creo que el tema se ha politizado, pero la oposición es tan incompetente que ni siquiera ha podido politizarlo de manera inteligente. Usted solo oye un discurso genérico: el gobierno es corrupto, sí, pero no le dicen por qué es corrupto, o por ejemplo los hospitales no van a venir y si vienen no van a venir en las condiciones en las que fueron contratados, sí, pero los hospitales no han llegado y no hay manera de presentar una evidencia fáctica de que lo que decimos es verdad, y tampoco masificamos el mensaje porque los medios, en su mayor parte, están cooptados.
RP. ¿Cuál es su valoración de cómo el gobierno ha manejado la pandemia?
RPA. La ha manejado muy mal, y por una razón muy sencilla: éste es un gobierno que orbita alrededor del culto de la personalidad del presidente Hernández. Yo siempre he insistido: si se da la coyuntura, el presidente Hernández va querer quedarse en el poder y para eso hay que exaltar su imagen, y qué mejor oportunidad que él aparezca como el salvador del pueblo hondureño en esta crisis.
RP. ¿Cuáles han sido los errores en esta pandemia?
RPA. El primer problema es que: un presidente sale rodeado de militares y policías en lugar de salir rodeado de científicos de batas blancas. También ha sido una crisis que se ha querido aprovechar para sacarle brillo a la armadura del presidente, ese fue un error tremendo, todo esto ha sido muy mal manejado y ojalá haya, aunque sea tardía, una rectificación saludable.
RP. ¿Quiénes son Gabriel Rubí y Marcos Bográn en este mal manejo de los fondos de la emergencia?
RPA. En Derecho Penal, los penalistas hablamos de autores inmediatos y autores mediatos. El autor inmediato es el ejecutor, el autor mediato es lo que antes llamaban autor intelectual, y la sociedad se va furibunda contra el autor inmediato. ¿Quiénes están detrás de la decisión de disponer, de una manera tan imprudente, de 47 millones de dólares?, ¿habrá un hondureño tan ingenuo que crea que esa fue una iniciativa única y exclusiva de Marcos Bográn’, sí, pero a dónde va la crítica: hay que crucificar a Marcos Bográn. Estoy convencido que a esos señores, a esos muchachos, los van a llevar a la cárcel.
RP. ¿Qué simboliza Rubí y Bográn en el Partido Nacional?
RPA. Es gente que no son nacionalistas ortodoxos, son parte de una generación de buena presencia física, de hablar inglés, conocen informática pero carecen totalmente de integridad y patriotismo, y esos, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, entraron al asalto de la estructura del partido. Esos no conocen del Partido Nacional cuando estaba en la llanura o cuando los nacionalistas fueron perseguidos, no, a ellos, para usar la frase de un carnicero, no les tocó la parte del hueso solo les tocó la parte del filete.
RP. ¿Qué efecto produce eso en la gente del Partido Nacional?
RPA. La gente del Partido Nacional está incómoda. Aparecen algunos fogonazos de inconformidad como el de “Pepe” Lobo (ex presidente de Honduras) que surge porque le tienen presa a su esposa, pero hay otro montón de gente que está incómoda. Conozco muchos nacionalistas, diputados que no van a votar por el Partido, se siente avergonzados y resentidos porque les toca pagar una factura de algo que no consumieron.
RP. ¿Habrá elecciones el próximo año?
RPA. Tres países recientemente fueron a elecciones, uno de ellos fue dominicana, y lo hizo bien, ganó la oposición, hay países como El Salvador que fueron a elecciones en medio de las balas. Creo que el otro año van a haber elecciones y de hecho el presidente del Congreso ha empeñado su palabra en eso, y recuerde que para cambiar la fecha de las elecciones hay que cambiar la ley y el presidente del Congreso ha sido muy claro en que la ley no se va a cambiar.
RP. ¿Qué escenario puede dibujar usted para las elecciones generales?
RPA. Pues si no se da una coyuntura extraordinaria, que puede darse como un autogolpe, la convocatoria de una constituyente en una alianza de don Juan Orlando Hernández con Manuel Zelaya, también van a haber elecciones y van a ser muy diferentes, van ser muy observadas, y si la oposición no aprendió de lo que pasó en 2017 pues no merecen tener acceso al poder de este país.
RP. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia?
RPA. Puso en evidencia lo peor y lo mejor de la sociedad. Puso en evidencia que todavía no todo está perdido, que hay gente con solidaridad y visión cristiana que puede dar la vida por otros: los médicos, las enfermeras, algunos auxiliares de salud. Puso en evidencia lo despreciable que puede ser la clase política, robar, tomar dinero a costa de la vida de los demás no solo puede ser un delito sino un pecado y un pecado que no tiene redención, y finalmente establecer la necesidad de que hay cosas que podemos hacer. En Honduras podemos tener el mejor sistema de salud de Centroamérica, eso no requiere un esfuerzo muy grande, y ojalá el próximo gobierno se prepare para las otras pandemias y que tengamos un sistema de sanitario que nos de dignidad.
Diplomacia alemana en Honduras consternada ante secuestros, asesinatos y atentados contra derechos humanos
julio 23, 2020
Redacción
Por: Redaccion CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La representación diplomática del gobierno de Alemania en Honduras en materia de derechos humanos, expresó su consternación frente a la grave situación que sufren los líderes y activistas sociales, pidiendo a las autoridades hondureñas, entre otras cosas, proseguir con las investigaciones del caso de la comunidad de la etnia garífuna consternada por el secuestro de cinco de sus dirigentes.
La delegada del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos del Gobierno de Alemania, Bärbel Kofler, con motivo de la situación que la población hondureña adolece con el asesinato de defensores de derechos humanos, instó a las autoridades del gobierno de Honduras a avanzar con las investigaciones del rapto de los cinco garífunas desaparecidos desde el sábado pasado en horas de la mañana.
“Hago un llamado a las autoridades hondureñas para que prosigan con la investigación en el caso del secuestro de Albert Sneider Centeno, activista de los derechos de la etnia garífuna, y de otros tres habitantes socialmente comprometidos del municipio de Triunfo de la Cruz”, comunicó.
Y “pido a las autoridades hondureñas que hagan todo lo posible para enjuiciar a los responsables”, solicitó la representante de la diplomacia alemana en Honduras.
La diplomática del país europeo se refirió además al contexto de hostilidad que en las últimas semanas el ejercicio periodístico en Honduras ha denunciado con el asesinato de comunicadores sociales y asedio a medios de comunicación críticos al gobierno.
Por lo que, en el contexto de prevalecer la garantía del respeto de los derechos humanos, “No me conmociona menos el asesinato de dos periodistas, Germán Vallecillo y Jorge Posas, en La Ceiba a principios de julio”, acotó.
También la funcionaria se refirió ante la hostilidad sufrida por el periodista Milton Benítez, “cuya oficina fue objeto de vandalismo a principios de julio”.
“Es terrible que se secuestren y asesinen a personas que defienden la tolerancia y los derechos de los demás o que, como periodistas, cuestionan la realidad política y social, especialmente durante la crisis de la Covid-19, en la que la sociedad debería estar unidad”.
Y, “por lo tanto, hago un llamado al Gobierno de Honduras que proteja efectivamente el derecho a la vida y a la integridad física y para que se preserve el margen de acción de la sociedad civil”, concluyó la diplomática del gobierno alemán.
El pasado 31 de mayo se cumplió un año de la injusta detención de Rommel Herrera Portillo. El joven fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el marco de una movilización de médicos y maestros contra la privatización de salud y educación.
Después de pasar casi 5 meses encerrado injustificadamente en una cárcel de máxima seguridad, en octubre pasado, Rommel fue trasladado al hospital psiquiátrico “Mario Mendoza”.
La decisión fue tomada por el juez a raíz del dictamen de Medicina Forense, donde se evidenciaba “daño psiquiátrico condicionado por el aparecimiento de trastorno mixto de ansiedad y depresión”.
En diferentes ocasiones, el equipo de defensa, integrado por Cofadeh y el abogado Omar Menjivar, solicitó una revisión de medidas cautelares para que Rommel pudiese defenderse en libertad.
También pidió procedimiento abreviado para que el tribunal recalificara los delitos por el cual estaba acusado.
Hasta el momento todos los intentos han fracasado, el joven maestro sigue encerrado y su condición continúa deteriorándose.
“Desde que se decretó emergencia sanitaria no hemos podido comunicarnos con él. El mes pasado hasta restringieron la posibilidad de entregarle comida casera”, dijo a La Rel, Juan Carlos Herrera, papá de Rommel.
“La pocas noticias que tenemos nos llegan a través del personal de seguridad del hospital. Rommel está cada vez más aislado, más triste y deprimido. Estamos muy preocupados”, agregó.
La audiencia inicial estaba prevista para el 16 de abril, pero fue suspendida a raíz de la pandemia. De momento no se conoce la nueva fecha.
Un año difícil
“La fiscalía se ha negado a acercar posiciones y ha sobredimensionado las acusaciones contra Rommel.
Vivimos en zozobra por no saber qué va a pasar con el cipote. La única esperanza que tenemos es que en el juicio se demuestre lo absurdo de todo esto”, manifestó Herrera.
Para él no hay dudas de que el caso de Rommel y demás presos políticos están siendo usados por el gobierno para engendrar miedo en todas aquellas personas que protestan y luchan en defensa de los derechos.
Asimismo condenó la complicidad de Estados Unidos en el caso, y el servilismo del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Ministerio Público.
“Cada vez es más evidente que este régimen se está ensañando con mi hijo con el objetivo de generar terror entre quienes estamos comprometidos con la lucha.
El mensaje es claro: tengan cuidado porque esto es lo que les puede pasar si siguen con protestas y luchas populares”, concluyó Juan Carlos Herrera.
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, condena el
asesinato de Edwin Fernández, un joven garífuna de la comunidad Río
Tinto, Tela, Atlántida, encargado de cuidar las llaves del portón de
seguridad, que fue establecido como medida preventiva en medio de la
pandemia de Covid-19.
Edwin fue asesinado la noche del 20 de mayo frente a sus hijos. Cuando se disponía a descansar sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda para quitarle la vida. Según su familia el crimen se produjo en represalia por no habilitar el paso en la comunidad.
La comunidad garífuna de Río Tinto se ubica en el parque nacional Blanca Jeannette Kawas. Su principal vía de acceso es por lancha, pero hace unos meses personas ajenas a la comunidad dedicadas al cultivo de palma africana y actos reñidos con la ley abrieron una brecha, para acceder por tierra al sector denuncia de la Ofraneh.
“El trasiego de estupefacientes vía marítima ha incrementado en las últimas semanas en el caribe, a pesar del show mediático de la armada de Estados Unidos, quien ha desplegado en el último mes un supuesto mega operativo antidrogas”, publicó la organización en su página oficial ante el asesinato del líder garífuna.
A raíz de la pandemia por el Covid-19, las comunidades garífunas instalaron un protocolo de seguridad para evitar la propagación del virus, ante el racismo y abandono por parte del Estado hondureño.
Hay retenes de control donde se fumigan los carros y las personas. Centros de acopio de alimentos para personas de escasos recursos. Como parte de su cultura ancestral elaboran tés o infusiones para fortalecer el sistema inmunológico, además, su propio gel desinfectante.
Sin embargo, el protegerse contra el Covid-19, les está generando más amenazas, discriminación y muerte que, viene de los sectores violentos que utilizan el territorio garífuna para sus actos ilícitos, denunció en Radio Progreso Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh.
