Manejo de la pandemia es un robo descarado y un delito de lesa humanidad: Suyapa Figueroa
agosto 25, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Como un absoluto fracaso
calificó el manejo de la pandemia de Covid-19, la presidenta del
Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa. “Lo que duele es que
el fracaso, aparte de la incapacidad manifiesta de quienes han
gerenciado la pandemia, es un robo descarado por la oportunidad de
latrocinio sin par en nuestro país. Eso es lo deleznable, una
abominación y un crimen de lesa humanidad contra el pueblo hondureño”,
declaró Figueroa a Criterio.hn
La neumóloga e internista lamentó que, en cinco meses de confinamiento, la capacidad de atención hospitalaria no fue atendida. Igualmente indicó que “la reapertura económica indudablemente va a producir un mayor número de contagios, recuerde que entre más gente circula más probabilidades de contagio hay. En las zonas rurales en donde de alguna manera se había tenido controles, los mismos se irán relajando, los números de contagio irán aumentando y obviamente todavía los hospitales regionales no están preparados para atender, como no lo están ni Tegucigalpa, ni San Pedro Sula”.
Figueroa afirmó que “el Estado mostró extrema negligencia en el manejo de la pandemia”, que “jamás asumió la preparación del sistema de Salud para atender a los miles de pacientes que se sabía iban a ser infectados con el virus” y que al final “los cuidados debieron ser asumidos por la población, que fue disciplinada hasta donde sus recursos se los permitió pero que la pobreza en la que vive la gran mayoría de los hondureños les impidió hacer algunas acciones”.
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Ante el panorama de un incremento en el número de contagios, la presidenta del Colegio Médico aconseja a la población “seguir las medidas que han resultado ser efectivas para prevenir el contagio, que es: establecer distancia de dos metros, considera que hasta la mitad de las personas con las que se encuentre en la calle tienen el virus; utilizar mascarilla, que la puede confeccionar con tres capas de tela, no es la óptima pero en algo ayudará; y la limpieza de manos”.
También pidió a la población abstenerse de participar en reuniones y festejos, pues los mismos se están realizando, asumiendo que ya no hay virus. “El virus circula en este momento. Sigue habiendo pacientes y obviamente al aumentar el número de circulantes, las personas susceptibles, es decir las que no han tenido el Covid-19, pues van a infectarse y van a desarrollar la enfermedad, una parte de ellos. Así que ha seguirse cuidando”.
Resistiendo con donaciones de equipo de protección personal
En cuanto a los recursos del personal sanitario, cada vez ha sido más deficiente la entrega de equipos de protección personal, aseguró Figueroa, “cuando hubo una gran cantidad de pacientes, recibimos donaciones de equipo de protección personal por parte de diferentes entidades y personas. Sin embargo, ahora ya ha escaseado un poco más, volvimos a entrar en una crisis de equipo de protección personal”.
La presidenta de los médicos señaló que, los centros asistenciales carecen de áreas adecuadas para el personal y que las mismas tampoco se establecieron durante los cinco meses de confinamiento. “Si usted se fija en las áreas donde se atiende Covid-19, en la gran mayoría solo hay un lavamanos, no hay dispensadores de gel, no hay dispensadores de jabón en muchos de ellos o son inadecuados. No hay duchas para que el personal pueda cambiarse, bañarse y poder llevar menos riesgo a su casa. Las condiciones para el personal siguen siendo precarias”.
Lea también: Gracias a donaciones, Hospital Escuela instalará nueva sala para pacientes de COVID-19
Estas carencias significaron un gran número de contagios para el personal sanitario. “Hay áreas en donde más del 50% del personal se contagió, enfermó. Muchos de ellos desarrollaron neumonía. Honduras ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a personal sanitario que ha fallecido, así que es triste volver a ocupar los primeros lugares en las peores cosas que nos suceden” declaró.
Más de 42 médicos y al menos 21 enfermeras y enfermeros han fallecido al contagiarse por Covid-19. El Consejo Nacional Anticorrupción reveló en la séptima entrega de su informe “La Corrupción en tiempos de Covid-19”, que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y la Secretaría de Salud, distribuyeron entre el personal médico mascarillas KN-95, a sabiendas de que las mismas no contaban con las certificaciones necesarias y por lo tanto no eran recomendadas para el uso médico.
La neumóloga e internista lamentó que, en cinco meses de confinamiento, la capacidad de atención hospitalaria no fue atendida. Igualmente indicó que “la reapertura económica indudablemente va a producir un mayor número de contagios, recuerde que entre más gente circula más probabilidades de contagio hay. En las zonas rurales en donde de alguna manera se había tenido controles, los mismos se irán relajando, los números de contagio irán aumentando y obviamente todavía los hospitales regionales no están preparados para atender, como no lo están ni Tegucigalpa, ni San Pedro Sula”.
Figueroa afirmó que “el Estado mostró extrema negligencia en el manejo de la pandemia”, que “jamás asumió la preparación del sistema de Salud para atender a los miles de pacientes que se sabía iban a ser infectados con el virus” y que al final “los cuidados debieron ser asumidos por la población, que fue disciplinada hasta donde sus recursos se los permitió pero que la pobreza en la que vive la gran mayoría de los hondureños les impidió hacer algunas acciones”.
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Ante el panorama de un incremento en el número de contagios, la presidenta del Colegio Médico aconseja a la población “seguir las medidas que han resultado ser efectivas para prevenir el contagio, que es: establecer distancia de dos metros, considera que hasta la mitad de las personas con las que se encuentre en la calle tienen el virus; utilizar mascarilla, que la puede confeccionar con tres capas de tela, no es la óptima pero en algo ayudará; y la limpieza de manos”.
También pidió a la población abstenerse de participar en reuniones y festejos, pues los mismos se están realizando, asumiendo que ya no hay virus. “El virus circula en este momento. Sigue habiendo pacientes y obviamente al aumentar el número de circulantes, las personas susceptibles, es decir las que no han tenido el Covid-19, pues van a infectarse y van a desarrollar la enfermedad, una parte de ellos. Así que ha seguirse cuidando”.
Resistiendo con donaciones de equipo de protección personal
En cuanto a los recursos del personal sanitario, cada vez ha sido más deficiente la entrega de equipos de protección personal, aseguró Figueroa, “cuando hubo una gran cantidad de pacientes, recibimos donaciones de equipo de protección personal por parte de diferentes entidades y personas. Sin embargo, ahora ya ha escaseado un poco más, volvimos a entrar en una crisis de equipo de protección personal”.
La presidenta de los médicos señaló que, los centros asistenciales carecen de áreas adecuadas para el personal y que las mismas tampoco se establecieron durante los cinco meses de confinamiento. “Si usted se fija en las áreas donde se atiende Covid-19, en la gran mayoría solo hay un lavamanos, no hay dispensadores de gel, no hay dispensadores de jabón en muchos de ellos o son inadecuados. No hay duchas para que el personal pueda cambiarse, bañarse y poder llevar menos riesgo a su casa. Las condiciones para el personal siguen siendo precarias”.
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Estas carencias significaron un gran número de contagios para el personal sanitario. “Hay áreas en donde más del 50% del personal se contagió, enfermó. Muchos de ellos desarrollaron neumonía. Honduras ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a personal sanitario que ha fallecido, así que es triste volver a ocupar los primeros lugares en las peores cosas que nos suceden” declaró.
Más de 42 médicos y al menos 21 enfermeras y enfermeros han fallecido al contagiarse por Covid-19. El Consejo Nacional Anticorrupción reveló en la séptima entrega de su informe “La Corrupción en tiempos de Covid-19”, que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y la Secretaría de Salud, distribuyeron entre el personal médico mascarillas KN-95, a sabiendas de que las mismas no contaban con las certificaciones necesarias y por lo tanto no eran recomendadas para el uso médico.
Sin fortalecer hospitales no se puede avanzar en la reactivación económica: doctor Carlos Umaña
- 24/08/2020
El presidente de los médicos en el Seguro Social de San Pedro Sula,
Carlos Umaña, dijo en Radio Progreso que está convencido que la
reactivación de la economía es necesaria e inevitable, pero a la par,
las autoridades deben equipar los hospitales regionales e instalar más
centros de triaje, porque los casos de Covid-19 no están disminuyendo,
aunque Sinager eso pretende hacerle creer a la gente.En las últimas 72 horas, tres médicos, un enfermero, una enfermera y un bombero, que estaban en la primera línea de batalla contra el Covid-19, fallecieron. Según advirtió el doctor Umaña, Honduras podría registrar muertes masivas por el virus, si solo se piensa en abrir la economía y no en equipar con unidades especializadas los hospitales.
También explicó que, estar en una meseta epidemiologia, como lo señala la Secretaría de Salud, no significa una baja en los casos, sino, que los médicos han logrado encontrar la formar de atender a los pacientes a pesar de la precariedad en el sistema de salud.
Además, dijo que eso significa que no se están haciendo la cantidad de pruebas PCR que el país requiere.
Estado hondureño sigue sin informar sobre paradero de garífunas
- 25/08/2020
El pasado 18 de julio, bajo el toque de queda impuesto por la pandemia del Covid-19, Alberth Snider Centeno presidente del patronato de la comunidad y cuatro pobladores más fueron secuestrados por hombres que portaban indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones. Hasta la fecha desconoce el paradero de los líderes garífunas y no hay un informe de las autoridades entorno a este hecho violento.
Cesar Benedith, presidente interino del patronato en El Triunfo de la Cruz, dijo en Radio Progreso que a pesar de la presión internacional, el Estado hondureño sigue guardando silencio y no da una respuesta concreta sobre el paradero de los pobladores secuestrados. “La respuesta del Estado seguirá siendo dar más excusas como lo ha hecho siempre”, dijo.
Para la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, Miriam Mirando, este hecho es producto de un plan de exterminio que lleva a cabo el gobierno, y que se expresa en amenazas, muerte, despojo cultural y territorial.
Miranda cree que el incumpliendo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, es pieza clave en el secuestro de los 4 líderes y los asesinatos perpetrados desde 2013.
Para Ofraneh, ante la resistencia cultural del pueblo garífuna, el gobierno está arreciendo su política de exterminio porque necesita despojar a las comunidades de sus bienes naturales para la instalación de mega proyectos extractivos.
Hasta el momento de esta
emisión, más de 30 personas imputadas de delitos mayores – robo de
bienes públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero sucio,
narcotráfico y asesinatos – han sido devueltos a casa con el nuevo
código de los salvajes.
Como había sido denunciado con
insistencia desde 2018, todo el año 2019 y en 2020, el nuevo código de
la dictadura está hecho para favorecer a los delincuentes y embutir a la
oposición social, moral y política de Honduras.
Esta semana la Corte de Apelaciones de
Tegucigalpa ha dado un ejemplo de esa conducta nefasta de los
magistrados y jueces que están al servicio de la dictadura, que saben
utolizar los instrumentos del poder para construir un nuevo orden de
injusticia. Las víctimas son otra vez los defensores del agua en
Guapinol y San Pedro, territorio donde los herederos del ladrón de
Conadi siembran minas de terror y ensucian las aguas de la montaña.
Las magistradas María Luisa Ramos
Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y Ramiro Alejandro Ramírez
decidieron eliminar el sobreseimiento definitivo que había sido otorgado
en marzo a cinco ambientalistas de Colón y, además, confirmaron con
embuste el encarcelamiento de sus ocho compañeros en Olanchito y La
Ceiba.
Según esta resolución criminalizante
desde la capital, Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco
Tulio Ramos y José Cedillo se enfrentan otra vez al riesgo de ser
encarcelados para satisfacción de las Inversiones Pinares y de todas
esas inversiones detestables que irrespetan la vida de la gente.
Como había señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año pasado, la
justicia en Honduras va lenta, en exceso tardía para atrapar a los
corruptos, narcos y violadores de derechos humanos, pero avanza veloz
para proteger sus intereses.
La CIDH dijo que “el sometimiento de
personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se
imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de
amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.
Eso es criminalizar y perseguir. Esa es la intención maléfica del
sistema creado por los asaltantes golpistas de 2009 hasta nuestros días.
También la CIDH sugirió que el Estado de
Honduras impida que las autoridades o terceros manipulen el poder
punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a
defensoras y defensores de derechos humanos. O sea, impedir que los
carteles del crimen organizado impongan la fuerza bruta y la fuerza de
su código en los territorios, utilizando municipalidades, jueces,
magistrados u otras instituciones mojigatas.
Pero desde luego eso es pedirle leche al
mar, porque la dinámica que hemos visto en los últimos 30 días es un
chorro de cartas de libertad definitivas a los corruptos de Pandora y
del Arca Abierta, auténticos delincuentes con poder que se han repartido
millones de dólares entre ellos aprovechándose del golpismo. Y por la
misma vía avanzan a favorecer a los asesinos de Berta Cáceres y a los
ejecutivos del banco que financió esa atrocidad.
Las iniciativas penales contra los
magistrados que hacen esta barbaridad son admirables, pero el blindaje
ya está hecho al amparo del nuevo código penal de los impíos, para
evitar la justicia. Para reirse de los justos. Para burlarse del pueblo
hondureño. Miserables, sabandijas!
En el caso del narcotráfico, la empresa
más rentable de las élites golpistas, los imputados están quedando
tranquilos con poder político y con las riquezas acumuladas. El nuevo
código no les hace ni cosquillas y les permite vengarse de sus enemigos
usando a los militares mercenarios.
Respecto al robo del dinero que fue
autorizado por el Congreso de Mauricio Oliva so pretexto de combatir el
Covid-19, ese es otro desastre nacional. El Ministerio Público debe
pedir anticipadamente de favor “los buenos oficios” de la ministra de
finanzas para obtener la información. No la pueden allanar. Y así los
malditos ladrones pueden tener todo el tiempo para destruir la evidencia
y entregar baratijas de papeles a los obedientes investigadores. Ese es
el nuevo código.
Por eso, cuando Radio Progreso le
preguntó a Leonel George qué pensaba del riesgo de volver a prisión tras
el fallo de las magistradas Matute, Padilla y Ramírez, el ambientalista
contestó: “al sistema judicial no le interesa la vida de ningún
ciudadano ni el ambiente de ninguna comunidad, eso es sólo una
ventanilla de trámite para las empresas”.
De nuevo la misma pregunta nos asalta:
qué hacer? Esperar que Rocío Tábora diga dónde está el dinero después de
abandonar su puesto o que el poder judicial de Estados Unidos venga por
los líderes del cartel de Lempira, que son los mismos que han recibido
las transferencias del dinero Covid?
El padre Melo ya dijo quién es el jefe
ladrón, es posible que ya casi sabemos todo. Todo de todo, pero falta el
siguiente paso. La distancia social es grande, los militares armados
son muchos, pero insuficientes. Han recibido refuerzos de Puerto Rico y
de Colombia. El pueblo es mucho más que ellos, pero el sacrificio es
grande, enorme.
Qué hacer? Cómo lo hacemos? Pensemos, actuemos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 de agosto 2020
HONDURAS / DAVID ROMERO, UNA MUERTE LENTA EN MANOS DEL GOBIERNO
- Publicado: 24 Julio 2020
La
portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar,
confirmó a EL LIBERTADOR que a David Romero le aplicaron la prueba
rápida que salió negativa y una prueba PCR (Reacción en Cadena de la
Polimerasa), cuyos resultados a la hora que se escribe este artículo,
después de 18 días, aún no han sido entregados por Sinager y la
Secretaría de Salud.
No
fue el virus quien arrebató la vida a David Romero, fue la salud
tardía, “llegó con 50 por ciento de ventilación pulmonar, de un día a
otro pasó a etapa 3 y luego entró a ventilador mecánico y el 80 por
ciento de los que entran a esta fase, mueren”, explicó a Canal 36 la
directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (más conocido como El
Tórax), Nora Maradiaga.“La muerte de David Romero no puede quedar en especulaciones nada más, porque se trata de una muerte bajo custodia… pero existe una omisión en la vinculación científica para documentar toda esta ejecución, porque para mí esto es una ejecución extrajudicial”, ha dicho la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La muerte del periodista David Romero es responsabilidad del gobierno de Juan Hernández, la prueba científica de esa afirmación está en el expediente del hospital el Tórax. Es tanta la negligencia manifiesta con que actuaron las autoridades, que 18 días después de haberle realizado la prueba PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa), los resultados no han llegado.
Al respecto, la directora de Comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, confirmó a EL LIBERTADOR que al también director de Radio Tv Globo y Confidencialhn, le practicaron una prueba rápida que salió negativa y una prueba PCR, cuyos resultados aún no han sido entregados por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) y la Secretaría de Salud.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, en el departamento de Cortés, explicó a este rotativo que actualmente el gobierno se tarda casi un mes en entregar los resultados de pruebas PCR.
