OACNUDH Honduras alarmada por incumplimiento de compromiso por parte de autoridades de la UNAH que generó condena de estudiantes
Por defensores -
Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras se encuentra alarmada por la
condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de
Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera
y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio
emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas
ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra
interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo
penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta
graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos
humanos. Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la
libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando
que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación
de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la
intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer
en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a
su peculio o patrimonio personal. De igual manera, la Oficina ha observado que este tipo penal está
siendo utilizado de manera reiterada en procesos penales incoados
particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos
indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y
enjuiciamiento. En el marco de nuestro mandato de monitoreo y observación, deseamos
expresar nuestra firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo
firmado el 20 de julio de 2016 entre las autoridades de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los representantes de los
estudiantes universitarios agrupados en el Movimiento Estudiantil
Universitario (MEU) para poner fin a la crisis de ese entonces, y en
cuya celebración firmaron como testigos de honor la OACNUDH Honduras y
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En lo particular, la Oficina se encuentra extremadamente consternada
de que no se haya cumplido el segundo punto del acuerdo en donde se
establece que “las autoridades de la UNAH se comprometen a personarse
ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le
ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los
estudiantes universitarios”. El no cumplimiento de este punto ha significado la finalización del
juicio con la condena por el delito usurpación contra los estudiantes
Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario
Alejandro Félix Padilla, representando una falta grave por parte de las
autoridades de la UNAH y poniendo en duda su compromiso para poner fin a
este conflicto y a cualquier otro que surja en el futuro. La Oficina hace un llamado urgente a las autoridades de la UNAH por
el incumplimiento del segundo punto de los acuerdos firmados, ya que
como la máxima casa de estudios en el país, tiene la obligación de
promover el respeto y la protección de los derechos humanos de sus
estudiantes y de dar el ejemplo al acatarse a los compromisos que asume
por el bien de la institución y de su población estudiantil.
ALTO COMISIONADO DE DDHH CONDENA ACCIONES CONTRA ESTUDIANTES
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Honduras, ha hecho un llamado a las autoridades de
la Universidad Nacional sobre la condena de los estudiantes Moisés
Cáceres (izq.), Sergio Ulloa (cent.), Cesario Padilla (der.).
En
un comunicado, la Oficina refiere que el modelo de delito de
usurpación, está siendo utilizado para proceder con una acción penal a
quien ejerza la protesta social.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Honduras, se alarmó por la condena emitida el
pasado miércoles contra los estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).
Los
jóvenes Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, fueron
declarados culpables por el delito de usurpación de vienes en perjuicio
del Estado de Honduras, durante las protestas que se realizaron en la
UNAH en julio de 2015.
“La
Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido
por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones,
la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con
operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en
contextos de criminalización de la protesta social presenta graves
problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos
humanos” dicta el comunicado que emitió este organismo.
Y
prosigue: “Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio
legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo
considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y
aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración
requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir,
permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o
espacio público a su peculio o patrimonio personal”.
Según
la entidad internacional este tipo de acciones judiciales estan siendo
utilizadas de manera “en procesos penales incoados particularmente
contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y
campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento”.
Cabe
destacar que la Oficina ha reclamado por los términos firmados entre la
UNAH y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) del 20 de julio de
2016, para poner fin a la problemática que paralizó las clases por
varias semanas.
En
ese sentido se destacó que las autoridades de la UNAH se comprometieron
para solicitar la extinción de procesos penales contra todos los
estudiantes universitarios.
Sin
embargo, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, explicó que el
tratado con el MEU era válido únicamente para los hechos ocurridos en
2016 y arremetió contra el organismo defensor de derechos humanos.
A continuación la carta de la rectora de forma íntegra:
Como
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma Honduras (UNAH) acuso
recibo a su Oficio OHCHR-2017-000130 recibido en la Oficina de la
Rectoría el día 8 de junio, adjuntando como respuesta el comunicado
emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el mismo día 8
de los corrientes.
Entendemos
perfectamente las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la función
constitucional de la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH).
Tanto
el OACNUDH como el CONADEH exhiben en este caso, por un lado, un
desconocimiento del procedimiento penal, y por otro, desconocimiento de
las acciones que de forma tripartita: UNAH, Ministerio Público y
Defensores de los estudiantes ejecutaron para la extinción de la acción
pena/acordada entre las partes en Julio 2016, fase que concluyó en
septiembre del mismo año. De su Oficina señora Pazo observó todo el
proceso el Señor Félix Gómez. Por el CONADEH estuvo presente el Abogado
Manuel Salcedo.
Habiendo
estado la OACNUDH presente en todo el proceso a través del Señor Félix
Gómez, y habiendo recibido la explicación de Autoridad Competente del
Tribunal de Sentencias, claro quedó, qué los estudiantes Félix Alejando
Cesáreo Padilla Figueroa, Sergio Luis Ulloa Rivera y Moisés David
Cáceres Velásquez no eran parte de los Acuerdos por Ustedes aludidos.
Las
posiciones de las instituciones solo expresan el rechazo a la sentencia
emitido por Tribunal competen, lo que implica una Injerencia
inadmisible que rebasa los límites de su mandato como Representante
Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras y de la función Constitucional del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos. Ningún organismo supranacional ni
nacional está por encima de las leyes nacionales ni tiene mandato para
instruir como debe ser dictada una sentencia, y lo que se espera de
Ustedes es un desempeño de acuerdo a la alta representación que
ostentan.
Saludos atentos
Julieta Castellanos
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Honduras: Fyffes perdida en su propio laberinto
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 6 Junio, 2017
A pesar de la suspensión de la ETI la transnacional frutera sigue negándose a reconocer a sindicatos
La
semana pasada en Londres, Inglaterra, la trasnacional irlandesa Fyffes
se reunió con las organizaciones Banana Link y UITA. Pese a haber
cumplido con parte de la resolución de la Iniciativa de Comercio Ético
(ETI), que la suspendió de su membresía
por las reiteradas denuncias de violación a los derechos laborales y
sindicales en Honduras y Costa Rica, Fyffes no mostró voluntad para
cambiar las cosas.
La resolución de
la Junta Directiva de la ETI[1], fechada 4 de mayo, fue el epílogo de
una disputa entre Fyffes, la UITA[2] y BananaLink, sobre las violaciones
a los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores de las fincas
meloneras en el sur de Honduras y las piñeras en Costa Rica.
A
la transnacional irlandesa, recientemente adquirida por 750 millones de
euros por la compañía japonesa Sumitomo, se le dio un plazo máximo de
90 días para “trabajar con la UITA para llegar a un acuerdo marco que
sea mutuamente aceptable”.
De acuerdo
con informaciones circuladas después de la reunión, la transnacional
frutera no sólo no quiso abordar el tema de revisar sus políticas
laborales a nivel global, sino que se mostró renuente a reconocer la
legitimidad de la subseccional del Sindicato de Trabajadores de la
Agroindustria y Similares (STAS).
También
se negó a contemplar la posibilidad de reunirse a corto plazo con dicha
organización sindical, ni quiso discutir la difícil situación laboral y
sindical en las plantaciones de piña de su subsidiaria[3] en Costa
Rica.
Durante la reunión, que contó
también con la presencia del director ejecutivo de la ETI, Peter
McAllister, Fyffes solamente accedió a estudiar la posibilidad de
realizar un programa educativo sobre libertad sindical, dirigido a las
trabajadores y trabajadores y personal administrativo de Suragroh[4] en
Honduras.
Los detalles de dicho programa serán discutidos próximamente en una segunda reunión entre las partes.
Un largo y triste historial Irresponsabilidad social empresarial
La
actitud arrogante de Fyffes no debe sorprender, ya que el largo
historial de violaciones a los derechos laborales y sindicales, tanto en
Honduras como en Costa Rica, habla por sí solo.
Tampoco
sorprende que en una carta dirigida a organizaciones como Banana Link y
el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF por su sigla en
inglés), la transnacional irlandesa trate burdamente de refutar las
acusaciones que fundamentaron la decisión de la ETI de suspenderla de su
membresía, aferrándose a “diferencias interpretativas” en cuanto “a
cómo debe respetarse el derecho a la libertad de asociación y
negociación colectiva”.
Y por si
fuera poco, Fyffes saca de la manga un discurso trillado sobre su
programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que contemplaría
una “auditoría regular de las plantaciones de nuestra cadena de
suministro, tanto de propiedad como de terceros, para garantizar el
cumplimiento de nuestras normas básicas”.
Los hechos en Honduras y Costa Rica demuestran todo lo contrario.
En
más de una ocasión, el STAS denunció las extenuantes jornadas de
trabajo, el no pago del salario mínimo ni de las horas extra y las
vacaciones proporcionales, así como la falta de acumulación de
antigüedad y de cotización a la seguridad social.
Asimismo,
señaló las malas condiciones higiénicas y de seguridad, el despido de
trabajadoras por estar embarazadas y la creación de “listas negras”.
El
reciente ataque perpetrado contra Moisés y Misael Sánchez[5], ambos
miembros del Sindicato, ha generado aún más preocupación en los miembros
de la organización.
A nivel
internacional, ya hay grandes cadenas de supermercados que están
analizando y revisando su relación comercial con Fyffes.
Perdida
en su laberinto, la transnacional frutera irlandesa, así como los
compradores de sus plantaciones y de la marca Fyffes, parecen no darse
cuenta que no es con esta actitud, ni con talleres sobre derechos
sindicales que podrán reparar su imagen dañada y su mala reputación.
[1]
Una alianza de compañías, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
sindicatos comprometidos en trabajar conjuntamente para identificar y
promover buenas prácticas en la ejecución de los códigos de conducta
laborales, incluyendo su monitoreo y verificación independiente [2] Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines [3] Ananas Export Company S.A. (Anexco) [4] Sur Agrícola de Honduras [5] http://informes.rel-uita.org/index.php/sindicatos/item/no-nos-van-a-intimidar Fuente: Rel-UITA
Atlántida se resiste a entregar sus fuentes de agua
Jun 02, 2017
En Atlántida, al norte de
Honduras, la población animada por el interés colectivo de defender el
derecho humano al agua, ha montado dos campamentos permanentes de
resistencia pacífica exigiendo la cancelación inmediata de dos proyectos
hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason
Hawit en el sector de Paujiles en Tela y de Inversiones de Generación
Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA, que construye una represa hidroeléctrica
sobre el río Hilamito, en Arizona, única fuente que hasta el momento no
ha sido represada en el municipio. Honduras está viviendo momentos
complicados. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de
territorios a empresas nacionales y extranjeras, y por otro una
ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes.
Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron
durante el régimen de facto de Roberto Michelleti, los gobiernos de
Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
Según una investigación del Equipo
de Reflexión Investigación y Comunicación, (ERIC-SJ) actualmente el
Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de
Represas Hidroeléctricas, 950 concesiones mineras y más de 800 se
encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 35%
del territorio hondureño ya fue entregado a la empresa privada para su
explotación.
