martes, 13 de junio de 2017

HONDURAS: OACNUDH Honduras alarmada por incumplimiento de compromiso por parte de autoridades de la UNAH que generó condena de estudiantes // ALTO COMISIONADO DE DDHH CONDENA ACCIONES CONTRA ESTUDIANTES // Honduras: Fyffes perdida en su propio laberinto Por Giorgio Trucchi // Atlántida se resiste a entregar sus fuentes de agua // Argentina: a 48 años del estallido popular que cambió la historia Carta sobre el Cordobazo de Agustín Tosco // Cordobazo Por Rodolfo Walsh* // El Cordobazo: un legado para las necesidades de hoy // El Cordobazo: "El mayo cordobés" que jaqueó la dictadura de Onganía



OACNUDH Honduras alarmada por incumplimiento de compromiso por parte de autoridades de la UNAH que generó condena de estudiantes


Tegucigalpa.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras se encuentra alarmada por la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal.
De igual manera, la Oficina ha observado que este tipo penal está siendo utilizado de manera reiterada en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento.
En el marco de nuestro mandato de monitoreo y observación, deseamos expresar nuestra firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo firmado el 20 de julio de 2016 entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los representantes de los estudiantes universitarios agrupados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) para poner fin a la crisis de ese entonces, y en cuya celebración firmaron como testigos de honor la OACNUDH Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En lo particular, la Oficina se encuentra extremadamente consternada de que no se haya cumplido el segundo punto del acuerdo en donde se establece que “las autoridades de la UNAH se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios”.
El no cumplimiento de este punto ha significado la finalización del juicio con la condena por el delito usurpación contra los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, representando una falta grave por parte de las autoridades de la UNAH y poniendo en duda su compromiso para poner fin a este conflicto y a cualquier otro que surja en el futuro.
La Oficina hace un llamado urgente a las autoridades de la UNAH por el incumplimiento del segundo punto de los acuerdos firmados, ya que como la máxima casa de estudios en el país, tiene la obligación de promover el respeto y la protección de los derechos humanos de sus estudiantes y de dar el ejemplo al acatarse a los compromisos que asume por el bien de la institución y de su población estudiantil.


ALTO COMISIONADO DE DDHH CONDENA ACCIONES CONTRA ESTUDIANTES

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, ha hecho un llamado a las autoridades de la Universidad Nacional sobre la condena de los estudiantes Moisés Cáceres (izq.), Sergio Ulloa (cent.), Cesario Padilla (der.).
En un comunicado, la Oficina refiere que el modelo de delito de usurpación, está siendo utilizado para proceder con una acción penal a quien ejerza la protesta social.  

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, se alarmó por la condena emitida el pasado miércoles contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los jóvenes Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, fueron declarados culpables por el delito de usurpación de vienes en perjuicio del Estado de Honduras, durante las protestas que se realizaron en la UNAH en julio de 2015.

“La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos” dicta el comunicado que emitió este organismo.

Y prosigue: “Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal”.

Según la entidad internacional este tipo de acciones judiciales estan siendo utilizadas de manera “en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento”.

Cabe destacar que la Oficina ha reclamado por los términos firmados entre la UNAH y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) del 20 de julio de 2016, para poner fin a la problemática que paralizó las clases por varias semanas.  

En ese sentido se destacó que las autoridades de la UNAH se comprometieron para solicitar la extinción de procesos penales contra todos los estudiantes universitarios.     

Sin embargo, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, explicó que el tratado con el MEU era válido únicamente para los hechos ocurridos en 2016 y arremetió contra el organismo defensor de derechos humanos.

A continuación la carta de la rectora de forma íntegra:

Como Rectora de la Universidad Nacional Autónoma Honduras (UNAH) acuso recibo a su Oficio OHCHR-2017-000130 recibido en la Oficina de la Rectoría el día 8 de junio, adjuntando como respuesta el comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el mismo día 8 de los corrientes.

Entendemos perfectamente las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la función constitucional de la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Tanto el OACNUDH como el CONADEH exhiben en este caso, por un lado, un desconocimiento del procedimiento penal, y por otro, desconocimiento de las acciones que de forma tripartita: UNAH, Ministerio Público y Defensores de los estudiantes ejecutaron para la extinción de la acción pena/acordada entre las partes en Julio 2016, fase que concluyó en septiembre del mismo año. De su Oficina señora Pazo observó todo el proceso el Señor Félix Gómez. Por el CONADEH estuvo presente el Abogado Manuel Salcedo.

Habiendo estado la OACNUDH presente en todo el proceso a través del Señor Félix Gómez, y habiendo recibido la explicación de Autoridad Competente del Tribunal de Sentencias, claro quedó, qué los estudiantes Félix Alejando Cesáreo Padilla Figueroa, Sergio Luis Ulloa Rivera y Moisés David Cáceres Velásquez no eran parte de los Acuerdos por Ustedes aludidos.

Las posiciones de las instituciones solo expresan el rechazo a la sentencia emitido por Tribunal competen, lo que implica una Injerencia inadmisible que rebasa los límites de su mandato como Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y de la función Constitucional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ningún organismo supranacional ni nacional está por encima de las leyes nacionales ni tiene mandato para instruir como debe ser dictada una sentencia, y lo que se espera de Ustedes es un desempeño de acuerdo a la alta representación que ostentan.

Saludos atentos

Julieta Castellanos

Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)


Honduras: Fyffes perdida en su propio laberinto

Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 6 Junio, 2017
A pesar de la suspensión de la ETI la transnacional frutera sigue negándose a reconocer a sindicatos
Fyffes
La semana pasada en Londres, Inglaterra, la trasnacional irlandesa Fyffes se reunió con las organizaciones Banana Link y UITA. Pese a haber cumplido con parte de la resolución de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI), que la suspendió de su membresía por las reiteradas denuncias de violación a los derechos laborales y sindicales en Honduras y Costa Rica, Fyffes no mostró voluntad para cambiar las cosas.
La resolución de la Junta Directiva de la ETI[1], fechada 4 de mayo, fue el epílogo de una disputa entre Fyffes, la UITA[2] y BananaLink, sobre las violaciones a los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores de las fincas meloneras en el sur de Honduras y las piñeras en Costa Rica.
A la transnacional irlandesa, recientemente adquirida por 750 millones de euros por la compañía japonesa Sumitomo, se le dio un plazo máximo de 90 días para “trabajar con la UITA para llegar a un acuerdo marco que sea mutuamente aceptable”.
De acuerdo con informaciones circuladas después de la reunión, la transnacional frutera no sólo no quiso abordar el tema de revisar sus políticas laborales a nivel global, sino que se mostró renuente a reconocer la legitimidad de la subseccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).
También se negó a contemplar la posibilidad de reunirse a corto plazo con dicha organización sindical, ni quiso discutir la difícil situación laboral y sindical en las plantaciones de piña de su subsidiaria[3] en Costa Rica.
Durante la reunión, que contó también con la presencia del director ejecutivo de la ETI, Peter McAllister, Fyffes solamente accedió a estudiar la posibilidad de realizar un programa educativo sobre libertad sindical, dirigido a las trabajadores y trabajadores y personal administrativo de Suragroh[4] en Honduras.
Los detalles de dicho programa serán discutidos próximamente en una segunda reunión entre las partes.
Un largo y triste historial
Irresponsabilidad social empresarial
La actitud arrogante de Fyffes no debe sorprender, ya que el largo historial de violaciones a los derechos laborales y sindicales, tanto en Honduras como en Costa Rica, habla por sí solo.
Tampoco sorprende que en una carta dirigida a organizaciones como Banana Link y el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF por su sigla en inglés), la transnacional irlandesa trate burdamente de refutar las acusaciones que fundamentaron la decisión de la ETI de suspenderla de su membresía, aferrándose a “diferencias interpretativas” en cuanto “a cómo debe respetarse el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva”.
Y por si fuera poco, Fyffes saca de la manga un discurso trillado sobre su programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que contemplaría una “auditoría regular de las plantaciones de nuestra cadena de suministro, tanto de propiedad como de terceros, para garantizar el cumplimiento de nuestras normas básicas”.
Los hechos en Honduras y Costa Rica demuestran todo lo contrario.
En más de una ocasión, el STAS denunció las extenuantes jornadas de trabajo, el no pago del salario mínimo ni de las horas extra y las vacaciones proporcionales, así como la falta de acumulación de antigüedad y de cotización a la seguridad social.
Asimismo, señaló las malas condiciones higiénicas y de seguridad, el despido de trabajadoras por estar embarazadas y la creación de “listas negras”.
El reciente ataque perpetrado contra Moisés y Misael Sánchez[5], ambos miembros del Sindicato, ha generado aún más preocupación en los miembros de la organización.
A nivel internacional, ya hay grandes cadenas de supermercados que están analizando y revisando su relación comercial con Fyffes.
Perdida en su laberinto, la transnacional frutera irlandesa, así como los compradores de sus plantaciones y de la marca Fyffes, parecen no darse cuenta que no es con esta actitud, ni con talleres sobre derechos sindicales que podrán reparar su imagen dañada y su mala reputación.
[1] Una alianza de compañías, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos comprometidos en trabajar conjuntamente para identificar y promover buenas prácticas en la ejecución de los códigos de conducta laborales, incluyendo su monitoreo y verificación independiente
[2] Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
[3] Ananas Export Company S.A. (Anexco)
[4] Sur Agrícola de Honduras
[5] http://informes.rel-uita.org/index.php/sindicatos/item/no-nos-van-a-intimidar

Fuente: Rel-UITA



Radio Progreso

Atlántida se resiste a entregar sus fuentes de agua

Jun 02, 2017
Atlántida se resiste a entregar sus fuentes de agua
En Atlántida, al norte de Honduras, la población  animada por el interés colectivo de defender el derecho humano al agua, ha montado dos campamentos permanentes de resistencia pacífica exigiendo la cancelación inmediata de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason Hawit  en el sector de Paujiles en Tela y de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA, que construye una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito, en Arizona,  única fuente que hasta el momento no ha sido represada en el municipio. 
Honduras está viviendo momentos complicados. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas nacionales y extranjeras, y por otro una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes. Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante el régimen de facto de Roberto Michelleti, los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Según una investigación del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, (ERIC-SJ) actualmente el Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de Represas Hidroeléctricas, 950  concesiones mineras y más de 800 se encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 35% del territorio hondureño ya fue entregado a la empresa privada para su explotación. 

Atlántida es uno de los departamentos que más agua tiene en Honduras. Cuenta con 73 ríos y quebradas de corriente permanente, 42 cuerpos de agua protegidos jurídicamente,  que están siendo amenazados por 24 concesiones hidroeléctricas, 5 de ellas ya están en operación según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. 
En 2015, la población de Arizona organizada en el Movimiento Amplio, exigió a las autoridades municipales la realización de un cabildo abierto para detener la instalación de la hidroeléctrica de la empresa Ingelsa pero el alcalde Adolfo Paguada, lejos de dar respuesta al clamor del pueblo, se unió a la empresa y manipuló el cabildo trayendo gente de otros lugares para aprobar la instalación del proyecto. Al ver las acciones del alcalde la ciudadanía auto declaró al río Hilamito libre de hidroeléctricas. 
En mayo 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit,  la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada. 
“Estamos defendiendo algo vital para estas comunidades” dice Lucila Lemus quien asegura que el río Hilamito es la única fuente que abastece de agua a todas las personas de Arizona, y que al ser represado se verán obligados a desplazarse forzosamente. Lucila junto a otras personas permanecen en el campamento noche y día evitando que los trabajadores de la empresa Inglesa continúen deforestando la montaña para instalar la represa.  Los trabajos de construcción se ubican en la parte alta del municipio. El campamento de resistencia está a unos 20 metros del río, y la calle que da acceso al lugar ha sido bloqueada por los trabajadores de la empresa y la policía quienes pretenden desalojar a la gente del campamento. 
La Constitución de la República de Honduras en su artículo 81, hace referencia a la libre circulación como un derecho constitucional, argumentando que la gente puede circular libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, con la instalación de proyectos extractivistas, las garantías constitucionales son violentadas. Las calles que antes transitaba la población de Arizona para ir al río Hilamito, están bloqueadas por la empresa como medida de presión para que la ciudadanía abandone el campamento y los trabajos de la hidroeléctrica continúen. En esta acción participa la policía nacional, que contrario a su misión de “Servir y Proteger”, está hostigando a las personas del campamento para que abandonen su lucha, señala Lucila. 

