Entrevista a Angela Davis en torno a The Futures of Black Radicalism:
“El capitalismo global no puede ser adecuadamente comprendido si la dimensión racial del capitalismo es ignorada”
Entrevista a Angela Davis en torno a The Futures of Black Radicalism:
“El capitalismo global no puede ser adecuadamente comprendido si la dimensión racial del capitalismo es ignorada”
27/06/2020 |
Gaye Theresa Johnson y Alex Lubin
Futures of Black Radicalism (Verso)es una
obra que reúne a militantes, investigadores y pensadores de la
Tradición Negra Radical en reconocimiento y celebración de las obras de
Cedric J. Robinson, el primero que definió el término. Los ensayos aquí
recogidos miran al pasado, presente y futuro del radicalismo negro, así
como a las influencias que ha ejercido en otros movimientos sociales. El
capitalismo racial, otra potente idea desarrollada por Cedric
J. Robinson, conecta con los movimientos sociales internacionales de
hoy, explorando las conexiones entre la resistencia negra y el
anticapitalismo.
Gaye Theresa Johnson y Alex Lubin:En tu investigación te has centrado en el abolicionismo carcelario, el feminismo negro, la cultura popular y el blues, y el internacionalismo negro, con una mirada en Palestina. ¿En qué sentido se inspira este trabajo en la Tradición Radical Negra, a la vez que la desarrolla?
Angela Davis: Cedric Robinson nos retó a pensar sobre el papel de los teóricos y activistas radicales negros en la formación de las historias sociales y culturales que nos inspiran, y a vincular nuestras ideas y nuestras prácticas políticas con profundas críticas al capitalismo racial. Me alegra haber vivido lo suficiente para ver como las generaciones más jóvenes de académicos y activistas han comenzado a desarrollar su propia noción de una tradición radical negra. El marxismo negro desarrolló una importante genealogía que giraba en torno al trabajo de C. L. R. James, W. E. B. Du Bois y Richard Wright. Si uno mira su trabajo en su conjunto, incluidos los Movimientos Negros en América y la Antropología del marxismo, como ha señalado H. L. T. Quan, no podemos dejar de observar lo centrales que han sido las mujeres a la hora de forjar una Tradición Radical Negra. Quan escribe que cuando le preguntan por qué en su trabajo hay un enfoque tan central en el papel de la mujer y su resistencia, Robinson responde: “¿Por qué no? Toda resistencia, en efecto, se manifiesta en el género, se manifiesta como género. El género es de hecho un lenguaje de opresión [y] un lenguaje de resistencia”.
He aprendido mucho de Cedric Robinson con respecto a los usos de la historia: formas de teorizar la historia, o permitir que se teorice, que son cruciales para nuestra comprensión del presente y para nuestra capacidad de concebir colectivamente un futuro más habitable. Cedric ha explicado que sus notables excavaciones en la historia emanan de la asunción de objetivos políticos en el presente. Siento mucha afinidad con su enfoque desde la primera vez que leí su libro sobre el marxismo negro. El primer artículo que publiqué, escrito mientras estaba en la cárcel, centrado en las mujeres negras y la esclavitud, fue un esfuerzo por refutar el discurso dañino, pero cada vez más popular, del matriarcado negro, tal y como se representaba a través de informes oficiales del gobierno, así como a través de ideas masculinistas generalizadas (como la necesidad de jerarquías de liderazgo basadas en el género diseñadas para garantizar el dominio de los hombres negros), que circulaban dentro del movimiento negro a finales de la década de 1960 y principios de la de los 1970. Aunque no era así como estaba enfocando mi trabajo en ese momento, ciertamente no dudaría hoy en vincular esa investigación al esfuerzo de hacer más visible una tradición radical negra y feminista.
Los estudios críticos sobre prisiones en un marco explícitamente abolicionista se sitúan dentro de la Tradición Radical Negra, tanto a través de su reconocida relación genealógica con el período de la historia de los Estados Unidos que llamamos Reconstrucción Radical como, por supuesto, a través de su relación tanto con el trabajo de W. E. B. Du Bois y el feminismo negro histórico. El trabajo de Sarah Haley, Kelly Lytle Hernández y de una nueva y emocionante generación de académicos, al vincular su valiosa investigación con su activismo, está ayudando a revitalizar la Tradición Radical Negra.
Parece que con cada generación de activismo antirracista, un estrecho nacionalismo negro regresa cual ave fénix para reclamar la lealtad de nuestros movimientos. El trabajo de Cedric fue inspirado en parte por su deseo de responder al estrecho nacionalismo negro de la era de su (y mi) juventud. Es extremadamente frustrante presenciar el resurgimiento de formas de nacionalismo que no solo son contraproducentes, sino que contravienen lo que debería ser nuestro objetivo: el florecimiento negro y, por lo tanto, humano. Al mismo tiempo, es emocionante presenciar las formas en que las nuevas formaciones juveniles, Black Lives Matter, BYP100, Dream Defenders, están ayudando a dar forma a un nuevo internacionalismo negro influido por las feministas y que resalta el valor de las teorías y prácticas queer.
G: T. J. y A. L.: ¿Cuál es tu balance del movimiento Black Lives Matter(BLM), particularmente a la luz de tu participación en el Black Panther Party (BPP) durante la década de 1970? ¿Black Lives Matter, en tu opinión, tiene un análisis y una teoría de la libertad? ¿Ves alguna similitud entre el movimiento BLM y el BPP?
A.D.: Cuando consideramos la relación entre el BPP y el movimiento BLM, parece que las décadas y generaciones que separan al uno del otro crean una inconmensurabilidad que es consecuencia de los cambios económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Cambios que hacen que el momento contemporáneo sea tan diferente en muchos aspectos importantes a lo que fueron los años sesenta. Por eso quizás debemos buscar conexiones entre los dos movimientos que se muestren no tanto en las similitudes, sino más bien en sus diferencias radicales.
El BPP surgió como una respuesta a la ocupación policial de las comunidades de Oakland, California y las zonas negras urbanas de todo el país. Fue un gesto brillante por parte de Huey Newton y Bobby Seale patrullar los barrios con armas y libros de leyes para vigilar a la policía. Al mismo tiempo, su estrategia también estaba inspirada por el surgimiento de luchas guerrilleras en Cuba, los ejércitos de liberación en el sur de África y Oriente Medio, o la exitosa resistencia del Frente de Liberación Nacional en Vietnam. En retrospectiva, esto también refleja un fracaso para reconocer, como dijo Audre Lorde, que "las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo". De alguna manera, el uso de las armas, aunque era usado principalmente como símbolo de resistencia, transmitió el mensaje de que se podía desafiar a la policía de forma eficaz a través de estrategias policiales.
El hashtag #BlackLivesMatter desarrollado por Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi tras el asesinato del vigilante Trayvon Martin, comenzó a transformarse en una red como respuesta directa a las crecientes protestas en Ferguson, Missouri, que manifestaron un deseo colectivo de exigir justicia para Mike Brown y para todas las vidas negras sacrificadas en el altar del terror racista de la policía. Al pedirnos que resistiéramos radicalmente a la violencia racista en el corazón de las estructuras y estrategias policiales, BLM reconoció desde el principio que, si queríamos avanzar de un modo colectivo hacia una nueva idea de justicia, tendríamos que colocar la demanda de desmilitarizar a la policía en el centro de nuestros esfuerzos. En última instancia, esta reflexión está vinculada a un enfoque que exige la abolición de la vigilancia policial tal como la conocemos y experimentamos, planteando la forma en que las estrategias policiales se han transnacionalizado dentro de los circuitos que vinculan a los pequeños departamentos de policía de EE UU con Israel, que domina este campo a través de la policía militarizada asociada con la ocupación de Palestina.
Aprecio el análisis más complejo que adoptan muchos activistas de BLM, porque refleja con precisión una lectura histórica que es capaz de construir, abrazar y criticar radicalmente los activismos y las teorías antirracistas del pasado. A medida que el BPP intentó, a veces sin éxito, abrazar los feminismos emergentes y lo que luego se denominó el movimiento de liberación gay, los líderes y activistas de BLM han desarrollado enfoques que abordan de manera más productiva las teorías y prácticas feministas y queer. Pero las teorías de la libertad son siempre tentativas. He aprendido de Cedric Robinson que cualquier teoría o estrategia política que pretenda poseer una teoría total de la libertad, o una que pueda entenderse categóricamente, no ha tenido en cuenta la multiplicidad de posibilidades. Esto significa que tal vez, una teoría de la libertad solo puede representarse de manera evocativa en el reino de la cultura.
G. T. J. y A. L.: Tu investigación más reciente se centra en la cuestión de Palestina y su conexión con el movimiento de libertad negra. ¿Cuándo se hizo evidente esta conexión y qué circunstancias, o coyunturas, hicieron posible esta idea?
A. D.: En realidad, mis conferencias y entrevistas más recientes reflejan una comprensión cada vez más extendida de la necesidad de un marco internacionalista, dentro del cual la tarea en curso de desmantelar las estructuras del racismo, el heteropatriarcado y la injusticia económica dentro de EE UU puede ser más duradera y más relevante. En mi propia trayectoria política, Palestina siempre ha ocupado un lugar fundamental, precisamente por las similitudes entre Israel y EE UU: su colonialismo y sus procesos de limpieza étnica con respecto a los pueblos indígenas, sus sistemas de segregación, su uso de la ley, sus sistemas para promover la represión sistemática etc.. A menudo señalo que mi toma de conciencia sobre la situación de Palestina se remonta a mis años de licenciatura en la Universidad de Brandeis, que fue fundada el mismo año que el Estado de Israel. Además, durante mi propio encarcelamiento, recibí el apoyo de los presos políticos palestinos, así como de los abogados israelíes que defienden a los palestinos.
En 1973, cuando asistí al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Berlín (en la República Democrática Alemana), tuve la oportunidad de conocer a Yasser Arafat, quien siempre reconoció la relación entre la lucha palestina y la lucha por la libertad negra en EE UU. Como el Che, Fidel, Patrice Lumumba y Amilcar Cabral, Arafat fue una figura venerada dentro del movimiento negro de liberación. En aquella época el internacionalismo comunista —en África, Oriente Medio, Europa, Asia, Australia, América del Sur y el Caribe— era una fuerza poderosa. Yo seguramente habría seguido una trayectoria diferente si este internacionalismo no hubiera jugado un papel tan importante.
Los encuentros entre las luchas de liberación negra en EE UU y los movimientos contra la ocupación israelí de Palestina tienen una larga historia. Sin embargo, a menudo, no es en el ámbito explícitamente político en donde se descubren los momentos de contacto. Como destacó Cedric Robinson, a veces están en el ámbito cultural. Freedom Dreams: The Making of the Black Radical Imagination, de Robin Kelley, sitúa el campo del surrealismo como una zona de contacto especialmente productiva. A finales del siglo XX, fue la poeta feminista negra June Jordan quien puso en primer plano el tema de la ocupación de Palestina. A pesar de los ataques sionistas que sufrió, y de perder temporalmente de su amistad con Adrienne Rich (quien más tarde también se convirtió en crítica de la ocupación), June se convirtió en una poderosa defensora de Palestina. En su poesía encarnó la causa de la liberación negra y palestina: “I was born a Black woman / and now / I am become a Palestinian / against the relentless laughter of evil / there is less and less living room / and where are my loved ones / It is time to make our way home” (“Nací una mujer negra/ y ahora me he convertido en palestina/ contra la risa implacable del mal/ cada vez hay menos sala de estar/ y donde están mis seres queridos/ es hora de regresar a casa”).
En un momento en que las feministas negras intentaban crear estrategias basadas en lo que ahora llamamos interseccionalidad, June, que representaba lo mejor de la tradición radical negra, nos enseñó sobre el potencial de las afinidades políticas más allá de las fronteras nacionales, culturales y supuestamente raciales, ayudándonos a imaginar futuros más habitables.
Como he señalado en muchas ocasiones, tuve la impresión de que entendí completamente la ocupación cuando me uní a una delegación en 2011 de activistas académicas feministas indígenas y de mujeres negras en Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque todas nosotras ya estábamos vinculadas al movimiento de solidaridad, todas estábamos completamente conmocionadas por lo poco que realmente sabíamos sobre la violencia cotidiana de la ocupación. Al concluir nuestra visita, decidimos colectivamente dedicar nuestras energías a participar en la campaña Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) y ayudar a elevar la conciencia de nuestros diversos grupos con respecto al papel de EE UU en el mantenimiento de la ocupación militar. Así que sigo profundamente conectada a este proyecto, con Chandra Mohanty, Beverly Guy-Sheall, Barbara Ransby, Gina Dent y las otras compañeras de la delegación.
En los años posteriores a nuestro viaje, muchas otras delegaciones de académicos y activistas han visitado Palestina y han ayudado a acelerar, ampliar e intensificar el movimiento de solidaridad con Palestina. En la medida que los impulsores del movimiento de BDS se han inspirado en la campaña contra el apartheid contra Sudáfrica, los activistas estadounidenses han señalado que se pueden extraer lecciones profundas de aquella política de boicot. Muchas organizaciones y movimientos dentro de EE UU han visto cómo la incorporación de estrategias anti-apartheid a sus agendas transforma radicalmente su propio trabajo. La campaña contra el apartheid no solo ayudó a fortalecer los esfuerzos internacionales para acabar con el estado del apartheid, sino que también revitalizó y enriqueció muchos movimientos nacionales contra el racismo, la misoginia y la injusticia económica.
De la misma manera, la solidaridad con Palestina tiene el potencial de transformar y ampliar la conciencia política de nuestros movimientos contemporáneos. Los activistas de BLM y otros vinculados con este momento histórico tan importante demuestran una creciente conciencia colectiva en este terreno que puede desempeñar un papel importante en obligar a otros sectores del activismo por la justicia social a asumir la causa de la solidaridad palestina, en concreto, el BDS. Las alianzas en los campus universitarios que incluyen a organizaciones estudiantiles negras, los Students for Justice in Palestine y los Jewish Voice for Peace nos recuerdan la profunda necesidad de unir los esfuerzos antirracistas y desafiar a la islamofobia y el antisemitismo mediante la resistencia global a las políticas y prácticas de apartheid del Estado de Israel.
Teórica e ideológicamente, Palestina también nos ha ayudado a ampliar nuestra visión de la abolición, entendida como la abolición del encarcelamiento y la vigilancia. La experiencia de Palestina nos empuja a revisar conceptos como nación carcelaria o estado carcelario para comprender seriamente las vicisitudes cotidianas de la ocupación y la vigilancia no solo por parte de las fuerzas israelíes, sino también de la Autoridad Palestina. Esto, a su vez, ha estimulado otras vías de investigación sobre los usos del encarcelamiento y su papel, por ejemplo, en la perpetuación de nociones binarias con respecto al género y en la naturalización de la segregación basada en la capacidad física, mental e intelectual.
G. T. J. y A. L.: ¿Qué tipo de movimientos sociales pueden, o deben existir en la coyuntura actual, teniendo en cuenta la hegemonía global estadounidense, las relaciones económicas neoliberales, la contrainsurgencia militarizada en lo local y el daltonismo racial?
A. D.: En un momento en que el discurso popular está cambiando rápidamente, en respuesta directa a las presiones que emanan de las protestas sostenidas contra la violencia estatal y de las prácticas de representación vinculadas a las nuevas tecnologías de comunicación, sugiero que necesitamos movimientos que presten tanta atención a la educación política popular como a las movilizaciones que han logrado colocar la violencia policial y el encarcelamiento masivo en la agenda política nacional. Creo que esto significa tratar de forjar un análisis de la coyuntura actual que extraiga lecciones importantes de los ciclos relativamente recientes, que han llevado nuestra conciencia colectiva más allá de los límites anteriores. En otras palabras, necesitamos movimientos que estén preparados para resistir las inevitables presiones hacia la asimilación. El movimiento Occupy nos permitió desarrollar un vocabulario anticapitalista: El 99 por ciento frente al 1 por ciento es un concepto que se ha incorporado al lenguaje popular. La cuestión no es solo cómo preservar este vocabulario, como hizo, por ejemplo, la plataforma de Bernie Sanders, sino cómo construir sobre esto o enriquecerlo con la idea del capitalismo racial, lo cual no puede expresarse en términos que asuman la homogeneidad que siempre subyace al racismo.
Cedric Robinson nunca dejó de investigar ideas, productos culturales y movimientos políticos del pasado. Intentó comprender por qué coexistieron las trayectorias de asimilación y resistencia en los movimientos negros de liberación en EE UU. Las estrategias asimilacionistas que dejan intactas las circunstancias y las estructuras que perpetúan la exclusión y la marginación siempre se han ofrecido como la alternativa más razonable a la abolición, que, por supuesto, no solo requiere resistencia y desmantelamiento, sino también reinvenciones y reconstrucciones radicales.
