“Mel” Zelaya asegura que va por el paro nacional y un frente amplio electoral
enero 6, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El coordinar del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, aseveró en las últimas horas que junto a su partido político está intensificando la organización, movilización y estrategia de lucha hasta concretar el paro nacional y elecciones limpias.
Una vez concretado su propósito, el derrocado presidente hondureño establece la conformación de un frente amplio, integrado por diversos sectores, para derrotar a la dictadura que encabeza el jefe del régimen, Juan Hernández.
La propuesta de Libre se origina en un amplio pronunciamiento titulado: “El absolutismo en Honduras, reflejado en el presupuesto 2020”, donde además del argumento político, centra su discurso en el tema económico, jurídico y social.
La institución política de la oposición convocó en noviembre de 2019 a un paro nacional para sacar del poder a Juan Hernández, por aferrarse a la presidencia de Honduras, mediante un fraude electoral y una reelección ilegítima. Asimismo, por sus acusaciones de corrupción y narcotráfico.
“Es el momento de poner en práctica las lecciones aprendidas de las experiencias electorales de 2013 y 2017 cuando construimos exitosas alianzas sociales y políticas contra la dictadura y en forma clara ganamos las elecciones, como bien lo sabe el pueblo, pero se robaron el poder, lo que nunca más debe ocurrir porque estamos preparados para evitarlo”, reza el texto de once páginas.
Gran acuerdo nacional y el frente amplio
La institución política propone la unidad de los diferentes sectores económicos, sociales, políticos y religiosos, mediante la construcción de un “gran acuerdo nacional”, que fije las bases, la estrategia y las prioridades de corto, mediano y largo plazo para la transformación democrática de Honduras, así como, la organización de un “frente amplio” que derrote la dictadura y cambie este sistema dominante y excluyente.
Propuestas políticas
Como parte de su estrategia política, Manuel Zelaya Rosales propone: la consulta popular, el referéndum revocatorio, el voto electrónico, la identificación con huella dactilar, sistema de transmisión transparente, la no trashumancia política de los representantes electorales, la integración de los organismos electorales nacionales y locales, y un alto al tráfico de credenciales.
Presupuesto 2020
Por otra parte, dice que “la dictadura en Honduras se auto aprobó el Presupuesto 2020 por más de 280 mil millones de lempiras, quebrantando normas establecidas en la Constitución, por lo que la bancada de Libre votó en contra.
En ese sentido señala que el Partido Nacional continúa con la práctica de proyectar bajos ingresos tributarios para después tener una total discrecionalidad en la asignación de recursos para gasto público, provenientes de los “ingresos adicionales que se recauden” y que no están sujetos a asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, lo que “constituye un perverso y consciente fraude de ley, y una posible fuente de saqueo y corrupción”.
El presupuesto aprobado para el año 2020 no incluye las demandas de inversión en el sector productivo-agropecuario, que podía permitir una mejora de las condiciones de vida y el empuje del crecimiento económico, menos aún se incluyen prioridades humanas como la falta de agua en las áreas urbanas y graves problemas ambientales como la sequía en el área rural, cuestiona.
Algunos señalamientos puntuales del pronunciamiento de Libre:
Tegucigalpa. –El coordinar del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, aseveró en las últimas horas que junto a su partido político está intensificando la organización, movilización y estrategia de lucha hasta concretar el paro nacional y elecciones limpias.
Una vez concretado su propósito, el derrocado presidente hondureño establece la conformación de un frente amplio, integrado por diversos sectores, para derrotar a la dictadura que encabeza el jefe del régimen, Juan Hernández.
La propuesta de Libre se origina en un amplio pronunciamiento titulado: “El absolutismo en Honduras, reflejado en el presupuesto 2020”, donde además del argumento político, centra su discurso en el tema económico, jurídico y social.
La institución política de la oposición convocó en noviembre de 2019 a un paro nacional para sacar del poder a Juan Hernández, por aferrarse a la presidencia de Honduras, mediante un fraude electoral y una reelección ilegítima. Asimismo, por sus acusaciones de corrupción y narcotráfico.
Noticia Relacionada: En el Congreso Nacional: LIBRE convoca a Paro Nacional para sacar a JOH
Hasta el momento el paro nacional no se ha concretado, e incluso, algunos dirigentes de Libre han confesado públicamente que mientras la empresa privada no se sume a dicho objetivo no habrá ninguna acción para paralizar el país. Sin embargo, en el pronunciamiento emitido la noche del domingo, Libre refiere que su militancia “está intensificando su organización, movilización y estrategia de lucha hasta concretar el paro nacional y elecciones limpias”.“Es el momento de poner en práctica las lecciones aprendidas de las experiencias electorales de 2013 y 2017 cuando construimos exitosas alianzas sociales y políticas contra la dictadura y en forma clara ganamos las elecciones, como bien lo sabe el pueblo, pero se robaron el poder, lo que nunca más debe ocurrir porque estamos preparados para evitarlo”, reza el texto de once páginas.
Gran acuerdo nacional y el frente amplio
La institución política propone la unidad de los diferentes sectores económicos, sociales, políticos y religiosos, mediante la construcción de un “gran acuerdo nacional”, que fije las bases, la estrategia y las prioridades de corto, mediano y largo plazo para la transformación democrática de Honduras, así como, la organización de un “frente amplio” que derrote la dictadura y cambie este sistema dominante y excluyente.
Propuestas políticas
Como parte de su estrategia política, Manuel Zelaya Rosales propone: la consulta popular, el referéndum revocatorio, el voto electrónico, la identificación con huella dactilar, sistema de transmisión transparente, la no trashumancia política de los representantes electorales, la integración de los organismos electorales nacionales y locales, y un alto al tráfico de credenciales.
Presupuesto 2020
Por otra parte, dice que “la dictadura en Honduras se auto aprobó el Presupuesto 2020 por más de 280 mil millones de lempiras, quebrantando normas establecidas en la Constitución, por lo que la bancada de Libre votó en contra.
En ese sentido señala que el Partido Nacional continúa con la práctica de proyectar bajos ingresos tributarios para después tener una total discrecionalidad en la asignación de recursos para gasto público, provenientes de los “ingresos adicionales que se recauden” y que no están sujetos a asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, lo que “constituye un perverso y consciente fraude de ley, y una posible fuente de saqueo y corrupción”.
El presupuesto aprobado para el año 2020 no incluye las demandas de inversión en el sector productivo-agropecuario, que podía permitir una mejora de las condiciones de vida y el empuje del crecimiento económico, menos aún se incluyen prioridades humanas como la falta de agua en las áreas urbanas y graves problemas ambientales como la sequía en el área rural, cuestiona.
Algunos señalamientos puntuales del pronunciamiento de Libre:
- En esta década 2009-2019, el Estado ha sido totalmente sometido y plegado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y del capital transnacional. El entreguismo de Juan Orlando y el sometimiento, está retratado en la conspiración transnacional de políticos, militares, empresarios, diplomáticos y religiosos, que rompieron el orden democrático y constitucional, sin importar el sacrificio, persecución y asesinatos contra el pueblo.
- Continúan impunes: los crímenes de jóvenes para ocultar el fraude de 2017, la reelección ilegal del actual jefe del régimen y el infame Golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que marcarán para siempre esta década de ignominia y represión. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto ha dicho que, si los militares tomaran el poder, se quedarían treinta años. Esta declaración pública, es una afrenta y una amenaza que la sociedad entera rechaza y condena.
- En una década se ha desnaturalizado y destruido el Estado de Derecho a través del manoseo a la Constitución, con reformas que derogan leyes garantes de derechos individuales y sociales; y la creación de leyes antidemocráticas orientadas a concentrar el poder para facilitar el espionaje, la persecución y los encarcelamientos como regla.
- Se perdió por completo la separación de poderes, las fuerzas militares y policiales, operan junto a fiscales y jueces, criminalizando y entablando juicios sumarios a selección del Consejo de Seguridad y Defensa que dirige Juan Orlando a su conveniencia.
- El ciclo para imponer el pensamiento único se complementa a través de las corporaciones mediáticas, creando falsas apreciaciones sobre la realidad, ahora con gran velocidad y capacidad, mediante las fake news (noticias falsas), con los troll robotizados, los bots automatizados y los chat-bots en las redes.
- La política de seguridad es un fracaso y funciona bajo la orientación del Comando Sur y con la vil complicidad de grupos de sociedad civil y cúpulas religiosas corruptas a quienes no les importa la siniestra “estrategia de limpieza de clase”, a todas luces deliberada y solo posible bajo la égida terrorista de fuerzas extrajeras en un territorio ocupado.
- Los capos del crimen organizado ante el inminente peligro de ser asesinados sumariamente, como ha ocurrido en cárceles de presunta alta seguridad, prefieren entregarse a los Estados Unidos.
- El caos de la inseguridad también está en el régimen penitenciario, que alberga escuadrones de la muerte responsables de actos paramilitares dentro y fuera del recinto.
- La impunidad es un asunto de supervivencia para la dictadura y es por ello que no puede combatir el crimen de narcotráfico y la corrupción. Debemos estar convencidos que la justicia selectiva y la impunidad continuarán, en tanto el sistema esté al servicio de quien dirige el Estado y cooptado por el crimen organizado y el narcotráfico.
- Cuando sólo se combate la corrupción de personas se oculta la del sistema. El sistema capitalista no puede sostenerse sin que medie la corrupción que se mueve a sus anchas y cada día crece, en el sector privado y público.
- La continuidad del Convenio original de la MACCIH representaba una remota posibilidad de conocer la verdad sobre grandes casos de corrupción del Estado, que han permitido a quienes ostentan el poder, permanecer impunes. Los resultados de la MACCIH-UFECIC, aunque limitados, han servido para evidenciar gran parte de la clase política y empresarios, que se encuentran bajo sospecha por sus actos dolosos.
- La mayoría de “nuevos ricos” no podrían explicar de ninguna forma racional las enormes fortunas y privilegios de los que hoy gozan.
- Nuestros bosques, cuyos límites permisibles de corte fueron aumentados ilegalmente y sin ninguna justificación, por el Instituto de Conservación Forestal, están sometidos al saqueo y depredación; las cuencas hidrográficas han sido devastadas, mientras se continúa otorgando permisos para las dragas que están destruyendo el lecho de los ríos y las fuentes de agua; y persisten las concesiones y explotación a cielo abierto, intensificando el daño al medio ambiente y a la vida de la gente.
