Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia
Noam Chomsky: «La escasez de ventiladores revela la crueldad del capitalismo neoliberal»
Por C.J. Polychroniou | 06/04/2020 | Noam Chomsky - REBELIÓN
Fuentes: Truthout
El renombrado filósofo y disidente Noam Chomsky en su
oficina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en septiembre de
2016 (MARTIN BIALECKI / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de
personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados),
la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas
se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión
global.
La pandemia había sido anticipada mucho antes de su aparición, pero las acciones tendentes a prepararse para esa crisis se restringieron a causa de los crueles imperativos de un orden económico en el que “la prevención de una catástrofe futura no produce beneficios”, señala Noam Chomsky en esta entrevista exclusiva para Truthout. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor laureado en la Universidad de Arizona, autor de más de 120 libros y de miles de artículos y ensayos. En esta entrevista argumenta que el propio capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la pandemia.
C.J. Polychroniou: Noam, la epidemia de la nueva enfermedad del coronavirus se ha propagado a la mayor parte del planeta, y Estados Unidos tiene ya más casos que cualquier otro país, incluyendo China, donde se originó el virus. ¿Cree que es una evolución sorprendente?
Noam Chomsky: La escala de la plaga es sorprendente, impactante diría yo, pero no su aparición. Ni el hecho de que Estados Unidos esté teniendo la peor respuesta ante la crisis.
Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, insistiendo en ello desde la epidemia de SARS de 2003, causada también por un coronavirus, para la cual se desarrollaron vacunas que no pasaron de la fase preclínica. Ese era el momento de empezar a poner en práctica sistemas de respuesta rápida que nos prepararan para otra epidemia y guardar la capacidad de reserva que pudiera necesitarse. También se podrían haber puesto en marcha iniciativas para desarrollar defensas y modos de tratamiento para una probable reaparición de un virus relacionado.
Pero los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que haber alguien que tome decisiones. Y esa opción se ve obstaculizada por la patología del orden socioeconómico contemporáneo. Las señales del mercado eran evidentes: la prevención de una catástrofe no produce beneficios. El gobierno podría haber intervenido, pero lo impide la doctrina imperante: “el gobierno es el problema”, nos dijo Reagan con su sonrisa radiante, lo que significaba que es preciso delegar la toma de decisiones, aún más, al mundo empresarial, comprometido con la obtención de beneficios y libre de la influencia de quienes deberían preocuparse por el bien común. Los años siguientes inyectaron una dosis de brutalidad neoliberal al orden capitalista sin restricciones y a la retorcida forma de mercado que desarrolla.
La gravedad de la patología se pone en evidencia a través de uno de sus fallos más dramáticos (y letales): la falta de respiradores, que constituye uno de los principales cuellos de botella a la hora de enfrentarse a la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una pequeña empresa para que fabricara respiradores baratos, fáciles de usar. Pero intervino la lógica capitalista. La empresa fue adquirida por una gran corporación, Covidien, que marginó el proyecto y “en 2014, sin haber entregado ningún respirador al gobierno, la dirección de Covidien comunicó a funcionarios del instituto [federal] de investigación biomédica su deseo de rescindir el contrato, según tres antiguos funcionarios federales. Los directivos se quejaron de que el contrato no era lo bastante beneficioso para la compañía”.
Es una verdad que no admite duda.
Pero entonces intervino la lógica neoliberal, que dictó que el gobierno no podía intervenir para salvar el enorme fallo del mercado que ahora está creando el caos. Tal y como argumentó muy diplomáticamente el New York Times, “la paralización de la iniciativa que pretendía crear un nuevo tipo de respirador barato y de fácil uso pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud pública; su foco en la obtención del máximo beneficio no siempre está en consonancia con el objetivo del gobierno: estar preparado para una futura crisis”.
Dejando a un lado la reverencia ritual al bondadoso gobierno y a sus loables objetivos, el comentario no deja de tener razón. Podríamos añadir que el foco en el máximo beneficio tampoco está “siempre en consonancia” con la esperanza de “supervivencia de la humanidad”, tomando prestada la frase de un informe eliminado del JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, en el que se advertía de que “la supervivencia de la humanidad” estaba en peligro de seguir el rumbo actual, al que contribuía las inversiones del propio banco en combustibles fósiles. Así que Chevron canceló un proyecto de energía sostenible rentable porque obtenía más beneficios destruyendo la vida en la Tierra. ExxonMobil ni se planteó una inversión de ese tipo porque antes habría realizado cálculos de rentabilidad más precisos.
Y era totalmente lógico, según la doctrina neoliberal. Como nos explicaron en su día Milton Friedman y otras luminarias neoliberales, la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizar los beneficios. Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la “vida civilizada”.
En todo caso, nos recuperaremos de la crisis del Covid-19, pagando un precio importante y posiblemente terrible, especialmente para la población más pobre y vulnerable. Pero no nos recuperaremos del deshielo de la banquisa polar y de otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. También en este caso la catástrofe será producto de un fallo del mercado, en este caso de proporciones verdaderamente demoledoras.
La Administración actual había sido ampliamente informada de la probabilidad de una pandemia. De hecho, el pasado octubre tuvo lugar un ejercicio de simulacro a alto nivel. Durante todos sus años como presidente, Trump ha reaccionado de la manera a la que nos tiene acostumbrados: retirando la financiación y desmantelando cualquier parte relevante del gobierno e implementando regularmente las instrucciones de sus amos corporativos para eliminar las regulaciones que dificultan los beneficios y salvan vidas –y dirigiendo la carrera hacia el abismo de la catástrofe medioambiental, con diferencia su mayor crimen; de hecho el mayor crimen de la historia si consideramos las consecuencias.
A principios de enero ya había poca duda de lo que estaba ocurriendo. El 31 de diciembre China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la propagación de síntomas similares a los de la neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero, China informó a la OMS de que los científicos habían identificado el origen de la enfermedad como un coronavirus y habían conseguido secuenciar el genoma, que pusieron a disposición del mundo científico. A lo largo de enero y febrero, la inteligencia estadounidense intentó captar la atención de Trump de todas las formas posibles sin conseguirlo. Los funcionarios informaron a la prensa de que “no conseguían convencerle de que hiciera nada a ese respecto aunque las luces de alarma estaban encendidas”.
Pero Trump no permaneció callado. Emitió una serie de declaraciones confiadas informando al público de que el coronavirus no era más serio que una tos; que tenía todo bajo control; que estaba manejando la crisis a la perfección; que era muy grave pero que él ya sabía que era una pandemia antes que nadie; y así sucesivamente, con todo el repertorio de lamentables afirmaciones. La técnica está bien diseñada, como la práctica de ir soltando mentiras tan deprisa que el propio concepto de verdad desaparece. Pase lo que pase, Trump está seguro de que sus leales seguidores le defenderán. Cuando disparas flechas al azar, alguna tiene que dar en el blanco.
Para rematar este impresionante record, el 10 de febrero, con el virus recorriendo el país de punta a punta, la Casa Blanca publicó su propuesta de presupuesto anual, que amplia aún más los fuertes recortes en todas las principales partidas sanitarias responsabilidad del gobierno (de hecho, en prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar a la gente) al tiempo que incrementa la financiación de lo que realmente importa: el ejército y el muro [con México].
Una consecuencia de esto es el escandaloso retraso de las pruebas y lo limitado de estas, muy por debajo de otros países, lo que imposibilita el uso de estrategias de seguimiento de los contagios que han evitado que la epidemia se descontrole en las sociedades funcionales. Incluso los mejores hospitales carecen de suficiente equipamiento básico. Estados Unidos es en estos momentos el epicentro de la crisis.
Este ejemplo es apenas una pequeña muestra de la malevolencia trumpiana, pero lamentablemente ahora no tenemos más espacio para profundizar.
Aunque resulta tentador echar la culpa a Trump de la desastrosa respuesta ante la crisis, si queremos prevenir futuras catástrofes, es preciso que miremos más allá de su figura. Trump asumió el poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo profundamente enraizado.
La versión neoliberal del capitalismo lleva en vigor desde los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher. No debería hacer falta detallar sus funestas consecuencias. La generosidad de Reagan con los superricos tiene una relevancia absoluta en la crisis actual, cuando se prepara un nuevo rescate. Reagan se apresuró a levantar la prohibición de los paraísos fiscales y otros mecanismos destinados a trasladar la carga fiscal al público, además de autorizar la recompra de acciones –un mecanismo para inflar el valor de las acciones y enriquecer a la dirección de las empresas y a los muy ricos (que poseen la mayor parte de las acciones) al tiempo que se debilita la capacidad productiva de la compañía.
Estos cambios en la regulación tienen enormes consecuencias, del orden de decenas de billones de dólares. Por lo general, las reglas se han diseñado para beneficiar a una pequeña minoría mientras el resto tiene que luchar por mantenerse a flote. De esa manera hemos llegado a tener una sociedad en la que el 0,1 por ciento de la población posee el 20 por ciento de la riqueza y la mitad de abajo tiene un patrimonio neto negativo y vive a base de endeudarse un mes tras otro. Mientras los beneficios crecían y los salarios de los grandes directivos se disparaban, los salarios reales se han estancado. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro The Triumph of Injustice, los impuestos son básicamente planos en todos los grupos de renta, excepto en el más elevado, donde descienden.
El sistema sanitario privado (y con ánimo de lucro) estadounidense es desde hace tiempo un caso de escándalo a escala internacional, pues tiene un coste que duplica al de otras sociedades desarrolladas y uno de los peores resultados. La doctrina neoliberal le asestó otro golpe al introducir en él medidas empresariales de eficiencia: servicio bajo demanda y falta de reservas para contingencias. A la menor alteración, el sistema se viene abajo. Lo mismo ocurre con el frágil orden económico forjado sobre los principios neoliberales.
Este es el mundo heredado por Trump, el objetivo de su ariete. Aquellos interesados en reconstruir una sociedad viable a partir de las ruinas que queden tras la crisis actual harían bien en prestar atención al aviso de Vijay Prashad: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.
Sin embargo, incluso ahora, con el país en mitad de una emergencia de salud pública distinta de cualquier cosa que hayamos visto en mucho tiempo, al público estadounidense se le sigue diciendo que la sanidad universal no es una propuesta realista. ¿Es el neoliberalismo el único responsable de este punto de vista típicamente estadounidense sobre la salud?
Es una historia compleja. Para empezar, durante mucho tiempo las encuestas mostraban actitudes favorables hacia la sanidad universal, a veces incluso un fuerte apoyo. En los últimos años de la era Reagan, en torno al 70 por ciento de la población pensaba que la Constitución debería garantizar los cuidados sanitarios y el 40 por ciento pensaba que de hecho ya era así –asumiendo que la Constitución era la depositaria de todo lo que es evidentemente correcto. Las encuestas mostraban un gran apoyo al derecho a la sanidad universal, hasta que comenzó la ofensiva de propaganda de las compañías, advirtiendo de la enorme carga fiscal que eso supondría, algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Entonces el apoyo popular desapareció.
Como suele ocurrir, la propaganda tiene un elemento de verdad. Los impuestos subirán, pero los gastos totales descenderán bruscamente, como muestran los datos de países comparables. ¿Cuánto? Hay algunas estimaciones interesantes. Una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet de Reino Unido, publicó recientemente un estudio que estimaba que la implantación de la sanidad universal en Estados Unidos “probablemente supondría un ahorro del 13 por ciento en el gasto sanitario nacional, equivalente a más de 450.000 millones de dólares anuales (según el valor del dólar en 2017)”. El estudio continuaba afirmando:
“Todo el sistema podría financiarse con un menor desembolso que el que contraen las empresas y las familias que pagan las pólizas sanitarias junto con las partidas asignadas por el gobierno. Este cambio a una sanidad de un solo pagador beneficiaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, estimamos que el acceso a los cuidados sanitarios para toda la población estadounidense salvaría más de 68.000 vidas y 1,73 millones de años de vida cada año, en relación con la situación actual”.
Pero los impuestos tendrían que subir. Y parece que muchos estadounidenses prefieren gastar más dinero siempre que no sea en impuestos (aunque por otro lado eso suponga la pérdida de decenas de miles de vidas cada año). Este es un indicador sintomático del estado de la democracia estadounidense, según la percibe la gente; y, desde otra perspectiva, de la fuerza del sistema doctrinario diseñado por el poder empresarial y sus lacayos intelectuales. El ataque neoliberal ha intensificado este elemento patológico de la cultura nacional, pero las raíces son mucho más profundas y se pueden observar en muchos ejemplos. Se trata de un tema que merece la pena investigar más.
Algunos países europeos están gestionando la propagación del coronavirus mejor que otros, pero parece que los que han tenido más éxito en esta tarea se sitúan fuera del universo occidental (neo)liberal. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Rusia y la misma China. ¿Cree que este dato nos aporta información sobre los regímenes capitalistas occidentales?
Ha habido diferentes reacciones frente a la propagación del virus. China parece haberla controlado, al menos por ahora. Al igual que los países de su periferia, incluyendo a democracias no menos dinámicas que las occidentales, que tomaron muy en serio los primeros avisos. La mayor parte de Europa retrasó la toma de decisiones, pero algunos países actuaron con presteza. Alemania parece mantener el record global en cuanto a baja mortalidad, gracias a la reserva de instalaciones sanitarias y capacidad de diagnóstico y a la respuesta inmediata. Lo mismo parece ocurrir con Noruega. La reacción de Boris Johnson en Reino Unido fue vergonzosa. Pero los Estados Unidos de Trump van a la cola.
Sin embargo, la diligencia con que actuó Alemania con su población no se extendió más allá de sus fronteras. La Unión Europea ha demostrado estar cualquier cosa menos unida. No obstante, las sociedades europeas enfermas podrían pedir ayuda al otro lado del Atlántico. La superpotencia cubana está lista para ayudar una vez más con médicos y equipo. Mientras tanto, su vecino yanqui se ha dedicado a retirar la asistencia sanitaria a Yemen, donde ha contribuido a crear la mayor crisis humanitaria del mundo, y utiliza la oportunidad que le presenta la devastadora emergencia sanitaria para endurecer sus crueles sanciones y asegurar el máximo sufrimiento de sus supuestos enemigos. Cuba es su víctima más prolongada, desde los tiempos de las guerras terroristas y el estrangulamiento económico de Kennedy, aunque milagrosamente ha conseguido sobrevivir.
A propósito, debería ser extremadamente perturbador para los estadounidenses comparar el circo montado por Washington con los informes serenos, comedidos y objetivos de Angela Merkel sobre cómo manejar la epidemia.
Las distintas maneras de responder a la crisis no parecen depender de si el país es una democracia o una autocracia, sino de si su sociedad es funcional o disfuncional –lo que en la retórica de Trump se resume como “países de mierda”, como el que él mismo se esfuerza en crear bajo su mandato.
¿Qué piensa del plan de rescate económico del coronavirus, valorado en 2 billones de dólares? ¿Es suficiente para prevenir otra posible gran recesión y ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense?
El plan de rescate es mejor que nada. Ofrece un alivio limitado a algunos de los que lo necesitan desesperadamente y contiene fondos suficientes para ayudar a los verdaderamente vulnerables: las lastimosas corporaciones que acuden en tropel a papá Estado, con el sombrero en la mano, ocultando sus copias de Ayn Rand* y suplicando una vez más que el sector público las rescate tras haber pasado sus años gloriosos amasando inmensos beneficios y ampliando estos con una orgía de recompra de acciones. Pero no hay de qué preocuparse. La caja negra será supervisada por Trump y su Secretario del Tesoro, en quienes se puede confiar que serán justos e imparciales. Y si deciden ignorar las demandas del nuevo inspector general y del Congreso, ¿quién va a evitarlo? ¿El Departamento de Justicia de Barr? ¿Un impeachment?
Deberían haberse diseñado mecanismos para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, a los hogares, más allá de la miseria que parece habérseles asignado. Eso incluye a las personas trabajadoras que tenían verdaderos empleos y al enorme precariado que malvivía con empleos temporales e irregulares, pero también a otros: a quienes ya habían tirado la toalla, los cientos de miles de víctimas de “muerte por desesperación”** –una auténtica tragedia americana–, los sin techo, los presos, todos los que habitan viviendas tan inadecuadas que no es posible el aislamiento y el almacenamiento de comida, y muchos otros que no son difíciles de identificar.
Los economistas políticos Thomas Ferguson y Rob Johnson lo han explicado llanamente: Mientras la sanidad universal que es común en otros lugares se considere algo inalcanzable en Estados Unidos, “no hay ninguna razón por la que se deba aceptar un seguro único financiado por las empresas” Estos autores hacen un compendio de maneras sencillas de superar esta forma de robo corporativo.
Como mínimo, la práctica habitual de rescatar con dinero público al sector empresarial debería exigir como contrapartida la estricta prohibición de recompra de acciones, una participación importante de los trabajadores en la gestión de la empresa y el final de las escandalosas medidas proteccionistas de los mal llamados “acuerdos de libre comercio”, que garantizan enormes beneficios para las grandes farmacéuticas mientras aumentan el precio de los medicamentos mucho más de lo que sería razonable. Como mínimo.
Esta entrevista ha sido editada para facilitar su lectura.
N. de T.: *Filósofa y escritora rusa que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que defendía el egoísmo racional, el individualismo y el laissez faire y rechazaba el altruismo y el socialismo.
**Chomsky hace aquí referencia a la “epidemia” de suicidios de trabajadores en EE.UU. (del orden de 150.000 cada año), y a un libro de Anne Case y Angus Deaton, ganadores del Nobel de Economía en 2015 y autores del libro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, al que cita indirectamente el filósofo.
Fuente: https://truthout.org/articles/
La pandemia había sido anticipada mucho antes de su aparición, pero las acciones tendentes a prepararse para esa crisis se restringieron a causa de los crueles imperativos de un orden económico en el que “la prevención de una catástrofe futura no produce beneficios”, señala Noam Chomsky en esta entrevista exclusiva para Truthout. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor laureado en la Universidad de Arizona, autor de más de 120 libros y de miles de artículos y ensayos. En esta entrevista argumenta que el propio capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la pandemia.
C.J. Polychroniou: Noam, la epidemia de la nueva enfermedad del coronavirus se ha propagado a la mayor parte del planeta, y Estados Unidos tiene ya más casos que cualquier otro país, incluyendo China, donde se originó el virus. ¿Cree que es una evolución sorprendente?
Noam Chomsky: La escala de la plaga es sorprendente, impactante diría yo, pero no su aparición. Ni el hecho de que Estados Unidos esté teniendo la peor respuesta ante la crisis.
Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, insistiendo en ello desde la epidemia de SARS de 2003, causada también por un coronavirus, para la cual se desarrollaron vacunas que no pasaron de la fase preclínica. Ese era el momento de empezar a poner en práctica sistemas de respuesta rápida que nos prepararan para otra epidemia y guardar la capacidad de reserva que pudiera necesitarse. También se podrían haber puesto en marcha iniciativas para desarrollar defensas y modos de tratamiento para una probable reaparición de un virus relacionado.
Pero los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que haber alguien que tome decisiones. Y esa opción se ve obstaculizada por la patología del orden socioeconómico contemporáneo. Las señales del mercado eran evidentes: la prevención de una catástrofe no produce beneficios. El gobierno podría haber intervenido, pero lo impide la doctrina imperante: “el gobierno es el problema”, nos dijo Reagan con su sonrisa radiante, lo que significaba que es preciso delegar la toma de decisiones, aún más, al mundo empresarial, comprometido con la obtención de beneficios y libre de la influencia de quienes deberían preocuparse por el bien común. Los años siguientes inyectaron una dosis de brutalidad neoliberal al orden capitalista sin restricciones y a la retorcida forma de mercado que desarrolla.
La gravedad de la patología se pone en evidencia a través de uno de sus fallos más dramáticos (y letales): la falta de respiradores, que constituye uno de los principales cuellos de botella a la hora de enfrentarse a la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una pequeña empresa para que fabricara respiradores baratos, fáciles de usar. Pero intervino la lógica capitalista. La empresa fue adquirida por una gran corporación, Covidien, que marginó el proyecto y “en 2014, sin haber entregado ningún respirador al gobierno, la dirección de Covidien comunicó a funcionarios del instituto [federal] de investigación biomédica su deseo de rescindir el contrato, según tres antiguos funcionarios federales. Los directivos se quejaron de que el contrato no era lo bastante beneficioso para la compañía”.
Es una verdad que no admite duda.
Pero entonces intervino la lógica neoliberal, que dictó que el gobierno no podía intervenir para salvar el enorme fallo del mercado que ahora está creando el caos. Tal y como argumentó muy diplomáticamente el New York Times, “la paralización de la iniciativa que pretendía crear un nuevo tipo de respirador barato y de fácil uso pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud pública; su foco en la obtención del máximo beneficio no siempre está en consonancia con el objetivo del gobierno: estar preparado para una futura crisis”.
