Urge sumarse a reactivación de protestas: organizaciones sociales y populares
julio 20, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La profundización del ciclo de crisis acumuladas en Honduras que mantiene a la población en un estado de emergencia, ha despertado la alarma en las organizaciones sociales y movimientos populares que ante los últimos acontecimientos han alzado su voz alertando a la población, entre otras cosas, sobre “la reactivación de los escuadrones de la muerte”.
Durante los últimos días, la persecución a los líderes sociales se ha reactivado con el secuestro de cuatro dirigentes de la etnia garífuna, quienes fueron raptados por sujetos uniformados que ingresaron el pasado sábado a sus viviendas, en la comunidad del Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida.
Simultáneamente, se han suscitado en lo que va del año, al menos 18 masacres sangrientas contabilizando decenas de muertes, a pesar de que la ordenanza del estado de sitio únicamente concede la libre circulación a las autoridades, principalmente a cuerpos militares y policiales.
En ese panorama de reactivación de la violencia, sumada a la comatosa crisis sanitaria que ya registra 33,835 casos de Covid-19, las organizaciones sociales han anunciado la reactivación de la indignación social declarando al jefe de Estado, Juan Hernández, incapaz de gestionar un manejo inteligente frente a la actual crisis que naufraga entre el colapso del obsoleto sistema de salud, la profundización de la corrupción y las masacres violentas.
Las articulaciones sociales además reiteraron a las autoridades, entregar a la población una rendición de cuentas sobre los fondos aprobados que en lugar de atender la crisis sanitaria, han llevado al colapso del sistema sanitario. Y es que en la medida que aumenta los contagios, en esa proporción se incrementa la corrupción, indicaron.
En el pronunciamiento público que las organizaciones sociales elevaron a través de una comparecencia de prensa virtual, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, denunció “que el régimen ha reactivado ferozmente los escuadrones de la muerte”.
Por lo que, la defensora instó a incrementar la denuncia ciudadana. “Tanto por la gente que han asesinado durante la pandemia como por ese saqueo brutal de los fondos públicos del Estado”, añadió.
Oliva criticó la decisión injustificada de desplegar las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. “Se han sacado a las fuerzas militares a nivel nacional, pero en este momento estemos registrando 18 masacres con responsabilidad de las fuerzas militares sanguinarias”, responsabilizó.
Por su parte, el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, pidió a la población estar atentos a las manifestaciones de indignación. “Todas las expresiones populares para enfrentar y desnudar la práctica dictatorial del régimen que lidera Juan Orlando Hernández deben de ser respaldas por este espacio”, refirió Moreno.
Desde hace dos semanas, la chispa de la indignación ciudadana ha comenzado a encenderse. Como una forma de protesta alternativa la población hondureña ha reactivado la manifestación popular recurriendo a la movilización de caravanas de vehículos.
En su participación, el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, solicitó a los diputados de la oposición acompañar de la iniciativa de indignación de la sociedad, retomando la alternativa de realizar un segundo sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, pidió el dirigente magisterial.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, también hizo un llamado a la población a integrar la nueva articulación del descontento social.
A fin de conocer la utilización de los fondos aprobados para contrarrestar los efectos de la pandemia, las organizaciones sociales reiteraron la petición de conformar una comisión ciudadana independiente.
Tegucigalpa. La profundización del ciclo de crisis acumuladas en Honduras que mantiene a la población en un estado de emergencia, ha despertado la alarma en las organizaciones sociales y movimientos populares que ante los últimos acontecimientos han alzado su voz alertando a la población, entre otras cosas, sobre “la reactivación de los escuadrones de la muerte”.
Durante los últimos días, la persecución a los líderes sociales se ha reactivado con el secuestro de cuatro dirigentes de la etnia garífuna, quienes fueron raptados por sujetos uniformados que ingresaron el pasado sábado a sus viviendas, en la comunidad del Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida.
Simultáneamente, se han suscitado en lo que va del año, al menos 18 masacres sangrientas contabilizando decenas de muertes, a pesar de que la ordenanza del estado de sitio únicamente concede la libre circulación a las autoridades, principalmente a cuerpos militares y policiales.
En ese panorama de reactivación de la violencia, sumada a la comatosa crisis sanitaria que ya registra 33,835 casos de Covid-19, las organizaciones sociales han anunciado la reactivación de la indignación social declarando al jefe de Estado, Juan Hernández, incapaz de gestionar un manejo inteligente frente a la actual crisis que naufraga entre el colapso del obsoleto sistema de salud, la profundización de la corrupción y las masacres violentas.
Las articulaciones sociales además reiteraron a las autoridades, entregar a la población una rendición de cuentas sobre los fondos aprobados que en lugar de atender la crisis sanitaria, han llevado al colapso del sistema sanitario. Y es que en la medida que aumenta los contagios, en esa proporción se incrementa la corrupción, indicaron.
En el pronunciamiento público que las organizaciones sociales elevaron a través de una comparecencia de prensa virtual, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, denunció “que el régimen ha reactivado ferozmente los escuadrones de la muerte”.
Por lo que, la defensora instó a incrementar la denuncia ciudadana. “Tanto por la gente que han asesinado durante la pandemia como por ese saqueo brutal de los fondos públicos del Estado”, añadió.
Oliva criticó la decisión injustificada de desplegar las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. “Se han sacado a las fuerzas militares a nivel nacional, pero en este momento estemos registrando 18 masacres con responsabilidad de las fuerzas militares sanguinarias”, responsabilizó.
Por su parte, el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, pidió a la población estar atentos a las manifestaciones de indignación. “Todas las expresiones populares para enfrentar y desnudar la práctica dictatorial del régimen que lidera Juan Orlando Hernández deben de ser respaldas por este espacio”, refirió Moreno.
Desde hace dos semanas, la chispa de la indignación ciudadana ha comenzado a encenderse. Como una forma de protesta alternativa la población hondureña ha reactivado la manifestación popular recurriendo a la movilización de caravanas de vehículos.
En su participación, el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, solicitó a los diputados de la oposición acompañar de la iniciativa de indignación de la sociedad, retomando la alternativa de realizar un segundo sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, pidió el dirigente magisterial.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, también hizo un llamado a la población a integrar la nueva articulación del descontento social.
A fin de conocer la utilización de los fondos aprobados para contrarrestar los efectos de la pandemia, las organizaciones sociales reiteraron la petición de conformar una comisión ciudadana independiente.
No cesan las muertes y contagios de coronavirus en Honduras
- 23/07/2020
Además, se informó por parte del gobierno, que de mil 999 pruebas sometidas a laboratorio, 757 salieron positivas. El departamento de Cortés sumó 188 casos de los cuales 70 son de San Pedro Sula, 63 de Puerto Cortés, 14 de La Lima, 14 de Choloma, 9 de Santa Cruz de Yojoa, 8 de Villanueva, 5 de San Manuel, 4 de Pimienta y 1 de Potrerillos.
El departamento de Francisco Morazán con 126 nuevos contagios: 91 del Distrito Central, 22 de Sabanagrande, 12 de Santa Lucía y 1 de Guaimaca. Valle con 83 casos: 37 de San Lorenzo, 22 de Nacaome, 16 de Langue y con un caso están Aramecina, Guascorán, Caridad, Amapala, Alianza y tres casos pendientes de confirmar el municipio.
El departamento de Yoro sumó 70 nuevos contagiso liderados por la cabecera departamental, Yoro, con 34 contagios, seguido de Morazán con 18 casos, 7 de El Progreso, 3 de Yorito, 3 de Santa Rita, 2 de El Negrito, 2 de Olanchito y 1 de Victoria. Olancho sumó 62 casos más: 48 de Juticalpa, 6 de Catacamas, 3 de Patuca, 2 de San Francisco de Becerra y con un caso Campamento, San Francisco de la Paz y Guayape.
El departamento de El Paraíso sacó 61 casos: 52 de Danlí, 6 de El Paraíso, 2 de Morocelí y 1 de Teupasenti. Sinager también detalló 54 casos del departamento de La Paz: 18 de San José, 15 de La Paz, 12 de Santa María, 4 de Guajiquiro, 3 de San Antonio del Norte, 1 de San Juan y 1 de Marcala.
El departamento de Choluteca aumentó en 43 sus contagios: 30 de Choluteca, 6 de Orocuina, 4 de San Antonio de Flores, 1 de Marcovia, 1 de Pespire y 1 pendiente municipio. También hay 13 casos en Quimistán, tres de San Marcos y uno de Santa Bárbara.
El departamento de Ocotepeque registró 17 casos más: 12 de Ocotepeque y 5 de Sinuapa. Hay siete casos en Sabá, seis en Tocoa y uno en Iriona, Colón. Comayagua con 10 casos: 4 de Comayagua, 2 de la Villa de San Antonio y con un caso están Siguatepeque, Ojo de Agua, Lamaní y Ajuterique.
También se detallaron cuatros casos de Intibucá y uno de Yamaranguila. Hay dos casos en Tela y dos en La Ceiba, Atlántida. Dos casos más en Santa Rosa de Copán y uno en Roatán, Islas de la Bahía.
La salud pública en Honduras, desdibujada y desmantelada en el gobierno de “la vida mejor”
- 24/07/2020
** Con un presupuesto que solo alcanza para pagar salarios y para hacer transferencias a dependencias que no prestan servicios de salud y la falta de construcción de nuevos hospitales el sistema de salud se encamina a ser desmantelado.
“La salud pública ha estado marginada por muchísimos años, sin lugar a dudas. La estructura hospitalaria quedó desfasada en las últimas tres décadas. El último hospital grande realmente que se inauguró fue el Hospital Escuela en 1978 y el Mario Catarino Rivas en el 89”, dijo a Expediente Público, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Ella tiene porqué saberlo, durante al menos seis años, la UNAH, con ella al frente, administró el Hospital Escuela Universitario. Después, en el 2018, formó parte de la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud, donde tuvo como compañera a la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
Castellanos está convencida que la salud y la educación no han sido prioridad para los gobiernos, y las asignaciones presupuestarias e inversiones en el sistema sanitario han ido disminuyendo en los últimos años.
“Creo que, en los últimos gobiernos, sobre todo los del Partido Nacional (2010 a la actualidad), se ha dado mucho énfasis a la seguridad y a la defensa. Si bien, la inseguridad que vivía el país era enorme y había que ponerle atención, creo que se inclinó por demasiado tiempo la balanza hacia el tema de seguridad y defensa y se marginó otros aspectos de los sistemas públicos del país. Eso (lo) podemos ver en la asignación presupuestaria”, refirió la socióloga que, en su momento, fue considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, mientras que la revista Foreign Policy la clasificó en el 2013 como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo.
Desde que tienen el control del país, el gobierno del Partido Nacional, se ha caracterizado por un discurso populista de “la vida mejor” con bonos solidarios y propuestas sanitarias y educativas pegajosas, pero muy distantes en la práctica. La “vida mejor” no aplica en la Salud y la Educación, pero sí en la Defensa y la Seguridad, hacia donde se han volcado últimamente los presupuestos.
Según datos de la unidad de análisis económico de Expediente Público, proporcionalmente el presupuesto de la Secretaría de Salud pasó de ser el 6.62% del presupuesto general del 2013 (US$525.8 millones de US$7,546.9 millones) al 5.64% del presupuesto general del 2020 (US$640.7 millones de US$11,369.3 millones); mientras que el presupuesto consolidado de seguridad y defensa en el 2013 era el 7.44% del presupuesto general (US$591.2 millones) y pasó a ser el 7.97% en el 2020 (US$905.7 millones), pero antes alcanzó sus picos más altos en el 2017, con un 8.64%; 8.49% en el 2018 y 8.34% en el 2019.
Para Castellanos esa tendencia de sobreestimar a los uniformados va más allá de, simplemente, garantizar la seguridad. “A todos los políticos les gusta quedar bien con los militares, porque así sienten la garantía de que los van a proteger”, indicó. En el caso del actual presidente, Juan Orlando Hernández, militares y policías lo protegieron de manifestaciones masivas a nivel nacional en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Hernández ha sobrevalorado a las fuerzas del orden por encima de la salud y ello se refleja en los presupuestos aprobados en la administración del partido en el poder, el Nacional, del cual, él lleva ya dos períodos consecutivos con su cuestionada reelección.
Datos presupuestarios analizados por un equipo de Expediente Público ejemplifican que para el 2019 la asignación presupuestaria para la Secretaría de Salud aumentó en 2.74 por ciento, en cambio el presupuesto para la Secretaría de Defensa y Seguridad creció un 5.6 por ciento.
Esto significa que, en el 2018, el presupuesto de Salud fue de 13.685,10 millones de lempiras (549 millones de dólares) y en el 2019 fue de 14,058.6 millones de lempiras, que representa ese 2.74 por ciento. En el 2018 el presupuesto de Defensa y Seguridad fue de 20,138.50 millones de lempiras (808 millones de dólares) y para el 2019 pasó a 21,268 millones de lempiras (853.23 millones de dólares) que representa un incremento del 5.6 por ciento, evidenciando así los desbalances entre la Salud y la Defensa.