- El desangramiento provocado por la deuda pública afectará a 5 generaciones y solo en 2020 nos obliga a pagar 42 mil millones de intereses y capital al sector financiero.
- La deuda pública decretada en el presupuesto 2020, es la mayor partida presupuestaria de la historia.
- Comprar armas o financiar con préstamos un centro gubernamental sin planificación urbanística, y a las ONGs de la corrupción, desconociendo la escasez de medicinas, pupitres, textos, médicos y maestros, es un crimen recurrente en esta dictadura.
- Los datos de la CEPAL nos revelan, que en 2009 la deuda ascendía a menos de 3 mil millones de dólares. En una década la deuda ha sido cuadruplicada y de acuerdo con la información oficial ronda los 12 mil millones de dólares, sin considerar el endeudamiento aprobado para el 2020 que, según el Foro Social para la Deuda Externa, Fosdeh, es mucho mayor una vez que se incluyan las sumas por deuda flotante no reportada.
- Al país no están llegando nuevas empresas para crear empleos, transferir tecnología y aumentar el crecimiento. Finalizamos el 2019 con un crecimiento económico pírrico de entre 2.8% y 3.0%. Las mismas autoridades de facto reconocen que la inversión extranjera se redujo en más del 40% durante el primer semestre. La inversión nacional está deprimida y estancada. Alrededor del 65% de la inversión extranjera es reinversión de utilidades.
- La realidad demuestra que 6 de cada 10 hondureños están abiertamente desempleados o con subempleos; 6 de cada 10 hondureños viven en la pobreza y 4 de cada 10 en la extrema pobreza.
- Honduras se encuentra en una situación que la CEPAL define como la más pobre de todo el continente y no debemos dudar ni por un segundo que, mientras se siga por la misma senda económica, antidemocrática y entreguista, la situación solo se inclinará a ser cada día más dramática.
Gobierno de Honduras negocia nuevo convenio para la MACCIH a espaldas del pueblo
enero 9, 2020
Redacción
Por: Redaccion CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Desconociendo el Convenio que se firmó en el año 2016 y que dio vida a Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el gobierno de Honduras negocia actualmente un nuevo Convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados de América (OEA), a espaldas de la sociedad hondureña y en total opacidad y, por ello mismo, carente de criterios de transparencia y publicidad que deberían ser propios de una sociedad democrática.
La élite corrupta ha logrado desconocer el contenido del Convenio actual y ha iniciado un proceso por la elaboración de uno nuevo, en el que no cabe duda que se despojará a la MACCIH de su función de asesoría y acompañamiento en la acción penal a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC). Y en este contexto la UFECIC está en serio peligro de ser desmontada como Unidad Fiscal Especial.
Para el CESPAD, es un hecho que el proceso de formulación del nuevo Convenio de la MACCIH es el punto culminante en la agenda desarrollada por la élite corrupta en los últimos meses, por asegurarse su blindaje de la acción penal por delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos y otros más, dijo Gustavo Irías, coordinador de la institución.
El CESPAD considera que el funcionamiento de la MACCIH, ya sea sobre el Convenio original o uno nuevo, continuará bloqueado por los decretos y leyes que dan inmunidad e impunidad a los diputados y diputadas corruptos (Reformas a la Ley Orgánica del Congreso y Ley del Fondo Departamental y de los altos funcionarios públicos en general, reformas a la Ley del TSC). Por ello, en este contexto, resulta esencial que las organizaciones ciudadanas continúen con sus acciones de denuncia y presión por la renovación del convenio original de la MACCIH y por la abolición del blindaje legal que han hecho las y los corruptos desde el Poder Legislativo.
En esta compleja realidad, continúa siendo de interés promover y desarrollar el debate de la ciudadanía, no sólo para comprender y homogenizar el análisis y los mensajes sobre la situación actual, también para ir construyendo con una mirada de futuro estrategias y una agenda compartida para continuar denunciando, presionando e incidencia por una lucha efectiva contra la corrupción en el país.
Tegucigalpa.-Desconociendo el Convenio que se firmó en el año 2016 y que dio vida a Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el gobierno de Honduras negocia actualmente un nuevo Convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados de América (OEA), a espaldas de la sociedad hondureña y en total opacidad y, por ello mismo, carente de criterios de transparencia y publicidad que deberían ser propios de una sociedad democrática.
Personas asistentes al foro «De espaldas a la ciudadanía: un nuevo convenio para la MACCIH»
Para el Centro de Estudio para la
Democracia (CESPAD), la lucha emprendida por sectores de la ciudadanía
hondureña por la renovación del mandato de la MACCIH, ha ingresado a una
nueva fase más compleja, la que representa graves riesgos en el
retroceso en la lucha contra la corrupción, si lo medimos en función a
los logros hasta el momento obtenidos por la Misión, comentó Claudia
Mendoza de la unidad de investigación y prensa.La élite corrupta ha logrado desconocer el contenido del Convenio actual y ha iniciado un proceso por la elaboración de uno nuevo, en el que no cabe duda que se despojará a la MACCIH de su función de asesoría y acompañamiento en la acción penal a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC). Y en este contexto la UFECIC está en serio peligro de ser desmontada como Unidad Fiscal Especial.
Para el CESPAD, es un hecho que el proceso de formulación del nuevo Convenio de la MACCIH es el punto culminante en la agenda desarrollada por la élite corrupta en los últimos meses, por asegurarse su blindaje de la acción penal por delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos y otros más, dijo Gustavo Irías, coordinador de la institución.
El CESPAD considera que el funcionamiento de la MACCIH, ya sea sobre el Convenio original o uno nuevo, continuará bloqueado por los decretos y leyes que dan inmunidad e impunidad a los diputados y diputadas corruptos (Reformas a la Ley Orgánica del Congreso y Ley del Fondo Departamental y de los altos funcionarios públicos en general, reformas a la Ley del TSC). Por ello, en este contexto, resulta esencial que las organizaciones ciudadanas continúen con sus acciones de denuncia y presión por la renovación del convenio original de la MACCIH y por la abolición del blindaje legal que han hecho las y los corruptos desde el Poder Legislativo.
En esta compleja realidad, continúa siendo de interés promover y desarrollar el debate de la ciudadanía, no sólo para comprender y homogenizar el análisis y los mensajes sobre la situación actual, también para ir construyendo con una mirada de futuro estrategias y una agenda compartida para continuar denunciando, presionando e incidencia por una lucha efectiva contra la corrupción en el país.
Según analistas: Sectores corruptos quieren que la MACCIH funcione pero a su conveniencia
Friday, 10 January 2020 13:58 Written by Heidy Dávila Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Analistas advirtieron que al no renovar el convenio de la Misión
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, el
gobierno le da la espalda a la población para promover líneas de
justicia a su propia conveniencia, teniendo de su lado a periodistas,
jueces y abogados para beneficiar a imputados en los casos de
corrupción, según lo dieron a conocer este 09 de enero de 2020 en el
foro “De espaldas a la ciudadanía: Un nuevo convenio para la MACCIH”.
La firma de la renovación del convenio entre la OEA y el gobierno de
Juan Orlando Hernández ha sufrido dilatorias, entre ellas el
nombramiento de una comisión del parlamento hondureño para liquidarla,
aduciendo que violenta el sistema de justicia del país, igual una
campaña mediática orquestada desde el Partido de gobierno para
deslegitimar su accionar, mientras el presidente Juan Orlando Hernández
se lavó las manos aduciendo que esperará la decisión de la OEA y que lo
firmaría el 20 de enero próximo.
Pero sectores de la sociedad hondureña han manifestado que están torpedeando para que se cierre el convenio y de esta forma los corruptos queden a sus anchas en el país.
Eugenio Sosa, del Centro de Estudio para la Democracia, (CESPAD); Adelina Vásquez de la Coalición para la Renovación de la MACCIH,(CR-MACCIH) y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción,(CNA), participaron en el foro antes mencionado y hablaron sobre los retrocesos que provocará la no renovación de la MACCIH.
El solo nombre que les pone a las investigaciones la MACCIH provoca en los corruptos furia, les hace ver lo que le quitan al pueblo cuando mencionan: Caja Chica de la primera Dama, Los Pandoros, Red de diputados, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III- Colusión y Corrupción y Narcopolítica, destacó Sosa.
Tras cuatro años del funcionamiento de MACCIH, algunas instituciones estatales han promovido la no renovación, de fondo hay opiniones de sectores sociales que el objetivo es detener la lucha contra la corrupción.
El Congreso Nacional, mediante el informe de evaluación que realizó a la MACCIH el 10 de diciembre del 2019, aseguró que no había necesidad de una renovación ya que no encontraron aportes importantes de la misión en ciertas instituciones y la mencionan como injerencia a la soberanía nacional.
Organizaciones de sociedad han pedido la renovación de la MACCIH, pero con el convenio original que se firmó en Washington en el 2016, mientras que el gobierno para una posible aprobación pretende una modificación al documento mediante las negociaciones que emprendido con la OEA, pero a cuyo contenido no tiene acceso la ciudadanía hondureña.
Las consecuencias al no renovarse el acuerdo, es que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MACCIH), deje de funcionar o pase a ser un espacio más dentro del Ministerio Público donde no hay respuestas de investigaciones, expresaron los disertantes en el foro.
Odir Fernandez, añadió que la ciudadanía no comprende cuál es la finalidad de la MACCIH, por lo cual se debe exigir una renovación para que continúe con las investigaciones que hasta ahora han resultado en la judicialización de grandes casos emblemáticos de corrupción.
Fernández dijo que en esos casos que se han querido invisibilizar ante la población, están los periodistas a quienes el lado oscuro del Estado les paga para cambiar la opinión, incluso la campaña emprendida en contra del Consejo Nacional Anticorrupción y ciertas personas a las que se les ha intentado vincular a hechos falsos para evitar las investigaciones.
Son los políticos quienes han conformado esa red de corrupción e impunidad que hoy es una estructura criminal para la sociedad, que no quieren cuestionamientos para las campañas electorales y para eso necesitan controlar o eliminar la MACCIH, cuestionó Fernández.