“Esto se debe a que las pruebas rápidas no son diagnóstico puro, sino que son un tamizaje, es decir que son mediciones para establecer quién puede padecer cierta enfermedad; y la tardanza en la transmisión de los resultados PCR, que puede ser de casi un mes, se debe a que el Laboratorio Nacional de Virología no trabaja las 24 horas, porque no tienen la capacidad de personal para eso”, subrayó.
Las pruebas PCR que aplica el gobierno han sido donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como lo ha anunciado en varias ocasiones su presidente, Dante Mossi. Este rotativo descubrió que la marca de esas pruebas es Power Chek™ 2019-nCoV Real-time PCR Kit, y son producidas por la empresa Kogene Biotech Co., Ltd., con sede en Seúl, en Corea del Sur.
Consultado sobre esta marca, el doctor Umaña comentó que “son de buena calidad, pero no infalibles porque su especificidad es de 65 por ciento; existen marcas con mayor porcentaje y, por tanto, de mayor calidad”.
La especificidad de una prueba o un ensayo, es la capacidad que tiene para detectar correctamente el efecto concreto que se está estudiando, en este caso, si una persona está contagiada de Covid-19 o de otro virus.
RESULTADOS AÚN NO LLEGAN
Es
de recordar que un comunicado, de fecha 6 de julio de 2020, el
Instituto Nacional Penitenciario dice textualmente: “Ante la información
que ha trascendido en algunos medios de comunicación y redes sociales
sobre el estado de salud del privado de libertad JOSÉ DAVID ROMERO
ELLNER, se comunica que el día de ayer [5 de julio], al igual que al
resto de privados de libertad recluidos en el Anexo del Segundo
Batallón, se le realizó evaluación médica y se le aplicó pruebas rápidas
para detectar carga viral, teniendo resultado negativo en todas”.
Y
con relación a la prueba PCR, Aguilar dijo a EL LIBERTADOR que por
instrucciones de los Juzgados de Ejecución, un día después el INP envió
la solicitud a la Jefatura de la Región Metropolitana de Salud, para que
urgentemente se le realizara la prueba PCR a David Romero, “desde ese
día el INP se mantuvo en contacto con personal del hospital para
monitorear su estado de salud, pero hasta el día de su fallecimiento en El Tórax no se tenía el resultado de la prueba PCR”, ha informado Aguilar.Nota de interés: HONDURAS / “DILE A LOS BUENOS HONDUREÑOS QUE LUCHEN HASTA LA VICTORIA”: DAVID ROMERO ELLNER
Sobre la muerte del comunicador social, la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (más conocido como El Tórax), Nora Maradiaga, ha dicho que recibió atención fuera de tiempo. “Don David Romero fue hospitalizado el domingo 5 en cuanto su esposa nos pidió apoyo; lo normal es que usted sature 95 para arriba, y él venía saturando 50. Estuvo hospitalizado 15 días acá en nuestro Instituto y 8 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no todos respondemos de igual manera [al virus], aunque él recibió acá toda la atención debida”.
Al respecto, la ex directora de Medicina Forense, la patóloga Julissa Villanueva, ha dicho que el Ministerio Público sólo realizó pruebas superficiales al cadáver del director de la Globo. “La muerte de David Romero no puede quedar en especulaciones nada más, porque se trata de una muerte bajo custodia… pero existe una omisión en la vinculación científica para documentar toda esta ejecución, porque para mí esto es una ejecución extrajudicial. Y no porque lo hayan matado con violencia, sino que lo mataron lentamente al no darle acceso al derecho de la salud como ordenan las leyes”, ha dicho la experta.
EVADEN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Desde
inicio –prosiguió Villanueva–, el Estado debió hacerse responsable y,
por ser un privado de libertad, hacer la autopsia médico legal
obligatoria, pero no una inspección superficial como han hecho en muchos
casos bajo la excusa de la emergencia por el Covid-19. Para ello, el
gobierno debió crear una sala de autopsias para la investigación
criminal, pero “si el Estado no lo ha hecho y no ha proporcionado
equipos de bioseguridad a los forenses, es porque intencionalmente se
presta a la omisión de la investigación científica”, comentó.
En
el caso de Romero se debió aplicar el Protocolo de Minnesota o
Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones
extralegales, arbitrarias y sumarias, que es un procedimiento
recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), a fin de investigar crímenes de lesa
humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales.El protocolo pretende evitar que aquellos funcionarios sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad, puedan actuar o influir en la investigación, asimismo, ordena destinar los recursos y facultades suficientes para que la comisión investigadora independiente que emitirá su fallo, con el apoyo de expertos en ciencias jurídicas, médicas y forenses.
Por su arrojo al plantarle cara a los grupos de poder, Romero se ganó la simpatía del pueblo y fue considerado “enemigo público” de los corruptos de amplio espectro. Por eso, la tarde del 18 de julio, cientos de vehículos acompañaron en caravana el carro fúnebre que transportaba sus restos mortales, pero también los hondureños de los barrios salieron al paso para aplaudir y gritar: “David vive, la lucha sigue, sigue”. La despedida, que desafió el confinamiento y el toque de queda, fue de esas que los pueblos dedican sólo a personajes amados.
Amnistía Internacional exige a JOH respuesta sobre secuestros de Garífunas
julio 24, 2020
Redacción
Por: Redaccion CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió una carta abierta al presidente de Honduras, Juan Hernández donde exige al mandatario una inmediata respuesta ante el secuestro de 4 miembros de la comunidad garífuna de la comunidad de El Triunfo de la Cruz.
En la misiva Amnistía Internacional denuncia como individuos fuertemente armados, vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI), irrumpieron en las viviendas y se llevaron a los cuatro líderes garífunas.
La organización manifiesta la exigencia de abrir una investigación para determinar el paradero de las cuatro personas de la comunidad Garífuna.
En un informe publicado en 2016, la organización ya documentaba los ataques que estas personas defensoras sufrían en el país, incluyendo aquellas personas defensoras pertenecientes a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
La organización internacional señala que el Estado hondureño tampoco ha cumplido con sus obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso“Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras”.
Amnistía señala que, “deben llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia” concluyendo que están a la espera de un Plan de Protección Colectiva para la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz.
A continuación, la carta enviada
Presidente de la República de Honduras
Juan Orlando Hernández
Estimado presidente,
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la presunta desaparición forzada de cinco personas, de las cuales cuatro (Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Róchez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez) son garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el pasado 18 de julio.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que personas armadas y uniformadas con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron en territorio de la comunidad, llevándose a las cinco personas sin presentar una orden de captura.
Hasta la fecha, la suerte y el paradero de estas personas es desconocido y las autoridades han negado haber conducido la captura de las cinco personas y tener a dichos individuos bajo su custodia.
En reiteradas ocasiones, la organización ha expresado su preocupación por la situación de personas defensoras de los derechos humanos y de quienes defienden el medio ambiente, el territorio y la tierra, quienes constantemente son víctimas de ataques y amenazas debido a su labor en Honduras.
En un informe publicado en 2016, la organización ya documentaba los ataques que estas personas defensoras sufrían en el país, incluyendo aquellas personas defensoras pertenecientes a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
En aquella ocasión, Amnistía Internacional instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para atender las causas estructurales de la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo las personas defensoras garífuna del Triunfo de la Cruz.
Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha tomado medidas claras para proteger a la comunidad, lo que ahora se manifiesta claramente con la desaparición de personas defensoras garífuna.
El Estado hondureño tampoco ha cumplido con sus obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras”.
La organización ha observado que, a pesar de que diversas medidas de reparación dictadas por la Corte podrían tener el efecto de mitigar las causas estructurales de la violencia en contra de la comunidad, la gran mayoría de estas no han sido implementadas por el Estado hondureño.
Por ejemplo, las autoridades no han otorgado a la Comunidad Triunfo de la Cruz un título de propiedad colectiva, a pesar de la orden de la Corte de avanzar en la demarcación de las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, usos y costumbres de la Comunidad.
Asimismo, el Estado no ha avanzado con las investigaciones relacionadas con la muerte de Jesús Álvarez Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales. Por otra parte, la organización ha notado que otras medidas estructurales, tales como la garantía del libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio, la creación de mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz aún están pendiente de cumplimiento.
Amnistía Internacional reitera su preocupación de que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y medio ambiente permanecen impunes en Honduras. La organización ya ha manifestado que la impunidad lleva a que se perpetúen las condiciones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, pues la ausencia de identificación, procesamiento y sanción de los responsables envía un mensaje de que estas personas pueden ser atacadas sin consecuencia alguna.
La organización insta al Estado hondureño a iniciar sin demora investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad garífuna, y a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia, asegurando que se incluya la posibilidad de que la desaparición esté relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos.
La organización toma nota de las gestiones realizadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y del DPI, lo que incluye la detención de una persona presuntamente vinculada a la desaparición de las cinco personas. Sin embargo, es necesario observar que hasta la fecha no han sido diseñadas e implementadas medidas de protección a la comunidad, considerando los hechos recientes de violencia.
Más aún, las personas desaparecidas todavía no han sido localizadas y no hay claridad por parte de la comunidad de las acciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar todas las personas involucradas en la desaparición.
Por lo que la organización le solicita de manera urgente que se adopte un Plan de Protección colectiva para la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz que incorpore una perspectiva integral, colectiva, de género y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, se deben tomar medidas efectivas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos en la comunidad como son la falta de carreteras, de profesores en las escuelas y centros de atención médica.
Lo anterior debe incluir un análisis de riesgo colectivo en la comunidad, realizado en consulta con la comunidad. Además, el Estado debe dar pleno cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda temas claves para la mitigación de la violencia en la comunidad.
Cordialmente,
Erika Guevara Rosas
Tegucigalpa.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió una carta abierta al presidente de Honduras, Juan Hernández donde exige al mandatario una inmediata respuesta ante el secuestro de 4 miembros de la comunidad garífuna de la comunidad de El Triunfo de la Cruz.
En la misiva Amnistía Internacional denuncia como individuos fuertemente armados, vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI), irrumpieron en las viviendas y se llevaron a los cuatro líderes garífunas.
La organización manifiesta la exigencia de abrir una investigación para determinar el paradero de las cuatro personas de la comunidad Garífuna.
En un informe publicado en 2016, la organización ya documentaba los ataques que estas personas defensoras sufrían en el país, incluyendo aquellas personas defensoras pertenecientes a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
La organización internacional señala que el Estado hondureño tampoco ha cumplido con sus obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso“Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras”.
Amnistía señala que, “deben llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia” concluyendo que están a la espera de un Plan de Protección Colectiva para la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz.
A continuación, la carta enviada
Presidente de la República de Honduras
Juan Orlando Hernández
Estimado presidente,
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la presunta desaparición forzada de cinco personas, de las cuales cuatro (Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Róchez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez) son garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el pasado 18 de julio.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que personas armadas y uniformadas con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron en territorio de la comunidad, llevándose a las cinco personas sin presentar una orden de captura.
Hasta la fecha, la suerte y el paradero de estas personas es desconocido y las autoridades han negado haber conducido la captura de las cinco personas y tener a dichos individuos bajo su custodia.
En reiteradas ocasiones, la organización ha expresado su preocupación por la situación de personas defensoras de los derechos humanos y de quienes defienden el medio ambiente, el territorio y la tierra, quienes constantemente son víctimas de ataques y amenazas debido a su labor en Honduras.
En un informe publicado en 2016, la organización ya documentaba los ataques que estas personas defensoras sufrían en el país, incluyendo aquellas personas defensoras pertenecientes a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
En aquella ocasión, Amnistía Internacional instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para atender las causas estructurales de la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo las personas defensoras garífuna del Triunfo de la Cruz.
Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha tomado medidas claras para proteger a la comunidad, lo que ahora se manifiesta claramente con la desaparición de personas defensoras garífuna.
El Estado hondureño tampoco ha cumplido con sus obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras”.
La organización ha observado que, a pesar de que diversas medidas de reparación dictadas por la Corte podrían tener el efecto de mitigar las causas estructurales de la violencia en contra de la comunidad, la gran mayoría de estas no han sido implementadas por el Estado hondureño.
Por ejemplo, las autoridades no han otorgado a la Comunidad Triunfo de la Cruz un título de propiedad colectiva, a pesar de la orden de la Corte de avanzar en la demarcación de las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, usos y costumbres de la Comunidad.
Asimismo, el Estado no ha avanzado con las investigaciones relacionadas con la muerte de Jesús Álvarez Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales. Por otra parte, la organización ha notado que otras medidas estructurales, tales como la garantía del libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio, la creación de mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz aún están pendiente de cumplimiento.
Amnistía Internacional reitera su preocupación de que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y medio ambiente permanecen impunes en Honduras. La organización ya ha manifestado que la impunidad lleva a que se perpetúen las condiciones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, pues la ausencia de identificación, procesamiento y sanción de los responsables envía un mensaje de que estas personas pueden ser atacadas sin consecuencia alguna.
La organización insta al Estado hondureño a iniciar sin demora investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad garífuna, y a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia, asegurando que se incluya la posibilidad de que la desaparición esté relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos.
La organización toma nota de las gestiones realizadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y del DPI, lo que incluye la detención de una persona presuntamente vinculada a la desaparición de las cinco personas. Sin embargo, es necesario observar que hasta la fecha no han sido diseñadas e implementadas medidas de protección a la comunidad, considerando los hechos recientes de violencia.
Más aún, las personas desaparecidas todavía no han sido localizadas y no hay claridad por parte de la comunidad de las acciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar todas las personas involucradas en la desaparición.
Por lo que la organización le solicita de manera urgente que se adopte un Plan de Protección colectiva para la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz que incorpore una perspectiva integral, colectiva, de género y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, se deben tomar medidas efectivas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos en la comunidad como son la falta de carreteras, de profesores en las escuelas y centros de atención médica.
Lo anterior debe incluir un análisis de riesgo colectivo en la comunidad, realizado en consulta con la comunidad. Además, el Estado debe dar pleno cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda temas claves para la mitigación de la violencia en la comunidad.
Cordialmente,
Erika Guevara Rosas
Equipo en mal estado y que venció desde 2016, es parte de hospitales móviles de Invest-H
julio 24, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Fotos: Ministerio Público
Tegucigalpa.-Fiscales del Ministerio Público encontraron accesorios médicos usados, deteriorados y que vencieron desde el 2016, entre el equipo que habría llegado al país como parte de los hospitales móviles adquiridos por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El Ministerio Público informó la tarde de este viernes, a través de sus redes sociales, que encontró como parte de los hallazgos preliminares, nebulizadores usados y en mal estado que venían como parte de los hospitales móviles.
Refirió que como parte de un primer decomisó se encuentran 44 vaporizadores con su circuito de anestesia y kit de manguera de oxígeno, correspondientes a los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.
La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.
Según cálculos del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, el gobierno pagó 680 millones de lempiras más del precio real de los hospitales.
En medio de sospechas de corrupción el 7 de julio pasado atracó en el muelle de Puerto Cortés una embarcación procedente de Turquía con dos de los siete hospitales móviles adquiridos a la empresa Elmed Medical Systems Inc. El cargamento llegó en 78 contenedores y la Administración de Aduanas rechazó desde un inició las facturas por presentar incongruencias.
Bográn ha manifestado que la decisión de comprar los hospitales fue tomada por él y su equipo de asesores e incluso ha exonerado de responsabilidad al Consejo Directivo de la Institución, conformado por empresarios, otros funcionarios del gobierno y miembros de la sociedad civil afines al gobierno.
Este neubulizador, que más parece un deshecho, es parte del cargamento de los hospitales móviles.
El pasado 7 de julio al comparecer ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la compra sobrevalorada de los siete hospitales, Bográn se declaró inocente, e incluso días antes amenazó con acudir a los tribunales de justicia a acusar por calumnia a quienes lo han acusado de ser corrupto.
Bográn fue suspendido del cargo el 27 de junio a solicitud de la Junta Directiva de Invest-h. Fue sustituido por la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien ante la avalancha de irregularidades en el proceso de la compra de los hospitales móviles renunció al cargo a los 13 días de haberlo asumido.
A partir de este viernes el jefe de gobierno, anunció la conformación de una Junta Interventora transitoria por 180 días para que asuma el control en Invest-H.
HONDURAS / EQUIPO USADO Y VENCIDO DE “HOSPITALES” CONFIRMA ESTAFA
- Publicado: 25 Julio 2020
Este
24 de julio, agentes del Ministerio Público continuaron la revisión de
los contenedores de los dos supuestos hospitales móviles, que llegaron
al país hace 14 días, donde encontraron insumos y equipo médico usados,
en mal estado y algunos que caducaron hace 4 años.Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La estafa ha quedado confirmada este 24 de julio, cuando agentes del
Ministerio Público (MP), han decomisado equipo en mal estado de dos de
los siete supuestos hospitales móviles, que vendió Axel Gamaliel López
al ex director de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), Marco
Bográn, a un costo de al menos 1,200 millones de lempiras, después que
el mandatario Juan Hernández autorizara a Invest-H manejar las compras
durante la pandemia producida por el Covid-19.
