EEUU: “Protestan por cuatrocientos años de represión”. Entrevista a Noam Chomsky
06/06/2020
Arden
los Estados Unidos. Se ha impuesto el toque de queda en varias
ciudades, mientras los desórdenes en las calles de manifestantes tanto
negros como blancos no dan señales de disminuir y el ejército está listo
para intervenir.
Entretanto, las palabras y
acciones del gobierno norteamericano, sobre todo de Trump (sus últimos
comentarios de “ley y orden”, que evocan una serie dramática
televisiva), muestran poco interés en la reconciliación con comunidades
que están ya exasperadas por la crisis del coronavirus, el desempleo y
las desigualdades sociales.
Para comprender
las raíces históricas y sociales de los disturbios, planteamos unas
cuantas preguntas [formuladas por la periodista Silvia Nicolini] al
profesor Noam Chomsky, uno de los más renombrados expertos en el mundo
en la política y la sociedad norteamericanas.
Las
protestas que han seguido a la muerte de George Floyd se han convertido
en disturbios y se han extendido de Minneapolis a otras diversas
ciudades de los Estados Unidos. Mientras tanto, el Pentágono ha
apremiado a la policía militar a prepararse. Profesor Chomsky, ¿qué está
pasando en los Estados Unidos? ¿Hay algo más profundo detrás de las
protestas contra el racismo y el abuso de poder de los policías blancos?
Lo
que hay de más profundo son cuatrocientos años de brutal represión:
primero, el más feroz sistema esclavista de la historia humana, que
proporcionó buena parte de la base del crecimiento económico y la
prosperidad de los EE.UU. (y de Inglaterra); luego, diez años de
libertad en los que los negros pudieron incorporarse a la sociedad y lo
hicieron con notable éxito; después, un pacto Norte-Sur que otorgó de
modo efectivo a los antiguos estados esclavistas la autoridad para obrar
como les placiera. Lo que hicieron fue criminalizar la vida de los
negros, creando la “esclavitud con otro nombre”, título de uno de los libros más importantes sobre el tema.
Esto
duró prácticamente hasta la II Guerra Mundial, época en la que se
necesitaba mano de obra. Vino después un periodo de relativa libertad,
obstaculizado por leyes racistas tan extremas que las rechazaban los
nazis, y por leyes federales que exigían segregación en la vivienda
financiada por el gobierno que se construyó después de la guerra. Y por
supuesto, a los negros (y a las mujeres) se les excluyó de la educación
superior gratuita que se les concedió a los veteranos. Llegó luego
otra oleada de criminalización de la vida negra.
Ya se
puede imaginar el resto. Persiste el racismo, aunque sea menos rampante
que antes. Y cuando se manifiesta, como en el caso del asesinato de
Floyd, se produce naturalmente una explosion, a la que en este caso se
suma buena parte de la población blanca, un reflejo de progreso entre
algunas partes de la población a la hora de superar esta espantosa
maldición.
¿Cree usted que la pandemia ha
desempeñado algún papel en las protestas que se han desatado en días
recientes? ¿Ha puesto en primer plano las desigualdades del país y los
profundos problemas de justicia social? ¿O simplemente reventó algo que
ya llevaba cociéndose durante algún tiempo?
La
pandemia ha puesto de relieve algunos de estos problemas. Así, por
ejemplo, los negros mueren tres veces más que los blancos a causa de la
Covid-19. Trump, cuya mezquindad no tiene límites, se ha aprovechado de
la pandemia para recortar las regulaciones que limitan la contaminación
del aire, que tiene efectos demoledores en la actual pandemia
respiratoria. La prensa económica estima que, como resultado de ello,
pueden morir decenas de miles de personas, con una elevada concentración
entre personas negras que pueden permitirse vivir solamente en las zonas más contaminadas.
De qué modo va a influir esto en la opinion pública depende de la
medida en que se vea obscurecido por disquisiciones racistas.
¿Hay circunstancias como éstas en las que pueda justificarse la violencia de una población exasperada?
Se
puede entender, desde luego. Los anales revelan que no resulta sensato.
Conduce de manera sistemática a que haya más gente que apoye una
represión más dura.
Donald Trump reaccionó a las
protestas con un tuit que se borró posteriormente, pero no sin antes
echar más leña al fuego: “Cuando empiezan los saqueos, empiezan los
tiroteos”. ¿Nos puede explicar por qué, más allá de la incitación a la
violencia contra los manifestantes, esta frase ha tenido un impacto tan
contundente en la sociedad norteamericana? Y además, ¿cree usted que el
“pecado original que todavía hoy mancha a nuestro país” (tal como dijo
Joe Biden) se ve hoy agravado por la presencia de Trump? ¿Le ayuda
también su fiera retórica a volver a subir en las encuestas, que
muestran hoy a Biden en cabeza?
Trump citaba a un
alcalde de Florida de hace cincuenta años sobre cómo reaccionaría a las
protestas contra el racismo. El significado quedaba claro, aunque
después de una reacción enormemente negativa, Trump mintió sobre eso y
declaró que los que dispararían serían los saqueadores. Trump se ha
salido de su vía habitual para extender el “baldón” apelando a los
elementos supremacistas blancos. Es difícil prever la repercusión
popular.
¿Qué opina de la reacción de los liberales? ¿Hay alguna enseñanza de lo que está sucediendo estos días para ellos y para Biden?
Debería. Si va a ser este el caso, ya lo veremos.
Profesor,
una última pregunta. Ha citado usted la “criminalización de la vida de
los negros”, a la que ha menudo se ha referido en sus libros. ¿Puede
explicarnos brevemente cómo ha funciado y sigue funcionando en la
sociedad norteamericana y su economía?
No puedo
atribuirme la frase, que se utiliza comunmente en los estudios sobre la
sociedad norteamericana. En los antiguos estados esclavistas del siglo
XIX se trataba de una política deliberada. Si había un hombre negro en
una calle, le podían detener por vagabundear, le podían imponer una
multa que no pudiera pagar y mandarlo a la cárcel…en la que se le podía
ofrecer a las empresas como perfecto trabajador: disciplinado, sin
protestas, barato. Esa fue una aportación de primer orden a la
revolución manufacturera de la época, así como a la industria
agroalimentaria.
La segunda oleada de criminalización
despegó con Ronald Reagan. En 1980, cuando tomó posesión de su cargo,
las cifras de población reclusa estaban dentro de los baremos europeos.
Desde entonces han explotado rebasando con mucho las de Europa. La gente
encarcelada es población negra de una manera desproporcionada. Eso se
debe en parte a la guerra de las drogas, y en parte se puede remontar al
mayor número de delitos entre los negros. Este ultimo hecho es algo que
se aduce a veces en las disquisiciones racistas, eliminando la pregunta
de por qué razón hay más delitos entre los negros. Es algo típico de
las comunidades oprimidas. El caso de los negros es de lejos el más
grave.
Catedrático emérito de lingüística del Massachusettes Institute of
Technology, EE UU, es uno de los activistas sociales más reconocido por
su magisterio y compromiso político.
il manifesto global, 2 de junio de 2020
Traducción:Lucas Antón
Juicio y Castigo para los asesinos de George Floyd. Justicia para todas las víctimas de la violencia racista en los Estados Unidos
Organizaciones y referentes de Argentina, México, Chile, Honduras, Colombia, Guatemala, Estado español y Estados Unidos ya firmaron una declaración que pide “juicio y castigo para los asesinos de George Floyd” y “justicia para todas las víctimas de la violencia racista”.
Por defensores -
3 junio, 2020Luego de recorrer el mundo el video del asesinato de George Floyd por parte de la policía, Minneapolis se convirtió en el centro de intensas movilizaciones para expresar la indignación. Las protestas se han extendido a otros lugares. “Enjuiciar a la policía, sin justicia no habrá paz” y “No puedo respirar”, es lo que expresan los manifestantes. La respuesta desde el gobierno nacional y el local es la misma, represión y hasta la detención de un periodista CNN que encontraba cubriendo las manifestaciones durante la madrugada del viernes.
El mismo presidente Donald Trump amenazó directamente a los manifestantes de Minneapolis, afirmando que enviaría al ejército para reprimir, “cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo” en un intento de criminalizar la protesta. En un país que ha perdido más de 40 millones de empleos desde que comenzó la crisis y donde más del 16 por ciento de los empleos perdidos en abril fueron de afroamericanos. La clase trabajadora negra y los pobres viven en la desesperación.
El policía Derek Chauvin, quien puso la rodilla en el cuello de Floyd ocasionando la asfixia, uno de los responsables del homicidio fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario de segundo grado. La familia exigió a través de un comunicado “Queremos una acusación por homicidio voluntario con premeditación, y queremos ver a los otros agentes (implicados) arrestados”. Acompañamos a la familia de George Floyd en su exigencia de justicia.
Debe haber una condena internacional por los asesinatos policiales, en los Estados Unidos y en todo el mundo. El asesinato de Floyd expresa la brutalidad policial y la discriminación racial
Por lo tanto, es fundamental la investigación transparente hacia los jefes de policía detrás de este crimen. Una investigación real que pueda ser controlada por organizaciones de derechos humanos, miembros y organizaciones de la comunidad de Minneapolis y los sindicatos.
Por el cese de la represión de los manifestantes, la retirada de la Guardia Nacional en Minneapolis y la libertad inmediata de todos los manifestantes arrestados.
¡Justicia para George Floyd, Breonna Taylor, Sean Read y Ahmaud Arbery! ¡Juicio y Castigo a Derek Chauvin y a todos los policías involucrados en el asesinato de George Floyd! ¡Fuera la Guardia Nacional de Minneapolis! ¡No más criminalización y represión de las protestas!
Primeras Firmas: Argentina:
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: Nora de Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle. Hijas y nietas restituidas, víctimas del Plan Cóndor: María Victoria Moyano Artigas, Tamara Callejas, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad de Argentina (referentes a su vez del CeProDH).
Colombia:
Fundación Hasta Encontrarlos, Colombia
Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos humanos, Colombia
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES, Colombia
Alemania:
Colectivo Creando Memoria de Berlín, Alemania
Guatemala:
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA, Guatemala
Honduras:
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – COFADEH, Honduras
Chile:
Agrupación de Expresas Políticos de Chile
Paraguay: Martin Almada, Premio Nobel Alternativo 2002, miembro del Comité de Honor de Francia/América Latina y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas
EEUU:
Ana María Bidegain, Department of Religious Studies, Florida EEUU
España:
Colectivo por la paz en Colombia desde Canarias, ColPaz Canarias, España
Italia: Anna Milazzo, Paolo Cecchi
ORGANIZACIONES MEXICO:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Chiapas, México
Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C. Coahuila, México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, México
Comité Cerezo, México
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila, México
Aluna, acompañamiento psicosocial A.C. México
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI A.C), México
Centro de Derechos Indígenas A.C. Chilón, Chiapas, México
Colectivo por la paz en Colombia desde México – Colpaz, México
Colectivo PAIS de México
Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM de Oaxaca, Mexico
Red Construyendo Paz Latinoamericana – CoPaLa
Partido Comunista de México
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, CCTI.
ALERTA TEMPRANA RED (AT-R): Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH);
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax);
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM);
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH);
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM);
Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL);
Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I);
Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU);
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD);
Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM);
Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental “YURENI”, A.C. (CEPDHJA);
Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT);
Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M);
Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE);
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO);
Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD);
Centro de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, A.C. (CDHBDO);
Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI);
Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDHK);
Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP);
Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN);
Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC);
Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD);
Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ);
Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI);
Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ);
Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX);
Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.)
Comisión Internacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – México
Nuevo País y Movimiento de Liberación Nacional, México
Me Muevo Por Colombia
Red de Resistencia en Rebeldía Ajmaq
Red por la Paz
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora y Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sanchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos; Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Héctor Orlando Zambrano Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela y Miembro de la Coordinación Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora, Nieves Hugo Alberto Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora – CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins do Movimiento de Favelas do Rio de Janeiro; Perú Carlos Romainville Vásquez
Coordinador General del Movimiento Alfa y Omega; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez CODEM, Patrocinio Martínez López CODEM, Claudia Tapia Nolasco CODEM, Arquitecto José Márquez Pérez Presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca PRO – OAX y Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas.
Organizaciones integrantes Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:
Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores de Venezuela; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos y Suiza; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro de Brasil, Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall) Palestina, Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM); Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas; y Colectivo Reexistencia Creativa de México
PERSONAS DE MEXICO:
Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos de México Rigoverto Albores Serrano, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C. – DESMI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Marisela Garcia Reyes y el Centro de Derechos Indigenas A.C. Chiapas
Otras personas de México:
Ana Bertha Colin Izquierda Verde, Misael Habana Frente Antirracista de Acapulco, Wilner Metelus Comité Afromexicanos AC, Armando Bolaños El Estado 33 Migrante, Taurino Castrejón Red Migrante del Sur, María García Coalición Binacional vs Trump, Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Diputada Lorena Villavicencio, Dip Jesús Chuy García, Carlos Arango Frente Nacional de Inmigrantes Chicago, Ricardo Juárez Nava Mexicanos sin Fronteras Kansas City, Efrain Galicia Red de Poblanos Queens NY, Alfredo Durán Red Migrante Dallas, Katia Jimenez Washington DC, José Plácido CICA Nueva Jersey, Patricia Domínguez Red Migrante Tenesí, David Maciel UCLA California, Fernando Suárez del Solar Guerrero Azteca Project San Diego, Jaime Martínez Veloz PRD Tijuana BC, Ricardo Compaign Grupo Brecha Ciudad del Carmen Campeche. La Voz del
Anáhuac, Sociólogo Fernando Alan López Bonifacio, Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez.
Javier Eduardo Bello Bravo, Martha Elena Montoya, María Isabel Mazo, Astrid Cuero, Luz Angélica Dueñas. Antón Castro. Daniel Leones Reyes – Colpaz. Alfredo Salazar Duque – Colpaz.
¿Se puede transitar de la “normalidad” impuesta a una convivencia horizontalizada?
- 08/06/2020
“Retorno a la normalidad”, “construir una nueva normalidad”, expresiones repetidas en este tiempo de una cuarentena prolongada que parece que va tomando la ruta hacia su final. Maneras de decir que el encierro no es lo propio nuestro, que la cuarentena no puede ser nunca una situación normal para vivir. Todo mundo desde los poderes establecidos nos manda a vivir, soñar, trabajar y relacionarnos desde una normalidad. ¿Pero qué es esa “normalidad” de la que tanto se habla?
Carlos Hernández/Prensa Comunitaria – Toque de queda en la ciudad de Guatemala, como medida para prevenir mas infecciones de civid-19 foto Carlos Hernández 22/03/2020
¿A qué hace referencia la “normalidad”?
Normalidad hace referencia a estabilidad, a consensos socialmente asumidos, a orden y estatus. Hace referencia a reglas que definen límites en el comportamiento. Normalidad es la historicidad de una norma. Cuando la norma está consensuada y aceptada, aun cuando la misma tenga una dosis coercitiva, entonces la sociedad está en normalidad. Lo contrario es lo anormal, lo que no encaja, lo que por ser distinto y diferente, es mal visto, estorba o inquieta, porque sencillamente no es normal.El encierro, la cuarentena, ha sido anormal, no es lo propio de la sociedad vivir encuarentenada. El encierro solo puede ser entendido como un período temporal, pasajero, sin normas establecidas para largo tiempo. Volver a la normalidad es la consigna a proseguir con normas que nos conduzcan por la vida, como el semáforo que necesitamos para transitar en base a consensos universalmente aceptados. La cuarentena ha sido una normalidad excepcionalmente corta, y su finalización ha de unirse a preparar y encauzar a la sociedad hacia esa normalidad de largo alcance, que da estabilidad y rompe con lo perentorio.
Al preocuparnos por la normalidad, al demandar una vuelta a la normalidad, dejamos dicho que vivir en ella es lo propio de los seres humanos, y que vivir en la anormalidad nos inquieta, preocupa y nos incomoda. No nacimos para vivir en la anormalidad, y cuando nos hemos desviado, nos afanamos en retornar a la normalidad. Y cuando la gente se desvía, se ponen en marcha mecanismos ideológicos, políticos, legales y de fuerza para que se retorne al cauce normal. Nadie que esté fuera de la normalidad puede ser admitido sin ser machacado.