Es del parecer que dónde Honduras estaría perdiendo todo el trabajo que la misión ha logrado en los 13 casos de corrupción sobre malversación de fondos y por medio de la UFECIC se logró judicializar alguno, lo que ha provocado el desagrado en instituciones que están apuntando al blindaje legal para promover la corrupción.
Eugenio Sosa expresó que “el Estado actúa como una red que despacha a las personas que actúan de manera coherente… el sistema de partidos políticos está organizado no solo para repartirse poder sino también inmunidad”.
Agregó que el caso Red de Diputados, donde al menos 30 diputados desviaron fondos públicos a sus cuentas personales no ha podido proceder por falta de voluntad política, el involucramiento de políticos en la elección de jueces, el circuito anticorrupción es un ejemplo de la falta de institucionalidad.
Aseguró que esta gente no va a dejar que la MACCIH y la UFECIC se fortalezcan e impulsarán acciones para que funcione a su conveniencia, según lo señala
La coalición para la Renovación de la MACCIH, (CR-MACCIH) en coordinación con el CESPAD, asegura a través de Adelina Vásquez que la población debe exigir la renovación.
Asimismo, Gustavo Irías, presidente de CESPAD advierte de los conflictos que crea la corrupción en materia de derechos económicos y sociales.
Gabriela Blen, presidenta de la organización Ayudemos Honduras, que surge a partir del movimiento de las antorchas donde los y las jóvenes exigieron la MACCIH, explicó que la misión ha funcionado por el apoyo internacional, por el debilitamiento sistemático de las instituciones.
“La institucionalidad hondureña está secuestrada por una organización criminal, mientras que se debe entender que de manera internacional pues ellos también son gobiernos son diplomáticos, embajadores y como no les gusta que le señalen la corrupción de su país tampoco lo hacen con los demás”, destacó Blen.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó en el índice de corrupción que Honduras disminuyó del 2016 al 2017 un punto, actualmente ocupa el puesto 29 donde se mantuvo hasta el 2018.
Riccy Ponce
Tegucigalpa.- El reconocido defensor de la tierra y el territorio en el departamento de La Paz, Sebastián Reyes Bardales, quien además es el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y pertenece a la Red Nacional de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT), denunció que por su labor de defensoría está siendo objeto de persecución y amenazas a muerte por parte de los madereros de la zona.
Sebastián Reyes dijo que en el mes de diciembre del año que recién terminó ocurrieron los últimos hechos, donde recibió amenazas a través de personas que se están aprovechando del bosque, el territorio y el medio ambiente, refiriéndose a las personas contratistas de madera del municipio de Opatoro.
“Hemos estado con amenazas mi familia, a mi casa le han ido a tomar fotografías camionetas que no conozco y la misma camioneta también me ha perseguido cuando he venido a La Paz, pero yo siempre me he capeado un poco, no me he dejado avanzar, pero si he tenido esos acontecimientos un poco de cerca sobre de mi persona”.
Reyes añadió que “estas son amenazas por defender el territorio y todos los bienes comunes que con derecho y apegándolos al convenio 169 hemos estado luchando; por ese lado hemos estado amenazados, poro también a través de las fotografías que han tomado a mi casa, identificando donde vivo, podría ser como parte de una política de Gobierno señalado ya de ser un líder de la defensa de la tierra y el territorio, y líderes de los grupos campesinos de la CNTC”.
El defensor de la tierra y el territorio dijo que “decidí buscar ayuda en el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), ya que también es la parte esencial para la defensa de los derechos humanos; hemos estado allí pidiendo esa ayuda ya que no nos hemos estado desconfiando de mis salidas de mi hogar hacia mi trabajo y también sobre el trabajo que desempeño a nivel del departamento de La Paz.
El secretario de la CNTC además dijo a defensoresenlinea.com que no dejara de luchar por la defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes.
“No vamos a parar porque si paramos los enemigos avanzan, y no tendríamos que estarlos sintiéndonos tan débiles, por eso yo les digo a todos mis compañeros y compañeras y a los grupos que manejamos que no tenemos que estar con los brazos cruzados, si no que siempre debemos estar en lucha constante para que no avancen nuestros enemigos, al quererse meter al territorio o ir a apropiarse de lo que es de nosotros los campesinos”.
Ante la situación de Sebastián Reyes donde ha sido víctima de amenazas, persecución y criminalización por su defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes, desde tiempo atrás, el COFADEH le ha dado acompañamiento y ha logrado instalar algunas medidas para garantizar la seguridad en su entorno.
Ante estas nuevas amenazas el COFADEH también ha manifestado su preocupación y se ha reunido de emergencia con La Vía Campesina-Honduras para evaluar la situación de seguridad y vulnerabilidad en la que se encuentra Reyes. Así mismo para hacer las investigaciones de quienes son los que podrían estar detrás de estas amenazas ocurridas al defensor.
La Paz, Honduras, 17 de diciembre de 2019.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La
Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de amparo a la
UFECIC para incluir un video y un audio como medios de prueba en juicio
“Arca Abierta”, desestimados en la audiencia inicial. A la fecha han
sido procesadas varias figuras del gobernante Partido Nacional por el
desvío de 21 millones de lempiras.
Entre las personas a las que se desprestigia y acusa de desestabilizadora está la ambientalista y periodista Dolores Valenzuela, quien alertó, mediante un reportaje periodístico, sobre las amenazas que implica el proyecto habitacional Bosques de Santa María, el cual se pretende construir en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra y coloca en riesgo la distribución de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela.
La ambientalista Dolores Valenzuela detalla que, en los vídeos se les acusa de terroristas, de “joder” la carrera política del alcalde Nasry “Tito” Asfura, quien ha sido acusado de abuso de autoridad y corrupción por otorgar el permiso de construcción del proyecto Bosques de Santa María.
“Es un campaña sucia. El primer vídeo decía Tatiana Lara y Dolores Valenzuela desestabilizadoras de la capital y nos tratan de terroristas, y lo que me llama la atención es que dice que ustedes están jodiendo al alcalde y su carrera política, ya dejen de joder”, cuenta Dolores Valenzuela, quien no descarta que la campaña y amenazas vengan de activistas políticos o personas afines al alcalde Tito Asfura.
Valenzuela interpreta los mensajes como amenazas a muerte, porque se enmarcan en una campaña de odio: “tenemos temor por nuestra vida, porque han desprestigiado a don Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua; a Cristopher Castillo, un joven líder universitario, a él le dicen obscenidades”.
Christopher Castillo, estudiante universitario y coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), denuncia que ha sido objeto de amenazas a muerte desde que ha mostrado su apoyo a la lucha en defensa del Parque Nacional La Tigra.
“Me han dicho que me van a matar. Han llamado, en esa llamado un hombre me dijo cállate sapo y colgó”, contó Christopher Castillo, quien asegura que el número del cual recibió la llamada desapareció del registro telefónico de su teléfono celular.
Los defensores y ambientalistas denuncian que también se han vertido comentarios de desprestigio a través de páginas en Facebook con los nombres de “Azote HN y Denuncias Ciudadanas Honduras”, en las cuales se les vincula con líderes del partido político de oposición Libertad y Refundación (LIBRE), además de recibir dinero de organizaciones internacionales.
Al salir de la Fiscalía de Derechos Humanos, en las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la ambientalista Dolores Valenzuela informó que la fiscal les indicó que la denuncia debe presentarla un abogado y solicitar se investigue el origen de los vídeos y las amenazas, puesto que se trata de un delito privado.
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- La periodista y ambientalista, Dolores Valenzuela, ha denunciado en los últimos días que ella y otros compañeros están siendo víctimas de campañas de odio, por defender el agua de La Tigra, al oponerse al proyecto habitacional Bosques de Santa María.
La ambientalista y periodista dijo a defensoresenlinea.com que “desde que estamos en la lucha contra el proyecto ‘Bosques de Santa María’ aquí en la zona de la montaña de La Tigra, hemos recibido tres videos que incitan al odio, porque nos retratan como delincuentes, como terroristas y nos retratan como desestabilizadores de la paz, en fin un montón de epítetos”.
Añadió que “en el primer video era una mujer anónima, lógicamente que está dando una entrevista, ella dice cosas que nosotros estamos jodiendo al alcalde Nasry Asfura, que le estamos jodiendo su carrera política y su campaña, entonces si ella dice eso, quiere decir que es alguien allegado al alcalde, es activista o militante del Partido Nacional o que se yo, porque ella misma dijo, ustedes lo que están haciendo es jodiendo a Tito, ya dejen de joder, todo eso nos tiene preocupados”.
“El segundo video o el segundo mensaje que nos mandan es de separarnos, diciéndome a mí que yo me aparte del grupo, que ya no siga en eso, que todos son un tipo de delincuentes y que yo soy de otro tipo de persona, notamos allí una campaña de desunión”.
Asimismo indicó que el tercer video que nos mandaron desde la página “Denuncia Ciudadana Honduras” nos ponen allí comunistas, estos conócelos, estos son los desestabilizadores, los terroristas, los que andan haciendo daño”.
La periodista y ambientalista dijo que en esos videos los colocan como delincuentes por luchar y defender el agua de La Tigra y que ponen en riesgo la vida de ella y la de sus compañeros.
Nos ponen a nosotros como delincuentes porque andamos luchando por el agua de la montaña de La Tigra, y a los promotores del proyecto, a los que quieren destruir la montaña como héroes, como grandes personas, entonces yo: Dolores Valenzuela directamente acuso a los promotores del proyecto, ellos están detrás de esta campaña sucia.
La ambientalista y periodista mencionó a la familia Pierrefue, a la Midence Soto, a Elvin Santos, y otro señor que se llama Roberto Galeano, como los principales que aparecen en el proyecto, “entonces nos están haciendo una campaña de odio y usted sabe que la campaña de odio es peligrosa, porque hay gente que es fanática, obcecada, hay gente que mira esos políticos como ídolos, como dioses y les están metiendo a la cabeza que nosotros estamos haciendo daño, que les estamos truncando sus aspiraciones políticas, nos pueden hasta mandar a matar, nada les cuesta mandar sicarios a matarnos, entonces esa es la denuncia que estamos haciendo ahora”.