En Atlántida, puntalmente los pobladores denuncian a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit y  Emin Abufele como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado. 
Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA,  es la empresa que construye la represa hidroeléctrica en el río Hilamito. Desde hace 10 años la empresa ha venido realizando estudios en el río y asegura tener todos los documentos para operar en orden. “Estamos aquí para generar empleos y proteger el agua”, dijo a Radio Progreso el ingeniero Hegel Ernesto Velásquez de Ingelsa, criticando al Estado de Honduras por dar cabida a la protesta social, en vez de proteger la inversión privada. 
Por su parte Claudia Sánchez del campamento en defensa del agua, dice que ya no creen en el discurso de las empresas que llegan a las comunidades ofreciendo hasta el cielo, pero en realidad lo que producen es un infierno porque les dejan sin agua. Claudia también desmiente a la empresa al decir que todos los trabajadores de la empresa son de otros municipios, y que estos desconocen el daño que este proyecto está provocando al ambiente. 
Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con licencias para instalar mineras, represas o para talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla. 
Las comunidades del Atlántida organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, han denunciado en la municipalidad de Arizona y la Fiscalía del Ambiente las violaciones a los derechos humanos y los daños irreversibles al ambiente que la empresa Ingelsa está provocando en el río Hilamito, pero hasta el momento las autoridades no han mostrado interés en resolver esta situación.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Honduras: La distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación

Sambo Creek,  junio 2 de 2016.- En medio de una ofensiva continental contra los pueblos indígenas y el derecho a la consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informado; ha dado lugar a una enorme preocupación por parte de los pueblos indígenas, los que vemos nuestros derechos territorios ancestrales diluirse con artilugios que minan el derecho a la libre determinación.
Muestra de ello es la aseveración de Juan Manuel Santos que en Colombia la consulta previa se ha convertido en un dolor de cabeza, hasta el intervencionismo del PNUD en Honduras, donde promueve un anteproyecto que no fue consultado de la forma debida, y que a pesar de los cambios efectuados en el texto, continua desconociendo el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Es evidente que la ofensiva es continental y está destinada a distorsionar y frenar los reclamos de los pueblos indígenas en relación a la defensa de los territorios ancestrales, bienes comunes, y por ende nuestras culturas.
Desde la construcción del muro Trump en el territorio Tohono o’odham (Papago) hasta las represas en el territorio Mapuche en Chile, se demuestra las inconsistencias por parte de los estados-nación quienes sobreponen los intereses de empresarios y políticos sobre los derechos ancestrales de nuestros pueblos, recurriendo a la criminalización y asesinatos de líderes y liderezas.
En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley en mayo de 2016, el que hasta el momento ha sido desdeñado por el Estado, el cual busca imponer una Ley de Consulta que se adecue a los intereses de los empresarios y del AVA FLEGT-REDD.
A pesar de las observaciones presentadas por la Relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la sra. Vicky Tauli-Corpuz, tanto en el “Coloquio Internacional sobre la consulta previa” (Mexico, 8-12-16) como en su posterior “Informe de comentarios sobre el anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa del Gobierno de Honduras” (22-12-16) señalan la ausencia de “buena fe” por parte del Estado, además de las incongruencias y omisiones.
La relatora efectuó una visita a Honduras en abril del presente año en relación al proceso que se ha venido dando con la consulta previa. La relatora en su informe preliminar indico que: “exhorto a las partes a desarrollar un diálogo incluyente sobre la propuesta de reglamentación de la consulta. Los pueblos indígenas solicitan que se dé un diálogo más profundo con el Estado para poder entender la ley que se está proponiendo, sus conceptos claves, las mismas definiciones de las nociones de consulta y de consentimiento en el derecho internacional; además, consideran que la socialización que se ha llevado a cabo hasta el momento no es suficiente para poder expresar sus puntos de vista y hacer propuestas concretas sobre el contenido, y que más tiempo y claridad en los procedimientos es necesario. Considerando que estas observaciones fueron planteadas por varias y diferentes organizaciones e individuos, exhorto a la prudencia y a evaluar cautelosamente si existen las condiciones para la rápida adopción de la ley prevista¨.
Agrego además: “es evidente la necesidad de construir confianza entre las partes, y en esta perspectiva, insto al Estado a multiplicar sus esfuerzos para respetar, promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas a la protección de la tierra, sus territorios y los recursos, a la justicia, a los derechos culturales, entre otros. Es a través de avances concretos en estas áreas que se va a crear la confianza necesaria para avanzar en la regulación de la consulta, y los pueblos solicitan que estos temas se aborden al mismo tiempo que se elabore una ley de consulta para que la misma proteja plenamente sus derechos”.
El asesinato de Berta Cáceres a manos de militares activos y ejecutivos de la Empresa DESA, es un crimen que hasta la fecha continua en la impunidad, sin que el estado de Honduras investique quienes fueron los autores intelectuales del crimen. Berta Cáceres participo de lleno en la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta elaborado por ODIPINH; y podemos de forma enfática señalar que el asesinato de Berta se encuentra relacionado directamente con su defensa a la consulta previa, la cual ha sido desdeñada y tergiversada por el Estado y empresarios.
El afán en que ha incurrido el Estado en la aprobación de su versión de ley, demuestra el peso que tiene el requerimiento de ONUREDD y el AVAFLEGT (Unión Europea) de la creación de salvaguardas para poder implementar sus proyectos en Honduras. El apremio consiste en las fechas tope que ha señalado el AVAFLEGT.
Mientras tanto, los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos las consecuencias de una serie de leyes y decretos que durante 20 años fueron emitidos sin consulta alguna, y ya han dado lugar a múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, que no fueron investigados de forma fehaciente y consecuentemente quedaron en la impunidad.
La actitud asumida por el Estado-PNUD, DINAFROH y CONPAH, de imponer una versión donde confundieron de forma deliberada socialización con consulta, demuestra la ausencia total de “buena Fe”, desmerita los esfuerzos realizados y conlleva a que los pueblos indígenas desconfíen aun más de la instituciones gubernamentales, situación que ya se había agravado con el golpe de estado (2009) y la defenestración de la Corte Constitucional (2012).
La OIT debería tomar nota de las recomendaciones de la Relatora Vicky Corpuz en relación a la consulta sobre la ley de consulta previa, y las distorsiones que se vienen dando en Honduras, y como los pueblos indígenas hemos sido afectados por la sistemática distorsión del Convenio 169.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH



Tribunal de Sentencia condena a pescadores de Zacate Grande

Abel Perez y Santos Hernández, fueron condenados por el Tribunal de Choluteca
Por: Marvin Palacios
Choluteca (lunes 22 de mayo de 2017).- El Tribunal de Sentencia de esta ciudad condenó el pasado 26 de abril de este año,  a 2 de tres pescadores miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA),  acusados por los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Jorge Luis Casís Leiva, virtual dueño de un terreno localizado en Playa Blanca, municipio de Amapala.
Los sentenciados mantienen las medidas sustitutivas a la prisión, hasta tanto se conozca la individualización de la pena.
El Tribunal citó a las partes para el día miércoles 24 de mayo a la 1:30 pm, donde se llevará a cabo la audiencia de Individualización de la Pena.
El Tribunal de sentencia está conformado por los jueces Carlos Gustavo Quiróz, Ana Julia Durón y Gustavo Escoto.
Por los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, los jueces condenaron al defensor de derechos humanos  Abel Antonio Pérez,  y al  pescador Santos Hernández, mientras que a Santos Tomás Cruz lo absolvió de todos los delitos.
Jorge Luis Casís Leiva reclamó ante los tribunales, la posesión de un predio ubicado en la comunidad Playa Blanca, en la península de Zacate Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle.
Cassis Leiva, en su declaración ante el tribunal, el pasado 27 de marzo, expresó que los problemas iniciaron en el año 2015, cuando empezó a llegar gente a la comunidad de Playa Blanca donde él tiene terrenos que fueron heredados por sus padres. Los hechos fueron después del cierre de la playa La Guayaba Dorada, una de las más visitadas en el pacífico hondureño.
acusados en tribunales de CholutecaSantos Hernández Ortiz, Santos Tomás Cruz y Abel Antonio Pérez, fueron enjuiciados desde que decidieron acondicionar temporalmente el predio como estacionamiento para los veraneantes en la Semana Santa del año 2015.
Este proceso judicial inició hace dos años, las primeras audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones por diferentes motivos, mientras los imputados  cumplían medidas sustitutivas a la prisión, consistentes en ir a firmar cada quince días al juzgado de Amapala, no salir del país, no acercarse a los predios en litigio ni al afectado.
Hace un año, Santos Hernández y Abel Pérez Ávila, fueron sentenciados a prisión, por el incumplimiento de las medidas, ya que por motivos económicos no asistían regularmente a firmar el libro de registro en la Isla del Tigre, a la que sólo se llega vía marítima, y hubo testigos que afirmaron haber visto a los imputados en los predios en litigio.
Cabe mencionar que ese terreno ha sido utilizado como camino de paso desde que la comunidad recuerda, además carros comerciales llegan a dejar producto, e incluso los que reparten ayuda gubernamental.
La situación económica social de las familias en Playa Blanca es muy precaria, apenas hay fuentes de empleo. El papá y la mamá de Abel, se hicieron cargo de dos niñas y un niño, esperando el alimento diario que pueden obtener de sus gallinas. Mientras que la esposa e hijo de Santos, esperaban la asistencia en una casa con apenas una hamaca colgada, el fogón apagado y un muro construido por mandato del terrateniente que está casi al ras de sus paredes.
Para poder sobrevivir los habitantes de la Península de Zacate Grande se dedican a la pesca y al cultivo de maíz, sandía, entre otros, en una tierra que no es muy apta para la agricultura.
En la Península de Zacate Grande viven en zozobra unas 6 mil personas, debido a que familias de terratenientes como los Facussé, los Cassís y Malespín están empecinados en sacarlos de la zona, donde han vivido por más de 100 años, han denunciado líderes de la ADEPZA.
En la Granja Penal de Nacacome, Abel y Santos eran visitados por Pedro Canales, de ADEPZA, y procuradoras del COFADEH
En la Granja Penal de Nacacome, Abel y Santos eran visitados por Pedro Canales, de ADEPZA, y procuradoras del COFADEH
Abel y Santos estuvieron más de cien días en la granja penal de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras. Ambos son padres de familia y sus hijos son menores de edad, por lo que organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), además de darles acompañamiento legal, también brindaron asistencia social en sus hogares.
Según el Código penal, corresponde al delito de usurpación una pena de 2 a 4 años de reclusión, por el delito de daños, la pena va 3 a 5 años y por el delito de amenazas, una pena que va de seis meses a 2 años.
El Tribunal de Sentencia acreditó en autos, el derecho legítimo de propiedad de Jorge Luis Cassís Leiva, por lo que los jueces han determinado que el ingreso de los imputados a la propiedad provocó deterioro de la misma.
El Tribunal de Sentencia de Choluteca condenó el 26 de abril de 2017 a Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, por los delitos de usurpación, daños y amenazas, mientras que absolvió de todos los delitos a Santos Tomás Cruz.