Dejando a un lado la reverencia ritual al bondadoso gobierno y a sus loables objetivos, el comentario no deja de tener razón. Podríamos añadir que el foco en el máximo beneficio tampoco está “siempre en consonancia” con la esperanza de “supervivencia de la humanidad”, tomando prestada la frase de un informe eliminado del JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, en el que se advertía de que “la supervivencia de la humanidad” estaba en peligro de seguir el rumbo actual, al que contribuía las inversiones del propio banco en combustibles fósiles. Así que Chevron canceló un proyecto de energía sostenible rentable porque obtenía más beneficios destruyendo la vida en la Tierra. ExxonMobil ni se planteó una inversión de ese tipo porque antes habría realizado cálculos de rentabilidad más precisos.
Y era totalmente lógico, según la doctrina neoliberal. Como nos explicaron en su día Milton Friedman y otras luminarias neoliberales, la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizar los beneficios. Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la “vida civilizada”.
En todo caso, nos recuperaremos de la crisis del Covid-19, pagando un precio importante y posiblemente terrible, especialmente para la población más pobre y vulnerable. Pero no nos recuperaremos del deshielo de la banquisa polar y de otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. También en este caso la catástrofe será producto de un fallo del mercado, en este caso de proporciones verdaderamente demoledoras.
La Administración actual había sido ampliamente informada de la probabilidad de una pandemia. De hecho, el pasado octubre tuvo lugar un ejercicio de simulacro a alto nivel. Durante todos sus años como presidente, Trump ha reaccionado de la manera a la que nos tiene acostumbrados: retirando la financiación y desmantelando cualquier parte relevante del gobierno e implementando regularmente las instrucciones de sus amos corporativos para eliminar las regulaciones que dificultan los beneficios y salvan vidas –y dirigiendo la carrera hacia el abismo de la catástrofe medioambiental, con diferencia su mayor crimen; de hecho el mayor crimen de la historia si consideramos las consecuencias.
A principios de enero ya había poca duda de lo que estaba ocurriendo. El 31 de diciembre China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la propagación de síntomas similares a los de la neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero, China informó a la OMS de que los científicos habían identificado el origen de la enfermedad como un coronavirus y habían conseguido secuenciar el genoma, que pusieron a disposición del mundo científico. A lo largo de enero y febrero, la inteligencia estadounidense intentó captar la atención de Trump de todas las formas posibles sin conseguirlo. Los funcionarios informaron a la prensa de que “no conseguían convencerle de que hiciera nada a ese respecto aunque las luces de alarma estaban encendidas”.
Pero Trump no permaneció callado. Emitió una serie de declaraciones confiadas informando al público de que el coronavirus no era más serio que una tos; que tenía todo bajo control; que estaba manejando la crisis a la perfección; que era muy grave pero que él ya sabía que era una pandemia antes que nadie; y así sucesivamente, con todo el repertorio de lamentables afirmaciones. La técnica está bien diseñada, como la práctica de ir soltando mentiras tan deprisa que el propio concepto de verdad desaparece. Pase lo que pase, Trump está seguro de que sus leales seguidores le defenderán. Cuando disparas flechas al azar, alguna tiene que dar en el blanco.
Para rematar este impresionante record, el 10 de febrero, con el virus recorriendo el país de punta a punta, la Casa Blanca publicó su propuesta de presupuesto anual, que amplia aún más los fuertes recortes en todas las principales partidas sanitarias responsabilidad del gobierno (de hecho, en prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar a la gente) al tiempo que incrementa la financiación de lo que realmente importa: el ejército y el muro [con México].
Una consecuencia de esto es el escandaloso retraso de las pruebas y lo limitado de estas, muy por debajo de otros países, lo que imposibilita el uso de estrategias de seguimiento de los contagios que han evitado que la epidemia se descontrole en las sociedades funcionales. Incluso los mejores hospitales carecen de suficiente equipamiento básico. Estados Unidos es en estos momentos el epicentro de la crisis.
Este ejemplo es apenas una pequeña muestra de la malevolencia trumpiana, pero lamentablemente ahora no tenemos más espacio para profundizar.
Aunque resulta tentador echar la culpa a Trump de la desastrosa respuesta ante la crisis, si queremos prevenir futuras catástrofes, es preciso que miremos más allá de su figura. Trump asumió el poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo profundamente enraizado.
La versión neoliberal del capitalismo lleva en vigor desde los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher. No debería hacer falta detallar sus funestas consecuencias. La generosidad de Reagan con los superricos tiene una relevancia absoluta en la crisis actual, cuando se prepara un nuevo rescate. Reagan se apresuró a levantar la prohibición de los paraísos fiscales y otros mecanismos destinados a trasladar la carga fiscal al público, además de autorizar la recompra de acciones –un mecanismo para inflar el valor de las acciones y enriquecer a la dirección de las empresas y a los muy ricos (que poseen la mayor parte de las acciones) al tiempo que se debilita la capacidad productiva de la compañía.
Estos cambios en la regulación tienen enormes consecuencias, del orden de decenas de billones de dólares. Por lo general, las reglas se han diseñado para beneficiar a una pequeña minoría mientras el resto tiene que luchar por mantenerse a flote. De esa manera hemos llegado a tener una sociedad en la que el 0,1 por ciento de la población posee el 20 por ciento de la riqueza y la mitad de abajo tiene un patrimonio neto negativo y vive a base de endeudarse un mes tras otro. Mientras los beneficios crecían y los salarios de los grandes directivos se disparaban, los salarios reales se han estancado. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro The Triumph of Injustice, los impuestos son básicamente planos en todos los grupos de renta, excepto en el más elevado, donde descienden.
El sistema sanitario privado (y con ánimo de lucro) estadounidense es desde hace tiempo un caso de escándalo a escala internacional, pues tiene un coste que duplica al de otras sociedades desarrolladas y uno de los peores resultados. La doctrina neoliberal le asestó otro golpe al introducir en él medidas empresariales de eficiencia: servicio bajo demanda y falta de reservas para contingencias. A la menor alteración, el sistema se viene abajo. Lo mismo ocurre con el frágil orden económico forjado sobre los principios neoliberales.
Este es el mundo heredado por Trump, el objetivo de su ariete. Aquellos interesados en reconstruir una sociedad viable a partir de las ruinas que queden tras la crisis actual harían bien en prestar atención al aviso de Vijay Prashad: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.
Sin embargo, incluso ahora, con el país en mitad de una emergencia de salud pública distinta de cualquier cosa que hayamos visto en mucho tiempo, al público estadounidense se le sigue diciendo que la sanidad universal no es una propuesta realista. ¿Es el neoliberalismo el único responsable de este punto de vista típicamente estadounidense sobre la salud?
Es una historia compleja. Para empezar, durante mucho tiempo las encuestas mostraban actitudes favorables hacia la sanidad universal, a veces incluso un fuerte apoyo. En los últimos años de la era Reagan, en torno al 70 por ciento de la población pensaba que la Constitución debería garantizar los cuidados sanitarios y el 40 por ciento pensaba que de hecho ya era así –asumiendo que la Constitución era la depositaria de todo lo que es evidentemente correcto. Las encuestas mostraban un gran apoyo al derecho a la sanidad universal, hasta que comenzó la ofensiva de propaganda de las compañías, advirtiendo de la enorme carga fiscal que eso supondría, algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Entonces el apoyo popular desapareció.
Como suele ocurrir, la propaganda tiene un elemento de verdad. Los impuestos subirán, pero los gastos totales descenderán bruscamente, como muestran los datos de países comparables. ¿Cuánto? Hay algunas estimaciones interesantes. Una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet de Reino Unido, publicó recientemente un estudio que estimaba que la implantación de la sanidad universal en Estados Unidos “probablemente supondría un ahorro del 13 por ciento en el gasto sanitario nacional, equivalente a más de 450.000 millones de dólares anuales (según el valor del dólar en 2017)”. El estudio continuaba afirmando:
“Todo el sistema podría financiarse con un menor desembolso que el que contraen las empresas y las familias que pagan las pólizas sanitarias junto con las partidas asignadas por el gobierno. Este cambio a una sanidad de un solo pagador beneficiaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, estimamos que el acceso a los cuidados sanitarios para toda la población estadounidense salvaría más de 68.000 vidas y 1,73 millones de años de vida cada año, en relación con la situación actual”.
Pero los impuestos tendrían que subir. Y parece que muchos estadounidenses prefieren gastar más dinero siempre que no sea en impuestos (aunque por otro lado eso suponga la pérdida de decenas de miles de vidas cada año). Este es un indicador sintomático del estado de la democracia estadounidense, según la percibe la gente; y, desde otra perspectiva, de la fuerza del sistema doctrinario diseñado por el poder empresarial y sus lacayos intelectuales. El ataque neoliberal ha intensificado este elemento patológico de la cultura nacional, pero las raíces son mucho más profundas y se pueden observar en muchos ejemplos. Se trata de un tema que merece la pena investigar más.
Algunos países europeos están gestionando la propagación del coronavirus mejor que otros, pero parece que los que han tenido más éxito en esta tarea se sitúan fuera del universo occidental (neo)liberal. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Rusia y la misma China. ¿Cree que este dato nos aporta información sobre los regímenes capitalistas occidentales?
Ha habido diferentes reacciones frente a la propagación del virus. China parece haberla controlado, al menos por ahora. Al igual que los países de su periferia, incluyendo a democracias no menos dinámicas que las occidentales, que tomaron muy en serio los primeros avisos. La mayor parte de Europa retrasó la toma de decisiones, pero algunos países actuaron con presteza. Alemania parece mantener el record global en cuanto a baja mortalidad, gracias a la reserva de instalaciones sanitarias y capacidad de diagnóstico y a la respuesta inmediata. Lo mismo parece ocurrir con Noruega. La reacción de Boris Johnson en Reino Unido fue vergonzosa. Pero los Estados Unidos de Trump van a la cola.
Sin embargo, la diligencia con que actuó Alemania con su población no se extendió más allá de sus fronteras. La Unión Europea ha demostrado estar cualquier cosa menos unida. No obstante, las sociedades europeas enfermas podrían pedir ayuda al otro lado del Atlántico. La superpotencia cubana está lista para ayudar una vez más con médicos y equipo. Mientras tanto, su vecino yanqui se ha dedicado a retirar la asistencia sanitaria a Yemen, donde ha contribuido a crear la mayor crisis humanitaria del mundo, y utiliza la oportunidad que le presenta la devastadora emergencia sanitaria para endurecer sus crueles sanciones y asegurar el máximo sufrimiento de sus supuestos enemigos. Cuba es su víctima más prolongada, desde los tiempos de las guerras terroristas y el estrangulamiento económico de Kennedy, aunque milagrosamente ha conseguido sobrevivir.
A propósito, debería ser extremadamente perturbador para los estadounidenses comparar el circo montado por Washington con los informes serenos, comedidos y objetivos de Angela Merkel sobre cómo manejar la epidemia.
Las distintas maneras de responder a la crisis no parecen depender de si el país es una democracia o una autocracia, sino de si su sociedad es funcional o disfuncional –lo que en la retórica de Trump se resume como “países de mierda”, como el que él mismo se esfuerza en crear bajo su mandato.
¿Qué piensa del plan de rescate económico del coronavirus, valorado en 2 billones de dólares? ¿Es suficiente para prevenir otra posible gran recesión y ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense?
El plan de rescate es mejor que nada. Ofrece un alivio limitado a algunos de los que lo necesitan desesperadamente y contiene fondos suficientes para ayudar a los verdaderamente vulnerables: las lastimosas corporaciones que acuden en tropel a papá Estado, con el sombrero en la mano, ocultando sus copias de Ayn Rand* y suplicando una vez más que el sector público las rescate tras haber pasado sus años gloriosos amasando inmensos beneficios y ampliando estos con una orgía de recompra de acciones. Pero no hay de qué preocuparse. La caja negra será supervisada por Trump y su Secretario del Tesoro, en quienes se puede confiar que serán justos e imparciales. Y si deciden ignorar las demandas del nuevo inspector general y del Congreso, ¿quién va a evitarlo? ¿El Departamento de Justicia de Barr? ¿Un impeachment?
Deberían haberse diseñado mecanismos para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, a los hogares, más allá de la miseria que parece habérseles asignado. Eso incluye a las personas trabajadoras que tenían verdaderos empleos y al enorme precariado que malvivía con empleos temporales e irregulares, pero también a otros: a quienes ya habían tirado la toalla, los cientos de miles de víctimas de “muerte por desesperación”** –una auténtica tragedia americana–, los sin techo, los presos, todos los que habitan viviendas tan inadecuadas que no es posible el aislamiento y el almacenamiento de comida, y muchos otros que no son difíciles de identificar.
Los economistas políticos Thomas Ferguson y Rob Johnson lo han explicado llanamente: Mientras la sanidad universal que es común en otros lugares se considere algo inalcanzable en Estados Unidos, “no hay ninguna razón por la que se deba aceptar un seguro único financiado por las empresas” Estos autores hacen un compendio de maneras sencillas de superar esta forma de robo corporativo.
Como mínimo, la práctica habitual de rescatar con dinero público al sector empresarial debería exigir como contrapartida la estricta prohibición de recompra de acciones, una participación importante de los trabajadores en la gestión de la empresa y el final de las escandalosas medidas proteccionistas de los mal llamados “acuerdos de libre comercio”, que garantizan enormes beneficios para las grandes farmacéuticas mientras aumentan el precio de los medicamentos mucho más de lo que sería razonable. Como mínimo.
Esta entrevista ha sido editada para facilitar su lectura.
N. de T.: *Filósofa y escritora rusa que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que defendía el egoísmo racional, el individualismo y el laissez faire y rechazaba el altruismo y el socialismo.
**Chomsky hace aquí referencia a la “epidemia” de suicidios de trabajadores en EE.UU. (del orden de 150.000 cada año), y a un libro de Anne Case y Angus Deaton, ganadores del Nobel de Economía en 2015 y autores del libro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, al que cita indirectamente el filósofo.
Fuente: https://truthout.org/articles/
Ley de uso obligatorio de mascarilla criminaliza la pobreza en Honduras
- 22/05/2020
Sonia Marina y su hija viven en la aldea El Guanacaste, salida a Olancho, capital Tegucigalpa.
En la aldea El Guanábano del Distrito Central, kilómetro 8 carretera
al departamento de Olancho, se encuentra el crematorio o botadero de la
capital hondureña Tegucigalpa. En el lugar, decenas de familias,
lideradas en su mayoría por madres solteras, han dejado de recolectar
plásticos desde que se decretó emergencia nacional por la propagación
del Coronavirus.
Bajo el inclemente sol y el humo que sigue saliendo del incendio de un sector del crematorio, un mediodía de mayo, Sonia Marina carga con su brazo izquierdo a su pequeña hija de un año, mientras que con la mano derecha sostiene una botella que espera llenar con la voluntad de cada conductor que pasa por la carretera, con suerte logra algunos lempiras.
Sonia Marina y su hija salen a la calle sin una mascarilla que las proteja del Coronavirus. “Nosotros estamos pidiendo por necesidad, trabajamos en el Crematorio y ahorita no están comprando nada; pedimos que se ponga –Juan Orlando Hernández- la mano en el corazón, a veces no tenemos ni para comprarle un huevito a los cipotes, miramos llorar de hambre a los niños”.
Según el Observatorio Demográfico Universitario, en Honduras 2 millones 90 mil 564 mujeres son madres y un 52% de las madres jefas de hogar solteras viven en condiciones de pobreza.
Tras 15 días de haber tomado la decisión de apostarse a mitad de carretera, Sonia Marina puede ser sancionada con 200 lempiras, trabajo comunitario por seis horas y detención policial de 12 horas por no portar una mascarilla. El Congreso Nacional, la tarde del 21 de mayo, aprobó la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad.
La normativa, que además establece en los casos de reincidencia habitual, perderán el derecho a gozar de los beneficios de los programas sociales, incentivos fiscales o de otro orden promovidos por el Gobierno de la República, fue aprobada sin un proceso de socialización previo, denuncia el diputado Jorge Cálix.
“Nos la compartieron un día antes, mandar la ley no es socialización. Nosotros estamos claros que debemos usar mascarilla, el problema es que esta ley criminaliza la pobreza porque obliga a la gente a comprar mascarillas y en Honduras hay 2.5 millones de personas que viven con menos de un dólar al día”, señala Cálix, asegurando que la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) votó en contra la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas.
En su último informe, Análisis y Propuestas Frente a la Crisis del Coronavirus, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) indica que Honduras, hasta el año 2019, contaba con 474,066 hogares en condición de pobreza relativa y 770,621 en condición de pobreza extrema para un total de 1.2 millones de hogares en condiciones de pobreza, sin embargo, los hogares beneficiados del programa Honduras Solidaria son 710,744 a nivel nacional.
“Las transferencias monetarias o alimentarias, realizadas a través de las municipalidades, son equivalentes a 471.86 lempiras, transferencia que es insuficiente para garantizar una canasta de bienes y servicios básica cuyo costo, según datos del INE ronda los 11,345.10 lempiras; sin mencionar que la medida tiende a ser excluyente, al no abarcar al total de personas en condición de pobreza”, apunta el FOSDEH.
Una ley inconstitucional y desconectada de la realidad
Desde el punto de vista jurídico, la abogada Gracia María Bertrand, jueza de sentencia en San Pedro Sula, indica que con la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas el gobierno está incumpliendo la obligación de garantizar la salud de la ciudadanía: “el Estado, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo primero, debe respetar el derecho a la salud y que debe garantizarlo; debe garantizarlo por medio de presupuestos, de acciones positivas por medio de leyes y de medidas encaminadas a que todos gocemos por igual, qué quiere decir todos, que no exista discriminación”.
La jueza Gracia Bertrand interpreta que la normativa de uso obligatorio de mascarillas “a todas luces es discriminatoria e inconstitucional porque lo que pretende es criminalizar la pobreza”, puesto que no todas las personas podrán comprar una mascarilla.
Durante el debate de aprobación de la ley, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Pérez, aseguró que no se establecen penas “porque las penas son derivadas de un delito, después de haber desarrollado un proceso penal y de encontrar responsable a una persona, el mismo Código Penal establece que las sanciones administrativas no se pueden considerar penas”.
Sin embargo, la jueza Bertrand interpreta que las imposiciones de la nueva ley violenta el artículo 187 de la Constitución de la República, porque ante un estado de emergencia no se pueden establecer ni nuevos delitos ni nuevas penas: “esta es una pena, desde todo punto de vista, porque se lleva a cabo un trabajo comunitario, una multa pecuniaria y una detención”.
Agrega que la Ley, además, infringe el artículo 97 constitucional que enmarca el principio de legalidad criminal, el cual se indica que ninguna persona podrá ser limitada de sus derechos y de sus libertades si no ha sido oído y vencido en juicio.
“Esa persona tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a ser escuchada ante un juez, que conforme a todas las garantías procesales le va a decir que no tenía la plata suficiente para comprar una mascarilla y la va eximir de toda responsabilidad”, explica la jueza Bertrand.
Para el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa, la medida impuesta por la administración de Juan Orlando Hernández está totalmente desconectada de la realidad, porque no se han tomado en cuenta los niveles de extrema pobreza y desigualdad social, y se estaría colocando como un paliativo a la apertura de la economía que, probablemente necesitaba una reflexión y preparación más profunda.
Sosa plantea que, más allá si es constitucional o legal, el gobierno ha sido incapaz de suministrar al personal médico y de enfermería el equipo de bioseguridad: “no necesitamos ley para que el gobierno dote a toda la población, específicamente a las más pobres, de mascarillas suficientes de manera universal”.
De acuerdo a Sosa, la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas no solo es una situación de criminalización es una “especie de fascismo político y social”, porque son los más pobres los que van a pagar las consecuencias de las sanciones impuestas y de la falta de control en los precios de los materiales de bioseguridad.
“Eso es parecido al confinamiento que se instaló sin garantizarle comida a la gente; las leyes fuera de contexto social terminan siendo no solo perversas y autoritarias, sino estúpidas”, expresó Sosa.
A Sonia Marina le sigue una fila de madres con sus bebés en brazos, quienes esperan ver salir la mano sobre el vidrio de un carro: “soy madre soltera y no tengo nadie quien me ayude”.
Bajo el inclemente sol y el humo que sigue saliendo del incendio de un sector del crematorio, un mediodía de mayo, Sonia Marina carga con su brazo izquierdo a su pequeña hija de un año, mientras que con la mano derecha sostiene una botella que espera llenar con la voluntad de cada conductor que pasa por la carretera, con suerte logra algunos lempiras.
Sonia Marina y su hija salen a la calle sin una mascarilla que las proteja del Coronavirus. “Nosotros estamos pidiendo por necesidad, trabajamos en el Crematorio y ahorita no están comprando nada; pedimos que se ponga –Juan Orlando Hernández- la mano en el corazón, a veces no tenemos ni para comprarle un huevito a los cipotes, miramos llorar de hambre a los niños”.
Según el Observatorio Demográfico Universitario, en Honduras 2 millones 90 mil 564 mujeres son madres y un 52% de las madres jefas de hogar solteras viven en condiciones de pobreza.