Por estos hechos de los que están siendo objeto, tanto Dolores Valenzuela, como otros ambientalistas, por estar en defensa del agua en La Tigra, piden al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que investigue estos hechos, también presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Por: Leon Willems
AMSTERDAM – Hace cinco años este mes, Saïd y Chérif Kouachi irrumpieron en las oficinas de París de la revista satírica francesa Charlie Hebdo y, en una pesadilla que duró solo unos minutos, mataron a 12 personas. En los días que siguieron, millones marcharon en Francia y en otros lugares para expresar solidaridad con los periodistas asesinados. Para los europeos, los asesinatos de Charlie Hebdo representaron el primer ataque masivo contra periodistas cerca de casa. #JeSuisCharlie («I am Charlie») se convirtió en uno de los hashtags de Twitter más populares.
La libertad de prensa era tendencia. Desde entonces, sin embargo, la lucha para defender la libertad periodística ha flaqueado, y la movilización pública ha resultado ser fugaz, incluso en el caso de Charlie Hebdo. En enero de 2019, el personal de la revista se quejó en un editorial de que la gente ya no quería escuchar sobre los tiroteos. «¡Quizás deberías seguir adelante!», Según se informa, les dijeron. Esta aparente indiferencia tiene mucho que ver con lo que muchos creen que representa Charlie Hebdo: la libertad de expresarse de una manera que pueda provocar a otros. Y esta libertad ha sido presionada aún más en los últimos cinco años. Tal tendencia es evidente en las respuestas dirigidas a periodistas que arrojan luz sobre hechos y opiniones impopulares o inconvenientes. Están expuestos a un aluvión diario de ataques contra su integridad, incluso por parte de importantes líderes políticos.
En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ha referido repetidamente a los periodistas que lo critican como el «enemigo del pueblo». Y en una conferencia de prensa hace dos años, el presidente checo Miloš Zeman blandió una réplica de un AK-47 inscrito con las palabras «para periodistas». Al caer en tal comportamiento, estos y otros líderes normalizan los ataques contra miembros de la prensa. Y los miembros de la prensa están muy bajo ataque. Según Reporteros sin Fronteras, 49 periodistas en todo el mundo fueron asesinados en 2019 debido a su trabajo. (El promedio anual de los últimos cinco años es aún mayor, con 81.) Además, el número de periodistas que fueron detenidos arbitrariamente aumentó a 389 el año pasado. Las amenazas en las redes sociales, en particular contra las mujeres periodistas, son un hecho cotidiano, y los periodistas son golpeados, desgastados o despojados de sus equipos de manera rutinaria.
En términos más generales, existe una necesidad urgente de una mayor conciencia y una defensa pública más fuerte del valor del periodismo para la sociedad. Y ha habido ejemplos exitosos de esto en los últimos años. Los asesinatos de los periodistas Ján Kuciak en Eslovaquia y Daphne Caruana Galizia en Malta provocaron protestas masivas que obligaron a los primeros ministros de estos dos países a renunciar. Además, la investigación del relator especial de las Naciones Unidas Agnès Callamard sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, aumentó la conciencia pública sobre el comportamiento criminal de los líderes de Arabia Saudita.
Estos casos necesitaban, y recibían, atención a largo plazo. Pero, ¿quién ha oído hablar de Norma Sarabia de México, o de Eduardo Dizon de Filipinas, que también pagó el precio máximo por ejercer su profesión? El periodista nigeriano Jones Abiri fue a prisión por segunda vez el año pasado por cargos falsos, mientras que un fotógrafo nicaragüense nos dijo recientemente que por el momento dejó de trabajar como periodista, porque significaba arriesgar su vida todos los días. ¿Quién defiende a estas figuras menos conocidas?
El sistema de justicia debería dar mayor prioridad al enjuiciamiento de ataques contra periodistas, sin embargo, una serie de resoluciones relevantes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han arrojado resultados limitados. Una mejor manera de poner fin a la inacción judicial sería establecer un comité de investigación con mandato internacional, que también despejaría el camino para resolver los cientos de casos fríos de periodistas asesinados por hacer su trabajo.
Docenas de periodistas son asesinados cada año, y en nueve de cada diez casos, los perpetradores salen libres. Mientras exista tal impunidad, vale la pena matar periodistas.
Hace cinco años, todos éramos Charlie. Hoy, seamos también los cientos de otros periodistas que han sido asesinados desde entonces.
* Leon Willems es director de Free Press Unlimited.
Esta publicación es dentro del convenio de colaboración entre
Y 
Pero sectores de la sociedad hondureña han manifestado que están torpedeando para que se cierre el convenio y de esta forma los corruptos queden a sus anchas en el país.
Eugenio Sosa, del Centro de Estudio para la Democracia, (CESPAD); Adelina Vásquez de la Coalición para la Renovación de la MACCIH,(CR-MACCIH) y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción,(CNA), participaron en el foro antes mencionado y hablaron sobre los retrocesos que provocará la no renovación de la MACCIH.
El solo nombre que les pone a las investigaciones la MACCIH provoca en los corruptos furia, les hace ver lo que le quitan al pueblo cuando mencionan: Caja Chica de la primera Dama, Los Pandoros, Red de diputados, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III- Colusión y Corrupción y Narcopolítica, destacó Sosa.
Tras cuatro años del funcionamiento de MACCIH, algunas instituciones estatales han promovido la no renovación, de fondo hay opiniones de sectores sociales que el objetivo es detener la lucha contra la corrupción.
El Congreso Nacional, mediante el informe de evaluación que realizó a la MACCIH el 10 de diciembre del 2019, aseguró que no había necesidad de una renovación ya que no encontraron aportes importantes de la misión en ciertas instituciones y la mencionan como injerencia a la soberanía nacional.
Organizaciones de sociedad han pedido la renovación de la MACCIH, pero con el convenio original que se firmó en Washington en el 2016, mientras que el gobierno para una posible aprobación pretende una modificación al documento mediante las negociaciones que emprendido con la OEA, pero a cuyo contenido no tiene acceso la ciudadanía hondureña.
Las consecuencias al no renovarse el acuerdo, es que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MACCIH), deje de funcionar o pase a ser un espacio más dentro del Ministerio Público donde no hay respuestas de investigaciones, expresaron los disertantes en el foro.
Odir Fernandez, añadió que la ciudadanía no comprende cuál es la finalidad de la MACCIH, por lo cual se debe exigir una renovación para que continúe con las investigaciones que hasta ahora han resultado en la judicialización de grandes casos emblemáticos de corrupción.
Fernández dijo que en esos casos que se han querido invisibilizar ante la población, están los periodistas a quienes el lado oscuro del Estado les paga para cambiar la opinión, incluso la campaña emprendida en contra del Consejo Nacional Anticorrupción y ciertas personas a las que se les ha intentado vincular a hechos falsos para evitar las investigaciones.
Son los políticos quienes han conformado esa red de corrupción e impunidad que hoy es una estructura criminal para la sociedad, que no quieren cuestionamientos para las campañas electorales y para eso necesitan controlar o eliminar la MACCIH, cuestionó Fernández.
Es del parecer que dónde Honduras estaría perdiendo todo el trabajo que la misión ha logrado en los 13 casos de corrupción sobre malversación de fondos y por medio de la UFECIC se logró judicializar alguno, lo que ha provocado el desagrado en instituciones que están apuntando al blindaje legal para promover la corrupción.
Eugenio Sosa expresó que “el Estado actúa como una red que despacha a las personas que actúan de manera coherente… el sistema de partidos políticos está organizado no solo para repartirse poder sino también inmunidad”.
Agregó que el caso Red de Diputados, donde al menos 30 diputados desviaron fondos públicos a sus cuentas personales no ha podido proceder por falta de voluntad política, el involucramiento de políticos en la elección de jueces, el circuito anticorrupción es un ejemplo de la falta de institucionalidad.
Aseguró que esta gente no va a dejar que la MACCIH y la UFECIC se fortalezcan e impulsarán acciones para que funcione a su conveniencia, según lo señala
La coalición para la Renovación de la MACCIH, (CR-MACCIH) en coordinación con el CESPAD, asegura a través de Adelina Vásquez que la población debe exigir la renovación.
Asimismo, Gustavo Irías, presidente de CESPAD advierte de los conflictos que crea la corrupción en materia de derechos económicos y sociales.
Gabriela Blen, presidenta de la organización Ayudemos Honduras, que surge a partir del movimiento de las antorchas donde los y las jóvenes exigieron la MACCIH, explicó que la misión ha funcionado por el apoyo internacional, por el debilitamiento sistemático de las instituciones.
“La institucionalidad hondureña está secuestrada por una organización criminal, mientras que se debe entender que de manera internacional pues ellos también son gobiernos son diplomáticos, embajadores y como no les gusta que le señalen la corrupción de su país tampoco lo hacen con los demás”, destacó Blen.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó en el índice de corrupción que Honduras disminuyó del 2016 al 2017 un punto, actualmente ocupa el puesto 29 donde se mantuvo hasta el 2018.
Honduras. Defensa de La Tigra podría ser la causa de amenazas contra cuatro personas defensoras del ambiente
Por Heidy Dávila
Publicado el Ene 9, 2020
Dolores
Valenzuela, Tatiana Lara, Christopher Castillo y Manuel Amador se
encuentran en situación de riesgo inminente desde que impulsan acciones
para detener el Proyecto Bosques de Santa María, el cual se encuentra
parado temporalmente por impugnación a la licencia ambiental y que de
continuar destruirá la reserva de La Tigra.
Dicho
proyecto que tiene como objetivo establecer viviendas para gente
pudiente, el cual está cercano a la capital de la República, de seguir
su curso dejaría sin agua a Tegucigalpa.
La licencia del proyecto Bosques de Santa María se consideraron como “secreto de Estado” bajo acuerdo ministerial 1403-2018, en agosto del 2019, pero eso agudizó fuertes manifestaciones de los pobladores que no están de acuerdo con que se ejecute en la zona de amortiguamiento del parque nacional La Tigra.
En las protestas al menos tres defensores de derechos humanos fueron agredidos por la policía y otros heridos de bala cuando los uniformados abrieran dispararan en contra de ellos.