Esos
centros hospitalarios serían para atender a pacientes contagiados con
el virus. Y a cuatro meses de que destinaran esos recursos del pueblo
hondureño, ni un solo hospital ha sido instalado y oficialmente más de
mil personas han perdido la vida.
Y
a 14 días del arribo de los dos hospitales móviles, el MP continúa con
la revisión de los 78 contenedores enviados desde Turquía. Este 24 de
julio, el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), Jorge Galindo, confirmó a este rotativo que han encontrado
insumos y equipo médico usados, en mal estado y algunos que caducaron
hace 4 años.
Nota de interés: HONDURAS / DESEMBARCÓ MAYOR DESCONFIANZA EN HOSPITALES MÓVILES
“Este
día se ha realizado el decomiso de 44 vaporizadores de los hospitales
móviles por encontrarse en mal estado, usados, deteriorados o con fecha
de vencimiento en el año 2016, lo que representaría un riesgo para los
pacientes con el nuevo coronavirus o Covid-19”, ha dicho Galindo. Y
trascendió que también fueron decomisados 54 circuitos de flujo de
anestesia.
Galindo
detalló que 22 vaporizadores pertenecen al hospital a instalarse en
Tegucigalpa y 22, al de San Pedro Sula; estos artefactos son esenciales
para el tratamiento de enfermedades respiratorias, entre ellas
afecciones que causa el virus que aqueja al mundo.
“Este
es un elemento que suma al expediente en este caso y sin duda es un
indicio racional para el Ministerio Público; lo que sigue ahora es
corroborar y cotejar la información del precio al que se compraron estos
equipos médicos, de igual forma plasmarlo en el informe a presentar”,
ha dicho.
Militar a la cabeza de interventora de Invest-H nombrada por JOH
julio 24, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, encabezará la Junta Interventora nombrada este viernes por el gobierno en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El jefe de gobierno, Juan Hernández, evocó nuevamente la integración de una Junta Interventora para que en esta oportunidad se encargue del control de Invest-H desde donde se han cometido avasalladores actos de corrupción con los fondos destinados a la pandemia de la Covid-19.
Mediante un comunicado el gobierno anunció que la Junta Interventora funcionará de manera transitoria por 180 días y con probabilidades de ampliación de su periodo. La instancia asumirá el control de la institución y reactivará de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia Covid-19.
“En virtud de que hay investigaciones en curso, las cuales tienen todo el respaldo del Gobierno de la República, se ha decidido conformar una junta interventora transitoria a fin de que, por un periodo de 180 días, asuma el control de Invest-H y reactive de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia COVID-19”, señala el gobierno.
La Junta Interventora estará integrada por José Ernesto Leva Bulnes, quien estará presidiendo dicha junta. Asimismo, por José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.
Curiosamente el nombramiento de la Junta Interventora surgió el mismo día en que el Ministerio Público evidenció con pruebas fehacientes la corrupción a lo interno de Invest-H, al mostrar chatarra como parte del equipo médico encontrado en el cargamento de dos hospitales móviles importados de Turquía.
Las juntas interventoras se han convertido en la estrategia de control implementada en los últimos 11 años de la administración estatal a cargo del Partido Nacional de Honduras, durante ese periodo Criterio.hn pudo constatar el nombramiento de más de 20 juntas de intervención en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entre estas la del Registro Nacional de las Personas.
Hasta el pasado 27 de junio, Invest-H fue dirigida por Marco Bográn, quien fue suspendido del cargo por la Junta Directiva de la institución, luego que se descubrieran varios actos irregulares y la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para atender la pandemia del coronavirus.
El pasado 7 de julio al comparecer ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la compra sobrevalorada de los siete hospitales, Bográn se declaró inocente, e incluso días antes amenazó con acudir a los tribunales de justicia a acusar por calumnia a quienes lo han acusado de ser corrupto.
Bográn fue sustituido por la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien ante la avalancha de irregularidades en el proceso de la compra de los hospitales móviles renunció al cargo a los 13 días de haberlo asumido.
En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.
La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.
Hospitales móviles
Mediante el comunicado de este viernes el gobierno establece que los hospitales móviles deberán ser considerados por los interventores como prioridad nacional, “la junta interventora ha recibido instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de los mismos en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, respetando y colaborando con el trabajo que actualmente despeña el Ministerio Publico”, reza el texto.
Al instalar la Junta Interventora, Hernández argumenta que el gobierno reiniciará de inmediato los proyectos sociales, productivos y comunitarios que se venían realizando a través Invest-H, con el fin de reactivar los sectores productivos, generar empleo y llevar el desarrollo a las comunidades “con la urgencia que la actual pandemia lo demanda”.
Tegucigalpa. –El general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, encabezará la Junta Interventora nombrada este viernes por el gobierno en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El jefe de gobierno, Juan Hernández, evocó nuevamente la integración de una Junta Interventora para que en esta oportunidad se encargue del control de Invest-H desde donde se han cometido avasalladores actos de corrupción con los fondos destinados a la pandemia de la Covid-19.
Mediante un comunicado el gobierno anunció que la Junta Interventora funcionará de manera transitoria por 180 días y con probabilidades de ampliación de su periodo. La instancia asumirá el control de la institución y reactivará de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia Covid-19.
“En virtud de que hay investigaciones en curso, las cuales tienen todo el respaldo del Gobierno de la República, se ha decidido conformar una junta interventora transitoria a fin de que, por un periodo de 180 días, asuma el control de Invest-H y reactive de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia COVID-19”, señala el gobierno.
La Junta Interventora estará integrada por José Ernesto Leva Bulnes, quien estará presidiendo dicha junta. Asimismo, por José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.
Curiosamente el nombramiento de la Junta Interventora surgió el mismo día en que el Ministerio Público evidenció con pruebas fehacientes la corrupción a lo interno de Invest-H, al mostrar chatarra como parte del equipo médico encontrado en el cargamento de dos hospitales móviles importados de Turquía.
Lea además: Equipo en mal estado y que venció desde 2016, es parte de hospitales móviles de Invest-H
Los últimos tres gobiernos liderados por el Partido Nacional han recurrido al nombramiento de juntas interventoras en al menos 20 instituciones públicas centralizadas y descentralizadas donde se han registrado espeluznantes actos de corrupción.Las juntas interventoras se han convertido en la estrategia de control implementada en los últimos 11 años de la administración estatal a cargo del Partido Nacional de Honduras, durante ese periodo Criterio.hn pudo constatar el nombramiento de más de 20 juntas de intervención en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entre estas la del Registro Nacional de las Personas.
Hasta el pasado 27 de junio, Invest-H fue dirigida por Marco Bográn, quien fue suspendido del cargo por la Junta Directiva de la institución, luego que se descubrieran varios actos irregulares y la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para atender la pandemia del coronavirus.
El pasado 7 de julio al comparecer ante Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por la compra sobrevalorada de los siete hospitales, Bográn se declaró inocente, e incluso días antes amenazó con acudir a los tribunales de justicia a acusar por calumnia a quienes lo han acusado de ser corrupto.
Bográn fue sustituido por la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien ante la avalancha de irregularidades en el proceso de la compra de los hospitales móviles renunció al cargo a los 13 días de haberlo asumido.
En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.
La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.
Hospitales móviles
Mediante el comunicado de este viernes el gobierno establece que los hospitales móviles deberán ser considerados por los interventores como prioridad nacional, “la junta interventora ha recibido instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de los mismos en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, respetando y colaborando con el trabajo que actualmente despeña el Ministerio Publico”, reza el texto.
Al instalar la Junta Interventora, Hernández argumenta que el gobierno reiniciará de inmediato los proyectos sociales, productivos y comunitarios que se venían realizando a través Invest-H, con el fin de reactivar los sectores productivos, generar empleo y llevar el desarrollo a las comunidades “con la urgencia que la actual pandemia lo demanda”.
La
Junta Interventora de Invest-H fue nombrada justamente después de que
el Ministerio Público divulgara pruebas fehacientes de la corrupción en
esa institución. (Foto: Presidencia de Honduras).
José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la Junta Interventora, un general de brigada que se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar, es licenciado en ciencias de la ingeniería, ingeniero geógrafo con un post grado en gestión de empresas para ingenieros y sistemas de información geográfica, maestría en finanzas y control de gestión y maestría en ciencias con orientación en proyectos.
José Gustavo Boquín Suárez, interventor, es ingeniero civil con MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante Convivienda.
José Alberto Benítez Portillo, interventor, es ingeniero agrónomo con maestría en administración de empresas y orientación en finanzas. Actualmente es subsecretario de Agricultura y coordinador Nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA).
De acuerdo con lo establecido por el gobierno la Junta Interventora “apoyará el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos”.
Los miembros de la Junta Interventora tienen la misión de buscar la continuidad y cumplimiento a los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de Infraestructura vial.
Los militares se han convertido en el brazo estratégico del gobernante hondureño, Juan Hernández, quien es objeto de fuertes señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
También lea:Presidente de Honduras se refugia entre las estrellas de generales
Perfil de los interventoresJosé Ernesto Leva Bulnes, presidente de la Junta Interventora, un general de brigada que se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar, es licenciado en ciencias de la ingeniería, ingeniero geógrafo con un post grado en gestión de empresas para ingenieros y sistemas de información geográfica, maestría en finanzas y control de gestión y maestría en ciencias con orientación en proyectos.
José Gustavo Boquín Suárez, interventor, es ingeniero civil con MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante Convivienda.
José Alberto Benítez Portillo, interventor, es ingeniero agrónomo con maestría en administración de empresas y orientación en finanzas. Actualmente es subsecretario de Agricultura y coordinador Nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA).
De acuerdo con lo establecido por el gobierno la Junta Interventora “apoyará el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos”.
Los miembros de la Junta Interventora tienen la misión de buscar la continuidad y cumplimiento a los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de Infraestructura vial.
Presidente de Honduras se refugia entre las estrellas de generales
julio 10, 2020
Redaccion
Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder, al fortalecer el estamento castrense mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.
A
raíz de la proliferación de la Covid-19 por el territorio hondureño, la
institución castrense ha aparecido con una notable expresión
protagónica concentrando múltiples tareas al frente de la respuesta
gubernamental en la crisis sanitaria. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen)
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Foto de portada: Fuerzas Armadas de Honduras
Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, enfrenta la crisis causada por la pandemia de Covid-19 asignando nuevamente un papel protagónico a la cúpula de las Fuerzas Armadas que lo sostienen en el poder, pese a escándalos de corrupción e imputaciones directas de involucramiento con el narcotráfico por parte de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los militares fueron designados por Hernández para la entrega de alimentación a una población de 3.2 millones de personas para que se mantengan en sus casas en busca de contener la propagación del coronavirus, ensanchando la creciente participación del estamento militar en la vida pública en la gestión de sus dos períodos de gobierno.
Los militares han jugado un papel “estrella” en la improvisada respuesta gubernamental ante la pandemia, caracterizada por denuncias de corrupción en la compra sobrevalorada en más de 7 hospitales móviles, al igual que la adquisición de miles de mascarillas y millonarios contratos de consultorías a parientes de funcionarios, según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y a las que CRITERIO.HN les ha dado seguimiento.
Según cifras oficiales el gobierno ha gastado 4,589.1 millones de lempiras (183,626.5 millones de dólares), en compras para enfrentar la pandemia, pero centenares de personas contagiadas son atendidos bajo carpas en colchonetas en el suelo o sentados en sillas, donde escasea el oxígeno o manómetros, indispensables para salvar sus vidas.
Decenas de hondureños, han fallecido en las afueras de los llamados triages abiertos en las principales ciudades del país, incluso al llegar a hospitales, mientras otros han caído en las calles o han fallecido en sus viviendas, según vídeos divulgados en redes sociales, utilizadas por los ciudadanos para hacer las denuncias de la precariedad del sistema sanitario.
A la cúpula castrense vital para la estabilidad en el poder de Hernández, en la crisis, además se delegó fabricar mascarillas y trajes de protección para el personal médico, sumándose a tareas asignadas en el pasado en el área de la seguridad e inteligencia privativas de la policía, incluso en el de la política de migración.
También responsabilidades en la operación de un millonario proyecto de 4.000 millones de lempiras en el ámbito agrícola, obviando a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), responsable de la gestión en el sector.
“Este protagonismo militar evidencia la profunda soledad en que se encuentra el gobernante: el recurrir a los militares es un hecho para sentirse seguro y a salvo”, dijo a Criterio.hn la experta en el tema militar Leticia Salomón.
Foto de portada: Fuerzas Armadas de Honduras
Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, enfrenta la crisis causada por la pandemia de Covid-19 asignando nuevamente un papel protagónico a la cúpula de las Fuerzas Armadas que lo sostienen en el poder, pese a escándalos de corrupción e imputaciones directas de involucramiento con el narcotráfico por parte de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los militares fueron designados por Hernández para la entrega de alimentación a una población de 3.2 millones de personas para que se mantengan en sus casas en busca de contener la propagación del coronavirus, ensanchando la creciente participación del estamento militar en la vida pública en la gestión de sus dos períodos de gobierno.
Los militares han jugado un papel “estrella” en la improvisada respuesta gubernamental ante la pandemia, caracterizada por denuncias de corrupción en la compra sobrevalorada en más de 7 hospitales móviles, al igual que la adquisición de miles de mascarillas y millonarios contratos de consultorías a parientes de funcionarios, según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y a las que CRITERIO.HN les ha dado seguimiento.
Según cifras oficiales el gobierno ha gastado 4,589.1 millones de lempiras (183,626.5 millones de dólares), en compras para enfrentar la pandemia, pero centenares de personas contagiadas son atendidos bajo carpas en colchonetas en el suelo o sentados en sillas, donde escasea el oxígeno o manómetros, indispensables para salvar sus vidas.
Decenas de hondureños, han fallecido en las afueras de los llamados triages abiertos en las principales ciudades del país, incluso al llegar a hospitales, mientras otros han caído en las calles o han fallecido en sus viviendas, según vídeos divulgados en redes sociales, utilizadas por los ciudadanos para hacer las denuncias de la precariedad del sistema sanitario.
A la cúpula castrense vital para la estabilidad en el poder de Hernández, en la crisis, además se delegó fabricar mascarillas y trajes de protección para el personal médico, sumándose a tareas asignadas en el pasado en el área de la seguridad e inteligencia privativas de la policía, incluso en el de la política de migración.
También responsabilidades en la operación de un millonario proyecto de 4.000 millones de lempiras en el ámbito agrícola, obviando a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), responsable de la gestión en el sector.
“Este protagonismo militar evidencia la profunda soledad en que se encuentra el gobernante: el recurrir a los militares es un hecho para sentirse seguro y a salvo”, dijo a Criterio.hn la experta en el tema militar Leticia Salomón.
Mientras
en otros países los militares solo han desempeñado funciones de
cooperación a las decisiones gubernamentales, “en el caso nuestro han
asumido un papel de conducción expresado en asesoría directa al
presidente”, analiza la socióloga y experta en temas militares, Leticia
Salomón. (Foto: Criterio.hn)
Las administraciones de Hernández han
sido ensombrecidas por la corrupción y el narcotráfico, pero también por
la militarización de la seguridad que se ha traducido en violación a
los derechos humanos y sobre todo a un fuerte gasto en defensa bajo el
argumento de combatir los cárteles de la droga y pandillas, dicen
activistas humanitarios.
Y es que Hernández arrastra en su búsqueda del poder y en su ejercicio de la presidencia una historia de corrupción y vínculos con el narcotráfico a través de su hermano, Juan Antonio Alvarado, alias “Tony”, fraude, irrespeto a las leyes, la institucionalidad y autoritarismo fortalecido con las alianzas tejidas con las cúpulas militares, dicen analistas y críticos.
El mandatario alcanzó la presidencia por primera vez en 2014 y una vez en el poder admitió que unos 3 millones de lempiras, aportados por una empresa vinculada al escándalo de corrupción en el Instutituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar a su campaña en 2013 en el Partido Nacional, pero aseguró que él no se enteró.
Y es que Hernández arrastra en su búsqueda del poder y en su ejercicio de la presidencia una historia de corrupción y vínculos con el narcotráfico a través de su hermano, Juan Antonio Alvarado, alias “Tony”, fraude, irrespeto a las leyes, la institucionalidad y autoritarismo fortalecido con las alianzas tejidas con las cúpulas militares, dicen analistas y críticos.
