Publicado el 10 Febrero, 2020
Este es el documento presentado por la defensa:
El Sr. Hernández presenta este memorándum en ayuda de su sentencia prevista para el 24 de febrero de 2020.
Por las razones expuestas a continuación, se solicita respetuosamente que la Corte condene al Sr. Hernández a no más que la sentencia mínima obligatoria de cuarenta (40) años permitida por la ley.
LOS ANTECEDENTES
El Sr. Hernández entiende que el veredicto del jurado sustituye ley a la discreción de la Corte en lo que se refiere a la sentencia mínima obligatoria para el Cargo Uno a (10 años) y el Cargo Dos a (30 años).
Sin embargo, la Corte todavía tiene la autoridad y la discreción sin restricciones para condenarlo a la pena mínima de cuarenta años de prisión, o de manera efectiva a cadena perpetua teniendo en cuenta que el Sr. Hernández tiene 41 años y los estudios sugieren que su esperanza de vida disminuirá en dos años por cada año que cumpla en prisión
Si bien los cargos en este caso son extremadamente graves, el castigo debe ser consistente con los hechos objetivos del caso y los factores exigidos .
El Sr. Hernández no era un líder o supervisor en la conducta acusada. De hecho, como se demostró durante el curso del juicio, no había pruebas verificables y/o confiables (sólo el testimonio de acusados cooperantes motivados a decir lo que creyeran,ayudó al gobierno) que el Sr. Hernández estaba presente y participó activamente en llamadas telefónicas y/o reuniones durante las cuales se discutieron, planificaron e implementaron detalles integrales de la conducta ofensa
Primo de JOH sería extraditado a EEUU
- 06/02/2020
De acuerdo a Ponce, el primo de Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda, sería uno de los pedidos por la justicia norteamericana, y además, estaría en la nómina un familiar del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
A Hernández Pineda el 4 de septiembre de 2019 se le presentaron cargos formales en la Corte del Distrito Sur de New York.
Informes de la fiscalía de Estados Unidos, Mauricio Hernández Pineda
conspiró con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado y otros, para
importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína a los Estados
Unidos.El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Los cargos de hoy contra un exalto oficial de la Policía Nacional de Honduras son inquietantes”.
Honduras ha sido durante mucho tiempo un corredor para que los narcotraficantes envíen sus drogas a los Estados Unidos desde América del Sur. Como se alega, Mauricio Hernández Pineda, traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico. En su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que finalmente llegaron a los Estados Unidos».
Hernández, de 47 años, está acusado de tres cargos: (1) conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua; (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.
Las reacciones sobre el tema no de han hecho esperar. El exfiscal y ahora diputado Jari Dixon, manifestó que de concretarse esta orden, es un mensaje claro de que lo que existe en Honduras es un narco-Estado.
Además, considera que pronto se podría presentar una orden de extradición contra el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, pues el contexto que lo rodea lo incrimina directamente.
Hernández Pineda fue policía y ostentó cargos altos, a criterio de la comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, esto demuestra el papel que está institución ha jugado durante años, de ponerse a disposición del crimen organizado.
Borjas enfatiza en las vinculaciones de policías con el narcotráfico y acusa al gobierno de ser incapaz de solucionar el problema.
Los nacionalistas han sido consultados sobre el asunto y ante la ausencia de una declaración oficial sobre de quién se trata la extradición, prefieren mantener cautela y silencio sobre el asunto.
El diputado Jaime Villegas dijo que todavía no se sabe de quién se trata la solicitud y mientras no se haga oficial es difícil emitir una opinión al respecto.
Por ahora no hay anuncio oficial del Poder Judicial sobre la solicitud de extradición, lo cierto es que cada vez que un documento de este tipo llega, se encienden las alarmas en el círculo cercano a Juan Orlando Hernández.
Publicado el 6 Febrero, 2020
La Corte del Distrito Sur de Nueva York ya había presentado cargos formales contra Hernandez Pineda desde el 4 de septiembre de 2019.
La declaración del Departamento de Justicia de EE.UU dice lo siguiente:
-Ex-agente de la policía nacional de Honduras acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.
Mauricio Hernández Pineda supuestamente conspiró con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a «Tony Hernández» y otros, para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron hoy que el ex oficial de la Policía Nacional de Honduras MAURICIO HERNANDEZ PINEDA («HERNANDEZ PINEDA») fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El caso se asigna al juez federal de distrito P. Kevin Castel.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Los cargos de hoy contra un ex alto oficial de la Policía Nacional de Honduras son inquietantes. Honduras ha sido durante mucho tiempo un corredor para que los narcotraficantes envíen sus drogas a los Estados Unidos desde América del Sur. Como se alega, Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico a través de su país, y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que finalmente llegaron a los Estados Unidos. Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de los Estados Unidos «.
La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “La DEA continúa descubriendo la corrupción en los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden en todo el mundo, incluido Honduras. Esta supuesta conspiración criminal implicó enormes cantidades de tráfico de cocaína a los Estados Unidos. La DEA continuará atacando las redes criminales globales que representan una amenaza directa para nuestra seguridad. Esperamos ver al Sr. Hernández-Pineda, un ex funcionario de alto rango de la Policía Nacional de Honduras, enfrentar la justicia en un tribunal de los Estados Unidos ”.
Publicado el 6 Febrero, 2020
Para 2010, como dije, es cuando Tony Hernández y su asociados tomaron el control del gobierno hondureño. Esto fue el inicio del narco estado patrocinado por el estado hondureño.
Víctor Hugo Díaz ( El Rojo) explicó que en 2005 pagó $40,000 dólares a Tony para ayudar al hermano del acusado, Juan Orlando, en su campaña para ser reelegido para el congreso. Juan Orlando ganó la reelección ese año durante las elecciones de 2005 como congresista, pero el partido nacional perdió las elecciones presidenciales como ya he dicho.
Recuerden en el testimonio sobre el golpe de estado que ocurrió en 2009 cuando Zelaya fue removido del cargo por los militares, Micheletti era el siguiente al cargo como sucede con el vicepresidente en los EE.UU. Así que el partido nacional perdió las elecciones en el 2005, y durante varios años Tony Hernández y su hermano tenían limitado su poder.
Y como dije, juraron en ese momento que nunca eso volvería a suceder.
El presidente del Partido Liberal acababa de ser removido por la fuerzas militares.
Tony dijo esencialmente: Esto es genial para nosotros. Este golpe ha dividido al partido liberal. Y hará que el Partido Nacional pueda ganar, y vamos a poder trabajar juntos en envíos de cocaína más grandes.
Esto surgió justo después del golpe de estado.
Esta es una lista de los sobornos que los narcotraficantes pagaron para apoyar a Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández en las Elecciones del 7 de noviembre de 2009. Rojo dijo que pagó $100,000 dólares con dinero de la droga al acusado. Devis Maradiaga, el líder de los Cachiros dijo que dió entre medio millón y $600,000 dólares a Pepe Lobo quien se postuló para presidente en el 2010. Alex Ardon describió que pagó $ 2 millones de dólares con dinero proveniente de las drogas para ayudar a Pepe Lobo a ser elegido presidente y al hermano del acusado como el líder del congreso.
Esos resultados de las elecciones de 2009 llevaron a que Pepe Lobo se convirtiera en presidente a partir de 2010, y Juan Orlando Hernández hermano del acusado en el presidente del congreso.
En este punto, damas y caballeros, el partido de estos narcotraficantes controlaban la presidencia de Honduras y la presidencia del congreso, justo en ese momento es cuando el narcotráfico patrocinado por el estado realmente comenzó, y los datos que describí comenzaron a tener lugar.
Hemos hablado de muchos envíos de drogas,el libro de contabilidad de drogas que les mostré al principio esta mañana
reflejaba un pago de más de 4 millones de dólares al acusado. así que se pueden imaginar para 2013 el dinero en efectivo empezó a acumularse y se estaba acumulando tanto que Giovani Rodríguez ve literalmente un fardo de medio metro de altura de dólares estadounidenses escondido en un armario en una de las casas del acusado porque ni siquiera sabía el dinero que estaba ganando en este momento.
Ardón explicó que había un acuerdo explícito, un acuerdo entre el acusado, El Chapo y los hermanos Valle-Valle, que pagaban con dinero no habría extradiciones,en esas dos reuniones en Honduras con El Chapo en el Espíritu, la base de los Valles, y la segunda en El Paraíso, la base de Ardón, donde El Chapo entregó al acusado el millón de dólares para protección.
Para las Elecciones de 13 de noviembre de 2013. Juan Orlando Hernández fue elegido presidente de Honduras y el acusado, inicialmente elegido como suplente o congresista adjunto, el hermano del acusado arregló eso. La persona que fue elegida como el congresista principal, Samuel Reyes, de repente es nombrado para ser el ministro de defensa de Juan Orlando Hernández, para que el acusado ocupara el puesto de congresista a partir del 2014.
Juan Orlando Hernández y ex presidentes de Honduras implicados en demanda billonaria por desvíos de fondos de USAID
2020-01-31
Publicado 2020-01-31 a las 9:58 pm
Pro Honduras Network.- La demanda se viene
desarrollando en la Corte del Distrito Sur de Alabama desde octubre de
2017, y en ella se solicita al Estado de Honduras pagar la cantidad de 1
billón de dólares por daños y perjuicios e incumplimiento del pago de
contratos con la empresa DRC inc. empresa ubicada en el Estado de
Alabama.
Dentro de las alegaciones se encuentran dos cargos, el primero por falsas declaraciones y certificaciones falsas de pago y el segundo por enriquecimiento ilícito.
Además los fiscales señalan que los demandados conspiraron juntos para presentar reclamaciones falsas a los Estados Unidos y recibir fondos y subvenciones de los Estados Unidos.
El demandante es el Gobierno de los Estados Unidos en nombre de Murray Farmer, John P. Mcavoy y Marco Zavala. Los demandados son La Republica de Honduras, Moises Starkman, Carlos Roberto Flores Facusse, Juan Orlando Hernández, Gabriela Núñez de Reyes, Wilfredo Cerrato, José Manuel Zelaya, Mario Rene Pineda Valle, Héctor Ramos Trochez, Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS) y ocho funcionarios de USAID.
Cabe señalar que los actos de corrupción ocurrieron durante el Gobierno de Carlos Flores Facusse, con Moises Starkman como Ministro del Fondo de Inversión Social FIHS, razón por la que se incluyen a varios funcionarios que se desempeñaron durante ese periodo.
En 2001, la RDC completó satisfactoriamente el contrato con el Gobierno de Honduras, sin embargo, GOH, FHIS o USAID no compensaron a la RDC de conformidad con el contrato. Como resultado, la RDC perdió $30,000,000.00 y no pudo permanecer en el negocio.
El cierre de la RDC dio lugar a 300 empleados en Alabama que perdieron empleo. Durante el período comprendido entre el 21 de julio de 2000 y el 10 de mayo de 2002, la RDC presentó facturas al FHIS. FHIS procesaría las facturas de la RDC para el pago bajo pdm 001-2000. FHIS presentó una certificación falsa a USAID.
Sobre la base de las certificaciones falsas de FHIS, USAID haría el pago a la RDC. Debido a que FHIS y los otros demandados hicieron declaraciones falsas y certificaciones a la USAID, los demandados son responsables ante USAID bajo el acto de reclamos falsos.
La demanda fue cerrada el pasado 30 de enero de 2020 y los demandantes alegan que Estados Unidos se puso de lado de Honduras. Según información de FOX “Aunque el gobierno federal se beneficiará si la demanda tiene éxito, sin embargo, se puso del lado de Honduras”.
El Departamento de Justicia ha pedido al juez principal de distrito de los Estados Unidos, Kristi DuBose, que retire la demanda. Los abogados del gobierno argumentaron en una reciente presentación judicial que las acusaciones “carecen de mérito” y que los hechos “no respaldan” las reclamaciones.
Jay Majors, un abogado litigante del Departamento de Justicia, escribió que USAID ha determinado que el Fondo Hondureño de Inversión Social era legalmente elegible para recibir asistencia de los Estados Unidos a pesar de que estaba separado del gobierno hondureño.
“Estados Unidos investigó las acusaciones”, escribió Majors. “Los hechos no apoyan … reclamos aquí”.
El Departamento de Justicia también planteó preocupaciones sobre las relaciones internacionales. El procedimiento, argumenta el gobierno, podría tener “efectos negativos sobre la relación diplomática entre Estados Unidos y Honduras”.
Esa justificación provocó el desprecio de John McAvoy, un empleado retirado del gobierno de EE. UU. que supervisó el contrato de la RDC para el gobierno de EE. UU. Dijo que es “corrupto” que, en aras de las relaciones con Honduras, el gobierno de los Estados Unidos se ponga del lado de los ciudadanos de su propio país.
McAvoy, un veterano de 26 años del gobierno federal, dijo que la política de Estados Unidos fomenta la corrupción en América Central. Señaló una condena en octubre en Nueva York de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por cargos de tráfico de cocaína.
El presidente no ha sido acusado de ningún delito, pero los fiscales federales en Nueva York se han referido a él como un “conspirador” en las presentaciones judiciales, acusándolo de utilizar el dinero de las drogas para ayudar a ganar las elecciones en 2013 y 2017.
Los demandantes han declarado que van a litigar la decisión tomada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que llegarán hasta las últimas instancias para dejar un precedente contra la corrupción.
Nota original | Pro Honduras Network
Por: Tomás Andino Mencía
Hoy fue capturado por la ATIC el Comisionado General de Policía, Leonel Luciano Sauceda, y su esposa, Patricia Estrada Pacheco. Se le acusa de lavado de activos. La acusación no extraña porque desde el año pasado Sauceda es constantemente mencionado por esa causa.
Hay tres posibles explicaciones a este hecho:
Es producto de la presión de la Embajada norteamericana como parte del lavado de cara que pretende hacerle al Ministerio Público después de la salida de la MACCIH, que investigaba a decenas de diputados(as) y a la misma pareja presidencial. Sauceda sería un trofeo que se le entrega a la sociedad para que esta confíe en la nueva cara del Ministerio Público.
A favor de esta hipótesis está la visita que hizo el pasado 29 de enero al Fiscal General, Óscar Chinchilla, el Director de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Justicia, Patrick Ventrell, por impulso de la Embajada de Estados Unidos. En ese marco se le pretende inyectar al Ministerio Público millonarios fondos para la contratación de 100 fiscales y 100 agentes de la ATIC que funcionen a disposición de la recién creada UFERCO. Si esto es así, vendrán más capturas de peces pequeños y medianos, para calmar a los dioses del Olimpo.
Es una operación de protección a Sauceda, mencionado entre los policías que investiga la Corte del Distrito Sur de New York por el narco Carlos Arbizu, ya que al ser enjuiciado en Honduras no podría ser objeto de investigación por la justicia norteamericana. Este hecho coincide cuando el también oficial de policía y primo de JOH, Mauricio Hernández Pineda, fue solicitado en extradición el 5 de febrero recién pasado por parte de la justicia norteamericana. Si esto es así, otros oficiales o no oficiales también podrían ser objeto de acusación en Honduras para evadir la justicia gringa.
Es una operación para silenciar a Sauceda metiéndolo preso, en el marco de la “operación limpieza” que los sicarios del régimen están haciendo en los centros penitenciarios, a pocos días de que sea llevado a Estados Unidos el policía primo de JOH y evitar que también “cante” cuando Sauceda sea llamado en extradición. Si esto es así, Sauceda y su señora podrían correr peligro de muerte, como le ocurrió al recién asesinado Magdaleno Meza y decenas de presidiarios que tenían “algo que decir” en contra JOH y sus compinches.
Cualquiera que sea la explicación lo cierto es que esta operación no significa que el Estado de Hondura tiene voluntad de hacer verdaderamente justicia, y se evidencia en lo siguiente;
La Comisión Depuradora no actuó en contra del oficial Sauceda, pese a las denuncias en su contra.
El Congreso Nacional lo premió, pese a ser mencionado en los juicios de New York, ascendiéndolo a Comisionado General de Policía.
La captura ocurre en el marco de una fuerte presión nacional e internacional para que se haga justicia.
Otros peces gordos mucho mayores siguen gozando de impunidad.
Por lo dicho, es necesario que volvamos a las calles para arrancar el mal de raíz, extirpando la narco dictadura que nos desgobierna.
La periodista de Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, dijo, en el
noticiero Zona Informativa, que una fuente de entero crédito dentro del
poder judicial le confirmó que algunos acusados, en los casos de
corrupción que se trabajaron durante la presencia de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, habían
querellado a la mayoría de los fiscales que integraban la Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic.