Quizás este sea el momento de crear las bases para un nuevo partido político, uno que hable con un número mucho mayor de personas de las que los partidos políticos progresistas tradicionales han demostrado ser capaces de hacer. Este partido tendría que estar orgánicamente vinculado a la gama de movimientos radicales que han emergido tras el surgimiento del capitalismo global. Al reflexionar sobre el valor del trabajo de Cedric Robinson en relación con el activismo radical contemporáneo, me parece que este partido tendría que estar anclado en la idea del capitalismo racial: sería antirracista, anticapitalista, feminista y abolicionista. Pero lo más importante de todo, tendría que reconocer la prioridad de los movimientos sobre el terreno, movimientos que reconocen la interseccionalidad de los problemas actuales, movimientos que son lo suficientemente abiertos para permitir la aparición futura de problemas, ideas y movimientos que ni siquiera podemos empezar a imaginar hoy.
G. T. J. y A. L.: ¿Haces una distinción, en tu investigación y activismo, entre el marxismo y el marxismo negro?
A. D.: He pasado la mayor parte de mi vida estudiando las ideas marxistas y me he identificado con grupos que no solo han asumido las críticas inspiradas por los marxistas sobre el orden socioeconómico dominante, sino que también han luchado por comprender la relación co-constitutiva entre el racismo y el capitalismo. Habiendo seguido especialmente las teorías y prácticas de los comunistas negros y antiimperialistas en EE UU, África, el Caribe y otras partes del mundo, y habiendo trabajado durante varios años dentro del Partido Comunista con una formación negra que tomó como referencia al Che Guevara o a Patrice Lumumba, el marxismo, desde mi punto de vista, siempre ha sido un método y un objeto de crítica. En consecuencia, no necesariamente veo los términos marxismo y marxismo negro como opuestos.
Me tomo muy en serio los argumentos de Cedric Robinson en Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition [de próxima publicación en castellano por Traficantes de sueños]. Si asumimos la centralidad incuestionable de Occidente y de su desarrollo económico, filosófico y cultural, los modos económicos, las historias intelectuales, las religiones y las culturas asociadas con África, Asia y los pueblos indígenas no serán reconocidos como dimensiones significativas de la humanidad. El concepto mismo de humanidad siempre ocultará una racialización interna y clandestina, que excluirá las posibilidades de igualdad racial. Huelga decir que el marxismo está firmemente anclado en esta tradición de la Ilustración. Los brillantes análisis de Cedric Robinson revelaron nuevas formas de pensar y actuar generadas precisamente a través de los encuentros entre el marxismo y los intelectuales y activistas negros, que ayudaron a constituir la Tradición Radical Negra.
El concepto asociado con el marxismo negro que considero más productivo y potencialmente más transformador es el concepto de capitalismo racial. Aunque Capitalismo y esclavitud de Eric Williams se publicó en 1944, los esfuerzos académicos que exploran esta relación han permanecido relativamente en los márgenes. Con suerte, las nuevas investigaciones sobre el capitalismo y la esclavitud ayudarán a legitimar aún más la noción de capitalismo racial. Si bien es importante reconocer el papel fundamental que desempeñó la esclavitud en la consolidación histórica del capitalismo, los desarrollos más recientes vinculados al capitalismo global no se pueden comprender adecuadamente si se ignora la dimensión racial del capitalismo.
Gaye Theresa Johnson es profesora asociada de Estudios negros y chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles. Alex Lubin es profesor de Estudios Americanos en la Universidad de Nuevo México.
Fuente: https://www.versobooks.com/
Traducción: viento sur
Gaye Theresa Johnson y Alex Lubin:En tu investigación te has centrado en el abolicionismo carcelario, el feminismo negro, la cultura popular y el blues, y el internacionalismo negro, con una mirada en Palestina. ¿En qué sentido se inspira este trabajo en la Tradición Radical Negra, a la vez que la desarrolla?
Angela Davis: Cedric Robinson nos retó a pensar sobre el papel de los teóricos y activistas radicales negros en la formación de las historias sociales y culturales que nos inspiran, y a vincular nuestras ideas y nuestras prácticas políticas con profundas críticas al capitalismo racial. Me alegra haber vivido lo suficiente para ver como las generaciones más jóvenes de académicos y activistas han comenzado a desarrollar su propia noción de una tradición radical negra. El marxismo negro desarrolló una importante genealogía que giraba en torno al trabajo de C. L. R. James, W. E. B. Du Bois y Richard Wright. Si uno mira su trabajo en su conjunto, incluidos los Movimientos Negros en América y la Antropología del marxismo, como ha señalado H. L. T. Quan, no podemos dejar de observar lo centrales que han sido las mujeres a la hora de forjar una Tradición Radical Negra. Quan escribe que cuando le preguntan por qué en su trabajo hay un enfoque tan central en el papel de la mujer y su resistencia, Robinson responde: “¿Por qué no? Toda resistencia, en efecto, se manifiesta en el género, se manifiesta como género. El género es de hecho un lenguaje de opresión [y] un lenguaje de resistencia”.
He aprendido mucho de Cedric Robinson con respecto a los usos de la historia: formas de teorizar la historia, o permitir que se teorice, que son cruciales para nuestra comprensión del presente y para nuestra capacidad de concebir colectivamente un futuro más habitable. Cedric ha explicado que sus notables excavaciones en la historia emanan de la asunción de objetivos políticos en el presente. Siento mucha afinidad con su enfoque desde la primera vez que leí su libro sobre el marxismo negro. El primer artículo que publiqué, escrito mientras estaba en la cárcel, centrado en las mujeres negras y la esclavitud, fue un esfuerzo por refutar el discurso dañino, pero cada vez más popular, del matriarcado negro, tal y como se representaba a través de informes oficiales del gobierno, así como a través de ideas masculinistas generalizadas (como la necesidad de jerarquías de liderazgo basadas en el género diseñadas para garantizar el dominio de los hombres negros), que circulaban dentro del movimiento negro a finales de la década de 1960 y principios de la de los 1970. Aunque no era así como estaba enfocando mi trabajo en ese momento, ciertamente no dudaría hoy en vincular esa investigación al esfuerzo de hacer más visible una tradición radical negra y feminista.
Los estudios críticos sobre prisiones en un marco explícitamente abolicionista se sitúan dentro de la Tradición Radical Negra, tanto a través de su reconocida relación genealógica con el período de la historia de los Estados Unidos que llamamos Reconstrucción Radical como, por supuesto, a través de su relación tanto con el trabajo de W. E. B. Du Bois y el feminismo negro histórico. El trabajo de Sarah Haley, Kelly Lytle Hernández y de una nueva y emocionante generación de académicos, al vincular su valiosa investigación con su activismo, está ayudando a revitalizar la Tradición Radical Negra.
Parece que con cada generación de activismo antirracista, un estrecho nacionalismo negro regresa cual ave fénix para reclamar la lealtad de nuestros movimientos. El trabajo de Cedric fue inspirado en parte por su deseo de responder al estrecho nacionalismo negro de la era de su (y mi) juventud. Es extremadamente frustrante presenciar el resurgimiento de formas de nacionalismo que no solo son contraproducentes, sino que contravienen lo que debería ser nuestro objetivo: el florecimiento negro y, por lo tanto, humano. Al mismo tiempo, es emocionante presenciar las formas en que las nuevas formaciones juveniles, Black Lives Matter, BYP100, Dream Defenders, están ayudando a dar forma a un nuevo internacionalismo negro influido por las feministas y que resalta el valor de las teorías y prácticas queer.
G: T. J. y A. L.: ¿Cuál es tu balance del movimiento Black Lives Matter(BLM), particularmente a la luz de tu participación en el Black Panther Party (BPP) durante la década de 1970? ¿Black Lives Matter, en tu opinión, tiene un análisis y una teoría de la libertad? ¿Ves alguna similitud entre el movimiento BLM y el BPP?
A.D.: Cuando consideramos la relación entre el BPP y el movimiento BLM, parece que las décadas y generaciones que separan al uno del otro crean una inconmensurabilidad que es consecuencia de los cambios económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Cambios que hacen que el momento contemporáneo sea tan diferente en muchos aspectos importantes a lo que fueron los años sesenta. Por eso quizás debemos buscar conexiones entre los dos movimientos que se muestren no tanto en las similitudes, sino más bien en sus diferencias radicales.
El BPP surgió como una respuesta a la ocupación policial de las comunidades de Oakland, California y las zonas negras urbanas de todo el país. Fue un gesto brillante por parte de Huey Newton y Bobby Seale patrullar los barrios con armas y libros de leyes para vigilar a la policía. Al mismo tiempo, su estrategia también estaba inspirada por el surgimiento de luchas guerrilleras en Cuba, los ejércitos de liberación en el sur de África y Oriente Medio, o la exitosa resistencia del Frente de Liberación Nacional en Vietnam. En retrospectiva, esto también refleja un fracaso para reconocer, como dijo Audre Lorde, que "las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo". De alguna manera, el uso de las armas, aunque era usado principalmente como símbolo de resistencia, transmitió el mensaje de que se podía desafiar a la policía de forma eficaz a través de estrategias policiales.
El hashtag #BlackLivesMatter desarrollado por Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi tras el asesinato del vigilante Trayvon Martin, comenzó a transformarse en una red como respuesta directa a las crecientes protestas en Ferguson, Missouri, que manifestaron un deseo colectivo de exigir justicia para Mike Brown y para todas las vidas negras sacrificadas en el altar del terror racista de la policía. Al pedirnos que resistiéramos radicalmente a la violencia racista en el corazón de las estructuras y estrategias policiales, BLM reconoció desde el principio que, si queríamos avanzar de un modo colectivo hacia una nueva idea de justicia, tendríamos que colocar la demanda de desmilitarizar a la policía en el centro de nuestros esfuerzos. En última instancia, esta reflexión está vinculada a un enfoque que exige la abolición de la vigilancia policial tal como la conocemos y experimentamos, planteando la forma en que las estrategias policiales se han transnacionalizado dentro de los circuitos que vinculan a los pequeños departamentos de policía de EE UU con Israel, que domina este campo a través de la policía militarizada asociada con la ocupación de Palestina.
Aprecio el análisis más complejo que adoptan muchos activistas de BLM, porque refleja con precisión una lectura histórica que es capaz de construir, abrazar y criticar radicalmente los activismos y las teorías antirracistas del pasado. A medida que el BPP intentó, a veces sin éxito, abrazar los feminismos emergentes y lo que luego se denominó el movimiento de liberación gay, los líderes y activistas de BLM han desarrollado enfoques que abordan de manera más productiva las teorías y prácticas feministas y queer. Pero las teorías de la libertad son siempre tentativas. He aprendido de Cedric Robinson que cualquier teoría o estrategia política que pretenda poseer una teoría total de la libertad, o una que pueda entenderse categóricamente, no ha tenido en cuenta la multiplicidad de posibilidades. Esto significa que tal vez, una teoría de la libertad solo puede representarse de manera evocativa en el reino de la cultura.
G. T. J. y A. L.: Tu investigación más reciente se centra en la cuestión de Palestina y su conexión con el movimiento de libertad negra. ¿Cuándo se hizo evidente esta conexión y qué circunstancias, o coyunturas, hicieron posible esta idea?
A. D.: En realidad, mis conferencias y entrevistas más recientes reflejan una comprensión cada vez más extendida de la necesidad de un marco internacionalista, dentro del cual la tarea en curso de desmantelar las estructuras del racismo, el heteropatriarcado y la injusticia económica dentro de EE UU puede ser más duradera y más relevante. En mi propia trayectoria política, Palestina siempre ha ocupado un lugar fundamental, precisamente por las similitudes entre Israel y EE UU: su colonialismo y sus procesos de limpieza étnica con respecto a los pueblos indígenas, sus sistemas de segregación, su uso de la ley, sus sistemas para promover la represión sistemática etc.. A menudo señalo que mi toma de conciencia sobre la situación de Palestina se remonta a mis años de licenciatura en la Universidad de Brandeis, que fue fundada el mismo año que el Estado de Israel. Además, durante mi propio encarcelamiento, recibí el apoyo de los presos políticos palestinos, así como de los abogados israelíes que defienden a los palestinos.
En 1973, cuando asistí al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Berlín (en la República Democrática Alemana), tuve la oportunidad de conocer a Yasser Arafat, quien siempre reconoció la relación entre la lucha palestina y la lucha por la libertad negra en EE UU. Como el Che, Fidel, Patrice Lumumba y Amilcar Cabral, Arafat fue una figura venerada dentro del movimiento negro de liberación. En aquella época el internacionalismo comunista —en África, Oriente Medio, Europa, Asia, Australia, América del Sur y el Caribe— era una fuerza poderosa. Yo seguramente habría seguido una trayectoria diferente si este internacionalismo no hubiera jugado un papel tan importante.
Los encuentros entre las luchas de liberación negra en EE UU y los movimientos contra la ocupación israelí de Palestina tienen una larga historia. Sin embargo, a menudo, no es en el ámbito explícitamente político en donde se descubren los momentos de contacto. Como destacó Cedric Robinson, a veces están en el ámbito cultural. Freedom Dreams: The Making of the Black Radical Imagination, de Robin Kelley, sitúa el campo del surrealismo como una zona de contacto especialmente productiva. A finales del siglo XX, fue la poeta feminista negra June Jordan quien puso en primer plano el tema de la ocupación de Palestina. A pesar de los ataques sionistas que sufrió, y de perder temporalmente de su amistad con Adrienne Rich (quien más tarde también se convirtió en crítica de la ocupación), June se convirtió en una poderosa defensora de Palestina. En su poesía encarnó la causa de la liberación negra y palestina: “I was born a Black woman / and now / I am become a Palestinian / against the relentless laughter of evil / there is less and less living room / and where are my loved ones / It is time to make our way home” (“Nací una mujer negra/ y ahora me he convertido en palestina/ contra la risa implacable del mal/ cada vez hay menos sala de estar/ y donde están mis seres queridos/ es hora de regresar a casa”).
En un momento en que las feministas negras intentaban crear estrategias basadas en lo que ahora llamamos interseccionalidad, June, que representaba lo mejor de la tradición radical negra, nos enseñó sobre el potencial de las afinidades políticas más allá de las fronteras nacionales, culturales y supuestamente raciales, ayudándonos a imaginar futuros más habitables.
Como he señalado en muchas ocasiones, tuve la impresión de que entendí completamente la ocupación cuando me uní a una delegación en 2011 de activistas académicas feministas indígenas y de mujeres negras en Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque todas nosotras ya estábamos vinculadas al movimiento de solidaridad, todas estábamos completamente conmocionadas por lo poco que realmente sabíamos sobre la violencia cotidiana de la ocupación. Al concluir nuestra visita, decidimos colectivamente dedicar nuestras energías a participar en la campaña Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) y ayudar a elevar la conciencia de nuestros diversos grupos con respecto al papel de EE UU en el mantenimiento de la ocupación militar. Así que sigo profundamente conectada a este proyecto, con Chandra Mohanty, Beverly Guy-Sheall, Barbara Ransby, Gina Dent y las otras compañeras de la delegación.
En los años posteriores a nuestro viaje, muchas otras delegaciones de académicos y activistas han visitado Palestina y han ayudado a acelerar, ampliar e intensificar el movimiento de solidaridad con Palestina. En la medida que los impulsores del movimiento de BDS se han inspirado en la campaña contra el apartheid contra Sudáfrica, los activistas estadounidenses han señalado que se pueden extraer lecciones profundas de aquella política de boicot. Muchas organizaciones y movimientos dentro de EE UU han visto cómo la incorporación de estrategias anti-apartheid a sus agendas transforma radicalmente su propio trabajo. La campaña contra el apartheid no solo ayudó a fortalecer los esfuerzos internacionales para acabar con el estado del apartheid, sino que también revitalizó y enriqueció muchos movimientos nacionales contra el racismo, la misoginia y la injusticia económica.
De la misma manera, la solidaridad con Palestina tiene el potencial de transformar y ampliar la conciencia política de nuestros movimientos contemporáneos. Los activistas de BLM y otros vinculados con este momento histórico tan importante demuestran una creciente conciencia colectiva en este terreno que puede desempeñar un papel importante en obligar a otros sectores del activismo por la justicia social a asumir la causa de la solidaridad palestina, en concreto, el BDS. Las alianzas en los campus universitarios que incluyen a organizaciones estudiantiles negras, los Students for Justice in Palestine y los Jewish Voice for Peace nos recuerdan la profunda necesidad de unir los esfuerzos antirracistas y desafiar a la islamofobia y el antisemitismo mediante la resistencia global a las políticas y prácticas de apartheid del Estado de Israel.
Teórica e ideológicamente, Palestina también nos ha ayudado a ampliar nuestra visión de la abolición, entendida como la abolición del encarcelamiento y la vigilancia. La experiencia de Palestina nos empuja a revisar conceptos como nación carcelaria o estado carcelario para comprender seriamente las vicisitudes cotidianas de la ocupación y la vigilancia no solo por parte de las fuerzas israelíes, sino también de la Autoridad Palestina. Esto, a su vez, ha estimulado otras vías de investigación sobre los usos del encarcelamiento y su papel, por ejemplo, en la perpetuación de nociones binarias con respecto al género y en la naturalización de la segregación basada en la capacidad física, mental e intelectual.
