¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Por Riccy Ponce -

28 julio, 2020

Diez días se cumplen hoy desde que Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto con los líderes garífunas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y el allegado a la comunidad, Junior Rafael Juárez Mejía, fueron separados de sus familias y comunidad por desconocidos armados que vestían como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y sobre cuyo paradero el Estado no ha dado respuesta.

Los territorios garífunas son el escenario de un conflicto histórico de desplazamiento forzado de las comunidades de sus territorios ancestrales por la avaricia de empresas del sector turismo, INTUR, Camatur, ITH y grupo INDURA , coludidas con el Estado de Honduras quien continúa sin cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenando a la población garífuna a la violencia y al desarraigo agudizado en los últimos años.

Previo a la desaparición de los cinco jóvenes, recientemente, el 21 de junio se registró el hallazgo del cuerpo sin vida en la comunidad de Punta Piedra del líder Antonio Bermúdez, y el 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto, el asesinato del integrante de la OFRANEH, Edwin Fernández, cuya vida fue arrebatada frente a su familia por no entregar la llave del portón de seguridad de su comunidad.

Existen indicios suficientes para identificar un patrón de violencia sistemática en contra de la población garífuna, una política de exterminio y desplazamiento para asegurar que sus paisajes, sus playas, sus territorios y toda su riqueza cultural esté a disposición plena del capital turístico. Se trata de ataques y crímenes en contra de liderazgos comunitarios, personas claves en las resistencias en contra del extractivismo y en la defensa de sus territorios ancestrales. Esta ola de crímenes y desapariciones no es nueva en Honduras, así como tampoco lo es la impunidad que ha cobijado a los criminales que han puesto en marcha esta política.

Según datos del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en la coyuntura de la emergencia por COVID-19, al menos siete personas se registran desaparecidas incluidos los líderes garífunas.

Los datos revelan un patrón similar a tres momentos críticos en Honduras: durante la década de los ochentas, cuando se registraron 184 personas desaparecidas, el Golpe de Estado en 2009, en el que al menos 13 personas fueron detenidas-desaparecidas, y la crisis post electoral, en cuyo contexto una persona más continúa desaparecida luego de ser detenida por agentes de seguridad.

Desde el 2009, en el contexto de Golpe de Estado se alertó del resurgimiento de la desaparición forzada como una herramienta de control social y político. Los hechos sostenidos hasta la fecha dejan claro que no se trata de raptos o secuestros comunes, sino que se enmarcan en un patrón de ejecución, en un perfil de víctimas y en un patrón de manejo de las investigaciones que asegura la impunidad de estos crímenes que tienen un nombre: desapariciones forzadas.

Por todo esto, desde la Coalición contra la Impunidad nos sumamos a la exigencia de aparición con vida de los cinco hermanos garífunas y respecto al manejo de la investigación demandamos:

1. Que esta no esté a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en vista de que los testimonios respecto de los hechos coinciden en un aparente involucramiento de dicha institución y existe un amplio antecedente de actos criminales en lo que esta se ha visto involucrada.
2. Nos sumamos a lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), para que la unidad especializada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, sean parte activa de la investigación.

Pero sobre todo demandamos respuestas integrales que aseguren la protección de la población garífuna, exigimos el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH como único medio real de mitigar las fuentes de los riesgos que enfrentan constantemente.
Queremos paz para nuestros hermanos y hermanas garífunas. Queremos vida y no muerte. Queremos que vivan en armonía con sus entornos desde sus cosmovisiones sin la mano criminal de la avaricia.

¡Porque sus vidas son nuestras vidas y porque las vidas garífunas también importan!

Honduras. 28 de julio, 2020 Coalición contra la Impunidad

Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Feminista Trans (AFET)
Asociación FIAN Honduras
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH)
Asociación LGTB Arcoíris de Honduras
Asociación Nacional de Personas Viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA)
Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-Participa)
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST)
Cáritas – Diócesis de San Pedro Sula
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES)
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
Centro de estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH)
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT)
Colectivo Diamantes Limeños
Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)
Crisálidas de Villanueva
Ecuménicas por el derecho a decidir
Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Espacio-ACI
Familia Franciscana Honduras (JPIC)
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional de Sida (FOROSIDA)
Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH)
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
Frente Amplio del COPEMH
Asociadas por lo Justo en Honduras (JASS)
Las Hormigas
Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA)
Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz en Honduras (MILPAH)
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
MUCA y Plataforma Agraria
Observatorio Permanente del Bajo Aguán
Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
Brigadas Paz Internacional (PBI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (PI)
Pastoral de Movilidad Humana (PMH)
Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC)
Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (REDMUDE)
Unión de Empresas y de Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC)
Vía Campesina
Protection International
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos

NO ES UN RAPTO, NO ES UN SECUESTRO… ES UNA DESAPARICIÓN FORZADA

Por defensores -

25 julio, 2020

Desde que Miguel Facussé y Rafael Ferrari sobrevolaban con sus amigos la extensa bahía de Tela, para soñar sus hoteles cinco estrellas y sus campos de golf atrapa turistas, los negros del caribe estorbaban en ese paisaje maravilloso.
Los gobiernos de liberales y nacionalistas, y sobre todo la dictadura de los golpistas hasta los días del Sisimite, se asociaron a ese gran proyecto racista de desplazamiento forzado del pueblo garífuna con leyes, sicarios, militares, financiamiento y lobby político por doquier.
En la mente de los capitalistas salvajes hay que explotar la riqueza de este litoral con grandes instalaciones turísticas que eleven las recaudaciones anuales de 150 a más de mil millones de dólares, como hacen Las Bahamas o Costa Rica.
Para imponer esa estrategia de fachada se aseguran que las municipalidades ribereñas tengan alcaldes sometidos a su dinámica de crimen organizado, que les permitan ejecutar la ley de ordenamiento territorial que destruye los títulos ancestrales y atacar al pueblo negro como enemigo de Intur, de la Camatur, del ITH y del grupo Indura.
Todos esos caballeros de sospechosa reputación que han llegado a cercar las playas, a contaminar los ríos que atraviesan el territorio negro y a dividir sus comunidades con sobornos y chantajes, todos ellos tienen conexión a la dictadura criminal.
Todo esto para decir que no es lo mismo raptar que desaparecer. Los cuatro dirigentes del pueblo garífuna fueron desaparecidos hace ocho días por militares disfrazados de delincuentes. Fueron desaparecidos en un estilo particular, porque estorban a este plan macabro de convertir el atlántico en el burdel de los narcotraficantes, igual que quieren hacer con el golfo de Fonseca en el sur.
“Se llevaron al Presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno, se llevaron a Milton Martínez, Suamy Álvarez y Gerardo Tróchez, que eran integrantes del Comité de Tierras de la comunidad”, narró a Radio Progreso, César Benedith, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Toda la comunidad Triunfo de la Cruz está bajo protección después de haber ganado el juicio por disputa del territorio con el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque los miserables representantes de la dictadura hayan alegado que los dueños son el pueblo Tolupan al que también persiguen y masacran.
“Nos están persiguiendo y desapareciendo por esos proyectos de muerte” dijo claramente Miriam Miranda, la presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, quien responsabiliza directamente a la dictadura de hernández, participante directa en esos mega proyectos destructores del mar.
Vivos se los llevaron vivos los queremos, es de nuevo la misma consigna de 1980 que estremece las calles de Honduras 40 años después.
En una década, hasta 1990, el Estado de Honduras, bajo la dirección del batallón de la muerte 3-16, el embajador siniestro de Washington Juan Demetrio Negroponte y la Aproh de Callejas y Ferrari, desaparecieron y asesinaron más de 250 liderazgos sociales y políticos.
El Estado irrespetó las sentencias condenatorias de 1986 y 1987, por eso hoy vuelve a reincidir en una práctica abominable con métodos similares, que podría volverse sistemática.
Sin embargo, el régimen ha negado responsabilidad en la desaparición de los 4 garífunas acusando a delincuentes disfrazados de policías militares, insinuando que los desaparecidos andaban en otros pasos como hizo Suazo Córdova y Álvarez en el pasado; pero los satíricos del pueblo han respondido con sarcasmo: “es al revés, fueron militares disfrazados de delincuentes en su uniforme oficial”.
Los antecedentes son abundantes en el sentido que las estructuras paralelas creadas por las mismas fuerzas armadas se disfrazaban como trabajadores del sanaa, la enee y de Hondutel, o como controladores de tránsito o depredadores de vectores domésticos, para penetrar a la intimidad de sus víctimas.
Actualmente, hay elementos suficientes a partir de hechos reportados en Lempira, Copán, Cortés, Atlántida, Colón, Tegucigalpa y Choluteca, entre otros, para afirmar que las fuerzas armadas mercenarias han creado un grupo sicario en medio del confinamiento social para eliminar opositores sociales y políticos.
El grupo de desplazamiento rápido está operando. A esta fecha la lista de liderazgos, de defensores y defensoras de derechos humanos, asesinados durante la pandemia del Covid-19, va en aumento cada vez. Páseme esa lista, por favor, compañera.
Las calles, las armas y la circulación están bajo el control exclusivo de los militares de Honduras. Ellos son los responsables de la expansión del virus y de la restricción de las libertades individuales. Son los responsables de la desaparición forzada de los líderes garífunas. Y de esta lista de asesinatos.
Esta noche, desde esta columna editorial, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a elevar sus voces frente a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Israel y de la Unión Europea, que amamantan la dictadura, que la nutren con su sangre, para que cesen esta práctica odiosa de la desaparición forzada.
La desaparición forzada de personas por razones políticas hace sangrar de dolor no solo a una familia directamente afectada, sino a su entorno comunitario, al vecindario de más allá, al país entero y a la humanidad en general, porque un ser humano debe respetarse en todo tiempo y en todo lugar, en toda circunstancia, por quien tiene el deber de protegerlo.
A los empresarios voraces del turismo cinco estrellas que quieren sembrar de burdeles y laboratorios todo el litoral atlántico, les decimos que se calmen. Con fascismo y racismo anti garífuna no van a poder llegar lejos de la playa con su proyecto de blanqueo.
A todos esos grupos interesados de la dictadura que mantienen desaparecidos en solidaridad a los dirigentes del Triunfo de la Cruz, en el mar o en tierra firme, les exigimos que los devuelvan con vida a su comunidad.
Si han comenzado a usar la calculadora para aumentar sus ganancias apartando físicamente a los habitantes del territorio en disputa, van a enfrentar un vasto movimiento de opinión pública que volverá con Berta Cáceres delante de los financiadores, el Banco Centroamericano, y sus socios en Europa.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 25 de julio de 2020