La normalidad como expresión de una norma o paradigma dominante
El asunto es cuando llegamos a aceptar que lo inhumano sea la norma, y que aceptemos, e incluso defendamos la normalidad, anclada en horcones de inhumanidad. Cuando esa anormalidad llamada desigualdad social, discriminación y racismo, el machismo, la corrupción y saqueos por parte de quienes conducen el Estado, se establece como normalidad, entonces la sociedad se ha deshumanizado y, siendo así, inhumana, la defiende y la añora. Más inhumana se vuelve esa normalidad cuando es defendida por mucha de la gente que sufre sus consecuencias.La normalidad tiene que ver con los paradigmas, es decir, con los modelos ejemplares a seguir, para sentirnos aceptados por la sociedad. La normalidad en la sociedad nuestra, ha solido ser, por ejemplo, que los hombres ejerzan el poder en el espacio doméstico, y luego este poder se traslade a la sociedad, mientras que las mujeres han de aceptar la normalidad de la obediencia y subordinación a la supremacía de los hombres. Cuando esto funciona, entonces todo mundo vive bajo la norma establecida socialmente. Quien nace a una sociedad así, crecerá interiorizando que los hombres valen más, y que tienen la primacía para decidir. Y cuando existen mujeres que defienden esta normalidad, ya no solo defienden las estructuras opresoras, sino que han llegado a interiorizar como normal su propia opresión.
¿Quiénes son los “anormales” en la normalidad dominante?
Cuando alguien rompe con este paradigma, y se comporta de otra manera, se convierte en anormal. Entonces estorba, molesta y se le ha de obligar a un retorno al cauce de la normalidad. No se puede permitir el mal ejemplo; toda manzana podrida debe ser extraída del canasto para que no dañe al resto de manzanas. Es normal entonces que ante una persona que se comporta anormal, se le acuse de desadaptada social, de extravagante y excéntrica.Es paradigmático que en una sociedad como la nuestra, un político busque cargos públicos para beneficio personal o use fondos públicos a discreción para su propio provecho y para hacer uso de los mismos para ganar obediencias. Y si acaso un político rompe este paradigma y propone un modelo de funcionario basado en el poder como servicio para buscar el bien común, de inmediato se le estigmatiza, se le califica de iluso y torpe. Por ser anormal se debe quitar de en medio.
Así podemos decir de la anormalidad de quienes son negros e indios en una sociedad dominada por blancos y mestizos, de quienes son sexualmente diversos en una sociedad dominada por heterosexuales, de quienes son jóvenes en una sociedad dominada por una gerontocracia. Lo mismo se puede decir de todas las personas y grupos minoritarios y marginalizados de la sociedad. Si la sociedad se precia del paradigma de buena conducta y pulcritud, entonces quienes se salen de esta normalidad, serán catalogadas incluso con diminutivos: indito, negrito, putilla, cieguito, culerito, renquito, pobrecita, viejita, el drogo y huelepega. La inmensa mayoría de las víctimas de la pandemia Covid-19 fueron de estos estratos sociales que ya estaban fuera de los corredores centrales de la “normalidad” del sistema. El virus desnudó lo que ya era marginal, y el sistema se cebó en esas poblaciones.
Se trata de toda una población que está al margen de la normalidad, a la que se suma quienes quedan fuera del paradigma ideológico dominante: revoltosos, subversivos, terroristas, cabezas calientes, desadaptados sociales. A los primeros se les responde con un desprecio que se manifiesta en lástima y limosna, para acentuar su inferioridad y su estatus de estar fuera de los corredores que pertenecen a los normales. A los segundos se les responde siguiendo el patrón común de quienes conducen la defensa de la normalidad: mientras se pueda, se les ignora, como si no existieran; luego se les busca sobornar para que vuelven al cauce; seguido, se les estigmatiza, con campañas de descrédito; se les criminaliza, y finalmente, se les elimina físicamente. A estos el sistema, a través de los aparatos legales, cercos mediáticos, fuerzas del orden los mantendrá siempre a raya, porque es necesario que queden en la “anormalidad”, equiparados al primer conglomerado excluido y desechado.
Defensa de la “normalidad” deshumanizadora
La maquinaria ideológica y publicitaria desarrolla campañas para que la sociedad defienda la normalidad, por muy deshumanizadora que sea, y acentúa el miedo a lo desconocido, “mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, se suele decir. Mejor defender esta normalidad, aunque no nos sintamos tan a gusto, que caer en otra normalidad desconocida, y peor caer en lo anormal, que es sinónimo de caos, desorden e incertidumbre.Cuanto más se cuestiona una normalidad, más fuerte es el recurso al autoritarismo, porque un cuestionamiento continuo a la normalidad, significa que los consensos sociales y políticos, se tambalean. Y al perderse el equilibrio, el pacto social, entonces emerge el autoritarismo, que reemplaza el consenso, impone el consenso de la normalidad por la fuerza.
La normalidad asociada al paradigma dominante acaba deshumanizando, y se sostiene sobre una normativa excluyente, opresora, que elimina, borra, silencia, margina, estigmatiza, arrasa lo distinto, lo diverso. La normalidad asociada a la norma dominante, mata el espíritu, la iniciativa, la creatividad que brota en los márgenes del sistema. La normalidad se sostiene sobre el brillo del capital, del lucro y del poder que oprime; aplasta y apaga las luces que emergen en la marginalidad, como paradigmas alternativos al dominante capitalista.
La normalidad que se nos impone, o la concepción del callcenterismo
Volver o retornar a la normalidad, o a una nueva normalidad, puede significar un llamado del sistema y de quienes lo sostienen a volver al cauce de la norma del capital, luego de un paréntesis que nos hizo soñar con un retorno al otro encierro, el anterior, al que incluso lo añoramos como reino de la libertad, que no es otra cosa que el encierro del capital. Parece que se nos hace un llamado a que aceptemos que la norma del dinero y de las ganancias es la que debe conducirnos y regirnos. Se han puesto en marcha todos los mecanismos y dinamismos ideológicos y políticos que conducen a que aceptemos la existencia de un poder que se erige arriba de nosotros, y demanda de nosotros obediencia y orden, incluso en la nueva normalidad de la tecnología.Esta normalidad tecnológica nos fue preparando en la cuarentena a aceptar que ya nunca podremos vivir sin las relaciones virtuales, y hasta nos ha ido preparando a aceptar y hasta demandar que por nuestra seguridad, conviene vivir mucho más tiempo encerrados en nuestros espacios privados domésticos, desde donde podemos seguir empleados al servicio de las grandes empresas.
La cuarentena ha sido un tiempo para que los sectores profesionales medios, y especialmente las generaciones juveniles apenas incorporándose al mercado laboral, acepten que su vida laboral será parte de la mass media urbana “call center”, caracterizada por relaciones impersonales, sin rostro y multinacionales, mediadas por estrictas relaciones virtuales. De esa manera, salimos a otro encierro, al auténtico encierro de la normalidad de la tecnología, una mezcla de apertura de la economía que especialmente en la transición entre la cuarentena y la normalidad, expone al contagio a la mano de obra de más baja calidad, al tiempo que encierra a las nuevas generaciones digitalizadas, a asumir sus labores desde sus espacios privados, trasladando al círculo doméstico, un alto porcentaje de los costos de operación.
¿Pero puede existir otra normalidad que no sea la impuesta por las reglas del mercado y la tecnología? ¿Puede existir una normalidad cuyas normas no sean el impersonalismo, el anonimato y la distancia real entre los seres humanos, a partir de esa concepción del “callcenterismo” al que nos empuja el sistema actual? Si podemos construir alternativas, ¿hemos de llamarle “normalidad”? ¿No será mejor inventar otra formulación en base a las reglas de la convivencia humana y ética?
¿A qué llamamos convivencia horizontalizada?
Mientras no encontremos una formulación con la que nos sintamos a gusto, hablaremos de la normalidad como convivencia horizontalizada, entendida como un modelo social, político, a partir de relaciones horizontales, que rompe con la línea vertical y se sustenta en la ética y la dimensión humano-comunitaria de la vida. Esta “convivencia horizontalizada se siembra y es empujada por la necesidad que tenemos de vivir con reglas –de acuerdo–, y de estar normados por “algo” y por “alguien”.Ese “algo” es un modelo social, político, económico, ambiental y cultural, sustentado en relaciones de horizontalidad, con plena vigencia de los derechos humanos, el pleno respeto a la diversidad de opciones de creencias y pensamientos, la decisión indiscutible por el cuidado del bien común y protección soberana de los bienes y servicios públicos y de la naturaleza, convertido ese “algo” en institucionalidad de Estado de derecho.
Ese “alguien”, en tanto sujeto social y político, es lo que provisionalmente llamaremos “comunidad organizada en movimiento”, entendida como la concreción de pueblo en lucha por alcanzar la dignidad de una ciudadanía militante con derechos y responsabilidades compartidas, y como la convocatoria permanente de diversos sectores que van rompiendo los encierros impuestos o auto construidos, y que desde su conciencia de ser oprimidos, identifican a sus opresores y a los hilos de la opresión, y se organizan económica, política, social, cultural y espiritualmente como comunidad para conducir procesos liberadores para toda la sociedad.
Esta comunidad organizada en movimiento ha de basarse en la fuerza dinamizadora de los sectores excluidos de la normalidad dominante, y ha de estar anclada desde el liderazgo, creatividad y solidaridad de las experiencias de base, a partir de al menos cuatro horcones: la comunidad, la tierra, la siembra y la autogestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Y sus condiciones de posibilidad para sostener estos horcones han de ser la educación, la salud, la soberanía alimentaria y un ingreso digno de base para cubrir todas las necesidades complementarias para garantizar la dignidad humana.
Dilema: o normalidad deshumanizante o convivencia horizontalizada
Si es bien conducida y no aplasta la iniciativa y la creatividad, la convivencia horizontalizada puede ser expresión de los nuevos paradigmas necesarios para conducirnos en la sociedad. Mientras la “normalidad” como paradigma dominante conduce a deshumanizarnos y a ser víctimas de poderes establecidos en base al control, dominio, imposición y opresión, la convivencia horizontalizada será siempre una propuesta incómoda, porque es contracultural y busca romper el paradigma dominante. Por eso, quienes sostienen esta propuesta serán mal vistos, estigmatizados, perseguidos y eventualmente eliminados.La convivencia horizontalizada, en tanto humanizadora y humanizante, solo puede ser impulsada desde la fuerza del espíritu y no desde la norma. Es el espíritu que baña todas las relaciones y construcciones humanas, o es el espíritu que relativiza la normalidad, que cuestiona constantemente las reglas, porque por encima de cualquier normalidad, de cualquier norma, está la dignidad de la persona. Cuando la normalidad es conducida por la norma que representa el paradigma dominante, los rasgos serán siempre deshumanizadores y materializadores.
Cuando las relaciones y construcciones humanas son conducidas por el espíritu, el mismo se encarnará en la convivencia horizontalizada, y por eso mismo, estará siempre en confrontación con lo dominante, porque representará la creatividad, la novedad y será sensible ante lo marginal, buscará siempre incluir a lo distinto y anormal. La convivencia horizontalizada siempre tendrá rasgos de anormalidad ante el paradigma dominante, y por eso mismo, será una normalidad incómoda, será vista por quienes conducen los hilos del poder, como anormalidad, porque será incluyente y subversiva. Solo el espíritu nos podrá mover hacia una normalidad subversiva, una convivencia horizontalizada, la única humanizadora e incluyente.
P. Ismael Moreno sj (Padre Melo)
Analísta PolíticoVan más de 200 mil despidos
- 20/05/2020
Los despidos amenazan directamente a los derechos laborales y la economía de los obreros y obreras según las Central Obreras.
Las centrales obreras aseguran que en este periodo de encierro se han
despedido a más de 200 mil trabajadores y trabajadoras en Honduras,
situación que amenaza directamente a los derechos laborales y la
economía de los obreros.
De acuerdo a Joel Almendarez, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, la situación de los trabajadores hondureños es preocupante y esto se debe a las constates violaciones a los derechos laborales que han desembocado en suspensiones ilegales.
Almendarez dijo en Radio Progreso que es necesario que se interpongan los procesos judiciales contra los despidos ilegales, asimismo llamó al Gobierno a tomar cartas en el asunto, para asegurar salarios y derechos de los empleados.
Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16.
La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, al tiempo en que la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes. Al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.
A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros. Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica, y mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad.
Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el incremento de impuestos como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; y el incremento de algunos impuestos que aumenten la recaudación y mejoren la progresividad global del sistema tributario. En algunos Estados el endeudamiento también puede ser un mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.
Para el Icefi, la implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.
En el punto más alto de la pandemia por Covid-19, el Gobierno inició
una campaña abierta para implementar el tratamiento “Maíz y Catracho”,
el cual se convirtió en el método oficial aplicado en todos los centros
asistenciales del país.
Los tratamientos incluyen en su fórmula Hidroxicloroquina o Cloroquina, Ivermectina, Microdacyn, entre otros, esto ha causado reacciones en médicos e investigadores, puesto que tratamientos como la Hidroxicloroquina han sido prohibidos en otros países por ser una amenaza a pacientes con problemas cardiovasculares.
La revista de Cuidado Críticos de USA (Juornal of Intensive Care) volumen XX de mayo del presente año, al hacer una revisión de los estudios clínicos hasta la fecha, publicó un artículo titulado “Una revisión sistemática de la eficacia y seguridad de los tratamientos con cloroquina para el tratamiento de Covid19”, en el cual los autores concluyen:
“No hay una racionalidad científica, que apoye investigaciones clínicas en cloroquina en paciente con Covid19 basado en solo evidencia preclínica de efectividad y de largo uso por otras indicaciones. Sin embargo su uso clínico debería de adherirse al uso monitorizado en emergencia de no registradas intervenciones marco metodológico y éticamente aprobado como está establecido por la organización Mundial de la Salud”.
https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/ S0883944120303907
El estudio afirma que producto de varios ensayos clínicos en todo el mundo, se ha concluido que la cloroquina no ha sido efectiva para tratar a pacientes con Covid-19, por lo anterior el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, aconsejó a los Ministerios de Salud, el personal de salud, e investigadores “que no existía ningún tratamiento específico para coronavirus y que por lo tanto el uso de los medicamentos debería de hacerse en ensayos clínicos debidamente controlados”.
Este tipo de estudio es el mayor nivel de evidencia científica y se cataloga como grado A. Por tal razón, se empezaron a diseñar estudios clínicos en varios países para disponer de evidencia clínica, en pacientes hospitalizados. Hasta el día de hoy, no existen estudios publicados de este nivel.
El 22 de mayo la revista médico científica Lancet, publicó un estudio de nivel de evidencia científica B, titulado “Hidroxicloroquina o cloroquina sola o en sin un macrolido para el tratamiento de pacientes con Covid-19: un análisis multinacional de registros”; que utilizó datos de 196 hospitales, en diferentes países incluyendo de ingresos bajos, altos y medios; estudiando 94,000 pacientes:
https://www.thelancet.com/ journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(20)31180-6/ fulltext
Los resultados indicaban que en los pacientes tratados con cloroquina la mortalidad se duplicaba comparado con los que no tomaron este tratamiento (18% vs 9%), y aumentaba a 2.5 veces más si se utilizaba un macrolido como Azitromicina (23%). La conclusión de los autores del estudio fue: “En resumen este estudio multinacional, observacional, de la realidad mundial de los pacientes hospitalizados con Covid-19, encontró que el uso de los regímenes conteniendo hidroxicloroquina o cloroquina con o sin un macrolido, estuvo asociada con no evidencia de beneficio, pero en vez de eso fue asociada con un incremento en los riesgos de arritmias ventriculares y una mayor asociación para la mortalidad hospitalaria en pacientes con Covid-19. Estos hallazgos sugieren que estos regímenes terapéuticos podrían no ser usados afuera de los ensayos clínicos y urge confirmación de ensayos clínicos aleatorizados”.
La OMS el 25 de mayo de 2020 suspendió los ensayos clínicos en todos los países para revisar cómo se estaban llevados a cabo, y si había alguna evidencia disponible. Nueve días después la OMS (2 de junio), permitió que se siguieran los estudios al no encontrar evidencia a favor o en contra de su uso, pero, con la salvaguarda de que deben de monitorear muy de cerca el uso del mismo, declarando textualmente: “Hasta que no haya evidencia, la OMS previene a los médicos y las asociaciones médicas recomendar o administrar estos no comprobados tratamientos a pacientes con Covid-19, o las personas que se los automedican. La OMS está preocupada por los reportes de individuos que se automedican con cloroquina y que les ha ocasionado daños severos. El Comité de la Seguridad y del Monitoreo de los Estudio, continuara monitoreando muy de cerca la seguridad de todas las terapias que se están probados en los Estudios Clínicos”.
https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/global- research-on-novel-coronavirus- 2019-ncov/solidarity-clinical- trial-for-covid-19-treatments
Uno de los principales promotores del medicamento ha sido el médico internista Omar Videa, quien a través de la apuesta editorial del noticiero Hoy Mismo, han presionado para que ambos tratamientos fueran nombrados como oficiales y parte de la estrategia de lucha contra el COVID-19.
El Gobierno ha hecho varias compras de Microdacyn, para el caso compró más de 7 millones de lempiras a la Droguería Nacional en este producto antes de ser nombrado como medicamento oficial, asimismo a través de INVEST-H adquirió a compañías de China, cloroquina y otros fármacos que componen la fórmula.
De acuerdo a Joel Almendarez, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH, la situación de los trabajadores hondureños es preocupante y esto se debe a las constates violaciones a los derechos laborales que han desembocado en suspensiones ilegales.
Almendarez dijo en Radio Progreso que es necesario que se interpongan los procesos judiciales contra los despidos ilegales, asimismo llamó al Gobierno a tomar cartas en el asunto, para asegurar salarios y derechos de los empleados.
Estados centroamericanos deben avanzar hacia una renta básica universal: Icefi
junio 4, 2020
Redacción
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera necesario que los gobiernos de Centroamérica amplíen y fortalezcan sus sistemas de protección social a través de la implementación de una renta básica universal. Con ello, se genera una garantía mínima de protección social que podría resolver las necesidades de la población en general y, a la vez, contribuir a la recuperación económica para contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. Esta medida también abonaría al cumplimiento de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.
Por: Redaccion CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Foto portada: Youtube
Derivado
de la emergencia de salud pública que ha significado la pandemia del
Covid-19, los gobiernos alrededor del mundo, en general, así como los de
la región centroamericana, en particular, han implementado acciones con
el fin de contener la propagación del virus y disminuir los impactos en
la salud de las personas y en la actividad económica. No obstante, los
gobiernos de Centroamérica están enfrentando este escenario bajo un
contexto adverso, aunque en distintos grados, pues la pandemia ha
exacerbado los problemas estructurales, relacionados principalmente con
la falta de equidad en el acceso y atención de los sistemas de salud
pública, el débil sistema de asistencia y protección social y la baja
capacidad para la generación de empleo formal y la transformación
productiva, lo que tiene como consecuencia altos niveles de desigualdad y
pobreza. Antes de esta crisis, 45 de cada 100 centroamericanos (unas
22.5 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza; 82 de cada
100 centroamericanos pobres vivían en Guatemala, El Salvador y Honduras.
De acuerdo con estimaciones del Instituto, la crisis actual podría
provocar la pérdida de hasta 1.9 millones de empleos, e inducir un
aumento significativo de la pobreza general y extrema.
Frente a lo anterior, el Icefi urge a
los Estados centroamericanos ampliar y fortalecer sus sistemas de
protección social de manera que se proteja a la población, priorizando
las necesidades de los grupos más vulnerables, se limiten los daños
económicos y financieros derivados de la crisis y se acelere el proceso
de recuperación económica. Para lograr estos objetivos de manera rápida y
efectiva, el Instituto propone la puesta en marcha de una renta básica
universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y disminuya
significativamente la pobreza general. En su III Informe centroamericano
de política fiscal ―cuyos primeros capítulos serán publicados en el mes
de julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de la
aplicación de tanto de una renta básica universal.Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16.
La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, al tiempo en que la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes. Al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.
Nota relacionada En 2020 Centroamérica perderá cerca de USD3,850 millones de la recaudación tributaria: Icefi
Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual necesaria para la implementación de una RBU oscila entre el 1.2% y el 7.5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que exigiría una inversión mayor debido al tamaño de su PIB y al número de habitantes del país. Similarmente, Nicaragua requeriría de una inversión de, aproximadamente, un 5.8% del PIB; mientras que en Guatemala y en El Salvador, la inversión necesaria alcanzaría entre el 5.0% y el 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían menor presión fiscal para la implementación de esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión estaría en torno al 2.2% y al 1.2% del PIB, respectivamente.A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros. Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica, y mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad.
Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el incremento de impuestos como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; y el incremento de algunos impuestos que aumenten la recaudación y mejoren la progresividad global del sistema tributario. En algunos Estados el endeudamiento también puede ser un mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.
Para el Icefi, la implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.
A pesar de no tener sustento científico, Gobierno sigue comprando fármacos para aplicar tratamiento Maíz y Catracho
- 18/06/2020
Los tratamientos incluyen en su fórmula Hidroxicloroquina o Cloroquina, Ivermectina, Microdacyn, entre otros, esto ha causado reacciones en médicos e investigadores, puesto que tratamientos como la Hidroxicloroquina han sido prohibidos en otros países por ser una amenaza a pacientes con problemas cardiovasculares.
La revista de Cuidado Críticos de USA (Juornal of Intensive Care) volumen XX de mayo del presente año, al hacer una revisión de los estudios clínicos hasta la fecha, publicó un artículo titulado “Una revisión sistemática de la eficacia y seguridad de los tratamientos con cloroquina para el tratamiento de Covid19”, en el cual los autores concluyen:
“No hay una racionalidad científica, que apoye investigaciones clínicas en cloroquina en paciente con Covid19 basado en solo evidencia preclínica de efectividad y de largo uso por otras indicaciones. Sin embargo su uso clínico debería de adherirse al uso monitorizado en emergencia de no registradas intervenciones marco metodológico y éticamente aprobado como está establecido por la organización Mundial de la Salud”.
https://www.sciencedirect.com/
El estudio afirma que producto de varios ensayos clínicos en todo el mundo, se ha concluido que la cloroquina no ha sido efectiva para tratar a pacientes con Covid-19, por lo anterior el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, aconsejó a los Ministerios de Salud, el personal de salud, e investigadores “que no existía ningún tratamiento específico para coronavirus y que por lo tanto el uso de los medicamentos debería de hacerse en ensayos clínicos debidamente controlados”.
Este tipo de estudio es el mayor nivel de evidencia científica y se cataloga como grado A. Por tal razón, se empezaron a diseñar estudios clínicos en varios países para disponer de evidencia clínica, en pacientes hospitalizados. Hasta el día de hoy, no existen estudios publicados de este nivel.
El 22 de mayo la revista médico científica Lancet, publicó un estudio de nivel de evidencia científica B, titulado “Hidroxicloroquina o cloroquina sola o en sin un macrolido para el tratamiento de pacientes con Covid-19: un análisis multinacional de registros”; que utilizó datos de 196 hospitales, en diferentes países incluyendo de ingresos bajos, altos y medios; estudiando 94,000 pacientes:
https://www.thelancet.com/
Los resultados indicaban que en los pacientes tratados con cloroquina la mortalidad se duplicaba comparado con los que no tomaron este tratamiento (18% vs 9%), y aumentaba a 2.5 veces más si se utilizaba un macrolido como Azitromicina (23%). La conclusión de los autores del estudio fue: “En resumen este estudio multinacional, observacional, de la realidad mundial de los pacientes hospitalizados con Covid-19, encontró que el uso de los regímenes conteniendo hidroxicloroquina o cloroquina con o sin un macrolido, estuvo asociada con no evidencia de beneficio, pero en vez de eso fue asociada con un incremento en los riesgos de arritmias ventriculares y una mayor asociación para la mortalidad hospitalaria en pacientes con Covid-19. Estos hallazgos sugieren que estos regímenes terapéuticos podrían no ser usados afuera de los ensayos clínicos y urge confirmación de ensayos clínicos aleatorizados”.
La OMS el 25 de mayo de 2020 suspendió los ensayos clínicos en todos los países para revisar cómo se estaban llevados a cabo, y si había alguna evidencia disponible. Nueve días después la OMS (2 de junio), permitió que se siguieran los estudios al no encontrar evidencia a favor o en contra de su uso, pero, con la salvaguarda de que deben de monitorear muy de cerca el uso del mismo, declarando textualmente: “Hasta que no haya evidencia, la OMS previene a los médicos y las asociaciones médicas recomendar o administrar estos no comprobados tratamientos a pacientes con Covid-19, o las personas que se los automedican. La OMS está preocupada por los reportes de individuos que se automedican con cloroquina y que les ha ocasionado daños severos. El Comité de la Seguridad y del Monitoreo de los Estudio, continuara monitoreando muy de cerca la seguridad de todas las terapias que se están probados en los Estudios Clínicos”.
https://www.who.int/
Honduras aplica tratamiento Maíz y Catracho
En Honduras las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud no han valido y sin consentimiento de la misma se han aplicado estos tratamientos, a tal punto de convertirlas en una bandera oficial para aplicar a cada paciente de Covid-19.Uno de los principales promotores del medicamento ha sido el médico internista Omar Videa, quien a través de la apuesta editorial del noticiero Hoy Mismo, han presionado para que ambos tratamientos fueran nombrados como oficiales y parte de la estrategia de lucha contra el COVID-19.
El Gobierno ha hecho varias compras de Microdacyn, para el caso compró más de 7 millones de lempiras a la Droguería Nacional en este producto antes de ser nombrado como medicamento oficial, asimismo a través de INVEST-H adquirió a compañías de China, cloroquina y otros fármacos que componen la fórmula.
Juan Orlando Hernández en almacén central.
Debido a las críticas contra los tratamientos y el manejo de los
fondos para adquirir los medicamentos, el Gobierno firmó un fideicomiso
de administración que será dirigido por Banco de Occidente, y por medio
del que se espera finiquitar la firma de contratos para compra de estos
fármacos y poder abastecer a todos los centros asistenciales del país.
El doctor Videa ha presentado varios casos en el Noticiero Hoy Mismo, anunciando las bondades de ambos tratamientos y poniendo ejemplo de personas que se han curado gracias a ellos.
Por otra parte el director del Hospital Escuela, Osmín Tovar, en su momento manifestó que no se puede confiar en un medicamento que no tiene sustento científico, pues el método de investigación es claro, sino hay prueba de efectividad, lo demás es corazonada, y tampoco se puede jugar con la vida de la gente de esa forma.
Tovar manifestó que como médicos están haciendo todos los esfuerzos posibles para brindar atención a los pacientes, dar un oportuno diagnóstico y aplicar los medicamentos adecuados para buscar la recuperación de los pacientes Covid-19.
Entre tanto, los resultados de los estudios hechos en Honduras tanto a nivel de la universidad como en los del IHSS no se han publicado, y tampoco se encuentran los protocolos disponibles, con respecto a estos tratamientos.
El tipo de estudio es observacional descriptivo; comparando la mortalidad de pacientes del Seguro Social tratados con tratamiento Catracho y Maíz con la mortalidad del resto de la población con resultados positivos de Covid.
En entrevistas a medios de comunicación, el presidente de los médicos del IHSS en San Pedro Sula, Carlos Umaña manifestó que: “El Seguro Social ha retirado del esquema Catracho la hidroxicloroquina a raíz de las publicaciones hechas que muestran el doble de mortalidad en los pacientes que lo utilizan, pero no el sulfato de cloroquina”.
Al no existir ese grado de evidencia necesario para darlo a la población las autoridades de la Secretaria de Salud han incurrido en una irresponsabilidad y negligencia manifiesta con consecuencias graves en la salud de las personas que se infectan con el Covid-19.
El Comité de Ética que aprobó el uso de este medicamento está violando la Declaración de Helsinki que es uno de los postulados básicos en la realización de estudios que involucran seres humanos.
El doctor Videa ha presentado varios casos en el Noticiero Hoy Mismo, anunciando las bondades de ambos tratamientos y poniendo ejemplo de personas que se han curado gracias a ellos.
Por otra parte el director del Hospital Escuela, Osmín Tovar, en su momento manifestó que no se puede confiar en un medicamento que no tiene sustento científico, pues el método de investigación es claro, sino hay prueba de efectividad, lo demás es corazonada, y tampoco se puede jugar con la vida de la gente de esa forma.
Tovar manifestó que como médicos están haciendo todos los esfuerzos posibles para brindar atención a los pacientes, dar un oportuno diagnóstico y aplicar los medicamentos adecuados para buscar la recuperación de los pacientes Covid-19.
Entre tanto, los resultados de los estudios hechos en Honduras tanto a nivel de la universidad como en los del IHSS no se han publicado, y tampoco se encuentran los protocolos disponibles, con respecto a estos tratamientos.
El tipo de estudio es observacional descriptivo; comparando la mortalidad de pacientes del Seguro Social tratados con tratamiento Catracho y Maíz con la mortalidad del resto de la población con resultados positivos de Covid.
En entrevistas a medios de comunicación, el presidente de los médicos del IHSS en San Pedro Sula, Carlos Umaña manifestó que: “El Seguro Social ha retirado del esquema Catracho la hidroxicloroquina a raíz de las publicaciones hechas que muestran el doble de mortalidad en los pacientes que lo utilizan, pero no el sulfato de cloroquina”.
Al no existir ese grado de evidencia necesario para darlo a la población las autoridades de la Secretaria de Salud han incurrido en una irresponsabilidad y negligencia manifiesta con consecuencias graves en la salud de las personas que se infectan con el Covid-19.
El Comité de Ética que aprobó el uso de este medicamento está violando la Declaración de Helsinki que es uno de los postulados básicos en la realización de estudios que involucran seres humanos.
Empleados de la morgue contagiados de Covid-19 por falta de equipo
junio 19, 2020
Redaccion
A
medida van pasando las horas el contagio de Covid-19 en los empleados
de Medicina Forense va en aumento. Este día solo en Tegucigalpa al menos
diez salieron positivos y en San Pedro Sula los contagios superan los
15.
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Las autoridades de Medicina Forense de Honduras no han querido informar que al menos 25 empleados de la morgue del Ministerio Publico (MP), han resultado contagiados de Covid-19 por la alta exposición en sus trabajos diarios ante la falta de protección.
Varios empleados de Medicina Forense y sus familias se abocaron a CRITERIO.HN para denunciar su inconformidad en la forma en cómo están llevando a cabo las medidas de bioseguridad en las instalaciones de la morgue, luego de haber resultado algunos enfermos con el virus.
Los empleados se quejan de que la indumentaria para realizar las autopsias es insuficiente y muy restringida, apenas se da a algunos empleados, razón por lo que otros trabajadores, aun cuando no han estado en la sala de autopsias, resultaron contagiados.
Otras de las situaciones denunciadas es que cuando los médicos, tanto forenses como odontólogos, técnicos y fotógrafos, concluyen las revisiones (no autopsias) de los cuerpos contagiados con Covid-19— si bien es cierto pasan por un proceso de sanitización al quitarse la indumentaria desechable—se quedan en el edificio sin más uniformes que el que traen de sus casas como ropa casual, es decir, no se les provee de otros uniformes para que así continúen con la cadena de bioseguridad que los proteja a ellos y sus compañeros en otras unidades.
Entre las áreas más afectadas en Medicina Forense, se encuentran lógicamente, la Unidad de Patologia Forense que corresponde a los médicos y personal forense. Este personal asiste los casos a partir de la inspección de un cuerpo en la escena en donde se levanta el cadáver, hasta la mesa de autopsias y posteriormente la entrega de los cuerpos a sus familiares.
También empleados de administración y de clínica resultaron positivos en las primeras pruebas rápidas de Sars-Cov 2 o COVID-19.
Asimismo, algunos empleados de las áreas de transporte, personal de levantamiento y atención al doliente, son también portadores de Covid-19, según el resultado de las muestras de exámenes por sangre, realizados hoy.
De acuerdo con los resultados proporcionados este viernes al menos 15 empleados de San Pedro Sula y 10 de Tegucigalpa salieron positivos a las pruebas.
Carencia de equipo e insumos
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Las autoridades de Medicina Forense de Honduras no han querido informar que al menos 25 empleados de la morgue del Ministerio Publico (MP), han resultado contagiados de Covid-19 por la alta exposición en sus trabajos diarios ante la falta de protección.
Varios empleados de Medicina Forense y sus familias se abocaron a CRITERIO.HN para denunciar su inconformidad en la forma en cómo están llevando a cabo las medidas de bioseguridad en las instalaciones de la morgue, luego de haber resultado algunos enfermos con el virus.
Los empleados se quejan de que la indumentaria para realizar las autopsias es insuficiente y muy restringida, apenas se da a algunos empleados, razón por lo que otros trabajadores, aun cuando no han estado en la sala de autopsias, resultaron contagiados.
Otras de las situaciones denunciadas es que cuando los médicos, tanto forenses como odontólogos, técnicos y fotógrafos, concluyen las revisiones (no autopsias) de los cuerpos contagiados con Covid-19— si bien es cierto pasan por un proceso de sanitización al quitarse la indumentaria desechable—se quedan en el edificio sin más uniformes que el que traen de sus casas como ropa casual, es decir, no se les provee de otros uniformes para que así continúen con la cadena de bioseguridad que los proteja a ellos y sus compañeros en otras unidades.
Noticia Relacionada: Honduras: Ponen en duda que Hernández esté contagiado con Covid-19
Áreas afectadasEntre las áreas más afectadas en Medicina Forense, se encuentran lógicamente, la Unidad de Patologia Forense que corresponde a los médicos y personal forense. Este personal asiste los casos a partir de la inspección de un cuerpo en la escena en donde se levanta el cadáver, hasta la mesa de autopsias y posteriormente la entrega de los cuerpos a sus familiares.
También empleados de administración y de clínica resultaron positivos en las primeras pruebas rápidas de Sars-Cov 2 o COVID-19.
Asimismo, algunos empleados de las áreas de transporte, personal de levantamiento y atención al doliente, son también portadores de Covid-19, según el resultado de las muestras de exámenes por sangre, realizados hoy.
De acuerdo con los resultados proporcionados este viernes al menos 15 empleados de San Pedro Sula y 10 de Tegucigalpa salieron positivos a las pruebas.
Carencia de equipo e insumos
Esta
es la ropa desechable que algunos empleados de morgue utilizan en
levantamientos, la más barata, se encuentra por internet a un precio
entre 100 hasta 140 lempiras.
Los empleados de transporte se quejan
que tienen que trasladar a los médicos a diferentes levantamientos,
incluyendo las cárceles y zonas de alto contagio y apenas les
proporcionan una mascarilla y un raquítico traje desechable color azul,
inferior a los usados por los elementos de la Policía Nacional cuando
acuden a las escenas del crimen.
Los empleados que atienden al público, específicamente a los dolientes, se están enfrentando a un riesgo inminente, pues no se les proporciona ni el mínimo equipo de bioseguridad.
A este personal no se les proporciona guantes, menos uniformes desechables a pesar del contacto cercano con documentos como tarjetas de identidad, libros de registro de cuerpos y hasta verificación de ataúdes.
La situación precaria que se vive actualmente en Medicina Forense se suma a las denuncias publicadas hace unos meses en las redes sociales en las que se reflejó la insalubridad que persiste en la morgue no solo de Tegucigalpa, sino también en la de San Pedro Sula y La Ceiba.
Los empleados que atienden al público, específicamente a los dolientes, se están enfrentando a un riesgo inminente, pues no se les proporciona ni el mínimo equipo de bioseguridad.
A este personal no se les proporciona guantes, menos uniformes desechables a pesar del contacto cercano con documentos como tarjetas de identidad, libros de registro de cuerpos y hasta verificación de ataúdes.
La situación precaria que se vive actualmente en Medicina Forense se suma a las denuncias publicadas hace unos meses en las redes sociales en las que se reflejó la insalubridad que persiste en la morgue no solo de Tegucigalpa, sino también en la de San Pedro Sula y La Ceiba.
Autoridades impiden acceder a la información sobre al COVID-19 en Honduras
Tuesday, 12 May 2020 23:09 Written by Bersely García Published in Monitoreo de compromisos internacionales PASOS DE ANIMAL GRANDE
El cotejamiento de la información sobre el Covid-19 en Honduras se
dificulta porque solo existe una fuente oficial y hay falta de
confianza en las autoridades por la inexistencia de transparencia y los
cuestionables datos difundidos en los últimos días que han generado
suspicacias.
En el contexto de la pandemia en referencia a la verificación de la
información es importante hacer un chequeo de la misma y un deber de
las personas que se dedican al ejercicio de la Comunicación Social, en
el contexto actual de la pandemia del COVID-19 en Honduras, el flujo de
informaciones falsas distorsiona la calidad del contenido de los textos
informativos dirigido a las poblaciones en determinados temas. En la
situación actual de la pandemia éstas no contribuyen en lo absoluto y
afectan el derecho de las y los ciudadanos a recibir, buscar y difundir
información.
En cuanto al manejo de la información, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,, Michelle Bachelet, expresó que “Algunos Estados han utilizado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y acallar las críticas”.
Bachelet también mencionó que Una prensa libre siempre es esencial, pero nunca hemos dependido de ella más de lo que lo hacemos en esta pandemia, cuando tantas personas están aisladas y temen por su salud y sus medios de vida. La información creíble y precisa es un salvavidas para todas y todos.
Ante la verificación de la información se recomienda que sean periodistas con mucha capacidad de análisis, criterio y manejo de datos, pero en cuanto al conocimiento de datos en el contexto nacional varios periodistas han expresado a pasosdeanimalgrande.com que uno de los grandes impedimentos para realizar este chequeo son las instituciones gubernamentales.
Para el coordinador del medio Digital el Pulso, Joan Suazo, en relación a los retos que enfrentan los periodistas hondureños que realizan periodismo alternativo, en cuanto al chequeo de información es la falta de confianza en las autoridades, ya que están acostumbrados a mentir por salir del paso y no tenemos una cultura de transparencia, muy pocas veces las declaraciones tienen respaldo de documentos, suben información en formatos no amigables y escondidos en sus páginas, el ejemplo perfecto es Inversión Estratégica de Honduras, INVEST-HINVEST-HONDURAS.
También agregó que en muchas ocasiones hay que navegar hasta la última pestaña de la última columna para bajar información en formato PDF no editable por lo que hay que convertirlo, lo que impide la supervisión ciudadana
De igual modo expresó que no existe una coordinación en la entrega de información, varias veces los datos de la Secretaría de Salud son atrasados y las regiones sanitarias informan antes, lo cual es un riesgo para el periodista o comunicador ya que puede caer en noticias falsas o desinformación.
El periodista dijo que la mayoría de las autoridades, entre ellas de la Secretaría de Salud, COPECO, INVEST-HN y Seguro Social, han estado abiertas a la prensa, pero realmente no han podido responder a las preguntas importantes, lo que más que falta de voluntad creo que refleja falta de capacidad para atender la emergencia y falla en la planificación, por ejemplo al día de hoy ha sido imposible determinar la fecha exacta y lugar de los fallecidos, concluyó Suazo.
Para la directora del periódico digital Criterio,hn, Emy Padilla, no se pueden verificar datos en relación al COVID-19, porque el argumento es que sólo los gobiernos están procesando información y las cifras oficiales pueden ser validadas como tal por esta razón enunció que los periodistas se ven atados de pies y manos al momento de cotejar los datos.
Asimismo mencionó que la forma de verificar la información brindada por las autoridades estatales es revisando a diario, porque mucha de ésta se publica y al ser contrastada es información tergiversada o manipulada, por ejemplo las cifras de un caso que dieron a conocer ayer es la misma referencia que han divulgado hoy.
Según la periodista las cifras que se manejan son falsas, manipuladas o maquilladas porque no es posible que los mismos datos que son publicados un día vuelvan a ser difundidos y estos sean sumados a nuevos casos.
Padilla, agregó que es muy difícil hacer una verificación de datos cuando procedende la parte oficial, se está pasando por un momento en el cual hay una suspensión de la ley de acceso a la información pública, porque ésta fue bloqueada desde el 15 de marzo con la aprobación del Decreto 021-2020, de tal modo que el país atraviesa por una serie de violaciones en torno a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, por ende esto afecta el ejercicio a la prensa.
De igual forma el miembro de la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Tegucigalpa, Alexander Álvarez Murillo, expuso que es muy probable que las cifras de contagios y muertos por la pandemia se estén alterando, “no se están revelando de forma transparente debido a que el contexto actual se les ha ido de las manos, hablando del gobierno y demás autoridades. Si hubiera existido un mejor control de la situación desde el principio de la crisis, quizás y solo quizás, las condiciones fueran otras, aunque es un bajo porcentaje”.
Además manifestó que es increíble que Honduras, siendo el país con más presupuesto en Centroamérica, sea el que menos pruebas para detectar covid-19 realiza, es decir aquí se aplican, hasta ahora, un poco más de 400 pruebas, de las cuales el 36 por ciento son positivas.
Por otra parte la periodista independiente, Paola García, declaró que el actual Gobierno de Juan Orlando Hernández ha hecho un mal manejo sobre la actual crisis y si se piden datos por el tema de la gestión de los fondos que Honduras ha recibido, el Estado limita a la ciudadanía que exige transparencia, también impidiendo la verificación de la información porque las oficinas del Instituto de Acceso Información Pública, IAIP, se encuentran cerradas.
También mencionó que ella realizó una solicitud a finales de febrero al IAIP, y aunque siguió el proceso de espera de los 10 días hábiles en dar respuesta como lo demanda la ley, hasta el momento no ha recibido comunicación alguna.
Carmen es originaria del municipio de Morocelí, El Paraiso, zona oriental de Honduras, provine de una familia pobre. Desde muy pequeña sus padres se desplazaron a la capital de Honduras, Tegucigalpa, de niña tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar, con mucho esfuerzo culminó la primaria y secundaria, pero la universidad fue un sueño sin cumplir.
Ahora Carmen tiene 50 años, han pasado 30 años de matrimonio en los que procreó tres hijos con José con quien ha tenido una relación llena de agresiones, Carmen cuenta que el principal pecado que cometió fue contarle a su esposo que, antes de casarse tuvo relaciones sexuales, a partir de ello su esposo comenzó una serie de insultos y acusaciones en su contra.
“En varias ocasiones me dijo que no salía a la calle conmigo porque no sabía con cuántos hombres me había acostado. Me decía que él había sido el único tonto que se juntó con una puta”, recuerda Carmen con la voz quebrada por el llanto.
A raíz de las agresiones, José y Carmen se separaron, ella al relatar la ruptura arrastra recuerdos dolorosos. Carmen hace pausas, respira, intenta mantener las lágrimas, pero todo vuelve a su cabeza, el dolor en cuerpo y alma están intactos aún.
Carmen sabe que la excusa para no separarse desde hace años eran sus hijos. Su esposo no permitió que trabajara, sentía que no podía criar solo a tres hijos. “Me propuse que mis hijos debían graduarse de la universidad, allí donde yo nunca llegué”, contó Carmen.
José es un hombre agresivo, Carmen recuerda que en una ocasión José agredió a su madre. “Su mamá es una anciana, debíamos bañarla, darle de comer, asearla y hacer todo por ella. Yo tengo problemas de columna, pedí a mis hijos y a él que me ayudaran a llevarla al baño. Él la levantó y sin intención la señora le arañó la espalda, inmediatamente él le gritó y la golpeó. Quedé helada, paralizada, le grité no seas animal, es tu madre, pero él se justificó diciendo que ella lo había arañado”. Ese fue el momento que motivó a Carmen a dejar a José, “me dije, no puedo seguir con ese hombre, si golpea a su madre, qué no me hará más adelante, puedo morir”.
De acuerdo a datos del Ministerio Público en el año 2019 se procesaron más de diez mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional, mismas que fueron trasladadas a los Juzgados de Familia.
La dirigente feminista, integrante de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, Cristina Alvarado asegura que la violencia de género en las familias ha sido una constante histórica en el país.
Alvarado afirma que esta realidad se ha agudizado en la crisis sanitaria que vive el mundo producto del Covid-19. “La pandemia solo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres producto de las violencias en sus hogares, esto ha sido denunciado desde hace años por las organizaciones feministas y de mujeres”, dijo Cristina.
Lea también.
Datos del Ministerio Público dicen que durante el confinamiento solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula (las ciudades más importantes del país), se reciben de 15 a 20 denuncias diarias por violencia doméstica, de las cuales al menos 4 personas son detenidas por las autoridades.
Por otra parte, cifras de la Secretaría de Seguridad, indican que en los últimos 3 meses el Sistema de Emergencia 911 en Honduras registró más de 23 mil llamadas a nivel nacional de mujeres pidiendo auxilio porque estaban siendo víctimas de agresiones en manos de sus esposos.
Desde mediados de marzo, Honduras declaró estado de emergencia por la presencia del COVID-19, lo que ha paralizado la labor en el sector público y privado. Los juzgados a nivel nacional funcionan a medio gas, a pesar que las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar se han incrementado según el registro de llamadas del sistema de emergencia 911.
En el mes de marzo las autoridades reportaron 7,697 denuncias de violencia doméstica, en esos primeros 15 días del “quédate en casa” que corresponde del 15 al 30 de Marzo recibieron 4,245 denuncias de las cuales 2451 son por violencia doméstica y 1794 por violencia intrafamiliar”.
**************************
Así como Carmen muchas mujeres toman la decisión de separarse de sus parejas, incluso interponen denuncias ante los órganos judiciales, las víctimas acuden a la justicia para evitar ser asesinadas por el agresor.
Cristina Alvarado dice que esa tipificación del castigo al agresor es un error, porque al permitir al victimario volver a su casa, la amenaza de que la agresión ocurra de nuevo es muy alta.
“Como la Ley solo tiene un punto de vista preventivo, entonces culmina en una acción comunitaria, pero sabemos que si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, entonces este proceso se convierte en uno penal”, explicó la jueza Claudia Isbela López.
En cambio las autoridades dicen que a raíz de casos de violencia doméstica en el país, se han habilitado 26 módulos de atención integrada, los cuales se crearon para dar asistencia a grupos vulnerables, entre ellos: mujeres, niños, diversidad sexual y tercera edad. Los Módulos sirven como refugio para mujeres que a raíz de una situación de violencia no pueden volver a sus hogares junto al agresor.
Antes que Carmen tomara la decisión de separarse de su esposo, el miedo de denunciarlo a la justicia se hizo presente por las represalias, la reacción que podría generar en sus hijos y hasta el qué dirán los vecinos y amistades.
“Tomé el valor con el apoyo de las mujeres de la Organización Visitación Padilla. Llegué al juzgado a denunciarlo por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Son momentos difíciles, ahora el juzgado me permitió regresar a mi casa, emitieron una orden de restricción, él no puede acercarse a mi casa ni a mí, y debe entregarme un aporte de L.2,000 (80 dólares) mensuales para el sostenimiento de la casa”, relató Carmen.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP) dijo que como institución buscan agilizar el procesamiento de las denuncias de las víctimas, “cuando se hace la denuncia, el MP trata de que esto no se convierta en un femicidio, sabemos que la Fiscalía de la Mujer y el Módulo especializado ayudan a proteger a las mujeres”.
Las medidas otorgadas por el juzgado producto de la denuncia de Carmen contra su esposo, fueron aplicadas para seis meses, ese plazo se venció en marzo de 2020 justo en pleno confinamiento en Honduras. “Tengo miedo de lo que se pueda presentar, con la justicia nada está claro”, dice Carmen a quien se le programó la audiencia de seguimiento del caso para el pasado mes de abril y hasta la fecha no ha sido notificada de su reprogramación.
Para Cristina Alvarado el sistema hondureño ha colapsado en esta área, “esta situación es terrible porque nos vimos enfrentadas a un sistema que colapsó, que no atendía esas llamadas, muchas mujeres denunciaron que llamaban y nunca les contestaban.
“Debido a la pandemia solo se está trabajando con una juez y tres personas como auxiliares en la zona norte del país, en realidad lo que estamos haciendo por disposición de la Corte Suprema de Justicia, es suspender los procesos normales, es decir las audiencias programadas y estamos atendiendo solo a los casos que se detienen en el acto, es decir los casos donde la policía remite al acusado a los juzgados de San Pedro Sula por encontrarlos cometiendo el delito”, manifestó la jueza Claudia López.
López dijo que el Poder Judicial amplió el rango de acción de los juzgados de Familia, para que también atiendan casos de violencia doméstica. “Como jueza le puedo decir que hemos estado haciendo acciones para buscar mecanismos entre los jueces de paz para hacer un frente común”.
López también es consciente que se necesita un trabajo integral entre todas las instituciones, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, esto con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
“Son temas complejos, la desigualdad económica, que es una característica de la mayor parte de mujeres víctimas de agresión, también hay mujeres que han denunciado a sus parejas porque los hombres desobedecen hasta el confinamiento, y las agresiones verbales y físicas, en realidad es triste ver todos los casos que se dan en nuestro país por este tema”, compartió López.
Las mujeres han denunciado la falta de respuesta de la institucionalidad hondureña, una situación que no es solo producto del Covid-19, sino una constante de años en el país, “quienes se quedaron haciendo turnos fue la Fiscalía Especial de la Mujer pero la fiscalía históricamente ha enfrentado situaciones de falta de recursos y falta de equipo, empeorando en esta pandemia”, manifestó Alvarado.
Carmen dice que no confía en la justicia hondureña, y teme por desconocer lo que viene. “Acceder a la justicia es un privilegio de pocos en Honduras. En esta emergencia todo es imposible de prever. Tengo miedo porque ya no soy joven, estoy a punto de entrar a la tercera edad y padezco de la columna”, Carmen además tiene Parkinson y sufre de demencia, su salud es delicada.
Desde hace varios meses acude a citas médicas en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa. Tiene un cuadro de ansiedad y depresión que se fue agudizando con los años. El dolor, las agresiones e insultos dejan secuelas físicas y emocionales.
Carmen 30 años después de vivir con su esposo se pregunta por qué aguantó tanto, cómo pudo estar allí 3 décadas. Sabe que no puede volver atrás, pero lamenta haber esperado tanto.
Carmen en medio de todo aun ríe y agradece la complicidad de otras mujeres que para ella fueron impulso en el camino de salir de la violencia y represión de aquello que disfrazado de amor era agresión y maltrato.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
A tres meses de la llegada del Coronavirus siguen las burdas
cadenas nacionales, la calamidad en los hospitales, el latrocinio de los
fondos de la emergencia, y la incertidumbre, la miseria y la muerte.
Tres meses han bastado para que una pandemia desnude la improvisación y
el saqueo de quienes devoran los bienes públicos en el marco del
colapsado modelo neoliberal, mientras la indignación y la protesta
popular bañan de dignidad, y se van expresando en repudio a la asquerosa
narco dictadura y en convocatorias firmes, como lo expresamos en este
Décimo Tercer Manifiesto Público.
1.- Los saqueos se han intensificado, y por el camino que vamos, ni limosnas entregará Juan Orlando Hernández y su pandilla para equipos médicos para la atención de pacientes. Con más fuerza ratificamos el llamamiento para que instancias profesionales y competentes conduzcan esta crisis sanitaria; así como un sistema de veeduría independiente, que nos ayude a responder la siguiente pregunta: ¿Dónde están los miles de millones de Lempiras asignados a la emergencia?
2.- Con la misma fuerza de siempre rechazamos un Código Penal confeccionado para reforzar la actividad criminal de este régimen, al tiempo condenamos todo el aparato judicial convertido en un servicio que se vende en subastas del enclave del narcotráfico. Decimos al unísono ¡No al Código Penal!… Que no vengan a hablar de moralidad jurídica esa gente cínica que en el día se baña en las lágrimas de este pueblo, y por la noche se revuelca en las orgías de la mafia criminal de Casa Presidencial.
3.- Nos preguntamos: ¿De dónde sacaron el término “APERTURA INTELIGENTE”? la respuesta está en el régimen, un narco conduce el Ejecutivo, una pedagoga es Ministra de Salud, una psicóloga es Ministra de Finanzas, un protector de narcos es Ministro de Seguridad y un adulador es veedor del destino y uso de los saqueos. Esa es la inteligencia. Los mismos que siempre destruyeron el Estado de derecho y vendieron el país al capital transnacional, son los que hoy dilapidan los fondos de la emergencia y su avaricia llega a extremos de exponer al contagio a decenas de miles de personas, con tal de extraer los pesitos del décimo cuarto salario de los trabajadores y trabajadoras.
4.- Evidenciamos sin miedo a esas personas que portan tarjeta de identidad de Honduras, pero actúan en contra del pueblo ¡Mercenarios!, Sí, a usted NO nos dirigimos Omar Rivera y a su FONAC. Ustedes no nos presentan. Recordamos que los aduladores, limpiadores de imagen y mercenarios, gozan del repudio absoluto del pueblo, que un día deberán pagar por sus crímenes, y que ya tienen asegurado su lugar en el amplio hospedaje del basurero de la historia.
5.- Condenamos el asesinato y criminalización de los defensores del ambiente, y con especial repudio lamentamos el asesinato de indígenas Tolupanes, miembros del pueblo garífuna y el linchamiento racista de Domingo Choc en Guatemala, cuya sabiduría ancestral jamás podremos aceptarla como brujería. En su nombre y memoria, y la de cada vida ofrendada por la emancipación, queda empeñada nuestra palabra para seguir esta lucha.
6.- Demandamos insumos a los hospitales. Un caso en particular el HEU, que le han recortado el presupuesto con la justificación de que “NO ES UN HOSPITAL “COVID” exigimos se mantenga en su cargo de director, a quien han separado solo por informar la precariedad del hospital más importante del país. Al tiempo agradecemos a todo el personal sanitario que a pesar de la precariedad en los hospitales, arriesgan sus vidas para salvar otras.
7.- Advertimos que nos conducen hacia escenarios de muerte. ¿Dejaremos que nos sigan conduciendo, o nos resolvemos por construir nuestro propio proceso de conducción? Son tiempos difíciles, justo los tiempos que necesitamos para crecer en convocatoria popular en torno a nuestras demandas y para defender nuestra dignidad. Vivimos en los tiempos más oportunos para erradicar los individualismos y dispersiones, y descubrir el camino de salvarnos en racimo.
Honduras, 11 de junio 2020
En cuanto al manejo de la información, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,, Michelle Bachelet, expresó que “Algunos Estados han utilizado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y acallar las críticas”.
Bachelet también mencionó que Una prensa libre siempre es esencial, pero nunca hemos dependido de ella más de lo que lo hacemos en esta pandemia, cuando tantas personas están aisladas y temen por su salud y sus medios de vida. La información creíble y precisa es un salvavidas para todas y todos.
Ante la verificación de la información se recomienda que sean periodistas con mucha capacidad de análisis, criterio y manejo de datos, pero en cuanto al conocimiento de datos en el contexto nacional varios periodistas han expresado a pasosdeanimalgrande.com que uno de los grandes impedimentos para realizar este chequeo son las instituciones gubernamentales.
Para el coordinador del medio Digital el Pulso, Joan Suazo, en relación a los retos que enfrentan los periodistas hondureños que realizan periodismo alternativo, en cuanto al chequeo de información es la falta de confianza en las autoridades, ya que están acostumbrados a mentir por salir del paso y no tenemos una cultura de transparencia, muy pocas veces las declaraciones tienen respaldo de documentos, suben información en formatos no amigables y escondidos en sus páginas, el ejemplo perfecto es Inversión Estratégica de Honduras, INVEST-HINVEST-HONDURAS.
También agregó que en muchas ocasiones hay que navegar hasta la última pestaña de la última columna para bajar información en formato PDF no editable por lo que hay que convertirlo, lo que impide la supervisión ciudadana
De igual modo expresó que no existe una coordinación en la entrega de información, varias veces los datos de la Secretaría de Salud son atrasados y las regiones sanitarias informan antes, lo cual es un riesgo para el periodista o comunicador ya que puede caer en noticias falsas o desinformación.
El periodista dijo que la mayoría de las autoridades, entre ellas de la Secretaría de Salud, COPECO, INVEST-HN y Seguro Social, han estado abiertas a la prensa, pero realmente no han podido responder a las preguntas importantes, lo que más que falta de voluntad creo que refleja falta de capacidad para atender la emergencia y falla en la planificación, por ejemplo al día de hoy ha sido imposible determinar la fecha exacta y lugar de los fallecidos, concluyó Suazo.
Para la directora del periódico digital Criterio,hn, Emy Padilla, no se pueden verificar datos en relación al COVID-19, porque el argumento es que sólo los gobiernos están procesando información y las cifras oficiales pueden ser validadas como tal por esta razón enunció que los periodistas se ven atados de pies y manos al momento de cotejar los datos.
Asimismo mencionó que la forma de verificar la información brindada por las autoridades estatales es revisando a diario, porque mucha de ésta se publica y al ser contrastada es información tergiversada o manipulada, por ejemplo las cifras de un caso que dieron a conocer ayer es la misma referencia que han divulgado hoy.
Según la periodista las cifras que se manejan son falsas, manipuladas o maquilladas porque no es posible que los mismos datos que son publicados un día vuelvan a ser difundidos y estos sean sumados a nuevos casos.
Padilla, agregó que es muy difícil hacer una verificación de datos cuando procedende la parte oficial, se está pasando por un momento en el cual hay una suspensión de la ley de acceso a la información pública, porque ésta fue bloqueada desde el 15 de marzo con la aprobación del Decreto 021-2020, de tal modo que el país atraviesa por una serie de violaciones en torno a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, por ende esto afecta el ejercicio a la prensa.
De igual forma el miembro de la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Tegucigalpa, Alexander Álvarez Murillo, expuso que es muy probable que las cifras de contagios y muertos por la pandemia se estén alterando, “no se están revelando de forma transparente debido a que el contexto actual se les ha ido de las manos, hablando del gobierno y demás autoridades. Si hubiera existido un mejor control de la situación desde el principio de la crisis, quizás y solo quizás, las condiciones fueran otras, aunque es un bajo porcentaje”.
Además manifestó que es increíble que Honduras, siendo el país con más presupuesto en Centroamérica, sea el que menos pruebas para detectar covid-19 realiza, es decir aquí se aplican, hasta ahora, un poco más de 400 pruebas, de las cuales el 36 por ciento son positivas.
Por otra parte la periodista independiente, Paola García, declaró que el actual Gobierno de Juan Orlando Hernández ha hecho un mal manejo sobre la actual crisis y si se piden datos por el tema de la gestión de los fondos que Honduras ha recibido, el Estado limita a la ciudadanía que exige transparencia, también impidiendo la verificación de la información porque las oficinas del Instituto de Acceso Información Pública, IAIP, se encuentran cerradas.
También mencionó que ella realizó una solicitud a finales de febrero al IAIP, y aunque siguió el proceso de espera de los 10 días hábiles en dar respuesta como lo demanda la ley, hasta el momento no ha recibido comunicación alguna.
Registran más de 40 mil casos de agresión contra mujeres hondureñas
IN 10 / 06 / 2020 3: 06 PM BY Hondudiario Redacción
*** El UNFPA
registra datos de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer y de la
línea de atención del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Tegucigalpa,Honduras
El Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés),
informó que en lo va de este año se registran más de 40 mil casos de
agresión, alcanzando el mayor número de denuncias de abril (casi diez
mil).
Honduras registra un aumento significativo de violencia en contra de las mujeres en el contexto del Covid-19.
De acuerdo con el 911, son más de 40 mil llamadas que han recibido de mujeres que son agredidas por sus parejas.
En ese sentido, el subdirector del
Sistema, Juan Carlos Degrandez, indicó que la mayoría de denuncias están
tipificadas como violencia de género, seguidas por casos de violencia
intrafamiliar
Manifestó que en coordinación institucional se logra avanzar en el proceso de judicialización de las denuncias.
La
Fiscalía Especial de Protección a la Mujer reportó que entre el 17 de
marzo y el 31 de mayo, se recibieron mil 259 denuncias de violencia
contra las mujeres a nivel nacional, indicó el Fondo de Población de las
Naciones Unidas.
Desde que se inició la pandemia de
covid-19, cada hora una mujer es violentada en Honduras, según datos del
sistema telefónico de atención a las víctimas 911, detalla, el UNFPA.
“La pandemia de la Covid-19 ha
significado una importante amenaza a la salud pública a nivel global,
por lo que, los países se han visto en la obligación de implementar
medidas de restricción de movilidad que han tenido consecuencias
directas en la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que
sufren violencia de género dentro de sus hogares”, señaló.hondudiario/AB
URL Corta: https://bit.ly/30rfX9n
Mujeres: víctimas silenciosas del Covid-19
21/05/2020
A los 20 años Carmen González se casó con José, hombre que juró
amarla y respetarla por sobre todas las cosas. Carmen nunca imaginó que
esa promesa se la llevaría el viento y que a pocos meses de casados, la
imagen de hogar feliz cambiaría gracias a los gritos, regaños y
acusaciones de infidelidades por parte de su pareja.21/05/2020
Carmen es originaria del municipio de Morocelí, El Paraiso, zona oriental de Honduras, provine de una familia pobre. Desde muy pequeña sus padres se desplazaron a la capital de Honduras, Tegucigalpa, de niña tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar, con mucho esfuerzo culminó la primaria y secundaria, pero la universidad fue un sueño sin cumplir.
Ahora Carmen tiene 50 años, han pasado 30 años de matrimonio en los que procreó tres hijos con José con quien ha tenido una relación llena de agresiones, Carmen cuenta que el principal pecado que cometió fue contarle a su esposo que, antes de casarse tuvo relaciones sexuales, a partir de ello su esposo comenzó una serie de insultos y acusaciones en su contra.
“En varias ocasiones me dijo que no salía a la calle conmigo porque no sabía con cuántos hombres me había acostado. Me decía que él había sido el único tonto que se juntó con una puta”, recuerda Carmen con la voz quebrada por el llanto.
A raíz de las agresiones, José y Carmen se separaron, ella al relatar la ruptura arrastra recuerdos dolorosos. Carmen hace pausas, respira, intenta mantener las lágrimas, pero todo vuelve a su cabeza, el dolor en cuerpo y alma están intactos aún.
Carmen sabe que la excusa para no separarse desde hace años eran sus hijos. Su esposo no permitió que trabajara, sentía que no podía criar solo a tres hijos. “Me propuse que mis hijos debían graduarse de la universidad, allí donde yo nunca llegué”, contó Carmen.
José es un hombre agresivo, Carmen recuerda que en una ocasión José agredió a su madre. “Su mamá es una anciana, debíamos bañarla, darle de comer, asearla y hacer todo por ella. Yo tengo problemas de columna, pedí a mis hijos y a él que me ayudaran a llevarla al baño. Él la levantó y sin intención la señora le arañó la espalda, inmediatamente él le gritó y la golpeó. Quedé helada, paralizada, le grité no seas animal, es tu madre, pero él se justificó diciendo que ella lo había arañado”. Ese fue el momento que motivó a Carmen a dejar a José, “me dije, no puedo seguir con ese hombre, si golpea a su madre, qué no me hará más adelante, puedo morir”.
De acuerdo a datos del Ministerio Público en el año 2019 se procesaron más de diez mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional, mismas que fueron trasladadas a los Juzgados de Familia.
La dirigente feminista, integrante de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, Cristina Alvarado asegura que la violencia de género en las familias ha sido una constante histórica en el país.
Alvarado afirma que esta realidad se ha agudizado en la crisis sanitaria que vive el mundo producto del Covid-19. “La pandemia solo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres producto de las violencias en sus hogares, esto ha sido denunciado desde hace años por las organizaciones feministas y de mujeres”, dijo Cristina.
Lea también.
Datos del Ministerio Público dicen que durante el confinamiento solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula (las ciudades más importantes del país), se reciben de 15 a 20 denuncias diarias por violencia doméstica, de las cuales al menos 4 personas son detenidas por las autoridades.
Por otra parte, cifras de la Secretaría de Seguridad, indican que en los últimos 3 meses el Sistema de Emergencia 911 en Honduras registró más de 23 mil llamadas a nivel nacional de mujeres pidiendo auxilio porque estaban siendo víctimas de agresiones en manos de sus esposos.
Desde mediados de marzo, Honduras declaró estado de emergencia por la presencia del COVID-19, lo que ha paralizado la labor en el sector público y privado. Los juzgados a nivel nacional funcionan a medio gas, a pesar que las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar se han incrementado según el registro de llamadas del sistema de emergencia 911.
En el mes de marzo las autoridades reportaron 7,697 denuncias de violencia doméstica, en esos primeros 15 días del “quédate en casa” que corresponde del 15 al 30 de Marzo recibieron 4,245 denuncias de las cuales 2451 son por violencia doméstica y 1794 por violencia intrafamiliar”.
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Así como Carmen muchas mujeres toman la decisión de separarse de sus parejas, incluso interponen denuncias ante los órganos judiciales, las víctimas acuden a la justicia para evitar ser asesinadas por el agresor.
Cristina Alvarado dice que esa tipificación del castigo al agresor es un error, porque al permitir al victimario volver a su casa, la amenaza de que la agresión ocurra de nuevo es muy alta.
“Como la Ley solo tiene un punto de vista preventivo, entonces culmina en una acción comunitaria, pero sabemos que si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, entonces este proceso se convierte en uno penal”, explicó la jueza Claudia Isbela López.
En cambio las autoridades dicen que a raíz de casos de violencia doméstica en el país, se han habilitado 26 módulos de atención integrada, los cuales se crearon para dar asistencia a grupos vulnerables, entre ellos: mujeres, niños, diversidad sexual y tercera edad. Los Módulos sirven como refugio para mujeres que a raíz de una situación de violencia no pueden volver a sus hogares junto al agresor.
Antes que Carmen tomara la decisión de separarse de su esposo, el miedo de denunciarlo a la justicia se hizo presente por las represalias, la reacción que podría generar en sus hijos y hasta el qué dirán los vecinos y amistades.
“Tomé el valor con el apoyo de las mujeres de la Organización Visitación Padilla. Llegué al juzgado a denunciarlo por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Son momentos difíciles, ahora el juzgado me permitió regresar a mi casa, emitieron una orden de restricción, él no puede acercarse a mi casa ni a mí, y debe entregarme un aporte de L.2,000 (80 dólares) mensuales para el sostenimiento de la casa”, relató Carmen.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP) dijo que como institución buscan agilizar el procesamiento de las denuncias de las víctimas, “cuando se hace la denuncia, el MP trata de que esto no se convierta en un femicidio, sabemos que la Fiscalía de la Mujer y el Módulo especializado ayudan a proteger a las mujeres”.
Las medidas otorgadas por el juzgado producto de la denuncia de Carmen contra su esposo, fueron aplicadas para seis meses, ese plazo se venció en marzo de 2020 justo en pleno confinamiento en Honduras. “Tengo miedo de lo que se pueda presentar, con la justicia nada está claro”, dice Carmen a quien se le programó la audiencia de seguimiento del caso para el pasado mes de abril y hasta la fecha no ha sido notificada de su reprogramación.
Para Cristina Alvarado el sistema hondureño ha colapsado en esta área, “esta situación es terrible porque nos vimos enfrentadas a un sistema que colapsó, que no atendía esas llamadas, muchas mujeres denunciaron que llamaban y nunca les contestaban.
“Debido a la pandemia solo se está trabajando con una juez y tres personas como auxiliares en la zona norte del país, en realidad lo que estamos haciendo por disposición de la Corte Suprema de Justicia, es suspender los procesos normales, es decir las audiencias programadas y estamos atendiendo solo a los casos que se detienen en el acto, es decir los casos donde la policía remite al acusado a los juzgados de San Pedro Sula por encontrarlos cometiendo el delito”, manifestó la jueza Claudia López.
López dijo que el Poder Judicial amplió el rango de acción de los juzgados de Familia, para que también atiendan casos de violencia doméstica. “Como jueza le puedo decir que hemos estado haciendo acciones para buscar mecanismos entre los jueces de paz para hacer un frente común”.
López también es consciente que se necesita un trabajo integral entre todas las instituciones, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, esto con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
“Son temas complejos, la desigualdad económica, que es una característica de la mayor parte de mujeres víctimas de agresión, también hay mujeres que han denunciado a sus parejas porque los hombres desobedecen hasta el confinamiento, y las agresiones verbales y físicas, en realidad es triste ver todos los casos que se dan en nuestro país por este tema”, compartió López.
Las mujeres han denunciado la falta de respuesta de la institucionalidad hondureña, una situación que no es solo producto del Covid-19, sino una constante de años en el país, “quienes se quedaron haciendo turnos fue la Fiscalía Especial de la Mujer pero la fiscalía históricamente ha enfrentado situaciones de falta de recursos y falta de equipo, empeorando en esta pandemia”, manifestó Alvarado.
Carmen dice que no confía en la justicia hondureña, y teme por desconocer lo que viene. “Acceder a la justicia es un privilegio de pocos en Honduras. En esta emergencia todo es imposible de prever. Tengo miedo porque ya no soy joven, estoy a punto de entrar a la tercera edad y padezco de la columna”, Carmen además tiene Parkinson y sufre de demencia, su salud es delicada.
Desde hace varios meses acude a citas médicas en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa. Tiene un cuadro de ansiedad y depresión que se fue agudizando con los años. El dolor, las agresiones e insultos dejan secuelas físicas y emocionales.
Carmen 30 años después de vivir con su esposo se pregunta por qué aguantó tanto, cómo pudo estar allí 3 décadas. Sabe que no puede volver atrás, pero lamenta haber esperado tanto.
Carmen en medio de todo aun ríe y agradece la complicidad de otras mujeres que para ella fueron impulso en el camino de salir de la violencia y represión de aquello que disfrazado de amor era agresión y maltrato.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Encuentra cadáver de Garifuna de Punta Piedra en las inmediaciones de Río Miel
El día de
ayer fue encontrado el cadáver de Antonio Bernardez, de 71 años, oriundo
de la comunidad garifuna de Punta Piedra su cuerpo fue hallado en el
paraje conocido como “la entrada a la quesera”, Antonio había
desparecido hacia seis días, después que emprendió camino hacia la
comunidad de Icoteas. Se reporta que el ultimo lugar donde se le vio,
fue en la comunidad de Rio Miel.
El asesinato de Antonio Bernardez, recalca la delicada situación que se vive en la zona, la que durante décadas se han suscitados actos de violencia, como parte de la estrategia de despojo del territorio Garífuna, el que fue invadido en 1992, por un grupo de campesinos impulsados por el General Castro Kabus.
El caso de Punta Piedra fue presentando ante el sistema interamericano de derechos humanos en el 2003 y para el 2015 la Corte Interamericana emitió una sentencia a favor de dicha comunidad, la que ha sido ignorada por el estado.
Durante décadas la comunidad Garifuna de Punta Piedra ha demandado la relocalización de los invasores de Rio Miel, dada la tensa relación existente y la actitud violenta que ha caracterizado a los habitantes de Rio Miel. A pesar que la sentencia reconoce los derechos de la comunidad Garífuna sobre el territorio ancestral, el Estado persiste en no apegarse al mandato de la Corte IDH.
Existe el precedente del asesinato de Bonifacio Ordoñez, otro más de los garifunas asesinados por la defensa del territorio Ancestral. El asesinato de Ordóñez se dio en mayo del 2003 y hasta la fecha las autoridades no han proporcionado información alguna sobre las investigaciones, a pesar que la Corte IDH en su sentencia de 2015 señala que “el Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables¨.
Este asesinato de Antonio Bernardez es un recordatorio al Estado de Honduras de su falta de compromiso en cuanto a la grave situación que enfrenta el pueblo Garifuna y restantes pueblos indígenas del país, de una titulación inadecuada ademas de la inexistencia de un sistema legal que proteja los derechos de los pueblos indígenas.
La Corte IDH en informe de Supervisión Cumplimiento de Sentencia ((14-5-2019) señaló:
“En segundo lugar, el tiempo transcurrido pone en peligro a los miembros de la Comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona. En la misma Sentencia, la Corte constató que, de acuerdo con las declaraciones de varios integrantes de la Comunidad de Punta Piedra, la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo había sido motivada por el conflicto de tierras (infra Considerando 52). Recientemente, en abril de 2018, los representantes informaron que los miembros de la comunidad estaban sufriendo “amenazas directas de muerte”, “chantajes, aumento de robos”, “levantamiento de perfiles a los líderes”.
La corte ademas agrego en relación al asesinato de Felix Ordoñez que pesar de que han transcurrido 12 años desde los hechos y más de 3 desde la emisión de la Sentencia, no han habido avances significativos en la investigación. Solamente se han realizado algunas diligencias mínimas básicas tendientes a la identificación y captura del imputado en la causa, medidas que no son acordes con la debida diligencia que le corresponde al Estado tomando en cuenta los años transcurridos y que hay una denuncia penal que identifica a esa persona como posible responsable penal, lo cual requiere una mayor actividad estatal.”
Exigimos justicia, y Basta ya de asesinatos de defensores y defensoras del territorio garifuna¡¡
Dado en la Ciudad de La Ceiba a los 20 días del mes de junio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El asesinato de Antonio Bernardez, recalca la delicada situación que se vive en la zona, la que durante décadas se han suscitados actos de violencia, como parte de la estrategia de despojo del territorio Garífuna, el que fue invadido en 1992, por un grupo de campesinos impulsados por el General Castro Kabus.
El caso de Punta Piedra fue presentando ante el sistema interamericano de derechos humanos en el 2003 y para el 2015 la Corte Interamericana emitió una sentencia a favor de dicha comunidad, la que ha sido ignorada por el estado.
Durante décadas la comunidad Garifuna de Punta Piedra ha demandado la relocalización de los invasores de Rio Miel, dada la tensa relación existente y la actitud violenta que ha caracterizado a los habitantes de Rio Miel. A pesar que la sentencia reconoce los derechos de la comunidad Garífuna sobre el territorio ancestral, el Estado persiste en no apegarse al mandato de la Corte IDH.
Existe el precedente del asesinato de Bonifacio Ordoñez, otro más de los garifunas asesinados por la defensa del territorio Ancestral. El asesinato de Ordóñez se dio en mayo del 2003 y hasta la fecha las autoridades no han proporcionado información alguna sobre las investigaciones, a pesar que la Corte IDH en su sentencia de 2015 señala que “el Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables¨.
Este asesinato de Antonio Bernardez es un recordatorio al Estado de Honduras de su falta de compromiso en cuanto a la grave situación que enfrenta el pueblo Garifuna y restantes pueblos indígenas del país, de una titulación inadecuada ademas de la inexistencia de un sistema legal que proteja los derechos de los pueblos indígenas.
La Corte IDH en informe de Supervisión Cumplimiento de Sentencia ((14-5-2019) señaló:
“En segundo lugar, el tiempo transcurrido pone en peligro a los miembros de la Comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona. En la misma Sentencia, la Corte constató que, de acuerdo con las declaraciones de varios integrantes de la Comunidad de Punta Piedra, la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo había sido motivada por el conflicto de tierras (infra Considerando 52). Recientemente, en abril de 2018, los representantes informaron que los miembros de la comunidad estaban sufriendo “amenazas directas de muerte”, “chantajes, aumento de robos”, “levantamiento de perfiles a los líderes”.
La corte ademas agrego en relación al asesinato de Felix Ordoñez que pesar de que han transcurrido 12 años desde los hechos y más de 3 desde la emisión de la Sentencia, no han habido avances significativos en la investigación. Solamente se han realizado algunas diligencias mínimas básicas tendientes a la identificación y captura del imputado en la causa, medidas que no son acordes con la debida diligencia que le corresponde al Estado tomando en cuenta los años transcurridos y que hay una denuncia penal que identifica a esa persona como posible responsable penal, lo cual requiere una mayor actividad estatal.”
Exigimos justicia, y Basta ya de asesinatos de defensores y defensoras del territorio garifuna¡¡
Dado en la Ciudad de La Ceiba a los 20 días del mes de junio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
COPINH dispone de sus instalaciones para aislamiento por COVID-19.
20/06/2020
COPINH
El COPINH ante el agravamiento de contagios en el Centro Penal de La
Esperanza, Intibucá, pone a disposición ante las instituciones de
sanidad el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía” como un centro de
aislamiento para personas sospechosas y confirmadas de COVID-19.
Esta decisión se toma a raíz de la solicitud de miembros de personal médico, del poder judicial y personas preocupadas por la situación de los privados de libertad ya que el foco principal de infección en todo el departamento de Intibucá es el Centro Penal que cuenta con 23 casos confirmados. Cabe resaltar el día de ayer se hizo una jornada de pruebas rápidas en el penal, del cual un número significativo de personas resultaron positivas para COVID, lo que implica que la población carcelaria se encuentra en vulnerabilidad.
Nuestro Centro “Utopía” construido con el esfuerzo de las comunidades lencas organizadas tiene las condiciones y los servicios básicos para asistir a un número significativo de personas y evitar así que se continúe con la cadena de contagios.
De esta manera el COPINH cumple con su labor social y política ante la falta de espacios en momentos donde corre riesgo a la vida del pueblo Lenca, del pueblo hondureño y pone a disposición lo poco que se tiene y los modestos esfuerzos que pueden hacerse, guiados siempre por el valor de la solidaridad y el respeto a la vida de todas las personas.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de Junio, del año 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Esta decisión se toma a raíz de la solicitud de miembros de personal médico, del poder judicial y personas preocupadas por la situación de los privados de libertad ya que el foco principal de infección en todo el departamento de Intibucá es el Centro Penal que cuenta con 23 casos confirmados. Cabe resaltar el día de ayer se hizo una jornada de pruebas rápidas en el penal, del cual un número significativo de personas resultaron positivas para COVID, lo que implica que la población carcelaria se encuentra en vulnerabilidad.
Nuestro Centro “Utopía” construido con el esfuerzo de las comunidades lencas organizadas tiene las condiciones y los servicios básicos para asistir a un número significativo de personas y evitar así que se continúe con la cadena de contagios.
De esta manera el COPINH cumple con su labor social y política ante la falta de espacios en momentos donde corre riesgo a la vida del pueblo Lenca, del pueblo hondureño y pone a disposición lo poco que se tiene y los modestos esfuerzos que pueden hacerse, guiados siempre por el valor de la solidaridad y el respeto a la vida de todas las personas.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de Junio, del año 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
DÉCIMO TERCER MANIFIESTO PÚBLICO
Por defensores -
12 junio, 20201.- Los saqueos se han intensificado, y por el camino que vamos, ni limosnas entregará Juan Orlando Hernández y su pandilla para equipos médicos para la atención de pacientes. Con más fuerza ratificamos el llamamiento para que instancias profesionales y competentes conduzcan esta crisis sanitaria; así como un sistema de veeduría independiente, que nos ayude a responder la siguiente pregunta: ¿Dónde están los miles de millones de Lempiras asignados a la emergencia?
2.- Con la misma fuerza de siempre rechazamos un Código Penal confeccionado para reforzar la actividad criminal de este régimen, al tiempo condenamos todo el aparato judicial convertido en un servicio que se vende en subastas del enclave del narcotráfico. Decimos al unísono ¡No al Código Penal!… Que no vengan a hablar de moralidad jurídica esa gente cínica que en el día se baña en las lágrimas de este pueblo, y por la noche se revuelca en las orgías de la mafia criminal de Casa Presidencial.
3.- Nos preguntamos: ¿De dónde sacaron el término “APERTURA INTELIGENTE”? la respuesta está en el régimen, un narco conduce el Ejecutivo, una pedagoga es Ministra de Salud, una psicóloga es Ministra de Finanzas, un protector de narcos es Ministro de Seguridad y un adulador es veedor del destino y uso de los saqueos. Esa es la inteligencia. Los mismos que siempre destruyeron el Estado de derecho y vendieron el país al capital transnacional, son los que hoy dilapidan los fondos de la emergencia y su avaricia llega a extremos de exponer al contagio a decenas de miles de personas, con tal de extraer los pesitos del décimo cuarto salario de los trabajadores y trabajadoras.
4.- Evidenciamos sin miedo a esas personas que portan tarjeta de identidad de Honduras, pero actúan en contra del pueblo ¡Mercenarios!, Sí, a usted NO nos dirigimos Omar Rivera y a su FONAC. Ustedes no nos presentan. Recordamos que los aduladores, limpiadores de imagen y mercenarios, gozan del repudio absoluto del pueblo, que un día deberán pagar por sus crímenes, y que ya tienen asegurado su lugar en el amplio hospedaje del basurero de la historia.
5.- Condenamos el asesinato y criminalización de los defensores del ambiente, y con especial repudio lamentamos el asesinato de indígenas Tolupanes, miembros del pueblo garífuna y el linchamiento racista de Domingo Choc en Guatemala, cuya sabiduría ancestral jamás podremos aceptarla como brujería. En su nombre y memoria, y la de cada vida ofrendada por la emancipación, queda empeñada nuestra palabra para seguir esta lucha.
6.- Demandamos insumos a los hospitales. Un caso en particular el HEU, que le han recortado el presupuesto con la justificación de que “NO ES UN HOSPITAL “COVID” exigimos se mantenga en su cargo de director, a quien han separado solo por informar la precariedad del hospital más importante del país. Al tiempo agradecemos a todo el personal sanitario que a pesar de la precariedad en los hospitales, arriesgan sus vidas para salvar otras.
7.- Advertimos que nos conducen hacia escenarios de muerte. ¿Dejaremos que nos sigan conduciendo, o nos resolvemos por construir nuestro propio proceso de conducción? Son tiempos difíciles, justo los tiempos que necesitamos para crecer en convocatoria popular en torno a nuestras demandas y para defender nuestra dignidad. Vivimos en los tiempos más oportunos para erradicar los individualismos y dispersiones, y descubrir el camino de salvarnos en racimo.
Honduras, 11 de junio 2020
Líderes opositores analizan enfrentar en alianza al oficialismo
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Las principales fuerzas políticas de oposición han coincido sobre la necesidad de articular esfuerzos de cara a los próximos comicios que en los últimos días ha empezado a despuntar con las primeras candidaturas presidenciales, principalmente provenientes del oficialismo.
Pese a venir enfrentando aisladamente al gobernante Partido Nacional del mandatario hondureño, Juan Hernández, los líderes de las principales articulaciones partidarias de oposición concuerdan que solo con una coalición de todas fuerzas políticas será posible aumentar el factor de posibilidades para vencer la maquinaria oficialista que desde ya ha anunciado ha empezado el camino para conquistar nuevamente el poder a través de la reciente unión entre las cúpulas nacionalistas de las corrientes “Juntos Podemos” “Salvemos Honduras” y “Monarca”.
Los diputados Jorge Cálix y Doris Gutiérrez junto los presidenciables Luis Zelaya y Salvador Nasralla dieron sus puntos de vista en torno a la posible unidad de la oposición política en un foro de la iniciativa juvenil «Quemando Micrófonos».
En este contexto, la diputada del Partido Unidad e Innovación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, reflexiona que a diferencia del pasado proceso electoral, esencialmente para los próximos comicios, se precisará de un trabajo de cohesión política en todos los niveles.
Por lo que, la congresista hizo un llamado a dejar de lado la soberbia política que ha caracterizado las principales figuras de los partidos de oposición. Sobre todo, porque “si la oposición sigue con la misma actitud de querer protagonizar, vamos derechito hacia una derrota”, considera la representa del PINU.
A tono con la exhortación de Gutiérrez, el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseguró que al menos de su parte “podemos asumir hacer un borrón y cuenta nueva y de aquí para allá no descalificarnos entre nosotros, porque el enemigo nuestro es Juan Orlando Hernández y el narco Partido Nacional”.
Además, refirió que independientemente que la candidatura nacionalista no la encabezara Juan Hernández como se ha manejado entre los círculos exclusivos de la política hondureña, quien venga a sustituirlo continuará reproduciendo la conducta “criminal” del actual mandatario, explicó Cálix.
Pese al distanciamiento político con Libertad y Refundación, el expresidenciable Salvador Nasralla, confió que no descarta la posibilidad de volver a reconcentrarse con la organización que encabeza el expresidente, José Manuel Zelaya.
Nasralla también denunció las zancadillas que en el proceso de inscripción ha sido objeto su nuevo partido político. Precisamente, “han existido restricciones que vienen directamente del Poder Ejecutivo, mientras que a otras iniciativas a pesar de la pandemia si se les ha inscrito”, reclamó. Por lo que “estamos a la espera que el dictador de una respuesta para que nos inscriban”, añadió.
De su lado, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, ratificó que la sumatoria de todas las facciones opositoras “es la única manera de hacerle frente a Juan Hernández, ya que aislados ninguno tendrá resultados favorables para el pueblo”. Porque la autoridad liberal sentenció que una conformación de fuerzas empujando en el mismo sentido es la única esperanza a priori para salvar a Honduras de la actual crisis política, económica y social.
Tegucigalpa. Las principales fuerzas políticas de oposición han coincido sobre la necesidad de articular esfuerzos de cara a los próximos comicios que en los últimos días ha empezado a despuntar con las primeras candidaturas presidenciales, principalmente provenientes del oficialismo.
Pese a venir enfrentando aisladamente al gobernante Partido Nacional del mandatario hondureño, Juan Hernández, los líderes de las principales articulaciones partidarias de oposición concuerdan que solo con una coalición de todas fuerzas políticas será posible aumentar el factor de posibilidades para vencer la maquinaria oficialista que desde ya ha anunciado ha empezado el camino para conquistar nuevamente el poder a través de la reciente unión entre las cúpulas nacionalistas de las corrientes “Juntos Podemos” “Salvemos Honduras” y “Monarca”.
Los diputados Jorge Cálix y Doris Gutiérrez junto los presidenciables Luis Zelaya y Salvador Nasralla dieron sus puntos de vista en torno a la posible unidad de la oposición política en un foro de la iniciativa juvenil «Quemando Micrófonos».
En este contexto, la diputada del Partido Unidad e Innovación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, reflexiona que a diferencia del pasado proceso electoral, esencialmente para los próximos comicios, se precisará de un trabajo de cohesión política en todos los niveles.
Por lo que, la congresista hizo un llamado a dejar de lado la soberbia política que ha caracterizado las principales figuras de los partidos de oposición. Sobre todo, porque “si la oposición sigue con la misma actitud de querer protagonizar, vamos derechito hacia una derrota”, considera la representa del PINU.
A tono con la exhortación de Gutiérrez, el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseguró que al menos de su parte “podemos asumir hacer un borrón y cuenta nueva y de aquí para allá no descalificarnos entre nosotros, porque el enemigo nuestro es Juan Orlando Hernández y el narco Partido Nacional”.
Además, refirió que independientemente que la candidatura nacionalista no la encabezara Juan Hernández como se ha manejado entre los círculos exclusivos de la política hondureña, quien venga a sustituirlo continuará reproduciendo la conducta “criminal” del actual mandatario, explicó Cálix.
Pese al distanciamiento político con Libertad y Refundación, el expresidenciable Salvador Nasralla, confió que no descarta la posibilidad de volver a reconcentrarse con la organización que encabeza el expresidente, José Manuel Zelaya.
Nasralla también denunció las zancadillas que en el proceso de inscripción ha sido objeto su nuevo partido político. Precisamente, “han existido restricciones que vienen directamente del Poder Ejecutivo, mientras que a otras iniciativas a pesar de la pandemia si se les ha inscrito”, reclamó. Por lo que “estamos a la espera que el dictador de una respuesta para que nos inscriban”, añadió.
De su lado, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, ratificó que la sumatoria de todas las facciones opositoras “es la única manera de hacerle frente a Juan Hernández, ya que aislados ninguno tendrá resultados favorables para el pueblo”. Porque la autoridad liberal sentenció que una conformación de fuerzas empujando en el mismo sentido es la única esperanza a priori para salvar a Honduras de la actual crisis política, económica y social.
Editorial Aniversario / Los motivos de EL LIBERTADOR
EL
LIBERTADOR ha tenido de parte de los últimos gobiernos, ofertas
formales e informales de decenas de millones de lempiras por la compra
de un porcentaje de acciones, no lo hemos aceptado aun cuando una
operación de valores es válida en toda parte, sin embargo, el periódico
perdería la libertad. El único gobierno que trabajó con este periódico
sin condiciones fue el de “Pepe” Lobo, él compartió que vendemos un
espacio publicitario, no la línea editorial.
EDITORIAL
Los motivos de EL LIBERTADOR
“Aquella
mañana cuando EL LIBERTADOR entró al mundo, había tanto silencio en
Honduras que nuestro susurro se hizo un grito que suena en toda la
tierra...”, esta cita, que cumple 17 años el 20 de mayo de 2020, está en
el primer editorial de este periódico, al único que la ciudadanía
eligió el nombre y, asimismo, se declaró “Primer Auditor Social de
Honduras”.
Cuando
nació EL LIBERTADOR, en 2003, la internet personal era producto
exclusivo de las capas altas de la sociedad. El público, casi todo
estudiantes y jóvenes curiosos por tocar una computadora, accedía a la
red en pequeñas tiendas “cyber”. No había redes sociales, pues, tal como
las vemos este día, toman fuerza a partir del golpe de Estado en 2009; y
la web, apenas iniciaba en ciertos medios escritos y no despertaba
mucha importancia en empresas.
En
el campo de medios masivos de comunicación, hace 17 años en el país, el
dominio total de la noticia era de grupos corporativos que pronto
llamamos “prensa tradicional”, por vieja y acomodada al poder a cambio
de acumular vastas fortunas en sus distintas empresas. Sin otros canales
de comunicación que demostraran lo contrario, esos medios se hicieron
hábiles para mentir y ocultar la información de interés para el pueblo
hondureño, de ahí creamos los lemas: “Publicamos lo que otros callan” y
“Rompimos el papel de la prensa tradicional”.
Varias
sentencias surgieron a medida fuimos entendiendo con la dureza de la
realidad. Como jóvenes, íbamos descubriendo asombrados el funcionamiento
perverso de un sistema local sometido a EE UU, que conspira contra la
paz y fortuna del hondureño.- Un horizonte cada vez más amplio nos
consolidaba la vivencia en la brega diaria, durante semanas, meses, años
y décadas, de ahí surgió la frase: “Llamamos los hechos por su nombre,
al ladrón, ladrón”, y las citas: “Sea parte de la historia...”, “Porque
defender la libertad de expresión es dominar nuestro destino”, “Sólo los
medios libres pueden contener la libertad”, “Sólo hacen Periodismo los
medios que están del lado del pueblo; lo demás, es cualquier cosa,
comunicación masiva o relaciones públicas, pero jamás Periodismo”.
EL
LIBERTADOR, hoy presume con cifras que es el medio escrito más leído de
Honduras: somos multimillonarios en lectores en las dos versiones,
diario digital e impreso mensual. La última edición impresa, que por
primera vez el mes anterior circuló digital por el Covid-19, en 15 días
fue descargada por casi 400.000 personas. Cada año ambos periódicos
registran millones y millones de lecturas de propios y extraños.
¡Eternamente gracias! Destinamos toda nuestra fuerza creyendo que como
hondureños ese es nuestro aporte en la construcción, no de un país, sino
de una nación con sintonía de sentimientos de grandeza y dignidad.
Tanto
ha trascendido en el mundo la función social de EL LIBERTADOR, que
pocos medios de comunicación del planeta y hondureños, no sabemos de
otro en el país, que haya recibido la visita de ejecutivos de The New
York Times o Dow Jones Factiva (The Wall Street Journal). En Ambos
plantearon alianzas de trabajo noticioso con EL LIBERTADOR, tras
estudios de audiencia de las empresas informativas hondureñas.- Con
ambos no se logró, más adelante será con ellos o con otros; en ese
momento el periódico no tenía el dinero para adquirir las plataformas y
software que requería el moderno intercambio y subida global de
contenidos.
El
Director Fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, inició
este proyecto con una parte del dinero que recibió como compensación,
al renunciar después de una década de escribir en El Heraldo. EL
LIBERTADOR inició sin capital, y tras casi dos décadas tampoco ha
logrado el ahorro que le permita potenciar la inversión clave en todos
los departamentos, adquirir nuevas tecnologías, contratación de talento
humano o contar con un local propio.
Cuando
el fundador y amigos que atrajo a la idea, pensaban en la fuente
financiera de EL LIBERTADOR, era sólo apasionada e inocente juventud,
creían que sería el movimiento popular, porque los contenidos por
primera vez pondrían en manos de la sociedad, con nombre y apellido, a
las mujeres y hombres responsables del atraso nacional. Los contenidos
han cumplido la promesa, pero el respaldo gremial nunca llegó, tampoco
de la sociedad civil; en el camino hacia los 17 años vimos a la dirigencia sin bases y sin conflictos sociales.
EL
LIBERTADOR ha tenido de parte de los últimos gobiernos, ofertas
formales e informales de decenas de millones de lempiras por la compra
de un porcentaje de acciones, no lo hemos aceptado aun cuando una
operación de valores es válida en toda parte, sin embargo, el periódico
perdería la libertad. El único gobierno que trabajó con este periódico
sin condiciones fue el de “Pepe” Lobo, él compartió que vendemos un
espacio publicitario, no la línea editorial.
Las
páginas del periódico son testigos que las empresas que contratan
espacios tampoco nos condicionan, hemos perdido muchos ingresos del
gobierno y sector privado cuando no hay armonía en nuestra relación.
Hemos rechazado dinero por campañas cuando atentan contra el interés de
los hondureños; hemos asumido pérdidas cuantiosas en el actual gobierno
durante casi 8 años, porque jamás daremos la espalda al pueblo por un
gobierno abusivo, que se esconde en las armas de un Ejército traidor.
Hoy,
llegamos a 17 años. Comentar este viaje en un café, entre colegas o
amigos, o decirlo en un foro, puede resultar en burla incrédula.-
Hacerlo ha sido extremo; es una decisión obsesa en contra de un clima de
crudo oscurantismo social, clase política montuna y amoral y una
economía feudal, donde la raíz del capital aún está en el despojo de la
riqueza de la población controlando el gobierno. Si algún día dejamos de
existir, sepan: caímos sin miedo, desde la altura.
Reflexiones sobre la pandemia ( 3 )
abril 24, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
En Europa se lleva a cabo un interesante debate acerca de las ventajas y desventajas de los sistemas políticos centralizados y descentralizados en épocas de crisis, en particular sobre la experiencia del federalismo de Alemania y el presidencialismo de Francia en el manejo de la actual pandemia. Al día de hoy, la primera, con más habitantes y una cantidad similar de contagiados, acumula una tasa de mortalidad cuatro veces menor que la segunda, 5 mil contra casi 22 mil fallecimientos. El análisis se centra, principalmente, en la toma de decisiones. No incluye, pues, las diferencias de otra índole que existen entre ambas naciones, como, por ejemplo, la cultura alemana de escaso contacto físico en las relaciones sociales.
En principio, el presidencialismo, que facilita actuar con mucha rapidez, parece más apropiado para situaciones en las que el tiempo lo es casi todo, como sucede con el coronavirus. Puede decirse que Italia, España y Estados Unidos perdieron la batalla antes de darla, fundamentalmente, por no haber reaccionado inmediatamente e imponer un aislamiento riguroso. En el federalismo, por el contrario, el obligado proceso de consenso entre los gobiernos estatales y el federal es lento y complejo.
¿Por qué, entonces, Alemania ha tenido en esta lucha más éxito que Francia? Una primera razón es que, precisamente, la autodeterminación de que gozan sus 16 Estados le posibilitó construir desde hace mucho tiempo una excelente infraestructura hospitalaria y sanitaria, que ahora ha servido para salvar la vida de un gran número de personas. Pero la más importante, sin embargo, podría ser que mientras en Alemania no se han cometido mayores desaciertos, en Francia, el presidente Macron ha incurrido en varios.
“El sistema napoleónico es fastidioso cuando se cometen errores. Porque entonces las consecuencias de estos errores son napoleónicas. Errores como no haber puesto en marcha test los suficientemente temprano, rápida y masivamente eran evitables. Las consecuencias son enormes. mientras que en un sistema descentralizado, si alguien en un land’ (Estado de Alemania) o autonomía, comete un error, este puede quedar relativamente reducido a escala nacional”.
Y en otro contexto. ¿Cómo pudo China, altamente centralizada, detener la propagación del virus con tan pocas víctimas fatales, en tanto que los Estados Unidos, con una democracia federal, ha tenido un fracaso tan grande? Una explicación estriba en que, contrario a lo que comúnmente se piensa, las 23 provincias de China disfrutan de un elevado grado de autonomía, lo que asegura un razonable balance entre las dos modalidades de administración. Así, las fallas iniciales de las autoridades de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, pudieron ser detectadas y enmendadas a tiempo por el gobierno central.
En Europa se lleva a cabo un interesante debate acerca de las ventajas y desventajas de los sistemas políticos centralizados y descentralizados en épocas de crisis, en particular sobre la experiencia del federalismo de Alemania y el presidencialismo de Francia en el manejo de la actual pandemia. Al día de hoy, la primera, con más habitantes y una cantidad similar de contagiados, acumula una tasa de mortalidad cuatro veces menor que la segunda, 5 mil contra casi 22 mil fallecimientos. El análisis se centra, principalmente, en la toma de decisiones. No incluye, pues, las diferencias de otra índole que existen entre ambas naciones, como, por ejemplo, la cultura alemana de escaso contacto físico en las relaciones sociales.
En principio, el presidencialismo, que facilita actuar con mucha rapidez, parece más apropiado para situaciones en las que el tiempo lo es casi todo, como sucede con el coronavirus. Puede decirse que Italia, España y Estados Unidos perdieron la batalla antes de darla, fundamentalmente, por no haber reaccionado inmediatamente e imponer un aislamiento riguroso. En el federalismo, por el contrario, el obligado proceso de consenso entre los gobiernos estatales y el federal es lento y complejo.
¿Por qué, entonces, Alemania ha tenido en esta lucha más éxito que Francia? Una primera razón es que, precisamente, la autodeterminación de que gozan sus 16 Estados le posibilitó construir desde hace mucho tiempo una excelente infraestructura hospitalaria y sanitaria, que ahora ha servido para salvar la vida de un gran número de personas. Pero la más importante, sin embargo, podría ser que mientras en Alemania no se han cometido mayores desaciertos, en Francia, el presidente Macron ha incurrido en varios.
Nota relacionada Reflexiones sobre la pandemia
Y es que, por regla general, en los regímenes centralizados las equivocaciones del jefe del Estado tienen consecuencias más graves y duraderas. Los periodistas españoles, Ana Carbajosa y Marc Bassets, en un artículo sobre el tema publicado en diario El Pais, de España, el pasado 18 de abril, reproducen la siguiente cita de François Heisbourg, consejero para Europa del laboratorio de ideas International Institute for Strategic Studies, refiriéndose, justamente, a los errores de Macron:“El sistema napoleónico es fastidioso cuando se cometen errores. Porque entonces las consecuencias de estos errores son napoleónicas. Errores como no haber puesto en marcha test los suficientemente temprano, rápida y masivamente eran evitables. Las consecuencias son enormes. mientras que en un sistema descentralizado, si alguien en un land’ (Estado de Alemania) o autonomía, comete un error, este puede quedar relativamente reducido a escala nacional”.
Y en otro contexto. ¿Cómo pudo China, altamente centralizada, detener la propagación del virus con tan pocas víctimas fatales, en tanto que los Estados Unidos, con una democracia federal, ha tenido un fracaso tan grande? Una explicación estriba en que, contrario a lo que comúnmente se piensa, las 23 provincias de China disfrutan de un elevado grado de autonomía, lo que asegura un razonable balance entre las dos modalidades de administración. Así, las fallas iniciales de las autoridades de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, pudieron ser detectadas y enmendadas a tiempo por el gobierno central.
Reflexiones sobre la pandemia ( 4 )
mayo 2, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
Diversas personalidades y no personalidades, incluyendo hondureñas, han insistido en que se ha exagerado la gravedad del coronavirus, causando un injustificado pánico y un gran perjuicio a la economía mundial. Y se suele comparar con el dengue, el cual -se afirma- causa más decesos cada año. El presidente Trump, maestro del disparate, invocó, como ejemplo, la mayor letalidad que existía en los accidentes automovilísticos para concluir, con retorcida lógica, que no por eso nadie piensa en cerrar las fábricas de vehículos. De paso, recomendó inyectarse con desinfectante, según dijo, para “eliminar el virus en un minuto”.
Quienes así piensan, a lo mejor no han reparado en que el gran temor de la gente, tanto o más que contagiarse y morir, obedece en buena medida a que la masiva propagación del virus se está produciendo por el contacto físico entre los seres humanos, vale decir, por la cercanía con nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos y desconocidos. De la noche a la mañana todos, sin excepción, nos hemos convertido mutuamente en potenciales enemigos mortales. Con un beso o un abrazo nos podemos asesinar entre nosotros mismos. Por ello, en todo el planeta el tejido social se está erosionando y la solidaridad se ve sometida a su prueba más crucial de los últimos cien años, quizás desde la pandemia de la gripe española de 1918. ¿Cómo, entonces, esperar que no haya pánico?
Es claro que el aislamiento no puede durar indefinidamente. Para los trabajadores, porque el hambre y la desesperación son más poderosos que la muerte. Y para los empresarios porque los negocios son más poderosos que la vida. Pero, cómo retornar a la normalidad con el menor costo para la salud y para la economía. La solución que comienzan a poner en práctica muchos países es simple, pero, a la vez, compleja y de gran riesgo: hacerlo progresivamente bajo la dirección de los médicos especialistas. A veces avanzar, a veces retroceder. Pero en ningún caso hacerlo prematuramente, sobre todo, sin practicar el número de pruebas diarias que garanticen que el contagio está disminuyendo de manera sostenida y sin olvidar que el virus va a rebrotar. De otro lado, la normalidad que nos espera será cualquier cosa menos normalidad. Y tampoco habrá festejos, como en la famosa novela sobre la peste de Albert Camus.
Algunos opinan que así debió haberse hecho desde el principio para que la producción no se hubiera paralizado tanto. Puede ser, pero no podemos saber cuántos contagiados hubieran habido. Y menos cuántos hubieran quedado incapacitados para trabajar ni por cuánto tiempo. De repente, las empresas hubieran resultado igual o más de afectadas. Y la pandemia no ha terminado, ni es posible predecir cuándo lo hará.
Hubo, incluso, quienes pidieron que no se impusiera ningún confinamiento, que se dejara a la naturaleza seguir su curso y por esta vía se obtuviera la llamada “inmunidad de rebaño”, que se alcanzaría por el contagio del 60 o 70 por ciento de la población, sin importar el precio en vidas humanas. En Honduras tal cosa significaría de 5 a 6 millones de infectados y de 500 a 600 mil muertos. En otras palabras, la misma prédica del fascismo, la sobrevivencia del más fuerte. Justo lo que quisieron hacer Trump, Johnson, Bolsonaro y otros. Solo los riesgos político electorales los hicieron ceder un poco.
Y, finalmente, todavía hay algunos, como antaño, que siguen confundiendo la religión con la ciencia. El consuelo con la cura. BBC Mundo, en su edición digital del pasado 18 de abril, trae una crónica sobre la gran epidemia, posiblemente de tifus, que azotó a Atenas en 450 a.C., en tiempo de Pericles, y en la que tuvo un papel muy destacado Hipócrates, el médico más famoso de la época, documentado por el historiador y militar ateniense Tucídides:
“En vez de recetar plegarias y rituales religiosos, hechizos y conjuros, o hierbas exóticas y remedios de curanderos, Hipócrates y sus contemporáneos visitaban a los pacientes enfermos, tomaban notas meticulosas de sus síntomas y hacían un registro de cómo respondían ante los tratamientos recomendados, tal como dormir, hacer ejercicio y seguir una dieta específica”.
Esto pasó casi dos mil quinientos años atrás, pero hace menos de un mes, en Estados Unidos un pastor se negó a cerrar su iglesia porque, aseguró: “Dios no va a permitir el virus en sus templos, solo muerto o en el hospital dejaría de predicar”. Pues bien, Gerald Gleen, que así se llamaba, se contagió y murió en el hospital. Otro proclamó que el virus solo atacaba a los homosexuales. Y también se contaminó él y su esposa.
Y aquí en Honduras, el cardenal Rodríguez llevó a la virgen de Suyapa en un helicóptero a volar sobre la capital. Los líderes de la Confraternidad Evangélica hicieron lo mismo, sin la virgen claro está, y uno de sus pastores de Ocotepeque sacrificó un cordero en su propia iglesia -suponemos que degollado como era lo usual- por lo que el presidente de la Confraternidad pidió perdón a los hondureños explicando que el acto había sido “incoherente”, que eso se hacía en la antigüedad, pero que en estos tiempos “ya no es necesario”.
Ya concluido este artículo, en medio del mayúsculo escándalo por el descarado robo en la compra de insumos para la pandemia, hoy el país fue golpeado por cuatro impactantes noticias que llevan al clímax la crisis que estamos viviendo: el conocido doctor Umaña de San Pedro Sula informó que la cifra de muertos por el coronavirus es mucho mayor que la que reconoce el gobierno y que ya estaríamos ocupando el primer lugar del mundo en tasa de mortalidad. La fiscalía de Nueva York presentó una acusación por narcotráfico contra el el “Tigre Bonilla”, en la que se involucra una vez más al Presidente de la República. La ex presidenta Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, denunció a Honduras y Venezuela por la falta de transparencia y utilizar la pandemia para perpetuarse en el poder. Y, por último, la Conferencia Episcopal emitió un nuevo pronunciamiento condenando la corrupción, la politización de la ayuda gubernamental y la ausencia de liderazgo gubernamental en la lucha contra el coronavirus.
¿Quién ahora puede desconocer que la presidencia de don Juan Orlando Hernández se ha convertido en el obstáculo principal para enfrentar la que posiblemente sea la mayor tragedia de nuestra historia? ¿Qué más hace falta para que este señor renuncie o, en cualquier otra forma, abandone el poder? Tegucigalpa, 30 de abril de 2020.
Diversas personalidades y no personalidades, incluyendo hondureñas, han insistido en que se ha exagerado la gravedad del coronavirus, causando un injustificado pánico y un gran perjuicio a la economía mundial. Y se suele comparar con el dengue, el cual -se afirma- causa más decesos cada año. El presidente Trump, maestro del disparate, invocó, como ejemplo, la mayor letalidad que existía en los accidentes automovilísticos para concluir, con retorcida lógica, que no por eso nadie piensa en cerrar las fábricas de vehículos. De paso, recomendó inyectarse con desinfectante, según dijo, para “eliminar el virus en un minuto”.
Quienes así piensan, a lo mejor no han reparado en que el gran temor de la gente, tanto o más que contagiarse y morir, obedece en buena medida a que la masiva propagación del virus se está produciendo por el contacto físico entre los seres humanos, vale decir, por la cercanía con nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos y desconocidos. De la noche a la mañana todos, sin excepción, nos hemos convertido mutuamente en potenciales enemigos mortales. Con un beso o un abrazo nos podemos asesinar entre nosotros mismos. Por ello, en todo el planeta el tejido social se está erosionando y la solidaridad se ve sometida a su prueba más crucial de los últimos cien años, quizás desde la pandemia de la gripe española de 1918. ¿Cómo, entonces, esperar que no haya pánico?
Es claro que el aislamiento no puede durar indefinidamente. Para los trabajadores, porque el hambre y la desesperación son más poderosos que la muerte. Y para los empresarios porque los negocios son más poderosos que la vida. Pero, cómo retornar a la normalidad con el menor costo para la salud y para la economía. La solución que comienzan a poner en práctica muchos países es simple, pero, a la vez, compleja y de gran riesgo: hacerlo progresivamente bajo la dirección de los médicos especialistas. A veces avanzar, a veces retroceder. Pero en ningún caso hacerlo prematuramente, sobre todo, sin practicar el número de pruebas diarias que garanticen que el contagio está disminuyendo de manera sostenida y sin olvidar que el virus va a rebrotar. De otro lado, la normalidad que nos espera será cualquier cosa menos normalidad. Y tampoco habrá festejos, como en la famosa novela sobre la peste de Albert Camus.
Algunos opinan que así debió haberse hecho desde el principio para que la producción no se hubiera paralizado tanto. Puede ser, pero no podemos saber cuántos contagiados hubieran habido. Y menos cuántos hubieran quedado incapacitados para trabajar ni por cuánto tiempo. De repente, las empresas hubieran resultado igual o más de afectadas. Y la pandemia no ha terminado, ni es posible predecir cuándo lo hará.
Hubo, incluso, quienes pidieron que no se impusiera ningún confinamiento, que se dejara a la naturaleza seguir su curso y por esta vía se obtuviera la llamada “inmunidad de rebaño”, que se alcanzaría por el contagio del 60 o 70 por ciento de la población, sin importar el precio en vidas humanas. En Honduras tal cosa significaría de 5 a 6 millones de infectados y de 500 a 600 mil muertos. En otras palabras, la misma prédica del fascismo, la sobrevivencia del más fuerte. Justo lo que quisieron hacer Trump, Johnson, Bolsonaro y otros. Solo los riesgos político electorales los hicieron ceder un poco.
Y, finalmente, todavía hay algunos, como antaño, que siguen confundiendo la religión con la ciencia. El consuelo con la cura. BBC Mundo, en su edición digital del pasado 18 de abril, trae una crónica sobre la gran epidemia, posiblemente de tifus, que azotó a Atenas en 450 a.C., en tiempo de Pericles, y en la que tuvo un papel muy destacado Hipócrates, el médico más famoso de la época, documentado por el historiador y militar ateniense Tucídides:
“En vez de recetar plegarias y rituales religiosos, hechizos y conjuros, o hierbas exóticas y remedios de curanderos, Hipócrates y sus contemporáneos visitaban a los pacientes enfermos, tomaban notas meticulosas de sus síntomas y hacían un registro de cómo respondían ante los tratamientos recomendados, tal como dormir, hacer ejercicio y seguir una dieta específica”.
Esto pasó casi dos mil quinientos años atrás, pero hace menos de un mes, en Estados Unidos un pastor se negó a cerrar su iglesia porque, aseguró: “Dios no va a permitir el virus en sus templos, solo muerto o en el hospital dejaría de predicar”. Pues bien, Gerald Gleen, que así se llamaba, se contagió y murió en el hospital. Otro proclamó que el virus solo atacaba a los homosexuales. Y también se contaminó él y su esposa.
Y aquí en Honduras, el cardenal Rodríguez llevó a la virgen de Suyapa en un helicóptero a volar sobre la capital. Los líderes de la Confraternidad Evangélica hicieron lo mismo, sin la virgen claro está, y uno de sus pastores de Ocotepeque sacrificó un cordero en su propia iglesia -suponemos que degollado como era lo usual- por lo que el presidente de la Confraternidad pidió perdón a los hondureños explicando que el acto había sido “incoherente”, que eso se hacía en la antigüedad, pero que en estos tiempos “ya no es necesario”.
Ya concluido este artículo, en medio del mayúsculo escándalo por el descarado robo en la compra de insumos para la pandemia, hoy el país fue golpeado por cuatro impactantes noticias que llevan al clímax la crisis que estamos viviendo: el conocido doctor Umaña de San Pedro Sula informó que la cifra de muertos por el coronavirus es mucho mayor que la que reconoce el gobierno y que ya estaríamos ocupando el primer lugar del mundo en tasa de mortalidad. La fiscalía de Nueva York presentó una acusación por narcotráfico contra el el “Tigre Bonilla”, en la que se involucra una vez más al Presidente de la República. La ex presidenta Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, denunció a Honduras y Venezuela por la falta de transparencia y utilizar la pandemia para perpetuarse en el poder. Y, por último, la Conferencia Episcopal emitió un nuevo pronunciamiento condenando la corrupción, la politización de la ayuda gubernamental y la ausencia de liderazgo gubernamental en la lucha contra el coronavirus.
¿Quién ahora puede desconocer que la presidencia de don Juan Orlando Hernández se ha convertido en el obstáculo principal para enfrentar la que posiblemente sea la mayor tragedia de nuestra historia? ¿Qué más hace falta para que este señor renuncie o, en cualquier otra forma, abandone el poder? Tegucigalpa, 30 de abril de 2020.