Publicado el 10 Febrero, 2020
«Si tomamos en cuenta todos los actos que han salido a la luz, que no son todos porque eso sólo lo vamos a saber una vez que estos actos se visibilicen, yo le digo que estamos muy mal. Estamos entre el primero y el segundo país más corrupto»: expresó.
«Lo que aparece en esos índices de percepción es mínimo porque es lo que la sociedad conoce, lo que las personas perciben, pero nosotros que estamos dentro, investigando las redes que funcionan y el dinero que han extraído, estamos en una sociedad mucho más corrupta de lo que realmente se conoce» agregó
Referente a la no reacción de la población ha dicho que «ese es el trabajo de la Sociedad Civil, hacer conciencia en toda la población sobre el perjuicio que se causa. Hacer conciencia en todos los actores. Por ejemplo en salud, si va al hospital y no le dan las medicinas es porque el corrupto se ha robado el dinero. Hacer conciencia en los padres de familia que si sus hijos van a una escuela a aguantar calor y no tienen donde sentarse es porque el corrupto se ha robado los pupitres o el dinero para reparar esa escuela, o que su hijo tiene que caminar kilómetros para ir a una escuela es porque el corrupto se robó el dinero que se iba a utilizar para construir la escuela»
El fiscal además reconoce que esta nueva institución nació debilitada, ya que no cuentan con los especialistas que la Maccih asignó para acompañar las investigaciones y tampoco cuentan con el respaldo internacional.
Honduras pierde 65 mil millones de lempiras cada año por corrupción
- 06/02/2020
Los
actos de corrupción de funcionarios y empresarios mantiene a la
ciudadanía en pobreza y desigualdad, huyendo de esta realidad.
Una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Foro
Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) reveló que el
impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras es de 65 mil
millones de lempiras anualmente. Lo anterior equivale al 12.5% del
Producto Interno Bruto (PIB).
En ese sentido, Mauricio Díaz Burdeth, director del FOSDEH, puntualizó que el impacto económico por corrupción supera el servicio de la deuda pública, y los presupuestos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y los sectores de salud y educación, “es una cantidad colosal”.
El CNA y el FOSDEH indicaron que, partiendo de los datos estadísticos del impacto macroeconómico por corrupción, Honduras es el segundo país con mayor percepción de la corrupción de Centroamérica y el cuarto a nivel continental, y además, el primero con mayor empobrecimiento de América.
A criterio del fiscal Luis Javier Santos, director de la Unidad
Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (Uferco), los datos
presentados no están alejados de la realidad: “esto no quiere decir que
todas las persona que están dentro del Estado son corruptas, pero hay
muchas que se han beneficiado, y no estamos hablando de esta
administración ni de la anterior, creo que ha sido generalizado en todas
las administraciones, lo que pasa es que hace dos décadas no teníamos
acceso a tanta información”.
Por su parte, el coordinar de investigaciones del CNA, Odir Fernández, destaca que entre las modalidades que utiliza la clase corrupta está la sobrevaloración, el soborno, el nepotismo, desvío de fondos, extorsión, ejecución de programas sociales, evasión fiscal, entre otras.
“De donde más se drena es en adquisición de bienes y servicios, compra de medicamentos, compra de insumos médicos”, puntualiza Fernández, agregando que la concesión de carreteras es un negocio redondo, al igual que la construcción de edificios como el Centro Cívico Gubernamental, el cual se construye con fondos de la seguridad social. La investigación apunta que los contratos para la concesión de carreteras han sido aprobados en el Congreso Nacional hasta por 30 años.
Para el economista y analista político, Hugo Noé Pino, los datos presentados por el FOSDEH y el CNA, en el marco del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), reflejan que Honduras está en manos de “delincuentes, estructuras vinculadas a la corrupción, al narcotráfico, y que lo único que les importa es mantener el poder para su beneficio personal”.
Criterio que comparte el también economista y catedrático universitario, Efraín Díaz Arrivillaga, quien agrega que el sistema que gobierna a Honduras se basa en el clientelismo político asociado a la corrupción e impunidad.
Díaz Arrivillaga expresa que para lograr eliminar el sistema que gobierna, el cual es señalado de estar coludido con el crimen organizado y narcotráfico, la ciudadanía “no puede seguir votando por líderes corruptos”.
El CNA y el FOSDEH, a partir de los datos y la estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras, apunta que en los últimos años se ha conformado un grupo tripartito en el que no solo participa el político común con sectores privados, sino que llegaron a asociarse con las estructuras del crimen organizado.
En ese sentido, Mauricio Díaz Burdeth, director del FOSDEH, puntualizó que el impacto económico por corrupción supera el servicio de la deuda pública, y los presupuestos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y los sectores de salud y educación, “es una cantidad colosal”.
El CNA y el FOSDEH indicaron que, partiendo de los datos estadísticos del impacto macroeconómico por corrupción, Honduras es el segundo país con mayor percepción de la corrupción de Centroamérica y el cuarto a nivel continental, y además, el primero con mayor empobrecimiento de América.
A criterio del fiscal Luis Javier Santos, director de la Unidad
Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (Uferco), los datos
presentados no están alejados de la realidad: “esto no quiere decir que
todas las persona que están dentro del Estado son corruptas, pero hay
muchas que se han beneficiado, y no estamos hablando de esta
administración ni de la anterior, creo que ha sido generalizado en todas
las administraciones, lo que pasa es que hace dos décadas no teníamos
acceso a tanta información”.Por su parte, el coordinar de investigaciones del CNA, Odir Fernández, destaca que entre las modalidades que utiliza la clase corrupta está la sobrevaloración, el soborno, el nepotismo, desvío de fondos, extorsión, ejecución de programas sociales, evasión fiscal, entre otras.
“De donde más se drena es en adquisición de bienes y servicios, compra de medicamentos, compra de insumos médicos”, puntualiza Fernández, agregando que la concesión de carreteras es un negocio redondo, al igual que la construcción de edificios como el Centro Cívico Gubernamental, el cual se construye con fondos de la seguridad social. La investigación apunta que los contratos para la concesión de carreteras han sido aprobados en el Congreso Nacional hasta por 30 años.
Para el economista y analista político, Hugo Noé Pino, los datos presentados por el FOSDEH y el CNA, en el marco del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), reflejan que Honduras está en manos de “delincuentes, estructuras vinculadas a la corrupción, al narcotráfico, y que lo único que les importa es mantener el poder para su beneficio personal”.
Criterio que comparte el también economista y catedrático universitario, Efraín Díaz Arrivillaga, quien agrega que el sistema que gobierna a Honduras se basa en el clientelismo político asociado a la corrupción e impunidad.
Díaz Arrivillaga expresa que para lograr eliminar el sistema que gobierna, el cual es señalado de estar coludido con el crimen organizado y narcotráfico, la ciudadanía “no puede seguir votando por líderes corruptos”.
El CNA y el FOSDEH, a partir de los datos y la estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras, apunta que en los últimos años se ha conformado un grupo tripartito en el que no solo participa el político común con sectores privados, sino que llegaron a asociarse con las estructuras del crimen organizado.
Presupuesto General podría utilizarse para financiar campañas electorales
- 06/02/2020
Congreso-Nacional aprobó reformas al Presupuesto General.
Si en el Presupuesto General del 2020, hay sobrantes de partidas en
Salud, Educación, Cultura, obra social, entre otros; la Secretaría de
Finanzas estará facultada para sustraerlos y asignarlos a donde crea
pertinente.
Es parte de las 40 reformas que el Congreso Nacional, realizó al Presupuesto General de la República, en un nuevo atentado a la transparencia y lucha contra la corrupción.
Diputados de oposición calificaron las reformas como un nuevo abuso del oficialismo, y la creación de un camino legal para financiar con fondos públicos las candidaturas del partido de gobierno de cara al próximo proceso electoral.
Durante la sesión del pleno, el Congreso Nacional aprobó 40 reformas al Presupuesto General de la República, en el que se destaca la autorización para que la Secretaría de Finanzas pueda sustraer los sobrantes de las partidas presupuestarias para distribuirlas como estimen conveniente.
Por otra parte, se autoriza para que Finanzas pueda sustraer fondos de obras sociales para destinar a Defensa y Seguridad.
El diputado Jari Dixon, denuncia que las reformas son graves porque no han sido explicadas en el debate y se desconocen por los diputados y diputadas, además, cree que las reformas van orientadas a crear un camino de uso de fondos públicos para campañas políticas.
Dixon, valora que tal y como están las cosas en el país, es difícil vigilar y auditar el manejo que la Secretaría de Finanzas dé a estos fondos, por lo que no se descarta que estas reasignaciones no solamente van a fortalecer a Defensa y Seguridad, también podrían parar en financiamiento de las campañas de los nacionalistas.
Por su parte el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, dijo que las reformas son graves para el pueblo y que fomentan la corrupción y la impunidad. «Por eso es urgente sacar a los nacionalistas del poder, para que no sigan abusando del pueblo como lo están haciendo con estas reformas», expresó Sandoval.
Desde la perspectiva legal, autorizar a Finanzas para el uso libre de fondos públicos es inconstitucional y podría generar corrupción y malversación de fondos, incluso el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, comparte tal criterio.
«Deben aclarar esta situación. Comparto que eso no es una labor que le compete a Finanzas, por eso es importante poner el ojo en las comisiones que preparan estas reformas», dijo Ramos Soto.
El diputado suplente del Partido Unidad e Innovación, Pinu, Andrés Benedith, lamentó que se hayan aprobado varias reformas sin siquiera conocer su contenido, esto puede ser peligroso porque además de estar lleno de nulidades, podría traer repercusiones para otros presupuestos, como lo es la obra social, salud y educación.
En la actualidad es ilegal aumentar presupuesto para algunas áreas, pero en esta ocasión y bajo el concepto de reasignación, Defensa y Seguridad tendrá un incremento en su partida presupuestaria y su mejor aliado será Finanzas.
Benedith calificó la disposición de autorizar a Finanzas para que haga transferencias y designaciones a Defensa y Seguridad, como una medida que afectará el desarrollo de otros sectores de gobierno.
Entre tanto, el diputado nacionalista Jaime Villegas, explicó que las reformas son de puro estilo y que nada de ello debe preocupar a la ciudadanía.
Consideró que la acusación de la oposición son irresponsabilidad, porque desde su perspectiva, para fiscalizar el manejo de fondos ya hay entidades establecidas.
Las reformas fueron acuerpadas por el Partido Nacional, un sector de la bancada Liberal, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y contó con la oposición de la bancada de Libre y PINU.
Es parte de las 40 reformas que el Congreso Nacional, realizó al Presupuesto General de la República, en un nuevo atentado a la transparencia y lucha contra la corrupción.
Diputados de oposición calificaron las reformas como un nuevo abuso del oficialismo, y la creación de un camino legal para financiar con fondos públicos las candidaturas del partido de gobierno de cara al próximo proceso electoral.
Durante la sesión del pleno, el Congreso Nacional aprobó 40 reformas al Presupuesto General de la República, en el que se destaca la autorización para que la Secretaría de Finanzas pueda sustraer los sobrantes de las partidas presupuestarias para distribuirlas como estimen conveniente.
Por otra parte, se autoriza para que Finanzas pueda sustraer fondos de obras sociales para destinar a Defensa y Seguridad.
El diputado Jari Dixon, denuncia que las reformas son graves porque no han sido explicadas en el debate y se desconocen por los diputados y diputadas, además, cree que las reformas van orientadas a crear un camino de uso de fondos públicos para campañas políticas.
Dixon, valora que tal y como están las cosas en el país, es difícil vigilar y auditar el manejo que la Secretaría de Finanzas dé a estos fondos, por lo que no se descarta que estas reasignaciones no solamente van a fortalecer a Defensa y Seguridad, también podrían parar en financiamiento de las campañas de los nacionalistas.
Por su parte el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, dijo que las reformas son graves para el pueblo y que fomentan la corrupción y la impunidad. «Por eso es urgente sacar a los nacionalistas del poder, para que no sigan abusando del pueblo como lo están haciendo con estas reformas», expresó Sandoval.
Desde la perspectiva legal, autorizar a Finanzas para el uso libre de fondos públicos es inconstitucional y podría generar corrupción y malversación de fondos, incluso el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, comparte tal criterio.
«Deben aclarar esta situación. Comparto que eso no es una labor que le compete a Finanzas, por eso es importante poner el ojo en las comisiones que preparan estas reformas», dijo Ramos Soto.
El diputado suplente del Partido Unidad e Innovación, Pinu, Andrés Benedith, lamentó que se hayan aprobado varias reformas sin siquiera conocer su contenido, esto puede ser peligroso porque además de estar lleno de nulidades, podría traer repercusiones para otros presupuestos, como lo es la obra social, salud y educación.
En la actualidad es ilegal aumentar presupuesto para algunas áreas, pero en esta ocasión y bajo el concepto de reasignación, Defensa y Seguridad tendrá un incremento en su partida presupuestaria y su mejor aliado será Finanzas.