ASÍ LA “EQUIDAD” EN LA SALUD
Honduras tiene uno de los niveles de inversión en salud más bajos de América, con 101 dólares por persona; distante del promedio de América Latina y el Caribe ($392 por persona), y ni siquiera cerca del promedio mundial ($628 por persona), mientras que las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son inalcanzables, con $2.880 por persona, según destaca el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”.La falta de inversión se refleja en escasez por todos lados. Por ejemplo, la tasa de camas hospitalarias por mil habitantes es de apenas 0.7, igual a la de Haití y solo por encima de la de Guatemala, en la cola de América. Para efectos de comparación hay que decir que el número uno del mundo, el principado de Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo, tiene 13 camas por 1000 habitantes.
También está en el fondo de la tabla en la tasa de médicos por 1,000 habitantes, con apenas 0.31, solo por encima de Santa Lucía y Haití, muy lejos del primero de América, que es Cuba, con 8,19. El Colegio Médico de Honduras tiene inscritos unos 16,000 médicos, pero de esa cifra solo 2,400 laboran para el sistema estatal de salud para una población superior a los 9 millones de personas.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras señala que incluso si se contrataran los 16,000 médicos no se llegaría a los estándares internacionales de 25 médicos por 10,000 habitantes. “Pero eso nunca ha ocurrido y (en los últimos años) se han cerrado más de 100 centros de salud. La Secretaría de Salud lejos de ampliar la atención cerró centros asistenciales porque no tienen presupuesto”, dijo Figueroa.
Pero la escasez no termina aquí, solo existen 0.4 hospitales por 100,000 habitantes (penúltimo lugar en Centroamérica, solo por encima de Guatemala); 2.1 unidades de tomografía computarizada por millón de habitantes; 0.7 unidades de radioterapia por millón de habitantes (quinto lugar en Centroamérica superando solamente a Belice y Nicaragua), 50.9 unidades de mamografía por millón de mujeres de 50-69 años (en penúltimo lugar solo por encima de El Salvador), según el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”.
Las deficiencias en los servicios de salud impactan en la expectativa de vida, que ronda los 71,3 años, la más baja de Centroamérica y muy distante del mejor de América en este aspecto, Canadá, con 82 años, y mucho más lejano del número 1 del mundo, el principado de Mónaco, con 89,4 años.
“La infraestructura hospitalaria y de los centros de salud es deficiente, los servicios no son de la calidad y cobertura requeridas. Algunos centros públicos datan de principios del siglo pasado y requieren fuertes inversiones en infraestructura y equipo para proporcionar los servicios en condiciones óptimas y exentas de riesgo. El mantenimiento ha sido escaso y ha motivado el constante deterioro, tanto de la infraestructura como del equipo”, indica el estudio arriba citado.
Honduras tiene 29 hospitales en los 18 departamentos del país, pero la mayoría carece de lo indispensable y cuando les llegan pacientes con alguna dolencia grave los remiten a sus pares de Tegucigalpa y San Pedro Sula, recargando a estos centros médicos con pacientes de todo el país, afectando así la calidad de los servicios.
La exrectora Castellanos refiere que “el Hospital Escuela Universitario recibe una enorme presión, tanto en consulta externa como en cirugías, de los hospitales del centro y sur del país. Imaginamos que igual situación se da en el Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula”.
Agregó que desde la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud hicieron al gobierno “planteamientos para fortalecer esas unidades hospitalarias. Hubo un momento que nosotros planteamos inclusive que era insostenible el sistema de salud en esas condiciones”. La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud fue creada en agosto de 2018 por el gobierno del presidente Hernández, quien dijo que tenían la misión “titánica” de rescatar el sistema sanitario, pero luego que ésta presentara las primeras propuestas de reformas profundas, la misma fue desintegrada por presiones internas y externas.
Los problemas en el sistema sanitario son tantos, que no solo se centran en inconvenientes de infraestructura, también en la escasez de personal, haciendo que las atenciones se den exclusivamente de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de modo que las áreas de consulta externa de los hospitales y los centros de salud quedan vacías en la tarde y los fines de semana, cuando solo se asisten emergencias en las áreas dispuestas para ello.
La exministra de Salud, Roxana Araujo, indicó que las limitaciones presupuestarias surgen al concebirse el sector salud y el educativo “como un gasto corriente y no una inversión. Así, al hacer las negociaciones con los entes internacionales, como el FMI, se tiene que visualizar el gasto corriente y dentro de este gasto corriente está incluido el sector salud y por eso la contención del gasto en el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud”.
Reconoció que “la crisis del sector salud en los últimos años se debe a factores como una rectoría débil, una escasa capacidad de gestión del sistema y la administración de recursos humanos con mucha rigidez. Si queremos cambiar el sistema de salud, si queremos dar un sistema de salud asegurado a esa población de mayor riesgo y de escasos recursos económicos debemos hacer mayor gestión en el tema financiero y ver cómo se quita esta rigidez de la administración de recursos humanos”.
“Se debe ampliar la cobertura a esos más de 1,635 establecimientos de salud del nivel primario, con personal capacitado, con personal que dé respuesta en el nivel local, sobre todo en los hospitales regionales que carecen de especialistas, que de repente solo hay uno por cada área de especialidad, es decir, solo hay un médico internista para toda la población de un departamento. Eso no debería continuar, sino que dar el recurso humano necesario para la atención adecuada de los pacientes”, asevera la exministra.
La exfuncionaria, quien a principios de la pandemia de COVID-19 fungió como vocera del gobierno para ese tema, aceptó que en materia de infraestructura “el mantenimiento ha sido escaso o nulo y no ha estado dentro de las partidas presupuestarias. Ahora existe una unidad de infraestructura en la Secretaría de Salud que está enfocándose al mejoramiento de todas estas unidades de salud, pero sabemos que es escaso el financiamiento que puede haber por tantas décadas de deterioro que se dio sin invertir en el mejoramiento de los establecimientos de salud”.
SECRETARÍA DE SALUD, DE RECTORA A TRAMITADORA
El presupuesto en Salud, además de ser insuficiente, no es utilizado en función de las prioridades que garanticen calidad en la atención, la dispersión de recursos en áreas sin mayor impacto, parece ser la norma y no la excepción. Así lo indica el documento “Liquidación del presupuesto en Honduras”, elaborado por el Fosdeh, al indicar que en el 2018 el 46% del presupuesto de Salud estuvo destinado al pago de salarios, mientras que el 26% se fue en una partida llamada “transferencias y donaciones” mediante la cual la Secretaría pasa sus fondos a otras dependencias.Es decir, que el 72% de todo el presupuesto se gastó en situaciones que no tienen nada que ver con la compra de medicinas, equipos médicos o en la construcción y mantenimiento de instalaciones. Solo un 11% de ese presupuesto fue usado para “materiales y suministros”, cita el documento.
Ese 26% destinado a transferencias, en el 2018, fue equivalente a 3,700 millones de lempiras (149.6 millones de dólares). A criterio de la socióloga Castellanos, con esas determinaciones, “la Secretaría de Salud se ha ido debilitando muchísimo porque se convirtió en una tramitadora de presupuesto para trasladarlo a otras dependencias. Para el caso muchos proyectos que dependían de la Secretaría de Salud fueron sacados a las oficinas de la primera dama o a otros ministerios, y por lo tanto la Secretaría se desmembró, se desarticuló, se debilitó”.
La presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, asegu
De acuerdo a Figueroa, en el afán de seguir desmantelando la Secretaría de Salud, en el actual gobierno le retiraron la facultad de regular la importación de productos sanitarios y medicamentos, pero “como generaba ingresos, la pasaron bajo dirección directa de la Presidencia (de la República)” a través de la creación de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
La Secretaría de Salud ya no tiene el control del presupuesto y obviamente reparte lo poco que tiene”, dijo FigueroaConsultado sobre el porqué el Ministerio de Salud debe “repartir” su presupuesto a instituciones asistencialistas, el viceministro en redes Integradas y Servicios de Salud, Roberto Cosenza, dijo de forma lacónica que: “Yo no tengo conocimiento de eso. Sí, en Ciudad Mujer, tenemos nosotros lo que es un módulo del que somos responsables de eso”.
Bajo ese contexto de desmantelamiento, con un presupuesto raquítico y un gobierno dispuesto a ejecutar reformas a cualquier costo, llegó la pandemia de la COVID-19. Y según la exrectora Castellanos, “en esta crisis la Secretaría (de Salud) no está teniendo el rol fundamental. El rol fundamental está en Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos); está en Copeco. La Secretaría de Salud está teniendo un rol muy secundario. Así que podemos concluir que estamos teniendo un altísimo costo (…) con un sistema de salud debilitado, muy precario, un sistema de salud con una ineficiencia en cuanto a la cobertura, politizado y también muy penetrado por la corrupción”, acotó.
Iglesia se suma al reclamo “Dónde está el dinero", Gregorio Vásquez SJ
- 24/07/2020
La iglesia católica tampoco se queda atrás en el reclamo. “Como parte de esta sociedad nos sumamos a esa pregunta, a ese grito: dónde está el dinero, cómo se está manejando, cómo se está administrando, cómo se está invirtiendo, está llegando realmente a las víctimas de esta pandemia y de otros virus, nos sumamos a ese grito”, dijo en entrevista con Radio Progreso, el sacerdote Jesuita Gregorio Vásquez, Párroco de la Parroquia San Isidro Labrador en Tocoa, Colón.
La Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa pertenece a la Diócesis de Trujillo y comprende los departamentos de Gracias a Dios y Colón.
RP. ¿Cómo está viviendo la pandemia?
GV. Pues como la vivimos la mayoría de los hondureños y hondureñas y de todos los ciudadanos de este planeta, con una sensación, por una parte, desde la fe con mucha esperanza, y por otra, desde el sentido más humano, lleno de incertidumbre, de preocupación, de indignación por el modo en que se ha ido gestionando todo lo relacionado con la emergencia a raíz de esta pandemia.
RP. ¿Qué hace su parroquia para llevar esa palabra de aliento, de fe a su feligresía?
GV. Pues, lo que está haciendo la Iglesia en general. Acompañar y estar con las comunidades a través de los medios y las posibilidades que nos quedan siempre con las medidas de bioseguridad y todo aquello que ayude a evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Es una de las tareas de acompañar, animar, estar con nuestras comunidades, y, dando esa palabra, esa mirada ante una realidad tan compleja, a veces oscura, por el modo en que se ha ido gestionando la emergencia en el país.
RP. ¿Qué piensa de lo que está viviendo Honduras?
GV. El Covid-19 solo se ha venido a sumar, ha venido a ser parte del cúmulo de una crisis histórica del país. Una crisis histórica que ha ido tomando unos matices marcados por una galopante corrupción, por un resquebrajamiento institucional y por una tendencia a centralizar el gobierno, el poder en el ejecutivo.
RP. ¿Cómo valora las actuaciones del gobierno?
GV. Como parte de esta sociedad, nos sumamos a esa pregunta, a ese grito: dónde está el dinero, cómo se está manejando, cómo se está administrando, cómo se está invirtiendo, está llegando realmente a las víctimas de esta pandemia y de otros virus, nos sumamos a ese grito.
RP. Su Diócesis, la Diócesis de Trujillo, se pronunció sobre este tema.
GV. Partimos haciendo eco de las palabras del Profeta Amós: hay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho, odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Nuestra primera palabra es ¡basta ya! al poder Ejecutivo que ha centralizado y ha llevado una pésima gestión de la emergencia.
Luego nos dirigimos al Poder Legislativo con ese ¡basta ya! de seguir aprobando leyes injustas que lejos de favorecer la justicia y el bien común, y defender a las mayorías pobres del país más bien buscan proteger a corruptos y criminales. Y luego nos referimos al poder Judicial con ese ¡basta ya! de la actitud vergonzosa y acomodada que no da ni una palabra ni la cara ante los grandes escándalos que son públicos.
Y ante ello, nuestra voz profética denunciando la corrupción gubernamental exigiendo que las personas, grupos, instituciones y empresas señaladas junto con sus cómplices y protectores sean investigadas, enjuiciadas y castigadas, y que sus bienes sean decomisados y devueltos al sistema de salud. Y hacemos referencia a las palabras del Papa Francisco “la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde”.
RP. ¿Cuál es el mensaje para la llamada “sociedad civil”?
GV. Que no se preste para estos juegos, y más bien invitar a dar espacio y al surgimiento de nuevos líderes y lideresas que correspondan a los intereses del pueblo y de toda la comunidad. Con ese comunicado (del 18 de julio) hemos dado nuestra palabra como Iglesia.
RP. ¿Qué queda por hacer como Iglesia?
GV. Como Iglesia nos toca seguir anunciando la buena nueva de Jesús, que es la propuesta del Reino de Dios. Tiene unos destinarios claros que son los pobres y las víctimas, y a nosotros nos toca seguir anunciando esa buena nueva de Jesús a este pueblo sufrido, maltratado, explotado. Esa buena nueva también lleva la voz profética que no sólo anuncia, sino que también denuncia.
RP. ¿Cómo sigue la salud de su Obispo, Monseñor Luís Solé, que ha sido infectado de coronavirus?
GV. Gracias a Dios va recuperándose con bastante éxito de su salud. Que nuestro Obispo haya sentido en carne propia esta enfermedad, este virus, es un signo de cercanía y solidaridad con este pueblo tan sufrido que no tiene ni la atención más elemental en el área de la salud y otras atenciones básicas.
RP. ¿Cómo ha golpeado el virus a la Iglesia Católica?
