HONDURAS / ¡MÁS PRUEBAS CONTRA JOH! NARCOS VINCULADOS A “TONY” SE ENTREGAN A EE.UU.
- Publicado: 15 Junio 2020
La
lista de narcos que podrían declarar contra el gobernante hondureño,
Juan Hernández, sigue creciendo. Según reporte de Univision, dos primos
guatemaltecos que habrían presenciado el momento en que el narco
mexicano Joaquín Guzmán entregó un millón de dólares a Hernández, ahora
están bajo custodia de la justicia estadounidense.
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Dos primos guatemaltecos, que presuntamente presenciaron la entrega de $1 millón por parte de ‘El Chapo’ Guzmán para el presidente Hernández en 2013, están ahora bajo custodia estadounidense, según muestran los registros judiciales.
Los primos, Otto y Ronald Salguero, están vinculados con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y fueron acusados de conspirar con el ex congresista hondureño, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.
Tony Hernández fue condenado por cargos de tráfico de drogas en un juicio en Nueva York el otoño pasado y podría pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia está programada para el 16 de septiembre. Los fiscales lo acusaron de liderar “una sofisticada organización patrocinada por el estado [hondureño] que distribuyó cocaína durante años” y en el proceso convirtió a Honduras en “uno de los lugares más violentos del mundo”.
Un testigo clave en el juicio identificó a los primos Salguero como parte de los presentes en una reunión llevada a cabo en 2013 en El Paraíso, Honduras, en la que Guzmán supuestamente entregó un millón de dólares en efectivo a Tony Hernández como contribución a la campaña electoral de su hermano, Juan Orlando.
El testigo estrella de la fiscalía, el narcotraficante confeso y ex alcalde de El Paraíso, Alexander Ardon, le dijo al jurado que se reunió varias veces con el entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández para discutir el financiamiento de su campaña electoral en 2013 con dinero del narcotráfico.
El alcalde dijo que gastó 1.6 millones de dólares en la exitosa campaña de Hernández. “Ese dinero provino del producto del narcotráfico”, dijo ante la corte.
Ardon dijo que se reunió con ‘El Chapo’ y Tony Hernández alrededor de una mesa en la casa de Ardon en El Paraíso, la ciudad natal del alcalde cerca de la frontera con Guatemala, donde presuntamente se le entregó un millón de dólares a Tony Hernández en bolsas de plástico en efectivo, en paquetes de 50,000 y 100,000 dólares.
Operaron desde Amates, Izabal, Guatemala, cerca de la frontera con Honduras y, de acuerdo con los fiscales, recibirían envíos de Honduras para llevar a México para el Cartel de Sinaloa.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: “Como se alega, estos acusados conspiraron con funcionarios corruptos hondureños que pagaron sobornos para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa”.
Los Salguero se unen a una lista cada vez más larga de ex narcotraficantes que algún día podrían ser llamados a declarar contra el presidente Hernández.
El juicio de Tony Hernández capturó la atención nacional en Honduras, provocando protestas pidiendo la renuncia del presidente Hernández.
El presidente Hernández es un conspirador no acusado en el caso de su hermano. Ha negado repetidamente las acusaciones en su contra diciendo que eran “100% falsas, absurdas y ridículas … una locura de ‘Alicia en el País de las Maravillas'”.
Hernández dice que su gobierno se enfrentó valientemente a los narcotraficantes con “una estrategia transnacional contra el crimen” que incluía la extradición.
A pesar de las acusaciones en la corte, la administración Trump ha seguido elogiando los esfuerzos de Hernández para combatir el narcotráfico y el flujo de migrantes centroamericanos.
El cerco tendido por la justicia de EE.UU. va asfixiando
cada día al titular del Ejecutivo nacionalista, Juan Orlando Hernández,
ya que el exdirector de la Policía Juan Carlos el Tigre Bonilla está
dando información respecto a su papel en la estructura criminal que
dirigió en su momento el exjefe narco Tony Hernández.
Aunque se daba por descontado que Bonilla se defendería en libertad, Radio Globo y ConfidencialHN fueron informados que el comisionado en condición de retiro se encuentra detenido en una prisión mientras se dirime la causa en su contra; a pesar de su encierro, ha estado colaborando de manera activa con la fiscalía federal de Nueva York que le implicaría varios beneficios a futuro como una sustancial reducción de la condena.
Los relatos del Tigre, más la entrega de evidencias de un sujeto que procesó la droga a Tony y su agrupación mafiosa, incluyendo las narcolibretas del fallecido Magdaleno Meza, así como el papel jugado por el exjefe policial Ramón Sabillón (que será considerado como un testigo estrella) en la desarticulación del cártel de los hermanos Valle Valle, sería el clímax de varios años de investigación que desembocarían en el inminente pedido de extradición contra Hernández, quien se resiste a dejar Casa Presidencial porque tiene conciencia que sus últimos días podría pasarlos en la cárcel.
Sin embargo, esa solicitud enfrentará un escollo, en el sentido que el líder nacionalista goza de inmunidad por su investidura de gobernante, lo que impediría que se pudiera presentar ante las autoridades judiciales norteamericanas mientras ejerza la titularidad del Ejecutivo.
Uno de los informantes vinculados a la DEA confió a ambos medios que el fiscal Geoffrey Berman describió a Bonilla como un sicario que estuvo al servicio de los Hernández y los Valle Valle, por lo que ya tiene todo listo para acusar criminalmente al jefe de Estado y solicitar al tribunal federal de Manhattan su extradición ya que conspiró para introducir droga a EE.UU., facilitó medios sobre el trasiego de estupefacientes y puso a diposición de los cárteles a las fuerzas de seguridad y defensa con la finalidad de permitir que toneladas de cocaína pudieran llegar el país del norte.
Cabe recordar que el exjefe policial decidió entregarse de manera voluntaria a la justicia norteamericana luego que Berman le imputara cargos de narcotráfico, aunque negó hasta el último momento tener vinculación con el exparlamentario nacionalista, quien espera ser sentenciado en septiembre próximo por el juez Kevin Castel.
Los apoderados del ex alto oficial negaron que su cliente se hubiera marchado a EE.UU. a pesar de que nunca lo presentaron al público para desvirtuar las investigaciones de Radio Globo y ConfidencialHN sobre su salida hacia aquel país; personas familiarizadas con el tema dijeron que Bonilla fue extraído de su vivienda ubicada en la periferia sur capitalina través de varios vehículos blindados, en una operación secreta, siendo trasladado hacia Nicaragua y posteriormente a Nueva York.
En aquel momento, el exjefe policial supo que era sujeto de vigilancia por los aparatos de inteligencia del Estado y temía ser capturado o liquidado por la información que tiene en sus manos y cuya revelación pondrá en jaque a la clase política en sus relaciones con los cárteles de la droga.
Las últimas comparecencias que realizó Bonilla fueron en varios noticieros locales y aseveró en sus intervenciones que «esto va a retumbar, voy a decir la verdad con relación al narcotráfico» y añadió que «nunca fui mandadero de un político».
«No tengo ni he tenido relación alguna, con el fin de delinquir, con el narcotraficante convicto Juan Antonio Hernández, ni con su hermano u otros delincuentes mencionados en los testimonios y alegatos de la Corte Federal de Estados Unidos», aclaró en un boletín.
Advirtió en esas ocasiones que “voy a decir todo lo que sé sobre el narcotráfico en el país, no puede ser que un narcotraficante lo acuse a uno, pero hay que enfrentarse y demostrar los hechos”.
Fuente: https://confidencialhn.com/ joh-a-un-paso-de-ser-acusado- por-ee-uu-por-vinculos-con-el- narco-el-tigre-aporta- informacion-desde-una-carcel- federal/
Agencias / EL LIBERTADOR
Jeff Ernest y David C. Adams
La
cadena internacional Univision, ha reportado en las últimas horas que
Otto y Ronald Salguero, ambos de origen guatemalteco, se han entregado a
la justicia de Estados Unidos y podrían declarar contra el gobernante
Juan Hernández, ya que estuvieron presentes en una reunión donde el
excapo mexicano, Joaquín “el Chapo” Guzmán entregó un millón de dólares
para pagar la campaña política de 2013.
A continuación, EL LIBERTADOR reproduce íntegramente el artículo publicado este lunes:
Dos
primos guatemaltecos que fueron acusados por fiscales federales de
Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas en diciembre, parecen
haberse entregado a las autoridades según documentos judiciales que
muestran que están programados para ser procesados en la corte de Nueva
York a finales de esta semana.
Los
primos, Otto y Ronald Salguero, están vinculados con el ex líder del
Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y fueron acusados de
conspirar con el ex congresista hondureño, Juan Antonio 'Tony'
Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.
Tony
Hernández fue condenado por cargos de tráfico de drogas en un juicio en
Nueva York el otoño pasado y podría pasar el resto de su vida en
prisión. Su sentencia está programada para el 16 de septiembre. Los
fiscales lo acusaron de liderar "una sofisticada organización
patrocinada por el Estado [hondureño] que distribuyó cocaína durante
años" y en el proceso convirtió a Honduras en "uno de los lugares más
violentos del mundo".
Un
testigo clave en el juicio identificó a los primos Salguero como parte
de los presentes en una reunión llevada a cabo en 2013 en El Paraíso,
Honduras, en la que Guzmán supuestamente entregó un millón de dólares en
efectivo a Tony Hernández como contribución a la campaña electoral de
su hermano, Juan Orlando.
