corroboran el vínculo de JOH con narcotraficantes

Grabaciones a políticos y miembros de la Secretaría de Seguridad de Honduras corroboran vínculo de JOH con narcotraficantes

mayo 12, 2020 Redacción

Tomado de: ProHondurasNetwork
Por ejemplo: La Conspiración de Fabio Lobo para traficar drogas hacia Estados Unidos, (quien se declaró culpable) y su cercanía con el cartel de los Cachiros, fueron piezas clave para que se continuara desarrollando la narco actividad durante el gobierno de Juan Orlando Hernández con Tony Hernández como enlace según documentos de la Corte del Distrito Sur de New York.
Juan Antonio Hernández y Fabio Lobo fueron grabados por testigos colaboradores de acuerdo a documentos federales y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien infiltró fuentes confidenciales a las organizaciones del narcotráfico con las que trabajaban Fabio y Tony, y por medio de esas fuentes la fiscalía y la DEA obtuvieron información relevante que ha sido utilizada en sus juicios.
El material obtenido en estas grabaciones posiciona a Juan Hernández como el “JEFE” de la conspiración para el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con la complicidad de Juan Antonio Hernández, Fabio Lobo y el Cartel de los Valle-Valle entre otros.
Cabe mencionar que en los juicios de Fabio Lobo y Fredy Nájera se presentaron vídeos, fotografías, monitoreo de llamadas entre Devis Leonel Maradiaga, Oscar Nájera, Miguel Pastor, Julián Pacheco Tinoco en las que se discutía el envío y la protección de varias toneladas de cocaína en diciembre de 2013.
A continuación fragmentos de documentos desclasificados extraídos por Pro Honduras Network.
1-Fabio Lobo se unió a la conspiración aproximadamente en el 2010, cuando accedió a proporcionar seguridad y apoyo logístico para las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de Devis Leonel Maradiaga en una reunión en la que también participaron el presidente Porfirio Lobo Sosa, Juan Gómez y Oscar Nájera.
2-El presidente Lobo Sosa, quien aceptó utilizar la oficina del Presidente y la autoridad conexa para ayudar y proteger las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de los Cachiros a cambio de sobornos.
3-Oscar Najera y Midence Oqueli Martínez, congresistas hondureños del Departamento de Colón ayudaron a apoyar y proteger a los Cachiros a cambio de sobornos( evidencia 6 de marzo 69:19-72:3 describe el soborno que se dividiría entre Fabio Lobo, Oscar Nájera y Palacios Moya )
4-Fredy Renán Nájera Montoya (ex congresista hondureño), Miguel Pastor (ex funcionario de la SOPTRAVI) y un funcionario de aduanas hondureño anónimo,se reunieron con un narcotraficante mexicano que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, donde acordaron participar en el plan de tráfico de cocaína a través de Puerto Cortés.
5-El general Julián Pacheco Tinoco a quien el ex presidente Lobo Sosa encomendó para ayudar a proporcionar protección y apoyo a los Cachiros quienes pagaron por el transporte de tres toneladas de cocaína a través de Honduras introducido por un cooperante de la DEA.
6-Las operaciones de los Cachiros fue particularmente evidente en el ámbito de los asuntos políticos y las funciones oficiales de funcionarios gubernamentales como Palacios Moya, personal militar, Julián Pacheco, el coronel Amaya y la Policía Nacional hondureña del Departamento de Cortés.
7-Quedó demostrado por el hecho de que, fuentes de la DEA acudieran a las reuniones con el Coronel Amaya y el General Julián Pacheco Tinoco acompañado por Fabio Lobo donde recibieron un porcentaje de los beneficios de esas operaciones [tráfico de drogas].
En el juicio de Tony Hernández fueron mencionados políticos y policías por conspirar en el tráfico de drogas:
1-Juan Orlando Hernández 2-Porfirio Lobo Sosa 3-Julián Pacheco Tinoco 4-Arnaldo Urbina Soto 5-Juan Carlos Valenzuela 7-Yankel Rosenthal 8-Samuel Armando Reyes 9-Miguel Rodrigo Pastor 10-Roberto Ordóñez 11-Fredy Nájera 12-Walter Maldonado Maldonado 13-Oscar Nájera 14-Midence Martínez Turcios 15-Reynaldo Ekonomo 16-Hugo Alfredo Ardón 17-Juan Carlos Bonilla 18-Mauricio Hernández Pineda 19-Mario José Cálix 20-Soraya Cálix 21-Rodolfo Irias Navas 22-Carmen Rivera
Nota: Según la fiscalía del Distrito Sur en New York en el juicio de Tony Hernández los conspiradores que participaron directa o indirectamente en el tráfico a gran escala de Hernández son culpables basado en las leyes federales.

“Los pro y contras” de llevar a juicio a Juan Orlando Hernández

Por Redacción

abril 22, 2019

Por: Gerzon Padilla y Claudia Mendoza
Edición: Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
Honduras se encuentra en una encrucijada: su Presidente es señalado de estar vinculado al narcotráfico y a redes de corrupción. Y, por otro lado, desde la administración pública de justicia, el país no da visos contundentes de pretender investigarlo y mucho menos de llevarlo ante los tribunales.
Pero, ¿por qué no se investiga al presidente de Honduras y su familia? ¿Lo investigará la MACCIH, por los casos de corrupción con los que se le vincula? Esas son algunas preguntas que se hace constantemente la población hondureña. Pero, al analizarse el contexto del país, surge otra: ¿conviene en este momento investigar y enjuiciar a Juan Orlando Hernández?
Un corto recuento pone en perspectiva algunos hechos
Del presidente de Honduras y de algunos de sus más cercanos funcionarios y colaboradores de alto nivel, al igual que de otros titulares de instituciones de gobierno se ha dicho mucho, en los recientes años. Uno de los casos que despertó con fuerza la alerta entre la población aconteció en el mes de junio del año 2015, cuando el propio presidente admitió, públicamente, que el Partido Nacional (el que lo llevó al gobierno) recibió dinero desviado del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Se estima que las pérdidas ocasionadas al IHSS, durante la gestión de Mario Zelaya, ascienden a unos 6 mil 300 millones de lempiras (unos 300 millones de dólares). Estas pérdidas fueron ocasionadas tanto por empresas legítimas que firmaron contratos sobrevalorados (vendieron bienes y servicios reales al IHSS, pero por precios exagerados), como por empresas “de maletín”, que solo existían en papel, únicamente para robar dinero de las arcas del IHSS.
Otro acto de corrupción que llamó poderosamente la atención fue el titulado “La caja de Pandora”, un desfalco que se cometió a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para, entre otro tipo de hechos, favorecer la campaña política de Juan Hernández. El caso fue denunciado de forma pública por Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suarez, uno de los principales implicados en el robo y quien guarda prisión en este momento. Este caso involucra, además, al ex presidente del país, Porfirio Lobo Sosa, a la difunta hermana del Presidente, Hilda Hernández y a muchos funcionarios de segunda y tercera categoría. Las transacciones se planificaron y ejecutaron entre el 2010 y el 2014. Con ellas se robaron 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares de los fondos públicos.
Un hecho que recientemente volvió a colocar en la mira al presidente de Honduras es la captura de su hermano Antonio Hernández, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico “a gran escala”. De acuerdo con la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el abogado, ex diputado y hermano del mandatario hondureño, habría desarrollado una actividad en el narcotráfico, desde el año 2004 hasta la fecha de su captura. El documento público de la Corte agrega que Hernández tenía, incluso, laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia.
La población hondureña no desconoce que (citando siempre a la Corte), “Hernández (Tony) estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas que se desplazaba a través de Honduras y hasta Estados Unidos”, dijo el fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman (citado el texto). Pero, para la población hondureña también resulta inverosímil que Hernández, en su condición de presidente de Honduras, no tuviese información, conocimiento y pruebas de las “andanzas” de su hermano.
Hernández se volvió a colocar en la palestra pública con la denuncia que hizo el periodista David Romero Ellner, quien fue enviado a prisión por 10 años, en el mes de marzo del 2019, luego de una serie de eventos y de un proceso judicial en su contra que tiene diversos matices, pero como base una demanda por difamación constitutiva de calumnias, que interpuso la ex fiscal Sonia Gálvez.
Ver: El laberinto jurídico y político del caso de David Romero
Mientras esperaba su captura, Romero hizo señalamientos fuertes que implican al titular del Poder Ejecutivo, a la madre de la primera dama (Ana García) y a otros funcionarios del partido de gobierno. La denuncia brinda datos de la presunta sustracción desde el Estado, más de 4 mil millones de lempiras, a través de varias Organizaciones no Gubernamentales.
Sobre el caso, en un hecho jamás visto, mientras Romero era detenido por las autoridades, su esposa, la también periodista Lidieth Díaz, se hizo presente en las instalaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), el pasado 28 de marzo del 2019, para entregar la documentación que afirmó, sustenta las denuncias contra el presidente de Honduras.
Estos casos y muchos más que se han acumulado en la última década, han ido generando un descontento entre la población, la que comenzó a brotar de nuevo en las calles, a través de la reactivación de las protestas de los indignados y “las marchas de las antorchas”.
La MACCIH ¿aliado en la lucha contra la corrupción?
Desde que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad se instaló en Honduras, en el 2015, ha desatado opiniones encontradas. Un sector considera a la Misión como una de las pocas opciones para investigar la corrupción y los corruptos en el país. Otros reflexionan que este es un ente que nació con muchos “pecados de origen” y que difícilmente podrá enfrentarse y mucho menos llevar ante los tribunales a las y los corruptos, sobre todo los de “altos quilates”.
En el actual momento, en el que detrás de la MACCIH hay una población que casi en su totalidad “pide a gritos” que se investigue a los “peces grandes”, es imperativo retomar la reflexión sobre los alcances de una iniciativa que para algunos sectores sigue siendo una alternativa, pero que para otros es un “número más, de un show” instalado en Honduras. Asimismo, la viabilidad o no, de investigar y enjuiciar a Hernández, en su condición de presidente de Honduras.
Víctor Meza: “la MACCIH nació con alas cortadas”