GV. La ha golpeado mucho como ha golpeado a toda la población y los grupos más vulnerables del país, porque nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas siente esa necesidad de reunirse como comunidad cristiana, de celebrar el sacramento de la eucaristía como ese espacio de encuentro de actualizar y hacer esa memoria viva de Jesús y su reino.
RP. ¿Qué diría Jesús a su pueblo en estos tiempos?
GV. Jesús lo primero que hacía era solidarizarse, acercarse, y es lo que ofrecemos de manera humilde y sencilla. Solidarizarnos, dar nuestra palabra de consuelo a tanto hermanos y hermanas que sufren, muchos de nuestros agentes de pastoral están pasándola difícil, varios sacerdotes también. Lo primero que hace Jesús es solidarizarse y luego anunciar la esperanza, tratar de contagiar esa esperanza que se convierta en fuerza, en resistencia, en lucha para defender la vida, una vida digna y plena.
RP. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo hondureño?
GV. Estamos en un tiempo muy oportuno para revisar qué vida llevamos y qué vida queremos, veámoslo como un momento importante, eso nos va a llevar a preguntarnos también qué comunidad queremos, qué sociedad queremos. En definitiva, es que no perdamos de vista ese cielo nuevo, esa tierra nueva que nos promete el señor y que cuando es promesa y la recibimos se convierte en tarea, se convierte en misión. Es tiempo de mantenernos firmes en la fe y la esperanza. Termino como San Ignacio nos dice: el amor es mejor ponerlo más en obras que en palabras.
¿En manos de quién están los 8 mil millones de lempiras emitidos para el agro en Honduras?
Por Redacción
Por Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
Para ser exactos son 8 mil 325 millones
de lempiras los que están contemplados en el Decreto PCM 030-2020,
aprobado el 8 de abril del presente año, y que se pusieron a disposición
para el sector “productor de alimentos”, luego de que la administración
de Juan Hernández lo declarara “prioridad nacional”. A casi 4 meses de
la aprobación de ese PCM, hay muchas preguntas que ameritan respuestas:
¿han beneficiado los programas a las comunidades rurales pobres de
Honduras?, ¿son políticas integrales que contribuyen a gestionar de
mejor forma la crisis? o, al contrario, ¿son excluyentes y no responden a
los intereses y demandas de las comunidades rurales, indígenas y
campesinas?
Para ahondar en los programas para la
reactivación del Agro, que ha puesto a disposición el gobierno de
Honduras, es necesario hacer referencia al Decreto PMC 30-2020 que se
aprobó en el mes de abril, un mes después de la declaratoria de
emergencia en el país por la presencia del coronavirus en el país.
Garantizar la “Soberanía y Seguridad Alimentaria” de la población es el
estandarte de ese decreto que para diversos sectores resulta preocupante
porque establece apoyo irrestricto para el “sector productor y de procesamiento de alimentos”, y se ordena al “Poder
Ejecutivo, el sector agroindustrial alimentario, el sector financiero,
el sector de transporte y demás sectores relacionados.
El objetivo, reza el texto, es
“reorientar esfuerzos en el sentido de asegurar que el país cuente con
reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia
humanitaria y sanitaria que afecta a la Nación, priorizando mantener las
cadenas productivas y de distribución de alimentos activas en todo
momento, acciones que deben ser sostenibles en el tiempo para paliar los
efectos posteriores a las crisis”.
¿A quién va dirigida esa política pública?
Pero al hacer el cruce entre lo que dice
la teoría y la práctica, una de las primeras situaciones que amerita
que se le ponga atención es que en su contenido, el Decreto en ningún
momento menciona que el apoyo se dirija hacia los pequeños o medianos
productores o productoras del campo, los que, de acuerdo con datos de la
FAO, a nivel mundial producen el 70% de los alimentos que se consumen.
“Y en Honduras pasa igual”, dice Wendy
Cruz, quien se vincula contantemente con campesinos y campesinas. “Es
preocupante porque la seguridad y la soberanía alimentaria solo es
posible produciendo en manos de los pequeños productores y medianos
agricultores que tienen desde media manzana hasta 5 manzanas”, agrega
Cruz, quien es Coordinadora de Proyectos dentro de la Vía Campesina, una
institución que impulsa procesos con ese segmento del agro en el
interior de los pueblos del país.
Ya en el país, y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe “Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura”,
los pequeños y medianos productores son el 11%, que equivale a 385 mil
productores y productoras, que en el país benefician directamente a 2
millones de personas en las comunidades rurales. Sin embargo, son los
eternos marginados de las políticas públicas ya que en su lugar se
beneficia a la agro-exportación, segmento que de acuerdo con el citado
informe es el 56% y es, precisamente, el sector que se prioriza en el
PCM 30-2020. “Los agroexportadores producen en grande para exportar
fuera del país o para producir derivados, por ejemplo, etanol, con el
maíz, no para darle de comer a nuestras comunidades rurales del país”,
cuestiona Cruz.
Una emergencia con la que se aprobaron millones de lempiras
Con la consigna, “El sector Agrícola como prioridad nacional para asegurar los alimentos del pueblo hondureño”,
el gobierno de Hernández aprobó diversos programas desde que se
registraron los primeros casos de Covid19 en el país. Uno de esos
programas es el de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria,
siempre a través del Decreto 30-202, y que viene a ser “la gran
sombrilla” para la erogación de fondos con los que afirman “asegurarán
que el país cuente con reservas suficientes de alimentos”.
El cuadro que a continuación se
presenta, muestra nombres de proyectos y montos que se erogaron a partir
del decreto en cuestión. Se trata de 6 proyectos destinados para la
reactivación del corredor seco, para asegurar la reserva alimentaria del
país, para la ejecución del programa SEMPRENDE, al igual que para el
inicio del programa Agro-crédito 8.7; más dos bonos, uno de Solidaridad Productiva y un segundo llamado Bono Cafetalero. La suma total puestos unos en dólares y otros en lempiras es de 8 mil 325 millones de lempiras.
Cuadro con proyectos y montos erogados para el Agro en el marco de la pandemia
Proyectos | Montos para ejecución | Financiamiento. | |
1 | Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II). | 75 millones de dólares | Banco Mundial (BM). |
2 | Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad. | 90 millones de dólares | BCIE el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) |
3 | Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco. | 85 millones de dólares | Banco Mundial y fondos nacionales. |
4 | Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco. | 200 millones de Lempiras | No se establece |
5 | Proyecto de Fortalecimiento del Servicio de Agua Urbano en Honduras. | 45 millones de dólares | No se establece |
6 | Asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado. | 100 millones de lempiras | No se establece |
TOTAL | 8 mil 325 millones de lempiras |
Cuadro generado con datos sustraídos del Decreto 30-2020, emitido por el Gobierno.
Los Créditos y Bonos para el Agro durante la pandemia en Honduras
Nos centraremos en el programa de
créditos y en los dos bonos que se plantean para ser entregados al
sector agrícola en Honduras.
El programa Agro-crédito 8.7
Este programa es promovido por el
Gobierno de Honduras, a través de los medios de comunicación, como una
panacea que apoyará a las y los campesinos en la siembra de sus tierras,
para generar la producción que el país necesita. Específicamente, se
enmarca en el artículo 13, siempre del Decreto PCM 30-2020, que ordena
al Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), a
“gestionar créditos a favor de los productores en condiciones
similares en cuanto a tasa y plazos similares al producto financiero
AGROCRÉDITO 8.7”, el que será otorgado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). El texto dice: “pudiendo hacerlo a través de casas comerciales de insumos agropecuarios”.
Para la operación del crédito, el gobierno dice en el Decreto que
destina una suma inicial de ciento cincuenta (L 150, 000, 000. 00)
millones de lempiras.
Consultamos a Alfren Cruz, ingeniero
encargado del acceso a créditos para el Agro, por parte de BANHPROVI
para los departamentos de Francisco Morazán, Yoro y La Paz, quien nos
dijo que “toda aquella persona natural o jurídica que este con
necesidad para financiar un proyecto o expandirse, puede optar a él. El
objetivo es la transformación para aumentar la productividad. También
incluye la asistencia, el productor debe solicitarla porque le pedimos
que la incluyan para mejorar la productividad y que se tecnifique”.
En la conversación sostenida, Cruz comentó que han tenido reuniones con algunos productores: “en
las que han participado representantes de AHPROCAFE, Banco de
Occidente, diputados como Gladys Aurora López, el Gobernador, muchos
representantes y creo que en La Paz se hace un estimado promedio de que
hay unos 20 a 25 millones en lempiras, de solicitud de crédito entre
productores”.
Para acceder a esos créditos, el productor o productora debe elegir
la financiera intermediaria, constituida con personaría jurídica; hacer
un plan de inversión o negocio del proyecto por el cual pide
financiamiento y presentar una garantía hipotecaria, movilizaría o
fiduciaria, se nos informó.
Pero, ¿qué pasa con los pequeños y medianos campesinos y productores del campo?
Honduras tiene en su haber una mora
agraria impresionante en cuanto a la titulación de tierras se refiere.
Miles de campesinos y campesinas en el país nacieron y han vivido en
tierras que cultivan pero que por razones diversas, incluyendo la
negligencia de los gobiernos pasados y presente, no cuentan con un
título de propiedad.
De hecho, de acuerdo con datos oficiales, el Instituto Nacional Agrario, en su Informe de Ejecución (POA)-IV Trimestre y Acumulado Anual, en el año 2016,
“se emitieron 2, 280 títulos mediante los cuales se titularon 3, 662.76
hectáreas de tierra, cuya legalización beneficia a un total de 2,237
familias, representadas como cabezas de hogar por 1,412 hombres y 825
mujeres”. Sigue diciendo el informe que “al año (2016) se ha acumulado
la emisión de 7,625 títulos, en un área de 94,989.31 has., beneficiando a
12,194 familias representadas por 8,143 hombres y 4,051 mujeres”.
Aunque el informe no señala cantidad o
números de tierras o campesinos y campesinas que en el país siguen a la
espera de su título de propiedad, si dice implícitamente que la mora es
alta y que se siguen haciendo esfuerzos para sanear el problema. De allí
que las preguntas, ¿y para los productores pequeños qué opciones hay?,
¿se les ha tomado en cuenta?, sean pertinentes.
Fondo de garantía para pequeños productores
Según Cruz, dentro del programa 8.7 se
cuenta con el llamado “Fondo de garantía” que consiste en que el
gobierno cubre el 70% del crédito solicitado y que el productor cubra el
30% restante. Sin embargo, ese porcentaje que debe asumir el campesino o
pequeño productor deberá estar respaldado por la hipoteca de un bien
mobiliario (una picadora, secadoras, despulpadoras, tostadoras, etc.).
Pero, por otro lado, adicional a lo descrito en este párrafo, el pequeño
productor deberá pagar un costo extra de 0.5% anual, por acceder a ese
Fondo de Garantía.
“Aquí casi toda la tierra que se
está recuperando se tiene ilegal porque no se han preocupado en
apoyarnos, más hemos tenido desalojos, grandes desalojos, ordenes de
capturas. Unos con medidas cautelares que hasta ni pueden salir del
país”, pero ayudar a resolver el problema de la titulación, no. Y en
cuanto a programas, peor, no nos toman en cuenta”, cuestiona
Sebastián Reyes, quien en su condición de Secretario de la CNTC-La Paz,
sabe que entre los cerca de 10 mil campesinos y campesinas que aglutina
su organización, muchos llevan años luchando para que se les emita sus
títulos de propiedad para acceder a créditos como los que plantea el
Decreto 30-2020.
Los pequeños productores y productoras
del campo que están en esa condición saben que automáticamente quedan
fuera del alcance de crédito agrícola alguno. “Eso lo hace desigual,
porque debería tomarse en cuenta la gente que produce pero que tiene
problemas con las tierras y que en el país son muchos. Los que hacen
grandes esfuerzos para sobrevivir para conseguir fertilizantes para la
siembra para asegurar la comida de los otros meses”, cuestiona al
respecto Susana Vásquez Martínez, lideresa y miembro de la Central de
Desarrollo 16 de Octubre, grupo que nació como el brazo económico de la
CNTC-La Paz.
El cuestionamiento en la entrega del Bono de Solidaridad Productiva y el Bono del Café
En los medios de comunicación del país,
Juan Orlando Hernández anunció, a finales del mes de abril del 2020, que
comenzaría a entregar bonos y fertilizantes para beneficiar a más de
91.000 pequeños productores de café de 15 departamentos y 222 municipios
de todo el país. El Gobierno hará una inversión de 300 millones en
dotación de insumos para atender 161.000 manzanas de café, cuyo efecto
será «espectacular en esa industria», señaló el mandatario. «Estamos
listos mañana para comenzar una operación sin precedentes para apoyar a
más de 91.000 pequeños productores de café con un bono de fertilizantes e
insumos agrícolas para que no me abandonen las fincas», agregó.
Ese Bono en el Decreto 30-2020 se llama
Bono Cafetalero y para su entrega, el gobierno erogó trescientos
millones de Lempiras (L. 300, 000, 000. 00). “Esto significa”, dijo
Hernández a los medios locales del país, “una cobertura en el parque cafetalero del 87%”.
Ese Decreto también establece la
vigencia de otro bono, el de Solidaridad Productiva, por doscientos
millones de Lempiras (L 200, 000, 000. 00), con el que se afirma que se
beneficiará a 140.306 productores de 17 departamentos del país. En suma,
en ambos Bonos el Gobierno, puso a disposición 500 millones de
lempiras.