Radio Progreso

“Nos despidieron porque ya nos explotaron”, denuncian obreras de maquila en Honduras

Jun 02, 2017
“El trabajo en la maquila me ha destruido la vida, tengo graves problemas en mi columna, así como quistes en mis rodillas, que me han dejado con una discapacidad del 44%, y debido a esto la empresa Delta Apparel Honduras, me despidió junto a otras 24 compañeras más que también tienen problemas en su salud debido al ritmo de trabajo a que somos expuestas a diario”, indicó entre lágrimas María Gutiérrez, quien ha trabajo 19 años para la referida empresa. 
“Nos despidieron porque nos exprimieron la fuerza laboral y  porque hoy ya no somos productivas por las múltiples enfermedades que padecemos; imaginase que por nuestro problema de salud  nosotras ya no podemos chinear a nuestros hijos, no podemos barrer y hacer otras cosas elementales”, manifestó Carmen Troches, otra de las obreras despedidas, y quien presenta síndromes dolorosos de hombros y columna que la han llevado a tener discapacidad del 38% de acuerdo a los dictámenes médicos. 
Delta Apparel está  instalada en ZIP Buena Vista de Villa Nueva, Cortés. Esta empresa de capital estadounidense  se dedica al ensamble de ropa de vestir y emplea a 2 mil obreros y obreras.  
Los despidos de las 25 obreras se dieron en el mes de abril  debido a que ellas habían logrado tener  diagnósticos médicos que califican que tienen  graves enfermedades profesionales. 
“Las 25 obreras y obreros despedidos presentamos trastornos musco-esqueléticos irreversibles que nos han dejado con discapacidad permanente”. La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), no ha acompañado desde que comenzamos a sufrir por las enfermedades y abril  hemos librado una constante lucha por lograr el reintegro y la reubicación laboral”, indicó Carmen Troches. 
Debido a esta lucha y las denuncias internacionales se logró sentar  a la Secretaría del Trabajo, Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), sin embargo se no se permitió que la CODEMUH integrara la  comisión para abordar el problema,  su lugar fue ocupado por la directiva del sindicato de la maquila quienes firmaron el convenio de reintegro con algunas cláusulas que a criterio de las trabajadoras les perjudicará. 
“En el convenio se habla del reintegro laboral pero ordena que se nos hagan evaluaciones con médicos afines a los maquiladores, y eso significa que un nuevo diagnóstico sería ajeno a la realidad que vivimos en nuestra salud, ya que los profesionales de la medicina responderán a intereses de la empresa maquiladora y no a la realidad que vivimos”, indicaron las obreras.   
A renglón seguido manifestaron que la lucha seguirá para lograr el reintegro y la reubicación laboral respetando los diagnósticos elaborados de manera objetiva por especialistas del Instituto Hondureño de Seguridad Social.  
Deterioro de la salud de 120 obreros y obreras de la maquila 
El caso de la maquila Delta Apparel, es la muestra de la situación que viven la mayoría de los más de 120 mil trabajadores y trabajadoras de las maquilas instaladas en su mayoría en el Valle de Sula, zona norte hondureña. “La clase trabajadora de la maquila presenta  múltiples  padecimientos de los cuales sobresalen las  enfermedades músculo-esqueléticas, que deterioran rápidamente la salud de mujeres y hombres”.  
“Los trastornos músculo-esqueléticos ocupacionales, son producidos por los movimientos repetitivos, carga estática, postura, precisión,  vibraciones y estrés. Después de varios años de trabajar en las maquilas lleva a la clase trabajadora a padecer de dolencias en los hombros, columna, cuello, brazos y manos, que en muchas ocasiones les deja imposibilitados para desarrollar cualquier trabajo por sencillo que sea”. 
Lo anterior ha sido revelado por estudios sobre situación de las Obreras de la Maquila en Honduras, elaborados y  dados a conocer  por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), organización defensora de los derechos humanos de las obreras de la maquila.
“El 90 por ciento de las obreras son menores de 33 años, esto nos indica que la mayoría de las mujeres salen a muy temprana edad de las maquilas y salen enfermas”, indicó María Luisa Regalado de la CODEMUH. 
Lamentó que en Honduras no exista una información sistemática sobre la salud de las mujeres  y hombres que laboran en las maquilas. “Esto es preocupante porque la mayoría de obreros y obreras presentan por lo menos 5 padecimientos que tienen que ver con el trabajo que desarrollan.   
El horario de horas promedio de trabajo que desempeña una trabajadora de maquila es de 12 horas, durante cuatro días consecutivos, con un descanso de 4 días (sistema al que se le llama 4X4). 
En estas jornadas hay trabajadoras que logran producir a diario en cada operación más de 110  docenas de prendas vestir confeccionadas. “Esto significa que desde que llegamos hasta que salimos solo es trabajo y trabajo. Para comer destinamos poco tiempo y evitamos ir al baño para sacar la meta de producción que se nos pone cada día para sacar un poco más de la salario a la semana”, dijo una obrera de la fábrica Gildan, instalada en Choloma, Cortés.  
María Luisa Regalado, asegura que todo esto se da con la complicidad del Gobierno a través de la Secretaria del Trabajo, y si no se le pone atención en el futuro cercano vamos a tener más de 120 mil trabajadores y trabajadoras con serios problemas en su salud y el Estado no tiene la capacidad de darle la atención a ese tipo de enfermedades que son provocadas por el tipo de trabajo que se desarrolla en la maquila.  
“No estamos en contra de la maquila porque sabemos que alivia el desempleo en Honduras, sin embargo estamos en contra de las condiciones laborales a las que exponen a las clase trabajadora y los salarios de hambre que les pagan. Queremos empleos pero con dignidad”, concluyó.