“En una estrategia, de las personas acusadas por casos de corrupción, han procedido a querellar a varios de los fiscales que integraba la desaparecida Ufecic y que ahora integran la Uferco. El objetivo es sacarlos de escena en los casos que se alistan para entrar a juicio oral público”, manifestó la periodista Sánchez.
Los 37 fiscales que trabajaron con la Ufecic ahora están al frente de la recién creada Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, Uferco, teniendo como director al fiscal Luis Javier Santos.
En declaraciones a Radio Progreso, el fiscal Luís Javier Santos aseguró que, desde la Uferco, van a continuar con los casos que presentaron con la desaparecida Maccih, casos como “Red de Diputados”, “Pacto de Impunidad”, “La caja de Pandora”, “Caja Chica de la Dama”, “Caja Chica del Hermano”, “Arca Abierta”, entre otros.
Reacciones
Las reacciones sobre este tema no se han hecho esperar. Para el caso, el asesor político del partido en formación Salvador de Honduras, Antonio “Tony” García, dijo que con esas intenciones están anunciando que la Uferco va a fracasar.
“Porque si se va a querellar a los investigadores de la Ufecic que hicieron un buen trabajo, y ahora que están en Uferco, los quieren sacar del camino porque saben mucho y van a seguir investigando esos casos, esto ya es la impunidad oficializada. Esto mismo pasó en Guatemala, después de que se fue la Cicig, todos los fiscales fueron o despedidos o querellados o intimidados, y tuvieron que irse del país”, manifestó “Tony” García.
El abogado Fausto Cálix, miembro del Colegio de Abogados dijo, en Radio Progreso, que ese tipo de acciones no deberían sorprender porque son actuaciones de los corruptos, de los que están acostumbrados a manejar a este país como su hacienda personal.
“Da escalofríos cuando nos damos cuenta que los número de corrupción llegan a casi un presupuesto general de la República. El blindaje de estos tipos, involucrados en estos actos de corrupción e impunidad, cada día se fortalece” dijo Cálix.
Cálix también lamentó la falta de reacción de la ciudadanía a la que califica de totalmente indiferente, totalmente apática, que sólo espera que desde las más altas esferas del poder le solucionen los problemas.
Por su parte el abogado Marcos Ramiro Lobo, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, dijo que, si se confirma la querella contra los fiscales de la Uferco, esas acciones responden a una escalada que los corruptos han iniciado contra las instituciones que se encargan de combatirlos.
“Estamos ante un acto abominable que viene en la secuencia desde la cancelación de la Maccih y de la Ufecic, y ahora van a iniciar una cacería de brujas contra estos fiscales que son hondureños dignos, que han desempeñado un papel, que han evidenciado a los corruptos, que han combatido la corrupción. Estamos frente a una escalada de los señores que han cometido actos de corrupción en el país”, manifestó Marcos Ramiro Lobo.
De ello se pueden desprender dos cuestiones importantes: primero, que la impunidad puede ser de hecho cuando existe complicidad, parcialidad, pasividad y corrupción del sistema de justicia para no investigar ni sancionar los hechos delictivos o aplicar penas proporcionales a la gravedad de los crímenes.
Segundo, que la impunidad subsiste cuando no se ha determinado la totalidad de la verdad de los hechos y no se han investigado ni sancionado a todas las personas responsables, es decir, no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, cómplices, partícipes y encubridores.
El juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro es un ejemplo claro de la subsistencia de impunidad en los términos señalados por la CorteIDH, ya que, hasta el momento solo se han condenado a 8 de los autores materiales.
Y a pesar que en el proceso se probó que este asesinato se cometió con el conocimiento de otros ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), solamente su gerente, David Castillo, está siendo investigado y juzgado.
Esta impunidad confirma lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que en Honduras existe una “justicia selectiva” que actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva a violaciones a derechos humanos, y procede favoreciendo en algunos casos, como este, los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.
Dentro de las alegaciones se encuentran dos cargos, el primero por falsas declaraciones y certificaciones falsas de pago y el segundo por enriquecimiento ilícito.
Además los fiscales señalan que los demandados conspiraron juntos para presentar reclamaciones falsas a los Estados Unidos y recibir fondos y subvenciones de los Estados Unidos.
El demandante es el Gobierno de los Estados Unidos en nombre de Murray Farmer, John P. Mcavoy y Marco Zavala. Los demandados son La Republica de Honduras, Moises Starkman, Carlos Roberto Flores Facusse, Juan Orlando Hernández, Gabriela Núñez de Reyes, Wilfredo Cerrato, José Manuel Zelaya, Mario Rene Pineda Valle, Héctor Ramos Trochez, Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS) y ocho funcionarios de USAID.
Cabe señalar que los actos de corrupción ocurrieron durante el Gobierno de Carlos Flores Facusse, con Moises Starkman como Ministro del Fondo de Inversión Social FIHS, razón por la que se incluyen a varios funcionarios que se desempeñaron durante ese periodo.
En 2001, la RDC completó satisfactoriamente el contrato con el Gobierno de Honduras, sin embargo, GOH, FHIS o USAID no compensaron a la RDC de conformidad con el contrato. Como resultado, la RDC perdió $30,000,000.00 y no pudo permanecer en el negocio.
El cierre de la RDC dio lugar a 300 empleados en Alabama que perdieron empleo. Durante el período comprendido entre el 21 de julio de 2000 y el 10 de mayo de 2002, la RDC presentó facturas al FHIS. FHIS procesaría las facturas de la RDC para el pago bajo pdm 001-2000. FHIS presentó una certificación falsa a USAID.
Sobre la base de las certificaciones falsas de FHIS, USAID haría el pago a la RDC. Debido a que FHIS y los otros demandados hicieron declaraciones falsas y certificaciones a la USAID, los demandados son responsables ante USAID bajo el acto de reclamos falsos.
La demanda fue cerrada el pasado 30 de enero de 2020 y los demandantes alegan que Estados Unidos se puso de lado de Honduras. Según información de FOX “Aunque el gobierno federal se beneficiará si la demanda tiene éxito, sin embargo, se puso del lado de Honduras”.
El Departamento de Justicia ha pedido al juez principal de distrito de los Estados Unidos, Kristi DuBose, que retire la demanda. Los abogados del gobierno argumentaron en una reciente presentación judicial que las acusaciones “carecen de mérito” y que los hechos “no respaldan” las reclamaciones.
Jay Majors, un abogado litigante del Departamento de Justicia, escribió que USAID ha determinado que el Fondo Hondureño de Inversión Social era legalmente elegible para recibir asistencia de los Estados Unidos a pesar de que estaba separado del gobierno hondureño.
“Estados Unidos investigó las acusaciones”, escribió Majors. “Los hechos no apoyan … reclamos aquí”.
El Departamento de Justicia también planteó preocupaciones sobre las relaciones internacionales. El procedimiento, argumenta el gobierno, podría tener “efectos negativos sobre la relación diplomática entre Estados Unidos y Honduras”.
Esa justificación provocó el desprecio de John McAvoy, un empleado retirado del gobierno de EE. UU. que supervisó el contrato de la RDC para el gobierno de EE. UU. Dijo que es “corrupto” que, en aras de las relaciones con Honduras, el gobierno de los Estados Unidos se ponga del lado de los ciudadanos de su propio país.
McAvoy, un veterano de 26 años del gobierno federal, dijo que la política de Estados Unidos fomenta la corrupción en América Central. Señaló una condena en octubre en Nueva York de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por cargos de tráfico de cocaína.
El presidente no ha sido acusado de ningún delito, pero los fiscales federales en Nueva York se han referido a él como un “conspirador” en las presentaciones judiciales, acusándolo de utilizar el dinero de las drogas para ayudar a ganar las elecciones en 2013 y 2017.
Los demandantes han declarado que van a litigar la decisión tomada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que llegarán hasta las últimas instancias para dejar un precedente contra la corrupción.
Nota original | Pro Honduras Network
Por lavado de activos capturan a jefe policial Leonel Sauceda
- 11/02/2020
Operativo
estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración
Policial (UF – ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC).
“No es de extrañar lo que está pasando en Honduras. Desde años atrás
hemos denunciado el involucramiento de las Fuerzas Armadas y miembros la
policía en el narcotráfico”, dijo el coronel en condición de retiro,
Santos Rodríguez Orellana, en declaraciones con Radio Progreso, al
conocerse la captura del comisionado general Leonel Sauceda.
Este martes (11/02/2020) el Ministerio Público, ejecutó la captura del comisionado Sauceda Guifarro, así como de su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público anunció que el operativo estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF – ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Desde tempranas horas de este martes, agentes llegaron hasta la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela, para asegurar bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados.
Sauceda, recientemente ascendido a comisionado general, en un periodo de once años (2006 – 2017) no ha podido justificar trece millones ochocientos un mil, ochocientos treinta y ocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps. 13, 801,838.35), lo que incluye movimientos en trece cuentas de bancos a su nombre.
Su pareja Patricia Estrada Pacheco, no justificó dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos trece lempiras con treinta y seis centavos (Lps. 2,765,513.36), luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o prestamos que le generara algún tipo de ingresos.
Sobre este hecho, Santos Orellana advierte que en Honduras hay personajes de alto calibre que están involucrados con el narcotráfico. Toda la institucionalidad se impregnó de actividades ilícitas controladas por la estructura criminal que dirige el presidente de la república, dijo el militar quien denunció la participación de Tonny Hernández en la narcoactividad. “En Honduras se continúa con el trasiego de droga, no podemos esperar más porque el gobierno está involucrado en estas actividades. Si fuera un gobierno transparente el país llevara otro rumbo, ya existieran capturas de todos aquellos que están involucrados en el narcotráfico”.
Leonel Sauceda Guifarro, ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992 con el grado de subteniente y el pasado 30 de enero de 2020, ascendió al rango de comisionado general, ostentando el cargo de Director de Recursos Humanos y en años anteriores fungió como Director de la extinta Dirección Nacional de Tránsito, Jefe de Relaciones Públicas y Jefe de las Jefaturas Metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, reza el comunicado del Ministerio Público.
Este martes (11/02/2020) el Ministerio Público, ejecutó la captura del comisionado Sauceda Guifarro, así como de su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público anunció que el operativo estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF – ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Desde tempranas horas de este martes, agentes llegaron hasta la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela, para asegurar bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados.
Sauceda, recientemente ascendido a comisionado general, en un periodo de once años (2006 – 2017) no ha podido justificar trece millones ochocientos un mil, ochocientos treinta y ocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps. 13, 801,838.35), lo que incluye movimientos en trece cuentas de bancos a su nombre.
Su pareja Patricia Estrada Pacheco, no justificó dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos trece lempiras con treinta y seis centavos (Lps. 2,765,513.36), luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o prestamos que le generara algún tipo de ingresos.
Sobre este hecho, Santos Orellana advierte que en Honduras hay personajes de alto calibre que están involucrados con el narcotráfico. Toda la institucionalidad se impregnó de actividades ilícitas controladas por la estructura criminal que dirige el presidente de la república, dijo el militar quien denunció la participación de Tonny Hernández en la narcoactividad. “En Honduras se continúa con el trasiego de droga, no podemos esperar más porque el gobierno está involucrado en estas actividades. Si fuera un gobierno transparente el país llevara otro rumbo, ya existieran capturas de todos aquellos que están involucrados en el narcotráfico”.
Leonel Sauceda Guifarro, ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992 con el grado de subteniente y el pasado 30 de enero de 2020, ascendió al rango de comisionado general, ostentando el cargo de Director de Recursos Humanos y en años anteriores fungió como Director de la extinta Dirección Nacional de Tránsito, Jefe de Relaciones Públicas y Jefe de las Jefaturas Metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, reza el comunicado del Ministerio Público.
Agentes de la ATIC en allanamiento en residencia de Leonel Sauceda.
El arresto de Leonel Sauceda y sus posibles motivos
febrero 11, 2020
Redacción
Por: Tomás Andino Mencía
Hoy fue capturado por la ATIC el Comisionado General de Policía, Leonel Luciano Sauceda, y su esposa, Patricia Estrada Pacheco. Se le acusa de lavado de activos. La acusación no extraña porque desde el año pasado Sauceda es constantemente mencionado por esa causa.
Hay tres posibles explicaciones a este hecho:
Es producto de la presión de la Embajada norteamericana como parte del lavado de cara que pretende hacerle al Ministerio Público después de la salida de la MACCIH, que investigaba a decenas de diputados(as) y a la misma pareja presidencial. Sauceda sería un trofeo que se le entrega a la sociedad para que esta confíe en la nueva cara del Ministerio Público.
A favor de esta hipótesis está la visita que hizo el pasado 29 de enero al Fiscal General, Óscar Chinchilla, el Director de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Justicia, Patrick Ventrell, por impulso de la Embajada de Estados Unidos. En ese marco se le pretende inyectar al Ministerio Público millonarios fondos para la contratación de 100 fiscales y 100 agentes de la ATIC que funcionen a disposición de la recién creada UFERCO. Si esto es así, vendrán más capturas de peces pequeños y medianos, para calmar a los dioses del Olimpo.
Es una operación de protección a Sauceda, mencionado entre los policías que investiga la Corte del Distrito Sur de New York por el narco Carlos Arbizu, ya que al ser enjuiciado en Honduras no podría ser objeto de investigación por la justicia norteamericana. Este hecho coincide cuando el también oficial de policía y primo de JOH, Mauricio Hernández Pineda, fue solicitado en extradición el 5 de febrero recién pasado por parte de la justicia norteamericana. Si esto es así, otros oficiales o no oficiales también podrían ser objeto de acusación en Honduras para evadir la justicia gringa.
Es una operación para silenciar a Sauceda metiéndolo preso, en el marco de la “operación limpieza” que los sicarios del régimen están haciendo en los centros penitenciarios, a pocos días de que sea llevado a Estados Unidos el policía primo de JOH y evitar que también “cante” cuando Sauceda sea llamado en extradición. Si esto es así, Sauceda y su señora podrían correr peligro de muerte, como le ocurrió al recién asesinado Magdaleno Meza y decenas de presidiarios que tenían “algo que decir” en contra JOH y sus compinches.
Cualquiera que sea la explicación lo cierto es que esta operación no significa que el Estado de Hondura tiene voluntad de hacer verdaderamente justicia, y se evidencia en lo siguiente;
La Comisión Depuradora no actuó en contra del oficial Sauceda, pese a las denuncias en su contra.
El Congreso Nacional lo premió, pese a ser mencionado en los juicios de New York, ascendiéndolo a Comisionado General de Policía.
La captura ocurre en el marco de una fuerte presión nacional e internacional para que se haga justicia.
Otros peces gordos mucho mayores siguen gozando de impunidad.
Por lo dicho, es necesario que volvamos a las calles para arrancar el mal de raíz, extirpando la narco dictadura que nos desgobierna.
Corruptos quieren sacar de circulación a fiscales de Ufecic
- 10/02/2020
La periodista de Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, dijo, en el
noticiero Zona Informativa, que una fuente de entero crédito dentro del
poder judicial le confirmó que algunos acusados, en los casos de
corrupción que se trabajaron durante la presencia de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, habían
querellado a la mayoría de los fiscales que integraban la Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic.“En una estrategia, de las personas acusadas por casos de corrupción, han procedido a querellar a varios de los fiscales que integraba la desaparecida Ufecic y que ahora integran la Uferco. El objetivo es sacarlos de escena en los casos que se alistan para entrar a juicio oral público”, manifestó la periodista Sánchez.
Los 37 fiscales que trabajaron con la Ufecic ahora están al frente de la recién creada Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, Uferco, teniendo como director al fiscal Luis Javier Santos.
En declaraciones a Radio Progreso, el fiscal Luís Javier Santos aseguró que, desde la Uferco, van a continuar con los casos que presentaron con la desaparecida Maccih, casos como “Red de Diputados”, “Pacto de Impunidad”, “La caja de Pandora”, “Caja Chica de la Dama”, “Caja Chica del Hermano”, “Arca Abierta”, entre otros.
Reacciones
Las reacciones sobre este tema no se han hecho esperar. Para el caso, el asesor político del partido en formación Salvador de Honduras, Antonio “Tony” García, dijo que con esas intenciones están anunciando que la Uferco va a fracasar.
“Porque si se va a querellar a los investigadores de la Ufecic que hicieron un buen trabajo, y ahora que están en Uferco, los quieren sacar del camino porque saben mucho y van a seguir investigando esos casos, esto ya es la impunidad oficializada. Esto mismo pasó en Guatemala, después de que se fue la Cicig, todos los fiscales fueron o despedidos o querellados o intimidados, y tuvieron que irse del país”, manifestó “Tony” García.