Solo en 2019, al menos 16 garífunas fueron asesinados – en su mayoría- por defender su territorio ancestral. “Durante la pandemia otro compañero de Cortés recibió un atentando por cuidar la comunidad”, dijo Miriam Miranda con indignación resaltando que los garífunas tienen derecho a cuidarse contra el virus, así como lo hace la gente en las grandes ciudades.
Miriam describe la realidad de las comunidades garífunas con dolor. El abandono del Estado es más palpable con la pandemia y el crimen organizado está atemorizando más a su gente, porque el Covid-19 no ha logrado poner en cuarentena el negocio de las drogas.
La Ofraneh denuncia que las comunidades en la zona norte del país, son utilizadas como punto de desembarco de drogas por bandas criminales en aparente complicad con las autoridades, provocando miedo y violencia contra el pueblo garífuna.
La reconocida doctora se ha pronunciado en términos que
guardan relación con las protestas que actualmente ocurren en los
Estados Unidos, «cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las
tuyas a remojar» , ha escrito vía Twitter.
Así mismo ha señalado que «cuando un pueblo llega al hartazgo ya se pueden tener la cantidad de policías que se tenga y serán insuficientes» , agregando que «la aprobación del nuevo Código Penal es esa rodilla en el cuello de cada hondureño» .
Tegucigalpa.-Tras convocar a una histórica sesión extraordinaria en el Congreso Nacional invocando el artículo 191 de la Constitución de la República, las bancadas de la oposición aprobaron este miércoles la abrogación de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
La inédita sesión legislativa se instaló tras la elección de una junta directiva presidida por el diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla y se eligió en el cargo de secretarios a los diputados, Jorge Cálix y Sobeyda Andino, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, respectivamente. También se eligió vicepresidentes a los diputados del PINU, Doris Gutiérrez, David Reyes y Luis Fuentes.
Originalmente la sesión extraordinaria había sido convocada ante la urgencia de extender por tercera vez la Vacatio Legis como una medida para liberar a la sociedad hondureña de la entrada en vigencia del cuestionado nuevo Código Penal, que vulnera los derechos humanos y beneficia los delitos ligados a la corrupción.
Gracias a un ambiente legislativo de consenso democrático entre las distintas bancadas, la sesión extraordinaria tomó un giro inesperado tras la propuesta de la congresista de Libertad y Refundación, Scherly Arriaga, que propuso abrogar el nuevo Código Penal, ya que inicialmente se hablaba de extender su vigencia hasta que el Poder Ejecutivo deje de aplicar el Decreto PCM-021-2020 que establece el estado de excepción.
La abrogación de la normativa contó con la votación de alrededor de 70 diputados, quienes deliberaron ampliamente y votaron de manera unánime.
La legalidad de la sesión de esta tarde fue contrarrestada por el oficialismo que dirige el Congreso Nacional, quien emitió un comunicado diciendo que la convocatoria de las sesiones ordinarias es potestad exclusiva del presidente de ese poder del Estado, es decir, de Mauricio Oliva.
En declaraciones a medios de comunicación el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que la sesión de este miércoles es ilegal y que los diputados que participaron en ella estarían incurriendo en delitos.
“No tienen argumento jurídico para realizar una reunión extraordinaria, puede que se trate de una reunión entre diputados, pero no una sesión extraordinaria del Congreso Nacional”, manifestó Zambrano.
La sesión fue convocada por cinco diputados: Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Además del marco jurídico nos respalda el clamor del pueblo”, dijo la diputada liberal, Karla Medal, quien exhortó al pueblo hondureño a unirse en torno al combate de la corrupción y la impunidad.
Lo ocurrido este miércoles en el Congreso de Honduras reviste un hecho histórico pues nunca había ocurrido algo similar.
Además de los abusos legales, Hernández y sus más cercanos colaboradores han sido vinculados a actos de corrupción y narcotráfico.
“Este es uno de los momentos trascendentales de Honduras no solamente se trata de un Código y de una sesión, no solamente se trata de eso (…) el momento histórico que atraviesa la nación hondureña es dramática que requiere revisar la traición de los políticos que se colocaron a espaldas del pueblo”, expresó al culminar la votación, el diputado Liberal, Darío Banegas.
La sesión de esta tarde y noche fue respaldada por los diputados de los partidos PINU, Libre, algunos de la bancada del Partido Liberal y de Alianza Patriótica y el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa.
El presidente de la bancada del partido Libre, Carlos Zelaya, propuso que se cree un Congreso paralelo y que partir de la fecha se dedique a derogar todas las leyes que el Partido Nacional ha aprobado en contra de los intereses del pueblo.
La sesión extraordinaria contó con el respaldo de varios sectores que se han venido oponiendo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, entre los que destacan, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Coalición Contra la Impunidad, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Tegucigalpa. –Después de 20 horas de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo pretendió desmarcarse del Congreso Nacional al anunciar que pedirá formalmente su derogación, en un juego político que ha sido desenmascarado por políticos, abogados y por la ciudadanía en general.
Mediante tres mensajes de Twitter el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dio a conocer la supuesta intención del jefe de gobierno, Juan Hernández, quien en su momento sancionó el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo instrumento jurídico que entró en vigor el jueves 25 de mayo.
Con relación al nuevo
Código Penal el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas
una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue
totalmente el mismo o en su caso se hagan reformas profundas
socializadas con todos los sectores.
El Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no obstante, pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y lucha contra la violencia las que no fueron consideradas.
Creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo código penal en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia. Es momento de escucharnos todos.
Los anteriores fueron los mensajes publicados por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz.
Al respecto el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, dijo a CRITERIO.HN que la postura del Ejecutivo es una jugada de aldea. “Recuerde que estos políticos de Honduras tienen visión de campanario, todo lo ven desde su propia perspectiva aldeana y creen que con eso limpian su imagen”.
También manifestó que lo que buscaba el gobierno y todos los políticos y empresarios que han sido imputados por corrupción, “ya está hecho y ya les favoreció”, porque ya entró en vigencia el Código.
A juicio de Orellana Mercado el gobierno está recurriendo a una estrategia para no desprestigiarse más de lo que ya está, porque “cayó a lo más bajo, se fue a lo más profundo de las cavernas de la indignidad, porque esas denuncias sobre el manejo de los fondos destinados para enfrentar la pandemia, eso es terrible, eso no tiene nombre”. Sin embargo, aclaró que, hagan lo que hagan el estigma de corruptos no se lo quitarán.
¿Por qué no se recurrió al veto”
De su lado el diputado por el departamento de Olancho del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo, pues dijo que el gobernante, tuvo en su momento el derecho al veto y no lo hizo.
“Por qué no lo vetó en su momento, por qué no hizo el veto presidencial, entonces que no venga con ese cuento”, acotó el congresista en el foro matutino de UneTV, quien el miércoles 24 de junio se unió a un grupo de 67 diputados de la oposición, que haciendo uso del artículo 191 de la Constitución convocaron a una sesión extraordinario y abrogaron el nuevo Código Penal, sin que esta acción tuviera efecto porque el control de la institucionalidad está manos del gobernante.
Por otra parte, apuntó que el Código Penal fue aprobado en la legislatura pasada, por lo que Hernández no puede sustraerse del tema o de responsabilidad, máxime con el autoritarismo que lo caracteriza y porque ya se sabe que él controla el Congreso y en particular a la Junta Directiva
“Me va a decir a mí Juan Orlando Hernández que él no sabía, que no se dio cuanta (…) que con el autoritarismo que tiene dentro del partido (Nacional) porque lo que el uso es intimidar, amenazar a la gente (…), eso es falso”, expresó Lobo.
Según el diputado, Hernández es el artífice del nuevo Código Penal y el precursor de una dictadura porque tiene bajo su control al Poder Legislativo y Judicial y a todos los entes de justicia.
El 25 de agosto del 2015, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, presentó ante el pleno de la cámara legislativa, la nueva normativa jurídica, que por su contenido desde el inicio ha sido rechazada por diversos sectores sociales, incluidos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, juristas, empresarios, la academia y organizaciones sociales.
El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por tres periodos de vacatio legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo y finalizó el miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media noche.
Desde el momento que entró en discusión, luego con su aprobación, e incluso, con algunas reformas aprobadas en el periodo de vacatio legis, Hernández contribuyó al sancionar el contenido y su promulgación en el diario Oficial La Gaceta para que la normativa tuviera fuerza legal.
En un comunicado el partido de gobierno manifestó que el nuevo Código no ha sido lo suficiente discutido y socializado con todos los sectores de la sociedad hondureña y que existen algunos aspectos que ameritan de un análisis objetivo.
«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.
Tegucigalpa.- El ejercicio periodístico y la
libertad de expresión están siendo violentados en Honduras, en medio de
la suspensión de garantías constitucionales dictadas por el régimen
para contener el impacto de la pandemia de coronavirus o covid19.
“Teniendo en cuenta que el ejercicio de la libertad de expresión ha sido violentado, los periodistas han sido objeto de ataques violentos por las fuerzas de seguridad del Estado. Ellos están sufrieron ataques en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, para evitar que realizaran su trabajo”, expresa una nota escrita el 2 de junio por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y dirigida al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Tegucigalpa. La representación diplomática del gobierno de Alemania en Honduras en materia de derechos humanos, expresó su consternación frente a la grave situación que sufren los líderes y activistas sociales, pidiendo a las autoridades hondureñas, entre otras cosas, proseguir con las investigaciones del caso de la comunidad de la etnia garífuna consternada por el secuestro de cinco de sus dirigentes.
La delegada del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos del Gobierno de Alemania, Bärbel Kofler, con motivo de la situación que la población hondureña adolece con el asesinato de defensores de derechos humanos, instó a las autoridades del gobierno de Honduras a avanzar con las investigaciones del rapto de los cinco garífunas desaparecidos desde el sábado pasado en horas de la mañana.
“Hago un llamado a las autoridades hondureñas para que prosigan con la investigación en el caso del secuestro de Albert Sneider Centeno, activista de los derechos de la etnia garífuna, y de otros tres habitantes socialmente comprometidos del municipio de Triunfo de la Cruz”, comunicó.
Nota relacionada Hombres armados detienen ilegalmente a líderes comunitarios de El Triunfo de la Cruz, Tela
La también delegada de la Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante el “asesinato de Scarleth Cambell, miembro de la organización LGTBI Asociación Arcoíris, y de Marvin Damian Castro Molina, miembro del movimiento de derecho humanos y medio ambiente MASSvida”.Y “pido a las autoridades hondureñas que hagan todo lo posible para enjuiciar a los responsables”, solicitó la representante de la diplomacia alemana en Honduras.
La diplomática del país europeo se refirió además al contexto de hostilidad que en las últimas semanas el ejercicio periodístico en Honduras ha denunciado con el asesinato de comunicadores sociales y asedio a medios de comunicación críticos al gobierno.
Por lo que, en el contexto de prevalecer la garantía del respeto de los derechos humanos, “No me conmociona menos el asesinato de dos periodistas, Germán Vallecillo y Jorge Posas, en La Ceiba a principios de julio”, acotó.
También la funcionaria se refirió ante la hostilidad sufrida por el periodista Milton Benítez, “cuya oficina fue objeto de vandalismo a principios de julio”.
“Es terrible que se secuestren y asesinen a personas que defienden la tolerancia y los derechos de los demás o que, como periodistas, cuestionan la realidad política y social, especialmente durante la crisis de la Covid-19, en la que la sociedad debería estar unidad”.
Y, “por lo tanto, hago un llamado al Gobierno de Honduras que proteja efectivamente el derecho a la vida y a la integridad física y para que se preserve el margen de acción de la sociedad civil”, concluyó la diplomática del gobierno alemán.
Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA
Giorgio Trucchi | Rel UITAEl pasado 31 de mayo se cumplió un año de la injusta detención de Rommel Herrera Portillo. El joven fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el marco de una movilización de médicos y maestros contra la privatización de salud y educación.
Después de pasar casi 5 meses encerrado injustificadamente en una cárcel de máxima seguridad, en octubre pasado, Rommel fue trasladado al hospital psiquiátrico “Mario Mendoza”.
La decisión fue tomada por el juez a raíz del dictamen de Medicina Forense, donde se evidenciaba “daño psiquiátrico condicionado por el aparecimiento de trastorno mixto de ansiedad y depresión”.
En diferentes ocasiones, el equipo de defensa, integrado por Cofadeh y el abogado Omar Menjivar, solicitó una revisión de medidas cautelares para que Rommel pudiese defenderse en libertad.
También pidió procedimiento abreviado para que el tribunal recalificara los delitos por el cual estaba acusado.
Hasta el momento todos los intentos han fracasado, el joven maestro sigue encerrado y su condición continúa deteriorándose.
“Desde que se decretó emergencia sanitaria no hemos podido comunicarnos con él. El mes pasado hasta restringieron la posibilidad de entregarle comida casera”, dijo a La Rel, Juan Carlos Herrera, papá de Rommel.
“La pocas noticias que tenemos nos llegan a través del personal de seguridad del hospital. Rommel está cada vez más aislado, más triste y deprimido. Estamos muy preocupados”, agregó.
La audiencia inicial estaba prevista para el 16 de abril, pero fue suspendida a raíz de la pandemia. De momento no se conoce la nueva fecha.
Un año difícil
“La fiscalía se ha negado a acercar posiciones y ha sobredimensionado las acusaciones contra Rommel.
Vivimos en zozobra por no saber qué va a pasar con el cipote. La única esperanza que tenemos es que en el juicio se demuestre lo absurdo de todo esto”, manifestó Herrera.
Para él no hay dudas de que el caso de Rommel y demás presos políticos están siendo usados por el gobierno para engendrar miedo en todas aquellas personas que protestan y luchan en defensa de los derechos.
Asimismo condenó la complicidad de Estados Unidos en el caso, y el servilismo del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Ministerio Público.
“Cada vez es más evidente que este régimen se está ensañando con mi hijo con el objetivo de generar terror entre quienes estamos comprometidos con la lucha.
El mensaje es claro: tengan cuidado porque esto es lo que les puede pasar si siguen con protestas y luchas populares”, concluyó Juan Carlos Herrera.
Discriminación y abandono denuncia pueblo garífuna en plena pandemia
- 23/05/2020
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, condena el
asesinato de Edwin Fernández, un joven garífuna de la comunidad Río
Tinto, Tela, Atlántida, encargado de cuidar las llaves del portón de
seguridad, que fue establecido como medida preventiva en medio de la
pandemia de Covid-19.Edwin fue asesinado la noche del 20 de mayo frente a sus hijos. Cuando se disponía a descansar sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda para quitarle la vida. Según su familia el crimen se produjo en represalia por no habilitar el paso en la comunidad.
La comunidad garífuna de Río Tinto se ubica en el parque nacional Blanca Jeannette Kawas. Su principal vía de acceso es por lancha, pero hace unos meses personas ajenas a la comunidad dedicadas al cultivo de palma africana y actos reñidos con la ley abrieron una brecha, para acceder por tierra al sector denuncia de la Ofraneh.
“El trasiego de estupefacientes vía marítima ha incrementado en las últimas semanas en el caribe, a pesar del show mediático de la armada de Estados Unidos, quien ha desplegado en el último mes un supuesto mega operativo antidrogas”, publicó la organización en su página oficial ante el asesinato del líder garífuna.
A raíz de la pandemia por el Covid-19, las comunidades garífunas instalaron un protocolo de seguridad para evitar la propagación del virus, ante el racismo y abandono por parte del Estado hondureño.
Hay retenes de control donde se fumigan los carros y las personas. Centros de acopio de alimentos para personas de escasos recursos. Como parte de su cultura ancestral elaboran tés o infusiones para fortalecer el sistema inmunológico, además, su propio gel desinfectante.
Sin embargo, el protegerse contra el Covid-19, les está generando más amenazas, discriminación y muerte que, viene de los sectores violentos que utilizan el territorio garífuna para sus actos ilícitos, denunció en Radio Progreso Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh.
Solo en 2019, al menos 16 garífunas fueron asesinados – en su mayoría- por defender su territorio ancestral. “Durante la pandemia otro compañero de Cortés recibió un atentando por cuidar la comunidad”, dijo Miriam Miranda con indignación resaltando que los garífunas tienen derecho a cuidarse contra el virus, así como lo hace la gente en las grandes ciudades.
Miriam describe la realidad de las comunidades garífunas con dolor. El abandono del Estado es más palpable con la pandemia y el crimen organizado está atemorizando más a su gente, porque el Covid-19 no ha logrado poner en cuarentena el negocio de las drogas.
La Ofraneh denuncia que las comunidades en la zona norte del país, son utilizadas como punto de desembarco de drogas por bandas criminales en aparente complicad con las autoridades, provocando miedo y violencia contra el pueblo garífuna.
Edwín Fernández (37) dirigente garífuna asesinado
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Federación del pueblo garifuna de Honduras
Disrrumpiendo la democracia en Honduras: libertarios neorreaccionarios y apertura de ZEDE en Roatán
Con la inauguración el pasado 6 de mayo de la “ciudad modelo” (ZEDE) PROSPERA
en la isla de Roatán, se dio inicio a un experimento en gobernanza
impulsado por Pronomos Capital, empresa perteneciente a Petyer Thiel y
Patri Friedam, los que a través de Seasteades convocaron en el 2015 a
una conferencia en san Francisco, California, a la que denominaron “Disrrumpiendo la democracia en Honduras”.
Como invitado especial a la conferencia de Seasteaders se encontraba Juan Orlando Hernández, el que ante los episodios de manifestaciones publicas que cundían Honduras, desistió de acudir a dicha conferencia.
Posteriormente el portal de las ZEDE en la internet, hizo publico una “aclaratoria” en la que desentendían totalmente de la conferencia y señalaban que las ZEDE no se encontraba ligada a ninguno tipo de experimento de gobernanza.
Tanto Thiel como Friedman han publicado artículos en CATO donde señalan sus dudas sobre la democracia como forma de gobierno, incluso Thiel no oculta sus tendencias a favorecer la corriente de la “ilustración oscura” ademas de criticar la democracia cono un sistema de gobierno
Ciertamente la democracia liberal burguesa se encuentra en crisis, siendo Honduras uno de los países donde ha sido frecuentemente manipulada desde el eje de poder imperial en el continente. Pero a pesar de todas las ignominias cometidas en su nombre, hasta la fecha es una de las formas de gobierno que pretende ubicar el respeto hacia los derechos humanos como uno de sus ejes mas vitales.
La instauración de las ciudades modelos en Roatán, van más allá de una simple Zona Económica Especial al tener la característica adicional de una especie de tabula rasa en materia legal, que se puede convertir fácilmente en nuevas formas de tiranía donde se darán lugar a experimentos sociales y tecnológicos.
La falta de transparencia que se ha dado durante la última década en Honduras, acompañada de la aprobación de una ristra de leyes desde un poder legislativo controlado más por una mafia que un partido político, ha generado el desmantelamiento de los sistemas de salud y educación al mismo tiempo que se ha militarizado totalmente los estamentos de la sociedad hondureña, sin que se haya remediado de forma veraz los altos índices de violencia que se registran en el país.
El golpe del poder legislativo al judicial, acontecido en diciembre 12 de 2012, defenestró la independencia de poderes, teniendo como resultado la liquidación de la Corte Constitucional, la que se convirtió en un adorno al servicio del poder ejecutivo.
Los “políticos” que se prestaron a inicios del milenio a la idea de la ciudades modelo, las que fueron en un inicio promovidas por Paul Romer – el cual posteriormente se retiró ante la ausencia de transparencia- hoy en día se encuentran buena parte de ellos, incorporados a expedientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como copartícipes en el trafico de estupefacientes y el trasiego de armas largas.
Es interesante que el organismo rector de las ZEDE haya emitido un comunicado, desligándose de experimentos de gobernanza y ahora sean los mismos promotores de la conferencia “Disrrumpiendo la democracia en Honduras” en San Francisco, los que aparecen como la empresa promotora de la ZEDE PROGESA. Cabe señalar que el comunicado, fue eliminado del portal de las ZEDE.
Efectivamente desde el año 2009, existe una premedita disrrupción de la democracia en el país, que se estremeció con el golpe de estado fabricado por la elite de poder local, con el apoyo de la administración Clinton-Obama. Para el 2012 -casualmente el mismo año del golpe al poder judicial- Honduras alcanzó a tener 92 muertos por cada cien mil habitantes, superando países en guerra declaradas. En la ultima década se han dado alrededor de 70 mil muertos y 500 masacres, siendo estas cifras un indicador del colapso post golpe de Estado.
Por supuesto que Honduras se merece algo mucho mejor, y que en cierta forma la ZEDES en algunos lugares del planeta han sido útiles para remediar la supuesta pobreza, no obstante la versión ZEDE con su tercerización de justicia y seguridad, tal vez confiera cierta seguridad para los inversionistas, pero no para los ciudadanos de Honduras, sometidos a una dictadura civil. Conceder el beneficio de la duda a los inversionistas se puede equiparar a una total confianza a un gobierno de mano dura manejado por presuntos criminales.
Dado en la Ciudad de la Ceiba, primero de junio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Como invitado especial a la conferencia de Seasteaders se encontraba Juan Orlando Hernández, el que ante los episodios de manifestaciones publicas que cundían Honduras, desistió de acudir a dicha conferencia.
Posteriormente el portal de las ZEDE en la internet, hizo publico una “aclaratoria” en la que desentendían totalmente de la conferencia y señalaban que las ZEDE no se encontraba ligada a ninguno tipo de experimento de gobernanza.
Tanto Thiel como Friedman han publicado artículos en CATO donde señalan sus dudas sobre la democracia como forma de gobierno, incluso Thiel no oculta sus tendencias a favorecer la corriente de la “ilustración oscura” ademas de criticar la democracia cono un sistema de gobierno
Ciertamente la democracia liberal burguesa se encuentra en crisis, siendo Honduras uno de los países donde ha sido frecuentemente manipulada desde el eje de poder imperial en el continente. Pero a pesar de todas las ignominias cometidas en su nombre, hasta la fecha es una de las formas de gobierno que pretende ubicar el respeto hacia los derechos humanos como uno de sus ejes mas vitales.
La instauración de las ciudades modelos en Roatán, van más allá de una simple Zona Económica Especial al tener la característica adicional de una especie de tabula rasa en materia legal, que se puede convertir fácilmente en nuevas formas de tiranía donde se darán lugar a experimentos sociales y tecnológicos.
La falta de transparencia que se ha dado durante la última década en Honduras, acompañada de la aprobación de una ristra de leyes desde un poder legislativo controlado más por una mafia que un partido político, ha generado el desmantelamiento de los sistemas de salud y educación al mismo tiempo que se ha militarizado totalmente los estamentos de la sociedad hondureña, sin que se haya remediado de forma veraz los altos índices de violencia que se registran en el país.
El golpe del poder legislativo al judicial, acontecido en diciembre 12 de 2012, defenestró la independencia de poderes, teniendo como resultado la liquidación de la Corte Constitucional, la que se convirtió en un adorno al servicio del poder ejecutivo.