Sin embargo, para acceder a esos
beneficios no basta con ser campesino o campesina y sembrar café. Para
acceder a esos bonos, los pequeños y medianos productores deben declarar
e inscribir su producción o cosecha, ante entes como el Instituto
Hondureño del Café (IHCAFE). Es decir, en principio, deben estar en los
listados de productores de Café de sus zonas para hacerse acreedores a
un carné y, en segundo lugar, el bono se les entrega a las y los
productores, con base en el monto de producción declarada.
“El problema es que la gran mayoría
de productores no cuentan con carnet de productores o productoras,
porque para ello tiene que declarar ante esa institución su producción y
esos son procesos engorrosos que hacen que prefieran vender su café en
su comunidad a intermediarios, que son los que se benefician porque son
ellos los que declaran ante el IHCAFE y los que al final reciben los
bonos”, afirma Policarpo Argueta Calles, miembro del equipo técnico de la CNTC-La Paz.
De allí que a la hora de la
“repartición”, muchos pequeños productores y productoras no aparezcan en
la lista que se remite a las municipalidades, para la entrega de los
Bonos.
¿Qué opinan las Municipalidades de los créditos para productores y productoras?
Le consultamos a Ramón Roberto Vásquez
Hernández su opinión. Él es alcalde la municipalidad de San José
(Partido liberal-alianza con Libre), perteneciente al departamento de La
Paz. Esta alcaldía tiene un poco más de 10 mil 500 habitantes y reporta
un ingreso anual de unos 16 millones de lempiras pago de impuestos y
gravámenes de sus pobladores. A eso se le debe sumar las transferencias
que le hace el Gobierno Central.
En este municipio el 90% de sus
habitantes son pequeños productores que siembran de “2 tareas a una
manzana de tierra”. Una tarea es el equivalente a unos 400 metros
cuadrados. Apenas un 8% son medianos productores y un 2% son grandes
productores.
El edil de esta municipalidad dice que
actualmente la situación de esta comarca es precaria porque el Gobierno
Central le adeuda las transferencias completas de los meses de febrero
hasta junio. Es decir, han estado haciendo frente a la pandemia y a las
secuelas de la crisis, como la del Agro, con la recaudación local vía
impuestos, que ronda el millón 400 mil lempiras, pero por año.
“Están con eso de los fondos que van
a poner desde el gobierno para agricultores, pero para los que producen
más de 150 quintales para arriba es que van a ceder algún crédito. Hay
programas que vienen como alivio de esto y de lo otro, pero estos fondos
van a accederse al que tiene garantías y desde luego los que las tienen
libres. Y no va a obtener nada quien no tiene garantías, llámese
escritura pública”, cuestionó el edil.
El alcalde también puso en entredicho los que considera engorrosos trámites, para la obtención de créditos.
“Ahorita si se ven bonitos, pero en realidad los trámites son tan
engorroso porque hay que presentar los créditos, y dígame el pequeño
productor”.
El bono de fertilizante de café, que ha
anunciado el Gobierno con “bombos y platillos”, también llegó a este
municipio. Sin embargo, sus autoridades dicen que ha sido inequitativa
su distribución porque en el municipio hay un estimado de 500
productores de café, pero apenas se benefició a unos 250.
“Los listados no los elaboramos como productores, eso ya viene del Instituto del café”, dijo
el edil, cuestionando que el problema radica en la ausencia de la
correcta identificación geográfica de los productores de café de la
zona, en el que debería participar las instituciones del Estado, al
igual que el Instituto Hondureño del Café.
¡Urgen políticas públicas para el agro, pero incluyentes!
A mediados de mayo, en su página web nacional, el gobierno de Honduras informó que desde marzo a la fecha, más de 248 millones de lempiras se lograron colocar a través del programa Agro-crédito 8.7,
más otros mecanismos de financiamiento. Asimismo, indicó que “más de
400 millones de lempiras serán desembolsados en las próximas semanas,
los que abarcarán todos los programas que arropa el sector
agroalimentario del país”.
Sin embargo, la valoración que se hace
de estas políticas públicas en este texto, dejan en claro que muchos
pequeños y medianos productores, que intentan producir la tierra en
paupérrimas situaciones, quedan al margen del alcance de los créditos y
de los bonos que el Gobierno ofrece porque se enfocan más hacia quienes
tienen capitales que les ayudan a sustentar los créditos. En doble
condición de marginación, se encuentran, por otro lado, las y los
campesinos que durante años han luchado por el título de sus
propiedades, pues con este sector, las políticas públicas son más dura y
los deja en total marginación de la obtención de sus beneficios.
Al tenor de lo anterior expuesto, los
sectores consultados consideran urgente la promulgación de políticas
públicas para el Agro, que brinden apoyo a los y las campesinas,
pequeños y medianos productores del campo, por igual. Similar situación
debe acontecer con la entrega de los bonos productivos, los que deben
brindarse de forma equitativa. Sugieren al gobierno, además, evaluar las
condiciones de vida y dinámicas de subsistencia de las y los pequeños
productores para diseñar una política agraria acorde a sus reales
necesidades para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia.
Los datos y las personas consultadas en este texto forman parte del documento intitulado, “Los
programas para la seguridad alimentaria de JOH, que excluyen las
iniciativas de las y los pequeños campesinos de Honduras. El caso
CNTC-La Paz”, realizado con apoyo de TROCAIRE y las y los líderes, campesinas y campesinos de la CNTC-regional La Paz.
Prevén que crisis de la pandemia producirá más migración en Honduras
- 23/07/2020
Tras que pase la pandemia, se pronostica que revivirán las caravanas de migrantes hondureños con rumbo al norte.
Producto de la desigualdad social y la falta de políticas públicas
para reducir la pobreza y la violencia, una vez que pase la emergencia
provocada por el Covid-19, según el Sociólogo e Investigador, Elvin
Hernández, se prevé el aumento de hondureños y hondureñas migrando hacia
Estados Unidos.
Hernández, quien es parte del Equipo Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj, recuerda que muchas empresas han cerrado operaciones o han despedido a buena parte de su personal. Además, más del 60% de la población hondureña que vive de la economía informal está perdiendo su sustento diario.
El Sociólogo indicó que, en la historia reciente de Honduras, se han registrado repuntes de la migración provocada por precariedad económica y la desigualdad social.
Recordó que la primera tuvo lugar después del huracán Mitch en 1998 y luego ha repuntado después del golpe de Estado del 2009, crisis que se mantiene intacta en el país.
Tegucigalpa. No importan la lluvia, el hambre ni el Estado de sitio decretado por el gobierno hace más de 78 días por la llegada del Covid-19 a territorio hondureño.
Nada de eso impidió que unas 300 personas salieran en caravana la mañana de este martes, 2 de junio, rumbo hacia Estados Unidos desde el municipio de Choluteca, al sur de Honduras.
La caravana la integran hombres, mujeres y menores de edad. Una pertinaz lluvia fue la única testigo de la partida de estos compatriotas, que llevan a cuestas una mochila y botellas de agua.
Trascendió que los integrantes de la caravana no se han practicado la prueba para detectar si están contagiados con el Covid-19, por los altos costos de las mismas, que van desde los 4 mil hasta los 6 mil lempiras en una clínica privada.
Según se informó, a la caravana se sumaron personas provenientes de Nicaragua y El Salvador y va rumbo a la capital hondureña, para luego dirigirse hacia la frontera con Guatemala.
Inmigrantes en un centro de detención familiar del ICE en Dilley, Texas, EE.UU., el 23 de agosto de 2019.Eric Gay / AP
Gee supervisa un acuerdo judicial de larga data que rige el tratamiento del Gobierno de EE.UU. a los niños inmigrantes, conocido como el Acuerdo de Flores, que ha estado en vigor desde 1997. Según este acuerdo, las autoridades estadounidenses han tenido que liberar a los niños migrantes después de un máximo de 20 días.
Sin embargo, la orden de la jueza no se aplica directamente a los padres detenidos con sus hijos.
El mes pasado, la mayoría de los padres se negaron a designar un patrocinador cuando los funcionarios de ICE les preguntaron inesperadamente quién podría llevar a sus hijos si los adultos permanecían detenidos, según los abogados de las familias. La agencia afimró que estaba llevando a cabo una "revisión rutinaria de libertad condicional consistente con la ley" y las órdenes anteriores de Gee.
Los defensores de derechos de inmigrantes sostienen que el ICE debería liberar a todas las familias, especialmente porque el coronavirus se ha propagado rápidamente a través de los centros de detención. En las presentaciones judiciales reveladas el jueves, la agencia informó que 11 niños y padres dieron positivo por covid-19 en el centro de detención familiar en Karnes City (Texas).
julio 18, 2020
julio 19, 2020
Hernández, quien es parte del Equipo Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj, recuerda que muchas empresas han cerrado operaciones o han despedido a buena parte de su personal. Además, más del 60% de la población hondureña que vive de la economía informal está perdiendo su sustento diario.
El Sociólogo indicó que, en la historia reciente de Honduras, se han registrado repuntes de la migración provocada por precariedad económica y la desigualdad social.
Recordó que la primera tuvo lugar después del huracán Mitch en 1998 y luego ha repuntado después del golpe de Estado del 2009, crisis que se mantiene intacta en el país.
En medio de la pandemia migrantes buscan renovar TPS
- 06/07/2020
Umaine Louis-Jean beneficiario del programa migratorio TPS. Fotografía: Nuevo Herald.
Ni la pandemia ha detenido las acciones de incidencia que los
migrantes amparados en el Estatus de Protección Temporal, TSP, realizan
en diversas ciudades de Estados Unidos en demanda a la renovación de
este beneficio que protege su permanencia en aquel país.
En la actualidad, más de 300 mil personas beneficiarias del TSP pueden continuar en Estados Unidos hasta enero 2021, según la última renovación realizada en 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Teofilo Martínez, originario de Langue, Valle, migró a Estados Unidos desde 1988, ahora teme que el gobierno de Donald Trump cumpla sus amenazas de continuar los procesos de deportación contra migrantes. Esta amenaza lo llevó a organizarse junto a otros hondureños y hondureñas en los Comités que forman la Alianza Nacional TPS.
Desde el 2017, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal se juntaron en Washington D.C para formar una estructura que les permitiera defender este beneficio de permanencia en EE.UU.
La Alianza es una estructura que combina actividades de promoción a nivel nacional para salvar el estatus de protección en el corto plazo y elaborar una legislación que cree un camino a la residencia permanente en el largo plazo.
Con más de 30 años viviendo en Estados Unidos, con hijos y nietos, Teofilo sabe que ahora su vida está en aquel país, ama Honduras, pero teme que una deportación se concrete regresando a las causas que lo expulsaron 3 décadas atrás.
“Estamos trabajando para defender los derechos de los migrantes que ya no pueden volver a sus países de origen. Esta protección es una medida legal y comprobada que permite que los inmigrantes tengan autorización de trabajo y puedan contribuir a la economía, sociedad y cultura de los Estados Unidos”, dice Teofilo.
Muchos de los beneficiarios del TPS vivimos y trabajamos en los Estados Unidos desde hace muchos años, algunos con 20 o más de 30 años. Tenemos familias, niños ciudadanos estadounidenses, y somos dueños de hogares y negocios. Nuestras familias no deben ser separadas, dijo Yesica Girón, hondureña beneficiaria del TPS.
Yesica migró a Estados Unidos desde hace 20 años. Ella salió de Honduras para reunificarse con su madre tepesiana, quien debió huir en busca de empleo y oportunidades, solo así podría alimentar a los hijos que dejaba en su país de origen.
Tanto Teofilo cono Jessica creen que regresar a Honduras no es una opción. “Tenemos hijos nacidos aquí, es aquí donde está nuestro hogar”.
Los Comités TPS han exigido al Congreso de Estados Unidos la extensión por 18 meses para todos los países con Estatus de Protección, con énfasis en los plazos de la próxima renovación/terminación. Además de avanzar a una legislación de apoyo que otorgue la residencia permanente a los beneficiarios del TPS.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200 mil salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60 mil haitianos amparados con este beneficio, 5 mil nicaragüenses y 56 mil hondureños, estos últimos en mayo de 2019.
La cuenta regresiva comenzó, dice Jessica. Tienen menos de seis meses para lograr una nueva renovación y continuar luchando por su permanencia definitiva. “Sabemos que vivimos momentos muy difíciles, que la pandemia ha provocado muertes y que nos ha confinado, pero es necesario entender que si no accionamos podemos ser deportados por el gobierno de Donald Trump, dijo la migrante hondureña en el programa Foros Populares de Radio Progreso.
En la actualidad, más de 300 mil personas beneficiarias del TSP pueden continuar en Estados Unidos hasta enero 2021, según la última renovación realizada en 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Teofilo Martínez, originario de Langue, Valle, migró a Estados Unidos desde 1988, ahora teme que el gobierno de Donald Trump cumpla sus amenazas de continuar los procesos de deportación contra migrantes. Esta amenaza lo llevó a organizarse junto a otros hondureños y hondureñas en los Comités que forman la Alianza Nacional TPS.
Desde el 2017, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal se juntaron en Washington D.C para formar una estructura que les permitiera defender este beneficio de permanencia en EE.UU.
