Juicios a la vista: recrudecen las contradicciones de la narcodictadura
febrero 13, 2020
Redacción
Por: Tomas Andino Mencía
Tremenda sacudida en el país en la última semana, especialmente en las últimas 48 horas.
Repasemos los hechos:
El antecedente más inmediato fue la solicitud de extradición para el policía primo de JOH, Mauricio Hernández Pineda, el 5 de febrero, capturado ayer 12 de febrero en USA, lo cual es apenas el inicio de las solicitudes para otros oficiales de policía, pero también de políticos, según versión noticiosa de “El Perro Amarillo” (este último acosado y amenazado por agentes secretos en los últimos días).
El anuncio de parte de Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que se nombrara a un juez natural para que este decida si acepta o no las solicitudes de extradición, filtro que se coloca por primera vez en el órgano judicial. Al mismo tiempo se desestima la discusión de una Ley de Extradiciones para que estas continúen regidas por un Auto Acordado de la CSJ, que le permite a esta tener control de estas.
El anuncio de la asignación de L. 100 millones adicionales para el reforzamiento de la UFERCO por presiones de la Embajada USA para proseguir las mismas investigaciones que estaba haciendo la UFECIC, entre las que incluyen las redes de diputados corruptos, incluido Mauricio Oliva, en su mayoría líderes del Partido Nacional.
El retorno de Yani y Yankel Rosenthal, después de salir libre de los juicios en Estados Unidos, y quienes son virtuales enemigos de JOH porque este confiscó todas sus propiedades ilegalmente.
El llamado a declaración de varios periodistas al Ministerio Público para una causa “en secretividad”.
La iniciativa abierta de un sector del «cachurequismo» para postular a JOH a una reelección, en contra de la línea de la Embajada gringa.
EL asesinato de varios dirigentes cachurecos afines a Ricardo Álvarez, adversario de JOH (hoy hubo otro asesinado).
Luego la captura del Comisionado General Leonel Sauceda, hombre de confianza de JOH, mencionado en los juicios de New York y por tanto con posibilidades de ser extraditado o llamado a testificar.
Declaraciones explosivas de oficiales de policía depurados incriminando a JOH en el crimen organizado.
Y hoy 13 de febrero varios enfrentamientos armados con supuestos «mareros» (pero con equipo e indumentaria completa de la ATIC) en el marco del rescate del líder de la MS-13, alias «El Porky», en la ciudad de El Progreso, y se rumora que en otras partes también (Zambrano).
SE RECRUDECE LA PUGNA AL INTERIOR DEL BLOQUE DE PODER
En el contexto actual estos movimientos parecen fortalecer el atrincheramiento y acelerar la confrontación entre distintos sectores de interés dentro del bloque de poder en un momento crucial para el futuro de JOH. Esta pugna es entre quienes adversan a JOH a muerte, dentro y fuera del Partido Nacional, muchos de ellos miembros de los cárteles sacrificados o por sacrificar en el asunto de las extradiciones, en contra quienes son peones suyos y quieren su continuismo, está desintegrando el bloque de poder de la narco dictadura, todo en el marco de la proximidad de las audiencias en New York y La Florida (donde comparecerá el primo de JOH; Mauricio Hernández) y de la sentencia contra Tony Hernández.
El desencadenante de este recrudecimiento en la pugna entre carteles son dos hechos: que el proceso judicial norteamericano ha puesto sus ojos en la institución policial, donde se ha anidado el grupo de sicarios al servicio de los narco-cárteles y, por otro lado, la continuación de los mismos juicios que fueron abiertos por la UFECIC pero ahora bajo la UFERCO (la permanencia de Luis Javier Santos es sintomática), que compensa la salida de la MACCIH con una mayor y estricta vigilancia y financiamiento de los norteamericanos. Sintiéndose amenazado, JOH y el grupo que le rodea ha decidido mover piezas en la institución policial para blindarse y limpiar terreno, dentro y fuera del Partido Nacional, incluido tomar medidas precautorias para debilitar los testigos que podrían perjudicarlo en los juicios del exterior, como parte de su estrategia para permanecer en el poder, única forma de salvar su pellejo.
A juzgar por lo que estamos viendo, el momento de confrontaciones al interior de la narcodictadura, entre quienes otrora fueran aliados, están pasando del ámbito de las pugnas políticas a lo armado, por lo que cabría esperar en las próximas semanas hechos de mayor violencia en esta pugna de poderes que promete ser cruda.
Tremenda sacudida en el país en la última semana, especialmente en las últimas 48 horas.
Repasemos los hechos:
El antecedente más inmediato fue la solicitud de extradición para el policía primo de JOH, Mauricio Hernández Pineda, el 5 de febrero, capturado ayer 12 de febrero en USA, lo cual es apenas el inicio de las solicitudes para otros oficiales de policía, pero también de políticos, según versión noticiosa de “El Perro Amarillo” (este último acosado y amenazado por agentes secretos en los últimos días).
El anuncio de parte de Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que se nombrara a un juez natural para que este decida si acepta o no las solicitudes de extradición, filtro que se coloca por primera vez en el órgano judicial. Al mismo tiempo se desestima la discusión de una Ley de Extradiciones para que estas continúen regidas por un Auto Acordado de la CSJ, que le permite a esta tener control de estas.
El anuncio de la asignación de L. 100 millones adicionales para el reforzamiento de la UFERCO por presiones de la Embajada USA para proseguir las mismas investigaciones que estaba haciendo la UFECIC, entre las que incluyen las redes de diputados corruptos, incluido Mauricio Oliva, en su mayoría líderes del Partido Nacional.
El retorno de Yani y Yankel Rosenthal, después de salir libre de los juicios en Estados Unidos, y quienes son virtuales enemigos de JOH porque este confiscó todas sus propiedades ilegalmente.
El llamado a declaración de varios periodistas al Ministerio Público para una causa “en secretividad”.
La iniciativa abierta de un sector del «cachurequismo» para postular a JOH a una reelección, en contra de la línea de la Embajada gringa.
EL asesinato de varios dirigentes cachurecos afines a Ricardo Álvarez, adversario de JOH (hoy hubo otro asesinado).
Luego la captura del Comisionado General Leonel Sauceda, hombre de confianza de JOH, mencionado en los juicios de New York y por tanto con posibilidades de ser extraditado o llamado a testificar.
Declaraciones explosivas de oficiales de policía depurados incriminando a JOH en el crimen organizado.
Y hoy 13 de febrero varios enfrentamientos armados con supuestos «mareros» (pero con equipo e indumentaria completa de la ATIC) en el marco del rescate del líder de la MS-13, alias «El Porky», en la ciudad de El Progreso, y se rumora que en otras partes también (Zambrano).
SE RECRUDECE LA PUGNA AL INTERIOR DEL BLOQUE DE PODER
En el contexto actual estos movimientos parecen fortalecer el atrincheramiento y acelerar la confrontación entre distintos sectores de interés dentro del bloque de poder en un momento crucial para el futuro de JOH. Esta pugna es entre quienes adversan a JOH a muerte, dentro y fuera del Partido Nacional, muchos de ellos miembros de los cárteles sacrificados o por sacrificar en el asunto de las extradiciones, en contra quienes son peones suyos y quieren su continuismo, está desintegrando el bloque de poder de la narco dictadura, todo en el marco de la proximidad de las audiencias en New York y La Florida (donde comparecerá el primo de JOH; Mauricio Hernández) y de la sentencia contra Tony Hernández.
El desencadenante de este recrudecimiento en la pugna entre carteles son dos hechos: que el proceso judicial norteamericano ha puesto sus ojos en la institución policial, donde se ha anidado el grupo de sicarios al servicio de los narco-cárteles y, por otro lado, la continuación de los mismos juicios que fueron abiertos por la UFECIC pero ahora bajo la UFERCO (la permanencia de Luis Javier Santos es sintomática), que compensa la salida de la MACCIH con una mayor y estricta vigilancia y financiamiento de los norteamericanos. Sintiéndose amenazado, JOH y el grupo que le rodea ha decidido mover piezas en la institución policial para blindarse y limpiar terreno, dentro y fuera del Partido Nacional, incluido tomar medidas precautorias para debilitar los testigos que podrían perjudicarlo en los juicios del exterior, como parte de su estrategia para permanecer en el poder, única forma de salvar su pellejo.
