LADRONES ROBAN CADA AÑO 65,000 MILLONES A HONDUREÑOS
- Publicado: 07 Febrero 2020
Sólo
en 2019 la corrupción defraudó unos 65,000 millones de lempiras, según
el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), estudio
presentado ayer por el CNA y el FOSDEH. Mientras que para 2020, en caso
de seguir por el sendero de impunidad, la cifra podría ascender a 74 mil
millones, según Gabriela Castellanos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda
Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), han presentado ayer el
Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), un estudio que
ha revelado que en 2019 se defraudaron unos 65,000 millones de lempiras.
Relacionado
a lo anterior la directora del CNA, Gabriela Castellanos, advierte que
seguir por el sendero actual, en 2020 los corruptos podrían apropiarse
de hasta 74 mil millones de lempiras.
Apunta
que el OPCA, “es el análisis profundo de la macro corrupción en el
país, hemos presentado las 15 modalidades que más se han realizado en
los últimos diez años donde hemos visto de manera respaldada que en
2019, sólo en concepto de corrupción se fueron más de 64 mil millones de
lempiras”.
Todo
lo anterior, “sin ver la corrupción social y palpable de aquella
persona que muere porque no tiene el equipo necesario o medicamentos”.
Castellanos desglosó que los campos de energía, obras públicas y
fideicomisos son los más utilizados para desfalcar el dinero de los
hondureños.
En
la magnitud y proporción de la corrupción, respecto a la participación
en el periodo 2014-2018, llama la atención que el crimen organizado es
el sector mayoritario registrando un 40 por ciento en 2018; le sigue el
sector privado, con 31.3 por ciento; el sector público, con 24.1 por
ciento; y otros con 4.6 en ese año.
Además,
el estudio encontró que en el tema energético, sobre todo de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se ha revelado que para
rescatarla se necesitan 90 mil millones de lempiras, ya que sólo en
concepto de deudas, la estatal está obligada a pagar 70 mil millones.
El
tema de la ENEE ha sido catalogado como histórico, ya que se estima
casi imposible que una empresa pública vaya a la quiebra y, a pesar de
los estudios para salvarla, ésta sigue presentando pérdidas que afectan
el desarrollo del pueblo.
Por
ejemplo, según el CNA, sólo en 2019 la ENEE en concepto de pérdidas,
alcanzó un equivalente al 40 por ciento del presupuesto de la Secretaría
de Educación, que este año registró 29,860 millones de lempiras.
“Hemos
dado los números bastante claros y en efecto, existe una carga de
presupuesto enorme para poder rescatar la ENEE y mientras tanto seguimos
hablando de pérdidas técnicas”, sentenció Castellanos.
Ante
este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de
Cortés (CCIC), Jorge Faraj, aquejó que: “Muy preocupante lo revelado por
el CNA y el FOSDEH, un 12 por ciento del PIB perdiéndose en corrupción,
más de 65 mil millones anuales, dinero con el cual se pudiera estar
dando bienestar a la población. Debe haber justicia para corruptos y
corruptores, sea quien sea”.
A esta hora del sábado 15 la estrategia de los abogados malones del hermano de Juan Orlando Hernández funcionó, porque la sentencia no será el 24 de febrero; ese día el juez federal que lo juzga por narcotráfico a gran escala nombrará un abogado para investigar si es cierto que Tony no tiene dinero para pagar su defensa. O si la plata recogida por los evangélicos del poder en Honduras es suficiente para seguir, sin defensor púbico. Todo eso es tiempo. Y el retraso cuenta para otras estrategias a venir antes de la condena. Hasta aquí los hechos.
Ahora veamos las interpretaciones a lo ocurrido el jueves en los juzgados del Progreso, Yoro.
La Comisionada de Policía, María Luisa Borjas, sin rodeos calificó lo ocurrido como una operación militar de rescate, ejecutada por una unidad especial “que cumplió a cabalidad la misión de eliminar el testigo clave y, a la vez, rescatar al reo quien desaparecerá por fuga o por ejecución”.
Si leemos con atención entre líneas esa cita deducimos fácilmente que el líder de la MS era incómodo dentro de la cárcel, como lo era Magdaleno Meza, por su relación directa con la estructura del crimen organizado que controla el Estado de Honduras desde 2009 hasta la fecha.
El Porkys es incómodo en prisión, porque el Estado es responsable de su integridad física y es incómodo en manos de la DEA o de la justicia de Nueva York, porque es testigo de hechos criminales al lado de los agentes de la dictadura, que han trabajado con ambas maras, la M18 y la MS13.
El asesinato de la fiscal Sherill Yubissa Hernández el 11 de junio de 2017 en Santa Rosa de Copán, por investigar las operaciones del Cartel de Occidente, conectaría directamente al Porkys, así como a otras operaciones criminales relacionadas a tres ex ministros de seguridad que facilitaron el accionar macabro en Honduras.
Dentro de esta estrategia organizada que describe la Comisionada Borjas, el señor Juan Orlando Hernández ha subido la recompensa a dos millones de lempiras a quien ofrezca información sobre la ubicación del Porkys. Pero “solo un suicida pondría en riesgo su vida y la de su familia brindando información a cambio de ese dinero” en este contexto de tácticas y estrategias criminales, sugiere la profesional policial.
Al comentar esta situación, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, coincidió que todo está conectado a una “guerra de carteles con poder político y poder de fuego” que está empujando hacia otros eventos sin cordura en el país.
Honduras está, efectivamente, entre un grupo de paramilitares dentro de la estructura policial-militar que actúa como escuadrón de la muerte, y otro grupo de armados ligados a ex oficiales que fueron apartados de la competencia mediante el proceso selectivo de la depuración. Muchas veces esos grupos se sirvieron mutuamente en el territorio, pero actualmente esos grupos combaten entre sí. Y la población está en el medio.
“La operación para silenciar al Porkys fuera de la cárcel– dice Bertha – está sirviendo ahora mismo para levantar un discurso falso en el sentido que las Fuerzas Armadas ha sido burlada por un poderoso enemigo externo a la institución, que debemos combatir con todas nuestras fuerzas, pero eso realmente significa mentir porque el enemigo para el pueblo es la militarización que representa represión, violación de derechos humanos y una amenaza real a los eventos electorales futuros”.
El calendario electoral de Honduras señala elecciones primarias y generales para el próximo año 2021, pero desde ya la sombra fantasmal de la continuidad militarista de Hernández Alvarado ejerce una presión nefasta al clima político nacional.
La eliminación de la Comisión de la OEA contra la corrupción, la amenaza directa de supresión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Tegucigalpa, la venganza contra Soledad Pozos por los 22 casos de crímenes de Estado bien documentados tras la reelección ilegal del impostor, son hechos que facilitan “eventos sin cordura”, como teme la defensora Oliva al extremo de poner en orfandad a la población.
Además de esos enormes riesgos internos, la situación penal que compromete a casi toda la familia Hernández Alvarado en Estados Unidos por delitos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, arrastran a Honduras hacia eventos sin cordura en el futuro inmediato. Las fieras en escapada suelen ser más letales que si están acorraladas.
En este panorama hay algunas señales que podrían indicar un cambio en las relaciones de Estados Unidos con la mafia que tomó control del Estado en 2009, la principal es que Juan Orlando Hernández ya no es el líder de la manada que asegura la gobernanza de los negocios políticos y económicos de Washington a corto plazo. Es definitivamente un aliado inconveniente difícil de sostener.
Sin embargo, el aliado acumuló tanto poder en sus manos que puede inclusive revelarse a su amo en cualquier momento y echar a perder cualquier transición hacia la legalidad en el país. Esa transición, que podría ser el futuro proceso electoral, está amenazada por tres tendencias claras: la huida de la población en caravanas por las violencias, la indiferencia electoral que crece masivamente por el fraude y, muy fuertemente, el riesgo de un acuerdo militar que evite las próximas elecciones e imponga un triunvirato títere del hombre.
A todas estas reflexiones nos han llevado los eventos de los últimos días. La captura del primo de los Hernández en Estados Unidos, la liberación del Porkys en El Progreso, el retraso de la sentencia de Tony en Nueva York y la captura del general evangélico Leonel Sauceda en Tegucigalpa.
Sauceda, que funcionaba como eslabón potable entre los dos fuegos del Estado criminal, es actualmente una oferta de buena práctica para el Ministerio Público de la dictadura, que intenta probar la ausencia necesaria de la MACCIH. Con su captura, además, se retrasa cualquier comparecencia obligada ante la justicia federal de Estados Unidos convertida en el verdadero Ministerio Público extra nacional.
Es nuestro deber, entonces, desmontar cada vez que sea posible esta estratagema perversa de quienes avergüenzan a la sociedad hondureña en el mundo entero. Y si una palabra nuestra contribuye a evitar nuevos desastres a este país que es nuestro y no de los carteles criminales, lo seguiremos haciendo.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 de febrero de 2020
CESPAD
Cronología | Y sin la MACCIH y la UFECIC en Honduras: ¿cuál es la ruta?
Por Redacción
Periodicidad del monitoreo: 15 al 30 de enero del 2020
Sin lugar a dudas, el hecho más
relevante en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad
durante el mes de enero de 2020, fue la no extensión del Convenio de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras que
creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH),
que venció el 19 de enero. La decisión fue rechazada por actores
relevantes tanto del ámbito nacional como internacional.
La extensión del convenio de la MACCIH
tenía un amplio apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de la
Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, de sectores de la empresa
privada, de la comunidad internacional representada en el país, de la
mayor parte de la opinión pública mediática y de al menos el 65% de la
ciudadanía hondureña, según una encuesta realizada a finales de 2019 por
el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Entonces, surge la
pregunta: ¿qué está detrás de la decisión de Juan Orlando Hernández de
no extender el convenio de la MACCIH?
La respuesta a la pregunta anterior no
se puede encontrar desde la racionalidad política. Desde la racionalidad
política un gobierno no toma una decisión que está muy alejada de un
amplio consenso en los actores principales de la sociedad y en la
ciudadanía en general. La racionalidad que ha privado en el caso de la
no renovación del convenio de la MACCIH es la racionalidad instrumental y
de protección, incluso a cualquier costo político, de las redes de
corrupción e impunidad frente a posibles actuaciones de la justicia.
Hay quienes todavía se preguntan, ¿por
qué no se renovó el convenio de la MACCIH, si sus acciones no llegaban a
las altas esferas del poder político y económico? La respuesta es que,
la no renovación del convenio de la MACCIH, fue una reacción no tanto
por lo que la MACCIH había hecho, sino por lo que podía llegar a hacer
en un segundo periodo. En este sentido, la no renovación de la MACCIH
fue un acto preventivo. La MACCIH evidenció que la corrupción y la
impunidad tocan a las altas esferas políticas y económicas de la
sociedad hondureña, demostró que existían posibilidades de enjuiciar a
estas redes de corrupción e impunidad activas en el más alto entramado
del poder en Honduras, y la MACCIH cada vez más concitaba el apoyo de la
comunidad internacional, de la sociedad civil y de un amplio sector de
la ciudadanía que ha llegado al hartazgo de la corrupción y la
impunidad.
Existen indicios racionales y
suficientes para afirmar que el grupo político que gobierna actualmente
Honduras está profundamente imbricado con redes de corrupción e
impunidad, redes de narcotráfico y redes del crimen organizado. En este
sentido, este grupo llegó a un punto de no retorno. La disyuntiva era
clara desde su perspectiva: arriesgarse a ser investigados y enjuiciados
por futuras acciones de la MACCIH en un nuevo periodo o terminar con la
MACCIH y ponerle la “joya de la corona” al “blindaje” de los grupos
corruptos. Finalmente, optaron por una sola opción, sellar el “blindaje”
de las redes de corrupción e impunidad con la no extensión de la
vigencia de la MACCIH.
Ahora, sin la MACCIH, el contexto para
la lucha contra la corrupción es extremadamente adverso. No sólo se dijo
adiós a la MACCIH, sino que también, como ya se había denunciado, a la
UFECIC. Se ha constituido una nueva unidad en el Ministerio Público, la
Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), al igual
que UFECIC, dirigida por el Fiscal Luis Javier Santos. Sin embargo, el
mismo Fiscal Santos, ha denunciado la que UFERCO cuenta con menos
presupuesto que UFECIC; los fiscales tienen menos protección y los
salarios son más bajos (lo cual genera desmotivación) y no cuentan con
el apoyo de al menos 25 técnicos especialistas que tenía UFECIC a través
de la MACCIH.
El 27 de enero del 2020, Juan Orlando
Hernández anunció un Nuevo Sistema de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad, que estará integrado fundamentalmente por la
Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de
Cuentas, el Congreso Nacional, Procuraduría General de la República,
entre otros[1].
Esta iniciativa por venir del gobierno y, sobre todo de funcionarios e
instituciones que han sido denunciados por estar implicados en altos
casos de corrupción y por ser los que impulsaron la campaña contra la
MACCIH hasta eliminarla, no tiene credibilidad, ni genera ningún tipo de
expectativas en el combate a la corrupción.
En conclusión, tras el fin de la
MACCIH-UFECIC, la lucha contra la corrupción se desarrolla en un
contexto muy adverso. Las posibilidades de reimpulsar la lucha
anticorrupción dependerán mucho de las organizaciones de la sociedad
civil y de la movilización de la ciudadanía hondureña.
A continuación, el CESPAD presenta las
noticias más destacadas en los temas de corrupción e impunidad, en el
período del 15 al 30 de enero, 2020.
I. Corrupción e impunidad, los hechos más relevantes
Oposición rechaza la no renovación del convenio con la MACCIH
17 de enero, 2020
El Gobierno hondureño informó este
viernes de que el diálogo iniciado con la OEA para una segunda etapa de
la MACCIH concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.
«El problema que tiene el pueblo
hondureño es el tipo de gobierno dictatorial que rige este país desde
hace 10 años, con el apoyo irrestricto de Estados Unidos y Europa», dijo
este viernes el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales
(2006-2009), quien anunció una movilización para el próximo lunes 27 de
enero.
Se va la MACCIH; no habrá ni renovación ni nuevo convenio
17 de enero, 2020
El gobierno de Honduras informó este
viernes que no alcanzó consensos con la secretaría general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la firma de un nuevo
convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH).
De acuerdo con la información oficial,
el gobierno jamás consideró la ampliación de la vigencia del convenio,
que expira el 19 de enero, pues el texto de un comunicado se centra al
respecto y no en la prórroga.
COHEP lamenta que el Ejecutivo y la OEA no renovaran la MACCIH
18 de enero, 2020
El presidente del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, lamentó que el
Ejecutivo nacionalista y la OEA, no hayan consensuado renovar el mandato
de la MACCIH.
Indicó que el organismo que preside está
“comprometido con el combate a la corrupción y la impunidad, el COHEP
lamenta la no renovación del Convenio de la MACCIH y reitera su posición
de seguir impulsando las iniciativas necesarias que transparenten las
acciones públicas y privadas por el bien de todos los hondureños”.
Indignación en Honduras ante cierre de la MACCIH
18 de enero, 2020
El anuncio del cierre de la misión
internacional de la OEA contra la corrupción en Honduras este viernes
generó indignación en distintos sectores, tras cuatro años de trabajo en
los que el organismo incluso denunció a la esposa del presidente Juan
Orlando Hernández.
«Hoy es un día nefasto para nuestro
país, ganaron los corruptos y criminales que lo tienen secuestrado»,
tuiteó el presidente del opositor Partido Liberal (PL, derecha), Luis
Zelaya.
Hondureños protestan para exigir la renovación de la MACCIH
19 de enero, 2020
Un grupo de hondureños, entre
empresarios, políticos, obreros, estudiantiles y académicos, se
manifestaron este domingo en contra de la salida de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La movilización partió del barrio
Guadalupe recorriendo el bulevar Morazán hasta llegar a las
instalaciones de la MACCIH, donde habían desplegados efectivos
policiales. «Queremos la MACCIH», «Fuera JOH» y «Paro nacional»,
gritaban unos 400 manifestantes congregados en la capital, según
estimaciones de periodistas.
Conferencia Episcopal dice que autoridades hondureñas están alejadas de la realidad al blindar corruptos
20 de enero, 2020
El presidente de la Conferencia
Episcopal de Honduras (CEH), Ángel Garachana, dijo que las promesas
hechas por las autoridades no van de la mano con la realidad del país,
sino en la de blindar a los corruptos.
Garachana hizo esas declaraciones,
posterior a que se conociera que el mandato de la MACCIH finalizó a la
medianoche del domingo luego que el Ejecutivo nacionalista y la OEA no
llegaran a consensos para extender la presencia del organismo. Señaló
que “muchas determinaciones vas más en la línea de blindar a los
corruptos que de luchar la corrupción”, Honduras ha perdido una
oportunidad para crecer como un país transparente y que lucha contra la
corrupción.
«Sin justicia no hay democracia»: CNA ante tiro de gracia a la MACCIH
20 de enero, 2020
“Sin justicia no hay democracia” es la
carta abierta a la ciudadanía que el Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) ha hecho pública en una conferencia de prensa.