El
testigo estrella de la fiscalía, el narcotraficante confeso y ex
alcalde de El Paraíso, Alexander Ardon, le dijo al jurado que se reunió
varias veces con el entonces candidato presidencial Juan Orlando
Hernández para discutir el financiamiento de su campaña electoral en
2013 con dinero del narcotráfico.
El
alcalde dijo que gastó 1.6 millones de dólares en la exitosa campaña de
Hernández. "Ese dinero provino del producto del narcotráfico", dijo
ante la corte.
Ardon
dijo que se reunió con 'El Chapo' y Tony Hernández alrededor de una
mesa en la casa de Ardon en El Paraíso, la ciudad natal del alcalde
cerca de la frontera con Guatemala, donde presuntamente se le entregó un
millón de dólares a Tony Hernández en bolsas de plástico en efectivo,
en paquetes de 50,000 y 100,000 dólares.
Operaron
desde Amates, Izabal, Guatemala, cerca de la frontera con Honduras y,
de acuerdo con los fiscales, recibirían envíos de Honduras para llevar a
México para el Cartel de Sinaloa.
El
fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: “Como se alega,
estos acusados conspiraron con funcionarios corruptos hondureños que
pagaron sobornos para facilitar la importación a los Estados Unidos de
grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa”.
Los
Salguero se unen a una lista cada vez más larga de ex narcotraficantes
que algún día podrían ser llamados a declarar contra el presidente
Hernández.
El
juicio de Tony Hernández capturó la atención nacional en Honduras,
provocando protestas pidiendo la renuncia del presidente Hernández.
El
presidente Hernández es un conspirador no acusado en el caso de su
hermano. Ha negado repetidamente las acusaciones en su contra diciendo
que eran "100% falsas, absurdas y ridículas... una locura de 'Alicia en
el País de las Maravillas'".
Hernández
dice que su gobierno se enfrentó valientemente a los narcotraficantes
con "una estrategia transnacional contra el crimen" que incluía la
extradición.
A
pesar de las acusaciones en la corte, la administración Trump ha
seguido elogiando los esfuerzos de Hernández para combatir el
narcotráfico y el flujo de migrantes centroamericanos.
Publicado el 15 Junio, 2020
Dos primos guatemaltecos, que presuntamente presenciaron la entrega de $1 millón por parte de ‘El Chapo’ Guzmán para el presidente Hernández en 2013, están ahora bajo custodia estadounidense, según muestran los registros judiciales.
Los primos, Otto y Ronald Salguero, están vinculados con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y fueron acusados de conspirar con el ex congresista hondureño, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.
Tony Hernández fue condenado por cargos de tráfico de drogas en un juicio en Nueva York el otoño pasado y podría pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia está programada para el 16 de septiembre. Los fiscales lo acusaron de liderar “una sofisticada organización patrocinada por el estado [hondureño] que distribuyó cocaína durante años” y en el proceso convirtió a Honduras en “uno de los lugares más violentos del mundo”.
Un testigo clave en el juicio identificó a los primos Salguero como parte de los presentes en una reunión llevada a cabo en 2013 en El Paraíso, Honduras, en la que Guzmán supuestamente entregó un millón de dólares en efectivo a Tony Hernández como contribución a la campaña electoral de su hermano, Juan Orlando.
El testigo estrella de la fiscalía, el narcotraficante confeso y ex alcalde de El Paraíso, Alexander Ardon, le dijo al jurado que se reunió varias veces con el entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández para discutir el financiamiento de su campaña electoral en 2013 con dinero del narcotráfico.
El alcalde dijo que gastó 1.6 millones de dólares en la exitosa campaña de Hernández. “Ese dinero provino del producto del narcotráfico”, dijo ante la corte.
Ardon dijo que se reunió con ‘El Chapo’ y Tony Hernández alrededor de una mesa en la casa de Ardon en El Paraíso, la ciudad natal del alcalde cerca de la frontera con Guatemala, donde presuntamente se le entregó un millón de dólares a Tony Hernández en bolsas de plástico en efectivo, en paquetes de 50,000 y 100,000 dólares.
Operaron desde Amates, Izabal, Guatemala, cerca de la frontera con Honduras y, de acuerdo con los fiscales, recibirían envíos de Honduras para llevar a México para el Cartel de Sinaloa.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: “Como se alega, estos acusados conspiraron con funcionarios corruptos hondureños que pagaron sobornos para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa”.
Los Salguero se unen a una lista cada vez más larga de ex narcotraficantes que algún día podrían ser llamados a declarar contra el presidente Hernández.
El juicio de Tony Hernández capturó la atención nacional en Honduras, provocando protestas pidiendo la renuncia del presidente Hernández.
El presidente Hernández es un conspirador no acusado en el caso de su hermano. Ha negado repetidamente las acusaciones en su contra diciendo que eran “100% falsas, absurdas y ridículas … una locura de ‘Alicia en el País de las Maravillas'”.
Hernández dice que su gobierno se enfrentó valientemente a los narcotraficantes con “una estrategia transnacional contra el crimen” que incluía la extradición.
A pesar de las acusaciones en la corte, la administración Trump ha seguido elogiando los esfuerzos de Hernández para combatir el narcotráfico y el flujo de migrantes centroamericanos.
Publicado el 15 Junio, 2020
Aunque se daba por descontado que Bonilla se defendería en libertad, Radio Globo y ConfidencialHN fueron informados que el comisionado en condición de retiro se encuentra detenido en una prisión mientras se dirime la causa en su contra; a pesar de su encierro, ha estado colaborando de manera activa con la fiscalía federal de Nueva York que le implicaría varios beneficios a futuro como una sustancial reducción de la condena.
Los relatos del Tigre, más la entrega de evidencias de un sujeto que procesó la droga a Tony y su agrupación mafiosa, incluyendo las narcolibretas del fallecido Magdaleno Meza, así como el papel jugado por el exjefe policial Ramón Sabillón (que será considerado como un testigo estrella) en la desarticulación del cártel de los hermanos Valle Valle, sería el clímax de varios años de investigación que desembocarían en el inminente pedido de extradición contra Hernández, quien se resiste a dejar Casa Presidencial porque tiene conciencia que sus últimos días podría pasarlos en la cárcel.
Sin embargo, esa solicitud enfrentará un escollo, en el sentido que el líder nacionalista goza de inmunidad por su investidura de gobernante, lo que impediría que se pudiera presentar ante las autoridades judiciales norteamericanas mientras ejerza la titularidad del Ejecutivo.
Uno de los informantes vinculados a la DEA confió a ambos medios que el fiscal Geoffrey Berman describió a Bonilla como un sicario que estuvo al servicio de los Hernández y los Valle Valle, por lo que ya tiene todo listo para acusar criminalmente al jefe de Estado y solicitar al tribunal federal de Manhattan su extradición ya que conspiró para introducir droga a EE.UU., facilitó medios sobre el trasiego de estupefacientes y puso a diposición de los cárteles a las fuerzas de seguridad y defensa con la finalidad de permitir que toneladas de cocaína pudieran llegar el país del norte.
Cabe recordar que el exjefe policial decidió entregarse de manera voluntaria a la justicia norteamericana luego que Berman le imputara cargos de narcotráfico, aunque negó hasta el último momento tener vinculación con el exparlamentario nacionalista, quien espera ser sentenciado en septiembre próximo por el juez Kevin Castel.
Los apoderados del ex alto oficial negaron que su cliente se hubiera marchado a EE.UU. a pesar de que nunca lo presentaron al público para desvirtuar las investigaciones de Radio Globo y ConfidencialHN sobre su salida hacia aquel país; personas familiarizadas con el tema dijeron que Bonilla fue extraído de su vivienda ubicada en la periferia sur capitalina través de varios vehículos blindados, en una operación secreta, siendo trasladado hacia Nicaragua y posteriormente a Nueva York.
En aquel momento, el exjefe policial supo que era sujeto de vigilancia por los aparatos de inteligencia del Estado y temía ser capturado o liquidado por la información que tiene en sus manos y cuya revelación pondrá en jaque a la clase política en sus relaciones con los cárteles de la droga.
Las últimas comparecencias que realizó Bonilla fueron en varios noticieros locales y aseveró en sus intervenciones que «esto va a retumbar, voy a decir la verdad con relación al narcotráfico» y añadió que «nunca fui mandadero de un político».
«No tengo ni he tenido relación alguna, con el fin de delinquir, con el narcotraficante convicto Juan Antonio Hernández, ni con su hermano u otros delincuentes mencionados en los testimonios y alegatos de la Corte Federal de Estados Unidos», aclaró en un boletín.
Advirtió en esas ocasiones que “voy a decir todo lo que sé sobre el narcotráfico en el país, no puede ser que un narcotraficante lo acuse a uno, pero hay que enfrentarse y demostrar los hechos”.
Fuente: https://confidencialhn.com/
EE.UU. LIGA A JOH CON NARCO; ÉL CUESTIONA CREDIBILIDAD
- Publicado: 01 Mayo 2020
La
acusación de la justicia estadounidense apunta que el exjefe de la
Policía hondureña, Juan Carlos Bonilla, participó en la conspiración
para el envío de droga a EE.UU. así como en el exterminio de rivales a
las operaciones de los hermanos “Tony” y Juan Hernández Alvarado, hecho
que desde ayer acapara los titulares de la prensa en el mundo.