¿Dónde está el dinero? Campaña que demanda cárcel para funcionarios que matan al pueblo con la corrupción

20/07/2020

Movimientos sociales y populares de Honduras se pronuncian ante la crisis provocada por la emergencia del Covi-19 y el mal manejo de los fondos públicos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien señalan responsable de incrementar el sufrimiento de los pacientes con el virus y de la gente confinada sin dinero, ni comida.
El posicionamiento se hace hoy 20 de julio, día de la resistencia indígena y popular, para expresar la solidaridad con los pueblos que están severamente amenazados y oprimidos, como lo revela el caso de las comunidades garífunas aglutinadas en la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, donde 4 de sus integrantes están secuestrados desde el 18 de julio.
¿Dónde está el dinero?, es una campaña que busca animar todas las expresiones populares que no aceptan un confinamiento político, y que desde los cacerolazos y caravanas vehiculares demandan la aplicación de justicia para los funcionarios involucrados en la compra sobrevalorada de equipos de bioseguridad, hospitales móviles y bolsa de comida solidaria.
En Honduras la ciudadanía demanda la instalación de un sistema de veeduría independiente, y que un equipo de profesionales capacitados sean los encargados de manejar la emergencia y no el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, quien ha demostrado total incapacidad, hasta para dar las cifras de personas fallecidas e infectadas por virus.
En esta emergencia la vida de la población hondureña no está amenazada únicamente por el Covid-19, sino por el incremento de la violencia, desempleo y hambre. “Desde que comenzó la emergencia en marzo se han registrado 18 masacres y están en total impunidad”, dijo Bertha Oliva, coordinadora de Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Cofadeh durante la conferencia de prensa donde se lanzó la campaña nacional y motivó a la ciudadanía a participar en las acciones en demanda de cuentas de los fondos ejecutados.
Se ha puesto a disposición una página en Facebook, para que la gente comparta y encuentre contenido sobre las denuncias por corrupción, y para que desde los distintos espacios se implementen trabajos de auditoria social y vigilancia ciudadana.
“En este contexto robar dinero es asesinar”, dijo Christopher Castillo de la organización ambiental Arcah, explicando que ese dinero está destinado para salvar vidas, y en el momento que se omite ese fondo, se condena a la gente a morir, por ende, ese delito no prescribe, no solo en los jurídico sino en la memoria historia del pueblo.

¿Dónde está el dinero? es la consiga que aglutina todas las expresiones populares que buscan desnudar la práctica dictatorial del régimen que lidera Juan Orlando Hernández, y que en este momento amenaza la vida de toda la población hondureña, dijo en la conferencia.
Desde la campaña que aglutina a diversas organizaciones se anima a participar en las caravanas vehiculares que se han programado esta semana en reclamo de los fondos públicos para el manejo de la pandemia. Las caravanas inician este día (20/07/2020) en El Progreso, en los siguientes días se harán en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Tocoa, entre otras.

Partido Nacional de Honduras, el verdadero enemigo del pueblo

Por Libertad Digital

Publicado el 19 Julio, 2020

En Honduras el Partido Nacional lleva 12 años consecutivos de gobierno. Tomaron el poder tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en el año 2009.
En más de una década han sumido al país en un profunda pobreza y han cometido múltiples actos de corrupción que hasta la fecha se mantienen en la impunidad.
La prensa hondureña, los grupos económicos y políticos del país; se han encargado de enterrar la historia de las acciones violentas del Partido Nacional contra el pueblo en los últimos 80 años. Unos de esos hechos es la masacre de 1944 en la ciudad de San Pedro Sula, cuando Tiburcio Carias Andino mando a reprimir una manifestación en su contra, acción que dejo más de 70 víctimas.
El Partido Nacional ha estado históricamente vinculado a las dictaduras militares, a la entrega de la soberanía nacional, a las masacres y a los golpes de estado como el de 1963 y el de 2009.
Estos antecedentes históricos son utilizados para comparar el Gobierno de Hernández con la dictadura de Tiburcio Carias Andino, quien asesinaba a sus opositores. En el año 2017, mas de 40 hondureños fueron asesinados por oponerse al fraude electoral de Juan Orlando Hernández.
En la época moderna nada ha cambiado, desde la década del 1990 que Rafael Leonardo Callejas llegara al poder, el Partido Nacional se encargo de entregar el país a las transaccionales.
Esta sede del Partido Nacional es pintada en cada una de las movilizaciones que realiza el pueblo hondureño, en un acto de protesta contra un partido que ha sido participe de masacres y actos de corrupción en el transcurso de los años.
El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, los actos de corrupción durante la pandemia del COVID-19, y la implicación de Hernández en el trafico de drogas, son más elementos que confirman el espíritu de ese partido.
En las próximas elecciones a celebrarse en el 2021, el Partido Nacional correría la misma suerte que su par histórico, el Partido Liberal; quienes fueron regalados a una tercera fuerza política en el país.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.

DEL OCÉANO AL ROCÍO CORRUPTOS

Por defensores -

18 julio, 2020

El poder absoluto ha corrompido absolutamente a la mafia cachureca y liberal que mantiene al pueblo hondureño manos arriba, con el apoyo de mercenarios uniformados.
Están robando todo, están asaltando a gran escala, y ya no se esconden de nadie. Es un atraco multi-millonario junto al BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y ustedes ya conocen la lista que sigue: los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que respaldan esta basura.
Esta generación de rateros disfrazados de narcos honorables está convencida que ningún Estado quiebra, por destruido y miserable que se encuentre después de un cataclismo, un huracán, una erupción volcánica en cadena, una tempestad desbordante, una guerra, un golpe de Estado o una pandemia.
El hecho de ser reconocido por la ONU le garantiza a cada Estado parte una personalidad jurídica que lo hace sujeto de crédito y endeudarlo es el deporte favorito de las mafias incluidas las corporaciones financieras y las transnacionales diversas, que se hacen pagar los empréstitos con recursos naturales, mujeres, niños, cocaína, heroína, con iglesias o con hospitales de guerra sobrevalorados.
El sábado pasado nos ocupamos un poco como casi todos en Honduras del atraque del famoso barco turco a las aguas profundas de Puerto Cortés, en el Océano Atlántico. Los turcos, expertos en la fabricación de armas, estructuras metálicas y hospitales de guerra, fueron contactados por la élite corrupta de Honduras y de Miami. Hicieron negocios.
Pero a este momento, cinco meses después de iniciada la crisis mortal, es imposible encontrar una explicación lógica a lo que está pasando en medio de la pandemia, en medio del llanto por la muerte de seres queridos y por el estrés de la masacre laboral.
Una operación de compra iniciada en marzo por el Estado de Honduras, a través de su mafia local de corruptos en alianza con la mafia internacional de Miami, debió haber concluido en junio con 7 hospitales instalados a un precio de 2.5 millones de dólares cada uno.
Pero de esos 7 hospitales sólo llegaron 2 armatostes la semana pasada con facturas adulteradas en relación al precio original acordado. Y no fueron adulteradas por los fabricantes, sino por los intermediarios incluida la empresa estatal inversiones de Honduras.
En este momento, cada uno de los dos hospitales de guerra retenidos en las aduanas de Puerto Cortés, tiene un precio de 7.5 millones de dólares estadounidenses; en total, una sobrevaloración de casi 11 millones de dólares estadounidenses.
El Estado de Honduras ya pagó casi 50 millones de dólares por esos hospitales que sólo existen en facturas y en la mente perversa de los cobardes que deberían ser incinerados en plaza pública, porque la corrupción mata. No sólo detiene el desarrollo de un país. Mata a la gente.
De no haber sido por la información oportuna de Adolfo Facussé, el representante diplomático de Turquía en Honduras, la operación habría pasado inadvertida en medio de la pandemia. La papelería ha sido trastocada para justificar un cachimbo de pisto desviado a otros destinos.
En este momento, sobre los cadáveres de casi 1000 víctimas de la pandemia de los corruptos, esto de los hospitales es un escándalo que pasó de Marco Bográn a Rocío Tábora la ministra de finanzas, y de ella directamente al jefe de todos los bandidos, el Sicimite del Rio Grande.
Quisiera, antes de proseguir, que escuchemos juntos este audio de la psicóloga Rocío Tábora, copaneca que estudió política en la U Católica de Santiago de Chile con apoyo del cardenal Rodríguez, y que empezó a militar kachureca con Maduro y Consenza, desde el PNUD donde trabajaba en 1995.
Es un audio que revela en parte las implicaciones de esto que está pasando en medio de la muerte por el virus y la desesperación general de incertidumbre, caldo perfecto para los cazadores malditos.