Atlántida es uno de los
departamentos que más agua tiene en Honduras. Cuenta con 73 ríos y
quebradas de corriente permanente, 42 cuerpos de agua protegidos
jurídicamente, que están siendo amenazados por 24 concesiones
hidroeléctricas, 5 de ellas ya están en operación según el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia. En 2015, la población de Arizona
organizada en el Movimiento Amplio, exigió a las autoridades municipales
la realización de un cabildo abierto para detener la instalación de la
hidroeléctrica de la empresa Ingelsa pero el alcalde Adolfo Paguada,
lejos de dar respuesta al clamor del pueblo, se unió a la empresa y
manipuló el cabildo trayendo gente de otros lugares para aprobar la
instalación del proyecto. Al ver las acciones del alcalde la ciudadanía
auto declaró al río Hilamito libre de hidroeléctricas. En mayo 2017, tomando de ejemplo la
lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de
Hidrocep de Jason Hawit, la gente de Arizona armó su campamento para
detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos
trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da
acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la
hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se
resiste a ver su río en manos de la empresa privada. “Estamos defendiendo algo vital
para estas comunidades” dice Lucila Lemus quien asegura que el río
Hilamito es la única fuente que abastece de agua a todas las personas de
Arizona, y que al ser represado se verán obligados a desplazarse
forzosamente. Lucila junto a otras personas permanecen en el campamento
noche y día evitando que los trabajadores de la empresa Inglesa
continúen deforestando la montaña para instalar la represa. Los
trabajos de construcción se ubican en la parte alta del municipio. El
campamento de resistencia está a unos 20 metros del río, y la calle que
da acceso al lugar ha sido bloqueada por los trabajadores de la empresa y
la policía quienes pretenden desalojar a la gente del campamento. La Constitución de la República de
Honduras en su artículo 81, hace referencia a la libre circulación como
un derecho constitucional, argumentando que la gente puede circular
libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, con la
instalación de proyectos extractivistas, las garantías constitucionales
son violentadas. Las calles que antes transitaba la población de Arizona
para ir al río Hilamito, están bloqueadas por la empresa como medida de
presión para que la ciudadanía abandone el campamento y los trabajos de
la hidroeléctrica continúen. En esta acción participa la policía
nacional, que contrario a su misión de “Servir y Proteger”, está
hostigando a las personas del campamento para que abandonen su lucha,
señala Lucila. En Atlántida, puntalmente los
pobladores denuncian a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit y Emin
Abufele como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a
las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos
hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han
provocado. Inversiones de Generación Eléctrica
S.A DE C.V, INGELSA, es la empresa que construye la represa
hidroeléctrica en el río Hilamito. Desde hace 10 años la empresa ha
venido realizando estudios en el río y asegura tener todos los
documentos para operar en orden. “Estamos aquí para generar empleos y
proteger el agua”, dijo a Radio Progreso el ingeniero Hegel Ernesto
Velásquez de Ingelsa, criticando al Estado de Honduras por dar cabida a
la protesta social, en vez de proteger la inversión privada. Por su parte Claudia Sánchez del
campamento en defensa del agua, dice que ya no creen en el discurso de
las empresas que llegan a las comunidades ofreciendo hasta el cielo,
pero en realidad lo que producen es un infierno porque les dejan sin
agua. Claudia también desmiente a la empresa al decir que todos los
trabajadores de la empresa son de otros municipios, y que estos
desconocen el daño que este proyecto está provocando al ambiente. Muchas comunidades están alzando su
voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con
apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con licencias para
instalar mineras, represas o para talar el bosque y sacar la mejor
madera para exportarla. Las comunidades del Atlántida
organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, han
denunciado en la municipalidad de Arizona y la Fiscalía del Ambiente las
violaciones a los derechos humanos y los daños irreversibles al
ambiente que la empresa Ingelsa está provocando en el río Hilamito, pero
hasta el momento las autoridades no han mostrado interés en resolver
esta situación. Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras: La distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación
Sambo Creek, junio 2 de 2016.- En medio de una ofensiva
continental contra los pueblos indígenas y el derecho a la consulta para
la obtención del consentimiento, previo, libre e informado; ha dado
lugar a una enorme preocupación por parte de los pueblos indígenas, los
que vemos nuestros derechos territorios ancestrales diluirse con
artilugios que minan el derecho a la libre determinación. Muestra de ello es la aseveración de Juan Manuel Santos que en Colombia la consulta previa se ha convertido en un dolor de cabeza, hasta el intervencionismo del PNUD
en Honduras, donde promueve un anteproyecto que no fue consultado de la
forma debida, y que a pesar de los cambios efectuados en el texto,
continua desconociendo el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DNUDPI). Es evidente que la ofensiva es continental y está destinada a
distorsionar y frenar los reclamos de los pueblos indígenas en relación a
la defensa de los territorios ancestrales, bienes comunes, y por ende
nuestras culturas. Desde la construcción del muro Trump en el territorio Tohono o’odham (Papago) hasta las represas en el territorio Mapuche
en Chile, se demuestra las inconsistencias por parte de los
estados-nación quienes sobreponen los intereses de empresarios y
políticos sobre los derechos ancestrales de nuestros pueblos,
recurriendo a la criminalización y asesinatos de líderes y liderezas. En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido
ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el
AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la
elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el
Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de
Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de
Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un
equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la
controvertida Ley de Consulta del Perú. El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de
Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley
en mayo de 2016, el que hasta el momento ha sido desdeñado por el
Estado, el cual busca imponer una Ley de Consulta que se adecue a los
intereses de los empresarios y del AVA FLEGT-REDD. A pesar de las observaciones presentadas por la Relatora de Naciones
Unidas para Pueblos Indígenas, la sra. Vicky Tauli-Corpuz, tanto en el “Coloquio Internacional sobre la consulta previa” (Mexico, 8-12-16) como en su posterior “Informe de comentarios sobre el anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa del Gobierno de Honduras” (22-12-16) señalan la ausencia de “buena fe” por parte del Estado, además de las incongruencias y omisiones. La relatora efectuó una visita a Honduras en abril del presente año
en relación al proceso que se ha venido dando con la consulta previa. La
relatora en su informe preliminar
indico que: “exhorto a las partes a desarrollar un diálogo incluyente
sobre la propuesta de reglamentación de la consulta. Los pueblos
indígenas solicitan que se dé un diálogo más profundo con el Estado para
poder entender la ley que se está proponiendo, sus conceptos claves,
las mismas definiciones de las nociones de consulta y de consentimiento
en el derecho internacional; además, consideran que la socialización que
se ha llevado a cabo hasta el momento no es suficiente para poder
expresar sus puntos de vista y hacer propuestas concretas sobre el
contenido, y que más tiempo y claridad en los procedimientos es
necesario. Considerando que estas observaciones fueron planteadas por
varias y diferentes organizaciones e individuos, exhorto a la prudencia y
a evaluar cautelosamente si existen las condiciones para la rápida
adopción de la ley prevista¨. Agrego además: “es evidente la necesidad de construir confianza entre
las partes, y en esta perspectiva, insto al Estado a multiplicar sus
esfuerzos para respetar, promover y proteger los derechos humanos de los
pueblos indígenas a la protección de la tierra, sus territorios y los
recursos, a la justicia, a los derechos culturales, entre otros. Es a
través de avances concretos en estas áreas que se va a crear la
confianza necesaria para avanzar en la regulación de la consulta, y los
pueblos solicitan que estos temas se aborden al mismo tiempo que se
elabore una ley de consulta para que la misma proteja plenamente sus
derechos”. El asesinato de Berta Cáceres
a manos de militares activos y ejecutivos de la Empresa DESA, es un
crimen que hasta la fecha continua en la impunidad, sin que el estado de
Honduras investique quienes fueron los autores intelectuales del
crimen. Berta Cáceres participo de lleno en la elaboración del
anteproyecto de Ley de Consulta elaborado por ODIPINH; y podemos de
forma enfática señalar que el asesinato de Berta se encuentra
relacionado directamente con su defensa a la consulta previa, la cual ha
sido desdeñada y tergiversada por el Estado y empresarios. El afán en que ha incurrido el Estado en la aprobación de su versión
de ley, demuestra el peso que tiene el requerimiento de ONUREDD y el
AVAFLEGT (Unión Europea) de la creación de salvaguardas para poder
implementar sus proyectos en Honduras. El apremio consiste en las fechas
tope que ha señalado el AVAFLEGT. Mientras tanto, los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos las
consecuencias de una serie de leyes y decretos que durante 20 años
fueron emitidos sin consulta alguna, y ya han dado lugar a múltiples
violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, que no fueron
investigados de forma fehaciente y consecuentemente quedaron en la
impunidad. La actitud asumida por el Estado-PNUD, DINAFROH y CONPAH, de imponer
una versión donde confundieron de forma deliberada socialización con
consulta, demuestra la ausencia total de “buena Fe”, desmerita los
esfuerzos realizados y conlleva a que los pueblos indígenas desconfíen
aun más de la instituciones gubernamentales, situación que ya se había
agravado con el golpe de estado (2009) y la defenestración de la Corte
Constitucional (2012). La OIT debería tomar nota de las recomendaciones de la Relatora Vicky
Corpuz en relación a la consulta sobre la ley de consulta previa, y las
distorsiones que se vienen dando en Honduras, y como los pueblos
indígenas hemos sido afectados por la sistemática distorsión del
Convenio 169. Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tribunal de Sentencia condena a pescadores de Zacate Grande
Por defensores -
Abel Perez y Santos Hernández, fueron condenados por el Tribunal de Choluteca
Por: Marvin Palacios Choluteca (lunes 22 de mayo de 2017).- El Tribunal
de Sentencia de esta ciudad condenó el pasado 26 de abril de este año,
a 2 de tres pescadores miembros de la Asociación para el Desarrollo de
la Península de Zacate Grande (ADEPZA), acusados por los delitos de
usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Jorge Luis Casís Leiva,
virtual dueño de un terreno localizado en Playa Blanca, municipio de
Amapala. Los sentenciados mantienen las medidas sustitutivas a la prisión, hasta tanto se conozca la individualización de la pena. El Tribunal citó a las partes para el día miércoles 24 de mayo a la
1:30 pm, donde se llevará a cabo la audiencia de Individualización de la
Pena. El Tribunal de sentencia está conformado por los jueces Carlos Gustavo Quiróz, Ana Julia Durón y Gustavo Escoto. Por los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, los
jueces condenaron al defensor de derechos humanos Abel Antonio Pérez,
y al pescador Santos Hernández, mientras que a Santos Tomás Cruz lo
absolvió de todos los delitos. Jorge Luis Casís Leiva reclamó ante los tribunales, la posesión de un
predio ubicado en la comunidad Playa Blanca, en la península de Zacate
Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle. Cassis Leiva, en su declaración ante el tribunal, el pasado 27 de
marzo, expresó que los problemas iniciaron en el año 2015, cuando empezó
a llegar gente a la comunidad de Playa Blanca donde él tiene terrenos
que fueron heredados por sus padres. Los hechos fueron después del
cierre de la playa La Guayaba Dorada, una de las más visitadas en el
pacífico hondureño. Santos
Hernández Ortiz, Santos Tomás Cruz y Abel Antonio Pérez, fueron
enjuiciados desde que decidieron acondicionar temporalmente el predio
como estacionamiento para los veraneantes en la Semana Santa del año
2015. Este proceso judicial inició hace dos años, las primeras audiencias
fueron suspendidas en varias ocasiones por diferentes motivos, mientras
los imputados cumplían medidas sustitutivas a la prisión, consistentes
en ir a firmar cada quince días al juzgado de Amapala, no salir del
país, no acercarse a los predios en litigio ni al afectado. Hace un año, Santos Hernández y Abel Pérez Ávila, fueron sentenciados
a prisión, por el incumplimiento de las medidas, ya que por motivos
económicos no asistían regularmente a firmar el libro de registro en la
Isla del Tigre, a la que sólo se llega vía marítima, y hubo testigos que
afirmaron haber visto a los imputados en los predios en litigio. Cabe mencionar que ese terreno ha sido utilizado como camino de paso
desde que la comunidad recuerda, además carros comerciales llegan a
dejar producto, e incluso los que reparten ayuda gubernamental. La situación económica social de las familias en Playa Blanca es muy
precaria, apenas hay fuentes de empleo. El papá y la mamá de Abel, se
hicieron cargo de dos niñas y un niño, esperando el alimento diario que
pueden obtener de sus gallinas. Mientras que la esposa e hijo de Santos,
esperaban la asistencia en una casa con apenas una hamaca colgada, el
fogón apagado y un muro construido por mandato del terrateniente que
está casi al ras de sus paredes. Para poder sobrevivir los habitantes de la Península de Zacate Grande
se dedican a la pesca y al cultivo de maíz, sandía, entre otros, en una
tierra que no es muy apta para la agricultura. En la Península de Zacate Grande viven en zozobra unas 6 mil
personas, debido a que familias de terratenientes como los Facussé, los
Cassís y Malespín están empecinados en sacarlos de la zona, donde han
vivido por más de 100 años, han denunciado líderes de la ADEPZA. En la Granja Penal de Nacacome, Abel y Santos eran visitados por Pedro Canales, de ADEPZA, y procuradoras del COFADEHAbel y Santos estuvieron más de cien días en la granja penal de
Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras. Ambos son padres de
familia y sus hijos son menores de edad, por lo que organizaciones como
el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
(ADEPZA), además de darles acompañamiento legal, también brindaron
asistencia social en sus hogares. Según el Código penal, corresponde al delito de usurpación una pena
de 2 a 4 años de reclusión, por el delito de daños, la pena va 3 a 5
años y por el delito de amenazas, una pena que va de seis meses a 2
años. El Tribunal de Sentencia acreditó en autos, el derecho legítimo de
propiedad de Jorge Luis Cassís Leiva, por lo que los jueces han
determinado que el ingreso de los imputados a la propiedad provocó
deterioro de la misma. El Tribunal de Sentencia de Choluteca condenó el 26 de abril de 2017 a
Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, por los delitos de
usurpación, daños y amenazas, mientras que absolvió de todos los delitos
a Santos Tomás Cruz.
“Nos despidieron porque ya nos explotaron”, denuncian obreras de maquila en Honduras
Jun 02, 2017
“El trabajo en la maquila me ha
destruido la vida, tengo graves problemas en mi columna, así como
quistes en mis rodillas, que me han dejado con una discapacidad del 44%,
y debido a esto la empresa Delta Apparel Honduras, me despidió junto a
otras 24 compañeras más que también tienen problemas en su salud debido
al ritmo de trabajo a que somos expuestas a diario”, indicó entre
lágrimas María Gutiérrez, quien ha trabajo 19 años para la referida
empresa. “Nos despidieron porque nos
exprimieron la fuerza laboral y porque hoy ya no somos productivas por
las múltiples enfermedades que padecemos; imaginase que por nuestro
problema de salud nosotras ya no podemos chinear a nuestros hijos, no
podemos barrer y hacer otras cosas elementales”, manifestó Carmen
Troches, otra de las obreras despedidas, y quien presenta síndromes
dolorosos de hombros y columna que la han llevado a tener discapacidad
del 38% de acuerdo a los dictámenes médicos. Delta Apparel está instalada en
ZIP Buena Vista de Villa Nueva, Cortés. Esta empresa de capital
estadounidense se dedica al ensamble de ropa de vestir y emplea a 2 mil
obreros y obreras.
Los
despidos de las 25 obreras se dieron en el mes de abril debido a que
ellas habían logrado tener diagnósticos médicos que califican que
tienen graves enfermedades profesionales.
“Las 25 obreras y obreros despedidos
presentamos trastornos musco-esqueléticos irreversibles que nos han
dejado con discapacidad permanente”. La Colectiva de Mujeres Hondureñas
(CODEMUH), no ha acompañado desde que comenzamos a sufrir por las
enfermedades y abril hemos librado una constante lucha por lograr el
reintegro y la reubicación laboral”, indicó Carmen Troches.
Debido a esta lucha y las denuncias
internacionales se logró sentar a la Secretaría del Trabajo, Asociación
Hondureña de Maquiladores (AHM), sin embargo se no se permitió que la
CODEMUH integrara la comisión para abordar el problema, su lugar fue
ocupado por la directiva del sindicato de la maquila quienes firmaron el
convenio de reintegro con algunas cláusulas que a criterio de las
trabajadoras les perjudicará.
“En el convenio se habla del reintegro laboral pero ordena que se nos
hagan evaluaciones con médicos afines a los maquiladores, y eso
significa que un nuevo diagnóstico sería ajeno a la realidad que vivimos
en nuestra salud, ya que los profesionales de la medicina responderán a
intereses de la empresa maquiladora y no a la realidad que vivimos”,
indicaron las obreras. A renglón seguido manifestaron que la lucha seguirá para lograr el
reintegro y la reubicación laboral respetando los diagnósticos
elaborados de manera objetiva por especialistas del Instituto Hondureño
de Seguridad Social. Deterioro de la salud de 120 obreros y obreras de la maquila El caso de la maquila Delta Apparel, es la muestra de la situación
que viven la mayoría de los más de 120 mil trabajadores y trabajadoras
de las maquilas instaladas en su mayoría en el Valle de Sula, zona norte
hondureña. “La clase trabajadora de la maquila presenta múltiples
padecimientos de los cuales sobresalen las enfermedades
músculo-esqueléticas, que deterioran rápidamente la salud de mujeres y
hombres”. “Los trastornos músculo-esqueléticos ocupacionales, son producidos
por los movimientos repetitivos, carga estática, postura, precisión,
vibraciones y estrés. Después de varios años de trabajar en las
maquilas lleva a la clase trabajadora a padecer de dolencias en los
hombros, columna, cuello, brazos y manos, que en muchas ocasiones les
deja imposibilitados para desarrollar cualquier trabajo por sencillo que
sea”. Lo anterior ha sido revelado por estudios sobre situación de las
Obreras de la Maquila en Honduras, elaborados y dados a conocer por la
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), organización defensora de
los derechos humanos de las obreras de la maquila. “El 90 por ciento de las obreras son menores de 33 años, esto nos
indica que la mayoría de las mujeres salen a muy temprana edad de las
maquilas y salen enfermas”, indicó María Luisa Regalado de la CODEMUH. Lamentó que en Honduras no exista una información sistemática sobre
la salud de las mujeres y hombres que laboran en las maquilas. “Esto es
preocupante porque la mayoría de obreros y obreras presentan por lo
menos 5 padecimientos que tienen que ver con el trabajo que desarrollan.