El abogado Fausto Cálix, miembro del Colegio de Abogados dijo, en Radio Progreso, que ese tipo de acciones no deberían sorprender porque son actuaciones de los corruptos, de los que están acostumbrados a manejar a este país como su hacienda personal.
“Da escalofríos cuando nos damos cuenta que los número de corrupción llegan a casi un presupuesto general de la República. El blindaje de estos tipos, involucrados en estos actos de corrupción e impunidad, cada día se fortalece” dijo Cálix.
Cálix también lamentó la falta de reacción de la ciudadanía a la que califica de totalmente indiferente, totalmente apática, que sólo espera que desde las más altas esferas del poder le solucionen los problemas.
Por su parte el abogado Marcos Ramiro Lobo, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, dijo que, si se confirma la querella contra los fiscales de la Uferco, esas acciones responden a una escalada que los corruptos han iniciado contra las instituciones que se encargan de combatirlos.
“Estamos ante un acto abominable que viene en la secuencia desde la cancelación de la Maccih y de la Ufecic, y ahora van a iniciar una cacería de brujas contra estos fiscales que son hondureños dignos, que han desempeñado un papel, que han evidenciado a los corruptos, que han combatido la corrupción. Estamos frente a una escalada de los señores que han cometido actos de corrupción en el país”, manifestó Marcos Ramiro Lobo.
El régimen en agonía y los preparativos para su relevo
Por: Tomas Andino Mencía
Ante el régimen de JOH es común encontrar dos actitudes opuestas: la pesimista, de quienes se dejan impresionar por la supuesta fortaleza del régimen y creen que es muy poco lo que se puede hacer; y la triunfalista, de quienes creen que sacar a JOH puede hacerse ganando en las urnas para que deje el poder. Ambas son actitudes incorrectas, porque no están basadas en un análisis objetivo de la realidad sino en suposiciones, en su mayoría infundadas. Un análisis objetivo debe alejarse de estos extremos que tanto daño nos hacen y basarse en los hechos.
De más está decir que la comprensión objetiva de la realidad del país es una condición necesaria para diseñar una estrategia correcta en la lucha contra la dictadura. Este escrito aporta algunos elementos a ese análisis sin pretender ser exhaustivo ni estar exento de errores, pero si sirviera como insumo para el debate que nos ayude a encontrar el mejor camino, habrá cumplido su objetivo.
En resumen, pretendo demostrar que JOH vive los peores momentos de su agonía histórica a la cabeza del narco estado, con una situación de desprestigio internacional, al borde de ser sometido a un juicio internacional, con una economía que camina lenta pero sostenidamente a una recesión y aislado de muchos de sus aliados. Pero no por ello su caída es automática. Se trata de un régimen al cual aún le quedan poderosas cartas que jugar para mantenerse en el poder hasta el 2021 con el apoyo de los gringos, con un margen de acción cada vez más limitado, quienes buscan su relevo en las próximas elecciones generales.
DOS ACONTECIMIENTOS CLAVES
En 2019 dos acontecimientos sacudieron el país; por un lado, el levantamiento popular de abril-mayo dirigido por la Plataforma Nacional de Defensa de la Salud y la Educación, y por otro lado, el histórico juicio en octubre de la Corte del Distrito Sur de New York contra Tony Hernández, cuyas revelaciones han desnudado sin lugar a dudas la participación del régimen nacionalista y en particular de JOH en las altas esferas del narcotráfico.
El primer acontecimiento demostró que al régimen se le puede derrotar con unidad y lucha. Fue tan poderoso ese movimiento que el país estuvo al borde de una paralización nacional, la cual tenía el potencial de hacer caer a JOH. Sin embargo, la dirigencia del movimiento optó por limitar su impacto a temas de orden reivindicativo y gremial, desmovilizando a sus bases cuando se dio el mejor momento de pedir la cabeza del usurpador. La oportunidad se perdió y el régimen se recuperó en los subsiguientes meses, desanimando a muchos de seguir luchando. Sin embargo, si algo quedo de ese movimiento fue la consciencia en el Pueblo sobre el nefasto papel que ha tenido la corrupción del gobierno en el lamentable estado en que se encuentra el sistema de salud y educación en Honduras.
El segundo acontecimiento, el juicio contra Tony Hernández (TH) en octubre 2019, tuvo el efecto de colocar al régimen de nuevo contra las cuerdas y de fragmentar al bloque en el poder, como veremos. El juicio demostró, no solo que TH era culpable de los delitos que se le imputaban, sino que contó con el apoyo y colaboración decisiva de su hermano, quien ostenta ilegítimamente el Poder Ejecutivo y quien dirige nada más y nada menos que el Consejo Nacional de Seguridad de Honduras.
A diferencia del primero, de este segundo golpe el régimen no se ha podido recuperar debido a las implicaciones que ha tenido al largo plazo en la economía y la política nacional. Más bien, la forma en como el régimen ha encarado este tema alimenta los factores que minan al largo plazo su estabilidad, no solo en lo político sino también en lo social y lo económico.
JOH Y SU PANDILLA SE BLINDAN Y LIMPIAN TERRENO
La reacción de los círculos de poder en Honduras frente al juicio de la Corte de New York fue de pánico y de cerrar filas para que el brazo de la justicia no les alcance. De inmediato tomaron sus medidas: La élite corrupta y narcotraficante, que cuenta con una bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, aprobó reformas al Código Penal y a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que blindan a los diputados y a funcionarios corruptos de ser llevados a juicio por sus actos de corrupción. Posteriormente la mira fue puesta en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que judicializaba 13 casos contra funcionarios públicos. En este caso el usurpador acordó con el nefasto Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el cierre de esta Misión y, en cascada, la desarticulación de la UFECIC. Ahora pretenden hacer lo mismo limitando al CNA y a los Tribunales anticorrupción, para sentirse seguros de que no habrá ni una pizca de investigación independiente, y que ni la Ley internacional ni la ley penal hondureña les serán aplicadas.
Por otro lado, la cúpula empresarial corrupta vinculada al poder y a los narconegocios ha sido beneficiada con importantes reformas al proyecto de nuevo Código Penal, diseñadas para evitar que los empresarios sean objeto de persecución judicial por sus prácticas delincuenciales. Asimismo, se aceleran los juicios de casos de corrupción para favorecer a sus compinches; de ahí que no es extraño que personajes como Lena Gutiérrez, el mismo Mario Zelaya y los miembros de la Junta Directiva del IHSS, que durante un tiempo fueron procesados por su participación en el saqueo de esa institución, ahora se les disminuyen delitos, les otorgan cartas de libertad o se les otorgan sobreseimientos definitivos, mientras a los campesinos o pobladores que defienden sus recursos naturales básicos, como ocurre con los siete campesinos de Guapinol, Tocoa, se les encarcela arbitrariamente.
En la misma línea, y de cara a la continuación del proceso judicial en New York, los sicarios al servicio de este régimen asesinaron a no menos de 48 informantes claves, testigos o víctimas que puedan incriminar al gobernante y su pandilla en los centros penales, convertido en verdaderos patíbulos de quienes amenacen con servir en los juicios mencionados.
De esta forma la élite golpista, corrupta y narcotraficante se blinda de la justicia, a la vez que limpia terreno para no correr riesgos en estos tiempos cuando el dedo acusador del país y del mundo los señala. Pero al mismo tiempo, estas acciones han tenido el efecto de evidenciar vívidamente el carácter gansteril y mafioso del régimen que detenta el poder en el país y echa más leña al fuego de la indignación social.
MILITARES SE ALISTAN PARA A SUCEDER A JOH EN EL NARCO ESTADO
En estas condiciones de desprestigio, ilegitimidad e ilegalidad, el régimen usurpador dictatorial ha perdido toda base de sustentación y lo único que le queda es sostenerse por el poder de las armas. En ese sentido es un régimen acorralado, insostenible y en agonía. No hay que confundir sus últimos estertores como indicador de fortaleza; es todo lo contrario.
El debilitamiento de la figura presidencial civil con los últimos escándalos internacionales ha llevado a la cúpula militar a dar un paso al frente colocándose como el más importante protagonista que salvaguarda el narco-estado.
En gran medida esta actitud de la cúpula castrense se debe a que ellos mismos han sido involucrados en múltiples casos de colusión con el tráfico de drogas y administran importantes negocios que les han sido otorgados en los últimos diez años de régimen golpista, como la administración de los bosques, la seguridad interna y ahora la agricultura. Es decir que son parte interesada en el problema.
Lo anterior tiene un costo que desgraciadamente lo paga el Pueblo. Es de sobra conocido que el Presupuesto Nacional en los últimos años ha incrementado el gasto militar y policial a sus anchas, mediante transferencias extraordinarias y la Tasa de Seguridad. Símbolo de este derroche es la compra de un barco militar al costo de 55 millones de dólares, mientras se cierran 112 centros de salud. Pero ahora esta práctica se agrava. En 2019 arbitrariamente el jefe de Estado aprobó que L. 4 mil millones serán transferidos a las Fuerzas Armadas con el pretexto de que los militares los invertirán en programas de desarrollo rural, función que no es de su competencia legal sino de la SAG y del INA, instituciones que a su vez son saqueadas y quebradas.
Asimismo, se financia el reforzamiento de su equipamiento militar y de inteligencia con la compra de modernos drones, buques costosisimos y equipo de espionaje de última generación, a nombre del combate a las drogas, lo que es ridículo porque el juicio a Tony Hernández reveló que este utilizaba submarinos para el trasiego de su mercancía y sus compinches en las FFAA “apagaban” los radares para burlar los controles aéreos. Pero el colmo ha sido el rol servil del Congreso Nacional a los militares al aprobar reformas al Código Penal por las que se exime a éstos de responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad.
El poder y las excepcionalidades que está concentrando paulatinamente la Fuerza Armada poniendo bajo su control directo cada vez más instituciones, nos indica que en Honduras se está ejecutando un Golpe Militar en “cámara lenta” con vistas a copar la totalidad del Estado e instaurar al largo plazo un régimen militarizado, o en el peor de los casos, una dictadura militar directa. En base a este análisis cobra sentido la lapidaria expresión del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gral. Ponce Fonseca, cuando categóricamente afirmó, en franca violación de la Constitución, que “las Fuerzas Armadas son el poder real en Honduras” y que, si es necesario, “podemos quedarnos en el poder por 30 años”, lo que significa que las Fuerzas Armadas son una institución deliberante y que conspira en contra de la voluntad del soberano.
Por supuesto, el aumento del poder militar es directamente proporcional al incremento de la represión. Eso explica la dura represión contra el liderazgo del movimiento popular hondureño, que mediante la protesta ciudadana pacifica se atreve a desafiar a la dictadura y a los grandes negocios extractivistas del capitalismo neoliberal. Lo cual confirma que Honduras este catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos y ambientales.
Sin embargo, aunque a primera vista pareciera lo contrario, el atrincheramiento de la clase pudiente y corrupta bajo las naguas de la casta militar solo refleja su avanzado debilitamiento político ya que es incapaz de lograr el más mínimo consenso social, incluso a lo interno de su partido, sin tener que acudir a la amenaza, al terror y al crimen para acallar las voces disonantes. Se trata de una situación excepcional. Nunca habíamos visto tan asustado y acorralado al régimen post golpista en los últimos diez años. En esas condiciones salir del poder no es una opción para ellos porque significaría la cárcel, el exilio o el cementerio.
UNA ECONOMÍA EN ALERTA AMARILLA
El deterioro del régimen no solo ocurre en el terreno político, sino también en su base económica. Los ingresos del Estado están en alerta amarilla porque Honduras ha visto disminuir el crecimiento del PIB en 1.7% pues paso de 4.8% en 2017 a 3.7% en 2018 y a 3.1% en 2019 (FOSDEH). Esto se debe en gran medida a la caída de las exportaciones (cayeron 8.2% en general) las cuales disminuyeron de 3,214.1 millones de dólares en 2018 a 2,949.4 millones en 2019, debido al desplome del precio del café, banano y el aceite de palma, los tres rubros de agroexportación más importantes. “En 2017, el valor de las exportaciones de café sumó USD 1,225 millones, en cambio para el 2019 solamente suma USD 881.50 millones, el banano pasó de USD 425 millones a 373.40 millones, y el aceite de palma de 335.70 millones a 251.70 millones respectivamente.” (FOSDEH).
Por otro lado, la inversión capitalista no fluye a Honduras como el régimen quisiera. Los megaproyectos “Honduras 20-20” (que prometió crear 600 mil empleos) y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE o “Ciudades Modelo”) hasta ahora han sido un absoluto fracaso en atraer inversión porque los capitales no vienen, sino que huyen del país desde la crisis post electoral de 2017, cuando la inversión extranjera se contrajo en un 39% (FOSDEH). Más recientemente la inversión llega a cuenta gotas debido al clima de inestabilidad política, a la mala señal que envían los juicios de New York y a la eliminación de los mecanismos anticorrupción por parte del régimen. Muestra de lo dicho es que el Índice de Confianza Económica de Honduras bajo de 58.2 puntos en 2018 a 37.7 puntos en 2019 (BCH, “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos”, noviembre 2019)
Lo único que aún sustenta la estabilidad macroeconómica del país es un moderado crecimiento de la maquila (13%) y el ingreso masivo de las remesas que ha alcanzado récord histórico este año (llego a US$ 5,400 millones); pero este último es un fenómeno pasajero ya que se debe a que los migrantes hondureños en USA adelantan el envío de la mayor parte de sus recursos a sus familiares, temerosos de la inminente finalización del TPS, tratado al que le queda menos de un año de vida. Además, la llave de la migración al país del norte y por tanto el flujo de remesas para el futuro disminuirán drásticamente, ya que los y las migrantes no podrán ni siquiera entrar a México si van en busca de refugio a USA, a causa del tratado de “Tercer país más seguro” establecido entre ambos países, de tal forma que el éxodo a Estados Unidos ya no será una opción.
Por lo anterior, los ingresos del Estado al corto y al largo plazo tienden a disminuir, siendo el aspecto económico (junto a los juicios de New York) el otro lado débil del régimen.
COBRAR MÁS Y SAQUEAR MUCHO MÁS
Para compensar esa debilidad económica el régimen se ve obligado a endurecer sus mecanismos de recaudación fiscal y a profundizar el saqueo de las instituciones públicas a fin de reorientar esos recursos a sus prioridades, que son: pagar la deuda externa, acrecentar el aparato militar y financiar sus campañas electorales.
Como consecuencia, el régimen aprieta tuercas mediante una voraz recaudación fiscal que afecta principalmente a la clase media, es decir a empleados de ingresos medios y a pequeños y medianos empresarios, afectados tanto por elevados impuestos (ISR, Tasa de Seguridad, impuestos municipales) como por una burocracia ineficiente que cobra “mordidas” a cada paso y por el incremento de las tarifas de los servicios básicos, como la electricidad y el agua, que encarecen los costos de sus negocios. Si a esta situación se le agrega el problema crónico de la extorsión que afecta a miles de negocios, estamos ante un desolador panorama que lleva a la quiebra a miles de micro, pequeñas y medianas empresas tanto en la ciudad como en el campo.
La gran banca nacional, niña mimada del régimen por ser la pata financiera de la narcodictadura, sigue siendo favorecida en su voracidad acumulativa con la práctica de los fideicomisos autorizados por el Estado y con la especulación financiera, pero también es cierto que cada vez encuentra menos mercado para colocar sus capitales. De hecho, según el economista Claudio Salgado, asesor del BCH, la banca nacional se encuentra en una situación de sobre liquidez financiera, al disponer, aproximadamente, de L. 100 mil millones para créditos, qué es L 40 mil millones por encima de los requerimientos del Banco Central de Honduras (Lps. 60 mil millones). Es decir que la banca tiene demasiado dinero y no puede colocarlo debido a que se ha deprimido la inversión capitalista y a que la capacidad de pago del hondureño promedio ha disminuido, lo que hace que disminuyan sus ganancias. Esto lleva a la oligarquía bancaria a apostar a lo seguro con los bonos del Estado, volviéndose más parasitaria, más corrupta y agresiva en la obtención de nuevas fuentes de acumulación.
Otro factor que explica la disminución de la colocación de capitales es el hecho de que, en buena medida, la inversión comercial e industrial así como la actividad de lavado de dinero que hacían los carteles del narcotráfico en las instituciones financieras nacionales ha sido limitada o abandonada debido al descabezamiento de varios carteles y al procesamiento judicial de sus líderes en los juicios en Estados Unidos, sumiendo en el desempleo a regiones del país donde antes había fuertes inversiones provenientes de la narco actividad (como el occidente y el litoral Atlántico).