G. T. J. y A. L.: ¿Qué tipo de movimientos sociales pueden, o deben existir en la coyuntura actual, teniendo en cuenta la hegemonía global estadounidense, las relaciones económicas neoliberales, la contrainsurgencia militarizada en lo local y el daltonismo racial?
A. D.: En un momento en que el discurso popular está cambiando rápidamente, en respuesta directa a las presiones que emanan de las protestas sostenidas contra la violencia estatal y de las prácticas de representación vinculadas a las nuevas tecnologías de comunicación, sugiero que necesitamos movimientos que presten tanta atención a la educación política popular como a las movilizaciones que han logrado colocar la violencia policial y el encarcelamiento masivo en la agenda política nacional. Creo que esto significa tratar de forjar un análisis de la coyuntura actual que extraiga lecciones importantes de los ciclos relativamente recientes, que han llevado nuestra conciencia colectiva más allá de los límites anteriores. En otras palabras, necesitamos movimientos que estén preparados para resistir las inevitables presiones hacia la asimilación. El movimiento Occupy nos permitió desarrollar un vocabulario anticapitalista: El 99 por ciento frente al 1 por ciento es un concepto que se ha incorporado al lenguaje popular. La cuestión no es solo cómo preservar este vocabulario, como hizo, por ejemplo, la plataforma de Bernie Sanders, sino cómo construir sobre esto o enriquecerlo con la idea del capitalismo racial, lo cual no puede expresarse en términos que asuman la homogeneidad que siempre subyace al racismo.
Cedric Robinson nunca dejó de investigar ideas, productos culturales y movimientos políticos del pasado. Intentó comprender por qué coexistieron las trayectorias de asimilación y resistencia en los movimientos negros de liberación en EE UU. Las estrategias asimilacionistas que dejan intactas las circunstancias y las estructuras que perpetúan la exclusión y la marginación siempre se han ofrecido como la alternativa más razonable a la abolición, que, por supuesto, no solo requiere resistencia y desmantelamiento, sino también reinvenciones y reconstrucciones radicales.
Quizás este sea el momento de crear las bases para un nuevo partido político, uno que hable con un número mucho mayor de personas de las que los partidos políticos progresistas tradicionales han demostrado ser capaces de hacer. Este partido tendría que estar orgánicamente vinculado a la gama de movimientos radicales que han emergido tras el surgimiento del capitalismo global. Al reflexionar sobre el valor del trabajo de Cedric Robinson en relación con el activismo radical contemporáneo, me parece que este partido tendría que estar anclado en la idea del capitalismo racial: sería antirracista, anticapitalista, feminista y abolicionista. Pero lo más importante de todo, tendría que reconocer la prioridad de los movimientos sobre el terreno, movimientos que reconocen la interseccionalidad de los problemas actuales, movimientos que son lo suficientemente abiertos para permitir la aparición futura de problemas, ideas y movimientos que ni siquiera podemos empezar a imaginar hoy.
G. T. J. y A. L.: ¿Haces una distinción, en tu investigación y activismo, entre el marxismo y el marxismo negro?
A. D.: He pasado la mayor parte de mi vida estudiando las ideas marxistas y me he identificado con grupos que no solo han asumido las críticas inspiradas por los marxistas sobre el orden socioeconómico dominante, sino que también han luchado por comprender la relación co-constitutiva entre el racismo y el capitalismo. Habiendo seguido especialmente las teorías y prácticas de los comunistas negros y antiimperialistas en EE UU, África, el Caribe y otras partes del mundo, y habiendo trabajado durante varios años dentro del Partido Comunista con una formación negra que tomó como referencia al Che Guevara o a Patrice Lumumba, el marxismo, desde mi punto de vista, siempre ha sido un método y un objeto de crítica. En consecuencia, no necesariamente veo los términos marxismo y marxismo negro como opuestos.
Me tomo muy en serio los argumentos de Cedric Robinson en Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition [de próxima publicación en castellano por Traficantes de sueños]. Si asumimos la centralidad incuestionable de Occidente y de su desarrollo económico, filosófico y cultural, los modos económicos, las historias intelectuales, las religiones y las culturas asociadas con África, Asia y los pueblos indígenas no serán reconocidos como dimensiones significativas de la humanidad. El concepto mismo de humanidad siempre ocultará una racialización interna y clandestina, que excluirá las posibilidades de igualdad racial. Huelga decir que el marxismo está firmemente anclado en esta tradición de la Ilustración. Los brillantes análisis de Cedric Robinson revelaron nuevas formas de pensar y actuar generadas precisamente a través de los encuentros entre el marxismo y los intelectuales y activistas negros, que ayudaron a constituir la Tradición Radical Negra.
El concepto asociado con el marxismo negro que considero más productivo y potencialmente más transformador es el concepto de capitalismo racial. Aunque Capitalismo y esclavitud de Eric Williams se publicó en 1944, los esfuerzos académicos que exploran esta relación han permanecido relativamente en los márgenes. Con suerte, las nuevas investigaciones sobre el capitalismo y la esclavitud ayudarán a legitimar aún más la noción de capitalismo racial. Si bien es importante reconocer el papel fundamental que desempeñó la esclavitud en la consolidación histórica del capitalismo, los desarrollos más recientes vinculados al capitalismo global no se pueden comprender adecuadamente si se ignora la dimensión racial del capitalismo.
Gaye Theresa Johnson es profesora asociada de Estudios negros y chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles. Alex Lubin es profesor de Estudios Americanos en la Universidad de Nuevo México.
Fuente: https://www.versobooks.com/
Traducción: viento sur
Embajada de EE.UU tiene una altísima responsabilidad en la profundización del narcotráfico en Honduras
agosto 11, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
El Progreso, Yoro.-El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derecho internacional y especialista en temas de seguridad, autor y coautor de varios libros jurídico-sociales y con experiencia en litigios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conoce muy bien la política de EE.UU. en Honduras y su influencia en la política de seguridad nacional.
El experto cree que el país norteamericano tiene una responsabilidad muy grande de todo lo que está pasando en nuestro país, no solo desde los años 80, cuando promovió la Doctrina de la Seguridad Nacional y crímenes de lesa humanidad, que se cometieron, sino también cuando ha apoyado a un régimen como el de Juan Orlando Hernández que está -según dice- vinculado con el narcotráfico y que a través de la Embajada mantiene en pie.
Estados Unidos, como relación bilateral, mantiene un tratado de extradición con Honduras para sancionar a los personajes que incurran en algunos delitos como narcotráfico y corrupción; Honduras -con su política de seguridad interna- ha aprobado un nuevo Código Penal que reduce las penas por narcotráfico y corrupción. Todo esto con los tres poderes del Estado hondureño en una misma sintonía: no hay a la fecha ninguna reacción alérgica tanto del Ejecutivo, Judicial y Legislativo ante la impunidad de la que ahora gozan los narcotraficantes hondureños.
«En ese sentido creemos que EE.UU. tiene una doble moral, porque reconoce la incapacidad del sistema judicial hondureño para procesar a criminales. Y ese reconocimiento se ve reflejado en las extradiciones. Hay que recordar que una extradición únicamente se puede dar cuando en el país de origen no se ha investigado a las personas que están siendo señaladas y solicitadas por extradición», dice Mejía Rivera.
El también miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), sostiene que en ese sentido «todos y todas aquellas personas que están en EE.UU., extraditadas, nunca fueron investigadas en el país, y, por lo tanto, esa es la doble moral de los EE.UU., en el sentido de seguir apoyando a un régimen que ni siquiera es capaz de perseguir a los personajes que luego EE.UU. pide en extradición. Hay que responsabilidad altísima del gobierno de EE.UU., junto con el silencio cómplice de la Unión Europea».
Mejía explica que el nuevo Código Penal expresa una contradicción. Recuerda que un eslogan del régimen de Juan Orlando Hernández es la lucha contra la corrupción, impunidad, criminalidad organizada y narcotráfico. Sin embargo, para una lucha efectiva y honesta contra la criminalidad, es en el Código Penal donde deben proporcionarse unas penas proporcionales a la gravedad de los delitos. No obstante, cuando se trata de delitos vinculados a la corrupción o al narcotráfico, el nuevo Código Penal reduce las penas a los que están vinculados a ese tipo de delitos.
«Por eso planteo que ese nuevo Código Penal es una contradicción con el propio discurso de Juan Orlando Hernández, que genera impunidad en ese tipo de delitos. Además, es ilegítimo el nuevo Código Penal, porque no es posible que quienes estuvieron siendo investigados por la UFECIC-Maccih, quienes estaban siendo denunciados por los tribunales de la República por corrupción y también algunos mencionados en EE.UU. por narcotráfico, sean los mismos que estaban aprobando un nuevo Código Penal que terminó beneficiándoles», subrayó.
Expone que esto refleja la hipocresía de un gobierno de Honduras que es juez y parte, en el sentido de que están siendo investigados y al mismo tiempo aprueban unas normas que les van a beneficiar en el futuro. También la hipocresía del régimen de Juan Orlando Hernández de que supuestamente lucha contra la corrupción y la impunidad, pero en teoría es incapaz de que su propio hermano (Tony Hernández, preso por cuatro en EE.UU.) es narcotraficante y que otros diputados -particularmente de su partido- estaban vinculados no solo a tráfico de drogas sino que también en actos de corrupción.
«Eso refleja el cinismo estructural que hay en el país, que establece y se refleja en un discurso pero hay una práctica contraria. Es el reflejo de la crisis permanente que vivimos y que inició con el golpe de Estado en el 2009. Refleja también lo que dicen bastantes índices sobre la democracia hondureña: débil, cerca de convertirse en un Estado Fallido, que es una autocracia, que no hay independencia judicial, que no hay separación de los poderes. Ese es el reflejo, porque si realmente estuviéramos en un Estado de derecho, el nuevo Código Penal ya estuviera abrogado», apuntó.
Honduras ya tiene un presidente que en EE.UU. que ha sido nombrado en su momento como CC-4 , es decir, co-conspirador para introducir cocaína a ese país; y recientemente se produjo al país la llegada de Yani Rosenthal -preponderante empresario de origen judío y político del Partido Liberal- que cumplió una pena de 3 años en EE.UU. por tener relaciones comerciales con el cartel de Los Cachiros. Este último caso, abrió el debate acerca de la ética y moral en asuntos político electorales.
Joaquín cree que en el caso de Yani Rosenthal tenemos que ver que es una persona que ya pagó por los delitos que cometió, sin embargo, sostiene que como ciudadano hondureño -sin ningún proceso pendiente en Honduras- tiene derecho a involucrarse en la política. “Sin ninguna duda”, dice.
«Pero la ciudadanía es la que debe valorar si puede confiar su voto en una persona que ha estado vinculada con este tipo de delitos. Esta es una cuestión que cada ciudadano y ciudadana debe valorar. El caso acá es que Yani Rosenthal ya pagó por su delito; lo más grave es que tenemos a un titular de un régimen que está gobernando a Honduras por la fuerza y que no ha pagado por sus delitos. Y que está siendo mencionado como narcotraficante en un tribunal de EE. UU».
El Progreso, Yoro.-El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derecho internacional y especialista en temas de seguridad, autor y coautor de varios libros jurídico-sociales y con experiencia en litigios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conoce muy bien la política de EE.UU. en Honduras y su influencia en la política de seguridad nacional.
El experto cree que el país norteamericano tiene una responsabilidad muy grande de todo lo que está pasando en nuestro país, no solo desde los años 80, cuando promovió la Doctrina de la Seguridad Nacional y crímenes de lesa humanidad, que se cometieron, sino también cuando ha apoyado a un régimen como el de Juan Orlando Hernández que está -según dice- vinculado con el narcotráfico y que a través de la Embajada mantiene en pie.
Estados Unidos, como relación bilateral, mantiene un tratado de extradición con Honduras para sancionar a los personajes que incurran en algunos delitos como narcotráfico y corrupción; Honduras -con su política de seguridad interna- ha aprobado un nuevo Código Penal que reduce las penas por narcotráfico y corrupción. Todo esto con los tres poderes del Estado hondureño en una misma sintonía: no hay a la fecha ninguna reacción alérgica tanto del Ejecutivo, Judicial y Legislativo ante la impunidad de la que ahora gozan los narcotraficantes hondureños.
«En ese sentido creemos que EE.UU. tiene una doble moral, porque reconoce la incapacidad del sistema judicial hondureño para procesar a criminales. Y ese reconocimiento se ve reflejado en las extradiciones. Hay que recordar que una extradición únicamente se puede dar cuando en el país de origen no se ha investigado a las personas que están siendo señaladas y solicitadas por extradición», dice Mejía Rivera.
El también miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), sostiene que en ese sentido «todos y todas aquellas personas que están en EE.UU., extraditadas, nunca fueron investigadas en el país, y, por lo tanto, esa es la doble moral de los EE.UU., en el sentido de seguir apoyando a un régimen que ni siquiera es capaz de perseguir a los personajes que luego EE.UU. pide en extradición. Hay que responsabilidad altísima del gobierno de EE.UU., junto con el silencio cómplice de la Unión Europea».
Mejía explica que el nuevo Código Penal expresa una contradicción. Recuerda que un eslogan del régimen de Juan Orlando Hernández es la lucha contra la corrupción, impunidad, criminalidad organizada y narcotráfico. Sin embargo, para una lucha efectiva y honesta contra la criminalidad, es en el Código Penal donde deben proporcionarse unas penas proporcionales a la gravedad de los delitos. No obstante, cuando se trata de delitos vinculados a la corrupción o al narcotráfico, el nuevo Código Penal reduce las penas a los que están vinculados a ese tipo de delitos.
«Por eso planteo que ese nuevo Código Penal es una contradicción con el propio discurso de Juan Orlando Hernández, que genera impunidad en ese tipo de delitos. Además, es ilegítimo el nuevo Código Penal, porque no es posible que quienes estuvieron siendo investigados por la UFECIC-Maccih, quienes estaban siendo denunciados por los tribunales de la República por corrupción y también algunos mencionados en EE.UU. por narcotráfico, sean los mismos que estaban aprobando un nuevo Código Penal que terminó beneficiándoles», subrayó.
Expone que esto refleja la hipocresía de un gobierno de Honduras que es juez y parte, en el sentido de que están siendo investigados y al mismo tiempo aprueban unas normas que les van a beneficiar en el futuro. También la hipocresía del régimen de Juan Orlando Hernández de que supuestamente lucha contra la corrupción y la impunidad, pero en teoría es incapaz de que su propio hermano (Tony Hernández, preso por cuatro en EE.UU.) es narcotraficante y que otros diputados -particularmente de su partido- estaban vinculados no solo a tráfico de drogas sino que también en actos de corrupción.
«Eso refleja el cinismo estructural que hay en el país, que establece y se refleja en un discurso pero hay una práctica contraria. Es el reflejo de la crisis permanente que vivimos y que inició con el golpe de Estado en el 2009. Refleja también lo que dicen bastantes índices sobre la democracia hondureña: débil, cerca de convertirse en un Estado Fallido, que es una autocracia, que no hay independencia judicial, que no hay separación de los poderes. Ese es el reflejo, porque si realmente estuviéramos en un Estado de derecho, el nuevo Código Penal ya estuviera abrogado», apuntó.
Honduras ya tiene un presidente que en EE.UU. que ha sido nombrado en su momento como CC-4 , es decir, co-conspirador para introducir cocaína a ese país; y recientemente se produjo al país la llegada de Yani Rosenthal -preponderante empresario de origen judío y político del Partido Liberal- que cumplió una pena de 3 años en EE.UU. por tener relaciones comerciales con el cartel de Los Cachiros. Este último caso, abrió el debate acerca de la ética y moral en asuntos político electorales.
Joaquín cree que en el caso de Yani Rosenthal tenemos que ver que es una persona que ya pagó por los delitos que cometió, sin embargo, sostiene que como ciudadano hondureño -sin ningún proceso pendiente en Honduras- tiene derecho a involucrarse en la política. “Sin ninguna duda”, dice.
«Pero la ciudadanía es la que debe valorar si puede confiar su voto en una persona que ha estado vinculada con este tipo de delitos. Esta es una cuestión que cada ciudadano y ciudadana debe valorar. El caso acá es que Yani Rosenthal ya pagó por su delito; lo más grave es que tenemos a un titular de un régimen que está gobernando a Honduras por la fuerza y que no ha pagado por sus delitos. Y que está siendo mencionado como narcotraficante en un tribunal de EE. UU».
«Ley de alivio a la deuda solo beneficia a instituciones financieras» Nelson Ávila
julio 21, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ante el aciago panorama que habita en el país por la crisis sanitaria y profundizada por la corrupción de las instituciones públicas, el doctor en Ciencias Económicas, Nelson Ávila trae a memoria la considerada «mal llamada» ley de alivio, la cual considera que beneficia esencialmente a las instituciones financieras.