Defensores de la educación a juicio oral y público


Por: Sandra Rodríguez

El próximo miércoles 24 de mayo, los defensores de la educación pública, laica y gratuita, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla,  deberán comparecer ante el Tribunal de Justicia, acusados desde el año 2015 por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que rectora Julieta Castellanos.
Los universitarios deben cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión de ir a firmar el libro de registro de imputado en los Tribunales de Justicia y no salir del país.
Para llegar al punto de la criminación hay que remontarse al año 2011, cuando un grupo de líderes estudiantiles iniciaron con la idea de organizar las asociaciones de carreras, y el proyecto creció en los siguientes años, que se propagó a los centros universitarios regionales a nivel nacional.
De la liberación a la criminalización
Para ese tiempo, Moisés Cáceres quien estudiaba en la UNAH-Valle de Sula, era uno de los que conocía el proyecto, por lo que se trasladó a la Ciudad Universitaria (UNAH-CU), en Tegucigalpa, para apoyar la creación de las asociaciones. Asimismo, visitó los centros regionales de Santa Rosa de Copán, Olancho, La Ceiba, Comayagua, Bajo Aguan y Juticalpa. Para enero del 2016 ya tenían el 90 por ciento de asociaciones organizadas.
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Doblemente criminalizado, Moisés Cáceres expresó que “las autoridades universitarias nos agarraron como enemigos”.
Por lo que, cuando lo criminalizan como usurpador en las manifestaciones estudiantiles contra las reformas universitarias entre 2014 y 2015, era algo ilógico, porque yo no estaba en un sólo lugar, sino en constante movilización llevando y trayendo información de lo que sucedía en las asociaciones a nivel nacional, mencionó Moisés, mientras tomaba café, en el centro de Tegucigalpa.
Las ideas de cambio ya habían tomado fuerza, los y las estudiantes estaban juntos, hacían un trabajo para mejorar las instalaciones físicas de la UNAH, dotar de equipo y material didáctico, pero las autoridades no lograron ver el bien que hacíamos, lamentó.
Sin embargo, la criminalización no detuvo la fuerza de la juventud universitaria, que ya para el 2014 se anunciaron 16 procesos de expulsiones de líderes y lideresas de la comunidad estudiantil entre ellos Sergio Ulloa y Cesario Padilla, con sanción entre uno y tres periodos académicos.
En medio de la criminalización, Moisés estaba en periodo de práctica profesional en el departamento de Vinculación Universitaria de la UNAH, pero la rectora Julieta Castellanos “me corrió, dijo que personas como yo hacían daño a la organización”; ni siquiera ha podido obtener un empleo, el impacto no sólo es en lo emocional, sino que en lo económico, y ahora que recientemente se convirtió en papá.
En lo que no ha visto inconveniente es que puede seguir compartiendo con los y las estudiantes y en los escenarios sociales posibles la lucha por la educación pública, gratuita y laica, “pero de forma documentada, con argumentos, sistematizada, desde el año 2006”, afirmó.
Por lo que, se podría considerar a Moisés, como uno de los pocos alumnos que tuvo acceso a información de manera directa con los y las estudiantes a nivel nacional, y que eso se lo reconozcan es algo que lo llena de orgullo porque es un trabajo colectivo, puntualizó.
Previo al juicio oral y público en que será el acusado, el sociólogo, espera que se respete el acuerdo de homologación firmado por las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil el 20 de julio pasado, después de dos meses de protestas sociales y 75 nuevos requerimientos fiscales contra universitarios en varios grupos, y fue en el primero que se libró orden de captura contra Cáceres, Ulloa y Padilla, nuevamente por el delito de usurpación, pese a que los tres ya eran egresados y no formaban parte de las manifestaciones. Esto los obligó a aislarse totalmente de sus familias, hasta que se anunció la suspensión del requerimiento de encarcelamiento.
Nadie debería ser señalado por expresar su inconformidad
Sergio Ulloa "desde que se criminaliza a un defensor, no hay justicia"
Sergio Ulloa “no quiero aceptar ese pensamiento único que va en contra de los intereses del pueblo”
Actualmente, Sergio Ulloa está por culminar su año de práctica profesional, estudia Trabajo Social, y debió mudarse al departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras. En varias ocasiones ha sido atacado por elementos policiales y señalado por su activismo en los movimientos estudiantiles.
Considera que la situación del 2015 y  2016 no se puede reducir solo a eso, porque es parte de un acumulado que se había venido teniendo en la Universidad desde 2014 con las expulsiones, y aunque estaba consciente de lo que implica en este país luchar por la defensa de los derechos humanos, no se ha amedrantado.
Para Sergio, la criminalización ha tenido un impacto negativo en el ámbito familiar, sobretodo “con mi papá que ha sido el que me ha apoyando económicamente en mis estudios, de por sí ya hay diferencias ideológicas con él  y todo lo que ha pasado, agudizó esa relación no tan armónica, pero hemos mejorado esa relación”.
En los momentos de persecución hubo mucho conflicto, porque no había aceptación, respeto  y comprensión hacia él, por lo que el mayor daño es el plano emocional y psicológico. La persecución genera tensión, incertidumbre, es pensar ¿qué va a pasar con éso? “emocionalmente estamos jodidos y hay un impacto en nuestra vida, las personas con las que nos relacionamos y los espacios en que nos desenvolvemos”, agregó el universitario.
El problema de la persecución, en su carrera es que las autoridades de turno,-coordinadora y jefa de departamentos- seguían los lineamientos institucionales. Por lo demás no tuvo repercusiones en seguir con su plan de clases, afirmó a través de una comunicación con defensoresenlinea.com, vía redes sociales.
En cuanto al juicio que debe enfrentar pasado mañana, declaró que “No hay justicia, hay que mencionar que los acuerdos que se firmaron el año pasado no abarca el proceso judicial del 2015, porque vamos a juicio donde se pide una condena de tres a seis años, no tenemos garantía de salir bien librados”.
Considera que en el plano universitario, estamos en una universidad donde debería prevalecer la diversidad de pensamiento, diferentes concepciones de nuestra realidad y maneras de ver el mundo; eso es lo que debería ser en un espacio como la Academia.
Pero vivimos en un sistema social capitalista con un modelo económico  neoliberal, donde la UNAH sirve a los intereses de los grupos económicos nacionales e internacionales para mantener su “estatus quo”, mantener sus privilegios y sacarle el mayor provecho, económicamente hablando a la institución como tal.
Entonces, la Universidad pierde su sentido de ser, su naturaleza, ya no hay diversidad de pensamiento y estamos en una institución donde se intenta poner una forma de pensar única, y en caso de ser cuestionada o evidenciada, es señalada, criticada, estigmatizada y criminalizada, declaró Sergio.
Es lo que ha pasado en las diferentes reformas que se han venido dando a lo interno de la UNAH y que se han querido imponer; y esas reformas educativas a nivel superior no han sido de beneficios estudiantiles, docentes y en general contra los intereses del pueblo, entonces surge una voz disidente que dice: “no quiero aceptar ese pensamiento único  que va en contra de los intereses del pueblo”, continuo el trabajador social, entonces la Universidad como tal y  quienes la dirigen, hacen uso de otras instituciones estatales que también están sirviendo a grupos de poder económicos, para poder contrarrestar, intimidar, perseguir, criminalizar a esos estudiantes que no están de acuerdo con la imposición  y el autoritarismo.
Con esta actitud, según Sergio, es el origen de la violación a los derechos inherentes de educación, libertad de expresión, libre emisión del pensamiento, a la protesta, a la organización, privacidad, guardar nuestra propia imagen, una serie de violaciones de ddhh dados dentro de una institución y desde ese momento no hay justicia en ningún momento.
“Aunque salgamos bien librados del juicio que se viene, -no hay justicia- porque en ningún momento ningún estudiante o ciudadano debería ser señalado por simplemente expresar su inconformidad con algo que no estamos de acuerdo, porque no estamos obligados a pensar como las demás personas. Desde el momento en que se criminaliza no hay justicia, porque en este país simplemente no existe”, finalizó Sergio Ulloa, quien en estos días debe poner un alto a su trabajo social para presentarse al juicio oral y público acusado de usurpación.
Criminalizados por defender un suelo que les pertenece
Cesario Padilla “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”
Cesario Padilla “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”
La citación de parte del Tribunal de Sentencia, la encontró bajo la puerta hace unos días, para eso si son puntuales quienes le deben brindar protección, comentó el egresado de la carrera de periodismo Cesario Padilla, quien posee medidas de protección por las constantes amenazas desde que inició un proceso de defensa de la educaban pública en la UNAH, y por el cual también se le criminalizó como usurpador en el 2015 y 2016.
Han sido dos años en que el proceso penal ha seguido su rumbo hasta llegar a juicio oral y público; para las autoridades universitarias y para el Estado seguimos siendo criminales, usurpadores de un suelo que nos pertenece no sólo como estudiantes, sino a la población que aporta con sus impuestos para el desarrollo de la Academia en la Universidad, declaró Padilla, mientras daba cobertura periodísticas a una denuncia en el Ministerio Público (MP), con respecto al caso de la defensora asesinada Berta Cáceres.
Son dos años difíciles en los que ha tenido que cumplir medidas sustitutivas para no ir a la prisión, con ellos comprobar una vez más que “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”, incluso que lo ha limitado a atender invitaciones sobre capacitaciones periodísticas fuera del país, porque es parte de las restricciones.
“Se lo que implica llegar a juicio oral y público, porque los diferentes Tribunales de Justicia, rara vez dan la razón o comprueban de que el derecho a la protesta no puede ser catalogado como delito o criminalizar estudiantes que ejercen el derecho a la protesta es vinculado con otras normativas que establece el Código Penal como la figura de Usurpación”.
A pesar de que hay firmados acuerdos en julio 2016 las autoridades no han mostrado ningún tipo de voluntad política o en el ejercicio de los respetos a los derechos humanos, de resolver esta problemática, incluso ellos en algún momento manifestaron que el acuerdo solo iba abarcar 75 procesos penales, que son los que se dieron en el 2016, pero los estudiantes encargados de las negociaciones se pusieron firmes que eran todos.
Viendo la línea de procesos, Cesario afirmó que “es un seguimiento valiéndose de estructuras como el MP que se presta a ejercer violencia contra estudiantes y otros sectores y actores del movimiento social y popular, ejecutando acciones de criminalización contra campesinos, líderes y lideresas sociales, Gladys Lanza es la más presente que tengo y nunca en estos casos la Fiscalía ha tenido una actitud contraria a las decisiones de quien presenta las acusaciones que por lo general son funcionarios públicos o entes privados con poder dentro del sistema que gobierna”.
Se muestra un escenario nunca antes visto en América Latina, dónde es la misma Casa de Estudios quien expone a la criminalización a sus estudiantes, incluso capturas dentro de su espacio. Situación vivida en épocas anteriores con luchas estudiantiles que en lugar de encontrar diálogos, son atacadas con elementos represores del Estado.
En un afán encontrado de esperanza, Cesario espera que se haga justicia, que les declaren el sobreseimiento definitivo “pero estoy consciente y sé a lo que me enfrento, no desconozco que hay autoridades universitarias interesadas a que llegáramos a estas instancias y que en su momento no presentaron las acciones diligentes para parar el proceso”.
“También hay una desconfianza en el Tribunal de Justicia, porque que no obedece el cumplimiento al respeto a los derechos humanos, un sistema judicial en su conjunto que hace años se desconectó de las reivindicaciones de justicia que hace el movimiento social y popular en general, es complicado decir qué se puede esperar, lo único es que nos queda es estar pendientes del desarrollo del juicio en que se nos condene o absuelva” puntualizó el periodista.
Los tres universitarios han tenido apoyo puntual de docentes, el  Movimiento Amplio Universitario, el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH), y compañeros quienes han estado pendientes de las acciones judiciales. En el casos de las la carrera de periodismo, más bien de allí entregaron perfiles al azar para iniciar procesos de criminalización y por cuestiones del destino solo a uno se le criminalizó, abundó Cesario.
Frutos de la lucha en medio de la judicialización es que hay procesos organizacionales de carreras, la conexión entre centros regionales, ya no son como pequeñas islas.
Asimismo, los procesos judiciales de los estudiantes sirvieron para fortalecer esos lazos de lucha y denuncia a nivel nacional.
También visibilizaron la actitud intolerantes de las autoridades universitarias, que desde el primer momento se mostraron reacias a toda opinión contraria, acabaron con la asociación de docentes, SITRAUNAH y quisieron hacerlo con los estudiantes. Las masivas movilizaciones dentro y fuera de la UNAH, y en los centros regionales catapultaron esas intenciones, al exigir respuesta del por qué había criminalización, y las eternas problemáticas de la universidad como falta de cupos,  pagos por laboratorios y lo que desencadenó la lucha por las normas académicas.
“Después de esto queda marcado un movimiento estudiantil que conoce sus derechos y que no los pide, sino que los exige, en cada instancia en la que pueda insertase la voz dentro o fuera de la comunidad universitaria”, finalizó Cesario Padilla.



CIDH crea nuevas Unidades y anuncia nueva distribución de Relatorías

La CIDH decidió crear tres nuevas Unidades: sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos de Personas Mayores
Buenos Aires, Argentina.
En el marco del 162 Periodo de Sesiones que se celebra en Argentina del 21 al 26 de mayo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó en el día de la fecha una nueva distribución de las relatorías temáticas y de país. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH decidió crear tres nuevas Unidades: sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos de Personas Mayores.
A partir de la fecha, las Relatorías y Unidades Temáticas están a cargo de los siguientes Comisionados y Comisionadas:
* Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Francisco Eguiguren Praeli
* Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes: Luis Ernesto Vargas Silva
* Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Esmeralda Arosemena de Troitiño
* Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad: James L. Cavallaro
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex: Francisco Eguiguren Praeli
* Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Paulo Vannuchi. Esta Unidad se convertirá en Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en julio de este año, cuando la CIDH seleccione a la persona que ocupará el cargo a través del concurso público que está actualmente en proceso.
* Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas Mayores: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas con Discapacidad: Luis Ernesto Vargas

Adicionalmente, la CIDH decidió que la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva estarán a cargo del Mecanismo de Seguimiento a las Medidas Cautelares 409/14, Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” y a las recomendaciones del Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En relación con el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, la CIDH decidió mantener a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño como miembra titular.
Por otra parte, la CIDH decidió la siguiente distribución de Relatorías de País:
* Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli: Argentina, Uruguay, Venezuela
* Comisionada Margarette May Macaulay: Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Estados Unidos, El Salvador, Guyana, San Vicente y las Granadinas
* Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño: Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Santa Lucía, Suriname
* Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez: Colombia, Costa Rica, Granada, Haití, Panamá, San Cristóbal y Nieves
* Comisionado Paulo Vannuchi: Bolivia, Paraguay, Perú
* Comisionado James L. Cavallaro: Belice, Brasil, Canadá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago
* Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva: Barbados, Chile, Guatemala y República Dominicana

El Presidente de la CIDH es el Comisionado Francisco Eguiguren, la Primera Vicepresidenta es la Comisionada Margarette May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta es la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Adicionalmente a esta directiva, integran la CIDH los Comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva, quien participó por primera vez de un Período de Sesiones de la CIDH, tras haber sido electo el 10 de mayo de este año. El Secretario Ejecutivo es Paulo Abrão y la Secretaria Ejecutiva Adjunta es Elizabeth Abi-Mershed. El Relator Especial para la Libertad de Expresión es Edison Lanza.
El Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli es ciudadano de Perú. Fue elegido Comisionado el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, contando con un Magíster en Derecho Constitucional y Doctorado en Humanidades. Fue Embajador del Perú en el Reino de España de 2012 al 2014 y Ministro del Despacho de Justicia. Actualmente es Asesor y Consultor en Derecho tanto a nivel nacional como internacional, especializado en temas de Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos.
La Comisionada Margarette May Macaulay es ciudadana de Jamaica. Fue elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Posee el grado de Licenciatura en Leyes por la Universidad de Londres y actualmente es abogada de práctica privada. Funge como Mediadora en la Suprema Corte de Jamaica y Árbitro Asociado, además de desempeñar el cargo de Notaria Pública. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012, contribuyendo a la formulación de Reglas de Procedimiento de la Corte.
La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño es ciudadana de Panamá. Fue elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas. Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009. Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional.
El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es ciudadano de México. Fue elegido en junio de 2009 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años y re-electo para un segundo período, que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es Doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM y Maestro en Derecho Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, así como Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú y por la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México.
El Comisionado Paulo Vannuchi es ciudadano de Brasil. Fue elegido en junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es consultor político y sindical. Estudió periodismo en la Universidad de San Pablo, con una Maestría en Ciencias Políticas. Fue Secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional de la Campaña Lula Presidente en 1994 y 2002. Fue Presidente del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Esclavo y del Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura en Brasil. Integró el equipo de trabajo que realizó la investigación “Brasil Nunca Más”, fue cofundador del Instituto Cajamar, y asesor político de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil.
El Comisionado James L. Cavallaro es ciudadano de Estados Unidos. Fue elegido en junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California y un doctorado en derechos humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Además es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Fue fundador del Centro de Justicia Global y director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva es ciudadano de Colombia. Fue elegido en mayo de 2017 por el Consejo Permanente de la OEA a fin de llenar la vacante producida por la renuncia, el 9 de marzo de 2017, del Comisionado Enrique Gil Botero, su gestión finaliza el 31 de diciembre de 2019. Es doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, especializado en derecho de familia y doctorando en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza. Fue Magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2017. En 2014 fue designado presidente de la Corte Constitucional.