El alcalde del Distrito Central quien debe decidir sobre un cabildo abierto solicitado desde hace muchos meses por los pobladores de distintas comunidades cercanas a la Reserva Nacional La Tigra, por presiones de la ciudadanía de la zona, pero solo fue promesas y no ha cumplido con la demanda ciudadana.
Tres de las personas defensoras del ambiente amenazadas dialogaron con pasosdeanimalgrande.com y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y contaron la arremetida que han tenido solo por proteger el Parque Nacional «La Tigra».
Las amenazas a los defensores que siguen luchando incluyen campañas de desprestigio por redes sociales donde les califican como terroristas, delincuentes y desestabilizadores, desde hace aproximadamente dos meses desde que se paró el proyecto.
Dolores Valenzuela, una periodista que lucha por el medio ambiente desde hace varias décadas, expresó que “nos tiene muy preocupados porque es una campaña de odio, hay personas que miran al presidente y alcalde como un Dios y pueden hacer daño…los vídeos nos muestran como enemigos y dirigen a la población a conocernos”.
Asimismo agregó que se le envió varios mensajes a través de un anónimo llamado “azote.hn“, directamente a ella con el objetivo de crear una división en la lucha. Entre las cosas que le decían es que utilizaron sus trayectoria de honestidad para “aconsejarle que buscara otro grupo.
Los rostros de Valenzuela y de Christopher Castillo circularon en un video con el título “Denuncias Ciudadanas Honduras”, con publicidad pagada en redes sociales, con la frase “a ellos los conoces” , colocando epítetos contra Castillo.
Un tercer video fue difundido donde hay señalamiento de que los defensores amenazados están afectando la carrera política del alcalde de la capital, Nasry Asfura
Diferentes sectores piensan que Asfura sería una pieza clave para que el Partido Nacional se mantenga en el poder y que el actual presidente Juan Orlando Hernández siga gobernando detrá del trono para evitar posibles juicios por corrupción y señalamientos de que aceptó dinero del narcotráfico para sus campañas políticas de 2013 y 2017 que lo mantienen en la casa presidencial.
Valenzuela ha tenido que sortear diversas amenazas a lo largo de los años de lucha por el medio ambiente y ha estado al filo de la muerte debido a que su trabajo tocó en ese momento intereses de personas y grupos poderosos en el país y en la actual coyuntura las presiones contra ella han regresado.
Mientras Christopher Castillo manifestó que parte de la “campaña de odio” es acuerpada por seguidores del Partido Nacional donde han podido constatar la identidad de dos personas. Una de las campañas fue pagada para darle más publicidad en la cual expone a los defensores y defensoras directamente como objetivos con influencias políticas extranjeras de izquierda y como terroristas.
Castillo pertenece a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, que de acuerdo a su información forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Asimismo ha participado en luchas por defender el agua en diferentes puntos del país.
Las constantes amenazas en su contra le obligaron a acogerse al Mecanismo de Protección, pero hasta la fecha no tiene medidas concretas del Estado para proteger su vida.
El defensor Castillo detalla quiénes están detrás de del Proyecto Bosques de Santa María y la privatización del agua en la capital:
Quieren privatizar el agua en la capital a través de la municipalización
Por su parte Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento, refirió que en la capital hay toda una intención de privatizar el agua y eso ha sido una de sus críticas, además de participar en la lucha por detener el proyecto Bosques de Santa María, de allí cree que es la causa de las amenazas.
En este vídeo Amador detalla la estrategia de privatización del vital líquido:
El 06 de enero del 2020 los defensores y defensoras se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar formalmente los hechos a fin de que se investigue a los actores de la persecución, pero temen que el caso quede engavetado porque hay intereses muy poderosos para que no avancen las investigaciones, por lo que temen por su vida.
La licencia del proyecto Bosques de Santa María se consideraron como “secreto de Estado” bajo acuerdo ministerial 1403-2018, en agosto del 2019, pero eso agudizó fuertes manifestaciones de los pobladores que no están de acuerdo con que se ejecute en la zona de amortiguamiento del parque nacional La Tigra.
En las protestas al menos tres defensores de derechos humanos fueron agredidos por la policía y otros heridos de bala cuando los uniformados abrieran dispararan en contra de ellos.
El alcalde del Distrito Central quien debe decidir sobre un cabildo abierto solicitado desde hace muchos meses por los pobladores de distintas comunidades cercanas a la Reserva Nacional La Tigra, por presiones de la ciudadanía de la zona, pero solo fue promesas y no ha cumplido con la demanda ciudadana.
Tres de las personas defensoras del ambiente amenazadas dialogaron con pasosdeanimalgrande.com y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y contaron la arremetida que han tenido solo por proteger el Parque Nacional «La Tigra».
Las amenazas a los defensores que siguen luchando incluyen campañas de desprestigio por redes sociales donde les califican como terroristas, delincuentes y desestabilizadores, desde hace aproximadamente dos meses desde que se paró el proyecto.
Dolores Valenzuela, una periodista que lucha por el medio ambiente desde hace varias décadas, expresó que “nos tiene muy preocupados porque es una campaña de odio, hay personas que miran al presidente y alcalde como un Dios y pueden hacer daño…los vídeos nos muestran como enemigos y dirigen a la población a conocernos”.
Asimismo agregó que se le envió varios mensajes a través de un anónimo llamado “azote.hn“, directamente a ella con el objetivo de crear una división en la lucha. Entre las cosas que le decían es que utilizaron sus trayectoria de honestidad para “aconsejarle que buscara otro grupo.
Los rostros de Valenzuela y de Christopher Castillo circularon en un video con el título “Denuncias Ciudadanas Honduras”, con publicidad pagada en redes sociales, con la frase “a ellos los conoces” , colocando epítetos contra Castillo.
Un tercer video fue difundido donde hay señalamiento de que los defensores amenazados están afectando la carrera política del alcalde de la capital, Nasry Asfura
Diferentes sectores piensan que Asfura sería una pieza clave para que el Partido Nacional se mantenga en el poder y que el actual presidente Juan Orlando Hernández siga gobernando detrá del trono para evitar posibles juicios por corrupción y señalamientos de que aceptó dinero del narcotráfico para sus campañas políticas de 2013 y 2017 que lo mantienen en la casa presidencial.
Valenzuela ha tenido que sortear diversas amenazas a lo largo de los años de lucha por el medio ambiente y ha estado al filo de la muerte debido a que su trabajo tocó en ese momento intereses de personas y grupos poderosos en el país y en la actual coyuntura las presiones contra ella han regresado.
Mientras Christopher Castillo manifestó que parte de la “campaña de odio” es acuerpada por seguidores del Partido Nacional donde han podido constatar la identidad de dos personas. Una de las campañas fue pagada para darle más publicidad en la cual expone a los defensores y defensoras directamente como objetivos con influencias políticas extranjeras de izquierda y como terroristas.
Castillo pertenece a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, que de acuerdo a su información forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Asimismo ha participado en luchas por defender el agua en diferentes puntos del país.
Las constantes amenazas en su contra le obligaron a acogerse al Mecanismo de Protección, pero hasta la fecha no tiene medidas concretas del Estado para proteger su vida.
El defensor Castillo detalla quiénes están detrás de del Proyecto Bosques de Santa María y la privatización del agua en la capital:
Quieren privatizar el agua en la capital a través de la municipalización
Por su parte Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento, refirió que en la capital hay toda una intención de privatizar el agua y eso ha sido una de sus críticas, además de participar en la lucha por detener el proyecto Bosques de Santa María, de allí cree que es la causa de las amenazas.
En este vídeo Amador detalla la estrategia de privatización del vital líquido:
El 06 de enero del 2020 los defensores y defensoras se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar formalmente los hechos a fin de que se investigue a los actores de la persecución, pero temen que el caso quede engavetado porque hay intereses muy poderosos para que no avancen las investigaciones, por lo que temen por su vida.
Secretario General de la CNTC denuncia ante el COFADEH persecución y amenazas a muerte
Por defensores -
7 enero, 2020Tegucigalpa.- El reconocido defensor de la tierra y el territorio en el departamento de La Paz, Sebastián Reyes Bardales, quien además es el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y pertenece a la Red Nacional de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT), denunció que por su labor de defensoría está siendo objeto de persecución y amenazas a muerte por parte de los madereros de la zona.
Sebastián Reyes dijo que en el mes de diciembre del año que recién terminó ocurrieron los últimos hechos, donde recibió amenazas a través de personas que se están aprovechando del bosque, el territorio y el medio ambiente, refiriéndose a las personas contratistas de madera del municipio de Opatoro.
“Hemos estado con amenazas mi familia, a mi casa le han ido a tomar fotografías camionetas que no conozco y la misma camioneta también me ha perseguido cuando he venido a La Paz, pero yo siempre me he capeado un poco, no me he dejado avanzar, pero si he tenido esos acontecimientos un poco de cerca sobre de mi persona”.
Reyes añadió que “estas son amenazas por defender el territorio y todos los bienes comunes que con derecho y apegándolos al convenio 169 hemos estado luchando; por ese lado hemos estado amenazados, poro también a través de las fotografías que han tomado a mi casa, identificando donde vivo, podría ser como parte de una política de Gobierno señalado ya de ser un líder de la defensa de la tierra y el territorio, y líderes de los grupos campesinos de la CNTC”.
El defensor de la tierra y el territorio dijo que “decidí buscar ayuda en el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), ya que también es la parte esencial para la defensa de los derechos humanos; hemos estado allí pidiendo esa ayuda ya que no nos hemos estado desconfiando de mis salidas de mi hogar hacia mi trabajo y también sobre el trabajo que desempeño a nivel del departamento de La Paz.
El secretario de la CNTC además dijo a defensoresenlinea.com que no dejara de luchar por la defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes.
“No vamos a parar porque si paramos los enemigos avanzan, y no tendríamos que estarlos sintiéndonos tan débiles, por eso yo les digo a todos mis compañeros y compañeras y a los grupos que manejamos que no tenemos que estar con los brazos cruzados, si no que siempre debemos estar en lucha constante para que no avancen nuestros enemigos, al quererse meter al territorio o ir a apropiarse de lo que es de nosotros los campesinos”.