La contracción de la economía capitalista tiene muy preocupado a un importante sector de la burguesía hondureña, altamente dependiente de las inversiones extranjeras y sobre endeudada con la banca, que observa cómo se les escapan oportunidades de negocios debido al narco dictadura. De hecho, un importante sector de la burguesía industrial de la zona norte, organizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que representa al sector más dinámico de la economía capitalista, ha comenzado a desmarcarse del apoyo a la dictadura siendo ahora proclive a exigir cambios en la composición del bloque de poder. Esto ha producido un terremoto político en el gremio empresarial que enfrenta a los sectores afines y contrarios al régimen.
En este escenario, el saqueo de fondos públicos y los empréstitos de la banca internacional son las únicas fuentes de capitalización a que puede recurrir el régimen. Eso explica su enorme interés por caerle a las instituciones de previsión y otras entidades estatales donde existen recursos de la clase trabajadora acumulados durante su vida laboral o destinados a servicios crediticios. Algunos ejemplos de lo anterior son: a) La Ley del INPREMA, reformada en 2019 para incrementar la deducción al magisterio en un 2%, reforma disfrazada de “beneficio” [1]; b) el INJUPEMP, el IHSS y el INPREMA fueron descapitalizados en 155.3 millones de dólares para poder concluir la mega obra del Centro Cívico Gubernamental; y, c) BANADESA fue recientemente liquidado, en parte para entregárselo a la banca privada y en parte para deshacerse de la multimillonaria deuda (calculada en L. 6 mil millones) que la oligarquía hizo hace varias décadas tomando préstamos que debieron ser para los campesinos.
En cuanto a los fondos provenientes de la banca internacional, el régimen anda en una desesperada carrera por obtener fondos de donde sea y como sea, tanto de fuentes bilaterales (Taiwán, Israel, etc) como multilaterales. El problema es que las primeras no son lo suficientemente grandes debido a que esos países no tienen grandes partidas de financiamiento externo y los segundos son altamente condicionados. Recordemos que JOH llego en 2019 a un Acuerdo Stand-by de dos años con el FMI por un monto de 311 millones de dólares, a cambio de implementar procesos privatizadores en salud, educación, agua y electricidad, pagar a las generadoras eléctricas y modificar los fondos de previsión.
En el marco de ese acuerdo, JOH intento aplicar los PCM sin anestesia en mayo-junio 2019, lo que provocó un enorme levantamiento social en protesta; pero debido a la desmovilización de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación, JOH ha comenzado a implementarlos por segmentos, por ejemplo, privatizando los servicios hospitalarios. De similar manera, el régimen aprieta el acelerador profundizando sus medidas neoliberales en otras instituciones públicas; por ejemplo, la ENEE está en proceso de descuartizamiento en tres empresas que serán entregadas a inversores privados; mientras el SANAA y el INFOP también están en pleno proceso de privatización; y se renuevan los contratos con las térmicas e hidroeléctricas, a las que el Estado se obliga a pagarles casi L. 10 mil millones por operar con deficiencias; entre otros.
Estas medidas son el resultado de las presiones del FMI y el resto de la banca mundial para el cumplimiento de los convenios suscritos en 2019, que constituye una clara afrenta a nuestra soberanía económica.
Paradójicamente, la “medicina” que le recetan los organismos financieros internacionales al régimen puede matar a su paciente. Aplicar esos paquetes significa asestar mazazos durísimos a la clase trabajadora y al pueblo en general, que se verán afectados por las draconianas medidas neoliberales del régimen. Así las cosas, no es descartable que sectores populares, especialmente de trabajadores, se vean obligados a salir a la lucha si quieren sobrevivir en medio de la deplorable situación del país, como ocurre actualmente con las enfermeras y los trabajadores del INFOP.
Este panorama económico no incluye una variable que es muy probable que ocurra este año: la inminencia de una depresión económica del sistema capitalista mundial, peor que la depresión de 2007-2008. Si esto llega a ocurrir, las consecuencias para un régimen tan dependiente de las fluctuaciones del mercado y de la moneda norteamericana, serían simplemente catastróficas. Tampoco incluye la posibilidad de que eventos naturales extremos (huracanes, sequías, plagas), muy probables debido a que Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático, arruinen los planes de la narcodictadura.
DESPLAZAMIENTO FORZOSO DEL PUEBLO, DERROCHE DEL RICO
Mientras esto sucede el Pueblo hondureño se debate día a día en una lucha por la supervivencia cada vez más difícil debido a que el costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la pérdida de microempresas y la extorsión, impiden a los ciudadanos de bien contar con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tan grave es la situación de pobreza y violencia que, de nuevo, muchos hondureños y hondureñas salieron masivamente en enero 2020 en un nuevo desplazamiento forzado en busca de refugio en Estados Unidos (mal llamadas “Caravanas de Migrantes”).
Sin embargo, a diferencia de los desplazamientos forzados de 2018 y 2019, que lograron llegar a la frontera México-USA, esta vez el éxodo tropezó con un muro militar infranqueable de las fuerzas represivas del Estado mexicano. Todo indica que la huida a Estados Unidos en busca del “sueño americano” se quedara en eso, en un sueño, ya que es cada vez más difícil llegar a aquel país por obra y gracia del acuerdo de “Tercer país más seguro” suscrito entre el gobierno de México y de USA. Eso significa que en Honduras a partir de ahora, nos aproximaremos rápidamente al efecto de la olla de presión sin escape que solo puede hacer una cosa: estallar.
El malestar objetivo que causa esta crisis económica, es exacerbado por el descontento subjetivo que causa el derroche sin límites del grupo en el poder, totalmente insensible y ajeno a los reclamos del Pueblo. Sin ningún pudor los más ricos y los funcionarios de más alto nivel continúan disfrutando de privilegios desmedidos, derrochando los recursos públicos en gastos onerosos o superfluos. Ejemplos de esto son; el incremento en casi un 100% de salarios a los diputados, magistrados de la CSJ y funcionarios públicos que se jactan de tener ingresos de 10 mil hasta 14 mil dólares mensuales, mientras a la mayoría de empleados no se les paga ni el salario mínimo; por otro lado, se congelan plazas y salarios, y se despide trabajadores de instituciones del Estado.
LA DISTRACCIÓN ELECTORAL Y LA “LEGITIMACIÓN” DEL CONTINUISMO
El régimen sabe perfectamente que esta agresiva política económica contra los bienes e ingresos del pueblo tiene el potencial de producir levantamientos sociales, con características insurreccionales. Por eso necesita generar distractivos que desvíen la atención de lo más importante hacia lo inocuo. Dos de esos mecanismos de distracción son; por un lado, el recurso de los “diálogos nacionales” y, por otro, el proceso electoral de 2021.
El tema de los diálogos es usado por el régimen para aplacar o prevenir crisis por causa de movimientos sociales. Por ejemplo, la salida de la MACCIH provocó una fuerte reacción social, el usurpador entonces convocó a la “sociedad civil” a participar en un dialogo en el marco del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), supuestamente para ventilar temas de lucha anticorrupción, seguridad y reformas electorales. Un anzuelo similar se prepara desde la UNAH, cuando el Rector Francisco Herrera, a través del movimiento juvenil RED, ha iniciado un proceso del llamado “Dialogo por Honduras” para cooptar a sectores de la izquierda reformista con cantos de sirena sobre una probable “consulta popular” y mantener entretenidos a incautos sectores de la sociedad, evitando que sectores progresistas de la población sigan movilizándose, o para aislar al que se moviliza.
Pero la estrategia distractora principal del régimen es el proceso electoral de 2021. El régimen pretende hacerle creer al Pueblo que en las próximas elecciones generales este tendrá la oportunidad de echar la dictadura mediante los votos y que se elegirá un gobierno democráticamente. La falsedad de esta idea se demuestra, por un lado, en el avance del poder militar que copa el Estado, aspecto señalado líneas atrás, que entra en contradicción con esa ilusión; y por otro lado, en el hecho de que el Partido Nacional se ha trancado en no aprobar las reformas electorales más importante que permitirían un cambio democrático, como la segunda vuelta y el voto electrónico, limitándose a reformas superficiales como la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, en los cuales el bipartidismo se aseguró tener mayoría simple para la toma de decisiones.
De hecho, la reforma para la segunda vuelta requeriría la ratificación en la siguiente legislatura, lo cual le cierra la puerta para que sea aplicada a estas elecciones. ¡Teje fino el régimen! Es que sería ingenuo creer que una banda criminal enquistada en la cima del Estado, va a ceder el poder simplemente porque perdió elecciones en las urnas.
El único beneficio real que esto ha traído a la oposición política partidaria, especialmente a LIBRE, son puestos de trabajo y jugosos salarios a sus burócratas de más alto nivel. Por fuera de este “beneficio”, no hay ninguna ventaja real en materia electoral, sino que, por el contrario, trae más males que bienes a las fuerzas de oposición. Por ejemplo, los liderazgos de los movimientos sociales prácticamente abandonan las luchas para atender la organización y propaganda electoral; y los militantes se enfrascan en desgastantes peleas internas, abriendo heridas entre los activistas que dificultarán los procesos de unidad. Es decir que se abandona precisamente lo único que tiene el potencial de derribar la dictadura; la unidad y la lucha. Esto afectará principalmente al Partido LIBRE; pero también entre este y el resto de los partidos de oposición, que harán una competencia totalmente inconveniente de las fuerzas que se supone adversan a la dictadura. Es el triunfo del “divide y vencerás”.
JOH APUESTA POR SU CONTINUISMO
Además de este fin distractor, el proceso electoral tiene un fin más perverso aún, y es que sirva nuevamente de trampolín para la reelección continuista de JOH. Este sabe que, si quiere salvar su vida frente a la justicia norteamericana y a la enemistad que se ha ganado de los carteles de la droga competidores, no tiene más opción que mantenerse en el poder todo el tiempo que le sea posible. Con las mismas reglas y con los mismos actores, JOH tiene todas las condiciones para que el resultado sea el mismo que el obtenido en los procesos electorales de 2013 y 2017, es decir, una burla a la voluntad popular y un mecanismo de legitimación de su dictadura.
De hecho vemos varios indicadores de lo anterior.
En primer lugar, JOH mantiene sometido en el terror a todas las corrientes internas del Partido Nacional que le son adversas, a manera de no tener candidatura rival a su interior, especialmente las de Ricardo Álvarez y Pepe Lobo, el primero chantajeado por escándalos de corrupción en los que se vio envuelto (incluido del Trans 450) y en los últimos días con varios de sus activistas sospechosamente asesinados; y Pepe Lobo bajo proceso judicial junto a su esposa.
En segundo lugar, JOH ha promovido el lanzamiento de la candidatura de su delfín, el alcalde capitalino Tito Asfura, a quien en cualquier momento puede sustituir al estilo de como lo hizo Ricardo Maduro con su testaferro, Luis Cosenza, en 2001.
En tercer lugar, es notorio que de entre todas las reformas electorales posibles, los cachurecos acarician con especial dulzura la reforma que les permita “regular la reelección”, la cual, de ser aprobada, no le impediría a JOH postularse a la presidencia. Para impedir esto, la apuesta de Ricardo Álvarez es adelantar las elecciones ahora que JOH se encuentra en su peor momento político y no en 2021 cuando habrá consumado toda su estrategia; sin embargo, es muy dudoso que encuentre eco en un Congreso dominado por el oficialismo.
A pesar de lo dicho, la dictadura no deja detalle al azar y guarda otros ases bajo la manga por si la situación tanto nacional como internacional amenaza con irse de las manos, como podría ser una nueva sublevación popular; enfrentar el juicio de la Corte de New York; o si necesitara prolongar su estadía en el poder más tiempo de no lograrlo por la vía electoral. Para casos como esos el régimen baraja la posibilidad de convocar a una consulta nacional por una Asamblea “Constituyente” (derivada), algo que solo puede significar una especie de “salida anticipada” para evadir las elecciones. En fin, es un comodín que puede servirle para diversos propósitos.
El punto clave aquí es que para JOH el proceso electoral es solo un instrumento, como eventualmente lo puede ser una “Constituyente” piruja, para mantenerse en el poder, pero nunca será su fin respetar la voluntad soberana del Pueblo.
LA POLÍTICA DEL IMPERIO
Nada de lo anterior sería posible sin el apoyo político del gobierno de los Estados Unidos a la narco-dictadura. No es que sea un personaje de su agrado, saben que es un capo, pero es “su” capo y mientras no tengan algo mejor, es decir, tan servil como el pero menos “quemado”, le seguirán dando el respaldo.
El apoyo político de los norteamericanos obedece a la necesidad que tienen de asegurar a Honduras y Guatemala como aliados estratégicos claves en Centroamérica, para diversos propósitos; entre otros: contener el avance chino en El Salvador y Nicaragua, frenar la migración hacia el norte, la aplicación de los Tratados de “Tercer País más seguro”, o temas más coyunturales como contar con su voto en la OEA para la reelección de Almagro, y en la ONU ante la crisis con Irán y Venezuela, pero principalmente, proteger su base militar en Palmerola. JOH lo sabe y por eso les obedece como perro faldero con tal de conservar ese apoyo.
Este apoyo se expresa en el sostenimiento político diplomático del Departamento de Estado así como en los halagos de los funcionarios por una supuesta “eficiencia” en la lucha contra el narcotráfico, algo que, de no ser grave, movería a la risa. Pero también se expresa en el plano militar, pues desde el año pasado el gobierno de Trump ha instalado en Honduras tropas de la Fuerza Armada de Estados Unidos y del Estado sionista de Israel en el marco de un convenio tripartito entre los tres gobiernos. Esta presencia militar obedece también en prevención de que el descontento que existe en algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Honduras amenace su estabilidad.
No obstante, también es cierto que la política norteamericana hacia Honduras no es homogénea. Lo dicho hasta aquí sobre el apoyo del gobierno gringo directo a JOH es válido para la política del poder ejecutivo norteamericano, es decir, de Donald Trump y del influyente lobby militar y del sionismo. Sin embargo, el ala demócrata del Congreso Norteamericano, que tiene influencia sobre algunos sectores opositores en Honduras, tiene una posición algo diferente en algunos matices: adversa a JOH y no oculta su preferencia de apoyar a partidos de la oposición burguesa (algo que pudo apreciarse diáfanamente en su visita a Honduras el año pasado, cuando ni siquiera se reunió con el) pero tampoco quieren tomar el riesgo de perder la matriz del neoliberalismo salvaje del que se beneficia el imperio y por eso no apoyan la posibilidad de que LIBRE (partido reformista) llegue al gobierno y mucho menos que su salida sea vía una insurrección en la que el Pueblo tenga una oportunidad de poner su propio gobierno.
Los demócratas al igual que Trump también quieren una salida “controlada” en el proceso electoral de 2021 y es por eso que apuestan a hacer reformas electorales, y particularmente impulsan la exigencia de que el Congreso Nacional debe aprobar un paquete de medidas sobre la corrupción y sobre reformas electorales que incluyen la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Política Limpia y la reglamentación de la reelección. Es en este equilibrio que se mueve el gobierno de JOH.
Ahora bien, estos son sus deseos y obtendrán la colaboración absoluta de JOH, con una excepción; que no lo toquen a él ni a su familia más cercana. Por eso las cosas son algo más compleja, ya que JOH tiene otros planes y se resiste a ser desechado en 2022 sin tener asegurado su futuro. JOH a su manera también pone sus términos pues es consciente de la importancia que tiene para ellos.
Uno de los principales intereses de JOH es no ser objeto de acusación criminal por los delitos que ha cometido en el país y en el extranjero, y también preservar su fortuna, como hacen todos los dictadores. El caso de la MACCIH es un buen ejemplo de esa complejidad. Tanto la Embajada norteamericana, que obedece a Trump, como la USAID y los senadores republicanos y demócratas originalmente abogaban por la permanencia de la MACCIH en Honduras, pues era el mecanismo de presión que tenían para mantener a su narco títere bajo control.
Sin embargo, llegó un punto en el que la MACCIH amenazó investigar la familia presidencial en el caso Los Pandoros, y eso obligo a una negociación entre diciembre 2019 y enero 2020; una negociación sobre la permanencia de la MACCIH que mantuvo en vilo al país en ese periodo. Cuando finalmente salió humo blanco de esa negociación, la MACCIH fue retirada de Honduras, en un acuerdo de compadre hablado con Luis Almagro, títere de Trump; a renglón seguido vino el desmantelamiento de la UFECIC y también la salida de la representante de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) así como la sustitución del Consejo Nacional Anticorrupción por el FONAC.