El mandatario alcanzó la presidencia por primera vez en 2014 y una vez en el poder admitió que unos 3 millones de lempiras, aportados por una empresa vinculada al escándalo de corrupción en el Instutituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar a su campaña en 2013 en el Partido Nacional, pero aseguró que él no se enteró.
Misiones
de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad y
hasta manejo de los hospitales móviles, son solo algunas asignaciones
con las cuales, el Ejército ha capitalizado influencia mediática a lo
largo de la crisis. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen).
Historia de corrupción y narcotráfico
La admisión de esta aportación a su campaña desató multitudinarias protestas en el año 2015 en las principales ciudades de Honduras, exigiendo que renunciara y que se estableciera en el país una misión similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.
Presionado por las protestas, el gobernante que se opuso a una misión de la ONU, como la CICIG, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) crear una llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que empezó a operar en 2016.
La misión puso al descubierto redes de corrupción con dineros públicos en campañas políticas, incluida la de Hernández, y el desvío de dinero a cuentas particulares, de empresas y de ONG’s, en las que se incluyó a parientes y familiares cercanos al gobernante.
La MACCIH, que representó el primer intento serio de pesquisar la extendida corrupción pública, impulsada por fiscales y jueces internacionales, investigó a funcionarios, exfuncionarios, diputados, ex diputados, gestionadores de ONG’s, entre ellos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
El gobernante bloqueó a principios de 2020, la continuidad de la MACCIH que amenazaba la impunidad de funcionarios, diputados, especialmente del Partido Nacional y sus aliados políticos en la facción más conservadora del Partido Liberal y agrupaciones políticas minoritarias, por escarbar en episodios de corrupción que en muchos casos llevaban hacia el mismo Hernández y su entorno, según investigadores de la misión de la OEA.
Hernández, no firmó el convenio de ampliación de la misión anticorrupción, alegando que “algunos sectores sociales, económicos y políticos” acusaron a la misión de haberse “excedido” y diputados oficialistas se quejaron porque reveló los nombres de implicados en investigaciones y que presuntamente obtuvo documentos oficiales ilegalmente.
“Cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado”, dijo Hernández al asumir su primer período en el poder en enero de 2014.
Pero Hernández ha sido abiertamente involucrado con cabecillas de cárteles del narcotráfico, durante el juicio en Nueva York de su hermano “Tony”, descrito por fiscales estadounidenses como un “narcotraficante a gran escala” y asegurado que el mandatario recibió un millón de dólares en la campaña política de 2013 del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, condenado en Estados Unidos.
Las imputaciones contra Hernández por presunto involucramiento con el narcotráfico, desde los Estados Unidos, no han cesado desde la captura de su hermano “Tony” en octubre de 2018, pero no se ha presentado acusaciones en su contra por el ilícito, que el gobernante ha negado reiteradamente.
Al iniciar el juicio en una Corte Federal en Manhattan, un fiscal aseguró que “Tony” Hernández traficó durante años toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo la protección de su hermano, el presidente de Honduras.
El mandatario respondió asegurando que “nadie está por encima de la ley y (…) nunca he intervenido ni lo voy a hacer para proteger a nadie, ni amigos, ni correligionarios, ni familiar, absolutamente a nadie”.
Sin embargo, las imputaciones en cortes de Nueva York contra Hernández continúan.
En una acusación, el 30 de abril por narcotráfico en una Corte en Nueva York, contra el ex jefe de la policía, Juan Carlos “El Tigre Bonilla”, el fiscal Federal de Manhattan, Geoffre S. Berman, dijo que el ex oficial “en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente… supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos”.
El analista Armando Orellana dijo a Criterio.hn que “en un país con instituciones sólidas, Hernández hubiera sido sometido a juicio político, porque son acusaciones gravísimas en contra de un jefe de Estado”, y opinó que “claramente ese viraje hacia las Fuerzas Armadas ha estado concretamente ligado a un escudo para protegerse contra las denuncias por narcotráfico”.
Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder al fortalecer el estamento castrense, mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.
Los gastos en Defensa y Seguridad registran un incremento anual sostenido. En 2016 se destinó a estos sectores 12,665.1 millones de lempiras, en 2017 13,274.3 millones, 2018 18,145.4 millones y en 2019 15,099.0 millones y en 2020 15,059.00 millones de lempiras, según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).
La admisión de esta aportación a su campaña desató multitudinarias protestas en el año 2015 en las principales ciudades de Honduras, exigiendo que renunciara y que se estableciera en el país una misión similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.
Presionado por las protestas, el gobernante que se opuso a una misión de la ONU, como la CICIG, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) crear una llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que empezó a operar en 2016.
La misión puso al descubierto redes de corrupción con dineros públicos en campañas políticas, incluida la de Hernández, y el desvío de dinero a cuentas particulares, de empresas y de ONG’s, en las que se incluyó a parientes y familiares cercanos al gobernante.
La MACCIH, que representó el primer intento serio de pesquisar la extendida corrupción pública, impulsada por fiscales y jueces internacionales, investigó a funcionarios, exfuncionarios, diputados, ex diputados, gestionadores de ONG’s, entre ellos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
El gobernante bloqueó a principios de 2020, la continuidad de la MACCIH que amenazaba la impunidad de funcionarios, diputados, especialmente del Partido Nacional y sus aliados políticos en la facción más conservadora del Partido Liberal y agrupaciones políticas minoritarias, por escarbar en episodios de corrupción que en muchos casos llevaban hacia el mismo Hernández y su entorno, según investigadores de la misión de la OEA.
Hernández, no firmó el convenio de ampliación de la misión anticorrupción, alegando que “algunos sectores sociales, económicos y políticos” acusaron a la misión de haberse “excedido” y diputados oficialistas se quejaron porque reveló los nombres de implicados en investigaciones y que presuntamente obtuvo documentos oficiales ilegalmente.
“Cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado”, dijo Hernández al asumir su primer período en el poder en enero de 2014.
Pero Hernández ha sido abiertamente involucrado con cabecillas de cárteles del narcotráfico, durante el juicio en Nueva York de su hermano “Tony”, descrito por fiscales estadounidenses como un “narcotraficante a gran escala” y asegurado que el mandatario recibió un millón de dólares en la campaña política de 2013 del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, condenado en Estados Unidos.
Las imputaciones contra Hernández por presunto involucramiento con el narcotráfico, desde los Estados Unidos, no han cesado desde la captura de su hermano “Tony” en octubre de 2018, pero no se ha presentado acusaciones en su contra por el ilícito, que el gobernante ha negado reiteradamente.
Al iniciar el juicio en una Corte Federal en Manhattan, un fiscal aseguró que “Tony” Hernández traficó durante años toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo la protección de su hermano, el presidente de Honduras.
El mandatario respondió asegurando que “nadie está por encima de la ley y (…) nunca he intervenido ni lo voy a hacer para proteger a nadie, ni amigos, ni correligionarios, ni familiar, absolutamente a nadie”.
Sin embargo, las imputaciones en cortes de Nueva York contra Hernández continúan.
En una acusación, el 30 de abril por narcotráfico en una Corte en Nueva York, contra el ex jefe de la policía, Juan Carlos “El Tigre Bonilla”, el fiscal Federal de Manhattan, Geoffre S. Berman, dijo que el ex oficial “en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente… supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos”.
El analista Armando Orellana dijo a Criterio.hn que “en un país con instituciones sólidas, Hernández hubiera sido sometido a juicio político, porque son acusaciones gravísimas en contra de un jefe de Estado”, y opinó que “claramente ese viraje hacia las Fuerzas Armadas ha estado concretamente ligado a un escudo para protegerse contra las denuncias por narcotráfico”.
Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder al fortalecer el estamento castrense, mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.
Los gastos en Defensa y Seguridad registran un incremento anual sostenido. En 2016 se destinó a estos sectores 12,665.1 millones de lempiras, en 2017 13,274.3 millones, 2018 18,145.4 millones y en 2019 15,099.0 millones y en 2020 15,059.00 millones de lempiras, según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).
El
exceso compulsivo de los militares por robar protagonismo ha alcanzado
mayor notoriedad a través de proyectos de asistencia social como el
programa “Honduras Solidaria”. (Foto: Criterio.hn/Fernando Destephen).
Recluta generales
Pero el gobernante, no sólo incrementó el gasto de Defensa y Seguridad, si no que cortejó directamente a los generales, en su mayoría ex jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los incorporó en las planillas de gobierno, incluso como secretarios y subsecretarios de Estado.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Fredy Santiago Díaz, es el actual secretario de Defensa, el también general de división, José Isaías Barahona, se desempeña como uno de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, y el general René Osorio Canales, como comisionado de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES).
Entre tanto, el general de división Julián Pacheco se convirtió en el primer director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DNIE), durante el gobierno de Porfirio Lobo y luego Hernández lo ungió como secretario de Seguridad en su segundo período, en enero de 2017.
Díaz, quien también se desempeñó como viceministro de Defensa, en el segundo período del gobierno de Hernández y desde febrero de 2018 ministro de esa cartera, fue hasta 2015 jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras Osorio ocupó el mando militar de 2011 a 2013, bajo el mandato del presidente Lobo.
Osorio, Díaz y Pacheco ocuparon mandos militares y de cuerpos de inteligencia en períodos en los que “Tony” Hernández y el también condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Fabio Lobo, hijo del presidente Lobo, estaban ligados a cabecillas locales y mexicanos de cárteles de la droga, según los fiscales norteamericanos.
Hernández, ha asumido un comportamiento casi obsesivo en el gasto militar y de seguridad, cobijado en el combate al narcotráfico y las pandillas, en contraste con lo destinado a las áreas de la salud y la educación. Lo que ha quedado al descubierto por el débil sistema sanitario incapaz de atender la pandemia del coronavirus, y una infraestructura de escuelas y colegios destruida y sin servicios de agua potable continua, por lo que en su mayoría no son útiles para establecer los llamados triages.
El gobierno ha adquirido aviones, barcos, helicópteros, radares, moderno equipo militar y construido infraestructura presuntamente para combatir el narcotráfico, reflejando un supuesto mensaje de compromiso de lucha antidrogas dirigido a las autoridades estadounidenses.
Tras las elecciones de noviembre de 2017, calificadas de fraudulentas por la oposición, los mandos castrenses en defensa de la continuidad en el poder de Hernández reprimieron utilizando fuerza excesiva, incluso letal para dispersar multitudinarias protestas, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras.
El organismo aseguró que policías y militares, especialmente miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada por Hernández mataron a 22 manifestantes, mientras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estableció que al menos 37 personas murieron en la represión de las protestas de miles de manifestantes que bloqueaban carreteras en ciudades y poblados en rechazo al triunfo otorgado por el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) a Hernández.
Pero el gobernante, no sólo incrementó el gasto de Defensa y Seguridad, si no que cortejó directamente a los generales, en su mayoría ex jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los incorporó en las planillas de gobierno, incluso como secretarios y subsecretarios de Estado.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Fredy Santiago Díaz, es el actual secretario de Defensa, el también general de división, José Isaías Barahona, se desempeña como uno de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, y el general René Osorio Canales, como comisionado de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES).
Entre tanto, el general de división Julián Pacheco se convirtió en el primer director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DNIE), durante el gobierno de Porfirio Lobo y luego Hernández lo ungió como secretario de Seguridad en su segundo período, en enero de 2017.
Díaz, quien también se desempeñó como viceministro de Defensa, en el segundo período del gobierno de Hernández y desde febrero de 2018 ministro de esa cartera, fue hasta 2015 jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras Osorio ocupó el mando militar de 2011 a 2013, bajo el mandato del presidente Lobo.
Osorio, Díaz y Pacheco ocuparon mandos militares y de cuerpos de inteligencia en períodos en los que “Tony” Hernández y el también condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Fabio Lobo, hijo del presidente Lobo, estaban ligados a cabecillas locales y mexicanos de cárteles de la droga, según los fiscales norteamericanos.
Hernández, ha asumido un comportamiento casi obsesivo en el gasto militar y de seguridad, cobijado en el combate al narcotráfico y las pandillas, en contraste con lo destinado a las áreas de la salud y la educación. Lo que ha quedado al descubierto por el débil sistema sanitario incapaz de atender la pandemia del coronavirus, y una infraestructura de escuelas y colegios destruida y sin servicios de agua potable continua, por lo que en su mayoría no son útiles para establecer los llamados triages.
El gobierno ha adquirido aviones, barcos, helicópteros, radares, moderno equipo militar y construido infraestructura presuntamente para combatir el narcotráfico, reflejando un supuesto mensaje de compromiso de lucha antidrogas dirigido a las autoridades estadounidenses.
Tras las elecciones de noviembre de 2017, calificadas de fraudulentas por la oposición, los mandos castrenses en defensa de la continuidad en el poder de Hernández reprimieron utilizando fuerza excesiva, incluso letal para dispersar multitudinarias protestas, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras.
El organismo aseguró que policías y militares, especialmente miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada por Hernández mataron a 22 manifestantes, mientras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estableció que al menos 37 personas murieron en la represión de las protestas de miles de manifestantes que bloqueaban carreteras en ciudades y poblados en rechazo al triunfo otorgado por el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) a Hernández.
Los
militares se encargaron en marzo pasado de transportar vía aérea un
cargamento de equipo biomédico adquirido en Nueva York por el gobierno.
Como parte del cargamento figura un lote de respiradores que no ha sido
utilizado en la pandemia porque los aparatos no son funcionales para la
Covid-19. (Foto: Casa Presidencial).
Militares defienden fraude
Las dudas sobre el triunfo de Hernández fueron tan fuertes, que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó mediante un informe preliminar a celebrar nuevas elecciones en Honduras debido a que el organismo “no puede dar certeza respecto al resultado de las elecciones” del 26 de noviembre de 2017.
Hernández logró ir por la reelección presidencial, pese a que la Constitución de Honduras la prohibe, valiéndose de un fallo de la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados leales a él tras un recurso de amparo del extinto expresidente Rafael Callejas y un grupo de diputados nacionalistas.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, René Orlando Ponce, defendió abiertamente la reelección de Hernández, días antes de abandonar el cargo.
“Si hiciéramos una encuesta, pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva, yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo… que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente. Se lo puedo asegurar yo”, dijo el exjefe militar en un canal de televisión reflejando sus simpatías por el mandatario.
El oficial, que asumió la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 21 de diciembre de 2017, participó activamente en la represión militar de las protestas por el denunciado fraude, al sustituir en el mando al general Francisco Isaías Álvarez que ocupaba el mando durante las elecciones del 26 de noviembre y casi un mes después.
Los militares, que derrocaron y enviaron al exilio al expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, acusado de pretender reelegirse en la presidencia, respaldaron a Hernández, pese a que éste violentó la Constitución y consumó un fraude electoral.
Las dudas sobre el triunfo de Hernández fueron tan fuertes, que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó mediante un informe preliminar a celebrar nuevas elecciones en Honduras debido a que el organismo “no puede dar certeza respecto al resultado de las elecciones” del 26 de noviembre de 2017.
Hernández logró ir por la reelección presidencial, pese a que la Constitución de Honduras la prohibe, valiéndose de un fallo de la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados leales a él tras un recurso de amparo del extinto expresidente Rafael Callejas y un grupo de diputados nacionalistas.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, René Orlando Ponce, defendió abiertamente la reelección de Hernández, días antes de abandonar el cargo.
“Si hiciéramos una encuesta, pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva, yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo… que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente. Se lo puedo asegurar yo”, dijo el exjefe militar en un canal de televisión reflejando sus simpatías por el mandatario.
El oficial, que asumió la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 21 de diciembre de 2017, participó activamente en la represión militar de las protestas por el denunciado fraude, al sustituir en el mando al general Francisco Isaías Álvarez que ocupaba el mando durante las elecciones del 26 de noviembre y casi un mes después.
Los militares, que derrocaron y enviaron al exilio al expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, acusado de pretender reelegirse en la presidencia, respaldaron a Hernández, pese a que éste violentó la Constitución y consumó un fraude electoral.
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Foto: FF.AA.)
Actualmente, Hernández es lealmente
respaldado por el jefe del Estado Mayor Conjunto general de división,
Tito Livio Moreno, quien asumió el 20 de diciembre de 2019. El jefe
castrense goza de una amplia presencia mediática impulsada por
Hernández, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, analistas prevén que los militares que pretenden levantar su perfil durante la pandemia con el apoyo de Hernández también arrastrarán como participantes en la gestión de la crisis con el desprestigio del gobierno por los escándalos de corrupción en la adquisición de hospitales móviles, mascarillas y otro equipo de bioseguridad sobrevalorados.
“Se que ustedes han sido un factor determinante en poder combatir esta terrible enfermedad, pero ustedes soldados de mi patria, han demostrado que las Fuerzas Armadas del pueblo hondureño estamos a su servicio”, dice Moreno en un mensaje reiteradamente difundido en el canal de la televisión oficial.