La
respuesta del gobernante Juan Hernández, llegó muchas horas más tarde, a
eso de las 9:00 de la noche el Twitter oficial de Casa Presidencial
divulgó un comunicado alegando que las “acusaciones provenientes de
narcotraficantes confesos no son creíbles”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
narcotráfico en Honduras volvió a acaparar las primeras planas de la
prensa en el mundo, una nueva acusación del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, librada contra una personalidad en el país de nuevo
vincula al convicto Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado y a su
hermano, el gobernante Juan Hernández.
Ayer,
desde muy temprano el nombre de Juan Carlos “el Tigre” Bonilla hizo eco
en los diferentes medios de comunicación, señalado por cinco delitos
que lo anexan al caso de “Tony”: conspiración para el envío de droga,
posesión y transporte de ametralladoras y dispositivos destructivos.
La
investigación desglosa que en algún momento de 2010, “Tony” confeso a
un testigo que junto a “CC-4” (seudónimo con el que se identifica a Juan
Hernández) influyeron para que “el Tigre” escalara posiciones en la
policía y que posteriormente éste “protegió sus actividades de tráfico
de drogas a cambio”. Bonilla incluso actuó como sicario, según la
justicia estadounidense.
Nota de interés: “HONDURAS CANTA”, EE.UU. VINCULA AL “TIGRE” CON CASO “TONY”
En
tanto, el cuestionado gobernante no se pronunció hasta el final del
día, a eso de las 9:00 de la noche la cuenta en Twitter de Casa
Presidencial, divulgó un comunicado en el que alega que las acusaciones
en su contra “son 100% falsas”.
En
este pronunciamiento, el régimen ha retomado el desgastado discurso de
ser el presidente que aprobó la extradición de narcos a EE.UU. y que los
testimonios de éstos son una venganza. “Las acusaciones de
narcotraficantes confesos no son creíbles”.
A
pesar que se insiste en desacreditar la veracidad en las
investigaciones del Departamento de Justicia, su hermano “Tony”,
calificado como “un narcotraficante a gran escala” fue encontrado
culpable y guarda prisión esperando la audiencia del 29 de junio donde
conocerá su condena.
“HONDURAS CANTA”, EE.UU. VINCULA AL “TIGRE” CON CASO “TONY”
- Publicado: 30 Abril 2020
Este
jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha levantado
una acusación contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el
Tigre” Bonilla, a quien califican como un forajido luego que la
investigación revelara que participó en la conspiración del “congresista
convicto Tony Hernández y su hermano el presidente”.
La
investigación desglosa que en algún momento de 2010, “Tony” confeso a
un testigo que junto a “CC-4” influyeron para que “el Tigre” escalara
posiciones en la policía y que posteriormente éste “protegió sus
actividades de tráfico de drogas a cambio”.
Presuntamente,
Bonilla Valladares abusó de su posición oficial para proteger los
envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una
conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y
miembros de la Policía, crímenes que “podrían enviarlo a una prisión
estadounidense de por vida”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
New York.
El fiscal para el Distrito Sur de New York, Geoffrey S. Berman y la
agente especial de la DEA, Wendy Woolcock han presentado una acusación
contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares,
por conspirar para el envió de droga a Estados Unidos y otros delitos
relacionados con armas de gran poder destructivo.
Según
el fiscal Berman, “el Tigre” Bonilla “abusó de sus cargos en la policía
hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una
violenta conspiración internacional de narcotráfico. Como se alega, en
nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano
el presidente”.
De
acuerdo con la investigación, Bonilla supervisó el transbordo de cargas
de cocaína de varias toneladas con destino a EE.UU., “utilizó
ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia
extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la
conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y
acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense
de por vida".
En
tanto la agente Woolcock, dijo que el exjefe de policía supuestamente
usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para
él “y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente
conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados
Unidos”.
Y
agregó: “Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del
juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de
Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada
por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la
justicia”.
Según
la acusación contra Bonilla, se refuerza con la evidencia presentada y
declaraciones vertidas en octubre de 2019, en el juicio de Juan Antonio
Hernández Alvarado y, apunta la indagación, entre 2003 y 2020, varias
organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares,
colaboraron con apoyo de individuos públicos y privados prominentes
“incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley”.
Esta
estructura fue organizada “para recibir cargas de cocaína de varias
toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y
Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las
drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y
eventualmente a los Estados Unidos”.
El
documento relata que para protegerse de la interferencia de las fuerzas
del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras,
los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios, incluidos ciertos
presidentes y miembros del Congreso Nacional de Honduras.
Entre
estos sobornados, el texto incluye a Bonilla Valladares: “Por ejemplo,
después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva
York, el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue
condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas
relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos
contra BONILLA VALLADARES”.
El
informe apunta el periodo de servicio del “Tigre”, quien fue miembro de
la Policía Nacional entre 1985 y 2016: “Durante su mandato, ocupó
cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad
sobre ubicaciones en el oeste de Honduras que eran estratégicamente
importantes para los narcotraficantes, y Jefe de la Policía Nacional de
Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente
2013”.
“BONILLA
VALLADARES explotó corruptamente estas posiciones oficiales para
facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el
asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes
políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández
Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, ex
congresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace
referencia en la demanda de acusado de BONILLA VALLADARES como ‘CC-4’”.
La
investigación desglosa que en algún momento de 2010, “Tony” le dijo a
un testigo identificado como “CW-1” que él y “CC-4” ayudaron a Bonilla a
avanzar en su posición a lo interno de la Policía Nacional y que éste
se comprometió desde la institución a proteger sus actividades de
tráfico de droga. El texto relata que tanto “Tony” como “CC-4” confiaron
en el “Tigre” para tareas especiales y asesinato.
“En
o alrededor de julio de 2011, BONILLA VALLADARES participó en el
asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y
otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández
Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a
través de una región del oeste de Honduras cerca de la frontera con
Guatemala”.
“Afirmando
que investigó el asesinato en ese momento, BONILLA VALLADARES habría
informado a un miembro de los medios, en esencia, que el asesinato fue
un ataque sorpresa bien planeado que se había llevado a cabo de manera
eficiente y que los autores habían limpiado a fondo la escena del
crimen. Según los informes, BONILLA VALLADARES agregó que los autores
del asesinato habían utilizado lanzagranadas de 40 milímetros, rifles de
asalto M-16 y rifles de asalto Galil”.
Lea el informe completo: Departamento de Justicia.
Sentencia de Tony Hernández será el 16 de septiembre
Tomado de: ProHondurasNetwork
Este jueves, el juez Kevin Cartel respondió la petición realizada por el abogado Peter Brill, abogado que actualmente está a cargo de la defensa de Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Hernández.
Peter Brill solicitó más tiempo previo a la sentencia, justificando la modificación en la poca o nula comunicación que ha podido sostener con su cliente debido a la situación que se vive en New York, por la pandemia del COVID-19.
Brill afirmó no haberse reunido con su cliente hasta el momento y solicitó más tiempo para presentar la documentación previa ante la sentencia.
El alegato del abogado defensor se basa en que no ha habido visitas en persona, sólo la capacidad de hablar por teléfono durante cortos períodos de tiempo en circunstancias no ideales.
La nueva fecha para que se lleve a cabo la sentencia de Tony es el 16 de septiembre de 2020 a las 11 am. La fecha de sentencia se ha venido modificando varias ocasiones, inicialmente por conflictos de Tony con sus abogado y en esta ocasión en particular por la crisis que se vive en New York, ciudad que se ha convertido en el foco de coronavirus a nivel mundial.
Cabe señalar que a pesar de las reiteradas ocasiones en que se ha modificado la fecha para la audiencia de sentencia, Tony sigue en una cárcel federal de máxima seguridad y sin importar la fecha en que se realice dicha audiencia, no cambiará el veredicto del jurado quien encontró culpable a Hernández de los cuatro cargos de los que inicialmente se le acusó.
Al momento en que se fije la sentencia que podría llegar a ser hasta de cadena perpetua, el tiempo que ya ha cumplido en la cárcel se resta de la condena que el juez estipule.
Todo empezó en marzo pasado cuando la dictadura, que para ese
momento había perdido todo chance de comunicarse con la población,
recibió el Covid19 en bandeja de plata.
En aquellos días, Juan Orlando Hernández estaba invisible, opacado en las sombras, esperando la sentencia de su hermano Tonny o algún evento fortuito que representara una oportunidad. Y llegó.
En los tres meses y medio transcurridos lo más relevante es haber tenido 100 mil millones de lempiras para una emergencia que apenas empieza ahora, justo cuando no hay ni rastros de aquél dineral.
Y no menos relevante es la nueva entrada en vigencia de un código penal despreciable que nadie quiere, excepto los delincuentes que lavan dinero, los corruptos que roban fondos públicos, los criminales que trafican con drogas y fabrican el miedo a la libertad en laboratorios clandestinos.
La próxima semana ese código estará frente a una población que no quiere reformarlo, quiere eliminarlo. Y una élite delincuencial que quiere imponerlo por sus pistolas; en efecto, con los fusiles de las fuerzas armadas de ocupación, mercenarias.
Una ley como esta no es producto del consenso social ni la expresión de los pesos y contrapesos políticos de la sociedad. Es una imposición unilateral de un grupo armado que tomó control del Estado por la fuerza de las armas en 2009. Y que quiere impunidad permanente frente a las evidencias de los delitos cometidos. Así de claro.