Logrado su propósito, JOH pocos días después apareció sonriente y confiado solicitando al Congreso Nacional la aprobación de ese paquete de leyes que la Embajada solicita hace varios años, seguro de que todo lo que se ventile pasara por los tribunales que el controla a través de sus mandaderos. Y como colofón, en un evento publico comenzaron a aparecer las voces de “las bases” de su partido pidiéndole que se postule a la reelección. Ridículo pero cierto.
En este fulminante proceso, la Embajada no emitió ninguna declaración condenando al gobierno, sino que se limitó a enfatizar que ahora la lucha anticorrupción debe basarse en el Ministerio Público, minimizando la salida de la MACCIH por obra de JOH, lo cual es irrisorio porque el Fiscal General ha sido el principal aliado de los corruptos. La única medida concreta que adoptó la Embajada en reacción a lo dicho fue quitar la visa a los diputados y diputadas vinculados a algunos casos de corrupción, pero en ningún momento tomó ninguna medida contra JOH, responsable directo de la no-continuidad de la MACCIH.
HAY RAZÓN PARA SER OPTIMISTA
Pese a lo anterior, que JOH sobreviva los próximos dos años hasta ese punto, “es otro pisto”; no es algo que puedan garantizar ni él ni los gringos, sino que dependerá de cómo se presente el escenario de la economía y de la lucha de clases en los próximos 20 meses, porque como van las cosas, un nuevo movimiento popular similar al de abril mayo 2019 no es nada descartable. La experiencia de los últimos diez años en nuestro país ha sido que, cuando más confiado se siente el régimen y aprieta con sus medidas al pueblo, más sorpresas dá éste, levantando movimientos sociales impresionantes. Así pasó con el movimiento de los indignados en 2015, el movimiento estudiantil universitario en 2016 y 2017, el levantamiento popular de diciembre 2017 y el movimiento de la Plataforma en abril-junio 2019.
Con mucha probabilidad nuevas oportunidades para luchar se nos presentarán antes de las elecciones de 2021, teniendo en cuenta la descripción que hemos hecho páginas atrás sobre la situación de la economía y la política criolla. Pero de nada servirán si no aprendemos la segunda lección de esta historia; necesitamos una nueva dirigencia social y política que conduzca los futuros movimientos, para no volver a perder las oportunidades que surjan.
Así que, en estas Honduras, donde el plomo flota y el corcho se hunde, todavía no hay razón para perder la esperanza, siempre y cuando hagamos algo al respecto.
[1] La reforma fue vendida como un beneficio a los docentes diciéndoles que ahora no se les deduciría el 8% del decimo tercer y decimo cuarto mes de salario, pero al mismo tiempo se le incrementan las cotizaciones a 9.5% por cada uno de estos, siendo al final un incremento anual.
febrero 10, 2020
Redacción
Por: Tomas Andino Mencía
Ante el régimen de JOH es común encontrar dos actitudes opuestas: la pesimista, de quienes se dejan impresionar por la supuesta fortaleza del régimen y creen que es muy poco lo que se puede hacer; y la triunfalista, de quienes creen que sacar a JOH puede hacerse ganando en las urnas para que deje el poder. Ambas son actitudes incorrectas, porque no están basadas en un análisis objetivo de la realidad sino en suposiciones, en su mayoría infundadas. Un análisis objetivo debe alejarse de estos extremos que tanto daño nos hacen y basarse en los hechos.
De más está decir que la comprensión objetiva de la realidad del país es una condición necesaria para diseñar una estrategia correcta en la lucha contra la dictadura. Este escrito aporta algunos elementos a ese análisis sin pretender ser exhaustivo ni estar exento de errores, pero si sirviera como insumo para el debate que nos ayude a encontrar el mejor camino, habrá cumplido su objetivo.
En resumen, pretendo demostrar que JOH vive los peores momentos de su agonía histórica a la cabeza del narco estado, con una situación de desprestigio internacional, al borde de ser sometido a un juicio internacional, con una economía que camina lenta pero sostenidamente a una recesión y aislado de muchos de sus aliados. Pero no por ello su caída es automática. Se trata de un régimen al cual aún le quedan poderosas cartas que jugar para mantenerse en el poder hasta el 2021 con el apoyo de los gringos, con un margen de acción cada vez más limitado, quienes buscan su relevo en las próximas elecciones generales.
DOS ACONTECIMIENTOS CLAVES
En 2019 dos acontecimientos sacudieron el país; por un lado, el levantamiento popular de abril-mayo dirigido por la Plataforma Nacional de Defensa de la Salud y la Educación, y por otro lado, el histórico juicio en octubre de la Corte del Distrito Sur de New York contra Tony Hernández, cuyas revelaciones han desnudado sin lugar a dudas la participación del régimen nacionalista y en particular de JOH en las altas esferas del narcotráfico.
El primer acontecimiento demostró que al régimen se le puede derrotar con unidad y lucha. Fue tan poderoso ese movimiento que el país estuvo al borde de una paralización nacional, la cual tenía el potencial de hacer caer a JOH. Sin embargo, la dirigencia del movimiento optó por limitar su impacto a temas de orden reivindicativo y gremial, desmovilizando a sus bases cuando se dio el mejor momento de pedir la cabeza del usurpador. La oportunidad se perdió y el régimen se recuperó en los subsiguientes meses, desanimando a muchos de seguir luchando. Sin embargo, si algo quedo de ese movimiento fue la consciencia en el Pueblo sobre el nefasto papel que ha tenido la corrupción del gobierno en el lamentable estado en que se encuentra el sistema de salud y educación en Honduras.
El segundo acontecimiento, el juicio contra Tony Hernández (TH) en octubre 2019, tuvo el efecto de colocar al régimen de nuevo contra las cuerdas y de fragmentar al bloque en el poder, como veremos. El juicio demostró, no solo que TH era culpable de los delitos que se le imputaban, sino que contó con el apoyo y colaboración decisiva de su hermano, quien ostenta ilegítimamente el Poder Ejecutivo y quien dirige nada más y nada menos que el Consejo Nacional de Seguridad de Honduras.
A diferencia del primero, de este segundo golpe el régimen no se ha podido recuperar debido a las implicaciones que ha tenido al largo plazo en la economía y la política nacional. Más bien, la forma en como el régimen ha encarado este tema alimenta los factores que minan al largo plazo su estabilidad, no solo en lo político sino también en lo social y lo económico.
JOH Y SU PANDILLA SE BLINDAN Y LIMPIAN TERRENO
La reacción de los círculos de poder en Honduras frente al juicio de la Corte de New York fue de pánico y de cerrar filas para que el brazo de la justicia no les alcance. De inmediato tomaron sus medidas: La élite corrupta y narcotraficante, que cuenta con una bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, aprobó reformas al Código Penal y a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que blindan a los diputados y a funcionarios corruptos de ser llevados a juicio por sus actos de corrupción. Posteriormente la mira fue puesta en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que judicializaba 13 casos contra funcionarios públicos. En este caso el usurpador acordó con el nefasto Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el cierre de esta Misión y, en cascada, la desarticulación de la UFECIC. Ahora pretenden hacer lo mismo limitando al CNA y a los Tribunales anticorrupción, para sentirse seguros de que no habrá ni una pizca de investigación independiente, y que ni la Ley internacional ni la ley penal hondureña les serán aplicadas.
Por otro lado, la cúpula empresarial corrupta vinculada al poder y a los narconegocios ha sido beneficiada con importantes reformas al proyecto de nuevo Código Penal, diseñadas para evitar que los empresarios sean objeto de persecución judicial por sus prácticas delincuenciales. Asimismo, se aceleran los juicios de casos de corrupción para favorecer a sus compinches; de ahí que no es extraño que personajes como Lena Gutiérrez, el mismo Mario Zelaya y los miembros de la Junta Directiva del IHSS, que durante un tiempo fueron procesados por su participación en el saqueo de esa institución, ahora se les disminuyen delitos, les otorgan cartas de libertad o se les otorgan sobreseimientos definitivos, mientras a los campesinos o pobladores que defienden sus recursos naturales básicos, como ocurre con los siete campesinos de Guapinol, Tocoa, se les encarcela arbitrariamente.
En la misma línea, y de cara a la continuación del proceso judicial en New York, los sicarios al servicio de este régimen asesinaron a no menos de 48 informantes claves, testigos o víctimas que puedan incriminar al gobernante y su pandilla en los centros penales, convertido en verdaderos patíbulos de quienes amenacen con servir en los juicios mencionados.
De esta forma la élite golpista, corrupta y narcotraficante se blinda de la justicia, a la vez que limpia terreno para no correr riesgos en estos tiempos cuando el dedo acusador del país y del mundo los señala. Pero al mismo tiempo, estas acciones han tenido el efecto de evidenciar vívidamente el carácter gansteril y mafioso del régimen que detenta el poder en el país y echa más leña al fuego de la indignación social.
MILITARES SE ALISTAN PARA A SUCEDER A JOH EN EL NARCO ESTADO
En estas condiciones de desprestigio, ilegitimidad e ilegalidad, el régimen usurpador dictatorial ha perdido toda base de sustentación y lo único que le queda es sostenerse por el poder de las armas. En ese sentido es un régimen acorralado, insostenible y en agonía. No hay que confundir sus últimos estertores como indicador de fortaleza; es todo lo contrario.
El debilitamiento de la figura presidencial civil con los últimos escándalos internacionales ha llevado a la cúpula militar a dar un paso al frente colocándose como el más importante protagonista que salvaguarda el narco-estado.
En gran medida esta actitud de la cúpula castrense se debe a que ellos mismos han sido involucrados en múltiples casos de colusión con el tráfico de drogas y administran importantes negocios que les han sido otorgados en los últimos diez años de régimen golpista, como la administración de los bosques, la seguridad interna y ahora la agricultura. Es decir que son parte interesada en el problema.
Lo anterior tiene un costo que desgraciadamente lo paga el Pueblo. Es de sobra conocido que el Presupuesto Nacional en los últimos años ha incrementado el gasto militar y policial a sus anchas, mediante transferencias extraordinarias y la Tasa de Seguridad. Símbolo de este derroche es la compra de un barco militar al costo de 55 millones de dólares, mientras se cierran 112 centros de salud. Pero ahora esta práctica se agrava. En 2019 arbitrariamente el jefe de Estado aprobó que L. 4 mil millones serán transferidos a las Fuerzas Armadas con el pretexto de que los militares los invertirán en programas de desarrollo rural, función que no es de su competencia legal sino de la SAG y del INA, instituciones que a su vez son saqueadas y quebradas.
Asimismo, se financia el reforzamiento de su equipamiento militar y de inteligencia con la compra de modernos drones, buques costosisimos y equipo de espionaje de última generación, a nombre del combate a las drogas, lo que es ridículo porque el juicio a Tony Hernández reveló que este utilizaba submarinos para el trasiego de su mercancía y sus compinches en las FFAA “apagaban” los radares para burlar los controles aéreos. Pero el colmo ha sido el rol servil del Congreso Nacional a los militares al aprobar reformas al Código Penal por las que se exime a éstos de responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad.
El poder y las excepcionalidades que está concentrando paulatinamente la Fuerza Armada poniendo bajo su control directo cada vez más instituciones, nos indica que en Honduras se está ejecutando un Golpe Militar en “cámara lenta” con vistas a copar la totalidad del Estado e instaurar al largo plazo un régimen militarizado, o en el peor de los casos, una dictadura militar directa. En base a este análisis cobra sentido la lapidaria expresión del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gral. Ponce Fonseca, cuando categóricamente afirmó, en franca violación de la Constitución, que “las Fuerzas Armadas son el poder real en Honduras” y que, si es necesario, “podemos quedarnos en el poder por 30 años”, lo que significa que las Fuerzas Armadas son una institución deliberante y que conspira en contra de la voluntad del soberano.
Por supuesto, el aumento del poder militar es directamente proporcional al incremento de la represión. Eso explica la dura represión contra el liderazgo del movimiento popular hondureño, que mediante la protesta ciudadana pacifica se atreve a desafiar a la dictadura y a los grandes negocios extractivistas del capitalismo neoliberal. Lo cual confirma que Honduras este catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos y ambientales.
Sin embargo, aunque a primera vista pareciera lo contrario, el atrincheramiento de la clase pudiente y corrupta bajo las naguas de la casta militar solo refleja su avanzado debilitamiento político ya que es incapaz de lograr el más mínimo consenso social, incluso a lo interno de su partido, sin tener que acudir a la amenaza, al terror y al crimen para acallar las voces disonantes. Se trata de una situación excepcional. Nunca habíamos visto tan asustado y acorralado al régimen post golpista en los últimos diez años. En esas condiciones salir del poder no es una opción para ellos porque significaría la cárcel, el exilio o el cementerio.
UNA ECONOMÍA EN ALERTA AMARILLA
El deterioro del régimen no solo ocurre en el terreno político, sino también en su base económica. Los ingresos del Estado están en alerta amarilla porque Honduras ha visto disminuir el crecimiento del PIB en 1.7% pues paso de 4.8% en 2017 a 3.7% en 2018 y a 3.1% en 2019 (FOSDEH). Esto se debe en gran medida a la caída de las exportaciones (cayeron 8.2% en general) las cuales disminuyeron de 3,214.1 millones de dólares en 2018 a 2,949.4 millones en 2019, debido al desplome del precio del café, banano y el aceite de palma, los tres rubros de agroexportación más importantes. “En 2017, el valor de las exportaciones de café sumó USD 1,225 millones, en cambio para el 2019 solamente suma USD 881.50 millones, el banano pasó de USD 425 millones a 373.40 millones, y el aceite de palma de 335.70 millones a 251.70 millones respectivamente.” (FOSDEH).
Por otro lado, la inversión capitalista no fluye a Honduras como el régimen quisiera. Los megaproyectos “Honduras 20-20” (que prometió crear 600 mil empleos) y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE o “Ciudades Modelo”) hasta ahora han sido un absoluto fracaso en atraer inversión porque los capitales no vienen, sino que huyen del país desde la crisis post electoral de 2017, cuando la inversión extranjera se contrajo en un 39% (FOSDEH). Más recientemente la inversión llega a cuenta gotas debido al clima de inestabilidad política, a la mala señal que envían los juicios de New York y a la eliminación de los mecanismos anticorrupción por parte del régimen. Muestra de lo dicho es que el Índice de Confianza Económica de Honduras bajo de 58.2 puntos en 2018 a 37.7 puntos en 2019 (BCH, “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos”, noviembre 2019)
Lo único que aún sustenta la estabilidad macroeconómica del país es un moderado crecimiento de la maquila (13%) y el ingreso masivo de las remesas que ha alcanzado récord histórico este año (llego a US$ 5,400 millones); pero este último es un fenómeno pasajero ya que se debe a que los migrantes hondureños en USA adelantan el envío de la mayor parte de sus recursos a sus familiares, temerosos de la inminente finalización del TPS, tratado al que le queda menos de un año de vida. Además, la llave de la migración al país del norte y por tanto el flujo de remesas para el futuro disminuirán drásticamente, ya que los y las migrantes no podrán ni siquiera entrar a México si van en busca de refugio a USA, a causa del tratado de “Tercer país más seguro” establecido entre ambos países, de tal forma que el éxodo a Estados Unidos ya no será una opción.
Por lo anterior, los ingresos del Estado al corto y al largo plazo tienden a disminuir, siendo el aspecto económico (junto a los juicios de New York) el otro lado débil del régimen.
COBRAR MÁS Y SAQUEAR MUCHO MÁS
Para compensar esa debilidad económica el régimen se ve obligado a endurecer sus mecanismos de recaudación fiscal y a profundizar el saqueo de las instituciones públicas a fin de reorientar esos recursos a sus prioridades, que son: pagar la deuda externa, acrecentar el aparato militar y financiar sus campañas electorales.
Como consecuencia, el régimen aprieta tuercas mediante una voraz recaudación fiscal que afecta principalmente a la clase media, es decir a empleados de ingresos medios y a pequeños y medianos empresarios, afectados tanto por elevados impuestos (ISR, Tasa de Seguridad, impuestos municipales) como por una burocracia ineficiente que cobra “mordidas” a cada paso y por el incremento de las tarifas de los servicios básicos, como la electricidad y el agua, que encarecen los costos de sus negocios. Si a esta situación se le agrega el problema crónico de la extorsión que afecta a miles de negocios, estamos ante un desolador panorama que lleva a la quiebra a miles de micro, pequeñas y medianas empresas tanto en la ciudad como en el campo.