A juzgar por lo que estamos viendo, el momento de confrontaciones al interior de la narcodictadura, entre quienes otrora fueran aliados, están pasando del ámbito de las pugnas políticas a lo armado, por lo que cabría esperar en las próximas semanas hechos de mayor violencia en esta pugna de poderes que promete ser cruda.
La justicia hondureña en deuda: Organizaciones presentan hallazgos sobre acceso a justicia en caso Berta Cáceres
11/02/2020
COPINH
COMUNICADO de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres:
Europa/Las Américas, 11 de febrero de 2020.- A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hacen público el informe “Una deuda histórica de la justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca,” comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.”
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.”
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
Mil organizaciones exigen enjuiciamiento de los Atala por asesinato de Berta Cácares
- Gissel Grandez
- Pueblos Indígenas
- 03 Febrero 2020
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Más de mil firmas contiene una petición que exige el enjuiciamiento de
los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, firmada por
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y
personas jurídicas que demandan poner fin a esta emblemática causa.
Frente
al Ministerio Publico (MP) este día, presentaron las firmas exigiendo
que los señores Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y
Jacobo Atala, paguen por “haber motorizado y decidido la ejecución del
crimen que intentaba frenar la lucha de Berta Cáceres y el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)”,
señaló el comunicado de prensa.
Además,
lamentaron, “estando cerca de cumplir cuatro años del vil crimen contra
nuestra hermana Berta Cáceres, venimos al MP a exigir respuestas sobre
la autoría intelectual del asesinato. Tiempo prudente y suficiente para
que el Estado de Honduras, a través del MP, tuviese deducidas las
responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta
estructura criminal”.
“El
MP tiene que darse cuenta que los ojos del mundo está puesto en este
caso, ni la familia de Berta Cáceres, ni el Copinh se quedará de brazos
cruzados ante la inacción y la deuda de justicia que tiene el MP con
esta gran causa”, sostuvo la ambientalista Berta Zúniga Cáceres,
coordinadora del Copinh.}
“Han
creído que la impunidad es eterna, se equivocan ¡los pueblos sabemos
hacer justicia!”, Berta Cáceres, demanda el comunicado.
“En
la petición se evidencia el respaldo de numerosas e importantes
organizaciones de derechos humanos, sociedad civil y partidos políticos
que respaldan la acción del Copinh en exigir juicio y castigos por los
autores intelectuales”, anunció la defensora de derechos humanos,
Angélica Alvares de Protección Internacional.
Antecedentes
La
defensora del medio ambiente Berta Cáceres fue asesinada el dos de
marzo de 2016, en su casa de habitación por ex militares que le
brindaban las medidas de protección.
El
fallo de los Juzgados de Jurisdicción Nacional otorga 30 años de
reclusión para el mayor del ejército Mariano Díaz, el gerente ambiental
de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y
el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo y Hernández,
Elvin Rápalo.
Los
cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de
asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a
Cáceres en la casa y al que dejaron baleado creyendo que había muerto.
Por
su parte, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a
34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Berta
Cáceres, coordinadora y fundadora del Copinh.
.Fraude sobre el Gualcarque
“Fraude
sobre el Gualcarque” es una línea de investigación que reveló la recién
extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), que denuncia a funcionarios y exfuncionarios del Estado por
otorgar ilegalmente licencias ambientales y permisos de generación de
energía en el río ancestral de las y los lencas en Intibucá.
La
defensora de los recursos naturales, Berta Zuniga Cáceres, manifestó su
preocupación de que el convenio de la MACCIH no fue renovado ya que la
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de
la MACCIH que llevaba el caso de Fraude sobre el Gualcarque.
“Cómo
quedará este caso que es uno de los que contempla la causa Berta
Caceres, han anunciado el cierre de Ufecic y la creación de la Uferco y
no sabemos cuál es el rumbo que tomara por la búsqueda de Justicia para
la compañera, este caso procesa a 10 funcionarios y ex funcionarios de
Estado de la generación de energía y del otorgamiento de licencias
ambientales que violentaron de alguna manera los proceso de
otorgamientos” concluyó la líder indígena lenca.
Foro público “Consulta Previa y el Crimen de Berta Cáceres”
En el marco de la publicación del informe sobre el juicio en 2018 por
el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra
Gustavo Castro, miembros de la Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres participaron junto a autoridades indígenas lenca, tolupanes y garífunas.
“El proyecto de ley no ha sido socializado con los legítimos tomadores de decisión de los territorios, sino discutido con los nuevos colonizadores; la banca internacionales, y organizaciones indígenas cómplices de la violencia el empobrecimiento y despojo”
“Es doloroso y duro sufrir esa problemática en nuestros territorios donde no nos consultan, destruyen donde cultivamos, el maíz, los frijoles y hasta asesinan a nuestros compañeros y compañeras” Dunia Sánchez, COPINH
“¿Qué es la consulta? La consulta es un proceso, debe ser libre, informada y previa; los pueblos indígenas deberían estar desde el inicio del proceso (…) Tenemos derecho a ser consultados pero ese no es el espíritu de esta ley” @ofraneh
“El proyecto de ley no ha sido socializado con los legítimos tomadores de decisión de los territorios, sino discutido con los nuevos colonizadores; la banca internacionales, y organizaciones indígenas cómplices de la violencia el empobrecimiento y despojo”
“Es doloroso y duro sufrir esa problemática en nuestros territorios donde no nos consultan, destruyen donde cultivamos, el maíz, los frijoles y hasta asesinan a nuestros compañeros y compañeras” Dunia Sánchez, COPINH
“¿Qué es la consulta? La consulta es un proceso, debe ser libre, informada y previa; los pueblos indígenas deberían estar desde el inicio del proceso (…) Tenemos derecho a ser consultados pero ese no es el espíritu de esta ley” @ofraneh
Organizaciones presentan informe sobre el acceso a la justicia en caso de Berta Cáceres
febrero 11, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Misión de Observación Calificada presentó hoy en conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el informe «Una deuda histórica de la justicia».
A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hicieron público el informe que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
«El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca,» comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. «Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.»
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado, el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
«Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,» afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. «Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.»
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
«La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,» explica Villalba. «Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que, al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.»
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, corno adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencia) para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
«Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afrodescendientes han sido asesinadas en Honduras,» agrega Berra. «Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.»
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
Tegucigalpa.- La Misión de Observación Calificada presentó hoy en conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el informe «Una deuda histórica de la justicia».
A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hicieron público el informe que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
«El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca,» comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. «Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.»
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado, el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
«Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,» afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. «Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.»
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
«La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,» explica Villalba. «Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que, al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.»
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, corno adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencia) para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
«Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afrodescendientes han sido asesinadas en Honduras,» agrega Berra. «Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.»
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
Ricardo Álvarez dice que asesinatos de sus activistas responde a un plan orquestado
febrero 4, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El designado presidencial catalogó el asesinato de tres de sus líderes de base de la capital como un plan orquestado y se quejó de la ineficacia de la investigación policial.
A las7:00 de la mañana de hoy fue ejecutado en la colonia La Obrera de Comayagüela, Dagoberto Villalta y a la 1:00 de la tarde, Marcial Martínez, quienes se sumaron a la también muerte violenta de Obdulio Licona, hecho ocurrido en la colonia Villa Unión, también de Comayagüela. Las tres víctimas son integrantes del movimiento interno del Partido Nacional “Salvemos Honduras”, que lidera el designado presidencial, Ricardo Álvarez.
De esta manera reaccionó Ricardo Álvarez en su cuenta de Twitter:
En los últimos meses Álvarez denunció que había sido marginado en su función de designado presidencial. Sin embargo, por ser un cargo de elección popular al que no puede renunciar porque de lo contrario sería inhabilitado políticamente, nominalmente sigue en funciones e incluso su salario sigue corriendo.