Víctor Meza, Director del CEDOH. Foto: CriterioHN Con las «alas cortadas», con funciones limitadas y con facultades reducidas, llegó a Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, sostiene Víctor Meza, analista político y director del Centro de Documentación de Honduras, (CEDOH).
Pero más allá de que ha sido evidente que la Misión tiene una autonomía muy reducida (no solo por el Acuerdo que le dio vida), sostiene el analista, el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Secretario General, Luis Almagro, es la causa de un problema mayor, particularmente por lo complaciente que ha sido con el que considera el “gobierno corrupto de Honduras”.
Meza dice que cuando se habla de una coalición de macro-impunidad entre autoridades importantes de ese organismo internacional y el gobierno hondureño, hay razones para pensar que ese pacto ha funcionado y la expresión más concreta de esto fue la salida de Juan Jiménez Mayor, quien sin duda le había puesto a la MACCIH una dinámica positiva, que permitía ir cumpliendo, al menos el papel que el convenio le concede.
La valoración del consultado es que la MACCIH fue mostrando una colaboración activa, mientras el gobierno abogaba por el acompañamiento pasivo. Ambas concepciones chocaron y a eso se debe la salida del anterior vocero, trayendo en su sustitución a alguien con un perfil más bajo y menos beligerante como Luiz Antonio Guimarães.
En el mejor de los casos, coinciden los analistas, aun y cuando a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), el ente que se creó a iniciativa de la MACCIH, dentro del Ministerio Público, se abra alguna línea de investigación para Hernández, las barreras que proceden a esta etapa, son casi imposibles de sortear.
Omar Menjívar: “una Corte con “sello Hernández” juzgaría al presidente de Honduras”
Para ser investigado y llevado ante los tribunales, el presidente de Honduras tendría que ser acusado ante la actual Corte Suprema de Justicia. “Jueces y juezas que él escogió”, dice Omar Menjívar, abogado y analista político que comienza señalando este aspecto, como un primer inconveniente para procesar a Hernández por los casos de corrupción que se le vinculan.

Omar Menjívar. Foto: Cholusatsur Menjívar dice que no hay que olvidar que la actual Corte Suprema tiene el sello Hernández, ya que todos los abogados que la conforman fueron seleccionados con su beneplácito. “El que está allí le tiene agradecimiento por haber sido seleccionado, por haberle dado la bendición, por haberlo favorecido para disfrutar de todas las canonjías que implica ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Una especie de compromiso para protegerlo”, agrega.
La reflexión de este abogado pone en perspectiva el hecho de la inconveniencia de llevar ante tribunales a Hernández, pues hacerlo bajo las actuales circunstancias, simplemente le daría la oportunidad de limpiar su nombre. “Sería una especie de proceso fraudulento, mediante el cual sería exonerado y solo serviría para sustraerlo de la responsabilidad que tiene en los delitos que podrían atribuírsele”, cuestiona.
En otras palabras, hay un choque entre la inconveniencia de juzgarlo con un sistema de justicia fiel a sus intereses y la urgencia que tiene la población hondureña de que sea enjuiciado y deducirle responsabilidades por los casos de corrupción que se le achacan.
La embajada de EUA: el apoyo de Hernández hasta que no sirva a sus intereses
Aún y cuando la MACCIH realice atisbos de investigar a Juan Hernández, para Menjívar, la decisión de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en Honduras y del Departamento de los Estados Unidos es crucial y hasta el momento no han mostrado ningún interés para que la justicia alcance al presidente hondureño. “De hecho, son los que lo pusieron y los que lo sostienen”, dice categóricamente el entrevistado.
Incluso, para este abogado, ni la “vocería” de algunos congresistas estadounidenses como Norma Torres, es suficiente para que ese gobierno, a través del departamento de Estado, cambie su postura. “No la visualizó en el corto ni mediano plazo”, sostiene.
El apoyo denodado que brinda el gobierno norteamericano a Hernández se afinca, dice Menjívar, “en que les ha servido mucho, es muy servil, ha sido muy complaciente con los Estados Unidos. Si le dicen que doble rodillas, las dobla; que entregue a alguien, lo entrega y al final eso es lo que es interesa a los gringos”.
Hernández tiene a su favor que los norteamericanos no encuentran aún, un sustituto dentro de la oferta posible, que les garantice esa fidelidad. “Yo no veo, por lo menos en el corto plazo, que Los Estados Unidos vayan a cambiar su posición respecto a este señor y si no ocurre ese cambio, va a ser difícil que sea enjuiciado con garantía de la aplicación correcta de ley, como corresponde, sobre todo si eso tiene que hacerlo la actual Corte Suprema”, finalizó diciendo Menjívar.
La movilización ciudadana ¿la única alternativa?
Regresemos al análisis de Meza, quien considera que en el contexto actual el país está inmerso en un “sistema integral de hiper-corrupción”, una condición que lleva a que la ciudadanía exprese su preocupación de diferentes maneras. Las recién reactivadas, son las marchas de las antorchas que, a mediados del 2015, fueron multitudinarias e impresionantes, demandando la instalación de una Comisión Internacional en contra la Corrupción y la impunidad, al estilo de Guatemala, bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Si bien no se logró conseguir ese objetivo, sí se instaló una Misión de Apoyo, asistida por la Organización de Estados Americanos, OEA. De allí que se advierte una diferencia substancial, “un organismo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sin duda tiene más peso que un organismo auspiciado por la OEA”, dice el entrevistado.
Para Meza, la OEA ha tenido una tradición de fracasos en la gestión de las crisis hondureñas. “Concretamente y la más reciente, la crisis del golpe de Estado en el 2009, hace 10 años, cuando no fue capaz ni siquiera de poner las sanciones de la Carta Democrática de una manera sostenida al gobierno golpista de entonces”, sostiene.
Este analista considera que la única alternativa en este momento es la movilización. “No hay otra salida más que la presión ciudadana para sacar a las pandillas de corruptos que se han apoderado de los recursos públicos, de la administración y han convertido a Honduras en un Estado degradado”, concluye.