Tras 15 días de haber tomado la decisión de apostarse a mitad de carretera, Sonia Marina puede ser sancionada con 200 lempiras, trabajo comunitario por seis horas y detención policial de 12 horas por no portar una mascarilla. El Congreso Nacional, la tarde del 21 de mayo, aprobó la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad.
La normativa, que además establece en los casos de reincidencia habitual, perderán el derecho a gozar de los beneficios de los programas sociales, incentivos fiscales o de otro orden promovidos por el Gobierno de la República, fue aprobada sin un proceso de socialización previo, denuncia el diputado Jorge Cálix.
“Nos la compartieron un día antes, mandar la ley no es socialización. Nosotros estamos claros que debemos usar mascarilla, el problema es que esta ley criminaliza la pobreza porque obliga a la gente a comprar mascarillas y en Honduras hay 2.5 millones de personas que viven con menos de un dólar al día”, señala Cálix, asegurando que la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) votó en contra la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas.
En su último informe, Análisis y Propuestas Frente a la Crisis del Coronavirus, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) indica que Honduras, hasta el año 2019, contaba con 474,066 hogares en condición de pobreza relativa y 770,621 en condición de pobreza extrema para un total de 1.2 millones de hogares en condiciones de pobreza, sin embargo, los hogares beneficiados del programa Honduras Solidaria son 710,744 a nivel nacional.
“Las transferencias monetarias o alimentarias, realizadas a través de las municipalidades, son equivalentes a 471.86 lempiras, transferencia que es insuficiente para garantizar una canasta de bienes y servicios básica cuyo costo, según datos del INE ronda los 11,345.10 lempiras; sin mencionar que la medida tiende a ser excluyente, al no abarcar al total de personas en condición de pobreza”, apunta el FOSDEH.
Una ley inconstitucional y desconectada de la realidad
Desde el punto de vista jurídico, la abogada Gracia María Bertrand, jueza de sentencia en San Pedro Sula, indica que con la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas el gobierno está incumpliendo la obligación de garantizar la salud de la ciudadanía: “el Estado, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo primero, debe respetar el derecho a la salud y que debe garantizarlo; debe garantizarlo por medio de presupuestos, de acciones positivas por medio de leyes y de medidas encaminadas a que todos gocemos por igual, qué quiere decir todos, que no exista discriminación”.
La jueza Gracia Bertrand interpreta que la normativa de uso obligatorio de mascarillas “a todas luces es discriminatoria e inconstitucional porque lo que pretende es criminalizar la pobreza”, puesto que no todas las personas podrán comprar una mascarilla.
Durante el debate de aprobación de la ley, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Pérez, aseguró que no se establecen penas “porque las penas son derivadas de un delito, después de haber desarrollado un proceso penal y de encontrar responsable a una persona, el mismo Código Penal establece que las sanciones administrativas no se pueden considerar penas”.
Sin embargo, la jueza Bertrand interpreta que las imposiciones de la nueva ley violenta el artículo 187 de la Constitución de la República, porque ante un estado de emergencia no se pueden establecer ni nuevos delitos ni nuevas penas: “esta es una pena, desde todo punto de vista, porque se lleva a cabo un trabajo comunitario, una multa pecuniaria y una detención”.
Agrega que la Ley, además, infringe el artículo 97 constitucional que enmarca el principio de legalidad criminal, el cual se indica que ninguna persona podrá ser limitada de sus derechos y de sus libertades si no ha sido oído y vencido en juicio.
“Esa persona tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a ser escuchada ante un juez, que conforme a todas las garantías procesales le va a decir que no tenía la plata suficiente para comprar una mascarilla y la va eximir de toda responsabilidad”, explica la jueza Bertrand.
Para el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa, la medida impuesta por la administración de Juan Orlando Hernández está totalmente desconectada de la realidad, porque no se han tomado en cuenta los niveles de extrema pobreza y desigualdad social, y se estaría colocando como un paliativo a la apertura de la economía que, probablemente necesitaba una reflexión y preparación más profunda.
Sosa plantea que, más allá si es constitucional o legal, el gobierno ha sido incapaz de suministrar al personal médico y de enfermería el equipo de bioseguridad: “no necesitamos ley para que el gobierno dote a toda la población, específicamente a las más pobres, de mascarillas suficientes de manera universal”.
De acuerdo a Sosa, la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas no solo es una situación de criminalización es una “especie de fascismo político y social”, porque son los más pobres los que van a pagar las consecuencias de las sanciones impuestas y de la falta de control en los precios de los materiales de bioseguridad.
“Eso es parecido al confinamiento que se instaló sin garantizarle comida a la gente; las leyes fuera de contexto social terminan siendo no solo perversas y autoritarias, sino estúpidas”, expresó Sosa.
A Sonia Marina le sigue una fila de madres con sus bebés en brazos, quienes esperan ver salir la mano sobre el vidrio de un carro: “soy madre soltera y no tengo nadie quien me ayude”.
OIT pide a gobiernos garantizar un regreso laboral seguro ante reapertura de la economía
mayo 22, 2020
Redacción
Por: Redaccion CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Ante el regreso cauteloso a la vida laboral en un escenario de convivencia con el Covid-19, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ha hecho un llamado a los gobiernos del mundo a seguir una serie de criterios de bioseguridad para garantizar el regreso seguro a las actividades laborales.
Teniendo en cuenta la decisión de reapertura de la economía adoptada en la mayoría de los países, la OIT ha insistido a las autoridades sobre la necesidad de situar a los derechos laborales en las políticas públicas de regreso al trabajo.
Por lo que ese organismo propone que “antes del regreso al trabajo se evalúe cada entorno laboral, puesto de trabajo o grupo de puestos específicos, y que se apliquen medidas de prevención para que primen la seguridad y la salud de todos los trabajadores, conforme a controles jerarquizados”.
“Las medidas que deban aplicarse dependerán en cada entorno laboral concreto”, explica el ente internacional. No obstante, existe la posibilidad de que “haya que recurrir a la instalación de obstáculos físicos, como pantallas transparentes, la mejora de la ventilación, o la adopción de un horario de trabajo flexible, además de prácticas idóneas de limpieza e higiene”, añade.
Además de las medidas de bioseguridad hasta ahora conocidas como el uso de la mascarilla, la OIT formula “la posibilidad de recurrir al uso de equipo de protección personal adecuado, en particular en el caso de las ocupaciones más peligrosas, y que dichos equipos deberán ser facilitados sin cargo a los trabajadores”.
Por otro lado, pide contemplar las necesidades de los trabajadores más expuestos al riesgo de enfermedad grave. Así como “los trabajadores de edad, las trabajadoras embarazadas; las personas refugiadas y las migrantes, así como quienes trabajan en el sector informal”.
Pese a presentar indicadores desalentadores en el número de contagiados acercándose a los 5 mil casos de Covid-19 con una alta tasa de mortalidad, en Honduras el gobierno ha anunciado en las últimas horas un plan de reapertura a “la nueva normalidad”, que se propone retomar en su totalidad las actividades económica empezando el próximo 1 de junio.
Entre los sectores que contempla la medida aprobada vía decreto se enumeran: Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y farmacias.
Toda la cadena de producción, industrialización, transporte, distribución y comercialización de alimentos. La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender emergencia.
Asimismo, sector agroalimentario de producción y distribución de alimentos; las instituciones del Sistema Financiero, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito; gasolineras. Supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Transporte público por motivo de salud y el contrato por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores.
Igualmente, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. Así como también la construcción de obras públicas, la industria de la carga marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos, entre otros rubros.
Es de destacar que previo al anuncio de reapertura de la economía, el gobierno había consentido a rubros como la industria de la maquila operar, sin ninguna certeza que estos estuvieran cumpliendo con los protocolos de bioseguridad laboral. De hecho, en este lapsus, los trabajadores de la maquila denunciaron ser obligados a laborar bajo un régimen de trabajo sin medidas rigurosas en materia de bioseguridad.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Ante el regreso cauteloso a la vida laboral en un escenario de convivencia con el Covid-19, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ha hecho un llamado a los gobiernos del mundo a seguir una serie de criterios de bioseguridad para garantizar el regreso seguro a las actividades laborales.
Teniendo en cuenta la decisión de reapertura de la economía adoptada en la mayoría de los países, la OIT ha insistido a las autoridades sobre la necesidad de situar a los derechos laborales en las políticas públicas de regreso al trabajo.
Por lo que ese organismo propone que “antes del regreso al trabajo se evalúe cada entorno laboral, puesto de trabajo o grupo de puestos específicos, y que se apliquen medidas de prevención para que primen la seguridad y la salud de todos los trabajadores, conforme a controles jerarquizados”.
“Las medidas que deban aplicarse dependerán en cada entorno laboral concreto”, explica el ente internacional. No obstante, existe la posibilidad de que “haya que recurrir a la instalación de obstáculos físicos, como pantallas transparentes, la mejora de la ventilación, o la adopción de un horario de trabajo flexible, además de prácticas idóneas de limpieza e higiene”, añade.
Además de las medidas de bioseguridad hasta ahora conocidas como el uso de la mascarilla, la OIT formula “la posibilidad de recurrir al uso de equipo de protección personal adecuado, en particular en el caso de las ocupaciones más peligrosas, y que dichos equipos deberán ser facilitados sin cargo a los trabajadores”.
Por otro lado, pide contemplar las necesidades de los trabajadores más expuestos al riesgo de enfermedad grave. Así como “los trabajadores de edad, las trabajadoras embarazadas; las personas refugiadas y las migrantes, así como quienes trabajan en el sector informal”.
Pese a presentar indicadores desalentadores en el número de contagiados acercándose a los 5 mil casos de Covid-19 con una alta tasa de mortalidad, en Honduras el gobierno ha anunciado en las últimas horas un plan de reapertura a “la nueva normalidad”, que se propone retomar en su totalidad las actividades económica empezando el próximo 1 de junio.
Entre los sectores que contempla la medida aprobada vía decreto se enumeran: Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y farmacias.
Toda la cadena de producción, industrialización, transporte, distribución y comercialización de alimentos. La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender emergencia.
Asimismo, sector agroalimentario de producción y distribución de alimentos; las instituciones del Sistema Financiero, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito; gasolineras. Supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Transporte público por motivo de salud y el contrato por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores.
Igualmente, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. Así como también la construcción de obras públicas, la industria de la carga marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos, entre otros rubros.
Es de destacar que previo al anuncio de reapertura de la economía, el gobierno había consentido a rubros como la industria de la maquila operar, sin ninguna certeza que estos estuvieran cumpliendo con los protocolos de bioseguridad laboral. De hecho, en este lapsus, los trabajadores de la maquila denunciaron ser obligados a laborar bajo un régimen de trabajo sin medidas rigurosas en materia de bioseguridad.
Presentación Pública del II Informe en el marco del Covid-19
Por defensores -
20 mayo, 2020
En este segundo informe queremos destacar los siguientes aspectos:
Aquí estamos dando continuidad a los impactos de las dos primeras semanas de cuarentena obligatoria sobre los derechos humanos.Aquellos signos iniciales de autoritarismo militar que señalamos alrededor de la gerencia de la crisis provocada por el Covid19 están confirmados por los hechos en la primera semana de abril.
En el período de este informe hay un recuento de manifestaciones por hambre reprimidas con brutalidad y una serie de denuncias de corrupción y sectarismo político, que han provocado renuncias de funcionarios, incluidos militares.
La falta de credibilidad en la información oficial, la corrupción en el manejo de los presupuestos de emergencia, el aumento de los casos de contagio por la inepta dirección de la crisis sin un testeo científico de la población y la creciente conflictividad generada por el hambre en medio de los extendidos toques de queda, son elementos centrales en este documento.
Como fue subrayado en marzo, la omnipresencia de Juan Orlando Hernández — un político ayuno de legitimidad social y política, tras el asalto ilegal al poder y su vinculación a la mafia narcotraficante que co-dirigía su hermano Tonny –, impone una estrategia de culto a su personalidad que lo vende como el protector de los irresponsables ciudadanos que se hacen contagiar por su propia irresponsabilidad.
Con el apoyo de las redes locales de defensores y defensoras de derechos humanos en casi todo el país, con nuestro propio equipo central en Tegucigalpa y las redes sociales independientes, el COFADEH y la Convergencia contra el Continuismo (CCC), presentamos este informe que enfatiza la situación de los derechos humanos a la salud, alimentación, seguridad social, educación y trabajo, principalmente.
Estos derechos económicos, sociales y culturales sufren los impactos de la militarización de una emergencia nacional que evoluciona en medio de la desesperación colectiva por la pérdida de empleos, la escasez de alimentos y el miedo impuesto irresponsablemente por una cúpula que se mueve con el sentido mezquino de la oportunidad, descentralizando recursos a las municipalidades, pero controlando su distribución con criterios sectarios.
Este es el tiempo de las primeras suspensiones de millares de trabajadores del sector industrial, pero también el tiempo de los recursos jurídicos colectivos ante el poder judicial para demandar protección a los trabajadores del sector salud y alimentar a las primeras naciones indígenas del país, particularmente los Tolupanes de Yoro, Atlántida y Francisco Morazán.
Es también el tiempo de nuevas manifestaciones de calle, que sobrepasan las 160, la mayoría contra la injusta distribución de alimentos, pero lamentablemente también por estigmatización colectiva de familias, barrios y ciudades que sufren contagios.
Este II Informe Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos, tiene por objetivo denunciar los hechos para evitar la impunidad, que es la madre de nuevas y repetidas violaciones a la vida y la libertad.
Sugerimos su lectura desde el contexto hasta las conclusiones, haciendo suyas las recomendaciones a diferentes actores con poder para cambiar las cosas.
¡!De los hechos y los hechores: Ni olvido, Ni perdón!!
Tegucigalpa MDC 20 de mayo de 2020
Descargar informe aquí: 2do INFORME SITUACIÓN DH EN HONDURAS marco Covid19 (abril20)
Coronavirus: Régimen se niega a adoptar recomendaciones de la ONU para liberar a los presos políticos
Por Marc Allas -
20 mayo, 2020
Ambientalistas de Guapinol recluidos en el Centro Penal de Olanchito
La misiva explica a manera de contexto que las circunstancias
desfavorables de reclusión para más de 22 mil personas privadas de
libertad, en los 24 centros penales hondureños, componen un foco de
riesgo ante la pandemia del coronavirus COVID-19, debido a que, en un
espacio carcelario que debería estar destinado para cuatro personas, hay
hasta 9 y 11 internos, hay escasez de agua, falta de medidas de higiene
y el personal penitenciario entra y sale de las prisiones
continuamente.
Las cárceles son lugares cerrados y no cuentan con sistemas de ventilación porque su infraestructura es antigua, y las modernas son de máxima seguridad, además hay una tasa de ocupación carcelaria sobre poblada con más del 73 por ciento de su capacidad que es sólo para 8 mil reclusos
Las recomendaciones ante la pandemia son que las personas deben mantener distancia de 1.5 a 2 metros; esto es materialmente imposible en las celdas hacinadas. El otro tema es que, en los centros carcelarios, se atienden situaciones médicas básicas.
Únicamente hay un médico por cada mil privados de libertad, lo cual crearía otra problemática en caso de que se registrara un brote de covid19. Además de los traslados riesgosos tanto de reclusos como de custodios, como ya ocurrió en el centro Penal de Támara y en El Porvenir.
La carta resalta la recomendación hecha a los gobiernos por parte de Michelle Bachelet semanas atrás, donde llama a la excarcelación de “todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, a fin de evitar “consecuencias catastróficas”.
Dichas recomendaciones, así como los llamados del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han sido desoídas. Y la situación para los presos políticos se agrava, explica la misiva.
Los presos políticos defensores del ambiente del caso conocido como “Guapinol” son: José Daniel Márquez (de 42 años, sufre hipertensión, y no recibe un tratamiento adecuado.), Kelvin Alejandro Romero Martínez (de 30 años, sufre de hipertensión y ha desarrollado un cuadro infeccioso urinario que no ha sido tratado.), José Abelino Cedillo (35 años), Porfirio Sorto Cedillo (de 48 años, tiene problemas oculares y alergias que desarrolló en la prisión.).
Ewer Alexander Cedillo (de 28 años sufre de asma y no recibe tratamiento), Orbin Nahun Hernández (de 30 años sufre de jaquecas agudas, no recibe tratamiento), Arnold Javier Alemán Soriano (de 20 años, es alérgico y en los últimos meses, ha presentado cuadros graves y aunque está registrado en el archivo clínico del médico de la prisión, no recibe atención continua ni cuando la necesita). Todos ellos se encuentran recluidos en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
En este reclusorio, existen serios problemas de hacinamiento, falta de agua potable y falta de ventilación. La celda en la que están recluidos apenas tiene 12 metros cuadrados, y hay entre ocho y diez personas en la misma.
Las cárceles son lugares cerrados y no cuentan con sistemas de ventilación porque su infraestructura es antigua, y las modernas son de máxima seguridad, además hay una tasa de ocupación carcelaria sobre poblada con más del 73 por ciento de su capacidad que es sólo para 8 mil reclusos
Las recomendaciones ante la pandemia son que las personas deben mantener distancia de 1.5 a 2 metros; esto es materialmente imposible en las celdas hacinadas. El otro tema es que, en los centros carcelarios, se atienden situaciones médicas básicas.
Únicamente hay un médico por cada mil privados de libertad, lo cual crearía otra problemática en caso de que se registrara un brote de covid19. Además de los traslados riesgosos tanto de reclusos como de custodios, como ya ocurrió en el centro Penal de Támara y en El Porvenir.
La carta resalta la recomendación hecha a los gobiernos por parte de Michelle Bachelet semanas atrás, donde llama a la excarcelación de “todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, a fin de evitar “consecuencias catastróficas”.
Dichas recomendaciones, así como los llamados del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han sido desoídas. Y la situación para los presos políticos se agrava, explica la misiva.
Los presos políticos defensores del ambiente del caso conocido como “Guapinol” son: José Daniel Márquez (de 42 años, sufre hipertensión, y no recibe un tratamiento adecuado.), Kelvin Alejandro Romero Martínez (de 30 años, sufre de hipertensión y ha desarrollado un cuadro infeccioso urinario que no ha sido tratado.), José Abelino Cedillo (35 años), Porfirio Sorto Cedillo (de 48 años, tiene problemas oculares y alergias que desarrolló en la prisión.).
Ewer Alexander Cedillo (de 28 años sufre de asma y no recibe tratamiento), Orbin Nahun Hernández (de 30 años sufre de jaquecas agudas, no recibe tratamiento), Arnold Javier Alemán Soriano (de 20 años, es alérgico y en los últimos meses, ha presentado cuadros graves y aunque está registrado en el archivo clínico del médico de la prisión, no recibe atención continua ni cuando la necesita). Todos ellos se encuentran recluidos en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
En este reclusorio, existen serios problemas de hacinamiento, falta de agua potable y falta de ventilación. La celda en la que están recluidos apenas tiene 12 metros cuadrados, y hay entre ocho y diez personas en la misma.
Parte de los integrantes de la Coordinación Nacional de la CCC
Los presos refirieron que tienen problemas para acceder a alimentos,
que la atención sanitaria es deficiente y que no se toman medidas
suficientes ni adecuadas para proteger a los internos frente a la
ocurrencia y propagación de enfermedades al interior del centro penal.
En una situación similar se encuentra Jeremías Martínez (de 63 años), que forma parte de los ambientalistas de Guapinol, que está preso en el Centro Penal de La Ceiba. Jeremías padece un estado avanzado de úlcera gástrica, que requiere alimentación especial y que se le ha negado por la cuarentena extendida a causa del coronavirus.
Además de este padecimiento Jeremías Martínez sufre de “reflujo” que no le permite dormir acostado, permanece sentado durante día y noche y tiene infección en la próstata, esta última adquirida en prisión.
Entretanto, otros presos políticos como Felipe Antonio Esquivel y Víctor Joseph Castillo, que se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de Choluteca, están en riesgo de contraer el coronavirus.
El centro penal de Choluteca, es un edificio antiguo con capacidad para 600 personas, pero alberga a mil 50 hombres y mujeres que viven hacinadas, con altas temperaturas que superan los 42 grados centígrados en verano. Aquí los principales problemas, aparte del hacinamiento, la deficiente alimentación, el acceso al agua, la atención médica y un sistema eléctrico deplorable, representa un riesgo permanente de incendio.
Otro de los presos políticos, es el joven docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, que presenta un cuadro depresivo agudo, y que después de permanecer recluido en una cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, se encuentra ahora en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, bajo custodia policial.
El COFADEH, la CCC y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos le expresaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que “nos preocupa que el Estado no esté cumpliendo con sus recomendaciones, ya que tal y como usted expresó, mantener privados de libertad en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos y de salud durante esta pandemia, conlleva un alto riesgo para la vida y salud de estos; por lo que hacerlo, debería ser exclusivamente una medida de último recurso.