Álvarez se dedica desde hace varios meses a ejercer actividades proselitistas en días y horarios hábiles.
Las reacciones en las redes sociales por parte de los funcionarios del Partido Nacional han sido diferentes, siendo una de ellas la del diputado nacionalista, David Chávez, quien exigió trabajo y resultados a los entes de seguridad.
Chávez es presidente de la bancada del Partido Nacional.
Tegucigalpa. –El designado presidencial catalogó el asesinato de tres de sus líderes de base de la capital como un plan orquestado y se quejó de la ineficacia de la investigación policial.
A las7:00 de la mañana de hoy fue ejecutado en la colonia La Obrera de Comayagüela, Dagoberto Villalta y a la 1:00 de la tarde, Marcial Martínez, quienes se sumaron a la también muerte violenta de Obdulio Licona, hecho ocurrido en la colonia Villa Unión, también de Comayagüela. Las tres víctimas son integrantes del movimiento interno del Partido Nacional “Salvemos Honduras”, que lidera el designado presidencial, Ricardo Álvarez.
De esta manera reaccionó Ricardo Álvarez en su cuenta de Twitter:
Noticia Relacionada: En alusión a Ricardo Álvarez, Hernández amenaza con correr de su gobierno al que siembre división en el Partido Nacional
La reacción de Hernández pone en evidencia las fricciones que existen con el gobernante hondureño, Juan Hernández, pues sitúa su inconformidad sobre el manejo de las políticas de seguridad ciudadana y también deja entrever que los crímenes contra sus activistas fueron planificados.En los últimos meses Álvarez denunció que había sido marginado en su función de designado presidencial. Sin embargo, por ser un cargo de elección popular al que no puede renunciar porque de lo contrario sería inhabilitado políticamente, nominalmente sigue en funciones e incluso su salario sigue corriendo.
Álvarez se dedica desde hace varios meses a ejercer actividades proselitistas en días y horarios hábiles.
Las reacciones en las redes sociales por parte de los funcionarios del Partido Nacional han sido diferentes, siendo una de ellas la del diputado nacionalista, David Chávez, quien exigió trabajo y resultados a los entes de seguridad.
Totalmente consternado por el asesinato de mi amigo Dagoberto Villalta, hoy exijo el esclarecimiento de este crimen, ¡A LOS ENTES DE SEGURIDAD; ¡TRABAJEN Y MUESTREN RESULTADOS!Hoy el nacionalismo llora tu partida Dago. pic.twitter.com/BUkQlSlFAd
— David Chávez Madison (@David_Chavez) February 4, 2020
Desalojan a campesinos de tierras en Guaimaca
febrero 6, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@riterio.hn
Tegucigalpa. –Al menos 50 familias campesinas fueron desalojadas de un predio de 800 manzanas de tierra, ubicadas en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.
El desalojo se produjo el pasado martes en el kilómetro 95 de la carretera que conduce al departamento de Olancho contra la Empresa Asociativa Campesina Hombres y Mujeres de Fe, que tomó posesión de las tierras hace más de 15 años y que en la actualidad las tiene cultivadas con plátano, caña de azúcar, árboles frutales y frijoles.
El campesino apuntó que ahora las tierras son disputadas por el señor Maximiliano Rivera, quien alega ser el propietario y como respaldo cuenta con una escritura, cuyo origen es dudoso para los campesinos porque la alcaldía no ha respaldado su procedencia e incluso mantiene en reserva la documentación, sin hacer constar quién es el dueño.
Añadió que antes de tomar posesión, el grupo campesino indagó en el Registro Catastral de la Alcaldía Municipal de Guaimaca y encontró que las tierras estaban en abandono. Sin embargo, dichos documentos ya no existen en la municipalidad, señaló el líder comunitario.
Ante la falta de información y dudas sobre la pertenencia de las tierras, los campesinos han solicitado una reunión de cabildo abierto a la alcaldía, pero hasta el momento no se les ha dado respuesta.
EL DESALOJO
García narró que el desalojo se produjo el martes de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y que fue realizado por un juez ejecutor de Talanga, Francisco Morazán y un fiscal de la zona, sin previo aviso y sin mostrar la respectiva orden.
En virtud de la premura tampoco hubo participación de organizaciones de derechos humanos. “Tuvieron que habernos mandado una orden con antelación para nosotros hacernos presentes con nuestros abogados para ver si podíamos apelar”, dijo García.
El campesino contó que los policías les destruyeron las casas, construidas, en su mayoría, de nailon (material sintético) madera y láminas de zinc.
Los campesinos, que han sido acusado ante los tribunales de justicia por los supuestos delitos de usurpación de tierras y tala de bosque, se mantienen en los predios esperando la resolución del juzgado.
Nelson García alegó que los campesinos no han talado el bosque, e incluso, aseveró que han reforestado la zona donde existe una fuente de agua. Asimismo, que el señor Maximiliano García ha mandado a talar los árboles, por lo que en el año 2018 lo denunciaron ante las autoridades de medio ambiente.
García apuntó que el conflicto está generando problemas de migración y especialmente de desplazamiento, pues los campesinos están huyendo porque temen ser asesinados.
Tegucigalpa. –Al menos 50 familias campesinas fueron desalojadas de un predio de 800 manzanas de tierra, ubicadas en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.
El desalojo se produjo el pasado martes en el kilómetro 95 de la carretera que conduce al departamento de Olancho contra la Empresa Asociativa Campesina Hombres y Mujeres de Fe, que tomó posesión de las tierras hace más de 15 años y que en la actualidad las tiene cultivadas con plátano, caña de azúcar, árboles frutales y frijoles.
Noticia Relacionada: Presentan propuesta para superar la crisis agraria, alimentaria y ambiental en Honduras
Nelson Leonel García, uno de los afectados denunció que el grupo campesino tomó posesión de las tierras al ver que las mismas habían sido dejadas en abandono por parte de Ramón Witt, un ciudadano o de origen salvadoreño que regresó a su país en 1969 durante la guerra entre Honduras y El Salvador.El campesino apuntó que ahora las tierras son disputadas por el señor Maximiliano Rivera, quien alega ser el propietario y como respaldo cuenta con una escritura, cuyo origen es dudoso para los campesinos porque la alcaldía no ha respaldado su procedencia e incluso mantiene en reserva la documentación, sin hacer constar quién es el dueño.
Añadió que antes de tomar posesión, el grupo campesino indagó en el Registro Catastral de la Alcaldía Municipal de Guaimaca y encontró que las tierras estaban en abandono. Sin embargo, dichos documentos ya no existen en la municipalidad, señaló el líder comunitario.
Ante la falta de información y dudas sobre la pertenencia de las tierras, los campesinos han solicitado una reunión de cabildo abierto a la alcaldía, pero hasta el momento no se les ha dado respuesta.
EL DESALOJO
García narró que el desalojo se produjo el martes de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y que fue realizado por un juez ejecutor de Talanga, Francisco Morazán y un fiscal de la zona, sin previo aviso y sin mostrar la respectiva orden.
En virtud de la premura tampoco hubo participación de organizaciones de derechos humanos. “Tuvieron que habernos mandado una orden con antelación para nosotros hacernos presentes con nuestros abogados para ver si podíamos apelar”, dijo García.
El campesino contó que los policías les destruyeron las casas, construidas, en su mayoría, de nailon (material sintético) madera y láminas de zinc.
Los campesinos, que han sido acusado ante los tribunales de justicia por los supuestos delitos de usurpación de tierras y tala de bosque, se mantienen en los predios esperando la resolución del juzgado.
Nelson García alegó que los campesinos no han talado el bosque, e incluso, aseveró que han reforestado la zona donde existe una fuente de agua. Asimismo, que el señor Maximiliano García ha mandado a talar los árboles, por lo que en el año 2018 lo denunciaron ante las autoridades de medio ambiente.
García apuntó que el conflicto está generando problemas de migración y especialmente de desplazamiento, pues los campesinos están huyendo porque temen ser asesinados.