Ante la situación de Sebastián Reyes donde ha sido víctima de amenazas, persecución y criminalización por su defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes, desde tiempo atrás, el COFADEH le ha dado acompañamiento y ha logrado instalar algunas medidas para garantizar la seguridad en su entorno.
Ante estas nuevas amenazas el COFADEH también ha manifestado su preocupación y se ha reunido de emergencia con La Vía Campesina-Honduras para evaluar la situación de seguridad y vulnerabilidad en la que se encuentra Reyes. Así mismo para hacer las investigaciones de quienes son los que podrían estar detrás de estas amenazas ocurridas al defensor.
Tegucigalpa, Honduras.-
En menos de una semana, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ), confirmó el asesinato de dos líderes indígenas en la
zona norte del país.
El primer caso se dio el domingo 29 de
diciembre del 2019, al encontrar semi enterrado el cuerpo del líder
Tolupán, Efraín Martínez Martínez, originario de la montaña de La Flor,
al norte del departamento de Francisco Morazán.
Según denuncias del MADJ, la familia de
Martínez lo había reportado como desaparecido, una semana antes. La
etnia Tolupán es una de las empobrecidas e históricamente aisladas por
programas de desarrollo social.
Este viernes 3 de enero de 2020, el luto
volvió a empañar la historia de los pueblos originarios cuando se
confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Santos Felipe Escobar
García, de 34 años.
Escobar fue desaparecido el 29 de
diciembre pasado, era del pueblo indígena Pech. El hallazgo se hizo en
la aldea El Carbón, San Esteban, al norte del departamento de Olancho.
“Este es el segundo crimen que se da en
menos de una semana contra dirigentes indígenas en Honduras. Los
crímenes continúan en total impunidad”, denunció la organización que
tiene presencia en las regiones indígenas del norte.
Efraín Martinez y Santos Escobar, líderes indígenas Tolupán y Pech, respectivamente./ www.defensoresenlinea.com
La violencia contra la población
indigena no se detiene en Honduras. Los pueblos originarios son los más
martirizados por los saqueadores de la riqueza común en complicidad con
el Estado, lamentó la organización.
Para el MADJ, que coordina Martín
Fernández, este patrón de asesinar y enterrar indígenas (en el caso de
Martínez) Tolupanes se está volviendo común en Honduras, anteriormente
fue asesinado y encontrado en similares circunstancias el luchador
social indígena, Milgen Soto Ávila, últimado y enterrado en la tribu
Tolupán de San Francisco Locomapa, departamento de Yoro. Este crimen se
registró en el lugar donde una empresa realizaba un corte de madera.
En estos casos la impunidad sigue siendo
el principal aliado de los crímenes contra la población indígena y
líderes comunitarios a nivel nacional, detalló la denuncia en Movimiento
Amplio, en sus redes sociales.
Los bosques y zonas hídricas de Chinacla, están en la mira de políticos, terratenientes y empresarios
La Paz, Honduras.- Para
defensores y defensoras de los bienes comunes de la naturaleza es
preocupante lo que sucede en el territorio indígena Lenca del
departamento de La Paz, al centro occidente del país.
La tala del bosque sin ninguna política
pública renovable está afectando la región, provocando cambio climático y
desabastecimiento de agua, así como la criminalización contra quienes
denuncian estos hecho.
Por lo que la La Red de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lenca de La Paz (REDHIL-PAZ),
formanda y acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), emitió la siguiente denuncia en
diciembre de 2019.
PRONUNCIAMIENTO
La Red de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos Indígenas Lenca de La Paz (REDHIL-PAZ), ante la
comunidad nacional e internacional denunciamos por lo siguiente:
Es preocupante la tala inmisericorde de
nuestros bosques ubicados en la sierra de La Paz. Crimen forestal que se
ejecuta a vista y paciencia de autoridades civiles y políticas sin
ninguna acción en beneficio de la conservación forestal.
El departamento de La Paz, es en un 90
por ciento habitado por indígenas lencas, y nos ampara el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos
de los pueblos indígenas y tribales, que contempla normas para el
cuidado de los bienes comunes de la naturaleza; y la implementación de
proyectos de desarrollo mediante la consulta libre, previa e informada.
En nuestro departamento, están utilizando los famosos planes de manejo para dejarnos sin bosque y sin agua.
Por lo tanto, exigimos a los entes
competentes de la protección de nuestro casa común a que tomen cartas en
el asunto, y hagan respetar nuestros derechos como habitantes,
indigenas y defensores de derechos humanos.
En los próximos días las organizaciones
campesinas estarán tomandon acciones para proteger lo único que nos
queda para poder seguir sobreviviendo, nuestros bienes naturales, tierra
y territorio.
Como REDHIL-PAZ estaremos pendientes de
que se garantice el debido proceso y respeto a la integridad de quienes
alzan su voz para que se respete a la población que defiende el bosque.
REDHIL-PAZLa Paz, Honduras, 17 de diciembre de 2019.
Nueva masacre deja tres mujeres asesinadas
enero 7, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIOredaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Las masacres y los femicidios continuan imparables en Honduras y este martes fueron asesinadas tres mujeres en la aldea Linda Vista en Cololaca, departamento de Lempira al occidente de Honduras.
Tegucigalpa.- Las masacres y los femicidios continuan imparables en Honduras y este martes fueron asesinadas tres mujeres en la aldea Linda Vista en Cololaca, departamento de Lempira al occidente de Honduras.
Las mujeres asesinadas es una abuela
junto a su nieta y la empleada doméstica que fueron ejecutadas al
interior de su vivienda por un sujeto que luego huyó de la escena.
Las víctimas respondían a los nombres de Ledubina Espinoza León, Yenny Roxana Ramos y Yesica Yadira Rivera Dubón.
De acuerdo a versiones de algunos vecinos, a la casa llegaron varios individuos quienes se bajaron de un vehículo color rojo, y después de cometer el triple crimen salieron rumbo a la aldea Malsincales, zona fronteriza con El Salvador.
Parientes de las infortunadas mujeres informaron el hechor del crimen es un enemigo de la familia y que se trata de enemistad con una de las víctimas.
En los primeros días del año 2020 ya se registran dos masacres, la primera el Sábado 4 de enero que dejó cuatro muertos en el municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, y la de este martes 8 de enero que dejó tres mujeres asesinadas en el municipio de Cololaca, departamento de Lempira.
Las víctimas respondían a los nombres de Ledubina Espinoza León, Yenny Roxana Ramos y Yesica Yadira Rivera Dubón.
De acuerdo a versiones de algunos vecinos, a la casa llegaron varios individuos quienes se bajaron de un vehículo color rojo, y después de cometer el triple crimen salieron rumbo a la aldea Malsincales, zona fronteriza con El Salvador.
Parientes de las infortunadas mujeres informaron el hechor del crimen es un enemigo de la familia y que se trata de enemistad con una de las víctimas.
En los primeros días del año 2020 ya se registran dos masacres, la primera el Sábado 4 de enero que dejó cuatro muertos en el municipio de Esquipulas del Norte, departamento de Olancho, y la de este martes 8 de enero que dejó tres mujeres asesinadas en el municipio de Cololaca, departamento de Lempira.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Racismo en Honduras: nuevo ataque contra lideresa Garifuna en Masca
En horas de
la noche del sábado 28 de diciembre pasado, la señora Ignacia Piota
Martinez, Garífuna de la comunidad de Masca, fue atacada por un mestizo
que le infirió siete heridas de fuego, siendo trasladada de inmediato a
Puerto Cortés y posteriormente a San Pedro Sula donde se encuentra en
condiciones estables.
Ignacia de 70 años de edad, era hermana de la fallecida Mirna Suazo Martinez, la que se desempeñaba como Presidenta del Patronato de Masca, asesinada el pasado 9 de septiembre además del intento de asesinato perpetrado en contra de Paulina Alvarez el 12 de diciembre y el asesinato de Oscar Francisco Guerrero Centeno, acontecido el 10 de octubre; lo cual es un indicador de una enorme violencia dirigida en contra de los remanentes de la población Garífuna en la comunidad de Masca.
La inusual racha de asesinatos que se han venido dando en contra del pueblo Garífuna en los últimos meses, tiene un denominador común: sembrar el terror con el propósito de instigar la emigración que se aceleró en los últimos años. Como contención del debacle económico y las presiones territoriales promovidas por el crimen organizado el que usa el terror como arma destinada al control territorial.
De por sí Honduras se encuentra atascada en un circulo de violencia. 70 masacres y 3700 homicidios que se dieron durante el año 2019 y con alrededor de 50 mil muertos en la última década. Aunque aparentemente los indicadores muestran disminución de la violencia; es evidente que la violencia ha venido siendo dosificada, con el propósito de generar una sensación y crédito de que se ha “controlado” la violencia.
La costa norte de Honduras pasó a ser después del golpe de estado de 2009, un territorio controlado por el crimen organizado, manejando desde las municipalidades, juzgados, registro de la propiedad, entre otros.
Uno de los ingredientes fatales en la estrategia de despojo que se ha venido afinando en esta década, es el racismo, que está incrustado en la hondureñidad, el cual no se elimina a punta de decretos y leyes. Ese racismo está altamente empotrado dentro de los operadores de justicia, que a pesar de haber asistido a múltiples capacitaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, no hicieron mayor esfuerzo para asimilar las Convenciones y Tratados que estipulan los derechos que poseemos los pueblos indígena y tribales. Teniendo como resultado un sinnúmero de despojos territoriales emanados de sentencias que desconocen nuestros derechos ancestrales.
El caso de la comunidad de Masca es particular ante la enorme agresividad que se ha desatado en contra del pueblo Garífuna, sin que hasta la fecha – meses después del asesinato de Mirna Suazo- se conozcan resultados de la investigación por parte de las autoridades, sobre dicho caso, el que tiene en vilo a la población Garífuna, quienes habíamos logrado mantenernos al margen de la violencia que ha venido destruyendo el tejido social de nuestro país en la última década.
Exhortamos a las autoridades a efectuar una investigación exhaustiva de los hechos, al mismo tiempo que exigimos la protección de las lideresas de dicha comunidad, las que parece se han convertido en objetivos de guerra.