La ley de Alivio a la Deuda, se aprobó el pasado 04 de noviembre, el Congreso Nacional, la cual prometía beneficiar a la población trabajadora del sector público y privado, bajo la consolidación de créditos con menor tasa de interés.
«Lo que ocurre es que se ha planificado una ley que beneficia esencialmente, por no decir exclusivamente a las instituciones financieras», recalca el doctor. Para Ávila las instituciones financieras en el marco de una legalidad, pero en el contexto de una injusticia para el pueblo, han realizado una serie de acciones para «evitar» las presiones de liquidez a los cuentahabientes, pero a costos dimensionados.
Dichos costos, señala el doctor deberían beneficiar de igual manera a ambas partes, pero en este caso solo favorece sustantivamente a las instituciones públicas, con el mayor conocimiento de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), la cual responde que es legal. «Planificaron una ley que beneficia a una de las partes. El tema es discusión es si es o no justo», indica.
Otro de los puntos, que deben considerarse, es que las instituciones bancarias, bajo la lógica de concesiones tradicionales, no deberían ser propiedad de unos cuantos que solo aportan el capital y no una cultura bancaria, como debería ocurrir por ser empresas de responsabilidad públicas. «En ese sentido hay una enorme liquidez en la sociedad y eso significa que deberían bajar las tasas de interés», dice el doctor.
Ávila remarca que el no reducir la tasa de interés y las condiciones de negociación para los cuentahabientes, se debe al mercado cautivo, una especie de monopolio financiero, donde no existe la posibilidad de democratizar el crédito, ni el capital y ocurre una ruptura de las leyes económicas.
El doctor ejemplifica que, en la teoría económica, un exceso de liquidez permite reducir la tasa de interés y al disminuir esta resulta positivo porque las personas se arriesgan a invertir, ya que el costo financiero es menor y en consecuencia al existir una tasa de interés menor, hay un aumento de empleos, precisamente por la inversión. «El aumento de empleo genera reducción de pobreza», advierte.
El problema principal en Honduras opina el doctor es el monopolio de la economía. «Es la antítesis de esa categoría que les gusta utilizar tantos a ellos; el libre mercado. No existe en el país libre mercado financiero y por eso tenemos ese problema.» Y por último reflexiona que las instituciones bancarias fueron creadas para que aportaran al desarrollo de la nación, pero haciendo un análisis más del 80% del crédito es improductivo y sirve para generar empleo en el exterior y al mismo tiempo se determina por un consumo que no genera empleo, producción, ni inversión.
«Una nación que realmente responde a los intereses de un Estado de Derecho y a la mayoría de la población, debería legalizar, entre ellas la ley de alivio a la deuda para promover el desarrollo y no la especulación, el monopolio y la concentración del capital», dice Nelson.
En medio de la crisis pandémica que ha afectado a más de 250 mil trabajadores y trabajadores, el doctor Ávila insta a las personas que han sido perjudicadas por este tipo de leyes a denunciar a nivel internacional, ya que a nivel nacional las instancias estatales avalan y respaldan a las instituciones financieras.
2-. Condenamos la militarización, no solo en las calles sino también en las estructuras de tomas de decisiones colectivas, muchas ilegales e ilegitimas. Creemos firmemente que esto es un síntoma más de que vivimos en una dictadura cada vez más violenta y demente, que amplía la injerencia patriarcal, tanto en los espacios públicos como en los privados. No a los militares, su presencia es dañina, estorban y saquean los bienes comunes.
3-. Nos seguimos preguntando ¿Dónde está el dinero? Está en la bota militar, en los misteriosos hospitales móviles, están en la campaña cachureca, en el plato de comida del fiscal, en la loción de la ministra. Les invitamos a estar pendiente de todas las expresiones mediáticas que desde este espacio estamos impulsando, convencidos que robar en esta emergencia es asesinar, porque los fondos saqueados estaban destinados a salvar vidas.
4-. En esta emergencia, la vida no solo está amenazada por el virus y la corrupción, también por los descarados cobros en la factura de energía eléctrica, el aumento a la canasta básica, la falta de pago de salarios a miles de empleados públicos y la suspensión ilegal e injusta de miles de obreras y obreros, con el contubernio del ministerio del Trabajo. Exhortamos a la bancada que actuó con dignidad el día 24 de junio, a seguir unida para que en mayoría legislen para aliviar los tormentos de las grandes mayorías. No calculen, actúen conforme al clamor de este pisoteado pueblo.
5-. Saludamos las iniciativas y acciones populares de manifestaciones públicas que han comenzado a realizarse con creatividad. Todas las acciones que se impulsan en este período de incertidumbre y angustia, despierta la lucha popular y son un homenaje a las víctimas del Coronavirus y afronta a los sanguinarios saqueos del equipo que lidera Juan Orlando Hernández.
6-. Todas las organizaciones firmantes invitamos a la Caravana nacional “¿Dónde está el dinero?” para el día lunes, a las 4:00 de la tarde en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, El Progreso, La Ceiba y el valle de Aguán. Al tiempo, invitamos a escuchar la conferencia de prensa el día lunes a las 10:00 am, donde presentaremos nuestros aportes mediáticos a la campaña “¿Dónde está el dinero?”
7-. Mientras caminamos, hagamos una pausa ruidosa en el patio de la casa, cada sábado a las siete de la noche. El cacerolazo sigue siendo signo de vida y esperanza ante la pandemia de la corrupción.
Honduras, julio de 2020
Tegucigalpa.- Ante el aciago panorama que habita en el país por la crisis sanitaria y profundizada por la corrupción de las instituciones públicas, el doctor en Ciencias Económicas, Nelson Ávila trae a memoria la considerada «mal llamada» ley de alivio, la cual considera que beneficia esencialmente a las instituciones financieras.
La ley de Alivio a la Deuda, se aprobó el pasado 04 de noviembre, el Congreso Nacional, la cual prometía beneficiar a la población trabajadora del sector público y privado, bajo la consolidación de créditos con menor tasa de interés.
«Lo que ocurre es que se ha planificado una ley que beneficia esencialmente, por no decir exclusivamente a las instituciones financieras», recalca el doctor. Para Ávila las instituciones financieras en el marco de una legalidad, pero en el contexto de una injusticia para el pueblo, han realizado una serie de acciones para «evitar» las presiones de liquidez a los cuentahabientes, pero a costos dimensionados.
Dichos costos, señala el doctor deberían beneficiar de igual manera a ambas partes, pero en este caso solo favorece sustantivamente a las instituciones públicas, con el mayor conocimiento de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), la cual responde que es legal. «Planificaron una ley que beneficia a una de las partes. El tema es discusión es si es o no justo», indica.
Otro de los puntos, que deben considerarse, es que las instituciones bancarias, bajo la lógica de concesiones tradicionales, no deberían ser propiedad de unos cuantos que solo aportan el capital y no una cultura bancaria, como debería ocurrir por ser empresas de responsabilidad públicas. «En ese sentido hay una enorme liquidez en la sociedad y eso significa que deberían bajar las tasas de interés», dice el doctor.
Ávila remarca que el no reducir la tasa de interés y las condiciones de negociación para los cuentahabientes, se debe al mercado cautivo, una especie de monopolio financiero, donde no existe la posibilidad de democratizar el crédito, ni el capital y ocurre una ruptura de las leyes económicas.
El doctor ejemplifica que, en la teoría económica, un exceso de liquidez permite reducir la tasa de interés y al disminuir esta resulta positivo porque las personas se arriesgan a invertir, ya que el costo financiero es menor y en consecuencia al existir una tasa de interés menor, hay un aumento de empleos, precisamente por la inversión. «El aumento de empleo genera reducción de pobreza», advierte.
El problema principal en Honduras opina el doctor es el monopolio de la economía. «Es la antítesis de esa categoría que les gusta utilizar tantos a ellos; el libre mercado. No existe en el país libre mercado financiero y por eso tenemos ese problema.» Y por último reflexiona que las instituciones bancarias fueron creadas para que aportaran al desarrollo de la nación, pero haciendo un análisis más del 80% del crédito es improductivo y sirve para generar empleo en el exterior y al mismo tiempo se determina por un consumo que no genera empleo, producción, ni inversión.
«Una nación que realmente responde a los intereses de un Estado de Derecho y a la mayoría de la población, debería legalizar, entre ellas la ley de alivio a la deuda para promover el desarrollo y no la especulación, el monopolio y la concentración del capital», dice Nelson.
En medio de la crisis pandémica que ha afectado a más de 250 mil trabajadores y trabajadores, el doctor Ávila insta a las personas que han sido perjudicadas por este tipo de leyes a denunciar a nivel internacional, ya que a nivel nacional las instancias estatales avalan y respaldan a las instituciones financieras.
Denunciar y desmontar la
dictadura es nuestra práctica y nuestro camino colectivo, y esto es
asunto de vida o muerte. O sigue la dictadura y nos hartará con sus
garras y colmillos, con la pandemia y sus saqueos y escándalos, o la
desmontamos, y entonces abrimos un camino nuevo hacia la construcción de
una Honduras compartida por igual por toda su gente. Es un compromiso
histórico permanecer en pie de lucha, y puesta toda nuestra fe y fuerza
en esta lucha por vivir, presentamos este Décimo octavo manifiesto
público:
1-. Dejamos constancia por dieciocho veces
consecutiva, de la exigencia porque se conduzca esta crisis sanitaria
con un equipo profesional y digno, que se hagan a un lado todos los
miembros de ese equipo politizado, saqueador e improvisador, y que se
conforme un sistema de veeduría independiente para dar garantía en el
buen manejo de Nuestros fondos nacionales. Ignorando estas exigencias
tan simples han convertido la crisis sanitaria en genocidio. Así de
claro, así de mortal ha sido el silencio de asesinos.2-. Condenamos la militarización, no solo en las calles sino también en las estructuras de tomas de decisiones colectivas, muchas ilegales e ilegitimas. Creemos firmemente que esto es un síntoma más de que vivimos en una dictadura cada vez más violenta y demente, que amplía la injerencia patriarcal, tanto en los espacios públicos como en los privados. No a los militares, su presencia es dañina, estorban y saquean los bienes comunes.
3-. Nos seguimos preguntando ¿Dónde está el dinero? Está en la bota militar, en los misteriosos hospitales móviles, están en la campaña cachureca, en el plato de comida del fiscal, en la loción de la ministra. Les invitamos a estar pendiente de todas las expresiones mediáticas que desde este espacio estamos impulsando, convencidos que robar en esta emergencia es asesinar, porque los fondos saqueados estaban destinados a salvar vidas.
4-. En esta emergencia, la vida no solo está amenazada por el virus y la corrupción, también por los descarados cobros en la factura de energía eléctrica, el aumento a la canasta básica, la falta de pago de salarios a miles de empleados públicos y la suspensión ilegal e injusta de miles de obreras y obreros, con el contubernio del ministerio del Trabajo. Exhortamos a la bancada que actuó con dignidad el día 24 de junio, a seguir unida para que en mayoría legislen para aliviar los tormentos de las grandes mayorías. No calculen, actúen conforme al clamor de este pisoteado pueblo.
5-. Saludamos las iniciativas y acciones populares de manifestaciones públicas que han comenzado a realizarse con creatividad. Todas las acciones que se impulsan en este período de incertidumbre y angustia, despierta la lucha popular y son un homenaje a las víctimas del Coronavirus y afronta a los sanguinarios saqueos del equipo que lidera Juan Orlando Hernández.
6-. Todas las organizaciones firmantes invitamos a la Caravana nacional “¿Dónde está el dinero?” para el día lunes, a las 4:00 de la tarde en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, El Progreso, La Ceiba y el valle de Aguán. Al tiempo, invitamos a escuchar la conferencia de prensa el día lunes a las 10:00 am, donde presentaremos nuestros aportes mediáticos a la campaña “¿Dónde está el dinero?”
7-. Mientras caminamos, hagamos una pausa ruidosa en el patio de la casa, cada sábado a las siete de la noche. El cacerolazo sigue siendo signo de vida y esperanza ante la pandemia de la corrupción.
Honduras, julio de 2020
Actualización CAUSA BERTA CÁCERES
27/05/2020
COPINH
Instituciones financieras y derechos humanos
¿Qué tanto les interesa a los financiadores de «desarrollo» la persecución de defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes? El caso Honduras y la persecución del pueblo garífuna
Por defensores -
23 julio, 2020
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Imagen de Giorgio Trucchi
Tomado de pressenza.com
El informe «Riesgos no calculados»[1] de
la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, evidencia algo
que los grandes medios, consciente o inconscientemente, ocultan: las
amenazas y los ataques contra quienes defienden la tierra y los bienes
comunes son cada vez más frecuentes y las instituciones financieras de
desarrollo (IFD) son cómplices de ello.
«El desarrollo inclusivo y sostenible
requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de
expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en
las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades», señala el
informe.
Lamentablemente, comunidades,
movimientos sociales y populares y periodistas comprometidos, que a
diario protegen tierras y bienes comunes, exigen acceso a vivienda,
educación y salud y denuncian los abusos y la corrupción, son víctimas
de acoso, violencia física, criminalización y asesinato.
En especial, «amenazas y ataques son
cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en
nombre del desarrollo», agrega el documento presentado a finales de
junio pasado.
Entre los principales hallazgos, la
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo señala que los
ataques son generalizados e involucran a una gran variedad de países,
personas, sectores, inversiones y financiadores.
Asimismo, elementos desencadenantes de
la escalada criminalizadora y represiva son tanto las campañas de
estigmatización contra comunidades, grupos e individuos que son
etiquetados de «opositores al desarrollo», como la imposición de
«proyectos de desarrollo» sin una consulta previa, libre e informada.
IFD corresponsables
«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
A través de 25 estudios de casos – diez
de ellos en América Latina[2] – el amplio documento evidencia como, a
pesar de los compromisos ambientales y en materia de derechos humanos
asumidos, las IFD continúan financiando proyectos que ocasionan daños
severos a las comunidades locales.
En efecto, casi ninguna de estas
instituciones financieras «estudia de manera sistemática si el entorno
es favorable para la participación pública y la defensa de los derechos
humanos», conformándose con informes parcializados de sus clientes, sin
monitoreo en el terreno, y pasando por alto señales de alerta temprana
de riesgo para defensores y defensoras.
Tampoco los mecanismos de quejas y
denuncia de irregularidades tienen las herramientas y la autoridad
necesaria para prevenir y hacerle frente a las agresiones.
Una larga secuela de muerte
«El desarrollo siempre es para el gran
capital y no para las comunidades. En la lucha que desarrollamos contra
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sufrimos división, represión y
asesinatos, entre otros el de nuestra coordinadora Berta Cáceres.
Los bancos nacionales e internacionales
que financiaban[3] el proyecto nunca quisieron escucharnos y prefirieron
quedarse callados. Por eso son corresponsables de todas las violaciones
que hemos sufrido», dijo Dunia Sanchéz del Copinh.
Siempre en Honduras, el financiamiento
de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco
Mundial, para la expansión de la palma africana en la zona del Bajo
Aguán, fue uno de los elementos que contribuyó al estallido de uno de
los más sangrientos conflictos agrarios y al asesinato de decenas de
campesinos.
El pueblo garífuna es otra víctima de
proyectos de «desarrollo» financiados por instituciones financieras, en
especial agroindustriales y turísticos, que acaparan territorios y
expulsan comunidades[4].
Justo en estos días, el secuestro y
desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Triunfo de la
Cruz[5], entre ellos el presidente del patronato Alberth Esnider
Centeno, tienen en vilo al pueblo garífuna hondureño que exige su
aparición inmediata y con vida.
Detrás del crimen está el despojo de
tierras ancestrales garífunas para impulsar «proyectos de desarrollo» y
la lucha de las comunidades para recuperar lo que durante siglos les han
estado arrebatando.
El derecho del pueblo garífuna sobre
estas mismas tierras ha sido objeto de un largo juicio ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor
de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, instando al
Estado de Honduras a hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la
posesión sobre las tierras ancestrales.
Cinco años después, el Estado sigue sin acatar la sentencia.
Pequeños avances
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
«Se necesita no sólo un cambio en las
políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a
los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo
se concibe y se implementa el desarrollo», aclara la Coalición.
Entre las principales recomendaciones a
las IFD y a los Estados, la Coalición insta a respetar los derechos y
prevenir los daños, garantizar un entorno favorable para la
participación de comunidades y personas defensoras, escuchar a las
personas defensoras y monitorear los riesgos, y respaldar a quienes son
amenazados.
[1] https://bit.ly/2CclG8Vde
[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa
[4] http://www.albasud.org/publ/
[5] https://cespad.org.hn/2020/07/
[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa
[4] http://www.albasud.org/publ/
[5] https://cespad.org.hn/2020/07/
Fuente: LINyM
Capturas de video cuando la policía baja de la patrulla al periodista Mauricio Ortega.
Tegucigalpa.- Este día a eso de las 10:00 de
la mañana, el periodista Mauricio Ortega, director del medio de
comunicación Noti Omoa, fue detenido por agentes de la Policía Nacional
en Puerto Cortés, mientras le daba halón a varios jóvenes deportados de
Estados Unidos, y después los llevaría a comer, acción que el
comunicador realiza desde hace varios años.