En mayo inicia juicio oral público contra presos políticos
- 10/02/2020
En mayo inicia primer juicio oral y público contra dos de los 14 presos políticos en Honduras.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos informa que en el
mes de mayo va a comenzar el primer juicio oral y público contra dos de
los 14 presos políticos de la crisis post electoral del año 2017.
“En el mes de mayo comienza el primer Juicio oral y público contra dos presos políticos que luchaban por una elección transparente y por una democracia para que su voto fuera respetado”, dijo en Radio Progreso Mery Agurcia del Comité por la Liberación de los Presos Políticos.
Hasta la fecha, según registros de las organizaciones pro Derecho Humanos, más de 174 personas fueron criminalizadas en las protestas post electorales que se registraron en Honduras en 2017. De ese total, 14 personas se enfrentarán un juicio oral y público.
Según Agurcia, esta situación es preocupante debido a que estas personas no han cometido delitos graves y aseguró que será la primera vez que en Honduras se realice un juicio a los preso políticos ya que desde hace más de 38 años no se daban estos casos.
Según Agurcia, los fiscales del Ministerio Público no han sido objetivos porque no investigan ya que las personas no fueron capturadas infraganti, además considera que han creado pruebas en contras de los acusados.
“Nos preocupa que el gobierno utilice estos casos para meter terror en la población para que no levante su voz y proteste. Los presos políticos no son delincuentes tal como lo dice el gobierno”, finalizó Mery Agurcia en una entrevista con Radio Progreso.
“En el mes de mayo comienza el primer Juicio oral y público contra dos presos políticos que luchaban por una elección transparente y por una democracia para que su voto fuera respetado”, dijo en Radio Progreso Mery Agurcia del Comité por la Liberación de los Presos Políticos.
Hasta la fecha, según registros de las organizaciones pro Derecho Humanos, más de 174 personas fueron criminalizadas en las protestas post electorales que se registraron en Honduras en 2017. De ese total, 14 personas se enfrentarán un juicio oral y público.
Según Agurcia, esta situación es preocupante debido a que estas personas no han cometido delitos graves y aseguró que será la primera vez que en Honduras se realice un juicio a los preso políticos ya que desde hace más de 38 años no se daban estos casos.
Según Agurcia, los fiscales del Ministerio Público no han sido objetivos porque no investigan ya que las personas no fueron capturadas infraganti, además considera que han creado pruebas en contras de los acusados.
“Nos preocupa que el gobierno utilice estos casos para meter terror en la población para que no levante su voz y proteste. Los presos políticos no son delincuentes tal como lo dice el gobierno”, finalizó Mery Agurcia en una entrevista con Radio Progreso.
Impunidad rodea asesinato de mujeres en Honduras
- 11/02/2020
Ilustración del Centro de Derechos de Mujeres Honduras, CDM.
De acuerdo a las cifras del Movimiento de Mujeres por la Paz
Visitación Padilla, hasta los primeros días de febrero de 2020, se han
registrado 40 femicidios. Un 96% de crímenes están en impunidad.
Cristina Alvarado del Movimiento Visitación Padilla, manifiesta que la situación es crítica debido poco interés del Estado por investigar los asesinatos, por castigar a los responsables de los crímenes y enviar un mensaje de no repetición hecho.
Alvarado afirma que, las cifras son alarmantes y a estas se le suman los altos niveles de impunidad, lo cual demuestra la debilidad institucional para crear políticas de reducción de crímenes.
Por lo tanto, como Movimiento de mujeres, hacen un llamado a las autoridades para que “pongan ojo al asunto y de inmediato fortalezcan las investigaciones de los 40 crímenes registrados en los dos primeros meses de 2020”.
Según Cristina Alvarado, pareciera que al gobierno no le interesa la grave problemática que están enfrentado las mujeres en el país, sobre todo la vinculada la violencia.
“A pesar de las demandas que hemos planteado como Movimiento Visitación Padilla, para la disminución de los homicidios de mujeres no hay interés por parte de las autoridades.
Hay una institucionalidad frágil que le apunta a tratar la delincuencia, el crimen organizado, pero, que no tiene una estrategia para implementar en el abordaje a la violencia contra las mujeres.
Estadísticas evidencia que el 96% por ciento de los crímenes contra las mujeres están en total impunidad
En Honduras, cada 18 horas una mujer es asesinada, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Para las organizaciones de derechos humanos y feministas, entre las principales causas de los feminicidios en Honduras están, la militarización, inseguridad, narcotráfico y la violencia doméstica.
Cristina Alvarado del Movimiento Visitación Padilla, manifiesta que la situación es crítica debido poco interés del Estado por investigar los asesinatos, por castigar a los responsables de los crímenes y enviar un mensaje de no repetición hecho.
Alvarado afirma que, las cifras son alarmantes y a estas se le suman los altos niveles de impunidad, lo cual demuestra la debilidad institucional para crear políticas de reducción de crímenes.
Por lo tanto, como Movimiento de mujeres, hacen un llamado a las autoridades para que “pongan ojo al asunto y de inmediato fortalezcan las investigaciones de los 40 crímenes registrados en los dos primeros meses de 2020”.
Según Cristina Alvarado, pareciera que al gobierno no le interesa la grave problemática que están enfrentado las mujeres en el país, sobre todo la vinculada la violencia.
“A pesar de las demandas que hemos planteado como Movimiento Visitación Padilla, para la disminución de los homicidios de mujeres no hay interés por parte de las autoridades.
Hay una institucionalidad frágil que le apunta a tratar la delincuencia, el crimen organizado, pero, que no tiene una estrategia para implementar en el abordaje a la violencia contra las mujeres.
Estadísticas evidencia que el 96% por ciento de los crímenes contra las mujeres están en total impunidad
En Honduras, cada 18 horas una mujer es asesinada, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Para las organizaciones de derechos humanos y feministas, entre las principales causas de los feminicidios en Honduras están, la militarización, inseguridad, narcotráfico y la violencia doméstica.
Comayagua dice no a la explotación de sus ríos
febrero 7, 2020
Redacción
Por: Luis Almendares
Tegucigalpa.- Este día en la comunidad del Motatal se ha tomado una decisión histórica para el municipio de Comayagua, la prohibición de manera indefinida de la explotación con volquetas y maquinaria pesada de los ríos Humuya, Selguapa y Chiquito en su recorrido por ese municipio.
Esta importante decisión se tomó en un cabildo abierto donde participó la corporación municipal, encabezada por el alcalde Carlos Miranda y representantes de todas las comunidades que, de manera unánime votaron para proteger los acuíferos que son fuente de agua para sus hogares.
En Comayagua existen varias empresas que han estado explotando los ríos Humuya y Selguapa en su recorrido por ese municipio.
Entre las empresas explotadoras figuran la de un vecino de nombre José Moncada que estaba explotando el río Selguapa, Contico Construcciones, Hidalgo Hidalgo y Marte construcciones entre otras.
Los pobladores han advertido que si ven una máquina explotando el río, le prenderán fuego ya que ellos son los responsables de cuidar esta importante fuente de vida para sus comunidades.
Tegucigalpa.- Este día en la comunidad del Motatal se ha tomado una decisión histórica para el municipio de Comayagua, la prohibición de manera indefinida de la explotación con volquetas y maquinaria pesada de los ríos Humuya, Selguapa y Chiquito en su recorrido por ese municipio.
Esta importante decisión se tomó en un cabildo abierto donde participó la corporación municipal, encabezada por el alcalde Carlos Miranda y representantes de todas las comunidades que, de manera unánime votaron para proteger los acuíferos que son fuente de agua para sus hogares.
En Comayagua existen varias empresas que han estado explotando los ríos Humuya y Selguapa en su recorrido por ese municipio.
Entre las empresas explotadoras figuran la de un vecino de nombre José Moncada que estaba explotando el río Selguapa, Contico Construcciones, Hidalgo Hidalgo y Marte construcciones entre otras.