Dado en la Ciudad de la Ceiba a los 3 días del mes de Enero del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Ignacia de 70 años de edad, era hermana de la fallecida Mirna Suazo Martinez, la que se desempeñaba como Presidenta del Patronato de Masca, asesinada el pasado 9 de septiembre además del intento de asesinato perpetrado en contra de Paulina Alvarez el 12 de diciembre y el asesinato de Oscar Francisco Guerrero Centeno, acontecido el 10 de octubre; lo cual es un indicador de una enorme violencia dirigida en contra de los remanentes de la población Garífuna en la comunidad de Masca.
La inusual racha de asesinatos que se han venido dando en contra del pueblo Garífuna en los últimos meses, tiene un denominador común: sembrar el terror con el propósito de instigar la emigración que se aceleró en los últimos años. Como contención del debacle económico y las presiones territoriales promovidas por el crimen organizado el que usa el terror como arma destinada al control territorial.
De por sí Honduras se encuentra atascada en un circulo de violencia. 70 masacres y 3700 homicidios que se dieron durante el año 2019 y con alrededor de 50 mil muertos en la última década. Aunque aparentemente los indicadores muestran disminución de la violencia; es evidente que la violencia ha venido siendo dosificada, con el propósito de generar una sensación y crédito de que se ha “controlado” la violencia.
La costa norte de Honduras pasó a ser después del golpe de estado de 2009, un territorio controlado por el crimen organizado, manejando desde las municipalidades, juzgados, registro de la propiedad, entre otros.
Uno de los ingredientes fatales en la estrategia de despojo que se ha venido afinando en esta década, es el racismo, que está incrustado en la hondureñidad, el cual no se elimina a punta de decretos y leyes. Ese racismo está altamente empotrado dentro de los operadores de justicia, que a pesar de haber asistido a múltiples capacitaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, no hicieron mayor esfuerzo para asimilar las Convenciones y Tratados que estipulan los derechos que poseemos los pueblos indígena y tribales. Teniendo como resultado un sinnúmero de despojos territoriales emanados de sentencias que desconocen nuestros derechos ancestrales.
El caso de la comunidad de Masca es particular ante la enorme agresividad que se ha desatado en contra del pueblo Garífuna, sin que hasta la fecha – meses después del asesinato de Mirna Suazo- se conozcan resultados de la investigación por parte de las autoridades, sobre dicho caso, el que tiene en vilo a la población Garífuna, quienes habíamos logrado mantenernos al margen de la violencia que ha venido destruyendo el tejido social de nuestro país en la última década.
Exhortamos a las autoridades a efectuar una investigación exhaustiva de los hechos, al mismo tiempo que exigimos la protección de las lideresas de dicha comunidad, las que parece se han convertido en objetivos de guerra.
Dado en la Ciudad de la Ceiba a los 3 días del mes de Enero del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
AUDIO Y VIDEO HUNDIRÍAN ENJUICIADOS POR “ARCA ABIERTA”
- Publicado: 10 Enero 2020
La
Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de amparo a la
UFECIC para incluir un video y un audio como medios de prueba en juicio
“Arca Abierta”, desestimados en la audiencia inicial. A la fecha han
sido procesadas varias figuras del gobernante Partido Nacional por el
desvío de 21 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo que presentó
la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC)
relacionado al caso “Arca Abierta”, donde varias del gobernante Partido
Nacional son señalados por desviar 21 millones de lempiras.
El
amparo se presentó luego que en la audiencia inicial de este caso, un
video y un audio fueran desestimados por el juez, a pesar que UFECIC
mencionó que son pruebas valiosas.
Con
la resolución de la CSJ, el juez Reynaldo Hernández deberá convocar a
una audiencia para evacuar la evidencia. El Poder Judicial valora que
estos medios de prueba podrían tener nuevas apreciaciones en el juicio
contra exdiputados y actuales funcionarios legislativos.
En
“Arca Abierta” son acusados los diputados: Milton Puerto, Gladys Aurora
López, Welsy Vásquez, Gustavo Pérez y los excongresistas Fabricio
Puerto y José Alejandro Flores.
De
igual manera: Geovanny Deras, Allan San Martín y Gregorio González. Los
únicos que han sido sobreseídos son: Óscar Álvarez, Audelia Rodríguez,
Juan Carlos Valenzuela, Carlos Humberto Bonilla y Hernán Vindel.
De
acuerdo con la investigación, los imputados defraudaron fondos del
Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas a través de la ONG
“Planeta Verde”, que emitió cheques a nombre personal de los implicados,
el dinero fue utilizado en casinos, salones de belleza y moteles.
¡ALARMANTE! 60 HONDUREÑOS ASESINADOS EN PRIMEROS SIETE DÍAS DE 2020
- Publicado: 08 Enero 2020
Datos
del Sistema Estadístico Policial (Sepol) de la Secretaría de Seguridad,
revelan que en los primeros siete días del 2020, 60 hondureños fueron
asesinados. Según el registro, en los primeros dos días de enero, fueron
31 los homicidios contabilizados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La última actualización del Sistema Estadístico Policial (Sepol) de la
Secretaría de Seguridad, revela que en los primeros siete días de enero
2020, en Honduras han sido asesinadas 60 personas.
Según
Sepol, sólo entre el 1 y 2 de enero, fueron 31 los homicidios
registrados. En comparación a 2019, en esas fechas se registraron 35
asesinatos, lo que significa una miserable reducción de cuatro casos.
En
tanto, preliminarmente el Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR
(OCEL), identifica que entre las 60 personas asesinadas, al menos diez
son del sexo femenino.
Cabe
mencionar que 2019, cerró con un total de 3,996 homicidios y, según las
cifras de Sepol el año documentó un promedio once asesinatos a diario.
En
este contexto, el Observatorio de la Violencia de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), señaló que la tasa de
homicidios ascendió a 42.8 por cada 100 mil habitantes.
Es
decir que las cifras empiezan a repuntar, ya que ese fue el promedio
que registró 2017, tomando en cuenta que 2018 cerró con 41.4 homicidios
por cada 100 mil habitantes.
Denuncian amenazas contra ambientalista y defensores del Parque La Tigra
- 07/01/2020
Entre las personas a las que se desprestigia y acusa de desestabilizadora está la ambientalista y periodista Dolores Valenzuela, quien alertó, mediante un reportaje periodístico, sobre las amenazas que implica el proyecto habitacional Bosques de Santa María, el cual se pretende construir en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra y coloca en riesgo la distribución de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela.
La ambientalista Dolores Valenzuela detalla que, en los vídeos se les acusa de terroristas, de “joder” la carrera política del alcalde Nasry “Tito” Asfura, quien ha sido acusado de abuso de autoridad y corrupción por otorgar el permiso de construcción del proyecto Bosques de Santa María.
“Es un campaña sucia. El primer vídeo decía Tatiana Lara y Dolores Valenzuela desestabilizadoras de la capital y nos tratan de terroristas, y lo que me llama la atención es que dice que ustedes están jodiendo al alcalde y su carrera política, ya dejen de joder”, cuenta Dolores Valenzuela, quien no descarta que la campaña y amenazas vengan de activistas políticos o personas afines al alcalde Tito Asfura.
Valenzuela interpreta los mensajes como amenazas a muerte, porque se enmarcan en una campaña de odio: “tenemos temor por nuestra vida, porque han desprestigiado a don Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua; a Cristopher Castillo, un joven líder universitario, a él le dicen obscenidades”.
Christopher Castillo, estudiante universitario y coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), denuncia que ha sido objeto de amenazas a muerte desde que ha mostrado su apoyo a la lucha en defensa del Parque Nacional La Tigra.
“Me han dicho que me van a matar. Han llamado, en esa llamado un hombre me dijo cállate sapo y colgó”, contó Christopher Castillo, quien asegura que el número del cual recibió la llamada desapareció del registro telefónico de su teléfono celular.
Los defensores y ambientalistas denuncian que también se han vertido comentarios de desprestigio a través de páginas en Facebook con los nombres de “Azote HN y Denuncias Ciudadanas Honduras”, en las cuales se les vincula con líderes del partido político de oposición Libertad y Refundación (LIBRE), además de recibir dinero de organizaciones internacionales.
Al salir de la Fiscalía de Derechos Humanos, en las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la ambientalista Dolores Valenzuela informó que la fiscal les indicó que la denuncia debe presentarla un abogado y solicitar se investigue el origen de los vídeos y las amenazas, puesto que se trata de un delito privado.
La periodista y ambientalista Dolores Valenzuela denuncia campaña de odio en su contra por defender La Tigra
Tegucigalpa.- La periodista y ambientalista, Dolores Valenzuela, ha denunciado en los últimos días que ella y otros compañeros están siendo víctimas de campañas de odio, por defender el agua de La Tigra, al oponerse al proyecto habitacional Bosques de Santa María.
La ambientalista y periodista dijo a defensoresenlinea.com que “desde que estamos en la lucha contra el proyecto ‘Bosques de Santa María’ aquí en la zona de la montaña de La Tigra, hemos recibido tres videos que incitan al odio, porque nos retratan como delincuentes, como terroristas y nos retratan como desestabilizadores de la paz, en fin un montón de epítetos”.
Añadió que “en el primer video era una mujer anónima, lógicamente que está dando una entrevista, ella dice cosas que nosotros estamos jodiendo al alcalde Nasry Asfura, que le estamos jodiendo su carrera política y su campaña, entonces si ella dice eso, quiere decir que es alguien allegado al alcalde, es activista o militante del Partido Nacional o que se yo, porque ella misma dijo, ustedes lo que están haciendo es jodiendo a Tito, ya dejen de joder, todo eso nos tiene preocupados”.
“El segundo video o el segundo mensaje que nos mandan es de separarnos, diciéndome a mí que yo me aparte del grupo, que ya no siga en eso, que todos son un tipo de delincuentes y que yo soy de otro tipo de persona, notamos allí una campaña de desunión”.
Asimismo indicó que el tercer video que nos mandaron desde la página “Denuncia Ciudadana Honduras” nos ponen allí comunistas, estos conócelos, estos son los desestabilizadores, los terroristas, los que andan haciendo daño”.
La periodista y ambientalista dijo que en esos videos los colocan como delincuentes por luchar y defender el agua de La Tigra y que ponen en riesgo la vida de ella y la de sus compañeros.