El CNA manifiesta sentirse consternado
por la connivencia alcanzada entre el Gobierno de la República de
Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) para dar un “tiro de gracia” con la no renovación del
convenio a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (MACCIH), y consideran que es una acción que va en contra del
reclamo popular frente al acceso a la justicia.
CNA cree que el fin de la MACCIH “es un retroceso al autoritarismo y hostilidad” institucional
20 de enero, 2020
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
lamentó este lunes que el Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando
Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no lograran
concluir de manera exitosa las negociaciones para la extensión de la
MACCIH.
La directora del organismo, Gabriela
Castellanos, indicó que tal acción se considera como «una desavenencia
al clamor popular, ya que, ante el alto índice de corrupción e
impunidad, con la ausencia del mecanismo no se sabe cuál será el destino
del país».
“Nos mueve como instancia de sociedad
civil a dirigirnos al pueblo hondureño, para dar a conocer las nefastas
consecuencias que tiene haber suprimido la presencia de la MACCIH,
puesto que su única tarea fue penetrar a través de investigaciones
robustas los engranajes del poder coludidos con el crimen organizado, el
narcotráfico, la corrupción en el sector público y privado”, dijo.
Fortalecerán la UFECIC tras salida de la MACCIH
21 de enero, 2019
La salida de la Misión de Apoyo contra
la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) no traerá ninguna
consecuencia para la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la
Corrupción (UFECIC). Este ente especializado continuará como una unidad
adscrita al Ministerio Público (MP), aseveró una fuente de la Fiscalía
de la República. “El Ministerio Público continúa con su compromiso con
la sociedad”, indicó.
Oposición llama a no creer en falsas promesas del gobierno de luchar contra la corrupción.
21 de enero, 2020
La oposición lamenta la postura del
gobierno y sus activistas disfrazados de sociedad civil. El Frente
Parlamentario en conjunto con la Coalición por la renovación de la
MACCIH, piden a la ciudadanía que se unan a las acciones a desarrollarse
en los próximos días a nivel nacional.
“Sabemos que en derecho todo se puede
arreglar, y eso es lo que demandaremos, que la MACCIH continúe en el
país, pero sabemos que eso solo se puede lograr si salimos a la calle y
hacemos un paro nacional”, dijo el integrante de este Frente, Osman
Aguilar.
CNA presenta nueva línea de investigación que salpica a la ENEE
21 de enero, 2020
Una nueva línea de investigación que
implica a funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE) y que habría afectado las finanzas del Estado
de Honduras en 97, 000,000 millones de lempiras, fue presentada este
martes por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La nueva acusación denominada
«luminarias de la corrupción y obscuridad» fue entregada a la Fiscalía
para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
Nueve juicios se evacuarán en tribunales de corrupción
22 de enero, 2019
El Tribunal de Sentencia con Competencia
Nacional en Materia de Corrupción desarrollará entre diez y nueve
juicios orales en este 2020, informó el Poder Judicial. Uno de los
primeros juicios que efectuarán los jueces anticorrupción es el incoado
contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario
Zelaya, por la supuesta compra irregular de pasajes aéreos. Este juicio
está programado para el 17 de febrero.
Perjuicio en contratos de la ENEE detectados por el CNA superan los L 97 millones, 22 de enero, 2020
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
presentó ayer ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate
a la Corrupción Pública (Fetccop) la denominada línea de investigación
“Luminarias de la corrupción y oscuridad”.
La denuncia implica a altos funcionarios
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a un consorcio
colombiano en la adquisición irregular de 56,000 lámparas led, que
ocasionó un perjuicio económico al Estado de 97 millones de lempiras.
CNA sostiene que alto índice de percepción de corrupción es por falta de voluntad política
23 de enero, 2020
El Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA), emitió un pronunciamiento sobre el último informe Percepción de
la Corrupción 2019 en el que se confirma que Honduras cayó 14 puntos en
el ranking mundial en comparación a 2018.
En el comunicado se responsabilizó a los
corruptos que convirtieron a la nación en el segundo país más corrupto
del istmo centroamericano y el cuarto en la región. «El Estado fallido,
la imposición del totalitarismo ante la democracia, entre otros, están
apegadas a la lúgubre realidad en la que nos tiene sometidos un pequeño,
pero blindado grupo de corruptos». admite el comunicado.
Honduras baja 14 posiciones en ‘ranking’ de corrupción, 23 de enero, 2020
Honduras sale aplazado, según el informe
Percepción de la corrupción 2019 (IPC) emitido por la organización
Transparencia Internacional, retroceso que el ministro de la
presidencia, Ebal Diaz, atribuyó a la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Con base en esos parámetros, en el
documento se señala que Honduras bajó 14 posiciones en el ranking
mundial en relación con 2018, cayendo del puesto 132 al 146 en el mundo.
Ebal Díaz: Con la MACCIH ‘Honduras empeoró en la percepción de corrupción’
23 enero, 2020
El ministro de la Presidencia, Ebal
Díaz, dijo este jueves que en cuatro años que estuvo la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el país ‘ha
empeorado en la percepción de corrupción por parte de los ciudadanos’.
El funcionario reaccionó de esa manera luego que un informe de la ONG,
Transparencia Internacional (TI) establece que Honduras bajó 14 puntos
en el ranking global del Índice de Percepción de Corrupción (IPC).
Fiscalía crea un nuevo brazo de lucha contra la corrupción
24 de enero, 2020
Las autoridades del Ministerio Público
(MP) anunciaron el viernes la creación de la nueva Unidad Fiscal
Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO). Esta dependencia
surge en sustitución de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de
la Corrupción (UFECIC), que fue creada en el marco de las funciones de
la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras
(MACCIH).
Sectores aprueban la creación de la UFERCO del MP
27 de enero, 2019
Con gran expectativa han recibido los
sectores de la sociedad civil, organizaciones internacionales y
gobiernos extranjeros la creación de la Unidad Fiscal Especializada
contra la Corrupción (UFERCO). La Unidad tomó vida en sustitución de la
Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC),
que finalizó sus funciones al no ser renovado el convenio de la Misión
de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Fiscal Luis Santos admite que será difícil lucha contra corrupción
27 de enero, 2020
El fiscal Luis Javier Santos admitió que
será difícil luchar contra la corrupción con la nueva Unidad Fiscal
Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), porque ya no contarán
con el respaldo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad
en Honduras (MACCIH).
“Se ha lanzado esta nueva unidad y
estamos mucho más debilitados que como estaba la UFECIC. Si no hay un
acompañamiento de la comunidad internacional, todas las reformas que ha
habido en las leyes, difícil luchar contra la corrupción”, expresó
Santos en el programa Frente a Frente.
Fiscal Luis Santos: ‘No tengo superpoderes, jamás se podrá sin apoyo internacional’ (Vídeo)
27 enero, 2020
El combate a la corrupción ahora será
más complejo sin el acompañamiento internacional, reconoció este lunes
el fiscal Luis Santos, exdirector de la Unidad Fiscal Especial Contra la
Impunidad de la Corrupción (UFECIC), sustituida recientemente por la
Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Presidente Hernández anuncia puesta en marcha del nuevo ‘sistema’ anticorrupción (Vídeo)
27 enero, 2020
El presidente Juan Orlando Hernández
anunció mediante su cuenta de Twitter que a partir de este lunes
comenzará a trabajar el ‘sistema para la transparencia y lucha contra la
corrupción e impunidad’, con el acompañamiento de todas las
instituciones del Estado.
‘Reiterarles que mi compromiso de luchar
por construir un país más transparente continúa hoy más que nunca,
desde el segundo día de mi gobierno cuando firmamos un acuerdo único en
el mundo con transparencia internacional. Desde ese día lo que tenemos
son hechos y no palabras’, comenzó diciendo.
Fiscal Luis Santos cuestiona debilidades institucionales para combatir la corrupción, 27 de enero, 2020
Se dice que se quiere puede combatir la
corrupción, pero la realidad es otra. ¿Cómo se combate cuando ni
siquiera existe en la Corte un lugar donde se celebren las audiencias?
¿Sabe dónde bajamos las pruebas del juicio narcopolítica? En la calle,
nos apedrearon el carro”.
De esta manera, el jefe de la extinta
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC),
hoy Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO),
Luis Javier Santos, dejó en evidencia sobre las graves debilidades del
combate al flagelo operado por una pesada maquinaria estatal al servicio
de Juan Orlando Hernández.
Denuncian que Gobierno pretende desaparecer BANADESA para borrar evidencia de corrupción
27 de enero, 2020
Yuri Sabas, diputado del partido
Liberal, lamentó las intenciones del oficialismo y dijo que no se debe
liquidar la entidad, sino que buscar liberarla de corrupción, malas
administraciones y cobros claros a políticos que se han beneficiado de
préstamos y que nunca han pagado.
Por ahora la iniciativa se encuentra en
la Secretaría del Congreso, el oficialismo debe conseguir 86 votos para
concretar el cierre de BANADESA, tal y como lo pretende el titular del
Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.
Gobierno anuncia la creación del sistema por la transparencia y lucha contra la corrupción
27 de enero, 2020
El gobierno de Honduras anunció este día
que se iniciaron los trabajos para crear el sistema por la
transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. A través, de
una conferencia de prensa el presidente Juan Orlando Hernández explicó
que la mesa de trabajo está integrada por los tres poderes del Estado:
la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Sectores afirman que respaldo a la UFERCO es inferior, 28 de enero, 2019
La Unidad Fiscal Especializada contra
Redes de Corrupción (UFERCO) no tendrá los mismos alcances que la
desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la
Corrupción, lo que traería graves consecuencias en el combate de actos
irregulares a gran escala. “La UFERCO no va a dar resultados, solo
apañará la corrupción e impunidad. Los días están contados para el
fiscal Luis Javier Santos, porque le tocará renunciar o lo quitan,
porque de otra manera le tocará acomodarse a la corrupción, terminará
renunciando por dignidad”, señaló el abogado René Adán Tomé.
Confiscan 10 bienes ligados al caso Pandora
28 de enero, 2020
El Juzgado de Letras de Privación de
Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró el comiso definitivo de diez
propiedades de personas implicadas en el caso Pandora. Como titulares
de estos bienes figuran Miriam Vanessa Cruz, Fernando Suárez, Lorena
Portillo, Jorge Herrera, Alba Ramírez, Sixto Hernández y José Rubio.
“Este podría ser mi último discurso”: Fiscal avisa de conspiraciones contra el Ministerio Público
28 de enero, 2020
El fiscal general Óscar Chinchilla,
vaticinó este martes sobre posibles conspiraciones y ataques contra el
Ministerio Público debido a -según él- las altas demandas de justicia.
Sin embargo, el funcionario, envió un mensaje a sus detractores, que
pese a los ataques y las agresiones “no van a lograr quebrantar nuestra
fe”.
“En un país y una sociedad tan cambiante
como la nuestra -expresó-, cualquier discurso del fiscal general puede
ser el último. Quisiera ser optimista y decirles que este camino va a
ser fácil, pero no lo será, apenas empieza lo complicado; el Ministerio
Público tiene una demanda enorme de justicia, la sociedad espera mucho
de nosotros”.
Óscar Chinchilla denuncia conspiración contra el Ministerio Público
28 de enero, 2020
El Fiscal General de Honduras, Óscar
Chinchilla, aseguró este martes que hay un plan de conspiración contra
el Ministerio Público. Sin embargo, el titular del ente fiscalizador
advirtió que no los van a vencer. “A quienes hoy conspiran contra el
Ministerio Público puedo decirles que esa aventura no será un día de
campo porque aquí hay un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a
defender a su pueblo”.
“Vamos cuesta arriba en lucha contra la corrupción”
28 de enero, 2020
“La UFECIC tenía varios propósitos, uno,
que teníamos 25 técnicos especializados de diferentes países que nos
daban el apoyo”, señaló. Además, el personal de la UFECIC siguió todo el
proceso de certificación y eran inamovibles, sino por causas ya
definidas en el acuerdo de creación y eso desapareció, agregó.
Y lo otro es que dependíamos
directamente del Fiscal General, Oscar Chinchilla y eso de alguna manera
agilizaba más los trámites de investigaciones que nosotros
necesitábamos, señaló. Además “el bono que recibían los compañeros por
el trabajo meritorio que hacían desapareció”, agregó. Santos sostuvo que
esas cuatro cosas desaparecen.
Saqueo y condonaciones ponen la lápida a BANADESA
28 de enero, 2020
Una insolvencia patrimonial de más de
3,289 millones de lempiras y multimillonarias condonaciones aprobadas
desde el Congreso Nacional a través de múltiples decretos legislativos
por alrededor de 1,400 millones de lempiras, terminaron de poner la
lápida al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), cuyo cierre
definitivo se apresta a aprobar en las próximas horas el Poder
Legislativo.
A juicio de financistas, la liquidación
del banco es resultado del saqueo y la corrupción a la que fue sometido
en las últimas cuatro décadas, lo que deja en una situación precaria a
miles de productores y agricultores hondureños que dependían de sus
financiamientos.
Condenan a Benjamín Bográn por cohecho pasivo impropio
29 enero, 2020
El Tribunal de Sentencia condenó este
miércoles a 2 años de reclusión al exintegrante de la junta directiva
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Benjamín Bográn, por
el delito de cohecho pasivo impropio.
Asimismo, los jueces que conforman ese
tribunal decidieron aplicarle las penas accesorias de interdicción civil
por el tiempo que dure la pena e inhabilitación especial por el doble
de la condena, es decir, cuatro años.
Temen que a UFERCO la hagan trabajar ‘con las uñas’
29 de enero, 2020
La comunidad judicial no avizora un
futuro prometedor para la recién creada Unidad Fiscal Especializada
contra Redes de Corrupción (UFERCO). Hay quienes aseguran que la UFERCO
no contará con las herramientas necesarias para presentar requerimientos
fiscales de alto impacto ante los organismos judiciales.
Coalición de organizaciones piden independencia para UFERCO
29 de enero, 2020
Pese a los vínculos directos que tiene
con el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández, quienes son los más
señalados y procesados por corrupción, la Coalición por la Renovación de
la MACCIH demanda que la relación de autoridad de la Unidad Fiscal
Especial Contra las Redes de la Corrupción (UFERCO) sea directamente con
el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla.
“La UFERCO necesita la protección del
Fiscal General, con el acompañamiento de la comunidad internacional y
que se restablezcan las condiciones mínimas con las que venía
funcionando la UFECIC/MACCIH”, demandaron, en conferencia de prensa, las
organizaciones que integran la Colación por la Renovación de la Misión
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
II. Repercusión y actores en el campo internacional
Almagro culpa al gobierno hondureño por la no renovación de la MACCIH
17 de enero, 2020
La secretaría General de la Organización
de Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno hondureño de ser el
responsable de la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Lamentablemente, la posición del Gobierno de Honduras ha sido la de no
acompañar este planteo, lo cual ha hecho imposible la renovación de la
Misión”, agrega el comunicado.
En EEUU también cuestionan la no renovación de la MACCIH
18 de enero, 2020
El anuncio de la no renovación del
convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) ha sido cuestionada por diferentes sectores del país.
El Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos
informaron el viernes que el diálogo iniciado -en diciembre pasado- con
la OEA para una segunda etapa de la MACCIH, concluyó sin ningún acuerdo
entre las partes.
Senador Patrick Leahy condena clausura de la MACCIH y lamenta postura de Trump 18 de enero, 2020
El senador demócrata, Patrick Leahy,
condenó mediante un comunicado que el gobierno de Juan Hernández haya
determinado ponerle fin al convenio de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). «La decisión del
presidente Hernández, un co-conspirador no acusado en el enjuiciamiento
de su hermano por tráfico de drogas en Estados Unidos, de poner fin a la
MACCIH, es la última evidencia de que no se toma en serio la detención
de la corrupción que impregna a su gobierno de arriba a abajo», dice el
comunicado de Leahy.
Para la OEA es más importante la reelección de Almagro que Honduras: Juan Jiménez, 18 de enero, 2020
Para el exvocero de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez
Mayor, la clausura de esta instancia a partir de este 19 de enero es el
resultado de opacas negociaciones entre la secretaría general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno hondureño.
La Unión Europea cuestiona la no renovación de la MACCIH
22 de enero, 2020
La Unión Europea (UE) calificó como una
determinación equivocada la no renovación del convenio de la Misión de
Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). La decisión
de no renovar el mandato de la Misión de la MACCIH es lamentable y un
paso en la dirección equivocada, cuestiona la Unión Europea en un
comunicado.
Embajada Americana felicita al fiscal Chinchilla por crear UFERCO
24 enero, 2020
Un fuerte espaldarazo le dio anoche, la
Embajada Americana, al nuevo órgano de combate a las redes de corrupción
creado ayer, por el fiscal general de la República, Oscar Fernando
Chinchilla y al nombramiento de Luis Javier Santos.