Los pobladores han advertido que si ven una máquina explotando el río, le prenderán fuego ya que ellos son los responsables de cuidar esta importante fuente de vida para sus comunidades.
Según CPTRT: Congreso Nacional estaría cometiendo una nefasta decisión al nombrar militares en el CONAPREV
Sunday, 09 February 2020 21:55 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Un nuevo zarpazo contra la poca institucionalidad, estaría
concretando el Congreso Nacional al aprobar en el tercer debate la
reforma a la Ley del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, según lo denunció el 05 de
febrero de 2020, el CPTRT, en un comunicado público denominado “No los
perdones señor, porque sí saben lo que hacen”, donde alertó a la
ciudadanía que la militarización a este ente tan importante es otra
acción de los diputados del Partido Nacional que demuestra servilismo al
poder militar en el país.
Desde el golpe de Estado de 2009 el país ha sufrido un creciente
proceso de militarización y con la llegada del presidente Juan Orlando
Hernández se ha hecho más descarado, al extremo de colocar en el
Hospital Escuela Universitario a un oficial de la Fuerzas Armadas que se
mantiene con bajo perfil, para que dirija esta institución.
En otros entres estatales también se mantiene alta oficialidad militar, completando de esta forma una línea constante, así lo demuestran las acciones coordinadas entre el Ejecuivo y el Poder Legislativo con el alto presupuesto a este ente militar en detrimento de rubros sociales como es la salud y la educación.
Por qué surge el CONAPREV
El MNP-CONAPREV es un instrumento internacional creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, fecha que posteriormente fue declarada como “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura”.
El 05 de diciembre del año 2008 con un retraso de más de dos años, Honduras crea la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP), y el Comité Nacional del mismo nombre (CONAPREV), mediante Decreto Legislativo No. 136-2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 31,779”, señala un informe del CONAPREV emitido el 12 de diciembre de 2011.
El CONAPREV de acuerdo a la Ley está integrado por tres expertos, uno nombrado por el Ejecutivo, otro por el Congreso Nacional y un tercero por organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de prevención contra la tortura, rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad.
Denuncia del CPTRT
El Centro de Prevención Rehahilitación y Tratamiento de la Tortura, CPTRT, señaló que “al ser aprobado en un tercer debate el dictamen No.31 que dice: reformar el Art.12 numeral 5 de la Ley de Mecanismos de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, contenida en el Decreto NO.136-2008 de fecha 01 de octubre, el Congreso Nacional tomará una decisión nefasta para la vida de CONAPREV, importante Organización Gubernamental de Derechos Humanos creada por el necesario e importante propósito de prevenir la tortura en nuestro país”.
A la vez la organización sostiene que se nombrará personal militar en otras plazas para completar la militarización completa del sistema penitenciario.
Asimismo denunció que la representante de la sociedad civil en el CONAPREV estaría en peligro constante pues sería la única en hacerle contrapeso al poderío militar.
El CPTRT advirtió que si se aprueba esta reforma las organizaciones de derechos humanos se abstendrían de mantener la línea de cooperación con el CONAPREV y pasarían a la denuncia permanente.
Dicha organización se opone al nombramiento de militares en el CONAPREV por las siguiente razones:
1- Introducir militares en el Mecanismo Nacional de Prevención es una aberración suprema, pues no se les puede confiar a estas fuerzas la misión de proteger la integridad de detenidos (acción vertebral del CONAPREV), pues son ellos mismos quienes la violentan cuando capturan, trasladan, interrogan y vigilan en las prisiones a los mismos. No deberían ser juez y parte.
2.-Al dudar y con razón justificada de la independencia de estos funcionarios (de ser instalados en el CONAPREV) los familiares se abstendrían de denunciar casos de tortura teniendo como consecuencia el fortalecimiento de la impunidad de este delito lo mismo que el hostigamiento, persecución y probables daños letales a los parientes.
3.-Las organizaciones de derechos humanos con toda seguridad se abstendrían de continuar la política de cooperación observada hasta ahora hacia CONAPREV para adoptar una línea de denuncia permanente de los desafueros que se promuevan y cometan a través de las actuaciones del funcionario militar nombrado.
4.-Constituirá una preocupación constante la seguridad de la representante de la Sociedad Civil en el mecanismo Abog. Glenda Ayala, pues es seguro que sería el único contrapeso al poder militar.
5.- No será extraño que la militarización de CONAPREV se complete con el nombramiento de otro personal militar en plazas que no podrán desempeñar con ética por su identificación militarista. Invitamos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos a condenar esta deplorable acción.
Vea comunicado completo del CPTRT aquí en este link
Lea el Decreto que crea el CONAPREV Aquí
En otros entres estatales también se mantiene alta oficialidad militar, completando de esta forma una línea constante, así lo demuestran las acciones coordinadas entre el Ejecuivo y el Poder Legislativo con el alto presupuesto a este ente militar en detrimento de rubros sociales como es la salud y la educación.
Por qué surge el CONAPREV
El MNP-CONAPREV es un instrumento internacional creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, fecha que posteriormente fue declarada como “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura”.
El 05 de diciembre del año 2008 con un retraso de más de dos años, Honduras crea la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP), y el Comité Nacional del mismo nombre (CONAPREV), mediante Decreto Legislativo No. 136-2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 31,779”, señala un informe del CONAPREV emitido el 12 de diciembre de 2011.
El CONAPREV de acuerdo a la Ley está integrado por tres expertos, uno nombrado por el Ejecutivo, otro por el Congreso Nacional y un tercero por organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de prevención contra la tortura, rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad.
Denuncia del CPTRT
El Centro de Prevención Rehahilitación y Tratamiento de la Tortura, CPTRT, señaló que “al ser aprobado en un tercer debate el dictamen No.31 que dice: reformar el Art.12 numeral 5 de la Ley de Mecanismos de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, contenida en el Decreto NO.136-2008 de fecha 01 de octubre, el Congreso Nacional tomará una decisión nefasta para la vida de CONAPREV, importante Organización Gubernamental de Derechos Humanos creada por el necesario e importante propósito de prevenir la tortura en nuestro país”.
A la vez la organización sostiene que se nombrará personal militar en otras plazas para completar la militarización completa del sistema penitenciario.
Asimismo denunció que la representante de la sociedad civil en el CONAPREV estaría en peligro constante pues sería la única en hacerle contrapeso al poderío militar.
El CPTRT advirtió que si se aprueba esta reforma las organizaciones de derechos humanos se abstendrían de mantener la línea de cooperación con el CONAPREV y pasarían a la denuncia permanente.
Dicha organización se opone al nombramiento de militares en el CONAPREV por las siguiente razones:
1- Introducir militares en el Mecanismo Nacional de Prevención es una aberración suprema, pues no se les puede confiar a estas fuerzas la misión de proteger la integridad de detenidos (acción vertebral del CONAPREV), pues son ellos mismos quienes la violentan cuando capturan, trasladan, interrogan y vigilan en las prisiones a los mismos. No deberían ser juez y parte.
2.-Al dudar y con razón justificada de la independencia de estos funcionarios (de ser instalados en el CONAPREV) los familiares se abstendrían de denunciar casos de tortura teniendo como consecuencia el fortalecimiento de la impunidad de este delito lo mismo que el hostigamiento, persecución y probables daños letales a los parientes.
3.-Las organizaciones de derechos humanos con toda seguridad se abstendrían de continuar la política de cooperación observada hasta ahora hacia CONAPREV para adoptar una línea de denuncia permanente de los desafueros que se promuevan y cometan a través de las actuaciones del funcionario militar nombrado.
4.-Constituirá una preocupación constante la seguridad de la representante de la Sociedad Civil en el mecanismo Abog. Glenda Ayala, pues es seguro que sería el único contrapeso al poder militar.
5.- No será extraño que la militarización de CONAPREV se complete con el nombramiento de otro personal militar en plazas que no podrán desempeñar con ética por su identificación militarista. Invitamos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos a condenar esta deplorable acción.