A través de un video compartido en redes
sociales, Ortega manifestó que él trasladó a los muchachos en la parte
de arriba (atrás) del auto, ya que en el interior transportaba a su
familia, a la que no la puede poner en riesgo. En todo caso esta acción
implicaba una sanción de tránsito, no una detención.
Ortega no terminó de dar declaraciones a
la prensa, ya que en dicho video se puede ver como dos agentes
policiales lo empujaron para luego ingresarlo de arrastras a la posta
policial, demostrando el salvajismo que comete la Policía Nacional a las
personas detenidas.
Tomando en cuenta que desde hace cuatro
meses hay un toque de queda continuo con suspensión de garantías
constitucionales según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 por la pandemia
del Covid-19, Mauricio Ortega, al ser comunicador social que cubre
noticias de la zona y sus alrededores, puede movilizarse sin ningún
problema, ya que posee un salvoconducto que le avala la libre
circulación.
Según conoció el Área de Acceso a la
Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), el comunicador primero fue trasladado a la Unidad
Metropolitana Preventiva (UMEP-5) de Puerto Cortés, en el departamento
de Cortés, al norte de Honduras, donde estuvo detenido por varias horas,
por supuestas “faltas a la autoridad”.
Después lo trasladaron a la Dirección
Municipal de Omoa, donde posteriormente fue liberado, una vez que pagó
la multa establecida por trasladar a cuatro jóvenes en la parte de
arriba de su vehículo, como un acto humanitario que realiza en favor de
los migrantes retornados.
El comunicador social es un crítico a
las diferentes violaciones de derechos humanos que comente las fuerzas
represoras del Estado durante el toque de queda implementado por el
régimen para disminuir el avance del Coronavirus, como es el caso del
asesinato a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) contra
el joven Marvin Alvarado, el pasado 24 de abril en la comunidad de El
Paraíso, Omoa, Cortés.
A lo que va de la pandemia, varios
periodistas y comunicadores sociales han sido objeto de detenciones
ilegales en un intento para restringir su labor de informar a la
población sobre lo que acontece en diferentes sectores del país, y que
no se evidencie los actos de barbarie que cometen contra la población
hondureña.
Periodista capturado: Me detienen porque ando cubriendo las noticias de las cosas malas que la policía hace
Wednesday, 22 July 2020 23:05 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El periodista Mauricio Ortega, del canal Noti Omoa, fue capturado
en el municipio de Omoa, Cortés, antes del mediodía de este 22 de julio
de 2020 por elementos policiales que inicialmente dijeron a la prensa
que era por tráfico de personas, después cuando una representante de la
ASOPODEHU llamó para que le informaran el delito que le estaban
imputando le dijeron que era por irrespeto a la autoridad, y
posteriormente manifestaron que era por una infracción de tránsito.
El 01 de febrero de este año Ortega denunció que un agente de la
Policía Nacional lo agredió físicamente cuando acompañaba de unas
mujeres a denunciar en la posta policial de Omoa, Cortés, que un
pariente de la tercera edad había desaparecido.
El comunicador social llegó con la cámara encendida y grabando lo que molestó a los uniformados que sacaron violentamente, días después, el 1 5 de febrero, fue citado por el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés, acusado de falta contra personas por el policía Elvin Josué Maldonado Rodríguez, uno de los agentes que le golpeó. En esa fecha fue obligado a conciliar .
Este 22 de julio el periodista fue detenido cuando transportaba a unas personas retornadas, a quienes les llevaba a comer pues solamente fueron tirados en la frontera de Corinto, entre Puerto Cortés y Guatemala. Los jóvenes también fueron detenidos junto a Ortega.
El periodista Ortega dijo ante medios de comunicación que se trataba de una represalia policial porque él denunciaba los abusos policiales en el sector y eso molestaba.
Aunque inicialmente pretendían acusarlo de tráfico de personas, después la versión cambió a la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana y por último a una infracción de tránsito.
La emergencia por Covid19 ha sido la excusa perfecta para el incremento de los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado contra los periodistas y comunicadores sociales. La cobertura de manifestaciones por demanda de comida, empleo o salud, son reprimidas y allí los periodistas que documentan las violaciones a los derechos humanos son golpeados sin piedad y encarcelados.
En este video se evidencia que la policía cuando el comunicador social empieza a hablar de que se trata de una venganza policial porque denuncia abusos de los agentes contra la población, es llevado casi a rastras para separarlo de otros periodistas que le están preguntando sobre la detención.
La ASOPODEHU hizo varias acciones ante esta captura denunciando ante la Unidad de Derechos Humanos de la Policía; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH; el Consejo de Protección y el Mecanismo de Protección.
Al llamar desde la ASOPODEHU a la policía de Puerto Cortés donde fue ingresado como detenido, un policía que se hizo llamar "AgenteX", porque adujo que no iba a dar su nombre debido a que él era la autoridad, entró en una serie de contradicciones sobre la imputación que se le estaba haciendo a Ortega.
La Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Puerto Cortés y Omoa, REPORTO, apoyada por la ASOPODEHU, a través de Ricardo Guerra dijo que ya son reiterados ataques contra Mauricio Ortega y que es peligroso el Estado de Honduras no tome medidas urgentes.
La captura sucedió por la mañana y el periodista fue dejado en libertad hasta la tarde cuando los agentes buscaban de qué acusarlo debido a que no hallaban sustento en los tres delitos que pretendían imputarle al inicio.
La denuncia también fue enviada internacionalmente por la ASOPODEHU a Reporteros Sin Fronteras, Pen International y Article 19.
Los reiterados acosos y ataques contra el periodista Ortega hagan presagiar un desenlace peligroso a su integridad física por lo que esta organización solicitó protección para el comunicador social.
Un audio del jefe policial enviado al alcalde de Puerto Cortés cuando éste indagó sobre la detención deja evidencia de que en el fondo el oficial está molesto por las denuncias de los abusos policiales.
La procuradora expresó que al llegar a la posta policial se presentó y manifestó era el objetivo por el cual llegó hasta la posta, y cuando dijo que pertenecía al Cofadeh, una organización de Derechos Humanos, los policías se quedaron viendo y se fueron para la parte de adentro por donde están los dormitorios y las celdas.
Asimismo la procurado la expresó que “el policía Ortiz me dijo que llamaría al encargado de la Posta, que ya regresaría, estuve aproximadamente cinco minutos esperando cuando regresó me preguntó qué información necesitaba, que al jefe lo acababan de cambiar y que no sabía nada, le solicité el nombre del jefe y no me respondió, me volvió a preguntar que necesitaba, que él me iba ayudar”.
“Posteriormente le manifesté que estábamos haciendo un monitoreo de violaciones a derechos humanos en el marco pandemia del Covid-19, que ya en una ocasión habíamos estado en la posta y que queríamos saber si ellos contaban con implementos de bioseguridad y aplicaban con en el protocolo de bioseguridad cuando ingresaban a los detenidos a la celdas, manifestándome que la Alcaldía les había otorgado mascarillas y gel, pero ellos no contaban para darles a los detenidos, que la posta contaba con dos celdas con una capacidad de 15 personas cada una, por lo general habían de 5 a 8 detenidos entre las dos celdas” añadió .
La defensora de derechos humanos finalizó diciendo que no es la primera vez que le niegan información en esa jefatura policial “le pregunté que si podía revisar el libro de novedades y de registro de detenidos y me dijo que no, porque estaban bajo llave y que el encargado de la posta no estaba.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se le niega información a procuradoras del COFADEH sobre la situación en la que se detienen a las personas al implementarse la suspensión de garantías constitucionales.
El Cofadeh continúa el monitoreo y denunciando a nivel nacional e internacional sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos represores del estado durante el toque de queda impuesto para evitar la propagación del Covid-19, pandemia que afecta a gran parte de la población mundial.
El comunicador social llegó con la cámara encendida y grabando lo que molestó a los uniformados que sacaron violentamente, días después, el 1 5 de febrero, fue citado por el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés, acusado de falta contra personas por el policía Elvin Josué Maldonado Rodríguez, uno de los agentes que le golpeó. En esa fecha fue obligado a conciliar .
Este 22 de julio el periodista fue detenido cuando transportaba a unas personas retornadas, a quienes les llevaba a comer pues solamente fueron tirados en la frontera de Corinto, entre Puerto Cortés y Guatemala. Los jóvenes también fueron detenidos junto a Ortega.
El periodista Ortega dijo ante medios de comunicación que se trataba de una represalia policial porque él denunciaba los abusos policiales en el sector y eso molestaba.
Aunque inicialmente pretendían acusarlo de tráfico de personas, después la versión cambió a la aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana y por último a una infracción de tránsito.
La emergencia por Covid19 ha sido la excusa perfecta para el incremento de los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado contra los periodistas y comunicadores sociales. La cobertura de manifestaciones por demanda de comida, empleo o salud, son reprimidas y allí los periodistas que documentan las violaciones a los derechos humanos son golpeados sin piedad y encarcelados.
En este video se evidencia que la policía cuando el comunicador social empieza a hablar de que se trata de una venganza policial porque denuncia abusos de los agentes contra la población, es llevado casi a rastras para separarlo de otros periodistas que le están preguntando sobre la detención.
La ASOPODEHU hizo varias acciones ante esta captura denunciando ante la Unidad de Derechos Humanos de la Policía; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH; el Consejo de Protección y el Mecanismo de Protección.
Al llamar desde la ASOPODEHU a la policía de Puerto Cortés donde fue ingresado como detenido, un policía que se hizo llamar "AgenteX", porque adujo que no iba a dar su nombre debido a que él era la autoridad, entró en una serie de contradicciones sobre la imputación que se le estaba haciendo a Ortega.
La Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Puerto Cortés y Omoa, REPORTO, apoyada por la ASOPODEHU, a través de Ricardo Guerra dijo que ya son reiterados ataques contra Mauricio Ortega y que es peligroso el Estado de Honduras no tome medidas urgentes.
La captura sucedió por la mañana y el periodista fue dejado en libertad hasta la tarde cuando los agentes buscaban de qué acusarlo debido a que no hallaban sustento en los tres delitos que pretendían imputarle al inicio.
La denuncia también fue enviada internacionalmente por la ASOPODEHU a Reporteros Sin Fronteras, Pen International y Article 19.
Los reiterados acosos y ataques contra el periodista Ortega hagan presagiar un desenlace peligroso a su integridad física por lo que esta organización solicitó protección para el comunicador social.
Un audio del jefe policial enviado al alcalde de Puerto Cortés cuando éste indagó sobre la detención deja evidencia de que en el fondo el oficial está molesto por las denuncias de los abusos policiales.
Niegan información a procuradora de DDHH en jefatura policial de San Esteban, Olancho
Por Riccy Ponce -
3 julio, 2020
San Estebán, Olancho.-
Oficiales de la jefatura policial del municipio de San Esteban en el
departamento de Olancho niegan información a procuradora de derechos
humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH).
La procuradora de derechos humanos del Cofadeh, Cynthia Turcios, se
apersonó a la posta policial del municipio para constatar si habían
realizado detenciones por violentar el toque de queda impuesto por el
régimen de Juan Orlando Hernández, como una medida de evitar la
propagación del coronavirus.La procuradora expresó que al llegar a la posta policial se presentó y manifestó era el objetivo por el cual llegó hasta la posta, y cuando dijo que pertenecía al Cofadeh, una organización de Derechos Humanos, los policías se quedaron viendo y se fueron para la parte de adentro por donde están los dormitorios y las celdas.
Asimismo la procurado la expresó que “el policía Ortiz me dijo que llamaría al encargado de la Posta, que ya regresaría, estuve aproximadamente cinco minutos esperando cuando regresó me preguntó qué información necesitaba, que al jefe lo acababan de cambiar y que no sabía nada, le solicité el nombre del jefe y no me respondió, me volvió a preguntar que necesitaba, que él me iba ayudar”.
“Posteriormente le manifesté que estábamos haciendo un monitoreo de violaciones a derechos humanos en el marco pandemia del Covid-19, que ya en una ocasión habíamos estado en la posta y que queríamos saber si ellos contaban con implementos de bioseguridad y aplicaban con en el protocolo de bioseguridad cuando ingresaban a los detenidos a la celdas, manifestándome que la Alcaldía les había otorgado mascarillas y gel, pero ellos no contaban para darles a los detenidos, que la posta contaba con dos celdas con una capacidad de 15 personas cada una, por lo general habían de 5 a 8 detenidos entre las dos celdas” añadió .
La defensora de derechos humanos finalizó diciendo que no es la primera vez que le niegan información en esa jefatura policial “le pregunté que si podía revisar el libro de novedades y de registro de detenidos y me dijo que no, porque estaban bajo llave y que el encargado de la posta no estaba.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se le niega información a procuradoras del COFADEH sobre la situación en la que se detienen a las personas al implementarse la suspensión de garantías constitucionales.
El Cofadeh continúa el monitoreo y denunciando a nivel nacional e internacional sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos represores del estado durante el toque de queda impuesto para evitar la propagación del Covid-19, pandemia que afecta a gran parte de la población mundial.
Desconfianza en el Gobierno agudiza la pandemia en Honduras (+Entrevista)
- 13/07/2020
Elvin Hernández, en la presentación de los resultados del Sondeo de Opinión Pública.
Los resultados del décimo Sondeo de Opinión Pública del Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj, recogen el descontento
social ciudadano hacia Juan Orlando Hernández, quien ha vuelto a salir
aplazado en su gestión ganándose una alta dosis de desconfianza
extendida hacia todo su gobierno.
Por esta razón, la llegada de la pandemia a Honduras encontró al gobierno con más ilegitimidad y rechazo de los últimos 30 años. “… si un gobierno tiene legitimidad y confías en él, crees en lo que te dice. Si un gobierno te dice quédate en casa, te quedas en casa porque tienes la certeza se te asegurará salud, va a buscar una estrategia para la alimentación, va a buscar mecanismo para resolver”, manifestó a Radio Progreso Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Eric-SJ.
Según Hernández, el problema es que este gobierno que te dice quédate en casa es el criminal que está saqueando los recursos destinados para la emergencia.
“Son los mismos que han gastado más de mil millones en unos hospitales móviles que aún no llegan cuatros meses después de la pandemia. Y son los mismos que cuando una persona con hambre sale a protestar para que le entreguen alimentos le dan como respuestas bombas lacrimógenas”, dijo el investigador.
Radio Progreso (RP) dialogó con Elvin Hernández (EH) sobre la situación política del país en medio de la pandemia, reflexiones a la luz de los resultados del reciente Sondeo de Opinión Pública presentado por el Eric-sj en el marco de su 40 aniversario.
RP. ¿Cómo resumen ustedes estos 10 años?
EH. El sondeo es como una fotografía de 10 años. En estos 10 años se mantiene una crisis de institucionalidad que se reafirma en la desconfianza que tiene la ciudadanía en los principales actores, en las instituciones políticas y en quien ejerce el gobierno. También estamos hablando de una sociedad que no confía en nadie, ni confía en las instituciones públicas pero tampoco confía en la base. Hay otro elemento, y es que esta sociedad está marcada por dos crisis: por la crisis económica, que tiene que ver con el desempleo, con el alto costo de la vida, con la pobreza, y por la crisis de violencia e inseguridad.
RP. ¿Qué otras expresiones podemos recoger de los resultados del sondeo en estos 10 años?
EH. Otra línea que vamos a encontrar, en esas 10 fotografías, se ve expresada en la migración, hemos pasado de una migración por goteo hasta llegar a estos últimos sondeos que tienen que ver con las caravanas de migrantes donde la gente expresa que se va esencialmente por la crisis económica, de violencia e inseguridad.
RP. ¿Sigue el rechazo hacia el gobierno de JOH?
EH. Se mantiene. El dato más destacable es que el 82.5% siente desconfianza hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández. Ocho de cada diez creen que la corrupción está extendida en el gobierno central. Un 77% de la población dice que el gobierno es poco transparente y eso se va a acumular en esa nota, en esa calificación de 3.69 asignada para su gestión en este último año.
RP. ¿Cómo es que un gobierno se gana tanta desconfianza?
EH. Por varios factores. Uno de ellos, es que no ha resuelto las crisis profundas que afectan a la ciudadanía, hablamos de las dos crisis: tanto la económica como la de violencia y seguridad. Esas dos crisis fueron promesa de campaña que ha incumplido. Otro elemento que se expresa en el rechazo o desaprobación del gobierno tiene que ver con su participación directa en el latrocinio, en el saqueo a las instituciones públicas como ocurrió el 2015 con el Seguro Social y como se establece en la presente crisis.
Un cuarto elemento tiene que ver con la participación directa en asuntos del narcotráfico. Un quinto elemento es el negocio vinculado al lavado de activos. El sexto elemento que está relacionado con un presidente que ha violado la ley para participar en un proceso electoral y un presidente cuestionado por fraude electoral. Y un séptimo elemento es que es un gobierno violador de los derechos humanos.