Argentina: a 48 años del estallido popular que cambió la historiaCarta sobre el Cordobazo de Agustín Tosco

"El saldo de la batalla de Córdoba -El Cordobazo- es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un Pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás", escribió Agustín Tosco en su Carta sobre el Cordobazo que ACTA publica íntegramente.
Martes 29 de mayo de 2012, por Redacción ACTA
 - Equipo de Comunicación de la CTA Nacional

Se me ha pedido que escriba un artículo sobre el Cordobazo. Creo que lo que hay que escribir sobre este hecho de real trascendencia histórica, especialmente para Argentina y América Latina, es un libro. Porque son muchas, variadas y complejas, distantes e inmediatas, las causas que produjeron la circunstancia sociológica - política del Cordobazo.

Durante los meses de prisión en Rawson llené cinco cuadernos sobre el Particular. La transcripción de cuatro hojas en un reportaje de la revista "Inédito", motivó, según difusión pública, que la misma fuera clausurada. Aún así, con el tiempo, ese trabajo ha de aparecer, sin la pretensión de ser una visión totalmente objetiva, pero si al menos una interpretación personal sobre la base de la militancia sindical y de las propias posiciones adoptadas por nuestro gremio el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de la CGT, el conjunto de gremios encabezados por SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotriz) y el permanente contacto con las agrupaciones estudiantiles, tanto de la Universidad Nacional como de la universidad Católica. Asimismo con los Sacerdotes del Tercer Mundo y distintas personas de los grupos profesionales y políticos.

Con esta previa aclaración y en el entendimiento de contribuir en modesto alcance a la reafirmación de las reivindicaciones populares, redacto estas líneas ligadas a este acontecimiento fundamental de las clases populares sucedido el 29 y 30 de Mayo de 1969.

¿Por qué se ha producido el Cordobazo?

Esta es una pregunta que no por repetida, deja de plantearse y de promover la investigación, la imaginación y particularmente el interés de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador, hasta el sociólogo desentrañador de los fenómenos sociales, o de los políticos desde conservadores hasta revolucionarios.

En el penal de Rawson nos visitaron a los trece condenados que procedíamos de Córdoba, una Comisión de Solidaridad, compuesta por Compañeros de distintos gremios de esa ciudad, de Trelew y de otras localidades de la Provincia de Chubut. Nos preguntaron qué necesitábamos para nuestra salud, desde alimentos hasta indumentaria.


Respondimos que necesitábamos solidaridad militante. Pronunciamientos. Lucha contra la Dictadura. Les hablamos de nuestros trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacrificios. Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de Córdoba surgían desde el centro de la tierra impulsadas y encendidas por nuestra juventud estudiosa y trabajadora y que jamás se apagarían porque se nutren de la vida y de los ideales de un pueblo rebelado contra la opresión que se ejercía sobre él y estaba dispuesto a romperla, pasara el tiempo que pasara. Dijimos la verdad, la verdad de todo lo que queríamos. Los trece condenados de Rawson éramos de extracción, situación y condición heterogénea. Pero todos coincidíamos. No exagero al manifestar que varios de los miembros de la Comisión de Solidaridad y ellos están para testimoniarlo, sintieron correr lágrimas sobre sus mejillas. Al fin y en esta tensa conversación, plantearon la pregunta: ¿Por qué se ha producido el Cordobazo? Respondimos, con lo que creo es la esencia de la respuesta a tanto interrogante y a tantas elucubraciones que andan dando vuelta como conclusiones: el Cordobazo es la expresión militante, del más alto nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo, en relación a que se encuentra oprimido y a que quiere liberarse para construir una vida mejor, porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se benefician con su postergación y su frustración de todos los días.


¿Y por qué Córdoba precisamente? Por que Córdoba no fue engañada por la denominada Revolución Argentina. Córdoba no vivió la "expectativa esperanzada" de otras ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes de modernización y de transformación que prometió Onganía, Martínez Paz, Salimei y Ferrer Deheza y luego Borda, Krieger Vasena y Caballero. La toma de conciencia de Córdoba, de carácter progresivo pero elocuente, es bastante anterior al régimen de Onganía. Pero se expresa con mayor fuerza a partir de julio de 1966.


La reivindicación de los derechos humanos, proceda de donde proceda, en particular de las Encíclicas Papales desde Juan XXIII, encuentran en nosotros una extraordinaria receptividad y así se divulgan especialmente en la juventud y en los Sindicatos. Si hay receptividad es que hay comprensión, y la comprensión deriva en entusiasmo, en fe y en disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso al sacrificio para consumar los ideales que ya tienen vigencia en el ámbito universal.


Para reducir la cuestión a sus aspectos más cercanos, las grandes luchas previas al Cordobazo amanecen antes de los dos meses de la usurpación del poder por parte de Onganía. Y éstas, tanto como las que posteriormente se plantearon ya que siguen en vigencia, bajo distintas características, obedecen a la toma de conciencia de la necesidad de liberación que es el patrimonio principal de Córdoba dentro del panorama nacional.

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Los principales e inmediatos antecedentes

A mediados del mes de Agosto de 1966 nuestra Organización Sindical emitió una Declaración en carácter de "Solicitada" cuyo título fue: "Signos negativos". Fue !a primera posición sindical en Córdoba contra la serie de medidas de neto corte represivo que implantaba la Dictadura. Esa declaración tuvo amplia repercusión, no sólo local sino nacional y podríamos decir que prácticamente inauguró la posición rebelde contra la política de Onganía y su equipo.

La muerte de Santiago Pampillón a manos del aparato represivo, puso en evidencia la histórica resistencia estudiantil. Nadie podrá olvidar las luchas y manifestaciones de protesta de todas las agrupaciones, las huelgas de hambre y el propio paro de una hora del movimiento obrero cordobés en solidaridad con los compañeros universitarios. Tuve el honor de integrar una Delegación Sindical de la CGT de Córdoba que acudió a Mendoza al sepelio de Santiago Pampillón. Allí discutimos los cordobeses con Gerónimo Izzeta que se encontraba casualmente y le increpamos la pasividad de la CGT Nacional. Al mismo tiempo que se manifestaba el ascenso del espíritu de lucha de las bases sindicales y estudiantiles contra el régimen, los jerarcas del sindicalismo nacional iban justificando —en actitudes— su posterior proclamación a todos los vientos de la "filosofía participacionista".


Tanto como la represión crecía también la resistencia aumentaba. Una manifestación incidental revelaba las distintas formas del repudio al régimen y a sus cómplices. En Córdoba circuló profusamente una hoja impresa que reproducía a Francisco Prado, participando del Festival del Folklore en Cosquin Enero de 1967 -mientras era avasallado el Sindicato de Portuarios, despedazado su convenio colectivo de trabajo y despedidos sus dirigentes y militantes más esforzados. Prado era Secretario General de la CGT Nacional. Esas hojas circularon por todo Córdoba y la gente evidenciaba su condena ante la claudicante actitud.


En el mismo mes de febrero de 1967 y en función del Paro Nacional resuelto para el primero de Marzo de dicho año, en esta ciudad se realizaron grandes manifestaciones obreras.

El diario ’"Córdoba" reprodujo varias fotografías de los actos y una en particular de la represión, donde constó mi detención junto con varios compañeros de la columna de Luz y Fuerza. Fue un plan de lucha de alcance nacional, frustrado por el incipiente participacionismo y dialoguismo que terminó una vez más confiando, según expresiones del propio Francisco Prado, en el nuevo ministro Krieger Vasena, porque según él: "Habría cambiado y su gestión podría ser útil a los trabajadores". Pese a esto, la posición de casi todos los sectores populares, especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la lucha.

Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de Febrero de 1967, por su carácter premonitorio del "Cordobazo". Decía así: "La historia grande ¡está jalonada de hitos como el que ayer fuera protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que desbordaron los lindes habituales y se prolongaron luego en los grafismos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el ánimo de los millares de protagonistas y espectadores que vivieron las secuencias del plan de acción desplegado por la CGT y gremios confederados de Córdoba. Fue una jornada lúcida y comprometida que nos acerca un poco más a la definición crucial que forzosamente tiene que producirse por imperio de la situación a que ha sido arrastrado el pueblo argentino, y sobre la que los trabajadores tenemos adoptada una posición clara, concreta e irreductible".


La represión que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la desastrosa conducción de la CGT Nacional produjo un notorio vacio que estuvo signado fundamentalmente por la oposición cada vez más abierta entre las bases sindicales y dirigentes vinculados a ellas y el participacionismo entreguista anidado en la sede de Azopardo en la Capital Federal.

Las bases demandaban un nuevo Plan de Acción. En Tucumán el ataque a los derechos de los trabajadores iba en aumento. En octubre de 1967 la Delegación de Córdoba en el Congreso de la Federación de Luz y Fuerza reclamaba ese Plan de Acción, inspirada en las propias demandas vigentes en nuestra ciudad y denunciaba los hechos más alarmantes que estaban sucediendo.
La preocupación de los dirigentes nacionales se centraba exclusivamente en normalizar la CGT en ese entonces en manos de la Comisión Delegada. ¿De qué teníamos los cordobeses clara conciencia a fines de 1967?

¿Cuál era nuestra denuncia? ¿Cuál era nuestra posición?

En apretada síntesis expresábamos: Bajo el lema de modernización y transformación el gobierno planteó un plan económico, cuya base filosófico-política se asentó aparentemente en el más ortodoxo y crudo liberalismo, en la resurrección del "dejar hacer, dejar pasar", en la vigencia de un libre empresismo a ultranza, que provocaría la estabilidad y la multiplicación de los bienes económicos del país. Sin embargo esta declamada libertad económica no es sino un esquema destinado sustancialmente a someter al país integrándolo a la crisis del sistema capitalista monopolista como elemento compensador del deterioro cada vez más pronunciado del mismo.
Más adelante señalábamos: "Ya desde hace tiempo en todas las naciones del mundo ha concluido la etapa del liberalismo que aquí se pregona. Las potencias industriales practican un crudo dirigismo económico; en el sistema interno protegiendo su mercado productor e incluso consumidor por vía de las barreras aduaneras y otros dispositivos complementarios; en el aspecto externo creando organismos internacionales supeditados a ellas que imponen la política de la libre penetración y de la libre explotación de los pueblos subdesarrollados por los monopolios que actúan desde las grandes metrópolis. Esta libertad económica impuesta y dirigida desde afuera, especialmente desde las concentraciones monopolistas norteamericanas a la par de favorecer desmesuradamente a las mismas y a su país de origen, provocan en Argentina la agudización de la crisis y la profundización de los efectos recesivos’.

En los pronunciamientos sobre los aspectos económicos se concluía: "Lo que se pretende realmente es quebrar a la industria nacional y dejar el mercado de consumo a merced de los monopolios. Así lo ha expresado genéricamente la Confederación de la Industria al referirse que esta política de transferencia formales y reales es en el más benigno de los juicios, un mal signo. En lo que hace a las empresas del Estado la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Sociedades Anónimas, confirma crudamente la programática oficial de entrega del patrimonio estatal y de la conducción básica y fundamental de la economía a los intereses extranjeros. Nadie duda ya que el plan trazado es contrario a un auténtico desarrollo, atenta contra el nivel de vida de la población, sirve a los grupos de la reacción y del privilegio, compromete el porvenir del país y lesiona la soberanía nacional".


En las cuestiones sociales se denunciaba "el aumento de todos los precios de los artículos de uso y de consumo, agotando la capacidad adquisitiva de las remuneraciones. El incremento de la desocupación. La paralización de la Comisión del Salario Vital, Mínimo y Móvil. La imposición del arbitraje obligatorio para los diferendos laborales. La ley de represión de los conflictos sindicales. La intervención a Sindicatos, el retiro o suspensión de personerías gremiales. La eliminación o restricción de las representaciones sindicales en la Empresa del Estado, incluidos los organismos de previsión social. La violación de los contratos colectivos de trabajo. La ley de congelación de salarios. La modificación de la ley de indemnizaciones por despido. El aumento de la edad para acogerse a la jubilación y la eliminación de las compensaciones por años de servicio".