Todavía más preocupante es la situación de la mayoría de los presos políticos que tienen enfermedades crónicas vulnerables al covid19. Los brotes están llegando a las cárceles de Honduras. En dos de éstas, se han detectado casos una con resultados irreparables, sostuvieron los firmantes.
“Por la situación antes descrita le solicitamos respetuosamente que continúe insistiendo a los Estado y en particular al de Honduras, que adopte medidas en forma urgente para resguardar la vida y la integridad de todos los presos políticos en Honduras, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han cometido delitos, han ejercido su derecho a la protesta y al legítimo ejercicio del derecho a expresar sus pensamientos respecto al régimen ilegitimo que usurpa el gobierno de Honduras”, expone la misiva.
Ver Carta: Comunicación Alta Comisionada de DDHH
En una situación similar se encuentra Jeremías Martínez (de 63 años), que forma parte de los ambientalistas de Guapinol, que está preso en el Centro Penal de La Ceiba. Jeremías padece un estado avanzado de úlcera gástrica, que requiere alimentación especial y que se le ha negado por la cuarentena extendida a causa del coronavirus.
Además de este padecimiento Jeremías Martínez sufre de “reflujo” que no le permite dormir acostado, permanece sentado durante día y noche y tiene infección en la próstata, esta última adquirida en prisión.
Entretanto, otros presos políticos como Felipe Antonio Esquivel y Víctor Joseph Castillo, que se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de Choluteca, están en riesgo de contraer el coronavirus.
El centro penal de Choluteca, es un edificio antiguo con capacidad para 600 personas, pero alberga a mil 50 hombres y mujeres que viven hacinadas, con altas temperaturas que superan los 42 grados centígrados en verano. Aquí los principales problemas, aparte del hacinamiento, la deficiente alimentación, el acceso al agua, la atención médica y un sistema eléctrico deplorable, representa un riesgo permanente de incendio.
Otro de los presos políticos, es el joven docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, que presenta un cuadro depresivo agudo, y que después de permanecer recluido en una cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, se encuentra ahora en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, bajo custodia policial.
El COFADEH, la CCC y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos le expresaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que “nos preocupa que el Estado no esté cumpliendo con sus recomendaciones, ya que tal y como usted expresó, mantener privados de libertad en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos y de salud durante esta pandemia, conlleva un alto riesgo para la vida y salud de estos; por lo que hacerlo, debería ser exclusivamente una medida de último recurso.
Todavía más preocupante es la situación de la mayoría de los presos políticos que tienen enfermedades crónicas vulnerables al covid19. Los brotes están llegando a las cárceles de Honduras. En dos de éstas, se han detectado casos una con resultados irreparables, sostuvieron los firmantes.
“Por la situación antes descrita le solicitamos respetuosamente que continúe insistiendo a los Estado y en particular al de Honduras, que adopte medidas en forma urgente para resguardar la vida y la integridad de todos los presos políticos en Honduras, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han cometido delitos, han ejercido su derecho a la protesta y al legítimo ejercicio del derecho a expresar sus pensamientos respecto al régimen ilegitimo que usurpa el gobierno de Honduras”, expone la misiva.
Ver Carta: Comunicación Alta Comisionada de DDHH
Pandemia incrementa desplazamiento y migración de familias hondureñas
- 18/05/2020
En medio de la crisis mundial por el Covid-19, no detiene las
deportaciones masivas de centroamericanos. Debido a la pandemia, los
retornados y retornadas tendrán un mayor desafío para reintegrarse a la
económica y socialmente a sus comunidadesLas personas que están en movimiento como los refugiados, migrantes, desplazados y solicitantes de asilo, entre otros, son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que les estigmatizan y discriminan.
A pesar de la crisis global provocada por el COVID-19, los vuelos con personas deportadas de Estados Unidos y México, no se detienen.
Radio Progreso (RP) conversó con Ludym Ayala (LA), representante del Consejo Noruego para Refugiados, sobre la situación que enfrentan esas familias.
RP. ¿Qué impacto han tenido las deportaciones durante el año 2020?
LA.Desde el Consejo Noruego para Refugiados, trabajamos muy de cerca con la Cancillería en los centros de atención al migrante retornado. Tenemos vigilancia permanente, sobre todo, en el centro que funciona en La Lima, Cortés.
Según nuestros datos, en lo que va del año hemos recibido un total de 9,475 personas deportadas desde Estados Unidos entre hombres, mujeres y núcleos familiares, y de México 3,867 personas deportadas.
RP. En comparación con otros años, ¿cómo siguen las estadísticas este 2020?
LA. En el caso de las personas deportadas no hay una disminución drástica en cuanto al número. Las cifras han variado un poco, pero no son significativas. Hemos recibido un total de 42 vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, con aproximadamente de 3,789 personas desde Estados Unidos y de México 1,578. Quienes han estado pasando en los centros de alojamiento temporal que se han habilitado en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
RP. ¿Qué trato se les da en estos centros de migrantes?
LA. Al llegar al país estas personas inmediatamente son puestas en cuarentena. Se han hecho esfuerzos para que estén en condiciones de dignidad. Los centros se han acomodado dentro de lo posible de la mejor manera. Varias organizaciones internacionales continúan gestionando para su adecuación y que, se les puedan garantizar los servicios de alimentación y salud, es decir, su comodidad durante los 14 días que dura la estadía en cuarentena.
Estamos trabajando en la identificación de personas con necesidad de protección. Cuando identificamos una persona que tuvo que salir del país por situaciones de violencia y al regresar no puede buscar a su familia, nosotros les apoyamos para que accedan a alojamientos temporales y mecanismos de reubicación interna para la reducir sus riesgos.
RP. ¿El confinamiento ha contribuido a reducir las cifras de desplazamiento?
LA. Por las restricciones de movilidad ha habido una disminución del número de casos con relación a años anteriores, pero tampoco es una disminución enorme. El desplazamiento sigue a la orden del día.
La cuarentena ha hecho que el acompañamiento se haga un poco más difícil, pero de una u otra forma hemos encontrado la manera de identificar y dar acompañamiento a casos de desplazamiento. Lo que ha sucedido en este periodo es que, la estadía en los alojamientos temporales se ha tenido que extender un poco, porque hay más retos para la movilización de las personas. Sin embargo, la gente sigue saliendo, sigue desplazándose por situaciones como la violencia.
RP. ¿Cómo impactará la pandemia del Covid-19 en el desplazamiento y la migración de la ciudadanía?
LA. El impacto de esta pandemia ya se está viviendo. Por ejemplo, la pérdida de empleos y de oportunidades de generación de medios de vida de las personas. Uno de los perfiles que hemos empezado a atender en el marco de la emergencia, son las personas que ya habían sido reubicadas internamente, que ya se habían desplazado y que habían alcanzado cierta estabilidad económica para poder valerse por sí mismos.
Han perdido estos medios de ingresos y eso ha generado que estén considerando, en algunos casos, regresar a sus comunidades de origen y en otros casos, la salida del país.
El impacto será fuerte a nivel económico, recuperarse nuevamente va a acostar y seguramente incrementará el desplazamiento y las migraciones. Muy posiblemente estemos hablando de un incremento en la migración, porque una de las principales causas de la migración es la económico, la falta de acceso a alternativas laborales. A estas alturas hay muchas familias que están considerando esto.
Caravanas migrantes
El poder de la migración indocumentada
22/02/2020 |
Amelia Frank-Vitale, Margarita Nuñez Chaim
“En caravana /
porque no tenemos lana en caravana /
busco el sueño de mañana en caravana /
porque a mi me dio la gana ya me voy pero me voy en caravana” - Chiky Rasta, En Caravana
“En Honduras no comemos frijoles”, dijo. O según los medios así́ fue
lo que dijo. Personas a su alrededor lo cuentan un poco diferente pero,
con esta frase reporteada, la señora que lo dijo se hizo famosa dentro y
fuera de la caravana. Según lo que se cuenta, en algún punto de la
caravana, al ser ofrecido una vez más un plato de arroz y frijoles, la
mujer hondureña lo rechazó sin pena ni disculpas, casi regañando a
quien se lo había ofrecido con la absurda frase de que en su país “no
comemos frijoles” 1/.
Tachada como ingrata, malagradecida, maleducada, etc., aquí́ la
queremos tomar como un símbolo fuerte de lo que era la caravana en sí:
una exigencia hacia los poderes del mundo de dejarnos pasar sin pedir disculpas por exigirlo. Como lady frijoles,
la caravana es una forma en la que las personas centroamericanas
atraviesan el territorio mexicano sin esconderse, sin buscar pasar
desapercibidas. Al contrario, es una forma visible de emigrar que
reivindica el derecho a migrar.porque no tenemos lana en caravana /
busco el sueño de mañana en caravana /
porque a mi me dio la gana ya me voy pero me voy en caravana” - Chiky Rasta, En Caravana
Desde, al menos, 2011 las personas migrantes centroamericanas y sus aliadas en México han realizado caravanas, en las que combinan el acompañamiento humanitario con las protestas políticas para proteger a las personas en su caminar y exigir el respeto a sus derechos en el territorio mexicano. En 2018 y 2019, este fenómeno tomó una nueva dimensión cuando miles de personas migrantes, en su mayoría hondureñas, se organizaron en caravanas que empezaron en Centroamérica por primera vez. En el presente articulo, como dos antropólogas que hemos acompañado distintas caravanas en la ultima década, exploramos la naturaleza de éstas como protesta política y social, que desafía los limites de los procesos migratorios. Nos enfocamos en la visibilidad de la migración que reivindica los derechos de las personas migrantes, al ser la caravana no sólo una exigencia por pasar por el territorio mexicano, sino una exigencia de hacerlo con dignidad.
Estigmatizada como ingrata por la prensa mexicana y celebrada cuando se entregó a Estados Unidos, lady frijoles se convirtió́ en el símbolo de esta exigencia al rechazar comida donada. En este articulo argumentamos que la caravana de migrantes fusionó este tipo de demandas sin pedir disculpas por el derecho a existir, en las que las personas se mueven a través del territorio sin pedir permiso y, al hacerlo, tienen un impacto real en el discurso público y la política. Sin embargo, también reconocemos que los impactos en el corto plazo son limitados e incluso pueden resultar negativos, ya que las personas de la caravana también enfrentan represión y criminalización, las deportaciones de personas migrantes centroamericanas continúan a la alza y en las fronteras se refuerza la militarización como respuesta. Aun así́, frente a este contexto las personas, principalmente hondureñas, continúan emigrando en caravanas con un orgullo desafiante.
En lo que sigue, empezamos con la narración de un momento clave de la caravana/éxodo de octubre de 2018. En esta historia, vemos claramente la organización incipiente de la caravana, el reto que presenta dicha organización ante las autoridades mexicanas y el orden esperado entre quienes mandan y quienes acceden a lo que dice la ley. De ahí́ ofrecemos un análisis sobre la manera en que la hipervisibilidad se constituye como una forma de resistencia. Para concluir, volvemos a la caravana, ahora en la frontera norte de México, para reflexionar sobre los límites de la acción colectiva migrante ante el régimen hegemónico de fronteras cerradas.
La información que se presenta proviene del trabajo de campo de doctorado realizado por ambas antropólogas. Mientras que Margarita Núñez acompañó el éxodo de octubre de 2018 a diciembre del mismo año, desde Ciudad de Guatemala hasta Tijuana, Amelia Frank-Vitale acompañó́ el trayecto en el sur de México, por Chiapas y Oaxaca, y en el norte, en Tijuana. Ambas también han realizado trabajo de campo acompañando otras caravanas en años anteriores 2/ y, posteriormente, en 2019 3/.
Nuestras metodologías son similares: por lo general consisten en hacer observación participante, acompañar y realizar entrevistas semi- o no- estructuradas, a veces grabadas en voz y a veces no, según las circunstancias y las preferencias de la persona entrevistada. Para ambas, la observación participante durante las caravanas consistió́ en caminar con ellas y, por lo tanto, en realizar una etnografía en movimiento, más allá́ de una etnografía multisituada, como muchas veces se usa en los estudios migratorios. El texto que aquí́ se presenta es una aproximación etnográfica que nutre algunas de las reflexiones teóricas que ambas tuvimos en el proceso de acompañamiento durante los últimos meses de 2018 y que conforman parte de nuestra investigación doctoral.
“Lo que queremos nosotros es pasar”: la organización de la caravana en el tránsito
“Necesitamos una comisión del éxodo para que puedan dialogar directamente con el comandante de la Gendarmería a cargo del operativo”, dijo Arturo Peimbert, Ombudsman de Oaxaca. Atrás de él había una barrera de 300 policías federales con equipos antimotines, seguida de otra barrera de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), más perreras 4/ y autobuses en los que, desde que el éxodo pisó suelo mexicano, subían a las personas para deportarlas a sus países, así que nadie se fiaba de esos autobuses. Eran pasadas las 4 de la mañana del sábado 27 de octubre de 2018, ese día el éxodo lograba una primer meta en su tránsito por México: dejaba el estado de Chiapas y alcanzaba Oaxaca. El trayecto por recorrer, acordado en la asamblea del día anterior, partía de Arriaga, Chiapas, hacia Tapanatepec, Oaxaca. En ese momento nos encontrábamos en el inicio del puente Arenas, a casi 11 km de Arriaga, era de madrugada, no había absolutamente nada de luz, nada alrededor, los celulares no tenían señal (probablemente porque el operativo de la Gendarmería incluía bloqueadores de señal). Las personas, más de siete mil 5/, venían caminando pocos kilometros antes de llegar al bloqueo que se instaló después de una curva muy pronunciada en la carretera, de manera que era imposible saber que había un despliegue policiaco de esa magnitud hasta que lo tenías a unos cuantos metros, era una emboscada. “Me recuerda a Nochixtlán y no quiero otro Nochixtlán,” remató el Ombudsman de Oaxaca 6/.
Un día antes, el éxodo se había trasladado de Pijijiapan a Arriaga. Como empezó a ser ya rutina: salíamos de madrugada y caminábamos hasta que el cuerpo aguantara, hasta que encontráramos un aventón, o hasta que los rayos del sol fueran agotadores y necesitáramos parar, así, poco a poco, en el transcurso del medio día y hasta la tarde, íbamos llegando al siguiente punto. Al llegar había que buscarse un espacio por el parque central y las calles aledañas. Las personas improvisaban carpas con plásticos, cartones, cuerdas y cualquier cosa que se tuviera a la mano para resguardarse del sol. Llegaban personas del municipio, voluntarias, familias que querían apoyar y llevaban alimento, agua, medicinas. Poco a poco, cada quién se iba instalando para comer, lavar ropa, buscar donde bañarse, descansar y recuperar la energía para la caminata que vendría al día siguiente.
En el kiosco del parque central de Arriaga, como también ya era costumbre, se instaló un micrófono con un amplificador en el que autoridades municipales daban avisos, personas solidarias ofrecían las donaciones que llevaban, migrantes se acercaban para vocear a sus familiares que se habían separado en el camino, algún voluntario anunciaba cosas perdidas, alguien más amenizaba de repente con música, etc. Sin embargo, en esta ocasión en Arriaga, de repente en el audio se escuchó presidencia de la República, y siguió́ una voz un tanto conocida, era Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, con el siguiente mensaje:
Hoy quiero dirigir un mensaje a cada uno de los migrantes centroamericanos que están en México. Quiero decirte, en primer lugar, que los mexicanos somos hospitalarios y especialmente solidarios con quienes pasan por momento difíciles. Somos un país que valora y reconoce la dignidad de las personas migrantes. Casi todos nosotros tenemos algún pariente o amigo cercano que ha migrado. Sabemos muy bien que lo que buscas es una oportunidad, que quieres construir un nuevo hogar y un mejor futuro para tu familia y seres queridos. Hoy, México te extiende la mano. Queremos que tú y todos los migrantes se sientan tranquilos y protegidos. Para apoyarte, el gobierno de México está lanzando, el día de hoy, el plan Estás en tu casa. Estando en México, podrás recibir atención médica, e incluso mandar a tus hijos a la escuela. También tendrás una identificación oficial temporal para hacer los trámites que necesites mientras regularizas tu situación migratoria. Además, ese documento te permitirá́ entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oaxaca cuando quieras. Y algo muy importante, al incorporarte al Plan, podrás acceder al Programa de Empleo Temporal. Para aprovechar todos estos beneficios son indispensables dos requisitos: uno, que te encuentres en los estados de Chiapas o Oaxaca, y dos, que tú y los familiares que te acompañan ya hayan solicitado su ingreso o refugio con el Instituto Nacional de Migración. Si aún no lo han hecho y forman parte de la Caravana Migrante o arribaron previamente a México todavía están a tiempo para acercarse al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites que permitan regularizar su situación. Este Plan solamente es para quienes cumplen con las leyes mexicanas y es un primer paso hacia una solución permanente para aquellos que obtengan la condición de refugiado en México. Los mexicanos que viven en Chiapas y Oaxaca también se beneficiarán de esta decisión, ya que se amplía el Programa de Empleo Temporal para los residentes de estos dos estados. Estimados migrantes: México los quiere proteger y apoyar, la única manera en que podremos hacerlo es si ustedes regularizan su estancia en el país y cumplen con nuestras leyes. Los invito a que se acerquen a la brevedad al personal migratorio que está listo para ayudarles. México es un país que ofrece oportunidades a quienes vivimos aquí́. Recibir a quienes vienen de fuera nos enriquece. Muchas gracias. (Presidencia Enrique Peña Nieto, 2018).
El mensaje estuvo sonando en repetidas ocasiones, las personas lo escuchaban y dudaban, a veces sonaba como una buena propuesta: trabajo, acceso a la salud, a la educación. Pero luego venían las condiciones: quedarse en Chiapas o Oaxaca, en “albergues”. Para entonces, todas y todos también desconfiaban cuando escuchaban las palabras “albergue” e “Instituto Nacional de Migración”, pues en los primeros días, cuando el éxodo cruzó el puente internacional Rodolfo Robles, fue recibido por la Policía Federal con gases lacrimógenos y se cerraron las puertas de México, entonces, los agentes del INM se acercaron con la promesa de “dejarles pasar, llevarles a un albergue y darles papeles.” La sorpresa fue que las primeras personas en pasar y subirse a los autobuses fueron directo de regreso a Honduras, las que les siguieron fueron a las instalaciones de la Feria Mesoamericana en Tapachula, que había sido habilitada como extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI. Es decir, el “albergue” había resultado en una cárcel, un centro de detención de migrantes, y la promesa de papeles resultó en órdenes de deportación.
Así́ que una vez que se escuchó la oferta del presidente de México, la gran mayoría del éxodo ya no creía lo que oía. Para quienes vienen de Centroamérica tampoco es algo nuevo aquello de desconfiar de las autoridades, de escuchar promesas incumplidas, de escuchar programas de gobierno que resultan en engaños. Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala también tienen una larga historia en este sentido, los escándalos de corrupción y desvió de fondos en las últimas décadas han dejado a la mayoría de las poblaciones en estos países sin servicios básicos como la salud. Precisamente esto también es parte de las razones por las que las personas dejan sus países.
La oferta que planteaba el gobierno federal no era nueva, se estaba ofreciendo lo que la legislación migratoria mexicana ya contemplaba: la posibilidad de solicitar la condición de refugiado 7/ y, mientras se solicita, obtener una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TRH), mejor conocida como visa humanitaria 8/. Sin embargo, con una restricción que nadie veía favorable: sólo poder permanecer en Chiapas o Oaxaca, en un “albergue.” Además, también hay que sumar que muchas personas migrantes ya habían pasado por procesos de regularización en México en migraciones anteriores, o tenían conocidos que habían pasado por esos procesos, y sabían que, en la mayoría de los casos, las solicitudes de refugio son rechazadas. También sabían que los trámites duran meses, cuando no años, y no cuentan con los recursos para mantenerse durante dichos procesos administrativos. Sabían de los bajos salarios que se ofrecen a las personas centroamericanas y de las difíciles condiciones de vida en Chiapas o Oaxaca para quienes hablan como catrachos.
De cualquier forma, el plan Estás en tu casa no resolvía las necesidades de las personas, ni tenía las condiciones para que la oferta tuviera credibilidad. Como sucede con las políticas sociales en general, y las migratorias en particular, estaba planteada para que las personas hicieran lo que el gobierno quería: que dejaran de avanzar. No podía caber más ingenuidad en su planteamiento, las personas habían dejado todo por buscar una oportunidad de vida que les ha sido negada en sus países, no iban a aceptar ninguna propuesta que no cumpliera con ese objetivo, y ellas sabían que en México, pidiendo refugio y quedándose en un “albergue” en Oaxaca o Chiapas, no lo iban a lograr. Así, en la asamblea de la tarde del viernes 26 de octubre en la plaza central de Arriaga, Chiapas, las personas tomaron una decisión fundamental: no aceptar el plan y avanzar, por ahora, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para después decidir qué ruta tomar hacia la frontera con Estados Unidos.