RP. ¿En qué momento se permitió que la corrupción y la impunidad se instalaran en la administración pública?
EH. La corrupción es un comportamiento de los políticos a lo largo de la historia, pero creo que la última década, a partir del golpe de Estado de 2009, la corrupción se convirtió efectivamente como lo dicen algunos analistas y algunos estudios lo presentan, en el sistema operativo del gobierno, es decir, todo se opera desde la corrupción. Actualmente parece que nada funciona si no es a base de la corrupción. La corrupción se convirtió en el aceite o en la grasa que va a mover todo el engranaje del Estado.
RP. ¿Cuál es la conclusión principal de estos 10 años del Sondeo de Opinión?
EH. La última década, se puede afirmar que, literalmente, las instituciones del Estado han estado conducida por criminales, es decir, por una mafia que controla el país, se apoderó de ella y toman decisiones con la plena seguridad que no les va a pasar nada. Por tanto, esta última década es marcada por estos políticos y por sus acciones corruptas y criminales.
RP. ¿Qué nivel de confianza tiene la clase política?
EH. Hay una desconfianza plena en los políticos. Los tres actores en los que menos confianza tiene la ciudadanía son los tres actores con mayor responsabilidad de resolver la crisis del país. Está el Congreso Nacional, la gente no confía en los diputados, segundo, los partidos políticos, y tercero, el gobierno central. Y si le sumamos los otros dos actores encontraríamos el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, encontramos que, en el esqueleto principal para que funcione la democracia y el Estado de derecho, es el que menos confianza tiene la ciudadanía.
RP. ¿Dónde pone su confianza la ciudadanía?
EH. Ese es un tema de debate y de reflexión. Confía en las Iglesias, tanto en la Católica como Evangélica, y confía en la Maccih. Son tres actores que no tienen que ver directamente con el Estado quien tiene que resolver la crisis, sino que son actores externos: uno la comunidad internacional y otro tiene que ver con los asuntos divinos. Es un tema para debatir y reflexionar sobre qué ha llevado a la gente a tener más confianza en estos actores.
RP. ¿Está interesada la gente en política?
EH. El 85% de la población no participa en ninguna organización comunitaria, no participa en una huelga, no participar en pedir información a las instituciones públicas. A esto hay que sumarle que el 77% de la población no le interesa la política y un 43% tampoco le interesan los asuntos públicos.
RP. ¿Qué desafíos presenta esa realidad?
EH. Ese es el desafío mayor, porque por un lado está la institucionalidad y los actores políticos en los que no se confía y, por otro lado, hay una ciudadanía con un déficit de participación y un déficit interés en los asuntos públicos. En esa relación entre los corruptos, quienes controlan el Estado y la apatía, es tierra fértil para los caudillos, es la tierra fértil para las dictaduras, y es la tierra fértil para que cualquier voz mesiánica pueda aparecer como redentora de la crisis con la cual se pueda avanzar incluso a autoritarismos más criminales que el que actualmente tenemos.
RP. ¿Cómo afecta esa desconfianza y rechazo en manejo de crisis como la del Covid-19?
EH. Es uno de los temas centrales porque si un gobierno tiene legitimidad y confías en él, crees en lo que te dice. Si un gobierno te dice quédate en casa, te quedas en casa porque tenés la certeza que ese gobierno te va a asegurar salud, va a buscar una estrategia para la alimentación, va a buscar mecanismo para resolver. El problema es que este gobierno que te dice quédate en casa son los mismos criminales que están saqueando los recursos destinados para la emergencia.
Son los mismos que han gastado más de mil millones en unos hospitales móviles que aún no llegan cuatros meses después de la pandemia. Y son los mismos que cuando una persona con hambre sale a protestar para que le entreguen alimentos le dan como respuestas bombas lacrimógenas.
RP. ¿Esta pandemia trastocará el calendario electoral del próximo año?
EH. Tengo mi intuición que lo va a trastocar pero aún no hay elementos para tener más certeza de lo que va a ocurrir, pero está la intuición por la forma como se aborda la pandemia, ya que no se está tratando de controlar sino de alargar ese estado de crisis, de muerte, de incertidumbre, de miedos, de encierros. Me parece que está buscando una incertidumbre, un caos para que aparezcan salvadores. Incluso toda la plata que se ha sacado de la emergencia, se tiene la impresión, que es la misma plata que va a salir para la campaña.
RP. ¿De quién es el interés?
EH. Hay un interés del partido político en el poder, pero especialmente un interés de Juan Orlando Hernández de continuar en el poder, y el interés no es asunto de caprichos sino de vida o muerte. Es un presidente que está seriamente vinculado con el narcotráfico, con investigaciones abiertas en Estados Unidos y un gobierno que también ha traicionado a mucha gente con poder en este país, y en el mundo de estos grupos vinculados al crimen organizado, tampoco perdonan.
Por esta razón, la llegada de la pandemia a Honduras encontró al gobierno con más ilegitimidad y rechazo de los últimos 30 años. “… si un gobierno tiene legitimidad y confías en él, crees en lo que te dice. Si un gobierno te dice quédate en casa, te quedas en casa porque tienes la certeza se te asegurará salud, va a buscar una estrategia para la alimentación, va a buscar mecanismo para resolver”, manifestó a Radio Progreso Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Eric-SJ.
Según Hernández, el problema es que este gobierno que te dice quédate en casa es el criminal que está saqueando los recursos destinados para la emergencia.
“Son los mismos que han gastado más de mil millones en unos hospitales móviles que aún no llegan cuatros meses después de la pandemia. Y son los mismos que cuando una persona con hambre sale a protestar para que le entreguen alimentos le dan como respuestas bombas lacrimógenas”, dijo el investigador.
Radio Progreso (RP) dialogó con Elvin Hernández (EH) sobre la situación política del país en medio de la pandemia, reflexiones a la luz de los resultados del reciente Sondeo de Opinión Pública presentado por el Eric-sj en el marco de su 40 aniversario.
RP. ¿Cómo resumen ustedes estos 10 años?
EH. El sondeo es como una fotografía de 10 años. En estos 10 años se mantiene una crisis de institucionalidad que se reafirma en la desconfianza que tiene la ciudadanía en los principales actores, en las instituciones políticas y en quien ejerce el gobierno. También estamos hablando de una sociedad que no confía en nadie, ni confía en las instituciones públicas pero tampoco confía en la base. Hay otro elemento, y es que esta sociedad está marcada por dos crisis: por la crisis económica, que tiene que ver con el desempleo, con el alto costo de la vida, con la pobreza, y por la crisis de violencia e inseguridad.
RP. ¿Qué otras expresiones podemos recoger de los resultados del sondeo en estos 10 años?
EH. Otra línea que vamos a encontrar, en esas 10 fotografías, se ve expresada en la migración, hemos pasado de una migración por goteo hasta llegar a estos últimos sondeos que tienen que ver con las caravanas de migrantes donde la gente expresa que se va esencialmente por la crisis económica, de violencia e inseguridad.
RP. ¿Sigue el rechazo hacia el gobierno de JOH?EH. Se mantiene. El dato más destacable es que el 82.5% siente desconfianza hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández. Ocho de cada diez creen que la corrupción está extendida en el gobierno central. Un 77% de la población dice que el gobierno es poco transparente y eso se va a acumular en esa nota, en esa calificación de 3.69 asignada para su gestión en este último año.
RP. ¿Cómo es que un gobierno se gana tanta desconfianza?
EH. Por varios factores. Uno de ellos, es que no ha resuelto las crisis profundas que afectan a la ciudadanía, hablamos de las dos crisis: tanto la económica como la de violencia y seguridad. Esas dos crisis fueron promesa de campaña que ha incumplido. Otro elemento que se expresa en el rechazo o desaprobación del gobierno tiene que ver con su participación directa en el latrocinio, en el saqueo a las instituciones públicas como ocurrió el 2015 con el Seguro Social y como se establece en la presente crisis.
Un cuarto elemento tiene que ver con la participación directa en asuntos del narcotráfico. Un quinto elemento es el negocio vinculado al lavado de activos. El sexto elemento que está relacionado con un presidente que ha violado la ley para participar en un proceso electoral y un presidente cuestionado por fraude electoral. Y un séptimo elemento es que es un gobierno violador de los derechos humanos.
RP. ¿En qué momento se permitió que la corrupción y la impunidad se instalaran en la administración pública?
EH. La corrupción es un comportamiento de los políticos a lo largo de la historia, pero creo que la última década, a partir del golpe de Estado de 2009, la corrupción se convirtió efectivamente como lo dicen algunos analistas y algunos estudios lo presentan, en el sistema operativo del gobierno, es decir, todo se opera desde la corrupción. Actualmente parece que nada funciona si no es a base de la corrupción. La corrupción se convirtió en el aceite o en la grasa que va a mover todo el engranaje del Estado.
RP. ¿Cuál es la conclusión principal de estos 10 años del Sondeo de Opinión?
EH. La última década, se puede afirmar que, literalmente, las instituciones del Estado han estado conducida por criminales, es decir, por una mafia que controla el país, se apoderó de ella y toman decisiones con la plena seguridad que no les va a pasar nada. Por tanto, esta última década es marcada por estos políticos y por sus acciones corruptas y criminales.
RP. ¿Qué nivel de confianza tiene la clase política?
EH. Hay una desconfianza plena en los políticos. Los tres actores en los que menos confianza tiene la ciudadanía son los tres actores con mayor responsabilidad de resolver la crisis del país. Está el Congreso Nacional, la gente no confía en los diputados, segundo, los partidos políticos, y tercero, el gobierno central. Y si le sumamos los otros dos actores encontraríamos el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, encontramos que, en el esqueleto principal para que funcione la democracia y el Estado de derecho, es el que menos confianza tiene la ciudadanía.
RP. ¿Dónde pone su confianza la ciudadanía?
EH. Ese es un tema de debate y de reflexión. Confía en las Iglesias, tanto en la Católica como Evangélica, y confía en la Maccih. Son tres actores que no tienen que ver directamente con el Estado quien tiene que resolver la crisis, sino que son actores externos: uno la comunidad internacional y otro tiene que ver con los asuntos divinos. Es un tema para debatir y reflexionar sobre qué ha llevado a la gente a tener más confianza en estos actores.
RP. ¿Está interesada la gente en política?
EH. El 85% de la población no participa en ninguna organización comunitaria, no participa en una huelga, no participar en pedir información a las instituciones públicas. A esto hay que sumarle que el 77% de la población no le interesa la política y un 43% tampoco le interesan los asuntos públicos.
RP. ¿Qué desafíos presenta esa realidad?
EH. Ese es el desafío mayor, porque por un lado está la institucionalidad y los actores políticos en los que no se confía y, por otro lado, hay una ciudadanía con un déficit de participación y un déficit interés en los asuntos públicos. En esa relación entre los corruptos, quienes controlan el Estado y la apatía, es tierra fértil para los caudillos, es la tierra fértil para las dictaduras, y es la tierra fértil para que cualquier voz mesiánica pueda aparecer como redentora de la crisis con la cual se pueda avanzar incluso a autoritarismos más criminales que el que actualmente tenemos.
RP. ¿Cómo afecta esa desconfianza y rechazo en manejo de crisis como la del Covid-19?
EH. Es uno de los temas centrales porque si un gobierno tiene legitimidad y confías en él, crees en lo que te dice. Si un gobierno te dice quédate en casa, te quedas en casa porque tenés la certeza que ese gobierno te va a asegurar salud, va a buscar una estrategia para la alimentación, va a buscar mecanismo para resolver. El problema es que este gobierno que te dice quédate en casa son los mismos criminales que están saqueando los recursos destinados para la emergencia.
Son los mismos que han gastado más de mil millones en unos hospitales móviles que aún no llegan cuatros meses después de la pandemia. Y son los mismos que cuando una persona con hambre sale a protestar para que le entreguen alimentos le dan como respuestas bombas lacrimógenas.
RP. ¿Esta pandemia trastocará el calendario electoral del próximo año?
EH. Tengo mi intuición que lo va a trastocar pero aún no hay elementos para tener más certeza de lo que va a ocurrir, pero está la intuición por la forma como se aborda la pandemia, ya que no se está tratando de controlar sino de alargar ese estado de crisis, de muerte, de incertidumbre, de miedos, de encierros. Me parece que está buscando una incertidumbre, un caos para que aparezcan salvadores. Incluso toda la plata que se ha sacado de la emergencia, se tiene la impresión, que es la misma plata que va a salir para la campaña.
RP. ¿De quién es el interés?
EH. Hay un interés del partido político en el poder, pero especialmente un interés de Juan Orlando Hernández de continuar en el poder, y el interés no es asunto de caprichos sino de vida o muerte. Es un presidente que está seriamente vinculado con el narcotráfico, con investigaciones abiertas en Estados Unidos y un gobierno que también ha traicionado a mucha gente con poder en este país, y en el mundo de estos grupos vinculados al crimen organizado, tampoco perdonan.
Congreso otorga jugoso contrato por generación energética a Schucry Kafie
- 09/07/2020
Lufussa en la actualidad es proveedor de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE.
Aprovechándose de la emergencia por Covid-19, el Congreso Nacional
aprobó dos contratos para la empresa Lufussa, propiedad de los hermanos
Eduardo Kafie, Schucry Kafie y Luis Kafie.
La aprobación de los contratos se dio al inicio de la sesión virtual de este jueves 9 de julio, los que fueron enviados por el Poder Ejecutivo para su ratificación. El contrato es el 15-2018, el que fue firmado por la administración de Jesús Mejía al frente de la ENEE y Lufussa, el cual consiste en un acuerdo de potencia firme y energía asociada de 70 MW en la zona sur del país, con una duración de 2 años.
Los diputados también aprobaron el contrato 04-2018 el que consiste en el suministro de potencia y energía asociada de 240MW por diez años. Schucry Kafie fue uno de los empresarios involucrados en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero a pesar de eso la administración gubernamental sigue otorgándole contratos en este caso en el área de la generación energética.
Kafie era accionista de la empresa Distribuidora Metropolitana S.A (DIMESA), quien de acuerdo a la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) suscribió contratos con el IHSS en el cual hubo sobrevaloraciones en venta de insumos y servicios por más de 1,286 millones de lempiras.
Los dos contratos aprobados por el Congreso Nacional tienen historia. El pasado 12 de diciembre de 2019, fueron presentados al pleno del Congreso, pero en ese momento los diputados de oposición impidieron que se aprobaran.
En su momento el diputado de Libre e integrante de la Comisión de Energía, Juan Ramón Flores, dijo que ese contrato era dañino para el pueblo y que como oposición no permitirían que de forma unilateral y autoritaria, los nacionalistas aprobaran la iniciativa.
En esa ocasión, los contratos quedaron en suspenso, a la espera del momento ideal para ser aprobados por la cámara, como lo es la actual emergencia sanitaria que vive el país por COVID-19.
Lufussa en la actualidad es proveedor de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para el caso en un documento publicado por la Secretaría de Finanzas, en el mes de septiembre de 2019, grupo Lufussa recibió de abono a deuda por concepto de generación de energía un monto de 346 millones, 665 mil 451 lempiras.
Visite: Pago a generadores de energia
Para la aprobación de los contratos hubo presión no solo de los diputados nacionalistas y del Poder Ejecutivo, sino de funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, (CREE).
El encargado de la Comisión Reguladora (CREE), José Antonio Morán, solicitó al Congreso Nacional meses atrás que se considerara la aprobación del contrato de suministro energético de la empresa Lufussa.
“La recomendación nuestra es que el Congreso Nacional considere la aprobación, se atendió todos los procedimientos legales, precio competitivo y aprobación de la CREE”, señaló el funcionario.
La aprobación de los contratos culminó con la valoración del diputado Enrique Iyescas, quien forma parte de la Comisión de Energía: “los contratos sabemos que no son dañinos, pero es necesario que como lo sugirió la interventora de la ENEE, cada contrato debe revisarse y modificarse en caso de ser necesario”.
El tema se sometió a votación y obtuvo menos de 25 votos en contra, en la lista de solicitud de la palabra se encontraban varios diputados, pero la misma no fue otorgada por el vicepresidente Antonio Rivera Callejas, quien en ese momento dirigía la sesión.
La aprobación de los contratos se dio al inicio de la sesión virtual de este jueves 9 de julio, los que fueron enviados por el Poder Ejecutivo para su ratificación. El contrato es el 15-2018, el que fue firmado por la administración de Jesús Mejía al frente de la ENEE y Lufussa, el cual consiste en un acuerdo de potencia firme y energía asociada de 70 MW en la zona sur del país, con una duración de 2 años.
Los diputados también aprobaron el contrato 04-2018 el que consiste en el suministro de potencia y energía asociada de 240MW por diez años. Schucry Kafie fue uno de los empresarios involucrados en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero a pesar de eso la administración gubernamental sigue otorgándole contratos en este caso en el área de la generación energética.
Kafie era accionista de la empresa Distribuidora Metropolitana S.A (DIMESA), quien de acuerdo a la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) suscribió contratos con el IHSS en el cual hubo sobrevaloraciones en venta de insumos y servicios por más de 1,286 millones de lempiras.