El virus de la corrupción

abril 29, 2020 Redacción

Por: Víctor Meza
Si alguna duda cabía, o si todavía merodeaba por allí un incrédulo despistado que no creyera en las reiteradas denuncias sobre la corrupción oficial que a diario circulan por las redes sociales, lo que está sucediendo actualmente en plena crisis del coronavirus le disuelve las dudas a cualquiera. Es un asco, un verdadero asco lo que pasa. El Estado hondureño, además de mostrar su ineficiencia e incapacidad para gestionar con cierta coherencia y aceptable eficacia la gestión de la crisis, se muestra como un ente corroído por el virus de la corrupción, atrapado en las redes de lo que algunos expertos denominan “sistema integral de hipercorrupción”.
Si hacemos un ejercicio de imaginación y comparamos al mencionado sistema con una mesa rectangular, las cuatro columnas que la sostienen serían las siguientes:
La columna del corruptor, es decir la del agente social, generalmente privado, que busca y encuentra a su solícita contraparte estatal para llevar a cabo un intercambio de beneficios, lesionando para ello los intereses de la sociedad en su conjunto.
La columna del corrupto, o sea la del actor estatal que, utilizando su posición, cargo e influencia, favorece al corruptor a cambio de un servicio que se realiza a costa de los bienes o favores del Estado.
La columna de la impunidad. Es aquella que hace referencia a la arquitectura jurídica o normativa que brinda sostén y protección a la corrupción en general, asegurando el libre juego de las prácticas corruptas y garantizando a sus actores la plena libertad de acción. Intervienen en ella los operadores del sistema de administración de justicia y las fuerzas del llamado orden público.
La columna de la tolerancia, la tolerancia social, por supuesto. Se trata del estado de ánimo colectivo que, trastocando los más elementales valores de la conducta social, premia y privilegia la acción corruptora envolviendo al corrupto y al corruptor en un manto de astucia, habilidad e inteligencia. La tolerancia social promueve la admiración de los corruptos y premia su indecorosa conducta con una gelatinosa actitud de envidia y respeto.
Estas son las cuatro columnas – seguramente hay más – que sostienen, dan consistencia y vigencia al sistema integral de corrupción que prevalece en países como el nuestro. Entre ellas hay una correspondencia cómplice, de tal forma que una columna requiere de la otra para cumplir su función de sostén y respaldo a la mesa (sistema de hipercorrupción) en su conjunto. El corruptor necesita del corrupto y éste, a su vez, requiere del primero. Ambos se benefician de la impunidad y gozan de la tolerancia y aceptación social, al momento de convertir los recursos públicos en privados. Al mismo tiempo, el sistema de impunidad se nutre y favorece con los dineros y productos de la corrupción, reproduciendo de esa forma los mecanismos y normas que dan sustento y vigor al sistema total. Finalmente, la tolerancia se reproduce en los círculos sociales ligados directamente al sistema de corrupción, a la vez que contamina y distorsiona la percepción de ciudadanos tan despistados como irresponsables. Todos estos factores se combinan entre sí, conformando un ovillo laberíntico, en el cual no siempre es fácil encontrar el hilo rojo que lo envuelve y atraviesa.
Uno no puede menos que alarmarse y llenarse de indignación y no poca impotencia, cuando comprueba la veracidad de las mil y una denuncias que circulan en algunos medios de comunicación y en buena parte de las redes sociales. Uno se pregunta cómo es posible que haya personas capaces de lucrarse ilegalmente a costa de las víctimas de la pandemia que abate al planeta entero y que aquí, en estas profundas y peligrosas honduras, impacta directamente sobre nuestros compatriotas, especialmente los más pobres y desvalidos. ¡Qué clase de canallas y trúhanes controlan los hilos de la corrupción y el engranaje del poder en nuestro país!

Según documentos en poder de Radio Progreso, Gobierno está usando dinero de emergencia para abastecer Hospital Militar

21/04/2020

El 16 de abril de 2020, Radio Progreso divulgó documentación relacionada a la compra de cuatro ventiladores mecánicos de alto flujo pulmonar para la Unidad de Cuidados Intensivos por parte del Estado Mayor Conjunto a favor del Hospital Militar, adquisición que según Fuerzas Armadas se hizo en el marco del catálogo de compras de emergencia definido por decreto Ejecutivo (PCM 005-2020). El total de la compra llega a los 7 millones 2 mil 384 lempiras.
Lea también: Con presupuesto público, FF.AA compra ventiladores mecánicos para Hospital Militar
La compra se celebró bajo expediente número 90-05-004, mediante un contrato establecido sobre la categoría de bienes y servicios, y suscrito con la empresa Imlab Farmacetica S. de RL, propiedad del esposo e hijo de la exdiputada de Libre Elvia Argentina Valle, el señor Marco Rojas Pinto y Marcos Arturo Rojas Valle.
El ventilador pulmonar adquirido es de alta generación, marca Draeger, modelo Evita V 300, el cual tiene doble especialidad para pacientes pediátricos y adultos. Este modelo es el óptimo para la atención de pacientes con Covid-19, de acuerdo a expertos, los aparatos adquiridos para el Hospital Militar son mucho mejor que los ventiladores Vivo 50, marca Breas que hace más de un mes compró COPECO.
La neumóloga y jefa de los médicos del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa dijo hace unos días a Radio Progreso que, los artefactos (Vivo 50) entregados por el Gobierno al Tórax, se encuentran sin uso pues en primer lugar están incompletos y en segundo, no son útiles para atender a pacientes con Covid-19.

entrega de ventiladores

Radio Progreso siguió la línea presupuestaria de ejecución de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), por la cual se realizó la compra. De acuerdo a documentación de esta dependencia, la compra fue ejecutada a través del programa Sistema Estratégico de la Defensa Nacional, una de las partidas que ejecuta la mayor parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas mensualmente.

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A través del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, Sedena reportó los gastos en el portal especial de ejecuciones de presupuesto de emergencia, pues la Secretaría de Defensa como parte del Sistema Nacional en Gestión de Riesgos (SINAGER), recibe fondos de la Secretaría de Finanzas para la crisis sanitaria.
En ese sentido, la compra para abastecer la estructura médica del Hospital Militar se realizó con fondos de emergencia que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo para combatir el Covid-19 en el país.
De acuerdo a la documentación en poder de Radio Progreso, el valor de cada ventilador pulmonar es de 1 millón 522 mil 257 lempiras con 54 centavos, la factura detalla la compra de 4 unidades más la suma de 913 mil 354 lempiras por impuesto sobre ventas, para dar un total de 7 millones 2 mil 384 lempiras con 68 centavos y fue adquirida al crédito según los reportes de las Fuerzas Armadas.
Y se pagarán con dinero que será ejecutado a través de fondos que la Secretaría de Defensa Nacional recibe de la emergencia por el Covid-19.

ventiladores

Para elegir al proveedor se analizó propuestas de equipo médico por parte de varias empresas, el mismo fue vigilado por la capitán de Sanidad de las FFAA, la biomédica Erika Darleny Meléndez, la teniente y biomédica Nathalia María Sosa Martin y los médicos intensivistas Hugo Alejandro Fiallos y Nolia Samira Martínez López quienes dieron el visto bueno para la compra del equipo.

ventilador

En la tercera semana de marzo circuló documentación donde la Presidencia de la República, informaba a la dirección del Hospital Militar mantener de forma permanente habilitado un espacio para la atención del Presidente Juan Orlando Hernández, su familia y algunos de sus funcionarios más cercanos. El documento hacía mención de equipo específico y médicos especialistas que estarían encargados de las atenciones.
Ante la falta de detalles en la rendición de cuentas, el Gobierno está ejecutando presupuesto de emergencia para fortalecer centros médicos que en la práctica tienen un funcionamiento de atención privada y dejando en segundo plano la red hospitalaria pública del país.