Corrupción, estafa o fraude
En el proceso de gestión de la crisis por los contagios de la Covid-19 el gobierno de Hernández enfrenta severas críticas por la compra sobrevalorada de siete hospitales, adquiridos a una empresa de maletín con sede en los Estados Unidos, por casi 1.200 millones de lempiras (47.8 millones de dólares) por parte del director de Inversiones Estratégicas de Honduras INVEST-H, Marco Bográn, un colaborador de confianza del gobernante.
Los hospitales fueron pagados por Bográn al contado a un intermediario de origen guatemalteco, identificado como Axel López, sin ninguna garantía de entrega y calidad.
Dos de los hospitales de 91 camas presuntamente llegaron el viernes a Puerto Cortés, pero aún no se sabe si vienen completos o con todos los equipos, ni se llegarán los otros cinco comprados por Bográn, que es investigado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Misiones de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad, responsabilidad en el manejo de los hospitales móviles y hasta custodia y vigilancia epidemiológica, son algunas tareas que visibilizan a los militares.
Pero, esencialmente, el desmedido estrellato militar ha alcanzado dominio en el escenario público, mediante la concentración de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”.
Pese a que en el proceso de distribución la población, ha condenado a los soldados por tolerar la entrega de alimentos a activistas del gobernante Partido Nacional, según información oficial hasta la fecha, se ha asistido “igualitariamente” a más de 700 mil familias.
Sin poseer las competencias necesarias, las unidades armadas también han sido asignadas en la tarea de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19. A pesar de su carácter represivo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ha sido encomendada al manejo de la custodia de los cercos epidemiológicos en zonas de la capital hondureña contagiadas por la enfermedad.
La PMOP también ha sido destinada a la gestión del abastecimiento de agua en los barrios y colonias capitalinas y San Pedro Sula. “Más de 60 colonias y barrios de la capital fueron beneficiados con la distribución de agua potable”, dijo a Criterio.hn el vocero de la Policía Militar, Mario Rivera.
Seguridad y antitransparencia
Según un reciente análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), para el presupuesto de 2020, la inversión destinada para equipamiento militar se incrementó a un 39.6 por ciento. Para el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), estos recursos se suman al presupuesto ya sobredimensionado que forma parte del proceso de remilitarización.
Pero también Cespad advierte que la situación “se vuelve más preocupante porque las Fuerzas Armadas y las secretarias de Defensa y Seguridad, son las instituciones que menos rendición de cuentas hacen y menos transparencia tienen”.
Puntualmente porque se ubican en rango de instituciones beneficiadas con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que impide cualquier intentó de auditar la institución castrense.
Entre ellos, la auditoria a los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo presupuesto para el año pasado se estimó en 2,943.5 millones de lempiras, según la secretaría de Finanzas.
Sin embargo, analistas prevén que los militares que pretenden levantar su perfil durante la pandemia con el apoyo de Hernández también arrastrarán como participantes en la gestión de la crisis con el desprestigio del gobierno por los escándalos de corrupción en la adquisición de hospitales móviles, mascarillas y otro equipo de bioseguridad sobrevalorados.
“Se que ustedes han sido un factor determinante en poder combatir esta terrible enfermedad, pero ustedes soldados de mi patria, han demostrado que las Fuerzas Armadas del pueblo hondureño estamos a su servicio”, dice Moreno en un mensaje reiteradamente difundido en el canal de la televisión oficial.
Corrupción, estafa o fraude
En el proceso de gestión de la crisis por los contagios de la Covid-19 el gobierno de Hernández enfrenta severas críticas por la compra sobrevalorada de siete hospitales, adquiridos a una empresa de maletín con sede en los Estados Unidos, por casi 1.200 millones de lempiras (47.8 millones de dólares) por parte del director de Inversiones Estratégicas de Honduras INVEST-H, Marco Bográn, un colaborador de confianza del gobernante.
Los hospitales fueron pagados por Bográn al contado a un intermediario de origen guatemalteco, identificado como Axel López, sin ninguna garantía de entrega y calidad.
Dos de los hospitales de 91 camas presuntamente llegaron el viernes a Puerto Cortés, pero aún no se sabe si vienen completos o con todos los equipos, ni se llegarán los otros cinco comprados por Bográn, que es investigado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Misiones de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad, responsabilidad en el manejo de los hospitales móviles y hasta custodia y vigilancia epidemiológica, son algunas tareas que visibilizan a los militares.
Pero, esencialmente, el desmedido estrellato militar ha alcanzado dominio en el escenario público, mediante la concentración de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”.
Pese a que en el proceso de distribución la población, ha condenado a los soldados por tolerar la entrega de alimentos a activistas del gobernante Partido Nacional, según información oficial hasta la fecha, se ha asistido “igualitariamente” a más de 700 mil familias.
Sin poseer las competencias necesarias, las unidades armadas también han sido asignadas en la tarea de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19. A pesar de su carácter represivo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ha sido encomendada al manejo de la custodia de los cercos epidemiológicos en zonas de la capital hondureña contagiadas por la enfermedad.
La PMOP también ha sido destinada a la gestión del abastecimiento de agua en los barrios y colonias capitalinas y San Pedro Sula. “Más de 60 colonias y barrios de la capital fueron beneficiados con la distribución de agua potable”, dijo a Criterio.hn el vocero de la Policía Militar, Mario Rivera.
Seguridad y antitransparencia
Según un reciente análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), para el presupuesto de 2020, la inversión destinada para equipamiento militar se incrementó a un 39.6 por ciento. Para el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), estos recursos se suman al presupuesto ya sobredimensionado que forma parte del proceso de remilitarización.
Pero también Cespad advierte que la situación “se vuelve más preocupante porque las Fuerzas Armadas y las secretarias de Defensa y Seguridad, son las instituciones que menos rendición de cuentas hacen y menos transparencia tienen”.
Puntualmente porque se ubican en rango de instituciones beneficiadas con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que impide cualquier intentó de auditar la institución castrense.
Entre ellos, la auditoria a los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo presupuesto para el año pasado se estimó en 2,943.5 millones de lempiras, según la secretaría de Finanzas.
La
receta de la militarización a cada crisis sanitaria conllevará
consecuencias catastróficas, advierte la presidenta del Colegio Médico
de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, porque “no se están dando soluciones
con carácter científico”. (Foto: Criterio.hn)
Criterio.hn consultó
al director del Programa de Desarrollo Agrícola (PDA), capitán de navío
Adán del Cid, sobre la gestión en la ejecución de los 4 mil millones de
lempiras, cuyos resultados han sido motivo de intranquilidad entre las
organizaciones campesinas que han criticado la potestad del agro dada a
la institución castrense.
Según del Cid, para este año se asignaron 138.9 millones de lempiras como parte de una inversión directa a los productores agrícolas en mayor vulnerabilidad. Sin embargo, las transferencias todavía no han sido completadas, ya que “todavía no se ha materializado los depósitos respectivos por parte de la secretaría de Finanzas en las cuentas del Banco Central”, explicó.
Para este año se tenía previsto auxiliar a 7 mil campesinos, pero por las “complicaciones” en los trámites administrativos, Del Cid justificó que solo se beneficiarán 3,030 campesinos.
La analista y experta en asuntos militares, Leticia Salomón, dijo que el proceso de remilitarización fortalecido en el gobierno de Hernández está dirigido básicamente a acuñar el esquema político conservador que impera en Honduras.
“Podemos afirmar que es la expresión concreta de la militarización del Estado que ya se venía evidenciando y, lo que es peor, de la militarización de la conducción de la respuesta gubernamental a la epidemia”.
La estudiosa observa que el estamento militar luce como el brazo armado de un presidente desprestigiado nacional e internacionalmente, y no como una institución independiente.
Según del Cid, para este año se asignaron 138.9 millones de lempiras como parte de una inversión directa a los productores agrícolas en mayor vulnerabilidad. Sin embargo, las transferencias todavía no han sido completadas, ya que “todavía no se ha materializado los depósitos respectivos por parte de la secretaría de Finanzas en las cuentas del Banco Central”, explicó.
Para este año se tenía previsto auxiliar a 7 mil campesinos, pero por las “complicaciones” en los trámites administrativos, Del Cid justificó que solo se beneficiarán 3,030 campesinos.
La analista y experta en asuntos militares, Leticia Salomón, dijo que el proceso de remilitarización fortalecido en el gobierno de Hernández está dirigido básicamente a acuñar el esquema político conservador que impera en Honduras.
“Podemos afirmar que es la expresión concreta de la militarización del Estado que ya se venía evidenciando y, lo que es peor, de la militarización de la conducción de la respuesta gubernamental a la epidemia”.
La estudiosa observa que el estamento militar luce como el brazo armado de un presidente desprestigiado nacional e internacionalmente, y no como una institución independiente.
Mientras nos indignamos y
elevamos acciones de repudio y protesta ante la narco dictadura, que
desde su élite corrupta sostiene un sistema económico herido de muerte, y
nos ataca con más violencia criminal, presionamos con acciones y
protestas organizadas para apurar su inminente caída. En este marco de
acciones conjuntas de rebeldías y resistencias, y como expresión de
nuestro constante análisis y testimonio de lucha, elevamos nuestra voz
colectiva en este Décimo Noveno manifiesto público:
1.- Si la dictadura
cree que nos cansaremos, aquí estamos de nuevo con nuestra voz firme,
exigiendo que profesionales con ética y sin mezquinos intereses,
conduzcan esta crisis sanitaria, heredada por la llegada del Covid 19 y
un sistema de salud colapsado. Luego de millones de dólares saqueados
exigimos que se establezca un espacio de veeduría, independiente del
régimen, y desaparezcan esas amañadas mesas y organismos de parapeto
instalados solo para disfrazar saqueos y crímenes.
2.- Elevamos nuestra
voz de repudio al hediondo papel de los militares, eternos vendedores de
la soberanía y protectores de corruptos. Nunca dejaremos de exigir la
desmilitarización de los territorios, la seguridad y entidades públicas.
La ausencia de militares equivale a menos asesinatos, menos
narcotráfico y más soberanía nacional.
3.- Condenamos desde la
rabia y la indignación ancestral, las acciones criminales realizadas
contra compañeros de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la Cruz,
contra OFRANEH, contra la resistencia originaria. Expresamos nuestra
solidaridad militante y exigimos respetar los derechos del pueblo negro
sobre sus territorios.
4.- Exigimos de manera
urgente, se atienda a la población misquita, víctima de este colapso
sanitario, provocado por los millones robados. Exigimos la llegada
pronta de equipo e insumos necesarios a la zona, sus vidas tienen igual
dignidad.
5.- Expresamos nuestro
repudio a la resolución sobre el caso de María Luisa Borjas, quien
encaró frontalmente a los autores intelectuales de la muerte de nuestra
querida Berta Cáceres; hoy paga por su valentía en este territorio
dominado por el crimen y sacudido por las balas. Un claro ejemplo que
decir la verdad en Honduras, es un acto revolucionario.
6.- Hacemos un llamado a
toda la población a sumarse a todas las caravanas y al cacerolazo
convocados cada semana, desde este espacio seguimos alimentando la lucha
con los manifiestos y nuevos aportes semanales a la campaña ¿Dónde está
dinero? Seguimos en pie de lucha, y con creatividad seguiremos
enfrentando esta oxidada narco dictadura, neoliberal capitalista.
Honduras, julio de 2020
Pleito entre Mauricio Oliva y el Ejecutivo es una cortina de humo: Jorge Lobo
junio 26, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -El pleito que trasciende en las redes sociales y en medios de comunicación entre el presidente del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, es una cortina de humo, dijo este viernes el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo.
Tegucigalpa. -El pleito que trasciende en las redes sociales y en medios de comunicación entre el presidente del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, es una cortina de humo, dijo este viernes el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo.
Lea además: El juego político de Hernández sobre el Código Penal ¿Por qué no lo vetó?
El congresista por el departamento de Olancho e hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se ha desligado del oficialismo en los últimos meses y hoy aseguró que no existe ningún pleito entre Oliva y el Poder Ejecutivo como se pretende hacer creer.
El diputado, Jorge Lobo, vertió las declaraciones en el foro matutino de UneTV.
Lobo manifestó lo anterior luego que a
través de los medios de comunicación saliera a relucir un aparente
pleito entre el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el
presidente del Partido Nacional y ministro de la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, supuestamente por
posturas encontradas sobre la entrada en vigencia del nuevo Código
Penal.
Por un lado, el presidente del Congreso ha defendido la vigencia del nuevo Código Penal y por el otro lado, el presidente del Partido Nacional y cercano colaborador del gobernante, Juan Hernández, Reinaldo Sánchez, ha pedido que se prorrogue la vigencia.
«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.
Según Lobo, el pleito es parte de los arreglos políticos del jefe de gobierno con algunos líderes del Partido Nacional para mantenerse siempre en el poder, utilizando para tal final la postulación de Mauricio Oliva y del alcalde capitalino Nasry Asfura.
“En la campaña pasada miramos dos movimientos, hoy no, hoy son dos movimientos de Juan Orlando Hernández, solo que con una fotografía de Mauricio Oliva en un lado y con la fotografía de Tito Asfura en el otro, pero los dos al final de cuentas son movimientos de Juan Orlando Hernández, que los ha constituido a lo interno del Partido y ya tiene arreglado, incluso, quienes van a ser los candidatos que ya van a salir electos y ni siquiera hemos ido a elecciones internas”, denunció Lobo, quien junto su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa han anunciado que están dispuestas a sumarse a una alianza de oposición para sacar del poder a Hernández.
El diputado pidió a la oposición ir de manera masiva a las urnas durante las próximas elecciones para que Hernández no haga un nuevo fraude electoral.
Jorge Lobo acusó, además, a Hernández de haber implantado una dictadura en Honduras, por tener bajo su control a los poderes Legislativo y Judicial y a los demás entes de justicia.
La sentencia del exparlamentario hondureño Juan Antonio
«Tony» Hernández, fue reprogramada por sexta ocasión para el próximo 16
de septiembre del presente año.
Ante esta nueva reprogramación el profesional del derecho, Fernando Gonzáles, considera que la misma no se debe al tema del COVID-19 que también a afectado drásticamente a los Estados Unidos, sino que el juez y la defensa de Hernández podrían estar negociando su condena.
“Se ha manejado de una manera errónea porque hay muchas voces disonantes que dicen que se apega esto a la emergencia del COVID-19 que está pasando también en los EEUU, no es así, la justicia de EEUU o el fiscal está buscando quizá poder apoyar a “Tony” con una figura de colaborador eficaz, para rebajar de manera sustancial la pena que se le podría imponer, estamos hablando de una pena de 10 años a perpetuidad”, expresó González.
De igual forma, el abogado señala que a “Tony” Hernández no le queda de otra que colaborar y brindar nombres de otras personas ligadas al narcotráfico.
Para poder dictar sentencia e imponer penas, a la justicia norteamérica no le “tiembla la mano”, manifestó el experto en temas legales.
“No es por la pandemia, sino por la información fidedigna que pueda dar “Tony” en poder descifrar este nudo o madeja (del narcotráfico) y de esta manera, darle una rebaja sustancial a la pena, bajo el interés que revele nombres”, concluyó.
Fuente: Radio America
Berman supervisó enjuiciamientos clave a aliados del presidente Donald Trump y una investigación sobre el abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, renunciará a su cargo, según anunció este viernes en la noche el Departamento de Justicia.
Geoffrey Berman renunciará como fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, una decisión cuyo motivo no ha quedado claro de inmediato.
El Fiscal General, William Barr, ha dicho que Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, para el cargo.
Es probable que la repentina renuncia de Berman genere preguntas por parte de los demócratas del Congreso, quienes anteriormente han acusado a Barr de politizar el Departamento de Justicia y actuar como el abogado personal de Trump, en lugar de comportarse como la principal figura de la ley en el país.
La noticia llega pocos días después de que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton afirmara en un polémico libro que Trump prometió al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que interferiría en el caso de Halkbank, que estaba siendo procesado en el Distrito Sur.
Esta oficina ha procesado a varios asociados de Trump, incluido el antiguo abogado personal y ayudante del mandatario, Michael Cohen, quien cumplió una condena de prisión por mentir al Congreso y por cometer crímenes de financiamiento de campañas.
La oficina de Berman también ha estado investigando a Giuliani y sus asociados.