La gran banca nacional, niña mimada del régimen por ser la pata financiera de la narcodictadura, sigue siendo favorecida en su voracidad acumulativa con la práctica de los fideicomisos autorizados por el Estado y con la especulación financiera, pero también es cierto que cada vez encuentra menos mercado para colocar sus capitales. De hecho, según el economista Claudio Salgado, asesor del BCH, la banca nacional se encuentra en una situación de sobre liquidez financiera, al disponer, aproximadamente, de L. 100 mil millones para créditos, qué es L 40 mil millones por encima de los requerimientos del Banco Central de Honduras (Lps. 60 mil millones). Es decir que la banca tiene demasiado dinero y no puede colocarlo debido a que se ha deprimido la inversión capitalista y a que la capacidad de pago del hondureño promedio ha disminuido, lo que hace que disminuyan sus ganancias. Esto lleva a la oligarquía bancaria a apostar a lo seguro con los bonos del Estado, volviéndose más parasitaria, más corrupta y agresiva en la obtención de nuevas fuentes de acumulación.
Otro factor que explica la disminución de la colocación de capitales es el hecho de que, en buena medida, la inversión comercial e industrial así como la actividad de lavado de dinero que hacían los carteles del narcotráfico en las instituciones financieras nacionales ha sido limitada o abandonada debido al descabezamiento de varios carteles y al procesamiento judicial de sus líderes en los juicios en Estados Unidos, sumiendo en el desempleo a regiones del país donde antes había fuertes inversiones provenientes de la narco actividad (como el occidente y el litoral Atlántico).
La contracción de la economía capitalista tiene muy preocupado a un importante sector de la burguesía hondureña, altamente dependiente de las inversiones extranjeras y sobre endeudada con la banca, que observa cómo se les escapan oportunidades de negocios debido al narco dictadura. De hecho, un importante sector de la burguesía industrial de la zona norte, organizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que representa al sector más dinámico de la economía capitalista, ha comenzado a desmarcarse del apoyo a la dictadura siendo ahora proclive a exigir cambios en la composición del bloque de poder. Esto ha producido un terremoto político en el gremio empresarial que enfrenta a los sectores afines y contrarios al régimen.
En este escenario, el saqueo de fondos públicos y los empréstitos de la banca internacional son las únicas fuentes de capitalización a que puede recurrir el régimen. Eso explica su enorme interés por caerle a las instituciones de previsión y otras entidades estatales donde existen recursos de la clase trabajadora acumulados durante su vida laboral o destinados a servicios crediticios. Algunos ejemplos de lo anterior son: a) La Ley del INPREMA, reformada en 2019 para incrementar la deducción al magisterio en un 2%, reforma disfrazada de “beneficio” [1]; b) el INJUPEMP, el IHSS y el INPREMA fueron descapitalizados en 155.3 millones de dólares para poder concluir la mega obra del Centro Cívico Gubernamental; y, c) BANADESA fue recientemente liquidado, en parte para entregárselo a la banca privada y en parte para deshacerse de la multimillonaria deuda (calculada en L. 6 mil millones) que la oligarquía hizo hace varias décadas tomando préstamos que debieron ser para los campesinos.
En cuanto a los fondos provenientes de la banca internacional, el régimen anda en una desesperada carrera por obtener fondos de donde sea y como sea, tanto de fuentes bilaterales (Taiwán, Israel, etc) como multilaterales. El problema es que las primeras no son lo suficientemente grandes debido a que esos países no tienen grandes partidas de financiamiento externo y los segundos son altamente condicionados. Recordemos que JOH llego en 2019 a un Acuerdo Stand-by de dos años con el FMI por un monto de 311 millones de dólares, a cambio de implementar procesos privatizadores en salud, educación, agua y electricidad, pagar a las generadoras eléctricas y modificar los fondos de previsión.
En el marco de ese acuerdo, JOH intento aplicar los PCM sin anestesia en mayo-junio 2019, lo que provocó un enorme levantamiento social en protesta; pero debido a la desmovilización de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación, JOH ha comenzado a implementarlos por segmentos, por ejemplo, privatizando los servicios hospitalarios. De similar manera, el régimen aprieta el acelerador profundizando sus medidas neoliberales en otras instituciones públicas; por ejemplo, la ENEE está en proceso de descuartizamiento en tres empresas que serán entregadas a inversores privados; mientras el SANAA y el INFOP también están en pleno proceso de privatización; y se renuevan los contratos con las térmicas e hidroeléctricas, a las que el Estado se obliga a pagarles casi L. 10 mil millones por operar con deficiencias; entre otros.
Estas medidas son el resultado de las presiones del FMI y el resto de la banca mundial para el cumplimiento de los convenios suscritos en 2019, que constituye una clara afrenta a nuestra soberanía económica.
Paradójicamente, la “medicina” que le recetan los organismos financieros internacionales al régimen puede matar a su paciente. Aplicar esos paquetes significa asestar mazazos durísimos a la clase trabajadora y al pueblo en general, que se verán afectados por las draconianas medidas neoliberales del régimen. Así las cosas, no es descartable que sectores populares, especialmente de trabajadores, se vean obligados a salir a la lucha si quieren sobrevivir en medio de la deplorable situación del país, como ocurre actualmente con las enfermeras y los trabajadores del INFOP.
Este panorama económico no incluye una variable que es muy probable que ocurra este año: la inminencia de una depresión económica del sistema capitalista mundial, peor que la depresión de 2007-2008. Si esto llega a ocurrir, las consecuencias para un régimen tan dependiente de las fluctuaciones del mercado y de la moneda norteamericana, serían simplemente catastróficas. Tampoco incluye la posibilidad de que eventos naturales extremos (huracanes, sequías, plagas), muy probables debido a que Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático, arruinen los planes de la narcodictadura.
DESPLAZAMIENTO FORZOSO DEL PUEBLO, DERROCHE DEL RICO
Mientras esto sucede el Pueblo hondureño se debate día a día en una lucha por la supervivencia cada vez más difícil debido a que el costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la pérdida de microempresas y la extorsión, impiden a los ciudadanos de bien contar con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tan grave es la situación de pobreza y violencia que, de nuevo, muchos hondureños y hondureñas salieron masivamente en enero 2020 en un nuevo desplazamiento forzado en busca de refugio en Estados Unidos (mal llamadas “Caravanas de Migrantes”).
Sin embargo, a diferencia de los desplazamientos forzados de 2018 y 2019, que lograron llegar a la frontera México-USA, esta vez el éxodo tropezó con un muro militar infranqueable de las fuerzas represivas del Estado mexicano. Todo indica que la huida a Estados Unidos en busca del “sueño americano” se quedara en eso, en un sueño, ya que es cada vez más difícil llegar a aquel país por obra y gracia del acuerdo de “Tercer país más seguro” suscrito entre el gobierno de México y de USA. Eso significa que en Honduras a partir de ahora, nos aproximaremos rápidamente al efecto de la olla de presión sin escape que solo puede hacer una cosa: estallar.
El malestar objetivo que causa esta crisis económica, es exacerbado por el descontento subjetivo que causa el derroche sin límites del grupo en el poder, totalmente insensible y ajeno a los reclamos del Pueblo. Sin ningún pudor los más ricos y los funcionarios de más alto nivel continúan disfrutando de privilegios desmedidos, derrochando los recursos públicos en gastos onerosos o superfluos. Ejemplos de esto son; el incremento en casi un 100% de salarios a los diputados, magistrados de la CSJ y funcionarios públicos que se jactan de tener ingresos de 10 mil hasta 14 mil dólares mensuales, mientras a la mayoría de empleados no se les paga ni el salario mínimo; por otro lado, se congelan plazas y salarios, y se despide trabajadores de instituciones del Estado.
LA DISTRACCIÓN ELECTORAL Y LA “LEGITIMACIÓN” DEL CONTINUISMO
El régimen sabe perfectamente que esta agresiva política económica contra los bienes e ingresos del pueblo tiene el potencial de producir levantamientos sociales, con características insurreccionales. Por eso necesita generar distractivos que desvíen la atención de lo más importante hacia lo inocuo. Dos de esos mecanismos de distracción son; por un lado, el recurso de los “diálogos nacionales” y, por otro, el proceso electoral de 2021.
El tema de los diálogos es usado por el régimen para aplacar o prevenir crisis por causa de movimientos sociales. Por ejemplo, la salida de la MACCIH provocó una fuerte reacción social, el usurpador entonces convocó a la “sociedad civil” a participar en un dialogo en el marco del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), supuestamente para ventilar temas de lucha anticorrupción, seguridad y reformas electorales. Un anzuelo similar se prepara desde la UNAH, cuando el Rector Francisco Herrera, a través del movimiento juvenil RED, ha iniciado un proceso del llamado “Dialogo por Honduras” para cooptar a sectores de la izquierda reformista con cantos de sirena sobre una probable “consulta popular” y mantener entretenidos a incautos sectores de la sociedad, evitando que sectores progresistas de la población sigan movilizándose, o para aislar al que se moviliza.
Pero la estrategia distractora principal del régimen es el proceso electoral de 2021. El régimen pretende hacerle creer al Pueblo que en las próximas elecciones generales este tendrá la oportunidad de echar la dictadura mediante los votos y que se elegirá un gobierno democráticamente. La falsedad de esta idea se demuestra, por un lado, en el avance del poder militar que copa el Estado, aspecto señalado líneas atrás, que entra en contradicción con esa ilusión; y por otro lado, en el hecho de que el Partido Nacional se ha trancado en no aprobar las reformas electorales más importante que permitirían un cambio democrático, como la segunda vuelta y el voto electrónico, limitándose a reformas superficiales como la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, en los cuales el bipartidismo se aseguró tener mayoría simple para la toma de decisiones.
De hecho, la reforma para la segunda vuelta requeriría la ratificación en la siguiente legislatura, lo cual le cierra la puerta para que sea aplicada a estas elecciones. ¡Teje fino el régimen! Es que sería ingenuo creer que una banda criminal enquistada en la cima del Estado, va a ceder el poder simplemente porque perdió elecciones en las urnas.
El único beneficio real que esto ha traído a la oposición política partidaria, especialmente a LIBRE, son puestos de trabajo y jugosos salarios a sus burócratas de más alto nivel. Por fuera de este “beneficio”, no hay ninguna ventaja real en materia electoral, sino que, por el contrario, trae más males que bienes a las fuerzas de oposición. Por ejemplo, los liderazgos de los movimientos sociales prácticamente abandonan las luchas para atender la organización y propaganda electoral; y los militantes se enfrascan en desgastantes peleas internas, abriendo heridas entre los activistas que dificultarán los procesos de unidad. Es decir que se abandona precisamente lo único que tiene el potencial de derribar la dictadura; la unidad y la lucha. Esto afectará principalmente al Partido LIBRE; pero también entre este y el resto de los partidos de oposición, que harán una competencia totalmente inconveniente de las fuerzas que se supone adversan a la dictadura. Es el triunfo del “divide y vencerás”.
JOH APUESTA POR SU CONTINUISMO
Además de este fin distractor, el proceso electoral tiene un fin más perverso aún, y es que sirva nuevamente de trampolín para la reelección continuista de JOH. Este sabe que, si quiere salvar su vida frente a la justicia norteamericana y a la enemistad que se ha ganado de los carteles de la droga competidores, no tiene más opción que mantenerse en el poder todo el tiempo que le sea posible. Con las mismas reglas y con los mismos actores, JOH tiene todas las condiciones para que el resultado sea el mismo que el obtenido en los procesos electorales de 2013 y 2017, es decir, una burla a la voluntad popular y un mecanismo de legitimación de su dictadura.
De hecho vemos varios indicadores de lo anterior.
En primer lugar, JOH mantiene sometido en el terror a todas las corrientes internas del Partido Nacional que le son adversas, a manera de no tener candidatura rival a su interior, especialmente las de Ricardo Álvarez y Pepe Lobo, el primero chantajeado por escándalos de corrupción en los que se vio envuelto (incluido del Trans 450) y en los últimos días con varios de sus activistas sospechosamente asesinados; y Pepe Lobo bajo proceso judicial junto a su esposa.
En segundo lugar, JOH ha promovido el lanzamiento de la candidatura de su delfín, el alcalde capitalino Tito Asfura, a quien en cualquier momento puede sustituir al estilo de como lo hizo Ricardo Maduro con su testaferro, Luis Cosenza, en 2001.
En tercer lugar, es notorio que de entre todas las reformas electorales posibles, los cachurecos acarician con especial dulzura la reforma que les permita “regular la reelección”, la cual, de ser aprobada, no le impediría a JOH postularse a la presidencia. Para impedir esto, la apuesta de Ricardo Álvarez es adelantar las elecciones ahora que JOH se encuentra en su peor momento político y no en 2021 cuando habrá consumado toda su estrategia; sin embargo, es muy dudoso que encuentre eco en un Congreso dominado por el oficialismo.
A pesar de lo dicho, la dictadura no deja detalle al azar y guarda otros ases bajo la manga por si la situación tanto nacional como internacional amenaza con irse de las manos, como podría ser una nueva sublevación popular; enfrentar el juicio de la Corte de New York; o si necesitara prolongar su estadía en el poder más tiempo de no lograrlo por la vía electoral. Para casos como esos el régimen baraja la posibilidad de convocar a una consulta nacional por una Asamblea “Constituyente” (derivada), algo que solo puede significar una especie de “salida anticipada” para evadir las elecciones. En fin, es un comodín que puede servirle para diversos propósitos.
El punto clave aquí es que para JOH el proceso electoral es solo un instrumento, como eventualmente lo puede ser una “Constituyente” piruja, para mantenerse en el poder, pero nunca será su fin respetar la voluntad soberana del Pueblo.
LA POLÍTICA DEL IMPERIO
Nada de lo anterior sería posible sin el apoyo político del gobierno de los Estados Unidos a la narco-dictadura. No es que sea un personaje de su agrado, saben que es un capo, pero es “su” capo y mientras no tengan algo mejor, es decir, tan servil como el pero menos “quemado”, le seguirán dando el respaldo.
El apoyo político de los norteamericanos obedece a la necesidad que tienen de asegurar a Honduras y Guatemala como aliados estratégicos claves en Centroamérica, para diversos propósitos; entre otros: contener el avance chino en El Salvador y Nicaragua, frenar la migración hacia el norte, la aplicación de los Tratados de “Tercer País más seguro”, o temas más coyunturales como contar con su voto en la OEA para la reelección de Almagro, y en la ONU ante la crisis con Irán y Venezuela, pero principalmente, proteger su base militar en Palmerola. JOH lo sabe y por eso les obedece como perro faldero con tal de conservar ese apoyo.
Este apoyo se expresa en el sostenimiento político diplomático del Departamento de Estado así como en los halagos de los funcionarios por una supuesta “eficiencia” en la lucha contra el narcotráfico, algo que, de no ser grave, movería a la risa. Pero también se expresa en el plano militar, pues desde el año pasado el gobierno de Trump ha instalado en Honduras tropas de la Fuerza Armada de Estados Unidos y del Estado sionista de Israel en el marco de un convenio tripartito entre los tres gobiernos. Esta presencia militar obedece también en prevención de que el descontento que existe en algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Honduras amenace su estabilidad.
No obstante, también es cierto que la política norteamericana hacia Honduras no es homogénea. Lo dicho hasta aquí sobre el apoyo del gobierno gringo directo a JOH es válido para la política del poder ejecutivo norteamericano, es decir, de Donald Trump y del influyente lobby militar y del sionismo. Sin embargo, el ala demócrata del Congreso Norteamericano, que tiene influencia sobre algunos sectores opositores en Honduras, tiene una posición algo diferente en algunos matices: adversa a JOH y no oculta su preferencia de apoyar a partidos de la oposición burguesa (algo que pudo apreciarse diáfanamente en su visita a Honduras el año pasado, cuando ni siquiera se reunió con el) pero tampoco quieren tomar el riesgo de perder la matriz del neoliberalismo salvaje del que se beneficia el imperio y por eso no apoyan la posibilidad de que LIBRE (partido reformista) llegue al gobierno y mucho menos que su salida sea vía una insurrección en la que el Pueblo tenga una oportunidad de poner su propio gobierno.
Los demócratas al igual que Trump también quieren una salida “controlada” en el proceso electoral de 2021 y es por eso que apuestan a hacer reformas electorales, y particularmente impulsan la exigencia de que el Congreso Nacional debe aprobar un paquete de medidas sobre la corrupción y sobre reformas electorales que incluyen la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Política Limpia y la reglamentación de la reelección. Es en este equilibrio que se mueve el gobierno de JOH.
Ahora bien, estos son sus deseos y obtendrán la colaboración absoluta de JOH, con una excepción; que no lo toquen a él ni a su familia más cercana. Por eso las cosas son algo más compleja, ya que JOH tiene otros planes y se resiste a ser desechado en 2022 sin tener asegurado su futuro. JOH a su manera también pone sus términos pues es consciente de la importancia que tiene para ellos.