La entrada en vigencia del código de la impunidad y la corrupción será un factor adicional a la inestabilidad que sufre Honduras hace 11 años y hasta podría ser un nuevo detonante de la interminable crisis que se traduce en violencias, violaciones, emigraciones y una terrible desigualdad que estremece.
Por eso hay quienes inclusive piensan que se debería dejar correr su vigencia, para que el país se levante en llamas hasta la purificación que le hace falta. La revolución que ponga en su lugar las placas que están desbalanceadas.
El Cofadeh es del criterio que ese código debe ser parado constitucionalmente y hacer uno de verdad con los ciudadanos y no con los abogados, con las mujeres y no con las iglesias, con los libre pensadores y no con los técnicos del fondo monetario o de cooperantes intervencionistas.
El sacrificio de tener una dictadura como interlocutora y no un gobierno democrático es enorme para la sociedad hondureña. Como hemos repetido sin cansarnos, de esta mascarada son responsables la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Los mismos polos de poder que sostienen una banda de crimen organizado a la que llaman gobierno después de los fraudes monumentales de 2013 y 2017.
Este fraude de gobierno es el mismo que nos tiene en las actuales circunstancias de reapertura inteligente en el pico más alto de los contagios por Covid19, precisamente en el momento cuando los hospitales no pueden más.
Aquí nadie se pierde. Este régimen pirujo llama héroes a los que sobreviven, irresponsables a los que se contagian e inteligentes a los que roban. Y experimentan con nixtamal para satisfacer al loco Trump.
La reapertura de la economía en estas circunstancias es una moneda al aire. Una cara salva 400 mil empleos que estaban en peligro de perderse y la otra se traga en bienes y servicios el décimo cuarto mes de salario. Es cara o cara. Y bien cara.
El discurso de los médicos en el seguro social, en el hospital universitario, San Felipe y Torax, en los congestionados Rivas y Martínez en el Norte, es el mismo. No tenemos personal y estamos al máximo de nuestra capacidad. Y es ahí donde va el pueblo. El pueblo no puede ir a los centros médicos privados, a los hospitales de la élite ni al de los militares, la otra élite.
Estamos frente a una violación grave de derechos humanos en el terreno de la salud. El Estado es responsable de esta situación. Y había sido advertido. No pongan a los militares a administrar la crisis y no dejen a los corruptos dirigir las adquisiciones.
En el momento máximo de la emergencia ni tenemos hospitales móviles ni personal calificado contratado ni equipos suficientes. En realidad no tenemos nada. Lo que tenemos es un nuevo grupo de millonarios.
Eso no es irresponsabilidad. Eso es violación de derechos humanos.
La población debe estar alerta. Cuidarse. Protegerse mutuamente. Sobrevivir y esperar el instante para cobrárselas todas juntas delante de esta manada de cobardes.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 13 de junio de 2020
Este jueves, el juez Kevin Cartel respondió la petición realizada por el abogado Peter Brill, abogado que actualmente está a cargo de la defensa de Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Hernández.
Peter Brill solicitó más tiempo previo a la sentencia, justificando la modificación en la poca o nula comunicación que ha podido sostener con su cliente debido a la situación que se vive en New York, por la pandemia del COVID-19.
Brill afirmó no haberse reunido con su cliente hasta el momento y solicitó más tiempo para presentar la documentación previa ante la sentencia.
El alegato del abogado defensor se basa en que no ha habido visitas en persona, sólo la capacidad de hablar por teléfono durante cortos períodos de tiempo en circunstancias no ideales.
La nueva fecha para que se lleve a cabo la sentencia de Tony es el 16 de septiembre de 2020 a las 11 am. La fecha de sentencia se ha venido modificando varias ocasiones, inicialmente por conflictos de Tony con sus abogado y en esta ocasión en particular por la crisis que se vive en New York, ciudad que se ha convertido en el foco de coronavirus a nivel mundial.
Cabe señalar que a pesar de las reiteradas ocasiones en que se ha modificado la fecha para la audiencia de sentencia, Tony sigue en una cárcel federal de máxima seguridad y sin importar la fecha en que se realice dicha audiencia, no cambiará el veredicto del jurado quien encontró culpable a Hernández de los cuatro cargos de los que inicialmente se le acusó.
Al momento en que se fije la sentencia que podría llegar a ser hasta de cadena perpetua, el tiempo que ya ha cumplido en la cárcel se resta de la condena que el juez estipule.
En aquellos días, Juan Orlando Hernández estaba invisible, opacado en las sombras, esperando la sentencia de su hermano Tonny o algún evento fortuito que representara una oportunidad. Y llegó.
En los tres meses y medio transcurridos lo más relevante es haber tenido 100 mil millones de lempiras para una emergencia que apenas empieza ahora, justo cuando no hay ni rastros de aquél dineral.
Y no menos relevante es la nueva entrada en vigencia de un código penal despreciable que nadie quiere, excepto los delincuentes que lavan dinero, los corruptos que roban fondos públicos, los criminales que trafican con drogas y fabrican el miedo a la libertad en laboratorios clandestinos.
La próxima semana ese código estará frente a una población que no quiere reformarlo, quiere eliminarlo. Y una élite delincuencial que quiere imponerlo por sus pistolas; en efecto, con los fusiles de las fuerzas armadas de ocupación, mercenarias.
Una ley como esta no es producto del consenso social ni la expresión de los pesos y contrapesos políticos de la sociedad. Es una imposición unilateral de un grupo armado que tomó control del Estado por la fuerza de las armas en 2009. Y que quiere impunidad permanente frente a las evidencias de los delitos cometidos. Así de claro.
La entrada en vigencia del código de la impunidad y la corrupción será un factor adicional a la inestabilidad que sufre Honduras hace 11 años y hasta podría ser un nuevo detonante de la interminable crisis que se traduce en violencias, violaciones, emigraciones y una terrible desigualdad que estremece.
Por eso hay quienes inclusive piensan que se debería dejar correr su vigencia, para que el país se levante en llamas hasta la purificación que le hace falta. La revolución que ponga en su lugar las placas que están desbalanceadas.
El Cofadeh es del criterio que ese código debe ser parado constitucionalmente y hacer uno de verdad con los ciudadanos y no con los abogados, con las mujeres y no con las iglesias, con los libre pensadores y no con los técnicos del fondo monetario o de cooperantes intervencionistas.
El sacrificio de tener una dictadura como interlocutora y no un gobierno democrático es enorme para la sociedad hondureña. Como hemos repetido sin cansarnos, de esta mascarada son responsables la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Los mismos polos de poder que sostienen una banda de crimen organizado a la que llaman gobierno después de los fraudes monumentales de 2013 y 2017.
Este fraude de gobierno es el mismo que nos tiene en las actuales circunstancias de reapertura inteligente en el pico más alto de los contagios por Covid19, precisamente en el momento cuando los hospitales no pueden más.
Aquí nadie se pierde. Este régimen pirujo llama héroes a los que sobreviven, irresponsables a los que se contagian e inteligentes a los que roban. Y experimentan con nixtamal para satisfacer al loco Trump.
La reapertura de la economía en estas circunstancias es una moneda al aire. Una cara salva 400 mil empleos que estaban en peligro de perderse y la otra se traga en bienes y servicios el décimo cuarto mes de salario. Es cara o cara. Y bien cara.
El discurso de los médicos en el seguro social, en el hospital universitario, San Felipe y Torax, en los congestionados Rivas y Martínez en el Norte, es el mismo. No tenemos personal y estamos al máximo de nuestra capacidad. Y es ahí donde va el pueblo. El pueblo no puede ir a los centros médicos privados, a los hospitales de la élite ni al de los militares, la otra élite.
Estamos frente a una violación grave de derechos humanos en el terreno de la salud. El Estado es responsable de esta situación. Y había sido advertido. No pongan a los militares a administrar la crisis y no dejen a los corruptos dirigir las adquisiciones.
En el momento máximo de la emergencia ni tenemos hospitales móviles ni personal calificado contratado ni equipos suficientes. En realidad no tenemos nada. Lo que tenemos es un nuevo grupo de millonarios.
Eso no es irresponsabilidad. Eso es violación de derechos humanos.
La población debe estar alerta. Cuidarse. Protegerse mutuamente. Sobrevivir y esperar el instante para cobrárselas todas juntas delante de esta manada de cobardes.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 13 de junio de 2020
Responsabilizándolos del repunte en contagios, gobierno cierra seis mercados capitalinos
junio 19, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.H redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Sin gestionar una solución inteligente, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), ordenó el cierre de seis mercados capitalinos, adjudicándoles la responsabilidad de representar un foco de contagios por ocasionar aglomeraciones comerciales en el distrito central.
La ordenanza de SINAGER, consentida por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), decidió un cierre momentáneo en las actividades comerciales de los mercados: Zonal Belén, Las Américas, Colón, San Isidro, Mama Chepa y San Miguel.
En su decisión, SINAGER también informó que en el cierre de operaciones, se exceptúan los mercados: San Pablo, Jacaleapa, Perisur y las Ferias del Agricultor ubicadas frente al Estadio Nacional y colonia Villa Nueva.
En este contexto, el presidente del mercado Zonal Belén, Rafael Sánchez, criticó el argumento de buscar un culpable en los mercados capitalinos. Sánchez explicó que de seguir con la suspensión de los mercados, el sustento de miles de familias se verá afectado, ya que “solo en el mercado Zonal Belén son 1278 adjudicatarios, hay más de 5 mil empleados”, dijo.
