Abrir economía es un camino de enfermedad y muerte trazado por el Gobierno
- 08/06/2020
Después 80 días de confinamiento, hoy lunes arrancó en Honduras la
fase uno del “Plan de Apertura inteligente económica y social”. Sin
embargo, el Gobierno tomó esta decisión cuando los casos de Covid-19 van
en aumento, en medio de un sistema de salud colapsado. Expertos
consideran que este no era el momento para tomar tal decisión y que, en
consecuencia, en los próximos meses el país estará en una situación
sanitaria alarmante por el alto número de casos.La apertura “inteligente” comenzó el 01 de junio con la fase 0 que consistió en la capacitación de la clase trabajadora en medidas de bioseguridad. La fase 1 inició hoy lunes 8 de junio, con la apertura de las actividades económicas a nivel nacional. Pero, se está aplicando de manera diferente en 3 zonas del país. Una de sus modalidades es el número de trabajadores reincorporados, un 20% del personal y cada 15 días se irá incrementando en un mismo porcentaje hasta llegar al 100%.
“Está decisión se tomó sin tener una base científica que nos diga en qué etapa de la pandemia estamos. Porque el número de casos que maneja Sinager, no es en realidad los que tiene el país. En pocas palabras, se impuso el criterio económico por encima del científico”, indicó el doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).
Por lo tanto, “no se puede responsabilizar a la población por lo que puede pasar en los próximos días, el Gobierno debe asumir toda la responsabilidad. En este momento se comienza en una etapa de la imposibilidad de detener la propagación de la pandemia, el colapso de la red hospitalaria por el alto número de pacientes y por supuesto el aumento en la tasa de mortalidad”, aseguró.
Manifestó que, si la actual emergencia del Covid-19 hubiese sido manejada por un Comité técnico-científico, Honduras tuviera menos casos de coronavirus y menos muertes. Sin embargo, a pesar de los ofrecimientos del CMH de aportar con los diversos especialistas todas las ramas, el Gobierno asumió la dirección desde la Secretaría de Salud y un SINAGER con desconocimientos de los problemas del sistema de salud.
“Lo único que le espera a la población hondureña es no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención. Recordemos que no hay tratamiento para Covid-19, cada quien debe tomar las decisiones más convenientes pero informados. Eso es lo único que podemos recomendar. Recordemos que los hospitales ya estaban colapsados antes que llegará el coronavirus al país, y hoy la situación es caótica”, concluyó.
Activación de negocios en el país de las necesidades
“Como sociedad no podemos permitirnos fallar en torno al reinicio de las actividades en Honduras tras el confinamiento de tres meses por la pandemia”, indicó a medios de comunicación el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera.
“Hoy estamos en primera fase de reapertura en la zona centro con un 20 por ciento, luego un 40 y un 100 por ciento a mediados de agosto, hasta donde hay reportes, arriba de lo normal”, dijo Rivera.
El empresario afirmó que, la activación de los negocios en el país es una necesidad, a pesar de estar pasando un periodo delicado a nivel nacional ya que la curva de casos por Covid-19 va en ascenso.
Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), a través de un comunicado divulgado hoy lunes pide lo siguiente: “Reiteramos el llamado al Gobierno para que, a través de la Secretaría de Salud, garantice la atención a los hondureños ampliando la capacidad en los centros hospitalarios, agilizando la distribución y entrega de medicinas, suministrando los equipos de bioseguridad al personal de salud”, señala el documento.
Asimismo, insiste en la necesidad en que el Gobierno implemente las medidas necesarias para evitar que se sigan perdiendo cientos de miles de empleos para lo cual es necesario que se haga un sacrificio fiscal a favor del pueblo hondureño y del empresariado nacional.
En ese sentido, la organización empresarial pide “la prórroga del pago de impuestos, préstamos a largo plazo, a bajas tasas de interés y subsidios en efectivo para la población más desposeídas, haciéndolo de manera honesta y transparente”.
Finalmente, recuerda a los funcionarios públicos que según el artículo 1 de la Constitución de la República, parte de las finalidades del Estado es asegurar a sus habitantes el goce del bienestar económico y social.
Plan de reapertura
Región 1. Los municipios con cero casos detectados de Covid-19 podrán iniciar en la Fase 3, con el 60% del personal, y en seis semanas llegarán a una cobertura total.
Región 2. Las regiones que reportan de 1 a 30 diagnosticados, con incidencia baja, caen de forma directa a la Fase 2 (40% de su planilla). Para este sector el plan de reactivación total se alarga ocho semanas.
Región 3. Aquellas zonas con alto contagio (que superan los 30 casos de coronavirus) tendrán que avanzar desde la Fase 1, con apenas el 20% de su fuerza laboral. Entonces, en estos municipios la desescalada durará 10 semanas.
Centro de la ciudad de El Progreso, al norte de Honduras, este día cuando se reabrió el comercio.
Rafael Alegría: “La violación a los DD.HH está viéndose reflejado con contundencia con la pandemia del Covid-19”
Por Riccy Ponce -
31 mayo, 2020
Rafael Alegría, director ejecutivo de la Vía Campesina
Tegucigalpa.- “Esta es una situación
bastante complicada como bien lo dice COFADEH (Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras), la gente está en las calles
manifestándose todos los días, unos de manera más fuerte, otros con
niños agarrados de la mano pidiendo dinero para poder subsistir, de
manera que la violación a los derechos humanos está viéndose reflejado
pero con esa contundencia en este momento de la pandemia del Covid-19”.Estas son las palabras de dirigente campesino y presidente de la Vía Campesina-Honduras (LVC-H), Rafael Alegría, al expresar su opinión sobre el segundo informe presentado por el COFADEH, que refleja las diferentes violaciones a los derechos humanos durante la pandemia del Covid -19.
Recientemente el Cofadeh hizo público segundo informe titulado “Del Mitch al Golpe y de la Pandemia al Autoritarismo contra los Derechos Humanos”, donde se observa claramente las diferentes violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas represoras del Estado a la población hondureña, que se manifiesta para exigir alimentos o sale a la calle a buscarlos, ya que el toque de e queda no les permite trabajar libremente, desde hace alrededor de tres meses.
“Me parece un informe bastante concreto, muy objetivo, muy realista de la situación que estamos viviendo los hondureños en el marco de este Covid-19, que ha venido no es a crear la crisis en la que vivimos ahora, sino a agravar la crisis social, económica y política que viene viviendo Honduras por once años consecutivos con la dictadura que gobierna el país. Hay hechos que son clarísimos en el momento que estamos viviendo”, detalló el dirigente campesino.
“Uno de esos hechos es que los efectos del modelo neoliberal son catastróficos en materia de salud, por ejemplo; totalmente desarticulado el sistema de salud, las privatizaciones han estado a la orden del día, hoy tenemos como consecuencia un caos en materia humanitaria y de salud con el Covid-19, así como también se manifiesta los bajísimos niveles de educación y cultura de nuestro pueblo”, añadió.
El dirigente campesino agregó que esta crisis por la que está pasando el país la han mantenido los gobiernos y los partidos políticos históricos, “si tuviéramos ciertos niveles más avanzados como Costa Rica, pues sería el impacto diferente en materia del Covid-19, porque esto que se está viendo es real y muy bien lo destaca el informe de Cofadeh.
Agregó que también se debe a toda la destrucción que ya ha hecho el modelo neoliberal impulsado por este gobierno, que ha desarticulado más la economía campesina y la mediana producción agrícola del país, donde hoy tenemos la consecuencia, porque se está distribuyendo productos importados como es el maíz, arroz y frijoles.
Alegría añadió que “los militares están distribuyendo comida y es una función que les ha atribuido este régimen, y por otro lado también el problema alimentario que hoy estamos viendo, pero a la vez ellos están entregando bolsas de comida con una mano y garroteando a la gente con la otra, porque están pidiendo alimentos, ya que no llegan a todos los sectores de la población, Esa es la triste realidad que estamos viviendo, el despido masivo de los trabajadores es fuertísimo, o sea que la gente está sufriendo al desempleo, que ya ha venido siendo gravísimo en el país”.
“Esto no es nuevo, no es de ahorita con el Covid-19, esto es parte de la esencia de este régimen y de este gobierno, es grave, y lo que se deja entrever y todo mundo lo percibe es que el señor que está gobernando y dirigiendo ahora el país puede sacarse de la manga de la camisa la pretensión de continuar la dictadura por un periodo más, se ve la reflejado, finalizó expresando Alegría.
El informe presentado por el Cofadeh registra 11,000 detenciones arbitrarias durante el toque de queda, 37 protestas por la exigencia de comida que fueron reprimidas, alrededor de 165 víctimas de malos tratos en detenciones, 8 personas fueron heridas y 5 fueron víctimas de tortura por los cuerpos represores del estado.
Además el documento también registra un total de 98 personas que fueron víctimas de estigmatización, así como un total de un millón de despidos y 150,000 suspendidos de sus trabajos.
Sin embargo, todas estas medidas deben dictarse partiendo del respeto de los derechos humanos y esto incluye tomar en cuenta la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los derechos de cada persona son inalienables y permanecen aún en tiempo de pandemia. Para ello, el derecho internacional de los derechos humanos fue elaborado por los Estados para también acomodar crisis como esta.
Desde el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina1 nos preocupa muy seriamente que este no sea el caso en la región. La situación actual de la pandemia de la COVID-19 sólo se está analizando desde la perspectiva sanitaria y económica quedando de lado la atención de los derechos humanos, la cual debería ser un elemento transversal e insustituible para analizar y afrontar esta grave situación. Además, hemos identificado peligrosas dinámicas de mal uso y abuso de derecho de los poderes de emergencia invocados durante estas semanas.
Honduras
El sistema carcelario hondureño está integrado por 29 establecimientos a nivel nacional.
Desde el pasado 18 de diciembre pasado, el control penitenciario y la guardia y custodia la ejerce una junta interventora conformada por miembros activos de las fuerzas Armadas.
Esta situación permitió observar, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con población carcelaria, un retroceso en la gestión carcelaria y un aumento de las vulneraciones de derechos humanos como, por ejemplo;
Frente a la pandemia del COVID-19 desde el 12 de marzo están suspendidas las visitas de los familiares y solo el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura tiene acceso a los centros carcelarios. Existe un caso de fallecimiento por COVID-19 en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Santa Bárbara, familiares de las personas privadas de libertad alegan que existe más casos en otros centros carcelarios.
Descargar informe aquí: INFORME COVID-19 Y DETENCIÓN
Corte IDH solicita información al Estado de Honduras sobre situación de personas privadas de libertad en el marco del COVID-19
Por defensores -
4 junio, 2020
En estas sentencias, la Corte Interamericana ordenó al Estado hondureño adoptar medidas para mejorar sustancialmente las condiciones, especialmente físicas y sanitarias, en los centros penitenciarios; evitar la sobrepoblación y hacinamiento; así como garantizar a la población privada de libertad atención médica y acceso a la alimentación, entre otras cuestiones.
A la fecha; sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con estas medidas, y las deficiencias estructurales en el sistema penitenciario persisten en todo el país, como demuestra el estado de emergencia decretado desde diciembre de 2019, por el cual se militarizó la gestión y administración de las cárceles. Todo ello se agrava frente a la emergencia de salud por la propagación del coronavirus.