Los “políticos” que se prestaron a inicios del milenio a la idea de la ciudades modelo, las que fueron en un inicio promovidas por Paul Romer – el cual posteriormente se retiró ante la ausencia de transparencia- hoy en día se encuentran buena parte de ellos, incorporados a expedientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como copartícipes en el trafico de estupefacientes y el trasiego de armas largas.
Es interesante que el organismo rector de las ZEDE haya emitido un comunicado, desligándose de experimentos de gobernanza y ahora sean los mismos promotores de la conferencia “Disrrumpiendo la democracia en Honduras” en San Francisco, los que aparecen como la empresa promotora de la ZEDE PROGESA. Cabe señalar que el comunicado, fue eliminado del portal de las ZEDE.
Efectivamente desde el año 2009, existe una premedita disrrupción de la democracia en el país, que se estremeció con el golpe de estado fabricado por la elite de poder local, con el apoyo de la administración Clinton-Obama. Para el 2012 -casualmente el mismo año del golpe al poder judicial- Honduras alcanzó a tener 92 muertos por cada cien mil habitantes, superando países en guerra declaradas. En la ultima década se han dado alrededor de 70 mil muertos y 500 masacres, siendo estas cifras un indicador del colapso post golpe de Estado.
Por supuesto que Honduras se merece algo mucho mejor, y que en cierta forma la ZEDES en algunos lugares del planeta han sido útiles para remediar la supuesta pobreza, no obstante la versión ZEDE con su tercerización de justicia y seguridad, tal vez confiera cierta seguridad para los inversionistas, pero no para los ciudadanos de Honduras, sometidos a una dictadura civil. Conceder el beneficio de la duda a los inversionistas se puede equiparar a una total confianza a un gobierno de mano dura manejado por presuntos criminales.
Dado en la Ciudad de la Ceiba, primero de junio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Cantante Katheryn Banegas explota y envía fuerte mensaje al presidente Hernández
IN 20 / 06 / 2020 12: 05 PM BY Hondudiario Redacción
***La artista visitó al
presidente Hernández luego de ganar el tercer lugar de La Academia y en
su publicación dio a conocer que fue una “trampa”.
Tegucigalpa, Honduras
La
cantante hondureña Katheryn Banegas y quien se dio a conocer luego de
participar en el reality show “La Academia” en México luego de ganar el
tercer lugar, explotó en su cuenta de Twitter, luego de perder a su
abuela paterna, por causas que aun se desconocen.
En un fuerte mensaje contra el presidente
Juan Orlando Hernández, lamentó el sistema sanitario del país y uno de
las razones por la que varios hondureños están perdiendo la vid,
principalmente durante esta pandemia.
“Te detesto desde que empezaste a mal
gobernar y usurpaste tu puesto, te detesto desde el día que te conocí
por culpa de mis “manejadores” (que los corrieron por andar en las
mismas mañas que las tuyas), me hicieron una trampa y sin mi
autorización, me dejaron mal parada”, dijo en un primer tuit.
“Para
que vos quedarás bien “apoyando al talento”, tu circo de siempre; pero
HOY te detesto más, por la mísera de sistema de salud que le dejas a
este pobre pueblo, te detesto porque no te importa los muertos, creo en
la justicia del Dios; pero te detesto @JuanOrlandoH”, concluyó.
Rápidamente
la publicación ha causado revuelo en esa red social, con muchos
mensajes de sus seguidores, quienes le muestran sus condolencias por la
perdida irreparable de su ser querido. Hondudiario
Te detesto desde que empezaste a mal gobernar y usurpaste tu puesto, te detesto desde el día que te conocí por culpa de mis “manejadores” (que los corrieron por andar en las mismas mañas que las tuyas), me hicieron una trampa y sin mi autorización, me dejaron mal parada para…— Katheryn (@katherynBanegas) June 20, 2020
URL Corta: https://bit.ly/3dq4SbC
Publicado el 2 Junio, 2020
Así mismo ha señalado que «cuando un pueblo llega al hartazgo ya se pueden tener la cantidad de policías que se tenga y serán insuficientes» , agregando que «la aprobación del nuevo Código Penal es esa rodilla en el cuello de cada hondureño» .
¡Histórico! Congreso extraordinario decide abrogar nuevo Código Penal en Honduras
junio 24, 2020
Redaccion
El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por dos periodos de Vacatio Legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo finalizee miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media nocheredaccion@criterio.hn
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.-Tras convocar a una histórica sesión extraordinaria en el Congreso Nacional invocando el artículo 191 de la Constitución de la República, las bancadas de la oposición aprobaron este miércoles la abrogación de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
La inédita sesión legislativa se instaló tras la elección de una junta directiva presidida por el diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla y se eligió en el cargo de secretarios a los diputados, Jorge Cálix y Sobeyda Andino, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, respectivamente. También se eligió vicepresidentes a los diputados del PINU, Doris Gutiérrez, David Reyes y Luis Fuentes.
Lea además: Nuevo Código Penal sigue siendo un fantasma para los hondureños
La auto convocatoria de los diputados además de ser respaldada por el artículo 191 de la Constitución que reza: «un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones», también tiene su origen en la determinación de la bancada del gobernante Partido Nacional que este día se negó a convocar a sesión legislativa.Originalmente la sesión extraordinaria había sido convocada ante la urgencia de extender por tercera vez la Vacatio Legis como una medida para liberar a la sociedad hondureña de la entrada en vigencia del cuestionado nuevo Código Penal, que vulnera los derechos humanos y beneficia los delitos ligados a la corrupción.
Gracias a un ambiente legislativo de consenso democrático entre las distintas bancadas, la sesión extraordinaria tomó un giro inesperado tras la propuesta de la congresista de Libertad y Refundación, Scherly Arriaga, que propuso abrogar el nuevo Código Penal, ya que inicialmente se hablaba de extender su vigencia hasta que el Poder Ejecutivo deje de aplicar el Decreto PCM-021-2020 que establece el estado de excepción.
La abrogación de la normativa contó con la votación de alrededor de 70 diputados, quienes deliberaron ampliamente y votaron de manera unánime.
El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por dos periodos de Vacatio Legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo y finaliza este miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media noche.Legalidad de la sesión
La legalidad de la sesión de esta tarde fue contrarrestada por el oficialismo que dirige el Congreso Nacional, quien emitió un comunicado diciendo que la convocatoria de las sesiones ordinarias es potestad exclusiva del presidente de ese poder del Estado, es decir, de Mauricio Oliva.
En declaraciones a medios de comunicación el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que la sesión de este miércoles es ilegal y que los diputados que participaron en ella estarían incurriendo en delitos.
“No tienen argumento jurídico para realizar una reunión extraordinaria, puede que se trate de una reunión entre diputados, pero no una sesión extraordinaria del Congreso Nacional”, manifestó Zambrano.
La sesión fue convocada por cinco diputados: Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Además del marco jurídico nos respalda el clamor del pueblo”, dijo la diputada liberal, Karla Medal, quien exhortó al pueblo hondureño a unirse en torno al combate de la corrupción y la impunidad.
Lo ocurrido este miércoles en el Congreso de Honduras reviste un hecho histórico pues nunca había ocurrido algo similar.
Honduras se enfrenta a una nueva crisis política, que representa la continuidad del fraude y la reelección ilegal de Juan Hernández, quien desde la semana pasada se mantiene al margen de sus funciones luego de informar que había sido contagiado de Covid-19.Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional en el 2010 y en el ejercicio de su fusión de cuatro años, logró aprobar un marco legal institucional que lo favoreció para luego convertirse en presidente en 2014 y lograr el control absoluto de la institucionalidad hondureña. Muestra de ello fue su postulación ilegal para su reelección en el 2017 y convertirse nuevamente en el titular del Poder Ejecutivo.
Además de los abusos legales, Hernández y sus más cercanos colaboradores han sido vinculados a actos de corrupción y narcotráfico.
“Este es uno de los momentos trascendentales de Honduras no solamente se trata de un Código y de una sesión, no solamente se trata de eso (…) el momento histórico que atraviesa la nación hondureña es dramática que requiere revisar la traición de los políticos que se colocaron a espaldas del pueblo”, expresó al culminar la votación, el diputado Liberal, Darío Banegas.
La sesión de esta tarde y noche fue respaldada por los diputados de los partidos PINU, Libre, algunos de la bancada del Partido Liberal y de Alianza Patriótica y el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa.
El presidente de la bancada del partido Libre, Carlos Zelaya, propuso que se cree un Congreso paralelo y que partir de la fecha se dedique a derogar todas las leyes que el Partido Nacional ha aprobado en contra de los intereses del pueblo.
La sesión extraordinaria contó con el respaldo de varios sectores que se han venido oponiendo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, entre los que destacan, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Coalición Contra la Impunidad, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Diputadas de la oposición no irán a sesión para reformar Código Penal abrogado
julio 1, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN - redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- De manera oficial las diputadas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luis Borjas, Olivia Zúniga Cáceres, y Scherly Arriaga, han anunciado que no asistirán a ninguna reunión convocada por el Congreso Nacional, con fines de discutir reformas al nuevo Código Penal, que fue abrogado en la sesión extraordinaria del pasado 24 de junio.
El anuncio lo hizo la diputada, Scherly Arriaga, en su cuenta de Twitter, informando además que tuvo conversaciones con diputadas de los partidos, Liberal y PINU, que forman parte de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, quienes le informaron que tampoco participaran en esas maniobras del ala oficialista.
El Pasado 24 de junio 67 diputados y diputadas de la oposición convocadas por cinco legisladores que invocaron el artículo 191 de la Constitución de la República, se reunieron en Sesión Extraordinaria y aprobaron abrogar el nuevo Código Penal. El Decreto aprobado ha sido enviado al Poder Ejecutivo y esperan que el presidente Juan Hernández lo sancione y lo mande a publicar, el próximo 4 de julio.
Sin embargo, más temprano, el diputado del PINU, Luis Redondo, denunció la intención que tienen los parlamentarios oficialistas de desconocer lo aprobado en la Sesión Legislativa del 24 de junio y proponer reformas suntuarias de ese Código Penal, que ha sido rechazado por la sociedad por contener preceptos favorables a las operaciones del crimen organizado.
Redondo denunció que, para tal fin, los diputados del Partido Nacional y sus aliados, estarían utilizando a las organizaciones de mujeres ofreciéndoles reformar los artículos del Código Penal que reducen penas en los diversos delitos que las afectan a ellas.
Tegucigalpa.- De manera oficial las diputadas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luis Borjas, Olivia Zúniga Cáceres, y Scherly Arriaga, han anunciado que no asistirán a ninguna reunión convocada por el Congreso Nacional, con fines de discutir reformas al nuevo Código Penal, que fue abrogado en la sesión extraordinaria del pasado 24 de junio.
El anuncio lo hizo la diputada, Scherly Arriaga, en su cuenta de Twitter, informando además que tuvo conversaciones con diputadas de los partidos, Liberal y PINU, que forman parte de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, quienes le informaron que tampoco participaran en esas maniobras del ala oficialista.
El Pasado 24 de junio 67 diputados y diputadas de la oposición convocadas por cinco legisladores que invocaron el artículo 191 de la Constitución de la República, se reunieron en Sesión Extraordinaria y aprobaron abrogar el nuevo Código Penal. El Decreto aprobado ha sido enviado al Poder Ejecutivo y esperan que el presidente Juan Hernández lo sancione y lo mande a publicar, el próximo 4 de julio.