Vea comunicado completo del CPTRT aquí en este link
Lea el Decreto que crea el CONAPREV Aquí
Estado hondureño retrocede en promoción a la libertad de expresión, sostiene informe
febrero 11, 2020
Redacción
Por: René Novoa redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Ejercer
el periodismo y la libertad de expresión en Honduras conlleva altos
riesgos. Así lo afirma el informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”,
elaborado por el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), y
presentado este martes 11 de febrero, en el marco del 50 aniversario de
la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH).
Para el periodo 2018-2019, C-Libre registró 237 alertas de agresiones a la libertad de expresión y de prensa; que representan el 13.1% de las alertas que esa organización ha registrado desde 2003 (1,816 en total).
C-Libre presentó el informe en el marco del 50 aniversario de la facultad de Periodismo de la UNAH Y según el informe, “el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Honduras, enfrenta un panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de justicia”.
Sin embargo, los estudiantes de periodismo, comunicadores sociales, periodistas, docentes y cuerpo diplomáticos asistentes, aplaudieron la participación activa de C-Libre para frenar, al menos en parte, la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos”, que este lunes fue declarada parcialmente inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Leer más Corte declara inconstitucionalidad parcial de Ley de Secretos
No más silencio
Al margen de eso, el informe denota su preocupación por las 11 vidas arrebatadas contra trabajadores de medios de comunicación, de los cuales siete eran periodistas, entre ellos una mujer. “La privación de la vida representa la más cruenta anulación de la libertad de expresión y de los otros derechos humanos, por cuanto todos pierden sentido sin la existencia del ser. En su interpretación de principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que las agresiones cometidas en contra de periodistas, se proponen silenciarlos, silenciarlas”, afirma el texto.
Esas constituyen –prosigue C-Libre–, violaciones al derecho del pueblo por el libre acceso a la información. De aquí que el asesinato contra periodistas y comunicadores, se encarna como un censura bestial; la máxima censura, que simboliza un silencio mortal.
Además, las alertas tienen un nuevo matiz: el desplazamiento forzado de comunicadores sociales y periodistas, debido a amenazas por su labor informativa. Las denuncias se evidenciaron en vista de las migraciones masivas, llamadas caravanas, que partieron de Honduras con destino a Estados Unidos. Por ejemplo, en el periodo analizado se identificaron 20 casos confirmados de trabajadores de la información, que “huyeron” para garantizar su integridad física y emocional.
Por otro lado, los departamentos que registran más violaciones a la libertad de expresión son Francisco Morazán, con 117 (porque la capital forma parte); Choluteca, con 38 y Cortés, con 22.
Leer más Policía reprime manifestación en Choluteca, dejando niños heridos
Principales agresiones
En un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas y comunicadores sociales, el informe expone que:
1- Asesinatos: C-Libre registró 237 alertas por agresiones a la libertad de expresión, incluido el asesinato de 11 trabajadores de la comunicación, es el reflejo de la extrema violencia en contra del gremio periodístico.
2- Desplazamiento forzado: Esta categoría se identifica como nueva tipología de agresión, con 20 casos confirmados.
3- Censura: Cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra el actual gobierno.
4- Bloqueos informativos: Este tipo de agresión obstruye la labor periodística, producto del bloqueo o impedimentos informativos, siendo los agresores más recurrentes los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
5- Negación de la información: Este es un eje importante en la obstrucción al acceso a la información pública, pues debilita la transparencia y, por tanto, la opinión pública.
Y concluye el informe diciendo que: “Es imposible desvincular la libertad de expresarse e informarse, con la defensa y protección de la vida… su práctica real es indispensable en la construcción de una sociedad justa, buena y desarrollada, a la que todos los pueblos merecen llegar”.
Para el periodo 2018-2019, C-Libre registró 237 alertas de agresiones a la libertad de expresión y de prensa; que representan el 13.1% de las alertas que esa organización ha registrado desde 2003 (1,816 en total).
C-Libre presentó el informe en el marco del 50 aniversario de la facultad de Periodismo de la UNAH Y según el informe, “el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Honduras, enfrenta un panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de justicia”.
Sin embargo, los estudiantes de periodismo, comunicadores sociales, periodistas, docentes y cuerpo diplomáticos asistentes, aplaudieron la participación activa de C-Libre para frenar, al menos en parte, la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos”, que este lunes fue declarada parcialmente inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Leer más Corte declara inconstitucionalidad parcial de Ley de Secretos
No más silencio
Al margen de eso, el informe denota su preocupación por las 11 vidas arrebatadas contra trabajadores de medios de comunicación, de los cuales siete eran periodistas, entre ellos una mujer. “La privación de la vida representa la más cruenta anulación de la libertad de expresión y de los otros derechos humanos, por cuanto todos pierden sentido sin la existencia del ser. En su interpretación de principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que las agresiones cometidas en contra de periodistas, se proponen silenciarlos, silenciarlas”, afirma el texto.
Esas constituyen –prosigue C-Libre–, violaciones al derecho del pueblo por el libre acceso a la información. De aquí que el asesinato contra periodistas y comunicadores, se encarna como un censura bestial; la máxima censura, que simboliza un silencio mortal.
Nota relacionada Un nuevo golpe a la libertad de expresión y al debate democrático
El texto prosigue explicando que el panorama se complicó desde que en 2017 se recrudeció la represión contra las protestas ciudadanas, debido a los vicios de nulidad en el proceso electoral de noviembre de ese año, que permitieron la reelección de Juan Hernández como mandatario por un segundo periodo presidencial.Además, las alertas tienen un nuevo matiz: el desplazamiento forzado de comunicadores sociales y periodistas, debido a amenazas por su labor informativa. Las denuncias se evidenciaron en vista de las migraciones masivas, llamadas caravanas, que partieron de Honduras con destino a Estados Unidos. Por ejemplo, en el periodo analizado se identificaron 20 casos confirmados de trabajadores de la información, que “huyeron” para garantizar su integridad física y emocional.
Por otro lado, los departamentos que registran más violaciones a la libertad de expresión son Francisco Morazán, con 117 (porque la capital forma parte); Choluteca, con 38 y Cortés, con 22.
Leer más Policía reprime manifestación en Choluteca, dejando niños heridos
Principales agresiones
En un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas y comunicadores sociales, el informe expone que:
1- Asesinatos: C-Libre registró 237 alertas por agresiones a la libertad de expresión, incluido el asesinato de 11 trabajadores de la comunicación, es el reflejo de la extrema violencia en contra del gremio periodístico.
2- Desplazamiento forzado: Esta categoría se identifica como nueva tipología de agresión, con 20 casos confirmados.
3- Censura: Cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra el actual gobierno.
4- Bloqueos informativos: Este tipo de agresión obstruye la labor periodística, producto del bloqueo o impedimentos informativos, siendo los agresores más recurrentes los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
5- Negación de la información: Este es un eje importante en la obstrucción al acceso a la información pública, pues debilita la transparencia y, por tanto, la opinión pública.
Y concluye el informe diciendo que: “Es imposible desvincular la libertad de expresarse e informarse, con la defensa y protección de la vida… su práctica real es indispensable en la construcción de una sociedad justa, buena y desarrollada, a la que todos los pueblos merecen llegar”.
Movimientos estudiantiles progresistas anuncian “Alianza” ante elecciones en la UNAH
2020-02-03
Publicado 2020-02-03 a las 1:05 pm
A través de un comunicado, diferentes organizaciones estudiantiles
progresistas anunciaron este lunes la creación de una Alianza para
participar en el proceso electoral que se desarrollará en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el presente período académico.
Según reza el comunicado, la Alianza surge para hacer frente a la “avanzada cachureca hacia la UNAH”.
Entre las organizaciones estudiantiles que forman parte de la Alianza, están: El Movimiento Amplio Universitario (MAU), Movimiento Revolucionario Becerra (MRB), Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ), Unidad Estudiantil de Carrera (UNESCA) y la Regeneración Estudiantil Democrática (Red).
Asimismo, cuanta con la participación de diferentes lideres estudiantiles de los Centros Regionales Universitarios, tales como el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), Centro Universitario Regional del Centro (CURC), Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), entre otros.