El horario de horas promedio de trabajo que desempeña una trabajadora
de maquila es de 12 horas, durante cuatro días consecutivos, con un
descanso de 4 días (sistema al que se le llama 4X4). En estas jornadas hay trabajadoras que logran producir a diario en
cada operación más de 110 docenas de prendas vestir confeccionadas.
“Esto significa que desde que llegamos hasta que salimos solo es trabajo
y trabajo. Para comer destinamos poco tiempo y evitamos ir al baño para
sacar la meta de producción que se nos pone cada día para sacar un poco
más de la salario a la semana”, dijo una obrera de la fábrica Gildan,
instalada en Choloma, Cortés. María Luisa Regalado, asegura que todo esto se da con la complicidad
del Gobierno a través de la Secretaria del Trabajo, y si no se le pone
atención en el futuro cercano vamos a tener más de 120 mil trabajadores y
trabajadoras con serios problemas en su salud y el Estado no tiene la
capacidad de darle la atención a ese tipo de enfermedades que son
provocadas por el tipo de trabajo que se desarrolla en la maquila. “No estamos en contra de la maquila porque sabemos que alivia el
desempleo en Honduras, sin embargo estamos en contra de las condiciones
laborales a las que exponen a las clase trabajadora y los salarios de
hambre que les pagan. Queremos empleos pero con dignidad”, concluyó.
Defensores de la educación a juicio oral y público
El próximo miércoles 24 de mayo, los defensores de la educación
pública, laica y gratuita, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario
Padilla, deberán comparecer ante el Tribunal de Justicia, acusados
desde el año 2015 por el delito de usurpación en perjuicio de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que rectora Julieta
Castellanos. Los universitarios deben cumplir con las medidas sustitutivas a la
prisión de ir a firmar el libro de registro de imputado en los
Tribunales de Justicia y no salir del país. Para llegar al punto de la criminación hay que remontarse al año
2011, cuando un grupo de líderes estudiantiles iniciaron con la idea de
organizar las asociaciones de carreras, y el proyecto creció en los
siguientes años, que se propagó a los centros universitarios regionales a
nivel nacional. De la liberación a la criminalización Para ese tiempo, Moisés Cáceres quien estudiaba en la UNAH-Valle de
Sula, era uno de los que conocía el proyecto, por lo que se trasladó a
la Ciudad Universitaria (UNAH-CU), en Tegucigalpa, para apoyar la
creación de las asociaciones. Asimismo, visitó los centros regionales de
Santa Rosa de Copán, Olancho, La Ceiba, Comayagua, Bajo Aguan y
Juticalpa. Para enero del 2016 ya tenían el 90 por ciento de
asociaciones organizadas. Doblemente criminalizado, Moisés Cáceres expresó que “las autoridades universitarias nos agarraron como enemigos”.Por lo que, cuando lo criminalizan como usurpador en las
manifestaciones estudiantiles contra las reformas universitarias entre
2014 y 2015, era algo ilógico, porque yo no estaba en un sólo lugar,
sino en constante movilización llevando y trayendo información de lo que
sucedía en las asociaciones a nivel nacional, mencionó Moisés, mientras
tomaba café, en el centro de Tegucigalpa. Las ideas de cambio ya habían tomado fuerza, los y las estudiantes
estaban juntos, hacían un trabajo para mejorar las instalaciones físicas
de la UNAH, dotar de equipo y material didáctico, pero las autoridades
no lograron ver el bien que hacíamos, lamentó. Sin embargo, la criminalización no detuvo la fuerza de la juventud
universitaria, que ya para el 2014 se anunciaron 16 procesos de
expulsiones de líderes y lideresas de la comunidad estudiantil entre
ellos Sergio Ulloa y Cesario Padilla, con sanción entre uno y tres
periodos académicos. En medio de la criminalización, Moisés estaba en periodo de práctica
profesional en el departamento de Vinculación Universitaria de la UNAH,
pero la rectora Julieta Castellanos “me corrió, dijo que personas como
yo hacían daño a la organización”; ni siquiera ha podido obtener un
empleo, el impacto no sólo es en lo emocional, sino que en lo económico,
y ahora que recientemente se convirtió en papá. En lo que no ha visto inconveniente es que puede seguir compartiendo
con los y las estudiantes y en los escenarios sociales posibles la lucha
por la educación pública, gratuita y laica, “pero de forma documentada,
con argumentos, sistematizada, desde el año 2006”, afirmó. Por lo que, se podría considerar a Moisés, como uno de los pocos
alumnos que tuvo acceso a información de manera directa con los y las
estudiantes a nivel nacional, y que eso se lo reconozcan es algo que lo
llena de orgullo porque es un trabajo colectivo, puntualizó. Previo al juicio oral y público en que será el acusado, el sociólogo,
espera que se respete el acuerdo de homologación firmado por las
autoridades universitarias y la comunidad estudiantil el 20 de julio
pasado, después de dos meses de protestas sociales y 75 nuevos
requerimientos fiscales contra universitarios en varios grupos, y fue en
el primero que se libró orden de captura contra Cáceres, Ulloa y
Padilla, nuevamente por el delito de usurpación, pese a que los tres ya
eran egresados y no formaban parte de las manifestaciones. Esto los
obligó a aislarse totalmente de sus familias, hasta que se anunció la
suspensión del requerimiento de encarcelamiento. Nadie debería ser señalado por expresar su inconformidad Sergio Ulloa “no quiero aceptar ese pensamiento único que va en contra de los intereses del pueblo”Actualmente, Sergio Ulloa está por culminar su año de práctica
profesional, estudia Trabajo Social, y debió mudarse al departamento de
Santa Bárbara, occidente de Honduras. En varias ocasiones ha sido
atacado por elementos policiales y señalado por su activismo en los
movimientos estudiantiles. Considera que la situación del 2015 y 2016 no se puede reducir solo a
eso, porque es parte de un acumulado que se había venido teniendo en la
Universidad desde 2014 con las expulsiones, y aunque estaba consciente
de lo que implica en este país luchar por la defensa de los derechos
humanos, no se ha amedrantado. Para Sergio, la criminalización ha tenido un impacto negativo en el
ámbito familiar, sobretodo “con mi papá que ha sido el que me ha
apoyando económicamente en mis estudios, de por sí ya hay diferencias
ideológicas con él y todo lo que ha pasado, agudizó esa relación no tan
armónica, pero hemos mejorado esa relación”. En los momentos de persecución hubo mucho conflicto, porque no había
aceptación, respeto y comprensión hacia él, por lo que el mayor daño es
el plano emocional y psicológico. La persecución genera tensión,
incertidumbre, es pensar ¿qué va a pasar con éso? “emocionalmente
estamos jodidos y hay un impacto en nuestra vida, las personas con las
que nos relacionamos y los espacios en que nos desenvolvemos”, agregó el
universitario. El problema de la persecución, en su carrera es que las autoridades
de turno,-coordinadora y jefa de departamentos- seguían los lineamientos
institucionales. Por lo demás no tuvo repercusiones en seguir con su
plan de clases, afirmó a través de una comunicación con
defensoresenlinea.com, vía redes sociales. En cuanto al juicio que debe enfrentar pasado mañana, declaró que “No
hay justicia, hay que mencionar que los acuerdos que se firmaron el año
pasado no abarca el proceso judicial del 2015, porque vamos a juicio
donde se pide una condena de tres a seis años, no tenemos garantía de
salir bien librados”. Considera que en el plano universitario, estamos en una universidad
donde debería prevalecer la diversidad de pensamiento, diferentes
concepciones de nuestra realidad y maneras de ver el mundo; eso es lo
que debería ser en un espacio como la Academia. Pero vivimos en un sistema social capitalista con un modelo económico
neoliberal, donde la UNAH sirve a los intereses de los grupos
económicos nacionales e internacionales para mantener su “estatus quo”, mantener sus privilegios y sacarle el mayor provecho, económicamente hablando a la institución como tal. Entonces, la Universidad pierde su sentido de ser, su naturaleza, ya
no hay diversidad de pensamiento y estamos en una institución donde se
intenta poner una forma de pensar única, y en caso de ser cuestionada o
evidenciada, es señalada, criticada, estigmatizada y criminalizada,
declaró Sergio. Es lo que ha pasado en las diferentes reformas que se han venido
dando a lo interno de la UNAH y que se han querido imponer; y esas
reformas educativas a nivel superior no han sido de beneficios
estudiantiles, docentes y en general contra los intereses del pueblo,
entonces surge una voz disidente que dice: “no quiero aceptar ese
pensamiento único que va en contra de los intereses del pueblo”,
continuo el trabajador social, entonces la Universidad como tal y
quienes la dirigen, hacen uso de otras instituciones estatales que
también están sirviendo a grupos de poder económicos, para poder
contrarrestar, intimidar, perseguir, criminalizar a esos estudiantes que
no están de acuerdo con la imposición y el autoritarismo. Con esta actitud, según Sergio, es el origen de la violación a los
derechos inherentes de educación, libertad de expresión, libre emisión
del pensamiento, a la protesta, a la organización, privacidad, guardar
nuestra propia imagen, una serie de violaciones de ddhh dados dentro de
una institución y desde ese momento no hay justicia en ningún momento. “Aunque salgamos bien librados del juicio que se viene, -no hay
justicia- porque en ningún momento ningún estudiante o ciudadano debería
ser señalado por simplemente expresar su inconformidad con algo que no
estamos de acuerdo, porque no estamos obligados a pensar como las demás
personas. Desde el momento en que se criminaliza no hay justicia, porque
en este país simplemente no existe”, finalizó Sergio Ulloa, quien en
estos días debe poner un alto a su trabajo social para presentarse al
juicio oral y público acusado de usurpación. Criminalizados por defender un suelo que les pertenece Cesario Padilla “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”La citación de parte del Tribunal de Sentencia, la encontró bajo la
puerta hace unos días, para eso si son puntuales quienes le deben
brindar protección, comentó el egresado de la carrera de periodismo
Cesario Padilla, quien posee medidas de protección por las constantes
amenazas desde que inició un proceso de defensa de la educaban pública
en la UNAH, y por el cual también se le criminalizó como usurpador en el
2015 y 2016. Han sido dos años en que el proceso penal ha seguido su rumbo hasta
llegar a juicio oral y público; para las autoridades universitarias y
para el Estado seguimos siendo criminales, usurpadores de un suelo que
nos pertenece no sólo como estudiantes, sino a la población que aporta
con sus impuestos para el desarrollo de la Academia en la Universidad,
declaró Padilla, mientras daba cobertura periodísticas a una denuncia en
el Ministerio Público (MP), con respecto al caso de la defensora
asesinada Berta Cáceres. Son dos años difíciles en los que ha tenido que cumplir medidas
sustitutivas para no ir a la prisión, con ellos comprobar una vez más
que “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”,
incluso que lo ha limitado a atender invitaciones sobre capacitaciones
periodísticas fuera del país, porque es parte de las restricciones. “Se lo que implica llegar a juicio oral y público, porque los
diferentes Tribunales de Justicia, rara vez dan la razón o comprueban de
que el derecho a la protesta no puede ser catalogado como delito o
criminalizar estudiantes que ejercen el derecho a la protesta es
vinculado con otras normativas que establece el Código Penal como la
figura de Usurpación”. A pesar de que hay firmados acuerdos en julio 2016 las autoridades no
han mostrado ningún tipo de voluntad política o en el ejercicio de los
respetos a los derechos humanos, de resolver esta problemática, incluso
ellos en algún momento manifestaron que el acuerdo solo iba abarcar 75
procesos penales, que son los que se dieron en el 2016, pero los
estudiantes encargados de las negociaciones se pusieron firmes que eran
todos. Viendo la línea de procesos, Cesario afirmó que “es un seguimiento
valiéndose de estructuras como el MP que se presta a ejercer violencia
contra estudiantes y otros sectores y actores del movimiento social y
popular, ejecutando acciones de criminalización contra campesinos,
líderes y lideresas sociales, Gladys Lanza es la más presente que tengo y
nunca en estos casos la Fiscalía ha tenido una actitud contraria a las
decisiones de quien presenta las acusaciones que por lo general son
funcionarios públicos o entes privados con poder dentro del sistema que
gobierna”. Se muestra un escenario nunca antes visto en América Latina, dónde es
la misma Casa de Estudios quien expone a la criminalización a sus
estudiantes, incluso capturas dentro de su espacio. Situación vivida en
épocas anteriores con luchas estudiantiles que en lugar de encontrar
diálogos, son atacadas con elementos represores del Estado. En un afán encontrado de esperanza, Cesario espera que se haga
justicia, que les declaren el sobreseimiento definitivo “pero estoy
consciente y sé a lo que me enfrento, no desconozco que hay autoridades
universitarias interesadas a que llegáramos a estas instancias y que en
su momento no presentaron las acciones diligentes para parar el
proceso”. “También hay una desconfianza en el Tribunal de Justicia, porque que
no obedece el cumplimiento al respeto a los derechos humanos, un sistema
judicial en su conjunto que hace años se desconectó de las
reivindicaciones de justicia que hace el movimiento social y popular en
general, es complicado decir qué se puede esperar, lo único es que nos
queda es estar pendientes del desarrollo del juicio en que se nos
condene o absuelva” puntualizó el periodista. Los tres universitarios han tenido apoyo puntual de docentes, el
Movimiento Amplio Universitario, el Sindicato de Trabajadores de la UNAH
(SITRAUNAH), y compañeros quienes han estado pendientes de las acciones
judiciales. En el casos de las la carrera de periodismo, más bien de
allí entregaron perfiles al azar para iniciar procesos de
criminalización y por cuestiones del destino solo a uno se le
criminalizó, abundó Cesario. Frutos de la lucha en medio de la judicialización es que hay procesos
organizacionales de carreras, la conexión entre centros regionales, ya
no son como pequeñas islas. Asimismo, los procesos judiciales de los estudiantes sirvieron para fortalecer esos lazos de lucha y denuncia a nivel nacional. También visibilizaron la actitud intolerantes de las autoridades
universitarias, que desde el primer momento se mostraron reacias a toda
opinión contraria, acabaron con la asociación de docentes, SITRAUNAH y
quisieron hacerlo con los estudiantes. Las masivas movilizaciones dentro
y fuera de la UNAH, y en los centros regionales catapultaron esas
intenciones, al exigir respuesta del por qué había criminalización, y
las eternas problemáticas de la universidad como falta de cupos, pagos
por laboratorios y lo que desencadenó la lucha por las normas
académicas. “Después de esto queda marcado un movimiento estudiantil que conoce
sus derechos y que no los pide, sino que los exige, en cada instancia en
la que pueda insertase la voz dentro o fuera de la comunidad
universitaria”, finalizó Cesario Padilla.