El Fiscal General William P. Barr ha publicado la siguiente declaración:
“Me complace anunciar que el presidente Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, actualmente presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, para servir como el próximo Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Durante los últimos tres años, Jay ha sido un Presidente de la SEC extraordinariamente exitoso, supervisando los esfuerzos para modernizar la regulación de los mercados de capitales, proteger a los inversores de Main Street, mejorar la competitividad estadounidense y abordar desafíos que van desde problemas de ciberseguridad hasta la pandemia COVID-19. Su experiencia gerencial y su experiencia en regulación financiera le brindan los antecedentes ideales para dirigir la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y será un digno sucesor de las numerosas figuras históricas que han ocupado ese cargo. En nombre del presidente,
Por recomendación mía, el Presidente nombró a Craig Carpenito, actualmente Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, para servir como Fiscal Interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mientras que el Senado está considerando la nominación de Jay Clayton. Esta cita entrará en vigencia el 3 de julio, y Craig trabajará en estrecha colaboración con el fiscal saliente de los Estados Unidos para garantizar una transición sin problemas. Agradezco a Craig por su servicio continuo y por asumir esta importante responsabilidad interina.
Finalmente, agradezco a Geoffrey Berman, quien renunciará después de dos años y medio de servicio como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Con tenacidad e inteligencia, Geoff ha hecho un excelente trabajo al liderar una de las Oficinas de Fiscalía más importantes de nuestra nación, logrando muchos éxitos en asuntos civiles y penales consecuentes. Aprecio su servicio al Departamento de Justicia y nuestra nación, y le deseo lo mejor en el futuro». (Con información de: MSM y ProHondurasNetwork)
El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a Geoffrey S. Berman, fiscal del Distrito Sur de Nueva York que investigaba sobre algunos de sus allegados y se negaba a renunciar, informó el sábado el secretario de Justicia William Barr.
«Como usted dijo que no tenía intención de renunciar, le pedí al presidente que lo cesara hoy, y lo hizo», escribió Barr en una carta enviada al fiscal federal de Manhattan despedido, Geoffrey Berman, publicada por los medios estadounidenses.
Barr acusó al fiscal Berman de haber «optado por el espectáculo público, por encima del servicio público».
Pero Trump dijo luego que no tiene nada que ver con el despido de Berman.
«Todo eso depende del fiscal general», dijo a periodistas en la Casa Blanca. «Está trabajando en eso, es su departamento, no mi departamento (…) No estoy involucrado», indicó el mandatario.
Desde que fue designado por una corte federal para dirigir la poderosa fiscalía del distrito sur de Nueva York en 2018, Geoffrey Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump Michael Cohen.
También investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del mandatario.
Investigó asimismo a dos asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al contrincante de Trump, el presidenciable demócrata Joe Biden, en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente.
Berman también investiga los delitos cometidos por el fallecido financista y presunto pederasta Jeffrey Epstein, que era amigo de Trump, y sus asociados.
Inicialmente, Barr anunció la renuncia de Berman el viernes tarde por la noche y dijo que Trump nominaría en su lugar al jefe de la Comisión de Valores, Jay Clayton, un abogado corporativo sin experiencia en procesamientos.
«Agradezco a Geoffrey Berman, quien renuncia después de dos años y medio de servicio como fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York», dijo Barr en un comunicado.
– «Nuestras investigaciones avanzarán» –
Pero Berman, que es republicano y fue donante de la campaña presidencial de Trump, dijo haberse enterado de su aparente partida en el comunicado de Barr.
«No he renunciado y no tengo intención de renunciar», dijo Berman en una nota de prensa.
«Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin interrupción», aseguró.
«El intento de Barr de derrocar al fiscal Berman el viernes tarde en la noche, cuando Berman lidera varias investigaciones que son políticamente sensibles para el presidente ciertamente amenaza el Estado de Derecho», dijo a la AFP Peter Shane, profesor de derecho de la Universidad de Ohio.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, urgió al inspector general del departamento de Justicia a investigar por qué el gobierno quiere que Berman deje el cargo.
Jay Clayton «puede hacer frente a esta corrupción, retirar su nombre de consideración, y salvar su propia reputación de la ruina de la noche a la mañana», dijo Schumer en Twitter.
Jerry Nadler, jefe demócrata del comité judicial de la Cámara de Representantes, acusó a Barr de interferir repetidamente «en investigaciones penales en nombre de Trump».
«Tenemos una audiencia sobre el tema el miércoles», tuiteó Nadler. «Damos la bienvenida al testimonio de Berman, y lo invitaremos a testificar», anunció.
– ¿ Por qué? –
«Barr precisa ser claro sobre por qué quiso sacar a Berman, y más importante aún, garantizar que las investigaciones subyacentes no serán afectadas por este cambio de liderazgo», dijo a la AFP Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional de la Universidad George Washington.
En los últimos meses, el gobierno de Trump despidió o degradó a inspectores generales del Pentágono, del departamento de Estado, la comunidad de inteligencia y el departamento de Salud Pública.
El predecesor de Berman en el cargo, Preet Bharara, fue despedido en 2017 luego de negarse a renunciar a pedido de Trump.
«¿Por qué un presidente se libra del fiscal para el distrito sur de Nueva York que él mismo escogió un viernes de noche, a menos de cinco meses de la elección» presidencial del 3 de noviembre?, preguntó Bharara en Twitter.
Barbara McQuade, exfiscal y profesora de derecho de la Universidad de Michigan, explicó a la AFP que «porque Berman fue designado por la corte, si Trump lo despide solo puede ser reemplazado por la corte o por una persona confirmada por el Senado» estadounidense.
Berman será reemplazado de manera interina por su número dos, Audrey Strauss.
El fiscal podría presentar una demanda para intentar permanecer en el cargo, «pero nuestra actual Corte Suprema es tan deferencial con la autoridad presidencial que bien podría permitir una destitución de este tipo», dijo el profesor Shane, experto en separación de poderes.
Por un lado, el presidente del Congreso ha defendido la vigencia del nuevo Código Penal y por el otro lado, el presidente del Partido Nacional y cercano colaborador del gobernante, Juan Hernández, Reinaldo Sánchez, ha pedido que se prorrogue la vigencia.
«Escucho un comunicado de Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, y por qué no lo dijo antes, por qué no participó, por qué no reclamó, si ya días vengo reclamando que el presidente del Partido Nacional debe hacer valer los principios y valores de nuestro partido. Todas esas cosas son cortinas de humo», dijo el diputado Jorge Lobo.
Según Lobo, el pleito es parte de los arreglos políticos del jefe de gobierno con algunos líderes del Partido Nacional para mantenerse siempre en el poder, utilizando para tal final la postulación de Mauricio Oliva y del alcalde capitalino Nasry Asfura.
“En la campaña pasada miramos dos movimientos, hoy no, hoy son dos movimientos de Juan Orlando Hernández, solo que con una fotografía de Mauricio Oliva en un lado y con la fotografía de Tito Asfura en el otro, pero los dos al final de cuentas son movimientos de Juan Orlando Hernández, que los ha constituido a lo interno del Partido y ya tiene arreglado, incluso, quienes van a ser los candidatos que ya van a salir electos y ni siquiera hemos ido a elecciones internas”, denunció Lobo, quien junto su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa han anunciado que están dispuestas a sumarse a una alianza de oposición para sacar del poder a Hernández.
El diputado pidió a la oposición ir de manera masiva a las urnas durante las próximas elecciones para que Hernández no haga un nuevo fraude electoral.
Jorge Lobo acusó, además, a Hernández de haber implantado una dictadura en Honduras, por tener bajo su control a los poderes Legislativo y Judicial y a los demás entes de justicia.
HONDURAS / DIPUTADO NACIONALISTA JORGE LOBO SE SUMA A LA DEMOCRACIA CRISTIANA
- Publicado: 18 Julio 2020
La
alianza a la que también se ha sumado el padre del parlamentario Jorge
Lobo, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, ha hecho un llamado a todos
los sectores para sumar esfuerzos destinados a sacar del poder de la
nación a Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Cansado de ser parte del partido que desde el poder ha saqueado el país
(el Nacional), el diputado Jorge Lobo ha oficializado su renuncia a ese
instituto político, integrándose al Partido Demócrata Cristiano de
Honduras (PDCH), mediante el movimiento “Nueva Fuerza”.
A
través de una teleconferencia, el parlamentario e hijo del ex
presidente Porfirio Lobo Sosa, comentó que ante el desorden establecido
en el país por el grupo económico y político que soporta a Juan
Hernández en Casa Presidencial, han creado una nueva fuerza de
oposición.
En
la transmisión también participaron el ex presidente y coordinador
general del Movimiento “Todos por el Cambio”, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa,
y la presidente del PDCH, Elsa Vargas, así como figuras políticas de
ese instituto político y del movimiento nacionalista que encabezan
“Pepe” y su hijo.
“Lo
que hacemos, lo hacemos por amor a Honduras, porque antes de decir que
somos de un partido somos hondureños, y esto nos llama a hacer una lucha
juntos este día”, comentó el diputado Lobo.
Asimismo,
hizo un llamado a la población en general para sumar esfuerzos, a fin
de sacar a Juan Hernández del poder de la nación, ante el inminente
saqueo de fondos que ha hecho ese gobierno, especialmente durante la
cuarentena por el virus del Covid-19.
“Mi
compromiso es luchar incansablemente por extender lazos con los demás
sectores de la sociedad, para sacar al juanorlandismo del poder de la
nación: no merece seguir dirigiendo un país tan hermoso, pero que hoy
está sufriendo”, sostuvo.
Publicado el 5 Junio, 2020
Ante esta nueva reprogramación el profesional del derecho, Fernando Gonzáles, considera que la misma no se debe al tema del COVID-19 que también a afectado drásticamente a los Estados Unidos, sino que el juez y la defensa de Hernández podrían estar negociando su condena.
“Se ha manejado de una manera errónea porque hay muchas voces disonantes que dicen que se apega esto a la emergencia del COVID-19 que está pasando también en los EEUU, no es así, la justicia de EEUU o el fiscal está buscando quizá poder apoyar a “Tony” con una figura de colaborador eficaz, para rebajar de manera sustancial la pena que se le podría imponer, estamos hablando de una pena de 10 años a perpetuidad”, expresó González.
De igual forma, el abogado señala que a “Tony” Hernández no le queda de otra que colaborar y brindar nombres de otras personas ligadas al narcotráfico.
Para poder dictar sentencia e imponer penas, a la justicia norteamérica no le “tiembla la mano”, manifestó el experto en temas legales.
“No es por la pandemia, sino por la información fidedigna que pueda dar “Tony” en poder descifrar este nudo o madeja (del narcotráfico) y de esta manera, darle una rebaja sustancial a la pena, bajo el interés que revele nombres”, concluyó.
Fuente: Radio America
Renuncia Geoffrey Berman fiscal que conoció el caso de Tony Hernández
junio 19, 2020
Redacción
El fiscal estadounidense que conoció el caso del narcotráfico en Honduras que dio con la condena de Juan Antonio «Tony» Hernández ha anunciado que interpondrá su renuncia en los próximos días.Varios medios de comunicación afirman que la renuncia se debe a presiones ante los señalamientosde Berman a personas afirmes a Donald Trump, entre ellos Rudolph Giuliani.
Berman supervisó enjuiciamientos clave a aliados del presidente Donald Trump y una investigación sobre el abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, renunciará a su cargo, según anunció este viernes en la noche el Departamento de Justicia.
Geoffrey Berman renunciará como fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, una decisión cuyo motivo no ha quedado claro de inmediato.
El Fiscal General, William Barr, ha dicho que Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, para el cargo.
Es probable que la repentina renuncia de Berman genere preguntas por parte de los demócratas del Congreso, quienes anteriormente han acusado a Barr de politizar el Departamento de Justicia y actuar como el abogado personal de Trump, en lugar de comportarse como la principal figura de la ley en el país.
La noticia llega pocos días después de que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton afirmara en un polémico libro que Trump prometió al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que interferiría en el caso de Halkbank, que estaba siendo procesado en el Distrito Sur.
Esta oficina ha procesado a varios asociados de Trump, incluido el antiguo abogado personal y ayudante del mandatario, Michael Cohen, quien cumplió una condena de prisión por mentir al Congreso y por cometer crímenes de financiamiento de campañas.
La oficina de Berman también ha estado investigando a Giuliani y sus asociados.
El Fiscal General William P. Barr ha publicado la siguiente declaración:
“Me complace anunciar que el presidente Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, actualmente presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, para servir como el próximo Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Durante los últimos tres años, Jay ha sido un Presidente de la SEC extraordinariamente exitoso, supervisando los esfuerzos para modernizar la regulación de los mercados de capitales, proteger a los inversores de Main Street, mejorar la competitividad estadounidense y abordar desafíos que van desde problemas de ciberseguridad hasta la pandemia COVID-19. Su experiencia gerencial y su experiencia en regulación financiera le brindan los antecedentes ideales para dirigir la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y será un digno sucesor de las numerosas figuras históricas que han ocupado ese cargo. En nombre del presidente,
Por recomendación mía, el Presidente nombró a Craig Carpenito, actualmente Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, para servir como Fiscal Interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mientras que el Senado está considerando la nominación de Jay Clayton. Esta cita entrará en vigencia el 3 de julio, y Craig trabajará en estrecha colaboración con el fiscal saliente de los Estados Unidos para garantizar una transición sin problemas. Agradezco a Craig por su servicio continuo y por asumir esta importante responsabilidad interina.
Finalmente, agradezco a Geoffrey Berman, quien renunciará después de dos años y medio de servicio como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Con tenacidad e inteligencia, Geoff ha hecho un excelente trabajo al liderar una de las Oficinas de Fiscalía más importantes de nuestra nación, logrando muchos éxitos en asuntos civiles y penales consecuentes. Aprecio su servicio al Departamento de Justicia y nuestra nación, y le deseo lo mejor en el futuro». (Con información de: MSM y ProHondurasNetwork)
Trump despide al fiscal de Nueva York que investigaba a sus aliados
junio 20, 2020
Redacción
Tomado de: InfobaeTrump niega que el tenga algo que ver en el despido y dice que es una decisión del Fiscal General William Barr
El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a Geoffrey S. Berman, fiscal del Distrito Sur de Nueva York que investigaba sobre algunos de sus allegados y se negaba a renunciar, informó el sábado el secretario de Justicia William Barr.
«Como usted dijo que no tenía intención de renunciar, le pedí al presidente que lo cesara hoy, y lo hizo», escribió Barr en una carta enviada al fiscal federal de Manhattan despedido, Geoffrey Berman, publicada por los medios estadounidenses.
Barr acusó al fiscal Berman de haber «optado por el espectáculo público, por encima del servicio público».
Pero Trump dijo luego que no tiene nada que ver con el despido de Berman.
«Todo eso depende del fiscal general», dijo a periodistas en la Casa Blanca. «Está trabajando en eso, es su departamento, no mi departamento (…) No estoy involucrado», indicó el mandatario.
Desde que fue designado por una corte federal para dirigir la poderosa fiscalía del distrito sur de Nueva York en 2018, Geoffrey Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump Michael Cohen.
También investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del mandatario.
Investigó asimismo a dos asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al contrincante de Trump, el presidenciable demócrata Joe Biden, en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente.
Berman también investiga los delitos cometidos por el fallecido financista y presunto pederasta Jeffrey Epstein, que era amigo de Trump, y sus asociados.
Inicialmente, Barr anunció la renuncia de Berman el viernes tarde por la noche y dijo que Trump nominaría en su lugar al jefe de la Comisión de Valores, Jay Clayton, un abogado corporativo sin experiencia en procesamientos.
«Agradezco a Geoffrey Berman, quien renuncia después de dos años y medio de servicio como fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York», dijo Barr en un comunicado.
– «Nuestras investigaciones avanzarán» –
Pero Berman, que es republicano y fue donante de la campaña presidencial de Trump, dijo haberse enterado de su aparente partida en el comunicado de Barr.
«No he renunciado y no tengo intención de renunciar», dijo Berman en una nota de prensa.
«Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin interrupción», aseguró.
«El intento de Barr de derrocar al fiscal Berman el viernes tarde en la noche, cuando Berman lidera varias investigaciones que son políticamente sensibles para el presidente ciertamente amenaza el Estado de Derecho», dijo a la AFP Peter Shane, profesor de derecho de la Universidad de Ohio.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, urgió al inspector general del departamento de Justicia a investigar por qué el gobierno quiere que Berman deje el cargo.
Jay Clayton «puede hacer frente a esta corrupción, retirar su nombre de consideración, y salvar su propia reputación de la ruina de la noche a la mañana», dijo Schumer en Twitter.
Jerry Nadler, jefe demócrata del comité judicial de la Cámara de Representantes, acusó a Barr de interferir repetidamente «en investigaciones penales en nombre de Trump».
«Tenemos una audiencia sobre el tema el miércoles», tuiteó Nadler. «Damos la bienvenida al testimonio de Berman, y lo invitaremos a testificar», anunció.
– ¿ Por qué? –
«Barr precisa ser claro sobre por qué quiso sacar a Berman, y más importante aún, garantizar que las investigaciones subyacentes no serán afectadas por este cambio de liderazgo», dijo a la AFP Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional de la Universidad George Washington.