“U.S. Embassy Honduras@usembassyhn
Felicitamos al Fiscal General Oscar Chinchilla y @MP_Honduras por crear
@UFERCO y el nombramiento de Luis Javier Santos al frente de esta
institución. A través de su liderazgo, continuará la lucha contra la
corrupción e impunidad en Honduras. #NoMásCorrupción”.
Transparencia Internacional: Empeoran los índices de corrupción en Honduras
24 de enero, 2020
Honduras está entre los países más
corruptos del mundo, según el Índice de Percepción 2019 de la
Organización No Gubernamental Transparencia Internacional (TI) con sede
en Berlín, Alemania. El informe fue revelado ayer y muestra que Honduras
cayó 14 posiciones en relación al del 2018; de la escala 132 bajó a la
146, y del 2015 a la fecha ya son 35 posiciones que cae según la
percepción de opacidad que observan distintos sectores a lo interno del
gobierno.
Almagro le da la bienvenida a UFERCO
24 de enero, 2020
A través de su cuenta oficial de
Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, felicitó al Ministerio Público con la creación de
la nueva Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO).
“Saludamos creación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de
Corrupción #UFERCO por el Ministerio Público”, posteó Almagro.
Toda acción anticorrupción es ‘oportuna’, valora Transparencia Internacional
27 de enero, 2020
Carlos Hernández, representante de
Transparencia Internacional en Honduras, manifestó que cualquier acción
que se haga para combatir la corrupción en el país es positiva. Así
reaccionó Hernández, tras el anuncio del presidente de la República,
Juan Orlando Hernández, de crear un sistema integral por la
transparencia, en contra de la corrupción y la impunidad.
Alto funcionario de EEUU felicita a Fiscal General por creación de UFERCO
29 de enero, 2020
El director de Programas para el
hemisferio occidental del departamento de Estado de Estados Unidos,
Patrick Ventrell, celebró este miércoles la creación de la Unidad Fiscal
Especializada contra la Corrupción (UFERCO) por parte del Ministerio
Público.
«La UFERCO es muy importante para
continuar la lucha contra la corrupción en Honduras», publicó a través
de su cuenta de Twitter el alto funcionario estadounidense.
Estados Unidos y sectores de la sociedad garantizan apoyo al fiscal general
30 de enero, 2020
Tanto Estados Unidos como diferentes
sectores de la sociedad hondureña garantizaron ayer su respaldo a la
gestión del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, al frente del
Ministerio Público (MP). El espaldarazo a Chinchilla surge luego de que
este denunciara un plan de conspiración contra la Fiscalía.
Fuentes del monitoreo: La Tribuna, La Prensa, El Heraldo, Confidencial, Criterio y Radio Progreso.
CESPAD-2020-CRONOLOGIA-1-
[1] https://lanotta.net/joh-lanza-
Fosdeh ve un panorama de incertidumbre en economía hondureña para 2020
diciembre 23, 2019
Redacción
El Banco Central de Honduras
señaló el 19 de diciembre que “la expectativa de crecimiento
económico para finales de 2019 se mantiene entre 2.7 y 3.1%”.
El año 2018 cerró con un crecimiento económico de 3.7%, el cual es menor con respecto al año 2017 (de 4.8%). El Programa Monetario 2019-2020 de marzo del presente año, registró una proyección entre 3.3 y 3.7%, un poco alentador a pesar de las señales económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales.
No obstante, en la revisión de sus proyecciones en agosto del presente año disminuyó la perspectiva de crecimiento económico situándose entre 3.0 y 3.4% “al incorporar la evolución reciente de la coyuntura económica, así como las últimas perspectivas de las principales variables macroeconómicas y financieras a nivel nacional e internacional” (BCH, 2019). Sin embargo, la posibilidad de llegar al mínimo proyectado en la revisión, es decir, de 3% de crecimiento económico real, es incierto.
Al segundo trimestre del 2019 se registró un crecimiento negativo con respecto al primer trimestre de -0.3% y una leve recuperación en el tercer trimestre de 1.4% con respecto al segundo trimestre. Además, “la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) refleja, a octubre de 2019, una variación acumulada de 2.7% por debajo de lo observado en la misma fecha del año previo (3.7% en igual período de 2018)”. Todo lo anterior demuestra que el panorama para el 2020 no sea diferente al 2019.
No sólo se trata de crecimiento económico, sino de los sectores productivos que aportan a dicho crecimiento y lo que representan en el Producto Interno Bruto (PIB), incidiendo directamente en la productividad, competitividad, empleo, ingreso de los hogares, y en las anomalías socio económicas, como; la desigualdad y la pobreza. En el año 2000 el rubro de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca representaba en el PIB Real un 14.4% para el año 2018 llega a 14.5%, en contraste, la Intermediación Financiera representó en el PIB Real del año 2000 un 4.8%, y en el año 2018 un 18.7%, relaciones que no concuerdan con la capacidad de generación de nuevos empleos. Ante la complejidad socio económica que se vive y se aproxima, se añade el mal manejo del Estado mismo, sus políticas y la administración de los recursos públicos que no abonan a mantener cierta certeza jurídica, social y política, un Estado de Derecho.
Se aprobó en el Congreso Nacional un Presupuesto General para el año 2020 de más de L 282,400 millones sin considerar una caída de ingresos tributarios de aproximadamente L 4,800 millones. Además, sin haber resuelto la debilidad institucional y la poca capacidad de respuesta de las instituciones para otorgar los bienes y servicios públicos a la población, aunado a los grandes problemas de corrupción, por lo que este próximo año es crucial mantener la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyar las instancias nacionales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunado el fortalecimiento del Ministerio Público (y Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción -UFECIC), Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración de sus datos 2019, estimó que la pobreza en Honduras ha disminuido. El FOSDEH ha observado inconsistencias técnicas, una de ellas, no se toman en cuenta en las estadísticas y en calidad de pobres los hogares que no declaran ingresos y que a nuestra consideración forman parte de los más pobres en nuestro país, contribuyendo con eso a una disminución del indicador de pobreza; por lo tanto, el FOSDEH no hará una mención pública al dato de pobreza. Pareciera que los cambios de metodología contribuyen a que la pobreza se disminuya.
El problema del desempleo, subempleo y la falta de los hogares de ganar un Salario Mínimo (que se ha convertido en un “Salario Máximo” en nuestro país) es el “pan de cada día” de los nuestros. La tasa de subempleo en los últimos siete años ha mostrado una tendencia al alza llegando a 60.6% del total de personas ocupadas para el 2019, aunada con la tasa de desempleo que oscila en 5.70% para el mismo año, se han convertido en especie de ancla que no les permite a los hondureños avanzar.
La desigualdad es un fenómeno persistente donde se ha podido demostrar que para el 2019, el ingreso per cápita de los hogares más ricos del país es 22.17 veces más alto que el ingreso per cápita de los hogares más pobres del país .
Honduras tuvo una inflación moderada de 4.22% en el año 2018, a noviembre del 2019, se registra una inflación acumulada de 3.65%. Inflación que se mide con una Canasta Básica de bienes y servicios de 282 variables utilizadas desde 1999, lo que impide identificar el nuevo comportamiento de consumo a la fecha.
Si se hiciera el ejercicio de tener una canasta básica popular actualizada, seguramente el indicador inflacionario sería muy diferente. Sin embargo, para el año 2020 se iniciará la actualización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para actualizar esta variable de suma importancia, ya que incide en las negociaciones del Salario Mínimo, por ejemplo, y da parámetros a otros indicadores, como; Tasas de Interés en el sistema financiero nacional.
En la apertura comercial, seguimos teniendo un déficit que aumenta de tal manera, que para diciembre de 2019 alcanza un monto de USD 4,898 millones, de los cuales USD 1,706.27 millones corresponden al comercio bilateral con Estados Unidos. Se añade a esto, el hecho que en los 14 años que han transcurrido desde la firma del CAFTA-RD, Honduras ha acumulado un saldo comercial negativo de USD 36,731.0 millones con Estados Unidos.
En este sentido, es altamente probable que, con la liberalización de los aranceles convenidos en el tratado de libre comercio se incremente este déficit, afectando colateralmente a los productores nacionales que no cuentan con los medios, recursos, ni tecnología para competir contra el mercado estadounidense.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de 39% en los primeros seis meses del 2019 producto de la crisis social y política del país, asociada con la desaceleración mundial de la economía. El Gabinete Económico indicó el 14 de octubre de 2019 que el país estaría entrando en una “especie de recesión económica” y que se trabajará en un plan de respuesta rápida para contener el problema económico en el país, plan que hasta el día de la publicación de este documento no se ha hecho público.Por lo cual, desde el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) creemos que es necesario implementar un verdadero Plan Nacional de Rescate. Aplicando los correctivos a las políticas económicas de país, con una visión del bienestar común.
No sólo se tratará de resolver los problemas estructurales con la ilusión de un nuevo sistema electoral. Los males de Honduras persistirán si no se atacan las anomalías sistémicas que han llevado a Honduras a ser los “campeones” en lo negativo de las evaluaciones internacionales, tales como; Haciendo Negocios de Banco Mundial, Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, Cuenta del Milenio, Pobreza para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras…
El año 2018 cerró con un crecimiento económico de 3.7%, el cual es menor con respecto al año 2017 (de 4.8%). El Programa Monetario 2019-2020 de marzo del presente año, registró una proyección entre 3.3 y 3.7%, un poco alentador a pesar de las señales económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales.
No obstante, en la revisión de sus proyecciones en agosto del presente año disminuyó la perspectiva de crecimiento económico situándose entre 3.0 y 3.4% “al incorporar la evolución reciente de la coyuntura económica, así como las últimas perspectivas de las principales variables macroeconómicas y financieras a nivel nacional e internacional” (BCH, 2019). Sin embargo, la posibilidad de llegar al mínimo proyectado en la revisión, es decir, de 3% de crecimiento económico real, es incierto.
Al segundo trimestre del 2019 se registró un crecimiento negativo con respecto al primer trimestre de -0.3% y una leve recuperación en el tercer trimestre de 1.4% con respecto al segundo trimestre. Además, “la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) refleja, a octubre de 2019, una variación acumulada de 2.7% por debajo de lo observado en la misma fecha del año previo (3.7% en igual período de 2018)”. Todo lo anterior demuestra que el panorama para el 2020 no sea diferente al 2019.
No sólo se trata de crecimiento económico, sino de los sectores productivos que aportan a dicho crecimiento y lo que representan en el Producto Interno Bruto (PIB), incidiendo directamente en la productividad, competitividad, empleo, ingreso de los hogares, y en las anomalías socio económicas, como; la desigualdad y la pobreza. En el año 2000 el rubro de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca representaba en el PIB Real un 14.4% para el año 2018 llega a 14.5%, en contraste, la Intermediación Financiera representó en el PIB Real del año 2000 un 4.8%, y en el año 2018 un 18.7%, relaciones que no concuerdan con la capacidad de generación de nuevos empleos. Ante la complejidad socio económica que se vive y se aproxima, se añade el mal manejo del Estado mismo, sus políticas y la administración de los recursos públicos que no abonan a mantener cierta certeza jurídica, social y política, un Estado de Derecho.
Se aprobó en el Congreso Nacional un Presupuesto General para el año 2020 de más de L 282,400 millones sin considerar una caída de ingresos tributarios de aproximadamente L 4,800 millones. Además, sin haber resuelto la debilidad institucional y la poca capacidad de respuesta de las instituciones para otorgar los bienes y servicios públicos a la población, aunado a los grandes problemas de corrupción, por lo que este próximo año es crucial mantener la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyar las instancias nacionales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunado el fortalecimiento del Ministerio Público (y Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción -UFECIC), Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En la Administración de lo público, se observa un franco deterioro de las Empresas Estatales; ENEE, Hondutel y el SANAA. Empresas que se encuentran operando en déficit, y acumulando una deuda inmensa, por ejemplo, la ENEE a septiembre del presente año arrastra más de L 70,000 millones, con un déficit superior a los L 5,000 millones (es posible que a finales del 2019 se alcance una cifra superior a los L 7,000 millones, como históricamente ha ocurrido).En el caso de Hondutel se estima de un déficit para el año 2019, de más de L350 millones (el año 2018, cerró con aproximadamente L200 millones). De igual manera, algunos Institutos de Previsión, reciben grandes cuestionamientos de su funcionamiento, un ejemplo de ello; la atención del IHSS. Este comportamiento desfavorable continuará impactando negativamente el resto de las finanzas públicas y el bienestar de la población.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración de sus datos 2019, estimó que la pobreza en Honduras ha disminuido. El FOSDEH ha observado inconsistencias técnicas, una de ellas, no se toman en cuenta en las estadísticas y en calidad de pobres los hogares que no declaran ingresos y que a nuestra consideración forman parte de los más pobres en nuestro país, contribuyendo con eso a una disminución del indicador de pobreza; por lo tanto, el FOSDEH no hará una mención pública al dato de pobreza. Pareciera que los cambios de metodología contribuyen a que la pobreza se disminuya.
El problema del desempleo, subempleo y la falta de los hogares de ganar un Salario Mínimo (que se ha convertido en un “Salario Máximo” en nuestro país) es el “pan de cada día” de los nuestros. La tasa de subempleo en los últimos siete años ha mostrado una tendencia al alza llegando a 60.6% del total de personas ocupadas para el 2019, aunada con la tasa de desempleo que oscila en 5.70% para el mismo año, se han convertido en especie de ancla que no les permite a los hondureños avanzar.
La desigualdad es un fenómeno persistente donde se ha podido demostrar que para el 2019, el ingreso per cápita de los hogares más ricos del país es 22.17 veces más alto que el ingreso per cápita de los hogares más pobres del país .
Honduras tuvo una inflación moderada de 4.22% en el año 2018, a noviembre del 2019, se registra una inflación acumulada de 3.65%. Inflación que se mide con una Canasta Básica de bienes y servicios de 282 variables utilizadas desde 1999, lo que impide identificar el nuevo comportamiento de consumo a la fecha.
Si se hiciera el ejercicio de tener una canasta básica popular actualizada, seguramente el indicador inflacionario sería muy diferente. Sin embargo, para el año 2020 se iniciará la actualización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para actualizar esta variable de suma importancia, ya que incide en las negociaciones del Salario Mínimo, por ejemplo, y da parámetros a otros indicadores, como; Tasas de Interés en el sistema financiero nacional.
En la apertura comercial, seguimos teniendo un déficit que aumenta de tal manera, que para diciembre de 2019 alcanza un monto de USD 4,898 millones, de los cuales USD 1,706.27 millones corresponden al comercio bilateral con Estados Unidos. Se añade a esto, el hecho que en los 14 años que han transcurrido desde la firma del CAFTA-RD, Honduras ha acumulado un saldo comercial negativo de USD 36,731.0 millones con Estados Unidos.
En este sentido, es altamente probable que, con la liberalización de los aranceles convenidos en el tratado de libre comercio se incremente este déficit, afectando colateralmente a los productores nacionales que no cuentan con los medios, recursos, ni tecnología para competir contra el mercado estadounidense.
Cabe mencionar que, las exportaciones de los principales productos hondureños han caído en los últimos 3 años. En 2017, el valor de las exportaciones de café sumó USD 1,225 millones, en cambio para el 2019 solamente suma USD 881.50 millones, el banano pasó de USD 425 millones a 373.40 millones, y el aceite de palma de 335.70 millones a 251.70 millones respectivamente. Las remesas continúan siendo un refugio de esta economía “de incertidumbre” aportando al consumo de los hogares que reciben, mantener cierta calidad de vida, dinamizando algunos sectores de producción, comercio y servicio.Además, de la principal fuente de divisas, fortaleciendo las Reservas Internacionales, estabilizando de alguna medida al Lempira frente a las monedas internacionales, las remesas son tan nobles, que al momento de ingresar a la economía a través del consumo nutren las “arcas del Estado” con el pago de los impuestos. Al 12 de diciembre del 2019 se percibió USD 5,227.6 millones (las remesas podrían superar los USD 5,400 millones), representando el primero alrededor del 20% del PIB. Lo cual favorece el incremento de las Reservas Internacionales Netas, que a la misma fecha reportan USD 5,485.5 millones, que cubren cinco meses y medio de importaciones.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de 39% en los primeros seis meses del 2019 producto de la crisis social y política del país, asociada con la desaceleración mundial de la economía. El Gabinete Económico indicó el 14 de octubre de 2019 que el país estaría entrando en una “especie de recesión económica” y que se trabajará en un plan de respuesta rápida para contener el problema económico en el país, plan que hasta el día de la publicación de este documento no se ha hecho público.Por lo cual, desde el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) creemos que es necesario implementar un verdadero Plan Nacional de Rescate. Aplicando los correctivos a las políticas económicas de país, con una visión del bienestar común.