CIDH crea nuevas Unidades y anuncia nueva distribución de Relatorías
La CIDH
decidió crear tres nuevas Unidades: sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos
de Personas Mayores
Buenos Aires, Argentina. En el marco del 162 Periodo de Sesiones que se celebra en Argentina
del 21 al 26 de mayo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) acordó en el día de la fecha una nueva distribución de
las relatorías temáticas y de país. Asimismo, de acuerdo a lo
establecido en su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH decidió crear tres
nuevas Unidades: sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos de Personas
Mayores. A partir de la fecha, las Relatorías y Unidades Temáticas están a cargo de los siguientes Comisionados y Comisionadas:
* Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Francisco Eguiguren Praeli
* Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes: Luis Ernesto Vargas Silva
* Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Esmeralda Arosemena de Troitiño
* Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad: James L. Cavallaro
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex: Francisco Eguiguren Praeli
* Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Paulo
Vannuchi. Esta Unidad se convertirá en Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en julio de este año, cuando la CIDH
seleccione a la persona que ocupará el cargo a través del concurso
público que está actualmente en proceso.
* Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas Mayores: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas con Discapacidad: Luis Ernesto Vargas Adicionalmente, la CIDH decidió que la Comisionada Esmeralda
Arosemena de Troitiño y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva estarán
a cargo del Mecanismo de Seguimiento a las Medidas Cautelares 409/14,
Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” y a las
recomendaciones del Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes
(GIEI). En relación con el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, la
CIDH decidió mantener a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño
como miembra titular. Por otra parte, la CIDH decidió la siguiente distribución de Relatorías de País:
* Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli: Argentina, Uruguay, Venezuela
* Comisionada Margarette May Macaulay: Antigua y Barbuda, Bahamas,
Dominica, Estados Unidos, El Salvador, Guyana, San Vicente y las
Granadinas
* Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño: Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Santa Lucía, Suriname
* Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez: Colombia, Costa Rica, Granada, Haití, Panamá, San Cristóbal y Nieves
* Comisionado Paulo Vannuchi: Bolivia, Paraguay, Perú
* Comisionado James L. Cavallaro: Belice, Brasil, Canadá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago
* Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva: Barbados, Chile, Guatemala y República Dominicana El Presidente de la CIDH es el Comisionado Francisco Eguiguren, la
Primera Vicepresidenta es la Comisionada Margarette May Macaulay; la
Segunda Vicepresidenta es la Comisionada Esmeralda Arosemena de
Troitiño. Adicionalmente a esta directiva, integran la CIDH los
Comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James L.
Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva, quien participó por primera vez
de un Período de Sesiones de la CIDH, tras haber sido electo el 10 de
mayo de este año. El Secretario Ejecutivo es Paulo Abrão y la Secretaria
Ejecutiva Adjunta es Elizabeth Abi-Mershed. El Relator Especial para la
Libertad de Expresión es Edison Lanza. El Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli es ciudadano de Perú.
Fue elegido Comisionado el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General
de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de
2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Es abogado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, contando con un Magíster en Derecho
Constitucional y Doctorado en Humanidades. Fue Embajador del Perú en el
Reino de España de 2012 al 2014 y Ministro del Despacho de Justicia.
Actualmente es Asesor y Consultor en Derecho tanto a nivel nacional como
internacional, especializado en temas de Derecho Constitucional,
Administrativo y Derechos Humanos. La Comisionada Margarette May Macaulay es ciudadana de Jamaica. Fue
elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la
OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y
finaliza el 31 de diciembre de 2019. Posee el grado de Licenciatura en
Leyes por la Universidad de Londres y actualmente es abogada de práctica
privada. Funge como Mediadora en la Suprema Corte de Jamaica y Árbitro
Asociado, además de desempeñar el cargo de Notaria Pública. Fue jueza de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012,
contribuyendo a la formulación de Reglas de Procedimiento de la Corte. La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño es ciudadana de
Panamá. Fue elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea
General de la OEA, para un período de cuatro años que inicia el 1 de
enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Licenciada en
Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas.
Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales
2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de
2004 al 2009. Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el
Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel
Interinstitucional. El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es ciudadano de México.
Fue elegido en junio de 2009 por la Asamblea General de la OEA para un
período de cuatro años y re-electo para un segundo período, que inicia
el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es Doctor
en Derecho con mención honorífica por la UNAM y Maestro en Derecho
Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, así como
Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú y
por la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Es investigador en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional
electoral de México. El Comisionado Paulo Vannuchi es ciudadano de Brasil. Fue elegido en
junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA para un período de
cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de
diciembre de 2017. Es consultor político y sindical. Estudió periodismo
en la Universidad de San Pablo, con una Maestría en Ciencias Políticas.
Fue Secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional de la Campaña Lula
Presidente en 1994 y 2002. Fue Presidente del Consejo de Defensa de los
Derechos Humanos, de la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo
Esclavo y del Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura en
Brasil. Integró el equipo de trabajo que realizó la investigación
“Brasil Nunca Más”, fue cofundador del Instituto Cajamar, y asesor
político de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de
Brasil. El Comisionado James L. Cavallaro es ciudadano de Estados Unidos. Fue
elegido en junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA, para un
período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31
de diciembre de 2017. Es abogado graduado en Harvard, con un posgrado
en derecho de la Universidad de California y un doctorado en derechos
humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Además
es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y fundador de la
Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de
Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Fue
fundador del Centro de Justicia Global y director de las oficinas en
Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL). El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva es ciudadano de Colombia.
Fue elegido en mayo de 2017 por el Consejo Permanente de la OEA a fin de
llenar la vacante producida por la renuncia, el 9 de marzo de 2017, del
Comisionado Enrique Gil Botero, su gestión finaliza el 31 de diciembre
de 2019. Es doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad
Libre de Colombia, especializado en derecho de familia y doctorando en
derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad
de Zaragoza. Fue Magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de
2009 y febrero de 2017. En 2014 fue designado presidente de la Corte
Constitucional.
Argentina: a 48 años del estallido popular que cambió la historiaCarta sobre el Cordobazo de Agustín Tosco
"El
saldo de la batalla de Córdoba -El Cordobazo- es trágico. Decenas de
muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un Pueblo
florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana
que no se borrará jamás", escribió Agustín Tosco en su Carta sobre el
Cordobazo que ACTA publica íntegramente.
Martes 29 de mayo de 2012, por Redacción ACTA
- Equipo de Comunicación de la CTA Nacional
Se
me ha pedido que escriba un artículo sobre el Cordobazo. Creo que lo
que hay que escribir sobre este hecho de real trascendencia histórica,
especialmente para Argentina y América Latina, es un libro. Porque son
muchas, variadas y complejas, distantes e inmediatas, las causas que
produjeron la circunstancia sociológica - política del Cordobazo. Durante los meses de prisión en Rawson llené cinco cuadernos sobre el
Particular. La transcripción de cuatro hojas en un reportaje de la
revista "Inédito", motivó, según difusión pública, que la misma fuera
clausurada. Aún así, con el tiempo, ese trabajo ha de aparecer, sin la
pretensión de ser una visión totalmente objetiva, pero si al menos una
interpretación personal sobre la base de la militancia sindical y de las
propias posiciones adoptadas por nuestro gremio el Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de la CGT, el conjunto de gremios
encabezados por SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria
Automotriz) y el permanente contacto con las agrupaciones estudiantiles,
tanto de la Universidad Nacional como de la universidad Católica.
Asimismo con los Sacerdotes del Tercer Mundo y distintas personas de los
grupos profesionales y políticos. Con esta previa aclaración y en el entendimiento de contribuir en
modesto alcance a la reafirmación de las reivindicaciones populares,
redacto estas líneas ligadas a este acontecimiento fundamental de las
clases populares sucedido el 29 y 30 de Mayo de 1969.
¿Por qué se ha producido el Cordobazo?
Esta es una pregunta que no por repetida, deja de plantearse y de
promover la investigación, la imaginación y particularmente el interés
de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador, hasta el
sociólogo desentrañador de los fenómenos sociales, o de los políticos
desde conservadores hasta revolucionarios. En el penal de Rawson nos visitaron a los trece condenados que
procedíamos de Córdoba, una Comisión de Solidaridad, compuesta por
Compañeros de distintos gremios de esa ciudad, de Trelew y de otras
localidades de la Provincia de Chubut. Nos preguntaron qué necesitábamos
para nuestra salud, desde alimentos hasta indumentaria. Respondimos que necesitábamos solidaridad militante.
Pronunciamientos. Lucha contra la Dictadura. Les hablamos de nuestros
trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacrificios.
Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de Córdoba surgían
desde el centro de la tierra impulsadas y encendidas por nuestra
juventud estudiosa y trabajadora y que jamás se apagarían porque se
nutren de la vida y de los ideales de un pueblo rebelado contra la
opresión que se ejercía sobre él y estaba dispuesto a romperla, pasara
el tiempo que pasara. Dijimos la verdad, la verdad de todo lo que
queríamos. Los trece condenados de Rawson éramos de extracción,
situación y condición heterogénea. Pero todos coincidíamos. No exagero
al manifestar que varios de los miembros de la Comisión de Solidaridad y
ellos están para testimoniarlo, sintieron correr lágrimas sobre sus
mejillas. Al fin y en esta tensa conversación, plantearon la pregunta:
¿Por qué se ha producido el Cordobazo? Respondimos, con lo que creo es
la esencia de la respuesta a tanto interrogante y a tantas
elucubraciones que andan dando vuelta como conclusiones: el Cordobazo es
la expresión militante, del más alto nivel cuantitativo y cualitativo
de la toma de conciencia de un pueblo, en relación a que se encuentra
oprimido y a que quiere liberarse para construir una vida mejor, porque
sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se benefician
con su postergación y su frustración de todos los días. ¿Y por qué Córdoba precisamente? Por que Córdoba no fue engañada por
la denominada Revolución Argentina. Córdoba no vivió la "expectativa
esperanzada" de otras ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes de
modernización y de transformación que prometió Onganía, Martínez Paz,
Salimei y Ferrer Deheza y luego Borda, Krieger Vasena y Caballero. La
toma de conciencia de Córdoba, de carácter progresivo pero elocuente, es
bastante anterior al régimen de Onganía. Pero se expresa con mayor
fuerza a partir de julio de 1966. La reivindicación de los derechos humanos, proceda de donde proceda,
en particular de las Encíclicas Papales desde Juan XXIII, encuentran en
nosotros una extraordinaria receptividad y así se divulgan especialmente
en la juventud y en los Sindicatos. Si hay receptividad es que hay
comprensión, y la comprensión deriva en entusiasmo, en fe y en
disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso al sacrificio para
consumar los ideales que ya tienen vigencia en el ámbito universal. Para reducir la cuestión a sus aspectos más cercanos, las grandes
luchas previas al Cordobazo amanecen antes de los dos meses de la
usurpación del poder por parte de Onganía. Y éstas, tanto como las que
posteriormente se plantearon ya que siguen en vigencia, bajo distintas
características, obedecen a la toma de conciencia de la necesidad de
liberación que es el patrimonio principal de Córdoba dentro del panorama
nacional.
Los principales e inmediatos antecedentes
A mediados del mes de Agosto de 1966 nuestra Organización Sindical
emitió una Declaración en carácter de "Solicitada" cuyo título fue:
"Signos negativos". Fue !a primera posición sindical en Córdoba contra
la serie de medidas de neto corte represivo que implantaba la Dictadura.