Gobierno gastó 89 millones de lempiras para sostener Hospital Militar

El Hospital Militar es un centro asistencial que brinda atención médica especializada a empleados de las Fuerzas Armadas de Honduras y también lo hace a civiles como cualquier clínica privada.
Radio Progreso analizó la ejecución de gastos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entre los meses de enero de 2019 hasta febrero de 2020, encontrando un gasto ejecutado por el Hospital Militar de 89 millones 877 mil 6 lempiras, distribuidos en servicios profesionales, servicios personales, técnicos, bienes, alimentos, alquileres, servicios básicos, adquisición de productos farmacéuticos, medicinales, combustibles y lubricantes.
De acuerdo al análisis del Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Secretaría de Finanzas y de los estados financieros de SEDENA, el Hospital Militar como unidad ejecutora del Estado Mayor Conjunto, gastó por concepto de sueldos y contribuciones al Instituto de Previsión Militar un total de 83 millones 265 mil 750 lempiras.
Por medio de la partida Servicios Profesionales ejecutó en compra de materiales para servicio médico, sanitario, social, sangre y componentes de hemodiálisis un monto de 2 millones 794 mil 481 lempiras en 13 meses.
En el área de pago de alimentación para el personal que trabaja en la entidad se registró un gasto de 951 mil 521 lps, mientras que en compra de combustible, servicios y alquileres 65 mil lps y finalmente en compra de productos farmacéuticos y médicos un monto de 1 millón 263 mil 127 lempiras.

Ver Ejecuciones Presupuestarias del Hospital Militar

Al conocer la cifra el economista Nelson Ávila afirmó que, a pesar de que el gasto presentado en 13 meses es poco para un centro de atención médica, no deja de ser lamentable que al final sea la población a través de sus impuestos, la que esté destinando estos fondos para una atención exclusiva y totalmente privada.
El Hospital Militar se sostiene por dos vías: el presupuesto de SEDENA y los fondos recaudados por la atención privada de servicios médicos a civiles en las regiones de Francisco Morazán y Valle de Sula.
Ávila valoró que estos fondos públicos invertidos en este hospital perfectamente pudieron ser utilizados en la emergencia sanitaria que vive el país, pues al final el estado de los centros de atención pública es calamitoso.

Falta transparencia en liquidaciones presupuestarias

Radio Progreso comparó la rendición de cuentas entre entidades como SEDENA y otras dependencias del Estado, en ello se destacó la falta de detalle en la distribución ejecutada por medio de la partida de gastos generales de Secretaría Defensa.
Por ejemplo, la ejecución presupuestaria del Hospital Militar, así como de todas las unidades ejecutoras adscritas a la Gerencia Administrativa, no detallan los nombres de las empresas a la que se emiten los cheques por conceptos de compras o gastos generales.
En el pasado el Tribunal Superior de Cuentas entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, mediante informe número 005-2018, presentó los resultados de una auditoría aplicada a SEDENA, la cual se desarrolló debido a denuncias obtenidas sobre el manejo de fondos y formas de liquidación de las autoridades administrativas en la ejecución presupuestaria.
El principal hallazgo de esta auditoria es que los procesos administrativos de rendición de cuentas no eran los óptimos para garantizar la transparencia, por lo que demandaron a Fredy Santiago Díaz Zelaya, secretario de Estado en el Despacho de Defensa, que aplicara las medidas del caso para cambiar la situación.

Ver auditoria

A dos años de realizarse la auditoría, los vicios sobre el manejo, forma de administrar fondos y liquidaciones se mantienen en una entidad que en la actualidad tiene a través del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa un presupuesto de 6 mil 582 millones de lempiras, uno de los más grandes del país.
En los últimos diez años el presupuesto para SEDENA aumentó en un 303.4 % al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020.

Un hospital que en ley es público, pero en práctica es privado

El Hospital Militar no es privado, al menos así lo dice la legislación nacional, y es que esta entidad fue creada en 1992 amparada en la vigencia de la Ley de Sanidad Militar, la cual suscribió convenios en el Congreso Nacional para que el Hospital recibiera presupuesto a través de SEDENA.
Es decir, las compras ejecutadas por SEDENA para abastecer al Hospital Militar no son ilegales desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria, pues debido a su naturaleza legal es de carácter público a pesar que en la práctica sea totalmente privado.
El abogado Tony García dice que, la ejecución de estos fondos goza del amparo de las leyes, pero lamentablemente nos muestra que los militares son una clase privilegiada en un país pobre y con graves necesidades en materia sanitaria.
En la actualidad el Hospital Militar no solo atiende a empleados de las Fuerzas Armadas y familiares, también lo hace a civiles, quienes pueden llegar en solicitud de una consulta, atención de emergencia o ejecución de un procedimiento médico, cada servicio brindado por este centro a civiles tiene un costo, así como lo hace cualquier clínica privada del país.
Para el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, esto forma parte de una serie de contradicciones en cuanto a los derechos y garantías que la Constitución de la República otorga al ciudadano y ciudadana.
Mejía afirma que contradice el derecho de igualdad ciudadana, además muestra que en Honduras los militares no solo gozan de beneficios económicos, laborales, judiciales, sino que también médicos.
El abogado lamenta que el pueblo mediante sus impuestos deba pagar para sostener un centro al que cuando acude a él le cobra como cualquier clínica privada. Mejía manifiesta que en un momento como el que vive el país, puesto que este centro es de carácter público, se debería considerar ponerlo a disposición del pueblo hondureño que ahora sufre en carne propia el colapso hospitalario a raíz del abandono histórico del sistema de salud.
El Estado ha sostenido a este centro desde 1992, produciendo una fuerte inversión en una clínica de atención exclusiva para militares y de carácter privado para los civiles.
Solo con el presupuesto gastado en 13 meses por parte de SEDENA para el Hospital Militar (89 millones de lempiras entre enero de 2019 y febrero de 2020), el Estado pudo adquirir más de 175 ventiladores pulmonares marca Draeger, modelo Savina para abastecer la red médica pública a nivel nacional.

Politización y sobrevaloración en compras, resaltan en entregada de alimentos en El Progreso, Yoro

27/04/2020

En las primeras facturas, listados y testimonios de personas involucradas en el proyecto “Honduras Solidaria”, que consiste en la entrega de alimentos por la emergencia del Covid-19, se identifican irregularidades como la sobrevaloración de precios y politización por parte de las autoridades de El Progreso, Yoro.
La municipalidad recibió del gobierno central, 8 millones 460 mil lempiras destinados a la compra y distribución de alimentos para familias más pobres. En el Portal de Transparencia y Acceso a Información Pública, hasta la fecha de esta nota, aparecen ejecutados unos 7 millones de lempiras utilizados en compra de comida e insumos de bioseguridad.
Radio Progreso ha dado seguimiento a la ejecución de dichos fondos, para develar si existen vínculos de empleados municipales y activistas de partidos políticos en las contrataciones, especialmente porque a diario en el municipio se registran protestas ciudadanas por hambre, se denuncia la politización en la entrega de alimentos, y en el peor de los casos, la ausencia de los mismos.
Existe un contrato por más de 7 millones de lempiras a favor de Inversiones y Suministros Bonilla Alberto, propiedad de Héctor Alexander Bonilla Alberto, transportista y comerciante dedicado a la venta de pescado. Posee facturación legal emitida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, pero su negocio no es un local establecido, opera desde su casa de habitación ubicada en la Residencial El Progreso.
Bonilla fue candidato a diputado suplente por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2017 por el departamento de Yoro. Se le conoce por su amistad cercana con Juan Orlando Hernández y el ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco Gabriel Rubí, señalado por posibles actos de corrupción en las compras de insumos durante la emergencia del Covid-19.
Bonilla es responsable de vender a la municipalidad los 16 productos de la canasta básica que comprenden la “Bolsa Solidaria”. En una factura con fecha 04 de abril, se refleja el primer pago a la empresa por un monto de 4 millones de lempiras correspondiente a las 8 mil 530 raciones que la municipalidad habría entregado hasta el 17 de abril.
La factura fue elaborada un día después de haberse firmado el contrato entre el comerciante y la municipalidad con el aval del presidente de la Cámara de Comercio Víctor Ramos Soto, reconocido nacionalista cuestionado por su reelección al frente del gremio empresarial.
Aunque la factura está elaborada manualmente es clara, los 4 millones de lempiras es por la compra de todas las raciones. Se podría entender que este comerciante es el único proveedor de la Municipalidad, pero no, también hay facturas de una bodega con montos considerables y de un molinero harinero para las mismas 8 mil 530 bolsas solidarias.