No sólo se tratará de resolver los problemas estructurales con la ilusión de un nuevo sistema electoral. Los males de Honduras persistirán si no se atacan las anomalías sistémicas que han llevado a Honduras a ser los “campeones” en lo negativo de las evaluaciones internacionales, tales como; Haciendo Negocios de Banco Mundial, Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, Cuenta del Milenio, Pobreza para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras…
Sectores organizados del agro presentarán una propuesta ante el CN para superar la crisis alimentaria, ambiental y agraria en el país
Wednesday, 05 February 2020 16:09 Written by Bersely García Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Las Organizaciones del campo aglutinadas en la Vía
Campesina-Honduras y el Centro de Estudios Para la Democracia, CESPAD,
presentaron en conferencia de prensa este miércoles 05 de febrero de
2020, en Tegucigalpa, una propuesta alternativa y de urgencia ante la
actual crisis que atraviesa el sector agrícola en el país.
El pasado 06 de noviembre de 2019, las organizaciones rechazaron que
las Fuerzas Armadas de Honduras, FFAA, administren más de cuatro mil
millones de lempiras, disposición tomada desde el Ejecutivo mediante el
Decreto de Ley PCM 052-2019.
las representantes del sector campesino expresaron que en el contexto actual es imposible la recuperación en el ámbito agrícola, pecuario y forestal del país, por lo cual hacen la propuesta al Congreso Nacional, CN, de aprobar la Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal para el Combate a la Pobreza.
Entre las exigencias contenidas en el anteproyecto de ley que presentaran ante el CN, está la creación del Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, CNPAPF, que sería la instancia superior encargada de planificar el desarrollo integral del agro, mismo que estaría integrado por todos los sectores económicos y sociales del sector productor del país.
El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Franklin Almendares, dijo que el anteproyecto contiene 20 artículos específicos por la preocupante crisis que actualmente vive el país.
También expresó que proponen se reactive el agro a través de programas que ayuden a la producción integral , que tengan que ver con la utilidad del agua y la conservación del ambiente.
La líder campesina de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, Rosa Santamaría, argumentó que “nosotras como mujeres trabajamos para poder producir nuestros propios alimentos, para tener una soberanía alimentaria” .
La líder comunitaria agregó que las personas del campo viven en extrema pobreza y por esta razón las mujeres que son quienes están respondiendo en los hogares en su mayoría, son obligadas a desplazarse en las caravanas de migrantes.
Por otra parte la Coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, Jazmín López, declaró que en el marco de la propuesta de ley construida de manera colectiva, las mujeres exigen al Estado de Honduras, el acceso a la tierra, financiamiento y asistencia técnica.
Asimismo, exigió el cumplimiento y aplicación del Programa Nacional de Crédito Solidario para las Mujeres del Campo, CrediMujer, que llevan seis años demandando como sector organizado.
Sin embargo López, enfatizó que el gobierno debe ser garante de derechos y que no siga violentando los derechos humanos de los campesinos y campesinas.
Concluyó que en el anteproyecto de ley se incluye que las mujeres y los jóvenes puedan accesar a la tierra de manera directa.
Cabe mencionar que este documento creado por las organizaciones campesinas será presentado ante las diferentes bancadas de los partidos políticos del CN, el día de mañana 06 de febrero de 2020, a las 8:00 a.m.
las representantes del sector campesino expresaron que en el contexto actual es imposible la recuperación en el ámbito agrícola, pecuario y forestal del país, por lo cual hacen la propuesta al Congreso Nacional, CN, de aprobar la Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal para el Combate a la Pobreza.
Entre las exigencias contenidas en el anteproyecto de ley que presentaran ante el CN, está la creación del Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, CNPAPF, que sería la instancia superior encargada de planificar el desarrollo integral del agro, mismo que estaría integrado por todos los sectores económicos y sociales del sector productor del país.
El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Franklin Almendares, dijo que el anteproyecto contiene 20 artículos específicos por la preocupante crisis que actualmente vive el país.
También expresó que proponen se reactive el agro a través de programas que ayuden a la producción integral , que tengan que ver con la utilidad del agua y la conservación del ambiente.
La líder campesina de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, Rosa Santamaría, argumentó que “nosotras como mujeres trabajamos para poder producir nuestros propios alimentos, para tener una soberanía alimentaria” .
La líder comunitaria agregó que las personas del campo viven en extrema pobreza y por esta razón las mujeres que son quienes están respondiendo en los hogares en su mayoría, son obligadas a desplazarse en las caravanas de migrantes.
Por otra parte la Coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, Jazmín López, declaró que en el marco de la propuesta de ley construida de manera colectiva, las mujeres exigen al Estado de Honduras, el acceso a la tierra, financiamiento y asistencia técnica.
Asimismo, exigió el cumplimiento y aplicación del Programa Nacional de Crédito Solidario para las Mujeres del Campo, CrediMujer, que llevan seis años demandando como sector organizado.
Sin embargo López, enfatizó que el gobierno debe ser garante de derechos y que no siga violentando los derechos humanos de los campesinos y campesinas.
Concluyó que en el anteproyecto de ley se incluye que las mujeres y los jóvenes puedan accesar a la tierra de manera directa.
Cabe mencionar que este documento creado por las organizaciones campesinas será presentado ante las diferentes bancadas de los partidos políticos del CN, el día de mañana 06 de febrero de 2020, a las 8:00 a.m.
2020 será un año convulso que provocará más caravanas de migrantes
- 24/01/2020
“Ésta es una caravana marcada por la incertidumbre, por la desesperación, pero también por la determinación de tantas personas que han huido. Muchas de las fotos e imágenes que tuvimos en el momento que dejaban Honduras eran abrumadoras”, manifestó a Radio Progreso Yolanda González de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica, RJM.
Según González, el año que estamos comenzando presenta grandes desafíos porque será un tiempo convulso que provocará que más hondureños y hondureñas salgan en caravanas.
Radio Progreso (RP) dialogó con Yolanda González (YG) de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica.
RP. ¿Qué opina de la primera caravana de migrantes del año?
YG. Ésta es una caravana marcada por la incertidumbre, por la desesperación pero también por la determinación de tantas personas que han huido. Muchas de las fotos e imágenes que tuvimos en el momento que dejaban a Honduras eran abrumadoras.
RP. ¿Cómo describe usted a esos rostros?
YG. Son los mismos rostros. Hablamos de una caravana, que empieza el año, como una de las expresiones claras del país en el que nos encontramos. Los rostros que hemos vistos en tantas imágenes, gracias a la cobertura que Radio Progreso ha hecho, son de mujeres, familias, muchos jóvenes, menores de edad quienes claramente son las principales víctimas de esta Honduras de corrupción e impunidad.
YG. Los migrantes son los que tienen más claro el por qué se van, tienen claro sobre quienes son los promotores. En las imágenes hemos visto los carteles de “Fuera JOH”, hemos visto que esto es una narco dictadura, hay muchísimos testimonios, y el testimonio de las mujeres son claros y reveladores. Mujeres y hombres sólo consiguen trabajar tres meses al año, recuerde que venimos de la recolección del café. En ese rubro, tan celebrado por altos funcionarios en el mundo, a mucha gente, en estos meses, les permite ahorrar para todo el año y si no lo lograron pues no tienen otra opción que irse.
RP. ¿Qué talante le da esta caravana al año que estamos comenzando?
YG. Estamos en un terreno minado. En esta década que estamos cerrando las cifras de deportación pasaron de 60 mil a 109 mil personas con las que cerramos diciembre. Las cifras de solicitantes de refugio se han multiplicado por el 980% por ciento. Pasamos, de 2013, de tener 4 mil hondureños y hondureñas que solicitaron refugio a más de 40 mil solicitantes en 2018. Igual pasa con las remesas que se han duplicado.
El parteaguas es el golpe de Estado de 2009 en la que vemos que la institucionalidad ha cooptado por un grupo cada vez más vinculado a la criminalidad.
RP. ¿Qué desafíos presenta este año?
YG. Los desafíos que nos presenta son grandes porque será un año muy convulso que empezó no sólo con los datos de feminicidios sino también con el cierre de unas de las pocas ventanas por las que podría pasar una luz en la lucha contra esa corrupción e impunidad que está provocando las caravanas como es el cierre de la Maccih. Empezó con otra de esas pequeñas ventas y luces como es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también está bastante cercada con un informe que les ha caído mal a varios funcionarios.
RP. Los migrantes se van, ¿pero con qué se topan?
YG. Se topan con muros. Muros físicos, jurídicos, humanos, cada vez más grandes y sofisticados, y cada vez más cerca de Honduras. El año 2019 se puede caracterizar por la construcción, más elaborada, de esos muros. Hemos visto visiblemente todos los efectos del acuerdo que en junio de 2019 celebraron México y Estados Unidos con los seis mil guardias nacionales, pero no sólo eso, México desde junio, está permitiendo que se implemente, con mucha más fuerza, este famoso programa “Quédate en México”, cínicamente se llama Programa para la Protección del Migrante, y eso supone que ahora mismo cuando una persona, por ejemplo hondureña, logra llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que puede pasar es que le digan que sí vas a hacer el procedimiento de asilo, pero, lo vas hacer desde territorio mexicano.
RP. ¿Cuál es la realidad de los migrantes que solicitaron asilo y están en México?
YG. Ahora mismo hay más de 50 mil personas varadas en la frontera entre México y Estados Unidos en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, las más peligrosas de México, y en la que los procedimientos de asilo, según informes de las organizaciones estadounidenses, violan absolutamente todos los procesos legales. Muchas veces se hace por teleconferencia sin acceso a abogados y con muchas otras circunstancias de vulnerabilidad.
RP. Y lo de tercer país seguro, ¿cómo va ese acuerdo?
YG. Alguien decía, y creo que lo define muy bien, esos acuerdos son más clandestinos que los migrantes porque lo que les caracteriza es falta de transparencia absoluta en los tres países que firmaron: Guatemala, Honduras y El Salvador. Fue una aprobación sin consulta teniendo en cuenta las implicaciones que tienen para un país firmar esos acuerdos.
RP. Y México, ¿es el mismo México de octubre de 2018 cuando se dio la primera caravana de migrante?
YG. México es el muro de Estados Unidos. Si comparamos el 2018, incluso enero y febrero de 2019 cuando asume López Obrador como presidente, lo que caracteriza es la coherencia actual con esa política migratoria que cambió de rumbo en junio de 2019. A pesar que la política migratoria mexicana es liderada por la Secretaría de Gobernación, desde junio de 2019 se crea una comisión interinstitucional para coordinar los asuntos migratorios que lidera Relaciones Exteriores, es decir que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que tiene la relación con Estados Unidos y, por tanto, es al que define estas políticas migratorias que como decíamos son muros militares con la Guardia Nacional y muros jurídicos con el programa Quédate en México. Tampoco permiten a las organizaciones entrar a los centros de detención, es decir hay otra serie de muros que buscan que no pasen las personas.
Inseguridad alimentaria genera migración centroamericana
- Administrador
- DDHH
- 31 Enero 2020
Tomado de : Diario Co Latino, Centroamérica.- “La región es considerada altamente vulnerable, debido a que gran parte del territorio se ubica en el Corredor Seco Centroamericano, que se suma a la crisis climática, violencia social e inseguridad alimentaria, que también genera migración”, manifestó Magdalena Cortez, secretaria ejecutiva de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR).
En
su posicionamiento público por la crisis global, regional y de nación,
las organizaciones que integran la CRGR señalaron los puntos débiles de
los gobiernos centroamericanos que eleva la vulneración de los pueblos y
exacerba el drama humano de la migración de los cuatro países, de una
manera sin precedentes en los últimos años.
Para
Cortez, un escenario que agrava esta crisis es la corrupción, al citar
el Informe de Transparencia Internacional, que junto a la opacidad de la
gestión pública, la oposición a la fiscalización social sobre el
quehacer gubernamental, están afectando directamente a amplias
poblaciones vulnerables.
“Nos preocupa que el gobierno de los Estados Unidos haya firmado convenios bilaterales para nombrar a Honduras, El Salvador y Guatemala como países seguros para devolver a los migrantes en su tránsito hacia ese país del norte, en detrimento de los derechos humanos de los migrantes y a costa de la población centroamericana, que ya viven en situación crítica de índole sociopolítica y medioambiental”, enfatizó.
Las
consideraciones de la CRGR no han sido desatendidas de otros
organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
quienes en visita en diciembre pasado, y luego de más de tres décadas
sin invitación en el país conocieron de diversas problemáticas, para
emitir un Informe Preliminar, antes que se publique el “Informe País”,
en el que destacan la necesidad “urgente” de atender estas crisis
sociales.
En
su pronunciamiento, la CIDH consideró apropiado que el Estado
salvadoreño, apruebe un marco normativo integral sobre desplazamiento
forzado, que incluya soluciones duraderas y se garanticen el
acompañamiento y asesoría en mecanismos integrales de coordinación que
protejan los derechos humanos.
“En el año 2019 e inició del presente año, las personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos por patrullas fronterizas, fue de 89,003 migrantes. De los cuales, 42,757 son guatemaltecos, 33,824 hondureños y 12,422 salvadoreños. Mientras en la niñez no acompañada la cifra es de 34,468, de los cuales 20,701 son guatemaltecos, 9,987 hondureños y 4,780 salvadoreños la crisis humanitaria en Centroamérica es una realidad y afecta también a México y Estados Unidos, con el aumento de solicitudes por asilo de los tres países que conforman el Triángulo Norte”, explicó Cortez.
Asimismo,
expusieron que las organizaciones sociales, la cooperación
internacional y organismos humanitarios, siguen enfocando esfuerzos para
realizar intervenciones en esta crisis humanitaria, provocada por la
mano del hombre, ya sea por falta de planificación del desarrollo o la
alta deforestación y monocultivos que genera la sobreexplotación del recurso hídrico, que termina generando inseguridad alimentaria y migración.
Guido
Calderón, de Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo de
Guatemala indicó que de recientes estudios junto a OXFAM, han podido
constatar la relación directa entre inseguridad alimentaria y migración,
que ha generado hasta un 38.1 % de hogares que viven en el corredor
seco en el país vecino, y que tiene similar lectura en Honduras y El Salvador.
“Dentro de la clasificación de inseguridad alimentaria, cinco de diez hogares que migran a Estados Unidos, se va el hombre en inseguridad alimentaria leve, cuando la inseguridad alimentaria es moderada y comienza a afectar a la familia, entonces migra la esposa y cuando se eleva a nivel grave, ya no migró nadie porque se quedaron sin recursos. Entonces cuando los gobiernos hacen política pública, deben prever que este factor es causa de migración, así como la generación de empleo, de seguridad pública, es donde se debe enfocar la atención”, argumentó.
Para
la CRGR, es posible reducir la migración al reducir la inseguridad
alimentaria de los hogares con población vulnerable, en donde la mujer
juega un papel importante en el equilibrio eintegración del núcleo familiar.
Roberto
Dimas Alonso, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de
Riesgo de Honduras lamentó el alza en cuanto a los casos de detención de
migrantes, que sobrepasó los 40.000 entre 2019 a enero de 2020, sin
ninguna solución a corto plazo, para estas familias y personas, que
emprenden su viaje hacia Estados Unidos.
“Tenemos un segundo problema que son los retornados, solo el año pasado fue de 61,000 personas, y este número se incrementó de un 43 % al compararlo al año 2018, y también tenemos la migración invisible -la que no se nota- porque es migración interna dentro de los países, que en los últimos catorce años se ha registrado alrededor de 250,000 desplazados dentro del territorio hondureño”, señaló.
José
Ángel Cruz, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo
de Nicaragua consideró que el escenario actual de la región es un
“modelo económico insuficiente”, que mina las democracias y cuyos
gobiernos no pueden implementar a beneficio de la población.
“Hay muchos procesos con poca transparencia en la gestión pública en la región -y claro- esto ha venido impactando más fuerte y obviamente aumenta los riesgos de las pueblos centroamericanos por el incumplimiento de deudas sociales históricas. Nosotros planteamos que se deben desarrollar políticas inclusivas en la región, que incorpore a la población rural, y hacemos causa común con toda la región”,
puntualizó.Fuente:https://bit.ly/2RLGxFo
Publicado el 10 Febrero, 2020
El diario, que cita a varias fuentes y documentos gubernamentales, explica que los datos proceden de aplicaciones habituales en muchos teléfonos, incluidos juegos o servicios meteorológicos.
Esa información es recopilada por varias empresas, que luego la venden a otras compañías. Por ejemplo, para ofrecer a los usuarios publicidad de negocios que están cerca del lugar en que se encuentran.
Por esa vía comercial es por la que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y varias de sus agencias acceden a los datos.
Según contratos revisados por el WSJ, el Gobierno comenzó a comprar datos de localización en 2017. Y, por ejemplo, en 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de las deportaciones de sin papeles, gastó 190.000 dólares en esos servicios.
Información para identificar y arrestar
El ICE, señalan fuentes citadas por el WSJ, ha utilizado esa información para identificar y arrestar a indocumentados.
Los datos son también usados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esto para rastrear actividad inusual en zonas desérticas de la frontera con México. Tambien para combatir cruces ilegales o actividades de narcotráfico.