Esa declaración tuvo amplia repercusión, no sólo local sino nacional y
podríamos decir que prácticamente inauguró la posición rebelde contra la
política de Onganía y su equipo. La muerte de Santiago Pampillón a manos del aparato represivo, puso
en evidencia la histórica resistencia estudiantil. Nadie podrá olvidar
las luchas y manifestaciones de protesta de todas las agrupaciones, las
huelgas de hambre y el propio paro de una hora del movimiento obrero
cordobés en solidaridad con los compañeros universitarios. Tuve el honor
de integrar una Delegación Sindical de la CGT de Córdoba que acudió a
Mendoza al sepelio de Santiago Pampillón. Allí discutimos los cordobeses
con Gerónimo Izzeta que se encontraba casualmente y le increpamos la
pasividad de la CGT Nacional. Al mismo tiempo que se manifestaba el
ascenso del espíritu de lucha de las bases sindicales y estudiantiles
contra el régimen, los jerarcas del sindicalismo nacional iban
justificando —en actitudes— su posterior proclamación a todos los
vientos de la "filosofía participacionista". Tanto como la represión crecía también la resistencia aumentaba. Una
manifestación incidental revelaba las distintas formas del repudio al
régimen y a sus cómplices. En Córdoba circuló profusamente una hoja
impresa que reproducía a Francisco Prado, participando del Festival del
Folklore en Cosquin Enero de 1967 -mientras era avasallado el Sindicato
de Portuarios, despedazado su convenio colectivo de trabajo y despedidos
sus dirigentes y militantes más esforzados. Prado era Secretario
General de la CGT Nacional. Esas hojas circularon por todo Córdoba y la
gente evidenciaba su condena ante la claudicante actitud. En el mismo mes de febrero de 1967 y en función del Paro Nacional
resuelto para el primero de Marzo de dicho año, en esta ciudad se
realizaron grandes manifestaciones obreras. El diario ’"Córdoba" reprodujo varias fotografías de los actos y una
en particular de la represión, donde constó mi detención junto con
varios compañeros de la columna de Luz y Fuerza. Fue un plan de lucha de
alcance nacional, frustrado por el incipiente participacionismo y
dialoguismo que terminó una vez más confiando, según expresiones del
propio Francisco Prado, en el nuevo ministro Krieger Vasena, porque
según él: "Habría cambiado y su gestión podría ser útil a los
trabajadores". Pese a esto, la posición de casi todos los sectores
populares, especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la lucha. Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de
Febrero de 1967, por su carácter premonitorio del "Cordobazo". Decía
así: "La historia grande ¡está jalonada de hitos como el que ayer fuera
protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y
fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una
jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que
desbordaron los lindes habituales y se prolongaron luego en los
grafismos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el ánimo de
los millares de protagonistas y espectadores que vivieron las
secuencias del plan de acción desplegado por la CGT y gremios
confederados de Córdoba. Fue una jornada lúcida y comprometida que nos
acerca un poco más a la definición crucial que forzosamente tiene que
producirse por imperio de la situación a que ha sido arrastrado el
pueblo argentino, y sobre la que los trabajadores tenemos adoptada una
posición clara, concreta e irreductible". La represión que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la
desastrosa conducción de la CGT Nacional produjo un notorio vacio que
estuvo signado fundamentalmente por la oposición cada vez más abierta
entre las bases sindicales y dirigentes vinculados a ellas y el
participacionismo entreguista anidado en la sede de Azopardo en la
Capital Federal. Las bases demandaban un nuevo Plan de Acción. En Tucumán el ataque a
los derechos de los trabajadores iba en aumento. En octubre de 1967 la
Delegación de Córdoba en el Congreso de la Federación de Luz y Fuerza
reclamaba ese Plan de Acción, inspirada en las propias demandas vigentes
en nuestra ciudad y denunciaba los hechos más alarmantes que estaban
sucediendo. La preocupación de los dirigentes nacionales se centraba
exclusivamente en normalizar la CGT en ese entonces en manos de la
Comisión Delegada.
¿De qué teníamos los cordobeses clara conciencia a fines de 1967?
¿Cuál
era nuestra denuncia? ¿Cuál era nuestra posición? En apretada síntesis expresábamos: Bajo el lema de modernización y
transformación el gobierno planteó un plan económico, cuya base
filosófico-política se asentó aparentemente en el más ortodoxo y crudo
liberalismo, en la resurrección del "dejar hacer, dejar pasar", en la
vigencia de un libre empresismo a ultranza, que provocaría la
estabilidad y la multiplicación de los bienes económicos del país. Sin
embargo esta declamada libertad económica no es sino un esquema
destinado sustancialmente a someter al país integrándolo a la crisis del
sistema capitalista monopolista como elemento compensador del deterioro
cada vez más pronunciado del mismo. Más adelante señalábamos: "Ya desde hace tiempo en todas las naciones
del mundo ha concluido la etapa del liberalismo que aquí se pregona.
Las potencias industriales practican un crudo dirigismo económico; en el
sistema interno protegiendo su mercado productor e incluso consumidor
por vía de las barreras aduaneras y otros dispositivos complementarios;
en el aspecto externo creando organismos internacionales supeditados a
ellas que imponen la política de la libre penetración y de la libre
explotación de los pueblos subdesarrollados por los monopolios que
actúan desde las grandes metrópolis. Esta libertad económica impuesta y
dirigida desde afuera, especialmente desde las concentraciones
monopolistas norteamericanas a la par de favorecer desmesuradamente a
las mismas y a su país de origen, provocan en Argentina la agudización
de la crisis y la profundización de los efectos recesivos’. En los pronunciamientos sobre los aspectos económicos se concluía:
"Lo que se pretende realmente es quebrar a la industria nacional y dejar
el mercado de consumo a merced de los monopolios. Así lo ha expresado
genéricamente la Confederación de la Industria al referirse que esta
política de transferencia formales y reales es en el más benigno de los
juicios, un mal signo. En lo que hace a las empresas del Estado la
aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Sociedades Anónimas,
confirma crudamente la programática oficial de entrega del patrimonio
estatal y de la conducción básica y fundamental de la economía a los
intereses extranjeros. Nadie duda ya que el plan trazado es contrario a
un auténtico desarrollo, atenta contra el nivel de vida de la población,
sirve a los grupos de la reacción y del privilegio, compromete el
porvenir del país y lesiona la soberanía nacional". En las cuestiones sociales se denunciaba "el aumento de todos los
precios de los artículos de uso y de consumo, agotando la capacidad
adquisitiva de las remuneraciones. El incremento de la desocupación. La
paralización de la Comisión del Salario Vital, Mínimo y Móvil. La
imposición del arbitraje obligatorio para los diferendos laborales. La
ley de represión de los conflictos sindicales. La intervención a
Sindicatos, el retiro o suspensión de personerías gremiales. La
eliminación o restricción de las representaciones sindicales en la
Empresa del Estado, incluidos los organismos de previsión social. La
violación de los contratos colectivos de trabajo. La ley de congelación
de salarios. La modificación de la ley de indemnizaciones por despido.
El aumento de la edad para acogerse a la jubilación y la eliminación de
las compensaciones por años de servicio". Como últimos detalles de las denuncias contra la reaccionaria
política que se llevaba adelante se señalaba: "Simultáneamente el
Gobierno pretende tener un consenso tácito de la opinión pública, pero
no abre vías de ninguna naturaleza para probar con la expresión del
pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica tamaño despropósito
con la supuestamente perjudicial posibilidad de enfrentar a un debate
político al país. Con la lógica perseverancia de sus propósitos
retrógrados el Gobierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a
toda la población a partir de los 14 años de edad, bajo el pretexto de
asegurar el frente interno, pero con la finalidad de reprimir toda
legitima defensa de los intereses económicos, sociales y políticos de
los trabajadores. Más adelante dicta la denominada ley de represión al
comunismo, que engloba a todas las personas o instituciones que
protesten o lleven adelante una acción para proteger sus derechos.
Supera el cuadro represivo macartista dejando al Servicio de
Informaciones del Estado la calificación de toda persona que tenga
"motivaciones ideológicas comunistas", añadiendo un régimen punitivo que
llega hasta los nueve años de prisión. Intervienen las Universidades
Nacionales, anula la participación de la juventud estudiosa argentina en
la vida de las mismas, proyecta una reglamentación limitacionista y
disuelve los Centros de Organización Estudiantiles. Viola el secreto de
la correspondencia cual modernos inquisidores celosos de toda opinión
adversa a la dogmática oficial. En el ámbito internacional propuso,
felizmente rechazada, la institucionalización de la Junta Interamericana
de Defensa, cual moderno gendarme de los Pueblos de América Latina que
bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos en el
subdesarrollo, en el estancamiento y en la dependencia neocolonial". Allí se realizaron denuncias que si bien eran conocidas por todos, no
todos la realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo general
las que sustentaban estos planteamientos en todos los ámbitos.
En Córdoba se expresó poco tiempo después una resolución de la CGT
local que declaró persona no grata al Presidente Onganía, y eso
trasuntaba el creciente desafío al régimen autocrático, no cuestionado a
nivel masivo con tanto vigor como se daba en Córdoba.
La rebelión de las bases sindicales
La Comisión Delegada de la CGT Nacional, intentó por todos los medios
la construcción de un Congreso adicto a las teorías del
participacionismo. Que era hacerse eco de toda la política del Gobierno y
lograr la participación en el proceso. Una renuncia clara a las
reivindicaciones obreras y populares que merecía una repulsa general. El "dirigentismo" de los jerarcas de las organizaciones nacionales,
luego de prolijos cortejos de delegados, al estilo de los viejos comités
de la política criolla de la Década Infame, resolvió la convocatoria a
un Congreso Nacional para la normalización de la Confederación General
del Trabajo. Llegó a tanto la podredumbre de los dirigentes participacionistas,
que sostenían que en ese Congreso no podían participar las
Organizaciones que estaban intervenidas, entre ellas la de más caudal de
afiliados o sea la Unión Ferroviaria, además de los trabajadores
portuarios, de prensa, químicos, del azúcar, etc.. Querían hacer un
Congreso con los que habían tolerado la Dictadura y sancionar a su vez
con tal exclusión a los que habían luchado, habían sido intervenidos y
eran perseguidos por los violadores de todos los derechos sindicales. Todos quienes continuaban fíeles a los principios sindicales, incluso
los sindicatos intervenidos designaron delegados a tal Congreso,
comprometiendo a quienes estaban con la Dictadura a que en el propio
Congreso los inhibieran de actuar. El 28, 29 y 30 de Marzo comenzó el
Congreso. Los dirigentes que coincidían con Onganía, no tuvieron el
valor de acudir a impugnar a quienes.querían excluir desde la?
bambalinas. El Congreso se realizó con todas las organizaciones
combativas, incluidas las intervenidas, y con poco más de la mitad de
los delegados suficientes para el quórum se proclamó la lucha contra la
Dictadura y el desconocimiento a todos lo jerarcas del
participacionismo. De allí nació lo que fue denominada CGT de los
Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro. Las bases sindicales repudiaban toda la política de conciliación
vergonzosa y una ola de manifestaciones, de actos, todos organizados por
los sindicatos de la CGT de los Argentinos, cubrió una verdadera
celebración del 1° de Mayo de 1968. En Córdoba más de cinco mil personas concurrieron al local del
Córdoba Sport Club, en el que juntamente con Ongaro hice uso de la
palabra denunciando una vez más, ratificando lo que veníamos señalando
desde 1966, que la Dictadura hundía al país. El 28 de Junio de ese mismo año la CGT de Córdoba programó un acto
frente al local de la misma, en repudio al Segundo Aniversario de la
Dictadura. La represión, como lo hacia repetidas veces descargó todo su
aparato y se contabilizaron trescientos veintidós presos entre los
manifestantes. El movimiento obrero, el estudiantado, los sectores
populares pugnaban por expresar su protesta en la calle y sucesivamente
eran reprimidos. Pero no descansábamos. Algunos ya sostenían que no era
posible programar actos, ya que la Policía no los permitía y que la
gente se cansaba. La mayoría sostuvo que no. No queríamos dejar de lado
nuestro derecho a expresamos, a protestar, a exigir soluciones. Una y
otra vez nos disolvían encarcelando a trabajadores y estudiantes. En Septiembre de 1968, la CGT y el Frente Estudiantil en Lucha
programó una semana de Protesta en recordación de los Mártires
Populares, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago
Pampillón.
Ya el Gobernador Caballero, que había suplantado a Ferrer Deheza,
lanzaba la constitución de un Consejo Asesor, como forma perfeccionada
del participacionismo como experiencia piloto para todo el país. La Semana de los Mártires Populares fue violentamente reprimida. Cayó
baleado el joven estudiante Aravena, que hoy aún se encuentra impedido
físicamente en forma total, como producto de aquel alevoso ataque.
Los actos fueron disueltos. Se atacó a una manifestación encabezada por
dirigentes sindicales, estudiantiles y Sacerdotes del Tercer Mundo, que
provenían de una Misa por Santiago Pampillón. Se disolvieron los actos
frente a la CGT. Se encarcelaron a varios militantes y representantes
sindicales y estudiantiles que estuvieron casi un mes en Encausados. A fines del mismo 1968, la CGT organizó otro acto que fue igualmente
reprimido. Todos sentíamos una real indignación y la condena al régimen
tomaba ribetes de furia. Nada era posible hacer. La represión se
manifestaba en todo momento. El gobierno seguía su propaganda para el
Consejo Asesor. La Federación de Luz y Fuerza suspendía a nuestro
sindicato por estar adherido a la CGT de los Argentinos. Los jerarcas sindicales habían realizado su propio Congreso, pero no
tenían ninguna vigencia en las bases. En Córdoba eran abiertamente
repudiados por la Clase Trabajadora. Mientras en todos los órdenes la
política de Onganía seguía consolidándose en el sentido de la fuerza y
la opresión. Mientras por otra parte, en el Pueblo crecía la rebelión contra tanto
estado de injusticia, de desconocimiento de los Derechos Humanos. A
fines de 1968, se cumplió el 20° aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Luz y Fuerza realizó algunas conferencias
sobre el particular. Qué cotejo más dramático se realizaba entre el
contenido de esta declaración que coronó el final de la segunda guerra
mundial y el régimen que imperaba en Argentina. Parecía que tantos
sacrificios, tantas vidas, por el respeto a los derechos del hombre,
hubieran sido inútiles.