En los últimos meses, el gobierno de Trump despidió o degradó a inspectores generales del Pentágono, del departamento de Estado, la comunidad de inteligencia y el departamento de Salud Pública.
El predecesor de Berman en el cargo, Preet Bharara, fue despedido en 2017 luego de negarse a renunciar a pedido de Trump.
«¿Por qué un presidente se libra del fiscal para el distrito sur de Nueva York que él mismo escogió un viernes de noche, a menos de cinco meses de la elección» presidencial del 3 de noviembre?, preguntó Bharara en Twitter.
Barbara McQuade, exfiscal y profesora de derecho de la Universidad de Michigan, explicó a la AFP que «porque Berman fue designado por la corte, si Trump lo despide solo puede ser reemplazado por la corte o por una persona confirmada por el Senado» estadounidense.
Berman será reemplazado de manera interina por su número dos, Audrey Strauss.
El fiscal podría presentar una demanda para intentar permanecer en el cargo, «pero nuestra actual Corte Suprema es tan deferencial con la autoridad presidencial que bien podría permitir una destitución de este tipo», dijo el profesor Shane, experto en separación de poderes.
Geoffrey S. Berman finalmente acepta renunciar
junio 20, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN - redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman aceptó finalmente renunciar debido al nombramiento de la Fiscal General Adjunta como interina en el puesto que él ocupó hasta hoy.
De acuerdo con el criterio de Berman, la abogada Audrey Strauss es intachable y una gran profesional del derecho y confía que no se atrasará el trabajo que ha venido haciendo.
«A la luz de la decisión del Fiscal General Barr de respetar el funcionamiento normal de la ley y hacer que la Fiscal Adjunta de los EE. UU. Audrey Strauss se convierta en Fiscal Federal interina, dejaré la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con efecto inmediato.
Ha sido el honor de toda una vida servir como Fiscal Federal de este Distrito y custodio de su orgulloso legado, pero no pude dejar el Distrito en mejores manos que Audrey.
Ella es la abogada más inteligente, con más principios y más efectiva con la que he tenido el privilegio de trabajar. Y sé que, bajo su liderazgo, los incomparables AUSA, investigadores, paralegales y personal de esta Oficina continuarán salvaguardando la duradera tradición de integridad e independencia del Distrito Sur «.
Por: Tomas Andino Mencía
Con la destitución del fiscal Bergman, pareciera que le echaron un balde de agua fría a muchos sectores que depositaban sus esperanzas en las gestiones de este fiscal para llevar a JOH a la cárcel. Para muchos después de esta destitución “el cielo se cayó”, y ya no hay nada que hacer.
Esta manera de pensar no es correcta. Lo más preocupante es que esta actitud refleja varias taras o manías que nos impiden avanzar en la lucha y que es necesario rectificar. Ese conjunto de taras es como síntomas de un síndrome político que nos afecta; lo que llamo el “síndrome del hondureño desesperanzado”
Un síntoma de este síndrome político es la baja autoestima política. Quienes lo padecen depositan las esperanzas en que un tribunal gringo se llevara a JOH y acabara con su dictadura. Eso solo refleja mucha ingenuidad y el grado de colonización mental que es común en nuestro país, pues pasan pendientes de que la solución a nuestros problemas vendrá de fuera, del “gran amo” y no de nosotros mismos. Creen que como Pueblo no somos capaces de auto organizarnos y hacer la tarea por nuestros propios medios. Por eso proyectan la frustración en el deseo de que otros vengan a salvarnos.
Por estar ocupados en la telenovela del juicio de Tony, que ocurre a miles de kilómetros de distancia por causas que conciernen a los gringos y que ellos administrarán según sus intereses, se está desperdiciando la oportunidad en Honduras de movilizarnos hasta sacar al régimen por las causas que a nosotros si nos conciernen, como el latrocinio del régimen en medio de la crisis de salud, la pobreza, la represión, el narcotráfico, la imposición fraudulenta, la represión y el hambre, entre otros motivos. ¿No son estos suficientes motivos para salir a luchar en nuestro país, en lugar de esperar un juicio en un país extranjero?
Otro síntoma de este síndrome es un tipo de miopía política, que ve lo que tiene más cerca, pero no lo que está en el fondo. Esto ocurre cuanto se tiene la creencia de que la solución a la crisis actual consiste solo en sacar a JOH, olvidándose de que este es apenas la cabeza de la dictadura oligárquica; que detrás suyo hay una cúpula militar, política y empresarial dispuesta a seguir sin JOH, si fuera necesario. La dictadura es un monstruo de varias cabezas; no solo de una. La salida de JOH no es el fin de la dictadura, es apenas el inicio. El verdadero reto es acabar con la dictadura no solo a quien la representa.
El tercer síntoma es una especie de manía, de creer que a esta dictadura se le sacara con placebos que ya probamos que no funcionan, como el proceso electoral. Quienes padecen este síndrome se sienten bien por ganar en las urnas, aunque en realidad no le resten nada al poder. Aunque una candidatura de oposición ganara por aplastante mayoría, suponiendo que vence la maquinaria fraudulenta, la oligarquía golpista tiene en sus manos instrumentos del Estado para frustrar por tercera vez un triunfo en su contra. Vean: las próximas elecciones tendrán lugar en las mismas condiciones del pasado (misma Ley Electoral, mismo censo e identidad, misma mayoría bipartidista en los organismos electorales, y así por el estilo); detentan el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia y por si todo eso falla, tienen las Fuerzas Armadas, que no entienden de democracia. ¿Aún creen que en medio de una dictadura iremos a un proceso democrático y que respetaran el triunfo de la oposición que amenace con erradicarla?
Las veces que el pueblo ha obtenido triunfos para derrotar leyes lesivas o políticas impopulares, ha sido en las calles, no en el Congreso Nacional. Las veces que los pueblos latinoamericanos sacaron dictaduras no lo hicieron en las urnas, las derrotaron en las calles; las elecciones vinieron después.
Asimismo, el cuarto síntoma es la creencia en erróneos tratamientos. Muchos creen que en las actuales condiciones de la pandemia y la opresión en que nos tienen sometidos, podremos seguir luchando como lo hacíamos anteriormente. Las nuevas condiciones exigen nuevas estrategias y nuevos métodos de lucha. Hoy día que vivimos en una especie de “campo de concentración a cielo abierto”, como dice Raúl Zibechi, con nuestros derechos más restringidos, la lucha debe tener una base más territorial que gremial, más subterránea y conspirativa que publica; debe ir desde abajo hacia arriba, minando las bases del poder dictatorial, construyendo una nueva democracia y economía desde la base comunitaria y laboral; así como las hormigas o lo zompopos derriban casas con sus excavaciones. Eso significa comenzar por hacer solidaridad entre nosotros, tejer redes mutuales que luego sirvan de plataforma para movimientos más osados, según se presenten las condiciones. Lo demás vendrá por añadidura, construyéndose en colectivo.
Y finalmente, una quinta manía es apostar que iremos a algún lado con los mismos liderazgos, tal como si fueran falsos médicos, que probaron no servir para la tarea de echar a la dictadura en estos diez años de resistencia popular; liderazgos que tuvieron a su disposición a centenares de miles de personas en las calles dispuestas al sacrificio, pero que prefirieron llamarse a la comodidad de una resistencia verbal o, en el peor de los casos, tranzar bajo la mesa pactos con el régimen. Si los generales que nos conducen en la batalla dan muestras de no tener las cualidades necesarias para el triunfo, pues hay que cambiarlos. El Pueblo hondureño requiere de una conducción revolucionaria que este a la altura de la disposición de sacrificio que este ha demostrado.
Despertemos, compañeras y compañeros: No hay que esperar que la solución contra la dictadura nos venga de otro país, mucho menos del gobierno norteamericano, que siempre ha sido su sostén. No esperemos que las elecciones lo solucionaran, que podremos hacerlo con los mismos métodos y con los mismos liderazgos. Es indispensable que el movimiento popular organizado haga una profunda reflexión sobre estos problemas y que en el dialogo sincero y honesto encontremos soluciones.
No es fácil. Es un reto de largo plazo, no de corto plazo. Para asumir ese reto la historia nos muestra que solo hay una fórmula: auto organización y lucha popular. No hay atajos.
También está el caso Epstein por la conspiración del trafico sexual. Se ve que se están tejiendo una serie de requerimientos fiscales, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pueden tener implicaciones serias en el futuro inmediato del presidente Trump cuando se está a cinco meses de las elecciones y la búsqueda de la reelección de un presidente emproblemado con el tema de racismo y del Covid-19.
El FBI acusaba a Jeffrey Epstein de dirigir una red de tráfico sexual de menores en Estados Unidos y de abusar de decenas de jóvenes. Fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de este año. Logró eludir los cargos federales de tráfico sexual con un controversial acuerdo con la fiscalía en el que aceptaba 13 meses de cárcel y ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales.
Lo mas reciente es el revés recibido por el presidente Trump cuando la Corte Suprema falló en su contra en el tema migratorio en el caso de los «soñadores» (dreammers). Trump lanzó un reto como promesa de campaña, señalando que iba a cambiar el balance en la Corte Suprema de Justicia y no esta lejos de lograrlo con solo nominar a un nuevo magistrado. Los magistrado en Estados Unidos son electos de por vida.
Caso Geoffrey S. Berman
El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr, mandó, prácticamente un despido a Berman, pero es importante decir que este no fue confirmado en su puesto, como debe hacerse, que es a través de la nominación del presidente y ratificado por el Senado. Berman fue colocado en ese puesto por los jueces de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ante esta realidad, le abre las puertas a Trump para poder nominar y colocar a una persona para que ocupe ese puesto.
Otro escenario que le da la posibilidad a Berman de salvar su puesto al menos momentáneamente, es el hecho que el fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, por ordenes de Trump, ordena otro fiscal interino por mientras procede todo el proceso del Senado y se elige correctamente al nuevo fiscal del distrito sur.
Eso le abre la puerta a Berman para decir: «yo no he renunciado y por lo tanto no se puede nombrar un fiscal interino y voy a permanecer en mi puesto hasta que el Senado confirme a mi reemplazo».
Aquí se abre un escenario bastante interesante, un escenario de lucha de poder donde se verá si el fiscal Berman se mantiene en su puesto, hasta que el senado haga el nuevo nombramiento, lo que le daría el tiempo suficiente para poder desarrollar un buen numero de requerimientos contra el círculo cercano a Donald Trump, señaló Ulloa en su análisis.
El nominado Joseph «Jay» Clayton
El nominado por Trump es el abogado Jay Clayton que actualmente es el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) que se encarga de regular las transacciones que se producen en la bolsa de valores de Wall Street.
Cuando fue nominado, la senadora estadounidense Catherine Cortez Masto, una demócrata que representa a Nevada, expresó su preocupación por el hecho de que Clayton representara a la firma sueca TeliaSonera, una empresa propuesta que combinaría las empresas rusas de telecomunicaciones MegaFon y Altimo.
Clayton, dice Ulloa, no tiene experiencia como abogado acusador, carece de la experiencia necesaria para poder ser un fiscal. Su pasado es de un abogado de bancos de reconocido nombre, pero no tiene la experiencia necesaria para ocupar el puesto de fiscal del Distrito sur de Nueva York lo que deja ver la politización del poder judicial estadounidense porque Clayton es un hombre afín a los intereses de Trump.
Caso «Tony» Hernández
Ulloa dijo a CRITERIO.HN que esta pretendida salida de Berman de la fiscalía de Nueva York podría implicaciones en el caso del narcotráfico en Honduras y las implicaciones del presidente Juan Hernández que ya ha sido señalado en varias ocasiones.
En el caso de Tony Hernández no tiene ninguna implicación porque ya es una cosa juzgada que ya salió de la fiscalía de Nueva York y ahora está en manos del juez que ya lo han encontrado culpable y pronto le dictará la respectiva sentencia.
Ahora al incorporar un nuevo fiscal sin experiencia si se puede atrasar sumamente el caso específico de CC-4 y de otros de su círculo afín al tráfico de drogas.
Esa inexperiencia de Calyton implicaría un periodo de conocimiento y de aprendizaje que vendría a atrasar ese y otros casos y además entraría el ingrediente político de proceder o no contra Juan Hernández en el caso de la conspiración para el trafico de drogas.
Papel de los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza
Los demócratas tienen derecho al pataleo, y seguramente lo harán de la mano de Nancy Pelosi quien dirige el Congreso que tiene una mayoría demócrata, pero no es mucho lo que se puede hacer desde esa cámara porque la elección del nuevo fiscal de Nueva York se hará en el Senado.
Pelosi y los demócratas harán lo imposible por atrasar esa nominación de Clayton en el senado porque es cuestión de tiempo para llegar a las elecciones y darle vuelta al Senado en el mes de noviembre.
Lo que se debe analizar es que estamos a cinco meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que serán en noviembre próximo y donde no solo va la figura del presidente sino también algunos puestos en el Senado que podría cambiar el balance en cuanto a quien controla esa cámara y pasar a poder de los demócratas como ya lo señalan algunas proyecciones.
Por esta razón es que Trump quiere hacer los cambios ya, para no jugarse la carta del Senado y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido como cuando se le quiso hacer el juicio político, apuntó Ulloa.
Erlin Mejia Andino durante las protestas callejeras en Honduras
Tegucigalpa.- El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman aceptó finalmente renunciar debido al nombramiento de la Fiscal General Adjunta como interina en el puesto que él ocupó hasta hoy.
De acuerdo con el criterio de Berman, la abogada Audrey Strauss es intachable y una gran profesional del derecho y confía que no se atrasará el trabajo que ha venido haciendo.
Audrey Strauss será la interina de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
Berman declaró lo siguiente:«A la luz de la decisión del Fiscal General Barr de respetar el funcionamiento normal de la ley y hacer que la Fiscal Adjunta de los EE. UU. Audrey Strauss se convierta en Fiscal Federal interina, dejaré la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con efecto inmediato.
Ha sido el honor de toda una vida servir como Fiscal Federal de este Distrito y custodio de su orgulloso legado, pero no pude dejar el Distrito en mejores manos que Audrey.
Ella es la abogada más inteligente, con más principios y más efectiva con la que he tenido el privilegio de trabajar. Y sé que, bajo su liderazgo, los incomparables AUSA, investigadores, paralegales y personal de esta Oficina continuarán salvaguardando la duradera tradición de integridad e independencia del Distrito Sur «.
El despido del fiscal Berman y el síndrome del hondureño desesperanzado
junio 21, 2020
Redacción
Por: Tomas Andino Mencía
Con la destitución del fiscal Bergman, pareciera que le echaron un balde de agua fría a muchos sectores que depositaban sus esperanzas en las gestiones de este fiscal para llevar a JOH a la cárcel. Para muchos después de esta destitución “el cielo se cayó”, y ya no hay nada que hacer.
Esta manera de pensar no es correcta. Lo más preocupante es que esta actitud refleja varias taras o manías que nos impiden avanzar en la lucha y que es necesario rectificar. Ese conjunto de taras es como síntomas de un síndrome político que nos afecta; lo que llamo el “síndrome del hondureño desesperanzado”
Un síntoma de este síndrome político es la baja autoestima política. Quienes lo padecen depositan las esperanzas en que un tribunal gringo se llevara a JOH y acabara con su dictadura. Eso solo refleja mucha ingenuidad y el grado de colonización mental que es común en nuestro país, pues pasan pendientes de que la solución a nuestros problemas vendrá de fuera, del “gran amo” y no de nosotros mismos. Creen que como Pueblo no somos capaces de auto organizarnos y hacer la tarea por nuestros propios medios. Por eso proyectan la frustración en el deseo de que otros vengan a salvarnos.
Por estar ocupados en la telenovela del juicio de Tony, que ocurre a miles de kilómetros de distancia por causas que conciernen a los gringos y que ellos administrarán según sus intereses, se está desperdiciando la oportunidad en Honduras de movilizarnos hasta sacar al régimen por las causas que a nosotros si nos conciernen, como el latrocinio del régimen en medio de la crisis de salud, la pobreza, la represión, el narcotráfico, la imposición fraudulenta, la represión y el hambre, entre otros motivos. ¿No son estos suficientes motivos para salir a luchar en nuestro país, en lugar de esperar un juicio en un país extranjero?
Otro síntoma de este síndrome es un tipo de miopía política, que ve lo que tiene más cerca, pero no lo que está en el fondo. Esto ocurre cuanto se tiene la creencia de que la solución a la crisis actual consiste solo en sacar a JOH, olvidándose de que este es apenas la cabeza de la dictadura oligárquica; que detrás suyo hay una cúpula militar, política y empresarial dispuesta a seguir sin JOH, si fuera necesario. La dictadura es un monstruo de varias cabezas; no solo de una. La salida de JOH no es el fin de la dictadura, es apenas el inicio. El verdadero reto es acabar con la dictadura no solo a quien la representa.