Según el periódico, esa información sirvió para descubrir en 2018 un túnel entre México y EE.UU. El paso lo construyeron narcotraficantes.
Le puede interesar:http://tiempo.hn/
El pasado septiembre, la CBP pagó más de un millón de dólares por licencias de software. De esa forma obtuvo acceso a este tipo de datos de localización procedentes de celulares.
Datos de localización
«Esta es una situación clásica en la que una vigilancia comercial cada vez mayor en el sector privado está llegando ahora directamente al Gobierno», dijo al WSJ Alan Butler, un responsable del Electronic Privacy Information Center, una organización que defiende leyes de privacidad más estrictas.
Las agencias gubernamentales, mientras, insistieron al periódico en que tienen en cuenta la privacidad. También limitan de forma estricta el uso de los datos de localización, manteniéndolos siempre anónimos.
«Aunque la CBP tiene acceso a información de localización, es importante señalar que esa información no incluye datos de torres telefónicas, no se ingiere en masa y no incluye la identidad de usuarios individuales», dijo un portavoz al WSJ.
LIBERALES CELEBRAN 129.º ANIVERSARIO CON PROTESTA EN LA CAPITAL
- Publicado: 07 Febrero 2020
Este
viernes el Partido Liberal, en el marco de 129.º aniversario, ha
convocado a su militancia para protestar frente al edificio de las
Naciones Unidas en Tegucigalpa, marchando por todo el bulevar Morazán
exigiendo la renuncia del actual régimen. Igualmente, se informó que en
todo el país habrá manifestaciones en el transcurso del día
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Desde las 10:00 de la mañana de este viernes, cientos de militantes del
Partido Liberal se han congregado en las afueras de la sede de las
Naciones Unidas en la denominada “marcha por la dignidad”, exigiendo la
salida inmediata del actual régimen que mantiene en zozobra al pueblo.
La
marcha se ha realizado en el marco del 129.º aniversario que cumplió
este instituto político el pasado miércoles 5 de febrero. En ese
contexto, la dirigencia hizo un llamado a sus bases “porque queremos
expresar nuestro sentir ante la calamitosa situación que vive nuestro
país”.
A
eso de las 11:00 de la mañana, los liberales, encabezados por su
presidente, Luis Zelaya, se movilizaron al bulevar para desfilar a las
oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en el edificio
Villatoro y posteriormente a su sede en la colonia Miramontes.
Dirigentes
del partido, explicaron que el plantón frente a la ONU tenía el
propósito de enviar un mensaje con relación al próximo proceso electoral
de 2021, y es que han dejado claro que no están dispuestos a otro
fraude, como el que denunció la oposición política en 2017.
“Hoy
iniciamos la defensa de la democracia con la defensa del voto de TODOS,
no permitiremos otro fraude como en el 2017… Por Honduras por
Nosotros…”, concretó Luis Zelaya en su cuenta oficial de Twitter.
Nasralla asegura que nacionalistas podrian integrarán la proxima alianza
2020-02-03
By HONDUSA TV
Publicado 2020-02-03 a las 6:31 pm
Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial
de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla expresó que la próxima
alianza de oposición que se forme podría estar integrada por grandes
líderes del Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación.
Nasralla comentó que una alianza se dará, pero que aún no sabe cual quien será el candidato que la encabece, pero si será una alianza de las bases de las principales fuerzas políticas del país (Nacional, Liberal, Libre).
También dijo que la próxima alianza la podrían integrar Ricardo Álvarez y Pepe Lobo del Partido Nacional, pues estos se darán cuenta que les harán fraude en las elecciones internas, ya que Juan Orlando y Mauricio Oliva se buscan imponer.
Asimismo, dijo creer que existen intenciones desde el más alto nivel del poder para cambiar el sistema republicano por el parlamentario (…) “Yo tengo ahora base nacionalista y quiero que lo sepan, esa gente sabe que yo gané las elecciones y son cercanos al actual presidente, pero no quieren”.
En ese sentido, explicó que “no sé Ricardo o Pepe Lobo, directamente podrían ser parte de la Alianza, pero la gente que está con ellos sí, esa gente ya votó por mí la vez pasada y lo volverían a hacer”.
Finalmente expresó que no aceptaría a Lobo Sosa como vicepresidente, así como otros porque tienen asuntos reñidos con la ley.
Salvador Nasralla, fue el candidato presidencial en las elecciones de 2017, por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, conformada por Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) e integrantes de algunos líderes del Partido Anti Corrupción (PAC).
Nasralla comentó que una alianza se dará, pero que aún no sabe cual quien será el candidato que la encabece, pero si será una alianza de las bases de las principales fuerzas políticas del país (Nacional, Liberal, Libre).
También dijo que la próxima alianza la podrían integrar Ricardo Álvarez y Pepe Lobo del Partido Nacional, pues estos se darán cuenta que les harán fraude en las elecciones internas, ya que Juan Orlando y Mauricio Oliva se buscan imponer.
Asimismo, dijo creer que existen intenciones desde el más alto nivel del poder para cambiar el sistema republicano por el parlamentario (…) “Yo tengo ahora base nacionalista y quiero que lo sepan, esa gente sabe que yo gané las elecciones y son cercanos al actual presidente, pero no quieren”.
En ese sentido, explicó que “no sé Ricardo o Pepe Lobo, directamente podrían ser parte de la Alianza, pero la gente que está con ellos sí, esa gente ya votó por mí la vez pasada y lo volverían a hacer”.
Finalmente expresó que no aceptaría a Lobo Sosa como vicepresidente, así como otros porque tienen asuntos reñidos con la ley.
Salvador Nasralla, fue el candidato presidencial en las elecciones de 2017, por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, conformada por Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) e integrantes de algunos líderes del Partido Anti Corrupción (PAC).
Honduras: uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas
Foto tomada por: Conexihon
Por: América Económica
- Administrador
- Libertad de Expresión
- 03 Febrero 2020
Estos
asesinatos son, según el IPI, el resultado de una combinación mortal:
narcotráfico, autoritarismo, debilidad institucional y corrupción
endémica. Los periodistas que investigan o informan críticamente sobre
cualquiera de estos problemas se enfrentan habitualmente la amenaza de
ataques, amenazas de muerte y asesinatos.
En 2019, cuatro periodistas hondureños probablemente fueron asesinados por hacer su trabajo. En marzo, el periodista y presentador Leonardo Gabriel Hernández, crítico del alcalde local y miembros regionales del Congreso, fue asesinado a tiros en Nacaome.
En agosto, el periodista televisivo Edgar Joel Aguilar fue asesinado a tiros dentro de una barbería en Copán. Tres meses después, el presentador de radio de 73 años Buenaventura Calderón, crítico del Gobierno, fue abatido a tiros frente a su casa en Puerto Lempira.
El asesinato más reciente se produjo el 25 de noviembre, cuando el periodista de televisión José Arita fue asesinado a tiros poco después de abandonar su oficina del Canal 12 en la ciudad de Puerto Cortés. El portavoz de seguridad hondureño, Jair Meza Barahona, interpretó que el asesinato probablemente estaba relacionado con su labor como periodista.
Impunidad
Además de tener una de las muertes más altas, el pequeño país también tiene una de las peores tasas de impunidad por el asesinato de periodistas en el hemisferio occidental, alrededor del 92 por ciento, según Amada Ponce, del grupo hondureño de libertad de prensa y derechos C-Libre.
Desde 2001, 82 periodistas han sido asesinados en el país, según datos del IPI y el grupo de derechos C-Libre. Sin embargo, de estos asesinatos, solo siete han sido resueltos por las autoridades, según Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
"No hay investigaciones de estos casos, o se llevan a cabo investigaciones y no hay resultados. Incluso cuando los sospechosos han sido encarcelados, a menudo son los desencadenantes, en lugar de los que ordenaron los asesinatos", lamenta.
Los esfuerzos realizados en los últimos años para reformar un sistema judicial y una fuerza policial ineficaces no han tenido mucho éxito . Ambas instituciones sufren la falta de recursos y están plagadas de corrupción endémica. En muchos casos, las implicaciones de lo que las investigaciones pueden descubrir sobre las autoridades, y aquellos que trabajan dentro de ellas, significan que los casos se ignoran por completo.
Los organismos creados específicamente para abordar estos problemas, como la Misión para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, creada en 2016, han demostrado ser en gran medida ineficaces. Este año, el gobierno creó la Oficina del Fiscal Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores y Defensores de Derechos Humanos. Si bien es un importante paso adelante en el papel, todavía se ha visto poco progreso, lamenta Rodríguez.
"Hasta ahora no ha funcionado en casos emblemáticos y no sabemos si los crímenes registrados en lo que va del año están siendo investigados", ha estimado.
Raíces de una crisis
En 2009, un golpe militar instaló un nuevo gobierno interino que inmediatamente impuso toques de queda y suspendió las libertades civiles. Estas duras medidas condujeron a una espiral de creciente inestabilidad económica y violencia, según el IPI.
Si bien Honduras no era un precisamente un bastión para la libertad de los medios, la nueva administración impuso un apagón generalizado de los medios y tomó medidas enérgicas contra la prensa de "oposición". Entre las estaciones de televisión cerradas se encontraban los canales CNN Español, TeleSUR o cualquiera afín al derrocado presidente Manuel Zelaya, que acusó a Estados Unidos de orquestar el golpe.
Durante este tiempo, el número de periodistas hondureños asesinados acabó disparándose. En la década posterior a 1999, solo dos periodistas fueron asesinados debido a su profesión. Sin embargo, en la década posterior al golpe de estado en 2009, al menos 40 han sido asesinados por hacer su trabajo.
Estas cifras solo han empeorado bajo el liderazgo del presidente actual, Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH), quien asumió el cargo en 2014. Muchos de estos asesinatos están relacionados con la información sobre el vínculo entre la corrupción y el tráfico de drogas en Honduras, que se ha descontrolado bajo el liderazgo de Hernández. Su hermano fue declarado culpable de contrabando y el mandatario ha sido acusado, aunque no se ha podido demostrar nada.
Hernández ganó un segundo mandato en 2017 en una votación que, según observadores internacionales, se vio empañada por el fraude. Casi 40 personas fueron asesinadas y más de 2.000 arrestadas en una ofensiva contra las protestas. Desde entonces, los crecientes métodos autoritarios del Gobierno para mantener su control sobre el poder han llevado al empeoramiento constante de la crisis política y social en la que Honduras está sumida ahora.
Represión Institucional
El IIP acusa a la administración Hernández de aprobar y modificar una serie de leyes que otorgan a las autoridades la capacidad de silenciar a periodistas críticos. En 2017, el Congreso modificó por primera vez el código penal para castigar a los periodistas declarados culpables de un delito vagamente definido -- "disculpa, glorificación, [o] justificación del terrorismo" -- , con penas de prisión de hasta ocho años.Un año después, el Gobierno presentó una propuesta de Ley Nacional de Ciberseguridad destinada a regular los "actos de odio y discriminación" en Internet: una normativa destinada a censurar de la red el contenido considerado ofensivo contra las autoridades. El proyecto de ley, considerado una "ley de mordaza" por los grupos de derechos, está actualmente en espera de aprobación después de un tercer y último debate en el Congreso.
Mientras tanto, los casos de difamación criminal también se han utilizado para silenciar a periodistas. En 2014, por ejemplo, el conocido periodista de Globo TV Julio Ernesto Alvarado fue declarado culpable de difamación criminal y se le prohibió informar durante 16 meses. Dos años más tarde, Ariel Armando D'Vicente , anfitrión del canal de televisión Libertad 21, recibió una sentencia de tres años de prisión por el mismo delito.
En marzo de 2019, la Policía allanó la oficina de Radio Globo y Globo TV en Tegucigalpa y arrestó al director de la estación, David Romero Ellner, en relación con un caso de difamación presentado en su contra por un ex fiscal. Actualmente cumple una condena de 10 años de prisión, en una condena descrita por C-Libre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una campaña motivada políticamente por el gobierno.
Con una tasa tan alta de asesinatos, en los últimos años algunos periodistas han huido del país para salvar sus vidas. Para aquellos que se quedan, el clima de miedo ha llevado a la autocensura. Muchos de los periódicos más grandes del país, como 'La Tribuna', 'El Heraldo' y 'El Tiempo', han atenuado durante mucho tiempo sus críticas y rara vez se alejan de la línea del gobierno.
Los problemas subyacentes que hacen de Honduras un lugar tan letal para informar no muestran signos de disminuir, y en el clima político actual parece haber poca voluntad para mejorar la situación. Por ahora, las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar, según el IPI.
En 2019, cuatro periodistas hondureños probablemente fueron asesinados por hacer su trabajo. En marzo, el periodista y presentador Leonardo Gabriel Hernández, crítico del alcalde local y miembros regionales del Congreso, fue asesinado a tiros en Nacaome.
En agosto, el periodista televisivo Edgar Joel Aguilar fue asesinado a tiros dentro de una barbería en Copán. Tres meses después, el presentador de radio de 73 años Buenaventura Calderón, crítico del Gobierno, fue abatido a tiros frente a su casa en Puerto Lempira.
El asesinato más reciente se produjo el 25 de noviembre, cuando el periodista de televisión José Arita fue asesinado a tiros poco después de abandonar su oficina del Canal 12 en la ciudad de Puerto Cortés. El portavoz de seguridad hondureño, Jair Meza Barahona, interpretó que el asesinato probablemente estaba relacionado con su labor como periodista.
Impunidad
Además de tener una de las muertes más altas, el pequeño país también tiene una de las peores tasas de impunidad por el asesinato de periodistas en el hemisferio occidental, alrededor del 92 por ciento, según Amada Ponce, del grupo hondureño de libertad de prensa y derechos C-Libre.
Desde 2001, 82 periodistas han sido asesinados en el país, según datos del IPI y el grupo de derechos C-Libre. Sin embargo, de estos asesinatos, solo siete han sido resueltos por las autoridades, según Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
"No hay investigaciones de estos casos, o se llevan a cabo investigaciones y no hay resultados. Incluso cuando los sospechosos han sido encarcelados, a menudo son los desencadenantes, en lugar de los que ordenaron los asesinatos", lamenta.
Los esfuerzos realizados en los últimos años para reformar un sistema judicial y una fuerza policial ineficaces no han tenido mucho éxito . Ambas instituciones sufren la falta de recursos y están plagadas de corrupción endémica. En muchos casos, las implicaciones de lo que las investigaciones pueden descubrir sobre las autoridades, y aquellos que trabajan dentro de ellas, significan que los casos se ignoran por completo.
Los organismos creados específicamente para abordar estos problemas, como la Misión para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, creada en 2016, han demostrado ser en gran medida ineficaces. Este año, el gobierno creó la Oficina del Fiscal Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores y Defensores de Derechos Humanos. Si bien es un importante paso adelante en el papel, todavía se ha visto poco progreso, lamenta Rodríguez.
"Hasta ahora no ha funcionado en casos emblemáticos y no sabemos si los crímenes registrados en lo que va del año están siendo investigados", ha estimado.
Raíces de una crisis
En 2009, un golpe militar instaló un nuevo gobierno interino que inmediatamente impuso toques de queda y suspendió las libertades civiles. Estas duras medidas condujeron a una espiral de creciente inestabilidad económica y violencia, según el IPI.
Si bien Honduras no era un precisamente un bastión para la libertad de los medios, la nueva administración impuso un apagón generalizado de los medios y tomó medidas enérgicas contra la prensa de "oposición". Entre las estaciones de televisión cerradas se encontraban los canales CNN Español, TeleSUR o cualquiera afín al derrocado presidente Manuel Zelaya, que acusó a Estados Unidos de orquestar el golpe.
Durante este tiempo, el número de periodistas hondureños asesinados acabó disparándose. En la década posterior a 1999, solo dos periodistas fueron asesinados debido a su profesión. Sin embargo, en la década posterior al golpe de estado en 2009, al menos 40 han sido asesinados por hacer su trabajo.
Estas cifras solo han empeorado bajo el liderazgo del presidente actual, Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH), quien asumió el cargo en 2014. Muchos de estos asesinatos están relacionados con la información sobre el vínculo entre la corrupción y el tráfico de drogas en Honduras, que se ha descontrolado bajo el liderazgo de Hernández. Su hermano fue declarado culpable de contrabando y el mandatario ha sido acusado, aunque no se ha podido demostrar nada.
Hernández ganó un segundo mandato en 2017 en una votación que, según observadores internacionales, se vio empañada por el fraude. Casi 40 personas fueron asesinadas y más de 2.000 arrestadas en una ofensiva contra las protestas. Desde entonces, los crecientes métodos autoritarios del Gobierno para mantener su control sobre el poder han llevado al empeoramiento constante de la crisis política y social en la que Honduras está sumida ahora.