Sin embargo, más temprano, el diputado del PINU, Luis Redondo, denunció la intención que tienen los parlamentarios oficialistas de desconocer lo aprobado en la Sesión Legislativa del 24 de junio y proponer reformas suntuarias de ese Código Penal, que ha sido rechazado por la sociedad por contener preceptos favorables a las operaciones del crimen organizado.
Redondo denunció que, para tal fin, los diputados del Partido Nacional y sus aliados, estarían utilizando a las organizaciones de mujeres ofreciéndoles reformar los artículos del Código Penal que reducen penas en los diversos delitos que las afectan a ellas.
El juego político de Hernández sobre el Código Penal ¿Por qué no lo vetó?
junio 26, 2020
Redaccion
Diputado nacionalista, Jorge Lobo, se pregunta por qué si Hernández no está de acuerdo con el nuevo Código Penal por qué no acudió al veto presidencialPor: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, dice que el propósito de los corruptos ya surtió efecto con la entrada en vigencia del Código y que ahora lo que hay es una estrategia del gobierno por miedo a seguirse desprestigiando
Tegucigalpa. –Después de 20 horas de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo pretendió desmarcarse del Congreso Nacional al anunciar que pedirá formalmente su derogación, en un juego político que ha sido desenmascarado por políticos, abogados y por la ciudadanía en general.
Mediante tres mensajes de Twitter el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dio a conocer la supuesta intención del jefe de gobierno, Juan Hernández, quien en su momento sancionó el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo instrumento jurídico que entró en vigor el jueves 25 de mayo.
Lea además: ¡Histórico! Congreso extraordinario decide abrogar nuevo Código Penal en Honduras
El Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no obstante, pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y lucha contra la violencia las que no fueron consideradas.
Creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo código penal en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia. Es momento de escucharnos todos.
Los anteriores fueron los mensajes publicados por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz.
Al respecto el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, dijo a CRITERIO.HN que la postura del Ejecutivo es una jugada de aldea. “Recuerde que estos políticos de Honduras tienen visión de campanario, todo lo ven desde su propia perspectiva aldeana y creen que con eso limpian su imagen”.
También manifestó que lo que buscaba el gobierno y todos los políticos y empresarios que han sido imputados por corrupción, “ya está hecho y ya les favoreció”, porque ya entró en vigencia el Código.
A juicio de Orellana Mercado el gobierno está recurriendo a una estrategia para no desprestigiarse más de lo que ya está, porque “cayó a lo más bajo, se fue a lo más profundo de las cavernas de la indignidad, porque esas denuncias sobre el manejo de los fondos destinados para enfrentar la pandemia, eso es terrible, eso no tiene nombre”. Sin embargo, aclaró que, hagan lo que hagan el estigma de corruptos no se lo quitarán.
¿Por qué no se recurrió al veto”
De su lado el diputado por el departamento de Olancho del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo, pues dijo que el gobernante, tuvo en su momento el derecho al veto y no lo hizo.
“Por qué no lo vetó en su momento, por qué no hizo el veto presidencial, entonces que no venga con ese cuento”, acotó el congresista en el foro matutino de UneTV, quien el miércoles 24 de junio se unió a un grupo de 67 diputados de la oposición, que haciendo uso del artículo 191 de la Constitución convocaron a una sesión extraordinario y abrogaron el nuevo Código Penal, sin que esta acción tuviera efecto porque el control de la institucionalidad está manos del gobernante.
Por otra parte, apuntó que el Código Penal fue aprobado en la legislatura pasada, por lo que Hernández no puede sustraerse del tema o de responsabilidad, máxime con el autoritarismo que lo caracteriza y porque ya se sabe que él controla el Congreso y en particular a la Junta Directiva
“Me va a decir a mí Juan Orlando Hernández que él no sabía, que no se dio cuanta (…) que con el autoritarismo que tiene dentro del partido (Nacional) porque lo que el uso es intimidar, amenazar a la gente (…), eso es falso”, expresó Lobo.
Según el diputado, Hernández es el artífice del nuevo Código Penal y el precursor de una dictadura porque tiene bajo su control al Poder Legislativo y Judicial y a todos los entes de justicia.
El 25 de agosto del 2015, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, presentó ante el pleno de la cámara legislativa, la nueva normativa jurídica, que por su contenido desde el inicio ha sido rechazada por diversos sectores sociales, incluidos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, juristas, empresarios, la academia y organizaciones sociales.
El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por tres periodos de vacatio legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo y finalizó el miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media noche.
Desde el momento que entró en discusión, luego con su aprobación, e incluso, con algunas reformas aprobadas en el periodo de vacatio legis, Hernández contribuyó al sancionar el contenido y su promulgación en el diario Oficial La Gaceta para que la normativa tuviera fuerza legal.
Noticia Relacionada: Hernández pide reformas al Código Penal, pero no incluye delitos vinculados a la corrupción
El 8 de mayo pasado, previo al vencimiento del segundo periodo de vacatio legis, Hernández envío al Congreso Nacional algunas reformas al nuevo Código Penal que se limitan a la persecución de algunos delitos de la delincuencia común y organizada, obviando los delitos vinculados a la corrupción y narcotráfico que están haciendo daño a la población hondureña con crímenes y robo de oportunidades y que son favorecidos con el nuevo instrumento jurídico.Noticia: Partido Nacional pide que se amplíe vacatio legis al Código Penal
El Partido Nacional, presidido por el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, entró en la misma estrategia del Poder Ejecutivo al pedir una nueva prórroga a la vacatio legis para entablar un proceso de socialización.En un comunicado el partido de gobierno manifestó que el nuevo Código no ha sido lo suficiente discutido y socializado con todos los sectores de la sociedad hondureña y que existen algunos aspectos que ameritan de un análisis objetivo.
«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.
Tegucigalpa.-
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH), junto al Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), realizaron un análisis y
observaciones del nuevo Código Penal que entrará en vigencia el próximo
25 de junio.
Dicho código estuvo en suspenso luego de
extenderse en varias ocasiones la vacatio legis, debido a presiones
ejercidas por la sociedad civil y otros sectores de la sociedad
hondureña, que consideran a dicha normativa, como una regresión en
materia de derechos humanos y un escudo de impunidad para proteger a
quienes incurren en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y
tráfico de drogas.
Ivania
Galeano y Laura Vargas expertas en el tema de los derechos humanos e
integrantes de la OACNUDH, expusieron el análisis y las observaciones al
personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) a través de una sesión virtual desarrollada en la
plataforma Skype, el día miércoles 17 de junio.
Cabe señalar que el proceso de discusión
del nuevo Código no fue ampliamente discutido ni consensuado con todos
los sectores de la sociedad hondureña. El texto definitivo, nunca pudo
conocerse con exactitud, y tampoco las bancadas de oposición en el
Congreso Nacional tuvieron la oportunidad de analizarlo y discutirlo.
En la exposición, las expertas se
enfocaron específicamente en un análisis del código desde la perspectiva
de los derechos humanos. En ese sentido abordaron la tipificación de
delitos como la injuria y la calumnia, la criminalización de la protesta
social, la libertad de expresión y crímenes de lesa humanidad como la
desaparición forzada y la tortura.
Ivania Galeano expuso que en los
artículos relacionados a la libertad de expresión, reunión y asociación,
tal y como están redactados, representarían una restricción a la libre
circulación de las ideas que se expongan tanto en medios de comunicación
tradicionales (radio, televisión, prensa escrita) como en las redes
sociales.
Citando el artículo 573 relativo al
delito “desórdenes públicos”, la definición se puede calificar como
censura previa, sostuvo Galeano.
Respecto
a los delitos como la injuria y la calumnia (artículos 229 y 230), la
experta señaló que la OACNUDH ha reiterado su recomendación de
sustraerlos del ámbito penal y trasladarlos al campo de lo civil.
El nuevo código penaliza las críticas o
cuestionamientos que puedan expresarse contra instituciones bancarias,
en donde se puede atentar contra la reputación y el buen nombre.
En relación a las movilizaciones y actos
de protesta que puedan presentarse en el país, la OACNUDH analizó los
delitos: Reuniones y manifestaciones ilícitas (artículo 553), Asociación
para Delinquir, Perturbación del Orden Público y Asociación Terrorista.
Al respecto Ivania Galeano dijo que la
redacción de dichas tipificaciones son ambiguas y que no distinguen
responsabilidades penales respecto a los organizadores y participantes.
“Es ambiguo y por lo tanto puede tener un impacto disuasivo”, acotó.
El delito conocido como “asociación para
delinquir”, que sustituyó al de “asociación ilícita”, es una copia del
Código Penal de España, y su definición es extremadamente amplia, por lo
que quedaría a discreción de los fiscales para su aplicación y de los
jueces para su sanción. La redacción abunda en vaguedad.
El delito de “perturbación del orden
público”, cae también en la esfera de la vaguedad, es muy amplio y no
establece las conductas a penalizar, sostuvo Galeano.
Respecto al delito de “asociación
terrorista”, la definición es muy vaga y amplia y además no cumple con
el estándar internacional.
Foto
de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente a la amenaza
de la extracción minera en Tocoa, Colón, Honduras. Ellos permanecen
privados de libertad en una cárcel de Olanchito y La Ceiba
De la exposición se deduce que el nuevo
código penal será el instrumento para limitar la labor de los defensores
y defensoras de derechos humanos y criminalizar la protesta social,
tanto a los organizadores como a los participantes.
Por su parte, Laura Vargas apuntó que
existen algunos avances, especialmente con la inclusión del delito de
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
y que están contenidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Dichos delitos tienen el carácter de imprescriptibles.
A pesar de lo expuesto, Vargas cuestionó
que la sanción no abarca a la cadena de mando, es decir no se castigará
al funcionario o agente del estado que dio la orden de detener,
secuestrar, torturar y desaparecer, sino al ejecutor del hecho.
La experta sí destacó que dicho delito
está contemplado en dos vías. La primera como delito autónomo (que
incluye agravantes y atenuantes) y en la otra; como crimen de lesa
humanidad.
Vargas dijo que la OACNUDH solicitó que dicho delito se incluya también en ámbitos como la trata de personas y la inmigración.
En cuanto a las torturas, Vargas señaló
que en el nuevo código, las penas se ven reducidas y lamentó que la
Fiscalía no haya presentado requerimientos en los que se tipifique dicho
delito.
Dentro de su amplia experiencia, el
COFADEH conoce muy bien este aspecto, ya que el caso conocido como
“Sequeira”, en el cual, un hombre murió producto de las torturas
propinadas por agentes policiales en la propia jefatura, los jueces que
ventilaron el caso, desestimaron la imputación del delito de torturas, y
en su lugar lo fijaron como “vejámenes” y no se condenó al jefe
policial ni a los torturadores.
En reacción a la exposición brindada por
parte del equipo de OACNUDH, la Coordinadora General del COFADEH,
Bertha Oliva, dijo con relación a la desaparición forzada, que hace
falta contemplar varios aspectos dentro del proceso de investigación
como las exhumaciones, así como la búsqueda de justicia, verdad,
reparación y memoria.
En respuesta, Ivania Galeano respondió
que lo mejor sería proponer una Ley Especial de Víctimas de Desaparición
Forzada y sus Familiares y recomendó al COFADEH exponer esa iniciativa
al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
El 10 de mayo de 2019 fue publicado en
el Diario Oficial La Gaceta el decreto número 130-2017 contentivo del
nuevo Código Penal que entraría en vigencia en noviembre de 2019,
derogando el decreto número 144-83 que contiene el código penal vigente.