Benedith calificó la disposición de autorizar a Finanzas para que haga transferencias y designaciones a Defensa y Seguridad, como una medida que afectará el desarrollo de otros sectores de gobierno.
Entre tanto, el diputado nacionalista Jaime Villegas, explicó que las reformas son de puro estilo y que nada de ello debe preocupar a la ciudadanía.
Consideró que la acusación de la oposición son irresponsabilidad, porque desde su perspectiva, para fiscalizar el manejo de fondos ya hay entidades establecidas.
Las reformas fueron acuerpadas por el Partido Nacional, un sector de la bancada Liberal, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y contó con la oposición de la bancada de Libre y PINU.
Denuncian que Gobierno pretende desaparecer Banadesa para borrar evidencia de corrupción
- 27/01/2020
Instalaciones del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de Honduras.
Los productores de Arroz han salido al paso y han dicho públicamente
que se oponen a las intenciones del Poder Ejecutivo de cerrar el Banco
Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Al rechazo de los productores
se suman los partidos de oposición, sociedad civil y empresarios.
En el caso de los arroceros, la reacción surge luego de conocer que el Poder Ejecutivo en el cierre de la segunda Legislatura en el Congreso, envió una iniciativa para eliminar Banadesa, misma que debe ser tramitada en los próximos días.
De acuerdo a la legislación, se necesita mayoría calificada en el Congreso, es decir 86 votos, por lo que no bastan los 61 votos del Partido Nacional para aprobar la iniciativa.
Fredy Torres, presidente de los Productores de Arroz dijo que el cierre de Banadesa es para favorecer a quienes lo han quebrado y borrar toda evidencia de la corrupción.
Asimismo, dejó claro que, para los productores es cerrar una puerta de financiamiento, lo cual traerá graves repercusiones en el rubro.
Por su parte los nacionalistas, están dispuestos a obedecer las órdenes del Poder Ejecutivo, para que el Congreso vote por el cierre de la entidad bancaria, pero tienen claro que deben tener el apoyo de otras bancadas, entre ellas el Partido Liberal y Libre, al menos así lo dejó claro el diputado nacionalista Francisco Rivera.
El diputado nacionalista Jaime Villegas, se refirió a la solicitud del Ejecutivo para cerrar el banco, cree que es necesario analizar la situación y también valorar el plazo de recuperación de deuda que el mismo Congreso le está dando a Banadesa y sus actuales clientes.
Los diputados de oposición han dejado clara su postura sobre el tema, para el caso, el diputado de Libre, Juan Ramón Flores, dijo que Juan Orlando Hernández busca darle el tiro de gracia a Banadesa, para beneficiar a los que en realidad quebraron la institución.
Flores lamentó que, con este cierre, se pretenda beneficiar a la banca privada y puso el ejemplo de Banrural, del que sospecha podría sacar el mejor beneficio si se concreta el cierre de Banadesa.
Yuri Sabas, diputado del partido Liberal, lamentó las intenciones del oficialismo y dijo que no se debe liquidar la entidad, sino que buscar liberarla de corrupción, malas administraciones y cobros claros a políticos que se han beneficiado de préstamos y que nunca han pagado.
Por ahora la iniciativa se encuentra en la Secretaría del Congreso, el oficialismo debe conseguir 86 votos para concretar el cierre de Banadesa, tal y como lo pretende el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.
En el caso de los arroceros, la reacción surge luego de conocer que el Poder Ejecutivo en el cierre de la segunda Legislatura en el Congreso, envió una iniciativa para eliminar Banadesa, misma que debe ser tramitada en los próximos días.
De acuerdo a la legislación, se necesita mayoría calificada en el Congreso, es decir 86 votos, por lo que no bastan los 61 votos del Partido Nacional para aprobar la iniciativa.
Fredy Torres, presidente de los Productores de Arroz dijo que el cierre de Banadesa es para favorecer a quienes lo han quebrado y borrar toda evidencia de la corrupción.
Asimismo, dejó claro que, para los productores es cerrar una puerta de financiamiento, lo cual traerá graves repercusiones en el rubro.
Por su parte los nacionalistas, están dispuestos a obedecer las órdenes del Poder Ejecutivo, para que el Congreso vote por el cierre de la entidad bancaria, pero tienen claro que deben tener el apoyo de otras bancadas, entre ellas el Partido Liberal y Libre, al menos así lo dejó claro el diputado nacionalista Francisco Rivera.
El diputado nacionalista Jaime Villegas, se refirió a la solicitud del Ejecutivo para cerrar el banco, cree que es necesario analizar la situación y también valorar el plazo de recuperación de deuda que el mismo Congreso le está dando a Banadesa y sus actuales clientes.
Los diputados de oposición han dejado clara su postura sobre el tema, para el caso, el diputado de Libre, Juan Ramón Flores, dijo que Juan Orlando Hernández busca darle el tiro de gracia a Banadesa, para beneficiar a los que en realidad quebraron la institución.
Flores lamentó que, con este cierre, se pretenda beneficiar a la banca privada y puso el ejemplo de Banrural, del que sospecha podría sacar el mejor beneficio si se concreta el cierre de Banadesa.
Yuri Sabas, diputado del partido Liberal, lamentó las intenciones del oficialismo y dijo que no se debe liquidar la entidad, sino que buscar liberarla de corrupción, malas administraciones y cobros claros a políticos que se han beneficiado de préstamos y que nunca han pagado.
Por ahora la iniciativa se encuentra en la Secretaría del Congreso, el oficialismo debe conseguir 86 votos para concretar el cierre de Banadesa, tal y como lo pretende el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.
Coalición de organizaciones piden independencia para UFERCO
- 29/01/2020
Representantes de la Colación por la Renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
Pese a los vínculos directos que tiene con el Partido Nacional y Juan
Orlando Hernández, quienes son los más señalados y procesados por
corrupción, la Coalición por la Renovación de la MACCIH demanda que la
relación de autoridad de la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de
la Corrupción (UFERCO) sea directamente con el Fiscal General, Oscar
Fernando Chinchilla.
El pasado viernes (24/01/2020), el Ministerio Público anunció la creación de la UFERCO, en sustitución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECI).
“La UFERCO necesita la protección del Fiscal General, con el acompañamiento de la comunidad internacional y que se restablezcan las condiciones mínimas con las que venía funcionando la UFECIC/MACCIH”, demandaron, en conferencia de prensa, las organizaciones que integran la Colación por la Renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El diputado Yahvé Sabillón, coordinador del Frente Parlamentario e integrante de la Coalición por la Renovación de la MACCIH, asegura que la independencia de la UFERCO no será posible si esta depende de la Dirección de Fiscales, “porque cuando se depende de una persona de bajo rango se es más manipulable por las altas esferas del Estado”.
En cuanto a las leyes que imposibilitan la lucha anticorrupción, la Coalición exige “desmontar” el nuevo Código Penal, la Ley de Secretos y las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que limita la investigación penal contra diputados y funcionarios públicos.
La ex diputada Fátima Mena, coordinadora de la Colación por la Renovación, indica que, en el nuevo Código Penal, el cual entrará en vigencia el 10 de mayo, los delitos contra la administración pública “están mal tipificados, es una forma tan compleja” que al final se vuelve casi imposible que el Ministerio Público puede presentar una acusación”.
Mena detalla que en el nuevo Código Penal se establece que el delito de fraude se tendrá que probar a través de una contratación pública, la que debe de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, algo que será imposible, porque las redes de corrupción operan de otra manera
Un ejemplo de ello es el caso de Rosa Elena de Lobo, quien fue condenada a 58 años prisión, 10 por apropiación indebida y 48 por fraude, con el nuevo Código Penal “se le caen 48 años”, dijo Mena.
Por su parte, Carlos Sierra, investigador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), no descarta que las intenciones del gobierno nacionalista, al crear la UFERCO, sean contaminar e incluso destrucción de los expedientes de los casos que investigaba la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Sierra recuerda que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, fue nombrado bajo las componendas políticas entre nacionalistas y liberales: “el Fiscal General seguirá seleccionando los casos con un sesgo de protección a la corrupción”.
En declaraciones a Radio Progreso, la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, aseguró que la MACCIH/UFECIC investigaba a 50 diputados, al tiempo que afirmó que como Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH nunca tuvieron acceso a los expedientes de los congresistas que serían procesados tras finalizar las investigaciones.
El cardenal Oscar Andres Rodriguez,
conocido por su apoyo al régimen de Juan Orlando Hernandez, ha criticado
este domingo a los medios de comunicación hondureños por difundir
solamente noticias negativas sobre Honduras.
«Rara vez se oye en los medios de comunicación algo que no sea crímenes, matanzas…tragedias» ha dicho el religioso.
«Hay muchas cosas buenas y muchos buenos ejemplos en Honduras» aseguró.
Honduras entró de lleno en el ambiente electoral, cuando todavía faltan casi dos años para las elecciones primarias y generales.
Los primeros en entrar a este juego fueron los nacionalistas, quienes ya tienen cinco precandidatos presidenciales. Le siguieron los liberales, al anunciar creación de nuevos movimientos y al hacer pública las aspiraciones de varios dirigentes por la titularidad del Ejecutivo.
Por último, Libre, se suma a ese ambiente, haciendo oficial que en su partido hay por lo menos tres precandidatos presidenciales.
Con esto todos los partidos, al menos los más grandes, han dejado claro que la apuesta debe ser electoral y que por fuera de esa realidad nada más pasará.
El dirigente de Libre Gilberto Ríos fue consultado sobre el asunto, dijo que, es algo que se debe analizar bien, pues partidos como Libre abandonaron la organización y relación directa con las organizaciones sociales, pero dejó claro que el tema electoral es muy importante y que también requiere de organización.
Ríos se unió a la creación de una nueva corriente en Libre, misma que encabezará con una precandidatura presidencial, el exdirigente liberal, Carlos Eduardo Reina.
Entre tanto, los nacionalistas están activados en el ruedo electoral y desde ya se preparan para la contienda. Hay cinco precandidatos oficiales: Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez, Jorge Lobo, Roberto Ramón Castillo y Nasry Asfura.
En una entrevista a un medio televisivo capitalino, el presidente del Congreso Nacional y también precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, dijo que buscará ganar las primarias en su partido y lograr la unidad para llegar a las generales.
«Yo no voy a una elección interna para participar, yo voy para ganar”, manifestó Oliva.
El analista Edgardo Rodríguez, opinan sobre las características del próximo proceso electoral, amparado en el ambiente que se vive en la actualidad y en las reformas electorales aprobadas hasta el momento.
Rodríguez dijo que será un proceso competitivo, en el que los partidos políticos deberán hacer alianzas y además buscar transparentar las votaciones para evitar fraudes e irregularidades.
Pero otros personajes cercanos a la figura del Poder Ejecutivo, dicen que, en la situación electoral en el país, cualquier cosa puede pasar.
El asesor presidencial Marvin Ponce fue consultado sobre que aspiraciones tiene Juan Orlando Hernández para el contexto electoral.
Ponce dijo que no hay que descartar que Hernández opte por reelegirse una vez, siempre y cuando su partido se lo pida.
Marvin dejó claro que de acuerdo a lo que Hernández le ha dicho no tiene aspiraciones continuar en el cargo, pero desde su perspectiva, cree que en política cualquier cosa puede pasar y que el hecho que la reelección siga abierta, puede ser una vía para aspirar una vez más.
Entre tanto, en el otro extremo del asunto, se encuentra la ahora precandidata presidencial, Xiomara Castro, quien en su lanzamiento de campaña dijo que Hernández y el Partido Nacional tienen las horas contadas.
Castro llamó a todas las fuerzas políticas para que conformen una alianza electoral y así poder derrotar al oficialismo en las urnas. Castro dijo que la vía que otorgará el triunfo de la oposición es la electoral.
Mientras los partidos políticos afilan y enfocan sus fuerzas hacia las elecciones, el país sigue cayéndose a pedazos por la corrupción, impunidad, migración y narcotráfico.
El régimen orlandista ha destinado al
Museo y Casa Morazán a cerrar operaciones, luego de suprimir su partida
presupuestaria porque no hay fondos para el arte, la cultura y la
historia nacional.
El Museo y Casa Morazán es considerado un monumento histórico nacional de 260 años que impulsa la identidad “catracha”.
El director del museo, Carlos Turcios, detalló que autoridades de Finanzas notificaron la suspensión de los fondos.
Todos los años tenemos problemas de presupuesto y hemos logrado sobrevivir, pero este an1o nos han confirmado que ya no se asignarán fondos’, indicó Turcios.
Esgrimió que la razón de la cancelación de la partida presupuestaria es “porque no hay dinero para el arte, la cultura y la historia nacional”.
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la organización de las Naciones Unidas da plazo al estado de Honduras hasta el 22 de febrero de 2020, para que envíe información sobre las recomendaciones contenidas en una nota enviada anteriormente solicitando información sobre los avances realizados para dar con el paradero de Manuel de Jesús Bautista Salvador.