Represión Institucional
El IIP acusa a la administración Hernández de aprobar y modificar una serie de leyes que otorgan a las autoridades la capacidad de silenciar a periodistas críticos. En 2017, el Congreso modificó por primera vez el código penal para castigar a los periodistas declarados culpables de un delito vagamente definido -- "disculpa, glorificación, [o] justificación del terrorismo" -- , con penas de prisión de hasta ocho años.Un año después, el Gobierno presentó una propuesta de Ley Nacional de Ciberseguridad destinada a regular los "actos de odio y discriminación" en Internet: una normativa destinada a censurar de la red el contenido considerado ofensivo contra las autoridades. El proyecto de ley, considerado una "ley de mordaza" por los grupos de derechos, está actualmente en espera de aprobación después de un tercer y último debate en el Congreso.
Mientras tanto, los casos de difamación criminal también se han utilizado para silenciar a periodistas. En 2014, por ejemplo, el conocido periodista de Globo TV Julio Ernesto Alvarado fue declarado culpable de difamación criminal y se le prohibió informar durante 16 meses. Dos años más tarde, Ariel Armando D'Vicente , anfitrión del canal de televisión Libertad 21, recibió una sentencia de tres años de prisión por el mismo delito.
En marzo de 2019, la Policía allanó la oficina de Radio Globo y Globo TV en Tegucigalpa y arrestó al director de la estación, David Romero Ellner, en relación con un caso de difamación presentado en su contra por un ex fiscal. Actualmente cumple una condena de 10 años de prisión, en una condena descrita por C-Libre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una campaña motivada políticamente por el gobierno.
Con una tasa tan alta de asesinatos, en los últimos años algunos periodistas han huido del país para salvar sus vidas. Para aquellos que se quedan, el clima de miedo ha llevado a la autocensura. Muchos de los periódicos más grandes del país, como 'La Tribuna', 'El Heraldo' y 'El Tiempo', han atenuado durante mucho tiempo sus críticas y rara vez se alejan de la línea del gobierno.
Los problemas subyacentes que hacen de Honduras un lugar tan letal para informar no muestran signos de disminuir, y en el clima político actual parece haber poca voluntad para mejorar la situación. Por ahora, las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar, según el IPI.
Este 30 de enero Juicio Oral y Público: Casi cinco años tiene la periodista Dunia Montoya de esperar justicia
Wednesday, 29 January 2020 22:15 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
A la 10 de la mañana de este 30 de enero de 2020 está programado
el inicio del Juicio Oral y Público contra un policía de escala básica
de la Policía Nacional Preventiva de El Progreso, Yoro, que el 01 de
septiembre de 2015, participó en la represión masiva contra la
periodista Dunia Montoya. Ese día su brazo fue desprendido por la
violencia que emplearon un grupo de policías contra ella para quitarle
una cámara con la que grababa los abusos policiales y militares contra
una manifestación pacífica.
Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando decenas de
personas salieron a las calles a protestar que se castigara a quienes
dilapidaron los recursos del seguro social y demandaban la Comisión
Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICIH.
Montoya junto a varios periodistas de distintos medios de comunicación llegaron a Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro, a hacer la cobertura de las incidencias, pero ella nunca se imaginó que el solo hecho de grabar escenas represivas le traería graves consecuencias que la han dejado incapacitada de por vida.
Montoya miró cuando un policía alto, fornido, afrohondureño, estaba muy agresivo contra los manifestantes, “andaba con muchas ganas de reprimir, entonces empecé a grabar y documenté lo que estaba haciendo, pero en un momento procedió a ejercer la violencia para arrebatarme la cámara, yo no me dejaba porque era una evidencia vital como prueba del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado, me quebró parte de la cámara, pero yo todavía podía grabar, llegó un momento que caí al suelo, y él me puso las botas en la cara , yo ya no podía más, mi brazo derecho estaba desprendido y el dolor era insoportable, sentía que me desmayaba”.
Fue hasta más de un año después que se llevó a cabo la audiencia inicial contra el policía Carlos Alberto Arzú, a quien identificó en la escena, adujo que puede reconocer su rostro a pesar que han pasado varios años, debido a que recuerda cómo actuaba con mucha violencia.
Audiencia de Imputado
Protegido por varias patrullas con agentes de la policía preventiva de El Progreso, Yoro, llegó a los Juzgados de lo Penal de ese término el agente Arzú, el 15 de febrero de 2017.
Es un policía de escala básica, está acusado por los delitos de Abuso de Autoridad y Lesiones en perjuicio de la Administración Pública y de Dunia Aracely Montoya.
En la Audiencia de Imputado se deslindó de la responsabilidad y dijo que seguía órdenes de su jefe superior, “es cierto nos desplazamos ese día con nuestros jefes para la manifestación de Quebrada Seca , éramos un total de 30 a 40 policías, ella dice que yo la agredí (Dunia Montoya), que la tiré al suelo , la agarré a patadas, le dí en la cara, si yo lo hubiera hecho quizá la hubiera quebrado, es capaz la hubiera matado ..”
“En ningún momento la agarré a patadas ni le pegué en la cara, fueron otros policías , en ningún momento la golpee, como yo soy el negro salí embarrado , yo no le toqué la cámara, fueron otros policías …”, continuó.
Cuando la fiscal le pregunta cuál era su cargo en el operativo dijo ”no tenemos cargo, vamos con nuestros jefes” .
Al preguntarle quién era su jefe informó que se trataba del Comisionado Julio Roberto Romero Canales.
Había alguna otra unidad policial? Le preguntó, “si los de las fuerzas armadas , siempre nos acompañan”, respondió.
Cuando le preguntaron por los nombres de otros policías los ocultó “éramos un montón de policía y otros ya no están , fueron trasladados , unos ya fueron depurados
Como trataba de abstraerse de su participación, el abogado acusador privado, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que acompaña el caso, le repreguntó, cuál fue la reacción cuando vio que golpeaban a Dunia dijo “ nosotros nos reculamos para atrás porque así es”
El abogado preguntó “ud mencionó miembros de las fuerzas armadas , qué apoyo les da las fuerzas armadas?, no le puedo decir , somos mandados , uno no va porque uno quiere, somos mandados por nuestros superiores, argumentó.
Es importante señalar que el juicio ha sufrido innumerables dilatorias, desde cambios de fecha en las audiencias, hasta no citación de las partes, argumentando que se les olvidó hacerlo.
La defensa actual del policía, que son dos apoderados legales, a pesar que es de escala básica, ha tratado de hacer dilatorias al juicio, entre ellas presentar una apelación y después retirarla.
En la Audiencia de Imputado al policía Arzú la jueza le prohibió acercarse a la víctima y no frecuentar lugares donde ella circula, sin embargo eso fue violentado en enero de 2018 cuando Arzú ingresó a su residencia tratando de capturar al hermano y al hijo de la periodista.
Otro dato importante es que no está siendo enjuiciada la cadena de mando policial y de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión.
La comunicadora debió acogerse al Mecanismo de Protección en abril de 2017 debido al riesgo que correo por ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en El progreso, Yoro, y por lo cual ha sido reprimida varias veces.
Tiene serias secuelas en su clavícula a casi cinco años del ataque y el impacto sicológico también ha sido fuerte. Ha soportado por varias veces la burla de Arzú y las amenazas constantes de lanzarle bombas lacrimógenas contra su cuerpo, eso por la impunidad en que han estado las acciones represivas del imputado.
Jueves 30 de enero el juicio Oral y Público
No se sabe cuánto tiempo durará el juicio Oral y Público, lo que sí está claro es la hora de inicio que es a las 10 de la mañana de este 20 de enero.
Al mismo van como testigos el periodista Immer Gerardo Chévez, quien observó el ataques contra Montoya y Bartolo Fuentes, periodista y esposo de Montoya.
Se espera una condena contra Arzú para que se siente un precedente contra los cuerpos represivos del Estado, pero lo lamentable es que los jefes que ordenaron el ataque, no están en el banquillo de los acusados.
Montoya junto a varios periodistas de distintos medios de comunicación llegaron a Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro, a hacer la cobertura de las incidencias, pero ella nunca se imaginó que el solo hecho de grabar escenas represivas le traería graves consecuencias que la han dejado incapacitada de por vida.
Montoya miró cuando un policía alto, fornido, afrohondureño, estaba muy agresivo contra los manifestantes, “andaba con muchas ganas de reprimir, entonces empecé a grabar y documenté lo que estaba haciendo, pero en un momento procedió a ejercer la violencia para arrebatarme la cámara, yo no me dejaba porque era una evidencia vital como prueba del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado, me quebró parte de la cámara, pero yo todavía podía grabar, llegó un momento que caí al suelo, y él me puso las botas en la cara , yo ya no podía más, mi brazo derecho estaba desprendido y el dolor era insoportable, sentía que me desmayaba”.
Fue hasta más de un año después que se llevó a cabo la audiencia inicial contra el policía Carlos Alberto Arzú, a quien identificó en la escena, adujo que puede reconocer su rostro a pesar que han pasado varios años, debido a que recuerda cómo actuaba con mucha violencia.
Audiencia de Imputado
Protegido por varias patrullas con agentes de la policía preventiva de El Progreso, Yoro, llegó a los Juzgados de lo Penal de ese término el agente Arzú, el 15 de febrero de 2017.
Es un policía de escala básica, está acusado por los delitos de Abuso de Autoridad y Lesiones en perjuicio de la Administración Pública y de Dunia Aracely Montoya.
En la Audiencia de Imputado se deslindó de la responsabilidad y dijo que seguía órdenes de su jefe superior, “es cierto nos desplazamos ese día con nuestros jefes para la manifestación de Quebrada Seca , éramos un total de 30 a 40 policías, ella dice que yo la agredí (Dunia Montoya), que la tiré al suelo , la agarré a patadas, le dí en la cara, si yo lo hubiera hecho quizá la hubiera quebrado, es capaz la hubiera matado ..”
“En ningún momento la agarré a patadas ni le pegué en la cara, fueron otros policías , en ningún momento la golpee, como yo soy el negro salí embarrado , yo no le toqué la cámara, fueron otros policías …”, continuó.
Cuando la fiscal le pregunta cuál era su cargo en el operativo dijo ”no tenemos cargo, vamos con nuestros jefes” .
Al preguntarle quién era su jefe informó que se trataba del Comisionado Julio Roberto Romero Canales.
Había alguna otra unidad policial? Le preguntó, “si los de las fuerzas armadas , siempre nos acompañan”, respondió.
Cuando le preguntaron por los nombres de otros policías los ocultó “éramos un montón de policía y otros ya no están , fueron trasladados , unos ya fueron depurados
Como trataba de abstraerse de su participación, el abogado acusador privado, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que acompaña el caso, le repreguntó, cuál fue la reacción cuando vio que golpeaban a Dunia dijo “ nosotros nos reculamos para atrás porque así es”
El abogado preguntó “ud mencionó miembros de las fuerzas armadas , qué apoyo les da las fuerzas armadas?, no le puedo decir , somos mandados , uno no va porque uno quiere, somos mandados por nuestros superiores, argumentó.
Es importante señalar que el juicio ha sufrido innumerables dilatorias, desde cambios de fecha en las audiencias, hasta no citación de las partes, argumentando que se les olvidó hacerlo.
La defensa actual del policía, que son dos apoderados legales, a pesar que es de escala básica, ha tratado de hacer dilatorias al juicio, entre ellas presentar una apelación y después retirarla.
En la Audiencia de Imputado al policía Arzú la jueza le prohibió acercarse a la víctima y no frecuentar lugares donde ella circula, sin embargo eso fue violentado en enero de 2018 cuando Arzú ingresó a su residencia tratando de capturar al hermano y al hijo de la periodista.
Otro dato importante es que no está siendo enjuiciada la cadena de mando policial y de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión.
La comunicadora debió acogerse al Mecanismo de Protección en abril de 2017 debido al riesgo que correo por ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en El progreso, Yoro, y por lo cual ha sido reprimida varias veces.
Tiene serias secuelas en su clavícula a casi cinco años del ataque y el impacto sicológico también ha sido fuerte. Ha soportado por varias veces la burla de Arzú y las amenazas constantes de lanzarle bombas lacrimógenas contra su cuerpo, eso por la impunidad en que han estado las acciones represivas del imputado.
Jueves 30 de enero el juicio Oral y Público
No se sabe cuánto tiempo durará el juicio Oral y Público, lo que sí está claro es la hora de inicio que es a las 10 de la mañana de este 20 de enero.
Al mismo van como testigos el periodista Immer Gerardo Chévez, quien observó el ataques contra Montoya y Bartolo Fuentes, periodista y esposo de Montoya.
Se espera una condena contra Arzú para que se siente un precedente contra los cuerpos represivos del Estado, pero lo lamentable es que los jefes que ordenaron el ataque, no están en el banquillo de los acusados.
El Salvador: Irrupción de Bukele y militares en la Asamblea Legislativa es una afrenta a la democracia
Por defensores -
12 febrero, 2020
communique
París, San Salvador.- La FIDH – Federación
Internacional de Derechos Humanos- junto a sus organismos miembros abajo
firmantes, rechazan enfáticamente la reciente incursión el domingo
pasado del presidente de El Salvador Náyib Bukele junto a un escuadrón
militar en la Asamblea Legislativa de su país, en un acto claro de
amedrentamiento con el fin de presionar para que le sea aprobado un
préstamo de la banca gestionado por su presidencia.La precipitada irrupción en la Asamblea, además de constituir un abierto ataque a los pilares de un Estado de derecho y a los principios básicos de la democracia basada en la separación de poderes y el respeto a los mecanismos para evitar el abuso del poder, Bukele, le ha dado un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que se produzca tal aprobación, bajo la amenaza de recurrir a otros métodos, como por ejemplo disolverla.
Resulta asimismo preocupante la premura con la cual Bukele intenta que se apruebe el préstamo de US$109 millones, cuyo financiamiento proviene del Banco Centroamericano de la Integración Económica, y que tiene como objetivo modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas.
Este tipo de acciones resultan claramente inaceptables. Por ello, instamos de manera urgente al gobierno de El Salvador para que cese de forma inmediata y definitiva todo tipo de presiones hacia la Asamblea Legislativa, así como a desechar toda amenaza de intervenciones ajenas a la democracia y al orden constitucional.
La FIDH y sus organismos miembros estarán atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos en El Salvador, confiando que el gobierno se abstendrá de llevar a cabo nuevas actuaciones que afecten la vida institucional, la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
En El Salvador: Bukele mete al ejército en la Asamblea y amenaza con disolverla dentro de una semana
Valeria Guzmán, Nelson Rauda y Jimmy Alvarado*/ Foto: Víctor Peña (de El Faro)
El presidente Nayib Bukele entró el domingo a las 4:40 de la tarde al
salón de plenarias del Palacio Legislativo, semivacío y previamente
tomado por medio centenar de militares y policías fuertemente armados,
caminó hasta la mesa de la Junta Directiva y se sentó en el sitio
reservado para el presidente de la Asamblea, que no estaba. Una vez
allí, miró hacia la zona de curules y dijo con frialdad: ''Ahora creo
que está muy claro quién tiene el control de la situación''.
Frente
a él, treinta y un diputados le observaban aún paralizados por la
fuerte presencia de militares armados en el hemiciclo. Bukele anunció
que haría una oración, cerró los ojos y se cubrió el rostro con las
manos.
Minutos antes, el Presidente de la República había llegado a las puertas de la Asamblea Legislativa para encabezar una insólita protesta contra los diputados. Rodeado de militares, con seis banderas de El Salvador a sus espaldas y frente a unos cinco mil simpatizantes llegados de distintas partes del país, llamó a los diputados “sinvergüenzas” y “criminales”, afirmó que estaban cometiendo una ilegalidad al no asistir ese día al Congreso y recordó a sus seguidores un artículo de la Constitución, el 87: “El pueblo tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional”, dijo.
Los manifestantes estallaron en gritos. Bukele llevaba tres días amenazando a los diputados con la ira del pueblo , y parecía inminente un estallido, una acción contundente contra los legisladores. El jueves 6 Bukele había dado un paso inusual: amparado en un impreciso artículo de la Constitución, su Consejo de Ministros había ordenado a la Asamblea sesionar para aprobar un préstamo para seguridad pública que habían demorado por semanas. En los días siguientes había jugado con la posibilidad de disolver el congreso si los diputados no acudían a la cita. Y esta cita era ese domingo, a las 3:00 de la tarde. Pasaban ya de las 4:00.
Entonces, anunció lo que vendría: “Les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul a hacer una oración, a pedirle a Dios sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes”, dijo.
Pidió a sus seguidores que lo esperaran. Aída Mancía, la maestra de ceremonias de la presidencia, remató: “Quédense, viene más sorpresas”. El presidente ya se encaminaba al hemiciclo.
En tres enormes pantallas LED instaladas por el Ejecutivo el día anterior, los presentes pudieron ver cómo entraba al edificio legislativo en medio de un pasillo de cadetes en uniformes de gala. La “insurrección” estaba siendo televisada y organizada con recursos estatales. Sin sonido, pero con múltiples ángulos de cámara y tomas de drones incluidas, el público vio a su presidente atravesar el hemiciclo rodeado de soldados con chalecos antibalas y armas de guerra. Al fondo le esperaba el diputado Guillermo Gallegos.