Factura de Inversiones y Suministros Bonilla Alberto Cuando inició la emergencia, el empresario local se puso a disposición de las autoridades para ser el proveedor de alimentos e insumos. En la ciudad de El Progreso y sus alrededores se ubican grandes empresas dedicadas a la producción de aceite, manteca, jabón, azúcar, arroz, entre otros. Sin embargo, el alcalde Alexander López argumentó que estas empresas no tenían la capacidad de abastecer el municipio, cuando paradójicamente abastecen buena parte del territorio nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio Víctor Ramos, a través de un comunicado dijo que la contratación de Bonilla se hizo a base de cotizaciones con todos los socios del municipio. Además, que la empresa se comprometía a envasar los 16 productos que lleva la “Bolsa Solidaria”, y a transportarlos a los barrios y colonias para su entrega.
Sin embargo, las raciones de comida se preparan en las instalaciones de la Cámara de Comercio y en su mayoría, según videos difundidos por medios de comunicación, son empleados municipales identificados con sus camisas rojas y blancas quienes hacen el envasado y la entrega en las comunidades.
En entrevista con Radio Progreso el empresario y directivo de la Cámara de Comercio Raúl Cárcamo, denunció que el presidente de los empresarios Víctor Ramos y el alcalde dejaron por fuera a las empresas progreseñas, para beneficiar a un comerciante individual desconocido.
“El presidente de la Cámara tomó decisiones sin consultar con la Junta Directiva”, dijo asegurando que Inversiones Bonilla no se dedica al rubro de productos alimenticios.
Raúl Cárcamo asegura que, por abuso de poder, no se dio la oportunidad al comercio local de ser parte del proyecto Honduras Solidaria. “Esto le hubiera dado más rapidez a la entrega de comida y más circulación de dinero a la ciudad”, dijo, presagiando el cierre inevitable de algunos negocios por la crisis del Covid-19.

Alimentos que contiene Bolsa Solidaria entregada por la Municipalidad de El Progreso. Otras compras
Además de comprarle a Bonilla, la municipalidad también realizó compras por más de 600 mil lempiras a Bodega Yadira, propiedad de los esposos Luis Ramírez y Yadira Medina, activistas reconocidos del Partido Liberal. La bodega abastece de canastas con comida al alcalde cuando está en campaña política.
Yadira es hermana de Martha Medina, ex regidora municipal y candidata a diputada. En los círculos del partido Liberal se comenta que, Martha forma parte del grupo de liberales que toman las decisiones políticas en el municipio porque pertenece al círculo de trabajo de Alexander López,
Una experta contable consultada por Radio Progreso revisó las 10 facturas de la bodega pagadas por la municipalidad y encontró varias anomalías. En todas se observan los mismos 16 productos que fueron comprados a Inversiones Bonilla en fechas cercanas. El sello de pago está remarcado varias veces sobre los montos totales impidiendo leer el valor del documento.
También se registra una factura con fecha 07 de marzo cuando no se había declarado la emergencia sanitaria en el país.
En la factura número 001540, la suma de precios es de 300 mil lempiras. Aquí sacaron un importe agravado de 5 mil 217.39 lempiras sin especificar porqué producto, pagando un impuesto de 782.61 lempiras correspondiente al 15 por ciento de impuesto.
La factura 001550 por la misma cantidad de productos y valores, excepto el de la salsa de tomate, no registra importe agravado, pero si el cobro de impuesto por la misma cantidad de la factura anterior con el objetivo de cuadrarla por otros 300 mil lempiras, dijo la experta contable.
Con fecha 07 de abril la bodega vendió a la municipalidad el quintal de frijoles a mil 700 lempiras cada uno, cuando en los mercados del Valle de Sula el precio en ese tiempo era de mil lempiras, según el comerciante Samuel Sevilla en entrevista a Radio Progreso. “La libra se vendía a 10 lempiras y significa que la municipalidad la compró a 17 lempiras”, expresó. Producto del desabastecimiento en los mercados el frijol se cotiza actualmente a 14 y 15 lempiras en los mercados.
Lea también.
La municipalidad compró 100 litros de hibigel o alcohol gel antiséptico a Ferdinando Nájera, un ingeniero de San Pedro Sula por un monto de 80 mil 419 lempiras. Significa que cada litro fue adquirido a 804.19 lempiras cuando en empresas reconocidas como Químicos D&D y MacDel el galón de gel, (tres veces más que un litro), ronda los 500 lempiras.

Facturas de Bodega Yadira y Ferdinando Nájera El ex asesor de la Asociación de Municipios de Honduras, José Jorge Aguilar lamenta que los alcaldes aprovechen las crisis humanitarias para beneficiar a sus activistas y con esto garantizar cuatro años más en la silla municipal. Aguilar cuestionó que los comerciantes vinculados al alcalde sobrevaloren precios para sacar jugosas ganancias, cuando hay un pueblo hambriento.
Hasta el 24 de abril la Municipalidad habría entregado 16 mil 920 bolsa solidarias con alimentos a un precio de 500 lempiras, en 235 barrios y colonias del municipio según datos proporcionado por la encargada de comunicaciones Jackie Cole. A través del Portal de Transparencia solo se refleja la mitad del gasto en facturas.
En El Progreso se han registrado más de 10 protestas por hambre denunciando que la comida enviada por la Municipalidad se queda en manos de los activistas o presidentes de patronatos. En comunidades como La Pita y El Naranjo únicamente se les entregó una bolsa de harina de trigo y avena para alimentar las familias. En otras como La Ceiba el alimento se convirtió en campaña política.
“El pueblo está encerrado en la necesidad de comer, en el temor de la pandemia y de una clase política que a pesar de la emergencia no deja de mostrar lo vulgar que es”, dijo Aguilar asegurando que las manifestaciones por hambre incrementaran en todo el territorio nacional.
Para Aguilar la ciudadanía organizada y no organizada debe ser parte del proceso de autoría social en la ejecución de fondos públicos, en especial de la emergencia por Covid-19.
Hasta ahora el proceso de veeduría de los fondos ejecutados ha estado únicamente en manos de la Asociación de Pastores, la Cámara de Comercio y Club de Leones, a quienes se les ha cuestionado por su cercanía con el edil
Al inicio de la emergencia otros sectores independientes intentaron ser parte del proceso de vigilancia. En los primeros días comenzaron a reportar las irregularidades, pero tuvieron que renunciar por miedo a amenazas. Radio Progreso contacto a una de estas personas quien proporcionó datos y nombres de los activistas beneficiados con las compras de alimentos.

Empleados municipales entregando Bolsa Solidaria.