1969: el año del Cordobazo
Hemos reseñado los males del régimen a escala nacional y hemos
particularizado las posiciones de Córdoba por ser las más relevantes
contra la Dictadura en el orden nacional. Ya también Hilda Guerrero de Molina, mártir obrera de Tucumán
engrosaba las filas de quienes habían caído defendiendo sus ideales,
enfrentando al régimen de Onganía. El régimen comunitario era publicitado desde todos los ángulos del
equipo gobernante. Córdoba se había convertido en la experiencia piloto y
el Dr. Caballero había constituido su Consejo Asesor que sería
convalidado con bombos v platillos en la Reunión de Gobernadores de Alta
Gracia. Allí llegó Onganía en el mismo automóvil y en la misma posición
ideológica y con los mismos propósitos de Caballero. Antes habíamos redactado un importante documento. Un documento que se
denominaba Declaración de Córdoba y que se dio a publicidad el 21 de
Marzo de 1969. Dos meses y días antes del Cordobazo. En el reseñábamos lo problemas principales de orden local que sumados
a los de orden nacional y en función a la toma de conciencia del pueblo
de Córdoba sobre la validez de sus derechos, podríamos decir que
encuadraron la heroica reacción popular del Cordobazo. En la introducción se decía; "Nuestra Provincia soporta un descalabro
gubernativo, una manifiesta inoperancia en los más altos niveles
jerárquicos oficiales, una ineptitud generalizada en la conducción de la
cosa pública. Paralelamente a esta ineficacia se destaca un oscuro y
torpe manejo de los instrumentos del poder, para favorecer a los
círculos del privilegio económico y financiero, para exaccionar los
modestos recursos monetarios de la población, para burlar la auténtica
representatividad popular mediante el fraude neocorporativista, para
manipular desvergonzadamente a algunos miembros de la
justicia,intentando abiertamente ponerlos al servicio de la tolerancia
cómplice hacia el crimen de algún conspicuo allegado al régimen". No se recuerda que nuestra provincia haya soportado tamañas
iniquidades públicas. Nunca el pueblo cordobés contempló, un ejercicio
sensual del poder usurpado con la impunidad que se manifiesta, y con el
visto bueno de un Poder Central que en muchos casos lo pone como ejemplo
de experiencia a proyectarse en toda la nación. Esta situación insoportable en todos los órdenes, obliga a la clase
trabajadora cordobesa a repudiar públicamente al gobierno local, a
corresponsabilizar a la Dictadura de Ongania de todos sus actos y a
actuar cada vez más unida y enérgicamente para lograrla instauración del
ejercicio pleno de los derechos y garantías que pertenecen
inalienablemente a los trabajadores y ciudadanos, y a la práctica de la
función gubernativa en un plano de dignidad y de real interpretación de
las aspiraciones del Pueblo".
Señalábamos y no lo hacíamos nosotros por una elucubración al margen de
las posiciones populares, sino como una expresión auténtica que
palpitaba en toda la población que:
"Consejo Asesor: Durante bastante tiempo el Gobierno de Córdoba trabajó
intensa y solapadamente, para implementar el denominado Consejo Asesor
Económico Social. Sus fundamentos se basaron en el supuesto interés por
consultar sectores representativos de la comunidad y darles
participación en el análisis y programa de los actos gubernativos". Luego se indicaba: "Asimismo se pretende remedar el engendro del
Consejo Asesor, con los Consejos Económico-Sociales de vigencia positiva
en algunos países del mundo estructurados políticamente sobre la base
de la voluntad soberana del Pueblo". Y por último, luego de otras consideraciones: "El Consejo Asesor
procura la domesticación de la sociedad,su estratificación definitiva y
si hoy se viste con los ropajes de una aparente inocencia, con el tiempo
todos deberán lamentar su consolidación como aparato de poder
omnipotente, sin apelaciones, en el que se fundamentará y basará el
régimen para implantar un sistema de vida repudiado por la historia y
con el cual se identificó con su saludo romano el otrora joven camisa
negra, hoy Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero." Sobre el caso Valinotto, se señalaba, "la opinión pública cordobesa y
también la nacional observan con estupor como un Juez de Córdoba,
dispuso la libertad de un criminal basándose en el testimonio,
denominado "de abono" del Ministro de Gobierno, Dr. Luis E. Martínez
Golletti, y del Vocal del Superior Tribunal de Justicia Dr. Pedro Angel
Spina". Y culminaba el análisis sobre este tema: "El Sr. Gobernador de
Córdoba, Dr. Carlos Caballero, ante la renuncia verbal de su Ministro de
Gobierno, Dr. Martínez Golletti, resolvió, rechazarla ratificándole su
confianza". Sobre los impuestos de orden local recalcábamos: "Los centros
vecinales de Córdoba, integrados en su mayoría por trabajadores, han
denunciado el asalto fiscal de que son objeto, han protestado, han
señalado la ilegalidad de las medidas tributarias, pero el gobierno ha
permanecido incólume, ofreciendo una transitoria y demagógica rebaja que
no altera la situación de fondo y que ha determinado la resistencia al
pago, como único camino para hacerse escuchar, aunque el gobierno sigue y
seguirá sordo a los reclamos del pueblo, embebido en su absolutismo y
cegado por su tortuoso designio político. Sobre los problemas laborales se daba el caso de las "quitas zonales"
que afectaba fundamentalmente al gremio metalúrgico. La anulación de la
Ley del Sábado Inglés, que había sancionado en el año 1932 y que
rebajaba en un 9,1 °/o los salarios mensuales de los trabajadores. El
Departamento Provincial de Trabajo resultaba totalmente inoperante. Se
distinguía que "Córdoba es, a no dudarlo, el paraíso de los recibos en
blanco, que sirven para robar de los ya magros salarios de los
trabajadores, partes sustanciales y crear la inseguridad en la
permanencia de su empleo". Por otra parte se dispuso el cierre de una
serie de escuelas nocturnas de capacitación a la que concurrían los
trabajadores, con el fundamento de que se habían agotado las instancias
para que los mencionados establecimientos pasaran a formar parte del
organigrama secundario provincial. Las tropelías de la denominada "Brigada Fantasma", también
enardecieron al pueblo de Córdoba. Decíamos sobre el particular: "Todo
el país conoce ya el increíble episodio de la "Brigada Fantasma",
denominada así por sus oscuras andanzas no en resguardo de la seguridad
pública, sino atentando contra la misma. Intimidando a gente inocente,
persiguiendo a supuestos delincuentes y extorsionando a los detenidos".
Se concluía sobre este punto: También el episodio de la "Brigada
Fantasma", por más que se haya dispuesto su disolución y la detención de
los "policías" que la integraban, no fue descubierta por la
preocupación o la diligencia de los funcionarios del gobierno. Se
conoció y se investigó por las denuncias periodísticas que constituye
hoy el único medio que tiene el Pueblo para defenderse de alguna manera
de los atropellos a que es sometido por un Gobierno, que inexorablemente
"será juzgado como el más nefasto para los derechos de toda la
población de Córdoba". Para no extenderse más sobre este extenso
documente señalaré una frase mas: "Una ínfima minoría, los dedos de una
mano sobran para contarlos, de "dirigentes" sindicales, apoya el régimen
cordobés. No es así sin embargo en el orden nacional. La asistencia de más de cuarenta jerarcas gremiales a una entrevista
con Onganía ha demostrado que el espíritu de lucha de los trabajadores y
del pueblo, tienen un fuerte contingente de desertores, sumados a la
programática del régimen: política de sometimiento económico, de
opresión social, de oscurantismo cultural y de mordaza cívica,
sojuzgando a todos los argentinos que quieren un país en el cual se
operen fundamentales transformaciones que posibiliten un inmediato
porvenir donde impere la justicia social; donde se produzca la
independencia económica, liberando a la patria de la penetración y
dominio monopolice e imperialista; donde se materialice la soberanía
política sobre la base de la libre voluntad popular y donde la
democracia integral se practique sin ningún tipo de proscripciones e
inhabilitaciones para todos los argentinos". Cubríamos el final exhortando a la unidad, a la acción común
reinvindicativa, de todas las Organizaciones Sindicales para la
prosecución de la lucha en defensa de nuestros derechos.
Estalla la caldera
Los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores del transporte y
otros gremios declaran paros para los días 15 y 1° de Mayo, en razón de
las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por
transferencia de empresas, respectivamente. Los obreros mecánicos
realizan una Asamblea y a la salida al ser reprimidos, defienden sus
derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el
día 14 de Mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un
sin número de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los
problemas del estudiantado y de los centros vecinales se suman. Se
paraliza totalmente la ciudad el día 16 de Mayo. Nadie trabaja. Todos
protestan. El Gobierno reprime. En otros lugares del país, estallan conflictos estudiantiles por las
privatizaciones de los comedores universitarios. En Corrientes es
asesinado el estudiante Juan José Cabral y ese hecho tiene honda
repercusión en toda la población de Córdoba. Se dispone el cierre de la
Universidad. Todas las agrupaciones estudiantiles protestan y preparan
actos y manifestaciones. Se trabaja de común acuerdo con la CGT. El día 18, es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello.
Realizamos con los estudiantes y los Sacerdotes del Tercer Mundo una
marcha de silencio en homenaje a los caídos. El día 20 de Mayo, fui detenido e incomunicado en el Departamento de
Policía "en averiguación de antecedentes". Recupero la libertad al día
siguiente.
El día 21, se concreta un paro general de estudiantes. Una serie de
comunicados del movimiento obrero lo apoyan. En Rosario cae una víctima
más. El estudiante y aprendiz de metalúrgico Norberto Blanco, es
asesinado en Rosario. Se instalan Consejos de Guerra. El día 22 de Mayo, los estudiantes de la Universidad Católica se
declaran en estado de asamblea y son apoyados por el resto del
movimiento estudiantil.
El día 23 de Mayo, es ocupado el Barrio Clínicas por los Estudiantes. Es
gravemente herido el estudiante Héctor Crusta de un balazo por la
Policía. Se producen fogatas y choques. La Policía es contundente, y los
choques se hacen cada vez más graves. El día 25 de Mayo, hablo en la Universidad Católica de Córdoba y hago
una severa crítica y condena a los sangrientos atropellos de la Policía
y de los arbitrarios procedimientos del Consejo de Guerra en Rosario. El día 26 de Mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de los
dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades de 37
horas a partir de las 11 horas del 29 de Mayo y con abandono de trabajo y
concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todo a
las resoluciones de ambas CGT. Todo se prepara para el gran paro. La indignación es pública, notoria y elocuente en todos los estratos de ]a población. No hay espontaneísmo. Ni improvisación. Ni grupos extraños a las
resoluciones adoptadas. Los Sindicatos organizan y los estudiantes
también. Se fijan los lugares de concentración. Como se realizaran las
marchas. La gran concentración se llevara adelante, frente al local de
la CGT en la calle Vélez Sársfieid 137. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los
derechos conculcados inundan la ciudad en los días previos. Se suceden
las Asambleas de los Sindicatos y de los Estudiantes que apoyan el paro y
la protesta.
El día 29 de Mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a
abandonar las fábricas antes de las 11 horas. A esa hora el Gobierno
dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores
de Luz y Fuerza de la Administración Central, pretenden organizar un
acto a la altura de Rioja y General Paz y son atacados con bombas de
gases. Es una vez más la represión en marcha. La represión
indiscriminada. La prohibición violenta del derecho de reunión, de
expresión, de protesta.
Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de
la industria automotriz van llegando a la ciudad. Son todas atacadas y
se intenta dispersarlas.
El comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente.
Corre la noticia de la muerte de un compañero, era Máximo Mena del
Sindicato de Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía
contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos.
La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el Pueblo. Son
las bases sindicales y estudiantiles, que luchan enardecidas. Todos
ayudan. El apoyo total de toda la población se da tanto en el centro
como en los barrios. Es la toma de conciencia de todos evidenciándose en las calles contra
tantas prohibiciones que se plantearon. Nada de tutelas, ni de los
usurpadores del poder, ni de los cómplices participacionistas. El saldo
de la batalla de Córdoba -El Cordobazo- es trágico. Decenas de muertos,
cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un Pueblo florecen y
marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se
borrará jamás. En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y
la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres
y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las
grandes aspiraciones populares ya no se apagará Jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la
voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión
con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que
se convierten en poco menos de siete meses, por la continuidad de esa
acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos
rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos,
trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las
religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para
construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del
hombre, sino su Compañero y su Hermano.
Agustín Tosco
Cordobazo Por Rodolfo Walsh*
Trabajadores
metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los
días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no
reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas.
Los
obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, defienden
sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad
el día 14 de Mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de
un sin números de derechos, la vergüenza de todos los actos de
gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se
suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la Universidad. Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El
día 18 es asesinado en Rosario, el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se
realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha
de silencio en homenaje a los caídos. El 23 de Mayo es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil.
El
26 de Mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de
las actividades de 37 horas a partir de las 11 horas, para el 29 de
Mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Los
estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los
estudiantes organizan y los obreros también. Millares y millares de
volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la
ciudad los días previos.
El 29 de Mayo amanece tenso. Los
trabajadores de luz y fuerza son atacados con bombas de gases a la
altura de Rioja y Gral. Paz. Una vez más la represión está marcha.
Las columnas de los
trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son
atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre
la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un
estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los
asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla
la situación.
Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población.
Es la toma de conciencia
contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder,
ni de cómplices participacionistas.
El saldo de la batalla de
Córdoba, "El Cordobazo", es trágico. Decenas de muertos, cientos de
heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una
página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás.
En
medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la
voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más
justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.
"Nuestras
clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan
historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha
debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece
así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las
cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo..."
* Extraído de “Periódico de la CGT de los Argentinos”. Colección Completa. Números 1 al 55. Mayo 1968 – Febrero 1970.
www.cgtargentinos.org
El
"Cordobazo" fue una rebelión popular. Como el 17 de octubre de 1945.
Como el 19 y 20 de diciembre de 2001. Un acto de legítima defensa ante
los atropellos del poder, el retiro del sábado inglés, la represión
generalizada. Una acción de masas que, de espontánea no tuvo nada.
Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres y otros dirigentes
sindicales -algunos conocidos y muchos anónimos- lideran una gesta
histórica que terminaría por eyectar del poder al dictador Onganía.
Tiempo después, otras puebladas incendian la Patria.
* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
El 29 de
mayo de 1969 -el día que el pueblo reventó de bronca- se selló la unidad
obrero-estudiantil, que volvería a ganar las calles para ensanchar la
cancha donde se jugaba la resistencia al régimen dos años después -el 15
de marzo de 1971- con el "Viborazo". El "Cordobazo" fue una insurrección popular, un hecho revolucionario
que marcaría a fuego a la clase trabajadora argentina. Un fenómeno de
rebeldía colectiva que se inscribe en el proceso de lucha popular
iniciado en 1955, cuando la "Revolución Fusiladora" derroca al gobierno
de Perón y la clase obrera es proscripta social y políticamente. Esta
proscripción fue respondida por los trabajadores a través de múltiples
instrumentos de lucha: Desde las huelgas, el trabajo a desgano y las
tomas de fábricas, hasta los sabotajes con los "caños" heroicos de la
resistencia. El "Cordobazo" no es un hecho aislado. Se corresponde con un momento
histórico de ascenso de los niveles de conciencia y organización del
pueblo. La protesta callejera en Córdoba se produce luego de otras
rebeliones que van jaqueando al gobierno dictatorial de Juan Carlos
Onganía, como lo fueron el "Correntinazo" y el primer "Rosariazo". En ese tiempo convulsionado el pueblo soporta la dictadura de las
botas y los monopolios. La nueva interrupción del orden institucional
clausura los canales de participación a los trabajadores y a una
juventud hambrienta por expresarse políticamente. El gobierno se asienta en las ballonetas. Es tiempo de piedra y
barricada, de caño y fusil. Explota la furia que viene de la larga
Resistencia Peronista. La Revolución Cubana es la luz que persiste.
Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia dejan
una estela de compromiso en el firmamento de Latinoamérica. En ese entonces a los que no militaban se los miraba como sapo de
otro pozo. Obturados los caminos institucionales por el accionar de la
oligarquía a través de las Fuerzas Armadas que una y otra vez usurparían
la soberanía popular, buena parte de la juventud optará por la
militancia resistente y el camino de la lucha armada. En ese contexto,
no es casual que exactamente un año después del "Cordobazo", el 29 de
mayo de 1970, irrumpa públicamente Montoneros con el "Aramburazo". En los ’60 y los ’70 se naturalizó la violencia como una metología
apropiada para restituir la soberanía en manos del pueblo. El
encuadramiento en la militancia revolucionaria fue un fenómeno masivo.
Se compartía un proyecto colectivo de Nación que terminó ahogado en
sangre y fuego por el terrorismo de Estado. Los genocidas borraron cualquier perspectiva de redención social.
Hubo que masacrar a 30 mil militantes para aniquilar el Estado de
bienestar e implantar el modelo neoliberal. El terror se metió en lo más profundo de la sociedad. Se abandonaron
los proyectos comunes. Se sobrevivió en el individualismo del sálvese
quien pueda. El nuevo rostro del capitalismo provocó una hemorragia de desplazados
del sistema de producción y consumo. Masas de desheredados que
perdieron el trabajo, la educación, la salud, la familia, la esperanza. A la violencia libertaria, sofocada por la tiranía oligárquico-militar, le sucedió la violencia de la sobrevivencia. El desprecio por la vida del otro se generalizó en el desmadre. La
degradación provocada por la brutal desigualdad social es el caldo de
cultivo de la violencia urbana, amplificada hasta el infinito por los
medios de comunicación del régimen que se regodean exhibiendo la
fragmentación, la insolidaridad, el naufragio colectivo. El crimen organizado es posible gracias al maridaje de las mafias con
la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la
superestructura de una democracia tutelada por el Imperio. La violencia doméstica anida en una sociedad enferma, infectada por
la ideología dominante. La desaparición de Jorge Julio López y los
asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y tantos otros
militantes populares confirma, por si hacía falta, la existencia de
nichos intocables de la estructura represiva de la dictadura en las
fuerzas de seguridad y la cloaca de los servicios, grupos envalentonados
por la cobertura institucional que le prestan la ideología del Macrismo
e instrumentos tales como la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y el
Protocolo Antipiquetes. La justicia social es el único camino para que no haya más pibes
chorros ni ladrones de guantes blancos. Para que deje de haber una
justicia para ricos y otra para pobres. Para que se construyan más
viviendas, escuelas y hospitales y menos cárceles. Para desterrar la
impunidad y el desamparo. A 48 años del "Cordobazo", a casi 34 años de la recuperación de esta
democracia colonial, que mantiene -como en tiempos de la dictadura- un
30 por ciento de pobres, los pibes perseguidos y con hambre, y una deuda
pública sideral; que aquí y ahora enarbola desde la cima del Gobierno
sus banderas neoliberales, anti-populares y anti-obreras, es estratégico
construir una nueva mayoría que encarne un Proyecto de Emancipación,
haga caso omiso de los discursos posibilistas, ignore los atajos
dictados por el oportunismo político, y se vuelva a plantear como norte
el Bien Común: La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
1969 – 29 de Mayo – 2017: A 48 años del Cordobazo
A
48 años de las gloriosas gestas obrero-estudiantiles que dieron origen
al Cordobazo, desde CONADU HISTÓRICA rendimos homenaje a la enorme
rebelión popular que se alzó contra las injusticias y opresiones de la
dictadura de Juan Carlos Onganía. Fue la clase trabajadora, hombres y mujeres de la mano de líderes
sindicales como Agustín Tosco (Luz y Fuerza), Atilio López (UTA),
Elpidio Torres y René Salamanca (SMATA), entre tantos otros, la que
inundó las calles en columnas organizadas que partían desde las fábricas
y de los distintos puestos de trabajo. Fue el enorme protagonismo del
movimiento estudiantil universitario, sensibilizado por el asesinato de
Juanjo Cabral en la represión policial en el puente correntino aquel 15
de mayo del ‘69 cuando marchaban junto a los docentes en protesta contra
la privatización del comedor universitario de la UNNE, y que derivó en
el Correntinazo. Fueron también las y los estudiantes que marcharon con
trabajadores en lucha cuando asesinaron a los jóvenes Adolfo Bello
(universitario) y a Luis Blanco (metalúrgico) y que explotó en el
Rosariazo. Y así en tantas manifestaciones populares que precedieron al
Cordobazo, cuyo saldo trágico fueron decenas de muertos y centenares de
heridos, pero que pusieron en el lugar más alto de la historia argentina
y latinoamericana la inquebrantable voluntad de lucha de nuestro pueblo
contra las políticas antiobreras y represivas de la dictadura militar,
que no escatimaría balas y garrotes para sostener un modelo económico de
exclusión, entrega y saqueo de nuestras riquezas en beneficio de unos
pocos. Hoy, como entonces, levantamos las mismas banderas de libertad, de
justicia social, de soberanía, de defensa de los derechos conquistados,
contra todo tipo de represión y autoritarismo. Hoy, lunes 29 de mayo de 2017, es un día de Paro Nacional de la
Docencia Universitaria y Preuniversitaria organizada en nuestra CONADU
HISTÓRICA. Es el mejor homenaje que podemos ofrendar a aquellos enormes
estallidos populares. Con la memoria y los ideales intactos. Con el
compromiso de que nuestra lucha no es solamente por un salario digno –
frente al tope salarial del 20% que pretende imponer el Gobierno
Nacional – sino que es en defensa de la Educación pública, gratuita,
laica, popular y de calidad. Seguiremos firmes en nuestra vocación de construir lazos de unidad
con el movimiento estudiantil, con los gremios docentes que estén
dispuestos a enfrentar las políticas de ajuste, los tarifazos, los
despidos, los topes salariales, los convenios a la baja que impulsan el
gobierno y sus aliados, las persecuciones y toda forma de represión. “El criterio de la clase obrera es que no haya
analfabetismo, que todos puedan trabajar y tener su salario para atender
las necesidades de su familia; que todos tengan una vivienda; que todos
puedan acceder a la Universidad, un nivel de vida digno, decente, que
haga al respeto de la personalidad humana. Ese es el ‘Ser Nacional’ que
nosotros defendemos”.Agustín Tosco.
Luis Tiscornia, secretario general CONADUH
Claudia Baigorria, secretaria de formación CONADUH
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
El Cordobazo: un legado para las necesidades de hoy
28/05/2017
Por PRT
Este
29 de mayo se conmemora el 48° aniversario de El Cordobazo. Muchas
cosas extraordinarias se han dicho y escrito a lo largo de los años
sobre aquellos sucesos protagonizados por la clase obrera y el pueblo.
En esos hechos, como narráramos en el artículo “A 47 años del Cordobazo, la vigencia de la Revolución Socialista”
(22/5/2016) tuvieron la impronta del surgimiento de nuevas ideas
revolucionarias que surcaban la tenaz y enérgica lucha de nuestra clase
obrera y el pueblo. Nacía la lucha por el poder y el socialismo.
Hoy a 48 años, las causas de opresión y
explotación que llevaron al destino que tomó la lucha de clases
protagonizada en aquellos años, no solo siguen intactas sino que se han
vuelto más descarnadas y crueles, encontrándonos en una etapa terminal
del capitalismo que ha llegado a un estado putrefacto y degradado, que
lo único que le ofrece a nuestro pueblo es una vida indigna plagada de
sufrimientos.
Aquellas gestas tuvieron como actores
protagónicos a la clase obrera y dirigentes políticos y sindicales que
estuvieron a la altura de sus intereses de clase, donde los más notables
fueron Agustín Tosco y Atilio López, rodeados de una enorme vanguardia,
dirigentes de base combativos y revolucionarios que expresaban y
adelantaban la necesidad de una revolución que lleve a todo el pueblo
argentino a su emancipación.
Mucha agua ha corrido bajo el puente
desde aquellos años, y en una espiral ascendente de la lucha de clases,
como diría Santucho, hoy emerge la necesidad imperiosa de la irrupción
de la clase obrera como actor principal en el escenario político donde
desde su independencia política se hace necesario romper con el statu
quo de un sindicalismo asociado a los monopolios, y un sindicalismo
oportunista y reformista, que se desviven por aportarles salidas a la
crisis política de la burguesía con un lenguaje revolucionarista pero
que aleje lo más posible al proletariado de la lucha revolucionaria.
Hoy no hay espacios para homenajes
vacíos de contenido, con propuestas que sacan del centro de la escena el
verdadero rol histórico de la clase obrera y sus organizaciones. Por
ello es una responsabilidad esencial de los revolucionarios empujar con
propuestas que hagan emerger las luchas por las conquistas económicas y
reivindicativas en una propuesta política emancipadora de todo el pueblo
de carácter nacional, recuperando así las viejas tradiciones donde la
clase obrera supo acaudillar la lucha de todo el pueblo.
Cuando afirmamos que ES LA HORA DE LA
REBELIÓN DE LAS BASES lo hacemos asentado en miles de experiencias que
se vienen desarrollando en los más diversos lugares del país, pero donde
la dispersión es muy grande y solo puede unificarse a través de una
propuesta política revolucionaria que despoje a los trabajadores del
concepto que su lucha solo es por sus mejoras económicas divorciados de
una política independiente que se plantee la destrucción del Estado
burgués.
El Cordobazo es el claro ejemplo
(salvando el marco histórico y los nuevos fenómenos) de que ese es el
camino que debemos retomar donde los nuevos tiempos de revolución deben
crear sus propios contextos condicionando la gobernabilidad de la
burguesía; desde el desarrollo del poder localen la lucha por el poder,
con la unidad de la clase obrera y el pueblo. El Cordobazo fue un hito
en la Historia, pero que estuvo de la mano del Rosariazo, Mendozazo,
Tucumanazo; es decir, fue una detonación en cadena porque en la
profundidad de la lucha de clases se encontraba explícita la cuestión
política nacional.
Hoy el mar de fondo de las necesidades
de un cambio en la lucha que quiebren la correlación de fuerzas a favor
de la clase obrera y el pueblo, está impregnada en todo el país. Por
eso, cuando se analiza el presente, no podemos verlo compartimentado con
la Historia, pues parados sobre los hombros de las más ricas
experiencias de lucha de nuestra clase obrera y el pueblo, es desde
donde surgirán nuevos y extraordinarios sucesos que demostrarán que los
grandes hechos de la Historia aún están por venir gracias a legados como
el Cordobazo.
29/05/2014 aniversario
El Cordobazo: "El mayo cordobés" que jaqueó la dictadura de Onganía
Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres son los nombres de
los dirigentes sindicales de la izquierda clasista y el peronismo que
hace 45 años encabezaron "el Cordobazo", una protesta obrero-estudiantil
originada en la capital de la provincia mediterránea, y que devino en
un estallido social que jaqueó a la dictadura cívico militar de Juan
Carlos Onganía.
Por Leonardo Castillo
En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar,
instaurado hacía tres años, cuando derrocó al presidente constitucional
Arturo Illia, comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las
ciudades más importantes del país.
Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Corrientes eran los escenarios de
movilizaciones obreras y estudiantiles que se suceden contra un gobierno
que, además de conculcar las libertades públicas y ejercer una férrea
censura, imponía una política de congelamiento de salarios de la mano de
Adalbert Krieger Vasena, un ministro de Economía ligado a las
corporaciones.
En respuesta al pedido de las cámaras empresariales, que se quejaban de
"los altos costos laborales", Krieger Vasena resuelve derogar la Ley del
"sábado inglés", una medida que establecía que cada hora trabajada
después de las 13 de ese día debía pagarse doble.
"El Cordobazo" constituyó el comienzo
de una etapa de movilización popular que se prolongó hasta mediados de
la década de los `70, y que determinó que muchos jóvenes abrazaran la
causa de la revolución”
El gobierno de Onganía tildó ese benefició de "inconstitucional" y lo suprimió.
En Córdoba, que por esos años era el centro de la industria automotriz y
metalmecánica, el rechazó a la medida fue generalizado entre los 150
mil trabajadores sindicalizados.
Desde 1967, la CGT se encontraba dividida en dos: la Azopardo, liderada
por el metalúrgico Augusto Vandor, de una tendencia dialogista, y la de
los Argentinos, conducida por el gráfico Raimundo Ongaro, opuesta
abiertamente al régimen.
No obstante, en Córdoba, donde también persistía la división del
movimiento obrero, se alcanzó rápidamente un acuerdo entre las dos
centrales frente a la necesidad de oponerse a la eliminación del "sábado
inglés".
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la
izquierda clasista y referente de la CGT de los Argentinos- acordó junto
con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción
peronista- la realización de un plan de lucha.
El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un paro por 24 horas
con alto acatamiento, y la respuesta del gobernador de facto, Carlos
Caballero, consistió en decretar un aumento para la Policía.
Mientras tanto, en el barrio cordobés de Clínicas, donde residían buena
parte de los estudiantes que cursaban en la Universidad Nacional de
Córdoba, se realizaban asambleas y manifestaciones en respaldo a las
reivindicaciones obreras.
En un plenario, celebrado el miércoles 21, los dirigentes gremiales
redoblaron la apuesta y convocaron a un paro activo de 37 horas que se
iniciaría a las 11 del jueves 29.
La idea era desafiar al gobierno con una gran demostración de fuerza;
una manifestación numerosa que surgiera desde el cordón industrial y
llegara al centro de la capital cordobesa.