Al día siguiente en la madrugada, el comandante de la Gendarmería a cargo del operativo que bloqueaba el paso del éxodo hacia Oaxaca explicó que la intención de su retén era presentar el programa Estás en tu casa. Sí, en la madrugada, sobre un puente en la carretera en medio de la nada, sin luz, sin señal de celular, 300 elementos de la Policía Federal bloquearon el paso para decirles a las más de 7 mil personas caminando que estaban en casa y México les daba la bienvenida. Los agentes del INM presentes decían que les subirían a los autobuses para llevarles a los albergues, registrarles e iniciar sus procesos de regularización. Las sospechas de que el programa fuera un engaño se hacían más fuertes. Lo que se había escuchado antes y había terminado en deportaciones y encierros se repetía: Policía Federal bloqueando el paso (igual que en el puente internacional) y el INM prometiendo albergue y papeles. Nadie se tomaba ya en serio la propuesta, nadie estaba dispuesto a aceptar. Pero la Gendarmería tenía instrucciones de no dejar pasar.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH-Chiapas) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estaban presentes en ese momento porque, al ser ese recorrido el primer tránsito entre estados, habían acordado un acompañamiento coordinado como un “cambio de estafeta”. Las comisiones habían empezado el recorrido de avanzada y toparon con el retén. El Ombudsman de Oaxaca, al ver el operativo, se acercó al personal a cargo para establecer un diálogo. Fue así́ como decidieron que, quienes estaban al frente del operativo debían dialogar de manera directa con las personas del éxodo para llegar a un acuerdo y, dicho diálogo sería mediado por los organismos de derechos humanos.
Así́ que a través de un megáfono y al frente de la línea en la que el contingente del éxodo se comenzó́ a agrupar para que, una vez todas y todos juntos, avanzaran hasta el bloqueo policiaco, se convocó a voluntarias y voluntarios que quisieran participar en la comisión de diálogo para negociar con el comandante del Gendarmería y los representantes del INM. Se pidieron dos hombres y dos mujeres y las manos empezaron a levantarse, sin mucho más trámite, se formó la comisión.
El éxodo esperó hasta que la mayor parte del contingente estuviera agrupada para acercarse al bloqueo y presentar la comisión de diálogo. El escenario que planteaba el gobierno parecía que esperaba una confrontación, sin embargo, en la caravana, nadie quería una, “vienen tantas niñas y niños, por ellos, tenemos que ver por ellos”, era la respuesta siempre que las cosas se tensaban y, en esta ocasión, no era la excepción. Así́ que se decidió́ que se agruparían para avanzar juntos, fuertes, pero al llegar al frente de la policía, todas y todos se sentarían para evitar cualquier incidente. Esto tomó un par de horas en las que la gente se empezó́ a estancar en la carretera y el grupo empezó́ a ocupar uno, dos, tres kilómetros repletos de personas y más, hasta que la vista no alcanzaba para ver el final de la fila. Lo cual también dio tiempo a que la noche empezara a ceder y hubiera un poquito de visibilidad. El contingente de miles avanzó y al llegar a unos metros de la policía, se sentó. Claramente no era lo que la policía esperaba, ellos iban listos para reprimir con cualquier pretexto. La comisión de diálogo estaba lista y sabía lo que el éxodo quería: avanzar.
Finalmente, poco antes del pleno amanecer, la comisión de diálogo se acercó al cerco. Se formó un círculo en el que estaban las y los integrantes de la comisión con el comandante de la Gendarmería, el delegado del INM en Chiapas, el Quinto Visitador de la CNDH, el Ombudsman de Oaxaca y el de Chiapas, así́ como otros integrantes de estas instituciones, acompañantes del éxodo, personas de organizaciones sociales y, por supuesto, todos rodeados de un sin fin de cámaras, micrófonos y grabadoras de la prensa.
El diálogo comenzó́ con el comandante: “nuestro interés es darles a conocer el programa de la manera más extensa posible para quitarles las preocupaciones que tengan del mismo [...] Para quienes quieran adherirse al programa, el personal del INM ya está aquí́ listo para poderlos llevar a un lugar donde puedan iniciar el trámite”. Para el éxodo ya no había preocupaciones sobre el programa, quedaba clara la intención y hacia dónde iba el operativo, la respuesta comenzó́ por parte de un chico hondureño que no pasaba los 25 años: “lo que queremos nosotros es pasar”, concreto y claro. La palabra fue tomada por otra representante del éxodo, luego por el INM, finalmente personas solidarias y de las comisiones derechos humanos. El comandante concluyó con que tenía que “verificar con sus superiores”. El círculo se disolvió́ y empezó́ la espera. Al cabo de una media hora regresó el comandante, se reagrupó el círculo y la respuesta fue: “está bien, les dejaremos pasar, pero en cada punto que avancen les iremos informando del programa”.
El sol ya empezaba a quemar cuando el operativo se retiró y el éxodo retomó su paso y su ritmo. “Nos hicieron esperar para hacernos caminar bajo el sol”, decían muchas personas. No estaban equivocadas, si la confrontación directa y la intimidación con antimotines no pudo frenar el éxodo, la táctica, tampoco nueva, comenzó́ a ser apostarle al desgaste de las personas. Pero de nuevo, esta táctica también resultaba ingenua ante la voluntad de quienes caminaban.
Desde un inicio, en Honduras, el éxodo empezó́ a generar sus mecanismos de organización: grupos de WhatsApp y Facebook por departamentos para avanzar de manera conjunta 9/. Sin embargo, a los pocos días, durante el tránsito por Guatemala, esta organización incipiente fue rebasada por completo por la magnitud que tomó la salida de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala. Una vez que las personas llegaron a Tecún Umán, donde se agruparon antes de cruzar la frontera con México, comenzaron las asambleas vespertinas que funcionaban para coordinar el camino: cuándo se sale al siguiente punto, cuál es ese siguiente punto, a qué hora, y algunos avisos misceláneos.
El retén de la Policía planteó un reto organizativo para el éxodo: la necesidad de representantes que intervinieran en las situaciones de emergencia in situ, que tuvieran legitimidad en el grupo y, suficientes como para, por lo menos, tener algo de capacidad de acción con el grupo. La asamblea del día anterior, en la que se habían tomado las decisiones respecto a la propuesta del gobierno federal, facilitó el hecho de que, quienes se postularon como comisión de diálogo, sabían la postura de una gran parte del éxodo y, al momento del bloqueo, pudieron actuar.
La hipervisibilidad de la vulnerabilidad como forma de resistencia
La magnitud del éxodo, un pueblo andante, hizo siempre imposible una coordinación centralizada. Las decisiones básicas se tomaban en las asambleas, lo demás conforme se fuera presentando. Al final, era una organización autónoma y anárquica, la voluntad de cada persona prevalecía, lo que hacía a los liderazgos que surgían en cada circunstancia, frágiles y cambiantes. “¿Y vos quién sos para decirme qué hacer?”, siempre respondía alguien cuando otra persona asumía que podía tomar una decisión por las y los otros. Era cierto, esas más de siete mil personas habían decidido salir de sus casas por su propia voluntad, de manera individual. No obstante, todas tenían dos objetivos claros: ir a Estados Unidos y avanzar juntas. El segundo objetivo era el que permitiría alcanzar el primero, de eso nadie tenía ninguna duda, y por eso, todas permanecían juntas por su propia voluntad, acuerpándose en el colectivo y en su hipervisibilidad.
La autonomía y la anarquía de la organización no sólo respondía a la magnitud y las circunstancias cambiantes, también respondía a otro factor fundamental: la desconfianza en las autoridades y actores externos al éxodo. Quienes huyen de Centroamérica han aprendido, casi siempre a la mala, por historias de vida marcadas por exclusiones y desigualdades, que no pueden confiar en nadie más que en ellas y ellos mismos, que no pueden depender de nadie más que de sí mismas.
Esta organización-desorganizada, desde las necesidades concretas y cotidianas, resultó muy efectiva en tanto que resolvía de manera práctica las circunstancias que se presentaban. La organización permitía avanzar de manera operativa, funcionaba para resolver en terreno. Pedirle más al éxodo en términos organizativos era no comprender su naturaleza. Las reivindicaciones se hicieron en la manera de migrar en sí misma, en el caminar de forma hipervisible, no en las asambleas, ni los comités. La hipervisibilidad expuso la vulnerabilidad de las personas de Centroamérica ante el mundo, sus condiciones de precariedad, y al mismo tiempo, esta vulnerabilidad mostró su capacidad de su resistencia a los poderes del mundo 10/.
En la literatura que trata sobre la condición de poblaciones migrantes o refugiadas, los temas de visibilidad e invisibilidad han formado una base importante de la contribución teórica sobre la condición humana de poblaciones migrantes. Se ha identificado el uso estratégico de la visibilidad e invisibilidad (Córdoba González de Chávez, 2018) en términos de cómo las personas se manifiestan y reclaman su derecho a existir dentro del espacio (estado nación) donde viven. Una política de (in)visibilidad se ve en la comunidad de migrantes/refugiados en Malasia (Vries, 2016), o en los que están en el proceso de asilo en Alemania (Bhimji, 2016). La visibilidad, entonces, se entiende como un logro, para que la población migrante/refugiada sea reconocida en sí misma y puede participar en los procesos que le afectan dentro del país donde busca seguir viviendo o quedarse.
Sin embargo, la hipervisibilidad se percibe como un componente de la condición de invisibilidad cuando la gente marginada se queda sin ser vista o, por su misma condición, se convierte en híper vista pero por desviarse de la norma; así́, pasan de ser personas ignoradas a personas estigmatizadas. La hipervisibilidad se ha utilizado de esta manera para hacer referencia a personas que están expuestas ante el poder, como el caso de los musulmanes en Estados Unidos en el período de intensa islamofobia después del 11 de septiembre (Shams, 2018), los cuerpos de las mujeres negras en espacios de ocio (Mowatt, French, and Malebranche, 2013) o, por lo general, la condición de la mujer en el oeste siempre sujeta a la mirada masculina (Hammer, 2016). La hipervisibilidad, entonces, generalmente se refiere a una condición impuesta hacia la gente marginada/excluida cuando su condición de diferencia relativa a la norma resulta visible ante el poder, visible precisamente por ser desviante. En esta literatura, la condición de hipervisibilidad pasa de ser visible en el sentido de incluido y contado, a ser hipervisto y, aún, excluido. Esta exclusión se vive de otra manera que una exclusión basada en invisibilidad, pero siempre la hipervisibilidad es, en el fondo, una condición de otredad.
Para nosotras, estas dos contribuciones de la visibilidad e hipervisibilidad se suman a la función de resistencia. En el contexto de la caravana identificamos un uso estratégico de la hipervisibilidad en su acepción de agencia, como los casos de la visibilidad de las poblaciones migrantes y, a la vez, utilizando precisamente su condición colectiva de ser otros buscando pasar por estos espacios sin quedarse. Aquí́ vemos el uso estratégico de la hipervisibilidad del colectivo como una manera de protegerse y reclamar su dignidad, sin pedir disculpas por hacerlo o por ser quienes son y retar una hipervisibilidad impuesta y excluyente. La hipervisibilidad de la caravana fue práctica – así́ podían acceder a una seguridad usualmente posible a través de una hiperinvisbilidad. A la vez la hipervisibilidad de la caravana fue en sus términos, no impuesta, haciendo hipervisible precisamente su condición del otro, su necesidad, y su vulnerabilidad ante un sistema que los expulsa.
La migración visible fue una forma en la que las y los migrantes expusieron (en el sentido de mostrar) su vulnerabilidad, al tiempo que se expusieron (en el sentido de ponerse en riesgo, como se mostró en el retén de la Policía) ante la vulnerabilidad, ésta última entendida como un efecto social del poder, producida políticamente y distribuida de manera desigual. De esta forma, la migración visible consistió́ en un acto en el que la vulnerabilidad se expuso (en ambos sentidos, mostrarse y ponerse en riesgo), como una forma de resistencia en sí misma; desafiando así́ la lógica humanitaria (machista, racista y colonial) en la que las personas migrantes, al ser percibidas como “vulnerables” son excluidas de su capacidad de agencia y, a su alrededor, se activan políticas paternalistas cuyo objetivo es regular y controlar (Butler, Gambetti y Sabsay, 2016). En este sentido, la caravana de 2018 desafió́ la lógica del humanitarismo del gobierno (McFalls, 2010), organizaciones de derechos humanos, iglesias y hasta medios de comunicación que, en México, estaban acostumbrados a trabajar con migrantes que llegaban de uno en uno a sus ventanillas, de manera invisible, que merecen ser atendidos mientras quedan en la posición de víctimas necesitadas (Ticktin, 2006).
La hipervisibilidad, como una forma de emigrar propia de las y los caravaneros, consistió́ en una exposición corporal deliberada al poder: las personas sabían los riesgos que estaban tomando, eran conscientes de la posibilidad de ser detenidas, deportadas, violentadas, e incluso de la posibilidad de morir, y hubo quienes murieron. No obstante, esta exposición deliberada debe entenderse como una resistencia al mismo poder, a través de la acción de emigrar. Al mostrar el cuerpo colectivo como el único vehículo para lograr su objetivo, las y los caravaneros hicieron visible su vulnerabilidad. De forma que su resistencia radicó, precisamente, en la visibilidad de esta condición de vulnerabilidad (Butler, 2016). Así́ la hipervisibilidad de su migración consistió́ en un movimiento de resistencia por el derecho a existir sin pedir disculpas.
Lady frijoles encarnó esta resistencia al ser estigmatizada y rechazada. Dentro de la lógica racista, machista y colonial del humanitarismo, quienes son vulnerables carecen de poder. Lady frijoles desafió esta lógica al rechazar ayuda y ser malagradecida. Precisamente porque ella, como la caravana, no demandaba ayuda, demandaba un trato digno, comida y no sobras. La acción de rechazar un plato de comida develó que la lógica humanitaria no reconoce a las personas como tales, como sujetos políticos capaces de acción y resistencia: capaces de hartarse y cansarse de las circunstancias, de enojarse y demandar un trato digno. Pues la lógica humanitaria ve a las personas vulnerables con lástima, con condescendencia, es vertical y refuerza la exclusión. De ahí́ que cuando una mujer, pobre, migrante y racializada, se harta y dice que no, es violentada a través de la ridiculización: lady frijoles.
La caravana, como lady frijoles, fue un acto de resistencia en sí misma, a través de exponer su vulnerabilidad: de hacerse hipervisible en la acción colectiva de caminar. Así́, la vulnerabilidad, fuera de la lógica humanitaria, contiene un efecto movilizador. La vulnerabilidad es resistencia. Lo cual tampoco implica que dicha vulnerabilidad se supera, –esto implica caer en la misma lógica en la que se excluye la agencia de la vulnerabilidad–. Más bien, la vulnerabilidad contiene la potencia de la agencia (Butler, 2016). La caravana, a través de su hipervisibilidad, reivindicó su derecho a existir. La migración visible fue una resistencia al sistema de poder que busca negar el derecho a una vida digna a aquellas personas racializadas, generizadas y empobrecidas, a pesar de que dichas personas no “superan” su condición de vulnerabilidad, políticamente construida.
De esta forma, el éxodo desafió́ de manera muy práctica esta lógica racista, machista y colonial. Al salir de la clandestinidad, decidir emigrar de manera colectiva y visible, caminando por carreteras federales y durmiendo en las plazas centrales de cada pueblo en la ruta migratoria, el éxodo adquirió́ una hipervisibilidad que le permitió́ avanzar de una forma en la que cada paso en sí mismo era una reivindicación por un trato digno, reconocimiento y el derecho de todas las personas, sin distinción alguna, a buscar una oportunidad de vida. Pensar que estas reivindicaciones tendrían que articularse a través de la organización –que como se desarrolló fue un carácter operativo- también forma parte de lógica humanitaria que excluye la agencia de la vulnerabilidad.
La resistencia que representó esta hipervisibilidad de la vulnerabilidad tuvo un impacto real en el discurso público y la política. Los efectos de mediano y largo plazo aún no son claros y están por verse. Sin embargo, en el corto plazo, Estados Unidos y México han recurrido a la lógica racista, machista y colonial que refuerza la idea de vulnerabilidad como pasiva en su beneficio. Colocándose como países bajo amenaza y, de tal forma, “vulnerables” a las personas migrantes, reforzando así́ su exclusión con un discurso de miedo y de odio que se concretiza en políticas y acciones de contención de la migración. En sí, los superpoderes de la región han contestado a la migración organizada e hipervisible con las fuerzas armadas, como si fuera una invasión armada en vez de un éxodo de gente buscando (sobre)vivir.
Llegando al límite: Enfrentando las fronteras de la acción colectiva
“¿En qué número vamos hoy?” Después de un mes en Tijuana, esto se ha convertido en una pregunta común entre las y los caravaneros. La energía efervescente que impulsaba a la gente hacia adelante desde el sur de México se ha disipado, y las personas se han asentado en una rutina de dejar transcurrir los días, de esperar su turno. El sistema de la “lista de espera” en los puertos de entrada es una invención de los mismos solicitantes de asilo 11/, una forma de encontrar sentido en el caos impuesto por los guardias fronterizos que, durante algunos años, han estado decidiendo arbitrariamente cada día a cuántas personas se les permite el ingreso para solicitar asilo. Las y los solicitantes de asilo desarrollaron la lista, asignando números a los que quieren entregarse, y cada día se llama a aproximadamente 80 personas.
Este proceso de espera, lento e individual, no era lo que la mayoría de la gente tenía en mente al atravesar México. Pero la frontera más vigilada del mundo y las políticas migratorias y de asilo de Estados Unidos, han obligado a la acción colectiva a tomar decisiones individuales.
Cuando la caravana llegó por primera vez a Tijuana, la gente comenzó́ a preguntar: ¿qué hacemos ahora? Algunas personas tenían esperanzas, fe, de que su presencia fuera presión suficiente para que Estados Unidos aceptara dejarles cruzar la frontera, como lo hizo México. Se planearon algunas protestas. Unos cientos de integrantes de la caravana caminaron, con letreros en alto, desde el campamento improvisado en el Deportivo Benito Juárez, hasta el punto de entrada peatonal conocido como El Chaparral. La presencia policial era fuerte, exagerada para la pequeña multitud. Llegaron a El Chaparral y nadie sabía realmente qué hacer. Hablaron con la prensa, sostuvieron carteles y, finalmente, caminaron de regreso al campamento. Algunas personas pensaron: el problema es que la marcha no fue lo suficientemente grande.
Entonces se reorganizaron y se propuso una segunda marcha, más grande. Sin embargo, esta vez, la policía no permitió́ que los manifestantes cruzaran el puente que los conecta con El Chaparral. Una vez más, un bloqueo de la Policía Federal impidió́ el avance de las y los caravaneros. Intentaron negociar como lo habían hecho antes en Chiapas: tomaron el altavoz y suplicaron a la policía, rezaron, expresaron reiteradamente su gratitud al pueblo mexicano. La policía, sin embargo, no se movió́. Eventualmente, algunos grupos se empezaron a separar y buscaron un camino para rodear el puente. Corrieron por el canal, saltaron sobre muros y cercas, y aun así́, al final, se enfrentaron a los cordones de acero del muro fronterizo. También se encontraron con gases lacrimógenos y balas de goma.
Los acontecimientos de este día evidenciaron de manera violenta la realidad que el éxodo enfrentó al llegar a la frontera norte de México. La caótica democracia de las asambleas multitudinarias dio paso a la toma de decisiones por parte de las ONG y los gobiernos burócratas. La posibilidad prometida por el hecho de que los migrantes negociaran por sí mismos con la policía mexicana, se enfrentó a la amenaza total de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Cuando el objetivo dejó de ser atravesar, se desafió́ a la combinación radical entre movimiento y protesta que había apuntalado a la caravana desde el principio. Entrar requería que las personas migrantes pasaran de la acción colectiva a los actos individuales.
Finalmente, en la frontera, había tres opciones disponibles: (1) tomar un número y solicitar asilo en Estados Unidos; (2) permanecer en Tijuana indefinidamente, y quizás aceptar la oferta de visas humanitarias del gobierno mexicano; y (3) contratar a un coyote para que los llevara clandestinamente a través de la frontera. Cada una de estas opciones refleja la forma en que el Estado obliga a retroceder el desafío que presentó la caravana a través de su visibilidad radical, hacia los canales de legibilidad, legalidad e invisibilidad, desarticulando el poder de la acción colectiva y atomizando la caravana en sus partes individuales. El asilo en el sistema estadounidense es explícitamente una petición individual (o de una familia nuclear) 12/. Si bien gran parte de la infraestructura de solidaridad construida en Tijuana para ayudar al éxodo centroamericano giraba en torno a preparar a las personas para ingresar al sistema de asilo, cada una debe entregarse de forma individual, y luego cada caso será́ evaluado por sus circunstancias particulares. A pesar de que ha habido movimientos sociales que han logrado la protección colectiva en Estados Unidos –como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que surgieron como resultado de tales movimientos (Perla and Coutin, 2009; Coutin, 2016; Flores, 2016; Heredia, 2016) - el proceso para obtener el estatus aún requiere una serie de obligaciones individuales con el sistema legal.