Apertura de la economía debe basarse en criterios científicos: Hugo Noé Pino

29/04/2020

El gobierno analiza hacer una apertura inteligente de la actividad económica con medidas de bioseguridad en todos los sectores. El economista y ex presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, manifestó que la apertura de la economía en Honduras debe basarse en criterios científicos y de expertos como epidemiólogos, pero, además, el interés colectivo debe estar por encima del interés particular.
“Debe ser una decisión que se tome teniendo como base un consenso de la comunidad científica, en este caso los epidemiólogos que son las personas especializadas que conocen el contenido y alcance de la epidemia”, dijo Pino.
En cadena de radio y televisión, el Consejo de Ministros del gobierno de Juan Orlando Hernández, lanzó la idea de una apertura inteligente de la actividad económica con medidas de bioseguridad en todos los sectores, para hacerle frente al Coronavirus.
Según Hugo Noé Pino, llama la atención de que hasta se hace poco tiempo se venía diciendo que “lo peor está por venir”, y que ahora se diga de que la curva de la epidemia está aplanada y que ya es seguro comenzar a salir gradualmente.
“Se nota una contradicción entre funcionarios importantes del gobierno porque mientras algunos hablan de que la cuarentena ha funcionado, otros están hablando de los riesgos de mayor nivel de contagio”, analizó Pino.
El ex presidente del Banco Central de Honduras es del criterio que se debe ir abriendo la economía en función de criterios bien definidos en cuanto a los sectores que deben incorporarse, no debe hacerse en base a presiones de ningún sector económico en particular que, debido a que no está ganando, está exigiendo que se abra para poder reiniciar sus negocios.

No hay estudio científico que respalde uso de Microdacyn para tratar Covid-19

28/04/2020

El gobierno de Honduras anunció que aplicará Microdacyn nebulizado a pacientes con coronavirus. En Honduras, de acuerdo al anuncio del Gobierno, se aplicará Microdacyn nebulizado a pacientes con Covid-19. Este producto se utiliza para nebulizar gallinas.
La utilización del medicamento, según Juan Orlando Hernández, se da por sugerencia de dos infectólogos de renombre quienes han sugerido ese tratamiento para ser aplicado de forma experimental en el país.
En ese sentido, investigadores científicos han dicho que en el mundo no hay ningún estudio científico que respalde que el Microdacyn puede tener resultados positivos como tratamiento.
El científico hondureño Salomón López, dijo en Radio Progreso, que antes de que se decida la aplicación de este medicamento, se debe contar con una aprobación de los comités de ética en salud, pues este tipo de protocolos no se hacen por corazonada sino por evidencia comprobada.
“Ese medicamento, Microdacyn, sólo es útil para limpiar superficies a nivel de spray, ungüento o en líquido. Es útil para disminuir rinovirus, es útil para curaciones y cicatrización de heridas, para eso es útil, no hay un estudio que indique que se pueda utilizar nebulizado para disminuir el riesgo de Covid-19”, dijo el doctor López.

Bertha Oliva: La población hondureña enfrenta dos tipos de pandemia

Por Marc Allas -

26 abril, 2020

Tegucigalpa.- la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en el programa radial “Voces contra el Olvido”, en su emisión del sábado 25 de abril que Honduras enfrenta actualmente dos tipos de pandemia.
A continuación la entrevista sostenida por www.defensoresenlinea.com con Bertha Oliva, en la cual la reconocida defensora de derechos humanos, opinó sobre varios temas.
Incendio en Tegucigalpa

Entre ellos, la cantidad de incendios forestales en el país y alrededor de la capital Tegucigalpa, la urgencia de que el régimen deje en libertad a ambientalistas y presos políticos, el mal manejo que el régimen hace para enfrentar la crisis, la corrupción y las pretensiones oscuras de Juan Orlando Hernández que se ciernen bajo la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Defensoresenlinea: Existe una gran preocupación en torno a los recursos naturales del país. Sorprendentemente equipos especiales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) ha detectado en Honduras alrededor de 3 mil incendios. Este daño que se está provocando al país y en los alrededores de Tegucigalpa, ¿qué opinión le merece?
Bertha Oliva: Es motivo para nosotras de preocupación, ese es un elemento más de preocupación, el tema ambiental, el tema territorial, el tema del extractivismo. Hemos visto que sí hay una apuesta para causar el daño masivo ecológico. Estamos destruyendo, digo estamos, porque estamos en este planeta todos y todas, pero al planeta lo estamos destruyendo.
Y esta provocación de incendios, yo lo llamo provocación porque no puede llamar de otra manera y me parece que hay algo ahí; como un “distractor” para que nosotras y el pueblo hondureño miremos hacia los incendios.
Yo, en la última semana he visto que Tegucigalpa realmente está en llamas y no hay forma de sancionar, no hay forma de investigar quiénes son los que han estado provocando este daño al medio ambiente, este daño a la humanidad.
foto corrupción

En tal sentido, es que me da la impresión que hay “un trasfondo”, y que posiblemente se va a ver en estos días, actos que ya le llamen la atención de incendios, como el que se dio allá a principios de 2005 0 2006, donde se incendiaron centros penales, donde se incendiaron mercados y nunca se investigó y nada pasó.
Defensoresenlinea: Ya han surgido denuncias de parte de los medios de comunicación tanto tradicionales como alternativos, en torno a la sobrevaloración en la compra de insumos y equipos para afrontar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus o covid 19.
De hecho esta semana han destituido al ingeniero Gabriel Rubí, el Comisionado de COPECO, así como a gente de su administración. ¿Cuál es su opinión en torno a esta situación cuando incluso se indica que empresas dedicadas a otros rubros, son las que le han vendido ahora al estado, insumos y equipo?
Bertha Oliva: Realmente es que nosotras estamos enfrentado dos pandemias, dos tipos de pandemias, y habría que ver cuál es la más dañina, la más nociva, la más peligrosa, la que está actuando con toda una ventaja y con tendencias criminales.
Y es la pandemia de la corrupción y la del coronavirus. En ese sentido es que la corrupción ha puesto al descubierto, cómo se trafica en nombre de la salud, cómo se trafica en nombre de la vida y quiénes la trafican.
Yo creo que eso nos demuestra que estamos frente a un estado de indefensión porque no hay entidad encargada para éstos propósitos que pueda actuar o que actúe.
Entonces estas entidades, queda clarísimo que están siendo cómplices, si es que no son cómplices directos de lo que aquí está pasando. Y lo que pasa pues es, es que ya no se esconde el abuso de poder; el autoritarismo, el militarismo; que está a las claras.
Comisionadas de CONAPREV constatan situación de ambientalistas de Guapinol

Comisionadas de CONAPREV constatan situación de ambientalistas de Guapinol Imagínese que por mucho que aquí se maneje en público lo que está pasando, a mí me gustaría ver por alguna vez en estos días, un Ministerio Público (MP) actuando con independencia en contra de los que están haciendo este tipo de acción que va a eliminar cualquier tipo de motivación de la población hondureña.
Defensoresenlinea: Dona Bertha, el COFADEH ha estado haciendo incidencia para que se libere a los presos políticos, se ha estado recibiendo muchas expresiones de solidaridad y exigencia, para que el régimen deje en libertad a los presos políticos; que bajo estas circunstancias de la epidemia de coronavirus, podrían estar sus vidas en riesgo.
Esta semana se recibió un twiter emitido por la influyente congresista demócrata de Estados Unidos, Jan Schakowsky. Cómo recibe usted estas muestras y también cuando se habla que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una declaración en torno a que los jueces, deben tener esa independencia para no seguir aplicando prisión preventiva, como medida coercitiva, sino que se valore de acuerdo con el catálogo que existe, para varios tipos de delitos considerando que, los delitos de los que se acusa a los presos políticos no tienen el suficiente peso como para mantenerlos encarcelados. Su opinión sobre este tema.
Bertha Oliva: Es que fíjese que por eso es que nosotras hemos manejado el término de “presos políticos”, aunque ha sido una lucha, y yo puedo decirle hoy con mucha claridad, que gigantesca. Una, porque ese término de presos políticos para ayudar al régimen, sus gobiernos aliados instruyen inclusive a organismos internacionales que tienen que ver con el tema de derechos humanos, que no se pueda calificar en Honduras que hay presos políticos.
Pero esa es la insistencia nuestra de que “sí hay presos políticos”. Y la otra razón es que esto no se ve, porque una lo mira, ve el entorno de lo que está pasando en la región que con mucha facilidad, con mucha prestancia y sin considerar ni siquiera procesos de investigación; sí en Nicaragua hay presos políticos y declarado mundialmente, sí en Venezuela hay presos políticos y declarado e impulsado inclusive por los gobiernos. Pero aquí no, entonces hay un fenómeno bien diferenciado que uno tiene que ir viendo y haciendo esas lecturas.
Militares en calles