Esa mañana de jueves, Córdoba capital amaneció sitiada por la Policía,
que se apostó sobre los puentes ubicados sobre el Río Suquía con la
intención de evitar que la movilización llegara al corazón
administrativo y político de la provincia.
A las 11, la ciudad estaba llena de manifestantes que llegaban desde los
barrios de Santa Isabel, Villa Revol, Ferreyra, La Calera, Alta Córdoba
y Alberdi, en tanto que, desde Clínicas, marchaban los estudiantes.
Los primeros choques se dieron en torno a los puentes sobre la cañada
del Suquía, y, cerca de las 13, la policía no pudo contener a los
movilizados, que a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL,
rebasaron los bloqueos.
La Policía quedó desbordada, sin municiones, se replegó en medio de una
ciudad que quedaba literalmente en manos de una movilización obrera que
comenzaba a ejercer un espontáneo control popular con barricadas y
piquetes sobre las principales calles.
El gobernador, desesperado, llamó a Buenos Aires para pedir ayuda y
Onganía le ordenó al Tercer Cuerpo de Ejército retomar el control de una
capital mediterránea que era sobrevolada por aviones de la Fuerza
Aérea.
"Soldado, no tirés contra el pueblo", podía leerse en algunos carteles
armados de forma improvisada ante el avance de los efectivos militares
que se desplegaban en el atardecer.
Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó barrio por barrio
el control de Córdoba en las primeras horas de la mañana del 30,
mientras dispersaba a los últimos grupos de manifestantes.
Tosco fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y se lo sometió a un
Consejo de Guerra que lo condenó a 8 años de prisión, al igual que
Torres, López y otros dirigentes.
Sin embargo, tras 17 meses de prisión, todos los dirigentes detenidos
recuperaron la libertad y volvieron a Córdoba para retomar la actividad
sindical.
El líder de Luz y Fuerza, en cambio, retornaría a la cárcel dos años
después como consecuencia de `El Vivorazo`, otra multitudinaria protesta
obrera que conmovió a la provincia.
Aunque nunca se supo con certeza, se estima que el "Cordobazo" dejó más de 30 muertos y varios centenares de heridos.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de
legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia de Krieger
Vasena el 4 de junio.
Un año después del "Cordobazo", la organización Montoneros secuestraba y
ejecutaba al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, quien en 1956 había
ordenado los fusilamientos de los generales Juan José Valle y Raúl
Tanco, y el asesinato de militantes peronistas en José León Suárez.
Ese hecho desencadenó, en junio de 1970, la caída de Onganía en el
contexto de un golpe propiciado por el entonces jefe del Ejército,
Alejandro Lanusse, que designaba como presidente al general Roberto
Levingston.
"El Cordobazo" constituyó el comienzo de una etapa de movilización
popular que se prolongó hasta mediados de la década de los `70, y que
determinó que muchos jóvenes abrazaran la causa de la revolución, en un
tiempo en el que parecía que el cielo podía tomarse por asalto.
Qué fue el Cordobazo y cuáles fueron sus consecuencias
Entrevista realizada al historiador Leonidas "Noni" Ceruti acerca de su visión del Cordobazo.
Lunes 29 de mayo | 00:00
- La Izquierda Diario
¿Qué fue el Cordobazo? LC: Fue uno de los mayores avances de la lucha de la
clase obrera y el pueblo en los años 60 y 70. Se reaccionó contra la
opresión política, económica y social.
No fue un alzamiento popular espontáneo, fue organizado por los
sindicatos cordobeses, que contaron con el apoyo de los universitarios,
de una variedad de partidos políticos y del pueblo. Se rompió la tradición del “paro matero”, fue una huelga con abandono
de tareas y movilización, con planteamientos económicos, políticos y
gremiales. Se fue a trabajar y desde las grandes plantas industriales,
las columnas obreras, compactas, llenas de bronca, arrastraron a los
obreros de las pequeñas fábricas. Las barricadas se levantaron por toda la ciudad, el pueblo fue
tomando uno a uno cada barrio, se enfrentó a las fuerzas policiales, que
se replegaron a sus cuarteles, dejando la ciudad en manos de los
trabajadores y estudiantes. Se ejerció el derecho a la autodefensa.
Porque en esas jornadas, la clase obrera, respondió con sus métodos de
acción directa. Se recurrió a la movilización, los piquetes, las
barricadas, y se conformaron grupos especiales de defensa. Desde 1966 hasta el Cordobazo, todo intento de resistencia a la
dictadura, tenía que descontar la violencia de la dictadura, a partir de
ese 29 de mayo, se supo cómo hacer retroceder a las fuerzas que
salieron a reprimir a los trabajadores. Fueron jornadas de Solidaridad
de clase, que se vio desde la convocatoria hasta la organización,
pasando a los momentos de compartir las barricadas, las asambleas
espontáneas, etc. Se demostró una vez más la importancia decisiva del protagonismo de
los obreros industriales. La prolongada movilización de otros
asalariados, la persistencia y audacia de la lucha de los
universitarios, no había logrado lo que consiguieron los trabajadores
cordobeses en dos días. El movimiento obrero industrial se hizo cargo de
ese liderazgo social y arrastró al pueblo todo a la lucha
antidictatorial. Se retomó la vieja tradición, que cuando fueron
agredidos los trabajadores en todo el mundo han respondido tomando en
sus propias manos, y organizando su defensa. La pregunta que se extendió de una fábrica a otra fue ¿la clase
obrera en sus luchas debe ofrecer las dos mejillas o debe defenderse de
los brutales ataques de distinto tipo a los que nos hemos referido? Se
llevó a la práctica lo que se consideró un derecho que les permitió
luchar. La autodefensa se planteó como disuasiva, defensiva, y sometida a
los trabajadores. Una de las enseñanzas fue que la autodefensa de los
trabajadores no es, ni debe ser independiente de la voluntad y decisión
de los trabajadores, sino que debe ser debatida y aprobada por los
propios trabajadores. No deben ser en ningún momento grupos
independientes de la clase ni operar por fuera de un sistema democrático
de control como son las asambleas. La autodefensa la deciden, la
organizan y la llevan adelante los trabajadores. Además, las Asambleas obreras populares que se realizaron reuniendo
en su seno a los obreros y a gran parte de la población pobre de los
barrios tomados y rodeados de barricadas, y en algunos lugares con la
población ejerciendo el poder de policía, por ejemplo, el de permitir la
salida de los bomberos tomados para sofocar incendios, controlar la
entrada y salida de los barrios, también constituyeron una forma
embrionaria de los órganos de poder, con democracia directa abarcando ya
a toda una ciudad, pero su insipiencia y en gran medida la ausencia de
una verdadera organización, no permitió la unificación de las asambleas
barriales entre sí, a través de delegados electos, en un consejo único
de la ciudad. ¿Qué consecuencias tuvo? LC: Constituyó un punto decisivo en la evolución de
la lucha de clases, porque puso de manifiesto el estado que había
alcanzado la radicalización de la conciencia política de importantes
sectores del proletariado, de la pequeña burguesía y el profundo rechazo
antidictatorial existente, acumulado en varios años de deterioro
económico-social y de opresión política. El país no volvió a ser el mismo, se incorporaron a la lucha cientos
de jóvenes obreros y estudiantes. Estallaron todas las instituciones. Se
abrió un profundo debate, que se expresó abiertamente en toda la
sociedad. El tema central de la polémica, era como debía seguir la lucha
contra la dictadura y para qué. Las posturas fueron desde la recuperación de la democracia hasta que
tipo de “revolución” o de transformaciones que eran necesarias para la
Argentina. En el movimiento obrero adoptó una forma más encubierta, más
en grupos que en asambleas masivas. Entre los universitarios nadie
discutía que era necesario una revolución: lo que se polemizaba era qué
tipo de revolución y la forma de concretarla. Algunas agrupaciones políticas, estrechamente relacionadas con el
radicalismo popular (UCRP), o el Partido Comunista (PC) y sectores del
nacionalismo popular (Mura, MNR, MOR, AUN, FEN, etc.), se expresaban por
la lucha contra la dictadura, por su derrocamiento, por la resistencia a
la misma y forma de reemplazarla. Los sectores de la izquierda con raíz
marxista, con mayores o menores variantes mantuvieron, en el proceso
político posterior al Cordobazo, la consigna “ni golpe, ni elección,
revolución”, línea política que preconizaba el derrocamiento de la
dictadura o la lucha contra ella, en el camino de reemplazarla por un
gobierno o un poder que realizara la revolución de liberación social y
nacional en “marcha hacia el socialismo”. Las expresiones del peronismo en el movimiento estudiantil
mantuvieron también lo esencial de su línea de unir a los estudiantes
con el llamado “peronismo revolucionario”, expresión real del movimiento
obrero, según ellos, en el camino de la liberación nacional y social.
Pero, el debate abierto produjo profundas fisuras en la izquierda
tradicional o institucional, y determinó la aparición de grupos
políticos, entre los cuales se contaban entre otros el Socialismo
Revolucionario (SR), Tendencia Comunista (TC), Espartaco, Orientación
Socialista, El Obrero, Lucha Socialista, Poder Obrero, Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, etc. Todos ellos pasaron a impugnar en forma frontal la estrategia de una
Revolución que presuponía la “tarea” de la Liberación Nacional. Ese
cuestionamiento abarcó lógicamente la caracterización del Estado, del
país como semicolonial, las alianzas de clase, el tipo de poder. Se
pronunciaron contra la dictadura, los golpes y las salidas electorales.
De la consiga, “ni golpe, ni elección, revolución”, se pasó a la
proclamada “ni golpe, ni elección, revolución proletaria”, dando de esa
manera una salida real fuera del sistema. Un sector importante de la izquierda, pasó a definirse por la acción
directa. Esto se vio favorecido, no solo por las condiciones nacionales,
sino además por un proceso dado en América Latina y el mundo. Producto
de la propia experiencia vivida en la Argentina (golpes, elecciones,
proscripciones, etc.) y de la percepción de fenómenos como la crisis del
parlamentarismo a nivel mundial, de tristes experiencias como la del
Partido Comunista Francés con su traición en Mayo del 68 (producto de
sus tesis de acceso al poder por vía pacífica y por mayoría
parlamentaria), producto de todo eso por un lado y su contrapartida por
el otro, por ejemplo el triunfo de la revolución cubana por la acción de
las armas y el desarrollo de la lucha vietnamita, resultado de éstas y
de múltiples experiencias más, el conjunto de organizaciones políticas a
que nos estamos refiriendo llegaron a varias conclusiones de las que
destacamos dos, muy relacionadas con su actitud frente a la lucha
democrática: *.-Que la vía de acceso al poder sólo puede ser armada. Había tesis
que iban desde la guerra popular hasta “el acto insurreccional” pasando
por la guerra prolongada. *.-La segunda conclusión, es que el parlamento es un engaño a las
masas, que no puede constituir una vía de acceso al poder y que por lo
tanto no sirve para nada en cuanto a la lucha revolucionaria se refiere. Por otra parte, algunos grupos que pasaron a proclamar la revolución
socialista, definieron a la vez que la única forma de acceso al poder
era por la acción revolucionaria del proletariado, como una conclusión
irrefutable, sobre todo en un país capitalista y más aún en la
Argentina, dejando aclarado que “no cabría pensar siquiera en la
posibilidad de otra forma de definir el problema del poder que no sea
por la acción de las armas”, y que en base a eso justamente, coincidían
también en que el parlamento no puede ser nunca una vía de acceso al
poder. O sea, la situación social y política del país cambiaría radicalmente y la lucha de clases iría in crescendo,
con la clase obrera ocupando el centro de la escena, enfrentando a la
dictadura, al capital y marcando el camino a distintos sectores
populares y al estudiantado universitario.
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La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Honduras, ha hecho un llamado a las autoridades de
la Universidad Nacional sobre la condena de los estudiantes Moisés
Cáceres (izq.), Sergio Ulloa (cent.), Cesario Padilla (der.).
En Atlántida, al norte de
Honduras, la población animada por el interés colectivo de defender el
derecho humano al agua, ha montado dos campamentos permanentes de
resistencia pacífica exigiendo la cancelación inmediata de dos proyectos
hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason
Hawit en el sector de Paujiles en Tela y de Inversiones de Generación
Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA, que construye una represa hidroeléctrica
sobre el río Hilamito, en Arizona, única fuente que hasta el momento no
ha sido represada en el municipio. 
Santos
Hernández Ortiz, Santos Tomás Cruz y Abel Antonio Pérez, fueron
enjuiciados desde que decidieron acondicionar temporalmente el predio
como estacionamiento para los veraneantes en la Semana Santa del año
2015.
“El trabajo en la maquila me ha
destruido la vida, tengo graves problemas en mi columna, así como
quistes en mis rodillas, que me han dejado con una discapacidad del 44%,
y debido a esto la empresa Delta Apparel Honduras, me despidió junto a
otras 24 compañeras más que también tienen problemas en su salud debido
al ritmo de trabajo a que somos expuestas a diario”, indicó entre
lágrimas María Gutiérrez, quien ha trabajo 19 años para la referida
empresa. 
Los
despidos de las 25 obreras se dieron en el mes de abril debido a que
ellas habían logrado tener diagnósticos médicos que califican que
tienen graves enfermedades profesionales.
Por: Sandra Rodríguez
Buenos Aires, Argentina.
"El
saldo de la batalla de Córdoba -El Cordobazo- es trágico. Decenas de
muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un Pueblo
florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana
que no se borrará jamás", escribió Agustín Tosco en su Carta sobre el
Cordobazo que ACTA publica íntegramente.
ierno. Se
conoció y se investigó por las denuncias periodísticas que constituye
hoy el único medio que tiene el Pueblo para defenderse de alguna manera
de los atropellos a que es sometido por un Gobierno, que inexorablemente
"será juzgado como el más nefasto para los derechos de toda la
población de Córdoba". Para no extenderse más sobre este extenso
documente señalaré una frase mas: "Una ínfima minoría, los dedos de una
mano sobran para contarlos, de "dirigentes" sindicales, apoya el régimen
cordobés. No es así sin embargo en el orden nacional.
Trabajadores
metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los
días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no
reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas.