La OACNUDH que se estableció en Honduras
en el año 2015, ha brindado acompañamiento a la articulación 611, una
plataforma que aglutina a varias organizaciones de derechos humanos, con
el propósito de incidir ante el Congreso Nacional (CN) para la revisión
y adecuación del entonces proyecto de ley. Dicho espacio compartió
observaciones y recomendaciones, sin embargo muy pocas de las
sugerencias fueron incluidas en el nuevo Código Penal.
COFADEH denuncia al régimen de JOH ante la CIDH por ataques a la prensa
Por Marc Allas -
4 junio, 2020“Teniendo en cuenta que el ejercicio de la libertad de expresión ha sido violentado, los periodistas han sido objeto de ataques violentos por las fuerzas de seguridad del Estado. Ellos están sufrieron ataques en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, para evitar que realizaran su trabajo”, expresa una nota escrita el 2 de junio por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y dirigida al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH
La nota enfoca su denuncia en eventos acontecidos en la ciudad de
Choluteca, en el sur del país, donde fuerzas de seguridad del régimen
atacaron a periodistas, reporteros y comunicadores sociales que brindan
cobertura a protestas y manifestaciones que exigen alimentos y trabajo a
causa de los toques de queda, cierre de empresas y suspensión del
transporte público y privado.
Si bien, no existen restricciones para el ejercicio periodístico en los decretos aprobados por el régimen de Juan Orlando Hernández que contemplan los toques de queda y la suspensión de garantías constitucionales, reporteros y periodistas han sido víctimas de malos tratos y detenciones ilegales por parte de agentes del estado.
La misiva destaca que “en Honduras, es altamente peligroso el ejercicio de la protesta social y aún más la difusión de las mismas. Es así que en Honduras, el uso desproporcionado de la fuerza es reiterado e intencional. Desde el golpe de Estado en 2009, la ilustre Comisión documentó la muerte de al menos 7 personas producto del uso desproporcionado de la fuerza. En la crisis post electoral de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (0ACNUDH) documentó por lo menos 23 muertos”.
En medio de la pandemia de covid19, n diferentes regiones se han producido protestas exigiendo al gobierno alimentos para poder sobrellevar la cuarentena. Los protestantes se han concentrado en las principales vías de acceso a las ciudades.
Al menos 67 de las manifestaciones públicas, han estado marcadas por la fuerte represión policial y militar, que ha sido criticada por varios organismos y organizaciones de derechos humanos. Los agentes antidisturbios han disparado bombas lacrimógenas, balas de goma y balas convencionales (“bala viva”) contra los manifestantes, resultando, al menos 10 personas heridas y cientos detenidas.
Entre abril y junio de 2019, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas que tuvieron lugar en el país. El 20 de junio, el gobierno desplegó al ejército para controlar las protestas, con consecuencias lamentables. Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas durante esta ola de represión, muchas de ellas con armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad o armas menos letales, como gas lacrimógeno o balas de goma.
En este mismo período se reflejó un patrón de ataques contra periodistas y comunicadores sociales en el marco de las protestas sociales en Choluteca. El 21 de abril de 2019 agentes de la Policía lanzaron gases lacrimógenos directamente contra una periodista del canal Crtv Choluteca, que cubría la protesta y que había recibido amonestaciones de que “dejara de grabar”.
En igual situación fueron agredidos el 6 de abril de 2019, periodistas del canal de televisión Metro TV, cuando elementos de la Policía Nacional arrojaron gases lacrimógenos al interior del edificio donde funciona el medio, que se vio obligado a interrumpir la programación televisiva de ese día. También resultó afectado el periodista Bladimir Rivera, de Canal 51.
Bajo este contexto el COFADEH, instó al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, a “mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis sanitaria, señalar y recomendar al Estado de Honduras sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Recordarle que cualesquier medida u acto debe de tener los derechos humanos como límite. Recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos deben cumplir con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Y finalmente “exigirle al Estado tomar medidas categóricas para detener el proceder inaudito de la Policía en Choluteca, que garantice una investigación efectiva, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados”.
Ver Carta: Comunicacion RELATORIA Caso Choluteca
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Abogados y líderes sociales coinciden que la sesión extraordinaria instalada el pasado miércoles 24 de junio por 67 diputados no representa un Congreso paralelo y que tampoco será un ingrediente que repunte una nueva crisis política.
Sin embargo, para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la sesión del Congreso del pasado jueves podría ser la antesala de una nueva crisis política, y que lo aprobado tiene legitimidad política, pero no sustento legal.
Si bien, no existen restricciones para el ejercicio periodístico en los decretos aprobados por el régimen de Juan Orlando Hernández que contemplan los toques de queda y la suspensión de garantías constitucionales, reporteros y periodistas han sido víctimas de malos tratos y detenciones ilegales por parte de agentes del estado.
La misiva destaca que “en Honduras, es altamente peligroso el ejercicio de la protesta social y aún más la difusión de las mismas. Es así que en Honduras, el uso desproporcionado de la fuerza es reiterado e intencional. Desde el golpe de Estado en 2009, la ilustre Comisión documentó la muerte de al menos 7 personas producto del uso desproporcionado de la fuerza. En la crisis post electoral de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (0ACNUDH) documentó por lo menos 23 muertos”.
En medio de la pandemia de covid19, n diferentes regiones se han producido protestas exigiendo al gobierno alimentos para poder sobrellevar la cuarentena. Los protestantes se han concentrado en las principales vías de acceso a las ciudades.
Al menos 67 de las manifestaciones públicas, han estado marcadas por la fuerte represión policial y militar, que ha sido criticada por varios organismos y organizaciones de derechos humanos. Los agentes antidisturbios han disparado bombas lacrimógenas, balas de goma y balas convencionales (“bala viva”) contra los manifestantes, resultando, al menos 10 personas heridas y cientos detenidas.
Entre abril y junio de 2019, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas que tuvieron lugar en el país. El 20 de junio, el gobierno desplegó al ejército para controlar las protestas, con consecuencias lamentables. Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas durante esta ola de represión, muchas de ellas con armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad o armas menos letales, como gas lacrimógeno o balas de goma.
En este mismo período se reflejó un patrón de ataques contra periodistas y comunicadores sociales en el marco de las protestas sociales en Choluteca. El 21 de abril de 2019 agentes de la Policía lanzaron gases lacrimógenos directamente contra una periodista del canal Crtv Choluteca, que cubría la protesta y que había recibido amonestaciones de que “dejara de grabar”.
En igual situación fueron agredidos el 6 de abril de 2019, periodistas del canal de televisión Metro TV, cuando elementos de la Policía Nacional arrojaron gases lacrimógenos al interior del edificio donde funciona el medio, que se vio obligado a interrumpir la programación televisiva de ese día. También resultó afectado el periodista Bladimir Rivera, de Canal 51.
Bajo este contexto el COFADEH, instó al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, a “mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis sanitaria, señalar y recomendar al Estado de Honduras sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Recordarle que cualesquier medida u acto debe de tener los derechos humanos como límite. Recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos deben cumplir con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Y finalmente “exigirle al Estado tomar medidas categóricas para detener el proceder inaudito de la Policía en Choluteca, que garantice una investigación efectiva, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados”.
Ver Carta: Comunicacion RELATORIA Caso Choluteca
Es erróneo llamarlo Congreso paralelo porque es legal y no creará nueva crisis política
junio 29, 2020
Redaccion
Ismael Moreno vaticina que similares circunstancias se darán en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Abogados y líderes sociales coinciden que la sesión extraordinaria instalada el pasado miércoles 24 de junio por 67 diputados no representa un Congreso paralelo y que tampoco será un ingrediente que repunte una nueva crisis política.
Sin embargo, para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la sesión del Congreso del pasado jueves podría ser la antesala de una nueva crisis política, y que lo aprobado tiene legitimidad política, pero no sustento legal.
Raúl Pineda Alvarado
El miércoles 24 de junio los 67
diputados, que participaron en la sesión extraordinaria, fueron
convocados por cinco congresistas quienes, para llevar a cabo dicho
acto, se ampararon en el artículo 191 de la Constitución de la
República.
Pero contrario a lo que piensa Pineda Alvarado, hay otros juristas, como Joaquín Mejía, Omar Menjivar y Abencio Fernandez, que están seguros que la sesión extraordinaria del Congreso fue legal, y que no podría causar una nueva crisis política, sino una manifestación más de los graves problemas permanentes que vive el país desde el golpe de Estado del 2009.
Para Joaquín Mejía, experto en derecho internacional, esa sesión legislativa, desarrollada por 67 diputados del Congreso Nacional es legítima. Y además considera que es un error llamarlo Congreso paralelo.
Asegura, que es el Congreso Nacional el que se reunió ese día con 67 diputados y diputadas que fueron elegidas en las elecciones generales del 2017. “Entonces me parece que llamarlo de otra forma es deslegitimarlo y es como pensar o decir que hay otro Congreso que sí es legítimo”, afirmó.
Dejó claro, que ese Congreso instalado por la oposición tiene legitimidad porque la Constitución de la Republica establece dos requisitos para que las sesiones extraordinarias sean legítimas. Primeramente, que sean convocadas por un mínimo de cinco diputados y diputadas y luego, que exista una situación que impide la celebración de una sesión en el Congreso Nacional.
Y en ese sentido puntualiza que se cumple el primer requisito porque la sesión fue convocada por 5 diputados y que en segundo lugar sí había un impedimento para celebrar sesiones, “porque el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva se ha convertido en la cuna del autoritarismo, donde es él el que decide quien habla y quién no.
Lea además: ¡Histórico! Congreso extraordinario decide abrogar nuevo Código Penal en Honduras
En esa sesión extraordinaria, los congresistas aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal que violenta derechos fundamentales como la libertad de expresión, entre otros y establece medidas para favorecer a los corruptos, narcotraficantes y violadores sexuales, que serán beneficiados con la reducción de condenas y el desaparecimiento de delitos.Pero contrario a lo que piensa Pineda Alvarado, hay otros juristas, como Joaquín Mejía, Omar Menjivar y Abencio Fernandez, que están seguros que la sesión extraordinaria del Congreso fue legal, y que no podría causar una nueva crisis política, sino una manifestación más de los graves problemas permanentes que vive el país desde el golpe de Estado del 2009.
Para Joaquín Mejía, experto en derecho internacional, esa sesión legislativa, desarrollada por 67 diputados del Congreso Nacional es legítima. Y además considera que es un error llamarlo Congreso paralelo.
Asegura, que es el Congreso Nacional el que se reunió ese día con 67 diputados y diputadas que fueron elegidas en las elecciones generales del 2017. “Entonces me parece que llamarlo de otra forma es deslegitimarlo y es como pensar o decir que hay otro Congreso que sí es legítimo”, afirmó.
Dejó claro, que ese Congreso instalado por la oposición tiene legitimidad porque la Constitución de la Republica establece dos requisitos para que las sesiones extraordinarias sean legítimas. Primeramente, que sean convocadas por un mínimo de cinco diputados y diputadas y luego, que exista una situación que impide la celebración de una sesión en el Congreso Nacional.
Y en ese sentido puntualiza que se cumple el primer requisito porque la sesión fue convocada por 5 diputados y que en segundo lugar sí había un impedimento para celebrar sesiones, “porque el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva se ha convertido en la cuna del autoritarismo, donde es él el que decide quien habla y quién no.
Joaquín Mejía
Planteó, que el artículo 192 de la
Constitución de la Republica establece claramente que las sesiones del
Congreso Nacional se van a instalar cuando se reúnan la mitad más uno y
la Asamblea legislativa la conforman 128 diputados, donde la mitad más
uno son 65. Y por lo tanto, expresa que es una sesión parlamentaria
constitucional y legítima del Congreso Nacional, donde no estuvo el
oficialismo que es el que ha estado impidiendo que se realicen las
sesiones.