Y es que a finales de 2019 el Comité contra las Desapariciones Forzadas ubicado en Ginebra, Suiza, envió una nota al Estado de Honduras, donde pedía información sobre la investigación en torno a la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, hecho sucedido el pasado 3 de diciembre de 2017, luego de ser detenido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante el toque de queda implementado por el gobierno para contrarrestar la ola de protestas ocasionadas por el fraude electoral de ese año. Desde entonces se desconoce su paradero.
Ante este hecho, sus familiares acudieron al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para denunciar la desaparición de Bautista Salvador, por lo que el COFADEH realizó las denuncias correspondientes en el caso y a falta de investigación en el país, también la colocó en el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por esa razón, ahora dicho comité ha pedido información al Estado sobre las recomendaciones realizadas y además mantiene abierta la alerta urgente en el caso.
Parte de la nota enviada dice “el Comité contra la Desaparición Forzada agradece al Estado parte por la información proporcionada mediante la nota en fecha 7 de noviembre de 2019, en relación con la acción urgente de referencia, de conformidad con el artículo 30 (3) de la Convención, dicha información fue transmitida a los autores de la petición de acción urgente para sus comentarios.
No obstante, el Comité lamenta que la información proporcionada por el Estado parte sea idéntica a la información proporcionada 21 meses antes, el 6 de febrero de 2018, dicha nota motivó la misiva de este Comité de fecha 2 de octubre de 2019, en la cual el Comité expresó su profunda preocupación por falta de respuesta del Estado parte a las recomendaciones contenidas en la solicitud de acción urgente del 25 de enero de 2018.
El Comité continúa altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Manuel de Jesús Bautista Salvador, todavía no ha sido esclarecido, y en vista de la información disponible el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y transmitir de forma textual al Estado parte las preocupaciones y recomendaciones expresadas en su nota de 2019.
Al final de sus recomendaciones en las que abajo citamos algunas “el Comité requiere al Estado parte que se le informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a estas recomendaciones y requerimientos de conformidad con sus obligaciones en virtud del artículo 30 del párrafo 3 de la convención, a más tardar el día 22 de febrero de 2020.
Algunas de sus recomendaciones al estado:
En este contexto, asegurar que todas las medidas adoptadas para la búsqueda del señor Manuel de Jesús Bautista, tales como el oficio enviado al Centro Penal de EI Progreso, la solicitud de informe al Jefe del Tercer Batallón de Infantería de Naco y las demás diligencias llevadas a cabo, se enmarquen dentro de una estrategia de investigación integral.
También asegurar que la estrategia de búsqueda e investigación adoptada integre visitas a todos los lugares que sean relevantes para el adecuado desarrollo de la búsqueda e investigación; y que los videos requeridos al 911, abarquen todos los lugares conocidos por los que pasó el señor Manuel de Jesús Bautista Salvador el día de su desaparición.
Asegurar que se llame a declarar a los altos mandos de la Policía Militar de Orden Público y a la cadena de mando que estaba a cargo de los policías que pudieron haber tenido contacto con el señor Bautista el último día que fue visto.
Asegurar que se tomen en consideración las pruebas de ADN y otras pruebas científicas que hayan sido realizadas a cuerpos encontrados en las fechas posteriores a la desaparici6n del señor Manuel de Jesús Bautista Salvador, de conformidad con los principios 8 y 11 de los Principios Rectores.
Cabe señalar que este día 3 de febrero de 2020 se están cumpliendo 26 meses de la desaparición del joven Manuel de Jesús, 26 meses de angustia para sus familiares que caminan junto al COFADEH exigiendo verdad y justicia y además dar con el paradero de Bautista Salvador, siguen preguntando que pasó con él después de ser detenido por elementos de la PMOP en Naco, Cortés, el pasado 3 de diciembre de 2019.
Tegucigalpa y San José, 06 de febrero de 2020.- El
06 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada
como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y el
medioambiente tras denunciar casos de explotación maderera ilegal y
oponerse públicamente a diversos proyectos económicos en la Península de
Punta Sal. 25 años después, su caso, como el de cientos de ambientalistas asesinados en Honduras, se mantiene en total impunidad.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora e incumplir su obligación de investigar y juzgar el caso de manera diligente. En su sentencia, el Alto Tribunal ordenó una serie de medidas de obligatorio cumplimiento para Honduras, entre ellas: llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables; ejecutar una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labora de las personas defensoras del medio ambiente; así como levantar un monumento en memoria de la defensora ambientalista y realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. Al día de hoy, estas medidas permanecen pendientes de cumplimiento.
En este nuevo aniversario de los hechos, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) conmemoremos la vida y el trabajo de Jeannette Kawas e instamos al Estado hondureño a cumplir con las medidas pendientes de manera inmediata.
Como lo ha hecho la Corte Interamericana, reconocemos que el asesinato de Jeannette Kawas y la impunidad que rodea su caso, resultan en un efecto amedrentador para otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra o el territorio en Honduras. En uno de los países más peligrosos del mundo para las personas ambientalistas, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan.
En octubre de 2019, el Tribunal Interamericano emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso, ordenando al Estado que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Así, instó al Estado a construir el monumento y rotular el parque nacional conforme las consideraciones de la familia y sus representantes, quienes han destacado la necesidad de que ello se realice en la municipalidad de Tela, en sitios que den la mayor visibilidad e impacto a la preservación de la memoria de Jeannette Kawas.
Finalmente, recordamos que la sentencia dictada por la Corte IDH en el presente caso tiene un valor histórico, al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Desde la Mesa de Seguimiento reafirmamos nuestro compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de esta sentencia y avanzar hacia un Estado que garantice las condiciones necesarias para que todas las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, la tierra y el territorio puedan ejercer su labor de manera segura.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Por Riccy Ponce
Comayagua.- Este día el Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó una gira de monitoreo de casos en los juzgado de Comayagua y Siguatepeque, con el objetivo de revisar expedientes judiciales en relación a la criminalización de campesinos en la defensa y recuperación de la tierra.
La abogada Karol Cárdenas expresó que este monitoreo se realiza con el objeto de verificar el estado actual del expediente judicial en relación al proceso penal injusto contra campesinos y campesinas, víctimas de criminalización por el derecho a defender la tierra.
Así mismo dijo que la revisión se realiza periódicamente para poder conocer el expediente de los casos y establecer las acciones legales correspondientes, y dar a conocer a las personas de las que COFADEH lleva la representación legal el estado actual en la que se encuentran los mismos.
Cabe mencionar que el COFADEH desde hace varios años y a través del área legal brinda apoyo a campesinos y campesinas que han sido criminalizados a lo largo de su vida, por entrar en el proceso de recuperación de tierras para poder trabajarlas y dar un mejor futuro a su familia.
Además de la criminalización, el COFADEH también ha denunciado la persecución a defensores de la tierra y el territorio que se han visto en peligro por los terratenientes y las empresas que se aprovechan de los bienes comunes de la naturaleza, poniendo en riesgo la vida y la salud de los pobladores.
Y también ha denunciado los desalojos violentos de los campesinos donde han sido víctimas de brutales represiones, destrucción de cultivos y en algunos casos hasta la pérdida de la vida seres inocentes, como el caso de uno de los 27 desalojo violentos de la Empresa Asociativa Campesina 9 de julio donde una de las esposas de uno de sus miembros que estaba en estado de embarazo, perdió a su bebé por el uso desmedido de gases lacrimógenos utilizados en el desalojo.
Por Riccy Ponce
La Paz, La Paz.- El Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó una gira de monitoreo en el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, con el objetivo de conocer el estado actual de los casos en los que la organización de derechos humanos es parte.
En la gira se logró obtener cuatro cartas de libertad definitiva para igual número de campesinos, pertenecientes a la Empresa Asociativa Campesina Planes del Matasano, ubicada en San Pedro de Tutule, departamento de La Paz.
Los campesinos que obtuvieron su carta de libertad definitiva son: Arelis Valladares Cálix, Emérito Amaya, Félix Gonzales y Elvin Darío Mejía, ellos estaban siendo acusados por el delito de usurpación, al estar en el proceso de recuperación de una parcela de tierra para el sustento de su familia.
Las víctimas de criminalización durante un desalojo violento fueron y salieron libre con medidas sustitutivas a la prisión. Después de haber cumplido más de 6 años sin que se proceda a solicitar revisión de medidas por falta de recursos de los campesinos, el COFADEH solicitó el sobreseimiento definitivo, mismo que le fue otorgado.
La Base Campesina Planes del Matasano tiene tres predios divididos por manzanas, el primero tiene 33, el segundo 66 y el tercero 22, haciendo un total de 121, que están siendo cultivadas por 17 familias, que al verlas ociosas y no tener donde sembrar entraron a la recuperación, por lo que desde ese entonces han sido víctimas de criminalización. De esta base campesina dependen 17 familias.
Los beneficiados con estas medidas ahora podrán caminar libremente sin temor a ser criminalizados como están miles de campesinos y campesinas en el departamento de La Paz.
EL COFADEH tiene más de 4 años de estar dando apoyo al sector campesino en el departamento de La Paz, visibilizando la criminalización y las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas, por estar en recuperación de un pedazo de tierra para el sustento de la familia, para proporcionarles alimentos y educación para que puedan vivir mejor.
El Salvador vive momentos de intensa tensión entre dos poderes del Estado, ya que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, amenazó a la Asamblea Legislativa e incluso llamó a la insurrección, si los diputados no le aprueban un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad.
Bukele invocó a la Constitución para obligar sesionar a la Asamblea, una decisión catalogada como viciada por expertos constitucionales , y como medida de intimidación extra decidió militarizar el recinto legislativo y retiró a los agentes designados para brindar seguridad a cada uno de los diputados, incumpliendo la Ley.
El mandatario le exige a la Asamblea Legislativa que le apruebe un préstamo de $109 para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país.
Según el mandatario, el dinero será utilizado en la compra de
helicópteros, un buque para búsqueda y rescate, cámaras de
videovigilancia, drones, patrullas, uniformes policiales, radios,
ambulancias, camiones y lentes de visión nocturna
No obstante, esta solicitud fue rechazada por el órgano legislativo al ser tramitada a través de un procedimiento de emergencia calificado por los legisladores como improcedente.
En su respuesta, los diputados advirtieron que una aprobación -en los términos que empuja Bukele- podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.
Asimismo, indicaron que la aprobación del préstamo debe contar con el visto bueno de la Comisión de Hacienda en la que el mandatario no cuenta con los apoyos necesarios.
Sin embargo, los miembros de la comisión aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
La
negativa del ente legislativo también obedece a los presuntos hechos de
corrupción en los que estarían involucrados miembros del Gabinete de Bukele.
Frente a la negativa de la Asamblea, el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele emitió una resolución en la que se invoca el artículo 167 de la Constitución, para convocar extraordinariamente al órgano legislativo para reunirse y discutir la petición de que se autorice el préstamo.
De este modo, el Ejecutivo decidió convocar a la población a reunirse este domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde frente Asamblea Legislativa.
“Convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea, este domingo a las 3 pm, a ser testigo de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la Fase 3 del Plan Control Territorial y darles a nuestros policías y soldados las condiciones que necesita”, agregó el presidente.
El presidente hizo un llamado explícito a la insurrección (artículo
87 de la Constitución) como amenaza a los diputados si deciden no presentarse a
la convocatoria.
“La insurrección del artículo 87 de la Constitución solo se puede cuando se ha violentado el orden Constitucional, por la transgresión a la forma de Gobierno, al sistema político, y por graves violaciones a los derechos Constitucionales, y en la actualidad no hay elementos jurídicos ni políticos para que se de una insurrección y la característica de este derecho es «el derecho al pueblo», no de ningún Órgano de Estado”, indicó el portal Canal.114.
Soldados armados de pie en la Asamblea Legislativa de El Salvador, enviados por el presidente del país Nayib Bukele. /REUTERS
El pasado viernes (24/01/2020), el Ministerio Público anunció la creación de la UFERCO, en sustitución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECI).
“La UFERCO necesita la protección del Fiscal General, con el acompañamiento de la comunidad internacional y que se restablezcan las condiciones mínimas con las que venía funcionando la UFECIC/MACCIH”, demandaron, en conferencia de prensa, las organizaciones que integran la Colación por la Renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El diputado Yahvé Sabillón, coordinador del Frente Parlamentario e integrante de la Coalición por la Renovación de la MACCIH, asegura que la independencia de la UFERCO no será posible si esta depende de la Dirección de Fiscales, “porque cuando se depende de una persona de bajo rango se es más manipulable por las altas esferas del Estado”.
En cuanto a las leyes que imposibilitan la lucha anticorrupción, la Coalición exige “desmontar” el nuevo Código Penal, la Ley de Secretos y las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que limita la investigación penal contra diputados y funcionarios públicos.
La ex diputada Fátima Mena, coordinadora de la Colación por la Renovación, indica que, en el nuevo Código Penal, el cual entrará en vigencia el 10 de mayo, los delitos contra la administración pública “están mal tipificados, es una forma tan compleja” que al final se vuelve casi imposible que el Ministerio Público puede presentar una acusación”.