Gallegos, vicepresidente segundo de la Asamblea, no debía ser en teoría quien le recibiera, pero fue él a quien el encargado de protocolo de Presidencia llamó para comunicarle que, fuera de cualquier protocolo, Bukele entraría al salón de la Asamblea Legislativa. El diputado asegura que de inmediato llamó al presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce. Según su versión, Ponce le dijo que no se haría presente porque él mismo ya había convocado a plenaria para el lunes 10 de febrero. Gallegos, como el diputado con mayor rango jerárquico presente este domingo, se hizo cargo: “Ponce me dijo que era responsabilidad mía lo que sucediera. Yo la asumo”, dijo.
El edificio legislativo llevaba desde las 2:00 de la tarde controlado en su totalidad por militares. “Nosotros nos hacemos a un lado al ver que ellos tienen controlada el área”, explicó un empleado de seguridad del Órgano Legislativo. Cuando los diputados que decidieron acatar la convocatoria se presentaron, no se encontraron a los agentes de seguridad usuales y tuvieron que identificarse con los agentes del Estado Mayor Presidencial. Ni siquiera pudieron entrar al Salón Azul de inmediato porque no estaba abierto. “Ponce maneja la administración y por eso es que no contamos con la llave”, argumentó Gallegos.
“Supuestamente ya viene el encargado, pero viene desde Suchitoto”, explicó la diputada Eileen Romero. Por un momento, planeó sobre la situación la memoria del cerrajero que en 2012 abrió el despacho de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando el entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, instaló ilegalmente una presidencia alterna de la Corte.
En la calle, bajo un sol despiadado, los simpatizantes de Bukele esperaban. Desde temprano, docenas de empleados estatales habían hecho labores logísticas. La patrulla 01-3080 de la División Antiexplosivos de la Policía se usó para cargar botellas de agua; operarios metieron botellas de jugo de naranja a la dirección de Migración; empleados del ministerio de Trabajo de Santa Ana y Sonsonate hicieron cola para que les entregaran agua, jugos y sándwiches de jamón y queso.
Cerca de las 3:00 de la tarde, Erick Gutiérrez, coordinador regional de la dirección de Participación Social del ministerio de Gobernación, recibió a la delegación de Nuevas Ideas Tacuba, el partido del presidente, que acababa de llegar a San Salvador en bus. Le dijo a un grupo que la entrada era sobre la avenida Juan Pablo y que podían pasar, también, por su refrigerio.
La muchedumbre estaba integrada por partidarios de Nuevas Ideas, empleados de gobierno, y personas que atendieron el llamado del presidente. En común tuvieron el transporte en vehículos estatales. Por ejemplo, un bus de la Fuerza Aérea placas N 3-439 que tenía rótulo “Quezaltepeque” en el parabrisas. En otros casos se transportaron en buses particulares, pagados por Nuevas Ideas, un partido que no ha revelado información del origen de su financiamiento. En redes sociales hubo convocatorias desde las cuentas afines al partido en las que se establecieron los puntos de reunión. Esos buses vinieron de Ciudad Barrios, de San Vicente, de Chalatenango, de La Paz…
No era, en todo caso, una manifestación espontánea. Los empleados de gobierno, como era el caso de empleadas de comunicación de CEPA, portaban sus gafetes; y algunos además estaban trabajando, como Josué Hernández García, un community manager de la unidad de reconstrucción de Tejido Social, que se dedicó a grabar video de la multitud. Había docenas de policías y militares en la Diagonal Universitaria y eran también soldados y agentes los que ordenaban el acceso a la convocatoria presidencial.
Resuelto el impasse de las llaves, invadido ya de militares el salón azul, ninguno de ellos pudo escuchar el rotundo “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación” que Bukele pronunció dentro del Salón Azul, pero sí le observaron cerrar los ojos, concentrado, durante un par de minutos. Y vieron cómo, después, simplemente se levantó y se fue, seguido por los uniformados, de regreso a la tarima colocada a la entrada de la Asamblea.
Allí, los miles congregados oyeron al presidente revelar que Dios le había hablado allá adentro, y que le había pedido paciencia. Que podía “tomar por la fuerza” la Asamblea, pero que decidía no hacerlo. “El pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra policía lo sabe, todos los poderes fácticos del país estaban claros de que si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón”, exclamó Bukele en una referencia tácita de la disolución de la Asamblea.
Pero insistió en que tendría paciencia. Una semana de paciencia. Y le oyeron decir que si en una semana los diputados no habían aprobado el préstamo millonario que el Ejecutivo les pide, entonces llegaría una insurrección que derribaría a esos diputados. Un ultimátum.
Bukele pidió a sus partidarios, llegados a puertas de la Asamblea en buses fletados por el gobierno, que pospusieran una semana la insurrección que tres días antes él mismo les había ofrecido. “Paciencia, Paciencia, paciencia”, dijo. ¡No! ¡No! ¡No!, gritaban los asistentes. “Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado”, les dijo el presidente. y así los convenció de posponer la insurrección planeada. Así paró Nayib Bukele su intento de autogolpe.
Una acción sin precedentes
La tarde del domingo 9 de febrero, Nayib Bukele hizo lo que ningún otro Presidente de la República había hecho desde los Acuerdos de Paz: militarizó el salón plenario y amenazó con disolver la Asamblea Legislativa. Y aunque a última hora no lo hizo, dio un ultimátum a los diputados para que voten y autoricen, en un plazo de siete días, la negociación de un préstamo de $109 millones que él ha solicitado para financiar la fase III de su plan de seguridad. Y lo hizo tras tomarse literalmente la Asamblea con militares. Y tras intimidar por más de 48 horas a los diputados de oposición retirándoles la protección policial el viernes, y enviando a policías y soldados el sábado y el domingo a las puertas de sus casas. Los diputados comenzarán a sesionar este mismo lunes.
El Órgano Legislativo perdió el control de su propio edificio desde el mediodía del domingo, cuando miembros del Estado Mayor Presidencial desplazaron a la seguridad parlamentaria y tomaron control de los accesos. Fue el culmen de una semana intensa. La tensión comenzó a media semana cuando Bukele llamó a una insurrección invocando el artículo 87 de la Constitución. El sábado 8 de febrero el ejército acordonó, por orden de Bukele, los alrededores del Palacio Legislativo.
El viernes 7 el presidente convocó vía Twitter “al pueblo salvadoreño” a una concentración frente a la Asamblea, programada para la tarde del domingo. Llegado el día, transportadas en autobuses desde ministerios y dependencias de gobierno, unas cinco mil personas rodearon las calles aledañas al Legislativo. Muchos eran empleados de gobierno y simpatizantes del partido Nuevas Ideas. No era una insurrección espontánea. Ni de multitudes.
En apariencia, el objetivo único era presionar a los diputados, convocados por el Consejo de Ministros para sostener a la fuerza una “plenaria extraordinaria” con el fin de votar por la negociación de los fondos para el Plan Control Territorial. Pero el préstamo dejó de ser el centro del debate tras la irrupción del ejército en el Órgano Legislativo. La diputada arenera Felissa Cristales, de las pocas que en disidencia con su partido apoya el préstamo que pide Bukele, reaccionó indignada: “Yo estoy de acuerdo con el préstamo, pero meter al Ejército y a la PNC al Salón Azul es estar irrumpiendo un poder del Estado con otro. Eso no lo voy a permitir y no me voy a prestar”, dijo antes de salir del salón y subirse a su carro.
No hay registros, en un siglo, de la entrada de destacamentos de soldados con armas largas al hemiciclo legislativo. Ni siquiera durante los años de las dictaduras militares. El referente más próximo, según el historiador Roberto Turcios, es un incidente en la década de los 60, cuando militares obligaron a los entonces diputados a sesionar en un cuartel.
No fue la única actuación de las fuerzas de seguridad en la jornada. Durante el día, varios diputados opositores denunciaron que soldados y policías los acosaban a ellos o a sus parientes en sus casas. La fracción del FMLN, que participaba en una asamblea nacional del partido en el municipio de San Marcos, denunció la inexplicable presencia de soldados y camiones de la Fuerza en la zona.
Cientos de policías recibieron órdenes de acuartelarse y estar listos para desplegarse si lo pedía el presidente. Francotiradores se apostaron en algunas azoteas del centro de gobierno, adyacente a la Asamblea. La tarde del sábado, la Fuerza Armada había anunciado que estaban esperando órdenes de su “comandante en jefe”, Bukele, para actuar en la forma que él lo pidiera. Cuando Bukele insultó y amenazó a los diputados desde la tarima, estaba rodeado de oficiales en uniforme.
Al final de la jornada, postergada una semana cualquier acción presidencial contra la Asamblea, el director de la Policía Nacional Civil, el exmilitar Mauricio Arriaza Chicas, se mostró apenado con varios diputados. “Ya pasó esta situación difícil, mediante Dios”, le dijo al diputado Raúl Bonilla, de, PCN. “Les quiero dar las gracias. La verdad es que la situación ha estado un poco complicada”, les repitió a Francis Zablah y Guillermo Gallegos, de GANA. Frente a él, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, armados con escopetas y equipados para detener masas, abandonaban el Salón Azul.
La dureza de un presidente "cool"
La comunidad internacional entendió antes que el Gobierno la gravedad de las acciones de Bukele. Antes de que comenzaran los discursos de Bukele, y aún no consumada la toma armada del Congreso, la Unión Europea emitió un comunicado advirtiendo: “el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”. El embajador de Estados Unidos, habitualmente complaciente con Bukele y cómplice político de su gobierno, hizo “un llamado a todas las partes del estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma” .
Mucho más contundente fue el congresista demócrata estadounidense Jim McGovern, quien a través de Twitter pidió al gobierno de El Salvador el respeto a la separación de poderes y cuestionó el uso del ejército: “El ejército y la Policía deberían regresar a los cuarteles y no involucrarse en asuntos políticos.”, escribió. Otras fuentes diplomáticas confirmaron a El Faro que durante las 48 horas previas numerosos embajadores enviaron mensajes de preocupación al presidente.
Es la primera vez en casi ocho meses de gobierno que Bukele es fuertemente criticado por sectores que antes lo aplaudieron, tanto externos como internos. “En una verdadera democracia es inconcebible ver una Asamblea Legislativa tomada desde adentro con las Fuerzas Armadas. ¡Exigimos el respeto a la institucionalidad! Las Fuerzas Armadas debe retirarse de inmediato”, escribió el presidente de la Cámara de Comercio Javier Steiner, a través su cuenta de Twitter: “Podríamos estar delante de un muy peligroso punto de inflexión”.
La principal gremial de empresarios del país, ANEP, emitió un comunicado en el que acusaba al Ejecutivo de “excederse en sus funciones al interpretar la Constitución” y en la que instó a Bukele a usar su popularidad para “convencer y no para generar crisis civil en la sociedad”. El presidente del tanque de pensamiento Fusades, Miguel Ángel Simán, pidió al Ejecutivo respetar la Constitución y cuestionó de forma irónica los mecanismos usados por el presidente para avanzar su agenda legislativa: “Entre las nuevas ideas para negociar un préstamo está hacer uso del ejército. Todo por $109 millones. ¿Tan poco vale nuestra democracia?”.
El vicepresidente de la rama hotelera del Grupo Poma, Fernando Poma, cuestionó también al Ejecutivo: “Esperando que esto pueda cesar pronto, sea lo que sea el costo político. Las consecuencias ya son graves y pueden tornarse en peor. La democracia, separación de poderes y respeto a la constitución no son negociables y deben prevalecer a cualquier preferencia partidaria o tema”, dijo Poma.
Desde fuera del país, el director Ejecutivo de Humans Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, se refirió a las acciones del Ejecutivo como una “grave crisis constitucional provocada por Nayib Bukele”. Cuestionó el concepto de “constitucional” de la canciller Alexandra Hill, en referencia a un complaciente tuit previo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y le instó a aplicar la Carta Democrática. “Aquí no hay margen de error Almagro: en El Salvador, Nayib Bukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad. Esta exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA en función de la Carta Democrática”, dijo Vivanco.
Un escenario más complicado
Por la noche, el gobierno trató de dar un giro comunicativo a lo sucedido, en un ejemplo de lo que Orwell llamaba doblepensar: en un comunicado, Casa Presidencial dijo que Bukele, quien incitó a la insurrección, en realidad había “pedido calma ante la demanda de insurrección” que emanaba de sus partidarios en las calles. Ibrajim Bukele, hermano del presidente y parte de su círculo más influyente, expuso en Twitter su personal relato de lo ocurrido: La Fuerza Armada, dijo, era necesaria para “dar una imagen de orden, dado la efervescencia de la situación”; su hermano fue “inteligente en tranquilizar una situación que había sido llevada al límite por el desacato constitucional de los diputados”; y el presidente solo dio un ultimátum de una semana “para que puedan considerar (los diputados) si lo que están haciendo es lo mejor para la población”. La secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, también minimizó la toma de la Asamblea: “ El punto aquí no es si los militares llegaron a un salón”, tuiteó .
Aunque su equipo de comunicaciones ahora lo quiera etiquetar de pacificador, Bukele ya había invocado el derecho a la insurrección que recoge el artículo 87 de la Constitución en julio del 2018, cuando acusó a la Fiscalía de intentar bloquear su candidatura presidencial. “Ya no vamos a bajar la cabeza . Al próximo bloqueo, nos vamos a las calles”, tuiteó entonces.
Convocar a su gente a concentraciones para desafiar a las instituciones no es tampoco para él una práctica extraña. Lo hizo cuatro años atrás, en febrero de 2016, cuando era alcalde de San Salvador: convocó a protesta y amenazó con “sacar de la oficina” al fiscal general Douglas Meléndez, que le investigaba por supuestos ataques digitales al periódico La Prensa Gráfica. En marzo de 2017, el alcalde Bukele usó al Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador para evitar que arqueólogos de la Secretaría de Cultura hicieran excavaciones en la Plaza Libertad . En diciembre de 2018, en plena campaña presidencial, un grupo de manifestantes alentados por el ahora presidente de CEPA, Federico Anliker, irrumpió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendiendo el llamado de Bukele, que denunciaba un supuesto fraude.
Sin embargo, este fin de semana fue la primera vez que Nayib Bukele desplegó a la Fuerza Armada para impulsar su agenda política. Y el resultado es un escenario complejo: a su convocatoria de plenaria llegaron, según el acta levantada, 31 diputados, pero aprobar la negociación del préstamo en disputa requiere 43 votos. Para ello Bukele necesita el apoyo de la fracción de Arena o de la del FMLN, dos partidos que han denunciado como injerencia las acciones del Ejecutivo de la última semana. En un comunicado emitido el sábado, Arena llamó “proceso de autogolpe” a la crisis provocada por el Ejecutivo.
El FMLN, por su parte, denunció el domingo 9 a Bukele ante la Fiscalía por el delito de sedición. La diputada del FMLN Cristina Cornejo calificó la toma del Salón Azul como un “inminente golpe de Estado a la Asamblea”. Cornejo, quien también es tercera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, dijo que la presión para que se apruebe la negociación del préstamo le parece innecesaria, tomando en cuenta que los partidos estaban listos para emitir un dictamen favorable a esta primera iniciativa de ley. “Iba a haber dictamen favorable porque es solo la primera etapa. Esas no son acciones de un presidente que se considera el más cool del mundo”, señaló.
El presidente de Arena, Gustavo López Davidson, dijo a El Faro la noche del domingo que su partido pedirá que se investigue legalmente lo ocurrido este fin de semana. “Lo que está en juego es que siga existiendo libertad de expresión, independencia de poderes, pesos y contrapesos», dijo López Davidson a través de una llamada telefónica. “(Bukele) podrá montar nuevamente un acto similar en una semana, pero el problema es si lo va a poder desmontar de una manera pacífica, de una manera democrática».
*Con reportes de María Luz Nóchez y Gabriel Labrador.
Publicado originalmente en El Faro
Minutos antes, el Presidente de la República había llegado a las puertas de la Asamblea Legislativa para encabezar una insólita protesta contra los diputados. Rodeado de militares, con seis banderas de El Salvador a sus espaldas y frente a unos cinco mil simpatizantes llegados de distintas partes del país, llamó a los diputados “sinvergüenzas” y “criminales”, afirmó que estaban cometiendo una ilegalidad al no asistir ese día al Congreso y recordó a sus seguidores un artículo de la Constitución, el 87: “El pueblo tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional”, dijo.
Los manifestantes estallaron en gritos. Bukele llevaba tres días amenazando a los diputados con la ira del pueblo , y parecía inminente un estallido, una acción contundente contra los legisladores. El jueves 6 Bukele había dado un paso inusual: amparado en un impreciso artículo de la Constitución, su Consejo de Ministros había ordenado a la Asamblea sesionar para aprobar un préstamo para seguridad pública que habían demorado por semanas. En los días siguientes había jugado con la posibilidad de disolver el congreso si los diputados no acudían a la cita. Y esta cita era ese domingo, a las 3:00 de la tarde. Pasaban ya de las 4:00.