El tercer síntoma es una especie de manía, de creer que a esta dictadura se le sacara con placebos que ya probamos que no funcionan, como el proceso electoral. Quienes padecen este síndrome se sienten bien por ganar en las urnas, aunque en realidad no le resten nada al poder. Aunque una candidatura de oposición ganara por aplastante mayoría, suponiendo que vence la maquinaria fraudulenta, la oligarquía golpista tiene en sus manos instrumentos del Estado para frustrar por tercera vez un triunfo en su contra. Vean: las próximas elecciones tendrán lugar en las mismas condiciones del pasado (misma Ley Electoral, mismo censo e identidad, misma mayoría bipartidista en los organismos electorales, y así por el estilo); detentan el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia y por si todo eso falla, tienen las Fuerzas Armadas, que no entienden de democracia. ¿Aún creen que en medio de una dictadura iremos a un proceso democrático y que respetaran el triunfo de la oposición que amenace con erradicarla?
Las veces que el pueblo ha obtenido triunfos para derrotar leyes lesivas o políticas impopulares, ha sido en las calles, no en el Congreso Nacional. Las veces que los pueblos latinoamericanos sacaron dictaduras no lo hicieron en las urnas, las derrotaron en las calles; las elecciones vinieron después.
Asimismo, el cuarto síntoma es la creencia en erróneos tratamientos. Muchos creen que en las actuales condiciones de la pandemia y la opresión en que nos tienen sometidos, podremos seguir luchando como lo hacíamos anteriormente. Las nuevas condiciones exigen nuevas estrategias y nuevos métodos de lucha. Hoy día que vivimos en una especie de “campo de concentración a cielo abierto”, como dice Raúl Zibechi, con nuestros derechos más restringidos, la lucha debe tener una base más territorial que gremial, más subterránea y conspirativa que publica; debe ir desde abajo hacia arriba, minando las bases del poder dictatorial, construyendo una nueva democracia y economía desde la base comunitaria y laboral; así como las hormigas o lo zompopos derriban casas con sus excavaciones. Eso significa comenzar por hacer solidaridad entre nosotros, tejer redes mutuales que luego sirvan de plataforma para movimientos más osados, según se presenten las condiciones. Lo demás vendrá por añadidura, construyéndose en colectivo.
Y finalmente, una quinta manía es apostar que iremos a algún lado con los mismos liderazgos, tal como si fueran falsos médicos, que probaron no servir para la tarea de echar a la dictadura en estos diez años de resistencia popular; liderazgos que tuvieron a su disposición a centenares de miles de personas en las calles dispuestas al sacrificio, pero que prefirieron llamarse a la comodidad de una resistencia verbal o, en el peor de los casos, tranzar bajo la mesa pactos con el régimen. Si los generales que nos conducen en la batalla dan muestras de no tener las cualidades necesarias para el triunfo, pues hay que cambiarlos. El Pueblo hondureño requiere de una conducción revolucionaria que este a la altura de la disposición de sacrificio que este ha demostrado.
Despertemos, compañeras y compañeros: No hay que esperar que la solución contra la dictadura nos venga de otro país, mucho menos del gobierno norteamericano, que siempre ha sido su sostén. No esperemos que las elecciones lo solucionaran, que podremos hacerlo con los mismos métodos y con los mismos liderazgos. Es indispensable que el movimiento popular organizado haga una profunda reflexión sobre estos problemas y que en el dialogo sincero y honesto encontremos soluciones.
No es fácil. Es un reto de largo plazo, no de corto plazo. Para asumir ese reto la historia nos muestra que solo hay una fórmula: auto organización y lucha popular. No hay atajos.
¿Despido de Geoffrey Berman abre politización de la Corte de los Estados Unidos?
junio 20, 2020
Redacción
Sin duda, el pretendido despido de un fiscal que ha atacado a Trump y su más cercano grupo de seguidores y la postulación de un inexperto abogado para la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York abre una etapa interesante en la política estadounidense de cara a las elecciones de noviembre próximoPor: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Estados Unidos vive momentos interesantes y sin ningún otro precedente
en la historia reciente de ese país, donde trata de politizar el
departamento de justicia por parte de un presidente hacia un poder que
ha sido tradicionalmente considerado independiente, señaló Moisés Ulloa,
politólogo formado en universidades estadounidenses.
El caso de Geoffrey S. Berman es
interesante porque en los últimos dos años ha estado tocando intereses
del presidente Donal Trump en el caso contra el abogado personal de
Trump, Rudolph «Rudy» Giuliani a través del caso Cohen que se refiere al
caso de Ucrania y el tema de algunas acciones hechas por Gulliani y
otras personas para ver si violaron ciertos actos que ellos hicieron
para encontrar corrupción en los rivales políticos de Trump y que llegó
hasta el intento fallido de un juicio político de Trump que se diluyó en
el Senado por no contar con los votos suficientes, refirió Ulloa.También está el caso Epstein por la conspiración del trafico sexual. Se ve que se están tejiendo una serie de requerimientos fiscales, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pueden tener implicaciones serias en el futuro inmediato del presidente Trump cuando se está a cinco meses de las elecciones y la búsqueda de la reelección de un presidente emproblemado con el tema de racismo y del Covid-19.
El FBI acusaba a Jeffrey Epstein de dirigir una red de tráfico sexual de menores en Estados Unidos y de abusar de decenas de jóvenes. Fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de este año. Logró eludir los cargos federales de tráfico sexual con un controversial acuerdo con la fiscalía en el que aceptaba 13 meses de cárcel y ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales.
Lo mas reciente es el revés recibido por el presidente Trump cuando la Corte Suprema falló en su contra en el tema migratorio en el caso de los «soñadores» (dreammers). Trump lanzó un reto como promesa de campaña, señalando que iba a cambiar el balance en la Corte Suprema de Justicia y no esta lejos de lograrlo con solo nominar a un nuevo magistrado. Los magistrado en Estados Unidos son electos de por vida.
Caso Geoffrey S. Berman
El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr, mandó, prácticamente un despido a Berman, pero es importante decir que este no fue confirmado en su puesto, como debe hacerse, que es a través de la nominación del presidente y ratificado por el Senado. Berman fue colocado en ese puesto por los jueces de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ante esta realidad, le abre las puertas a Trump para poder nominar y colocar a una persona para que ocupe ese puesto.
Otro escenario que le da la posibilidad a Berman de salvar su puesto al menos momentáneamente, es el hecho que el fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, por ordenes de Trump, ordena otro fiscal interino por mientras procede todo el proceso del Senado y se elige correctamente al nuevo fiscal del distrito sur.
Eso le abre la puerta a Berman para decir: «yo no he renunciado y por lo tanto no se puede nombrar un fiscal interino y voy a permanecer en mi puesto hasta que el Senado confirme a mi reemplazo».
Aquí se abre un escenario bastante interesante, un escenario de lucha de poder donde se verá si el fiscal Berman se mantiene en su puesto, hasta que el senado haga el nuevo nombramiento, lo que le daría el tiempo suficiente para poder desarrollar un buen numero de requerimientos contra el círculo cercano a Donald Trump, señaló Ulloa en su análisis.
El nominado Joseph «Jay» Clayton
El nominado por Trump es el abogado Jay Clayton que actualmente es el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) que se encarga de regular las transacciones que se producen en la bolsa de valores de Wall Street.
Cuando fue nominado, la senadora estadounidense Catherine Cortez Masto, una demócrata que representa a Nevada, expresó su preocupación por el hecho de que Clayton representara a la firma sueca TeliaSonera, una empresa propuesta que combinaría las empresas rusas de telecomunicaciones MegaFon y Altimo.
Clayton, dice Ulloa, no tiene experiencia como abogado acusador, carece de la experiencia necesaria para poder ser un fiscal. Su pasado es de un abogado de bancos de reconocido nombre, pero no tiene la experiencia necesaria para ocupar el puesto de fiscal del Distrito sur de Nueva York lo que deja ver la politización del poder judicial estadounidense porque Clayton es un hombre afín a los intereses de Trump.
Caso «Tony» Hernández
Ulloa dijo a CRITERIO.HN que esta pretendida salida de Berman de la fiscalía de Nueva York podría implicaciones en el caso del narcotráfico en Honduras y las implicaciones del presidente Juan Hernández que ya ha sido señalado en varias ocasiones.
En el caso de Tony Hernández no tiene ninguna implicación porque ya es una cosa juzgada que ya salió de la fiscalía de Nueva York y ahora está en manos del juez que ya lo han encontrado culpable y pronto le dictará la respectiva sentencia.
Ahora al incorporar un nuevo fiscal sin experiencia si se puede atrasar sumamente el caso específico de CC-4 y de otros de su círculo afín al tráfico de drogas.
Esa inexperiencia de Calyton implicaría un periodo de conocimiento y de aprendizaje que vendría a atrasar ese y otros casos y además entraría el ingrediente político de proceder o no contra Juan Hernández en el caso de la conspiración para el trafico de drogas.
Papel de los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza
Los demócratas tienen derecho al pataleo, y seguramente lo harán de la mano de Nancy Pelosi quien dirige el Congreso que tiene una mayoría demócrata, pero no es mucho lo que se puede hacer desde esa cámara porque la elección del nuevo fiscal de Nueva York se hará en el Senado.
Pelosi y los demócratas harán lo imposible por atrasar esa nominación de Clayton en el senado porque es cuestión de tiempo para llegar a las elecciones y darle vuelta al Senado en el mes de noviembre.
Lo que se debe analizar es que estamos a cinco meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que serán en noviembre próximo y donde no solo va la figura del presidente sino también algunos puestos en el Senado que podría cambiar el balance en cuanto a quien controla esa cámara y pasar a poder de los demócratas como ya lo señalan algunas proyecciones.
Por esta razón es que Trump quiere hacer los cambios ya, para no jugarse la carta del Senado y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido como cuando se le quiso hacer el juicio político, apuntó Ulloa.
Suecia rechaza asilo a activista hondureño: «Con la repatriación arriesgo mi vida»
Por REDCOM
Publicado el Jul 13, 2020
Las
autoridades suecas de Migración han enviado al activista hondureño
Erlin Mejía Andino una nota por medio de la cual piden que se ponga en
contacto con ellos para ultimar el regreso a Honduras.
El activista político hondureño Erlin
Mejía Andino y seis miembros de su familia habían encontrado refugio en
Suecia a finales de 2017, momento en el que comienzan un largo calvario
en pos de su status de asilado político.
La familia Mejía Andino llega a Suecia
el 2 de septiembre de 2017 y piden el asilo el 4 de septiembre. La
primera negativa de asilo, por parte del estado sueco, es comunicada dos
años después, el 15 de diciembre de 2019. Las autoridades adujeron
falta de pruebas. Ante lo cual, Mejía presenta una apelación a la medida
adjuntando más documentación probatoria. El 6 de abril de este año le
comunican nuevamente la negativa al pedido de asilo. Tras lo que el
abogado del activista hondureño vuelve a realizar una nueva apelación, y
amplía los documentos requeridos. El 18 de junio de 2020, las
autoridades deniegan el asilo por tercera vez. Redcom, en comunicación
con Mejía nos adelanta que el día viernes 10 ha recibido, por parte de
las autoridades de Migración de Suecia, una nota diciendo que se pongam
en contacto con ellos «para coordinar nuestro regreso inminente a
Honduras», explica absorto Mejía.
Si bien Suecia admite que las vidas de
los integrantes de la familia Mejía corren serio peligro, pero a su vez,
argumentan de que el Estado hondureño puede cuidarlos. «Lo cual es una
verdadera locura». Primero, porque Erlín Mejía es «un perseguido
político». Y segundo, «los mismos políticos están involucrados en la
trata de pesonas» denunciadas por el propio Mejía, motivo por el que ha
comenzado esta persecución.
Mejía Andino, conocido en Honduras por
su lucha en favor de los Derechos Humanos y los Derechos de los
discapacitados, y miembro del partido de izquierda Libre,
emprende su viaje -el 1° de septiembre de 2017- al país nórdico en busca
de asilado político, patrocinado por la Unión Europea y a través de la
ONG Oxfam. Hoy, a casi tres años, Erlin y su familia corren el riesgo de
tener que volver a vivir en peligro en su país de origen.
«Las autoridades suecas afirman que el gobierno de Honduras puede garantizar mi seguridad, pero es una locura», advierte Mejía. Es que miembros del mismo gobierno hondureño lo han «amenazado de muerte», denuncia ante el correspinsal de Redcom.
Honduras, año 2015. Corrupción, totalitarismo y violenta represión.
En este contexto, Mejía se encontraba
en primera fila entre los indignados que habían inundado las calles de
Honduras para pedir la renuncia del Régimen de Juan Orlando Hernández
(JOH), acusado por partidos de la oposición de corrupción y
autoritarismo.
Una
brutal represión contra el pueblo hondureño se apoderaba de cada rincón
del país centroamericano. Erlín, no escapó a ella. La policía también
descargó su brutalidad contra la humanidad de Mejía, un joven en silla
de ruedas. Los hombres del servicio de seguridad le dijeron en varias
oportunidades que lo «matarían si continuaba» con su activismo, nos
explica hoy el activista por los DDHH.
Luego de haber obtenido un aparente
refugio en Suecia, Mejía comienza a hacer público los motivos que lo
habían llevado a abandonar Honduras, junto a seis miembros de su
familia, y pedir asilo en el país europeo. Y es que una red que opera
con el tráfico de seres humanos, había secuestrado a su hermana Ana
-octubre de 2016- de tan solo quince años. Ana había sido secuestrada y
abusada por dos personas. Secuestro que también ha sido una represalia
por el compromiso político del activista.
Mejía Andino presenta una denuncia
oficial ante las autoridades competentes de la Ciudad de México, el 25
de abril de 2018, y enviada también al fiscal especial por delitos de
violencia contra la mujer y la trata de personas en México. El activista
detalla en su denuncia, sobre una red que «opera desde México, hacia
América Central, Venezuela, Colombia, Perú y llega a Chile». Esta red
«funciona a nivel nacional a través de una fundación que aparentemente
ayuda a los niños sordos, pero que en realidad es una tapadera: a los
niños sordos los secuestran, los envían a la ciudad y les hacen
mendigar, mientras que a las niñas las venden a redes de prostitución en
Guatemala, México y El Salvador». En su denuncia, Erlin también ha
indicado los nombres y apellidos de varias personas importantes que
pertenecen a esta red. Personas que, con su repatriación a Honduras,
representarían una seria amenaza para su integridad y la de su familia.
A pesar de todo esto, en un documento
fechado el 28 de noviembre de 2019, el Consejo de Inmigración de Suecia,
organismo que evalúa las solicitudes de permiso de asilo y residencia
para extranjeros, ha rechazado la solicitud de Mejia, alegando que «el
tratamiento al que ha sido sometido el activista no reviste la
intensidad necesaria para ser definido como persecución». Es más, al
regresar a su país, según las propias autoridades suecas, Mejía no
correría ningún riesgo de morir o ser asesinado. Pero además añaden:
“Según la información disponible, la libertad de expresión está
protegida por la ley en Honduras. Las elecciones más recientes se han
celebrado en noviembre de 2017 y se juzgaron como democráticas, según
los observadores internacionales, aunque se informaron de algunas
deficiencias».
De hecho, varias organizaciones como
Human Rights Watch han señalado de «fuertes indicios de fraude» -para
las elecciones de 2017- y «manipulación de resultados». Cientos de
personas han sido arrestadas en las protestas, reprimidas brutalmente, y
además, los asesinados a manos de las fuerzas de seguridad. Amnistía
Internacional ha denunciado la «represión brutal», y ha calificado a
Honduras como «uno de los países más peligrosos para los defensores de
los derechos humanos».
A pesar de este contexto, las
autoridades suecas, contra cuya decisión apeló el abogado de Mejia el 3
de diciembre de 2019, argumentaron que «hay cierta protección del
gobierno en Honduras», antes de admitir, al rechazar la solicitud de
protección del activista, que las autoridades hondureñas «están
obstaculizadas por diversos problemas y el estado de derecho en Honduras
se ve frenado por la corrupción generalizada». Lo que se traduce en una
«gran impunidad».
No obstante, para el Estado sueco,
Mejia y su familia pueden, o más bien, tienen que regresar. En este
sentido el día 10 de julio Erlín Mejía ha recibido una nota por parte de
la Oficina de Migración sueca expresándole que de no ser por el
COVID-19, tanto él como su familia, estarían ya en Honduras. En estos
momentos, el trámite de repatriación esta demorado y no se sabe hasta
cuándo. Lo que sí queda evidenciado en la negativa de Suecia al pedido
de asilo, es el total desamparo de la familia Mejía, y el retorno
quedaría bajo su propio riesgo.
https://telegra.ph/Suecia-