Uno de los principales intereses de JOH es no ser objeto de acusación criminal por los delitos que ha cometido en el país y en el extranjero, y también preservar su fortuna, como hacen todos los dictadores. El caso de la MACCIH es un buen ejemplo de esa complejidad. Tanto la Embajada norteamericana, que obedece a Trump, como la USAID y los senadores republicanos y demócratas originalmente abogaban por la permanencia de la MACCIH en Honduras, pues era el mecanismo de presión que tenían para mantener a su narco títere bajo control.
Sin embargo, llegó un punto en el que la MACCIH amenazó investigar la familia presidencial en el caso Los Pandoros, y eso obligo a una negociación entre diciembre 2019 y enero 2020; una negociación sobre la permanencia de la MACCIH que mantuvo en vilo al país en ese periodo. Cuando finalmente salió humo blanco de esa negociación, la MACCIH fue retirada de Honduras, en un acuerdo de compadre hablado con Luis Almagro, títere de Trump; a renglón seguido vino el desmantelamiento de la UFECIC y también la salida de la representante de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) así como la sustitución del Consejo Nacional Anticorrupción por el FONAC.
Logrado su propósito, JOH pocos días después apareció sonriente y confiado solicitando al Congreso Nacional la aprobación de ese paquete de leyes que la Embajada solicita hace varios años, seguro de que todo lo que se ventile pasara por los tribunales que el controla a través de sus mandaderos. Y como colofón, en un evento publico comenzaron a aparecer las voces de “las bases” de su partido pidiéndole que se postule a la reelección. Ridículo pero cierto.
En este fulminante proceso, la Embajada no emitió ninguna declaración condenando al gobierno, sino que se limitó a enfatizar que ahora la lucha anticorrupción debe basarse en el Ministerio Público, minimizando la salida de la MACCIH por obra de JOH, lo cual es irrisorio porque el Fiscal General ha sido el principal aliado de los corruptos. La única medida concreta que adoptó la Embajada en reacción a lo dicho fue quitar la visa a los diputados y diputadas vinculados a algunos casos de corrupción, pero en ningún momento tomó ninguna medida contra JOH, responsable directo de la no-continuidad de la MACCIH.
HAY RAZÓN PARA SER OPTIMISTA
Pese a lo anterior, que JOH sobreviva los próximos dos años hasta ese punto, “es otro pisto”; no es algo que puedan garantizar ni él ni los gringos, sino que dependerá de cómo se presente el escenario de la economía y de la lucha de clases en los próximos 20 meses, porque como van las cosas, un nuevo movimiento popular similar al de abril mayo 2019 no es nada descartable. La experiencia de los últimos diez años en nuestro país ha sido que, cuando más confiado se siente el régimen y aprieta con sus medidas al pueblo, más sorpresas dá éste, levantando movimientos sociales impresionantes. Así pasó con el movimiento de los indignados en 2015, el movimiento estudiantil universitario en 2016 y 2017, el levantamiento popular de diciembre 2017 y el movimiento de la Plataforma en abril-junio 2019.
Con mucha probabilidad nuevas oportunidades para luchar se nos presentarán antes de las elecciones de 2021, teniendo en cuenta la descripción que hemos hecho páginas atrás sobre la situación de la economía y la política criolla. Pero de nada servirán si no aprendemos la segunda lección de esta historia; necesitamos una nueva dirigencia social y política que conduzca los futuros movimientos, para no volver a perder las oportunidades que surjan.
Así que, en estas Honduras, donde el plomo flota y el corcho se hunde, todavía no hay razón para perder la esperanza, siempre y cuando hagamos algo al respecto.
[1] La reforma fue vendida como un beneficio a los docentes diciéndoles que ahora no se les deduciría el 8% del decimo tercer y decimo cuarto mes de salario, pero al mismo tiempo se le incrementan las cotizaciones a 9.5% por cada uno de estos, siendo al final un incremento anual.
Pleno de la CSJ debe declarar inconstitucionalidad absoluta la Ley de Secretos Oficiales
Tuesday, 11 February 2020 21:12
Written by
Bersely García
Published in
Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La ley que clasifica documentos públicos, denominada como “Ley de
Secretos”, fue declarada inconstitucional de forma parcial este lunes 10
de febrero de 2020, por la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, CSJ.
Esta normativa entró en vigor el 07 de marzo de 2014, después de
asumir la presidencia el actual presidente Juan Orlando Hernández, en su
primer periodo de gobernanza. La misma ha sido fuertemente cuestionada
por diversos sectores de la sociedad hondureña por ser considerada como
un obstáculo para la transparencia y la lucha anticorrupción del país.
Según el artículo tres de dicho ordenamiento jurídico y para los efectos de su aplicación podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, acto
No obstante, La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH, antes de terminar su gestión en Honduras, recomendó se reformara esta Ley porque entorpecía las investigaciones en contra de personas coludidas con actos de corrupción.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe de país en el 2015, expresó su preocupación por la aprobación de la “Ley de Secretos” asimismo exhortó al Estado hondureño a revisar la disposición debido que impone severas restricciones al derecho de acceso a la información pública, incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Esta misma ley, también representa un impedimento para el ejercicio periodístico, ya que en el artículo siete contiene cuatro clasificaciones, reservada y su desclasificación se hará después de cinco años; confidencial, la cual se conocerá su contenido luego de 10 años, secreta que durará 15 años para su desclasificación y la última es la ultra secreta que conlleva mantener el ocultamiento de la información por 25 años o más dependiendo las circunstancias que se estimen convenientes por el Estado.
En este contexto el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que de acuerdo a la petición formulada por distintas organizaciones de derechos humanos, se consideran violentadas normas de derecho internacional, sobre todo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Duarte, relató que luego de analizar el contenido de la demanda por las organizaciones defensoras de derechos humanos la Sala de lo Constitucional, declara la inconstitucionalidad parcial por razón de contenido de alguno de los preceptos formulados en la acción.
Estos son el artículo dos en el segundo párrafo, el artículo cuatro en el numeral nueve y el artículo siete en el párrafo tercero, cuarto y quinto, referentes al proceso de ampliación de la clasificación del actual litigio de desclasificación de la información.
De la misma manera se refiere al artículo 10 de la Ley que respecta al manejo de la misma, clasificada tanto por las autoridades que tienen acceso a ella como a los medios de comunicación.
Kenia Oliva del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, Kenia Oliva, dijo que esperan que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad total de la Ley porque el procedimiento utilizado para su aprobación en el Congreso Nacional constituye un fraude Legilativo porque se aprobó en un solo debate violentando la Ley orgánica del Poder Legislativo.
Responsables de apobar esta Ley deben tener consecuencias
Para Amada Ponce, Directora de C-Libre la aprobación de esta Ley trastocó derechos fundamentales como es el acceso a la información pública y por eso los responsables de hacerlo en el Poder Legislativo deben tener consecuencias.
“Allí existen suficientes instituciones están en la obligación de desclasificar esa información porque si no también habrá procesos contra quienes no respeten lo que ha dicho por lo menos parcialmente la Corte.
Ha habido procesos de concesiones que se han declarado en
ocultamientos, así como información relacionada con megaproyectos en
comunidades indígenas y hasta el manejo de violencia doméstica. Esta
información ha sido clasificada sin suficiente argumento.
“La ciudadanía entera ya podrá acceder a esta información, pero la Corte en Pleno debe decir que esta ley es inconstitucional en su forma como en su contenido, porque además el Congreso Nacional no consultó a la Corte antes de aprobarla”, dijo Ponce.
Al preguntarle que varias leyes han sido aprobadas en un único debate y qué sería lo que intervino para que la Sala de lo Constitucional tomara esa práctica ilegal pero normal, como algo fuera de la Ley, al respecto la representante de C-LIBRE manifestó que espera que sea una cosa de conciencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo refirió que en el país se están jugando muchos intereses, entre ellos lo relacionado con las elecciones
Ley de Secretos Oficiales, léala Aquí
Según el artículo tres de dicho ordenamiento jurídico y para los efectos de su aplicación podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, acto
No obstante, La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH, antes de terminar su gestión en Honduras, recomendó se reformara esta Ley porque entorpecía las investigaciones en contra de personas coludidas con actos de corrupción.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe de país en el 2015, expresó su preocupación por la aprobación de la “Ley de Secretos” asimismo exhortó al Estado hondureño a revisar la disposición debido que impone severas restricciones al derecho de acceso a la información pública, incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Esta misma ley, también representa un impedimento para el ejercicio periodístico, ya que en el artículo siete contiene cuatro clasificaciones, reservada y su desclasificación se hará después de cinco años; confidencial, la cual se conocerá su contenido luego de 10 años, secreta que durará 15 años para su desclasificación y la última es la ultra secreta que conlleva mantener el ocultamiento de la información por 25 años o más dependiendo las circunstancias que se estimen convenientes por el Estado.
En este contexto el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que de acuerdo a la petición formulada por distintas organizaciones de derechos humanos, se consideran violentadas normas de derecho internacional, sobre todo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Duarte, relató que luego de analizar el contenido de la demanda por las organizaciones defensoras de derechos humanos la Sala de lo Constitucional, declara la inconstitucionalidad parcial por razón de contenido de alguno de los preceptos formulados en la acción.
Estos son el artículo dos en el segundo párrafo, el artículo cuatro en el numeral nueve y el artículo siete en el párrafo tercero, cuarto y quinto, referentes al proceso de ampliación de la clasificación del actual litigio de desclasificación de la información.
De la misma manera se refiere al artículo 10 de la Ley que respecta al manejo de la misma, clasificada tanto por las autoridades que tienen acceso a ella como a los medios de comunicación.
Kenia Oliva del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, Kenia Oliva, dijo que esperan que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad total de la Ley porque el procedimiento utilizado para su aprobación en el Congreso Nacional constituye un fraude Legilativo porque se aprobó en un solo debate violentando la Ley orgánica del Poder Legislativo.
Responsables de apobar esta Ley deben tener consecuencias
Para Amada Ponce, Directora de C-Libre la aprobación de esta Ley trastocó derechos fundamentales como es el acceso a la información pública y por eso los responsables de hacerlo en el Poder Legislativo deben tener consecuencias.
“Allí existen suficientes instituciones están en la obligación de desclasificar esa información porque si no también habrá procesos contra quienes no respeten lo que ha dicho por lo menos parcialmente la Corte.
 Amada Ponce, Directora de C-LIBRE |
“La ciudadanía entera ya podrá acceder a esta información, pero la Corte en Pleno debe decir que esta ley es inconstitucional en su forma como en su contenido, porque además el Congreso Nacional no consultó a la Corte antes de aprobarla”, dijo Ponce.
Al preguntarle que varias leyes han sido aprobadas en un único debate y qué sería lo que intervino para que la Sala de lo Constitucional tomara esa práctica ilegal pero normal, como algo fuera de la Ley, al respecto la representante de C-LIBRE manifestó que espera que sea una cosa de conciencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo refirió que en el país se están jugando muchos intereses, entre ellos lo relacionado con las elecciones
Ley de Secretos Oficiales, léala Aquí
Inconstitucionalidad parcial deja intacta Ley de Secretos según C-Libre
- 10/02/2020
Según el abogado Mario Rojas de C-Libre, los artículos inconstitucionales son el 2, 4, 7 y 10.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CJS,
emitió su fallo en relación al recurso de inconstitucionalidad, que en
julio de 2019, el Comité por la Libre Expresión, C-Libre presentó en
contra de la Ley de Secretos.
“La Sala Constitucional ha declarado con lugar parcialmente el recurso, es decir que ciertos artículos de la ley son inconstitucionales más no todos los artículos”, dijo a Radio Progreso el abogado de C-Libre, Mario Rojas.
El recurso de inconstitucionalidad era contra del decreto legislativo número 418-2013, que contiene la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, aprobado en el Congreso Nacional el 24 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,373, con fecha 07 de marzo de 2014.
El abogado Rojas dijo que los artículos que, en la sentencia, se plasman como inconstitucionales son el 2, 4, 7 y 10. “Estos artículos versan en cuanto a la materia, el tipo de clasificación: ya sea confidencial, secreto, ultra secreto, y al tiempo de la clasificación que va desde 5 a 25 años”, manifestó Rojas.
Según el análisis que hace C-Libre, tras conocer el fallo, la sentencia no ataca el fondo de la ley, no ataca el hecho de no poder acceder a la información pública y a darle cumplimiento al principio de máxima divulgación de la información.
“Nuestro recurso de inconstitucionalidad planteaba la inconstitucionalidad de toda la ley, desde la forma hasta el fondo. Ya los estándares internacionales establecen que, en la propia ley de clasificación, se tiene que establecer qué es seguridad nacional para así poder encajar la información que se crea de confidencialidad dentro de la ley pero la ley no establece qué es seguridad nacional, entonces todas las instituciones usan esa palabra, seguridad nacional, para poder meter toda la información que ellos crean que no se debe mostrar al público”, explicó Mario Rojas.
Se señala a la Ley de Secretos como un gran muro para quienes están interesados en luchar contra la corrupción porque se les niega todo tipo de información pública. “La Ley de Secretos ha sido un pilar fundamental para seguir con la corrupción”, aseguró Mario Rojas de C-Libre.
Rojas dijo que la sentencia de la Corte establece que su ejecución es inmediata pero al ser una sentencia con voto disidente, esa decisión deberá elevarse al pleno de la Corte Suprema de Justicia donde la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional ya establece que la Sala Constitucional debe excluirse del análisis que van hacer las otras salas de la Corte Suprema de Justicia.
“Una vez hecho el análisis y estudiar si procede o no la inconstitucionalidad, allí la sentencia ya cobrará firmeza y se va a saber realmente qué artículos van a ser incondicionales”, manifestó Rojas.
“La Sala Constitucional ha declarado con lugar parcialmente el recurso, es decir que ciertos artículos de la ley son inconstitucionales más no todos los artículos”, dijo a Radio Progreso el abogado de C-Libre, Mario Rojas.
El recurso de inconstitucionalidad era contra del decreto legislativo número 418-2013, que contiene la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, aprobado en el Congreso Nacional el 24 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,373, con fecha 07 de marzo de 2014.
El abogado Rojas dijo que los artículos que, en la sentencia, se plasman como inconstitucionales son el 2, 4, 7 y 10. “Estos artículos versan en cuanto a la materia, el tipo de clasificación: ya sea confidencial, secreto, ultra secreto, y al tiempo de la clasificación que va desde 5 a 25 años”, manifestó Rojas.
Según el análisis que hace C-Libre, tras conocer el fallo, la sentencia no ataca el fondo de la ley, no ataca el hecho de no poder acceder a la información pública y a darle cumplimiento al principio de máxima divulgación de la información.
“Nuestro recurso de inconstitucionalidad planteaba la inconstitucionalidad de toda la ley, desde la forma hasta el fondo. Ya los estándares internacionales establecen que, en la propia ley de clasificación, se tiene que establecer qué es seguridad nacional para así poder encajar la información que se crea de confidencialidad dentro de la ley pero la ley no establece qué es seguridad nacional, entonces todas las instituciones usan esa palabra, seguridad nacional, para poder meter toda la información que ellos crean que no se debe mostrar al público”, explicó Mario Rojas.
Se señala a la Ley de Secretos como un gran muro para quienes están interesados en luchar contra la corrupción porque se les niega todo tipo de información pública. “La Ley de Secretos ha sido un pilar fundamental para seguir con la corrupción”, aseguró Mario Rojas de C-Libre.
Rojas dijo que la sentencia de la Corte establece que su ejecución es inmediata pero al ser una sentencia con voto disidente, esa decisión deberá elevarse al pleno de la Corte Suprema de Justicia donde la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional ya establece que la Sala Constitucional debe excluirse del análisis que van hacer las otras salas de la Corte Suprema de Justicia.
“Una vez hecho el análisis y estudiar si procede o no la inconstitucionalidad, allí la sentencia ya cobrará firmeza y se va a saber realmente qué artículos van a ser incondicionales”, manifestó Rojas.
C-Libre presentó el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Secretos.
Señalan en conversatorio: Estado implementa una farsa detrás de la consulta previa
Monday, 10 February 2020 20:50 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
En un conversatorio con integrantes de los pueblos indígenas y de
la comunidad internacional, integrantes de diversos sectores explicaron
este 10 de febrero de 2020, cuáles son los mecanismos de los Estados
para discriminar las decisiones de los pueblos que fue una de las
razones del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.