Entonces, anunció lo que vendría: “Les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul a hacer una oración, a pedirle a Dios sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes”, dijo.
Pidió a sus seguidores que lo esperaran. Aída Mancía, la maestra de ceremonias de la presidencia, remató: “Quédense, viene más sorpresas”. El presidente ya se encaminaba al hemiciclo.
En tres enormes pantallas LED instaladas por el Ejecutivo el día anterior, los presentes pudieron ver cómo entraba al edificio legislativo en medio de un pasillo de cadetes en uniformes de gala. La “insurrección” estaba siendo televisada y organizada con recursos estatales. Sin sonido, pero con múltiples ángulos de cámara y tomas de drones incluidas, el público vio a su presidente atravesar el hemiciclo rodeado de soldados con chalecos antibalas y armas de guerra. Al fondo le esperaba el diputado Guillermo Gallegos.
Gallegos, vicepresidente segundo de la Asamblea, no debía ser en teoría quien le recibiera, pero fue él a quien el encargado de protocolo de Presidencia llamó para comunicarle que, fuera de cualquier protocolo, Bukele entraría al salón de la Asamblea Legislativa. El diputado asegura que de inmediato llamó al presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce. Según su versión, Ponce le dijo que no se haría presente porque él mismo ya había convocado a plenaria para el lunes 10 de febrero. Gallegos, como el diputado con mayor rango jerárquico presente este domingo, se hizo cargo: “Ponce me dijo que era responsabilidad mía lo que sucediera. Yo la asumo”, dijo.
El edificio legislativo llevaba desde las 2:00 de la tarde controlado en su totalidad por militares. “Nosotros nos hacemos a un lado al ver que ellos tienen controlada el área”, explicó un empleado de seguridad del Órgano Legislativo. Cuando los diputados que decidieron acatar la convocatoria se presentaron, no se encontraron a los agentes de seguridad usuales y tuvieron que identificarse con los agentes del Estado Mayor Presidencial. Ni siquiera pudieron entrar al Salón Azul de inmediato porque no estaba abierto. “Ponce maneja la administración y por eso es que no contamos con la llave”, argumentó Gallegos.
“Supuestamente ya viene el encargado, pero viene desde Suchitoto”, explicó la diputada Eileen Romero. Por un momento, planeó sobre la situación la memoria del cerrajero que en 2012 abrió el despacho de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando el entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, instaló ilegalmente una presidencia alterna de la Corte.
En la calle, bajo un sol despiadado, los simpatizantes de Bukele esperaban. Desde temprano, docenas de empleados estatales habían hecho labores logísticas. La patrulla 01-3080 de la División Antiexplosivos de la Policía se usó para cargar botellas de agua; operarios metieron botellas de jugo de naranja a la dirección de Migración; empleados del ministerio de Trabajo de Santa Ana y Sonsonate hicieron cola para que les entregaran agua, jugos y sándwiches de jamón y queso.
Cerca de las 3:00 de la tarde, Erick Gutiérrez, coordinador regional de la dirección de Participación Social del ministerio de Gobernación, recibió a la delegación de Nuevas Ideas Tacuba, el partido del presidente, que acababa de llegar a San Salvador en bus. Le dijo a un grupo que la entrada era sobre la avenida Juan Pablo y que podían pasar, también, por su refrigerio.
La muchedumbre estaba integrada por partidarios de Nuevas Ideas, empleados de gobierno, y personas que atendieron el llamado del presidente. En común tuvieron el transporte en vehículos estatales. Por ejemplo, un bus de la Fuerza Aérea placas N 3-439 que tenía rótulo “Quezaltepeque” en el parabrisas. En otros casos se transportaron en buses particulares, pagados por Nuevas Ideas, un partido que no ha revelado información del origen de su financiamiento. En redes sociales hubo convocatorias desde las cuentas afines al partido en las que se establecieron los puntos de reunión. Esos buses vinieron de Ciudad Barrios, de San Vicente, de Chalatenango, de La Paz…
No era, en todo caso, una manifestación espontánea. Los empleados de gobierno, como era el caso de empleadas de comunicación de CEPA, portaban sus gafetes; y algunos además estaban trabajando, como Josué Hernández García, un community manager de la unidad de reconstrucción de Tejido Social, que se dedicó a grabar video de la multitud. Había docenas de policías y militares en la Diagonal Universitaria y eran también soldados y agentes los que ordenaban el acceso a la convocatoria presidencial.
Resuelto el impasse de las llaves, invadido ya de militares el salón azul, ninguno de ellos pudo escuchar el rotundo “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación” que Bukele pronunció dentro del Salón Azul, pero sí le observaron cerrar los ojos, concentrado, durante un par de minutos. Y vieron cómo, después, simplemente se levantó y se fue, seguido por los uniformados, de regreso a la tarima colocada a la entrada de la Asamblea.
Allí, los miles congregados oyeron al presidente revelar que Dios le había hablado allá adentro, y que le había pedido paciencia. Que podía “tomar por la fuerza” la Asamblea, pero que decidía no hacerlo. “El pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra policía lo sabe, todos los poderes fácticos del país estaban claros de que si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón”, exclamó Bukele en una referencia tácita de la disolución de la Asamblea.
Pero insistió en que tendría paciencia. Una semana de paciencia. Y le oyeron decir que si en una semana los diputados no habían aprobado el préstamo millonario que el Ejecutivo les pide, entonces llegaría una insurrección que derribaría a esos diputados. Un ultimátum.
Bukele pidió a sus partidarios, llegados a puertas de la Asamblea en buses fletados por el gobierno, que pospusieran una semana la insurrección que tres días antes él mismo les había ofrecido. “Paciencia, Paciencia, paciencia”, dijo. ¡No! ¡No! ¡No!, gritaban los asistentes. “Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado”, les dijo el presidente. y así los convenció de posponer la insurrección planeada. Así paró Nayib Bukele su intento de autogolpe.
Una acción sin precedentes
La tarde del domingo 9 de febrero, Nayib Bukele hizo lo que ningún otro Presidente de la República había hecho desde los Acuerdos de Paz: militarizó el salón plenario y amenazó con disolver la Asamblea Legislativa. Y aunque a última hora no lo hizo, dio un ultimátum a los diputados para que voten y autoricen, en un plazo de siete días, la negociación de un préstamo de $109 millones que él ha solicitado para financiar la fase III de su plan de seguridad. Y lo hizo tras tomarse literalmente la Asamblea con militares. Y tras intimidar por más de 48 horas a los diputados de oposición retirándoles la protección policial el viernes, y enviando a policías y soldados el sábado y el domingo a las puertas de sus casas. Los diputados comenzarán a sesionar este mismo lunes.
El Órgano Legislativo perdió el control de su propio edificio desde el mediodía del domingo, cuando miembros del Estado Mayor Presidencial desplazaron a la seguridad parlamentaria y tomaron control de los accesos. Fue el culmen de una semana intensa. La tensión comenzó a media semana cuando Bukele llamó a una insurrección invocando el artículo 87 de la Constitución. El sábado 8 de febrero el ejército acordonó, por orden de Bukele, los alrededores del Palacio Legislativo.
El viernes 7 el presidente convocó vía Twitter “al pueblo salvadoreño” a una concentración frente a la Asamblea, programada para la tarde del domingo. Llegado el día, transportadas en autobuses desde ministerios y dependencias de gobierno, unas cinco mil personas rodearon las calles aledañas al Legislativo. Muchos eran empleados de gobierno y simpatizantes del partido Nuevas Ideas. No era una insurrección espontánea. Ni de multitudes.
En apariencia, el objetivo único era presionar a los diputados, convocados por el Consejo de Ministros para sostener a la fuerza una “plenaria extraordinaria” con el fin de votar por la negociación de los fondos para el Plan Control Territorial. Pero el préstamo dejó de ser el centro del debate tras la irrupción del ejército en el Órgano Legislativo. La diputada arenera Felissa Cristales, de las pocas que en disidencia con su partido apoya el préstamo que pide Bukele, reaccionó indignada: “Yo estoy de acuerdo con el préstamo, pero meter al Ejército y a la PNC al Salón Azul es estar irrumpiendo un poder del Estado con otro. Eso no lo voy a permitir y no me voy a prestar”, dijo antes de salir del salón y subirse a su carro.
No hay registros, en un siglo, de la entrada de destacamentos de soldados con armas largas al hemiciclo legislativo. Ni siquiera durante los años de las dictaduras militares. El referente más próximo, según el historiador Roberto Turcios, es un incidente en la década de los 60, cuando militares obligaron a los entonces diputados a sesionar en un cuartel.
No fue la única actuación de las fuerzas de seguridad en la jornada. Durante el día, varios diputados opositores denunciaron que soldados y policías los acosaban a ellos o a sus parientes en sus casas. La fracción del FMLN, que participaba en una asamblea nacional del partido en el municipio de San Marcos, denunció la inexplicable presencia de soldados y camiones de la Fuerza en la zona.
Cientos de policías recibieron órdenes de acuartelarse y estar listos para desplegarse si lo pedía el presidente. Francotiradores se apostaron en algunas azoteas del centro de gobierno, adyacente a la Asamblea. La tarde del sábado, la Fuerza Armada había anunciado que estaban esperando órdenes de su “comandante en jefe”, Bukele, para actuar en la forma que él lo pidiera. Cuando Bukele insultó y amenazó a los diputados desde la tarima, estaba rodeado de oficiales en uniforme.
Al final de la jornada, postergada una semana cualquier acción presidencial contra la Asamblea, el director de la Policía Nacional Civil, el exmilitar Mauricio Arriaza Chicas, se mostró apenado con varios diputados. “Ya pasó esta situación difícil, mediante Dios”, le dijo al diputado Raúl Bonilla, de, PCN. “Les quiero dar las gracias. La verdad es que la situación ha estado un poco complicada”, les repitió a Francis Zablah y Guillermo Gallegos, de GANA. Frente a él, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, armados con escopetas y equipados para detener masas, abandonaban el Salón Azul.
La dureza de un presidente "cool"
La comunidad internacional entendió antes que el Gobierno la gravedad de las acciones de Bukele. Antes de que comenzaran los discursos de Bukele, y aún no consumada la toma armada del Congreso, la Unión Europea emitió un comunicado advirtiendo: “el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”. El embajador de Estados Unidos, habitualmente complaciente con Bukele y cómplice político de su gobierno, hizo “un llamado a todas las partes del estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma” .
Mucho más contundente fue el congresista demócrata estadounidense Jim McGovern, quien a través de Twitter pidió al gobierno de El Salvador el respeto a la separación de poderes y cuestionó el uso del ejército: “El ejército y la Policía deberían regresar a los cuarteles y no involucrarse en asuntos políticos.”, escribió. Otras fuentes diplomáticas confirmaron a El Faro que durante las 48 horas previas numerosos embajadores enviaron mensajes de preocupación al presidente.
Es la primera vez en casi ocho meses de gobierno que Bukele es fuertemente criticado por sectores que antes lo aplaudieron, tanto externos como internos. “En una verdadera democracia es inconcebible ver una Asamblea Legislativa tomada desde adentro con las Fuerzas Armadas. ¡Exigimos el respeto a la institucionalidad! Las Fuerzas Armadas debe retirarse de inmediato”, escribió el presidente de la Cámara de Comercio Javier Steiner, a través su cuenta de Twitter: “Podríamos estar delante de un muy peligroso punto de inflexión”.
La principal gremial de empresarios del país, ANEP, emitió un comunicado en el que acusaba al Ejecutivo de “excederse en sus funciones al interpretar la Constitución” y en la que instó a Bukele a usar su popularidad para “convencer y no para generar crisis civil en la sociedad”. El presidente del tanque de pensamiento Fusades, Miguel Ángel Simán, pidió al Ejecutivo respetar la Constitución y cuestionó de forma irónica los mecanismos usados por el presidente para avanzar su agenda legislativa: “Entre las nuevas ideas para negociar un préstamo está hacer uso del ejército. Todo por $109 millones. ¿Tan poco vale nuestra democracia?”.
El vicepresidente de la rama hotelera del Grupo Poma, Fernando Poma, cuestionó también al Ejecutivo: “Esperando que esto pueda cesar pronto, sea lo que sea el costo político. Las consecuencias ya son graves y pueden tornarse en peor. La democracia, separación de poderes y respeto a la constitución no son negociables y deben prevalecer a cualquier preferencia partidaria o tema”, dijo Poma.
Desde fuera del país, el director Ejecutivo de Humans Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, se refirió a las acciones del Ejecutivo como una “grave crisis constitucional provocada por Nayib Bukele”. Cuestionó el concepto de “constitucional” de la canciller Alexandra Hill, en referencia a un complaciente tuit previo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y le instó a aplicar la Carta Democrática. “Aquí no hay margen de error Almagro: en El Salvador, Nayib Bukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad. Esta exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA en función de la Carta Democrática”, dijo Vivanco.
Un escenario más complicado
Por la noche, el gobierno trató de dar un giro comunicativo a lo sucedido, en un ejemplo de lo que Orwell llamaba doblepensar: en un comunicado, Casa Presidencial dijo que Bukele, quien incitó a la insurrección, en realidad había “pedido calma ante la demanda de insurrección” que emanaba de sus partidarios en las calles. Ibrajim Bukele, hermano del presidente y parte de su círculo más influyente, expuso en Twitter su personal relato de lo ocurrido: La Fuerza Armada, dijo, era necesaria para “dar una imagen de orden, dado la efervescencia de la situación”; su hermano fue “inteligente en tranquilizar una situación que había sido llevada al límite por el desacato constitucional de los diputados”; y el presidente solo dio un ultimátum de una semana “para que puedan considerar (los diputados) si lo que están haciendo es lo mejor para la población”. La secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, también minimizó la toma de la Asamblea: “ El punto aquí no es si los militares llegaron a un salón”, tuiteó .
Aunque su equipo de comunicaciones ahora lo quiera etiquetar de pacificador, Bukele ya había invocado el derecho a la insurrección que recoge el artículo 87 de la Constitución en julio del 2018, cuando acusó a la Fiscalía de intentar bloquear su candidatura presidencial. “Ya no vamos a bajar la cabeza . Al próximo bloqueo, nos vamos a las calles”, tuiteó entonces.
Convocar a su gente a concentraciones para desafiar a las instituciones no es tampoco para él una práctica extraña. Lo hizo cuatro años atrás, en febrero de 2016, cuando era alcalde de San Salvador: convocó a protesta y amenazó con “sacar de la oficina” al fiscal general Douglas Meléndez, que le investigaba por supuestos ataques digitales al periódico La Prensa Gráfica. En marzo de 2017, el alcalde Bukele usó al Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador para evitar que arqueólogos de la Secretaría de Cultura hicieran excavaciones en la Plaza Libertad . En diciembre de 2018, en plena campaña presidencial, un grupo de manifestantes alentados por el ahora presidente de CEPA, Federico Anliker, irrumpió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendiendo el llamado de Bukele, que denunciaba un supuesto fraude.
Sin embargo, este fin de semana fue la primera vez que Nayib Bukele desplegó a la Fuerza Armada para impulsar su agenda política. Y el resultado es un escenario complejo: a su convocatoria de plenaria llegaron, según el acta levantada, 31 diputados, pero aprobar la negociación del préstamo en disputa requiere 43 votos. Para ello Bukele necesita el apoyo de la fracción de Arena o de la del FMLN, dos partidos que han denunciado como injerencia las acciones del Ejecutivo de la última semana. En un comunicado emitido el sábado, Arena llamó “proceso de autogolpe” a la crisis provocada por el Ejecutivo.
El FMLN, por su parte, denunció el domingo 9 a Bukele ante la Fiscalía por el delito de sedición. La diputada del FMLN Cristina Cornejo calificó la toma del Salón Azul como un “inminente golpe de Estado a la Asamblea”. Cornejo, quien también es tercera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, dijo que la presión para que se apruebe la negociación del préstamo le parece innecesaria, tomando en cuenta que los partidos estaban listos para emitir un dictamen favorable a esta primera iniciativa de ley. “Iba a haber dictamen favorable porque es solo la primera etapa. Esas no son acciones de un presidente que se considera el más cool del mundo”, señaló.
El presidente de Arena, Gustavo López Davidson, dijo a El Faro la noche del domingo que su partido pedirá que se investigue legalmente lo ocurrido este fin de semana. “Lo que está en juego es que siga existiendo libertad de expresión, independencia de poderes, pesos y contrapesos», dijo López Davidson a través de una llamada telefónica. “(Bukele) podrá montar nuevamente un acto similar en una semana, pero el problema es si lo va a poder desmontar de una manera pacífica, de una manera democrática».
*Con reportes de María Luz Nóchez y Gabriel Labrador.
Publicado originalmente en El Faro