Nos ponen a nosotros como delincuentes porque andamos luchando por el agua de la montaña de La Tigra, y a los promotores del proyecto, a los que quieren destruir la montaña como héroes, como grandes personas, entonces yo: Dolores Valenzuela directamente acuso a los promotores del proyecto, ellos están detrás de esta campaña sucia.
La ambientalista y periodista mencionó a la familia Pierrefue, a la Midence Soto, a Elvin Santos, y otro señor que se llama Roberto Galeano, como los principales que aparecen en el proyecto, “entonces nos están haciendo una campaña de odio y usted sabe que la campaña de odio es peligrosa, porque hay gente que es fanática, obcecada, hay gente que mira esos políticos como ídolos, como dioses y les están metiendo a la cabeza que nosotros estamos haciendo daño, que les estamos truncando sus aspiraciones políticas, nos pueden hasta mandar a matar, nada les cuesta mandar sicarios a matarnos, entonces esa es la denuncia que estamos haciendo ahora”.
Por estos hechos de los que están siendo objeto, tanto Dolores Valenzuela, como otros ambientalistas, por estar en defensa del agua en La Tigra, piden al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que investigue estos hechos, también presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
La demonización de los periodistas debe terminar
enero 9, 2020
Redacción
Por: Leon Willems
AMSTERDAM – Hace cinco años este mes, Saïd y Chérif Kouachi irrumpieron en las oficinas de París de la revista satírica francesa Charlie Hebdo y, en una pesadilla que duró solo unos minutos, mataron a 12 personas. En los días que siguieron, millones marcharon en Francia y en otros lugares para expresar solidaridad con los periodistas asesinados. Para los europeos, los asesinatos de Charlie Hebdo representaron el primer ataque masivo contra periodistas cerca de casa. #JeSuisCharlie («I am Charlie») se convirtió en uno de los hashtags de Twitter más populares.
La libertad de prensa era tendencia. Desde entonces, sin embargo, la lucha para defender la libertad periodística ha flaqueado, y la movilización pública ha resultado ser fugaz, incluso en el caso de Charlie Hebdo. En enero de 2019, el personal de la revista se quejó en un editorial de que la gente ya no quería escuchar sobre los tiroteos. «¡Quizás deberías seguir adelante!», Según se informa, les dijeron. Esta aparente indiferencia tiene mucho que ver con lo que muchos creen que representa Charlie Hebdo: la libertad de expresarse de una manera que pueda provocar a otros. Y esta libertad ha sido presionada aún más en los últimos cinco años. Tal tendencia es evidente en las respuestas dirigidas a periodistas que arrojan luz sobre hechos y opiniones impopulares o inconvenientes. Están expuestos a un aluvión diario de ataques contra su integridad, incluso por parte de importantes líderes políticos.
En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ha referido repetidamente a los periodistas que lo critican como el «enemigo del pueblo». Y en una conferencia de prensa hace dos años, el presidente checo Miloš Zeman blandió una réplica de un AK-47 inscrito con las palabras «para periodistas». Al caer en tal comportamiento, estos y otros líderes normalizan los ataques contra miembros de la prensa. Y los miembros de la prensa están muy bajo ataque. Según Reporteros sin Fronteras, 49 periodistas en todo el mundo fueron asesinados en 2019 debido a su trabajo. (El promedio anual de los últimos cinco años es aún mayor, con 81.) Además, el número de periodistas que fueron detenidos arbitrariamente aumentó a 389 el año pasado. Las amenazas en las redes sociales, en particular contra las mujeres periodistas, son un hecho cotidiano, y los periodistas son golpeados, desgastados o despojados de sus equipos de manera rutinaria.
La foto de portada muestra una parte de los casi 90 periodistas
que han sido asesinados en Honduras en los últimos 12 años
La violencia contra los periodistas es
un asalto a un pilar esencial de la democracia. Y mientras estos
ataques continúen, no es «hora de seguir adelante» en absoluto. Por el
contrario, es hora de que los líderes de la Unión Europea se despierten y
protejan mejor a los periodistas en riesgo. Esfuerzos como la
iniciativa PersVeilig en los Países Bajos, en la que la policía, los
fiscales, el sindicato de periodistas y los editores colaboran para
contrarrestar la violencia contra los periodistas, deben implementarse
en toda Europa. Los políticos que atacan verbalmente a los periodistas
deben rendir cuentas, y las organizaciones de medios deben hacer más
para mostrar solidaridad con sus colegas en los medios de comunicación
rivales. En términos más generales, existe una necesidad urgente de una mayor conciencia y una defensa pública más fuerte del valor del periodismo para la sociedad. Y ha habido ejemplos exitosos de esto en los últimos años. Los asesinatos de los periodistas Ján Kuciak en Eslovaquia y Daphne Caruana Galizia en Malta provocaron protestas masivas que obligaron a los primeros ministros de estos dos países a renunciar. Además, la investigación del relator especial de las Naciones Unidas Agnès Callamard sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, aumentó la conciencia pública sobre el comportamiento criminal de los líderes de Arabia Saudita.
Estos casos necesitaban, y recibían, atención a largo plazo. Pero, ¿quién ha oído hablar de Norma Sarabia de México, o de Eduardo Dizon de Filipinas, que también pagó el precio máximo por ejercer su profesión? El periodista nigeriano Jones Abiri fue a prisión por segunda vez el año pasado por cargos falsos, mientras que un fotógrafo nicaragüense nos dijo recientemente que por el momento dejó de trabajar como periodista, porque significaba arriesgar su vida todos los días. ¿Quién defiende a estas figuras menos conocidas?
El sistema de justicia debería dar mayor prioridad al enjuiciamiento de ataques contra periodistas, sin embargo, una serie de resoluciones relevantes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han arrojado resultados limitados. Una mejor manera de poner fin a la inacción judicial sería establecer un comité de investigación con mandato internacional, que también despejaría el camino para resolver los cientos de casos fríos de periodistas asesinados por hacer su trabajo.
Docenas de periodistas son asesinados cada año, y en nueve de cada diez casos, los perpetradores salen libres. Mientras exista tal impunidad, vale la pena matar periodistas.
Hace cinco años, todos éramos Charlie. Hoy, seamos también los cientos de otros periodistas que han sido asesinados desde entonces.
* Leon Willems es director de Free Press Unlimited.
Esta publicación es dentro del convenio de colaboración entre
Y
Con tantos requisitos y prohibiciones es más fácil volar un avión que un drone en Honduras
enero 8, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Con tantos requisitos y prohibiciones impuestas, en Honduras es mas facil volar un avion que un drone de uso personal o con fines periodísticos.
El gobierno nacionalista de Juan Hernández publicó el pasado 27 de diciembre de 2019 en el diario Oficial La Gaceta una nueva ley que obliga a los dueños de drones a inscribirlos ante la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil tras cumplir un sinnúmero de requisitos.
La medida, que es abusiva, no ha sido socializada y ha tomado por sorpresa a muchos dueños de estos aparatos que son utilizado en su mayoría por medios de comunicación y empresas afines a las comunicaciones y la publicidad.
La nueva normativa se ha registrado con el rimbombante nombre de “Registro de Operadores y Limitaciones de Operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia” (RPAS) y fue publicada en la edición 35,134 del diario oficial de Honduras.
Requisitos para registrar un drone
Los propietarios o empresas deben llenar el formulario de registro del equipo, copia de la tarjeta de identidad, copia de factura de la compra, copia de RTN, carta de compromiso que será de uso privado, fotografías de la aeronave, fotocopia de la estación de mando terrestre, fotografías de equipo soporte, fotocopia de póliza de seguro.
Por si fuera poco, el piloto debe sacar un registro cumpliendo los siguientes requisitos: mayor de 18 años, presentar formulario de inscripción, certificado médico clase III, acreditar curso teórico práctico para volar el drone, tener nivel de conocimiento apropiado, acreditar mínimo de 20 horas de vuelo y demostrar capacidad de pilotear la aeronave.
Además, se establece como prohibiciones: volar el drone a cinco kilómetros de un aeropuerto, sobre Casa Presidencial, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones Gubernamentales, instalaciones eléctricas, centros penitenciarios y cuerpos diplomáticos.
O sea que prácticamente no se puede volar un drone sobre la ciudad de Tegucigalpa, porque la ciudad no es muy grande y las instituciones a que hace mención la prohibición estan diseminadas por toda la ciudad.
Tegucigalpa.-Con tantos requisitos y prohibiciones impuestas, en Honduras es mas facil volar un avion que un drone de uso personal o con fines periodísticos.
El gobierno nacionalista de Juan Hernández publicó el pasado 27 de diciembre de 2019 en el diario Oficial La Gaceta una nueva ley que obliga a los dueños de drones a inscribirlos ante la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil tras cumplir un sinnúmero de requisitos.
La medida, que es abusiva, no ha sido socializada y ha tomado por sorpresa a muchos dueños de estos aparatos que son utilizado en su mayoría por medios de comunicación y empresas afines a las comunicaciones y la publicidad.
La nueva normativa se ha registrado con el rimbombante nombre de “Registro de Operadores y Limitaciones de Operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia” (RPAS) y fue publicada en la edición 35,134 del diario oficial de Honduras.
Requisitos para registrar un drone
Los propietarios o empresas deben llenar el formulario de registro del equipo, copia de la tarjeta de identidad, copia de factura de la compra, copia de RTN, carta de compromiso que será de uso privado, fotografías de la aeronave, fotocopia de la estación de mando terrestre, fotografías de equipo soporte, fotocopia de póliza de seguro.
Por si fuera poco, el piloto debe sacar un registro cumpliendo los siguientes requisitos: mayor de 18 años, presentar formulario de inscripción, certificado médico clase III, acreditar curso teórico práctico para volar el drone, tener nivel de conocimiento apropiado, acreditar mínimo de 20 horas de vuelo y demostrar capacidad de pilotear la aeronave.
Además, se establece como prohibiciones: volar el drone a cinco kilómetros de un aeropuerto, sobre Casa Presidencial, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones Gubernamentales, instalaciones eléctricas, centros penitenciarios y cuerpos diplomáticos.
O sea que prácticamente no se puede volar un drone sobre la ciudad de Tegucigalpa, porque la ciudad no es muy grande y las instituciones a que hace mención la prohibición estan diseminadas por toda la ciudad.