Como últimos detalles de las denuncias contra la reaccionaria política que se llevaba adelante se señalaba: "Simultáneamente el Gobierno pretende tener un consenso tácito de la opinión pública, pero no abre vías de ninguna naturaleza para probar con la expresión del pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica tamaño despropósito con la supuestamente perjudicial posibilidad de enfrentar a un debate político al país. Con la lógica perseverancia de sus propósitos retrógrados el Gobierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a toda la población a partir de los 14 años de edad, bajo el pretexto de asegurar el frente interno, pero con la finalidad de reprimir toda legitima defensa de los intereses económicos, sociales y políticos de los trabajadores. Más adelante dicta la denominada ley de represión al comunismo, que engloba a todas las personas o instituciones que protesten o lleven adelante una acción para proteger sus derechos. Supera el cuadro represivo macartista dejando al Servicio de Informaciones del Estado la calificación de toda persona que tenga "motivaciones ideológicas comunistas", añadiendo un régimen punitivo que llega hasta los nueve años de prisión. Intervienen las Universidades Nacionales, anula la participación de la juventud estudiosa argentina en la vida de las mismas, proyecta una reglamentación limitacionista y disuelve los Centros de Organización Estudiantiles. Viola el secreto de la correspondencia cual modernos inquisidores celosos de toda opinión adversa a la dogmática oficial. En el ámbito internacional propuso, felizmente rechazada, la institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa, cual moderno gendarme de los Pueblos de América Latina que bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos en el subdesarrollo, en el estancamiento y en la dependencia neocolonial".


Allí se realizaron denuncias que si bien eran conocidas por todos, no todos la realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo general las que sustentaban estos planteamientos en todos los ámbitos.

En Córdoba se expresó poco tiempo después una resolución de la CGT local que declaró persona no grata al Presidente Onganía, y eso trasuntaba el creciente desafío al régimen autocrático, no cuestionado a nivel masivo con tanto vigor como se daba en Córdoba.
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La rebelión de las bases sindicales

La Comisión Delegada de la CGT Nacional, intentó por todos los medios la construcción de un Congreso adicto a las teorías del participacionismo. Que era hacerse eco de toda la política del Gobierno y lograr la participación en el proceso. Una renuncia clara a las reivindicaciones obreras y populares que merecía una repulsa general.
El "dirigentismo" de los jerarcas de las organizaciones nacionales, luego de prolijos cortejos de delegados, al estilo de los viejos comités de la política criolla de la Década Infame, resolvió la convocatoria a un Congreso Nacional para la normalización de la Confederación General del Trabajo.

Llegó a tanto la podredumbre de los dirigentes participacionistas, que sostenían que en ese Congreso no podían participar las Organizaciones que estaban intervenidas, entre ellas la de más caudal de afiliados o sea la Unión Ferroviaria, además de los trabajadores portuarios, de prensa, químicos, del azúcar, etc.. Querían hacer un Congreso con los que habían tolerado la Dictadura y sancionar a su vez con tal exclusión a los que habían luchado, habían sido intervenidos y eran perseguidos por los violadores de todos los derechos sindicales.


Todos quienes continuaban fíeles a los principios sindicales, incluso los sindicatos intervenidos designaron delegados a tal Congreso, comprometiendo a quienes estaban con la Dictadura a que en el propio Congreso los inhibieran de actuar. El 28, 29 y 30 de Marzo comenzó el Congreso. Los dirigentes que coincidían con Onganía, no tuvieron el valor de acudir a impugnar a quienes.querían excluir desde la? bambalinas. El Congreso se realizó con todas las organizaciones combativas, incluidas las intervenidas, y con poco más de la mitad de los delegados suficientes para el quórum se proclamó la lucha contra la Dictadura y el desconocimiento a todos lo jerarcas del participacionismo. De allí nació lo que fue denominada CGT de los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.


Las bases sindicales repudiaban toda la política de conciliación vergonzosa y una ola de manifestaciones, de actos, todos organizados por los sindicatos de la CGT de los Argentinos, cubrió una verdadera celebración del 1° de Mayo de 1968.


En Córdoba más de cinco mil personas concurrieron al local del Córdoba Sport Club, en el que juntamente con Ongaro hice uso de la palabra denunciando una vez más, ratificando lo que veníamos señalando desde 1966, que la Dictadura hundía al país.


El 28 de Junio de ese mismo año la CGT de Córdoba programó un acto frente al local de la misma, en repudio al Segundo Aniversario de la Dictadura. La represión, como lo hacia repetidas veces descargó todo su aparato y se contabilizaron trescientos veintidós presos entre los manifestantes. El movimiento obrero, el estudiantado, los sectores populares pugnaban por expresar su protesta en la calle y sucesivamente eran reprimidos. Pero no descansábamos. Algunos ya sostenían que no era posible programar actos, ya que la Policía no los permitía y que la gente se cansaba. La mayoría sostuvo que no. No queríamos dejar de lado nuestro derecho a expresamos, a protestar, a exigir soluciones. Una y otra vez nos disolvían encarcelando a trabajadores y estudiantes.


En Septiembre de 1968, la CGT y el Frente Estudiantil en Lucha programó una semana de Protesta en recordación de los Mártires Populares, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago Pampillón. Ya el Gobernador Caballero, que había suplantado a Ferrer Deheza, lanzaba la constitución de un Consejo Asesor, como forma perfeccionada del participacionismo como experiencia piloto para todo el país.


La Semana de los Mártires Populares fue violentamente reprimida. Cayó baleado el joven estudiante Aravena, que hoy aún se encuentra impedido físicamente en forma total, como producto de aquel alevoso ataque. Los actos fueron disueltos. Se atacó a una manifestación encabezada por dirigentes sindicales, estudiantiles y Sacerdotes del Tercer Mundo, que provenían de una Misa por Santiago Pampillón. Se disolvieron los actos frente a la CGT. Se encarcelaron a varios militantes y representantes sindicales y estudiantiles que estuvieron casi un mes en Encausados.


A fines del mismo 1968, la CGT organizó otro acto que fue igualmente reprimido. Todos sentíamos una real indignación y la condena al régimen tomaba ribetes de furia. Nada era posible hacer. La represión se manifestaba en todo momento. El gobierno seguía su propaganda para el Consejo Asesor. La Federación de Luz y Fuerza suspendía a nuestro sindicato por estar adherido a la CGT de los Argentinos.

Los jerarcas sindicales habían realizado su propio Congreso, pero no tenían ninguna vigencia en las bases. En Córdoba eran abiertamente repudiados por la Clase Trabajadora. Mientras en todos los órdenes la política de Onganía seguía consolidándose en el sentido de la fuerza y la opresión.

Mientras por otra parte, en el Pueblo crecía la rebelión contra tanto estado de injusticia, de desconocimiento de los Derechos Humanos. A fines de 1968, se cumplió el 20° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luz y Fuerza realizó algunas conferencias sobre el particular. Qué cotejo más dramático se realizaba entre el contenido de esta declaración que coronó el final de la segunda guerra mundial y el régimen que imperaba en Argentina. Parecía que tantos sacrificios, tantas vidas, por el respeto a los derechos del hombre, hubieran sido inútiles.
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1969: el año del Cordobazo

Hemos reseñado los males del régimen a escala nacional y hemos particularizado las posiciones de Córdoba por ser las más relevantes contra la Dictadura en el orden nacional.
Ya también Hilda Guerrero de Molina, mártir obrera de Tucumán engrosaba las filas de quienes habían caído defendiendo sus ideales, enfrentando al régimen de Onganía.

El régimen comunitario era publicitado desde todos los ángulos del equipo gobernante. Córdoba se había convertido en la experiencia piloto y el Dr. Caballero había constituido su Consejo Asesor que sería convalidado con bombos v platillos en la Reunión de Gobernadores de Alta Gracia. Allí llegó Onganía en el mismo automóvil y en la misma posición ideológica y con los mismos propósitos de Caballero.


Antes habíamos redactado un importante documento. Un documento que se denominaba Declaración de Córdoba y que se dio a publicidad el 21 de Marzo de 1969. Dos meses y días antes del Cordobazo.

En el reseñábamos lo problemas principales de orden local que sumados a los de orden nacional y en función a la toma de conciencia del pueblo de Córdoba sobre la validez de sus derechos, podríamos decir que encuadraron la heroica reacción popular del Cordobazo.

En la introducción se decía; "Nuestra Provincia soporta un descalabro gubernativo, una manifiesta inoperancia en los más altos niveles jerárquicos oficiales, una ineptitud generalizada en la conducción de la cosa pública. Paralelamente a esta ineficacia se destaca un oscuro y torpe manejo de los instrumentos del poder, para favorecer a los círculos del privilegio económico y financiero, para exaccionar los modestos recursos monetarios de la población, para burlar la auténtica representatividad popular mediante el fraude neocorporativista, para manipular desvergonzadamente a algunos miembros de la justicia,intentando abiertamente ponerlos al servicio de la tolerancia cómplice hacia el crimen de algún conspicuo allegado al régimen".


No se recuerda que nuestra provincia haya soportado tamañas iniquidades públicas. Nunca el pueblo cordobés contempló, un ejercicio sensual del poder usurpado con la impunidad que se manifiesta, y con el visto bueno de un Poder Central que en muchos casos lo pone como ejemplo de experiencia a proyectarse en toda la nación.


Esta situación insoportable en todos los órdenes, obliga a la clase trabajadora cordobesa a repudiar públicamente al gobierno local, a corresponsabilizar a la Dictadura de Ongania de todos sus actos y a actuar cada vez más unida y enérgicamente para lograrla instauración del ejercicio pleno de los derechos y garantías que pertenecen inalienablemente a los trabajadores y ciudadanos, y a la práctica de la función gubernativa en un plano de dignidad y de real interpretación de las aspiraciones del Pueblo". Señalábamos y no lo hacíamos nosotros por una elucubración al margen de las posiciones populares, sino como una expresión auténtica que palpitaba en toda la población que: "Consejo Asesor: Durante bastante tiempo el Gobierno de Córdoba trabajó intensa y solapadamente, para implementar el denominado Consejo Asesor Económico Social. Sus fundamentos se basaron en el supuesto interés por consultar sectores representativos de la comunidad y darles participación en el análisis y programa de los actos gubernativos".


Luego se indicaba: "Asimismo se pretende remedar el engendro del Consejo Asesor, con los Consejos Económico-Sociales de vigencia positiva en algunos países del mundo estructurados políticamente sobre la base de la voluntad soberana del Pueblo".


Y por último, luego de otras consideraciones: "El Consejo Asesor procura la domesticación de la sociedad,su estratificación definitiva y si hoy se viste con los ropajes de una aparente inocencia, con el tiempo todos deberán lamentar su consolidación como aparato de poder omnipotente, sin apelaciones, en el que se fundamentará y basará el régimen para implantar un sistema de vida repudiado por la historia y con el cual se identificó con su saludo romano el otrora joven camisa negra, hoy Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero."


Sobre el caso Valinotto, se señalaba, "la opinión pública cordobesa y también la nacional observan con estupor como un Juez de Córdoba, dispuso la libertad de un criminal basándose en el testimonio, denominado "de abono" del Ministro de Gobierno, Dr. Luis E. Martínez Golletti, y del Vocal del Superior Tribunal de Justicia Dr. Pedro Angel Spina".


Y culminaba el análisis sobre este tema: "El Sr. Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero, ante la renuncia verbal de su Ministro de Gobierno, Dr. Martínez Golletti, resolvió, rechazarla ratificándole su confianza".

Sobre los impuestos de orden local recalcábamos: "Los centros vecinales de Córdoba, integrados en su mayoría por trabajadores, han denunciado el asalto fiscal de que son objeto, han protestado, han señalado la ilegalidad de las medidas tributarias, pero el gobierno ha permanecido incólume, ofreciendo una transitoria y demagógica rebaja que no altera la situación de fondo y que ha determinado la resistencia al pago, como único camino para hacerse escuchar, aunque el gobierno sigue y seguirá sordo a los reclamos del pueblo, embebido en su absolutismo y cegado por su tortuoso designio político.