Con el tiempo, aquellos que optaron por la visa humanitaria en México abandonaron el campamento improvisado y comenzaron a establecer una vida por sí mismos en Tijuana. Al igual que con el asilo en Estados Unidos, estos permisos mexicanos se basan en solicitudes individuales, muchas veces acompañadas por la solicitud de la condición de refugiado en México. Después las personas recurrieron a sus redes familiares y sociales particulares para encontrar trabajo y vivienda en Tijuana. Conforme las y los caravaneros se fueron incorporando al mercado laboral local, dejaron de ser parte de la colectividad de la caravana y pasaron de ser hipervisible a invisibles. Jairo eligió́ esta alternativa, por miedo a ser deportado de regreso a Honduras en caso de que buscara asilo en Estados Unidos. Después de unas semanas trabajando en Tijuana, había adoptado el vocabulario y las entonaciones de un norteño, suavizando sus eses aspiradas en la dicción más dura del español mexicano y cambiando pucha por “caray.” No quería que lo señalaran por ser hondureño en su lugar de trabajo, me dijo. Era más fácil si no era tan obvio. El estatus legal en Tijuana significó un retorno a la invisibilidad para los caravaneros como Jairo.
Como hemos argumentado, el poder de la caravana como acción colectiva radica en su hipervisibilidad. El poder de la caravana no se basa en el número de personas que participan, sino en el movimiento abierto y con la cabeza en alto de las y los caravaneros a través de México y su reivindicación, en cada paso del camino, de que tienen derecho a hacerlo. Cientos de miles de personas de Centroamérica se mueven clandestinamente por México cada año, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Las 10.000 personas que participaron en el éxodo son apenas una pequeña fracción de la población que participa en la migración de tránsito indocumentada. Sin embargo, las otras personas lo hacen en las sombras, colándose en los márgenes de México, haciendo todo lo posible para pasar desapercibidos.
Esta invisibilidad obligada (Angulo-Pasel, 2019) favorece a todos aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad y se benefician de la migración indocumentada: cárteles de drogas, redes de tráfico, agentes de inmigración y policías 13/, así como la microeconomía que existe a lo largo de la ruta de migración. Enfrentarse a la frontera en Tijuana también hace retroceder la acción colectiva hípervisible hacia los riesgos y peligros del cruce fronterizo clandestino. Debido a la atención que trajo la caravana al sector, los coyotes en Tijuana empezaron a cobrar $10,000 dólares por persona para llevarles a Estados Unidos. Muchas y muchos caravaneros, aquellos que no querían probar suerte con el asilo y no se resignaron a quedarse en Tijuana, esperaron con la caravana hasta que sus familias reunieron el dinero para un coyote y se trasladaron lateralmente a otras fronteras, regresando a las sombras. Omar, originario de Yoro, Honduras, ya había sido deportado una vez el año anterior, por lo que pensó que no tendría mucha suerte con el asilo. Además, todavía tenía otro viaje con el coyote que su familia había contratado el año anterior 14/. Cuando le dijeron que se moviera, se subió a un autobús desde Tijuana y viajó a Monterrey, donde esperaría en una casa de seguridad durante un mes, antes de que el coyote le dijera que era hora de irse.
A través de los mecanismos disponibles para las personas del éxodo una vez que se enfrentaron a la frontera norte, la acción colectiva se retrajo a elecciones individuales. Esto fue deliberado, ya que tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos preferirían lidiar con migrantes individuales y solicitantes de asilo (la mayoría de los cuales serán rechazados y deportados), que con un grupo organizado de personas involucradas en una desobediencia civil (Celikates, 2019) y exigiendo que se les permita entrar. Solo podemos hacer hipótesis sobre lo que podría haber sucedido si todas y todos los caravaneros se hubieran resistido a los caminos individuales disponibles y hubieran desarrollado un nuevo tipo de acción colectiva, aún desconocida e inimaginable. Sin embargo, muchas y muchos centroamericanos, huyendo de situaciones desesperadas y desgastados por semanas y meses de dormir en el concreto y vivir en carpas, estaban ansiosos por lograr la probabilidad de la estabilidad que se encuentra en las vías conocidas, por sobre la posibilidad de algo más, algo nuevo e inimaginable, más allá́ de las fronteras de lo conocido.
La caravana de 2018, aunque fue la más grande y mejor reportada de las caravanas de migrantes, no surgió́ repentinamente, sin precedentes. Este movimiento de migrantes ha estado creciendo durante más de una década en México (Martínez Hernández-Mejía, 2018; Balaguera y Gonzales, 2018), basándose en una larga tradición de caravanas de protesta (Domínguez Ruvalcaba, 2017; Torres-Ruiz, 2018). Con esto en mente, sugerimos que esta confrontación con la frontera que disipó la caravana no es el fin de la migración como movimiento, sino más bien, un momento que requiere de la emergencia de nuevas formas de organización y nuevas tácticas, para desafiar el régimen regional de migración que busca sujetar a las personas en un lugar. Las personas, ya sean centroamericanas o de otras regiones, siempre se negarán a quedarse quietas cuando las condiciones de vida sean inadecuadas. Es probable que las caravanas como las de 2018 no vuelvan a ocurrir de la misma forma: tanto la frustración del encuentro en la frontera norte como la represión severa de las caravanas posteriores en el sur de México se han encargado de esto, pero a partir de los éxitos, los fracasos y las múltiples reacciones a la caravana 2018 surgirán nuevas formas de acción colectiva y protesta.
Conclusiones
A casi un año de que la caravana de 2018 arrancara con unas 300 personas de la terminal de autobuses de San Pedro Sula, Honduras, podemos reflexionar sobre los logros y desafíos del largo plazo del movimiento de migrantes. La hondureña conocida como lady frijoles logró entrar en Estados Unidos y volvió́ a ser noticia cuando la arrestaron y la acusaron de haber participado en algún acto delictivo. En el momento de escribir el presente artículo, ella está esperando su juicio y, sean cuales sean los resultados de la investigación, al final del proceso lo más probable es que la deporten a Honduras.
De las y los miles de caravaneros, varios siguen retenidos en centros de detención en Estados Unidos, esperando pelear sus casos de asilo. Muchas y muchos fueron encarcelados por un tiempo corto y ya fueron deportados a Honduras otra vez, entre ellos, Omar. De ellos, conocemos a varios quienes volvieron a intentar cruzar México, en otras caravanas más pequeñas y menos mediáticas o por otros medios. Hay otras y otros caravaneros desaparecidos, secuestrados, y asesinados, tanto en México como después de haber sido deportados a sus países de origen. Así́ que el reto que plantea la caravana está en su forma, una migración con la cabeza en alto de las y los migrantes en su paso, pero falta mucho –mucha acción, mucha organización, mucha consciencia, mucho más radical e insurreccional que las caravanas- para que las estructuras estatales y globales se vean obligadas a aceptar y garantizar el derecho a migrar de manera libre y digna.
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Notas:
1/ Es absurdo, porque, en Honduras, como en todo Centroamérica, una de las comidas principales es el frijol. Hay variedad, sí, el color del frijol y la manera de prepararlo es diferente de lo que se encuentra en México, pero el frijol no es una comida extraña para una hondureña.
2/ Amelia fue parte de la primera caravana de migrantes que se realizó en México, en enero del año 2011, y varias otras caravanas de migrantes en 2012, 2013, y 2014. Ella vio cómo iban evolucionando, de grupos de trescientas personas recorriendo un tramo corto en el sur de México en 2011, a las más de mil personas que llegaron a la Ciudad de México y se manifestaron frente de Los Pinos en 2014 (Frank-Vitale, 2011). Amelia estaba realizando trabajo de campo en Honduras, enfocada en la vida después de la deportación en San Pedro Sula (Frank-Vitale, 2019), cuando se dio la caravana de octubre de 2018, que tiene sus antecedentes en las otras caravanas en las cuales se había participado, pero que tuvo otra forma – al iniciar en Centroamérica - y una magnitud distinta.
3/ Tras la caravana que salió́ el 12 de octubre de 2018 de San Pedro Sula y empezó́ el recorrido por México el 20 de octubre (la cual narramos y retomamos aquí́), es realmente difícil numerar las caravanas que siguieron y contabilizar a las personas que se unieron en esta modalidad de migración. Las convocatorias para “salir en caravana” empezaron a ser continuas y constantes durante los siguientes meses. En un inicio se llamó a ésta la primera caravana, y se contabilizaron dos más, la segunda y la tercera, que se conformaron por contingentes menores (aproximadamente entre dos y cuatro mil personas) y que comenzaron el recorrido por México en las siguientes dos semanas de octubre. Sin embargo, la migración en grupo empezó́ a ser un flujo constante en los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019, lo que volvió́ obsoleto contabilizar caravanas. El 15 de enero de 2019 volvió́ a haber una convocatoria numerosa, de aproximadamente cuatro mil personas. Margarita Núñez acompañó́ ese grupo desde San Pedro Sula hasta que llegó a la Ciudad de México en febrero de 2019, como parte también, de su trabajo de campo doctoral.
4/ Las camionetas del Instituto Nacional de Migración que se utilizan para trasladar a las personas migrantes detenidas hacia las estaciones migratorias son conocidas como perreras puesto que son vans tradicionales cuyas ventanas están protegidas con barrotes.
5/ De acuerdo al conteo realizado por el Ayuntamiento de Suchiate el 20 de octubre de 2018, cuando las personas habían cruzado la frontera de México con Guatemala y pernoctaron en Ciudad Hidalgo, el grupo de personas se conformaba por: 2.622 hombres, 2.234 mujeres, 1.070 niños y 1.307 niñas. En total estamos hablando de un mínimo de 7.233 personas al entrar en México. Mientras algunas personas tomaron otro camino y se apartaron de la caravana en algún momento de la trayectoria, muchos otros se sumaron en distintos puntos también, haciendo un conteo preciso de la caravana imposible.
6/ Con Nochixtlán el Ombudsman hizo referencia a una escena parecida de 2016 cuando los policías federales buscaron desalojar a manifestantes de las carreteras de Oaxaca; lo cual resultó en seis personas muertas y más de 100 personas heridas.
7/ En México, según la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la solicitud de condición de refugiado puede reconocerse debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
8/ La Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias es un documento que expide el Instituto Nacional de Migración y que permite una estancia legal temporal en México cuando la persona que la solicita ha sido víctima de algún delito, o cuando se encuentra en el proceso de solicitud de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
9/ La organización inicial del éxodo desde Honduras se dio a partir de algunas convocatorias realizadas en redes sociales para “emigrar juntos”, que después se virilizaron a partir de los medios de comunicación locales en Honduras, principalmente, la cadena de televisión HCH, que comenzó́ a transmitir en vivo el grupo inicial, de no más de 200 personas, que se habían reunido en la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula. Cuando las personas se comenzaron a sumar a la caravana, en Honduras, empezaron a organizarse entre familias, colonias, barrios y departamentos, y para ello, realizaron grupos de WhatsApp y Facebook para coordinarse. Todo esto surgió́ de una manera bastante espontánea pues la mayoría de las personas decidieron unirse en cuestión de horas o días al enterarse de ese grupo reunido en la Terminal. Sin embargo, en un par de días el grupo pasó de 200 a cuatro mil personas, que se estimaron cruzaron la frontera de Honduras con Guatemala entre el 13 y 15 de octubre. Para entonces, la organización por redes sociales se desbordó y dejó de ser funcional. Cuando las personas llegaron a la frontera con México, se estimaban arriba de siete mil, por lo que la única forma de organización más o menos estable empezaron a ser las reuniones nocturnas o asambleas donde se decidía lo básico: a dónde se seguiría el día siguiente. Sin embargo, nunca hubo una toma de decisiones centralizada ni con la capacidad de generar un consenso amplio. De hecho, en varias ocasiones las decisiones tomadas en la asamblea se cambiaban de un momento a otro, por circunstancias emergentes. Al final, siempre prevalecía la voluntad y toma de decisiones individualizada, pues a pesar de haber salido en grupo y con la decisión de ir en colectivo, las personas tomaron la decisión de salir de sus casas de manera autónoma e individual, lo que siempre terminaba por impedir que alguien más decidiera por ellas mismas. Esto mismo generaba que no hubiera nadie con la legitimidad para ser líder u organizador, las personas que por momentos tomaban papeles activos y liderazgos eran siempre rotativas y cambiantes. Adicionalmente, esto generaba que quienes acompañábamos, antropólogas entre otras organizaciones y activistas, tampoco pudiéramos injerir en la toma de decisiones, simplemente, apoyábamos en temas logísticos y emergentes.
10/ Para una crítica del humanitarianismo, revisar Ruiz-Giménez Arrieta (2017).
11/ El asilo en Estados Unidos es un proceso al que puede acceder cualquier persona que tema por su vida, que sufra persecución y que sea fundamentada. La persecución debe ser por motivos de raza, nacionalidad, religión, política, o por ser integrante de un grupo social especifico.
12/ Existe una curiosa tensión subyacente en la ley de asilo, ya que si bien el reclamo lo hace el individuo (o la familia nuclear), para tener un caso de asilo exitoso, la persecución que el individuo sufrió́ en su país de origen tuvo que ser debido a la pertenencia inmutable de esa persona a una comunidad o grupo social que es perseguido (McCuiston, 2015).
13/ Incluimos a agentes de inmigración y policías aquí́ por dos razones: por un lado, la aplicación de la ley de inmigración es una industria multimillonaria y el foco de un extenso apoyo financiero y logístico de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la corrupción de los funcionarios de inmigración y la policía está profundamente arraigada, tanto en México como en Estados Unidos, y algunos incluso llaman al instituto de inmigración de México el mayor cártel involucrado en el tráfico de personas.
14/ Por lo general, los coyotes ofrecen tres viajes por el precio de uno. Si una persona es deportada la primera y la segunda vez, aún puede volver, sin pagar una tarifa adicional, más allá́ de cubrir sus propios costos de alojamiento y comida.
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1.- Ante el irrefutable fracaso en la atención de la emergencia, mantenemos firme nuestra exigencia de que sean entidades profesionales y competentes las que asuman la conducción de la actual crisis sanitaria.
2.- Hacemos nuevamente y enérgicamente hincapié en el llamado a que fortalezcamos la exigencia por un sistema de auditoría externo, que verifique y vuelva transparente la información sobre el manejo de fondos destinados a atender la crisis actual, un sistema que excluya organismos aduladores como el FONAC.
3.- Mantenemos nuestro firme repudio al Pacto de Impunidad que se expresan en a) la puesta en marcha del Nuevo Código Penal, unamos todas las voces para exigir su abrogación, porque no podemos aceptar un instrumento jurídico de dominación masiva; b) los procesos de militarización cada vez más intensos en todas las áreas vitales de la sociedad; c) la presión y agresión a las comunidades, especialmente las que aconsejadas por el estómago vacío, protestan exigiendo la entrega de alimentos; d) Criminalización y encarcelamiento a los defensores del agua y los bienes naturales, como ocurre con nuestros hermanos presos políticos de Guapinol y Sector San Pedro, para quienes exigimos libertad inmediata.
4.- Alertamos a la población, y llamamos a que se unan a nuestra voz de alarma, ante la decisión de la narco dictadura de impulsar el plan de concesiones o regalías masivas de tierras nacionales, a partir de la aprobación de los decretos PCM 041-2020 y el PCM 030-2020, que propone la entrega de tierras ejidales a transnacionales, en el marco y lógica depredadora de las Ciudades Modelo, que representa un severo golpe a la soberanía nacional y a la de las comunidades rurales y pueblos originarios.
5.- Llamamos a que se unan a nuestra voz de rechazo al atentado que para toda la sociedad representa el anuncio de nuevas licitaciones de proyectos de agua en varias zonas de Honduras, en complicidad con transnacionales y diversas alcaldías, condicionados a la municipalización del agua como paso previo a la privatización. Defender el agua, es defender la vida, y ser indiferentes ante la privatización del recurso hídrico, es exponer a la muerte a miles de familias y al deterioro irreversible de nuestros bienes naturales.
6.- Alertamos respecto a los planes de reconfiguración del Estado anunciado en las tétricas cadenas nacionales, por medio de la aprobación de reformas institucionales impulsadas en el marco de la actual crisis, como argumento y excusa para proseguir la captura del Estado, sea a través de amañados procesos electorales, sea a través de la suspensión de elecciones, porque para quienes controlan el narco Estado, no es la democracia, el Estado de Derecho o la dignidad de la gente lo que importa, sino amarrar todos los hilos institucionales para proseguir su proyecto autoritario neoliberal depredador.
7.- Condenamos el asesinato de Edwin Fernández, líder de la comunidad garífuna de Río Tinto, y miembro del plan de protección comunitario impulsado por OFRANEH. Exigimos la investigación y castigo a los responsables.
8.- Con la fuerza de nuestros mártires, y en nombre de todo pueblo, convocamos a sumar toda la bulla y ruido en el cacerolazo, cada sábado, a las 7 de la noche. Estamos encerrados, pero jamás callados.
Honduras, mayo de 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
¿Cuánto vale la vida de un Garífuna en Honduras?
Cuánto vale la vida de un Garífuna en Honduras????
La aparición del cadáver de Edwin Noel Flores Sacaza, Garífuna que se desempeñaba como guardia de seguridad en la planta termoeléctrica de la Ensenada, y la ausencia de una versión oficial sobre este hecho así como el silencio al que se han llamado los medios de comunicación, ha despertado un sinfín de cuestionamiento, por parte de los habitantes de Sambo Creek, comunidad de dónde Edwin era originario.
El Grupo Laeisz – propietario de la termoeléctrica en cuestión – y las autoridades municipales se han llamado al hermetismo, confirmando de esta forma el estilo inapropiado con que han manejado sus relaciones con las comunidades Garífunas de Sambo Creek y Corozal, las que se encuentran localizadas a escasos kilómetros de la termoeléctrica, y se verán afectadas por la contaminación de la quema de combustible Búnker C (Fuel #6) el que es considerado altamente tóxico y es prohibido en varios países.
Las comunidades no fueron consultadas en ningún de acuerdo a la jurisprudencia internacional en materia de derechos indigenas, desdeñando el convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es signatario. Nunca a los habitantes de las comunidades Garífunas afectadas, se les informó de forma veraz, las consecuencias que acarrea para la salud, el estar expuesto a las emisiones constantes que saldrán desde las turbinas las cuales supuestamente producirán entre 70 a 120 megavatios.
Existe en Honduras una normalización de la violencia, la que ha cobrado mas de 70 mil muertos en la ultima década, con un promedio de un 95% de impunidad en los casos, además de una amnesia insertada cómodamente entre la población que ha terminado aceptando los homicidios y masacres como parte del devenir cotidiano.
A diferencia de la mayoría de la población los Garifunas habíamos logrado mantenernos al margen de los ríos de sangre que han corrido por el país. Sin embargo en el ultimo año, vimos un aumento alarmante de asesinatos de Garifunas, especialmente de lideresas que han confrontado el despojo territorial sistemático que se agudizo con el ascenso de la dictadura.
En medio de la pandemia de COVID19, los hechos acontecidos en la termoeléctrica La Ensenada, han pasado singularmente inadvertidos, situación que nos preocupa ante el actuar del Grupo Laeisz, empresa que parece ser no tiene objeciones éticas de ninguna especie para imponer sus pretensiones.
Los Garífunas como los demás pueblos del país nos encontramos en una situación de indefensión ante el Covid-19, dada la inexistencia de cobertura del sistema estatal de salud, la que ha sido desmantelada por la corrupción y las recetas económicas neoliberales. Es por eso que desde la OFRANEH hemos impulsado una respuesta comunitaria a la pandemia.
Como muestra de esa apatía imperante para investigar los homicidios cometidos contra garifunas esta la investigación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015, en relación de los asesinatos en Triunfo de la Cruz, de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, situación que demuestra la ausencia d garantía judiciales para nuestro pueblo.
Ante el “percance” acontecido con la muerte de Sacaza, exigimos al ministerio Publico, y al grupo Laeisz, una explicación fehaciente de los hechos ocurridos el pasado primero de mayo, dentro de la termoeléctrica. Así mismo se deduzcan las responsabilidades a quien corresponda.
La Ceiba Atlántida 12 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La aparición del cadáver de Edwin Noel Flores Sacaza, Garífuna que se desempeñaba como guardia de seguridad en la planta termoeléctrica de la Ensenada, y la ausencia de una versión oficial sobre este hecho así como el silencio al que se han llamado los medios de comunicación, ha despertado un sinfín de cuestionamiento, por parte de los habitantes de Sambo Creek, comunidad de dónde Edwin era originario.
El Grupo Laeisz – propietario de la termoeléctrica en cuestión – y las autoridades municipales se han llamado al hermetismo, confirmando de esta forma el estilo inapropiado con que han manejado sus relaciones con las comunidades Garífunas de Sambo Creek y Corozal, las que se encuentran localizadas a escasos kilómetros de la termoeléctrica, y se verán afectadas por la contaminación de la quema de combustible Búnker C (Fuel #6) el que es considerado altamente tóxico y es prohibido en varios países.