Mena detalla que en el nuevo Código Penal se establece que el delito de fraude se tendrá que probar a través de una contratación pública, la que debe de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, algo que será imposible, porque las redes de corrupción operan de otra manera
Un ejemplo de ello es el caso de Rosa Elena de Lobo, quien fue condenada a 58 años prisión, 10 por apropiación indebida y 48 por fraude, con el nuevo Código Penal “se le caen 48 años”, dijo Mena.
Por su parte, Carlos Sierra, investigador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), no descarta que las intenciones del gobierno nacionalista, al crear la UFERCO, sean contaminar e incluso destrucción de los expedientes de los casos que investigaba la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Sierra recuerda que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, fue nombrado bajo las componendas políticas entre nacionalistas y liberales: “el Fiscal General seguirá seleccionando los casos con un sesgo de protección a la corrupción”.
En declaraciones a Radio Progreso, la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, aseguró que la MACCIH/UFECIC investigaba a 50 diputados, al tiempo que afirmó que como Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH nunca tuvieron acceso a los expedientes de los congresistas que serían procesados tras finalizar las investigaciones.
“Si no hay apoyo me iré del Ministerio Público”, sentencia fiscal Luís Javier Santos
- 07/02/2020
Fiscal Luis Javier Santos en entrevistas con los medios.
La lucha contra la corrupción en Honduras ha entrado a un nuevo
momento calificado por algunos analistas como un escenario propicio para
la protección de las grandes redes de corrupción que, al estilo del
crimen organizado, se han juntado para saquear las arcas del Estado.
Desaparecieron a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, y con ella su brazo ejecutor: la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic, inmediatamente saltó a la palestra pública la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, Uferco, teniendo como director al fiscal Luis Javier Santos.
“He sido muy claro que en el momento en que yo considere que no existe el apoyo necesario para continuar con esta lucha, pondré mi cargo a disposición del Fiscal General”, dijo en entrevista con Radio Progreso, el fiscal Luís Javier Santos.
El director de la Uferco reconoce que esta nueva institución nació debilitada, ya no cuentan con los especialistas que la Maccih asignó para acompañar las investigaciones y tampoco cuentan con el respaldo internacional.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Luís Javier Santos (LJS).
RP. ¿Qué sensaciones tiene tras la desaparición de la Maccih – Ufecic?
LJS. En un principio hubo un sentimiento de que se estaba creando otra unidad y que ésta era más débil que la Ufecic, esto es así porque la Ufecic, si bien es cierto el recurso humano no era suficiente para investigar y presentar casos de manera ágil, haciendo muchos esfuerzos se presentaron varios casos por el arduo trabajo de 25 personas especializadas que aportaba la Maccih en apoyo al trabajo que nosotros realizábamos, y al no haber esas 25 personas la Uferco nace debilitada.
RP. ¿Qué otras debilidades anota usted?
LJS. Debilitada en lo legal también, porque en aquel momento cuando la Ufecic existía, dependíamos directamente del señor Fiscal General y ahora dependemos de la dirección de fiscalías, eso no quiere decir que el trabajo se detendrá, sino que, era más expedito todo, sin embargo, hemos visto que las peticiones o solicitudes que hemos hecho, hasta ahora, han sido expeditas tal y como funcionaba cuando estaba la Ufecic.
RP. ¿Qué tan trascendental era la Maccih para el trabajo de ustedes?
LJS. Era esencial. Servía como de paraguas a todo el trabajo que hacíamos. Además, el apoyo que nos daban tanto moral como en el trabajo de análisis de la información. Ahora eso no quiere decir que quedamos igual como cuando inició la Maccih, porque todos los conocimientos que la Maccih nos trasladó, eso de alguna forma, nos va a servir en la Uferco para continuar con la investigación de los casos.
RP. Sin la Maccih en el país, ¿Uferco encontrará esa voluntad en el Ministerio Público, MP?
LJS. Los mayores obstáculos están fuera del MP con todas las reformas legales que se han hecho desde el Congreso, con los obstáculos que nos presenta el sistema financiero para entregar la información, allí están los mayores obstáculos para hacer una lucha efectiva contra la corrupción. El MP es sólo un actor dentro de toda la administración de la justicia, si todos esos actores no están conscientes del trabajo que debe hacerse en la lucha contra la corrupción, esto jamás va a funcionar.
RP. ¿Se ha reunido con el Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla?
LJS. He tenido reuniones con mi jefe inmediato y hemos hablado de coordinación y del apoyo que se le va a dar a la Uferco. Lo que se nos ha prometido es que vamos a tener todo el apoyo y vamos a seguir trabajando de la misma forma como lo hemos venido haciendo.
RP. ¿Pero se ha reunido con el Fiscal General?
LJS. No, hasta el momento no hemos tenido reunión. Si hemos tenido reunión con nuestro director y él está en toda la disposición de apoyar el trabajo de la Uferco, y eso es lo que nos han manifestado.
RP. ¿Lo ha buscado algún personaje comprometido con la corrupción?
LJS. Mire este trabajo es muy difícil, y a aquí se han acercado de todos, y cuando le hablo de todo, estamos hablando desde la Sociedad Civil, desde la Iglesia y políticos de todos los partidos. Aquí tenemos una política de puertas abiertas, se les atiende y se les escucha. Algunas personas tienen buenas intenciones pero otras tratan de causar alguna división entre ésta oficina y el resto del MP. Lo que no hay que defender son aquellos actos que están al margen de la ley, y eso hay que denunciarlo.
RP. ¿Hará público en algún momento toda la información sobre la corrupción?
LJS. Pues no porque la ley me lo prohíbe. Toda la información que maneja la Uferco es información confidencial. Cuando estábamos en Ufecic solamente se la podíamos dar a conocer al vocero de la Maccih y al Fiscal General, ahora que estamos en Uferco sólo la puede conocer la Dirección de Fiscalías y bajo ciertas causales, siempre que se requiera la información y que esa información es necesaria para realizar algún informe o alguna petición, pero de allí la información sólo es manejada por las 37 personas que estamos en la Uferco.
RP. ¿Cómo protegen esa información?
LJS. Nosotros tenemos ciertas medidas de protección de esa información. Tenemos escaneos especiales y las tenemos resguardada por cualquier motivo, imagínese que pueda haber un incendio en esta oficina pues esa información está resguardada.
RP. ¿Cómo está Honduras en materia corrupción?
LJS. Si tomamos en cuenta todos los actos que han salido a la luz, que no son todos porque eso sólo lo vamos a saber una vez que estos actos se visibilicen, yo le digo que estamos muy mal. Estamos entre el primero y el segundo país más corrupto. Lo que aparece en esos índices de percepción es mínimo porque es lo que la sociedad conoce, lo que las personas perciben, pero nosotros que estamos dentro, investigando las redes que funcionan y el dinero que han extraído, estamos en una sociedad mucho más corrupta de lo que realmente se conoce.
RP. ¿Le sorprende a usted que hace 12 años participó en una huelga de hambre con otros fiscales en contra de la corrupción?
LJS. Fíjese que, en aquel entonces, nosotros teníamos algunos años de luchar contra la corrupción y nos sorprendíamos de todos los casos de corrupción que había, y por eso nos fuimos a una huelga de hambre para que los 107 casos que estaban engavetados, en aquel entonces, fueran llevados a los tribunales, eso no era nada para lo que realmente pasa en nuestro país. Me gustaría que la gente tuviera conciencia de todo el dinero que le está robando o que se le ha robado, pero pareciera que ese dinero no es de ellos y que no le importa lo que los corruptos se llevan, ese dinero nos pertenece a todos y todas.
RP. ¿La no reacción de la población, no será por falta de información?
LJS. Creo que sí, y ese es el trabajo de la Sociedad Civil, hacer conciencia en toda la población sobre el perjuicio que se causa. Hacer conciencia en todos los actores. Por ejemplo en salud, si va al hospital y no le dan las medicinas es porque el corrupto se ha robado el dinero. Hacer conciencia en los padres de familia que si sus hijos van a una escuela a aguantar calor y no tienen donde sentarse es porque el corrupto se ha robado los pupitres o el dinero para reparar esa escuela, o que su hijo tiene que caminar kilómetros para ir a una escuela es porque el corrupto se robó el dinero que se iba a utilizar para construir la escuela.
RP. Sin Maccih, ¿de dónde espera Uferco el respaldo?
LJS. El respaldo que no deberíamos perder es el respaldo de la institución, después hacia afuera es más la lógica. Si estamos investigando casos de corrupción el respaldo que pueda venir de afuera o externo de la institución puede ser poco.
RP. ¿Los dejarán conocer grandes casos o sólo casos de corrupción de poca monta?
LJS. En principio vamos a seguir conociendo los casos que teníamos asignados con la Maccih hasta el final. El MP sólo es un actor dentro de la administración de la justicia, el MP va a cumplir con ese trabajo, pero esperamos que los demás entes cumplan con la labor que la Constitución les ha encomendado y que pongan un granito de arena en la lucha contra la corrupción.
Desaparecieron a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, y con ella su brazo ejecutor: la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic, inmediatamente saltó a la palestra pública la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, Uferco, teniendo como director al fiscal Luis Javier Santos.
“He sido muy claro que en el momento en que yo considere que no existe el apoyo necesario para continuar con esta lucha, pondré mi cargo a disposición del Fiscal General”, dijo en entrevista con Radio Progreso, el fiscal Luís Javier Santos.
El director de la Uferco reconoce que esta nueva institución nació debilitada, ya no cuentan con los especialistas que la Maccih asignó para acompañar las investigaciones y tampoco cuentan con el respaldo internacional.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Luís Javier Santos (LJS).
RP. ¿Qué sensaciones tiene tras la desaparición de la Maccih – Ufecic?
LJS. En un principio hubo un sentimiento de que se estaba creando otra unidad y que ésta era más débil que la Ufecic, esto es así porque la Ufecic, si bien es cierto el recurso humano no era suficiente para investigar y presentar casos de manera ágil, haciendo muchos esfuerzos se presentaron varios casos por el arduo trabajo de 25 personas especializadas que aportaba la Maccih en apoyo al trabajo que nosotros realizábamos, y al no haber esas 25 personas la Uferco nace debilitada.
RP. ¿Qué otras debilidades anota usted?
LJS. Debilitada en lo legal también, porque en aquel momento cuando la Ufecic existía, dependíamos directamente del señor Fiscal General y ahora dependemos de la dirección de fiscalías, eso no quiere decir que el trabajo se detendrá, sino que, era más expedito todo, sin embargo, hemos visto que las peticiones o solicitudes que hemos hecho, hasta ahora, han sido expeditas tal y como funcionaba cuando estaba la Ufecic.
RP. ¿Qué tan trascendental era la Maccih para el trabajo de ustedes?
LJS. Era esencial. Servía como de paraguas a todo el trabajo que hacíamos. Además, el apoyo que nos daban tanto moral como en el trabajo de análisis de la información. Ahora eso no quiere decir que quedamos igual como cuando inició la Maccih, porque todos los conocimientos que la Maccih nos trasladó, eso de alguna forma, nos va a servir en la Uferco para continuar con la investigación de los casos.
RP. Sin la Maccih en el país, ¿Uferco encontrará esa voluntad en el Ministerio Público, MP?
LJS. Los mayores obstáculos están fuera del MP con todas las reformas legales que se han hecho desde el Congreso, con los obstáculos que nos presenta el sistema financiero para entregar la información, allí están los mayores obstáculos para hacer una lucha efectiva contra la corrupción. El MP es sólo un actor dentro de toda la administración de la justicia, si todos esos actores no están conscientes del trabajo que debe hacerse en la lucha contra la corrupción, esto jamás va a funcionar.
RP. ¿Se ha reunido con el Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla?
LJS. He tenido reuniones con mi jefe inmediato y hemos hablado de coordinación y del apoyo que se le va a dar a la Uferco. Lo que se nos ha prometido es que vamos a tener todo el apoyo y vamos a seguir trabajando de la misma forma como lo hemos venido haciendo.
RP. ¿Pero se ha reunido con el Fiscal General?
LJS. No, hasta el momento no hemos tenido reunión. Si hemos tenido reunión con nuestro director y él está en toda la disposición de apoyar el trabajo de la Uferco, y eso es lo que nos han manifestado.
RP. ¿Lo ha buscado algún personaje comprometido con la corrupción?
LJS. Mire este trabajo es muy difícil, y a aquí se han acercado de todos, y cuando le hablo de todo, estamos hablando desde la Sociedad Civil, desde la Iglesia y políticos de todos los partidos. Aquí tenemos una política de puertas abiertas, se les atiende y se les escucha. Algunas personas tienen buenas intenciones pero otras tratan de causar alguna división entre ésta oficina y el resto del MP. Lo que no hay que defender son aquellos actos que están al margen de la ley, y eso hay que denunciarlo.
RP. ¿Hará público en algún momento toda la información sobre la corrupción?