La Alianza es una estructura que combina actividades de promoción a nivel nacional para salvar el estatus de protección en el corto plazo y elaborar una legislación que cree un camino a la residencia permanente en el largo plazo.
Con más de 30 años viviendo en Estados Unidos, con hijos y nietos, Teofilo sabe que ahora su vida está en aquel país, ama Honduras, pero teme que una deportación se concrete regresando a las causas que lo expulsaron 3 décadas atrás.
“Estamos trabajando para defender los derechos de los migrantes que ya no pueden volver a sus países de origen. Esta protección es una medida legal y comprobada que permite que los inmigrantes tengan autorización de trabajo y puedan contribuir a la economía, sociedad y cultura de los Estados Unidos”, dice Teofilo.
Muchos de los beneficiarios del TPS vivimos y trabajamos en los Estados Unidos desde hace muchos años, algunos con 20 o más de 30 años. Tenemos familias, niños ciudadanos estadounidenses, y somos dueños de hogares y negocios. Nuestras familias no deben ser separadas, dijo Yesica Girón, hondureña beneficiaria del TPS.
Yesica migró a Estados Unidos desde hace 20 años. Ella salió de Honduras para reunificarse con su madre tepesiana, quien debió huir en busca de empleo y oportunidades, solo así podría alimentar a los hijos que dejaba en su país de origen.
Tanto Teofilo cono Jessica creen que regresar a Honduras no es una opción. “Tenemos hijos nacidos aquí, es aquí donde está nuestro hogar”.
Los Comités TPS han exigido al Congreso de Estados Unidos la extensión por 18 meses para todos los países con Estatus de Protección, con énfasis en los plazos de la próxima renovación/terminación. Además de avanzar a una legislación de apoyo que otorgue la residencia permanente a los beneficiarios del TPS.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200 mil salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60 mil haitianos amparados con este beneficio, 5 mil nicaragüenses y 56 mil hondureños, estos últimos en mayo de 2019.
La cuenta regresiva comenzó, dice Jessica. Tienen menos de seis meses para lograr una nueva renovación y continuar luchando por su permanencia definitiva. “Sabemos que vivimos momentos muy difíciles, que la pandemia ha provocado muertes y que nos ha confinado, pero es necesario entender que si no accionamos podemos ser deportados por el gobierno de Donald Trump, dijo la migrante hondureña en el programa Foros Populares de Radio Progreso.
Abandono estatal motiva a la población a migrar
- 14/07/2020
Sondeo de Opinión Pública ERIC-SJ.
La situación migratoria de los últimos años se ha ido agudizando,
provocando el nacimiento de expresiones como las caravanas de migrantes.
De acuerdo a la medición del Sondeo de Opinión del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC), en los últimos años nos muestra
que 4 de cada 10 personas consultadas han deseado o pensado irse del
país.
En la consulta más reciente, correspondiente a este último año en relación a la migración, expone datos en los que al menos un 59.7% de los hondureños y hondureñas han deseado o al menos pensado irse del país.
“El 40 por ciento de la población que en algún momento ha pensado o deseado irse del país, este dato no es un porcentaje nada pequeño y deja establecido que la migración es una de las grandes opciones para la búsqueda de oportunidades de mejorar la calidad de vida. Quizá a medida que avance el control de la Covid-19, estas manifestaciones de irse del país, potencialmente podrían incrementarse, dada las consecuencias de la pérdida de empleo y la agudización de la crisis económica”, expresa el Sondeo en los resultados sobre el contexto migratorio que vive el país.
El analista político Marvin Pérez cree que este dato se puede interpretar claramente como las consecuencias del abandono estatal, de la falta de capacidad para escuchar al pueblo y por buscar una solución a sus demandas.
“Si el Gobierno sigue solo escuchando a empresarios, a banqueros y no a la gente que está viviendo esta calamidad, entonces, la situación empeorará, pues ante el olvido, la omisión, el impacto que genera en la ciudadanía será negativo”, valoró el analista Pérez.
El Sondeo muestra que algunas motivaciones de la población para migrar, se deben a falta de empleo, violencia y otros. En este caso el 65.5% dijo que optaban por irse en caravanas de migrantes, porque no tienen empleo y no hay opciones para generar recursos y mantener a su familia.
Las caravanas también se han convertido una opción en la que los migrantes pueden ahorrar honorarios para pagar un coyote. En ese sentido, otro de los motores que genera la migración es la violencia e inseguridad, el cual se ubica en segundo lugar con un 12.3 por ciento, seguido de una razón práctica.
“Siguiendo la misma temática migratoria, en esta edición del Sondeo de Opinión Pública volvemos a consultar sobre las razones de por qué la gente se va y los resultados revelan que la situación económica, la falta de empleo y la falta de oportunidades con el fin de generar ingresos para el sustento de la familia acumulan el porcentaje mayoritario, expresado en un 79.1 por ciento; la otra razón que ocupa el segundo lugar es la violencia e inseguridad, sumando un 14.4 por ciento de la opinión de las personas consultadas”, expone el documento.
Otro elemento que destaca el informe es que cada hondureño y hondureña, tiene algún familiar que ha tenido la intención de migrar, o bien lo ha hecho, o en otros casos está en el extranjero y sostiene la economía del hogar.
“El 28.2 por ciento tiene algún conocido o familiar que ha migrado debido a una situación de violencia. En el estudio se preguntó sobre la forma de emigrar de algún familiar, conocido o vecino en el último año; las respuestas mayoritarias se ubicaron en el uso de los “servicios” de un coyote para seguir la ruta migratoria, manifestado en un 58.2 por ciento; quienes dijeron que algún familiar, conocido o vecino se fue en caravana es el 15 por ciento, en cambio el 17.7 por ciento expresó irse solo en la ruta migratoria y un 7.3 por ciento dijo haberse ido de forma regular”, destaca el Sondeo.
Las caravanas de migrantes se ha convertido en un vehículo viable para muchos hondureños, en ese marco de acuerdo a las consultas aplicadas en el sondeo, las razones que motivaron a quienes se fueron en las caravanas, se deben a que el 65.5% enfrentaban una difícil situación económica, por otra parte la violencia e inseguridad tiene el 12.3% y el tercero porque las caravanas son el método más barato, porque no ocupa pagar coyote.
Pérdida de esperanza
Cada año que pasa la población hondureña pierde la esperanza, Marvin Pérez cree que este punto también es consecuencia del modelo económico capitalista y que no trae ningún beneficio para la gente.
Pérez dice que la esperanza se ha ido arrebatando año tras año, la corrupción, la crisis gubernamental, los indicios de institucionalidad fallida, abonan para que este sentimiento generalizado se materialice.
El Sondeo preguntó a la gente sobre qué sentimiento impera en su vida, si lo es la esperanza o miedo. La población hondureña expresó sentir esperanza en un 54.1 por ciento; en cambio, quienes dijeron sentir miedo fue el 40.9 por ciento.
La población que dijo no sentir ni esperanza ni miedo es el 4.8 por ciento. Estos resultados dejan entrever un sentimiento repartido entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.
En la consulta más reciente, correspondiente a este último año en relación a la migración, expone datos en los que al menos un 59.7% de los hondureños y hondureñas han deseado o al menos pensado irse del país.
“El 40 por ciento de la población que en algún momento ha pensado o deseado irse del país, este dato no es un porcentaje nada pequeño y deja establecido que la migración es una de las grandes opciones para la búsqueda de oportunidades de mejorar la calidad de vida. Quizá a medida que avance el control de la Covid-19, estas manifestaciones de irse del país, potencialmente podrían incrementarse, dada las consecuencias de la pérdida de empleo y la agudización de la crisis económica”, expresa el Sondeo en los resultados sobre el contexto migratorio que vive el país.
El analista político Marvin Pérez cree que este dato se puede interpretar claramente como las consecuencias del abandono estatal, de la falta de capacidad para escuchar al pueblo y por buscar una solución a sus demandas.
“Si el Gobierno sigue solo escuchando a empresarios, a banqueros y no a la gente que está viviendo esta calamidad, entonces, la situación empeorará, pues ante el olvido, la omisión, el impacto que genera en la ciudadanía será negativo”, valoró el analista Pérez.
El Sondeo muestra que algunas motivaciones de la población para migrar, se deben a falta de empleo, violencia y otros. En este caso el 65.5% dijo que optaban por irse en caravanas de migrantes, porque no tienen empleo y no hay opciones para generar recursos y mantener a su familia.
Las caravanas también se han convertido una opción en la que los migrantes pueden ahorrar honorarios para pagar un coyote. En ese sentido, otro de los motores que genera la migración es la violencia e inseguridad, el cual se ubica en segundo lugar con un 12.3 por ciento, seguido de una razón práctica.
“Siguiendo la misma temática migratoria, en esta edición del Sondeo de Opinión Pública volvemos a consultar sobre las razones de por qué la gente se va y los resultados revelan que la situación económica, la falta de empleo y la falta de oportunidades con el fin de generar ingresos para el sustento de la familia acumulan el porcentaje mayoritario, expresado en un 79.1 por ciento; la otra razón que ocupa el segundo lugar es la violencia e inseguridad, sumando un 14.4 por ciento de la opinión de las personas consultadas”, expone el documento.
Otro elemento que destaca el informe es que cada hondureño y hondureña, tiene algún familiar que ha tenido la intención de migrar, o bien lo ha hecho, o en otros casos está en el extranjero y sostiene la economía del hogar.
“El 28.2 por ciento tiene algún conocido o familiar que ha migrado debido a una situación de violencia. En el estudio se preguntó sobre la forma de emigrar de algún familiar, conocido o vecino en el último año; las respuestas mayoritarias se ubicaron en el uso de los “servicios” de un coyote para seguir la ruta migratoria, manifestado en un 58.2 por ciento; quienes dijeron que algún familiar, conocido o vecino se fue en caravana es el 15 por ciento, en cambio el 17.7 por ciento expresó irse solo en la ruta migratoria y un 7.3 por ciento dijo haberse ido de forma regular”, destaca el Sondeo.
Las caravanas de migrantes se ha convertido en un vehículo viable para muchos hondureños, en ese marco de acuerdo a las consultas aplicadas en el sondeo, las razones que motivaron a quienes se fueron en las caravanas, se deben a que el 65.5% enfrentaban una difícil situación económica, por otra parte la violencia e inseguridad tiene el 12.3% y el tercero porque las caravanas son el método más barato, porque no ocupa pagar coyote.
Pérdida de esperanza
Cada año que pasa la población hondureña pierde la esperanza, Marvin Pérez cree que este punto también es consecuencia del modelo económico capitalista y que no trae ningún beneficio para la gente.
Pérez dice que la esperanza se ha ido arrebatando año tras año, la corrupción, la crisis gubernamental, los indicios de institucionalidad fallida, abonan para que este sentimiento generalizado se materialice.
El Sondeo preguntó a la gente sobre qué sentimiento impera en su vida, si lo es la esperanza o miedo. La población hondureña expresó sentir esperanza en un 54.1 por ciento; en cambio, quienes dijeron sentir miedo fue el 40.9 por ciento.
La población que dijo no sentir ni esperanza ni miedo es el 4.8 por ciento. Estos resultados dejan entrever un sentimiento repartido entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.
¡URGENTE! NUEVA CARAVANA DE HONDURAS HUYE DE LA MUERTE
- Publicado: 02 Junio 2020
Al
menos 300 compatriotas han salido este día rumbo al llamado “sueño
americano”, sin importar los peligros y malos tratos que aguardan en la
travesía; muchos creen que continuar en el país sólo les producirá una
eventual muerte en pobreza y miseria.
Redacción Central / EL LIBERTADORTegucigalpa. No importan la lluvia, el hambre ni el Estado de sitio decretado por el gobierno hace más de 78 días por la llegada del Covid-19 a territorio hondureño.
Nada de eso impidió que unas 300 personas salieran en caravana la mañana de este martes, 2 de junio, rumbo hacia Estados Unidos desde el municipio de Choluteca, al sur de Honduras.
La caravana la integran hombres, mujeres y menores de edad. Una pertinaz lluvia fue la única testigo de la partida de estos compatriotas, que llevan a cuestas una mochila y botellas de agua.
Trascendió que los integrantes de la caravana no se han practicado la prueba para detectar si están contagiados con el Covid-19, por los altos costos de las mismas, que van desde los 4 mil hasta los 6 mil lempiras en una clínica privada.
Según se informó, a la caravana se sumaron personas provenientes de Nicaragua y El Salvador y va rumbo a la capital hondureña, para luego dirigirse hacia la frontera con Guatemala.
Caravana de migrantes haitianos y africanos avanzan rumbo al norte
- 03/06/2020
Los migrantes haitianos, africanos y cubanos avanzan por las carreteras del sur de Honduras con rumbo a Estados Unidos.
A pesar de las amenazas y la represión policial, la caravana de
migrantes haitianos y africanos avanza rumbo a la frontera con
Guatemala. Estos migrantes llevan más de 3 meses varados en Choluteca
por los toques de queda impuestos por la pandemia del Covid-19.
El gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración ha retornado en tres ocasiones a los migrantes a Nicaragua, pero ante la insistencia de ellos, les ofreció vuelos humanitarios para retornar a sus países algo considerado como ridículo porque estas personas llevan dos y hasta tres años de haber salido de sus países, por el hambre y la violencia.