Por tal razón, los que están privados de libertad, que son presos políticos, opositores a la dictadura, opositores a la reelección, opositores al fraude electoral; demandantes de mejores condiciones en materia de educación, demandantes de mejores condiciones en materia de salud, están presos.
Y están con una acción inmediata para encarcelarlos, y no debería ser así. Hay una manipulación y violación al debido proceso. Por eso es que hemos estado con enormes preocupaciones, está a las claras por ejemplo los que defienden la tierra, los que defienden el agua, los que defienden los recursos naturales; los que defienden en sí mismo la vida, están privados de libertad y perseguidos. Y esa es la acción que hemos hecho y la hemos tomado como propia para impulsar acciones colectivas, a nivel nacional e internacional para que reclamemos y que pongamos en evidencia lo que aquí está pasando.
Y lógicamente, simplemente que se reconozca que hay presos políticos, no es fácil y no ha sido fácil, pero lo que sí es claro es que son hechos inocultables.
Defensoresenlinea: Finalmente doña Bertha, de acuerdo con advertencias que ha hecho la OMS y la OPS, en el sentido de que en junio se estaría conociendo el pico más alto de la pandemia en Honduras, hay algunas proyecciones que han hecho epidemiólogos en relación con este tema y que señalan que se estarían contagiando unas cien mil personas, y de éstas que podrían morir unas 10 mil personas.
Esta sería una condición crítica considerando también que la actividad comercial se ha venido activando progresivamente. ¿Cuál es la reflexión que usted puede hacer en torno a esta situación que se avecina?.
Bertha Oliva: Lamentablemente pueblo hondureño, esto no es broma, esto no es juego, esto es serio. Y tenemos que ir viendo y tenemos que ir leyendo qué están diciendo los expertos y expertas en el tema. Y en esa medida hay que irla implementado en nuestro entorno para ver cómo superamos una pandemia de esta naturaleza.
Pero yo lo que creo que no es lo que se nos viene. Ya estamos viviendo en una situación muy crítica, altamente crítica en todos los sentidos en nuestro país porque se ha manejado muy mal desde el principio.
La pandemia que hoy enfrentamos no es sólo cuestión de políticos sin escrúpulos y que su único oficio es ver cómo cautivan clientes para la política, sino cómo pueden inclusive aprovecharse de una desgracia mundial, para justificar su continuidad.
Yo creo que no se puede seguir por la vida, jugando con la vida de los y las hondureñas. Y cuando digo esto me refiero al mal manejo, porque siempre se mira la intención de hacer acciones de represión, legalizar la represión; justificar inclusive que violar los derechos humanos en público por parte de las autoridades, es necesario para salvar vidas.
¡Mire qué contradicción lo que se maneja en Honduras!. Qué concepto tienen de salvar vidas, violando los derechos humanos, cuando lo primero que se debe de hacer es que cualquier persona que tiene sentido común y que tiene un principio por la vida, de humanidad; es entender el grito del hambre, entender la reclamación de la población.
Y en vez de herirles, de dispararles o de echarles bombas lacrimógenas, deberían de acercarse y ser ellos los que lleven alimentos y no sólo alimentos, sino que deberían estar exigiendo a quién maneja el poder y la plata, para enfrentar este problema que tenemos, que le asigne a la población dinero, porque ha pasado más de un mes y no se ve nada organizado y quieren acallar a manera de represión.
Es lamentable lo que estamos viviendo pero yo sí creo que a la gente, a la población hondureña debemos empezar a recobrar nuestras buenas energías, entender que somos seres humanos y empezar a amarnos, empezar a querer y no perder lo que nosotros pensamos que no se debe perder, que es lo que se está haciendo con este encierro, la solidaridad.

Jan Schakowsky: “El poder judicial de Honduras tiene en sus manos la libertad de los defensores de Guapinol”

Por Marc Allas -

22 abril, 2020

Tegucigalpa.- La influyente congresista demócrata por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU), Jan Schakowsky, comprometida en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, instó a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que deje en libertad a los defensores del agua y los recursos naturales de Guapinol, que permanecen recluidos en cárceles de Olanchito y La Ceiba.
Schakowsky que desde el golpe de estado de 2009 ha estado monitoreando la situación social y política de Honduras, emitió un twiter el 22 de abril, a propósito del Día Internacional de la Tierra, en el que escribió: “Hoy celebramos el Día de la Tierra, sin embargo, los que la protegen están ilegalmente tras las rejas en Honduras”.
La congresista añadió en su twiter que: “el poder judicial de Honduras tiene en sus manos la libertad de los defensores de Guapinol y que debe garantizar su liberación inmediata”.

Los defensores ambientalistas han demandado la protección de los ríos del Parque Nacional Montaña Botaderos en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, que está siendo amenazada por la explotación minera.
Por demandar que se conserven los recursos naturales y la salida de la empresa minera Los Pinares, se encuentran privados de libertad: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
Schakowsky fue una de las primeras mujeres diputadas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en visitar Honduras, tras conocer del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009 y de las consecuentes graves violaciones a los derechos humanos que cometieron los usurpadores del poder.
Para conocer de cerca la situación de los derechos humanos, la congresista demócrata se reunió, posterior al golpe de estado con Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización referente a nivel nacional e internacional.
La reunión se produjo en la sede del comité, donde, en el “salón de memorias”, Schakowski y su equipo, escucharon y documentaron los testimonios de las víctimas sobrevivientes al cruento golpe de estado en Honduras.
La congresista Jan Schakowsky, sirve en la Cámara de Liderazgo Democrático como Jefa Adjunta. Es miembro del Comité de Dirección y Política Democrática de la Cámara de Representantes, del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, así como del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, donde se desempeña como Presidenta del Subcomité de Protección al Consumidor y Comercio, y como miembra del Medio Ambiente y Supervisión y Subcomités de Investigaciones.
ley Berta Cáceres

En marzo de 2019, Schakowsky junto a los representantes José Serrano y Marcia Kaptur y con el apoyo de 43 congresista,s introdujeron la “Ley de Derechos Humanos en Honduras, Bertha Cáceres”.
Este proyecto de ley trabajará para garantizar que el gobierno, el ejército y la policía hondureña no puedan cometer delitos o actos de violencia contra el pueblo hondureño con impunidad, señala la ley.
Al tiempo que establece que el legado de activismo de Berta Cáceres inspiró al mundo, pero el gobierno hondureño no la protegió. Esta legislación sirve como un control severo sobre el gobierno hondureño y como un faro de justicia largamente buscada para el pueblo de Honduras, apuntó la iniciativa de ley.
Por su parte el diputado por el partido Republicano Hank Johnson, expresó que “Hoy reintroduje H.R. 1945, la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres. Durante demasiado tiempo, el pueblo hondureño ha sufrido bajo uno de los gobiernos más represivos del mundo”.
“En Honduras, ser un activista de derechos humanos, un periodista, una persona indígena o un ecologista es un objetivo. Protestar puede ser un objetivo, es una sentencia de muerte “, apuntó el Representante Johnson, quien originalmente presentó el proyecto de ley en 2016 tras el trágico asesinato de la lideresa hondureña de derechos ambientales e indígenas, Berta Cáceres.
“Esta legislación suspenderá el financiamiento militar de los EE.UU. a las fuerzas de seguridad hondureñas y desalentará los préstamos multilaterales de los bancos de desarrollo hasta que el gobierno hondureño investigue y enjuicie a los militares y policías que han violado los derechos humanos”, señaló el texto de la ley.
Al cumplirse 10 años del golpe de estado, el 28 de junio de 2019, Jan Schakowsky señaló la ilegalidad del régimen de Juan Orlando Hernández en Honduras y apuntó los vínculos de miembros de su familia con el narcotráfico.
En aquella oportunidad la representante del pueblo estadounidense escribió: “Bajo estas circunstancias, es vergonzoso que nuestro gobierno sigue enviando asistencia a este gobierno ilegitimo y corrupto en Honduras. En particular, la asistencia en materia de seguridad sirve para empoderar un presidente dictatorial quien abusa el poder y hace cómplice a nuestro país en los abusos de derechos humanos de su régimen”.
Schakowsky fue clara y tajante al afirmar que: “Un narco-gobierno ha sido consolidado alrededor del Presidente Juan Orlando Hernández, quien nombró un jefe nacional de la policía y un jefe de seguridad nacional, vinculados con cárteles”.
“El Presidente y su hermana han sido investigados por la Agencia de Control de Drogas de los EEUU por tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero, y su hermano y otros oficiales involucrados en el golpe de estado han sido encarcelados en los EEUU donde esperan juicio por los mismos cargos. Y aun así, continúa el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para la administración de Hernández”, resaltó.

Planean cerrar barrios y colonias en San Pedro Sula

28/04/2020

Las autoridades de salud propondrá a las autoridades municipales de San Pedro Sula el cierre total de algunos barrios y colonias. Los municipios del valle de Sula, y en especial San Pedro Sula, entró en una etapa de alto nivel de contagio. Y en esa lógica matemática, la proyección es que los casos irán en aumento de forma dramática.
Ante esta situación las autoridades de salud junto a las autoridades municipales estudian la posibilidad de cerrar algunas zonas, especialmente los que presentan más casos.
“Ya tenemos identificado dónde se ha dado el mayor número de casos. En este momento se trabaja con los epidemiólogos viendo todas las acciones para sugerir en la reunión que vamos a tener con el señor alcalde, se tienen que tomar algunas acciones y evitar que más población salga contagiada con Covid-19”, dijo en Radio Progreso el viceministro de salud, Roberto Cosenza.
El doctor Cosenza aseguró que están analizando que algunos barrios y colonias sean cerrados totalmente. Cortés reporta más del 70% de los casos que hay a nivel nacional, y los municipios de San Pedro Sula junto a Villanueva se han convertido en el epicentro de la pandemia en el país.
El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, hizo el llamado a la población del Valle de Sula a tomar conciencia de la difícil situación porque a diario se están registrando 30 casos de coronavirus.
“Hemos entrada en una etapa muy peligrosa de la pandemia en el Valle de Sula. Estamos teniendo más de 30 casos diarios y la curva va en ascenso”, advirtió el doctor Umaña.
Manifestó que esta situación tiene a los sistemas sanitarios, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Hondureño de Seguridad Social, al borde del colapso por lo que se tendrá que utilizar los planes B que consiste en hospitalizar a pacientes en el Gimnasio Municipal, en Expocentro, en Infop o donde las municipalidades tengan habilitado.
“Hay un porcentaje elevado de personas, que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos lo médicos, van a perecer, y en Honduras será del 10 al 12% de la cantidad de pacientes que se infecten”, dijo el doctor Umaña.

MERCENARIOS Y PSICÓPATAS GOBERNANTES DE HONDURAS

por Galel Cárdenas

Hace poco escribí un texto donde caracterizaba a los gobernantes, cómplices, compinches y subordinados como los mercenarios del poder.

El mercenario es aquel y aquella que luchan a cambio de dinero, de una remuneración, de un pago, de una gratificación, de un estipendio, sin importar la ideología, la política, el pensamiento, la doctrina, por la cual combaten, actúan, argumentan, discuten, replican, a veces desaforadamente, tanto que parece que se van a ahogar en el vaso de agua que los contiene.

El mercenario no posee ética, moral, honestidad, decoro, integridad. Por ello desde la más alta cúpula del sentido ético de la sociedad como son los representantes de las iglesias católica y evangelista, podemos escuchar cardenales, obispos, pastores, jerarcas, expresar su mercenarismo inmoral sobre una sociedad que está en pie de lucha, insubordinada y en estado de insurrección.

Es una pena, una vergüenza ver, escuchar y actuar a tales personajes de la curia y de las congregaciones eclesiásticas, que por las monedas de plata, de oro, las canonjías y privilegios, antepongan sus intereses financieros personales, a las connotaciones morales a las cuales se deben por tradición, jerarquía y estado ético.

Y esta característica se aplica a todos aquellos que comprados por las monedas ensangrentadas se convierten en cómplices, coautores, partícipes, encubridores y secuaces de un régimen tiránico del psicópata mayor, Juan Orlando Hernández.

Todos aquellos que detentan el poder que genera el dictador, cuyo método despótico consiste en tomar de las arcas nacionales y de los impuestos del pueblo, el dinero para pagar planilla de impúdicos, obscenos que practican el mercenarismo asqueroso.

Ahora se le ha agregado un elemento más y es la psicopatía, entendida ésta como un trastorno antisocial de la personalidad. Se caracterizan los psicópatas por ser personas sádicas, malignas y narcisistas que no respetan los códigos y normas conductuales sociales, por lo general son incapaces de poseer emociones de solidaridad y justicia.

Son muy dados a cosificar lo que les rodea, incluyendo a las personas, los derechos humanos para ellos constituyen un estorbo, desechan las normas sociales de convivencia, y les viene bien su papel de victimarios sin sentir complejos de culpa; la manipulación es por decirlo así, su pasatiempo preferido. La vida no es para ellos el principio y fin de la humanidad.

Los psicópatas de la dictadura no tratan de equilibrar sus visiones de mundo, si no solamente de condenar a aquellos que no los acompañan en sus acciones criminales, delincuenciales y de inmoralidad.

Es por eso muy común escuchar y ver al dictador, a los diputados, a los magistrados, a los fiscales, a los jueces, a los sacerdotes, a los policías y militares, a los periodistas, a los empresarios narcotraficantes, a los académicos deshonestos, en fin, a un grupo muy grande de mercenarios de la dictadura, repito, es muy frecuente oírlos culpar criminalmente a un pueblo que reclama su soberanía arrebatada, sus derechos humanos, sus anhelos patrióticos y sus proyectos refundacionales de nación.

Son incluso cómplices de las masacres y del genocidio a que está sometido el pueblo, utilizando para ello la fuerza brutal de la policía y de los militares golpistas, entrenados por el departamento de estado norteamericano, bajo la consigna de que el mejor comunista es el comunista muerto.

No es de extrañar que este conjunto de mercenarios psicópatas que han asaltado el poder desde 2009, tengan al pueblo en la más absoluta pobreza del continente latinoamericano, a punta de represión, persecución, tortura, desapariciones y asesinatos.

El ejército y la policía se han convertido en sádicos psicópatas criminales que han establecido el método de las redadas barriales para encarcelar y torturar o asesinar a los principales dirigentes jóvenes populares que se han incorporado a la insurrección contra la dictadura de Juan Orlando Hernández.

Por ello que se puede concluir que los gobernantes actuales, en manos de la dictadura Johísta, son mercenarios y psicópatas que usan el poder omnímodo para su enriquecimiento desmedido en todos los sentidos y en todas las dimensiones, a costa de la vida de los hondureños que sueñan con una patria refundada , soberana y justa.

miércoles, 13 de mayo de 2020