Además, las organizaciones que forman parte de la Alianza, expresaron que dicho espacio queda “abierto” por si más organizaciones quieren ser parte de la misma.
Según reza el comunicado, la Alianza surge para hacer frente a la “avanzada cachureca hacia la UNAH”.
Entre las organizaciones estudiantiles que forman parte de la Alianza, están: El Movimiento Amplio Universitario (MAU), Movimiento Revolucionario Becerra (MRB), Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ), Unidad Estudiantil de Carrera (UNESCA) y la Regeneración Estudiantil Democrática (Red).
Asimismo, cuanta con la participación de diferentes lideres estudiantiles de los Centros Regionales Universitarios, tales como el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), Centro Universitario Regional del Centro (CURC), Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), entre otros.
Además, las organizaciones que forman parte de la Alianza, expresaron que dicho espacio queda “abierto” por si más organizaciones quieren ser parte de la misma.
Comité Ambiental de Tocoa denuncia nuevos engaños e ilegalidades de Inversiones Los Pinares
- 04/02/2020
Se denunciaron nuevas irregularidades en la operación de Inversiones Los Pinares.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de
Tocoa, Colón denuncia que concesión minera para la extracción y
procesamiento de óxido de hierro a favor de las empresas Inversiones Los
Pinares y la Peletizadora Ecotek de Lenir Pérez, se otorgó de forman
ilegal en el municipio poniendo en riesgo la vida y la libertad de la
ciudadanía que defiende la Montaña Botaderos Carlos Escaleras.
A través de una conferencia de prensa, el Comité Ambiental dio a conocer nuevas irregularidades encontradas en la documentación que la empresa ha presentado ante las autoridades del ambiente con el objetivo de obtener la licencia ambiental y permisos de operación correspondientes.
Entre las irregularidades está que, “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” con código: SLAS-0000074-2018, recibió el 13 de febrero de 2018 una licencia provisional por 4 meses, según lo establecido para proyectos categoría 4.
Esta licencia ya venció, y “la empresa debía entregar a MiAmbiente el punto de acta de cabildo abierto favorable a sus intereses para optar a una licencia ambiental definitiva. Sin embargo, las comunidades movilizadas no permitieron el avance de la documentación, siendo ilegal la presencia de la empresa, por lo que procede la cancelación de todo el proceso y el retiro de dicha empresa”, dice el comunicado.
El Comité Ambiental alerta que, el empresario Lenir Pérez, continúa con los trámites para la licencia ambiental definitiva, pero lo está haciendo “mediante un proceso perverso, corrupto y de engaño a la secretaria del Ambiente, autoridades locales, comunidades, medios de comunicación y trabajadores”.
Lenir Pérez habría entregado a MiAmbiente el punto de acta certificado #083-2016 del “Cabildo Abierto de consulta” celebrado en la comunidad de Ceibita, el 30 de junio 2016, por el gobierno municipal presidido por el actual Alcalde Adán Fúnez. Este cabildo fue denunciado por la supuesta manipulación del alcalde a favor del empresario.
A través de una conferencia de prensa, el Comité Ambiental dio a conocer nuevas irregularidades encontradas en la documentación que la empresa ha presentado ante las autoridades del ambiente con el objetivo de obtener la licencia ambiental y permisos de operación correspondientes.
Entre las irregularidades está que, “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” con código: SLAS-0000074-2018, recibió el 13 de febrero de 2018 una licencia provisional por 4 meses, según lo establecido para proyectos categoría 4.
Esta licencia ya venció, y “la empresa debía entregar a MiAmbiente el punto de acta de cabildo abierto favorable a sus intereses para optar a una licencia ambiental definitiva. Sin embargo, las comunidades movilizadas no permitieron el avance de la documentación, siendo ilegal la presencia de la empresa, por lo que procede la cancelación de todo el proceso y el retiro de dicha empresa”, dice el comunicado.
El Comité Ambiental alerta que, el empresario Lenir Pérez, continúa con los trámites para la licencia ambiental definitiva, pero lo está haciendo “mediante un proceso perverso, corrupto y de engaño a la secretaria del Ambiente, autoridades locales, comunidades, medios de comunicación y trabajadores”.
Lenir Pérez habría entregado a MiAmbiente el punto de acta certificado #083-2016 del “Cabildo Abierto de consulta” celebrado en la comunidad de Ceibita, el 30 de junio 2016, por el gobierno municipal presidido por el actual Alcalde Adán Fúnez. Este cabildo fue denunciado por la supuesta manipulación del alcalde a favor del empresario.
Más de 4 años lleva la ciudadanía de Tocoa demandando la cancelación del proyecto minero.
El Comité asegura tener pruebas de que la empresa presentó
constancias y listados de asistencia de 2016 y 2017, argumentando que
las comunidades aceptaban el proyecto, pero esos listados corresponden a
reuniones donde Inversiones Los Pinares ofreció proyectos de inversión
social a dirigentes comunitarios. “Dicha información no se relaciona
con socialización ni consulta alguna”, según el Comité.
Inversiones Los Pinares, vía redes sociales, mantiene una campaña asegurando contar con permisos ambientales y de operación vigentes para seguir trabajando sin problemas porque las instituciones del Estado de Honduras avalan y destacan los trabajos mineros que realizan en el municipio de Tocoa.
“La renovación de las licencias ambientales y de operación a la minera, es otra violación a los Derechos Humanos de la población”, dijo Reynaldo Domínguez, integrante del comité. Para el ambientalista, la corporación municipal que encabeza Adán Fúnez y la Secretaria del Ambiente, están obligadas a respetar la voluntad del pueblo, por ende tienen prohibido renovar los permisos y licencias.
Los trabajos de construcción de la peletizadora y de extracción en la montaña Carlos Escaleras de Tocoa, continúan a paso firme. La Secretaria de Seguridad a través de la Policía Militar y Nacional, ha instalado operativos permanentes en la zona con el objetivo de garantizar los trabajos del empresario, según denuncian las comunidades.
A la gente le preocupa los daños ambientales y psicológicos que la empresa ha provocado, y los que podría generar si no se detiene la concesión. “Ecoteck pretende mover ochocientas mil toneladas de material anualmente, admite que necesita cien galones de agua por minuto, lo que significa que en un año necesita 52 millones quinientos mil galones de agua, elemento vital que se produce en las fuentes de agua de la Montaña Botaderos”, denunció el comité en la conferencia argumentando que población se quedaría sin agua.
Desde hace más de 4 años la ciudadanía se ha venido organizando y movilizando en exigencia a la cancelación del proyecto minero por considerar que atenta contra el río San Pedro, Guapinol y la montaña Carlos Escaleras. Producto de esa presión ciudadana, el municipio se auto declaró libre de minería en noviembre de 2019.
Inversiones Los Pinares, vía redes sociales, mantiene una campaña asegurando contar con permisos ambientales y de operación vigentes para seguir trabajando sin problemas porque las instituciones del Estado de Honduras avalan y destacan los trabajos mineros que realizan en el municipio de Tocoa.
“La renovación de las licencias ambientales y de operación a la minera, es otra violación a los Derechos Humanos de la población”, dijo Reynaldo Domínguez, integrante del comité. Para el ambientalista, la corporación municipal que encabeza Adán Fúnez y la Secretaria del Ambiente, están obligadas a respetar la voluntad del pueblo, por ende tienen prohibido renovar los permisos y licencias.
Los trabajos de construcción de la peletizadora y de extracción en la montaña Carlos Escaleras de Tocoa, continúan a paso firme. La Secretaria de Seguridad a través de la Policía Militar y Nacional, ha instalado operativos permanentes en la zona con el objetivo de garantizar los trabajos del empresario, según denuncian las comunidades.
A la gente le preocupa los daños ambientales y psicológicos que la empresa ha provocado, y los que podría generar si no se detiene la concesión. “Ecoteck pretende mover ochocientas mil toneladas de material anualmente, admite que necesita cien galones de agua por minuto, lo que significa que en un año necesita 52 millones quinientos mil galones de agua, elemento vital que se produce en las fuentes de agua de la Montaña Botaderos”, denunció el comité en la conferencia argumentando que población se quedaría sin agua.