En las últimas horas tuvieron un altercado con las autoridades policiales que les impiden el paso por tierras hondureñas. Los representantes de la Red contra de la Violencia de Choluteca sostiene que los miembros de la caravana podría ser reprimidos de nuevo en San Lorenzo, Valle.
“De acuerdo a las declaraciones de un jefe policial de la zona y la señora directora de Migración, se espera que en San Lorenzo haya alguna retención y no los van a dejar avanzar”, manifestó a Radio Progreso Ilse Villatoro de la Red contra de la Violencia de Choluteca.
Esta caravana en la que además de haitianos y africanos van también cubanos. Entre los migrantes hay personas adultas, jóvenes, niños, niñas y recién nacidos. Y su objetivo es llegar a Estados Unidos.
El gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración ha retornado en tres ocasiones a los migrantes a Nicaragua, pero ante la insistencia de ellos, les ofreció vuelos humanitarios para retornar a sus países algo considerado como ridículo porque estas personas llevan dos y hasta tres años de haber salido de sus países, por el hambre y la violencia.
En las últimas horas tuvieron un altercado con las autoridades policiales que les impiden el paso por tierras hondureñas. Los representantes de la Red contra de la Violencia de Choluteca sostiene que los miembros de la caravana podría ser reprimidos de nuevo en San Lorenzo, Valle.
“De acuerdo a las declaraciones de un jefe policial de la zona y la señora directora de Migración, se espera que en San Lorenzo haya alguna retención y no los van a dejar avanzar”, manifestó a Radio Progreso Ilse Villatoro de la Red contra de la Violencia de Choluteca.
Esta caravana en la que además de haitianos y africanos van también cubanos. Entre los migrantes hay personas adultas, jóvenes, niños, niñas y recién nacidos. Y su objetivo es llegar a Estados Unidos.
El gobierno hondureño les ofreció un retorno humanitario, pero los migrantes llevan hasta tres años huyendo de su tierra.
Honduras y Guatemala se rinden ante política antinmigrante de Trump
Los
migrantes de Cuba, Haití y África se trasladaron a Tegucigalpa en un
camión desde la ciudad de Choluteca donde estuvieron varados por más de
80 días.
Por: Redacción CRITERIO.HN - redaccion@criterio.hn
junio 4, 2020 Redaccion
Tegucigalpa. –En las últimas horas los gobiernos de Honduras y Guatemala evidenciaron su postura de vasallaje ante las políticas migratorias de los Estados Unidos al violentar los derechos humanos de un grupo de migrantes procedentes de Cuba, Haití y África, que desde inicios de marzo han estado varados en la zona sur de Honduras.
Mediante un comunicado emitido el 3 de junio, los gobiernos de Honduras y Guatemala hicieron referencia a un grupo de más de 100 personas procedentes de Cuba, Haití y África que desde marzo pasado se encuentran varadas en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
Los dos países centroamericanos justifican su accionar a las medidas de contención para evitar el contagio del Covid-19. En ese sentido establecieron en el comunicado que ambos países han restringido el ingreso de extranjeros a sus países por cualquier vía: terrestre, marítima y aérea, exceptuando la población extranjera residente en cada país.
Además, el comunicado especifica de manera literal que “Honduras y Guatemala externan su preocupación por la movilización de grupos de personas que viajan desde la región sur de Honduras, con falsas expectativas de ingresar a otros países. Existe un grupo de personas en condición irregular, el cual ingresó a Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua”, añade la misiva.
Faltando a la verdad, en el mismo comunicado se anuncia que, como una opción alterna, ante el actual contexto de la emergencia sanitaria, se les ha ofrecido a los migrantes un retorno voluntario asistido a sus países de origen, pero que los migrantes no han querido acogerse a esta medida.
Cabe señalar que el grupo de 105 migrantes, permanecen en tierras hondureñas desde marzo anterior, es decir que desde hace casi tres meses. De acuerdo con lo denunciado en el informe “Situación de Migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca en abril pasado, al menos 80 migrantes se encontraban en detención por falta de salvoconductos que les permitiera seguir con su ruta hacia Estados Unidos de Norte América.
“En Choluteca se cuenta con una oficina Regional de Migración, esta institución a la vez cuenta con un Centro de Atención al Migrante (CAMI), con un espacio con capacidad para albergar a 30 personas. Debido a la pandemia de Covid-19, y a las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno Central, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), esta oficina permanece cerrada, dejando a la intemperie a estas personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los Países del Norte”, detalla el informe.
junio 4, 2020 Redaccion
Tegucigalpa. –En las últimas horas los gobiernos de Honduras y Guatemala evidenciaron su postura de vasallaje ante las políticas migratorias de los Estados Unidos al violentar los derechos humanos de un grupo de migrantes procedentes de Cuba, Haití y África, que desde inicios de marzo han estado varados en la zona sur de Honduras.
Lea además: Migrantes haitianos se cansaron de esperar la voluntad política y humanitaria del gobierno de Honduras
Dando cumplimiento a los acuerdos migratorios firmados el año pasado con Washington, los gobiernos de Honduras y Guatemala están conteniendo la migración de extranjeros que transitan por sus territorios en su ruta hacia la nación del norte.Mediante un comunicado emitido el 3 de junio, los gobiernos de Honduras y Guatemala hicieron referencia a un grupo de más de 100 personas procedentes de Cuba, Haití y África que desde marzo pasado se encuentran varadas en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
Los dos países centroamericanos justifican su accionar a las medidas de contención para evitar el contagio del Covid-19. En ese sentido establecieron en el comunicado que ambos países han restringido el ingreso de extranjeros a sus países por cualquier vía: terrestre, marítima y aérea, exceptuando la población extranjera residente en cada país.
Además, el comunicado especifica de manera literal que “Honduras y Guatemala externan su preocupación por la movilización de grupos de personas que viajan desde la región sur de Honduras, con falsas expectativas de ingresar a otros países. Existe un grupo de personas en condición irregular, el cual ingresó a Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua”, añade la misiva.
Faltando a la verdad, en el mismo comunicado se anuncia que, como una opción alterna, ante el actual contexto de la emergencia sanitaria, se les ha ofrecido a los migrantes un retorno voluntario asistido a sus países de origen, pero que los migrantes no han querido acogerse a esta medida.
Cabe señalar que el grupo de 105 migrantes, permanecen en tierras hondureñas desde marzo anterior, es decir que desde hace casi tres meses. De acuerdo con lo denunciado en el informe “Situación de Migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca en abril pasado, al menos 80 migrantes se encontraban en detención por falta de salvoconductos que les permitiera seguir con su ruta hacia Estados Unidos de Norte América.
“En Choluteca se cuenta con una oficina Regional de Migración, esta institución a la vez cuenta con un Centro de Atención al Migrante (CAMI), con un espacio con capacidad para albergar a 30 personas. Debido a la pandemia de Covid-19, y a las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno Central, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), esta oficina permanece cerrada, dejando a la intemperie a estas personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los Países del Norte”, detalla el informe.
Al menos dos mujeres migrantes han parido en su estadía en Honduras.
El terror a las caravanas
Para evitar la propagación del Covid-19 el gobierno de Honduras decretó un estado de excepción a partir del 15 de marzo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos radicadas en la ciudad de Choluteca contabilizan que, durante la semana del 12 al 18 de marzo, ingresaron a su ciudad más de 100 personas procedente de África, Haití y Cuba, en su mayoría hombres, pero también mujeres, e incluso en estado de gestación y menores de edad. Lo anterior implica que muchos migrantes ingresaron antes de que se decretara el estado de sitio.
Estas personas permanecieron hasta el 02 de junio (al menos 80 días), en condiciones de precariedad. CRITERIO.HN publicó en abril pasado un reportaje sobre la situación calamitosa de los migrantes ante la falta de albergues y atención por parte de las autoridades migratorias.
CARAVANA
Bajo este contexto de apatía estatal, los migrantes emprendieron el pasado 02 de junio a las 6:00 de la mañana su salida definitiva del territorio catracho mediante la “caravana por la libertad”, ello en alusión a su condición de detención forzada en Honduras.
El mismo día de la salida de la caravana, policías y militares impidieron su arribo a la frontera entre Guatemala y Honduras, lo que conllevó a que los migrantes reorientaran su ruta hacia la zona centro del país para posteriormente buscar la salida por el norte del territorio hondureño.
En esa nueva ruta, los migrantes fueron requeridos en la posta policial de El Tizatillo en el kilómetro nueve, salida al sur del Honduras donde al menos 64 integrantes de la caravana fueron bajados de un camión particular que los trasladó desde el sector de Pavana, en Choluteca.
Para evitar la propagación del Covid-19 el gobierno de Honduras decretó un estado de excepción a partir del 15 de marzo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos radicadas en la ciudad de Choluteca contabilizan que, durante la semana del 12 al 18 de marzo, ingresaron a su ciudad más de 100 personas procedente de África, Haití y Cuba, en su mayoría hombres, pero también mujeres, e incluso en estado de gestación y menores de edad. Lo anterior implica que muchos migrantes ingresaron antes de que se decretara el estado de sitio.
Estas personas permanecieron hasta el 02 de junio (al menos 80 días), en condiciones de precariedad. CRITERIO.HN publicó en abril pasado un reportaje sobre la situación calamitosa de los migrantes ante la falta de albergues y atención por parte de las autoridades migratorias.
También lea: Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por Honduras
Los migrantes han sufrido las consecuencias de la inoperancia de las autoridades migratorias de Honduras que les imposibilitan su salida por la falta de atención que permita el pago de una multa de casi 200 dólares por persona, en apego a la Ley de Migración y Extranjería.CARAVANA
Bajo este contexto de apatía estatal, los migrantes emprendieron el pasado 02 de junio a las 6:00 de la mañana su salida definitiva del territorio catracho mediante la “caravana por la libertad”, ello en alusión a su condición de detención forzada en Honduras.
El mismo día de la salida de la caravana, policías y militares impidieron su arribo a la frontera entre Guatemala y Honduras, lo que conllevó a que los migrantes reorientaran su ruta hacia la zona centro del país para posteriormente buscar la salida por el norte del territorio hondureño.
En esa nueva ruta, los migrantes fueron requeridos en la posta policial de El Tizatillo en el kilómetro nueve, salida al sur del Honduras donde al menos 64 integrantes de la caravana fueron bajados de un camión particular que los trasladó desde el sector de Pavana, en Choluteca.
Al
llegar a El Tizatillo, los migrantes fueron bajados del camión que los
trasladó de Choluteca. Después de varias horas, el Instituto Nacional
de Migración los transportó a Tegucigalpa.
En la posta policial de El Tizatillo,
bajo el argumento de realizar la prueba del Covid-19 se imposibilitó el
ingreso del camión en el que se transportaban los migrantes y tras más
de tres horas varados en medio de una lluvia potente y fuertes vientos,
los integrantes de la caravana fueron trasladados a la capital por el
Instituto Nacional de migración (INM).
La caravana fue desintegrada por las autoridades del INM, ya que de acuerdo con el protocolo impuesto por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), los migrantes deberán permanecer durante 14 días en cuarentena tras habérseles realizado la prueba Covid-19.
Los migrantes fueron divididos en tres diferentes centros de atención, ubicados en Tegucigalpa, y en el caso de los menores de edad fueron entregados, junto a sus madres, a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
La defensora de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, Wendy Mendez Ocampos, denunció que durante su estadía en aquella zona, una parte de los miembros de la caravana fueron sometidos en reiteradas ocasiones a las pruebas Covid-19, pero sus resultados nunca les fueron compartidos.
Méndez Ocampos contó, además que a los recién nacidos y a las parturientas, que fueron atendidos en el Hospital del Sur, se les practicaron las pruebas antes y después del parto y que tampoco se les proporcionó los resultados.
En abril de 2019, Estados Unidos inició el proceso para cortar la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por la proliferación de caravanas de migrantes de estos tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En aquel entonces el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el fenómeno social a un desinterés de los gobiernos por controlar la salida de migrantes hacia el norte. En octubre de ese mismo año, Trump anunció el inicio de un programa de “asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad», para los países del Triángulo Norte.
El destino final de los migrantes irregulares que integraban “la caravana por la libertad”, de acuerdo con el comunicado en conjunto emitido por los gobiernos de Guatemala y Honduras, será el retorno voluntario asistido a sus países de origen, que pese al cierre de todas las fronteras por la pandemia del Covid-19 podrá ser posible, gracias a la visión humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la política anti-migración ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos.
La caravana fue desintegrada por las autoridades del INM, ya que de acuerdo con el protocolo impuesto por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), los migrantes deberán permanecer durante 14 días en cuarentena tras habérseles realizado la prueba Covid-19.
Los migrantes fueron divididos en tres diferentes centros de atención, ubicados en Tegucigalpa, y en el caso de los menores de edad fueron entregados, junto a sus madres, a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
La defensora de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, Wendy Mendez Ocampos, denunció que durante su estadía en aquella zona, una parte de los miembros de la caravana fueron sometidos en reiteradas ocasiones a las pruebas Covid-19, pero sus resultados nunca les fueron compartidos.
Méndez Ocampos contó, además que a los recién nacidos y a las parturientas, que fueron atendidos en el Hospital del Sur, se les practicaron las pruebas antes y después del parto y que tampoco se les proporcionó los resultados.