Es un audio divulgado por Radio América originalmente, replicado en redes sociales, y escuchado aquí en Voces Contra el Olvido. Es sin duda una llamada intervenida por los militares o divulgada por el querido Marco, para sacudirse la mosca de la oreja.
Es la gráfica de los negocios, la cadena según la cual todo está centrado en INVEST-H, la empresa estatal de los negocios privados disfrazados de públicos. Si el Estado va a comprar, sólo nosotros podemos comprar dice la ministra de finanzas. Y el indómito controla los chanchos y las mazorcas.
¿Ustedes vieron el tuwiter del impostor ayer viernes quejándose porque los tales hospitales no salen de aduana mientras la gente se muere? Cínico, juega a diferir las responsabilidades en la maraña, y a culpar a otros de su propio juego macabro.
Esta es la Honduras que debate la corrupción de unos salvajes que controlan el Estado como su chiquero.
Frente a esta pandemia ética que carcome el cuerpo de la mafia política hondureña, el pueblo ha empezado a salir de su encierro en algunas ciudades, Tegucigalpa, La Esperanza y Santa Rosa de Copán, por ejemplo.
Lamentablemente, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Choluteca, escenarios potentes de la resistencia social, están bajo ataque actualmente, confinados por el aumento de los contagios, criminalizados por su lucha, bajo vigilancia militar.
Sin embargo, a pesar de la represión que suma víctimas de activistas sociales y defensores de derechos humanos esta semana, el mensaje central sigue fluyendo: ¿dónde está el dinero, ratas? Y las manifestaciones seguirán, de manera simbólica en las esquinas y en vehículos en caravana.
El pueblo de Honduras nunca como ahora estuvo desafiado a enfrentar a toda una generación de gentes perversas que sabemos bien quiénes son y dónde están. Pero el día del pueblo llegará y cuando eso ocurra no sabrán dónde meterse. Y van a saber qué es el miedo y la incertidumbre que hoy se sufre de este lado.
Nosotros como organización de derechos humanos no podemos hacer llamados a la intolerancia ni a la justicia por la propia mano, pero estamos obligadas a acompañar las angustias del pueblo que no soporta más.
Los días de incertidumbre agravada que están por venir no serán resueltos con represión ni con sacos solidarios que ya días no circulan. Ni con mentiras de iglesias, televisoras y periódicos. Para esos días necesitaremos coraje, estar juntas y unirnos de verdad para ordenar la casa.
Los ladrones y los corruptos no entrarán al reino del perdón, y sus madres y descendientes sufrirán la pena de sus actos aquí en esta vida. Palabras de la Plaza de los Desaparecidos. Así sea.
Buenas noches!

Precariedad sanitaria agudiza crisis por Covid-19 en la Mosquitia hondureña

22/07/2020

La crisis por la pandemia del Covid-19, reveló la precariedad que históricamente han vivido las comunidades indígenas en la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios. El olvido estatal producto del poco interés que han tenido los gobiernos en invertir en materia sanitaria, está costando caro a los pobladores y pobladoras de esta región.
Frente a los casos de coronavirus, en el Hospital Regional de Puerto Lempira se instaló una carpa para atender a los pacientes sospechosos de los 6 municipios que tiene el departamento, pero el hospital, que está a cargo de los militares, no cuenta con equipo, ni personal médico, de enfermería especializado para atender a pacientes.
La vocera del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos (Sinager) en el departamento de Gracias a Dios, Yuan Pravia dice que la situación se ha ido complicando, el sistema sanitario y la ciudadanía en general se encuentran en calamidad.
Pravia detalla que en el departamento tienen hospitales públicos y también privados, sin embargo, los mismos carecen de recursos médicos y humanos para dar calidad de atención a la población indígena Misquita del departamento.
La funcionaria señala que los hospitales no tienen ni siquiera oxígeno, y para rellenar los tanques es necesario trasladarse en avioneta hasta La Ceiba, Atlántida, quitando tiempo valioso que podría salvar vidas.
“En el departamento de Gracias a Dios gran parte del personal sanitario se ha infectado de Covid-19. Se ha contratado nuevo personal, pero aún resulta muy poco para garantizar la salud a la población. Nuestros hospitales y centros de salud hay que abastecerlos de medicamentos y de material de bioseguridad”, señala.
Yuan Pravia continúa relatando a Radio Progreso que los hospitales no tienen salas adecuadas para atender a los pacientes positivos de Covid-19, a los mismos se les está atendiendo en salas improvisadas y readecuadas. Por otra señala que, las autoridades locales han hecho esfuerzos por buscar centros de aislamiento para pacientes positivos, sin embargo, no hay fondos para echarlos a andar.

Estadísticas tardías

Desde el Colegio Médico se desconoce las estadísticas que brinda el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos (SINAGER), ya que son tardías. Normalmente el resultado de la prueba PCR, tarda entre 10 y 15 días en conocerse.
La vocera del SINAGER en el departamento de Gracias a Dios, dice que por la distancia y la falta de vías de comunicación se tienen que hacer malabares para trasladar las pruebas de un municipio a otro, y luego hasta Tegucigalpa al Laboratorio Nacional de Virología. Explica también que, se han estado realizando pruebas rápidas, sin embargo, en las últimas semanas ese proceso se detuvo por falta de reactivos por lo que no se sabe con certeza cuantas personas en realidad están positivas con la enfermedad.

Radio Progreso · YUAN PRAVIA-LA MOSQUITIA

Solidaridad

La doctora Ana Paz, directora del Centro de Atención Integral para Buzos con Discapacidad en Puerto Lempira, dijo que, Gracias a Dios por ser un departamento aislado y distante, se ha llevado la peor partida de la crisis de Covid-19. Señala que, hace menos de un mes comenzó a retornar mucha gente que estaba afuera del departamento, y fue así como comenzaron a incrementar los casos de coronavirus.
“En forma general la estamos pasando muy mal, no tenemos equipo. El poco equipo que llegó se usa a diario, y se está acabando rápidamente. El personal de salud al no tener protección se ha contagiado, incluso uno de ellos fue trasladado de urgencia en estado crítico hacia Tegucigalpa. Tenemos que hacer brigadas y no las hemos cumplido. Y a eso pongámosle que la infraestructura de los centros sanitarios está en pésimas condiciones”, expresa la doctora Paz.
Ana Paz detalla que como médicos tienen que comprar con fondos propios el equipo básico para garantizar sus medidas de bioseguridad.
Frente a la falta de voluntad del Estado hondureño los médicos, con el acompañamiento de la ciudadanía han tenido que ingeniarse formas para sobrevivir en medio de la pandemia.
“Ahora lo que estamos haciendo es pidiendo apoyo a organizaciones a nivel nacional e internacional y a la ciudadanía. Para ello, se han puesto a disposición cuentas bancarias donde la población y organizaciones pueden hacer sus donativos”, explica.
La doctora mira con preocupación la falta de estadísticas reales sobre el impacto de la pandemia en el departamento. Así mismo, le preocupa que mucha de la población al tener síntomas prefiere quedarse en casa sin tomar las medidas de precaución necesarias y abandonada a su suerte.

Radio Progreso · Doctora Ana Paz-La Mosquitia

Respuesta insuficiente

Rodeada de cámaras de Televisión y anunciando con bombos y platillos llegó la cuestionada Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, hasta las instalaciones del Hospital Regional de Puerto Lempira, allí aseguró que con la visita se espera conocer a fondo la situación técnica y epidemiológica del departamento.
El doctor Hugo Reyes, director del Hospital de Puerto Lempira detalla que la Ministra de Salud se comprometió a entregar 19 millones de Lempiras para el departamento; distribuidos en seis millones para el hospital y el restante para la región sanitaria de salud.
Sin embargo, cree que ese dinero no es suficiente para terminar con la precariedad en materia de salud que tiene la zona. “No es suficiente, solamente es un respiro, porque esta es una zona que requiere mucho más fondos. Es necesario que haya una forma que el dinero sea de manera sostenida, que no sea solamente en determinado momento”, puntualiza.

Radio Progreso · Doctor Hugo Reyes-La Mosquitia

Para apoyar a los médicos en el departamento de Gracias a Dios, puede hacer sus donativos a la cuenta de la doctora Iris Janeth Portillo: 1203495351 en Banco Atlántida. O por Tigo Money a nombre de la doctora Ana Paz al número 9561-1587.

A más de 114 días de la pandemia se agudiza la crisis de salud por la negligencia política en Honduras

Por Karen Janeth Duarte

Es difícil encontrar sobrevivientes de pandemias en el pasado. Sin embargo, deben haber quedado lecciones aprendidas sobre el manejo de una crisis de salud global y pueden ser medianamente conocidas en la época actual.

Entiendo que los liderazgos políticos no estén preparados, pero es su deber indagar sobre experiencias similares, contextualizar y dictar lineamientos o medidas sensatas con el genuino interés de preservar la vida. Por otro lado, el virus SARS 2 o Coronavirus, tiene similares características a otros, lo que varía es la respuesta según el liderazgo de las autoridades gubernamentales de cada país para reducir o agravar las consecuencias.