Por lo que en los próximos días, anunció que estarán presentando ante SINAGER, un plan para reapertura de sus actividades económicas bajo medidas más estricticas bioseguridad laboral.
Además de ser un actor protagónico en el motor económico de la capital hondureña, los seis mercados afectados, también constituyen un medio de subsistencia para miles de familias capitalinas que ante el desempleo ven en el comercio de los mercados populares una salida a la angustiante realidad económica de país.
Sin embargo, desde la declaratoria de estado de emergencia, los mercados capitalinos han tenido una minúscula consideración en decisiones de gobierno orientadas a preservar el funcionamiento de la actividad económica.
Precisamente, destaca lo que organismos como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), han analizado al cuestionar que en el plan de reactivación económica, las autoridades olvidaron una estrategia para apoyar a los locatarios de los mercados con el suministro de medidas de bioseguridad laboral.
Tegucigalpa. Sin gestionar una solución inteligente, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), ordenó el cierre de seis mercados capitalinos, adjudicándoles la responsabilidad de representar un foco de contagios por ocasionar aglomeraciones comerciales en el distrito central.
La ordenanza de SINAGER, consentida por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), decidió un cierre momentáneo en las actividades comerciales de los mercados: Zonal Belén, Las Américas, Colón, San Isidro, Mama Chepa y San Miguel.
En su decisión, SINAGER también informó que en el cierre de operaciones, se exceptúan los mercados: San Pablo, Jacaleapa, Perisur y las Ferias del Agricultor ubicadas frente al Estadio Nacional y colonia Villa Nueva.
En este contexto, el presidente del mercado Zonal Belén, Rafael Sánchez, criticó el argumento de buscar un culpable en los mercados capitalinos. Sánchez explicó que de seguir con la suspensión de los mercados, el sustento de miles de familias se verá afectado, ya que “solo en el mercado Zonal Belén son 1278 adjudicatarios, hay más de 5 mil empleados”, dijo.
Por lo que en los próximos días, anunció que estarán presentando ante SINAGER, un plan para reapertura de sus actividades económicas bajo medidas más estricticas bioseguridad laboral.
Además de ser un actor protagónico en el motor económico de la capital hondureña, los seis mercados afectados, también constituyen un medio de subsistencia para miles de familias capitalinas que ante el desempleo ven en el comercio de los mercados populares una salida a la angustiante realidad económica de país.
Sin embargo, desde la declaratoria de estado de emergencia, los mercados capitalinos han tenido una minúscula consideración en decisiones de gobierno orientadas a preservar el funcionamiento de la actividad económica.
Precisamente, destaca lo que organismos como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), han analizado al cuestionar que en el plan de reactivación económica, las autoridades olvidaron una estrategia para apoyar a los locatarios de los mercados con el suministro de medidas de bioseguridad laboral.
Gobierno cierra «reapertura inteligente» de sus oficinas
junio 19, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ricardo Leonel Cardona, secretario privado del gobierno de Juan Hernández comunicó este viernes que queda suspendida la reapertura inteligente en las oficinas gubernamentales debido al incremento de casos de coronavirus en el Distrito Central.
En un memorando fechado hoy, Cardona instruye a los secretarios de estado, presidentes gerentes y directores de instituciones estatales que queda suspendida la reapertura hasta nuevo aviso.
Las instituciones que habían abierto operaciones seguirán operando con un 20% del personal siguiendo las normas de bioseguridad.
Tegucigalpa.- Ricardo Leonel Cardona, secretario privado del gobierno de Juan Hernández comunicó este viernes que queda suspendida la reapertura inteligente en las oficinas gubernamentales debido al incremento de casos de coronavirus en el Distrito Central.
En un memorando fechado hoy, Cardona instruye a los secretarios de estado, presidentes gerentes y directores de instituciones estatales que queda suspendida la reapertura hasta nuevo aviso.
Las instituciones que habían abierto operaciones seguirán operando con un 20% del personal siguiendo las normas de bioseguridad.
San Pedro Sula extiende emergencia sanitaria por tres meses
IN 12 / 06 / 2020 8: 39 AM BY Hondudiario Redacción
***El departamento de Cortés registra 4 mil 522 casos y 197 fallecimientos por Covid-19.
Tegucigalpa,Honduras
El
alcalde de la corporación municipal de San Pedro Sula, Armando
Calidonio, dijo que han decidido extender por tres meses más la
emergencia sanitaria sobre la ciudad por la pandemia del Covid-19.
“Hemos declarado emergencia por tres
meses, la que habíamos declarado en marzo se venció el día de ayer,
hemos tomado la decisión como corporación municipal”,, agregó
Justificó la prórroga de la emergencia
debido que el epicentro es San Pedro Sula, “no sabemos si la curva ya
llegó a su tope, estamos esperando en esta y la próxima semana para
hacer las gestiones”.
Calidonio señaló que los hospitales sampedranos trabajan al máximo de sus esfuerzos en la atención de los pacientes.
Igualmente, resaltó las labores que se realizan en la sala estabilizadora en el gimnasio municipal en este proceso sanitario.
El departamento de Cortés registra 4 mil 522 casos y 197 fallecimientos por Covid.hondudiario/AB
URL Corta: https://bit.ly/37sFIaH
TSC pide al Ministerio Público investigar a Copeco
- 20/05/2020
La información es pública y oficial, el Ministerio Público puede actuar, dijo el Magistrado del TSC, Roy Pineda.
El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, Roy Pineda, dijo
en Radio Progreso que el informe con las inconsistencias señaladas en
las compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias,
Copeco, durante la emergencia por lo Covid-19, ya fue publicado por
cuanto el Ministerio Público debe iniciar las investigaciones para
determinar responsabilidades penales.
“Se hizo el informe y se colgó a la página web del Tribunal Superio de Cuenta, por lo tanto es oficial, entonces considero que el Ministerio Público puede echar mano de ese informe e iniciar su investigación”, dijo el Magistrado Roy Pineda.
Pineda señaló que los indicios de responsabilidad penal pueden estar enmarcados en el cohecho y abuso de autoridad por quienes están al frente de dicha institución o que pertenecieron a la misma y tomaron decisiones sobre dichos fondos.
En un informe del 21 de abril pasado, el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, detalló sobre deficiencias e inconsistencias en al menos 17 cheques de compras tras realizar una auditoría forense en los manejos de los fondos públicos para la emergencia sanitaria por Covid-19 en manos de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco.
Las deficiencias e inconsistencias en dichos cheques suman 16 millones 662 mil 388 lempiras.
El Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, dijo que en los próximos días estarían publicando un nuevo informe de auditoría especial al Poder Ejecutivo.
“Se hizo el informe y se colgó a la página web del Tribunal Superio de Cuenta, por lo tanto es oficial, entonces considero que el Ministerio Público puede echar mano de ese informe e iniciar su investigación”, dijo el Magistrado Roy Pineda.
Pineda señaló que los indicios de responsabilidad penal pueden estar enmarcados en el cohecho y abuso de autoridad por quienes están al frente de dicha institución o que pertenecieron a la misma y tomaron decisiones sobre dichos fondos.
En un informe del 21 de abril pasado, el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, detalló sobre deficiencias e inconsistencias en al menos 17 cheques de compras tras realizar una auditoría forense en los manejos de los fondos públicos para la emergencia sanitaria por Covid-19 en manos de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco.
Las deficiencias e inconsistencias en dichos cheques suman 16 millones 662 mil 388 lempiras.
El Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, dijo que en los próximos días estarían publicando un nuevo informe de auditoría especial al Poder Ejecutivo.
Protestan trabajadores de maquilas en el norte de Honduras
- 15/06/2020
Desde muy temprano se apostaron los trabajadores de la maquila en Zip Calpules para desarrollar su protesta.
En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Honduras,
trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, en el norte del
país, han protestado en las primeras horas de hoy lunes denunciando
malos tratos, falta de medidas de bioseguridad y falta de pago de
salarios.
“Estamos protestando porque vamos a cumplir tres meses de estar suspendidos. El gobierno quedó de darnos un bono solidario y después de tres meses sólo nos han acreditado 3500 lempiras, no podemos sobrevivir así, hoy que cae el otro mes nos dicen que la Asociación de Maquiladores no les han depositado. No tenemos nada que comer en nuestras casas”, dijo un trabajador que protestó esta mañana en las afueras del parque industrial Zip Calpules en San Pedro Sula.
Otro trabajador, con pancarta en mano, también gritaba demandando su salario. “Este plantón es para exigirle al ministro Madero y al gobierno para que nos acrediten el bono solidario que nos prometió. No tenemos nada que darles de comer a nuestros hijos, y traje esta freidera para que se den cuenta que no hay comida en casa”, dijo en una entrevista con Radio Progreso.
Las protestas también se presentaron en Choloma, Cortés, otra ciudad maquiladora ubicada al norte de Honduras. Los obreros y obreras se apostaron en las afueras del parque industrial RL.
“Estamos exigiendo que se nos paguen los dos meses de salario que nos deben. También están violentando nuestros derechos, nosotros tenemos un contrato colectivo firmado. Además no tienen todas las medidas de bioseguridad”, manifestó un trabajador de la empresa maquiladora VFI de Choloma, Cortés.
La protesta la desarrollaron obreros y obreras de la industria Fruit Of The Loom que desarrolla producción para varias marcas operando con varias maquilas en San Pedro Sula y Choloma, Cortés.