LJS. Pues no porque la ley me lo prohíbe. Toda la información que maneja la Uferco es información confidencial. Cuando estábamos en Ufecic solamente se la podíamos dar a conocer al vocero de la Maccih y al Fiscal General, ahora que estamos en Uferco sólo la puede conocer la Dirección de Fiscalías y bajo ciertas causales, siempre que se requiera la información y que esa información es necesaria para realizar algún informe o alguna petición, pero de allí la información sólo es manejada por las 37 personas que estamos en la Uferco.
RP. ¿Cómo protegen esa información?
LJS. Nosotros tenemos ciertas medidas de protección de esa información. Tenemos escaneos especiales y las tenemos resguardada por cualquier motivo, imagínese que pueda haber un incendio en esta oficina pues esa información está resguardada.
RP. ¿Cómo está Honduras en materia corrupción?
LJS. Si tomamos en cuenta todos los actos que han salido a la luz, que no son todos porque eso sólo lo vamos a saber una vez que estos actos se visibilicen, yo le digo que estamos muy mal. Estamos entre el primero y el segundo país más corrupto. Lo que aparece en esos índices de percepción es mínimo porque es lo que la sociedad conoce, lo que las personas perciben, pero nosotros que estamos dentro, investigando las redes que funcionan y el dinero que han extraído, estamos en una sociedad mucho más corrupta de lo que realmente se conoce.
RP. ¿Le sorprende a usted que hace 12 años participó en una huelga de hambre con otros fiscales en contra de la corrupción?
LJS. Fíjese que, en aquel entonces, nosotros teníamos algunos años de luchar contra la corrupción y nos sorprendíamos de todos los casos de corrupción que había, y por eso nos fuimos a una huelga de hambre para que los 107 casos que estaban engavetados, en aquel entonces, fueran llevados a los tribunales, eso no era nada para lo que realmente pasa en nuestro país. Me gustaría que la gente tuviera conciencia de todo el dinero que le está robando o que se le ha robado, pero pareciera que ese dinero no es de ellos y que no le importa lo que los corruptos se llevan, ese dinero nos pertenece a todos y todas.
RP. ¿La no reacción de la población, no será por falta de información?
LJS. Creo que sí, y ese es el trabajo de la Sociedad Civil, hacer conciencia en toda la población sobre el perjuicio que se causa. Hacer conciencia en todos los actores. Por ejemplo en salud, si va al hospital y no le dan las medicinas es porque el corrupto se ha robado el dinero. Hacer conciencia en los padres de familia que si sus hijos van a una escuela a aguantar calor y no tienen donde sentarse es porque el corrupto se ha robado los pupitres o el dinero para reparar esa escuela, o que su hijo tiene que caminar kilómetros para ir a una escuela es porque el corrupto se robó el dinero que se iba a utilizar para construir la escuela.
RP. Sin Maccih, ¿de dónde espera Uferco el respaldo?
LJS. El respaldo que no deberíamos perder es el respaldo de la institución, después hacia afuera es más la lógica. Si estamos investigando casos de corrupción el respaldo que pueda venir de afuera o externo de la institución puede ser poco.
RP. ¿Los dejarán conocer grandes casos o sólo casos de corrupción de poca monta?
LJS. En principio vamos a seguir conociendo los casos que teníamos asignados con la Maccih hasta el final. El MP sólo es un actor dentro de la administración de la justicia, el MP va a cumplir con ese trabajo, pero esperamos que los demás entes cumplan con la labor que la Constitución les ha encomendado y que pongan un granito de arena en la lucha contra la corrupción.
Diputados del Congreso Nacional no renovaron el convenio con la MACCIH.
RP. ¿Tiene listo el caso con el que pondrá a prueba la voluntad del MP?
LJS. Esa información no la hacemos pública. Ni cuando estuvimos en la Ufecic y ahora en la Uferco no hacemos público cuando tenemos listo un caso ni cuándo se va a presentar, eso es por cuestiones de estrategia. Cuando presentemos nuestro primer caso lo que hacemos es sacar las copias del mismo, llevarlo ante los tribunales y presentarlo, hasta en ese momento la población y los medios de comunicación tienen conocimiento.
RP. ¿Habrá algún caso que sacuda los cimientos del Ministerio Público?
LJS. Todos los casos deberían ser así, desde el que se roba un millón en una institución hasta el que se roba 100 millones, todos los casos deberían llamar la atención porque son en perjuicio de la ciudadanía.
RP. ¿Cómo se siente en su seguridad personal?
LJS. Durante los 22 años que yo tengo en el MP nunca he tenido una seguridad estructurada o un dispositivo de seguridad, además que no lo aceptaría porque creo que en un país tan pobre utilizar un dispositivo de seguridad y más en la lucha contra la corrupción no es coherente. Más que policías nosotros necesitamos la protección de la ciudadanía y de la sociedad.
RP. ¿Teme por su vida, usted que ya sufrió un atentado?
LJS. A veces uno siente temor, de hecho cambia su vida. Desde que yo regresé del asilo mi vida ya no es la misma, ya no me expongo en lugares públicos y ando más pendiente de todo. Todos los corruptos de este país saben que en esta oficina está la información de todo lo que han hecho y que en algún momento existe el riesgo de que puedan ser llevados a los tribunales.
RP. Si en este momento le pasara algo, ¿a quién responsabilizaría?
LJS. Yo tengo mis registros de las personas que puedan atentar contra uno, hay personas que lo saben y lo conocen, y en su momento lo darían a conocer. Yo tengo ese cuidado de llevar todo ese registro, como por ejemplo vehículos que lo siguen a uno, aunque no me da temor, porque uno los conoce, conoce sus placas y tenemos toda la información.
RP. ¿Policías lo han seguido?
LJS. Personas de inteligencia porque en una ocasión uno me golpeó el carro y en su identificación pertenecía a la inteligencia militar.
RP. Si no tiene éxito con la Uferco, ¿pondrá la renuncia?
LJS. He sido muy claro que en el momento en que yo considere que no existe el apoyo necesario para continuar con esta lucha, pondré mi cargo a disposición del Fiscal General. Creo que he sido muy claro también con la cooperación internacional, con nuestras autoridades y con lo que he dicho públicamente. Nosotros lo que esperamos es tener todo el apoyo para continuar con las investigaciones.
LJS. Esa información no la hacemos pública. Ni cuando estuvimos en la Ufecic y ahora en la Uferco no hacemos público cuando tenemos listo un caso ni cuándo se va a presentar, eso es por cuestiones de estrategia. Cuando presentemos nuestro primer caso lo que hacemos es sacar las copias del mismo, llevarlo ante los tribunales y presentarlo, hasta en ese momento la población y los medios de comunicación tienen conocimiento.
RP. ¿Habrá algún caso que sacuda los cimientos del Ministerio Público?
LJS. Todos los casos deberían ser así, desde el que se roba un millón en una institución hasta el que se roba 100 millones, todos los casos deberían llamar la atención porque son en perjuicio de la ciudadanía.
RP. ¿Cómo se siente en su seguridad personal?
LJS. Durante los 22 años que yo tengo en el MP nunca he tenido una seguridad estructurada o un dispositivo de seguridad, además que no lo aceptaría porque creo que en un país tan pobre utilizar un dispositivo de seguridad y más en la lucha contra la corrupción no es coherente. Más que policías nosotros necesitamos la protección de la ciudadanía y de la sociedad.
RP. ¿Teme por su vida, usted que ya sufrió un atentado?
LJS. A veces uno siente temor, de hecho cambia su vida. Desde que yo regresé del asilo mi vida ya no es la misma, ya no me expongo en lugares públicos y ando más pendiente de todo. Todos los corruptos de este país saben que en esta oficina está la información de todo lo que han hecho y que en algún momento existe el riesgo de que puedan ser llevados a los tribunales.
RP. Si en este momento le pasara algo, ¿a quién responsabilizaría?
LJS. Yo tengo mis registros de las personas que puedan atentar contra uno, hay personas que lo saben y lo conocen, y en su momento lo darían a conocer. Yo tengo ese cuidado de llevar todo ese registro, como por ejemplo vehículos que lo siguen a uno, aunque no me da temor, porque uno los conoce, conoce sus placas y tenemos toda la información.
RP. ¿Policías lo han seguido?
LJS. Personas de inteligencia porque en una ocasión uno me golpeó el carro y en su identificación pertenecía a la inteligencia militar.
RP. Si no tiene éxito con la Uferco, ¿pondrá la renuncia?
LJS. He sido muy claro que en el momento en que yo considere que no existe el apoyo necesario para continuar con esta lucha, pondré mi cargo a disposición del Fiscal General. Creo que he sido muy claro también con la cooperación internacional, con nuestras autoridades y con lo que he dicho públicamente. Nosotros lo que esperamos es tener todo el apoyo para continuar con las investigaciones.
Publicado el 11 Febrero, 2020
«Rara vez se oye en los medios de comunicación algo que no sea crímenes, matanzas…tragedias» ha dicho el religioso.
«Hay muchas cosas buenas y muchos buenos ejemplos en Honduras» aseguró.
Candidaturas prematuras se apoderan de ambiente político en Honduras
- 28/01/2020
Honduras entró de lleno en el ambiente electoral, cuando todavía faltan casi dos años para las elecciones primarias y generales.Los primeros en entrar a este juego fueron los nacionalistas, quienes ya tienen cinco precandidatos presidenciales. Le siguieron los liberales, al anunciar creación de nuevos movimientos y al hacer pública las aspiraciones de varios dirigentes por la titularidad del Ejecutivo.
Por último, Libre, se suma a ese ambiente, haciendo oficial que en su partido hay por lo menos tres precandidatos presidenciales.
Con esto todos los partidos, al menos los más grandes, han dejado claro que la apuesta debe ser electoral y que por fuera de esa realidad nada más pasará.
El dirigente de Libre Gilberto Ríos fue consultado sobre el asunto, dijo que, es algo que se debe analizar bien, pues partidos como Libre abandonaron la organización y relación directa con las organizaciones sociales, pero dejó claro que el tema electoral es muy importante y que también requiere de organización.
Ríos se unió a la creación de una nueva corriente en Libre, misma que encabezará con una precandidatura presidencial, el exdirigente liberal, Carlos Eduardo Reina.
Entre tanto, los nacionalistas están activados en el ruedo electoral y desde ya se preparan para la contienda. Hay cinco precandidatos oficiales: Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez, Jorge Lobo, Roberto Ramón Castillo y Nasry Asfura.
En una entrevista a un medio televisivo capitalino, el presidente del Congreso Nacional y también precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, dijo que buscará ganar las primarias en su partido y lograr la unidad para llegar a las generales.
«Yo no voy a una elección interna para participar, yo voy para ganar”, manifestó Oliva.
El analista Edgardo Rodríguez, opinan sobre las características del próximo proceso electoral, amparado en el ambiente que se vive en la actualidad y en las reformas electorales aprobadas hasta el momento.
Rodríguez dijo que será un proceso competitivo, en el que los partidos políticos deberán hacer alianzas y además buscar transparentar las votaciones para evitar fraudes e irregularidades.
Pero otros personajes cercanos a la figura del Poder Ejecutivo, dicen que, en la situación electoral en el país, cualquier cosa puede pasar.
El asesor presidencial Marvin Ponce fue consultado sobre que aspiraciones tiene Juan Orlando Hernández para el contexto electoral.
Ponce dijo que no hay que descartar que Hernández opte por reelegirse una vez, siempre y cuando su partido se lo pida.
Marvin dejó claro que de acuerdo a lo que Hernández le ha dicho no tiene aspiraciones continuar en el cargo, pero desde su perspectiva, cree que en política cualquier cosa puede pasar y que el hecho que la reelección siga abierta, puede ser una vía para aspirar una vez más.
Entre tanto, en el otro extremo del asunto, se encuentra la ahora precandidata presidencial, Xiomara Castro, quien en su lanzamiento de campaña dijo que Hernández y el Partido Nacional tienen las horas contadas.
Castro llamó a todas las fuerzas políticas para que conformen una alianza electoral y así poder derrotar al oficialismo en las urnas. Castro dijo que la vía que otorgará el triunfo de la oposición es la electoral.
Mientras los partidos políticos afilan y enfocan sus fuerzas hacia las elecciones, el país sigue cayéndose a pedazos por la corrupción, impunidad, migración y narcotráfico.
Publicado el 10 Febrero, 2020
El Museo y Casa Morazán es considerado un monumento histórico nacional de 260 años que impulsa la identidad “catracha”.
El director del museo, Carlos Turcios, detalló que autoridades de Finanzas notificaron la suspensión de los fondos.
Todos los años tenemos problemas de presupuesto y hemos logrado sobrevivir, pero este an1o nos han confirmado que ya no se asignarán fondos’, indicó Turcios.
Esgrimió que la razón de la cancelación de la partida presupuestaria es “porque no hay dinero para el arte, la cultura y la historia nacional”.
El Estado hondureño tiene hasta
el 22 de febrero para informar a la ONU sobre la desaparición de joven
durante la crisis post electoral
Tegucigalpa.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la organización de las Naciones Unidas da plazo al estado de Honduras hasta el 22 de febrero de 2020, para que envíe información sobre las recomendaciones contenidas en una nota enviada anteriormente solicitando información sobre los avances realizados para dar con el paradero de Manuel de Jesús Bautista Salvador.