Las organizaciones firmantes y representantes ante la Corte IDH, sostenemos que el incumplimiento estatal en estos casos ha dejado en grave situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad, cuyos derechos a la salud, a la integridad y a la vida se ven profundamente impactados frente a la pandemia.
La situación de sobrepoblación y de falta de servicios de salud adecuados queda aún más expuesta por la crisis propiciada por el COVID-19. Pese a que el Estado ha adoptado algunas medidas para atender a la población penitenciaria, estas acciones se han implementado sin garantizar el acceso a información pública y han demostrado ser insuficientes, como evidencian la propagación del coronavirus en el interior de varios centros penitenciarios del país y los dos fallecimientos que han sido reportados por esta causa.
Es así que se desconoce cuántas pruebas se han realizado para detectar contagios en las cárceles; cómo se implementan medidas de aislamiento y distanciamiento físico en las condiciones de exceso de población; o si todas las personas privadas de libertad cuentan con insumos de protección.
Además, aunque se han liberado más de mil personas para disminuir el hacinamiento, se desconoce la proporción que estas liberaciones representan respecto de la población en cada centro, así como la cantidad total de solicitudes de liberación y cuántas han sido denegadas, lo cual limita la posibilidad de evaluar la efectividad de esta medida. Preocupa que, en casos de personas en prisión preventiva por razones políticas o criminalizadas por su labor de defensa de derechos humanos, las medidas de prisión domiciliar estén siendo negadas, lo cual genera duda sobre los criterios utilizados por las autoridades para lograr el descongestionamiento de los centros penitenciarios.
Aunado a los contagios de COVID-19, también es de preocupación que en los últimos días se han presentado dos amotinamientos en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, donde se encuentran privadas de libertad alrededor de 1.300 mujeres, algunas conviviendo con niñas y niños.
Por su parte, las medidas de cierre de las cárceles y las restricciones de las visitas han implicado que las organizaciones de derechos humanos veamos imposibilitada nuestra labor de monitorear adecuadamente la implementación de las acciones anunciadas por el Estado intramuros.
En este contexto, señalamos que al incumplir con lo dictado por la Corte IDH y no garantizar adecuadas condiciones de detención, el Estado de Honduras ha expuesto la salud, vida e integridad de la población privada de la libertad durante la actual crisis sanitaria.
Frente a estos hechos y la falta de información confiable, veraz y oportuna, la Corte IDH requirió al Estado de Honduras brindar información sobre la situación de las personas privadas de libertad y las medidas adoptadas en el manejo de la pandemia en los centros de detención. El Estado tiene plazo hasta el viernes 08 de junio para brindar esta información al Tribunal.
Prisiones de Honduras: el reino de precariedad, violencia y militarismo al que llegó la pandemia
21/05/2020
El coronavirus llegó a los centros penales. Luego de la confirmación de dos casos —uno fallecido—, la información sobre protocolos de seguridad durante la emergencia es manejada como un secreto por las Fuerzas Armadas, que tienen a cargo el sistema penitenciario desde diciembre de 2019. Dos cárceles, incluida la de mayor hacinamiento, han sido cerradas temporalmente de manera que no se permitirán nuevos ingresos a las mismas.
Jennifer Ávila para Otras Miradas
A través de un cuestionario, se realizó una evaluación médica a 70 privados de libertad que compartían módulo con Rafael Herrera, quien tenía 52 años y fue el primer fallecido por COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. La información sobre cómo se contagió y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y está vedada. El Instituto Nacional Penitenciario pone en duda el diagnóstico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realizó tres días después de que él había muerto, el 23 de abril pasado.
Un mes después, en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, a 19 kilómetros de Tegucigalpa, se identificó otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingresó el 30 de abril al recinto, quien fue puesta en cuarentena. Se ha oficializado un cierre temporal de esta prisión y no se admitirán nuevos reclusos, tal como ocurrió con las instalaciones donde falleció Herrera.
Honduras tiene una población penitenciaria de 22 007 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100 000 habitantes y con alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión. El Pozo, está destinado a recluir a los condenados por esos delitos.
21/05/2020
El coronavirus llegó a los centros penales. Luego de la confirmación de dos casos —uno fallecido—, la información sobre protocolos de seguridad durante la emergencia es manejada como un secreto por las Fuerzas Armadas, que tienen a cargo el sistema penitenciario desde diciembre de 2019. Dos cárceles, incluida la de mayor hacinamiento, han sido cerradas temporalmente de manera que no se permitirán nuevos ingresos a las mismas.
Jennifer Ávila para Otras Miradas
A través de un cuestionario, se realizó una evaluación médica a 70 privados de libertad que compartían módulo con Rafael Herrera, quien tenía 52 años y fue el primer fallecido por COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. La información sobre cómo se contagió y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y está vedada. El Instituto Nacional Penitenciario pone en duda el diagnóstico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realizó tres días después de que él había muerto, el 23 de abril pasado.
Un mes después, en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, a 19 kilómetros de Tegucigalpa, se identificó otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingresó el 30 de abril al recinto, quien fue puesta en cuarentena. Se ha oficializado un cierre temporal de esta prisión y no se admitirán nuevos reclusos, tal como ocurrió con las instalaciones donde falleció Herrera.
Honduras tiene una población penitenciaria de 22 007 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100 000 habitantes y con alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión. El Pozo, está destinado a recluir a los condenados por esos delitos.
Un
niño se acerca al portón de entrada de la prisión de máxima seguridad
El Pozo para conversar con los militares que resguardan la entrada.
Municipio Ilama, Departamento Santa Bárbara, 8 de abril de 2018.
Foto\Martín Cálix.
El 17 de diciembre de 2019, el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz,
anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario,
este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación
con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue
tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso
Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso
Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.
Las junta interventora está a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. El coronel de infantería José A. González Maradiaga, es el nuevo director del INP, según el Decreto Ejecutivo PCM-068-2019.
El Pozo está ubicada en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, a 241 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1550 privados de libertad. En los últimos dos años, en esta cárcel se han registrado seis asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el módulo de mínima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la cárcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo año, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtró a medios de comunicación.
Tres cosas destacan de la situación de la población penitenciaria hondureña: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.
La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debió poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la información sobre lo que allí pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a este medio que no sabía cuántas pruebas se hicieron, pero confirmó que sí se habían realizado PCR y que todas habían dado negativo hasta el momento.
Realizamos una solicitud de información en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la Secretaría de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las cárceles en alerta por COVID-19. La institución dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR más la realizada al fallecido y que en la Penitenciaría Nacional de Támara han realizado 13. En el primer caso, 70 privados de libertad más compartían módulo con el fallecido por COVID-19 y, en el segundo caso, Támara cuenta con 7000 privados de libertad.
La vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que los médicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que ellos diseñaron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. «Los privados de libertad no están teniendo contacto con personas externas, no están recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les está sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado allí, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigación», afirma Aguilar.
En contraste con esa posición oficial, la directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretaría aplicó un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro privados de libertad que compartían celda con el fallecido, a un policía militar, al médico, a la enfermera y a una persona de aseo de la clínica del centro penal, todas con resultado negativo.
Las junta interventora está a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. El coronel de infantería José A. González Maradiaga, es el nuevo director del INP, según el Decreto Ejecutivo PCM-068-2019.
El Pozo está ubicada en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, a 241 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1550 privados de libertad. En los últimos dos años, en esta cárcel se han registrado seis asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el módulo de mínima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la cárcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo año, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtró a medios de comunicación.
Tres cosas destacan de la situación de la población penitenciaria hondureña: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.
La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debió poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la información sobre lo que allí pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a este medio que no sabía cuántas pruebas se hicieron, pero confirmó que sí se habían realizado PCR y que todas habían dado negativo hasta el momento.
Realizamos una solicitud de información en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la Secretaría de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las cárceles en alerta por COVID-19. La institución dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR más la realizada al fallecido y que en la Penitenciaría Nacional de Támara han realizado 13. En el primer caso, 70 privados de libertad más compartían módulo con el fallecido por COVID-19 y, en el segundo caso, Támara cuenta con 7000 privados de libertad.
La vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que los médicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que ellos diseñaron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. «Los privados de libertad no están teniendo contacto con personas externas, no están recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les está sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado allí, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigación», afirma Aguilar.
En contraste con esa posición oficial, la directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretaría aplicó un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro privados de libertad que compartían celda con el fallecido, a un policía militar, al médico, a la enfermera y a una persona de aseo de la clínica del centro penal, todas con resultado negativo.
Glenda
Ayala, abogada directora del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura, revisa resoluciones judiciales, informes de visitas a los
centros penales y cuestionarios aplicados a los recluidos para confirmar
su estado de salud. Tegucigalpa, cuatro de mayo 2020. Foto\Jennifer
Ávila
A pesar de la emergencia sanitaria, y el muerto por coronavirus, la
Junta Interventora militar no acata las disposiciones judiciales. El 30
de abril, el Poder Judicial publicó un comunicado en
el que denunció que el INP no había acatado una resolución que ordenó
la realización de pruebas a todos los privados de libertad para
identificar casos de COVID-19.
Después de la muerte de Herrera, el Conaprev visitó El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compartían módulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los policías militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 días antes. Según Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y aseguró que, diez días antes de morir, Herrera fue atendido por un médico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero éste no le dio mayor seguimiento.
El riesgo de contagio en las cárceles es un tema de preocupación para los expertos en América Latina. En las últimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según un estudio de Pedro Rodríguez y Patricia Domínguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisión en la región: «la mayoría en cárceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infección».
Lo anterior describe muy bien la situación de Honduras. En 2019, un informe de Conaprev, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), difundido por el Centro de estudios para la democracia (Cespad), reveló que en El Pozo habían 1804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Policía Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37 % de la población carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves.
El Juzgado de Ejecución Penal informó que la población penal en este presidio es de 1400 personas, 150 menos que su capacidad física. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padecían de tuberculosis y otras enfermedades.
En la última comunicación a inicios de mayo, la vocera del INP insistió, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.
***
Honduras lleva ya dos meses de estado de sitio por la emergencia sanitaria. Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las cárceles en este país. A eso se suman los 2000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detención, sin las condiciones ni controles adecuados.
El viernes 15 de mayo, se anunció el primer caso de coronavirus en la cárcel en Támara, razón por la cual la Junta Interventora del INP anunció el cierre temporal del centro para evitar la propagación del COVID-19.
Mediante comunicado en medios de comunicación, las autoridades penitenciarias reportaron que un privado de libertad con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los últimos dos meses que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciaría Nacional es la prisión con mayor hacinamiento, con 7000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.
Antes de que este caso fuera conocido, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad publicó un comunicado expresando su preocupación por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.
«En Támara están sin agua, las personas que atienden son médicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminofén, no se pueden tomar las medidas de higiene. Además, están proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo está porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qué tipo de control se está llevando con estas personas», explica Delma Carolina Rubí, presidenta de la asociación de familiares.
El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según el organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya habían cumplido su pena, 32 menores con revisión de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.