“Estamos protestando porque vamos a cumplir tres meses de estar suspendidos. El gobierno quedó de darnos un bono solidario y después de tres meses sólo nos han acreditado 3500 lempiras, no podemos sobrevivir así, hoy que cae el otro mes nos dicen que la Asociación de Maquiladores no les han depositado. No tenemos nada que comer en nuestras casas”, dijo un trabajador que protestó esta mañana en las afueras del parque industrial Zip Calpules en San Pedro Sula.
Otro trabajador, con pancarta en mano, también gritaba demandando su salario. “Este plantón es para exigirle al ministro Madero y al gobierno para que nos acrediten el bono solidario que nos prometió. No tenemos nada que darles de comer a nuestros hijos, y traje esta freidera para que se den cuenta que no hay comida en casa”, dijo en una entrevista con Radio Progreso.
Las protestas también se presentaron en Choloma, Cortés, otra ciudad maquiladora ubicada al norte de Honduras. Los obreros y obreras se apostaron en las afueras del parque industrial RL.
“Estamos exigiendo que se nos paguen los dos meses de salario que nos deben. También están violentando nuestros derechos, nosotros tenemos un contrato colectivo firmado. Además no tienen todas las medidas de bioseguridad”, manifestó un trabajador de la empresa maquiladora VFI de Choloma, Cortés.
La protesta la desarrollaron obreros y obreras de la industria Fruit Of The Loom que desarrolla producción para varias marcas operando con varias maquilas en San Pedro Sula y Choloma, Cortés.
Los obreros y obreras demandan a las maquilas de Fruit Of The Loom el respeto a sus derechos laborales.
Tegucigalpa.-
El Congreso Nacional (CN) aprobó un decreto el 16 de junio del año en
curso, en el que ejerció una interpretación a varios artículos
contenidos en la Ley General del Ambiente para permitir la importación,
fabricación y reciclaje de baterías de plomo y ácido, ya sea que estén
nuevas, selladas o usadas. La decisión pone en peligro la vida humana,
la vida silvestre y los ecosistemas.
Al respecto el IDAMHO explicó que la
interpretación de los artículos 8, 11, 68, párrafo segundo, 69 y 92 no
es procedente y no debió practicarse, ya que la intención de los
legisladores que aprobaron la Ley del Ambiente, era precisamente
prohibir la importación de desechos tóxicos proveniente de otros países,
por el daño que producen a la salud de la población y a los
ecosistemas.
Junta Directiva del Congreso Nacional
“Por lo anterior resulta evidente que la
interpretación de esos preceptos es innecesaria y no existe
jurídicamente una razón válida para hacerla, sino que conduce más bien a
deformar el espíritu y la finalidad del legislador que creó la Ley”,
aseguró el IDAMHO.
Y añadió en la carta que, la Ley General
del Ambiente en su contexto busca la protección del medio ambiente,
salvaguardar la salud de la población y un desarrollo sostenible. En
cambio, los artículos interpretados tienen la intención de “permitir la
importación de desechos tóxicos” que lo que lograrán es enfermar al
pueblo que sufre la pobreza y la desnutrición, demandar mayor
infraestructura en salud, de personal sanitario, mayores gastos en
medicinas y la muerte por intoxicación de los hondureños.
Actualmente en Honduras ni siquiera se
ha logrado hacer la separación de los desechos sólidos, tampoco se
regula el uso del plástico y es la empresa privada la que ha
incursionado en procesos de reciclaje.
“El plomo implica control de la
contaminación atmosférica y de emisiones, tratamiento de aguas
residuales y manejo de desechos sólidos, es una de las amenazas más
serias de salud ambiental para los niños y además, contribuye de manera
significativa, en el padecimiento de enfermedades laborales”, enfatizó
el IDAMHO en la carta.
La organización no gubernamental detalló
sobre el por qué la Ley General del Ambiente prohíbe la importación de
desechos tóxicos como el plomo en batería usadas.
Resulta
que el plomo que contienen las baterías usadas es un “tóxico,
persistente y acumulable en el organismo”, que produce impactos
ambientales, económicos y de salubridad.
Múltiples investigaciones revelan que
“el cuerpo humano absorbe el plomo y éste provoca daños en el sistema
nervioso, corazón, riñones, huesos y órganos reproductivos”.
Además la exposición al plomo y otras
sustancias tóxicas, afectan el funcionamiento radiológico que puede
provocar la muerte. En los niños, niñas y adolescentes, y dependiendo
del grado de exposición; puede influir en una disminución significativa
en el desempeño escolar, puntuaciones más bajas de coeficiente
intelectual, aumento de la agresividad y comportamiento violento.
“El resultado del deterioro cognitivo
irreversible, afecta la capacidad de aprendizaje y se asocia
con la pérdida de ingresos económicos de por vida. Los adultos
afectados por el plomo, padecen daños neurológicos, reproductivos,
anemia, daño renal, elevada presión arterial y otras enfermedades”,
asegura la organización no gubernamental.
“Por lo anterior, señores Diputados,
ustedes que custodian los intereses de la población, electos para el fin
de representarlos en el Congreso Nacional, no deben permitir aumentar
los riesgos para el medio ambiente y la salud, con normas permisivas y
laxas como lo que se pretende con el Decreto en mención”, señala la
carta.
En tal sentido el IDAMHO exigió al
Congreso Nacional la derogación en forma inmediata del decreto que
contiene la interpretación de los artículos números 8, 11, 68, párrafo
Segundo, 69 y 92 literal c) de la Ley General del Ambiente o dejarlo
sin efecto legal.
Asimismo
que no se remita el decreto para sanción del Poder Ejecutivo y
retirarlo en caso de haber sido enviado y tampoco la publicación en el
Diario Oficial La Gaceta.
Uno de los párrafos del artículo 69 de
la Ley General del Ambiente (trastocado por el Congreso Nacional),
estipula que “en ningún caso se permitirá la introducción al país de
residuos tóxicos o peligrosos generados en otro país”.
En tanto que el artículo 92 cataloga
como delito ambiental descargar contaminantes peligrosos cuyo uso esté
prohibido o sin su previo tratamiento, en los mares de jurisdicción
nacional, incluyendo la zona marítimo-terrestre, o en los cursos o
depósitos de aguas continentales y subterráneas, incluyendo los sistemas
de abastecimiento de agua a poblaciones, o infiltrar en el suelo o
subsuelo, aguas residuales o desechos de las mismas características de
las indicadas, que causen o puedan causar la muerte de una o más
personas, o grave daño a la salud humana o al ecosistema en general.
Y el artículo 8, señala que “Se
prohíbe la introducción al país, de desechos tóxicos,
radioactivos, basuras domiciliarias, cienos o lodos cloacales y
otros considerados perjudiciales o contaminantes. El territorio y
las aguas nacionales no podrán utilizarse como depósito de
tales materiales.
Por su parte el artículo 11 literal k)
detalla: Tomar las medidas necesarias para evitar la importación al país
de productos peligrosos para el ecosistema y la salud humana;
El IDAMHO es una organización no
gubernamental (Ong) que se dedica a la búsqueda de la justicia ambiental
y a la defensa, protección y conservación de los recursos naturales y
el ambiente, promoviendo la participación pública e interacción de los
diferentes actores de la sociedad en favor del interés público, el
bienestar colectivo y el respeto de los derechos humanos.
Policías detienen, amenazan con arma de fuego y tratan de quitarle la cámara al periodista Dassaev Aguilar de HispanTV
Tuesday, 19 May 2020 01:41 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión PASOS DE ANIMAL GRANDE
Los abusos policiales van en incremento en la emergencia por
Covid19 contra periodistas en Honduras, esta vez le tocó el turno a
Dassaev Aguilar, corresponsal en en el país de la Cadena HispanTV,
cuando circulaba por el Boulevard Morazán de Tegucigalpa, aunque mostró
su carnet dos policías lo detuvieron ilegalmente argumentando que no
creían que fuera periodista y lo trasladaron a Tránsito donde lo
agredieron tratando de despojarlo de su cámara, este 18 de mayo de
2020.
Aguilar ha sido víctima de reiterados ataques de los cuerpos
represivos de la seguridad del Estado en sus coberturas desde el golpe
de Estado en Honduras; en las elecciones de 2017 de todos los
acontecimientos posteriores por denuncias de fraude electoral contra el
presidente Juan Orlando Hernández donde la ciudadanía protestó en las
calles y fue reprimida provocando más de 30 crímenes contra
manifestantes, detenciones ilegales, torturas y otros tratos crueles
humanos y degradantes. En ese contexto policías le lanzaron en varias
ocasiones bombas lacrimógenas contra su cuerpo al extremo que el 20 de
enero de 2018 el impacto de una bomba de gas lacrimógeno le provocó una
fractura en su pierna derecha, lo que evidencia que ya está en la mira.
Detención y abusos
El periodista denunció ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que estaba detenido, que el policía Lagos le amenazó con su arma y junto al agente López pretendieron arrebatarle su cámara.
La ASOPODEHU informó a la Ministra de Derechos Humanos Karla Cueva, al Director del Mecanismo de Protección, Danilo Morales y al abogado Ricardo López del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, sobre esta arbitrariedad y el comunicador fue puesto en libertad a eso de las 11 y 30 de la mañana, permaneciendo en condición de detenido por casi dos horas en Tránsito.
La propia ministra Cueva habló con uno de los policías responsables de estos actos ilegales y después los agentes le dijeron que no los fuera a denunciar que los disculpara. Es una práctica esto de las disculpas, así lo han hecho otros agentes en varios puntos del país y no han sido castigados por la Ley tal como debería ser.
En los últimos días la presión contra la prensa va en incremento funcionarios públicos y la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, PMOP, han protagonizado varios actos lesivos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, lo que dispara las alertas d que la violencia puede degenerar en una tragedia si continúan los abusos y las autoridades no toman los correctivos para la no repetición castigando a los responsables.
Detención y abusos
El periodista denunció ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que estaba detenido, que el policía Lagos le amenazó con su arma y junto al agente López pretendieron arrebatarle su cámara.
La ASOPODEHU informó a la Ministra de Derechos Humanos Karla Cueva, al Director del Mecanismo de Protección, Danilo Morales y al abogado Ricardo López del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, sobre esta arbitrariedad y el comunicador fue puesto en libertad a eso de las 11 y 30 de la mañana, permaneciendo en condición de detenido por casi dos horas en Tránsito.
La propia ministra Cueva habló con uno de los policías responsables de estos actos ilegales y después los agentes le dijeron que no los fuera a denunciar que los disculpara. Es una práctica esto de las disculpas, así lo han hecho otros agentes en varios puntos del país y no han sido castigados por la Ley tal como debería ser.
En los últimos días la presión contra la prensa va en incremento funcionarios públicos y la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, PMOP, han protagonizado varios actos lesivos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, lo que dispara las alertas d que la violencia puede degenerar en una tragedia si continúan los abusos y las autoridades no toman los correctivos para la no repetición castigando a los responsables.
Reflexiones sobre la pandemia (1)
abril 5, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
En todo el planeta el debate se centra en si se debe dar preferencia a la salud o a la economía. La discusión, sin embargo, ya es irrelevante, porque escoger entre una o la otra dejó de ser una opción. Ello, porque la primera solo se podía haber intentado con éxito recurriendo al aislamiento total tan pronto fue detectado el primer contagiado.
China salió bien librada porque a pesar de los errores que cometió inicialmente lo puso en práctica a los pocos días y Corea del Sur porque aprendió de la experiencia china. La mayoría de los demás países desarrollados vacilaron, dejaron pasar el tiempo y cuando finalmente tomaron la decisión lo hicieron sin la energía requerida. Ahora ya es tarde, no les queda más que resistir el embate del coronavirus con lo que tengan y la colaboración internacional que reciban.
Para los países subdesarrollados como el nuestro nunca existió la posibilidad de elegir. Aun si hubieran actuado con premura, como lo hizo El Salvador, no cuentan con los medios para obligar a la población a un verdadero confinamiento, y aunque los tuvieran, el hambre y la pobreza son mucho más fuertes que cualquier autoridad, y en ellas, además, muy rara vez se cultiva la cultura del cumplimiento de la ley.
Como consecuencia, estamos lidiando con las dos cosas a la vez. En cuanto a la salud, en Honduras carecemos de todo, por lo que será muy poco lo que podremos hacer para reducir la propagación masiva del virus. La secuela de muerte, sufrimiento y privaciones será muy dolorosa. Pero hay más, crecen las sospechas sobre la forma en que el presidente está conduciendo la emergencia. Escogió hacerlo solo en lugar de apoyarse en la ciudadanía organizada y, particularmente, en los conocedores del tema. Y ya empiezan los señalamientos de improvisación, de corrupción y, en general, de poca transparencia en el manejo de los fondos destinados a la emergencia, al igual que aumentan las denuncias de favoritismo político en la asistencia a las familias de escasos recursos. La información que se brinda genera dudas y confusión. En fin, que, si el mandatario pretendía sacar provecho político de la pandemia, la apuesta fue muy arriesgada.
Las medidas fiscales tomadas por el gobierno, en el mejor de los casos, son insuficientes. Parece que a pesar de lo que repite hasta la saciedad, no tiene cabal conciencia de la magnitud del desastre que se nos viene encima. Si la tuviera, estaría haciendo lo imposible para impedir los despidos y las suspensiones. Debería estar dispuesto, si fuere necesario, a acordar con las empresas y los trabajadores la amnistía, como se la llama ahora, de impuestos, tasas, aportaciones y servicios públicos. Con las Mipymes hay que concertar otra clase de ayuda, que en verdad les sirva. Ofrecerles solo la moratoria de tributos que de ninguna manera van a poder pagar es ofensivo o demuestra desconocimiento de su realidad.
Más aún, en las extraordinarias circunstancias que vivimos es imperativo decretar una drástica reducción de gastos, no menor, a mi parecer, del 15 o 20 por ciento del presupuesto nacional, comenzando por los sueldos de los funcionarios públicos. ¡Acaso no leen lo que se está haciendo en Europa! Lo que hasta ahora hemos visto son pueriles iniciativas, de inocultable sabor político, para que los diputado “sacrifiquen” un mes o una quincena de su salario.
Las lecciones que deja al mundo la pandemia son tristes pero contundentes. El desmantelamiento y privatización del sistema de salud pública que trajo consigo el modelo neoliberal, vale decir, el libertinaje del mercado, han sido los responsable del agravamiento de la tragedia. El rotundo fracaso de Estados Unidos en enfrentarla es el mejor ejemplo de esta irresponsabilidad de lesa humanidad. De aquí en adelante, la salud y la educación deberán ser la prioridad fundamental de Honduras. Desde luego, mucho más que mantener a miles de hombres armados hasta los dientes.
Y como la esperanza es lo último que se pierde, salvo en el infierno en donde, según Dante, es lo primero que hay que abandonar al entrar, pienso que debemos confiar en los expertos en la materia, incluyendo la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que opinan que la reactivación de la economía (que no la recuperación) se producirá más rápidamente de lo que se piensa, tal vez tan pronto como en el 2021.
Lo anterior, porque la infraestructura productiva se conservará intacta y las deudas corporativas y de particulares no acumularán intereses. Y, principalmente, porque el sistema financiero, al contrario de lo que ocurre en las crisis periódicas del capitalismo, seguirá estando en condiciones de asistir a la producción y al consumo. Y por esto mismo, el gobierno debería retrasar el uso del endeudamiento de 2.500 millones de dólares que le aprobó el Congreso y dejarlo para después, cuando sea menester inyectar dinero a la economía para acelerar el despegue.
Tegucigalpa, 5 de abril de 2020.
En todo el planeta el debate se centra en si se debe dar preferencia a la salud o a la economía. La discusión, sin embargo, ya es irrelevante, porque escoger entre una o la otra dejó de ser una opción. Ello, porque la primera solo se podía haber intentado con éxito recurriendo al aislamiento total tan pronto fue detectado el primer contagiado.
China salió bien librada porque a pesar de los errores que cometió inicialmente lo puso en práctica a los pocos días y Corea del Sur porque aprendió de la experiencia china. La mayoría de los demás países desarrollados vacilaron, dejaron pasar el tiempo y cuando finalmente tomaron la decisión lo hicieron sin la energía requerida. Ahora ya es tarde, no les queda más que resistir el embate del coronavirus con lo que tengan y la colaboración internacional que reciban.
Para los países subdesarrollados como el nuestro nunca existió la posibilidad de elegir. Aun si hubieran actuado con premura, como lo hizo El Salvador, no cuentan con los medios para obligar a la población a un verdadero confinamiento, y aunque los tuvieran, el hambre y la pobreza son mucho más fuertes que cualquier autoridad, y en ellas, además, muy rara vez se cultiva la cultura del cumplimiento de la ley.
Como consecuencia, estamos lidiando con las dos cosas a la vez. En cuanto a la salud, en Honduras carecemos de todo, por lo que será muy poco lo que podremos hacer para reducir la propagación masiva del virus. La secuela de muerte, sufrimiento y privaciones será muy dolorosa. Pero hay más, crecen las sospechas sobre la forma en que el presidente está conduciendo la emergencia. Escogió hacerlo solo en lugar de apoyarse en la ciudadanía organizada y, particularmente, en los conocedores del tema. Y ya empiezan los señalamientos de improvisación, de corrupción y, en general, de poca transparencia en el manejo de los fondos destinados a la emergencia, al igual que aumentan las denuncias de favoritismo político en la asistencia a las familias de escasos recursos. La información que se brinda genera dudas y confusión. En fin, que, si el mandatario pretendía sacar provecho político de la pandemia, la apuesta fue muy arriesgada.
Las medidas fiscales tomadas por el gobierno, en el mejor de los casos, son insuficientes. Parece que a pesar de lo que repite hasta la saciedad, no tiene cabal conciencia de la magnitud del desastre que se nos viene encima. Si la tuviera, estaría haciendo lo imposible para impedir los despidos y las suspensiones. Debería estar dispuesto, si fuere necesario, a acordar con las empresas y los trabajadores la amnistía, como se la llama ahora, de impuestos, tasas, aportaciones y servicios públicos. Con las Mipymes hay que concertar otra clase de ayuda, que en verdad les sirva. Ofrecerles solo la moratoria de tributos que de ninguna manera van a poder pagar es ofensivo o demuestra desconocimiento de su realidad.
Más aún, en las extraordinarias circunstancias que vivimos es imperativo decretar una drástica reducción de gastos, no menor, a mi parecer, del 15 o 20 por ciento del presupuesto nacional, comenzando por los sueldos de los funcionarios públicos. ¡Acaso no leen lo que se está haciendo en Europa! Lo que hasta ahora hemos visto son pueriles iniciativas, de inocultable sabor político, para que los diputado “sacrifiquen” un mes o una quincena de su salario.
Las lecciones que deja al mundo la pandemia son tristes pero contundentes. El desmantelamiento y privatización del sistema de salud pública que trajo consigo el modelo neoliberal, vale decir, el libertinaje del mercado, han sido los responsable del agravamiento de la tragedia. El rotundo fracaso de Estados Unidos en enfrentarla es el mejor ejemplo de esta irresponsabilidad de lesa humanidad. De aquí en adelante, la salud y la educación deberán ser la prioridad fundamental de Honduras. Desde luego, mucho más que mantener a miles de hombres armados hasta los dientes.
Y como la esperanza es lo último que se pierde, salvo en el infierno en donde, según Dante, es lo primero que hay que abandonar al entrar, pienso que debemos confiar en los expertos en la materia, incluyendo la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que opinan que la reactivación de la economía (que no la recuperación) se producirá más rápidamente de lo que se piensa, tal vez tan pronto como en el 2021.
Lo anterior, porque la infraestructura productiva se conservará intacta y las deudas corporativas y de particulares no acumularán intereses. Y, principalmente, porque el sistema financiero, al contrario de lo que ocurre en las crisis periódicas del capitalismo, seguirá estando en condiciones de asistir a la producción y al consumo. Y por esto mismo, el gobierno debería retrasar el uso del endeudamiento de 2.500 millones de dólares que le aprobó el Congreso y dejarlo para después, cuando sea menester inyectar dinero a la economía para acelerar el despegue.
Tegucigalpa, 5 de abril de 2020.
Reflexiones sobre la pandemia (2)
abril 17, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
Einstein dijo alguna vez que solo había dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y que del universo no estaba tan seguro. Yo agregaría dos más: la primera, los defectos del presidente Trump. En efecto, sus fallas y vicios son incontables. Peor aún. No se le conoce ninguna virtud. Vale decir, es la negación del dicho aquel: “siempre hay rasgos de virtud en el malvado”.
Cada día Trump sorprende al mundo con una nueva maldad. En plena pandemia ha eliminado la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y ahora demuestra que nunca tuvo principios democráticos amenazando al Senado, al Congreso de los Estados Unidos y a los gobernadores con un golpe de Estado.
La segunda cosa infinita es la corrupción que impera en Honduras. Muchos creímos que los corruptos se apiadarían del pueblo hondureño, que ya está en harapos, y que, al menos durante esta crisis, pondrían también en cuarentena el atraco que continuamente practican a los dineros públicos. Para nada.
Solo en una simple compra de insumos médicos, según dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se pudieron haber robado casi un millón y medio de dólares, o sea, ¡cerca de cuarenta millones de lempiras! Y el funcionario que intentó desmentir la denuncia se enredó tanto que no se dio cuenta que terminó dando la razón al denunciante. ¿Por qué no hace nada el presidente Hernández? Hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ha calificado lo que está pasando de crimen de lesa humanidad.
Mencionamos directamente al presidente de la República porque es un hecho que en Honduras no se mueve una hoja, o lo que es igual, no la mueve ningún funcionario o empleado público, sin su aprobación o conocimiento. A él, por tanto, es a quien cabe la responsabilidad total por la pésima forma en que se está manejando la mayor crisis de nuestra historia.
La verdad, dicha sin tapujos, es que don Juan Orlando a lo que fundamentalmente se ha dedicado en esta tragedia es a montar una gran campaña política, asumimos que, para otra reelección, a pesar de haber repetido hasta la saciedad que no volvería a ser candidato.
Porque, en lo demás, lo que ha hecho es improvisar, como lo dijo con toda claridad la Conferencia Episcopal de Honduras. Dónde está, para el caso, su plan integral para enfrentar la epidemia y lo que vendrá después, en lo que están empeñados los demás mandatarios del planeta. Dónde su idea de la reactivación paulatina y ordenada de la economía, respaldada, desde luego, por los expertos en el tema sanitario. Y comenzando por los negocios más necesarios y no por los que le exigen algunos “amigos” suyos comerciantes. Y qué, en fin, está haciendo en serio para detener las masivas suspensiones y despidos de trabajadores que tramita el Ministerio del Trabajo.
A la población se la sigue obligando a sacrificarse. Pago de impuestos, tasas, aportaciones y servicios públicos, aunque no haya ingresos. La EEH y la ENEE hasta cobran por energía que no suministran. Pero no vemos por ninguna parte el “sacrificio” del gobierno ni, mucho menos, del presidente y sus amigos. Ni rebaja de sueldos, como en México y varios otros países, ni venta de su flamante avión, como en Bolivia y también en México, ni de una mínima austeridad y ni siquiera el acondicionamiento de su fastuoso Centro Cívico Gubernamental para pacientes de coronavirus, como lo había ofrecido hace unos pocos días.
El gobierno no nos dice la verdad. Ni sobre los contagiados ni sobre los muertos. Que iba a dar comida a ochocientas mil familias cada quince días. Tampoco. Lo único cierto es que a punta de decretos de emergencia está mandando al carajo la poca institucionalidad y transparencia que quedaba para poder hacer piñata con miles de millones de lempiras.
Tegucigalpa, 17 de abril de 2020
Einstein dijo alguna vez que solo había dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y que del universo no estaba tan seguro. Yo agregaría dos más: la primera, los defectos del presidente Trump. En efecto, sus fallas y vicios son incontables. Peor aún. No se le conoce ninguna virtud. Vale decir, es la negación del dicho aquel: “siempre hay rasgos de virtud en el malvado”.
Cada día Trump sorprende al mundo con una nueva maldad. En plena pandemia ha eliminado la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y ahora demuestra que nunca tuvo principios democráticos amenazando al Senado, al Congreso de los Estados Unidos y a los gobernadores con un golpe de Estado.
La segunda cosa infinita es la corrupción que impera en Honduras. Muchos creímos que los corruptos se apiadarían del pueblo hondureño, que ya está en harapos, y que, al menos durante esta crisis, pondrían también en cuarentena el atraco que continuamente practican a los dineros públicos. Para nada.
Solo en una simple compra de insumos médicos, según dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se pudieron haber robado casi un millón y medio de dólares, o sea, ¡cerca de cuarenta millones de lempiras! Y el funcionario que intentó desmentir la denuncia se enredó tanto que no se dio cuenta que terminó dando la razón al denunciante. ¿Por qué no hace nada el presidente Hernández? Hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ha calificado lo que está pasando de crimen de lesa humanidad.
Mencionamos directamente al presidente de la República porque es un hecho que en Honduras no se mueve una hoja, o lo que es igual, no la mueve ningún funcionario o empleado público, sin su aprobación o conocimiento. A él, por tanto, es a quien cabe la responsabilidad total por la pésima forma en que se está manejando la mayor crisis de nuestra historia.
La verdad, dicha sin tapujos, es que don Juan Orlando a lo que fundamentalmente se ha dedicado en esta tragedia es a montar una gran campaña política, asumimos que, para otra reelección, a pesar de haber repetido hasta la saciedad que no volvería a ser candidato.
Nota relacionada Reflexiones sobre la pandemia
Cada vez que aparece en su espectáculo de televisión lanza un nuevo programa. Aunque esta es una vieja historia. Desde que era presidente del Congreso ha presentado tantos programas que perdí la cuenta. Para todo. Uno hasta en inglés. ¡Honduras open for business! (Honduras abierta a los negocios). Vaya nombre. La mayoría pura fantasía. Igual que esos magos de circo que sacan conejos sin parar de sus chisteras. Pregúntese el lector: ¿cuántos de esos proyectos y promesas se hicieron realidad?Porque, en lo demás, lo que ha hecho es improvisar, como lo dijo con toda claridad la Conferencia Episcopal de Honduras. Dónde está, para el caso, su plan integral para enfrentar la epidemia y lo que vendrá después, en lo que están empeñados los demás mandatarios del planeta. Dónde su idea de la reactivación paulatina y ordenada de la economía, respaldada, desde luego, por los expertos en el tema sanitario. Y comenzando por los negocios más necesarios y no por los que le exigen algunos “amigos” suyos comerciantes. Y qué, en fin, está haciendo en serio para detener las masivas suspensiones y despidos de trabajadores que tramita el Ministerio del Trabajo.
A la población se la sigue obligando a sacrificarse. Pago de impuestos, tasas, aportaciones y servicios públicos, aunque no haya ingresos. La EEH y la ENEE hasta cobran por energía que no suministran. Pero no vemos por ninguna parte el “sacrificio” del gobierno ni, mucho menos, del presidente y sus amigos. Ni rebaja de sueldos, como en México y varios otros países, ni venta de su flamante avión, como en Bolivia y también en México, ni de una mínima austeridad y ni siquiera el acondicionamiento de su fastuoso Centro Cívico Gubernamental para pacientes de coronavirus, como lo había ofrecido hace unos pocos días.
El gobierno no nos dice la verdad. Ni sobre los contagiados ni sobre los muertos. Que iba a dar comida a ochocientas mil familias cada quince días. Tampoco. Lo único cierto es que a punta de decretos de emergencia está mandando al carajo la poca institucionalidad y transparencia que quedaba para poder hacer piñata con miles de millones de lempiras.
Tegucigalpa, 17 de abril de 2020