Además, sostuvo que esa acción solo podría generar violencia de parte de quienes tienen la violencia en sus manos, de los que controlan la policía y a los militares, que son, el jefe de Gobierno, Juan Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el sector oficialista, que desde el 2009 se ha mostrado represivo con la población incluso en este momento de la pandemia.
Apuntó, que los diputados oficialistas ya presentaron una denuncia en el Ministerio Público acusando criminalmente a sus compañeros que desarrollaron la sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Y que espera que la Fiscalía actué de la misma manera “diligentemente, como lo hizo con denuncias contra el fraude electoral y las violaciones de los derechos humanos”.
En ese sentido también mencionó, que en enero del 2014 el Congreso manejado por Oliva, aprobó ilegalmente cuando ya no estaba en funciones, la Ley del Poder Legislativo para protegerse de las acusaciones por corrupción y que esa legislación, también favorece ahora a los diputados que ellos están acusando.
La denuncia contra estos diputados es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero a juicio de Mejía, la abogada que representa el Congreso “es un poco lenta la pobre”, porque entre otras cosas acusa a los diputados de abuso de autoridad, un delito que ya no existe porque el nuevo Código Penal, que ellos dicen que ya está vigente, no lo contiene.
Especificó, que derivado de las actuaciones del Congreso, existen dos actos jurídicos válidos. Primero la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que es legal y luego, la abrogación que hizo el Congreso Nacional, en la sesión del miércoles 24 de junio, que también es legítima. Pero aclara, que solo está vigente una, porque la abrogación no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo, una situación que demuestra la hipocresía de Juan Hernández y Ebal Díaz, cuando dicen que hay que derogar ese Código.
Reiteró, que la situación si podría generar mayor profundización de la crisis que desde el 2009 no ha sido resuelta, pero no una nueva crisis social o política, porque desde ese momento se ha deteriorado la institucionalidad democrática y se ha creado mayor desconfianza en las instituciones públicas.
Consultado sobre el mismo tema, el abogado, Abencio Fernandez, afirma que la crisis del país ya está planteada entre una facción que representa al gobierno y otra encarnada en los intereses del pueblo y de la sociedad en general, que rechaza a un nuevo Código Penal, que por un lado y criminaliza la protesta y la oposición y por otro reduce las penas y favorece a los criminales.
Además, sostuvo que esa acción solo podría generar violencia de parte de quienes tienen la violencia en sus manos, de los que controlan la policía y a los militares, que son, el jefe de Gobierno, Juan Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el sector oficialista, que desde el 2009 se ha mostrado represivo con la población incluso en este momento de la pandemia.
Apuntó, que los diputados oficialistas ya presentaron una denuncia en el Ministerio Público acusando criminalmente a sus compañeros que desarrollaron la sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Y que espera que la Fiscalía actué de la misma manera “diligentemente, como lo hizo con denuncias contra el fraude electoral y las violaciones de los derechos humanos”.
En ese sentido también mencionó, que en enero del 2014 el Congreso manejado por Oliva, aprobó ilegalmente cuando ya no estaba en funciones, la Ley del Poder Legislativo para protegerse de las acusaciones por corrupción y que esa legislación, también favorece ahora a los diputados que ellos están acusando.
La denuncia contra estos diputados es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero a juicio de Mejía, la abogada que representa el Congreso “es un poco lenta la pobre”, porque entre otras cosas acusa a los diputados de abuso de autoridad, un delito que ya no existe porque el nuevo Código Penal, que ellos dicen que ya está vigente, no lo contiene.
Especificó, que derivado de las actuaciones del Congreso, existen dos actos jurídicos válidos. Primero la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que es legal y luego, la abrogación que hizo el Congreso Nacional, en la sesión del miércoles 24 de junio, que también es legítima. Pero aclara, que solo está vigente una, porque la abrogación no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo, una situación que demuestra la hipocresía de Juan Hernández y Ebal Díaz, cuando dicen que hay que derogar ese Código.
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Se preguntó, “¿Por qué no lo vetaron? o ¿por qué no sancionan la abrogación?, son unos sinvergüenzas, lo que tienen que hacer es terminar con el proceso constitucional de promulgación y sanción de la Ley, el Congreso ya aprobó la abrogación y lo envió al Ejecutivo y lo que sigue de acuerdo con la Constitución es que en el término de 10 días lo sancione o lo vete” sentenció Mejía.Reiteró, que la situación si podría generar mayor profundización de la crisis que desde el 2009 no ha sido resuelta, pero no una nueva crisis social o política, porque desde ese momento se ha deteriorado la institucionalidad democrática y se ha creado mayor desconfianza en las instituciones públicas.
Consultado sobre el mismo tema, el abogado, Abencio Fernandez, afirma que la crisis del país ya está planteada entre una facción que representa al gobierno y otra encarnada en los intereses del pueblo y de la sociedad en general, que rechaza a un nuevo Código Penal, que por un lado y criminaliza la protesta y la oposición y por otro reduce las penas y favorece a los criminales.
Abencio Fernández
A juicio de Fernández, el Congreso
instalado por la oposición no es paralelo, porque la misma Constitución
les da la potestad de reunirse de esa manera y que los nacionalistas y
sus aliados no estuvieron, porque son los que han estado violentando esa
obligación de reunirse como Congreso.
Sostiene que no es un Congreso de la oposición sino el Congreso Nacional, porque tiene toda la legalidad para convocar a sesión extraordinaria.
Según Fernández, la represión del Estado ya ha iniciado desde el momento en que presentaron la denuncia al Ministerio Público. Y no descarta que en esta ocasión, el Fiscal General, Oscar Chinchilla si actué para presentar el requerimiento. Sin embargo, señala que el gobierno solo se sostiene por las armas porque carece legitimidad y de credibilidad y que por esa razón es difícil que siga abriendo más frentes de oposición.
“Ahorita no tenemos presidente y no creo que esté enfermo”, dice Fernández, lamentando que Juan Hernández, no haya nombrado a uno de sus designados para que lo cubra en su puesto y que resuelva la crisis, “pero es un canalla un cobarde que se fue a esconder cuando hemos tocado fondo”, insistió.
Coincide en que el Código está vigente, pese al discurso hipócrita de Juan Hernández y del Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, cuando dicen que van a derogar algunos artículos o abrogar esa legislación. Criticó que Hernández tuvo la oportunidad de vetarlo en el 2019 cuando el Congreso Nacional se lo envió después de aprobarlo. Pero no lo hizo, sino que lo sancionó y “ahora me parece hipócrita y oportunista, que dice eso para desviar la atención del robo de los 100 mil millones de esa pandemia terrible, que la gente está tirada en el suelo y se está muriendo”.
Por su parte, el abogado penalista y ex Fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar, manifiesta en torno al tema, que mucha gente se refiere a la sesión extraordinaria celebrada por la mayoría de los diputados de asamblea legislativa, como un Congreso paralelo. Sin embargo, esa es una de las posibilidades que establece la Constitución de la República cuando las sesiones del Congreso se ven interrumpidas por el Poder Ejecutivo o la Junta Directiva.
Reveló, que la Constitución señala que cinco diputados pueden convocar y se instalará la sesión extraordinaria con la mitad más uno. Y en esa sesión participaron 67 congresistas opositores del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y por eso los nacionalistas y sus aliados rechazan los acuerdos.
Menjívar explica, que no es que los diputados de la oposición hayan elegido otra Junta Directiva para suplantar a la de Oliva, sino que esa sesión tenía que ser presidirla por alguien y que alguien debía recoger los acontecimientos y que por esa razón nombraron a un presidente, un secretario y los demás secretarios que eran necesarios.
Sostiene que no es un Congreso de la oposición sino el Congreso Nacional, porque tiene toda la legalidad para convocar a sesión extraordinaria.
Según Fernández, la represión del Estado ya ha iniciado desde el momento en que presentaron la denuncia al Ministerio Público. Y no descarta que en esta ocasión, el Fiscal General, Oscar Chinchilla si actué para presentar el requerimiento. Sin embargo, señala que el gobierno solo se sostiene por las armas porque carece legitimidad y de credibilidad y que por esa razón es difícil que siga abriendo más frentes de oposición.
“Ahorita no tenemos presidente y no creo que esté enfermo”, dice Fernández, lamentando que Juan Hernández, no haya nombrado a uno de sus designados para que lo cubra en su puesto y que resuelva la crisis, “pero es un canalla un cobarde que se fue a esconder cuando hemos tocado fondo”, insistió.
Coincide en que el Código está vigente, pese al discurso hipócrita de Juan Hernández y del Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, cuando dicen que van a derogar algunos artículos o abrogar esa legislación. Criticó que Hernández tuvo la oportunidad de vetarlo en el 2019 cuando el Congreso Nacional se lo envió después de aprobarlo. Pero no lo hizo, sino que lo sancionó y “ahora me parece hipócrita y oportunista, que dice eso para desviar la atención del robo de los 100 mil millones de esa pandemia terrible, que la gente está tirada en el suelo y se está muriendo”.
Por su parte, el abogado penalista y ex Fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar, manifiesta en torno al tema, que mucha gente se refiere a la sesión extraordinaria celebrada por la mayoría de los diputados de asamblea legislativa, como un Congreso paralelo. Sin embargo, esa es una de las posibilidades que establece la Constitución de la República cuando las sesiones del Congreso se ven interrumpidas por el Poder Ejecutivo o la Junta Directiva.
Reveló, que la Constitución señala que cinco diputados pueden convocar y se instalará la sesión extraordinaria con la mitad más uno. Y en esa sesión participaron 67 congresistas opositores del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y por eso los nacionalistas y sus aliados rechazan los acuerdos.
Menjívar explica, que no es que los diputados de la oposición hayan elegido otra Junta Directiva para suplantar a la de Oliva, sino que esa sesión tenía que ser presidirla por alguien y que alguien debía recoger los acontecimientos y que por esa razón nombraron a un presidente, un secretario y los demás secretarios que eran necesarios.
Omar Menjívar
Advirtió que de acuerdo con la
Constitución, en estas sesiones solo puede tratarse de un punto
específico y los diputados que se reunieron así lo hicieron, tratando el
tema de la abrogación del Código Penal, una acción que ya no representa
ningún peligro para el país.
Ratifica que la abrogación del Código Penal es legítima, pero que no será vigente si el Ejecutivo no la sanciona y manda a publicar. Y claro está que no lo van a hacer porque Ebal Díaz ya mandó la nota al Congreso Nacional solicitando reformas profundas o la derogación de esa Ley. Menjívar dice que si el Presidente tuviera voluntad lo único que tiene que hacer es sancionar y publicar lo ya aprobado por los diputados.
Estimó que el desconocimiento que hace el Ejecutivo del acuerdo de abrogación del Código es una falta para la Asamblea y la idea de mandarle un mensaje a la población de que ellos son los que mandan y que si derogan esa Ley es porque ellos así lo quieren.
Sobre el particular, CRITERIO.HN también consultó la opinión del sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, quien no descarta un repunte, pero de la crisis sin resolver que mantiene Honduras desde el golpe de Estado del 2009. Apreció que lo acontecido en el Congreso no conducido por la oficialidad de la extrema derecha, representada por Mauricio Oliva es la expresión de la ingobernabilidad existente en el país.
Ratifica que la abrogación del Código Penal es legítima, pero que no será vigente si el Ejecutivo no la sanciona y manda a publicar. Y claro está que no lo van a hacer porque Ebal Díaz ya mandó la nota al Congreso Nacional solicitando reformas profundas o la derogación de esa Ley. Menjívar dice que si el Presidente tuviera voluntad lo único que tiene que hacer es sancionar y publicar lo ya aprobado por los diputados.