Los dos contratos aprobados por el Congreso Nacional tienen historia. El pasado 12 de diciembre de 2019, fueron presentados al pleno del Congreso, pero en ese momento los diputados de oposición impidieron que se aprobaran.
En su momento el diputado de Libre e integrante de la Comisión de Energía, Juan Ramón Flores, dijo que ese contrato era dañino para el pueblo y que como oposición no permitirían que de forma unilateral y autoritaria, los nacionalistas aprobaran la iniciativa.
En esa ocasión, los contratos quedaron en suspenso, a la espera del momento ideal para ser aprobados por la cámara, como lo es la actual emergencia sanitaria que vive el país por COVID-19.
Lufussa en la actualidad es proveedor de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para el caso en un documento publicado por la Secretaría de Finanzas, en el mes de septiembre de 2019, grupo Lufussa recibió de abono a deuda por concepto de generación de energía un monto de 346 millones, 665 mil 451 lempiras.
Visite: Pago a generadores de energia
Para la aprobación de los contratos hubo presión no solo de los diputados nacionalistas y del Poder Ejecutivo, sino de funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, (CREE).
El encargado de la Comisión Reguladora (CREE), José Antonio Morán, solicitó al Congreso Nacional meses atrás que se considerara la aprobación del contrato de suministro energético de la empresa Lufussa.
“La recomendación nuestra es que el Congreso Nacional considere la aprobación, se atendió todos los procedimientos legales, precio competitivo y aprobación de la CREE”, señaló el funcionario.
La aprobación de los contratos culminó con la valoración del diputado Enrique Iyescas, quien forma parte de la Comisión de Energía: “los contratos sabemos que no son dañinos, pero es necesario que como lo sugirió la interventora de la ENEE, cada contrato debe revisarse y modificarse en caso de ser necesario”.
El tema se sometió a votación y obtuvo menos de 25 votos en contra, en la lista de solicitud de la palabra se encontraban varios diputados, pero la misma no fue otorgada por el vicepresidente Antonio Rivera Callejas, quien en ese momento dirigía la sesión.
Gobierno lleva más de una década ignorando al pueblo, según Sondeo de Opinión Pública
- 08/07/2020
Hondureñas
y hondureños opinan sobre la crisis de institucionalidad, los
principales problemas del país, y su valoración sobre el desempeño del
mandatario Juan Orlando Hernández en su último año de gestión.
En su 40 aniversario, el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC), presentó a la sociedad hondureña la décima edición
del Sondeo de Opinión Pública, destacando una década de
ingobernabilidad, desconfianza y corrupción extrema, porque los
tomadores de decisiones en el país han sido incapaces de escuchar a la
ciudadanía que demanda empleo, seguridad, salud y consensos encaminados a
construir una sociedad democrática.
Esta edición contiene la percepción de la población sobre las instituciones conductoras de la emergencia por Coronavirus, así como las valoraciones sobre la corrupción e impunidad, al tiempo que evalúa los principales problemas y sueños de la sociedad hondureña.
Uno de los actores principales en la crisis por la pandemia de Covid-19 y quien más sale en las cadenas nacionales para hablar de la emergencia, es el titular del Poder Ejecutivo. Siempre llama a quedarse en casa y anuncia que lo peor estaba por venir. Sin embargo, cuando se le preguntó a la ciudadanía por la confianza que depositaba en el gobierno central, el 82.5 por ciento (8 de cada 10) manifestó no tener confianza en él y solamente el 17.4 dijo tenerla.
La desconfianza en el Gobierno central y la certeza de que la corrupción está extendida en esa instancia, se expresan de manera clara en la nota de 3.69 que le asignó la población a JOH, por su desempeño en el último año de gestión, sobre una escala de 0 a 10.
Esta calificación está en sintonía con el 51.8 por ciento de la población hondureña que desaprueba su gestión, calificándola de mala o muy mala. Muy por debajo está el 30.2 por ciento que la evalúa como buena o muy buena. Y un 18.1 por ciento que cree que la gestión de Hernández Alvarado es regular.
Para Ismael Moreno sj, director del Eric, el nivel de desconfianza es porque en Honduras una corporación criminal tiene el control de la institucionalidad y solo beneficia a sus integrantes y aliados a través del saqueo de las instituciones e impunidad. 8 de cada 10 piensan que la corrupción está extendida en el Gobierno central.
Durante la presentación de los resultados dijo que, el pueblo lleva 10 años sin ser escuchado por la distancia que se ha establecido entre esa élite que detenta el poder del Estado y la sociedad”, explicando que, para la gente son mentiras las noticias más severas o sagradas como enfermedades o muertes de altos funcionarios. El 82.5% de la población no tiene confianza en el Gobierno central según el sondeo.
Otro dato que sustenta la baja calificación a Juan Orlando tiene que ver con los logros y fracasos que la ciudadanía identifica en este último año gestión. El 50.2 por ciento de la población no identifica ningún logro y entre los que sí identifican, el 17.5 por ciento destaca al programa Vida Mejor, el 7.4 por ciento identifica como logro el combate a la delincuencia y el 5.8 por ciento destaca como logro el bono diez mil.
El sondeo muestra a flor de piel los problemas estructurales de país que se han agudizado en estos diez años de gobierno del Partido Nacional. El problema fundamental para la sociedad es la crisis económica, tal y como lo afirma el 51.7 por ciento de los encuestados, que se expresa en el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida; el segundo problema es la crisis de seguridad y violencia, señalado por el 23.5 por ciento (inseguridad, narcos y extorsión); el tercero, la corrupción y la impunidad identificado por el 13.2 por ciento de la población.
Contrario a la desconfianza hacia los tres poderes del Estado, en el
54.5 por ciento de la población consultada en el sondeo dijo sentir
confianza en la iglesia católica y un 53.8 por ciento en la iglesia
evangélica. Actores que en ediciones anteriores eran menos confiable.
El investigador del Eric-sj, Gustavo Cardoza, cree que la iglesia ha recuperado la confianza de la gente gracias a las fuertes palabras que ha pronunciado la Conferencia Episcopal contra los actos de corrupción e impunidad, además, por el papel que juega en las comunidades que se oponen a la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Y en sintonía con lo anterior, explicó que el sondeo refleja que las comunidades rechazan el modelo económico impuesto por el Gobierno que se basa en la explotación de los ríos y montañas. En este sentido, el 88.2 por ciento dijo estar en contra de la explotación minera y solo un 9.4 por ciento dijo estar a favor.
En relación con la venta y tala de los bosques, el 97.9 por ciento está en contra y 1.9 por ciento está a favor de ello. En cuanto a la privatización del agua, la opinión de la población consultada fue de un 95.8 por ciento en contra y un 4.1 por ciento a favor. Sin embargo, en lo referido a la construcción de represas hidroeléctricas, la opinión presenta un empate técnico en los resultados: el 48.8 por ciento dijo estar en contra de la construcción de represas hidroeléctricas y el 48.3 por ciento manifestó estar a favor.
En esta edición del sondeo de 2020 se le consultó a la población hondureña sobre el principal legado de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en marzo de 2016. Las respuestas fueron variadas, pero coincidentes en la mayoría de los casos: un 17.7 por ciento dijo no conocer sobre ella, un 32.9 por ciento dijo que su principal legado es la defensa de los ríos, un 16 por ciento que la defensa de los pueblos indígenas, un 11.7 por ciento dijo que su principal legado fue la defensa de los derechos de las mujeres, el 6.9 por ciento la valoró por denunciar la corrupción en el país y el 3.1 por ciento reconoció que su legado fue enfrentarse a una familia rica del país, entre otras razones mencionadas.
“Este sondeo es la palabra viva de un pueblo que lleva diez años
deprimido, enfermo, hambriento, pero con esperanza y algunas alegrías”,
dijo Cardoza, quien inició devolviendo los resultados del sondeo
haciendo énfasis sobre la percepción de la gente respecto al futuro de
Honduras.
Ante la pregunta, “cuando piensa en el futuro del país, ¿qué es lo primero que siente, esperanza o miedo?”, la población hondureña expresó sentir esperanza en un 54.1 por ciento; en cambio, quienes dijeron sentir miedo fue el 40.9 por ciento. La población que dijo no sentir ni esperanza ni miedo es el 4.8 por ciento. Estos resultados dejan entrever un sentimiento repartido entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.
A través de la investigación el Eric-sj elementos a la ciudadanía para que desde los comunitario construya las bases de un nuevo modelo económico democrático, donde se respeten los derechos fundamentales de forma equitativa.
Esta edición contiene la percepción de la población sobre las instituciones conductoras de la emergencia por Coronavirus, así como las valoraciones sobre la corrupción e impunidad, al tiempo que evalúa los principales problemas y sueños de la sociedad hondureña.
Uno de los actores principales en la crisis por la pandemia de Covid-19 y quien más sale en las cadenas nacionales para hablar de la emergencia, es el titular del Poder Ejecutivo. Siempre llama a quedarse en casa y anuncia que lo peor estaba por venir. Sin embargo, cuando se le preguntó a la ciudadanía por la confianza que depositaba en el gobierno central, el 82.5 por ciento (8 de cada 10) manifestó no tener confianza en él y solamente el 17.4 dijo tenerla.
La desconfianza en el Gobierno central y la certeza de que la corrupción está extendida en esa instancia, se expresan de manera clara en la nota de 3.69 que le asignó la población a JOH, por su desempeño en el último año de gestión, sobre una escala de 0 a 10.
Esta calificación está en sintonía con el 51.8 por ciento de la población hondureña que desaprueba su gestión, calificándola de mala o muy mala. Muy por debajo está el 30.2 por ciento que la evalúa como buena o muy buena. Y un 18.1 por ciento que cree que la gestión de Hernández Alvarado es regular.
Para Ismael Moreno sj, director del Eric, el nivel de desconfianza es porque en Honduras una corporación criminal tiene el control de la institucionalidad y solo beneficia a sus integrantes y aliados a través del saqueo de las instituciones e impunidad. 8 de cada 10 piensan que la corrupción está extendida en el Gobierno central.
Durante la presentación de los resultados dijo que, el pueblo lleva 10 años sin ser escuchado por la distancia que se ha establecido entre esa élite que detenta el poder del Estado y la sociedad”, explicando que, para la gente son mentiras las noticias más severas o sagradas como enfermedades o muertes de altos funcionarios. El 82.5% de la población no tiene confianza en el Gobierno central según el sondeo.
Otro dato que sustenta la baja calificación a Juan Orlando tiene que ver con los logros y fracasos que la ciudadanía identifica en este último año gestión. El 50.2 por ciento de la población no identifica ningún logro y entre los que sí identifican, el 17.5 por ciento destaca al programa Vida Mejor, el 7.4 por ciento identifica como logro el combate a la delincuencia y el 5.8 por ciento destaca como logro el bono diez mil.
El sondeo muestra a flor de piel los problemas estructurales de país que se han agudizado en estos diez años de gobierno del Partido Nacional. El problema fundamental para la sociedad es la crisis económica, tal y como lo afirma el 51.7 por ciento de los encuestados, que se expresa en el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida; el segundo problema es la crisis de seguridad y violencia, señalado por el 23.5 por ciento (inseguridad, narcos y extorsión); el tercero, la corrupción y la impunidad identificado por el 13.2 por ciento de la población.
Contrario a la desconfianza hacia los tres poderes del Estado, en el
54.5 por ciento de la población consultada en el sondeo dijo sentir
confianza en la iglesia católica y un 53.8 por ciento en la iglesia
evangélica. Actores que en ediciones anteriores eran menos confiable.El investigador del Eric-sj, Gustavo Cardoza, cree que la iglesia ha recuperado la confianza de la gente gracias a las fuertes palabras que ha pronunciado la Conferencia Episcopal contra los actos de corrupción e impunidad, además, por el papel que juega en las comunidades que se oponen a la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Y en sintonía con lo anterior, explicó que el sondeo refleja que las comunidades rechazan el modelo económico impuesto por el Gobierno que se basa en la explotación de los ríos y montañas. En este sentido, el 88.2 por ciento dijo estar en contra de la explotación minera y solo un 9.4 por ciento dijo estar a favor.
En relación con la venta y tala de los bosques, el 97.9 por ciento está en contra y 1.9 por ciento está a favor de ello. En cuanto a la privatización del agua, la opinión de la población consultada fue de un 95.8 por ciento en contra y un 4.1 por ciento a favor. Sin embargo, en lo referido a la construcción de represas hidroeléctricas, la opinión presenta un empate técnico en los resultados: el 48.8 por ciento dijo estar en contra de la construcción de represas hidroeléctricas y el 48.3 por ciento manifestó estar a favor.
En esta edición del sondeo de 2020 se le consultó a la población hondureña sobre el principal legado de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en marzo de 2016. Las respuestas fueron variadas, pero coincidentes en la mayoría de los casos: un 17.7 por ciento dijo no conocer sobre ella, un 32.9 por ciento dijo que su principal legado es la defensa de los ríos, un 16 por ciento que la defensa de los pueblos indígenas, un 11.7 por ciento dijo que su principal legado fue la defensa de los derechos de las mujeres, el 6.9 por ciento la valoró por denunciar la corrupción en el país y el 3.1 por ciento reconoció que su legado fue enfrentarse a una familia rica del país, entre otras razones mencionadas.
“Este sondeo es la palabra viva de un pueblo que lleva diez años
deprimido, enfermo, hambriento, pero con esperanza y algunas alegrías”,
dijo Cardoza, quien inició devolviendo los resultados del sondeo
haciendo énfasis sobre la percepción de la gente respecto al futuro de
Honduras.Ante la pregunta, “cuando piensa en el futuro del país, ¿qué es lo primero que siente, esperanza o miedo?”, la población hondureña expresó sentir esperanza en un 54.1 por ciento; en cambio, quienes dijeron sentir miedo fue el 40.9 por ciento. La población que dijo no sentir ni esperanza ni miedo es el 4.8 por ciento. Estos resultados dejan entrever un sentimiento repartido entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.
A través de la investigación el Eric-sj elementos a la ciudadanía para que desde los comunitario construya las bases de un nuevo modelo económico democrático, donde se respeten los derechos fundamentales de forma equitativa.
Diputada Doris Gutiérrez entrega a ENAG decreto de derogación del Nuevo Código Penal
julio 23, 2020
Redacción
Por: redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
El pasado 24 de junio las redes
sociales del país se llenaron de mensajes de agradecimiento a los y las
diputadas de la oposición, por marcar un evento histórico, como la
abrogación del nuevo Código Penal.
La aprobación se dio en la sesión extraordinaria respaldada por el artículo 191 de la Constitución de la República, participaron alrededor de 67 diputados y diputadas de las bancadas de los partidos Liberal, Pinu, Libertad y Refundación (LIBRE) Y Alianza Patriótica
El Código Penal cuestionado por las distintas organizaciones por ser instrumento de blindaje para los corruptos del país, indica la reducción de penas para quienes saquean los fondos públicos con penas de seis a doce años y por otra parte criminaliza la protesta social hasta 30 años de cárcel.
Del mismo modo, da apertura para el tráfico de personas con una reducción de penas menor de diez años y reduce las penas por el delito de violación de nueve a trece años. Reducción de penas que ha alertado a organizaciones defensoras de la niñez y grupos feministas por la sombra de impunidad que cobija el país en cuanto a las resoluciones por violencia sexual.
Todos los pasos se siguieron de conformidad a la ley.
A más de un mes de la abrogación del Código y los disgustos del partido oficialista, la diputada del Pinu-SD, Doris Gutiérrez se hizo presente a las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), para hacer entrega del documento oficial que deberá ser publicado en el diario la Gaceta.
«Traemos un documento oficial y estamos esperando que venga la gerenta de la empresa para que proceda a la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto que se aprobó en el Congreso extraordinario de manera legal», explica la diputada.
La diputada entregó el documento en compañía de un notario. «Vamos a dar fe de todos los pasos que estamos siguiendo de conformidad con la ley», aclaró.
De acuerdo con lo señalado por la diputada se habían realizado dos visitas a la empresa sin mayor respuesta y el día hoy que fueron convocadas a las 10 de la mañana no habían sido atendidas minutos antes de las 12 del mediodía.” Nos dijeron que en quince minutos. Vamos a esperar pacientemente» dijo la diputada.
Finalmente,Thelma Leticia Neda Rodas, gerenta de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), recibió a la diputada Doris Gutiérrez.
El documento incluya la firma de Jorge Luis Cálix, quien fungió como como secretario de la sesión.
Luego del histórico hecho, diversas organizaciones de sociedad civil respaldaron la decisión de los partidos y consideran que es una esperanza para la población que permitirá encarcelar a los saqueadores de los fondos públicos.