Los riesgos de la pandemia no se limitan al deterioro físico provocado por el virus. Este se amplía al deterioro de la salud mental que afecta y daña en gran medida de manera invisible. Ante el sensacionalismo de los medios de comunicación y la infodemia por el acceso de la población a las redes sociales de manera inmediata, es común encontrar mensajes sobre el propósito y aprendizaje de la humanidad ante el COVID-19. Particularmente, no creo que exista un propósito para darle sentido a la vida humana, pueden crearse múltiples propósitos o, en todo caso, vivirla sin propósito o sin sentido.

Honduras puede visualizarse por tener un gobernante muy poco hábil para el manejo de la pandemia, aunque él sí que ha sabido crear las condiciones para su propósito y vida política. Es posible imaginar que, como profesional del derecho, identificó todos los factores que podrían poner en riesgo su proyecto político. ¿Cómo montó una campaña desde el Congreso Nacional siendo medianamente desconocido y logró posicionar sus piezas en los aparatos del Estado para hacer una jugada “pacifica” y modificar la constitución sin ser juzgado políticamente por sus acciones? Fue así como consiguió que los otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial, con el mandato para cerrarle el paso y salir en defensa de nuestra débil democracia fueran posicionados de manera que responderían exactamente a jugadas planificadas por él para enquistarse en el poder.

El COVID-19 llega a un país en ausencia de Estado de Derecho y con un presidente en su segundo periodo electoral y con acusaciones de irregularidades democráticas por la OEA.[1] Con una tasa de homicidios entre las más altas del mundo, en la posición No. 146 entre los países más corruptos del mundo[2], y con vinculaciones muy cercanas, y hasta familiares, con el crimen organizado[3], es decir, Honduras es un país en deterioro y no estaba en óptimas condiciones para hacerle frente a la pandemia de manera efectiva y transparente para preservar vidas humanas. ¿Por qué algunos países han analizado las medidas de la OMS y considerado las condiciones socioeconómicas para determinar cuáles acciones emprender para mitigar el impacto de la pandemia? ¿Por qué algunos países han incrementado un 1000% las condiciones hospitalarias con menor presupuesto?

En Perú[4] se ha hecho un gasto del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) que se refleja en el aumento de 271 a 1331 camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y cuenta con 1127 ventiladores mecánicos.

En El Salvador, una inversión del 1% del PIB incrementó de 80 a casi 500 camas. Un solo proyecto hospitalario incrementó 105 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 295 camas de Cuidados Intermedios (UCIN) y cuenta con 547 ventiladores.

Honduras con un gasto del 2% del PIB, cuenta con 70 camas e incrementó a 140 camas UCI. Destinó US$ 47.4 millones para la compra de siete hospitales móviles que no han llegado y se confirman varios actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción. Se cuenta con 100 respiradores artificiales[5]. Se compraron 740 ventiladores por un valor de US$ 21.6 millones, de los cuales se entregaron 140 que no pueden ser usados por estar incompletos y el resto podrían ser entregados en el resto del año.

¿Por qué somos el país con el personal médico que más muertos ha presentado debido a la negligencia en la compra de insumos, vinculada, sin duda, a actos de corrupción[6]? ¿Por qué las medidas que se han decretado por el gobierno no

consideraron el 66% de población que vive con 47.00 lempiras[1] al día y labora en la economía informal? ¿Cómo genera recursos ese 66% de la población hondureña para atender sus necesidades básicas, cuando demanda transporte público y apoyo a sus economías precarias para poder subsistir?

Las medidas de mitigación son posibles para un menor porcentaje de la población. El “quédate en casa” no es factible para casi el 70% de la población que requiere obtener los alimentos y una canasta básica de la vida mejor no resolverá cuatro meses de pandemia.

¿Cómo se toman medidas comparándose con los países europeos donde las familias tienen asegurada la vivienda, cuentan con ahorros familiares, su población ha sido educada para reducir las relaciones de poder patriarcales, cuentan con espacio público y prácticas de salud que permiten reducir el stress asociado al confinamiento por la pandemia?

¿Por qué el presidente y su gabinete han sido incapaces de tomar medidas acertadas que reduzcan la curva de contagio, sin que la respuesta sea mayor coerción? ¿Es posible que muchas de estas preguntas encuentren sus respuestas en la ilegitimidad de un gobierno que no fue elegido democráticamente?

A 114 días continuamos en las mismas condiciones precarias del sistema de salud pública, ya que unas carpas afuera del hospital no responden a las condiciones mínimas de salubridad ni dignidad que merece un ser humano ¿Es incapacidad, negligencia, premeditación por intereses propios, ignorancia, perversión o la pandemia es un medio para el logro de otros propósitos del gobernante y su gabinete?

Cualquiera de las razones anteriores, si viviéramos en una sociedad democrática, demandaría un juicio político en contra del presidente. Sin embargo, el abogado Juan Orlando controla la voluntad de los tres poderes del Estado, además de la voluntad mercenaria de las fuerzas armadas y policiales. ¿Cuál es el escenario para demandar justicia por su negligencia política, incapacidad o perversión contra las vidas de 8.5 millones de personas?

[1] https://www.bancomundial.org/

[1] https://www.oas.org/

[2] https://hondudiario.com/

[3] https://es.insightcrime.org

[4] https://www.bbc.com

[5] Incluye el sector privado que no atiende pacientes COVID- 19. https://www.elheraldo.hn

[6] https://www.cna.hn

COVID-19 en el mundo: Falta de recursos y personal agrava crisis sanitaria en Honduras

7 julio 2020 | CUBADEBATE

Honduras emergencia covid 19 .Foto: AFP

La precariedad que presenta el sistema sanitario de Honduras, a casi cuatro meses de la aparición de la Covid-19, es considerada hoy la otra pandemia que azota el país, de acuerdo con un influyente periódico capitalino.
El diario La Prensa revela hoy una detallada investigación que expone las carencias que presentan los centros hospitalarios de la nación, la mayoría colapsados ante la falta de recursos para el enfrentamiento de la epidemia, que ya ha causado casi 24 mil contagios y 639 muertes.
En 26 de los 28 hospitales públicos destinados a recibir los pacientes con esa enfermedad, la sobredemanda agota constantemente el suministro de equipo de bioseguridad, asegura la publicación.
Además de la falta de material médico óptimo para atender la epidemia, también resulta grave la falta de camillas, lo que obliga a los enfermos a permanecer por horas en sillas antes de ser tratados.
Asimismo, las camas habilitadas para los casos de coronavirus en los hospitales públicos ascienden a mil 261, una cantidad insuficiente para los mil 350 pacientes ingresados por la pandemia que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó este domingo.
Por si fuera poco, al menos el 50 por ciento de los médicos, especialistas y enfermeras de esas instalaciones de salud se han infectado con el virus, según añade el reporte.
El Colegio Médico de Honduras indicó recientemente que el país cuenta con unos 15 mil galenos, de los cuales ocho mil se encuentran sin empleo, mientras de los que están activos solo dos mil 500 laboran dentro del sistema sanitario público y mil 500 lo hacen en el Seguro Social.
No obstante, en esa caótica ecuación debe incluirse que al menos mil 600 doctores han sufrido síntomas de la COVID-19.
Anoche se reportó otro récord de contagios para una jornada en Honduras, con mil 022 casos confirmados por el Sinager.
Pero lo más alarmante es que esa cantidad resultó de solo mil 796 pruebas PCR analizadas para más de un 60 por ciento de positividad, un altísimo porcentaje que a juicio de los especialistas muestra la magnitud de la crisis que vive esta nación de poco más de nueve millones de habitantes.
(Con información de Prensa Latina)

Preocupa en Surcorea aumento de COVID-19 por infecciones grupales

Operación de desinfección, en un esfuerzo por reducir la propagación del coronavirus, en Daegu. Foto: EFE

Autoridades de Corea del Sur expresaron hoy su preocupación por el aumento de los contagios de la Covid-19 por infecciones grupales en las principales ciudades y casos importados, reseña Prensa Latina.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés), reportó este miércoles 63 nuevos casos de la enfermedad respiratoria; lo cual, indicó, es un incremento considerable en comparación con los 44 casos informados la víspera.
De la actual cifra, 30 se deben a infecciones locales, apuntaron los especialistas según la agencia Yonahp.
Los expertos también llamaron la atención sobre la incidencia de los casos importados en el enfrentamiento al nuevo coronavirus y los consideraron otro obstáculo en la lucha contra la COVID-19 en el país.
Datos oficiales indican que los enfermos procedentes del extranjero alcanzaron la cifra más alta desde el 5 de abril, con 40 casos, por lo que los totales ascendieron a mil 747.
Asimismo, Surcorea no registró muertes por la enfermedad respiratoria con lo cual se mantiene en 285 los decesos y la tasa de mortalidad bajó a 2,15 por ciento.
De igual modo, a 11 mil 970 ascendió el número de personas que rebasaron
la COVID-19 con las 56 altas dadas la víspera en los hospitales de la nación
asiática.

Reducir salarios a diputados y altos funcionarios para aumentarlo a los trabajadores

Por: Andrés Morales

Desde abril del año 2018 varias de las notas dirigidas en la prensa oficial remarcaban títulos como el siguiente: El salario de los diputados rebasa los 100 mil lempiras con otros beneficios (El Heraldo, 15 de mayo de 2018); en esta nota se ponía en claro todos los jugosos beneficios que los diputados ostentan hasta la fecha, como ser las compensaciones por zonas, seguros médicos de lujo, viáticos mensuales en transporte y hospedaje, fondos departamentales y un largo etcétera. Y en aquel momento se añadía a todos estos gastos, el oneroso aumento salarial que llevó a 90 mil lempiras la cifra promedio de ingreso mensual de nuestros congresistas, equivalentes a 3,610 dólares, cifra que compite con los ingresos de los diputados mejor pagados de Centroamérica. Definitivamente los numerosos incentivos que reciben todos los diputados de las diferentes bancadas, terminan convirtiéndose en privilegios que sostienen niveles de vida impensables en un país tan desigual como el nuestro.

No sólo el hemiciclo legislativo recibe salarios que succionan las débiles finanzas del Estado, también existen funcionarios públicos que redoblan sus ingresos, así lo manifiesta un reciente titular: Los funcionarios mejor pagados de la administración pública hondureña (La Prensa, 17 de febrero de 2020). El contenido de esta breve nota señala que hay varias instituciones que tienen dentro sí a los presidentes, directores y encargados con el mayor ingreso a nivel nacional. Encabeza la lista la presidenta del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda Banhprovi, Mayra Falck, con la estratosférica cifra de 341.769 lempiras mensuales equivalentes a 13,865 dólares, o en sentido gráfico: equivale al salario mínimo ―aproximadamente 10 mil lempiras― que reúnen 34 obreros calificados en un mes. A ella le sigue el presidente del Banco Central de Honduras BCH, Wilfredo Cerrato, con 235,961 lempiras mensuales que se traducen en 9,568 dólares; y la larga pirámide de salarios que remedan los sueldos de los funcionarios de los países industriales, continúa.

El endeudamiento sostiene los altos salarios

Honduras es uno de los países que ha dispuesto de la mayor asignación de dinero para hacerle frente a la crisis. Se conocían 3,742 millones de dólares en lo que corría el mes de abril, entre fondos propios y préstamos con la banca internacional. En el mes de mayo el periódico Forbes, auxiliándose con datos del BCH, anunció que “la deuda externa hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de dólares en el primer trimestre de este año…”, y que la deuda en el sector público llega a los 7,863.5 millones de dólares (Forbes, 18 de mayo de 2020). El 14 de mayo la ministra de finanzas, Rocío Tábora, presentó las justificaciones de un nuevo préstamo de 20 millones de dólares suscrito con el Banco Mundial, para, supuestamente, comprar más suministros médicos.

De ser las compras de los supuestos hospitales móviles y demás implementos para los ya existentes hospitales, como ser también las contrataciones de personal médico, la base y excusa del endeudamiento; ocuparía el segundo lugar de prioridades de esta administración nacionalista, el pago de los inflados salarios y sus respectivos 14avos de los magnates de la administración pública, como ser Wilfredo Cerrato y Mayra Falck. Hasta el momento existen varias instituciones del Estado que no han hecho efectivo el pago del 14avo mes a sus trabajadores, pese al anuncio de la ministra de finanzas que asegura haber efectuado el 100% de este pago, 3,553 millones de lempiras en total (Twiteer, Sefinhn, 30 de junio de 2020).

Una oportunidad para estar del lado del pueblo

El pasado 24 de junio, un día antes de la aprobación del nuevo código penal, los diputados de oposición convocaron a una sesión virtual extraordinaria, que tuvo la presencia mayoritaria de 70 diputados distribuidos en 4 partidos: Libre, Alianza Patriótica, Partido Liberal y Pinu. El motivo de esta sesión giraba en torno a la abrogación del código penal y la elección de una nueva junta directiva. La selección de una nueva junta directiva provisional fue un hecho, ocupando los puestos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y prosecretaría un diputado de cada partido. Y al conformarse este nuevo órgano de decisión provisional, se decidió unánimemente la derogación total del código en cuestión. Entregado el documento que hace constar las decisiones de la sesión extraordinaria al poder ejecutivo, solamente quedaba la espera de una respuesta favorable, ocurrió todo lo contrario, el régimen desestimó la abrogación el pasado 4 de julio.

Varias expresiones de victoria y redención que bautizaba a esta iniciativa como el surgimiento de un congreso que está del lado del pueblo, surgieron pese a las ofensivas legales que iniciaron los diputados nacionalistas, acusando primeramente de “usurpación de funciones”, llevando el asunto a los tribunales. Un diputado de libre sostuvo lo que sigue: “Así como hoy hemos abrogado el nuevo Código, podríamos haber hecho muchas cosas para detener al oficialismo y que han golpeado al pueblo hondureño, la oposición debe permanecer muy unida, ojalá que de ahora en adelante podamos demostrarle eso a nuestra gente” (radioprogresohn.net, 24 de junio de 2020). Ese “ahora en adelante” que manifiesta el diputado de libre, debe arrancar con la aceptación de propuestas que pongan en el centro de toda política, a los sectores más desfavorecidos en esta crisis.

De manera que, si el Congreso Nacional ya se encuentra escindido por las diferentes circunstancias que han pasado en las últimas semanas, es posible aún que varios diputados de oposición, que reivindican sus puestos como “surgidos” de la representación popular, decidan hacer retroceder, así como lo hicieron al intentar abrogar el código penal, todos estos privilegios y altísimos salarios ―incluyendo los suyos― que son un puñetazo en la cara de los pobres, en medio de una cruel pandemia.

Propuestas de ajuste salarial surgidas en medio de la pandemia

Las propuestas de reducción de los enormes ingresos de los funcionarios no ha sido un tema de agenda, prioritario en las discusiones centrales de los partidos de mayor tradición en la política hondureña. Si bien han existido políticas de ajustes salariales en el pasado reciente, por un lado, como lo fue el 2007 y 2008 en el gobierno de Zelaya (2006-2009), en donde hubo aumentos al salario mínimo; y discursos que “clamaron” en su momento una especie de austeridad gubernamental, por el otro, como nos hizo creer el nacionalista Porfirio Lobo (2010-2014) luego de la crisis económica desatada en el golpe de estado de 2009, en el transcurso de todos estos años lo que ha ido acelerándose aún más, son los aumentos salariales de los altos funcionarios.

El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, planteó a su propio gabinete nacionalista a inicios de marzo, en las “selectas” mesas multisectoriales, la rebaja a los sueldos de sus correligionarios que ocupan altos puestos en las instituciones públicas: “lo hemos propuesto, ni siquiera esperamos que lo propusieran de afuera, nosotros lo hemos propuesto en la mesa y todo ese tema se está revisando para hacerlo de manera integral” (El Heraldo, 26 de marzo de 2020). La imprecación en voz baja que entonó con desgano el ministro de la presidencia, ya lleva tres meses sin que haya causado algún tipo de reacción; lo que preocupa es que la rebaja salarial planteada por estos justicieros a la inversa, es que alcance los ingresos empequeñecidos de los trabajadores que apenas llegan al salario mínimo.

El pasado 3 de abril, a un mes del confinamiento, Luis Zelaya, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dio a conocer al Congreso Nacional un paquete de medidas para enfrentar la crisis, una de ellas consistía en “reducir el 10 o 20 % del salario de funcionarios públicos en labores no esenciales contra la pandemia” (Proceso Digital, 3 de abril de 2020). Los voceros del FOSDEH lanzaron la propuesta de un necesario ajuste salarial que recorte los inflados salarios de la burocracia: “Esperaríamos que los sueldos de los altos funcionarios se reduzcan en al menos un 40%. Eso daría mayor libertad presupuestaria a las instituciones” (Tiempo Digital, 8 de mayo de 2020).

A su vez, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó la misma iniciativa de reducción de los salarios, pero en un 50% y dirigida “a los empleados públicos que devengan sueldos superiores a los 75 mil lempiras mensuales” (Criterio.hn, 30 de junio de 2020). Una reciente posición sobre el tema la dio la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andeph) que exigen la justa rebaja salarial, pero con la salvedad de que se mantengan intactos los sueldos de la mayoría de empleados que devengan sueldos normales (Ltv.hn, 4 de julio de 2020).

Bajar altos salarios para asegurar los ingresos de los trabajadores

Las consecuencias de la pandemia han dejado entrever con mayores luces de realismo, la ineptitud con la que hoy se maneja una desconcertante crisis, en un país plagado de corruptos y narcotraficantes que están metidos de lleno en las instituciones y el gobierno. En ese sentido, las políticas a cuenta gotas que dependen de numerosos endeudamientos, no toman en cuenta el histórico desequilibrio salarial en el cual nos encontramos, y demuestra que nuestra ministra de finanzas y Cía., piensan más en sostener la lujosa vida del presidente del BCH, que en asegurarle el salario a los trabajadores que hoy no cuentan con la certidumbre de que se les pague el atrasado mes de junio.

A los trabajadores del sector público y privado que estuvieron paleando sus necesidades con los pocos ahorros que les quedaban, se les presenta hoy un panorama más crítico que el de los primeros meses del confinamiento. El gobierno no ha podido sostener políticas más o menos creíbles, debido a los hechos que hablan por sí mismos: desabastecimiento de hospitales, grandes estafas en compras de equipo e infraestructura médica y sobrevaloración de los mismos, falta del pago del 14avo mes a todas las instituciones y la incertidumbre en el pago de los meses subsiguientes.

Sostenemos que bajarle el salario a la mitad a Wilfredo Cerrato y a la señora Mayra Falck, y a la larga fila de adinerados funcionarios, puede asegurarle más meses de pago a los trabajadores del sector público, y porqué no también, asegurar el verdadero rescate a los trabajadores del sector privado e informales. Lo cierto es que no se deja ver el reflejo de todas las declaraciones en favor de iniciativas como éstas, en acertadas mociones de ley de parte de los congresistas, y mucho menos en decretos de emergencia emitidos desde el ejecutivo. La oportunidad para asumir como suyas estas exigencias de los diferentes sectores, ―que esperamos se aclamen de nuevo en manifestaciones y protestas a nivel nacional―, la tienen hoy, los diputados de oposición.

Tanto el movimiento sindical hondureño compuesto por las organizaciones CGT, CTH y CUTH, como otras organizaciones sociales que están del lado de los más desfavorecidos en esta crisis, deben unir esfuerzos por promover un proyecto de ley que busque la justa confiscación de los salarios desmedidos de estos funcionarios ricos, para así reorientar todos estos fondos a las golpeadas finanzas de los trabajadores que merecen salarios más realistas, y al implemento de políticas de rescate económico mejor ajustadas a la crisis. Es necesario volver partícipes de esta verdadera iniciativa a los diputados de los diferentes partidos políticos que quieran participar en su creación, y que demuestren que pueden sacrificar sus privilegios ante la necesidad de las mayorías.

DÉCIMO SEXTO MANIFIESTO PÚBLICO

Por defensores -

3 julio, 2020

Llegamos a julio, y seguimos caminando en las movedizas arenas que se mueven al son de las noticias de nuevos actos de corrupción, con nuevas figuras de las elites que aparecen embarradas en desfalcos a instituciones públicas, con vínculos con el narcotráfico, piezas clave en el sostenimiento de la dictadura. Como siempre, en esta primera semana de julio, elevamos ante la sociedad hondureña nuestra voz, para unirla al clamor de salud, alimento y justicia de muchísima gente que se revuelca de indignación y repudio hacia la podredumbre que se enquista en las estructuras del poder oficial. Todas esas voces las unimos en este Décimo sexto manifiesto público.
1. Ante el auténtico genocidio puesto en marcha por esta dictadura que lidera Juan Orlando Hernández, seguimos exigiendo que la emergencia sea atendida y dirigida por los profesionales de la salud, muchos de los cuales, por no contar con los equipos necesarios para su protección, están cayendo uno a uno ante la fuerza del COVID19. En nombre de nuestra gente infectada y desde los cadáveres de quienes caen sin ser atendidos, lanzamos y gritamos la pregunta: ¿Dónde está el dinero aprobado para la atención sanitaria?
2. También manifestamos nuestra solidaridad con todas las trabajadoras y trabajadores en las distintas áreas laborales contra quienes la patronal y el gobierno se unen para violentar sus derechos en plena pandemia. Condenamos el maltrato y la negación de derechos salariales legalmente reconocidos a la fuerza laboral que hace posible la economía de unas cuantas familias acaudaladas en el país. Exigimos el pago de salarios y demás derechos a la población trabajadora para la estabilidad familiar.
3. Para Honduras y el pueblo hondureño es buena noticia la oposición política parlamentaria que se sesionó el 24 de junio para abrogar el Nuevo Código Penal. Todas estas organizaciones que suscribimos este Manifiesto llamamos a cada uno de los parlamentarios a mantener la unidad, no dejarse chantajear ni sobornar, tienen una misión nacional fundamental. Muchos temas esperan ser legislados a nuestro favor. En ustedes, como fuerza de oposición parlamentaria, se cristaliza lo que queda de dignidad institucional en una patria ultrajada por las mafias corruptas, narcotraficantes y criminales. Con tan solo que se unan para legislar por la condonación del pago de la factura de energía eléctrica, ya estarían dando un respiro a una población económicamente ahogada.
4. Llamamos con todo el amor y entrega que requiere la soberanía nacional, a todas las organizaciones y movimientos que siguen en dispersión, a encontrarnos, a caminar juntos, desde nuestras diferencias y desde la diversidad, hacia la integración de la fuerza social, política y popular necesaria, capaz de transformar esta dura realidad dictatorial. En esta dimensión, nos unimos a nuestros hermanos y hermanas que luchan por mejores condiciones legales y laborales, así como la lucha antirracista en los Estados Unidos.
5. Condenamos el asesinato de los comunicadores sociales de La Ceiba, German Vallecillo y Jorge Pozas. Exigimos una investigación profunda y no amañada que conduzca a dar con los gatilleros, pero sobre todo con quienes pagaron por cegar estas dos valiosas vidas que advierte del grave peligro que en Honduras corren las personas que ejercen el oficio de libertad de expresión.
6. Estamos convocados a la hora del ruido, todos los sábados a las 7:00pm. Que suenen las cacerolas, que se levanten las pancartas o la pequeña manifestación en la calle de enfrente con mensajes de repudio a las violaciones a los derechos comunitarios y personales y el abandono del sistema de salud y las víctimas del covid19. ¡La lucha es nuestra, la victoria y la alegría también!

Pueblo misquito se muere por el abandono del gobierno y falta de medicinas

julio 20, 2020 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
La situación es terrible, y mientras en la capital las autoridades dedican su tiempo a defenderse de las acusaciones por la corrupción generada con el manejo de los recursos públicos destinados a combatir la pandemia del Covid-19, la comunidad miskita de Brus Laguna se muere a causa del abandono gubernamental.
Brus Laguna, situada en el eternamente marginado departamento de Gracias a Dios, solo cuenta con dos profesionales de la medicina y cuatro enfermeras auxiliares, que les hacen frente a las atenciones que requieren 16 mil habitantes. De ellos, 475 son sospechosos de portar el virus del Covid-19, dos ya han fallecido y varios en la comunidad compiten para para alcanzar el turno y conectados al único cilindro de oxígeno que existe en la zona.
La situación se agrava, porque el centro de salud es demasiado pequeño e incapaz de albergar a los pacientes que a diario llegan demandando servicios de salud. Tampoco hay medicinas, ni materiales de bioseguridad para atender a los sospechosos de Covid-19. De todo el municipio solo en el casco urbano hay un centro de salud con médico, mientras que en el resto lo que existe son centros de salud rural (CESAR), que solo son atendidos por una enfermera.
La doctora Iris Laínez, una de las sólo dos profesionales de la medicina que ha nombrado la Secretaría de Salud en ese municipio, asegura que en el centro de salud que ella atiende, ya fallecieron dos personas y que, a nivel regional, al menos 25 han fallecido por falta de atención de calidad.
La doctora se queja porque la Secretaría de Salud no ha sido capaz de dotar a esa zona del personal médico y de enfermería suficiente, ni de los insumos necesarios para darles atención digna a una población que se muere por no contar con recursos económicos que le permitan trasladarse al hospital regional, situado en la cabecera departamental, Puerto Lempira, donde posiblemente sí tengan suficiente espacio, medicinas y los equipos necesarios.
Ella asegura que varios pacientes han fallecido en sus casas por no contar con 10 mil o 15 mil lempiras que es lo que se gasta en movilizarse vía marítima. Y sostuvo, que, por el abandono de las autoridades, en su centro de salud, lo más que pueden hacer es referirlos al hospital regional o darles una receta para que los pacientes compren las medicinas. Denunció que en el centro de salud solo tienen un manómetro, que es el equipo necesario para utilizarlo en las personas que para salvar sus vidas requieren de oxígeno
Ella dice que, por esa precariedad, con un cilindro de oxígeno atienden hasta a cuatro pacientes. “La situación es aterradora, y ha habido momentos en que tenemos cuatro y nos ha tocado quitarle el oxígeno a una persona que ya está estable para ponérselo a otra, pero en ese momento también ingresa otro paciente que necesita oxígeno, pero si llega una persona grave y hay otra persona grave con el oxígeno, ¿cómo se lo voy a quitar?”.
“Como médico me dan ganas de llorar y solo me pregunto, ¿Dios mío santo que hago? porque si les quitó el oxígeno se mueren, hay una embarazada, una abuela, un joven de 30 años, una persona de 45 años y solo tengo un tanque de oxígeno, decidirse es desgarrador para nosotros”, continuó la doctora Laínez. Agregó, que es una situación inhumana la que viven el paciente en ese lugar.
Asimismo, dijo que la Secretaría de Salud y el Sistema de Gestión de Riesgos no los han dotado de los equipos de bioseguridad y que por esa razón ya llevan tres semanas reutilizando los mismos materiales de protección.
Informó que, por falta de personal, para ellas no hay descanso ni fines de semana, que, de lunes a viernes, diariamente están atendiendo entre 40 y 45 pacientes del casco urbano, en horarios de siete de la mañana a las seis de la tarde y que los sábados y domingos atienden la misma cantidad de personas que llegan de la zona rural, donde no tienen médicos y mucho menos medicinas.
La doctora dice que a partir de las seis de la tarde de lunes a domingo ellas quedan disponibles para atender las emergencias, y aunque a veces solo sea para entregarles a los pacientes la referencia para el hospital regional o la receta para que compren las medicinas.
En el centro de salud no hay medicinas y según la doctora Laínez, en ese lugar cada Azitromicina, que es el medicamento que utilizan contra el Covid-19, tiene un costo de 100 lempiras, a cada paciente le recetan cinco y que la gente muy pobre, al no poderla comprar él se complica y luego fallece.
Ante tal situación la doctora le hizo un llamado al gobierno, a las ONGs y a las personas de buen corazón para que le ayuden a salvar y a tratar con dignidad a los misquitos.
En el centro de salud de la doctora Laínez no hay camas hospitalarias, pero hay cinco camillas funcionales, tres están en la sala de observación y dos en el consultorio, todas permanecen ocupadas y por esa razón siempre hay pacientes en la preclínica esperando turno para poder obtener oxígeno.
La situación que viven los pacientes y el personal del centro de salud de Brus Laguna solo es el reflejo de las precarias condiciones en que se encuentra el sistema sanitario nacional, un contexto que contrasta con la corrupción imparable en el manejo de los recursos públicos que involucra al gobierno y a empresarios organizados en una mafia para el saqueo de las instituciones del estado.

De regreso a su casa, asesinan a trabajador que asistido a plantón por falta de pago salarial

Tegucigalpa, Honduras, Conexihon-. La Comunidad Estudiantil Consciente (CEC) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunció la semana pasada el asesinato de un miembro de la comunidad universitaria después de haber participado en plantón.

La CEC denunció que el señor Oscar Obdulio Turcios Fúnes de 51 años de edad quien laboraba como guardia de seguridad interna del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) de la ciudad de La Ceiba, fue asesinado en el trayecto de retorno a su casa, horas después de haber estado en un plantón exigiendo el pago de sus salarios atrasados.

Los estudiantes exigieron justicia por el asesinato Turcios que además era integrante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH).

Exigencias; Pago atrasado, cumplimiento de contrato y equipo de bioseguridad

El SITRAUNAH seccional La Ceiba, realizó una convocatoria para dicho plantón a realizarse en frente de los portones del Centro Universitario, bajo el cumplimiento de disposiciones sanitarias como la distancia y la portación de equipo de bioseguridad.

La convocatoria pedía a las personas que no pudieran asistir al plantón, enviar mensajes a las emisoras de radios, televisoras, redes sociales, exigiendo el pago de salarios para médicos, enfermeras, personal auxiliar de salud, maestros y por supuesto el de los integrantes del sindicato.

Algunos integrantes de SITRAUNAH-CURLA que dieron declaraciones a medios de comunicación locales manifestaron que el plantón realizado era por el pago correspondiente al mes de junio entre otras exigencias.

En referencia Suyapa Coello del SITRAUNAH-CURLA, dijo a diversos medios de comunicación que dieron cobertura informativa a la actividad de protesta, que: “Pedimos a la autoridad que corresponda que nos haga efectivo el mes de junio porque nosotros ya no aguantamos, también sufrimos esta crisis que estamos pasando a nivel mundial y nosotros necesitamos el dinero”.

Similares declaraciones, brindo el señor Julio Chavarría, quien expresó “Lo que pasa que a nosotros no nos están dando el equipo de bioseguridad el legítimo ni siquiera hay un gel en el reloj para echarse a la hora de marcar”.

Por su parte, Lucas Acosta señaló “Nos están robando nuestros dinero de impuestos del pueblo y eso no es posible, el contrato colectivo fue trastocado, se han presentado tres contratos colectivos y lo que pasa que las clausulas han sido violentadas, las horas extras no las pagan desde febrero, nos están llevando a un caos”.

Antecedentes de asesinatos de integrantes de sindicatos

CONEXIHON publicó el mes pasado datos del informe sobre violencia antisindical: “El costo de defender el derecho a la libertad sindical” correspondiente al año 2019 presentado por la Red contra la Violencia Antisindical, en el que resalta el asesinato de dos dirigentes sindicalistas, como la máxima expresión de la violencia en contra de los defensores del sindicalismo.

Según la Red uno de los asesinatos fue el de Joshua Sánchez el 31 de mayo en el marco de una manifestación pública convocada por la Plataforma por la defensa de la Salud y la Educación, el otro asesinato que registran es del señor Jorge Alberto Acosta, fue asesinado luego de interponer denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por amenazas de muerte, y de haber solicitado medidas de protección al Estado de Honduras.

El informe aborda un total de 12 tipologías de violencia entre ellas casos por hostigamiento, amenazas y las agresiones como principales formas de persecución contra sindicalistas, a la vez describe que en los casos documentados en los que funcionarios públicos son señalados como responsables, el 60% corresponden a agresiones que habrían sido cometidas por agentes de la Policía Nacional.

Ratifica la cárcel para la parlamentaria: Sala de lo Penal rechaza Recurso de Casación a favor de diputada María Luísa Borjas

Tuesday, 21 July 2020 23:31 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión PASOS DE ANIMAL GRANDE

En un claro desprecio a la justicia hondureña y a los tratados y convenios internacionales de protección a los derechos humanos, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, notificó seis meses después su resolución de denegar un Recurso de Casación a favor de la diputada María Luísa Borjas, a quien el presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombrado Juez Natural, la condenó a dos años y ocho meses de prisión por el delito de Calumnias constitutivas de Difamación.

El pasado 29 de enero de 2019 , el presidente de la CSJ declaró culpable a Borjas por el delito de calumnias acusación interpuesta por el empresario Camilo Atala por haber leído públicamente un informe donde se vinculaba al banquero de ser el autor intelectual en el crimen contra la defensora indígena Berta Cáceres.
La abogada Kenia Oliva quien junto a los abogados Edy Tábora y Mario Rojas son parte del equipo de defensa legal, manifestó que “para nosotros es un claro mensaje para quienes se oponen a este régimen. María Luísa Borjas ha tenido un papel importante para señalar actos de corrupción donde están involucrados personajes gubernamentales”.
Agregó que la notificación se hace en un momento en que el Poder Judicial no está atendiendo ningún recurso solo a través de cita y que además hay otros recursos anteriores a los cuales la Sala de lo Penal no le ha dado trámite.
“Nos dejan con las manos atadas porque no podemos presentar ningún recurso dado que el Poder Judicial se encuentra cerrado”, denunció.
En la resolución de la Sala de lo Penal que debió haber sido notificada en enero de este año a los apoderados legales de la parlamentaria, la Sala de lo Penal señala que “Primero: Declara No Ha Lugar Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma …Tercero: Declara No Ha Lugar Recurso de Casación por Infracción o Doctrina Legal”

Exprimera dama de Honduras sale en libertad

julio 23, 2020 Redacción

La causa en contra de Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar Puerto será sometido nuevamente a Juicio Oral y Público, dada la Casación otorgada, y se nombrará un nuevo Tribunal de Sentencia para su evacuación según lo ordenado por la Sala Penal de la CSJ

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Por unanimidad de votos el tribunal de sentencia en Materia de Corrupción revoca la medida cautelar de la Prisión Preventiva a Rosa Elena de Lobo y Saúl Escobar, en virtud de haberse alcanzado el plazo máximo establecido en la norma procesal penal.
Esta mañana el órgano jurídico resolvió revocar la medida cautelar de prisión preventiva a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y al señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en virtud de la nulidad de la sentencia condenatoria decretada por la Sala Penal de la Corte Suprema y de haberse alcanzado el plazo máximo establecido en la norma procesal penal.
Una segunda resolución establece librar el oficio correspondiente a la Penitenciaría Nacional Femenina de adaptación social PNFAS, para que dejen en inmediata Libertad a la encausada Rosa Elena Bonilla Ávila y a Saúl Fernando Escobar Puerto.
También resolvió Imponer las medidas cautelares establecidas en los numerales 5,7,8,9 del artículo 173 del Código Procesal Penal de la siguiente manera:
1.- Someter a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y al señor Saúl Fernando Escobar Puerto al cuidado o vigilancia de sus abogados defensores, debiendo rendir informe periódicamente una vez al mes, ante el órgano competente que tenga el conocimiento de la causa, iniciando en fecha veintitrés (23) de agosto del presente año dos mil veinte (2020),
2.- Prohibir la Salida del país, a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y el señor Saúl Fernando Escobar Puerto.
3.- Prohibirle a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y Saúl Escobar Puerto concurrir a reuniones o lugares que asistan el resto de los imputados, testigos, peritos y cualquier otra persona vinculada.

HONDURAS / TRAS LIBERACIÓN DE ESPOSA, "PEPE" RECLAMA POR NEGLIGENCIA QUE MATÓ A DAVID

Publicado: 23 Julio 2020

El presidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), tras conocer que su esposa Rosa Elena Bonilla sería puesta en libertad, ha reclamado que el modelo de justicia en Honduras debe rectificar, siendo enfático en la negligencia con la que se tomó el caso del periodista David Romero Ellner, quien fue sacado de prisión hasta que su salud era crítica a causa del Covid-19.
“Pepe” amplió que la libertad de su esposa pasa por un objetivo clave, que era proteger al gobernante Juan Hernández por los escándalos de corrupción en su administración.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “El objetivo era uno y se cumplió, era proteger al número uno del país, que es el que está de presidente hoy”, así ha reaccionado el presidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), tras conocer que su esposa Rosa Elena Bonilla sería puesta en libertad esta tarde. También ha aprovechado para repudiar la negligencia del régimen que mató al periodista David Romero, considerando que la justicia debió actuar igual.

Entrevistado en un espacio noticioso de TSI, de corporación Televicentro, Lobo afirmó que el propósito principal era cuidar la imagen del actual gobernante, Juan Hernández, ya que es del criterio que “todos sabemos de enormes casos de corrupción que se han cometido en este gobierno que son incomparables”.

“Pepe” además ha reflexionado que el daño de estos casos todavía es inimaginable, siendo enfático en el actual contexto por la pandemia Covid-19 y la inminente muerte de hondureños a causa de la estafa a la salud pública.

Amplió que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, cumplió con la ley por la situación que atravesaba su esposa en la cárcel, pues la medida de prision preventiva se había vencido; no obstante, informó que fue una lucha de varios meses, pues el equipo legal tuvo que ser consistente para presentar peticiones “hasta en diez órganos del Poder Judicial”.

El exmandatario dijo que el modelo de justicia en Honduras debe rectificar, pues también ha mostrado su indignación por el caso del extinto periodista David Romero Ellner, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al momento de su sentencia, pidió al Estado una medida cautelar a prisión.

Lobo recalcó que se pidió medida cautelar porque peligraba la vida del periodista y el Estado no cumplió, “él sale en un estado grave de la prisión y las medidas cautelares son para proteger su vida cuando está en peligro”.

Romero Ellner, perdió la vida el pasado sábado luego que fuera infectado de Covid-19, lo que ha causado indignación en la familia del periodista y el personal de Radio Globo, quienes acusan que se trata de un homicidio porque han conocido de personal médico que la carga viral que poseía era la de una persona que está en una sala repleta de pacientes.

Además, Lobo insiste en la inocencia de “la Rosa” ya que asegura que todo es una conspiración: “Usted sabe cómo han sido las cosas aquí en Honduras que se ha estado incumpliendo con la Constitución y las leyes, han estado detrás de uno hasta difamándolo pero ahí estamos todavía”, dijo a los periodistas.

Comedores comunitarios: la apuesta de mujeres para sobrevivir en medio de la pandemia

14/05/2020

Protesta de la colonia Alemania en El Progreso, Yoro, en reclamo de alimentos. Empujadas por el hambre que toda la vida les ha acompañado pero que, en esta cuarentena se volvió insoportable, las mujeres de la colonia Alemania en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, se organizaron para instalar un comedor comunitario con el fin de garantizar la comida de sus hijos e hijas.
Una caseta improvisada de zinc con dos hornillas se ha convertido en el lugar más importante de la comunidad. Allí se alivia el dolor que provoca la falta de alimentos y se planifican actividades de limpieza y fumigación para evitar el contagio del Covid-19. Además, se analiza la amenaza de desalojo que enfrentan por parte de las autoridades municipales, quienes reclaman ese terreno para la construcción de un hospital.
La colonia Alemania está compuesta por 145 familias, de las cuales 100 viven en extrema pobreza, no cuentan con un empleo formal, dijo en Radio Progreso Raquel López, presidenta del patronato, enfatizando que esos hogares son encabezados por mujeres sobrevivientes de violencia, quienes se dedican a lavar ropa ajena, reciclar plásticos y vender golosinas.
Cuando comenzó la crisis sanitaria por el Covid-19 en el país, las autoridades impusieron un toque de queda prolongado para que las personas se quedaran en casa, así controlar la propagación del virus. El gobierno se comprometió a través del programa “Honduras Solidaria”, a abastecer de alimentos a las familias más pobres. Los fondos de este programa fueron administrados por las alcaldías municipales.
La municipalidad de El Progreso dirigida por Alexander López, entregó unas 16 mil raciones de comida bajo un ambiente de denuncias de corrupción, por supuesta sobre valoración de precios y politización de los alimentos. El 01 de mayo el Ministerio Público intervino la alcaldía y decomisó toda la documentación relacionada a la compra de comida en la emergencia. Se está a la espera de los resultados de la investigación.
Las mujeres de la Alemania comenzaron a denunciar que la “Bolsa Solidaria”, que promocionaba el alcalde en redes sociales y medios de comunicación, no llegaba. Hubo protestas y toma de carretera, pero la primera respuesta que recibieron de las autoridades fue gas lacrimógeno. Indignadas y con dolor por el hambre hicieron una sopa con los casquillos del gas lacrimógeno después de una represión.
Con la acción de denuncia apenas les entregaron 50 raciones de comida, insuficientes según las mujeres para alimentar a todas las familias. Por lo que tuvieron que ingeniárselas e instalar un comedor que les permitirá al menos alimentar a la niñez, mujeres embarazadas y adultos mayores.
De esta forma y gracias a otras donaciones comenzaron a cocinar para toda la comunidad.
En el marco de la crisis por la pandemia en El Progreso, funcionan unos 10 comedores infantiles a base de donaciones de personas, instituciones y algunos empresarios. Estos comedores son liderados por mujeres.
Para las organizaciones feministas, reconocer que la crisis afecta a las mujeres y hombres de manera diferente es imprescindible para comprender los efectos directos e indirectos en las personas, y así poner en práctica políticas públicas que sean efectivas y equitativas.
A las hondureñas que viven en comunidades como la Alemania, más allá del contagio del Covid-19, que mantiene en alerta al mundo, les preocupa morir junto a sus hijos de hambre y de la violencia de género que se agudiza producto de las medidas implementadas por el gobierno durante la pandemia, concluyó diciendo Raquel López.

Reflexiones sobre la pandemia

mayo 8, 2020 Redacción

Por: Rodil Rivera Rodil

He leído con mucho detenimiento la respuesta de la Casa Presidencial al nuevo involucramiento por la fiscalía de Nueva York del presidente Hernández en una acusación por narcotráfico contra el ex Director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, más conocido como el “Tigre” Bonilla, quien, dicho sea de paso, inmediatamente comenzó a dar declaraciones comprometedoras para el mandatario y otros altos funcionarios y políticos.
En lo esencial, la contestación es idéntica a las que anteriormente ha brindado el gobernante desde que fue mencionado por primera vez con ocasión de la prisión de su hermano Tony Hernández. Los argumentos torales siguen siendo los mismos: el primero, “Que el presidente Hernández ha logrado resultados sin precedentes en la reducción del tráfico de drogas y el desmantelamiento de estructuras criminales”. El segundo, “Que fue el líder en promover e implementar la extradición”. Y el tercero “Que las falsas acusaciones se originan en un narcotraficante confeso resentido”. Todos ellos faltan a la verdad. Veamos.
Con respecto al primero. Que el mandatario ha jugado un papel determinante en “el desmantelamiento de estructuras criminales”. No es cierto. Las detenciones de los principales cabecillas del narcotráfico de Honduras no fueron ordenadas por él. La mayoría se entregaron en los Estados Unidos porque, según trascendió, temían que los asesinaran si lo hacían a las autoridades hondureñas. Y en el caso de la más importante, la captura de los hermanos Valle, es de público conocimiento que esta se llevó a cabo en contra su voluntad. Por lo que el Director de la Policía, comisionado Ramón Sabillón, fue destituido intempestivamente, según lo ha comentado él mismo en repetidas ocasiones. Y, si repara bien el lector, buena parte de los operativos que se han seguido efectuando son de narcos de poca monta, o, como se suele decir, de caza menor.
En cuanto al segundo. Que fue el promotor de la extradición. Nada más falso. Muchos recordamos la humillante forma en que las autoridades norteamericanas le exigieron al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y a él, como Presidente del Congreso Nacional, que viajaran de inmediato a los Estados Unidos a recibir instrucciones para que la aprobaran, lo que a su regreso cumplieron sin dilación. Tampoco olvidamos los comentarios que circularon sobre que el malestar de los Estados Unidos se debía al retraso en ponerla en vigencia, pues la habían solicitado hacía varios meses.

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Pero hay algo más. El 5 de mayo del pasado año 2019, se conoció en Honduras que el gobernante, más bien, había considerado eliminar la extradición. He aquí la noticia:
“Aproximadamente en 2014, después de que Juan Orlando Hernández se convirtiera en presidente, CC-6 (código de referencia a un miembro de la Policía Nacional y primo de Juan Orlando Hernández), le dijo a CW-4 (Policía hondureño) que el presidente Hernández estaba considerando eliminar la extradición porque estaba preocupado de que Estados Unidos presentará una solicitud de extradición contra su hermano “Tony” Hernández”.
Y en cuanto al tercer argumento. Que la acusación se origina en un narcotraficante resentido. Si bien es cierto que la primera mención del presidente provino de testimonios de narcotraficantes (¿quiénes más, sino, podrían conocer a fondo estos hechos?) no lo es menos que este último señalamiento de la fiscalía de Nueva York contiene una novedad jurídico procesal de gran trascendencia. Ya no se trata de una simple denuncia.
Ahora las “referencias”, como las llama la Casa Presidencial, emanan directamente del propio gobierno de los Estados Unidos, representado por un fiscal y están sustentadas en hechos criminales ya considerados probados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con base en los cuales, junto con otras evidencias, su hermano fue declarado culpable de narcotráfico.
No se necesita, entonces, ser abogado para entender la diferencia y, mucho menos, el alcance y gravedad de esta última inculpación de la fiscalía de Nueva York. Que solo puede interpretarse como que en algún momento -y seguro cuando deje el cargo- don Juan Orlando será acusado directamente y reclamada su extradición.
Tegucigalpa, 8 de mayo de 2020

sábado, 1 de agosto de 2020