Estimó que el desconocimiento que hace el Ejecutivo del acuerdo de abrogación del Código es una falta para la Asamblea y la idea de mandarle un mensaje a la población de que ellos son los que mandan y que si derogan esa Ley es porque ellos así lo quieren.
Sobre el particular, CRITERIO.HN también consultó la opinión del sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, quien no descarta un repunte, pero de la crisis sin resolver que mantiene Honduras desde el golpe de Estado del 2009. Apreció que lo acontecido en el Congreso no conducido por la oficialidad de la extrema derecha, representada por Mauricio Oliva es la expresión de la ingobernabilidad existente en el país.
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El sacerdote dice, que el Estado ya no tiene la capacidad para producir procesos nacionales, porque el sector que lo ha conducido desde el golpe de Estado está deteriorado por la voracidad de robar y porque ya perdió todo tipo de credibilidad y aunque a veces digan la verdad la inmensa mayoría no les cree. Y pronosticó, que expresiones como la ocurrida en el Congreso Nacional se van a seguir dando en otras instituciones como el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia, en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.
Ismael Moreno
Porque “esta ingobernabilidad nos ha
llevado a un país de las sorpresas y cualquier cosa puede ocurrir”,
apunta Moreno, quien insta a la formación de una amplia alianza con
todos los sectores políticos, sociales y los movimientos que luchan por
la tierra, el medioambiente y empresarios honestos para recuperar el
proceso electoral y conducirlo con garantías limpias o para recuperar la
patria sacando a Juan Hernández de la Presidencia.
No obstante, afirma que el proceso electoral también es incierto y que es difícil que esa unidad de la oposición pueda sobreponerse a las acciones criminales de quienes están decididos a volver a utilizar las elecciones como un instrumento más para avanzar hacia la consolidación de una dictadura.
Entre tanto, el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa, es del criterio que la crisis política solo podría generarse si los diputados nacionalistas deciden mantenerse unidos contra los 67 parlamentarios de la oposición que se instalaron como Congreso para abrogar el nuevo Código Penal.
Sustenta, que las perspectivas son amplias porque podrían pasar de una junta directiva provisional a una junta directiva permanente y provocar la crisis. No obstante, piensa que la oposición carece de la capacidad para mantenerse sólida y de soportar ese poder, pese a que sí existe un apoyo en la ciudadanía.
Instó, para que el próximo martes, cuando la sesión del Congreso Nacional sea presidida por Mauricio Oliva, que estos diputados de la oposición vuelvan a tocar el tema y abroguen de nuevo ese Código Penal.
Percibe, que la situación motivada por la sesión del miércoles anterior no dejara mayores consecuencias, porque el Ejecutivo no ha sido contundente en la petición enviada al Congreso y que por lo tanto no habrá mayor tensión. Que la Corte Suprema asume que la ley está vigente y que los jueces están recepcionando casos en su aplicación.
No obstante, afirma que el proceso electoral también es incierto y que es difícil que esa unidad de la oposición pueda sobreponerse a las acciones criminales de quienes están decididos a volver a utilizar las elecciones como un instrumento más para avanzar hacia la consolidación de una dictadura.
Entre tanto, el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa, es del criterio que la crisis política solo podría generarse si los diputados nacionalistas deciden mantenerse unidos contra los 67 parlamentarios de la oposición que se instalaron como Congreso para abrogar el nuevo Código Penal.
Sustenta, que las perspectivas son amplias porque podrían pasar de una junta directiva provisional a una junta directiva permanente y provocar la crisis. No obstante, piensa que la oposición carece de la capacidad para mantenerse sólida y de soportar ese poder, pese a que sí existe un apoyo en la ciudadanía.
Instó, para que el próximo martes, cuando la sesión del Congreso Nacional sea presidida por Mauricio Oliva, que estos diputados de la oposición vuelvan a tocar el tema y abroguen de nuevo ese Código Penal.
Percibe, que la situación motivada por la sesión del miércoles anterior no dejara mayores consecuencias, porque el Ejecutivo no ha sido contundente en la petición enviada al Congreso y que por lo tanto no habrá mayor tensión. Que la Corte Suprema asume que la ley está vigente y que los jueces están recepcionando casos en su aplicación.
Eric-sj celebra 40 años de caminar junto a las comunidades organizadas y en movimiento
- 28/05/2020
Elvin Hernández, investigador del ERIC-SJ, en proceso de formación con jóvenes.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, obra
apostólica de la Compañía de Jesús en Centroamérica, celebra 40 años de
acompañar al pueblo hondureño en procesos de formación política
ciudadana, investigaciones, análisis de la realidad y generar esperanzas
a través de la comunicación y educación popular.
Las cuatro décadas del Eric-sj están marcadas por huracanes, golpes de Estado, militarización y pandemias, desafiando así a la construcción de una sociedad con justicia, donde se garantice el respeto y goce los derechos humanos, dijo en Radio Progreso Elvin Hernández, investigador del Eric-sj.
Elvin cuenta que el Eric-sj ha estado en los momentos más difíciles de la historia de Honduras, en el cruce de los siglos. Nació en los 80 cuando estaba en su máxima expresión la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, que acarreó asesinatos y desapariciones forzadas de personas que levantaron su voz en contra de las violaciones cometidas por el Estado.
Con el cambio del modelo económico en la década de los 90, que trajo la instalación de la industria maquiladora, el Eric-sj dio voz a la clase trabajadora víctima de violaciones de derechos laborares. Y al cierre de esa década, como consecuencia de ese modelo, tuvo que estudiar a fondo el fenómeno violento y duro de las maras y pandillas para aportar elementos a la sociedad que ayudaran a entender por qué esa violencia y por qué la juventud.
Antes de finalizar el siglo 20, y con el impacto del huracán Mitch, el Eric-sj tuvo que transformarse. Dejó de ser un pequeño equipo investigativo para convertirse en un equipo amplio con dimensión social para impulsar procesos de organización, formación y movilización en defensa de los bienes naturales y de la inversión pública del Estado en los territorios.
Al cierre de la primera década del siglo 21: “el Eric-sj fue luz en medio de la oscuridad que provocó el golpe de Estado de 2009”, dice el investigador, refiriéndose a uno de los momentos más cruciales en la vida de la institución.
El cierre de Radio Progreso por militares y la ruptura del orden constitucional lo obligaron alzar la voz en denuncia firme por las violaciones a los derechos humanos que se dan de forma permanente. A pesar del hostigamiento y las amenazas a muerte logró tener mayor incidencia y presencia en los territorios con conflictividad social.
Elvin explica que una de las apuestas de la Compañía de Jesús a
través del Eric y Radio Progreso es estar en los territorios más
difíciles o desafiantes, y desde allí, con fe desde la justicia
construir una sociedad equitativa y digna para la gente. “Todo cuanto se
hace es por la gente, sin esperar reconocimiento alguno, porque así es
nuestra mística ignaciana”, agregó asegurando que la fuerza de los
mártires como Berta Cáceres y la gente más empobrecida de Honduras, es
el motor que mueve el trabajo de la institución.
Para conmemorar su presencia en el cruce de los siglos, el Eric-sj, planificó jornadas de análisis, acciones de incidencia y un concierto, sin embargo, la llegada de la pandemia del Covid-19, empujó a celebrar desde el acompañamiento de este momento de incertidumbre, con las investigaciones, la comunicación y el análisis del actual momento de encierros.
“El huracán Mitch desnudó la vulnerabilidad ambiental, el golpe de Estado precariedad institucional y la falta de consensos, pero el coronavirus desnuda la destrucción del tejido social humano”, dice Elvin apuntando que la gran tarea del Eric –sj, es trabajar junto a otros, propuestas que ayuden a rehacer ese tejido humano e institucional en Honduras.
En su 40 aniversario, el Eric-sj se desafía a la construcción de propuestas políticas que generen una transición hacia un gobierno democrático, porque el actual es conducido por una mafia corrupta vinculada al narcotráfico. Se desafía a aportar en la construcción de un nuevo modelo económico que, genere bienestar para el pueblo enfermo y hambriento; el más expuesto a la pandemia.
Las cuatro décadas del Eric-sj están marcadas por huracanes, golpes de Estado, militarización y pandemias, desafiando así a la construcción de una sociedad con justicia, donde se garantice el respeto y goce los derechos humanos, dijo en Radio Progreso Elvin Hernández, investigador del Eric-sj.
Elvin cuenta que el Eric-sj ha estado en los momentos más difíciles de la historia de Honduras, en el cruce de los siglos. Nació en los 80 cuando estaba en su máxima expresión la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, que acarreó asesinatos y desapariciones forzadas de personas que levantaron su voz en contra de las violaciones cometidas por el Estado.
Con el cambio del modelo económico en la década de los 90, que trajo la instalación de la industria maquiladora, el Eric-sj dio voz a la clase trabajadora víctima de violaciones de derechos laborares. Y al cierre de esa década, como consecuencia de ese modelo, tuvo que estudiar a fondo el fenómeno violento y duro de las maras y pandillas para aportar elementos a la sociedad que ayudaran a entender por qué esa violencia y por qué la juventud.
Antes de finalizar el siglo 20, y con el impacto del huracán Mitch, el Eric-sj tuvo que transformarse. Dejó de ser un pequeño equipo investigativo para convertirse en un equipo amplio con dimensión social para impulsar procesos de organización, formación y movilización en defensa de los bienes naturales y de la inversión pública del Estado en los territorios.
Al cierre de la primera década del siglo 21: “el Eric-sj fue luz en medio de la oscuridad que provocó el golpe de Estado de 2009”, dice el investigador, refiriéndose a uno de los momentos más cruciales en la vida de la institución.
El cierre de Radio Progreso por militares y la ruptura del orden constitucional lo obligaron alzar la voz en denuncia firme por las violaciones a los derechos humanos que se dan de forma permanente. A pesar del hostigamiento y las amenazas a muerte logró tener mayor incidencia y presencia en los territorios con conflictividad social.
Elvin explica que una de las apuestas de la Compañía de Jesús a
través del Eric y Radio Progreso es estar en los territorios más
difíciles o desafiantes, y desde allí, con fe desde la justicia
construir una sociedad equitativa y digna para la gente. “Todo cuanto se
hace es por la gente, sin esperar reconocimiento alguno, porque así es
nuestra mística ignaciana”, agregó asegurando que la fuerza de los
mártires como Berta Cáceres y la gente más empobrecida de Honduras, es
el motor que mueve el trabajo de la institución. Para conmemorar su presencia en el cruce de los siglos, el Eric-sj, planificó jornadas de análisis, acciones de incidencia y un concierto, sin embargo, la llegada de la pandemia del Covid-19, empujó a celebrar desde el acompañamiento de este momento de incertidumbre, con las investigaciones, la comunicación y el análisis del actual momento de encierros.
“El huracán Mitch desnudó la vulnerabilidad ambiental, el golpe de Estado precariedad institucional y la falta de consensos, pero el coronavirus desnuda la destrucción del tejido social humano”, dice Elvin apuntando que la gran tarea del Eric –sj, es trabajar junto a otros, propuestas que ayuden a rehacer ese tejido humano e institucional en Honduras.
En su 40 aniversario, el Eric-sj se desafía a la construcción de propuestas políticas que generen una transición hacia un gobierno democrático, porque el actual es conducido por una mafia corrupta vinculada al narcotráfico. Se desafía a aportar en la construcción de un nuevo modelo económico que, genere bienestar para el pueblo enfermo y hambriento; el más expuesto a la pandemia.