Y es que a finales de 2019 el Comité contra las Desapariciones Forzadas ubicado en Ginebra, Suiza, envió una nota al Estado de Honduras, donde pedía información sobre la investigación en torno a la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, hecho sucedido el pasado 3 de diciembre de 2017, luego de ser detenido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante el toque de queda implementado por el gobierno para contrarrestar la ola de protestas ocasionadas por el fraude electoral de ese año. Desde entonces se desconoce su paradero.
Ante este hecho, sus familiares acudieron al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para denunciar la desaparición de Bautista Salvador, por lo que el COFADEH realizó las denuncias correspondientes en el caso y a falta de investigación en el país, también la colocó en el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por esa razón, ahora dicho comité ha pedido información al Estado sobre las recomendaciones realizadas y además mantiene abierta la alerta urgente en el caso.
Parte de la nota enviada dice “el Comité contra la Desaparición Forzada agradece al Estado parte por la información proporcionada mediante la nota en fecha 7 de noviembre de 2019, en relación con la acción urgente de referencia, de conformidad con el artículo 30 (3) de la Convención, dicha información fue transmitida a los autores de la petición de acción urgente para sus comentarios.
No obstante, el Comité lamenta que la información proporcionada por el Estado parte sea idéntica a la información proporcionada 21 meses antes, el 6 de febrero de 2018, dicha nota motivó la misiva de este Comité de fecha 2 de octubre de 2019, en la cual el Comité expresó su profunda preocupación por falta de respuesta del Estado parte a las recomendaciones contenidas en la solicitud de acción urgente del 25 de enero de 2018.
El Comité continúa altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Manuel de Jesús Bautista Salvador, todavía no ha sido esclarecido, y en vista de la información disponible el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y transmitir de forma textual al Estado parte las preocupaciones y recomendaciones expresadas en su nota de 2019.
Al final de sus recomendaciones en las que abajo citamos algunas “el Comité requiere al Estado parte que se le informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a estas recomendaciones y requerimientos de conformidad con sus obligaciones en virtud del artículo 30 del párrafo 3 de la convención, a más tardar el día 22 de febrero de 2020.
Algunas de sus recomendaciones al estado:
En este contexto, asegurar que todas las medidas adoptadas para la búsqueda del señor Manuel de Jesús Bautista, tales como el oficio enviado al Centro Penal de EI Progreso, la solicitud de informe al Jefe del Tercer Batallón de Infantería de Naco y las demás diligencias llevadas a cabo, se enmarquen dentro de una estrategia de investigación integral.
También asegurar que la estrategia de búsqueda e investigación adoptada integre visitas a todos los lugares que sean relevantes para el adecuado desarrollo de la búsqueda e investigación; y que los videos requeridos al 911, abarquen todos los lugares conocidos por los que pasó el señor Manuel de Jesús Bautista Salvador el día de su desaparición.
Asegurar que se llame a declarar a los altos mandos de la Policía Militar de Orden Público y a la cadena de mando que estaba a cargo de los policías que pudieron haber tenido contacto con el señor Bautista el último día que fue visto.
Asegurar que se tomen en consideración las pruebas de ADN y otras pruebas científicas que hayan sido realizadas a cuerpos encontrados en las fechas posteriores a la desaparici6n del señor Manuel de Jesús Bautista Salvador, de conformidad con los principios 8 y 11 de los Principios Rectores.
Cabe señalar que este día 3 de febrero de 2020 se están cumpliendo 26 meses de la desaparición del joven Manuel de Jesús, 26 meses de angustia para sus familiares que caminan junto al COFADEH exigiendo verdad y justicia y además dar con el paradero de Bautista Salvador, siguen preguntando que pasó con él después de ser detenido por elementos de la PMOP en Naco, Cortés, el pasado 3 de diciembre de 2019.
A 25 años del asesinato de Jeannette Kawas, Honduras tiene pendiente garantizar justicia
Tegucigalpa y San José, 06 de febrero de 2020.- El
06 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada
como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y el
medioambiente tras denunciar casos de explotación maderera ilegal y
oponerse públicamente a diversos proyectos económicos en la Península de
Punta Sal. 25 años después, su caso, como el de cientos de ambientalistas asesinados en Honduras, se mantiene en total impunidad. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora e incumplir su obligación de investigar y juzgar el caso de manera diligente. En su sentencia, el Alto Tribunal ordenó una serie de medidas de obligatorio cumplimiento para Honduras, entre ellas: llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables; ejecutar una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labora de las personas defensoras del medio ambiente; así como levantar un monumento en memoria de la defensora ambientalista y realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. Al día de hoy, estas medidas permanecen pendientes de cumplimiento.
En este nuevo aniversario de los hechos, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) conmemoremos la vida y el trabajo de Jeannette Kawas e instamos al Estado hondureño a cumplir con las medidas pendientes de manera inmediata.
Como lo ha hecho la Corte Interamericana, reconocemos que el asesinato de Jeannette Kawas y la impunidad que rodea su caso, resultan en un efecto amedrentador para otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra o el territorio en Honduras. En uno de los países más peligrosos del mundo para las personas ambientalistas, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan.
En octubre de 2019, el Tribunal Interamericano emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso, ordenando al Estado que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Así, instó al Estado a construir el monumento y rotular el parque nacional conforme las consideraciones de la familia y sus representantes, quienes han destacado la necesidad de que ello se realice en la municipalidad de Tela, en sitios que den la mayor visibilidad e impacto a la preservación de la memoria de Jeannette Kawas.
Finalmente, recordamos que la sentencia dictada por la Corte IDH en el presente caso tiene un valor histórico, al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Desde la Mesa de Seguimiento reafirmamos nuestro compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de esta sentencia y avanzar hacia un Estado que garantice las condiciones necesarias para que todas las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, la tierra y el territorio puedan ejercer su labor de manera segura.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Esly Banegas: Ataque a COPA es un patrón sistemático de intimidación
Leonel George y Esly Banegas, defensores de DDHH de COPA/ fotos y texto: Sandra Rodríguez
Tocoa, Colón.- En un mes, las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA),
que dirige Esly Banegas, ha sido objeto de dos ataques, sin que haya
una respuesta de investigación y se responsabilice a quienes ejecutan
estos hechos.
Los recientes robos de información y
daños a las instalaciones sucedieron el 20 de diciembre de 2019 y 26 de
enero de 2020, según denunció la coordinadora de COPA, ante organismos
nacionales e internacionales. Una comisión del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se reunió con integrantes
de la junta directivas este miércoles 29 para solidarizarse con los
compañeros y compañeras víctimas de persecución por ejercer la
defensoría de derechos humanos.
Banegas afirmó que, los ataques “llevan
implícito ratificar la persecución de que somos objeto, además de que
somos una organización que emprende una lucha pública y a la vez
pacífica; y que sabemos que estamos en una permanente lucha para
defender lo que son derechos humanos, derecho al agua, a los recursos
naturales y a los bines comunes. En ese sentido nos preocupa porque
sabemos que es una criminalización de la que históricamente hemos sido
objeto”.
Recordó que, el primer coordinador de
COPA, Carlos Escaleras, fue asesinado en ese marco de la lucha por la
defensa del agua y consideran que esto es una amenaza sistemática, pues
“hoy es nosotros, pero puede venir en una escalada a las demás
organizaciones tanto de la región como a nivel nacional”.
Seguimos haciendo nuestra labor, añadió
la defensora, sin el interés de afectar a otras personas, sino de velar
por intereses colectivos de la comunidad y de marera pacífica. Cuando se
defienden derechos humanos y hacemos la labor que hemos venido
haciendo en defensa de la vida sabemos que hay diferentes intereses que
les molesta a otros, por que lo buscan es un enriquecimiento a sus
bolsillos y a su situación personal en contra de los intereses y
derechos fundamentales de las comunidades y de las poblaciones en los
diferentes sectores, regiones, municipios y departamentos del país.
El 20 de diciembre de 2019 se llevaron
una computadora que contiene información y la del domingo anterior
también es relacionado con información porque se llevaron la impresora,
dañaron a los archivos y dejaron todo dando muestra que, lo que buscaban
era información, detalló Banegas.
Este hechos, representa un gran peligro
que nos debe poner alerta a todas las organizaciones porque va como en
un patrón de la represión que se vive en el país y que al final va a
terminar con el asesinato de defensores y defensoras. Ya lo vivió el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) con el caso de nuestra compañera Berta Cáceres (2016), por lo
que, pedimos la solidaridad a las diferentes organizaciones que vayamos
alzando la voz porque hoy somos nosotras, mañana puede ser cualquier
otra que pretendan callar o eliminar, advirtió la representante de COPA.
Puntualizó en que, la afectación es
general en el funcionamiento de la organización, impacta en la
indefensión que implanta la estrategia de terror de la dictadura, hay
que poner atención a lo que sucede y una verdadera investigación aunque
sabemos que no va a suceder nada, porque la estrategia es sacarnos de
esta lucha, con robos continuos.
Ataques contra miembros de COPA
Varios
integrantes de COPA han sido atacados y hostigados, pese a ser
beneficiarios de la Medida Cautelar 50-14 emitida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debería ser ejecutada por
el Estado de Honduras a través del Mecanismo Nacional de Protección,
pero no se cumple nada de lo existe en ese expediente.
Debemos buscar alternativas personales u
organizativas ante los ataques que tenemos como defensores y defensoras
de derechos humanos. El caso más reciente es contra nuestro secretario
Leonel George, en una escalada de criminalización que aumenta día a día,
expresó Banegas.
El pasado lunes 27, George fue detenido
en la posta policial de Tocoa, cuando con la compañera de COPA, Haydee
Saravia y el líder campesino Jaime Cabrera, fueron a interponer la
denuncia del ataque a la oficina. Cerca de hora y media estuvo bajo
custodia policial, suponiendo que tiene una orden de captura, por la
defensa de los bienes comunes de la naturaleza.
Se les explicó que el comunicador social
Leonel George, tiene cartas de libertad definitiva por los cargos
imputados al ser parte del Comité de Defensa de Guapinol, por el
expediente 21-2019 estuvo en prisión en febrero del año 2019, junto a 10
compañeros y una compañera. Para este tiempo el líder campesino
Jeremías Martínez, ya estaba privado de libertad.
“A los defensores que acompañamos esa
lucha, nos ven como enemigos y han puesto una campaña de criminalización
dirigida por Juan Orlando Hernández, de que quien defiende derechos
humanos, hace comunicación alternativa y acompaña a las comunidades, lo
tratan como delincuente, por ahí van las intenciones y nos preocupa ese
comportamiento y actitud agresiva contra quienes vamos a interponer una
denuncia en busca de respuesta”, expresó George.
Pasan los días y los agentes de la DPI
no han llegado a las instalaciones de la organización para realizar las
inspecciones respectivas y dar con el paradero de quienes fueron los que
ejecutaron el robo de información. Así mismo, el Mecanismo de
Protección no se ha hecho presente, denunciaron representantes de COPA.
Para George, en esta zona defender
derechos humanos y hacer comunicación alternativa para las comunidades a
favor de las comunidades que defienden derechos y territorio es de alto
riesgo, más bien el Estado debe hacer un reconocimiento a quienes
hacemos esta labor en defensa y protección de las personas, como es su
obligación.
Pese a que es una labor muy difícil,
existe un compromiso de lo contrario la población en el Bajo Aguán
estaría condenada a desaparecer o ser desplazada forzosamente como se
han estado yendo miles en caravana para otros lados porque no se generan
condiciones de seguridad, económicas ni oportunidades de desarrollo.
En Copán, presionan para expulsar a los muertos y sacar minerales
- 03/02/2020
En su momento se aceptó el traslados de los cuerpos.
Mientras existan muertos en el cementerio de Azacualpa, La Unión,
Copán, la empresa minera Minerales de Occidente Minosa, filial de la
canadiense Aura Minerales, tiene prohibido extraer oro del cerro, según
un acuerdo establecido por la ciudadanía con las autoridades.
Sin embargo, la empresa está presionando económicamente a las familias para que acepten sacar a sus muertos del cementerio, y así seguir con los trabajos mineros.
El representante de Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, Asonog, Ramiro Lara, denunció la presión que está ejerciendo la empresa sobre la población, una presión de la que están participando también las propias autoridades del municipio, Policía Nacional y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh.
“Lo más grave es que toda la estacionalidad del Estado, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, son cómplices. No hay una queja ni una denuncia por violación a los Derechos Humanos. Tenemos una fiscalía, en la que nosotros hemos acompañado a la gente para interponer al menos unas 20 denuncias por daños al ambiente, por daños a la salud, por amenazas, y ni hubo ninguna reacción”, manifestó a Radio Progreso Ramiro Lara.
Sin embargo, la empresa está presionando económicamente a las familias para que acepten sacar a sus muertos del cementerio, y así seguir con los trabajos mineros.
El representante de Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, Asonog, Ramiro Lara, denunció la presión que está ejerciendo la empresa sobre la población, una presión de la que están participando también las propias autoridades del municipio, Policía Nacional y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh.