Por: Rodil Rivera Rodil
El tema del nuevo Código Penal, con el que buscan la impunidad los diputados y funcionarios corruptos, no es tanto jurídico como político. Por lo que su desenlace estará determinado por la correlación de las fuerzas que vayan confluyendo en él. Hoy por hoy, prevalecen las que respaldan a este gobierno. Esto es, la administración del señor Trump, los altos mandos del ejército nacional, y otras de menor cuantía, entre las que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, iglesias y gobiernos de países extranjeros. La única que podría superarlas, antes de las elecciones, es la movilización de la ciudadanía en las calles. La que, hasta ahora no ha podido alcanzar la magnitud necesaria.
Pero todo puede cambiar. Y cabalmente por eso, los diputados no las tienen todas consigo. Saben que Trump no es una persona confiable y que las Fuerzas Armadas siempre han sido más fieles a los Estados Unidos que a nadie. Tampoco ignoran que cualquier día la protesta popular puede darles una sorpresa. Por tal razón, su intención primordial -de vida o muertes que el Código adquiera validez, aunque sea por un instante, lo que será suficiente para invocar su retroactividad y burlar la justicia.
Con la prórroga de la Vacatio Legis de apenas 45, los diputados se mofan de los hondureños. Cuentan con que la pandemia hará muy difícil que en tan corto tiempo se puedan impulsar reformas que echen por tierra sus torcidos propósitos. Y desde ya están anunciando que no habrá más aplazamientos.
Es muy probable que los señores diputados estén convencidos de que saldrán con la suya. Que una vez que el Código sea puesto en vigor, ya no habrá recurso que pueda despojarlos de su flamante impunidad. ¡Ah ilusos! Exactamente lo mismo creyeron los militares argentinos genocidas cuando en los años noventa diputados serviles les obsequiaron las llamadas “leyes de la impunidad”. No contaron con que apenas unos pocos más tarde, en el 2003, el pueblo lograría que se declarara su nulidad absoluta, precisamente para evitar su retroactividad, porque las volvieron inexistentes, como si nunca hubieran entrado en vigor.
Y para que los diputados tomen debida nota. En Argentina, como en Honduras, no existía ninguna normativa que previera la nulidad de leyes. Se preguntarán ¿cómo, entonces, fue posible su anulación? Simplemente porque los argentinos consideraron que las leyes inmorales no pueden tener cabida en su ordenamiento jurídico, al igual que, tanto allá como acá, no las tiene ningún acto o contrato cuya causa sea también ilícita e inmoral.
Y aquí es preciso recordar una vez más que el problema es esencialmente político y que, por consiguiente, su salida también debe ser política. Tal y como hicimos, nada menos, con la concertación para las elecciones de 1985, la famosa “Opción B”, por la cual el candidato que perdió ganó y el que ganó perdió. Pregunto. Si pudimos elegir un presidente mediante semejante artificio constitucional. ¿Cómo no vamos a poder anular total o, al menos, parcialmente, este inicuo Código repudiado por todos?
Tegucigalpa, 15 de mayo de 2020.
La aprobación se dio en la sesión extraordinaria respaldada por el artículo 191 de la Constitución de la República, participaron alrededor de 67 diputados y diputadas de las bancadas de los partidos Liberal, Pinu, Libertad y Refundación (LIBRE) Y Alianza Patriótica
El Código Penal cuestionado por las distintas organizaciones por ser instrumento de blindaje para los corruptos del país, indica la reducción de penas para quienes saquean los fondos públicos con penas de seis a doce años y por otra parte criminaliza la protesta social hasta 30 años de cárcel.
Del mismo modo, da apertura para el tráfico de personas con una reducción de penas menor de diez años y reduce las penas por el delito de violación de nueve a trece años. Reducción de penas que ha alertado a organizaciones defensoras de la niñez y grupos feministas por la sombra de impunidad que cobija el país en cuanto a las resoluciones por violencia sexual.
Todos los pasos se siguieron de conformidad a la ley.
A más de un mes de la abrogación del Código y los disgustos del partido oficialista, la diputada del Pinu-SD, Doris Gutiérrez se hizo presente a las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), para hacer entrega del documento oficial que deberá ser publicado en el diario la Gaceta.
«Traemos un documento oficial y estamos esperando que venga la gerenta de la empresa para que proceda a la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto que se aprobó en el Congreso extraordinario de manera legal», explica la diputada.
La diputada entregó el documento en compañía de un notario. «Vamos a dar fe de todos los pasos que estamos siguiendo de conformidad con la ley», aclaró.
De acuerdo con lo señalado por la diputada se habían realizado dos visitas a la empresa sin mayor respuesta y el día hoy que fueron convocadas a las 10 de la mañana no habían sido atendidas minutos antes de las 12 del mediodía.” Nos dijeron que en quince minutos. Vamos a esperar pacientemente» dijo la diputada.
Finalmente,Thelma Leticia Neda Rodas, gerenta de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), recibió a la diputada Doris Gutiérrez.
El documento incluya la firma de Jorge Luis Cálix, quien fungió como como secretario de la sesión.
Luego del histórico hecho, diversas organizaciones de sociedad civil respaldaron la decisión de los partidos y consideran que es una esperanza para la población que permitirá encarcelar a los saqueadores de los fondos públicos.
Reflexiones sobre la pandemia (parte 6)
mayo 15, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
El tema del nuevo Código Penal, con el que buscan la impunidad los diputados y funcionarios corruptos, no es tanto jurídico como político. Por lo que su desenlace estará determinado por la correlación de las fuerzas que vayan confluyendo en él. Hoy por hoy, prevalecen las que respaldan a este gobierno. Esto es, la administración del señor Trump, los altos mandos del ejército nacional, y otras de menor cuantía, entre las que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, iglesias y gobiernos de países extranjeros. La única que podría superarlas, antes de las elecciones, es la movilización de la ciudadanía en las calles. La que, hasta ahora no ha podido alcanzar la magnitud necesaria.
Pero todo puede cambiar. Y cabalmente por eso, los diputados no las tienen todas consigo. Saben que Trump no es una persona confiable y que las Fuerzas Armadas siempre han sido más fieles a los Estados Unidos que a nadie. Tampoco ignoran que cualquier día la protesta popular puede darles una sorpresa. Por tal razón, su intención primordial -de vida o muertes que el Código adquiera validez, aunque sea por un instante, lo que será suficiente para invocar su retroactividad y burlar la justicia.
Con la prórroga de la Vacatio Legis de apenas 45, los diputados se mofan de los hondureños. Cuentan con que la pandemia hará muy difícil que en tan corto tiempo se puedan impulsar reformas que echen por tierra sus torcidos propósitos. Y desde ya están anunciando que no habrá más aplazamientos.
Es muy probable que los señores diputados estén convencidos de que saldrán con la suya. Que una vez que el Código sea puesto en vigor, ya no habrá recurso que pueda despojarlos de su flamante impunidad. ¡Ah ilusos! Exactamente lo mismo creyeron los militares argentinos genocidas cuando en los años noventa diputados serviles les obsequiaron las llamadas “leyes de la impunidad”. No contaron con que apenas unos pocos más tarde, en el 2003, el pueblo lograría que se declarara su nulidad absoluta, precisamente para evitar su retroactividad, porque las volvieron inexistentes, como si nunca hubieran entrado en vigor.
Y para que los diputados tomen debida nota. En Argentina, como en Honduras, no existía ninguna normativa que previera la nulidad de leyes. Se preguntarán ¿cómo, entonces, fue posible su anulación? Simplemente porque los argentinos consideraron que las leyes inmorales no pueden tener cabida en su ordenamiento jurídico, al igual que, tanto allá como acá, no las tiene ningún acto o contrato cuya causa sea también ilícita e inmoral.
Nota relacionada Reflexiones sobre la pandemia
¿Y qué más ilícito e inmoral puede ser que un representante del pueblo se valga de su cargo para proponer y apoyar leyes para evadir la justicia? Se trata, pues, de un acto totalmente doloso, justo en los términos que lo define el diccionario jurídico: “Una voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio”. En resumen, estas leyes son las que la doctrina jurídica denomina “intrínsecamente injustas y formalmente inválidas”.Y aquí es preciso recordar una vez más que el problema es esencialmente político y que, por consiguiente, su salida también debe ser política. Tal y como hicimos, nada menos, con la concertación para las elecciones de 1985, la famosa “Opción B”, por la cual el candidato que perdió ganó y el que ganó perdió. Pregunto. Si pudimos elegir un presidente mediante semejante artificio constitucional. ¿Cómo no vamos a poder anular total o, al menos, parcialmente, este inicuo Código repudiado por todos?
Tegucigalpa, 15 de mayo de 2020.
Opinion
Racismo y xenofobia trumpiana contra los latinos
(Por Edmundo Orellana) Para el autor de El
Choque de Civilizaciones, “el desafío más grave e inmediato al que se
enfrenta la identidad tradicional de EE UU es el que suponen la inmensa y
constante inmigración de Latinoamérica…y los índices de natalidad de
estos inmigrantes en comparación con los nativos, tanto blancos como
negros”.
Inmigración que, contrario a la que formó esa gran nación, no parece, según Huntington, dispuesta a integrarse en la cultura estadounidense integralmente, porque mantienen su nacionalidad y su lengua, y, además, siguen inmersos en su cultura, ignorando o rechazando la “angloprotestante”.
El flujo de inmigrantes hispanos, desde su perspectiva, atenta contra la cultura y el credo del estadounidense, cuyas claves son “la lengua inglesa, el cristianismo, el compromiso religioso, el concepto inglés del imperio de la ley –que engloba la responsabilidad de los gobernantes y los derechos de los individuos– y los valores protestantes del individualismo, la ética del trabajo y la convicción de que los seres humanos tienen la capacidad y el deber de intentar crear un cielo en la tierra, una “ciudad sobre una colina”.
Si bien es cierto, afirma, los estadounidenses aceptan el carácter multiétnico y multirracial de su sociedad, también lo es que ven con preocupación que la incontrolable inmigración de hispanos provoque una fractura más seria que la que supuso la división racial entre blancos y negros, por su carácter cultural. El riesgo es que Estados Unidos se convierta en un país que albergue “dos pueblos, con dos culturas (anglo e hispana) y dos lenguas (inglés y español)”, con, lo que él denomina, “diferencias irreconciliables” de orden cultural.
Agravado, afirma Huntington, todo ello porque, en el caso de los mexicanos, existe un vínculo histórico con Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah, territorios que fueron de México. No lo olvidan y “sienten que tienen derechos especiales sobre esos lugares”, que, por estar próximos a México, dificultan la asimilación del inmigrante a la cultura angloparlante, así como los programas oficiales de educación bilingüe, que alimentan entre los hispanos la idea de que el inglés no sea la lengua oficial. Y al respecto dice: el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt dijo: “Debemos tener una sola bandera. Y debemos tener una sola lengua. Que debe ser la lengua de la Declaración de Independencia, el discurso de despedida de Washington, la proclamación de Lincoln en Gettysburg y su segunda toma de posesión”. En cambio, en junio de 2000, el presidente Bill Clinton aseguró: “Confío en ser el último presidente de Estados Unidos que no sepa hablar español”.
El riesgo de seguir esa marcada tendencia, según el citado autor, es que se podría consolidar las áreas de Estados Unidos con predominio hispano en un bloque autónomo, cultural y lingüísticamente diferenciado y económicamente autosuficiente, como es el caso de la ciudad de Miami.
Muchos de estos problemas se resolverían interrumpiendo el flujo de la inmigración, según él, con lo que “se mejorarían los salarios de los ciudadanos de menos ingresos” y desaparecerían “las polémicas sobre la seguridad social y otras prestaciones a inmigrantes”. Y concluye diciendo: “No existe el sueño americano. Solo existe el American Dream creado por una sociedad angloprotestante. Si los estadounidenses de origen mexicano quieren participar en ese sueño y esa sociedad, tendrán que soñar en inglés”.
Este legado de Huntington constituye parte importante de la cimentación en la que descansa la estructura del pensamiento antiinmigrante del gobierno trumpiano, cuyo violento y despectivo discurso antihispano ha despertado el odio de los estadounidenses contra los hispanos, provocando comportamientos racistas y xenófobos contra los hispanoparlantes y hasta de violencia extrema, como la reciente masacre en el Paso, Texas, cuyo autor, según trascendió, pretendía “matar tantos mexicanos” como le fuera posible, a quienes acusó de “invasores hispanos”, como suele calificar a las caravanas el nuevo sumo sacerdote de la primacía blanca, Mr. Trump.
Destino cruel el de nuestros emigrantes hondureños, que escapan de la violencia y la falta de oportunidades en su país, para encontrarse con esa nueva cultura estadounidense de violencia extrema contra el hispano, alimentada, según muchos –incluido Obama–, por los discursos racistas y xenófobos de Trump y otros dirigentes políticos, sociales y religiosos.
La única manera de evitar las caravanas y el flujo de emigrantes hacia el norte, es propiciar que todo hondureño tenga oportunidades de trabajo, salud y educación, sin discriminación, explotación y exclusión, en un ambiente seguro para él y su familia. Para lograrlo debemos insistir en el ¡BASTA YA!
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Inmigración que, contrario a la que formó esa gran nación, no parece, según Huntington, dispuesta a integrarse en la cultura estadounidense integralmente, porque mantienen su nacionalidad y su lengua, y, además, siguen inmersos en su cultura, ignorando o rechazando la “angloprotestante”.
El flujo de inmigrantes hispanos, desde su perspectiva, atenta contra la cultura y el credo del estadounidense, cuyas claves son “la lengua inglesa, el cristianismo, el compromiso religioso, el concepto inglés del imperio de la ley –que engloba la responsabilidad de los gobernantes y los derechos de los individuos– y los valores protestantes del individualismo, la ética del trabajo y la convicción de que los seres humanos tienen la capacidad y el deber de intentar crear un cielo en la tierra, una “ciudad sobre una colina”.
Si bien es cierto, afirma, los estadounidenses aceptan el carácter multiétnico y multirracial de su sociedad, también lo es que ven con preocupación que la incontrolable inmigración de hispanos provoque una fractura más seria que la que supuso la división racial entre blancos y negros, por su carácter cultural. El riesgo es que Estados Unidos se convierta en un país que albergue “dos pueblos, con dos culturas (anglo e hispana) y dos lenguas (inglés y español)”, con, lo que él denomina, “diferencias irreconciliables” de orden cultural.
Agravado, afirma Huntington, todo ello porque, en el caso de los mexicanos, existe un vínculo histórico con Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah, territorios que fueron de México. No lo olvidan y “sienten que tienen derechos especiales sobre esos lugares”, que, por estar próximos a México, dificultan la asimilación del inmigrante a la cultura angloparlante, así como los programas oficiales de educación bilingüe, que alimentan entre los hispanos la idea de que el inglés no sea la lengua oficial. Y al respecto dice: el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt dijo: “Debemos tener una sola bandera. Y debemos tener una sola lengua. Que debe ser la lengua de la Declaración de Independencia, el discurso de despedida de Washington, la proclamación de Lincoln en Gettysburg y su segunda toma de posesión”. En cambio, en junio de 2000, el presidente Bill Clinton aseguró: “Confío en ser el último presidente de Estados Unidos que no sepa hablar español”.
El riesgo de seguir esa marcada tendencia, según el citado autor, es que se podría consolidar las áreas de Estados Unidos con predominio hispano en un bloque autónomo, cultural y lingüísticamente diferenciado y económicamente autosuficiente, como es el caso de la ciudad de Miami.
Muchos de estos problemas se resolverían interrumpiendo el flujo de la inmigración, según él, con lo que “se mejorarían los salarios de los ciudadanos de menos ingresos” y desaparecerían “las polémicas sobre la seguridad social y otras prestaciones a inmigrantes”. Y concluye diciendo: “No existe el sueño americano. Solo existe el American Dream creado por una sociedad angloprotestante. Si los estadounidenses de origen mexicano quieren participar en ese sueño y esa sociedad, tendrán que soñar en inglés”.
Este legado de Huntington constituye parte importante de la cimentación en la que descansa la estructura del pensamiento antiinmigrante del gobierno trumpiano, cuyo violento y despectivo discurso antihispano ha despertado el odio de los estadounidenses contra los hispanos, provocando comportamientos racistas y xenófobos contra los hispanoparlantes y hasta de violencia extrema, como la reciente masacre en el Paso, Texas, cuyo autor, según trascendió, pretendía “matar tantos mexicanos” como le fuera posible, a quienes acusó de “invasores hispanos”, como suele calificar a las caravanas el nuevo sumo sacerdote de la primacía blanca, Mr. Trump.
Destino cruel el de nuestros emigrantes hondureños, que escapan de la violencia y la falta de oportunidades en su país, para encontrarse con esa nueva cultura estadounidense de violencia extrema contra el hispano, alimentada, según muchos –incluido Obama–, por los discursos racistas y xenófobos de Trump y otros dirigentes políticos, sociales y religiosos.
La única manera de evitar las caravanas y el flujo de emigrantes hacia el norte, es propiciar que todo hondureño tenga oportunidades de trabajo, salud y educación, sin discriminación, explotación y exclusión, en un ambiente seguro para él y su familia. Para lograrlo debemos insistir en el ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