Las comunidades no fueron consultadas en ningún de acuerdo a la jurisprudencia internacional en materia de derechos indigenas, desdeñando el convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es signatario. Nunca a los habitantes de las comunidades Garífunas afectadas, se les informó de forma veraz, las consecuencias que acarrea para la salud, el estar expuesto a las emisiones constantes que saldrán desde las turbinas las cuales supuestamente producirán entre 70 a 120 megavatios.
Existe en Honduras una normalización de la violencia, la que ha cobrado mas de 70 mil muertos en la ultima década, con un promedio de un 95% de impunidad en los casos, además de una amnesia insertada cómodamente entre la población que ha terminado aceptando los homicidios y masacres como parte del devenir cotidiano.
A diferencia de la mayoría de la población los Garifunas habíamos logrado mantenernos al margen de los ríos de sangre que han corrido por el país. Sin embargo en el ultimo año, vimos un aumento alarmante de asesinatos de Garifunas, especialmente de lideresas que han confrontado el despojo territorial sistemático que se agudizo con el ascenso de la dictadura.
En medio de la pandemia de COVID19, los hechos acontecidos en la termoeléctrica La Ensenada, han pasado singularmente inadvertidos, situación que nos preocupa ante el actuar del Grupo Laeisz, empresa que parece ser no tiene objeciones éticas de ninguna especie para imponer sus pretensiones.
Los Garífunas como los demás pueblos del país nos encontramos en una situación de indefensión ante el Covid-19, dada la inexistencia de cobertura del sistema estatal de salud, la que ha sido desmantelada por la corrupción y las recetas económicas neoliberales. Es por eso que desde la OFRANEH hemos impulsado una respuesta comunitaria a la pandemia.
Como muestra de esa apatía imperante para investigar los homicidios cometidos contra garifunas esta la investigación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015, en relación de los asesinatos en Triunfo de la Cruz, de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, situación que demuestra la ausencia d garantía judiciales para nuestro pueblo.
Ante el “percance” acontecido con la muerte de Sacaza, exigimos al ministerio Publico, y al grupo Laeisz, una explicación fehaciente de los hechos ocurridos el pasado primero de mayo, dentro de la termoeléctrica. Así mismo se deduzcan las responsabilidades a quien corresponda.
La Ceiba Atlántida 12 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Aparente grupo de narcos liquidan a Garifuna encargado de vigilancia de la comunidad de Río Tinto
Edwin
Fernández de 37 años, fue asesinado frente de sus hijos, en las horas de
la noche, del miércoles 20 de mayo, como represalia por no entregar la
llave del portón de seguridad de la comunidad de Río Tinto, el que fue
establecido como medida preventiva en medio de la pandemia de Covid-19.
Las comunidades Garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicad de las autoridades.
Rio Tinto hasta hace poco estableció una vía de comunicación terrestre permanente, La comunidad en los últimos años, termino totalmente siendo circundada por cultivos de palma africana, situación que ha dado lugar a un incremento de la violencia en el litoral caribeño.
Con la aparición el Covid-19, la mayoría de las comunidades Garífunas asumieron el rol de protección creando medidas de seguridad entre otras, la instalación de portones para vigilar el transito hacia las comunidades, y mantener de esta forma un control sobre desplazamientos humanos que puedan propagar la enfermedad.
Según informaciones recibidas, el trasiego de estupefacientes vía marítima se a incrementado en las ultimas semanas en el Caribe, pesar del show mediático de la armada de los Estados Unidos, que se ha desplegado en el ultimo mes, en un supuesto mega operativo antidrogas.
Este nuevo asesinato se suma a la lista de Garifunas que han sido asesinados en los últimos meses, situación que para nuestro pueblo -lejano a la violencia- es inaudita, a pesar de la normalización de la violencia que impera en Honduras.
Edwin deja siete hijos, que esperamos la familia extensa Garifuna, asumamos su protección y cuidados.
Condenamos este hecho y exigimos a las autoridades la investigación y castigo a los responsables, aunque nuestra exigencia sea en vano, tal como ha sucedido hasta la fecha, el 100% de los asesinatos del pueblo Garifuna se encuentran en la impunidad, lo que demuestra no solo la falta de voluntad del estado, sino también el racismo y la discriminación hacia nuestro pueblo.
Reiteramos, el pueblo Garifuna, tiene derecho a autoprotegerse ante cualquier pandemia tales como el Covid-19 y otros. Para nuestro pueblo la vida es sagrada.
La Ceiba, 21 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Las comunidades Garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicad de las autoridades.
Rio Tinto hasta hace poco estableció una vía de comunicación terrestre permanente, La comunidad en los últimos años, termino totalmente siendo circundada por cultivos de palma africana, situación que ha dado lugar a un incremento de la violencia en el litoral caribeño.
Con la aparición el Covid-19, la mayoría de las comunidades Garífunas asumieron el rol de protección creando medidas de seguridad entre otras, la instalación de portones para vigilar el transito hacia las comunidades, y mantener de esta forma un control sobre desplazamientos humanos que puedan propagar la enfermedad.
Según informaciones recibidas, el trasiego de estupefacientes vía marítima se a incrementado en las ultimas semanas en el Caribe, pesar del show mediático de la armada de los Estados Unidos, que se ha desplegado en el ultimo mes, en un supuesto mega operativo antidrogas.
Este nuevo asesinato se suma a la lista de Garifunas que han sido asesinados en los últimos meses, situación que para nuestro pueblo -lejano a la violencia- es inaudita, a pesar de la normalización de la violencia que impera en Honduras.
Edwin deja siete hijos, que esperamos la familia extensa Garifuna, asumamos su protección y cuidados.
Condenamos este hecho y exigimos a las autoridades la investigación y castigo a los responsables, aunque nuestra exigencia sea en vano, tal como ha sucedido hasta la fecha, el 100% de los asesinatos del pueblo Garifuna se encuentran en la impunidad, lo que demuestra no solo la falta de voluntad del estado, sino también el racismo y la discriminación hacia nuestro pueblo.
Reiteramos, el pueblo Garifuna, tiene derecho a autoprotegerse ante cualquier pandemia tales como el Covid-19 y otros. Para nuestro pueblo la vida es sagrada.
La Ceiba, 21 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Femicidios en Honduras, una emergencia nacional que debe declararse ¡YA!
marzo 6, 2020
Redaccion
En
consonancia con la política del gobierno, las mujeres demandan se
decrete una emergencia nacional por las muertes violentas de mujeres y
los femicidios.
Por: Nancy Paola Cruz García
Fotografías: Fernando Destéphen
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Su punto de encuentro es la Iglesia La Guadalupe. Se van acercando con sus camisas moradas, en las que resalta Gladys Lanza, otras llevan entre letras rojas el eslogan somos defensoras y algunas portan sus pañuelos verdes, exigiendo la despenalización del aborto. Y así, expuestas ante el inclemente sol particular del verano, gritan: Juan Orlando, Juan Orlando ¡a las mujeres nos están matando!
En sus cabellos cargan pelucas moradas. Una de ellas comenta que es para llamar la atención de los medios de comunicación y visibilizar la situación de las mujeres.
Algunas, hace días no se miraban, pero hoy se abrazaron. Sus miradas cuentan historias, sus pasos dejan huellas imborrables, sus voces representan a muchas que han sido asesinadas y que sus muertes permanecen en la impunidad.
Fotografías: Fernando Destéphen
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Su punto de encuentro es la Iglesia La Guadalupe. Se van acercando con sus camisas moradas, en las que resalta Gladys Lanza, otras llevan entre letras rojas el eslogan somos defensoras y algunas portan sus pañuelos verdes, exigiendo la despenalización del aborto. Y así, expuestas ante el inclemente sol particular del verano, gritan: Juan Orlando, Juan Orlando ¡a las mujeres nos están matando!
En sus cabellos cargan pelucas moradas. Una de ellas comenta que es para llamar la atención de los medios de comunicación y visibilizar la situación de las mujeres.
Algunas, hace días no se miraban, pero hoy se abrazaron. Sus miradas cuentan historias, sus pasos dejan huellas imborrables, sus voces representan a muchas que han sido asesinadas y que sus muertes permanecen en la impunidad.
Cada
día que pasa las mujeres hondureñas toman conciencia de su rol
demandante, sin importar su nivel académico o estrato social.
A todo pulmón van coreando las consignas. Se han aglutinado para exigir el cese de la violencia contra las mujeres, de cara al ocho de marzo Día Internacional de la Mujer.
Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, asegura que debe hacerse una declaratoria de emergencia nacional porque los femicidios se han convertido en una verdadera epidemia en Honduras, donde a diario asesinan a dos mujeres. Además, indica que hay un 96% de impunidad en los temas de investigación.
La demanda de Merly contrasta con las constantes declaratorias de emergencia en salud y educación, y en otras áreas sociales, en las que mediante valoraciones subjetivas el gobierno hondureño aprueba millonarias compras directas, en una franca violación a la Ley de Contratación del Estado, con lo que se profundiza la corrupción y el saqueo de las instituciones públicas. Probablemente, la consideración de Merly no es atractiva para los propósitos del gobierno.
“No hay voluntad política para atender la problemática”
Según el monitoreo realizado por la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, en los dos primeros meses del año han asesinado a 61 mujeres en el territorio nacional. “Estamos hablando que cada 24 horas están asesinando a dos mujeres y pareciera que eso se ha normalizado. No hay voluntad política de atender esta problemática de violencia y femicidios”, cuestiona Cristina Alvarado, psicóloga de Las Chonas, como se le conoce al Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
De igual forma señala que el 55% de las muertes violentas son perpetradas por sus parejas de hogar.
Noticia Relacionada: Incesante violencia contra las mujeres en Honduras
Esperan que sus compañeras de Intibucá desciendan del bus para iniciar la caminata. Sus primeros pasos se sienten, se colocan en fila “india” para organizarse, mientras las esperan las organizaciones convocantes: Calidad de Vida, Visitación Padilla, Las Hormigas, La Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares de Honduras (AHLMYS), entre otras.A todo pulmón van coreando las consignas. Se han aglutinado para exigir el cese de la violencia contra las mujeres, de cara al ocho de marzo Día Internacional de la Mujer.
Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, asegura que debe hacerse una declaratoria de emergencia nacional porque los femicidios se han convertido en una verdadera epidemia en Honduras, donde a diario asesinan a dos mujeres. Además, indica que hay un 96% de impunidad en los temas de investigación.
La demanda de Merly contrasta con las constantes declaratorias de emergencia en salud y educación, y en otras áreas sociales, en las que mediante valoraciones subjetivas el gobierno hondureño aprueba millonarias compras directas, en una franca violación a la Ley de Contratación del Estado, con lo que se profundiza la corrupción y el saqueo de las instituciones públicas. Probablemente, la consideración de Merly no es atractiva para los propósitos del gobierno.
“No hay voluntad política para atender la problemática”
Según el monitoreo realizado por la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, en los dos primeros meses del año han asesinado a 61 mujeres en el territorio nacional. “Estamos hablando que cada 24 horas están asesinando a dos mujeres y pareciera que eso se ha normalizado. No hay voluntad política de atender esta problemática de violencia y femicidios”, cuestiona Cristina Alvarado, psicóloga de Las Chonas, como se le conoce al Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
De igual forma señala que el 55% de las muertes violentas son perpetradas por sus parejas de hogar.
La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) establece, en un reciente informe, que Honduras es el segundo país de América Latina con altas tasas de femicidios, el tercero de mujeres adolescentes con embarazos y uno de los tres países que no ha firmado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La tasa de impunidad de femicidios y muertas violentas en Honduras es del 96 %.
Las voces sobrevivientes
Mientras Cristina nos hablaba de cifras, datos y de los compromisos que ha incumplido el Estado hondureño, nos encontramos con Juana, una mujer de contextura delgada y estatura baja, que nos pidió la llamáramos así porque el miedo le impide hablar de frente, como muchas que se esconden de sus despiadados agresores. Su mirada permanece firme cuando nos relata su historia. Es una mujer de la capital, que tiene tres hijas.
Sufrió mucha violencia sin darse cuenta. Juana estaba segura que su pareja la protegía y la quería. Pasó 24 años en silencio, aguantando golpes, infidelidades y cualquier tipo de maltrato de su pareja. “Mi vida solo era llorar y llorar”, rememora.
Mientras Cristina nos hablaba de cifras, datos y de los compromisos que ha incumplido el Estado hondureño, nos encontramos con Juana, una mujer de contextura delgada y estatura baja, que nos pidió la llamáramos así porque el miedo le impide hablar de frente, como muchas que se esconden de sus despiadados agresores. Su mirada permanece firme cuando nos relata su historia. Es una mujer de la capital, que tiene tres hijas.
Sufrió mucha violencia sin darse cuenta. Juana estaba segura que su pareja la protegía y la quería. Pasó 24 años en silencio, aguantando golpes, infidelidades y cualquier tipo de maltrato de su pareja. “Mi vida solo era llorar y llorar”, rememora.
Juana ha
superado la violencia. Ella compartió un poco de su historia tortuosa
producto de la violencia ejercida por su pareja durante 24 años.
Él la denunció, queriendo llevarse a
sus hijas. Calidad de Vida, una organización que protege a las mujeres
de la violencia, acompañó a Juana durante en este proceso y todo resultó favorable. Juana considera
que el apoyo brindado por la organización le cambió la vida, ha
obtenido herramientas que le permiten ver el mundo de otra manera, con
gafas morada diría la escritora feminista, española, Nuria Varela.
¿Tengo que ser ultrajada físicamente para que proceda la denuncia?
Isabel es una joven de 24 años, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es delgada, de estatura promedio y su cabellera colocha suelta. Sus ojos develan el dolor que vivió cuando un hombre intentó abusar de ella.
Lo conoció por medio de dos de sus amigas. A las dos semanas de interactuar con él, le decía que quería irse a vivir con ella. Isabel relata que éste solía frecuentar sus aulas de clases, sin que ella le hubiese comentado donde estaban ubicadas. Un día el hombre apareció en su casa pidiendo agua, ella no se percató de su intensión, pues lucía normal, y fue en ese momento que intentó abusar de ella. “Él pensó que yo estaba sola. Mi primo me defendió, lo saqué de mi casa y siguió tres meses acosándome”, detalla Isabel.
El hostigamiento fue tan alto que el individuo hackeó sus cuentas de redes sociales. Se le aparecía por todos lados.
¿Tengo que ser ultrajada físicamente para que proceda la denuncia?
Isabel es una joven de 24 años, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es delgada, de estatura promedio y su cabellera colocha suelta. Sus ojos develan el dolor que vivió cuando un hombre intentó abusar de ella.
Lo conoció por medio de dos de sus amigas. A las dos semanas de interactuar con él, le decía que quería irse a vivir con ella. Isabel relata que éste solía frecuentar sus aulas de clases, sin que ella le hubiese comentado donde estaban ubicadas. Un día el hombre apareció en su casa pidiendo agua, ella no se percató de su intensión, pues lucía normal, y fue en ese momento que intentó abusar de ella. “Él pensó que yo estaba sola. Mi primo me defendió, lo saqué de mi casa y siguió tres meses acosándome”, detalla Isabel.
El hostigamiento fue tan alto que el individuo hackeó sus cuentas de redes sociales. Se le aparecía por todos lados.
La impotencia de Isabel la viven a diario las mujeres hondureñas. Ella es un ejemplo evidente de que en Honduras la institucionalidad no funciona para castigar a los agresores de las mujeres.
Isabel interpuso la denuncia
ante el Ministerio Público y el Comisionado Universitario, sin embargo,
sus denuncias fueron rechazadas por estas dos instituciones que
valoraron que nunca hubo agresión física y que los mensajes que recibía
“eran de amor”. “Fue bastante perturbador; del Comisionado me enviaron a
varios lugares y por último a la sección de Acoso Sexual. Me tomaron la
declaración, lleve las pruebas y me dijeron que no procedía porque él
no estaba activo en ese período”, recuerda.
Tuvo que retirarse de la universidad por algunos períodos por miedo y mudarse dos veces de su casa.
“Yo me di cuenta que no estaba sola, que no solo a mí me había sucedido”. Isabel ha logrado caminar por las calles con mayor tranquilidad, pero aún tiene miedo que el acosador reaparezca y que las autoridades sigan tan indiferentes. ¿Tengo que ser ultrajada físicamente para que proceda la denuncia? Les pregunta a las autoridades.
Tuvo que retirarse de la universidad por algunos períodos por miedo y mudarse dos veces de su casa.
“Yo me di cuenta que no estaba sola, que no solo a mí me había sucedido”. Isabel ha logrado caminar por las calles con mayor tranquilidad, pero aún tiene miedo que el acosador reaparezca y que las autoridades sigan tan indiferentes. ¿Tengo que ser ultrajada físicamente para que proceda la denuncia? Les pregunta a las autoridades.
El
tratamiento de la noticia sobre la violencia contra las mujeres en
Honduras es valorada en los medios corporativos desde un perspectiva que
contribuye a fomentar la conducta machista.
Nada que celebrar, mucho que demandar
Entre consigna y consigna, las mujeres llegaron a las instalaciones del Ministerio Público. Sus exigencias: una ley de casa refugio para las mujeres víctimas de violencia doméstica, asignación de recursos para la protección de mujeres, el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia e hicieron un cuestionamiento al Instituto Nacional de la Mujer para que de respuestas efectivas y no sea una institución decorativa.
Entre consigna y consigna, las mujeres llegaron a las instalaciones del Ministerio Público. Sus exigencias: una ley de casa refugio para las mujeres víctimas de violencia doméstica, asignación de recursos para la protección de mujeres, el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia e hicieron un cuestionamiento al Instituto Nacional de la Mujer para que de respuestas efectivas y no sea una institución decorativa.
Las
mujeres se mofaron del papel que ejerce el Fiscal General de la
República, Oscar Chinchilla, para darle respuesta a la investigación de
los casos de muertes violentas de mujeres y femicidios.
Cerraron con un performance donde
sostenían en sus brazos 60 cruces de madera con los nombres, fecha y
lugar de residencia de las mujeres asesinadas en lo que va del 2020 y
cuestionaron el papel de Óscar Fernando Chinchilla Banegas, actual
Fiscal General de la República de Honduras, por no prestar atención a la
situación de violencia que vive la mujer.
Editorial Aniversario / Los motivos de EL LIBERTADOR
EL
LIBERTADOR ha tenido de parte de los últimos gobiernos, ofertas
formales e informales de decenas de millones de lempiras por la compra
de un porcentaje de acciones, no lo hemos aceptado aun cuando una
operación de valores es válida en toda parte, sin embargo, el periódico
perdería la libertad. El único gobierno que trabajó con este periódico
sin condiciones fue el de “Pepe” Lobo, él compartió que vendemos un
espacio publicitario, no la línea editorial.
EDITORIAL
Los motivos de EL LIBERTADOR
“Aquella
mañana cuando EL LIBERTADOR entró al mundo, había tanto silencio en
Honduras que nuestro susurro se hizo un grito que suena en toda la
tierra...”, esta cita, que cumple 17 años el 20 de mayo de 2020, está en
el primer editorial de este periódico, al único que la ciudadanía
eligió el nombre y, asimismo, se declaró “Primer Auditor Social de
Honduras”.
Cuando
nació EL LIBERTADOR, en 2003, la internet personal era producto
exclusivo de las capas altas de la sociedad. El público, casi todo
estudiantes y jóvenes curiosos por tocar una computadora, accedía a la
red en pequeñas tiendas “cyber”. No había redes sociales, pues, tal como
las vemos este día, toman fuerza a partir del golpe de Estado en 2009; y
la web, apenas iniciaba en ciertos medios escritos y no despertaba
mucha importancia en empresas.
En
el campo de medios masivos de comunicación, hace 17 años en el país, el
dominio total de la noticia era de grupos corporativos que pronto
llamamos “prensa tradicional”, por vieja y acomodada al poder a cambio
de acumular vastas fortunas en sus distintas empresas. Sin otros canales
de comunicación que demostraran lo contrario, esos medios se hicieron
hábiles para mentir y ocultar la información de interés para el pueblo
hondureño, de ahí creamos los lemas: “Publicamos lo que otros callan” y
“Rompimos el papel de la prensa tradicional”.
Varias
sentencias surgieron a medida fuimos entendiendo con la dureza de la
realidad. Como jóvenes, íbamos descubriendo asombrados el funcionamiento
perverso de un sistema local sometido a EE UU, que conspira contra la
paz y fortuna del hondureño.- Un horizonte cada vez más amplio nos
consolidaba la vivencia en la brega diaria, durante semanas, meses, años
y décadas, de ahí surgió la frase: “Llamamos los hechos por su nombre,
al ladrón, ladrón”, y las citas: “Sea parte de la historia...”, “Porque
defender la libertad de expresión es dominar nuestro destino”, “Sólo los
medios libres pueden contener la libertad”, “Sólo hacen Periodismo los
medios que están del lado del pueblo; lo demás, es cualquier cosa,
comunicación masiva o relaciones públicas, pero jamás Periodismo”.