“Lo más grave es que toda la estacionalidad del Estado, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, son cómplices. No hay una queja ni una denuncia por violación a los Derechos Humanos. Tenemos una fiscalía, en la que nosotros hemos acompañado a la gente para interponer al menos unas 20 denuncias por daños al ambiente, por daños a la salud, por amenazas, y ni hubo ninguna reacción”, manifestó a Radio Progreso Ramiro Lara.
Buena parte de la población de Azaculapa, Copán se oponen al traslado de sus muertos.
COFADEH realizó gira de monitoreo de casos en Siguatepeque y Comayagua
Por defensores -
6 febrero, 2020Comayagua.- Este día el Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó una gira de monitoreo de casos en los juzgado de Comayagua y Siguatepeque, con el objetivo de revisar expedientes judiciales en relación a la criminalización de campesinos en la defensa y recuperación de la tierra.
La abogada Karol Cárdenas expresó que este monitoreo se realiza con el objeto de verificar el estado actual del expediente judicial en relación al proceso penal injusto contra campesinos y campesinas, víctimas de criminalización por el derecho a defender la tierra.
Así mismo dijo que la revisión se realiza periódicamente para poder conocer el expediente de los casos y establecer las acciones legales correspondientes, y dar a conocer a las personas de las que COFADEH lleva la representación legal el estado actual en la que se encuentran los mismos.
Cabe mencionar que el COFADEH desde hace varios años y a través del área legal brinda apoyo a campesinos y campesinas que han sido criminalizados a lo largo de su vida, por entrar en el proceso de recuperación de tierras para poder trabajarlas y dar un mejor futuro a su familia.
Además de la criminalización, el COFADEH también ha denunciado la persecución a defensores de la tierra y el territorio que se han visto en peligro por los terratenientes y las empresas que se aprovechan de los bienes comunes de la naturaleza, poniendo en riesgo la vida y la salud de los pobladores.
Y también ha denunciado los desalojos violentos de los campesinos donde han sido víctimas de brutales represiones, destrucción de cultivos y en algunos casos hasta la pérdida de la vida seres inocentes, como el caso de uno de los 27 desalojo violentos de la Empresa Asociativa Campesina 9 de julio donde una de las esposas de uno de sus miembros que estaba en estado de embarazo, perdió a su bebé por el uso desmedido de gases lacrimógenos utilizados en el desalojo.
COFADEH logra obtener carta de libertad definitivas para cuatro campesinos del departamento de La Paz
Por defensores -
10 febrero, 2020La Paz, La Paz.- El Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó una gira de monitoreo en el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, con el objetivo de conocer el estado actual de los casos en los que la organización de derechos humanos es parte.
En la gira se logró obtener cuatro cartas de libertad definitiva para igual número de campesinos, pertenecientes a la Empresa Asociativa Campesina Planes del Matasano, ubicada en San Pedro de Tutule, departamento de La Paz.
Los campesinos que obtuvieron su carta de libertad definitiva son: Arelis Valladares Cálix, Emérito Amaya, Félix Gonzales y Elvin Darío Mejía, ellos estaban siendo acusados por el delito de usurpación, al estar en el proceso de recuperación de una parcela de tierra para el sustento de su familia.
Las víctimas de criminalización durante un desalojo violento fueron y salieron libre con medidas sustitutivas a la prisión. Después de haber cumplido más de 6 años sin que se proceda a solicitar revisión de medidas por falta de recursos de los campesinos, el COFADEH solicitó el sobreseimiento definitivo, mismo que le fue otorgado.
La Base Campesina Planes del Matasano tiene tres predios divididos por manzanas, el primero tiene 33, el segundo 66 y el tercero 22, haciendo un total de 121, que están siendo cultivadas por 17 familias, que al verlas ociosas y no tener donde sembrar entraron a la recuperación, por lo que desde ese entonces han sido víctimas de criminalización. De esta base campesina dependen 17 familias.
Los beneficiados con estas medidas ahora podrán caminar libremente sin temor a ser criminalizados como están miles de campesinos y campesinas en el departamento de La Paz.
EL COFADEH tiene más de 4 años de estar dando apoyo al sector campesino en el departamento de La Paz, visibilizando la criminalización y las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas, por estar en recuperación de un pedazo de tierra para el sustento de la familia, para proporcionarles alimentos y educación para que puedan vivir mejor.
Enfermeras desafían al gobierno al celebrar Asambleas Informativas
- 27/01/2020
La Aneeah demanda un reajuste de mil 100 lempiras para este año
Desde las 6:00 de la mañana de hoy (27/01/2020), los integrantes de
la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de
Honduras, Aneeah, inició con asambleas informativas tras dar por
fracasado el diálogo que mantenían con el gobierno para negociar un
reajuste salarial.
“Lo único que pedimos es que nos den el reajuste salarial que por ley nos corresponde para el año 2020, que son de mil 100 lempiras este año y 900 lempiras en el 2021”, dijo el vocero de la Aneeah, Luis Serrato.
La Secretaría de Salud emitió un comunicado informando que el reajuste salarial ya estaba negociado con los gremios de la salud y que se van hacer efectivos a partir del mes de abril y que el sector de enfermeros y enfermas auxiliares están incluidos.
El gobierno señala que han sostenido reuniones con la Aneeah pero que debido a que demandan el doble del aumento pactado no se lograron los acuerdos. “Hacemos un llamado a todos los trabajadores de salud a mantenerse en sus puestos de trabajo y que de continuar con las acciones que violan los derechos de los pacientes se tomaran las acciones legales pertinente a fin de establecer el orden y restituir el derecho a la salud de la población hondureña”, señala el comunicado de la Secretaría de Salud.
Los dirigentes de la Aneeah reconocen que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Sitramedhys, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, Sitrasa y otros tres sindicato firmaron un acta con el gobierno en el que señalan que sí se aumenta el salario a las enfermeras y enfermeros auxiliares se les debe otorgar un bono al resto de trabajadores de la salud.
“… el sindicalista o dirigente de otra organización que quieren caminar, que quiere escalar poniéndole la bota en la cabeza a otra organización, señores, esa gente no tiene conciencia, no saben que la columna vertebral de los hospitales se llama enfermería auxiliar”, dijo el vocero de la Aneeah, Luis Serrato.
“Lo único que pedimos es que nos den el reajuste salarial que por ley nos corresponde para el año 2020, que son de mil 100 lempiras este año y 900 lempiras en el 2021”, dijo el vocero de la Aneeah, Luis Serrato.
La Secretaría de Salud emitió un comunicado informando que el reajuste salarial ya estaba negociado con los gremios de la salud y que se van hacer efectivos a partir del mes de abril y que el sector de enfermeros y enfermas auxiliares están incluidos.
El gobierno señala que han sostenido reuniones con la Aneeah pero que debido a que demandan el doble del aumento pactado no se lograron los acuerdos. “Hacemos un llamado a todos los trabajadores de salud a mantenerse en sus puestos de trabajo y que de continuar con las acciones que violan los derechos de los pacientes se tomaran las acciones legales pertinente a fin de establecer el orden y restituir el derecho a la salud de la población hondureña”, señala el comunicado de la Secretaría de Salud.
Los dirigentes de la Aneeah reconocen que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Sitramedhys, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, Sitrasa y otros tres sindicato firmaron un acta con el gobierno en el que señalan que sí se aumenta el salario a las enfermeras y enfermeros auxiliares se les debe otorgar un bono al resto de trabajadores de la salud.
“… el sindicalista o dirigente de otra organización que quieren caminar, que quiere escalar poniéndole la bota en la cabeza a otra organización, señores, esa gente no tiene conciencia, no saben que la columna vertebral de los hospitales se llama enfermería auxiliar”, dijo el vocero de la Aneeah, Luis Serrato.
Despliegue armado de Bukele es un retroceso en el fortalecimiento democrático de El Salvador
febrero 11, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccioncriterio.hn
Tegucigalpa.- En un hecho sin
precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, El Salvador
vivió el domingo 9 de febrero una crisis institucional marcada por el
ingreso de elementos militares y policiales fuertemente armados al
Palacio Legislativo, en San Salvador.
El despliegue fue ordenado por el presidente Nayib Bukele tras días de tensiones con el Órgano Legislativo para forzar la votación de un préstamo de $109 millones para la ejecución de su plan de seguridad. Al respecto, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, emite la siguiente declaración:
“La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales.
Dada la historia de conflicto que caracterizó a El Salvador desde finales de la década de los 70 hasta el fin de la guerra civil en 1992, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública nunca deberían ser usados para intentar imponer la voluntad de un presidente, sin excepción alguna.
Acciones de este tipo son criticables en cualquier lugar del mundo, sin importar la orientación ideológica de un mandatario. Estas acciones amenazan contra la paz social, el Estado de derecho y el bienestar de la democracia en el país.
Una de las potenciales consecuencias no previstas de las acciones lideradas por el presidente Bukele en los últimos días pudiera ser el rompimiento del espíritu de esperanza que género en amplios segmentos de la sociedad salvadoreña su triunfo en las elecciones presidenciales de hace un poco más de un año.
Ese sentido de esperanza ha contribuido a que menos salvadoreños decidan emigrar como manera de escapar de las condiciones de inseguridad económica, social y política que siguen siendo una realidad.
Es crucial que El Salvador regrese a una ruta más civilizada para dirimir las diferencias entre los diferentes órganos de Estado. Como una red de organizaciones lideradas por migrantes en los EE. UU., cuyos líderes conocen la migración forzada por conflictos e inestabilidad política, instamos a la administración Bukele, a los demás órganos de Estado, a la sociedad civil y a otros sectores interesados en el bienestar del país a buscar soluciones a través del diálogo, que permitan construir un país donde menos personas tengan que huir para encontrar bienestar y prosperidad”.
El despliegue fue ordenado por el presidente Nayib Bukele tras días de tensiones con el Órgano Legislativo para forzar la votación de un préstamo de $109 millones para la ejecución de su plan de seguridad. Al respecto, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, emite la siguiente declaración:
“La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales.
Dada la historia de conflicto que caracterizó a El Salvador desde finales de la década de los 70 hasta el fin de la guerra civil en 1992, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública nunca deberían ser usados para intentar imponer la voluntad de un presidente, sin excepción alguna.
Acciones de este tipo son criticables en cualquier lugar del mundo, sin importar la orientación ideológica de un mandatario. Estas acciones amenazan contra la paz social, el Estado de derecho y el bienestar de la democracia en el país.
Una de las potenciales consecuencias no previstas de las acciones lideradas por el presidente Bukele en los últimos días pudiera ser el rompimiento del espíritu de esperanza que género en amplios segmentos de la sociedad salvadoreña su triunfo en las elecciones presidenciales de hace un poco más de un año.
Ese sentido de esperanza ha contribuido a que menos salvadoreños decidan emigrar como manera de escapar de las condiciones de inseguridad económica, social y política que siguen siendo una realidad.
Es crucial que El Salvador regrese a una ruta más civilizada para dirimir las diferencias entre los diferentes órganos de Estado. Como una red de organizaciones lideradas por migrantes en los EE. UU., cuyos líderes conocen la migración forzada por conflictos e inestabilidad política, instamos a la administración Bukele, a los demás órganos de Estado, a la sociedad civil y a otros sectores interesados en el bienestar del país a buscar soluciones a través del diálogo, que permitan construir un país donde menos personas tengan que huir para encontrar bienestar y prosperidad”.
¿Por qué Bukele amenaza y llama a la insurrección contra la Asamblea Legislativa de El Salvador?
El Salvador vive momentos de intensa tensión entre dos poderes del Estado, ya que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, amenazó a la Asamblea Legislativa e incluso llamó a la insurrección, si los diputados no le aprueban un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad.
Bukele invocó a la Constitución para obligar sesionar a la Asamblea, una decisión catalogada como viciada por expertos constitucionales , y como medida de intimidación extra decidió militarizar el recinto legislativo y retiró a los agentes designados para brindar seguridad a cada uno de los diputados, incumpliendo la Ley.
El mandatario le exige a la Asamblea Legislativa que le apruebe un préstamo de $109 para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país.
No obstante, esta solicitud fue rechazada por el órgano legislativo al ser tramitada a través de un procedimiento de emergencia calificado por los legisladores como improcedente.
En su respuesta, los diputados advirtieron que una aprobación -en los términos que empuja Bukele- podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.
Asimismo, indicaron que la aprobación del préstamo debe contar con el visto bueno de la Comisión de Hacienda en la que el mandatario no cuenta con los apoyos necesarios.
Sin embargo, los miembros de la comisión aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
Frente a la negativa de la Asamblea, el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele emitió una resolución en la que se invoca el artículo 167 de la Constitución, para convocar extraordinariamente al órgano legislativo para reunirse y discutir la petición de que se autorice el préstamo.
De este modo, el Ejecutivo decidió convocar a la población a reunirse este domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde frente Asamblea Legislativa.
“Convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea, este domingo a las 3 pm, a ser testigo de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la Fase 3 del Plan Control Territorial y darles a nuestros policías y soldados las condiciones que necesita”, agregó el presidente.
“La insurrección del artículo 87 de la Constitución solo se puede cuando se ha violentado el orden Constitucional, por la transgresión a la forma de Gobierno, al sistema político, y por graves violaciones a los derechos Constitucionales, y en la actualidad no hay elementos jurídicos ni políticos para que se de una insurrección y la característica de este derecho es «el derecho al pueblo», no de ningún Órgano de Estado”, indicó el portal Canal.114.
Asamblea Nacional de El Salvador militarizada. Foto: Reuters.
Asimismo, desde tempranas horas del sábado, efectivos militares
rodearon los alrededores de la Asamblea Legislativa, para intensificar
la presión.
Las
acciones de Bukele han sido duramente criticadas por diversos sectores
políticos por violentar la constitución y representar una violación a la independencia
de cada uno de los órganos de Estado.
Oposición denuncia autogolpe
Los líderes de los principales partidos de oposición -la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del izquierdista FMLN- hicieron sendas denuncias a lo que denominaron «acciones dictatoriales” y «autogolpes”.
El diputado de ARENA, Carlos Reyes, leyó un comunicado ante
periodistas en el que pidió la intervención de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) para resolver la tensión política y «active de
inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta
Democrática Interamericana para evitar el incumplimiento del orden
constitucional en El Salvador y se actué para detener de inmediato el
proceso de autogolpe actualmente en curso».
En
tanto, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, demandó a Bukele
«frenar sus amenazas, propias de una dictadura» y señaló que
«los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país,
pero también para él».
Diversas organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador ,denunció mediante un comunicado que en la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros “hay un vicio intrínseco” que provocaría que dicha plenaria se “contamine de inconstitucionalidad” y que lo que se aprobara en la misma sería declarado “nulo” por el Órgano Judicial, porque no hay circunstancias “excepcionales” que sustenten este proceso.
Por su parte, el titular
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –instancia
creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz- José Apolonio Tobar advirtió
que «pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las que han
ocurrido en Sur América, en donde la conflictividad social ha llegado al exceso
de derrumbar parlamentos cuando éstos no han sido anuentes a las iniciativas de
ley del Ejecutivo”.
Tobar agregó que «es válido que cualquier funcionario de la República convoque al pueblo salvadoreño a una concentración (…) pero la asistencia de todas las personas debe ser voluntaria e informada; por lo tanto, al existir un llamado a empleados públicos para que se presenten a la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa con la advertencia que se ‘pasará lista’ y su asistencia o inasistencia será tomada en cuenta para futuras evaluaciones, constituye una grave violación al derecho humano”.
«Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado inter-órganos (Ejecutivo-Legislativo) y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido», declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce.
A la sesión de este sábado solo llegaron 28 de los 84 diputados de la
Asamblea unicameral y Ponce realizó una nueva convocatoria para el
lunes, en medio de la presión del gobierno.
Oposición denuncia autogolpe
Los líderes de los principales partidos de oposición -la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del izquierdista FMLN- hicieron sendas denuncias a lo que denominaron «acciones dictatoriales” y «autogolpes”.
Diversas organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador ,denunció mediante un comunicado que en la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros “hay un vicio intrínseco” que provocaría que dicha plenaria se “contamine de inconstitucionalidad” y que lo que se aprobara en la misma sería declarado “nulo” por el Órgano Judicial, porque no hay circunstancias “excepcionales” que sustenten este proceso.
Tobar agregó que «es válido que cualquier funcionario de la República convoque al pueblo salvadoreño a una concentración (…) pero la asistencia de todas las personas debe ser voluntaria e informada; por lo tanto, al existir un llamado a empleados públicos para que se presenten a la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa con la advertencia que se ‘pasará lista’ y su asistencia o inasistencia será tomada en cuenta para futuras evaluaciones, constituye una grave violación al derecho humano”.
Asamblea busca superar la crisis
La Asamblea Legislativa de El Salvador fracasó la noche del sábado en su intento de celebrar una reunión extraordinaria para superar la crisis con el Ejecutivo.«Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado inter-órganos (Ejecutivo-Legislativo) y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido», declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce.
Nayib Bukele El presidente de El Salvador irrumpe con militares en el Parlamento y desata una crisis institucional a raíz de un préstamo
Nayib Bukele se presenta en la Asamblea Legislativa arropado por soldados armados ante la negativa de los diputados a aprobar la financiación a su plan de seguridad contra las pandillas. Tras no poder celebrarse la sesión del domingo, apeló a un artículo de la Constitución que llama a la "insurrección" del pueblo. Este lunes también se ha suspendido la nueva sesión.
San Salvador / madrid
10/02/2020 18:54 Actualizado: 10/02/2020 21:49
10/02/2020 18:54 Actualizado: 10/02/2020 21:49
EFE / PÚBLICO
Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
irrumpió este domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los
diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan
de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección
popular.
A primeras horas de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, se desplegó en la sede de la Asamblea Legislativa mientras en la calle miles de personas se congregaron coreando "¡Insurrección, insurrección, insurrección!".
La intención de Bukele es que el Parlamento aprobara un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), que será utilizado para equipar a la Policía y el Ejército
dentro del plan de Bukele para luchar contra la violencia. El nuevo
equipamiento incluye, entre otras cosas, helicópteros y un buque
valorado en 26 millones de dólares. Todo ello supone la tercera fase del
Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado.
El pasado jueves el Consejo de Ministros convocó
para este domingo, 9 de febrero, una sesión extraordinaria de la
Asamblea para dar luz verde al plan del Ejecutivo de Bukele. Una
convocatoria basada en el artículo 167 de la Constitución salvadoreña
que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el
"convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los
intereses de la República lo demanden". Sin embargo, esta disposición
nunca antes había sido invocada.
Pese a las
protestas de los diputados y su anuncio de plante, Bukele dio inicio a
la sesión extraordinaria mandando tomar posiciones, rifle en mano, a
decenas de militares y policías. A la sesión tan solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento, por lo que tuvo que ser suspendida.
Bukele entonces se sentó en el asiento del presidente del Congreso,
Mario Ponce -que no acudió a la convocatoria-, rezó una oración y luego
salió del salón legislativo para dirigirse a los seguidores que le
esperaban en una de las entradas del Parlamento.
"Los diputados hoy han roto el control constitucional
al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un
mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo
Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la
Carta Magna", dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del
Congreso.
El presidente
subrayó que si mañana los diputados, convocados a sesión plenaria, "no
aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y
si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el
artículo 87 de la Constitución".
Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección",
para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión
de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político
establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la
Constitución".
Y este lunes
también se ha suspendido la sesión en la Asamblea, tal y como anunció el
presidente de la Asamblea, Mario Ponce. "Se suspende hasta nuevo aviso
la sesión plenaria extraordinaria que estaba programada para este día",
publicó Ponce en su cuenta de Twitter, a lo que no tardó en reaccionar
Burkele.
Bukele ha usado la red social Twitter para escribir un hilo en el que critica con dureza a los diputados y a la oposición
asegurando que "al final, cuando las aguas se calmen (como todo),
quedará claro quienes estamos luchando por el pueblo y quienes no. Por
el contrario, financian delincuentes, al mismo tiempo que bloquean los
fondos para nuestros policías y nuestros soldados, y para proteger a los
salvadoreños".
Además, ha defendido su actuación de este domingo en la Asamblea considerando que "en el evento de ayer no hubo ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto".
El Gobierno
atribuye al Plan Control Territorial la bajada de los homicidios desde
junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que
fue lanzada dicha iniciativa.
La oposición le acusa de fomentar un golpe de Estado
El secretario
general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), Óscar Ortiz, ha acusado a Bukele de fomentar un golpe de Estado y
señala que esto traería "graves daños colaterales".
"Si tu crees que
la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños
colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado)
largo y amargo para retroceder", dijo Ortiz durante una conferencia de
prensa.
El líder del Congreso sostiene una reunión privada
con los miembros de la Junta Directiva del órgano Legislativo y de la
Comisión Política, según confirmó a Efe un portavoz de comunicaciones de
la Asamblea Legislativa.
EEEUU y la ONU piden diálogo
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, llamó a los órganos Ejecutivo y Legislativo a dialogar para buscar "consensos" y pidió "mantener la calma".
"Desde la firma de
los Acuerdos de Paz hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia
en El Salvador. Hacemos un llamado a todas las partes del Estado y a
todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a
mantener la calma", manifestó el diplomático a través de un mensaje en
su cuenta de Twitter.
Johnson dijo estar "convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo".
Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg,
señaló que "El Salvador ha alcanzado logros importantes y ha ido
profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto
de las diferentes opiniones y el diálogo como forma de llegar a acuerdos
que beneficien a todo el país". "Confiamos en que el espíritu de dialogo prevalezca siempre", agregó.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), también hizo un llamado al diálogo y al "pleno respeto de la
institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho,
incluyendo la independencia de las ramas del poder público".
Amnistía condena el "ostentoso" despliegue militar
Mientras, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, condenó el "ostentoso" despliegue militar
y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto "nos recuerda
las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta
internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país".
"El presidente Nayib Bukele debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz", indicó en un comunicado.
Guevara Rosas
señaló que el Gobierno y la Asamblea Legislativa "deben asegurar que sus
decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales,
sin poner en riesgo la institucionalidad que debe estar al servicio de
los derechos humanos de todas las personas sin distinción". "El pueblo
salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal",
agregó.
La UE pide respeto a las instituciones
La Unión Europea
(UE) ha pedido que se respete la independencia de las instituciones en
El Salvador y llamó a los órganos Ejecutivo y Legislativo a resolver de
"forma satisfactoria y pacífica" la situación generada por la falta de
aprobación de fondos para seguridad.
"Aunque el
problema de la seguridad ciudadana es una prioridad nacional y la Unión
Europea apoya todos los esfuerzos en este sentido, en los últimos días,
la situación política con el enfrentamiento entre las instituciones del
Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación", apuntó la UE.
sábado, 15 de febrero de 2020
El Salvador: Bukele, chivo en cristalería
En México, alguien impertinente, que genera problemas evitables
y crisis innecesarias, es llamado “chivo en cristalería”. Esta es la impresión
que está dejando el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien pareciera
empeñado en despilfarrar el gran capital político con el que ha llegado a la
primera magistratura de su país.
Carlos Figueroa Ibarra
/ Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Puede decirse que el éxito acompañado a Bukele a lo largo de su vida. Se
inició en las actividades empresariales desde la temprana edad de 18 años y su
incursión en la política como publicista
del FMLN pronto devino en candidaturas a puestos de representación popular.
Ganó en 2012 la alcaldía de Nuevo Cuscatlán con 51% de los votos, la de San
Salvador en 2015 con más del 50% y la
Presidencia de la República en 2019 con
53% de los sufragios. Era el candidato natural del FMLN pero las divergencias
con dicho partido comenzaron a surgir y terminaron con su expulsión del mismo.
El FMLN lo ha acusado con justa razón de ser errático en lo ideológico e
impredecible en su conducta.
Bukele ha manifestado
su profunda admiración hacia Andrés Manuel López Obrador. Su lucha contra la
corrupción lo emparenta con el presidente mexicano pero hay otros hechos que
lo distancian. Entre ellos su visión de
lo internacional en lo cual ha manifestado un alineamiento con la política de
Estados Unidos de América. A horas de haber asumido la presidencia de El
Salvador, expulsó a todo el cuerpo diplomático de la Embajada de Venezuela en
tanto que no reconoce a Maduro como Presidente de dicho país sino a Juan
Guaidó. Su visión de la seguridad nacional está alineada con la derecha en
tanto que parece pensar en la mano dura como solución a la violencia
delincuencial. Siendo ésta en El Salvador un verdadero flagelo, sus desplantes
autoritarios para resolver un problema social, sus ocurrencias (decir que va a poner en celdas comunes a
integrantes de maras rivales para que se maten), ha consolidado su popularidad
en buena parte de la ciudadanía salvadoreña.
En estos días Bukele ha entrado en conflicto con
el poder legislativo salvadoreño, al irrumpir en la Asamblea Legislativa
acompañado de un contingente militar y policiaco armado con fusiles de asalto.
Ha invocado el artículo 87 de la Constitución
que confiere al pueblo salvadoreño el derecho a la insurrección para
restablecer el orden constitucional en cuanto a formas de gobierno o evitar
graves violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos. La causa
de todo este alboroto es que el poder legislativo no quiere aprobar un préstamo por 109 millones de dólares que
Bukele necesitaría para modernizar el
equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas para
que estén mejor preparadas para combatir a las bandas criminales.
Resulta improcedente la
invocación del referido artículo constitucional por diferir de la Asamblea en
cuanto a un préstamo. Y empieza a
generar imagen autoritaria, un presidente que amenaza con el uso de la fuerza
al poder legislativo y que camina hacia disolverlo. Mal camino el de Nayib
Bukele.
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Con Nuestra América
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