En general, la situación de salud de la población penitenciaria es otro foco de preocupación. Durante una inspección que realizó Conaprev a nivel nacional, se determinó que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privación de libertad ya quedó sin efecto y podrían ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de Támara, explica Ayala. Conaprev solicitó también que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberación o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos técnicos para dar trámite a esos beneficios. También identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco años, quienes podrían sustituir la prisión con trabajo comunitario o pago de multa, según el mismo organismo de defensa de derechos humanos.
La vocera del INP asegura que «las excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resolución ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resolución, la envía al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie».
La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial: «Todavía el miércoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se habían ido los de preliberación porque el director se había negado a cumplir esto. Prácticamente se le coaccionó y se le dijo que si no lo hacía lo denunciaríamos por violación de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial ¿cuál sería la actitud correcta de una comisión interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar».
Mientras esa resolución no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberación y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos años y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia.
Después de la muerte de Herrera, el Conaprev visitó El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compartían módulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los policías militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 días antes. Según Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y aseguró que, diez días antes de morir, Herrera fue atendido por un médico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero éste no le dio mayor seguimiento.
El riesgo de contagio en las cárceles es un tema de preocupación para los expertos en América Latina. En las últimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según un estudio de Pedro Rodríguez y Patricia Domínguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisión en la región: «la mayoría en cárceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infección».
Lo anterior describe muy bien la situación de Honduras. En 2019, un informe de Conaprev, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), difundido por el Centro de estudios para la democracia (Cespad), reveló que en El Pozo habían 1804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Policía Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37 % de la población carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves.
El Juzgado de Ejecución Penal informó que la población penal en este presidio es de 1400 personas, 150 menos que su capacidad física. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padecían de tuberculosis y otras enfermedades.
En la última comunicación a inicios de mayo, la vocera del INP insistió, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.
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Honduras lleva ya dos meses de estado de sitio por la emergencia sanitaria. Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las cárceles en este país. A eso se suman los 2000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detención, sin las condiciones ni controles adecuados.
El viernes 15 de mayo, se anunció el primer caso de coronavirus en la cárcel en Támara, razón por la cual la Junta Interventora del INP anunció el cierre temporal del centro para evitar la propagación del COVID-19.
Mediante comunicado en medios de comunicación, las autoridades penitenciarias reportaron que un privado de libertad con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los últimos dos meses que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciaría Nacional es la prisión con mayor hacinamiento, con 7000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.
Antes de que este caso fuera conocido, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad publicó un comunicado expresando su preocupación por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.
«En Támara están sin agua, las personas que atienden son médicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminofén, no se pueden tomar las medidas de higiene. Además, están proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo está porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qué tipo de control se está llevando con estas personas», explica Delma Carolina Rubí, presidenta de la asociación de familiares.
El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según el organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya habían cumplido su pena, 32 menores con revisión de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.
En general, la situación de salud de la población penitenciaria es otro foco de preocupación. Durante una inspección que realizó Conaprev a nivel nacional, se determinó que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privación de libertad ya quedó sin efecto y podrían ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de Támara, explica Ayala. Conaprev solicitó también que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberación o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos técnicos para dar trámite a esos beneficios. También identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco años, quienes podrían sustituir la prisión con trabajo comunitario o pago de multa, según el mismo organismo de defensa de derechos humanos.
La vocera del INP asegura que «las excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resolución ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resolución, la envía al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie».
La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial: «Todavía el miércoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se habían ido los de preliberación porque el director se había negado a cumplir esto. Prácticamente se le coaccionó y se le dijo que si no lo hacía lo denunciaríamos por violación de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial ¿cuál sería la actitud correcta de una comisión interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar».
Mientras esa resolución no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberación y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos años y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia.
Familiares
de los presos políticos de la comunidad de Guapinol en el Valle del
Aguán realizan una manifestación y recolección de firmas frente al
Ministerio Público, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto\Martín
Cálix.
Uno de los casos más destacados en ese sentido es el del
ambientalista Jeremías Martínez, judicializado por tentativa de
usurpación de espacios públicos y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, una empresa instalada en un área protegida en el norte.
Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Martínez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberación. En los últimos 10 años, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.
Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Martínez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberación. En los últimos 10 años, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.
Una
protesta por la libertad de los presos políticos frente al Ministerio
Público, Tegucigalpa, 21 de junio de 2018. Foto\Martín Cálix.
Con la pandemia, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
de Honduras, una organización de sociedad civil que promueve y defiende
los derechos humanos localmente, presentó un habeas corpus
correctivo con la finalidad de lograr la excarcelación de personas
consideradas presos políticos, entre ellas aquellas por conflictos
ambientales, pero no hubo respuesta por parte de las instancias
jurisdiccionales.
Juana Zúniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compañeros esté enfermo en la cárcel, están preocupados por lo que les pueda pasar. Después de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que están. «La situación es cada vez más difícil: siete meses con los compañeros presos, tenemos hijos pequeños y no tenemos una respuesta para saber cómo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visitáramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan allí en la cárcel. Solo hemos sabido que les visitó un doctor y ha estado pendiente de ellos», cuenta Zúniga.
Juana Zúniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compañeros esté enfermo en la cárcel, están preocupados por lo que les pueda pasar. Después de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que están. «La situación es cada vez más difícil: siete meses con los compañeros presos, tenemos hijos pequeños y no tenemos una respuesta para saber cómo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visitáramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan allí en la cárcel. Solo hemos sabido que les visitó un doctor y ha estado pendiente de ellos», cuenta Zúniga.
Un
manifestante sostiene un cartel en una protesta frente al Ministerio
Público por la liberación de los presos políticos, Tegucigalpa, 8 de
agosto de 2019. Foto\Martín Cálix.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones más agresivas de militarización que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hernández impulsó al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las cárceles de máxima seguridad estén llenas.
El poder de los militares
A pesar de estar demostrado que es erróneo medir la seguridad a través del número de personas encarceladas, se siguen llenando las prisiones de personas para demostrar el éxito de una política de seguridad. Los gobiernos han sabido justificar sus políticas de «mano dura» y de encarcelación masiva, aunque el sistema de justicia sea ineficaz. En plena pandemia, los arrestos han continuado.La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones más agresivas de militarización que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hernández impulsó al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las cárceles de máxima seguridad estén llenas.
Retén
militar en la entrada a la aldea de Támara donde se encuentran la
Penitenciaría Nacional, la Penitenciaría Nacional Femenina y el Centro
para menores infractores Renaciendo. Las visitas están canceladas y no
hay paso para nadie después de este retén. Tegucigalpa, 5 de mayo de
2020. Foto\Jennifer Ávila
El jefe de la FNAMP es el teniente coronel Amílcar Hernández, quien
en comparecencia de prensa junto al gobernante, detalló las operaciones
que han realizado durante la emergencia por coronavirus en el país, en
las cuales uno de los resultados son las capturas. El alto oficial dijo
que «hubo 144 detenidos, de los cuales el 100 % son personas que han
quedado presas porque han sido judicializados de manera correcta cada
una».
Las consecuencias de la militarización, además del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuración del sistema penitenciario. Esta época de pandemia y el caso específico de las cárceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poderío militar.
Ayala tiene cuatro años en la dirección del Conaprev que, desde su creación en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarización del sistema penitenciario. «Hoy recibí un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la información que hay en el expediente clínico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resolución judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser él (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente debía enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde allí partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el ámbito penitenciario», explica Ayala.
Las Fuerzas Armadas, tras la transición de la época de golpes de Estado militares en la década de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se abolió el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.
Las políticas de «mano dura» han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora está en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba las penas por el delito de asociación ilícita, además que incluía descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portación de tatuajes era una de ellas. A esto se le llamó Ley Antimaras y fue en esa época en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte público. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien llegó al poder con una campaña que se titulaba «Puño firme», por estar dirigida a tener «cero tolerancia» a delitos como el de asociación ilícita. En 2013 Hernández asumió la presidencia del país y entregó la seguridad pública al Ejército.
A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto político, lo que contribuyó a su reelección en 2017, a pesar de existir una prohibición constitucional. Él mismo estudió en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado que derribó a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, «Tony» Hernández, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades públicas, a la institución militar.
Hernández intentó, en su primer mandato, elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la de policía. La reforma no pasó, pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad pública y de algunas áreas del sistema de justicia como las prisiones.
Las consecuencias de la militarización, además del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuración del sistema penitenciario. Esta época de pandemia y el caso específico de las cárceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poderío militar.
Ayala tiene cuatro años en la dirección del Conaprev que, desde su creación en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarización del sistema penitenciario. «Hoy recibí un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la información que hay en el expediente clínico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resolución judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser él (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente debía enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde allí partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el ámbito penitenciario», explica Ayala.
Las Fuerzas Armadas, tras la transición de la época de golpes de Estado militares en la década de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se abolió el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.
Las políticas de «mano dura» han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora está en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba las penas por el delito de asociación ilícita, además que incluía descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portación de tatuajes era una de ellas. A esto se le llamó Ley Antimaras y fue en esa época en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte público. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien llegó al poder con una campaña que se titulaba «Puño firme», por estar dirigida a tener «cero tolerancia» a delitos como el de asociación ilícita. En 2013 Hernández asumió la presidencia del país y entregó la seguridad pública al Ejército.
A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto político, lo que contribuyó a su reelección en 2017, a pesar de existir una prohibición constitucional. Él mismo estudió en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado que derribó a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, «Tony» Hernández, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades públicas, a la institución militar.
Hernández intentó, en su primer mandato, elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la de policía. La reforma no pasó, pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad pública y de algunas áreas del sistema de justicia como las prisiones.
Tito
Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Honduras en conferencia de prensa en las oficinas del Instituto Nacional
Penitenciario, Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2019. Foto\Martín Cálix.
«El que le demos potestades al Ejército para que detenga, investigue y
cuide, eso es definitivamente catastrófico y contrario a la convención
contra la tortura y protocolos facultativos. Una de las cuestiones que
hemos visto con preocupación es el tema de la criminalización inclusive
como institución defensora de derechos humanos porque el personal que
está dirigiendo lo mira a uno como el enemigo (…) En las últimas
intervenciones que he tenido con el señor responsable de la Fuerza
Antimaras y Pandillas le digo: prácticamente usted me está diciendo que
soy parte de la organización delictiva por preguntar qué trato le está
dando al detenido», explica Ayala, directora del Conaprev.
Los abusos de derechos humanos están entre los principales cuestionamientos. «¿Hay tortura en Honduras? Sí hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni rótulos y que allí se llevan a las personas para interrogar y después se presentan ante un juez. La detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero ¿qué dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscalía de derechos humanos? brillan por su ausencia», concluyó la defensora.
El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un motín el jefe de presos Mario Henríquez. Don Mario y los doce presos de su círculo más cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que terminó de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese motín fue trasladado a Támara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que tenían los presos en los centros penales. En 2017, la cárcel de San Pedro Sula fue cerrada. Según el presidente Hernández, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, los índices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.
El abogado Carlos Paz, de la organización Cáritas Honduras ―una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)―, asegura que no hubo un cambio sustancial en las históricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Según el jurista, hay 8761 reos por encima de la máxima capacidad de los penales. «Algunos establecimientos como los de Puerto Cortés o Támara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emitió una declaración en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la óptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro país, la óptica desde donde se acentúan las acciones es desde la corrupción e impunidad», explica Paz.
Cáritas de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la cárcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparación a las víctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH señaló como presuntas víctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estarían detenidos preventivamente con base únicamente en el delito de asociación ilícita. Se identificó como víctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.
La garantía de no repetición es una de las partes esenciales del fallo, así como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el país, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenzó el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Según Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comité contra la Tortura de que un proceso de desmilitarización se iniciaría en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó cinco instalaciones penitenciarias y advirtió en un informe que «el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis».
Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compañeras enfermas con diabetes y tuberculosis, además de las carencias tras la cancelación de visitas. «Antes nosotras sobrevivimos porque venían nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque está con esa cosa de que no pueden salir a ningún lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higiénico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aquí hay un montón de enfermas, diabéticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al día, a veces nos bañamos con eso. Aquí no ha venido nadie de la secretaría de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aquí, pero sigue sin haber medicina», dicen los mensajes.
Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represión. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las cárceles, «sería catastrófico».
El INP rechaza los cuestionamientos. La versión oficial es que en Ilama hay diez médicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situación, están permanentes.
«En todos los centros penitenciarios hay personal médico para cubrir las 24 horas del día. También se ha contratado personal de enfermería. Es falso que no hay agua en Támara, en PNFAS hay agua potable todos los días. Si no hubiera, esas mujeres no tendrían llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad están conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares», expresó la vocera del sistema carcelario.
Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque tenían mascarillas, pude notar la risa de los policías en la entrada del Instituto Penitenciario cuando pedí ver al jefe militar después de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . «El coronel no tiene tiempo», me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera respondería a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pasó.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Los abusos de derechos humanos están entre los principales cuestionamientos. «¿Hay tortura en Honduras? Sí hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni rótulos y que allí se llevan a las personas para interrogar y después se presentan ante un juez. La detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero ¿qué dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscalía de derechos humanos? brillan por su ausencia», concluyó la defensora.
Tragedias y políticas de seguridad
La tragedia carcelaria más grande de América Latina ocurrió en Honduras. En 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua cobró la vida de 361 privados de libertad y una mujer que estaba en visita conyugal. Pero esta no fue la primera vez que una cárcel se quemó y cobró cientos de vidas. En 2003 y 2004 ocurrieron incendios en cárceles del norte de Honduras. En La Ceiba murieron 68 y en el centro penal de San Pedro Sula 107 privados de libertad. Por este último caso, Honduras fue condenado en la CIDH en abril de 2012 en la sentencia del caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Otros motines en ese mismo período dejaron más muertos.El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un motín el jefe de presos Mario Henríquez. Don Mario y los doce presos de su círculo más cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que terminó de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese motín fue trasladado a Támara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que tenían los presos en los centros penales. En 2017, la cárcel de San Pedro Sula fue cerrada. Según el presidente Hernández, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, los índices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.
El abogado Carlos Paz, de la organización Cáritas Honduras ―una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)―, asegura que no hubo un cambio sustancial en las históricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Según el jurista, hay 8761 reos por encima de la máxima capacidad de los penales. «Algunos establecimientos como los de Puerto Cortés o Támara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emitió una declaración en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la óptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro país, la óptica desde donde se acentúan las acciones es desde la corrupción e impunidad», explica Paz.
Cáritas de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la cárcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparación a las víctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH señaló como presuntas víctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estarían detenidos preventivamente con base únicamente en el delito de asociación ilícita. Se identificó como víctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.
La garantía de no repetición es una de las partes esenciales del fallo, así como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el país, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenzó el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Según Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comité contra la Tortura de que un proceso de desmilitarización se iniciaría en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó cinco instalaciones penitenciarias y advirtió en un informe que «el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis».
Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compañeras enfermas con diabetes y tuberculosis, además de las carencias tras la cancelación de visitas. «Antes nosotras sobrevivimos porque venían nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque está con esa cosa de que no pueden salir a ningún lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higiénico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aquí hay un montón de enfermas, diabéticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al día, a veces nos bañamos con eso. Aquí no ha venido nadie de la secretaría de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aquí, pero sigue sin haber medicina», dicen los mensajes.
Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represión. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las cárceles, «sería catastrófico».
El INP rechaza los cuestionamientos. La versión oficial es que en Ilama hay diez médicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situación, están permanentes.
«En todos los centros penitenciarios hay personal médico para cubrir las 24 horas del día. También se ha contratado personal de enfermería. Es falso que no hay agua en Támara, en PNFAS hay agua potable todos los días. Si no hubiera, esas mujeres no tendrían llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad están conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares», expresó la vocera del sistema carcelario.
Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque tenían mascarillas, pude notar la risa de los policías en la entrada del Instituto Penitenciario cuando pedí ver al jefe militar después de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . «El coronel no tiene tiempo», me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera respondería a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pasó.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Durante encierro, 651 hombres denunciados por violencia doméstica
- 21/05/2020
La zona norte, el Distrito Central y el litoral atlántico es donde se presenta la mayor incidencia de denuncias.
Desde el 16 marzo, día en que comenzó la cuarentena por la
propagación del Coronavirus, un total de 651 hombres han sido
denunciando por violencia doméstica, según la información de las
oficinas del Ministerio Público a nivel nacional.
En la zona norte es donde se presenta la mayor incidencia de denuncias con 184 casos, seguido del municipio del Distrito Central con 180 y en tercer lugar el litoral atlántico con 125 denuncias por violencia doméstica, explicó en Radio Progreso la portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix.
Propuesta de ley
Mientras tanto se está proponiendo en el país la aprobación de la Ley de Emergencia para Protección Integral a niñas, adolescentes y mujeres frente al Covid-19.
Mediante la aprobación de dicha Ley, se plantea la reactivación de la línea 114 con la finalidad de ofrecer un espacio de denuncia inmediata para los casos de violencia doméstica e intrafamiliar.
La diputada proyectista, Olivia Zúniga Cáceres, dijo en Radio Progreso que de ser aprobada, se deberá asegurar que, del total de las transferencias hechas a las municipalidades para la atención inmediata de la Pandemia del Coronavirus, un 5% de los fondos sea destinado a las mujeres que son madres solteras y jefas de hogar.
En la zona norte es donde se presenta la mayor incidencia de denuncias con 184 casos, seguido del municipio del Distrito Central con 180 y en tercer lugar el litoral atlántico con 125 denuncias por violencia doméstica, explicó en Radio Progreso la portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix.
Propuesta de ley
Mientras tanto se está proponiendo en el país la aprobación de la Ley de Emergencia para Protección Integral a niñas, adolescentes y mujeres frente al Covid-19.
Mediante la aprobación de dicha Ley, se plantea la reactivación de la línea 114 con la finalidad de ofrecer un espacio de denuncia inmediata para los casos de violencia doméstica e intrafamiliar.
La diputada proyectista, Olivia Zúniga Cáceres, dijo en Radio Progreso que de ser aprobada, se deberá asegurar que, del total de las transferencias hechas a las municipalidades para la atención inmediata de la Pandemia del Coronavirus, un 5% de los fondos sea destinado a las mujeres que son madres solteras y jefas de hogar.
Se
espera que en una sesión virtual se apruebe la Ley de Emergencia para
Protección Integral a niñas, adolescentes y mujeres frente al Covid-19.
Recurso de Amparo sin resolver: Sala de lo Constitucional violenta acceso a la justicia a trabajadoras domésticas
Thursday, 04 June 2020 20:16 Written by Heidy Dávila Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:Facebook RTDH
Un Recurso de Amparo presentado desde el mes de abril no ha sido
resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, a favor de las trabajadoras domésticas que están en gran
vulnerabilidad por falta de dotación de insumos de bioseguridad por sus
patrones, y el constante peligro de contagio del Covid19. La Sala ha
argumentado que hay otros recursos más urgentes, violentando el acceso a
la justicia de este sector compuesto por miles de mujeres y niñas que
son explotadas.
Organizaciones solicitan desde hace mucho tiempo que se reconozca sus
derechos laborales de acuerdo a la Ley , debido a que están en
desigualdad jurídica a pesar que realizan un trabajo muy estresante y
con largas horas de trabajo, sin descansos ni protección social, y ahora
con la pandemia las cosas han empeorado.
La Red de Trabajadoras Domésticas, RTDH, el Centro de Estudios de la
Mujer-Honduras, (CEM-H), y el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos,
aseguraron que las condiciones de trabajo en Honduras se están
agravando para este sector, frente a una falta de reconocimiento social y
regulación inadecuada.
Según este grupo, en un estudio de campo que se realizó, se constató que la falta de reconocimiento social es debido a que las trabajadoras domésticas tienen restringidos sus derechos por parte de sus patronos, pagos y horarios de trabajos inadecuados, prohibición de asociarse, acoso y violaciones sexuales, son víctimas de maltrato verbal, físico y psicológico, además de amenazas, las cuales no denuncian porque permanecen en silencio porque temen por sus vidas.
En el contexto del Covid-19 muchas empleadas deben buscar las maneras de llegar a sus trabajos, con los protocolos de seguridad impuestos en Honduras desde el 16 de marzo por el Gobierno de la Republica, restringiendo la circulación y con la paralización de transporte público, deben sacrificar su permanencia, y como no hay un estamento legal que proteja sus derechos laborales, están expuestas a pagos irrisorios por su trabajo.
Gabriela Pineda, de la Red de Trabajadoras Domésticas, RTDH, recordó en un conversatorio con medios de comunicación este 04 de junio de 2020, que según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas,(INE), hay más de 139 mil mujeres que son trabajadoras domésticas, al menos unas 6 mil niñas de regiones vulnerabilizadas por la pobreza entre 10 y 15 años hacen trabajo doméstico, sin ninguna regulación estatal.
Ellas no tienen acceso a la educación, salud, y con la Ley de empleo por hora pueden recibir un pago entre 250 y 300 lempiras al día. Las condiciones de escasez de agua también afectan su ingreso, debido a que si no hay este vital líquido, no trabajen todos los días.
Denunciaron que en el contexto de la pandemia muchas mujeres perdieron su permanencia y las que tienen trabajo con dormida en la casa donde trabajan visitan muy poco a su familia.
La RTDH denunció que tienen bajos salarios,
traslados costosos en la emergencia
por Covid.19, falta de insumos de bioseguridad
y jornadas extenuantes de trabajo.
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Según este grupo, en un estudio de campo que se realizó, se constató que la falta de reconocimiento social es debido a que las trabajadoras domésticas tienen restringidos sus derechos por parte de sus patronos, pagos y horarios de trabajos inadecuados, prohibición de asociarse, acoso y violaciones sexuales, son víctimas de maltrato verbal, físico y psicológico, además de amenazas, las cuales no denuncian porque permanecen en silencio porque temen por sus vidas.
En el contexto del Covid-19 muchas empleadas deben buscar las maneras de llegar a sus trabajos, con los protocolos de seguridad impuestos en Honduras desde el 16 de marzo por el Gobierno de la Republica, restringiendo la circulación y con la paralización de transporte público, deben sacrificar su permanencia, y como no hay un estamento legal que proteja sus derechos laborales, están expuestas a pagos irrisorios por su trabajo.
Gabriela Pineda, de la Red de Trabajadoras Domésticas, RTDH, recordó en un conversatorio con medios de comunicación este 04 de junio de 2020, que según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas,(INE), hay más de 139 mil mujeres que son trabajadoras domésticas, al menos unas 6 mil niñas de regiones vulnerabilizadas por la pobreza entre 10 y 15 años hacen trabajo doméstico, sin ninguna regulación estatal.
Ellas no tienen acceso a la educación, salud, y con la Ley de empleo por hora pueden recibir un pago entre 250 y 300 lempiras al día. Las condiciones de escasez de agua también afectan su ingreso, debido a que si no hay este vital líquido, no trabajen todos los días.
Denunciaron que en el contexto de la pandemia muchas mujeres perdieron su permanencia y las que tienen trabajo con dormida en la casa donde trabajan visitan muy poco a su familia.
Reporte semanal (2): COVID-19 y los derechos ciudadanos, los trabajadores(as) bajo el ataque del Gobierno
Por
Redacción
mayo 4, 2020
Escrito por: Bladimir López, miembro del equipo de analistas del CESPAD
4 de mayo, 2020
Durante el período del 27 de abril al 3
de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas
constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura: i)
Conmemoración del día del trabajador (a) entre despidos y suspensiones
laborales, ii) Protestas por alimentos, trabajo y demandas por equipo de
bioseguridad, y, iii) Ataques a la defensoría de derechos humanos ante
una posible entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
I. Los trabajadores(as) asediados por el gobierno y la gran empresa
El sector obrero sufre con fuerza los
efectos negativos del COVID-19, mientras que es presa directa de las
decisiones antidemocráticas del gobierno, debido a la ausencia de
medidas económicas y laborales con enfoque de equidad. Sin olvidar, que
la actual crisis laboral
que golpea al país es producto de toda una serie de políticas laborales
de corte neoliberal que precarizan el trabajo, expulsan a los
trabajadores(as) del mercado laboral y violentan derechos laborales.
En una publicación
del 1 de mayo, se estima que la contingencia sanitaria ha provocado la
suspensión de unos 150,000 empleos en siete semanas que han pasado desde
que fue declarado el Estado de excepción. Mientras que el total de personas despedidas
en menos de un mes sobrepasa una cifra de 50 mil trabajadores, lo cual
equivale al 2.5% de empleos formales, sin cuantificar el número de
despedidos en el sector informal.
De igual forma se estiman que el
segmento que más ha sido estremecido es el de las micro pequeñas y
medianas empresas, solamente en el Valle de Sula han quedado en vilo
300,000 puestos y se estima que esta cifra se eleva a un millón a nivel
nacional. Las proyecciones oficiales
apuntan que la actual crisis provocaría la pérdida de por lo menos
medio millón de espacios laborales, aunque los empleadores advierten que
esta cifra será superada con creces por la población de trabajadores
que serán sacrificados en el contexto post-COVID-19, debido al declive
de la economía regional y mundial.
En ese contexto, es de importancia
señalar que el 28 de abril el Congreso Nacional aprobó nuevamente un
préstamo por una suma de 200 millones de dólares, orientado a la liquidez de la banca y al sector productivo. En ese punto es importante preguntarse: ¿Por
qué se acrecientan los despidos y suspensiones en un país en donde el
gobierno en el marco de la actual crisis ha centrado sus acciones en
medidas económicas y financieras para reactivar el sector productivo?
En el marco del día del trabajador (a)
organizaciones de derechos humanos, establecen que el actual escenario
de suspensiones y despidos está generando un masivo proceso de mendicidad, a la vez que se proyecta más trabajo infantil a causa de la pandemia.
En conclusión, lo que evidencia la
creciente ola de suspensiones y despidos es la ausencia de una política
económica sostenible desde el gobierno y el sector privado, orientada en
tres vías: i) Asegurar el empleo de la clase trabajadora, ii) Medidas
fiscales para amortiguar el impacto de la recesión económica y iii)
Políticas públicas eficientes y de calidad para las MiPymes.
II. La persistencia de las protestas
Como todas las semanas las protestas no
han cesado y en el período aquí comprendido se registraron un total de
14 protestas. En primera línea figuran las comunidades rurales y
espacios urbanos que demandan alimentos y por los altos costos del recibo de la luz eléctrica. Lo anterior sucede en un marco de país marcado por la politización y sobrevaloración en la entrega de alimentos y la intervención de alcaldías municipales por corrupción en la distribución de alimentos.
En segunda línea figura el personal de radiología y médico
del sector salud quienes demandan equipo de bioseguridad y el pago de
salarios. En un marco donde el Hospital Escuela no cuenta con insumos
necesarios debido a los altos precios de los proveedores,
ya que las empresas elevan desproporcionadamente los precios de
utensilios de bioseguridad. Y por otro lado, la corrupción en el uso de
los fondos públicos, en el cual el Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA), señala en su segundo informe que se sobrevaloraron precios en la compra de mascarillas generando un perjuicio de 57.5 millones de lempiras al Estado.
En la tercera línea, sobresalen sectores del rubro de transporte: mototaxis y taxistas.
Mientras que los primeros demandan alimentos, los segundos piden un
bono mensual ante las pérdidas millonarias (20 millones diarios),
trabajo y que el gobierno les proporcione todas las medidas de
bioseguridad que se necesitan. En ese marco el sector trasporte señala
intensificar las acciones de protestas si el gobierno no les da
respuestas eficientes a sus demandas.
En conclusión, lo que motivan las
actuales protestas ciudadanas en el país es: i) La falta de
planificación social desde un enfoque de política pública, ii) Ausencia
de transparencia en el uso de los recursos públicos y en la entrega de
ayuda humanitaria y, iii) Medidas de alivio social sin enfoque de
equidad que no responden a las principales demandas de la población
excluida.
III. Ataques hacia el sector periodista y defensores(as) de derechos humanos
El actual Estado de excepción tiene en la mira a periodistas y defensores(as) de derechos humanos,
quienes en su labor de informar y de defensoría son víctimas de
agresiones sexuales, estigmatización y persecución. Todo eso sucede en
un contexto marcado por la suspensión de las garantías constitucionales y
por un hondo proceso de militarización de la sociedad que ha generado
un mayor control y vigilancia de las fuerzas policías y militares sobre
la población hondureña.
En ese contexto adverso, entra en escena la entrada en vigencia el 10 de mayo del nuevo Código Penal
el cual beneficiará ampliamente a la élite política corrupta y
violentará derechos humanos esenciales de todo sistema democrático:
libertad de expresión y la protesta social. En ese marco las
organizaciones de derechos humanos emprenden acciones para la ampliación de la Vacatio Legis, debido a una serie de contradicciones y socialización deficiente en la ciudadanía.
En el fondo, la entrada en vigencia del
dicho código conllevaría por lo menos a cuatro grandes acciones en
detrimento de los intereses de la sociedad en el actual contexto de
país: i) Acciones penales contra aquellas sectores que ejercen protesta
social pacífica ante la falta de alimentos, ii) Mayor blindaje de la
élite política que ha sido señalada por actos de corrupción en la actual
coyuntura, iii) Restricciones al trabajo de los periodistas y
defensores(as) de derechos humanos y, iv) Incremento de la violencia
intrafamiliar en los hogares ante la rebaja de penas en ese tema,
considerando que en el actual contexto las denuncias se han incrementado
considerablemente.
En conclusión, considerando la actual crisis de derechos humanos
que golpea a la población, las acciones señaladas anteriormente
refuerzan la idea de que los grandes costos políticos de la actual
suspensión de las garantías constitucionales están llevando a una
radicalización del actual modelo político autoritario, a la vez que
blinda a la élite de actos de corrupción y expande su control sobre la
sociedad hondureña.
IV. Puntos para la reflexión estratégica
Desde el CESPAD consideramos que es
urgente que las organizaciones políticas y sociales del país enfoquen su
capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:
- La crisis laboral seguirá en crecimiento, y ante la ausencia de información poco creíble es importante que las organizaciones de derechos humanos pongan en marcha mecanismos de monitoreo en alianza con las centrales obreras para dimensionar el costo de la crisis laboral, comprender el impacto en las familias y en la economía y plantear propuestas contundentes desde la oposición social.
- A raíz del ascenso de las protestas ciudadana y el constante proceso de militarización y represión de la protesta social, es de importancia que la población se convierta en defensora y protectora de sus derechos. Para ello las organizaciones de derechos humanos en alianza con radios locales y comunitarias pueden difundir protocolos que guíen a la población ante acciones de represión que infraccionen derechos.
- Ante la posible entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la oposición social deberá de conjuntar esfuerzos y avanzar en la construcción de un nuevo esquema programático de lucha contra la corrupción en tiempos de COVID-19 y post-COVID-19.
URGENTE: PASAN SENTENCIA DE “TONY” AL 16 DE SEPTIEMBRE
- Publicado: 05 Junio 2020
El
abogado de “Tony” Hernández, hermano del titular del Ejecutivo
hondureño, Juan Hernández, solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva
York, en EE UU, una nueva prórroga de la sentencia por cuatro cargos de
narcotráfico por los que fue condenado “Tony”.- Este 4 de junio
trascendió que le fue concedida.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una
nueva estrategia para no escuchar la sentencia ha desarrollado Antonio
“Tony” Hernández: cambiar de defensa legal. Y está funcionando por la
colaboración eficaz que, por eso mismo, según técnicos judiciales,
postergar la sentencia en una corte estadounidense no altera en nada la
situación de condenado como es el caso del exdiputado nacionalista y
hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández.
Ayer
3 de junio, Peter Brill, abogado de “Tony” Hernández, solicitó a la
Corte del Distrito Sur de Nueva York una prórroga para la lectura final
de las penas por los delitos confirmados en juicio que condenaron por
cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas al otrora parlamentario
hondureño.
Brill
asumió la defensa de “Tony” tras el retiro de los abogados de la firma
Millbank el pasado abril, por lo que pidió al juez Kevin Castel
postergar hasta la audiencia de sentencia, que estaba programada para
este 5 de junio. Lo anterior trascendió en una carta que Brill envió al
juez Castel, quien decidió postergar la audiencia para el 16 de
septiembre de 2020.
Cabe
recordar que el 18 de octubre anterior, un jurado declaró culpable al
hermano de Juan Hernández por cuatro cargos: tráfico de drogas, soborno,
posesión ilegal de armas y declaraciones falsas a un funcionario
estadounidense. Algunos narcotraficantes que han sido procesados en EE
UU, confesaron que “Tony” recibió un millón de dólares (unos 25 millones
de lempiras) del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para la campaña
presidencial de su hermano, Juan Hernández.
Por
su parte, el diputado hondureño Fredy Nájera ha seguido el ejemplo de
Hernández. Y este día la sentencia programada para el 23 de junio de
este año, se reprogramó para el 10 de agosto en un Tribunal de New York,
EEUU, donde el hondureño se declaró culpable por dos delitos de
narcotráfico.
El
pasado 26 de mayo se conoció que Nájera, tras llegar a un acuerdo con
la justicia de Estados Unidos, se volvió a declarar culpable de dos
delitos relacionados con el narcotráfico, después de que a inicialmente
se declaró culpable, pero retiró su culpabilidad tras cambiar de abogado
defensor. Fue acusado de conspirar para importar cocaína y delitos
relacionados a la tenencia de armas de fuego en ese país del norte.
Nájera aún es diputado hondureño, porque no ha sido retirado del cargo.
Autoritarismo: Congreso de Honduras aprueba ley para obligar el uso de mascarillas
mayo 21, 2020
Redacción
Por: Redaccion CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Con posiciones confrontadas entre las bancadas oficialistas y opositoras, el Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de la maña de este jueves, la “Ley de uso obligatorio de mascarilla y aplicación de protocolos de bioseguridad”, que obligará a todo aquel hondureño que incumpla el uso de tapaboca a pagar una multa de 200 lempiras.
La iniciativa, que la semana pasada el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, anunció que enviaría al Congreso, fue presentada por el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, siendo aprobada en su totalidad.
De acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, “Las personas que no usen o se nieguen a usar mascarillas o cubre bocas en los términos establecidos en esta ley se les aplicará una multa de 200 lempiras con la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, y por primera vez se le dotará una mascarilla por parte del gobierno a través de la persona que lo detenga”.
Durante la discusión del dictamen, las bancadas opositoras criticaron fuertemente su contenido por considerarlo una medida autoritaria que implicará “la penalización de la pobreza”, sobre todo, para la personas con escasos recursos.
Precisamente, el mecanismo fue calificado como una “medida coercitiva” por la congresista del Partido Innovación y Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien además expuso que el decreto que contiene el nuevo mandato penal no contempla la educación de la población en materia sanitaria que a su juicio sería más efectiva.
Seguidamente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, expuso que la nueva normativa legal fue diseñada dejando sin lugar la angustiante realidad económica de aquella población que no tiene como costearse los insumos sanitarios requeridos durante la etapa post pandemia.
Ampliando la argumentación expuesta por Cálix, el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, reconoció a la comisión encargada del dictamen de la nueva ley por reducir el monto de la multa que abusivamente el Poder Ejecutivo había fijado en 300 lempiras.
No obstante, manifestó su inconformidad, puesto que “nosotros no estamos de acuerdo que se impongan sanciones ni detenciones que violenten el marco constitucional, ni tampoco de establecer penas sancionando durante el estado de emergencia”, expresó.
Por lo que “sancionar sería penalizar la pobreza e incrementar la situación de desigualdad social, provocando entre otras cosas discriminación”, sentenció Redondo.
De su parte del diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, dijo que aunque la medida tiene razón de ser “en ninguna manera puede imponer sanciones como la multa de 200 lempiras y el trabajo forzoso, que suena a dictadura”.
Tras las intervenciones de las bancadas opositoras, el diputado nacionalista, Mario Pérez, presidente de la comisión de la elaboración del dictamen, defendió la nueva disposición argumentando que no contiene ninguna implicación penal, ya que “es una sanción administrativa que no puede considerarse pena”, explicó.
En este sentido, Pérez procedió a únicamente añadir algunas sugerencias que algunos legisladores como el diputado liberal Mario Segura y la congresista nacionalista, Johana Bermúdez, recomendaron incorporar a la ley. Entre ellas, la orden de obligar a los patronos a que en sus empresas, suministren de mascarillas a su personal laboral. Asimismo, el promover una campaña por el uso de mascarilla. Igualmente, la sugerencia de exceptuar del uso obligatorio de mascarilla a personas que presenten algunas patologías que le impida usar el tapaboca.
Tegucigalpa. Con posiciones confrontadas entre las bancadas oficialistas y opositoras, el Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de la maña de este jueves, la “Ley de uso obligatorio de mascarilla y aplicación de protocolos de bioseguridad”, que obligará a todo aquel hondureño que incumpla el uso de tapaboca a pagar una multa de 200 lempiras.
Lea además: Hernández advierte que policías y militares capturarán a quien salga sin mascarilla a las calles
Honduras se convierte en el primer país del continente americano en legislar para sancionar a las personas que no utilicen mascarillas o tapabocas para prevenir el contagio del Covid-19 y en establecer sanciones pecuniarias por este incumplimiento.La iniciativa, que la semana pasada el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, anunció que enviaría al Congreso, fue presentada por el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, siendo aprobada en su totalidad.
De acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, “Las personas que no usen o se nieguen a usar mascarillas o cubre bocas en los términos establecidos en esta ley se les aplicará una multa de 200 lempiras con la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, y por primera vez se le dotará una mascarilla por parte del gobierno a través de la persona que lo detenga”.
Durante la discusión del dictamen, las bancadas opositoras criticaron fuertemente su contenido por considerarlo una medida autoritaria que implicará “la penalización de la pobreza”, sobre todo, para la personas con escasos recursos.
Precisamente, el mecanismo fue calificado como una “medida coercitiva” por la congresista del Partido Innovación y Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien además expuso que el decreto que contiene el nuevo mandato penal no contempla la educación de la población en materia sanitaria que a su juicio sería más efectiva.
Seguidamente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, expuso que la nueva normativa legal fue diseñada dejando sin lugar la angustiante realidad económica de aquella población que no tiene como costearse los insumos sanitarios requeridos durante la etapa post pandemia.
Ampliando la argumentación expuesta por Cálix, el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, reconoció a la comisión encargada del dictamen de la nueva ley por reducir el monto de la multa que abusivamente el Poder Ejecutivo había fijado en 300 lempiras.
No obstante, manifestó su inconformidad, puesto que “nosotros no estamos de acuerdo que se impongan sanciones ni detenciones que violenten el marco constitucional, ni tampoco de establecer penas sancionando durante el estado de emergencia”, expresó.
Por lo que “sancionar sería penalizar la pobreza e incrementar la situación de desigualdad social, provocando entre otras cosas discriminación”, sentenció Redondo.
De su parte del diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, dijo que aunque la medida tiene razón de ser “en ninguna manera puede imponer sanciones como la multa de 200 lempiras y el trabajo forzoso, que suena a dictadura”.
Tras las intervenciones de las bancadas opositoras, el diputado nacionalista, Mario Pérez, presidente de la comisión de la elaboración del dictamen, defendió la nueva disposición argumentando que no contiene ninguna implicación penal, ya que “es una sanción administrativa que no puede considerarse pena”, explicó.
En este sentido, Pérez procedió a únicamente añadir algunas sugerencias que algunos legisladores como el diputado liberal Mario Segura y la congresista nacionalista, Johana Bermúdez, recomendaron incorporar a la ley. Entre ellas, la orden de obligar a los patronos a que en sus empresas, suministren de mascarillas a su personal laboral. Asimismo, el promover una campaña por el uso de mascarilla. Igualmente, la sugerencia de exceptuar del uso obligatorio de mascarilla a personas que presenten algunas patologías que le impida usar el tapaboca.
Honduras: Informe sobre estado de excepción y derechos humanos
«No queremos volver a la ‘normalidad’ sino repensar Honduras»
Por Giorgio Trucchi | 28/05/2020 | REBELIÓN
Fuentes: Rel UITA
La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Rel
UITA, dieron a conocer el segundo informe sobre los impactos de las
medidas restrictivas por Covid-19 sobre los derechos humanos.
El objetivo del informe[1], donde se evidencia la falta de
credibilidad en la información oficial, la corrupción en el manejo de
los recursos para la emergencia, el aumento de los casos de contagio y
la creciente conflictividad generada por el hambre, es denunciar los
hechos para evitar la impunidad.
A pesar de que el gobierno gestiona unos 2 mil millones de dólares para la emergencia, uno de los presupuestos más grande de Centroamérica para la lucha contra el coronavirus, los resultados han sido desastrosos.
“La cuarentena nacional (…) exhibe las precarias condiciones sociales y económicas estructurales de la población, pero también la carencia de una política pública centrada en la persona.
El país sufre discriminación social, política y étnica rampante, acompañada de la represión policial y militar continuada desde el golpe de 2009.
Las medidas impuestas para salvar vidas (…) responden al falso slogan policial-militar-partidario ‘servir y proteger’, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos y de corrupción”, señala el informe.
Un sistema sanitario público colapsado y la penuria de equipamiento médico se suman a la crisis alimentaria que afecta a más de 3,2 millones de personas aisladas, sin ingresos o en suspenso laboral.
En el informe, la CCC, Rel UITA y Cofadeh calculan en unos 100 mil las y los trabajadores suspendidos, y en más de 50 mil los que sobreviven con un salario reducido al 70 por ciento o menos.
Represión de la protesta
Las protestas espontáneas han sido brutalmente reprimidas.
“Gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados, militarización de los territorios (…) en plena discrecionalidad e impunidad”, advierte el documento.
El resultado es 37 protestas reprimidas, 11 mil personas detenidas arbitrariamente, 165 víctimas de malos tratos, 5 casos de tortura, 8 personas heridas y 1 fallecida. Además hay cientos de casos de personas estigmatizadas por contraer el coronavirus.
También las y los defensores de derechos humanos han sufrido la estigmatización y los vejámenes del régimen. Los datos del informe arrojan 22 casos de hostigamiento, 13 organizaciones afectadas por campañas difamatorias, 33 obstaculizaciones al ejercicio y 3 intimidaciones.
Tampoco ha habido interés para los sectores más vulnerables, como las personas privadas de libertad, entre ellas al menos 11 presos políticos[2], las comunidades indígenas y campesinas.
“No hay palabras para describir la cantidad de violaciones y los atropellos que a diario vive la población.
Nos mantenemos en alerta máxima y hemos desarrollado acciones urgentes, presentado denuncias a nivel nacional e internacional para que no haya impunidad.
Lamentablemente nos enfrentamos a una dictadura que cierra todos los espacios, reprime y criminaliza”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, durante la videoconferencia de presentación del informe.
Repensar Honduras
Para muchos países que han sufrido los embates de la pandemia, volver a la ‘normalidad” después de la tragedia no puede ser una opción.
“La normalidad en Honduras es corrupción, vejámenes, represión, violación de derechos. No podemos volver a lo que nos llevó a esta situación de colapso económico y social”, dijo Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras.
“Muchas de las garantías constitucionales suspendidas por la pandemia quedarán definitivamente en papel mojado una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Hay artículos que van a legalizar la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el movimiento sindical vamos a presionar a las centrales para que se sumen a la exigencia de derogar dichos artículos”, explicó Carlos H Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.
“Aquí no se trata de volver a la normalidad que nos han impuesto, sino que como personas que tenemos compromiso con la vida y con nuestro país repensemos Honduras.
Debemos pararnos y decir ¡basta ya! con esto; ¡basta ya! de neoliberalismo fracasado y colapsado. Y esto se gana y se logra en las calles, defendiéndonos ante la brutalidad de este régimen y este modelo”, concluyó Bertha Oliva.
Notas:
[1] “Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”
[2] http://www.rel-uita.org/
Fuente: Rel UITA
Esta
medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido
criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente
ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han
beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que
el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de
concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un
enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.
– ¿A quién beneficia estas medidas?
A pesar de que el gobierno gestiona unos 2 mil millones de dólares para la emergencia, uno de los presupuestos más grande de Centroamérica para la lucha contra el coronavirus, los resultados han sido desastrosos.
“La cuarentena nacional (…) exhibe las precarias condiciones sociales y económicas estructurales de la población, pero también la carencia de una política pública centrada en la persona.
El país sufre discriminación social, política y étnica rampante, acompañada de la represión policial y militar continuada desde el golpe de 2009.
Las medidas impuestas para salvar vidas (…) responden al falso slogan policial-militar-partidario ‘servir y proteger’, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos y de corrupción”, señala el informe.
Un sistema sanitario público colapsado y la penuria de equipamiento médico se suman a la crisis alimentaria que afecta a más de 3,2 millones de personas aisladas, sin ingresos o en suspenso laboral.
En el informe, la CCC, Rel UITA y Cofadeh calculan en unos 100 mil las y los trabajadores suspendidos, y en más de 50 mil los que sobreviven con un salario reducido al 70 por ciento o menos.
Represión de la protesta
Las protestas espontáneas han sido brutalmente reprimidas.
“Gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados, militarización de los territorios (…) en plena discrecionalidad e impunidad”, advierte el documento.
El resultado es 37 protestas reprimidas, 11 mil personas detenidas arbitrariamente, 165 víctimas de malos tratos, 5 casos de tortura, 8 personas heridas y 1 fallecida. Además hay cientos de casos de personas estigmatizadas por contraer el coronavirus.
También las y los defensores de derechos humanos han sufrido la estigmatización y los vejámenes del régimen. Los datos del informe arrojan 22 casos de hostigamiento, 13 organizaciones afectadas por campañas difamatorias, 33 obstaculizaciones al ejercicio y 3 intimidaciones.
Tampoco ha habido interés para los sectores más vulnerables, como las personas privadas de libertad, entre ellas al menos 11 presos políticos[2], las comunidades indígenas y campesinas.
“No hay palabras para describir la cantidad de violaciones y los atropellos que a diario vive la población.
Nos mantenemos en alerta máxima y hemos desarrollado acciones urgentes, presentado denuncias a nivel nacional e internacional para que no haya impunidad.
Lamentablemente nos enfrentamos a una dictadura que cierra todos los espacios, reprime y criminaliza”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, durante la videoconferencia de presentación del informe.
Repensar Honduras
Para muchos países que han sufrido los embates de la pandemia, volver a la ‘normalidad” después de la tragedia no puede ser una opción.
“La normalidad en Honduras es corrupción, vejámenes, represión, violación de derechos. No podemos volver a lo que nos llevó a esta situación de colapso económico y social”, dijo Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras.
“Muchas de las garantías constitucionales suspendidas por la pandemia quedarán definitivamente en papel mojado una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Hay artículos que van a legalizar la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el movimiento sindical vamos a presionar a las centrales para que se sumen a la exigencia de derogar dichos artículos”, explicó Carlos H Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.
“Aquí no se trata de volver a la normalidad que nos han impuesto, sino que como personas que tenemos compromiso con la vida y con nuestro país repensemos Honduras.
Debemos pararnos y decir ¡basta ya! con esto; ¡basta ya! de neoliberalismo fracasado y colapsado. Y esto se gana y se logra en las calles, defendiéndonos ante la brutalidad de este régimen y este modelo”, concluyó Bertha Oliva.
Notas:
[1] “Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”
[2] http://www.rel-uita.org/
Fuente: Rel UITA
¡TELEFONAZO! GOBIERNO APRUEBA “NEGOCION” A TRANSNACIONALES TIGO Y CLARO
- Publicado: 08 Abril 2020
A
la mortal presencia del Covid-19, se suma con todo vigor la
corruptovirus, eterna pandemia que ha cobrado millones de vidas en la
historia del pueblo hondureño, tanto así, que el pasado viernes 3 de
abril, en medio de las medidas de emergencia, el Congreso Nacional
aprobó una serie de negocios tecnológicos sin licitación para las
telefónicas extranjeras Tigo y Claro.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, el abogado Rasel Tomé, que cuestiona que los
negocios de telecomunicaciones no tienen nada que ver con una acción
para atender la emergencia nacional. En este diálogo ahonda en distintas
aristas de la decisión del gobierno al favorecer a las telefónicas
extranjeras.
Después
de Covid-19 surgirán otros negocios para las empresas de telefonía,
entre otros, “la “telesalud” y la “teleducación” y todos los sistemas
que hay que realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la
sociedad con la información, la inteligencia artificial y los procesos
de teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente
con informes a la sociedad”, advierte Tomé.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
emergencia nacional por el coronavirus (Covid-19), no a todos les ha
impactado igual; para la clase política gobernante y para el capital que
respalda a Juan Hernández, la pandemia abre las puertas para más
negocios con los bienes del Estado, que con las leyes aprobadas desde el
Congreso Nacional, se garantiza regalos a una clase ya súper
privilegiada como el mercado cautivo de las telecomunicaciones en
Honduras en manos de sólo dos empresas extranjeras.
Con
ojos de halcón, se han fijado en el espectro radioeléctrico luego que
el Congreso facultara el pasado viernes 3 de abril en la ley de “Auxilio
al sector Productivo” para que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) pueda negociar de mutuo acuerdo los
contratos de concesión y hasta nuevas licencias de operación con las
empresas de telefonía móvil Tigo y Claro.
Esta
medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido
criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente
ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han
beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que
el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de
concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un
enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, Rasel Tomé (foto más abajo), quien asegura que
en medio de una emergencia nacional por pandemia no tiene nada que ver
los negocios de las telecomunicaciones.
– ¿Qué significado tienen estos artículos que aprobó el Congreso?
–
Desde que estaba en discusión este decreto que lo hacen en el marco de
las medidas a adoptar en medio de la pandemia del coronavirus
(Covid-19), elevamos la voz de denuncia, pronunciándonos, defendiendo el
derecho del pueblo hondureño porque el espectro radioeléctrico le
pertenece a todos los hondureños y el mismo es administrado por Conatel;
pero aquí, en medio de la pandemia, han aprobado unos artículos que hay
que ponerle mucho ojo, porque pueden ser elementos de corrupción. El
Estado asigna las concesiones mediante procesos de licitación y subasta
para obtener recursos, ya que ese bien es un bien escaso y debe ser
administrado eficientemente. Hoy se está adjudicando la banda ancha que
es la que permite realizar un flujo de información de alto paquete, es
decir, de alta capacidad, entonces, la banda ancha que debió haberse
sometido a concurso para
ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la
emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los
operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones
Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser
revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque
podría estarse realizando un acto de corrupción.
ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la
emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los
operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones
Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser
revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque
podría estarse realizando un acto de corrupción.
La
“telesalud” y la “teleducación”, y todos los implementos que hay que
realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la sociedad con
la información, la inteligencia artificial y los procesos de
teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente con
informes a la sociedad y en este caso, si los hondureños estamos
sometidos a una cuarentena en un proceso de contención de la pandemia
como lo dice la OMS, si los que están desde este gobierno y la
dictadura, desde el Poder Ejecutivo envían un decreto y convoca al
Congreso para aprobar medidas con relación a la crisis ¿qué tiene que
ver la banda ancha con eso?, ¿qué tiene que ver los negocios que le
están autorizando a Conatel que realice con las empresas de telefonía
celular?, ¿o es que a cambio de cincuenta mensajitos que le dan a cada
ciudadano les dicen que les van a dejar la banda ancha?, todas estas
preguntas tiene que contestarlas la dictadura, nosotros hoy podemos
elevar nuestra voz en nombre del pueblo hondureño exigiendo rendición de
cuentas y transparencia en la administración del espectro
radioeléctrico que es un bien que nos pertenece a todos.
– ¿A quién beneficia estas medidas?
– Esto
beneficia a las dos empresas de telefonía de celular instaladas, a las
empresas Tigo y Claro, estos artículos tienen dedicatoria, allí le dicen
a Conatel que vaya a negociar con estas empresas y a través de esa
solicitud, según los artículos aprobados, a través de esa solicitud
Conatel les otorgue rangos de frecuencia disponibles del espectro para
usar esa metodología de la banda ancha, es decir, que aquí lo que
observamos y lo preocupante es que en medio de una situación de
emergencia se quiere favorecer a dos empresas que tienen el monopolio de
la telefonía celular y que se ha concentrado en ellas toda la banda del
PCS porque la empresa estatal que es Hondutel no ha podido fortalecerse
y no se encuentra en una condición favorable que podría ser la empresa
por donde se podría prestar este servicio de la banda ancha, esas son
las inquietudes y las interrogantes, por eso es que nosotros estábamos
hablando de traer a la empresa Digicel por 1,600 millones de lempiras y
las administraciones de aquí le entregaron a Tigo por cinco millones y a
la otra empresa Megatel (Claro) por otra cantidad pequeña de ocho
millones. Allí es donde se observa que el bien de mayor valor, que es el
espectro radioeléctrico, si no se administra con honestidad, si no se
administra a favor del pueblo hondureño, los únicos beneficiados son
empresas transnacionales de la telecomunicación.
– ¿Cuánto dinero estará perdiendo el Estado de Honduras por esta ley?
–
Creo que sería importante hacer comunicaciones con los ingenieros
expertos en el mercado de la telefonía de cuánto estaría valorado el
espectro hondureño, en este caso de la telefonía de la banda ancha,
también conocer cuánto sería la porción de espectro, el ancho de la
banda y cuál sería el valor que correspondería la concesión para saber
por cuánto es que el pueblo hondureño estaría siendo afectado al no
realizarse un proceso transparente. Y la pregunta más importante… la
dictadura, viendo que estamos en una pandemia, por qué en lugar de estar
resolviendo algunos problemas inminentes como es la bioseguridad de los
doctores, enfermeras, la distribución de comida, las condiciones para
poder reactivar la economía y la dinámica social, algunas dinámicas que
presentó mi partido y que no se tomaron en cuenta, pero si se presta
para aprobar estos artículos que van destinados a las empresas de
telefonía celular donde Conatel va a estar otorgándole solicitud sobre
el espectro radioeléctrico.
A continuación los artículos 21 y 22 de la “Ley de Auxilio del Sector Productivo”, hecho ley el pasado viernes 3 de abril:
SECCIÓN SEXTA
AUTORIZACIÓN A CONATEL PARA ACELERAR
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
BANDA ANCHA, CREACIÓN DE PLATAFORMAS
ELECTRONICAS DE SERVICIOS, MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS
PERSONALES (PCS)
ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
podrá ampliar de mutuo acuerdo los Contratos de Concesión suscritos con
los operadores de Telefonía Móvil Celular y del Servicio de
Comunicaciones Personales (PCS), aprobados por el Congreso Nacional de
la República, mediante Resolución del Pleno de la Comisión, debiendo
notificar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y realizar la
publicación del mismo en el Diario Oficial “La Gaceta”, para que surta
efectos legales.
ARTÍCULO
22.- Asimismo se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) para que otorgue Licencias a petición de parte a los
operadores de Telefonía Móvil Celular y Servicio de Comunicaciones
Personales (PCS) en los rangos de frecuencias que se encuentre
disponibles, Espectro radioeléctrico que será asignado de acuerdo a
metodologías internacionales de valorización de espectro.
Y entonces, ¿de quién es el plan de suprimir las elecciones primarias y generales en Honduras?
Por Redacción
Escrito por Asís Castellanos y Claudia Mendoza
Miembros del equipo de analistas del CESPAD
10 de mayo, 2020
A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.
La primera semana de mayo fue el
escenario de una serie de opiniones, comentarios, debates y
controversias de diversos actores políticos hondureños, en torno al
presunto plan para suprimir las elecciones primarias en Honduras. Y es
que este país centroamericano se apresta a hacer la convocatoria para la
realización de las elecciones primarias, las que de acuerdo con la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas, serán convocadas por el
Consejo Nacional Electoral (CNE) y, según el calendario electoral,
deberán realizarse durante la segunda semana del mes de marzo del 2021.
Es decir, que la convocatoria deberá hacerse en las primeras dos semanas
del mes de septiembre del 2020, seis meses antes, tal como establece la
Ley.
Luis Zelaya, presidente del Consejo
Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), fue el primero en hacer
pública la denuncia de un plan y dijo que se orquestaba desde el Poder
Ejecutivo. Otras voces le siguieron, como la del Coordinador General del
partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya,
quien en un programa televisivo opinó que el asunto de fondo en torno a
la realización o no de las elecciones responde a la posibilidad del
continuismo del régimen de Hernández Alvarado. Sin embargo, señaló que
no hay condiciones para un tercer período consecutivo debido a la
composición multipartidista del CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y
el Registro Nacional de las Personas.
La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones, Rixi Moncada,
también reaccionó en su cuenta de Twitter, calificando de
“irresponsable” la denuncia de un plan de suprimir las elecciones y
enfatizó que usarán “todos los medios físicos y tecnológicos necesarios,
para hacer que se respete la fecha de la elecciones…”. Desde el Partido
Nacional también reaccionaron personajes como el presidente del
Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, quien se comprometió a vigilar el “Estado de Derecho” y Antonio Rivera Callejas,
vicepresidente del CN, quien señaló de “absurdo” pensar que no habrá
elecciones. Aunque hubo otras opiniones, finalmente, Juan Orlando
Hernández, quien se había mantenido al margen de comentar, dijo en una
comparecencia pública “busquen qué hacer”, a quienes según él especulan
con el calendario electoral.
Globo sonda, ¿para qué?
Las discusiones del tema acontecen sobre
dos escenarios: el primero, la crisis provocada por la pandemia del
coronavirus en el mundo y en Honduras. El segundo, la aprobación de las
reformas electorales, como el gran tema pendiente y en discusión, desde
años atrás. Aunque hasta el momento ningún movimiento, partido político
o persona particular se ha atribuido públicamente una propuesta formal
para suspender o posponer las elecciones primarias, diversos sectores
coinciden, desde una sospechosa incertidumbre, en que es el propio
partido en el poder, el que lanzó el “globo sonda”, entre otros
objetivos, con el fin de medir los niveles de popularidad, rechazo o
probabilidad de posponer el evento político.
Los señalamientos de la justicia
estadounidense contra Juan Carlos Bonilla, ex jefe de la Policía de
Honduras y que vinculan de nueva cuenta a Hernández con la
narcoactividad, no pueden desligarse de la discusión política actual. La
eventual salida de la presidencia de la República quita a Hernández un
importante blindaje. En ese sentido, posponer, o como sugieren algunos
sectores, eliminar las elecciones primarias al tenor de la crisis
generada por el Covid19 en el país, solo sería el primer paso para
suspender o posponer los comicios generales y, de esa forma, continuar
bajo el ropaje de la institucionalidad hondureña y la venia del gobierno
de Donald Trump.
Pero Hernández y el Partido Nacional
tienen también a su favor, otro “as bajo la manga”, que le da la
pandemia. Y es que tanto las elecciones primarias como las generales,
tienen muchas probabilidades de llevarse a cabo con las viejas,
cuestionadas y manipulables reglas del juego, pues las reformas de fondo
que amerita la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de
Honduras, no han podido consensuarse entre las principales fuerzas
político-electorales del país.
Así, con el control absoluto de las
instituciones estatales por parte de Hernández y del Partido Nacional
que le proveyeron en el pasado reciente el apoyo, para adjudicarse un
segundo periodo presidencial, en abierta y descarada violación de la
Constitución de la República, se pone en riesgo la alternabilidad en el
poder y por tanto, se prevé una nueva crisis sociopolítica que sumado a
la crisis económica, social y de salud pública actuales, harían
retroceder al país, con mayor intensidad, en materia política y
democrática.
Políticos despiertan tras denuncia de anulación de elecciones por pandemia
mayo 5, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Una secuencia de reacciones políticas han dejado los rumores de suspensión de los próximos comicios electorales orquestada, según la oposición, por el gobernante Partido Nacional.
Ante la presencia del Covid-19, los partidos políticos de oposición han denunciado la intención del gobernante hondureño, Juan Hernández, por retrasar las elecciones primarias y así suspender las elecciones generales 2022.
La crítica de la oposición contra la intención de aprovechar la pandemia para quedarse en el poder, también ha sido compartida entre facciones oficialistas que convergen al interior del Partido Nacional.
Precisamente, cuidando aludir al tema explícitamente, en horas de la mañana, el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se refirió a través de su cuenta oficial de Twitter.
“El futuro de Honduras y la tranquilidad y paz de su gente pasa por respetar el estado de derecho y la democracia”, posteó el también precandidato presidencial “Juntos Podemos”.
Acto seguido, la declaración cuidadosa de Oliva, fue ampliada por su compañero de corriente política, el dirigente nacionalista, Juan Diego Zelaya, quien confirmó que, efectivamente, hay rumores sobre un pacto político para frustrar el próximo proceso eleccionario.
“Hay muchos rumores en el ambiente nacional sobre que las cúpulas de los partidos políticos se están poniendo de acuerdo que no haya elecciones internas, ni generales e inclusive que habrá una Asamblea Nacional Constituyente”, precisó Zelaya.
En horas de la tarde, el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, también advirtió sobre la intentona reeleccionista de Hernández.
Por otro lado, Zelaya contextualizó la declaración de Oliva como una señal que confirma la intención del “orlandismo” en eliminar las elecciones.
Peo fue el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, el primero en hacer pública la denuncia de un plan que desde el Poder Ejecutivo se máquina otorgar un nuevo periodo al Partido Nacional.
Justamente, el pasado domingo mientras opinaba sobre los señalamientos de la justicia estadunidense contra Juan Carlos Bonilla, ex jefe de la Policía de Honduras, el líder liberal dijo que la estrategia nacionalista consiste “eliminar las elecciones primarias, lo que indica que el siguiente paso será eliminar los comicios generales, porque es la única forma de evadir la justicia hondureña”.
Ante el brote de opiniones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha salido al paso a expresar su postura frente al tema. En su cuenta de Twitter, la actual presidenta del CNE, Rixi Moncada, explicó como ente rector de la organización electoral se harán usos de todos los medios para tener elecciones en el tiempo establecido.
“Ante la denuncia irresponsable sobre plan para suprimir elecciones, por tragedia Covid-19, #RATIFICO q usaremos todos los medios físicos y tecnológicos necesarios, para hacer q se respete: la fecha de las elecciones, la voluntad popular, la alternabilidad y la transmisión de mando”, sentenció la titular del CNE.
El actual mandatario señaló que en Honduras vivimos en una democracia y que las aseveraciones sobre que no habrá elecciones vienen de personas que le quieren hacer daño a Honduras
Juan Hernández, quien se mantiene en la Presidencia de Honduras desde enero de 2014 y en noviembre de 2017 logró reelegirse mediante un fraude electoral y la violación de la Constitución de la República que prohíbe la reelección.
Hernández se defendió hoy de las acusaciones de los máximos líderes del Partido Liberal y Libre, Luis Zelaya y Manuel Zelaya Rosales, respectivamente, en cuanto a que pretende suspender las elecciones para mantenerse en el poder.
Sin dar nombres, el gobernante apuntó que quienes sostienen esa versión, son personas perversas que no tienen nada que hacer y que actúan con base a elucubraciones.
Tegucigalpa. Una secuencia de reacciones políticas han dejado los rumores de suspensión de los próximos comicios electorales orquestada, según la oposición, por el gobernante Partido Nacional.
Ante la presencia del Covid-19, los partidos políticos de oposición han denunciado la intención del gobernante hondureño, Juan Hernández, por retrasar las elecciones primarias y así suspender las elecciones generales 2022.
La crítica de la oposición contra la intención de aprovechar la pandemia para quedarse en el poder, también ha sido compartida entre facciones oficialistas que convergen al interior del Partido Nacional.
Precisamente, cuidando aludir al tema explícitamente, en horas de la mañana, el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se refirió a través de su cuenta oficial de Twitter.
“El futuro de Honduras y la tranquilidad y paz de su gente pasa por respetar el estado de derecho y la democracia”, posteó el también precandidato presidencial “Juntos Podemos”.
Acto seguido, la declaración cuidadosa de Oliva, fue ampliada por su compañero de corriente política, el dirigente nacionalista, Juan Diego Zelaya, quien confirmó que, efectivamente, hay rumores sobre un pacto político para frustrar el próximo proceso eleccionario.
“Hay muchos rumores en el ambiente nacional sobre que las cúpulas de los partidos políticos se están poniendo de acuerdo que no haya elecciones internas, ni generales e inclusive que habrá una Asamblea Nacional Constituyente”, precisó Zelaya.
En horas de la tarde, el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, también advirtió sobre la intentona reeleccionista de Hernández.
Por otro lado, Zelaya contextualizó la declaración de Oliva como una señal que confirma la intención del “orlandismo” en eliminar las elecciones.
Peo fue el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, el primero en hacer pública la denuncia de un plan que desde el Poder Ejecutivo se máquina otorgar un nuevo periodo al Partido Nacional.
Justamente, el pasado domingo mientras opinaba sobre los señalamientos de la justicia estadunidense contra Juan Carlos Bonilla, ex jefe de la Policía de Honduras, el líder liberal dijo que la estrategia nacionalista consiste “eliminar las elecciones primarias, lo que indica que el siguiente paso será eliminar los comicios generales, porque es la única forma de evadir la justicia hondureña”.
Ante el brote de opiniones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha salido al paso a expresar su postura frente al tema. En su cuenta de Twitter, la actual presidenta del CNE, Rixi Moncada, explicó como ente rector de la organización electoral se harán usos de todos los medios para tener elecciones en el tiempo establecido.
“Ante la denuncia irresponsable sobre plan para suprimir elecciones, por tragedia Covid-19, #RATIFICO q usaremos todos los medios físicos y tecnológicos necesarios, para hacer q se respete: la fecha de las elecciones, la voluntad popular, la alternabilidad y la transmisión de mando”, sentenció la titular del CNE.
El actual mandatario señaló que en Honduras vivimos en una democracia y que las aseveraciones sobre que no habrá elecciones vienen de personas que le quieren hacer daño a Honduras
Juan Hernández, quien se mantiene en la Presidencia de Honduras desde enero de 2014 y en noviembre de 2017 logró reelegirse mediante un fraude electoral y la violación de la Constitución de la República que prohíbe la reelección.
Hernández se defendió hoy de las acusaciones de los máximos líderes del Partido Liberal y Libre, Luis Zelaya y Manuel Zelaya Rosales, respectivamente, en cuanto a que pretende suspender las elecciones para mantenerse en el poder.
Sin dar nombres, el gobernante apuntó que quienes sostienen esa versión, son personas perversas que no tienen nada que hacer y que actúan con base a elucubraciones.