Desde hace más de 4 años la ciudadanía se ha venido organizando y movilizando en exigencia a la cancelación del proyecto minero por considerar que atenta contra el río San Pedro, Guapinol y la montaña Carlos Escaleras. Producto de esa presión ciudadana, el municipio se auto declaró libre de minería en noviembre de 2019.
Congreso Nacional daría tiro de gracia al INFOP
- 05/02/2020
Sindicalistas aseguran que reforman son sinónimo de privatización.
Protestas, reuniones y demandas han sido parte del camino opositor de
los sindicalistas del Instituto de Formación Profesional, luego que el
Congreso apruebe reformas a la Ley del Infop.
Los sindicalistas acusan a los empresarios y al gobierno, de promover reformas que privatizarán a la que denominan la universidad del pueblo. «Es lamentable que busquen darle el tiro de gracia a la institución, y por eso queremos que retiren ese proyecto hasta que sea socializado con todos los sectores», dijo el dirigente sindical, Esteban Díaz.
Díaz anunció que en las próximas horas sostendrán reuniones con las centrales obreras e integrantes de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Se espera que en la presente semana se introduzca la discusión de las reformas en tercer y último debate, situación que ha generado alarma en la población.
En el inicio de la semana legislativa, el sindicato del INFOP, hizo un plantón en los bajos del Congreso Nacional, y anunciaron más protestas hasta que los parlamentarios decidan retirar la discusión.
El panorama es adverso, puesto que el oficialismo apoya las reformas y de acuerdo a la correlación de fuerzas, son mayoría en el pleno del Congreso.
A pesar de la oposición del sector sindical, ante las reformas que discute el Congreso Nacional, el oficialismo ha sido claro en su postura y han dicho que ellos votarán a favor de la reforma.
Eder Mejía, diputado nacionalista por el departamento de Yoro, dijo que la reformas no privatizarán a la institución y anuncia que, para escuchar a todos los sectores involucrados en el asunto, hoy se reunirán con representantes del Sindicato.
Mejía negó que busquen la privatización y enfatizó en una reforma que consiste en un gobierno tripartito, en el que incluso los obreros podrán dirigir a la institución.
Los dirigentes sindicales del INFOP, hicieron un llamado a la ciudadanía en general, para que se sumen a las acciones de protestas que pretenden defender a la institución de las intenciones privatizadoras del gobierno y empresarios.
La
Fiscalía ha evidenciado acciones irregulares en el manejo de 164
millones de lempiras, usados para el aumento de salarios a varios
exdirectivos de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Olancho.
De ese modo, 19 personas, entre ellas el exrector Marlon Escoto (foto),
tendrán que hacer frente a la justicia.
Los sindicalistas acusan a los empresarios y al gobierno, de promover reformas que privatizarán a la que denominan la universidad del pueblo. «Es lamentable que busquen darle el tiro de gracia a la institución, y por eso queremos que retiren ese proyecto hasta que sea socializado con todos los sectores», dijo el dirigente sindical, Esteban Díaz.
Díaz anunció que en las próximas horas sostendrán reuniones con las centrales obreras e integrantes de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Se espera que en la presente semana se introduzca la discusión de las reformas en tercer y último debate, situación que ha generado alarma en la población.
En el inicio de la semana legislativa, el sindicato del INFOP, hizo un plantón en los bajos del Congreso Nacional, y anunciaron más protestas hasta que los parlamentarios decidan retirar la discusión.
El panorama es adverso, puesto que el oficialismo apoya las reformas y de acuerdo a la correlación de fuerzas, son mayoría en el pleno del Congreso.
A pesar de la oposición del sector sindical, ante las reformas que discute el Congreso Nacional, el oficialismo ha sido claro en su postura y han dicho que ellos votarán a favor de la reforma.
Eder Mejía, diputado nacionalista por el departamento de Yoro, dijo que la reformas no privatizarán a la institución y anuncia que, para escuchar a todos los sectores involucrados en el asunto, hoy se reunirán con representantes del Sindicato.
Mejía negó que busquen la privatización y enfatizó en una reforma que consiste en un gobierno tripartito, en el que incluso los obreros podrán dirigir a la institución.
Los dirigentes sindicales del INFOP, hicieron un llamado a la ciudadanía en general, para que se sumen a las acciones de protestas que pretenden defender a la institución de las intenciones privatizadoras del gobierno y empresarios.
POR DESFALCO ACUSAN A MARLON ESCOTO Y EXDIRECTIVOS DE UNIVERSIDAD AGRÍCOLA
- Publicado: 07 Febrero 2020
La
Fiscalía ha evidenciado acciones irregulares en el manejo de 164
millones de lempiras, usados para el aumento de salarios a varios
exdirectivos de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Olancho.
De ese modo, 19 personas, entre ellas el exrector Marlon Escoto (foto),
tendrán que hacer frente a la justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para la
Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en
coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),
han presentado hoy viernes un requerimiento fiscal contra 19 implicados
en el millonario desvío de fondos de la Universidad Nacional de
Agricultura (UNA).
Entre
los 19 acusados destaca el exrector de la UNA, Marlon Escoto, quien fue
separado del cargo por denuncias de ilegalidad en la gestión 2016-2019,
cuando los estatutos de esa casa de estudios no se lo permitían, y
además por diversas denuncias de los docentes por nepotismo.
Además,
serán llevados a la justicia el exsecretario general y también exrector
Oscar Ovideo Redondo, Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez,
José Andrés Paz, Kenny Sirey Nájera, Emilio Javier Fuentes Zúniga y Raúl
Isaías Muñoz Hernández.
Otros
acusados son: Mirian Anabel Alvarado Muñoz, Juan Alberto Chavarria,
Romeo Uclides Guevara, Víctor Javier Gonzáles Santos, Hilsy Lourdes
Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa Ulloa, José Bayardo Alemán Mejía,
Roy Donaldo Menjívar Barahona, José Luis Castillo Lanza, Jhonny Leonel
Barahona y Ana Mireya Suazo.
Todos
los anteriormente señalados, fungieron en el Consejo Directivo entre
los periodos 2010-2013 y 2013-2016. La línea de investigacion señala que
se logró un beneficio de más de 164 millones de lempiras destinados a
aumentos salariales y pagos arancelarios repartidos a 82 miembros
directivos y docentes.
En
la indagación el MP descubrió una serie de procedimientos viciados de
ilegalidad y sin respaldo financiero, precisamente la FETCCOP y ATIC
evidenciaron la manipulación de informes técnicos “mediante la
contratación de una consultoría externa”, dicta un comunicado de la
Fiscalía.
El
texto ahonda que a través de esta consultora se dio paso a los actos
ilícitos, obviando dictámenes legales y disposiciones del presupuesto,
“y simulándose una demanda al Estado bajo la modalidad de reclamo
administrativo con la que se dio una auto conciliación, en la que los
mismos demandantes al ser parte del Consejo Directivo se resolvieron
hacerse el pago de remuneraciones y sueldos caídos”, lo anterior desde
2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
Con
base a estos hechos se señaló por tres delitos de abuso de autoridad
contra Escoto, Francisco Medina, José Ramírez, Víctor Gonzales, Hilsy
Sanabria y Roy Menjívar; además, siete contra Oscar Redondo; seis contra
Juan Chavarria; cinco contra Romeo Guevara; cuatro contra José
Castillo; dos contra José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz,
Mirian Alvarado, Carlos Ulloa y José Alemán; y uno contra Jhony
Barahona y Ana Suazo.
Cabe
recordar que los estudiantes de la UNA provocaron que Escoto fuera
separado como rector el 12 de agosto de 2016 por el Consejo de Educación
Superior (CES), ya que los universitarios aquejaron la precariedad de
la institución, al momento de las tomas primó la violación a derechos
humanos y la represión que cesó hasta la instalación de una
interventora.