En abril de 2019, Estados Unidos inició el proceso para cortar la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por la proliferación de caravanas de migrantes de estos tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En aquel entonces el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el fenómeno social a un desinterés de los gobiernos por controlar la salida de migrantes hacia el norte. En octubre de ese mismo año, Trump anunció el inicio de un programa de “asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad», para los países del Triángulo Norte.
El destino final de los migrantes irregulares que integraban “la caravana por la libertad”, de acuerdo con el comunicado en conjunto emitido por los gobiernos de Guatemala y Honduras, será el retorno voluntario asistido a sus países de origen, que pese al cierre de todas las fronteras por la pandemia del Covid-19 podrá ser posible, gracias a la visión humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la política anti-migración ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Publicado:
27 jun 2020 02:35 GMT . RT
Se estableció la fecha límite del 17 de julio para que
los niños sean liberados con sus padres o enviados a los patrocinadores
familiares.
Una
jueza federal ordenó la liberación de los niños detenidos con sus
padres en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos y
denunció la detención prolongada de familias por parte de la
Administración Trump durante la pandemia de coronavirus, informa AP.
La orden de la jueza de distrito de EE.UU., Dolly Gee, se aplica a los menores detenidos por más de 20 días en tres centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos han estado detenidos desde el año pasado.
Citando la reciente propagación del coronavirus en dos de las tres instalaciones, Gee estableció la fecha límite del 17 de julio para que los niños sean liberados con sus padres o enviados a los patrocinadores familiares.La orden de la jueza de distrito de EE.UU., Dolly Gee, se aplica a los menores detenidos por más de 20 días en tres centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos han estado detenidos desde el año pasado.
Gee supervisa un acuerdo judicial de larga data que rige el tratamiento del Gobierno de EE.UU. a los niños inmigrantes, conocido como el Acuerdo de Flores, que ha estado en vigor desde 1997. Según este acuerdo, las autoridades estadounidenses han tenido que liberar a los niños migrantes después de un máximo de 20 días.
Sin embargo, la orden de la jueza no se aplica directamente a los padres detenidos con sus hijos.
El mes pasado, la mayoría de los padres se negaron a designar un patrocinador cuando los funcionarios de ICE les preguntaron inesperadamente quién podría llevar a sus hijos si los adultos permanecían detenidos, según los abogados de las familias. La agencia afimró que estaba llevando a cabo una "revisión rutinaria de libertad condicional consistente con la ley" y las órdenes anteriores de Gee.
Los defensores de derechos de inmigrantes sostienen que el ICE debería liberar a todas las familias, especialmente porque el coronavirus se ha propagado rápidamente a través de los centros de detención. En las presentaciones judiciales reveladas el jueves, la agencia informó que 11 niños y padres dieron positivo por covid-19 en el centro de detención familiar en Karnes City (Texas).
Las iglesias de Arizona, al rescate de los migrantes indocumentados
Centros religiosos como la Iglesia Católica El Buen
Pastor de Mesa, Arizona, son los últimos refugios de los migrantes que,
tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, han visto como las trabas
para huir de sus orígenes conflictivos han aumentado.
Comedor del albergue lleno de migrantes que llegan a Arizona. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
Cada martes, un grupo de migrantes llega en autocar a la Iglesia Cristiana El Buen Pastor.
El sol del desierto no da tregua y en pleno mes de noviembre, una
ráfaga de aire caliente les sacude la cara mientras el pastor Héctor
Ramírez y varios voluntarios les trasladan al interior de esta pequeña y
humilde iglesia situada en Mesa, Arizona. Tras desayunar, pasan a
la capilla y realizan varias oraciones de agradecimiento. Ya con el
estómago calmado, reciben ropa y calzado limpio, objetos de aseo,
atención médica y una cama.
Aún habiendo alcanzado suelo estadounidense
tras una travesía que para algunos se ha prolongado durante varios
meses, la situación para estos migrantes que anhelan recibir asilo político o humanitario
es tan agobiante como el calor que les hace transpirar profusamente.
Muy pocos lograrán recibirlo. Otros se quedarán indocumentados o serán
deportados. Y para otros, arranca una pesadilla que ni jamás previeron,
ni fácilmente olvidarán.
“Comenzamos el programa en octubre de 2018 porque ICE
(las autoridades migratorias) estaba soltando a las familias y a los
menores de edad en estaciones de bus y en la calle. No tenían capacidad
para tenerlos detenidos, y a los niños solo los podían retener doce
horas”, explica a Público Magdalena Schwartz.
"En menos de un año hemos recibido a más de cien mil migrantes"
“ICE
se acercó a pedir nuestra ayuda y se la dimos…y en menos de un año
hemos recibido a más de cien mil migrantes”, comenta esta pastora y
creadora de los ‘Ministerios de Compasión’, una agrupación de iglesias
evangélicas hispanas que ayuda a los migrantes en Arizona. La iniciativa
de Schwartz, sin embargo, está naufragando.
Ropa que el albergue de la iglesia provee a los migrantes. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
“Somos la única iglesia junto a otra en Phoenix que
está recibiendo migrantes”, explica Héctor Ramírez. “Cuando iniciamos el
programa éramos unas quince iglesias, pero han dejado de participar porque no tienen fondos para continuar, ya que este trabajo lo hacemos con las uñas y no recibimos ayudas del gobierno federal o estatal, sino donaciones privadas”.
Ramírez, nacido en Costa Rica y de gestos afables y
cercanos, lleva años tendiéndole la mano a la comunidad migrante, y no
deja que las dificultades económicas que atraviesa la iglesia mermen su
espíritu compasivo y su firme compromiso hacia este colectivo. Por su
centro han pasado miles de migrantes huyendo de la persecución,
violencia y crimen en sus países de origen, así como padres sumidos en
la miseria que ansían obtener un trabajo con el que educar a sus hijos y
garantizar comida caliente en el plato.
Testigos del descenso migratorio tras el auge de Trump
El pastor ha sido testigo presencial de la evolución
migratoria que se ha producido a lo largo de la frontera sur del país
anglosajón en los últimos años y, sobre todo, desde que Donald Trump fuera aupado hasta el cénit de la Casa Blanca.
“Nuestra iglesia recibía unas 120 o 130 personas cada semana (...) ahora, unas semanas recibimos 33 personas y otras 13”
“Nuestra
iglesia recibía unas 120 o 130 personas cada semana y muchos de estos
migrantes eran de Centroamérica. Pero ahora, unas semanas recibimos 33
personas y otras 13”, asevera Ramírez. “Estamos recibiendo gente de la
India, Rusia, Venezuela, Cuba, Afganistán, Jamaica y de otras partes,
pero ya no está entrando tanto centroamericano”.
El líder espiritual culpa del brusco descenso en el flujo migratorio
a los acuerdos firmados este año entre Estados Unidos y los países
centroamericanos (Honduras, Guatemala y El Salvador), unas naciones a
las que Trump obligó a autodeclararse “seguras” a pesar de la cruenta
realidad que se vive en ellas.
“Ahora ningún guatemalteco puede entrar a Estados
Unidos. Si sufre un atentado político o es perseguido por las pandillas,
tiene que pedir asilo en el país vecino, que es México. Y de ahí no
puede pasar”, afirma Ramírez. “Lo mismo ocurre con los hondureños y
salvadoreños, y tú sabes que estos países no son seguros. Decir eso es
una mentira”.
Hace unas semanas, Ramírez y Schwartz se sumaron a una comitiva de pastores que viajó a Guatemala para comprobar la realidad en el país
y en la casa de migrantes. En un solo día, el albergue recibió
ochocientos migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras,
Venezuela y Cuba.
“En Guatemala hay mucha pobreza. Hay niños que no
van a la escuela porque tienen que trabajar y cortar el café con sus
padres”, relata la pastora de origen chileno. “Hay un basurero cerca de
Santa Bárbara donde viven familias. ¿Cómo es posible que un país que
está recibiendo ayudas de EE.UU. no esté haciendo nada por sacar a esos
niños de la pobreza? Habría que preguntarle al gobierno qué está
haciendo con el dinero”.
México como última frontera de los migrantes
La firma de los acuerdos, aunados a los Protocolos
de Protección de Migrantes (MMP en inglés), están transformando el
proceso de asilo en la frontera entre EE.UU. y México. Para el país
anglosajón, las medidas ayudarán a frenar la migración indocumentada y a
contener el tráfico de narcóticos y humano hacia la primera potencia
mundial. Para otros, son una manera de trasladar el problema migratorio a países que están sumidos en la pobreza y en una guerra sin fin contra la delincuencia y el crimen organizado.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.,
el MMP obliga a los extranjeros que crucen ilegalmente a Estados
Unidos, o que se personen sin la documentación exigida en los puertos de
entrada terrestre entre Estados Unidos y México, a esperar en México a que se resuelva el proceso migratorio
o la petición de asilo. Los menores no acompañados y otros casos
excepcionales no están sujetos a esta medida y son evaluados de forma
individual.
“El inmigrante llega a la garita fronteriza, dice
que quiere pedir asilo y que tiene un pariente o amigo que le recibirá
en Estados Unidos. Le asignan un número y tiene que esperar en México
hasta que le den cita con un juez y presente el caso en Estados Unidos”,
explica Ramírez. “Cuando llega el día de la cita, le permiten entrar y
el juez decide si califica para una visa de asilo. Pero tiene que
regresarse a México”.
El migrante debe contratar a un abogado, cuyos honorarios pueden llegar a 7.000 dólares por persona, cifra al alcance de pocos
Para
iniciar la solicitud de asilo, el migrante debe contratar a un abogado,
cuyos honorarios pueden ascender a siete mil dólares por persona, una
cifra al alcance de muy pocos. En muchos casos, el migrante empeña sus
terrenos, vende sus propiedades y posesiones para costear el proceso. La
apuesta es arriesgada. En particular, cuando el asilo es denegado y el
migrante debe regresar a su país habiendo perdido todo.
“Si no ganan su caso de asilo, se tienen que
regresar. Y ahora van a tener una crisis humanitaria en sus países de
origen”, advierte Schwartz. “Cuando fuimos a Guatemala y vimos la de
migrantes que llegaban a las iglesias, los pastores nos decían: ‘Pero,
¿cómo los vamos a recibir, con qué recursos?’”.
La realidad de los migrantes que llegan a las iglesias
Cuenta Ramírez que hace unos días recibió en su
iglesia a una familia salvadoreña que había pedido asilo antes de la
firma de los acuerdos. Al llegar a la garita entre México y EE.UU., les
detuvieron y les trasladaron a un centro de detención cercano a la
frontera. Allí recopilaron sus datos, les hicieron fotografías, les
tomaron las huellas dactilares y posteriormente fueron trasladados a
Phoenix.
“En Phoenix están un día máximo, a los adultos les
ponen un grillete en el pie y los traen a la iglesia para que nosotros
sigamos con el proceso”, afirma el pastor. “Pero todas las familias
vienen con niños porque saben que el niño es el pasaporte para entrar”.
En la iglesia, los migrantes permanecen unos días,
hasta que el pastor y los voluntarios localizan al pariente o amigo que
se hará cargo de la familia hasta que esta reciba el asilo, un proceso
que puede dilatarse años. A veces, sin embargo, la persona de contacto
no quiere recibir a los migrantes y la iglesia tiene entonces que buscar
una familia de acogida –que siempre es hispana–.
“Hay gente que tiene noble corazón. Desde octubre de
2018, hemos albergado a cuatro personas en diferentes familias. Tenemos
ahorita una familia que entró en febrero y sigue recibiendo hospedaje”,
explica el pastor. “Otra muchacha se quedó con una familia tres meses.
Luego encontró trabajo y buscó un apartamento porque, aunque los
migrantes tienen prohibido trabajar, trabajan clandestinamente”.
Otras familias de migrantes, sobre todo cuando el
flujo migratorio de centroamericanos era mayor, no corren tanta suerte.
Hay quienes llegan a la frontera estadounidense de la mano de un
'pollero' y no cuentan con los fondos para pagarle por la travesía.
En estos casos, el traficante, que conoce el
funcionamiento de las iglesias, facilita a los migrantes el nombre y
número de teléfono de un ‘amigo’ afincado en Estados Unidos ‘dispuesto’ a
ayudarles. Este último se encarga de comprar los billetes de avión,
tren o autobús y de darles alojamiento tras su paso por la iglesia.
“Cuando llamamos a ese amigo, nos damos cuenta de que no es tan amigo, sino que es parte de la red de traficantes.
Y se llevan a los migrantes a su casa para ponerlos a trabajar hasta
que pagan lo que se habían comprometido a pagar. Es como una caja de
seguridad. Y hasta que no pagan, no los ponen en libertad”, concluye el
pastor.
Monitoreo del COVID19 en Honduras: 18 de julio del 2020
Por Redacción
Foto: La Tribuna
A continuación les compartimos el
resumen diario de las noticias del Coronavirus en Honduras. Al 18 de
julio se reportan 28,241 casos activos, 891 personas muertas y 3,661
recuperadas, en los 18 departamentos del país.
Para fines de año esperan se tenga vacuna contra el COVID
Para finales de año se contará con
varias vacunas que haga frente a la pandemia del COVID-19, ya que
actualmente hay varias investigaciones con resultados prometedores, pero
el problema que se enfrentará será la distribución de las mismas,
especialmente para los países en vías de desarrollo como Honduras,
indicó el reconocido científico Sir Salvador Moncada. «El actual virus
que se propaga por Latinoamérica es diferente al original que surgió en
China, lo que evidencia que ya tuvo una mutación. La esperanza no es
solo que una vacuna funcione sino que las tres o cuatro que están más
avanzadas funcionen y que tengan características ligeramente distintas,
pero por el momento ya los resultados son bastantes positivos y
alentadores”, expresó el científico hondureño.
INVEST-H recibió diseños plagiados de Hospitales Móviles
Suman y siguen las irregularidades en la
compra de los siete hospitales móviles. La propuesta que el
guatemalteco Axel López envió a Inversiones Estratégicas de Honduras
(INVEST-H), es una copia de la cotización que envió la empresa SDI
Global LLC de Turquía. Los planos tienen los sellos de SDI y fueron
retomados por hospitalesmoviles.com, situación que muestra que desde el
inicio el proceso estuvo viciado y pese a incongruencias, la compra se
realizó.
Cotejan facturas y Documentos Originales en Compra de Hospitales Móviles
Se informó que la coordinadora de la
Oficina Regional de Aduanas, Keydi Navarro, compartirá la información
oficial recibida de INVEST-H con instituciones como el Ministerio
Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA), Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), y otros entes que han estado
desde la llegada de la mercancía, para transparentar el proceso de
desaduanaje de los 78 contenedores correspondientes a los hospitales
móviles.
Por COVID fallece periodista David Romero
Este sábado falleció el periodista David
Romero Ellner, a los 65 años, tras perder la batalla contra el
coronavirus después de permanecer varios días en el Instituto Nacional
Cardiopulmonar ubicado en Tegucigalpa. El pasado sábado sufrió dos paros cardio-respiratorios,
producto de una neumonía, y fue trasladado a la Unidad de Cuidados
Intensivos, donde falleció este día. Falleció en condición de privado de
libertad. Estaba recluido en el anexo de la Penitenciaría Nacional de
Támara, en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería,
sentenciado a 10 años de prisión por seis delitos de difamación y
calumnias en contra de la Abogada Sonia Gálvez.
Cinco personas fallecen por COVID en el IHSS Tegucigalpa
Este sábado se reportó la muerte de
cinco personas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a
causa del COVID-19. Se trata de tres personas del sexo masculino y dos
del femenino. Las cinco víctimas son de la tercera edad. Desde tempranas
horas de este sábado se pudo observar muchas personas buscando atención
médica en el Seguro Social.
Que doten de más equipo a centros de Triaje, pide Carlos Umaña
El presidente de la Asociación de
Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), de San Pedro
Sula, Carlos Umaña, requirió que las salas de triaje sean dotadas con
más equipos de tecnología. “La única alternativa es robustecer centros
de triaje con más tecnología: monitores, laboratorio y rayos X para dar
atención las 24 horas y hospitalización. En San Pedro Sula y Tegucigalpa
han llegado en un punto desesperante en el que los pacientes
severos-moderados de COVID-19 deben ser atendidos en sus casas por falta
de cupos en los hospitales. Se requiere de oxígeno, pero por falta de
cupos no lo tienen. “Hemos recibido llamadas en el que nos dicen que
están con chimbos de oxígenos y siendo tratados por telemedicina, esto
no es posible, muchos de ellos lo van a lograr pero muchos no”, dijo.
“A pura donación siguen viviendo”, dice Doctora Suyapa Sosa
La presidenta de la Asociación de
Médicos del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa, sostuvo que el personal
hospitalario continúa trabajando con pura donación de equipo de
bioseguridad para evitar ser contagiados de coronavirus. “En cuanto al
equipo de bioseguridad, si se logró con unas donaciones conseguir las
máscaras de protección que son mejores para personal de UCI, se espera
con otra donación conseguir para todo el personal”, dijo inicialmente la
doctora. Seguimos viviendo a pura donación de la gente que nos llega
regalar mascarillas, botas, trajes de protección personal. Esto es una
vergüenza que los hospitales tengan que vivir de caridades cuando esto
es una obligación del Gobierno y de la gente que maneja el presupuesto”,
agregó.
Piden adquirir máquina para procesar mayor número de pruebas PCR en el país
“Estamos con mucha preocupación porque
en las unidades de salud no se están haciendo la prueba de diagnóstico o
confirmatoria en tiempo real de PCR. Nos han puesto muchas excusas
ridículas; primero que no había hisopos que son sumamente económicos y
luego que no hay reactivos y también que no existen suficientes
pruebas”, cuestionó el profesional de la medicina. Nos parece que es una
estrategia de la Secretaría de Salud por la alta mora en Laboratorio de
Virología de cuatro mil pruebas sin procesar en refrigeración. Quieren
sacarlas cuando ya las hayan procesado y luego volver a tomar pruebas
con normalidad, pero eso a los médicos nos está afectando. No es cierta
la mortalidad baja que presenta SINAGER, porque los hospitales y
funerarias reportan todos los días una alta tasa de fallecidos. Procedan
a tecnificar al Laboratorio Nacional de Virología con más personal, así
como comprar equipos en Estados Unidos que procese 50 mil pruebas
diarias», dijo Marco Eliud Girón, médico.
Honduras se convierte en puente humanitario para que nicaragüenses regresen a su país
Honduras se convirtió en un puente
humanitario para permitir que un grupo de más de 30 nicaragüenses
varados, desde el inicio de la pandemia en Guatemala, puedan regresar a
su país. Lisandro Vallecillo, portavoz del Instituto Nacional de
Migración (INM), dijo que se hizo el control migratorio a 33 ciudadanos
nicaragüenses que se encontraban varados en el país vecino de Guatemala.
“Honduras como país de tránsito servirá como un puente humanitario
luego que las autoridades de Cancillería realizarán las gestiones a
través de la vía diplomática. De esta manera los nicaragüenses quedaron
varados en ese país y llegaron hace algunos días a la frontera, donde no
se les permitió el ingreso a territorio hondureño por el cierre de
fronteras», dijo Vallecillo.
Listos los cuatro aeropuertos de Honduras para operar en Agosto
Para la primera semana de agosto se
tiene previsto que se reanuden las operaciones en los cuatro aeropuertos
de Honduras. Según el plan los primeros 15 días será solo para vuelos
locales y posteriormente serán los internacionales con algunas
restricciones. Las autoridades aeroportuarias dijeron estar listos con
las medidas de bioseguridad y salud, donde han capacitado al personal y
todo está en manos de SINAGER para que se dé la luz verde e inicien las
operaciones.
Monitoreo del COVID19 en Honduras: 19 de julio del 2020
Por Redacción
Foto: EL PAÍS HN
A continuación les compartimos el
resumen diario de las noticias del Coronavirus en Honduras. Al 19 de
julio se reportan 29,134 casos activos, 900 personas muertas y 3,801
recuperadas, en los 18 departamentos del país.
MP pide asistencia internacional por investigación Hospitales Móviles
El oficial de comunicaciones del
Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que pidieron asistencia jurídica
internacional para seguir las transacciones financieras en el proceso de
compra de siete hospitales móviles por parte de Inversiones
Estratégicas de Honduras (INVEST-H) a un empresario que a su vez los
adquirió en Turquía. «Se ha solicitado asistencia jurídica internacional
que justamente pretende seguir los movimientos de cuenta, a quién le
depositaron, qué bancos y todo lo que pueda surgir de estos pagos
millonarios que se hicieron al proveedor de los hospitales» dijo Mora.
No se descarta que la Fiscalía considere llamar a declarar al empresario
guatemalteco Axel López, quien vendió los siete hospitales a Honduras a
un monto de 48 millones de dólares (1,200 millones de lempiras).
129 muertes reporta el IHSS de Tegucigalpa solo en el mes de Julio
Al menos 129 muertes se reportan en lo
que va del mes de julio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) en Tegucigalpa. Las autoridades dieron cuenta de cinco pacientes
más que perdieron la vida bajo sospechas de COVID-19. Desde el inicio de
la pandemia en el mes marzo este hospital de especialidades reporta
277, 205 hombres y 72 mujeres. El mes de junio se ha presentado como el
más crítico en el IHSS con 137 decesos, sin embargo es el mes de julio
apunta a superar esta cifra.
Jorge Bueso Arias: ¿qué instrucciones le dio JOH a la Ministra de Salud sobre hospitales móviles?
En relación al caso “hospitales
móviles”, el reconocido banquero, Jorge Bueso Arias, pidió ponerle suma
atención a la carta que la ministra de Salud, Alba Flores Consuelo, le
envió al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H),
Marco Bográn para la adquisición del equipo en crisis por pandemia.
Bueso Arias dijo “Mi pregunta clave es ¿qué instrucciones le dio el
presidente Hernández a la señora Ministra de Salud?, porque ella misma
dice, no soy yo, es el presidente. ¿Cómo se explica que el pago de la
compra de los hospitales móviles se haya hecho el mismo día?, dijo.
Marco Bográn pasó por encima del Consejo Directivo en la compra de hospitales móviles
El Consejo Directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), no aprobó la compra de hospitales móviles para atender la emergencia por el COVID-19, aseguró la coordinadora del Gobierno, Martha Doblado. La funcionaria, quien funge como presidenta del Consejo Directivo de Invest-H, declaró
ante fiscales anti-corrupción y la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), y aseguró que no se les informó de la compra.
Veteranos de guerra también pierden la vida por el COVID
Maximiliano Arita, un veterano de guerra
de Nueva Ocotepeque, también es fiscal de la Asociación de Veteranos de
Guerra de Honduras, que actualmente la integran más de 2,200 miembros.
Arita asegura que desde que entró la pandemia a Honduras en el mes de
marzo de 2020, han tenido 67 bajas de veteranos de guerra muertos por el
COVID-19. «La pandemia de COVID nos ha azotado, solo en el comando seis
de San Pedro Sula hay 21 fallecidos y en el comando uno de Tegucigalpa
ya van 24”, relató. En total son 45 veteranos los que han muerto por el
virus.
Tamizaje en Centros de Triaje arroja 50% de positivos
Yolany Batres, encargada de la pandemia
en Francisco Morazán dijo que el trabajo de los centros de triaje evita
que los hospitales colapsen. «El tamizaje que se realiza arroja un 50
por ciento de positividad y por lo general esos pacientes no acuden a
los centros hospitalarios. Muy pronto se pondrá a disposición del
público un quinto centro de triaje, que permitirá seguir acercando los
servicios de salud a la población y evitar de manera eficaz la
saturación de los hospitales del Distrito Central. Se ha atendido a más
de 12 mil pacientes, que se evitó buscaran o acudieran por asistencia
médica a los hospitales del Distrito Central o en San Pedro Sula”.
Este lunes abre centro de triaje en Bazar del Sábado en Tegucigalpa
Todo está listo para que este lunes 20
de julio comience a funcionar el centro de triaje que la empresa privada
y la Alcaldía de Tegucigalpa ponen a disposición de la población en el
bulevar Juan Pablo II, en el local donde opera el Bazar del Sábado. Se
tiene el personal médico y los medicamentos, así como pruebas para
realizar a quienes acudan a evaluación médica con síntomas de COVID.
Fallecen dos Policías: uno en Colón y otro en Cortés por COVID-19
La Secretaría de Seguridad informó que
en las últimas horas falleció el Clase II de la Policía Ángel Alfonso
Bustillo Matute, quien en su trabajo en primera línea contra el
COVID-19, resultó positivo y desde hace varios días estaba ingresado en
un centro asistencial. El agente estaba asignado en la Unidad
Departamental Policial número 2 del departamento de Colón y se informó
que se le dará el ascenso póstumo a Clase III de la Policía. Mientras el
Policía José Manfredo López Dubón, asignado a la Unidad Metropolitana
Policial 2 en San Pedro Sula, falleció también por COVID y fue sepultado
en Dulce Nombre, Copán, de donde era originario.
Tomado Boletín Policía Nacional
Sigue inspección de contenedores que traen Hospitales Móviles en Puerto Cortés
El primer día de inspección física de
los contenedores se revisaron tres módulos y hoy continúan. La
Administración Aduanera entregó documentación de la importación
solicitada al Ministerio Público, las que fueron cotejadas con las
facturas originales y los documentos soporte recibidos por Inversión
Estratégica de Honduras (INVEST-H). «Se van a identificar los módulos
que integran los hospitales móviles que serán instalados tanto en San
Pedro Sula y Tegucigalpa para ser inspeccionados con este orden, al
concluir la inspección se continuará con el procedimiento aduanero y
luego se hará el retiro y traslado para su pronta instalación y
funcionamiento», dice el comunicado de Aduanas. El proceso aduanero se
ejecuta con el acompañamiento del Ministerio Público (MP), Agencia
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), Agencia de Regularización Sanitaria (ARSA) entre
otros.
Enfermeras no irán a paro porque comenzaron a pagarles salarios atrasados
Personal de enfermería que atiende la
emergencia sanitaria por COVID-19 permanecerá en sus labores y no irán a
paro, según dijo Josué Orellana, Presidente de la Asociación Nacional
de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH). «Comenzó
el pago de variables y también del dinero correspondiente a las
vacaciones de junio y julio. Además, se nos informó que las
transferencias monetarias a los hospitales psiquiátricos empezarán en
los próximos días», dijo Orellana.