EL
LIBERTADOR, hoy presume con cifras que es el medio escrito más leído de
Honduras: somos multimillonarios en lectores en las dos versiones,
diario digital e impreso mensual. La última edición impresa, que por
primera vez el mes anterior circuló digital por el Covid-19, en 15 días
fue descargada por casi 400.000 personas. Cada año ambos periódicos
registran millones y millones de lecturas de propios y extraños.
¡Eternamente gracias! Destinamos toda nuestra fuerza creyendo que como
hondureños ese es nuestro aporte en la construcción, no de un país, sino
de una nación con sintonía de sentimientos de grandeza y dignidad.
Tanto
ha trascendido en el mundo la función social de EL LIBERTADOR, que
pocos medios de comunicación del planeta y hondureños, no sabemos de
otro en el país, que haya recibido la visita de ejecutivos de The New
York Times o Dow Jones Factiva (The Wall Street Journal). En Ambos
plantearon alianzas de trabajo noticioso con EL LIBERTADOR, tras
estudios de audiencia de las empresas informativas hondureñas.- Con
ambos no se logró, más adelante será con ellos o con otros; en ese
momento el periódico no tenía el dinero para adquirir las plataformas y
software que requería el moderno intercambio y subida global de
contenidos.
El
Director Fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, inició
este proyecto con una parte del dinero que recibió como compensación,
al renunciar después de una década de escribir en El Heraldo. EL
LIBERTADOR inició sin capital, y tras casi dos décadas tampoco ha
logrado el ahorro que le permita potenciar la inversión clave en todos
los departamentos, adquirir nuevas tecnologías, contratación de talento
humano o contar con un local propio.
Cuando
el fundador y amigos que atrajo a la idea, pensaban en la fuente
financiera de EL LIBERTADOR, era sólo apasionada e inocente juventud,
creían que sería el movimiento popular, porque los contenidos por
primera vez pondrían en manos de la sociedad, con nombre y apellido, a
las mujeres y hombres responsables del atraso nacional. Los contenidos
han cumplido la promesa, pero el respaldo gremial nunca llegó, tampoco
de la sociedad civil; en el camino hacia los 17 años vimos a la dirigencia sin bases y sin conflictos sociales.
EL
LIBERTADOR ha tenido de parte de los últimos gobiernos, ofertas
formales e informales de decenas de millones de lempiras por la compra
de un porcentaje de acciones, no lo hemos aceptado aun cuando una
operación de valores es válida en toda parte, sin embargo, el periódico
perdería la libertad. El único gobierno que trabajó con este periódico
sin condiciones fue el de “Pepe” Lobo, él compartió que vendemos un
espacio publicitario, no la línea editorial.
Las
páginas del periódico son testigos que las empresas que contratan
espacios tampoco nos condicionan, hemos perdido muchos ingresos del
gobierno y sector privado cuando no hay armonía en nuestra relación.
Hemos rechazado dinero por campañas cuando atentan contra el interés de
los hondureños; hemos asumido pérdidas cuantiosas en el actual gobierno
durante casi 8 años, porque jamás daremos la espalda al pueblo por un
gobierno abusivo, que se esconde en las armas de un Ejército traidor.
Hoy,
llegamos a 17 años. Comentar este viaje en un café, entre colegas o
amigos, o decirlo en un foro, puede resultar en burla incrédula.-
Hacerlo ha sido extremo; es una decisión obsesa en contra de un clima de
crudo oscurantismo social, clase política montuna y amoral y una
economía feudal, donde la raíz del capital aún está en el despojo de la
riqueza de la población controlando el gobierno. Si algún día dejamos de
existir, sepan: caímos sin miedo, desde la altura.
Reflexiones incómodas sobre el covid-19, no aptas para ingenuos (3a parte)
mayo 15, 2020
Redacción
Por: Tomas Andino Mencía
15 de mayo 2020
3ª PARTE: LA DESOBEDIENCIA MÉDICA A LA OMS ESTÁ SALVANDO VIDAS
En los últimos dos meses, se ha dado una tendencia muy positiva en la práctica de salud, relacionada con el Covid-19: la aplicación de autopsias en fallecidos. La autopsia es una técnica que se utiliza cuando hay dudas sobre la causa de la muerte de una persona, para arribar a un dictamen concluyente. Esta técnica es muy útil cuando se está ante una enfermedad nueva que mata. Pero extrañamente las autopsias han sido la excepción más que la regla en todo el mundo. La OMS las ha desaconsejado para fallecidos a causa de Covid-19, por razones de seguridad, dice. Pero, como la práctica lo ha demostrado, esta fue una mala decisión.
La ausencia de autopsias había impedido hasta hace poco ir más allá en el conocimiento de las causas de estas muertes, pero gracias a que algunos hospitales y centros de investigación rompieron esa regla, se han hecho hallazgos muy interesantes que han obligado a hacer cambios en el concepto que se tenía de la enfermedad y, lógicamente, en los protocolos de tratamiento.
EL CONCEPTO SOBRE COVID-19 CAMBIO DESDE LAS AUTOPSIAS
El 17 de marzo del presente año, el Instituto Superior de Sanidad de Italia, una reputada institución de estudios de salud de ese país hizo una primera evaluación de las causas de muerte de una muestra de 355 sobre 2003 fallecidos. Encontraron que, de todos ellos, la muerte podía atribuirse exclusivamente al Covid-19 en solo 3 de los casos (menos del 1%), mientras que el resto murió padeciendo dos o más enfermedades preexistentes: 70 tenían una enfermedad previa; 69 tenían dos y 126 tenían tres o más. Las más graves eran: Hipertensión arterial, enfermedad cardiaca isquémica, fibrilación auricular, cáncer, insuficiencia renal crónica, entre otras.(1)
En Alemania, el Instituto de Medicina Forense del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf, desatendió la recomendación del Instituto Robert Koch de no realizar autopsias por razones de seguridad, reconociendo que esa decisión fue “un error”. Tras arriesgarse a hacerlas entre el 22 de marzo y el 11 de abril a 65 pacientes fallecidos presuntamente por Covid-19, encontraron que 46 tenían enfermedades pulmonares preexistentes, 28 tenían enfermedades en otros órganos u órganos trasplantados, 10 sufrieron de diabetes u obesidad, 10 de cáncer y 16 de demencia. La base de datos de dicho centro médico ahora contiene detalles de más de 100 autopsias. El resultado: ninguno de los muertos estaba enfermo exclusivamente con Covid-19, sino que tenían problemas cardiovasculares, presión arterial alta, arteriosclerosis, diabetes, cáncer, insuficiencia pulmonar, renal o cirrosis hepática, entre otras cosas.(2) David Horst, jefe de patología de la Charité de Berlín, también confirmó que todos los fallecidos que él examinó tenían enfermedades previas, en el sistema cardiovascular o de los pulmones.(3)
En Suiza el hallazgo es similar; según Alexander Tzankov, jefe de autopsia del Hospital Universitario de Basilea, los fallecidos también sufrían de hipertensión y la mayoría de ellos tenían sobrepeso; dos tercios tenían problemas al corazón y un tercio tenía diabetes. (4)
En otras palabras, la gran mayoría de los fallecidos no murieron por Covid-19 sino con Covid-19. Por eso, hoy día son muchas las voces que problematizan la suposición de que todos los fallecidos inicialmente positivos en las pruebas de Covid-19, fallecieron efectivamente solo por esta causa.
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¿Qué habría pasado si esa gran mayoría de personas fallecidas no hubiera tenido Covid-19? ¿Habría muerto de todos modos a causa de las otras enfermedades? Es muy probable que sí, pero hubiesen durado vivas por más tiempo siguiendo la evolución natural de su enfermedad de base, tal como suponen algunos especialistas en el caso de España. (5) Esto sugiere que el Covid-19 es una enfermedad especialmente peligrosa para ellas y ellos, mientras que para el resto no lo sería tanto.Es claro que la edad avanzada y tener una enfermedad adicional que baje las defensas son dos factores de riesgo, pero ¿qué pasa si los pacientes no tienen una segunda enfermedad de alto riesgo y únicamente actúa el virus de Covid-19? Muy probablemente la gran mayoría habría sobrevivido, es decir que solo en una ínfima minoría de pacientes Covid-19 produce la muerte por sí mismo, y no es como se nos vende en los medios de comunicación.
TAMBIÉN INFLUYÓ EN EL CAMBIO DE LOS TRATAMIENTOS
Uno de los beneficios de las autopsias practicadas por los médicos italianos es que ha cambiado el concepto que se tenía de los efectos del Covid-19 en el cuerpo y también descubrieron que el tratamiento puede ser más sencillo de lo que en un inicio se pensó.
Antes se creía que el problema era que el virus atacaba la capacidad del pulmón para respirar, produciendo una neumonía, ante la cual la estrategia era proporcionar respiración artificial (entubado), una técnica sumamente costosa. Ahora se sabe que el problema es que se produce una inflamación que genera un cuadro de trombosis generalizada en el cuerpo que se previene y trata con antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos y modificadores del PH corporal, entre otros procedimientos, todos conocidos de sobra por la ciencia médica y que no requieren medicamentos nuevos ni exóticos, sino fármacos ya existentes. Gracias a lo anterior, se han cambiado mucho los procedimientos médicos y se han salvado miles de vidas.
En Honduras los protocolos médicos fueron actualizados por esa razón y parecen dar resultado, según versión de quienes estan en primera línea. La creatividad de los médicos hondureños llego al punto de desarrollar un procedimiento propio, llamado “Catracho”, basado en este tipo de tratamiento, para lo cual tuvieron que salirse de lo recomendado por la OMS. (6) Dice el médico hondureño Miguel Sierra: “Empezamos a brindar lo que la mayoría de las unidades de infectología, de cuidados intensivos, de inmunología y la Organización Mundial de la Salud, etcétera, estaban recomendando y miramos que los pacientes se acumulaban y que por más tecnología que hubiera, no estaban dando resultados, entonces tomamos la decisión de hacer otro protocolo basado en la frontalidad. Para Honduras y el mundo es un gran paso”(7).
En conclusión, el atrevimiento a desobedecer las normas de la OMS con criterio profesional y la creatividad demostrada por los profesionales de la medicina en todo el mundo, ha salvado decenas de miles de vidas y es lo que permite que hoy día se esté venciendo la pandemia gradualmente. Con esto no quiero demeritar todo lo positivo que hace esta institución, pero queda demostrado que ser rebelde viene a bien cuando la realidad te da la razón.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) Puede encontrarse el enlace del estudio (en italiano) en el siguiente vinculo: https://www.pressenza.com/es/
(2) Ver “Covid-19: Patólogos alemanes revelan sus descubrimientos” Disponible en: https://www.dw.com/es/covid-
(3) Ídem
(4) Ídem
(5) Algunos profesionales, como el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez Beneito, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia se atreven a decir que el COVID lo que hace es concentrar en pocas semanas las muertes que se espera ocurran en los próximos meses o años: “Esto se debe a lo que en epidemiología se conoce como “efecto cosecha”, por el que las defunciones por Covid-19 afectarían principalmente a la población más frágil en términos de salud, que posiblemente fueran, al menos de forma parcial, las defunciones que deberían ocurrir durante las próximas semanas o meses.” Por otro lado, el estadístico David Spiegelhalter, sostiene que de forma más o menos independiente de la edad, el contagio de la enfermedad supone, para cada persona que la contrae, el concentrar el riesgo de morir durante el próximo año en el periodo que duraría el episodio de su enfermedad, digamos unas dos semanas. (Ver; “El País”, EL COVID-19 es ya la primera causa de muerte en España, disponible en: https://elpais.com/ciencia/
(6) La Prensa del 4 de mayo 2020. Disponible en https://www.laprensa.hn/
(7) Entrevista al Dr. Miguel Sierra, medico creador del tratamiento “Catracho”, en Presencia Universitaria del 11 de mayo 2020. Disponible en: https://presencia.unah.edu.hn/
Reflexiones incómodas sobre el Covid-19, no aptas para ingenuos (4ta parte)
mayo 18, 2020
Redacción
Por: Tomas Andino Mencía
4ª PARTE: ¿POR QUÉ SOLO Covid-19 SE NOS VENDE COMO LA GRAN AMENAZA A LA HUMANIDAD?
¿Estas Usted alarmado por esta nueva cepa de coronavirus? Cuando lea lo que sigue vera las cosas de otra manera.
Si en el mundo hubiera objetividad, a la par de COVID19 los sistemas mundiales y nacionales de salud estarían poniendo atención a otras enfermedades que también son amenazas para amplios conglomerados humanos.
LA INFLUENZA: PRIMA-HERMANA DEL COVID19, SIMILAR DE MORTAL
Comencemos por el caso de la Gripe Estacional o Influenza (H1N1). La OMS reconoce que la Influenza y COVID-19 son enfermedades parecidas en muchísimos aspectos, casi indistinguibles en sus síntomas, salvo por diferencias muy puntuales, pero sorprende la enorme distancia que observamos entre la reacción al COVID19, y la que se tiene frente a la Influenza, que se presenta como epidemias con características muy, pero muy similares.
Sobre sus similitudes y diferencias, la OMS dice:
“El virus de la gripe tiene un periodo de incubación medio más corto (el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de síntomas) y un intervalo de serie más corto (el tiempo transcurrido entre casos sucesivos) que el virus de la COVID-19. Se estima que el intervalo de serie del virus de la COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la gripe es de 3 días. Esto significa que la gripe puede propagarse más rápidamente que la COVID-19. (…) Se calcula que el número de infecciones secundarias generadas a partir de un individuo infectado es de entre 2 y 2,5 para COVID-19, mayor que para la influenza. Sin embargo, las estimaciones tanto para COVID-19 como para los virus de la gripe son muy específicas del contexto y el período de tiempo, lo que dificulta las comparaciones directas.[1]
En otras palabras, técnicamente las diferencias entre su velocidad de propagación y su capacidad de infección secundaria se compensan teniendo un efecto muy similar en ambas; lo único que las diferencia serían su comportamiento en diferentes contextos. Esta es la razón de por que anualmente se contagian de Gripe Estacional o Influenza entre 3 y 5 millones de personas y mueren entre 290 mil a 650 mil personas al año. ¡Sí, leyó bien! Contagia tantas personas como el COVID-19.
Las víctimas de la Influenza, de manera semejante a COVID-19, mueren de complicaciones como la neumonía, especialmente personas inmunodeprimidas, de la tercera edad o con enfermedades previas, como aquella, aunque también mata muchos jóvenes. Son tantos los casos que los sistemas de salud colapsan y no pueden atender adecuadamente a estas personas, como ocurre también con COVID-19, a pesar de que se les inoculan diferentes vacunas.
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EPIDEMIAS MINIMIZADAS, PERO PEOR DE MORTALES
Además de COVID-19 y de la Influenza (H1N1) hay enfermedades epidémicas que matan a muchas personas que, por no reunir el “detalle técnico” de ser pandemias, no ameritan una atención mediática ni solidaria especial. De algunas de estas, el público ni siquiera se entera que ocurren. Incluso para algunas hay vacunas para otras no, pero igualmente son muy peligrosas. Veamos algunos ejemplos.
- El Dengue Grave o Hemorrágico tiene una incidencia de 500,000 casos anuales, hace sufrir a muchos niños y niñas, y mata por lo menos al 2.5% de los infectados, es decir, unas 12,500 personas a nivel global, especialmente regiones como Latinoamérica.
- El sarampión tiene frecuentes brotes. El último en 2017 que contagió a 6.7 millones de personas y mató a 110,000 en todo el mundo.
- El Cólera, una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte en cuestión de horas, contamina anualmente entre 1.3 a 4 millones de personas, matando entre 21 mil y 143 mil personas al año, principalmente de países pobres.
- La Malaria o Paludismo, una enfermedad que sin tratamiento mata en 24 horas, infecta anualmente a más de 200 millones de personas (228 millones solo en 2018) con una mortalidad de casi 1%, o sea a más de 400,000 personas. Solo entre 2016 y 2018 el número de fallecidos por esta causa fue de 1,275,000 principalmente en África.
- La Hepatitis B, puede derivar en graves daños al hígado. La padecen 257 millones de personas en el mundo hoy día, y aunque hay vacuna mata anualmente alrededor de 600,000 personas (2017).
PANDEMIAS IGNORADAS, PERO TAN O MÁS MORTALES QUE COVID-19
Por ejemplo, en ocasiones el virus de la influenza común sufre mutaciones y da lugar a pandemias terribles. La más conocida fue la “Gripe Española” de 1918 que mató entre el 1% al 3% de la población del mundo, la cual, por sí sola paró al mundo. Pero las sucesivas pandemias de Influenza fueron mucho menos letales: En 1957 surgió el virus H2N2 que mató a 1.1 millón de personas[2]; en 1968 hubo otra pandemia (el virus H3N2) que mató al 0,03 % de la población mundial, aproximadamente 1 millón de personas; y entre 2009 y 2010 se dio la última de esta familia (virus H1N1) pdm09, por la que murieron un máximo de 575,400 personas.
¿Se da Usted cuenta? Mientras ocurría el golpe de Estado en Honduras (2009), se desarrollaba una pandemia que mató medio millón de personas en el mundo; algo similar a lo que está ocurriendo en la actualidad y muy pocos se dieron cuenta en nuestro país, porque no hubo el mismo escándalo. De hecho, ninguna de las pandemias de la segunda mitad del siglo XX y de este siglo fue acompañada del mismo nivel de pánico ni de tan drásticas medidas como en el caso de la COVID19.
Y qué decir del VIH-SIDA. Esta es una pandemia crónica que contagia a más de 2 millones de personas cada año, matando a la mayoría. Ya nos acostumbramos a esta, pero los africanos no. El 75% de fallecimientos de VIH ocurre en países africanos, donde sus enfermos difícilmente pueden pagar por retrovirales, como en occidente.
Sumadas las víctimas mortales de todas estas enfermedades que no son COVID19, juntas matan más de 4,000,000 de personas cada año, en cifras redondas, diez veces más de lo hoy día estaría matando el COVID19. En su mayoría habitantes de países del llamado Tercer Mundo. En diez años sumarían casi 40 millones de personas, una cantidad de muertes similar a los caídos durante los seis años de la Segunda Guerra Mundial. Increíble ¿no?
Pero ¿oye Usted alguna alarma extraordinaria como la causada por el COVID-19 en los organismos internacionales y en los medios de prensa por estas otras enfermedades tan mortales? ¿Escucha Usted que hay decenas de laboratorios compitiendo por obtener una vacuna contra el Dengue que tanto azota a Latinoamérica? ¿Se movilizan tantos billones de dólares para rescatar a los países africanos del desastre económico que el paludismo, el VIH o el Colera trae a sus economías? Seguramente no. Salvo los especialistas de la salud, pocos se preocupan por ellos y la vida continúa normalmente en occidente y el Norte, porque el todo poderoso mercado indica que no es rentable invertir en los pobres del Sur.
¿UN SISTEMA DE SALUD PÚBLICA MUNDIAL SELECTIVO?
Es difícil entender qué sistema de salud existe en el mundo, el que con 4291 muertos de un país desarrollado la OMS declara una emergencia mundial por una pandemia y, en cambio, no parece ocurrir nada si el mismo organismo sabe que morirán 400,000 africanos por malaria el mismo año ¡93 mil veces más!
No cabe en nuestro entendimiento que las hambrunas, guerras, pestes de todo tipo produzcan crisis económicas crónicas en los países más pobres del mundo, sin que merezca la atención solidaria de occidente (por el contrario el FMI se ensaña en ellos), mientras que cuando la OMS declara la pandemia por COVID-19 de inmediato la banca internacional (FMI, BM BID BCIE entre otros) pone a disposición de los gobiernos gigantescos recursos y la flexibilización de los regímenes de pago de la deuda, de los que se beneficiarán unos pocos multibillonarios, a nombre de “salvar la humanidad”. Abruma tanta “consideración” y “solidaridad” (sic).
Entonces vale hacerse la pregunta ¿Por qué esta conducta tan dispar y asimétrica de unos seres humanos respecto a otros? ¿Acaso las y los africanos, latinoamericanos y surasiáticos no son también seres humanos? ¿Será por los recursos económicos que están en juego en las grandes economías industrializadas? ¿O será porque estas afectan principalmente a personas negras, cobrizas y mestizas que vivimos en países del Sur, mientras que el COVID-19 afecta, por primera vez en muchas décadas, a hombres y mujeres blancas en los países del Norte?
Como que hay otras consideraciones que no tienen nada que ver con la salud, las que hacen la diferencia.
CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(1) OMS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Similitudes y diferencias entre la COVID-19 y la gripe. Disponible en: https://www.who.int/es/news-
(2) Ver: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Pandemia de 1957-1958 (Virus H2N2)”. Disponible en: https://espanol.cdc.gov/flu/
[1] OMS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Similitudes y diferencias entre la COVID-19 y la gripe. Disponible en: https://www.who.int/es/news-
[2] Ver: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Pandemia de 1957-1958 (Virus H2N2)”. Disponible en: https://espanol.cdc.gov/flu/