Participaron miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras,
(OFRANEH), El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras, (Copinh) , el Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia, (MADJ), los miembros de la Misión de Observación del Caso
Berta Cáceres, entre ellos el abogado Reinaldo Vargas, de Colombia y
Joe Berra, abogado y catedrático de la Universidad de California en los
Ángeles, Estados Unidos.
Perspectiva internacional de la consulta
Joe Berra explicó que el colonialismo es una estructura con un patrón de acciones contra el pueblo indígena que no solo sucedió en el pasado sino que continúa hasta el presente buscando el exterminio de los pueblos originarios, a través de la violencia, la invisibilización y el desplazamiento.
Los funcionarios deben conocer bien el concepto de consulta como la meta de llegar al conocimiento y consentimiento, porque si no lo entienden violentan los derechos fundamentales de los pueblos, dijo.
Reinaldo Vargas, abogado de Colombia, argumentó que la consulta es un derecho humano y colectivo, cuando un grupo determinado ha decidido que “no”, se debe respetar ya que es la expresión más fuerte de democracia.
Proceso de consulta en Honduras
Ramón Matute, en representación del MADJ, argumentó que han creado divisionismo entre la comunidad con los que sí quieren los proyectos y otros que no, donde al menos en 31 tribus en los años anteriores han ocurrido más de cinco mil asesinatos por oponerse a proyectos que no han beneficiado en nada.
Matute relató a pasosdeanimalgrande.com que en el caso del doble asesinato de su padre y hermano hace un año, todavía no hay órdenes de captura ni ningún resultado que pueda lleve justicia, él y su familia se desplazaron por miedo a sufrir el mismo destino.
Según manifestaron los indígenas, las consultas previas se dan hasta que ya han instalado y empezado a operar la maquinaria de dichos proyectos, no es previa es hasta cuando la población se manifiesta en contra de las afectaciones que éstos puedan causarles.
“Fue doloroso y duro en 2013 cuando se instaló la maquinaria y nos destruyeron los cultivos de maíz y fríjoles, luego asesinaron a compañeros como a Berta Cáceres, estos proyectos son de muerte y persecución”, relató Dunia Sánchez, una joven miembro del COPINH de la comunidad de Río Blanco.
Sánchez describió a pasosdeanimalgrande.com, que cuando se percataron que el agua estaba siendo envenenada por la maquinaria, la comunidad creó un campamento en el Río Gualcarque para proteger el agua y la siembra, donde Berta Cáceres fue una persona que siempre intentó ayudar a todos con los conocimientos y estudios que ella tenía.
Asimismo el representante de la comunidad garífuna, Selvin López, mencionó que en su pueblo se han suscitado hechos como llevar urnas y decirles a los pobladores coloquen una hoja de sí o no en las urnas para decidir, “en los pueblos garífunas no es así se debe tomar en cuenta el Consejo de Ancianos, Clubes de Danza, e incluso a los niños de las escuelas”.
Según López algunas personas que han trabajado en favor de proyectos gubernamentales son los impulsores de las divisiones de pensamientos en las aldeas e incluso la religión tiene parte porque los religiosos de las iglesias dicen que si alguien se opone a un proyecto, está en contra de la voluntad de Dios porque no ha seguido las indicaciones del pastor para decir que está de acuerdo.
En relación a Berta Cáceres, fue una de las impulsadoras para evitar que los pueblos perdieran su propio liderazgo en las propuestas de proyectos que se estaban creando por organizaciones para que hubiera una ley que regulara la decisión de la población a la aceptación de proyectos en territorios, según manifestaron algunos líderes de las comunidades es una de las razones por las que fue asesinada.
Perspectiva internacional de la consulta
Joe Berra explicó que el colonialismo es una estructura con un patrón de acciones contra el pueblo indígena que no solo sucedió en el pasado sino que continúa hasta el presente buscando el exterminio de los pueblos originarios, a través de la violencia, la invisibilización y el desplazamiento.
Los funcionarios deben conocer bien el concepto de consulta como la meta de llegar al conocimiento y consentimiento, porque si no lo entienden violentan los derechos fundamentales de los pueblos, dijo.
Reinaldo Vargas, abogado de Colombia, argumentó que la consulta es un derecho humano y colectivo, cuando un grupo determinado ha decidido que “no”, se debe respetar ya que es la expresión más fuerte de democracia.
Proceso de consulta en Honduras
Ramón Matute, en representación del MADJ, argumentó que han creado divisionismo entre la comunidad con los que sí quieren los proyectos y otros que no, donde al menos en 31 tribus en los años anteriores han ocurrido más de cinco mil asesinatos por oponerse a proyectos que no han beneficiado en nada.
Matute relató a pasosdeanimalgrande.com que en el caso del doble asesinato de su padre y hermano hace un año, todavía no hay órdenes de captura ni ningún resultado que pueda lleve justicia, él y su familia se desplazaron por miedo a sufrir el mismo destino.
Según manifestaron los indígenas, las consultas previas se dan hasta que ya han instalado y empezado a operar la maquinaria de dichos proyectos, no es previa es hasta cuando la población se manifiesta en contra de las afectaciones que éstos puedan causarles.
“Fue doloroso y duro en 2013 cuando se instaló la maquinaria y nos destruyeron los cultivos de maíz y fríjoles, luego asesinaron a compañeros como a Berta Cáceres, estos proyectos son de muerte y persecución”, relató Dunia Sánchez, una joven miembro del COPINH de la comunidad de Río Blanco.
Sánchez describió a pasosdeanimalgrande.com, que cuando se percataron que el agua estaba siendo envenenada por la maquinaria, la comunidad creó un campamento en el Río Gualcarque para proteger el agua y la siembra, donde Berta Cáceres fue una persona que siempre intentó ayudar a todos con los conocimientos y estudios que ella tenía.
Asimismo el representante de la comunidad garífuna, Selvin López, mencionó que en su pueblo se han suscitado hechos como llevar urnas y decirles a los pobladores coloquen una hoja de sí o no en las urnas para decidir, “en los pueblos garífunas no es así se debe tomar en cuenta el Consejo de Ancianos, Clubes de Danza, e incluso a los niños de las escuelas”.
Según López algunas personas que han trabajado en favor de proyectos gubernamentales son los impulsores de las divisiones de pensamientos en las aldeas e incluso la religión tiene parte porque los religiosos de las iglesias dicen que si alguien se opone a un proyecto, está en contra de la voluntad de Dios porque no ha seguido las indicaciones del pastor para decir que está de acuerdo.
En relación a Berta Cáceres, fue una de las impulsadoras para evitar que los pueblos perdieran su propio liderazgo en las propuestas de proyectos que se estaban creando por organizaciones para que hubiera una ley que regulara la decisión de la población a la aceptación de proyectos en territorios, según manifestaron algunos líderes de las comunidades es una de las razones por las que fue asesinada.
| Martes, 11 febrero 2020 |
El asesinato de Berta Cáceres y la subsistencia de la impunidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señala que la impunidad puede ser definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena” de todas las personas responsables de la comisión de un delito.De ello se pueden desprender dos cuestiones importantes: primero, que la impunidad puede ser de hecho cuando existe complicidad, parcialidad, pasividad y corrupción del sistema de justicia para no investigar ni sancionar los hechos delictivos o aplicar penas proporcionales a la gravedad de los crímenes.
Segundo, que la impunidad subsiste cuando no se ha determinado la totalidad de la verdad de los hechos y no se han investigado ni sancionado a todas las personas responsables, es decir, no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, cómplices, partícipes y encubridores.
El juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro es un ejemplo claro de la subsistencia de impunidad en los términos señalados por la CorteIDH, ya que, hasta el momento solo se han condenado a 8 de los autores materiales.
Y a pesar que en el proceso se probó que este asesinato se cometió con el conocimiento de otros ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), solamente su gerente, David Castillo, está siendo investigado y juzgado.
Esta impunidad confirma lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que en Honduras existe una “justicia selectiva” que actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva a violaciones a derechos humanos, y procede favoreciendo en algunos casos, como este, los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.
Casi seis años de sobresaltos, amenazas y persecución por falta de protección idónea del Estado de Honduras
Tuesday, 11 February 2020 23:37 Written by Bersely García Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
A casi seis años después de la resolución de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual solicitó al Estado
de Honduras la adopción de medidas cautelares para beneficiar a más de
un centenar de miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguan, en
el departamento de Colón, hasta el momento no se ha cumplido con lo
demandado por ese ente internacional.
El 08 de mayo de 2014 la CIDH instó para que el Estado implementara
las medidas cautelares a favor de las y los miembros de las
organizaciones campesinas, entre estas están; el Movimiento Campesino
Recuperación del Aguán, MOCRA, el Movimiento Campesino Fundación
Gregorio Chávez, MCRGC, como también el Movimiento Unificado Campesino
del Aguán, MUCA y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del
Aguán, MARCA.
En dicha petición de medidas cautelares se menciona que desde el año 2010 se registraron “asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras” asimismo la CIDH el 06 de marzo de 2014 solicitó información al Estado sobre la adopción de la resolución del otorgamiento de las medidas y este no respondió a la misma.
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com al dirigente campesino Yoni Rivas, éste expresó que en el 2014 el Estado nunca tomó responsabilidad para implementar las medidas a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad este ente era el encargado de otorgar dichas demandas de la CIDH, porque no existía el Mecanismo de Protección.
Rivas agregó que el incumplimiento que se ha venido dando desde la resolución, las medidas pasaron al Mecanismo de Protección el 09 de diciembre de 2016, después del asesinato de los beneficiarios José Ángel Flores, expresidente del MUCA y el líder campesino Silmer Dionisio George, en octubre del 2016, debido a este hecho se produjo una ampliación de medidas el 06 de diciembre de ese año.
No obstante, en este mismo contexto se produjo la muerte violenta de otro campesino beneficiario de las medidas, Julio Alemán, en enero de 2017, cuando se dirigía a una reunión con Nora Urbina, quien ese momento era la directora del Mecanismo.
Asimismo Yoni Rivas destacó que la ampliación de las medidas otorgadas por la CIDH contempla establecer medidas cautelares a otro grupo de personas donde se incluyen los núcleos familiares de las y los líderes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y defensores del medio ambiente.
“El Estado hondureño no ha cumplido con dar protección a las personas beneficiarias ni investigado las causas que dieron origen a la medida cautelar para que no se vuelvan a repetir los hechos”, según lo expresado por el líder campesino.
Pero los argumentos del Estado para no brindar la protección efectiva van desde falta de presupuesto hasta pretextos de la Policía Nacional para acudir de forma pronta cuando sucede un incidente grave y debe actuar de manera urgente.
Los enlaces policiales no responden a las llamadas y la línea de emergencia en muchos casos está silenciada, es decir nadie la contesta, eso ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchos beneficiarios a falta de la protección tal como lo mandó la CIDH
En dicha petición de medidas cautelares se menciona que desde el año 2010 se registraron “asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras” asimismo la CIDH el 06 de marzo de 2014 solicitó información al Estado sobre la adopción de la resolución del otorgamiento de las medidas y este no respondió a la misma.
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com al dirigente campesino Yoni Rivas, éste expresó que en el 2014 el Estado nunca tomó responsabilidad para implementar las medidas a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad este ente era el encargado de otorgar dichas demandas de la CIDH, porque no existía el Mecanismo de Protección.
Rivas agregó que el incumplimiento que se ha venido dando desde la resolución, las medidas pasaron al Mecanismo de Protección el 09 de diciembre de 2016, después del asesinato de los beneficiarios José Ángel Flores, expresidente del MUCA y el líder campesino Silmer Dionisio George, en octubre del 2016, debido a este hecho se produjo una ampliación de medidas el 06 de diciembre de ese año.
No obstante, en este mismo contexto se produjo la muerte violenta de otro campesino beneficiario de las medidas, Julio Alemán, en enero de 2017, cuando se dirigía a una reunión con Nora Urbina, quien ese momento era la directora del Mecanismo.
Asimismo Yoni Rivas destacó que la ampliación de las medidas otorgadas por la CIDH contempla establecer medidas cautelares a otro grupo de personas donde se incluyen los núcleos familiares de las y los líderes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y defensores del medio ambiente.
“El Estado hondureño no ha cumplido con dar protección a las personas beneficiarias ni investigado las causas que dieron origen a la medida cautelar para que no se vuelvan a repetir los hechos”, según lo expresado por el líder campesino.
Pero los argumentos del Estado para no brindar la protección efectiva van desde falta de presupuesto hasta pretextos de la Policía Nacional para acudir de forma pronta cuando sucede un incidente grave y debe actuar de manera urgente.
Los enlaces policiales no responden a las llamadas y la línea de emergencia en muchos casos está silenciada, es decir nadie la contesta, eso ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchos beneficiarios a falta de la protección tal como lo mandó la CIDH
Mel Zelaya ante el MP: Crímenes de lesa humanidad en Honduras se mantienen en impunidad por la obstrucción del mismo Estado hondureño
Monday, 03 February 2020 17:39 Written by Bersely García Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
El expresidente de Honduras y Coordinador del Partido Libertad y
Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, interpuso una denuncia por
obstrucción a la investigación, por casos de Lesa Humanidad, este 03 de
febrero de 2020, ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, del
Ministerio Público, MP, por lo que demandó llevar a cabo el
enjuiciamiento de los militares y policías que asesinaron a más de 40
personas, durante el periodo de las protestas en las elecciones de 2017.
En el escrito presentado ante el MP, se demanda completar las
investigaciones y el procesamiento de autores intelectuales y materiales
de los crímenes y demás violaciones de derechos humanos que se
cometieron en contra de la población que ejercían el derecho a la
protesta.
Eb un comunicado público entregado a medios de comunicación, señala que se solicita iniciar acciones legales en contra de los entes de seguridad del Estado hondureño que obstruyen el proceso de indagaciones para deducir responsabilidades a los culpables.
Cabe mencionar que el ex mandatario informó que el Fiscal Ricardo Matute, le comunicó de manera oficial que los delitos contra la vida ya no son llevados por la Fiscalía de Derechos Humanos y ahora los crímenes fueron trasladaron a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.
Sin embargo , Zelaya Rosales expresó que en conclusión la Fiscalía de Derechos Humanos solo está viendo daños y lesiones, pero advirtió que el mismo documento será presentado en la de Delitos Contra la Vida.
No obstante, según la denuncia de Zelaya Rosales, tiene conocimiento de 40 asesinatos y presentó un listado de 30 sobre los cuales dijo que organismos de derechos humanos tienen pruebas. Asimismo acotó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras OACNUDH, en su informe de seguimiento, se refieren a 23 jóvenes asesinados, donde todos los casos se encuentran impunes.
Según el expresidente no existe ninguna reparación de daños por parte del Estado. También mencionó que hay obstrucción por éste, porque no se les permite el paso a los fiscales en los batallones y centros policiales del país.
En su demanda en el MP, denunció también la detención de Mil 351 personas en postas policiales; el sabotaje a medios de comunicación y la contaminación de la escena del crimen; la eliminación de los nombres de los uniformes de las autoridades; el uso de pasamontañas y el acceso restringido a la información, según describe el documento.
Lea el comunicado completo:
Eb un comunicado público entregado a medios de comunicación, señala que se solicita iniciar acciones legales en contra de los entes de seguridad del Estado hondureño que obstruyen el proceso de indagaciones para deducir responsabilidades a los culpables.
Cabe mencionar que el ex mandatario informó que el Fiscal Ricardo Matute, le comunicó de manera oficial que los delitos contra la vida ya no son llevados por la Fiscalía de Derechos Humanos y ahora los crímenes fueron trasladaron a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.
Sin embargo , Zelaya Rosales expresó que en conclusión la Fiscalía de Derechos Humanos solo está viendo daños y lesiones, pero advirtió que el mismo documento será presentado en la de Delitos Contra la Vida.
No obstante, según la denuncia de Zelaya Rosales, tiene conocimiento de 40 asesinatos y presentó un listado de 30 sobre los cuales dijo que organismos de derechos humanos tienen pruebas. Asimismo acotó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras OACNUDH, en su informe de seguimiento, se refieren a 23 jóvenes asesinados, donde todos los casos se encuentran impunes.
Según el expresidente no existe ninguna reparación de daños por parte del Estado. También mencionó que hay obstrucción por éste, porque no se les permite el paso a los fiscales en los batallones y centros policiales del país.
En su demanda en el MP, denunció también la detención de Mil 351 personas en postas policiales; el sabotaje a medios de comunicación y la contaminación de la escena del crimen; la eliminación de los nombres de los uniformes de las autoridades; el uso de pasamontañas y el acceso restringido a la información, según describe el documento.
Lea el comunicado completo:
