El capitalismo y su modelo neoliberal siguen en crisis y con el COVID 19 la crisis sanitaria la ha agudizado más. Como el “mercado” no la puede resolver, entonces le corresponde al Estado hacerlo, pero como los neoliberales lo han achicado, tampoco la puede resolver y en el caso de Honduras, la dictadura corrupta y ligada al narcotráfico, tampoco puede resolverla, porque la tienen de rodillas los acreedores y necesita endeudarse más. Entonces es un problema político que el régimen dictatorial no podrá resolver, y como puede sucumbir en su tratamiento, entonces el régimen y los dueños del país se las desquitan con el pueblo trabajador, de ahí la masacre laboral.
La masacre laboral en Honduras es producto de la lucha de clases. Los grandes perdedores con los efectos de la pandemia del COVID 19 somos los que producimos la riqueza del país: los trabajadores asalariados, desempleados, ambulantes, trabajadores del campo, cuentapropistas, campesinos, pequeños y medianos propietarios, etc. Perdemos porque no somos dueños de los principales medios de producción y no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo que enriquece al gran capital.
La mayoría de los grandes empresarios y las transnacionales dueños de los principales medios de producción, que no producen riqueza, no solo no pierden, sino que si saben, como dicen ellos, “hacer de las crisis una oportunidad para ganar más”, y lo vemos en la sobre explotación del trabajo asalariado, en las concesiones en impuestos; en permitirles suspendan contratos de trabajo para no pagar salarios; en arrancarle al Estado más concesiones en el espectro radioeléctrico para Tigo y Claro; en mantenerles vigentes las millonarias exenciones fiscales; en participar del reparto gratuito de tierras del Estado; en recibir crédito bancario concesionado, en privatizarlo y desregularlo todo, con cual se profundiza el atraso y la dependencia del país.
La profundización del modelo neoliberal traerá consigo más explotación, más saqueo, más corrupción, más narcoactividad, más desigualdad social, más violaciones a los Derechos Humanos, y por tanto, la profundización de las contradicciones de clase. Previendo escenarios de resistencia popular, el régimen no solo ha remilitarizado el país, sino que, además, ha emitido un nuevo Código Penal que define esas acciones de defensa de los intereses de clase como: “reuniones ilícitas”, y según art. 553 deberán de ir a prisión. En Honduras, es común que plantones y otras manifestaciones públicas sean infiltradas por los cuerpos de seguridad para criminalizar a quienes protestan; con el nuevo Código Penal, a quienes protesten les aplicaran el art 554 correspondiente a “asociación para delinquir”; el 573 y 574 por provocar “desordenes o perturbación del orden público”; o el 787 de “terrorismo”, mandando a la cárcel a los dirigentes o participantes, y si hay una organización sindical de por medio le podrán quitar su personería jurídica aplicándole el Articulo 112 y obligándola a pagar daños y perjuicios.
La crisis la piensan resolver con más: dictadura, represión, explotación, neoliberalismo. Lo correcto es iniciar un proceso para revertirlo todo, con un aparato de poder popular democratizador y en un proceso de retorno a la unión centroamericana, que debe ser nuestro pensamiento y quehaceres más dignos.
Afirmamos que en Honduras existe una masacre laboral, porque:
La masacre laboral es un hecho, la agudización de lucha de clases también, y llevará a confrontaciones mayores, pero ya tienen listo el Código Penal para criminalizar y judicializar a los que nos oponemos, aumentaran los presos políticos y la colombianización del país matando dirigentes populares. Seguirán con el estado de sitio, con más neoliberalismo y buscaran el continuismo del régimen dictatorial, con el apoyo del imperio gringo que como dijo El libertador Simón Bolívar «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad». Pero no se olviden, la cadena se rompe por el eslabón más débil ¡VIVA LA PATRIA CENTROAMERICANA!
31 de mayo 2020
¡URGENTE! FREDY NÁJERA ADMITE EN NEW YORK QUE TRAFICÓ CON OTROS DROGAS Y ARMAS
- Publicado: 26 Mayo 2020
Durante
las investigaciones realizadas por la DEA en Honduras, se ha
monitoreado reuniones en la Costa Norte del país y en las que
participaron Fabio Lobo, Miguel Pastor, Fredy Nájera y narcotraficantes
del Cartel de Sinaloa, ahí acordaron crear empresas en Puerto Cortés
para el transporte de drogas hacia Estados Unidos, cita este día el
medio digital con sede en New York, Pro Honduras Network.
Pro Honduras Network
EL LIBERTADOR
Washington.
Documentos desclasificados este 25 de mayo de 2020 contienen los
términos en los que Fredy Nájera decidió declararse culpable de los tres
cargos que se le imputan, luego de las disputas y conflictos sostenidos
con su anterior abogado Víctor Rocha.
Dentro
de su declaración de culpabilidad Fredy Nájera acepta haber conspirado
con otros para transportar drogas hacia Estados Unidos, conspiración que
según investigaciones de la Fiscalía para el Distrito Sur de New York
se desarrolló entre el año 2009 y 2014 y en la que participaron
políticos, policías y miembros del Cartel de los Cachiros.
En
los primeros días del mes de junio, tanto la defensa como la fiscalía
deberán presentar sus argumentos y recomendación sobre la sentencia que
Nájera debería enfrentar, posteriormente se desarrollará la audiencia en
la que se fijará su sentencia, la que hasta el momento está programada
para el próximo 23 de junio.
Cabe
señalar que existe documentación dentro del caso de Fredy Nájera
Montoya, que fue presentada anteriormente por la Fiscalía, en la que se
mencionan sobornos dentro del Congreso Nacional de Honduras para
posicionar a Mauricio Oliva como presidente del Poder Legislativo
durante el periodo comprendido entre los años 2014-2018.
Según
dicha documentación Juan Orlando Hernández pagó 20 millones de lempiras
a varios diputados con dinero proveniente del narcotráfico a cambio de
su voto a favor de la candidatura de Oliva.
Adicional
a esto la fiscalía posee conversaciones telefónicas y videos de
reuniones en las que narcotraficantes entre los que se encuentran Devis
Leonel Maradiaga hablan sobre el interés de ubicar al frente del
legislativo a Óscar Nájera para que éste respondiera a sus intereses
dentro de las actividades de narcotráfico.
Durante
las investigaciones realizadas por la DEA en Honduras, se comenzaron a
monitorear reuniones que se desarrollaron en la Costa Norte del país y
en las que participaron Fabio Lobo, Miguel Pastor, Fredy Nájera y
narcotraficantes del Cartel de Sinaloa, en estas reuniones acordaron
crear empresas en Puerto Cortés con el fin utilizarlas para el
transporte de drogas hacia Estados Unidos.
Análisis | Acusaciones desde Nueva York contra “El Tigre” Bonilla”: ¿Qué pasó con la depuración policial?
Por Redacción
Escrito por Mirna Flores, analista senior del CESPAD
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva
York y la DEA en un comunicado del Departamento de Justicia, del jueves
30 de marzo, notificaron que Juan Carlos Bonilla Valladares, alias ¨El
Tigre¨ es acusado en un tribunal federal de conspirar para importar
cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
Las acusaciones recurrentes de policías y
ex policías que han ocupado los más altos rangos y cargos dentro de la
estructura policial de parte de la fiscalía estadounidense ponen en
cuestión los resultados de la depuración policial. Muchos de estos
policías que han sido acusados por la justicia norteamericana,
recibieron certificaciones y ascensos a los más altos rangos de la
estructura policial, o fueron enviados al exterior antes de ser
separados de la institución, la mayoría salieron de la institución por
reestructuración administrativa, sin que se les hiciera una
investigación sustentada que diera lugar a un proceso judicial, si así
lo ameritaba.
Escándalos como el de Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla[1],
pone más dudas sobre un proceso de depuración policial, que ha estado
lleno de enormes falencias y críticas. En este ámbito es importante
considerar que la depuración no se reduce al cambio de unas cúpulas
policiales que son sustituidas por otras por la vía administrativa;
tampoco a la salida masiva de policías de distinto rango por motivos
diversos; siempre están las dudas sobre si salieron todos los que
debían salir; por otra parte, muy pocos – sin tener conflictos de
interés- se arriesgarían a asegurar que desaparecieron todas las
redes de criminalidad que han operado al interior de la policía.
Corrupción y depuración policial
En la acusaciones de la fiscalía de los Estados Unidos queda establecido, que entre aproximadamente 2003 y 2020,
múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras han trabajado con
el apoyo de ciertos funcionarios públicos y personales particulares
prominentes para recibir cargas de toneladas de cocaína enviadas a
Honduras, desde Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y
marítimas, y para transportar las drogas hacia la frontera con Guatemala
y, finalmente, a los Estados Unidos.[2]
Este contexto coloca el problema del apoyo de funcionarios policiales
de todos los rangos, encargados de cumplir la ley, a la delincuencia
organizada, no como un problema pasado, si no como presente.
De acuerdo a las acusaciones formuladas
por la fiscalía estadounidense, Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla, uso su
posición en la policía nacional para favorecer el narcotráfico. El Fiscal
Federal de Manhattan S Berman dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el
ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abuso de sus
cargos en la Policía Nacional de Honduras, para ignorar la ley y
desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de
narcotráfico”[3].
Este caso de “El Tigre” Bonilla, lleva a
replantearse algunas interrogantes que han estado presentes sobre los
resultados, alcance y límites del proceso de depuración policial: ¿Qué
pasó con los mandatos otorgados a la comisión depuradora?, ¿Qué ocurrió
con la investigación criminal y por qué los órganos de justicia que no
actuaron? ¿Por qué la mayoría de los casos de policías investigados,
acusados y enjuiciados por narcotráfico se producen en los tribunales de
justicia estadounidense y no en nuestro país? ¿Se puede hablar de una
verdadera depuración sin enfrentar la corrupción policial?, y, finalmente, ¿Por qué permanecen en la impunidad los casos de policías denunciados que están fuera o dentro de la institución policial?
La Comisión Especial de Depuración y
Transformación de la Policía Nacional fue creada el 12 de abril de 2016 y
estará en funciones hasta enero de 2022. Bonilla fue director policial
de mayo de 2012 hasta 2013. En este caso particular, los depuradores
ante los cuestionamientos y preguntas que se han hecho desde los medios
de comunicación han respondido de la siguiente manera: 1) el expediente
de esta persona no se encontró en ningún archivo y aun cuando está
persona se encontraba en otro país, se procedió a la suspensión y
cancelación de todos los privilegios que habían; 2) la información la
manejaba la policía (no la depuradora) y cuando había indicios de duda,
se procedía vía reestructuración. La Comisión Especial de Depuración
envió 2000 expedientes al Ministerio Público, lamentablemente éste tiene
muchas limitaciones en términos de recursos logísticos; “nosotros no somos investigadores criminales, esa facultad es del Ministerio Público”[4].
Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla en su
defensa ha dicho que las acusaciones que se han vertido en su contra son
falsas y que él salió de la institución por voluntad propia, también
denunció “el ofrecimiento que hizo el Secretario de Seguridad
Julián Pacheco en el año 2016, cuando le pidió que solicitara su retiro
de la policía con la opción de participar de un cargo político y que a
cambio de su renuncia le daría dos millones de lempiras”¨[5]
Estas aseveraciones, sin duda, van en contra del miembro de la
jerarquía del sistema de seguridad de más alto nivel, que forma parte y
encabeza la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la
Policía Nacional.
Las falencias la depuración policial
A partir del caso de Juan Carlos ¨El
Tigre¨ Bonilla y de otros casos de policías enjuiciados por la
Fiscalía Estadounidense, se pueden identificar algunas debilidades
relevantes en el proceso de depuración policial:
- El contexto en que se aprueba una Ley de Depuración de la Policía Nacional y se nombra una Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional obedece tanto a las presiones internas, como externas. El gobierno de Juan Orlando Hernández se vio presionado a aceptar el proceso de depuración debido a los reclamos que se producían frente a los niveles exponenciales de descomposición que exhibía la policía[6]. Por esa motivación de origen, la depuración policial adolece de “voluntad política” para llegar a los niveles más profundos y enfrentar la corrupción policial.
- El gobierno y los depuradores han presentado la depuración en el nivel mediático, como la experiencia “más exitosa” que ha habido para sanear la policía en el país. Sin embargo, la salida masiva de oficiales y policías de diversos rangos no puede ser el indicador único para evaluar los resultados de la depuración policial. Muchos policías fueron certificados y elevados a los rangos más elevados de la estructura policial con el aval de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y luego fueron acusados por vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y otros ilícitos. Ante esto, muchas dudas se ciernen sobre la depuración, entre ellas: ¿Salieron los que debían salir de la institución policial? ¿Se les dieron “opciones” a los policías del más alto rango sobre el mecanismo bajo el cual querían ser “depurados”? ¿Cuántos de los policías certificados todavía forman parte de redes de criminalidad de distinto tipo? ¿Continúan protegiéndose actividades del narcotráfico desde adentro de la institución policial?
- La investigación de policías en manos de policías, es una fuerte debilidad de este proceso, por los enormes conflictos de interés que se producen, lo que ha derivado en expedientes extraviados, que se ocultaron o empapelaron, entre varias acciones irregulares. Aun cuando el Ministerio Público creó la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial con el objetivo de realizar las investigaciones de supuestos policías corruptos y que ha llevado a la judicialización de unos pocos casos, todavía faltan capacidades investigativas, de acción y coordinación entre operadores de justicia, que permitan reducir la impunidad policial.
Descargar: Análisis22 – CESPADAnálisis22 – CESPAD
[1]
El ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Comisionado General en
situación de retiro, Juan Carlos Bonilla fue miembro de la institución
policial durante 30 años y llego a ocupar los más altos cargos dentro
de la estructura institucional.[1] Fue Director General de la Policía
Nacional de 2012 a 2013 durante la administración
del expresidente Porfirio Lobo Sosa y del Secretario de Seguridad
Pompeyo Bonilla, en sustitución de Ricardo Ramírez del Cid. Antes fue
Jefe Regional en Occidente, frontera con Guatemala y El Salvador, una
región estratégica en el paso de la droga. Desde que inició su gestión
como Director de la Policía Nacional, advirtió a los miembros de la
carrera policial que mientras estuviera al frente de la institución se
tendrían que remitir a las pruebas y se le encomendó iniciar con el
proceso de depuración en su gestión. Bonilla fue denunciado por
participar en ejecuciones extrajudiciales y fue absuelto de todos los
cargos. Años después se le inculpó por su supuesta participación en
crímenes de personas que se dedicaba a secuestro En diciembre de 2013 se
anunció su destitución y en su lugar fue nombrado Ramón Sabillón
Pineda. Tras su destitución, Bonilla fue enviado a Colombia como
agregado policial. https://www.elheraldo.hn/pais/
[2] https://www.univision.com/
[3] Comunicado, Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York.
[4] https://www.laprensa.hn/
[5] https://criterio.hn/tigre-
[6]
La aprobación de una Ley de Depuración policial y de la Comisión
Especial de Depuración de la Policía Nacional, tiene como contexto
inmediato el impacto que produjo la publicación de un informe de
investigación presentado en Exclusiva por el periódico El Heraldo,
el 5 de abril de 2016, y luego divulgado por el New York Times,
noticia que recorrió el mundo. El informe revela la conspiración para
ejecutar al zar anti- drogas y titular de la Dirección de Lucha contra
el Narcotráfico (DCLN), General Julián Arístides González, por
órdenes de la cúpula policial, con la participación de mandos
intermedios de la policía nacional. Dos años después en circunstancias
similares -devela el informe-, miembros de esa misma policía
participaron en el asesinato de Alfredo Landaverde, quien fuera asesor
de la policía nacional. En tal contexto, mostrar resultados en el corto
plazo se convirtió en lo más importante.
Publicado el 30 Abril, 2020
El fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman, explicó en un comunicado que Bonilla Valladares jugó un «papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas» y cometió delitos en nombre del exdiputado hondureño Tony Hernandez, condenado, «y de su hermano el presidente», en referencia a Orlando Hernández, entre ellos «el asesinato de un traficante rival».
Ante eso, el miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, recordó que en el año 2016 se instó al general Julián Pacheco Tinoco de cancelar al comisionado de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, “porque creíamos que no era idóneo para continuar en el servicio social, no cumplía el perfil para prestar un servicio”.
Además, de instar al general Pacheco para que cancelara al comisionado Bonilla, “en la Comisión Depuradora, encontramos toda la información en los archivos policiales que pudiesen ser elementos determinantes para que el Ministerio Público iniciara una investigación de cerca de 2 mil oficiales y agentes de la escala básica y auxiliar, en el cual se encontrara algún aspecto que indicara que estuvieran vinculados a un hecho transgresor a la ley”, subrayó el entrevistado.
Ante eso, Rivera en declaraciones a Radio América, afirmó que tales expedientes se le envió al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público y este último, conformó una comisión como la Unidad de Apoyo Fiscal al proceso de Depuración Policial la cual evacuó esa información, aunque algunas las han descartado al creer que no tenían bastante peso y por otras por la cuales ha habido sentencias por la comisión de delitos.
Publicado el 1 Mayo, 2020
“Juan Orlando Hernández y su hermano ‘Tony’, presidiario en Estados Unidos por narcotráfico convirtieron a Honduras en un narco estado”, expresó Vigil.
Según el exjefe de la DEA, la organización criminal liderada por los hermanos Hernández, tráfico aproximadamente unas 200 toneladas de cocaína alrededor de el demarcación del Norte.
Vigil reveló que los cargamentos de narcótico movidos por los Hernández provenían «de venezuela principalmente», y transitaban «por Honduras con destino a méxico, adonde eran entregados al Cartel de Sinaloa y a posteriori esa cocaína entró a los Estados Unidos».
Vigil dijo que estas nuevas acusaciones van a cambiar altamente la relación de Juan Orlando Hernández con los Estados Unidos «porque el Departamento de Estado no va a plantar ese quidam de acusaciones sin poseer pruebas» contundentes.
«En efectividad Hernández fue conspirador, pero no fue querellado formalmente cuando fue sentenciado su hermano, esta imputación yo creo que va a cambiar enormemente la relación entre los Estados Unidos y Honduras y posiblemente el Departamento de Justicia va a percibir acto y casualidad acusará formalmente a Hernández», aseguró
CNE lanza propuesta para asegurar elecciones primarias en fecha estipulada
Tegucigalpa.- La Presidencia del
Consejo Nacional Electoral (CNE), envió este día al Registro Nacional de
las personas una propuesta para la realización de elecciones limpias,
libres y transparentes.
La propuesta es enviada en el marco de la crisis generada por la Pandemia-COVID 19 y ante el grave y evidente retraso del Proyecto Identifícate, para la elaboración del Nuevo Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad, que a esta fecha es causa de alarma, manifiesta la urgencia de conocer con exactitud la propuesta del Registro Nacional de las Personas, para superar este atraso y sus consecuencias, con la finalidad de garantizar como Consejo el ejercicio del voto en las elecciones primarias y generales a celebrarse el domingo 14 de marzo y domingo 28 de noviembre de 2021 respectivamente, manifiesta la carta enviada por Rixi Moncada, consejera presidente del Consejo Nacional Electoral.
La propuesta de nueve puntos destaca ratificar la disposición inclaudicable del CNE de cumplir con la realización de las elecciones primarias que serán convocadas el domingo 13 de septiembre de 2020, para su realización el domingo 14 de marzo de 2021, así como con la convocatoria para elecciones generales el jueves 27 de mayo de 2021 y su realización el domingo 28 de noviembre de 2021.
Además ofrece el total apoyo al Registro Nacional de las Personas, y al mismo tiempo demanda el cumplimiento del Proyecto Identifícate, con la elaboración del nuevo Censo Nacional Electoral y la emisión y entrega de la nueva tarjeta de identidad, en las fechas que manda la ley, para que el CNE pueda cumplir con el cronograma electoral previsto.
Por ley, el próximo mes de agosto el CNE debe recibir del RNP el Censo Nacional Electoral Provisional para remitirlo a exhibición en todos los registros municipales, a partir del martes 15 de septiembre de 2020.
La falta de estos dos documentos públicos electorales (Identidad y Censo) dentro de las fechas previstas, obligan al CNE a exigir en detalle el Plan alterno que implementará el Registro Nacional de las Personas. Así como la recalendarización del Proyecto Identifícate, para la realización de los procesos electorales limpios y libres de corrupción y fraudes
Otro numeral manifiesta que debido al retraso anunciado, y de acuerdo con la respuesta e información que remita el Registro Nacional de las Personas se dirigirá al Congreso de la República, una iniciativa de Ley Especial para regular los plazos aplicables al Nuevo Censo Nacional Electoral, los Listados Electorales y la Nueva tarjeta de identidad, para asegurar su aplicación y vigencia en el proceso electoral primario, sin perjuicio del avance, la discusión y aprobación de la Ley Electoral.
Moncada señala que se debe implementar el voto electrónico al menos en 20 ciudades de todo el país, que representan una carga electoral aproximada de 3,049 534 votantes, y en el resto del país donde se den las condiciones de conectividad para ejercer el sufragio desde un teléfono comunitario o celular personal, proporcionado por el Estado. Asimismo, definir mecanismos especiales de votación y escrutinio electrónico y una mayor cantidad de cabañas do votación en los departamentos quo sea posible, previo en proceso de licitación Pública Internacional
Asimismo, se debe condicionar la Huella Dactilar como medida de verificación y validación de la identidad do cada votante. Esta solución implica Ia instalación de equipos capta huellas en todos los Centros de votación, dispongan estos o no de servicio de Internet
El documento señala que se deben readecuar a las condiciones de emergencia nacional, los 28 proyectos electorales en proceso de sistematización bajo la coordinación de la Unidad de Planteamiento y Evaluación de la Gestión. El Proyecto de capacitación y educación cívica, deberá plantearse por medios virtuales y excepcionalmente donde se requiera, con las medidas de bioseguridad necesarias, do forma presencial.
Además, integrar sin más retrasos Ia Unidad para las Compras y Contrataciones Electorales con vigencia transitoria, así como las direcciones y demás áreas de trabajo, contenidas en Ia nueva estructura orgánica aprobada el 1 de noviembre de 2019 y sus modificaciones Es impostergable el inicio de Ia preparación do los procesos, de acuerdo con 13 política institucional adoptada también el 1 de noviembre de 2019 y las nuevas exigencias y condiciones do los mercados, debido a los efectos del COVID-19.
Recomienda iniciar de manera inmediata el proceso de preparación para licitar pública e internacionalmente, tal como se aprobó el 28 de febrero 2020. un Sistema propiedad del Consejo Nacional Electoral para el Escaneo, Transmisión y divulgación simultánea de los resultados electorales, desde cada domicilio Mesa o Junta Receptora do Votos, hasta los servidores del Consejo y los Partidos políticos, en el orden siguiente: 1°. Nivel Presidencial. 2°. Nivel de Diputados y 3°. Nivel de Corporación Municipal
Ta,bién apunta que se deben girar instrucciones a la dirección Administrativa y Financiera (DAF), para que proceda de inmediato a reelaborar el AnteProyecto de Presupuesto, que incluya todas estas disposiciones, para lo cual tendrá un término no prorrogable de 10 días calendario, en virtud de que el Anteproyecto de Presupuesto Elecciones Primarias 2021 en situación normal está elaborado desde el 6 de diciembre de 2019.
El AnteProyecto debe armonizarse con la Unidad de Planeación Seguimiento y Control de Proyectos o incluir un análisis comparativo rubro por rubro con el Presupuesto ejecutado en elecciones primarias 2017, como se solicitó mediante resolución aprobada el 9 de enero de 2020. Los pasivos heredados del Tribunal Supremo Electoral deben también incorporarse en su totalidad y adicionalmente remitir Ia liquidación presupuestaria de las elecciones primarias y generales 2017.
Finalmente instar la aprobación de Ia Ley Electoral y Ia Ley Procesal sobre Justicia Electoral, delimitando las competencias específicas, una vez agotada la instancia administrativa en el Consejo Nacional Electoral, conservando la intangibilidad de Ia Ley Especial para el Nombramiento y Selección de Autoridades Electorales Atribuciones. Competencias y Prohibiciones.
La propuesta es enviada en el marco de la crisis generada por la Pandemia-COVID 19 y ante el grave y evidente retraso del Proyecto Identifícate, para la elaboración del Nuevo Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad, que a esta fecha es causa de alarma, manifiesta la urgencia de conocer con exactitud la propuesta del Registro Nacional de las Personas, para superar este atraso y sus consecuencias, con la finalidad de garantizar como Consejo el ejercicio del voto en las elecciones primarias y generales a celebrarse el domingo 14 de marzo y domingo 28 de noviembre de 2021 respectivamente, manifiesta la carta enviada por Rixi Moncada, consejera presidente del Consejo Nacional Electoral.
La propuesta de nueve puntos destaca ratificar la disposición inclaudicable del CNE de cumplir con la realización de las elecciones primarias que serán convocadas el domingo 13 de septiembre de 2020, para su realización el domingo 14 de marzo de 2021, así como con la convocatoria para elecciones generales el jueves 27 de mayo de 2021 y su realización el domingo 28 de noviembre de 2021.
Además ofrece el total apoyo al Registro Nacional de las Personas, y al mismo tiempo demanda el cumplimiento del Proyecto Identifícate, con la elaboración del nuevo Censo Nacional Electoral y la emisión y entrega de la nueva tarjeta de identidad, en las fechas que manda la ley, para que el CNE pueda cumplir con el cronograma electoral previsto.
Por ley, el próximo mes de agosto el CNE debe recibir del RNP el Censo Nacional Electoral Provisional para remitirlo a exhibición en todos los registros municipales, a partir del martes 15 de septiembre de 2020.
La falta de estos dos documentos públicos electorales (Identidad y Censo) dentro de las fechas previstas, obligan al CNE a exigir en detalle el Plan alterno que implementará el Registro Nacional de las Personas. Así como la recalendarización del Proyecto Identifícate, para la realización de los procesos electorales limpios y libres de corrupción y fraudes
Otro numeral manifiesta que debido al retraso anunciado, y de acuerdo con la respuesta e información que remita el Registro Nacional de las Personas se dirigirá al Congreso de la República, una iniciativa de Ley Especial para regular los plazos aplicables al Nuevo Censo Nacional Electoral, los Listados Electorales y la Nueva tarjeta de identidad, para asegurar su aplicación y vigencia en el proceso electoral primario, sin perjuicio del avance, la discusión y aprobación de la Ley Electoral.
Moncada señala que se debe implementar el voto electrónico al menos en 20 ciudades de todo el país, que representan una carga electoral aproximada de 3,049 534 votantes, y en el resto del país donde se den las condiciones de conectividad para ejercer el sufragio desde un teléfono comunitario o celular personal, proporcionado por el Estado. Asimismo, definir mecanismos especiales de votación y escrutinio electrónico y una mayor cantidad de cabañas do votación en los departamentos quo sea posible, previo en proceso de licitación Pública Internacional
Asimismo, se debe condicionar la Huella Dactilar como medida de verificación y validación de la identidad do cada votante. Esta solución implica Ia instalación de equipos capta huellas en todos los Centros de votación, dispongan estos o no de servicio de Internet
El documento señala que se deben readecuar a las condiciones de emergencia nacional, los 28 proyectos electorales en proceso de sistematización bajo la coordinación de la Unidad de Planteamiento y Evaluación de la Gestión. El Proyecto de capacitación y educación cívica, deberá plantearse por medios virtuales y excepcionalmente donde se requiera, con las medidas de bioseguridad necesarias, do forma presencial.
Además, integrar sin más retrasos Ia Unidad para las Compras y Contrataciones Electorales con vigencia transitoria, así como las direcciones y demás áreas de trabajo, contenidas en Ia nueva estructura orgánica aprobada el 1 de noviembre de 2019 y sus modificaciones Es impostergable el inicio de Ia preparación do los procesos, de acuerdo con 13 política institucional adoptada también el 1 de noviembre de 2019 y las nuevas exigencias y condiciones do los mercados, debido a los efectos del COVID-19.
Recomienda iniciar de manera inmediata el proceso de preparación para licitar pública e internacionalmente, tal como se aprobó el 28 de febrero 2020. un Sistema propiedad del Consejo Nacional Electoral para el Escaneo, Transmisión y divulgación simultánea de los resultados electorales, desde cada domicilio Mesa o Junta Receptora do Votos, hasta los servidores del Consejo y los Partidos políticos, en el orden siguiente: 1°. Nivel Presidencial. 2°. Nivel de Diputados y 3°. Nivel de Corporación Municipal
Ta,bién apunta que se deben girar instrucciones a la dirección Administrativa y Financiera (DAF), para que proceda de inmediato a reelaborar el AnteProyecto de Presupuesto, que incluya todas estas disposiciones, para lo cual tendrá un término no prorrogable de 10 días calendario, en virtud de que el Anteproyecto de Presupuesto Elecciones Primarias 2021 en situación normal está elaborado desde el 6 de diciembre de 2019.
El AnteProyecto debe armonizarse con la Unidad de Planeación Seguimiento y Control de Proyectos o incluir un análisis comparativo rubro por rubro con el Presupuesto ejecutado en elecciones primarias 2017, como se solicitó mediante resolución aprobada el 9 de enero de 2020. Los pasivos heredados del Tribunal Supremo Electoral deben también incorporarse en su totalidad y adicionalmente remitir Ia liquidación presupuestaria de las elecciones primarias y generales 2017.
Finalmente instar la aprobación de Ia Ley Electoral y Ia Ley Procesal sobre Justicia Electoral, delimitando las competencias específicas, una vez agotada la instancia administrativa en el Consejo Nacional Electoral, conservando la intangibilidad de Ia Ley Especial para el Nombramiento y Selección de Autoridades Electorales Atribuciones. Competencias y Prohibiciones.
Oposición cierra filas ante utilización política de la pandemia
mayo 7, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. El pánico tras la denuncia de anulación de los comicios electorales en Honduras, ya comienza a ser un tema de discusión en la agenda de la clase política hondureña.
La alerta sobre un plan orquestado desde la titularidad del Poder Ejecutivo para prolongar un tercer periodo de presidencial al mandatario hondureño, Juan Hernández aprovechando la crisis sanitaria por el Covid-19, ha sacado del confinamiento la política electoral.
Luego de la denuncia del director del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), la intranquilidad por la cancelación de las elecciones ha venido adquiriendo a través de las redes sociales un rechazo unificado entre las principales figuras de la oposición y del oficialismo.
En las últimas horas el tema ha acaparado la atención de la agenda mediática en el país, donde en un acento reaccionario, los principales representantes de corrientes partidarias al interior del Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional, han cerrado filas contra la utilización política de la pandemia.
Precisamente, el diputado del partido LIBRE, Jorge Cálix, ha alertado sobre la existencia de una estrategia para anular las elecciones maquinada mediante una iniciativa de ley propuesta a través del Congreso Nacional propuesta desde la bancada de nacionalista.
“Existe un ante proyecto de ley en gestación” por lo que “no es un rumor, es una intención de parte de un sector del Partido Nacional que Juan Orlando Hernández se entronice en la silla presidencial”, confirmó Cálix, quien entre líneas destacó que el ante proyecto reeleccionista sería presentado en el Congreso Nacional por las congresistas nacionalistas Johana Bermúdez y Valeska Zelaya.
Por su parte, el secretario de Libre, Carlos Eduardo Reina, ha cuestionado la utilización de la pandemia con fines políticos que, sobre todo, está siendo impulsada por las corrientes políticas afines al actual gobernante.
Al respecto, las voces adversas al “orlandismo” han expresado su descontento contra una posible nulidad de las elecciones primarias y generales, dejando entrever la división legislativa que tendría del Congreso frente una iniciativa de ley que busque una intentona continuista.
En un tono sumamente cauteloso pero seguro, el diputado nacionalista Reynaldo Ekonomo, expresó su rechazo. “Como diputado, desde el Congreso no podemos permitir cualquier intención que tenga cualquier diputado para cancelar las elecciones primarias”.
Las declaraciones de la también figura de la corriente nacionalista “Salvemos Honduras”, no alcanzaron a precisar los nombres de los autores intelectuales que conspiran para frustrar la “fiesta democrática” programada para el próximo 13 de marzo de 2021. No obstante, dijo a los verdugos del voto: “no traten aquellos políticos que son buenos para hacer cálculos matemáticos, que se reúnen en oscuro y deciden el futuro a veces del partido de Honduras”.
Compartiendo el tono cauteloso de su correligionario, el Secretario del Partido Nacional, Mario Pineda, aseguró que al interior del nacionalismo existe una absoluta garantía para la realización de las elecciones. Además, Pineda se muestra optimista confiando en que los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) puedan enfrentar cualquier intento que pretenda suspender las elecciones.
Pero las opiniones políticas de los líderes de la estrella solitaria han sido interpretadas por el representante liberal, Enrique Ortez Sequeira, como una posición ingenua teniendo en cuenta que la institucionalidad hondureña ha demostrado ser insuficiente para contener ilegalidades como la reelección presidencial consumada en 2017 mediante la conjugación de estrategias político legales.
El también exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), analiza que la institucionalidad propia del CNE es insuficiente para contener una segunda reelección presidencial que, según calcula, no necesariamente puede ser orquestada desde el poder Legislativo.
A criterio de Ortez, la intención de aplazar el calendario electoral usando el Covid-19 como un instrumento político, tiene punto de partida en un supuesto informe redactado por el asesor político venezolano, JJ Rendon, quien sugiere a Hernández crear pánico y confusión entre la población hondureña apelando a la crisis sanitaria y así relegar la organización de las elecciones a un segundo plano.
Cabe recordar que Rixi Moncada, titular del CNE, en un acto de poner punto final al debate, explicó en su momento que como órgano electoral apelarán a todo los medios necesarios para la realización del proceso electoral.
En otro sentido, los analistas de la oposición también han conjeturado la denuncia del retraso de las elecciones en un momento en que las acusaciones de la justicia estadunidense contra el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, han salpicado al mandatario hondureño. De acuerdo a la oposición, lo anterior plante un panorama adverso a Hernández, de donde solo puede salir a flote aferrándose al poder.
El martes pasado durante la habitual cadena nocturna, rodeado de las cúpulas militares y policiales, Juan Hernández, se defendió con un mensaje peculiar. Ante los señalamientos por su intención continuista, dijo a sus adversarios “buscar quehacer”.
En el actual panorama, el retraso de la institucionalidad hondureña por el Covid-19, también ha obstruido temas pendientes del proceso de las reformas electorales.
Entre ellos, la actualización del censo electoral, la aprobación de la segunda vuelta electoral y la inclusión del voto electrónico que, según organizaciones de la sociedad civil, son aspectos que constituyen una condición necesaria para dejar en el pasado “las elecciones estilo Honduras”.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. El pánico tras la denuncia de anulación de los comicios electorales en Honduras, ya comienza a ser un tema de discusión en la agenda de la clase política hondureña.
La alerta sobre un plan orquestado desde la titularidad del Poder Ejecutivo para prolongar un tercer periodo de presidencial al mandatario hondureño, Juan Hernández aprovechando la crisis sanitaria por el Covid-19, ha sacado del confinamiento la política electoral.
Luego de la denuncia del director del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), la intranquilidad por la cancelación de las elecciones ha venido adquiriendo a través de las redes sociales un rechazo unificado entre las principales figuras de la oposición y del oficialismo.
En las últimas horas el tema ha acaparado la atención de la agenda mediática en el país, donde en un acento reaccionario, los principales representantes de corrientes partidarias al interior del Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional, han cerrado filas contra la utilización política de la pandemia.
Precisamente, el diputado del partido LIBRE, Jorge Cálix, ha alertado sobre la existencia de una estrategia para anular las elecciones maquinada mediante una iniciativa de ley propuesta a través del Congreso Nacional propuesta desde la bancada de nacionalista.
“Existe un ante proyecto de ley en gestación” por lo que “no es un rumor, es una intención de parte de un sector del Partido Nacional que Juan Orlando Hernández se entronice en la silla presidencial”, confirmó Cálix, quien entre líneas destacó que el ante proyecto reeleccionista sería presentado en el Congreso Nacional por las congresistas nacionalistas Johana Bermúdez y Valeska Zelaya.
Por su parte, el secretario de Libre, Carlos Eduardo Reina, ha cuestionado la utilización de la pandemia con fines políticos que, sobre todo, está siendo impulsada por las corrientes políticas afines al actual gobernante.
Al respecto, las voces adversas al “orlandismo” han expresado su descontento contra una posible nulidad de las elecciones primarias y generales, dejando entrever la división legislativa que tendría del Congreso frente una iniciativa de ley que busque una intentona continuista.
En un tono sumamente cauteloso pero seguro, el diputado nacionalista Reynaldo Ekonomo, expresó su rechazo. “Como diputado, desde el Congreso no podemos permitir cualquier intención que tenga cualquier diputado para cancelar las elecciones primarias”.
Las declaraciones de la también figura de la corriente nacionalista “Salvemos Honduras”, no alcanzaron a precisar los nombres de los autores intelectuales que conspiran para frustrar la “fiesta democrática” programada para el próximo 13 de marzo de 2021. No obstante, dijo a los verdugos del voto: “no traten aquellos políticos que son buenos para hacer cálculos matemáticos, que se reúnen en oscuro y deciden el futuro a veces del partido de Honduras”.
Compartiendo el tono cauteloso de su correligionario, el Secretario del Partido Nacional, Mario Pineda, aseguró que al interior del nacionalismo existe una absoluta garantía para la realización de las elecciones. Además, Pineda se muestra optimista confiando en que los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) puedan enfrentar cualquier intento que pretenda suspender las elecciones.
Pero las opiniones políticas de los líderes de la estrella solitaria han sido interpretadas por el representante liberal, Enrique Ortez Sequeira, como una posición ingenua teniendo en cuenta que la institucionalidad hondureña ha demostrado ser insuficiente para contener ilegalidades como la reelección presidencial consumada en 2017 mediante la conjugación de estrategias político legales.
El también exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), analiza que la institucionalidad propia del CNE es insuficiente para contener una segunda reelección presidencial que, según calcula, no necesariamente puede ser orquestada desde el poder Legislativo.
A criterio de Ortez, la intención de aplazar el calendario electoral usando el Covid-19 como un instrumento político, tiene punto de partida en un supuesto informe redactado por el asesor político venezolano, JJ Rendon, quien sugiere a Hernández crear pánico y confusión entre la población hondureña apelando a la crisis sanitaria y así relegar la organización de las elecciones a un segundo plano.
Cabe recordar que Rixi Moncada, titular del CNE, en un acto de poner punto final al debate, explicó en su momento que como órgano electoral apelarán a todo los medios necesarios para la realización del proceso electoral.
En otro sentido, los analistas de la oposición también han conjeturado la denuncia del retraso de las elecciones en un momento en que las acusaciones de la justicia estadunidense contra el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, han salpicado al mandatario hondureño. De acuerdo a la oposición, lo anterior plante un panorama adverso a Hernández, de donde solo puede salir a flote aferrándose al poder.
El martes pasado durante la habitual cadena nocturna, rodeado de las cúpulas militares y policiales, Juan Hernández, se defendió con un mensaje peculiar. Ante los señalamientos por su intención continuista, dijo a sus adversarios “buscar quehacer”.
En el actual panorama, el retraso de la institucionalidad hondureña por el Covid-19, también ha obstruido temas pendientes del proceso de las reformas electorales.
Entre ellos, la actualización del censo electoral, la aprobación de la segunda vuelta electoral y la inclusión del voto electrónico que, según organizaciones de la sociedad civil, son aspectos que constituyen una condición necesaria para dejar en el pasado “las elecciones estilo Honduras”.
Escrito por Mirna Flores, analista senior del CESPAD
28 de abril, 2020
El coronavirus Covid-19 ha desembocado
en una crisis sanitaria, económica y social global sin precedentes.
En el caso de Honduras, además, amenaza con coexistir con un fenómeno
tan complejo como es la corrupción, cada vez menos tolerada por la
ciudadanía, pero alimentada por un Pacto de Impunidad. En el contexto
de la pandemia, la corrupción e impunidad tienen consecuencias
desastrosas, disminuyen la capacidad de respuesta del Estado a la
crisis, dejan por fuera del acceso a los recursos a los sectores
socialmente más vulnerables y ponen en riesgo la vida de las personas.
La coexistencia COVID 19 con la corrupción puede ser devastadora
En el gobierno de Juan Orlando
Hernández, en el marco de la crisis que se ha generado ante la rápida
expansión del coronavirus, se han adoptado una serie de medidas para
acceder a fondos del presupuesto nacional, de los organismos financieros
multilaterales y la cooperación internacional bilateral para hacer
frente a la pandemia, estas dos últimas fuentes implicaran un
crecimiento enorme endeudamiento externo. Por el momento, los recursos
públicos que están actualmente siendo ejecutados no se están viendo
reflejados en la atención sanitaria, tampoco en políticas sociales
dirigidas a los sectores más afectados, y lo más grave aún, están siendo
usados con poca transparencia. Son diversos los sectores y
organizaciones de la sociedad civil las que han salido al paso para
denunciar las acciones de corrupción que se están gestando y
desarrollando en el contexto de la crisis humanitaria que estamos
viviendo.
El Foro Social de la Deuda Externa
(FOSDEH) ha advertido que una cantidad extraordinaria de recursos de más
de 80 mil millones de lempiras, estarán a disposición del gobierno en
los próximos meses, esto a costa de un alto endeudamiento[1].
También ha denunciado que en el tiempo que va de la emergencia, ya han
aflorado acciones irregulares de cotizaciones y compras
sobrevaloradas, y que la secretividad con que se ejecutan los fondos
impide la transparencia.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
por su parte, también ha colocado la corrupción como tema prioritario
en la crisis Covid-19. En el informe titulado: “Corrupción en tiempos de Covid 19, parte 1”[2],
establece que unos 3.6 millones de lempiras fue el perjuicio en la
compra de guantes y mascarillas sobre el valor del precio real realizado
por la Secretaría de Salud (SESAL). El CNA ha denunciado otras
irregularidades, ejemplo, ha encontrado que, en torno a la emergencia,
los hijos y amigos de altos funcionarios del gobierno están acaparando
negocios y consiguiendo contratos de emergencia.
La ineficiencia gubernamental ha sido puesta a prueba con las demandas y reclamos de médicos y trabajadores de la salud
Médicos y trabajadores de la salud han
desnudado la realidad que vive el sistema sanitario en el país,
cuestionando la falta de dotación de recursos para atender la pandemia,
han demandado la adecuación de instalaciones para atender la emergencia,
equipo de protección personal y dotación de suministros médicos esenciales.
Honduras tiene una de las tasas de
letalidad más altas por Covid-19, lo que se relaciona con el reducido
número de pruebas aplicadas para detectar el virus. Médicos
especialistas estiman que tomando de referencia las cifras oficiales, de
10 personas que contraen el virus 1 persona muere, situación que se
puede agravar con el colapso del sistema sanitario, que se produciría
cuando no se tenga la capacidad de atender y brindar la atención
requerida a los afectados por el virus.[3]
Las muestras de las debilidades del
sistema sanitario y la falta de capacidad del gobierno de responder
eficazmente a la pandemia han sido expuestas de manera reiterada por los
médicos y trabajadores de la salud, a manera de ejemplo:
- El 12 de marzo, mientras los médicos especialistas expresaban su preocupación frente a las calamidades del sistema de salud, el gobierno manifestaba que estaba preparado para enfrentar el coronavirus Covid 19. El ex ministro de Salud, Carlos Aguilar, expresaba públicamente su preocupación por la capacidad sanitaria que tenía el país para atender la pandemia, a su criterio, Honduras debía enfocarse en dos aspectos: el primero era la preparación y la difusión ante la sociedad hondureña de cómo debía prepararse para prevenir y enfrentar el contagio; el segundo era dotar a los hospitales de insumos, de recurso humano para atender a pacientes contagiados, en forma expedita y oportuna. Advertía de manera enfática sobre la situación calamitosa en que se encuentran los centros hospitalarios con el desabastecimiento de medicamentos, equipos en mal estado e infraestructura en precarias condiciones.[4] Ese mismo día la Ministra de Salud, Lic. Alba Consuelo Flores, decía que Honduras estaba preparada. Afirmaba que el Gobierno estaba preparado con las medidas, el equipamiento y el presupuesto necesario para enfrentar el Covid-19 si este llegara a Honduras. Recordó que “el Gobierno ya había asignado un presupuesto de más 110 millones de lempiras” y que se asignarían más recursos de ser necesario. Añadió: “tenemos la capacidad del personal para procesar las muestras y los reactivos y esta semana vendrán más lotes”.[5]
- El 31 de marzo, la presidenta del Colegio Médico (CMH) interpelaba al gobierno públicamente, preguntando: ¿dónde está el equipo biomédico e insumos de bioseguridad para el personal de salud, para atender la emergencia por el coronavirus (Covid-19). La Dra. Figueroa denunciaba que las mascarillas N-95 y los trajes especiales para prevenir la pandemia no llegaban a los médicos y trabajadores de la salud, en cambio sí les llegaba a bomberos, militares, policías y hasta a los elementos de la Dirección de Investigación Policial (DPI). “El personal de la salud, que es quien está en riesgo inminente al contagio, y está desprotegido”. “Nosotros estamos comprando las mascarillas y los insumos con nuestro propio dinero”[6]
- El 17 de abril, la Dra. Suyapa Sosa, jefa de los médicos del Hospital del Tórax, reconocía no haber visto los más de cuatro millones que decía el gobierno que invirtió en el Instituto Nacional del Tórax. «Es cierto que se reacondicionó una bodeguita, que según el personal de mantenimiento lo más que se gastaba eran unos 40 mil lempiras y además se construyeron unas tres clínicas de aluminio en la entrada del hospital, junto a un edificio que fue donado para enfermería por la cooperación japonesa desde hace unos años. También donaron un tanque para almacenar agua, pero no se proporcionó la tubería para su respectiva instalación, lo que se logró instalar gracias a donaciones de algunas personas. Ha habido algunas donaciones de camas y un equipo desechable, pero no son grandes cantidades, llevaron unos ventiladores que llegaron incompletos, sin los cables y que no los han usado porque eso no es lo que se necesita para los pacientes graves¨.[7]
- El 16 de abril. Momentos después de que los funcionarios de gobierno hacían la presentación de los logros del combate a la pandemia, en cadena nacional, los médicos de la Central Médica de Intervención Rápida de San Pedro Sula, planteaban que estaban ante el colapso de los hospitales Mario Catarino Rivas y del Leonardo Martínez por falta de respiradores mecánicos y también pedían los insumos para poder hacer testeos para determinar el nivel real de contagio. «Nos dijeron que ya no enviemos pacientes al hospital Mario Catarino Rivas y al Leonardo Martínez»,[8] no voy a decir el nombre del funcionario porque seguro que lo despedirán, dijo uno de los médicos.
- El 17 de abril. El director del Seguro Social del IHSS en San Pedro Sula advertía que se estaban haciendo pocas pruebas para detectar el virus, por lo que las cifras oficiales no reflejan la cantidad de contagios y muertes que se están produciendo. El retraso en las pruebas genera retraso en la toma de decisiones en el sistema de salud, y distorsiona la magnitud del problema porque la población se confía al pensar que sólo tenemos unos cuantos casos.
- El 21 de abril. Nuevamente el Director del Seguro Social en San Pedro Sula, expresaba de manera alarmante, que de mantenerse esta tendencia la capacidad instalada colapsaría para atender a todos los pacientes en los meses de mayo y junio, que son los meses que se esperan sean los más críticos en esta pandemia. “Actualmente con la cantidad de casos actuales, la unidad de cuidados intensivos del IHSS tiene un 90% de ocupación”. Además de este problema, está la insuficiencia de personal. “La falta de manos para atender a los afectados es otro talón de Aquiles al enfrentar la enfermedad”. En ciudades como San Pedro Sula solo hay seis médicos especializados en el manejo de unidades de cuidados intensivos y del personal de enfermería, estima que solo en el IHSS hacen falta aproximadamente 100 profesionales. El problema aumenta con el miedo y la estigmatización de las personas afectadas por el virus, lo que ha hecho renunciar a muchas personas.[9]
En suma, las falencias del sistema
sanitario y debilidades en la capacidad gubernamental para enfrentar la
pandemia han sido desnudadas por los médicos y trabajadores de la salud.
A esto se suma la corrupción, fenómeno enraizado en el país, sobre todo
en las adquisiciones del sector salud y en obras públicas. Nada más hay
que recordar los casos emblemáticos de corrupción como el saqueo que
sufrió el Seguro Social, que derivó en el movimiento de los indignados.
Descargue: Análisis17 – CESPAD
[1] Burdett, Mauricio. https://tiempo.hn/fosdeh-
[3]Vídea Omar, especialista en Medicina Interna. En https://tiempo.hn/internista-
[4] http://www.radioamerica.hn/
21/05/2020
A los 20 años Carmen González se casó con José, hombre que juró amarla y respetarla por sobre todas las cosas. Carmen nunca imaginó que esa promesa se la llevaría el viento y que a pocos meses de casados, la imagen de hogar feliz cambiaría gracias a los gritos, regaños y acusaciones de infidelidades por parte de su pareja.
Carmen es originaria del municipio de Morocelí, El Paraiso, zona oriental de Honduras, provine de una familia pobre. Desde muy pequeña sus padres se desplazaron a la capital de Honduras, Tegucigalpa, de niña tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar, con mucho esfuerzo culminó la primaria y secundaria, pero la universidad fue un sueño sin cumplir.
Ahora Carmen tiene 50 años, han pasado 30 años de matrimonio en los que procreó tres hijos con José con quien ha tenido una relación llena de agresiones, Carmen cuenta que el principal pecado que cometió fue contarle a su esposo que, antes de casarse tuvo relaciones sexuales, a partir de ello su esposo comenzó una serie de insultos y acusaciones en su contra.
“En varias ocasiones me dijo que no salía a la calle conmigo porque no sabía con cuántos hombres me había acostado. Me decía que él había sido el único tonto que se juntó con una puta”, recuerda Carmen con la voz quebrada por el llanto.
A raíz de las agresiones, José y Carmen se separaron, ella al relatar la ruptura arrastra recuerdos dolorosos. Carmen hace pausas, respira, intenta mantener las lágrimas, pero todo vuelve a su cabeza, el dolor en cuerpo y alma están intactos aún.
Carmen sabe que la excusa para no separarse desde hace años eran sus hijos. Su esposo no permitió que trabajara, sentía que no podía criar solo a tres hijos. “Me propuse que mis hijos debían graduarse de la universidad, allí donde yo nunca llegué”, contó Carmen.
José es un hombre agresivo, Carmen recuerda que en una ocasión José agredió a su madre. “Su mamá es una anciana, debíamos bañarla, darle de comer, asearla y hacer todo por ella. Yo tengo problemas de columna, pedí a mis hijos y a él que me ayudaran a llevarla al baño. Él la levantó y sin intención la señora le arañó la espalda, inmediatamente él le gritó y la golpeó. Quedé helada, paralizada, le grité no seas animal, es tu madre, pero él se justificó diciendo que ella lo había arañado”. Ese fue el momento que motivó a Carmen a dejar a José, “me dije, no puedo seguir con ese hombre, si golpea a su madre, qué no me hará más adelante, puedo morir”.
De acuerdo a datos del Ministerio Público en el año 2019 se procesaron más de diez mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional, mismas que fueron trasladadas a los Juzgados de Familia.
La dirigente feminista, integrante de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, Cristina Alvarado asegura que la violencia de género en las familias ha sido una constante histórica en el país.
Alvarado afirma que esta realidad se ha agudizado en la crisis sanitaria que vive el mundo producto del Covid-19. “La pandemia solo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres producto de las violencias en sus hogares, esto ha sido denunciado desde hace años por las organizaciones feministas y de mujeres”, dijo Cristina.
Lea también.
Datos del Ministerio Público dicen que durante el confinamiento solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula (las ciudades más importantes del país), se reciben de 15 a 20 denuncias diarias por violencia doméstica, de las cuales al menos 4 personas son detenidas por las autoridades.
Por otra parte, cifras de la Secretaría de Seguridad, indican que en los últimos 3 meses el Sistema de Emergencia 911 en Honduras registró más de 23 mil llamadas a nivel nacional de mujeres pidiendo auxilio porque estaban siendo víctimas de agresiones en manos de sus esposos.
Desde mediados de marzo, Honduras declaró estado de emergencia por la presencia del COVID-19, lo que ha paralizado la labor en el sector público y privado. Los juzgados a nivel nacional funcionan a medio gas, a pesar que las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar se han incrementado según el registro de llamadas del sistema de emergencia 911.
En el mes de marzo las autoridades reportaron 7,697 denuncias de violencia doméstica, en esos primeros 15 días del “quédate en casa” que corresponde del 15 al 30 de Marzo recibieron 4,245 denuncias de las cuales 2451 son por violencia doméstica y 1794 por violencia intrafamiliar”.
**************************
Así como Carmen muchas mujeres toman la decisión de separarse de sus parejas, incluso interponen denuncias ante los órganos judiciales, las víctimas acuden a la justicia para evitar ser asesinadas por el agresor.
Cristina Alvarado dice que esa tipificación del castigo al agresor es un error, porque al permitir al victimario volver a su casa, la amenaza de que la agresión ocurra de nuevo es muy alta.
“Como la Ley solo tiene un punto de vista preventivo, entonces culmina en una acción comunitaria, pero sabemos que si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, entonces este proceso se convierte en uno penal”, explicó la jueza Claudia Isbela López.
En cambio las autoridades dicen que a raíz de casos de violencia doméstica en el país, se han habilitado 26 módulos de atención integrada, los cuales se crearon para dar asistencia a grupos vulnerables, entre ellos: mujeres, niños, diversidad sexual y tercera edad. Los Módulos sirven como refugio para mujeres que a raíz de una situación de violencia no pueden volver a sus hogares junto al agresor.
Antes que Carmen tomara la decisión de separarse de su esposo, el miedo de denunciarlo a la justicia se hizo presente por las represalias, la reacción que podría generar en sus hijos y hasta el qué dirán los vecinos y amistades.
“Tomé el valor con el apoyo de las mujeres de la Organización Visitación Padilla. Llegué al juzgado a denunciarlo por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Son momentos difíciles, ahora el juzgado me permitió regresar a mi casa, emitieron una orden de restricción, él no puede acercarse a mi casa ni a mí, y debe entregarme un aporte de L.2,000 (80 dólares) mensuales para el sostenimiento de la casa”, relató Carmen.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP) dijo que como institución buscan agilizar el procesamiento de las denuncias de las víctimas, “cuando se hace la denuncia, el MP trata de que esto no se convierta en un femicidio, sabemos que la Fiscalía de la Mujer y el Módulo especializado ayudan a proteger a las mujeres”.
Las medidas otorgadas por el juzgado producto de la denuncia de Carmen contra su esposo, fueron aplicadas para seis meses, ese plazo se venció en marzo de 2020 justo en pleno confinamiento en Honduras. “Tengo miedo de lo que se pueda presentar, con la justicia nada está claro”, dice Carmen a quien se le programó la audiencia de seguimiento del caso para el pasado mes de abril y hasta la fecha no ha sido notificada de su reprogramación.
Para Cristina Alvarado el sistema hondureño ha colapsado en esta área, “esta situación es terrible porque nos vimos enfrentadas a un sistema que colapsó, que no atendía esas llamadas, muchas mujeres denunciaron que llamaban y nunca les contestaban.
“Debido a la pandemia solo se está trabajando con una juez y tres personas como auxiliares en la zona norte del país, en realidad lo que estamos haciendo por disposición de la Corte Suprema de Justicia, es suspender los procesos normales, es decir las audiencias programadas y estamos atendiendo solo a los casos que se detienen en el acto, es decir los casos donde la policía remite al acusado a los juzgados de San Pedro Sula por encontrarlos cometiendo el delito”, manifestó la jueza Claudia López.
López dijo que el Poder Judicial amplió el rango de acción de los juzgados de Familia, para que también atiendan casos de violencia doméstica. “Como jueza le puedo decir que hemos estado haciendo acciones para buscar mecanismos entre los jueces de paz para hacer un frente común”.
López también es consciente que se necesita un trabajo integral entre todas las instituciones, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, esto con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
“Son temas complejos, la desigualdad económica, que es una característica de la mayor parte de mujeres víctimas de agresión, también hay mujeres que han denunciado a sus parejas porque los hombres desobedecen hasta el confinamiento, y las agresiones verbales y físicas, en realidad es triste ver todos los casos que se dan en nuestro país por este tema”, compartió López.
Las mujeres han denunciado la falta de respuesta de la institucionalidad hondureña, una situación que no es solo producto del Covid-19, sino una constante de años en el país, “quienes se quedaron haciendo turnos fue la Fiscalía Especial de la Mujer pero la fiscalía históricamente ha enfrentado situaciones de falta de recursos y falta de equipo, empeorando en esta pandemia”, manifestó Alvarado.
Carmen dice que no confía en la justicia hondureña, y teme por desconocer lo que viene. “Acceder a la justicia es un privilegio de pocos en Honduras. En esta emergencia todo es imposible de prever. Tengo miedo porque ya no soy joven, estoy a punto de entrar a la tercera edad y padezco de la columna”, Carmen además tiene Parkinson y sufre de demencia, su salud es delicada.
Desde hace varios meses acude a citas médicas en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa. Tiene un cuadro de ansiedad y depresión que se fue agudizando con los años. El dolor, las agresiones e insultos dejan secuelas físicas y emocionales.
Carmen 30 años después de vivir con su esposo se pregunta por qué aguantó tanto, cómo pudo estar allí 3 décadas. Sabe que no puede volver atrás, pero lamenta haber esperado tanto.
Carmen en medio de todo aun ríe y agradece la complicidad de otras mujeres que para ella fueron impulso en el camino de salir de la violencia y represión de aquello que disfrazado de amor era agresión y maltrato.
Sin garantías de bioseguridad obligan a estudiantes de Enfermería a retomar el Servicio Social
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El comunicado emitido por el Comité Nacional de Servicio Social Enfermería (CNSS) exhorta al estudiantado a retomar el servicio social a partir del 25 de mayo, sin embargo, no han firmado contratos y no existen garantías de la entrega de equipo de bioseguridad.
«Se instruye a las/os Estudiantes En Servicio Social de las cohortes de septiembre 2019-2020 y marzo 2020-2021, que están en su proceso de formación
académica a reincorporarse a partir del lunes 25 de mayo, para las/os que no tengan inconvenientes de traslado a su plaza asignada. Y el lunes 01 de junio 2020 para quienes requieran de un permiso o autorización, para su traslado» indica el comunicado en el tercer punto.
«No hemos firmado contrato y no nos
garantiza nada» señala Ligia Velásquez, estudiante de quinto año de
Enfermería, designada al municipio de Guaimaca para cumplir el año del
social.
Según los datos proporcionados por estudiantes, son más de cien personas las que estaban realizando el servicio social, pero cuando se dieron a conocer los primeros casos de coronavirus en el país, las autoridades les recomendaron enviar una nota en la cual notificaron su retiro. «Trece personas se retiraron porque no tenían cómo movilizarse y tampoco un contrato», indica Nicolle Rodríguez.
De los 93 estudiantes que no enviaron la nota para retirarse del servicio social, han solicitado reiteradas veces a las autoridades la firma del contrato para poder movilizarse.
La firma del contrato incluye la entrega de 5,300 lempiras, gastos que son invertidos para cubrir alquiler, alimentación, transporte e internet del estudiantado. La beca se entrega sesenta días después de la firma del contrato.
A pesar de la insistencia por la pronta firma del contrato sólo han tenido respuestas negativas. «Si no tienen como transportarse, ni modo, deben hacer lo posible. Tienen que estar en su establecimiento» son algunas de las contestaciones que brindan las autoridades en las reuniones que han tenido.
Para Velázquez las autoridades no están garantizado su seguridad. «Si nos pasa algo no van a responder» además que las condiciones de algunos municipios y departamentos es alarmante por la cantidad de personas contagiadas. «Es injusto lo que están haciendo» concluye.
El
asesor político Juan José Rendón admitió que pagó por el ataque a
Venezuela, el cual fue frustrado por miembros del ejército de dicho país
el pasado domingo.
Es de conocimiento público que JJ Rendón es el asesor y hombre de confianza del dictador Juan Orlando Hernández, el cual le ha acompañado en todas las campañas electorales en las que Hernández ha participado.
JJ Rendón aceptó en una entrevista de CNN que pagó alrededor de $ 50 mil para que mercenarios Estadounidenses realizarán la captura de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
Rendón contrató los servicios de Jordan Goudreau, quién es un reconocido contratista de seguridad de los Estados Unidos, quién brinda apoyo a las fuerzas armadas del país del norte.
El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50.000 dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El comunicado emitido por el Comité Nacional de Servicio Social Enfermería (CNSS) exhorta al estudiantado a retomar el servicio social a partir del 25 de mayo, sin embargo, no han firmado contratos y no existen garantías de la entrega de equipo de bioseguridad.
«Se instruye a las/os Estudiantes En Servicio Social de las cohortes de septiembre 2019-2020 y marzo 2020-2021, que están en su proceso de formación
académica a reincorporarse a partir del lunes 25 de mayo, para las/os que no tengan inconvenientes de traslado a su plaza asignada. Y el lunes 01 de junio 2020 para quienes requieran de un permiso o autorización, para su traslado» indica el comunicado en el tercer punto.
Según los datos proporcionados por estudiantes, son más de cien personas las que estaban realizando el servicio social, pero cuando se dieron a conocer los primeros casos de coronavirus en el país, las autoridades les recomendaron enviar una nota en la cual notificaron su retiro. «Trece personas se retiraron porque no tenían cómo movilizarse y tampoco un contrato», indica Nicolle Rodríguez.
De los 93 estudiantes que no enviaron la nota para retirarse del servicio social, han solicitado reiteradas veces a las autoridades la firma del contrato para poder movilizarse.
La firma del contrato incluye la entrega de 5,300 lempiras, gastos que son invertidos para cubrir alquiler, alimentación, transporte e internet del estudiantado. La beca se entrega sesenta días después de la firma del contrato.
A pesar de la insistencia por la pronta firma del contrato sólo han tenido respuestas negativas. «Si no tienen como transportarse, ni modo, deben hacer lo posible. Tienen que estar en su establecimiento» son algunas de las contestaciones que brindan las autoridades en las reuniones que han tenido.
Para Velázquez las autoridades no están garantizado su seguridad. «Si nos pasa algo no van a responder» además que las condiciones de algunos municipios y departamentos es alarmante por la cantidad de personas contagiadas. «Es injusto lo que están haciendo» concluye.
En El Progreso: unas mil familias han tenido nexos con pacientes confirmados de coronavirus
- 21/05/2020
El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, de El Progreso, decidió cerrar los accesos al distrito comercial.
Con 87 casos confirmados por el momento, 210 personas sospechosas y
mil familias que han tenido nexos directos con los pacientes de
Covid-19, el municipio de El Progreso se ha convertido en el epicentro
de la pandemia en el departamento de Yoro.
“De los 2010 casos sospechosos también se derivan otras personas que serían unas mil familias que han tenido un nexo con estos pacientes. Por eso hemos conformado, a nivel municipio, un call center para darles el seguimiento”, dijo en Radio Progreso la Directora Municipal de Salud en El Progreso, doctora Esmeralda Velásquez.
La doctora Velásquez, aseguró que son más de 37 zonas entre barrios, colonias y aldeas las que ya tiene casos de coronavirus. El Progreso con 87 casos y la cabecera departamental Yoro con 55, son los municipios más afectados del departamento de Yoro.
A raíz de esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, de El Progreso, decidió que a partir de hoy jueves 21 de mayo, opere con mayor incidencia la Fuerza de Tarea de Lucha contra el COVID-19 de El Progreso, con lo cual se montaron estrictos controles de vigilancia y seguridad, verificando que se estén cumpliendo las medidas de restricción de circulación de un sólo dígito para lo cual cerraron los accesos al distrito comercial.
“Le hacemos un llamado a la conciencia de los progreseños y progreseñas que nos colaboren, que se queden en casa, que eviten el riesgo de contagiarse, que eviten contagiar a su familia, que eviten poner en riesgo a su comunidad porque puede llegar a que los casos aumenten y se desborde la atención médica”, manifestó la doctora Velásquez.
“De los 2010 casos sospechosos también se derivan otras personas que serían unas mil familias que han tenido un nexo con estos pacientes. Por eso hemos conformado, a nivel municipio, un call center para darles el seguimiento”, dijo en Radio Progreso la Directora Municipal de Salud en El Progreso, doctora Esmeralda Velásquez.
La doctora Velásquez, aseguró que son más de 37 zonas entre barrios, colonias y aldeas las que ya tiene casos de coronavirus. El Progreso con 87 casos y la cabecera departamental Yoro con 55, son los municipios más afectados del departamento de Yoro.
A raíz de esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, de El Progreso, decidió que a partir de hoy jueves 21 de mayo, opere con mayor incidencia la Fuerza de Tarea de Lucha contra el COVID-19 de El Progreso, con lo cual se montaron estrictos controles de vigilancia y seguridad, verificando que se estén cumpliendo las medidas de restricción de circulación de un sólo dígito para lo cual cerraron los accesos al distrito comercial.
“Le hacemos un llamado a la conciencia de los progreseños y progreseñas que nos colaboren, que se queden en casa, que eviten el riesgo de contagiarse, que eviten contagiar a su familia, que eviten poner en riesgo a su comunidad porque puede llegar a que los casos aumenten y se desborde la atención médica”, manifestó la doctora Velásquez.
En unas 37 zonas entre barrios, colonias y aldeas de El Progreso se reportan casos positivos de coronavirus.
Tegucigalpa, Honduras.-
Me dijeron que “si hablaba me iban a matar”, eso me dio mucho miedo,
porque uno de los oficiales es del pueblo. El que me golpeó nunca lo
había visto pero “la cara nunca se me va a perder”.
Estas con las declaraciones que ofreció
César Arnulfo Blandón Merlo, un joven de 18 años, cuanto fue contactado
por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), para conocer su caso, ocurrido el sábado 9 de mayo, en el
valle de Jamastrán, departamento del El Paraíso.
Las torturas se dieron a conocer por
videos que circularon en redes sociales y el monitores de violaciones a
derechos humanos que realiza la Red de Defensores/as y Comunicadores/as
Sociales de El Paraíso, acompañada por el Comité.
El dolor que César expresa en el video,
aun se escucha en su tono de voz, la golpiza le dejó fracturas es una
costilla, malestar en la cabeza y un brazo descompuesto, según relató su
madre, la dirigenta comunitaria, Bienvenida Merlo.
César y su madre son parte de los
equipos de vigilancia en el retén de Jutiapa, aldea de Danlí, a veces
llega gente que quiere pasar de un solo y nos insultan, pero “no es
justo lo que le hicieron a mi cipote”, denunció.
Ese día llegaron tres patrullas, dos
oficiales se bajaron, pero otro que iba en una patrulla sin placa ni
registro, se reusó a acatar la medida de higiene que está desde hace dos
meses, cuando se informó sobre los primero casos de coronavirus en
Honduras, y que actualmente reporta 5 casos positivos al 14 de mayo,
según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
Hay formas ya establecidas de proceder.
Pedimos a la gente que baje del vehículo, fumigamos las llantas y los
vidrios, entonces cuando desinfecté el vidrio de la patrulla, el policía
dentro creyó que era algo contra él, se bajó y “me pegó un pechugón”,
relató el joven, al referirse que el agente le golpeó el pecho.
Entre el forceje, al joven lo esposaron y
subieron a la patrulla, para trasladarlo la posta de Danlí, pero en la
comunidad El Obraje, donde llegaron tres patrullas más, el pueblo que lo
iba siguiendo, se impuso en la carretera para que no se lo llevaran.
Patrulla sin registro ni placa
Al recordar lo que sufrió y las amenazas
a muerte, a Cesar se le entrecorta la voz “me querían llevar preso a
Danlí, pero la gente se unió a defenderme, era indignante como me
trataron, porque yo solo hacía mi labor comunitaria”.
Y en ese lugar, según el César, un inspector de nombre “William” mediante llamada telefónica ordenó que lo soltaran.
Su madre recuerda que, cuando golpeaban a César, otro oficial le dijo a su compañero “soltalo, te has metido a un rollo grande”,
haciendo caso omiso. Es así que la solidaridad de la gente que se
atravesó en El Obraje, no dejó que se lo llevarán a Danlí. Dos horas
después, volvieron a la comunidad.
Pese a las amenazas emitidas por la
policía contra sus víctimas en el marco de la emergencia, como ha
sucedido en otros casos que ha documentado el COFADEH, a las víctimas se
les amenaza para que no denuncien, pero la indignación popular rompe
ese cerco de miedo y divulga la información a través de redes sociales y
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde la puesta en vigencia del Decreto
Ejecutivo 021-2020 el pasado marzo, que suspende las garantías
constitucionales, existe un “toque de queda” que en la actualidad solo
permite a la población salir a hacer diligencias un día cada dos
semanas, y en este sentido, doña Bienvenida expuso porqué aun no
presentó una denuncia formal contra el policía que atacó a su hijo.
“No he ido a interponer denuncia hasta
Danlí, por que aún no me toca circular, esta movilización es de acuerdo
al último digito de identificación personal. En otros casos, aumenta la
dificultad de denuncia cuando se carece de un medio de transporte
privado, porque el servicio público está suspendido evitando la
aglomeración de personas.
“Temo que entre más días pasen, esto quede en el olvido, no quiero que el caso se enfríe”, Bienvenida Merlo, madre César.
En videos
compartidos en redes sociales, los agentes uniformadas de la Policía
Nacional, forcejean a César, quién grita que lo suelten, que no le
peguen, por que le están haciendo mucho daño. Mientras los ciudadanos
intentan dialogar y mediar para que lo liberen, piden que los lleven
detenidos a todos.
Entre el cruce de palabras, César dice
“no le pegué a la patrulla”, el policía lo acusa de golpear la unidad
vehicular, sin registro ni placa, solo la leyenda que es de la Tasa de
Seguridad Vehicular.
“Todavía lo pechuguió y lo está haciendo p”#$%” dice uno de los compañeros del joven, quien no deja de gritar pidiendo auxilio.
El oficial de apellido “Gómez” insiste en que nadie le está haciendo algo al joven.
En el primer informe publicado por el
COFADEH en el marco de la crisis sanitaria por el COVID 19, concluye que
“La actitud de las fuerzas represivas es la misma observada durante las
manifestaciones pacíficas de la población por la emergencia
institucional de los últimos diez años provocada por el golpe de Estado
de 2009”.
Y entre las recomendaciones agrega que
la respuesta prioritaria a la pandemia del coronavirus radica en
garantizar inmediatamente la seguridad social básica para toda la
población, sin sesgos políticos partidarios ni fundamentalismos
religiosos; con seguridad social garantizada, bastaría para
lograr una cuarentena domiciliar exitosa sin exponernos a toda la
población a la autodefensa o a una nueva confrontación con el aparato
militar por el desasosiego frente al riesgo mortal del Covi-19 mal
gerenciado.
Publicado el 7 Mayo, 2020
Es de conocimiento público que JJ Rendón es el asesor y hombre de confianza del dictador Juan Orlando Hernández, el cual le ha acompañado en todas las campañas electorales en las que Hernández ha participado.
JJ Rendón aceptó en una entrevista de CNN que pagó alrededor de $ 50 mil para que mercenarios Estadounidenses realizarán la captura de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
Rendón contrató los servicios de Jordan Goudreau, quién es un reconocido contratista de seguridad de los Estados Unidos, quién brinda apoyo a las fuerzas armadas del país del norte.
El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50.000 dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.
JJ Rendón y Jordan Goudreau.“Era
una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la
justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments
(acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón en una
entrevista con la CNN en español en la que sostuvo que Guaidó no firmó
el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para la
operación.
Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.
Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de Silvercorp, según las pruebas difundidas por el gobierno venezolano.
Denman aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas, para enviar a Maduro a EE.UU., donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.
En un interrogatorio cuyo vídeo fue difundido por el presidente venezolano, Denman explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una “propia seguridad”, comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y “hacer entrar los aviones”.”Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos”, añadió.
“El gobierno legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados”, comentó Rendón.
Y subrayó: “Como bien dijo el presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”.
Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que “se cancelaba” el contrato pero entiende que el contratista asumió “que estaba vigente” y trata de ampararse “en esta operación suicida”.
Fuente: El Espectador
El
autoproclamado ‘presidente’ de Venezuela, Juan Guaidó sostuvo una
reunión con Juan Orlando Hernández a través de una videollamada para
felicitarlo por su ‘lucha’ contra el narcotráfico.
Mediante su cuenta en Twitter el títere de los Estados Unidos en Venezuela alabó el trabajo del narcodictador Juan Orlando por luchar contra el tráfico de drogas y el trato para los migrantes Venezolanos.
Mientras Guaidó llenaba de flores a JOH, en Europa se daba a conocer la noticia en la cuál se reportaba el hallazgo de más de una tonelada de cocaína en una carga que salió desde Puerto Cortés.
La carga salió desde el puerto de la zona norte del país y llegó a Francia, la droga iba escondida en sacos de café que se exportan al viejo continente.
Guaidó se ha visto envuelto en polémica luego del intento fallido a un Golpe de Estado al gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Por: Tomas Andino Mencía
INTRODUCCIÓN
Desde marzo de 2020, el mundo se ha paralizado. La alarma sobre el COVID19 ha establecido tal estado de pánico planetario, que podríamos decir que hay un “estado de shock” o incertidumbre en la mayor parte de la población mundial, del cual gobiernos, grandes empresarios, narcos y oportunistas de todo tipo se están aprovechando.
Como me propongo demostrar, esta historia de la pandemia tiene verdades a medias. Una parte de su narrativa es razonable, pero otra es una total manipulación. Existen también áreas oscuras que ameritan esclarecimiento. Es necesario ponerle pensamiento crítico a este tema para darle al fenómeno que nos ocupa su justa dimensión a fin de no ser presa de agendas inconfesas, cualquiera que sea su origen. En este ensayo me hago preguntas y externo reflexiones basadas en la información disponible para aportar un granito de arena al necesario debate de este tema.
En este esfuerzo, que publicaré en varias partes debido a su extensión, me baso en fuentes de entidades o profesionales especializadas o lo más confiable posibles, alejándome de los especuladores y alarmistas. Por supuesto, cualquier opinión contraria o cuestionamiento será bienvenido siempre y cuando tenga el debido sustento profesional. En cuanto a las fuentes en materia de salud, salvo que precise otra fuente, la información se sustenta en portales oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Empecemos.
A la luz de estas estadísticas fatídicas, pareciera ociosa la pregunta sobre la peligrosidad de la enfermedad. Pero en este mundo no todo es lo que parece, especialmente cuando hay cosas que no cuadran ¿Cómo es posible que, en plena época de Inteligencia Artificial, viajes a Marte y 5G, una microscópica proteína que se desintegra con lavarse las manos y que puede prevenirse con medidas de higiene y guardando prudencial distancia, tenga de cabeza al mundo? Los números por sí solos no explican las cosas; es necesario interpretarlos, y para eso está el pensamiento analítico.
Empecemos por lo básico. ¿Es realmente tan peligrosa la enfermedad como se la pinta?
En base a la experiencia de China, la OMS supo que no estaba ante un virus asesino, como el ébola o la viruela. Su estadística indica que más del 80% de los infectados de COVID-19, en promedio, no sufre ninguna complicación, dentro de estos entre el 25% y 50% ni tendrá síntomas, y alrededor del 20% requerirá algún tipo de atención sanitaria incluida hospitalización; de estos últimos entre el 3% al 4%, podría morir, variando según los países. El Imperial College, una de las más reputadas autoridades internacionales en esta materia, ha actualizado el porcentaje de letalidad en base al estudio de más de 77 mil casos de decesos en China, con números corregidos, ubicándolo entre 0.66% y 1.38%. (1)
La reacción de la OMS declarando pandemia el COVID-19 no se hizo creyendo que estábamos ante un monstruo en sí. Se fundó en dos aspectos, según lo explicó su Director, Tedros Aedhanom Ghebreyesus, en su alocución del 11 de marzo (2): 1) la propagación del virus tenía lugar en forma muy veloz; a tal grado que en un mes el número de casos se multiplicó 13 veces desde el primer infectado y se triplicó el número de países desde el primer día, algo que preveía una tragedia en una humanidad que no cuenta con anticuerpos para defenderse ni vacunas para prevenirlo biológicamente; y, 2) la necesidad de ser oportunos, llamando con anticipación a los países a prepararse para enfrentarla, ya que se sabe que los sistemas de salud pública son muy débiles, especialmente en los continentes y subcontinentes menos desarrollados como África, América Latina y Asia.
Tomando en cuenta estos factores, la OMS no tuvo que esperar una gran masividad ni mortalidad de casos para definirla como pandemia; se declaró con 118,000 contagiados y 4291 muertes que es relativamente poco. Y lo recomendado fue: “Primero, prepararse y estar a punto. Segundo, detectar, proteger y tratar. Tercero, reducir la transmisión. Y cuarto, innovar y aprender” (Discurso del director de la OMS, 11 de marzo 2020). No dijo ¡Hagan pánico!
Por tanto, el problema no es la letalidad del virus en sí, la cual es baja, sino las deficiencias humanas, tanto biológicas como sociales y políticas. La deficiencia biológica es la ausencia de inmunidad para esta cepa de coronavirus, sobre lo cual nada se pudo hacer en el principio, y la deficiencia social tiene un nombre: neoliberalismo o capitalismo salvaje. Esto último se expresa en el estado deplorable de los sistemas de salud pública en el mundo donde tras cuarenta años de neoliberalismo se han vuelto incapaces de resistir el embate de una enfermedad por poco virulenta que sea, al menos para la mayoría de la población.
El resultado del impacto del COVID19 ha sido diferenciado según el tipo de organización social y económica imperante. Los países que aún conservan trazos de sistemas de salud pública heredados de los “Estados de Bienestar” como el norte de Europa y los países escandinavos, o Irán, Venezuela y Nicaragua; los que tienen matrices socialistas de economía y aquellos que aún conservan legados de los Estados socialistas del pasado reciente, como Rusia, Vietnam, Cuba o China; y los países que aun siendo neoliberales tuvieron que contradecir esta doctrina para improvisar una práctica “populista” de preocuparse por la población nacional, como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, México, entre otros, todos fueron afectados más o menos duramente, pero tuvieron mucho menores tasas de mortalidad y se están recuperando exitosamente en poco tiempo.
En cambio, los países cuyos sistemas de salud pública están absolutamente privatizados, como Estados Unidos, o aquellos que estaban demasiado debilitados por décadas de neoliberalismo como Italia, España, o los que se empecinaron en priorizar prácticas de neoliberalismo o capitalismo salvaje bajo gobiernos de ultraderecha como Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, están pagado carísimo con decenas o centenares de miles de muertos la privatización absoluta o el rápido desmantelamiento de los sistemas de salud públicas del pasado.
En el caso de Honduras, donde el neoliberalismo prácticamente ha desmantelado el sistema de salud pública, la enfermedad no ha mostrado todavía su mortífero efecto porque el virus llego tardíamente a nuestras tierras. Afortunadamente, el transporte aéreo intercontinental se paralizó temprano y por eso el primer caso de infección se detectó en el país el 11 de marzo; y además porque funcionó parcialmente la decisión de declarar la cuarentena exigida por el gremio médico para frenar los contagios. Gracias a eso, en un inicio hubo relativamente pocos casos.
Sin embargo, la práctica incompetente, corrupta y negligente del régimen en estos dos meses y medio, que no solo ha excluido de la toma de decisiones a los profesionales de la salud más competentes, sino que succionó todos los recursos destinados a la emergencia para sus grandes negocios, nos tiene listos y servidos para un paso devastador de la enfermedad. De hecho, oficialmente la pandemia ya sobrepasó el límite de los mil casos y es de esperar un auge exponencial en el próximo mes. Lo peor es que el desastre parece convenirle al régimen para sus propósitos económicos, políticos y criminales.
En suma, no es el virus en si el gran problema. El gran problema es la infinita estupidez humana materializada en el capitalismo salvaje que algunos todavía se empecinan en mantener, y en regímenes barbáricos que se nos imponen a los pueblos.
COMENTARIOS A PIE DE PÁGINA Y REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS
(1) EL reportaje de la Agencia EFE explica: “Un estudio, elaborado por universidades británicas a partir de datos de la expansión de la COVID-19 en China, estima que la tasa de mortalidad de la enfermedad es del 0,66 %, si se tiene en cuenta que una parte de las infecciones no llega a confirmarse. Si se analizan únicamente los casos confirmados, la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sería del 1,38 %, según el trabajo publicado hoy lunes en la revista «The Lancet Infectious Diseases», desarrollado en base 70 117 casos clínicos diagnosticados en China.” Ver: Un estudio sitúa la tasa de mortalidad del COVID-19 en el 0,66 %, disponible en: https://www.efe.com/efe/
(2) El discurso del director de la OMS está disponible en
https://www.who.int/es/dg/
(Espere la parte 2)
Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.
Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de Silvercorp, según las pruebas difundidas por el gobierno venezolano.
Denman aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas, para enviar a Maduro a EE.UU., donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.
En un interrogatorio cuyo vídeo fue difundido por el presidente venezolano, Denman explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una “propia seguridad”, comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y “hacer entrar los aviones”.”Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos”, añadió.
“El gobierno legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados”, comentó Rendón.
Y subrayó: “Como bien dijo el presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”.
Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que “se cancelaba” el contrato pero entiende que el contratista asumió “que estaba vigente” y trata de ampararse “en esta operación suicida”.
Fuente: El Espectador
Publicado el 20 Mayo, 2020
Mediante su cuenta en Twitter el títere de los Estados Unidos en Venezuela alabó el trabajo del narcodictador Juan Orlando por luchar contra el tráfico de drogas y el trato para los migrantes Venezolanos.
Mientras Guaidó llenaba de flores a JOH, en Europa se daba a conocer la noticia en la cuál se reportaba el hallazgo de más de una tonelada de cocaína en una carga que salió desde Puerto Cortés.
La carga salió desde el puerto de la zona norte del país y llegó a Francia, la droga iba escondida en sacos de café que se exportan al viejo continente.
Guaidó se ha visto envuelto en polémica luego del intento fallido a un Golpe de Estado al gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Reflexiones incomodas sobre Covid-19 no aptas para ingenuos (1a parte)
mayo 12, 2020
Redacción
INTRODUCCIÓN
Desde marzo de 2020, el mundo se ha paralizado. La alarma sobre el COVID19 ha establecido tal estado de pánico planetario, que podríamos decir que hay un “estado de shock” o incertidumbre en la mayor parte de la población mundial, del cual gobiernos, grandes empresarios, narcos y oportunistas de todo tipo se están aprovechando.
Como me propongo demostrar, esta historia de la pandemia tiene verdades a medias. Una parte de su narrativa es razonable, pero otra es una total manipulación. Existen también áreas oscuras que ameritan esclarecimiento. Es necesario ponerle pensamiento crítico a este tema para darle al fenómeno que nos ocupa su justa dimensión a fin de no ser presa de agendas inconfesas, cualquiera que sea su origen. En este ensayo me hago preguntas y externo reflexiones basadas en la información disponible para aportar un granito de arena al necesario debate de este tema.
En este esfuerzo, que publicaré en varias partes debido a su extensión, me baso en fuentes de entidades o profesionales especializadas o lo más confiable posibles, alejándome de los especuladores y alarmistas. Por supuesto, cualquier opinión contraria o cuestionamiento será bienvenido siempre y cuando tenga el debido sustento profesional. En cuanto a las fuentes en materia de salud, salvo que precise otra fuente, la información se sustenta en portales oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Empecemos.
- ¿QUIÉN ES EL PELIGROSO, EL VIRUS O EL SISTEMA?
A la luz de estas estadísticas fatídicas, pareciera ociosa la pregunta sobre la peligrosidad de la enfermedad. Pero en este mundo no todo es lo que parece, especialmente cuando hay cosas que no cuadran ¿Cómo es posible que, en plena época de Inteligencia Artificial, viajes a Marte y 5G, una microscópica proteína que se desintegra con lavarse las manos y que puede prevenirse con medidas de higiene y guardando prudencial distancia, tenga de cabeza al mundo? Los números por sí solos no explican las cosas; es necesario interpretarlos, y para eso está el pensamiento analítico.
Empecemos por lo básico. ¿Es realmente tan peligrosa la enfermedad como se la pinta?
En base a la experiencia de China, la OMS supo que no estaba ante un virus asesino, como el ébola o la viruela. Su estadística indica que más del 80% de los infectados de COVID-19, en promedio, no sufre ninguna complicación, dentro de estos entre el 25% y 50% ni tendrá síntomas, y alrededor del 20% requerirá algún tipo de atención sanitaria incluida hospitalización; de estos últimos entre el 3% al 4%, podría morir, variando según los países. El Imperial College, una de las más reputadas autoridades internacionales en esta materia, ha actualizado el porcentaje de letalidad en base al estudio de más de 77 mil casos de decesos en China, con números corregidos, ubicándolo entre 0.66% y 1.38%. (1)
La reacción de la OMS declarando pandemia el COVID-19 no se hizo creyendo que estábamos ante un monstruo en sí. Se fundó en dos aspectos, según lo explicó su Director, Tedros Aedhanom Ghebreyesus, en su alocución del 11 de marzo (2): 1) la propagación del virus tenía lugar en forma muy veloz; a tal grado que en un mes el número de casos se multiplicó 13 veces desde el primer infectado y se triplicó el número de países desde el primer día, algo que preveía una tragedia en una humanidad que no cuenta con anticuerpos para defenderse ni vacunas para prevenirlo biológicamente; y, 2) la necesidad de ser oportunos, llamando con anticipación a los países a prepararse para enfrentarla, ya que se sabe que los sistemas de salud pública son muy débiles, especialmente en los continentes y subcontinentes menos desarrollados como África, América Latina y Asia.
Tomando en cuenta estos factores, la OMS no tuvo que esperar una gran masividad ni mortalidad de casos para definirla como pandemia; se declaró con 118,000 contagiados y 4291 muertes que es relativamente poco. Y lo recomendado fue: “Primero, prepararse y estar a punto. Segundo, detectar, proteger y tratar. Tercero, reducir la transmisión. Y cuarto, innovar y aprender” (Discurso del director de la OMS, 11 de marzo 2020). No dijo ¡Hagan pánico!
Por tanto, el problema no es la letalidad del virus en sí, la cual es baja, sino las deficiencias humanas, tanto biológicas como sociales y políticas. La deficiencia biológica es la ausencia de inmunidad para esta cepa de coronavirus, sobre lo cual nada se pudo hacer en el principio, y la deficiencia social tiene un nombre: neoliberalismo o capitalismo salvaje. Esto último se expresa en el estado deplorable de los sistemas de salud pública en el mundo donde tras cuarenta años de neoliberalismo se han vuelto incapaces de resistir el embate de una enfermedad por poco virulenta que sea, al menos para la mayoría de la población.
El resultado del impacto del COVID19 ha sido diferenciado según el tipo de organización social y económica imperante. Los países que aún conservan trazos de sistemas de salud pública heredados de los “Estados de Bienestar” como el norte de Europa y los países escandinavos, o Irán, Venezuela y Nicaragua; los que tienen matrices socialistas de economía y aquellos que aún conservan legados de los Estados socialistas del pasado reciente, como Rusia, Vietnam, Cuba o China; y los países que aun siendo neoliberales tuvieron que contradecir esta doctrina para improvisar una práctica “populista” de preocuparse por la población nacional, como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, México, entre otros, todos fueron afectados más o menos duramente, pero tuvieron mucho menores tasas de mortalidad y se están recuperando exitosamente en poco tiempo.
En cambio, los países cuyos sistemas de salud pública están absolutamente privatizados, como Estados Unidos, o aquellos que estaban demasiado debilitados por décadas de neoliberalismo como Italia, España, o los que se empecinaron en priorizar prácticas de neoliberalismo o capitalismo salvaje bajo gobiernos de ultraderecha como Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, están pagado carísimo con decenas o centenares de miles de muertos la privatización absoluta o el rápido desmantelamiento de los sistemas de salud públicas del pasado.
En el caso de Honduras, donde el neoliberalismo prácticamente ha desmantelado el sistema de salud pública, la enfermedad no ha mostrado todavía su mortífero efecto porque el virus llego tardíamente a nuestras tierras. Afortunadamente, el transporte aéreo intercontinental se paralizó temprano y por eso el primer caso de infección se detectó en el país el 11 de marzo; y además porque funcionó parcialmente la decisión de declarar la cuarentena exigida por el gremio médico para frenar los contagios. Gracias a eso, en un inicio hubo relativamente pocos casos.
Sin embargo, la práctica incompetente, corrupta y negligente del régimen en estos dos meses y medio, que no solo ha excluido de la toma de decisiones a los profesionales de la salud más competentes, sino que succionó todos los recursos destinados a la emergencia para sus grandes negocios, nos tiene listos y servidos para un paso devastador de la enfermedad. De hecho, oficialmente la pandemia ya sobrepasó el límite de los mil casos y es de esperar un auge exponencial en el próximo mes. Lo peor es que el desastre parece convenirle al régimen para sus propósitos económicos, políticos y criminales.
En suma, no es el virus en si el gran problema. El gran problema es la infinita estupidez humana materializada en el capitalismo salvaje que algunos todavía se empecinan en mantener, y en regímenes barbáricos que se nos imponen a los pueblos.
COMENTARIOS A PIE DE PÁGINA Y REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS
(1) EL reportaje de la Agencia EFE explica: “Un estudio, elaborado por universidades británicas a partir de datos de la expansión de la COVID-19 en China, estima que la tasa de mortalidad de la enfermedad es del 0,66 %, si se tiene en cuenta que una parte de las infecciones no llega a confirmarse. Si se analizan únicamente los casos confirmados, la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sería del 1,38 %, según el trabajo publicado hoy lunes en la revista «The Lancet Infectious Diseases», desarrollado en base 70 117 casos clínicos diagnosticados en China.” Ver: Un estudio sitúa la tasa de mortalidad del COVID-19 en el 0,66 %, disponible en: https://www.efe.com/efe/
(2) El discurso del director de la OMS está disponible en
https://www.who.int/es/dg/
(Espere la parte 2)
Reflexiones incomodas sobre el covid-19, no aptas para ingenuos
mayo 13, 2020
Redacción
2ª parte: ¿por qué la insistencia en enfatizar las muertes por covid-19?
Por: Tomás Andino Mencía
Los partes oficiales de defunciones hospitalarias en muchos países, sin mayor discusión y con poca rigurosidad, atribuyen la causa al Covid-19 basados únicamente en el resultado de alguna de las pruebas recomendadas por la OMS: la RT-PCR (1) (conocida también como “prueba molecular”) o de la prueba serológica (llamada “prueba rápida”) que se aplica al ingreso de los pacientes.
Esto es un error por dos razones: La primera es técnica y la segunda administrativa.
Desde el punto de vista técnico, el problema no es tan grave, pero igualmente debe tenerse consciencia de este. La prueba RT-PCR es ampliamente aceptada como la más confiable en comparación con el test serológico y la prueba de antígenos. Lo que RT-PCR hace es identificar trazos del genoma del SARS-COV2 y amplificarlo (replicarlo) para que pueda ser observado, revelando la situación de contagio en tiempo real; en cambio, el test serológico o llamada también “prueba rápida”, a través de la detección de anticuerpos revela si la persona fue contaminada en el pasado, pero no revela si necesariamente tiene el virus en el momento de tomarse la prueba, por lo cual puede generar falsos positivos y falsos negativos. Por ese motivo, aunque la serológica es aceptada como una prueba de urgencia por su inmediato resultado, la prueba RT-PCR es tomada como la prueba confirmatoria.
Sin embargo, publicaciones especializadas como “Genotipia”, entre otras, advierten que aun la RT-PCR puede generar “falsos positivos” y “falsos negativos” (2). El Dr. Pablo Goldsmith, virólogo argentino, también ha puesto en evidencia que esta prueba tiene un margen de error importante, tanto por sus limitaciones de confiabilidad en si, como por errores comunes en el procedimiento de la toma de muestras, por lo que recomienda otras técnicas complementarias (3). El neumólogo alemán Wolfgang Wodarg (4), presidente de la Asamblea Parlamentaria del Comité de Salud del Consejo de Europa, explica que esto ocurre porque la prueba RT-PCR se industrializó sin antes haber hecho pruebas con el suficiente tiempo para verificar su calidad, por lo que no es 100% confiable. Es decir que, a pesar de lo que se nos dice, no hay consenso entre especialistas para considerarla como una prueba segura.
El problema de fondo es que para muchos centros de asistencia de esta enfermedad si dio “positivo” en la prueba de Covid-19, parece ser irrelevante que la muerte del paciente haya sido causada por otra enfermedad preexistente o adquirida en el hospital: Esta práctica es un error metodológico grave porque si alguien muere por otra causa, teniendo al mismo tiempo el virus, es una falta de profesionalismo atribuirle la muerte al Covid-19.
UN LINEAMIENTO DESDE ARRIBA
Este proceder es resultado, no de las ocurrencias individuales de los médicos, sino de estándares acordados desde el más alto nivel que los centros asistenciales tienen que aplicar. Ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en Estados Unidos. En un cuestionario sobre certificados de defunción publicado el 24 de marzo de 2020 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se instruye lo siguiente:
“El certificado de defunción de todos los difuntos en los que la enfermedad haya causado o se suponga que haya causado o contribuido a la muerte debe incluir el Covid-19 (…) Si el difunto tenía otras condiciones crónicas como EPOC o asma que también pueden haber contribuido estas condiciones pueden ser reportadas en la Parte II” (5)
Es notorio aquí términos como “se suponga”, o “pueden haber contribuido”, lo cual está lejos de ser preciso. Cualquier otra dolencia es relegada a segundo plano.
La Dra. Debora Birx, Coordinadora de la Fuerza de Tarea contra el coronavirus del gobierno de Donald Trump, quiso desmarcarse en una conferencia de prensa de la práctica de otros países diciendo: “si tienes una condición preexistente, y digamos que el virus te hace ir a la UCI [unidad de cuidados intensivos] y luego tienes un problema de corazón o riñón, algunos países registran eso como un problema de corazón o de riñón y no como una muerte por Covid-19 (…) en Estados Unidos “si una persona muere con Covid-19 lo contamos como una muerte por Covid-19 (6).
En Honduras, el problema es peor. Según el Dr. Carlos Umaña basta que una prueba serológica o “prueba rápida”, dé positivo para ser tratado como Covid-19 “hasta que se demuestre lo contrario” (7). También se pueden encontrar irregularidades en el registro de pacientes, como la copia de listados completos de un reporte del 7 de mayo, irregularidad que fue admitida por la Secretaria de Salud después de ser un escándalo en las redes sociales (8). Solo esto ameritaría una auditoría a la SINAGER.
En el caso de Estados Unidos esto podría obedecer a un motivo económico porque el Medicare (sistema de seguro de salud de Estados Unidos) subsidia con US$13,000 si el hospital dictamina un paciente con Covid-19 y US$ 39,000 si es colocado en un ventilador mecánico (9). En el caso de Honduras, el motivo más bien podría ser político y vinculado a la corrupción. La crisis sanitaria nos mantiene en casa mientras funcionarios y empresarios inescrupulosos roban a sus anchas, y además el gobierno se vuelve elegible para más ayuda al exterior.
Hay quienes se atreven a denunciarlo. La Dra. Judy MiIkovits, conocida viróloga norteamericana que jugó un rol importante en el aislamiento del virus del VIH ha criticado que a los médicos se les obliga a reportar que las muertes donde exista la presencia de COVID19 se deben catalogar como defunciones por esa enfermedad. La Dra. Chinda Bartolino, conocida forense argentina, denuncia que en su país son amenazados con cárcel quienes cuestionen estas prácticas oficiales. En Honduras el Colegio Médico ha expresado su incredulidad respecto a las estadísticas de la SINAGER.
LA PRENSA ALINEADA
Otro fenómeno semejante es el que ocurre con la prensa. Hay una gran obsesión de la prensa vinculada a los centros de poder por “descubrir” casos de Covid-19 a como dé lugar. Mediáticamente hay un esfuerzo por destacar el Coronavirus como el causante de cualquier incremento en la morbi-mortalidad observada. Por ejemplo, en un reportaje de CNN se decía lo siguiente sobre el caso de Estados Unidos:
“Utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el equipo encontró un aumento de cerca de 15.000 muertes, del 1 de marzo al 4 de abril. Durante el mismo lapso, los estados informaron de 8.000 muertes por covid-19. “Eso es casi el doble”, dijo a CNN Dan Weinberger, quien estudia la epidemiología de las enfermedades infecciosas en Yale. El equipo no pudo mostrar si el aumento de las muertes se debió al coronavirus, dijo Weinberger. Pero hay fuertes indicios de que sí. Por ejemplo, el equipo también analizó datos sobre visitas al médico. Lo que vemos es que en muchos estados, uno ve un aumento en las enfermedades similares a la gripe, y luego, una o dos semanas después, ve un aumento en las muertes por neumonía e influenza”, dijo Weinberger. “Esto proporciona alguna confirmación de que lo que estamos viendo está relacionado con el coronavirus”. (CNN En español, 28 de abril 2020, reportaje de Maggie Fox)
Como puede verse en este reportaje, una afirmación que es una suposición se convierte en la “confirmación” de que el plus de muertes en Estados Unidos se debió a Covid-19, a pesar de que el mismo reportaje explica que hubo también el incremento de casos de Influenza y de neumonías, las cuales pueden tener varias causas. ¿Por qué CNN no supuso que se trataba de Influenza y si tuvo que suponer que se trata de Covid-19?
Al mismo tiempo puede observarse que en los noticieros de cualquier país el resto de las enfermedades son muy poco mencionadas, por no decir que absolutamente. Por ejemplo, en Latinoamérica existen, además de la pandemia Covid-19, dos enfermedades epidémicas graves, como el dengue y el sarampión (10), que en otro momento serian sensación en las primeras planas. Pero hoy día, solo Covid-19 existe en el imaginario periodístico.
En cambio, los reportajes o documentales que revelan estas malas práctica son sacados de circulación por las grandes cadenas mediáticas, calificándolas de “conspiranoicos”, aunque sean respetables programas, como ocurre con el documental “Plandemic” de la cadena Fox en Estados Unidos. (11)
Con justicia el citado virólogo argentino Pablo Goldsmith afirma que “Nuestro planeta es víctima de un nuevo fenómeno sociológico, el acoso científico-mediático, desencadenado por peritos solamente sobre la base de resultados de análisis de diagnóstico molecular de laboratorio.” (12)
LAS OTRAS ENFERMEDADES INVISIBILIZADAS
En el campo asistencial concreto, estas malas prácticas ocasionan problemas adicionales. Por el congestionamiento de casos de Covid-19, la mayoría de los centros asistenciales de salud atienden prioritariamente estos casos, mientras que del resto de enfermedades o accidentes solo se atienden emergencias o accidentes de gravedad. Esto disminuye la capacidad de los sistemas de salud para cubrir dolencias que no son Covid-19, pero que podrían incluso ser más peligrosas para los seres humanos. De hecho, las cirugías previstas están siendo suspendidas y la mayoría de los recursos económicos del sistema de salud se orientan casi exclusivamente a atender la pandemia.
El confinamiento forzoso y sus efectos colaterales también contribuyen a esto. El encierro de las ciudades produce el poco o nulo acceso de sus habitantes a los alimentos o medicamentos debido a limitaciones de funcionamiento y abastecimiento de las farmacias, la falta de transporte público, las restricciones de circulación y la falta de recursos económicos, aun en casos de emergencia. Por otro lado, el estrés del encierro por prolongados periodos de tiempo reduce las defensas y produce cuadros psicológicos o psiquiátricos de riesgo.
Entonces, es razonable pensar que una consecuencia de estas prácticas es que muchas personas estarían viendo agravar las otras dolencias y que sus posibilidades de tener graves consecuencias por ello, incluida la muerte, se incrementan con esta política, aunque no sean tan visibles como Covid-19.
Al largo plazo, el énfasis puesto en COVID19 constituye una bomba de relojería para el sistema de salud pública. Muchos casos que se dejan de atender explosionan hoy dentro de los hogares y muchos otros explotaran en el futuro próximo, porque no han desaparecido sino que se han escondido de la vista pública.
CITAS Y REFERENCIAS BIBIOGRAFICAS
Los partes oficiales de defunciones hospitalarias en muchos países, sin mayor discusión y con poca rigurosidad, atribuyen la causa al Covid-19 basados únicamente en el resultado de alguna de las pruebas recomendadas por la OMS: la RT-PCR (1) (conocida también como “prueba molecular”) o de la prueba serológica (llamada “prueba rápida”) que se aplica al ingreso de los pacientes.
Esto es un error por dos razones: La primera es técnica y la segunda administrativa.
Desde el punto de vista técnico, el problema no es tan grave, pero igualmente debe tenerse consciencia de este. La prueba RT-PCR es ampliamente aceptada como la más confiable en comparación con el test serológico y la prueba de antígenos. Lo que RT-PCR hace es identificar trazos del genoma del SARS-COV2 y amplificarlo (replicarlo) para que pueda ser observado, revelando la situación de contagio en tiempo real; en cambio, el test serológico o llamada también “prueba rápida”, a través de la detección de anticuerpos revela si la persona fue contaminada en el pasado, pero no revela si necesariamente tiene el virus en el momento de tomarse la prueba, por lo cual puede generar falsos positivos y falsos negativos. Por ese motivo, aunque la serológica es aceptada como una prueba de urgencia por su inmediato resultado, la prueba RT-PCR es tomada como la prueba confirmatoria.
Sin embargo, publicaciones especializadas como “Genotipia”, entre otras, advierten que aun la RT-PCR puede generar “falsos positivos” y “falsos negativos” (2). El Dr. Pablo Goldsmith, virólogo argentino, también ha puesto en evidencia que esta prueba tiene un margen de error importante, tanto por sus limitaciones de confiabilidad en si, como por errores comunes en el procedimiento de la toma de muestras, por lo que recomienda otras técnicas complementarias (3). El neumólogo alemán Wolfgang Wodarg (4), presidente de la Asamblea Parlamentaria del Comité de Salud del Consejo de Europa, explica que esto ocurre porque la prueba RT-PCR se industrializó sin antes haber hecho pruebas con el suficiente tiempo para verificar su calidad, por lo que no es 100% confiable. Es decir que, a pesar de lo que se nos dice, no hay consenso entre especialistas para considerarla como una prueba segura.
Nota relacionada Reflexiones incomodas sobre Covid-19 no aptas para ingenuos (1a parte)
Sin embargo, a pesar de su imperfección hay consenso en considerar a la RT-PCR como una buena prueba, además de que no existen las pruebas 100% seguras. Si solo ese fuera el problema, se resolvería mediante un protocolo complementario para disminuir la posibilidad de equivocarse en el dictamen del deceso, como sugiere el Dr. Goldsmith. Sin embargo, en el caso del Covid-19 no es tan simple.El problema de fondo es que para muchos centros de asistencia de esta enfermedad si dio “positivo” en la prueba de Covid-19, parece ser irrelevante que la muerte del paciente haya sido causada por otra enfermedad preexistente o adquirida en el hospital: Esta práctica es un error metodológico grave porque si alguien muere por otra causa, teniendo al mismo tiempo el virus, es una falta de profesionalismo atribuirle la muerte al Covid-19.
UN LINEAMIENTO DESDE ARRIBA
Este proceder es resultado, no de las ocurrencias individuales de los médicos, sino de estándares acordados desde el más alto nivel que los centros asistenciales tienen que aplicar. Ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en Estados Unidos. En un cuestionario sobre certificados de defunción publicado el 24 de marzo de 2020 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se instruye lo siguiente:
“El certificado de defunción de todos los difuntos en los que la enfermedad haya causado o se suponga que haya causado o contribuido a la muerte debe incluir el Covid-19 (…) Si el difunto tenía otras condiciones crónicas como EPOC o asma que también pueden haber contribuido estas condiciones pueden ser reportadas en la Parte II” (5)
Es notorio aquí términos como “se suponga”, o “pueden haber contribuido”, lo cual está lejos de ser preciso. Cualquier otra dolencia es relegada a segundo plano.
La Dra. Debora Birx, Coordinadora de la Fuerza de Tarea contra el coronavirus del gobierno de Donald Trump, quiso desmarcarse en una conferencia de prensa de la práctica de otros países diciendo: “si tienes una condición preexistente, y digamos que el virus te hace ir a la UCI [unidad de cuidados intensivos] y luego tienes un problema de corazón o riñón, algunos países registran eso como un problema de corazón o de riñón y no como una muerte por Covid-19 (…) en Estados Unidos “si una persona muere con Covid-19 lo contamos como una muerte por Covid-19 (6).
En Honduras, el problema es peor. Según el Dr. Carlos Umaña basta que una prueba serológica o “prueba rápida”, dé positivo para ser tratado como Covid-19 “hasta que se demuestre lo contrario” (7). También se pueden encontrar irregularidades en el registro de pacientes, como la copia de listados completos de un reporte del 7 de mayo, irregularidad que fue admitida por la Secretaria de Salud después de ser un escándalo en las redes sociales (8). Solo esto ameritaría una auditoría a la SINAGER.
En el caso de Estados Unidos esto podría obedecer a un motivo económico porque el Medicare (sistema de seguro de salud de Estados Unidos) subsidia con US$13,000 si el hospital dictamina un paciente con Covid-19 y US$ 39,000 si es colocado en un ventilador mecánico (9). En el caso de Honduras, el motivo más bien podría ser político y vinculado a la corrupción. La crisis sanitaria nos mantiene en casa mientras funcionarios y empresarios inescrupulosos roban a sus anchas, y además el gobierno se vuelve elegible para más ayuda al exterior.
Hay quienes se atreven a denunciarlo. La Dra. Judy MiIkovits, conocida viróloga norteamericana que jugó un rol importante en el aislamiento del virus del VIH ha criticado que a los médicos se les obliga a reportar que las muertes donde exista la presencia de COVID19 se deben catalogar como defunciones por esa enfermedad. La Dra. Chinda Bartolino, conocida forense argentina, denuncia que en su país son amenazados con cárcel quienes cuestionen estas prácticas oficiales. En Honduras el Colegio Médico ha expresado su incredulidad respecto a las estadísticas de la SINAGER.
LA PRENSA ALINEADA
Otro fenómeno semejante es el que ocurre con la prensa. Hay una gran obsesión de la prensa vinculada a los centros de poder por “descubrir” casos de Covid-19 a como dé lugar. Mediáticamente hay un esfuerzo por destacar el Coronavirus como el causante de cualquier incremento en la morbi-mortalidad observada. Por ejemplo, en un reportaje de CNN se decía lo siguiente sobre el caso de Estados Unidos:
“Utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el equipo encontró un aumento de cerca de 15.000 muertes, del 1 de marzo al 4 de abril. Durante el mismo lapso, los estados informaron de 8.000 muertes por covid-19. “Eso es casi el doble”, dijo a CNN Dan Weinberger, quien estudia la epidemiología de las enfermedades infecciosas en Yale. El equipo no pudo mostrar si el aumento de las muertes se debió al coronavirus, dijo Weinberger. Pero hay fuertes indicios de que sí. Por ejemplo, el equipo también analizó datos sobre visitas al médico. Lo que vemos es que en muchos estados, uno ve un aumento en las enfermedades similares a la gripe, y luego, una o dos semanas después, ve un aumento en las muertes por neumonía e influenza”, dijo Weinberger. “Esto proporciona alguna confirmación de que lo que estamos viendo está relacionado con el coronavirus”. (CNN En español, 28 de abril 2020, reportaje de Maggie Fox)
Como puede verse en este reportaje, una afirmación que es una suposición se convierte en la “confirmación” de que el plus de muertes en Estados Unidos se debió a Covid-19, a pesar de que el mismo reportaje explica que hubo también el incremento de casos de Influenza y de neumonías, las cuales pueden tener varias causas. ¿Por qué CNN no supuso que se trataba de Influenza y si tuvo que suponer que se trata de Covid-19?
Al mismo tiempo puede observarse que en los noticieros de cualquier país el resto de las enfermedades son muy poco mencionadas, por no decir que absolutamente. Por ejemplo, en Latinoamérica existen, además de la pandemia Covid-19, dos enfermedades epidémicas graves, como el dengue y el sarampión (10), que en otro momento serian sensación en las primeras planas. Pero hoy día, solo Covid-19 existe en el imaginario periodístico.
En cambio, los reportajes o documentales que revelan estas malas práctica son sacados de circulación por las grandes cadenas mediáticas, calificándolas de “conspiranoicos”, aunque sean respetables programas, como ocurre con el documental “Plandemic” de la cadena Fox en Estados Unidos. (11)
Con justicia el citado virólogo argentino Pablo Goldsmith afirma que “Nuestro planeta es víctima de un nuevo fenómeno sociológico, el acoso científico-mediático, desencadenado por peritos solamente sobre la base de resultados de análisis de diagnóstico molecular de laboratorio.” (12)
LAS OTRAS ENFERMEDADES INVISIBILIZADAS
En el campo asistencial concreto, estas malas prácticas ocasionan problemas adicionales. Por el congestionamiento de casos de Covid-19, la mayoría de los centros asistenciales de salud atienden prioritariamente estos casos, mientras que del resto de enfermedades o accidentes solo se atienden emergencias o accidentes de gravedad. Esto disminuye la capacidad de los sistemas de salud para cubrir dolencias que no son Covid-19, pero que podrían incluso ser más peligrosas para los seres humanos. De hecho, las cirugías previstas están siendo suspendidas y la mayoría de los recursos económicos del sistema de salud se orientan casi exclusivamente a atender la pandemia.
El confinamiento forzoso y sus efectos colaterales también contribuyen a esto. El encierro de las ciudades produce el poco o nulo acceso de sus habitantes a los alimentos o medicamentos debido a limitaciones de funcionamiento y abastecimiento de las farmacias, la falta de transporte público, las restricciones de circulación y la falta de recursos económicos, aun en casos de emergencia. Por otro lado, el estrés del encierro por prolongados periodos de tiempo reduce las defensas y produce cuadros psicológicos o psiquiátricos de riesgo.
Entonces, es razonable pensar que una consecuencia de estas prácticas es que muchas personas estarían viendo agravar las otras dolencias y que sus posibilidades de tener graves consecuencias por ello, incluida la muerte, se incrementan con esta política, aunque no sean tan visibles como Covid-19.
Al largo plazo, el énfasis puesto en COVID19 constituye una bomba de relojería para el sistema de salud pública. Muchos casos que se dejan de atender explosionan hoy dentro de los hogares y muchos otros explotaran en el futuro próximo, porque no han desaparecido sino que se han escondido de la vista pública.
CITAS Y REFERENCIAS BIBIOGRAFICAS
- RT-PCR es la sigla en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa”.
- Ver: Megia González, Rubén, “SARS-COV1: ¿Cómo detectar el nuevo coronavirus con ayuda de la genética?”, 7 de abril 2020. Disponible en: genotipia.com
- Entrevista a Pablo Goldschmidt el 9 de abril de 2020 con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia. Disponible en https://www.youtube.com/watch?
v=CtoCNhlLsQk - Entrevista hecha por Míster Roka TV,
del 22 de marzo 2020, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?
v=Xs5ne_2E5LE. EL 4 de enero de 2010, Wodarg denunció, en una entrevista ofrecida al periódico francés L’Humanité, la presunta planificación de la psicosis de la Gripe A (H1N1), y la presunta ola de histeria y pánico que recorrió el mundo, atribuyéndole la responsabilidad a la Organización Mundial de la Salud, denunciando a personas que presuntamente están estrechamente vinculadas con las farmacéuticas, y que presuntamente todo fue una campaña montada y organizada. - CDC, citado por “Ryan Mc Maken en “En marzo, las muertes en EE. UU. de COID19 sumaron menos del 2 por ciento de todas las muertes”, 6 de abril 2020, disponible en https//mises.org/es/wire
- Meiling Lee, “Medicos se preocupan de
que guías de CDC inflen muertes por el virus del PCCh, según senador
estatal”. 17 de abril 2020, Disponible en:
https://es.theepochtimes.com/
medicos-se-preocupan-de-que- guias-de-cdc-inflen-muertes- por-el-virus-del-pcch-segun- senador-estatal_648572.html. - Entrevista al Dr. Carlos Umaña, en el Programa “Son las Tres”, el 20 de abril 2020.
- Ver: Comunicado de la Secretaria de Salud a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud y el Laboratorio Nacional de Virología del 12 de mayo de 2020.
- Los Ángeles Times, “Los Pacientes con Coronavirus podrían ser Disponible en; https://www.latimes.com/
espanol/california/articulo/ 2020-05-05/los-pacientes-con- coronavirus-podrian-ser-la- nueva-gallina-de-los-huevos- de-oro-para-los-hogares-de- ancianos - EL Espectador, 13 de mayo 2020, disponible en: https://www.elespectador.com/
coronavirus/dengue-sarampion- y-covid-19-las-epidemias-que- amenazan-america-latina- articulo-918820 - Se trata PlandemicMovie.com. Este documental es objeto de una gran polémica en todas las redes sociales, de donde está siendo borrado por las grandes cadenas porque contiene diversas recomendaciones presuntamente erróneas de la entrevistada principal, la Dra. MiIkovits. Mi sospecha es que se le ha censurado, no tanto por sus ideas particulares, sino porque el documental presenta evidencias irrefutables de que la mala práctica que aquí critico proviene del más alto nivel oficial del gobierno norteamericano.
- Goldschmidt, Pablo; Coronavirus: “El
Pánico es injustificado” dice un virólogo argentino en Francia”, Clarín,
9 de maro 2020, disponible en:
https://www.google.com/amp/s/
www.clarin.com/buena-vida