Sobre los problemas laborales se daba el caso de las "quitas zonales" que afectaba fundamentalmente al gremio metalúrgico. La anulación de la Ley del Sábado Inglés, que había sancionado en el año 1932 y que rebajaba en un 9,1 °/o los salarios mensuales de los trabajadores. El Departamento Provincial de Trabajo resultaba totalmente inoperante. Se distinguía que "Córdoba es, a no dudarlo, el paraíso de los recibos en blanco, que sirven para robar de los ya magros salarios de los trabajadores, partes sustanciales y crear la inseguridad en la permanencia de su empleo". Por otra parte se dispuso el cierre de una serie de escuelas nocturnas de capacitación a la que concurrían los trabajadores, con el fundamento de que se habían agotado las instancias para que los mencionados establecimientos pasaran a formar parte del organigrama secundario provincial.


Las tropelías de la denominada "Brigada Fantasma", también enardecieron al pueblo de Córdoba. Decíamos sobre el particular: "Todo el país conoce ya el increíble episodio de la "Brigada Fantasma", denominada así por sus oscuras andanzas no en resguardo de la seguridad pública, sino atentando contra la misma. Intimidando a gente inocente, persiguiendo a supuestos delincuentes y extorsionando a los detenidos". Se concluía sobre este punto: También el episodio de la "Brigada Fantasma", por más que se haya dispuesto su disolución y la detención de los "policías" que la integraban, no fue descubierta por la preocupación o la diligencia de los funcionarios del gob
ierno. Se conoció y se investigó por las denuncias periodísticas que constituye hoy el único medio que tiene el Pueblo para defenderse de alguna manera de los atropellos a que es sometido por un Gobierno, que inexorablemente "será juzgado como el más nefasto para los derechos de toda la población de Córdoba". Para no extenderse más sobre este extenso documente señalaré una frase mas: "Una ínfima minoría, los dedos de una mano sobran para contarlos, de "dirigentes" sindicales, apoya el régimen cordobés. No es así sin embargo en el orden nacional.

La asistencia de más de cuarenta jerarcas gremiales a una entrevista con Onganía ha demostrado que el espíritu de lucha de los trabajadores y del pueblo, tienen un fuerte contingente de desertores, sumados a la programática del régimen: política de sometimiento económico, de opresión social, de oscurantismo cultural y de mordaza cívica, sojuzgando a todos los argentinos que quieren un país en el cual se operen fundamentales transformaciones que posibiliten un inmediato porvenir donde impere la justicia social; donde se produzca la independencia económica, liberando a la patria de la penetración y dominio monopolice e imperialista; donde se materialice la soberanía política sobre la base de la libre voluntad popular y donde la democracia integral se practique sin ningún tipo de proscripciones e inhabilitaciones para todos los argentinos".


Cubríamos el final exhortando a la unidad, a la acción común reinvindicativa, de todas las Organizaciones Sindicales para la prosecución de la lucha en defensa de nuestros derechos.


Estalla la caldera

Los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 1° de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencia de empresas, respectivamente. Los obreros mecánicos realizan una Asamblea y a la salida al ser reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de Mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sin número de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y de los centros vecinales se suman. Se paraliza totalmente la ciudad el día 16 de Mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El Gobierno reprime.

En otros lugares del país, estallan conflictos estudiantiles por las privatizaciones de los comedores universitarios. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral y ese hecho tiene honda repercusión en toda la población de Córdoba. Se dispone el cierre de la Universidad. Todas las agrupaciones estudiantiles protestan y preparan actos y manifestaciones. Se trabaja de común acuerdo con la CGT.


El día 18, es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Realizamos con los estudiantes y los Sacerdotes del Tercer Mundo una marcha de silencio en homenaje a los caídos.

El día 20 de Mayo, fui detenido e incomunicado en el Departamento de Policía "en averiguación de antecedentes". Recupero la libertad al día siguiente. El día 21, se concreta un paro general de estudiantes. Una serie de comunicados del movimiento obrero lo apoyan. En Rosario cae una víctima más. El estudiante y aprendiz de metalúrgico Norberto Blanco, es asesinado en Rosario. Se instalan Consejos de Guerra.
El día 22 de Mayo, los estudiantes de la Universidad Católica se declaran en estado de asamblea y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El día 23 de Mayo, es ocupado el Barrio Clínicas por los Estudiantes. Es gravemente herido el estudiante Héctor Crusta de un balazo por la Policía. Se producen fogatas y choques. La Policía es contundente, y los choques se hacen cada vez más graves.
El día 25 de Mayo, hablo en la Universidad Católica de Córdoba y hago una severa crítica y condena a los sangrientos atropellos de la Policía y de los arbitrarios procedimientos del Consejo de Guerra en Rosario.
El día 26 de Mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de los dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas del 29 de Mayo y con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de ambas CGT.

Todo se prepara para el gran paro. La indignación es pública, notoria y elocuente en todos los estratos de ]a población.

No hay espontaneísmo. Ni improvisación. Ni grupos extraños a las resoluciones adoptadas. Los Sindicatos organizan y los estudiantes también. Se fijan los lugares de concentración. Como se realizaran las marchas. La gran concentración se llevara adelante, frente al local de la CGT en la calle Vélez Sársfieid 137.

Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad en los días previos. Se suceden las Asambleas de los Sindicatos y de los Estudiantes que apoyan el paro y la protesta. El día 29 de Mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas antes de las 11 horas. A esa hora el Gobierno dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores de Luz y Fuerza de la Administración Central, pretenden organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y son atacados con bombas de gases. Es una vez más la represión en marcha. La represión indiscriminada. La prohibición violenta del derecho de reunión, de expresión, de protesta.


Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de la industria automotriz van llegando a la ciudad. Son todas atacadas y se intenta dispersarlas.

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El comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente. Corre la noticia de la muerte de un compañero, era Máximo Mena del Sindicato de Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el Pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles, que luchan enardecidas. Todos ayudan. El apoyo total de toda la población se da tanto en el centro como en los barrios.


Es la toma de conciencia de todos evidenciándose en las calles contra tantas prohibiciones que se plantearon. Nada de tutelas, ni de los usurpadores del poder, ni de los cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba -El Cordobazo- es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un Pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás.


En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares ya no se apagará Jamás.


En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que se convierten en poco menos de siete meses, por la continuidad de esa acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su Compañero y su Hermano.

Agustín Tosco


Cordobazo

Por Rodolfo Walsh*

Trabajadores metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas.

Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de Mayo.
Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sin números de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman.

Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la Universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT.

El día 18 es asesinado en Rosario, el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El 23 de Mayo es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil.

El 26 de Mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades de 37 horas a partir de las 11 horas, para el 29 de Mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.

Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos.

El 29 de Mayo amanece tenso. Los trabajadores de luz y fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y Gral. Paz. Una vez más la represión está marcha.

Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.

Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.

Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población.
Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas.

El saldo de la batalla de Córdoba, "El Cordobazo", es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás.
En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo..."

* Extraído de “Periódico de la CGT de los Argentinos”. Colección Completa. Números 1 al 55. Mayo 1968 – Febrero 1970. www.cgtargentinos.org
Tomado del Blog El Ortiva



Una rebelión popular
Lunes 29 de mayo de 2017, por Juan Carlos Giuliani *
El "Cordobazo" fue una rebelión popular. Como el 17 de octubre de 1945. Como el 19 y 20 de diciembre de 2001. Un acto de legítima defensa ante los atropellos del poder, el retiro del sábado inglés, la represión generalizada. Una acción de masas que, de espontánea no tuvo nada. Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres y otros dirigentes sindicales -algunos conocidos y muchos anónimos- lideran una gesta histórica que terminaría por eyectar del poder al dictador Onganía. Tiempo después, otras puebladas incendian la Patria.


* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
El 29 de mayo de 1969 -el día que el pueblo reventó de bronca- se selló la unidad obrero-estudiantil, que volvería a ganar las calles para ensanchar la cancha donde se jugaba la resistencia al régimen dos años después -el 15 de marzo de 1971- con el "Viborazo".
El "Cordobazo" fue una insurrección popular, un hecho revolucionario que marcaría a fuego a la clase trabajadora argentina. Un fenómeno de rebeldía colectiva que se inscribe en el proceso de lucha popular iniciado en 1955, cuando la "Revolución Fusiladora" derroca al gobierno de Perón y la clase obrera es proscripta social y políticamente. Esta proscripción fue respondida por los trabajadores a través de múltiples instrumentos de lucha: Desde las huelgas, el trabajo a desgano y las tomas de fábricas, hasta los sabotajes con los "caños" heroicos de la resistencia.
El "Cordobazo" no es un hecho aislado. Se corresponde con un momento histórico de ascenso de los niveles de conciencia y organización del pueblo. La protesta callejera en Córdoba se produce luego de otras rebeliones que van jaqueando al gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, como lo fueron el "Correntinazo" y el primer "Rosariazo".
En ese tiempo convulsionado el pueblo soporta la dictadura de las botas y los monopolios. La nueva interrupción del orden institucional clausura los canales de participación a los trabajadores y a una juventud hambrienta por expresarse políticamente.
El gobierno se asienta en las ballonetas. Es tiempo de piedra y barricada, de caño y fusil. Explota la furia que viene de la larga Resistencia Peronista. La Revolución Cubana es la luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia dejan una estela de compromiso en el firmamento de Latinoamérica.
En ese entonces a los que no militaban se los miraba como sapo de otro pozo. Obturados los caminos institucionales por el accionar de la oligarquía a través de las Fuerzas Armadas que una y otra vez usurparían la soberanía popular, buena parte de la juventud optará por la militancia resistente y el camino de la lucha armada. En ese contexto, no es casual que exactamente un año después del "Cordobazo", el 29 de mayo de 1970, irrumpa públicamente Montoneros con el "Aramburazo".
En los ’60 y los ’70 se naturalizó la violencia como una metología apropiada para restituir la soberanía en manos del pueblo. El encuadramiento en la militancia revolucionaria fue un fenómeno masivo. Se compartía un proyecto colectivo de Nación que terminó ahogado en sangre y fuego por el terrorismo de Estado.
Los genocidas borraron cualquier perspectiva de redención social. Hubo que masacrar a 30 mil militantes para aniquilar el Estado de bienestar e implantar el modelo neoliberal.
El terror se metió en lo más profundo de la sociedad. Se abandonaron los proyectos comunes. Se sobrevivió en el individualismo del sálvese quien pueda.
El nuevo rostro del capitalismo provocó una hemorragia de desplazados del sistema de producción y consumo. Masas de desheredados que perdieron el trabajo, la educación, la salud, la familia, la esperanza.
A la violencia libertaria, sofocada por la tiranía oligárquico-militar, le sucedió la violencia de la sobrevivencia.
El desprecio por la vida del otro se generalizó en el desmadre. La degradación provocada por la brutal desigualdad social es el caldo de cultivo de la violencia urbana, amplificada hasta el infinito por los medios de comunicación del régimen que se regodean exhibiendo la fragmentación, la insolidaridad, el naufragio colectivo.
El crimen organizado es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia tutelada por el Imperio.
La violencia doméstica anida en una sociedad enferma, infectada por la ideología dominante. La desaparición de Jorge Julio López y los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y tantos otros militantes populares confirma, por si hacía falta, la existencia de nichos intocables de la estructura represiva de la dictadura en las fuerzas de seguridad y la cloaca de los servicios, grupos envalentonados por la cobertura institucional que le prestan la ideología del Macrismo e instrumentos tales como la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y el Protocolo Antipiquetes.
La justicia social es el único camino para que no haya más pibes chorros ni ladrones de guantes blancos. Para que deje de haber una justicia para ricos y otra para pobres. Para que se construyan más viviendas, escuelas y hospitales y menos cárceles. Para desterrar la impunidad y el desamparo.
A 48 años del "Cordobazo", a casi 34 años de la recuperación de esta democracia colonial, que mantiene -como en tiempos de la dictadura- un 30 por ciento de pobres, los pibes perseguidos y con hambre, y una deuda pública sideral; que aquí y ahora enarbola desde la cima del Gobierno sus banderas neoliberales, anti-populares y anti-obreras, es estratégico construir una nueva mayoría que encarne un Proyecto de Emancipación, haga caso omiso de los discursos posibilistas, ignore los atajos dictados por el oportunismo político, y se vuelva a plantear como norte el Bien Común: La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.


Conadu Historica

1969 – 29 de Mayo – 2017: A 48 años del Cordobazo

A 48 años de las gloriosas gestas obrero-estudiantiles que dieron origen al Cordobazo, desde CONADU HISTÓRICA rendimos homenaje a la enorme rebelión popular que se alzó contra las injusticias y opresiones de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Fue la clase trabajadora, hombres y mujeres de la mano de líderes sindicales como Agustín Tosco (Luz y Fuerza), Atilio López (UTA), Elpidio Torres y René Salamanca (SMATA), entre tantos otros, la que inundó las calles en columnas organizadas que partían desde las fábricas y de los distintos puestos de trabajo. Fue el enorme protagonismo del movimiento estudiantil universitario, sensibilizado por el asesinato de Juanjo Cabral en la represión policial en el puente correntino aquel 15 de mayo del ‘69 cuando marchaban junto a los docentes en protesta contra la privatización del comedor universitario de la UNNE, y que derivó en el Correntinazo. Fueron también las y los estudiantes que marcharon con trabajadores en lucha cuando asesinaron a los jóvenes Adolfo Bello (universitario) y a Luis Blanco (metalúrgico) y que explotó en el Rosariazo. Y así en tantas manifestaciones populares que precedieron al Cordobazo, cuyo saldo trágico fueron decenas de muertos y centenares de heridos, pero que pusieron en el lugar más alto de la historia argentina y latinoamericana la inquebrantable voluntad de lucha de nuestro pueblo contra las políticas antiobreras y represivas de la dictadura militar, que no escatimaría balas y garrotes para sostener un modelo económico de exclusión, entrega y saqueo de nuestras riquezas en beneficio de unos pocos.
Hoy, como entonces, levantamos las mismas banderas de libertad, de justicia social, de soberanía, de defensa de los derechos conquistados, contra todo tipo de represión y autoritarismo.
Hoy, lunes 29 de mayo de 2017, es un día de Paro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria organizada en nuestra CONADU HISTÓRICA. Es el mejor homenaje que podemos ofrendar a aquellos enormes estallidos populares. Con la memoria y los ideales intactos. Con el compromiso de que nuestra lucha no es solamente por un salario digno – frente al tope salarial del 20% que pretende imponer el Gobierno Nacional – sino que es en defensa de la Educación pública, gratuita, laica, popular y de calidad.
Seguiremos firmes en nuestra vocación de construir lazos de unidad con el movimiento estudiantil, con los gremios docentes que estén dispuestos a enfrentar las políticas de ajuste, los tarifazos, los despidos, los topes salariales, los convenios a la baja que impulsan el gobierno y sus aliados, las persecuciones y toda forma de represión.
“El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, que todos puedan trabajar y tener su salario para atender las necesidades de su familia; que todos tengan una vivienda; que todos puedan acceder a la Universidad, un nivel de vida digno, decente, que haga al respeto de la personalidad humana. Ese es el ‘Ser Nacional’ que nosotros defendemos”. Agustín Tosco.
Luis Tiscornia, secretario general CONADUH
Claudia Baigorria, secretaria de formación CONADUH


Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista

El Cordobazo: un legado para las necesidades de hoy

28/05/2017
Por PRT
Este 29 de mayo se conmemora el 48° aniversario de El Cordobazo. Muchas cosas extraordinarias se han dicho y escrito a lo largo de los años sobre aquellos sucesos protagonizados por la clase obrera y el pueblo.
En esos hechos, como narráramos en el artículo “A 47 años del Cordobazo, la vigencia de la Revolución Socialista” (22/5/2016) tuvieron la impronta del surgimiento de nuevas ideas revolucionarias que surcaban la tenaz y enérgica lucha de nuestra clase obrera y el pueblo. Nacía la lucha por el poder y el socialismo.
Hoy a 48 años, las causas de opresión y explotación que llevaron al destino que tomó la lucha de clases protagonizada en aquellos años, no solo siguen intactas sino que se han vuelto más descarnadas y crueles, encontrándonos en una etapa terminal del capitalismo que ha llegado a un estado putrefacto y degradado, que lo único que le ofrece a nuestro pueblo es una vida indigna plagada de sufrimientos.
Aquellas gestas tuvieron como actores protagónicos a la clase obrera y dirigentes políticos y sindicales que estuvieron a la altura de sus intereses de clase, donde los más notables fueron Agustín Tosco y Atilio López, rodeados de una enorme vanguardia, dirigentes de base combativos y revolucionarios que expresaban y adelantaban la necesidad de una revolución que lleve a todo el pueblo argentino a su emancipación.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquellos años, y en una espiral ascendente de la lucha de clases, como diría Santucho, hoy emerge la necesidad imperiosa de la irrupción de la clase obrera como actor principal en el escenario político donde desde su independencia política se hace necesario romper con el statu quo de un sindicalismo asociado a los monopolios, y un sindicalismo oportunista y reformista, que se desviven por aportarles salidas a la crisis política de la burguesía con un lenguaje revolucionarista pero que aleje lo más posible al proletariado de la lucha revolucionaria.
Hoy no hay espacios para homenajes vacíos de contenido, con propuestas que sacan del centro de la escena el verdadero rol histórico de la clase obrera y sus organizaciones. Por ello es una responsabilidad esencial de los revolucionarios empujar con propuestas que hagan emerger las luchas por las conquistas económicas y reivindicativas en una propuesta política emancipadora de todo el pueblo de carácter nacional, recuperando así las viejas tradiciones donde la clase obrera supo acaudillar la lucha de todo el pueblo.
Cuando afirmamos que ES LA HORA DE LA REBELIÓN DE LAS BASES lo hacemos asentado en miles de experiencias que se vienen desarrollando en los más diversos lugares del país, pero donde la dispersión es muy grande y solo puede unificarse a través de una propuesta política revolucionaria que despoje a los trabajadores del concepto que su lucha solo es por sus mejoras económicas divorciados de una política independiente que se plantee la destrucción del Estado burgués.
El Cordobazo es el claro ejemplo (salvando el marco histórico y los nuevos fenómenos) de que ese es el camino que debemos retomar donde los nuevos tiempos de revolución deben crear sus propios contextos condicionando la gobernabilidad de la burguesía; desde el desarrollo del poder localen la lucha por el poder, con la unidad de la clase obrera y el pueblo. El Cordobazo fue un hito en la Historia, pero que estuvo de la mano del Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo; es decir, fue una detonación en cadena porque en la profundidad de la lucha de clases se encontraba explícita la cuestión política nacional.
Hoy el mar de fondo de las necesidades de un cambio en la lucha que quiebren la correlación de fuerzas a favor de la clase obrera y el pueblo, está impregnada en todo el país. Por eso, cuando se analiza el presente, no podemos verlo compartimentado con la Historia, pues parados sobre los hombros de las más ricas experiencias de lucha de nuestra clase obrera y el pueblo, es desde donde surgirán nuevos y extraordinarios sucesos que demostrarán que los grandes hechos de la Historia aún están por venir gracias a legados como el Cordobazo.



Télam
29/05/2014 aniversario

El Cordobazo: "El mayo cordobés" que jaqueó la dictadura de Onganía

Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres son los nombres de los dirigentes sindicales de la izquierda clasista y el peronismo que hace 45 años encabezaron "el Cordobazo", una protesta obrero-estudiantil originada en la capital de la provincia mediterránea, y que devino en un estallido social que jaqueó a la dictadura cívico militar de Juan Carlos Onganía.

Por Leonardo Castillo


En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar, instaurado hacía tres años, cuando derrocó al presidente constitucional Arturo Illia, comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.

Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Corrientes eran los escenarios de movilizaciones obreras y estudiantiles que se suceden contra un gobierno que, además de conculcar las libertades públicas y ejercer una férrea censura, imponía una política de congelamiento de salarios de la mano de Adalbert Krieger Vasena, un ministro de Economía ligado a las corporaciones.

En respuesta al pedido de las cámaras empresariales, que se quejaban de "los altos costos laborales", Krieger Vasena resuelve derogar la Ley del "sábado inglés", una medida que establecía que cada hora trabajada después de las 13 de ese día debía pagarse doble.
"El Cordobazo" constituyó el comienzo de una etapa de movilización popular que se prolongó hasta mediados de la década de los `70, y que determinó que muchos jóvenes abrazaran la causa de la revolución
El gobierno de Onganía tildó ese benefició de "inconstitucional" y lo suprimió.

En Córdoba, que por esos años era el centro de la industria automotriz y metalmecánica, el rechazó a la medida fue generalizado entre los 150 mil trabajadores sindicalizados.

Desde 1967, la CGT se encontraba dividida en dos: la Azopardo, liderada por el metalúrgico Augusto Vandor, de una tendencia dialogista, y la de los Argentinos, conducida por el gráfico Raimundo Ongaro, opuesta abiertamente al régimen.

No obstante, en Córdoba, donde también persistía la división del movimiento obrero, se alcanzó rápidamente un acuerdo entre las dos centrales frente a la necesidad de oponerse a la eliminación del "sábado inglés".

De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y referente de la CGT de los Argentinos- acordó junto con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción peronista- la realización de un plan de lucha.

El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un paro por 24 horas con alto acatamiento, y la respuesta del gobernador de facto, Carlos Caballero, consistió en decretar un aumento para la Policía.

Mientras tanto, en el barrio cordobés de Clínicas, donde residían buena parte de los estudiantes que cursaban en la Universidad Nacional de Córdoba, se realizaban asambleas y manifestaciones en respaldo a las reivindicaciones obreras.

En un plenario, celebrado el miércoles 21, los dirigentes gremiales redoblaron la apuesta y convocaron a un paro activo de 37 horas que se iniciaría a las 11 del jueves 29.

La idea era desafiar al gobierno con una gran demostración de fuerza; una manifestación numerosa que surgiera desde el cordón industrial y llegara al centro de la capital cordobesa.

Esa mañana de jueves, Córdoba capital amaneció sitiada por la Policía, que se apostó sobre los puentes ubicados sobre el Río Suquía con la intención de evitar que la movilización llegara al corazón administrativo y político de la provincia.

A las 11, la ciudad estaba llena de manifestantes que llegaban desde los barrios de Santa Isabel, Villa Revol, Ferreyra, La Calera, Alta Córdoba y Alberdi, en tanto que, desde Clínicas, marchaban los estudiantes.

Los primeros choques se dieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las 13, la policía no pudo contener a los movilizados, que a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL, rebasaron los bloqueos.

La Policía quedó desbordada, sin municiones, se replegó en medio de una ciudad que quedaba literalmente en manos de una movilización obrera que comenzaba a ejercer un espontáneo control popular con barricadas y piquetes sobre las principales calles.

El gobernador, desesperado, llamó a Buenos Aires para pedir ayuda y Onganía le ordenó al Tercer Cuerpo de Ejército retomar el control de una capital mediterránea que era sobrevolada por aviones de la Fuerza Aérea.

"Soldado, no tirés contra el pueblo", podía leerse en algunos carteles armados de forma improvisada ante el avance de los efectivos militares que se desplegaban en el atardecer.

Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó barrio por barrio el control de Córdoba en las primeras horas de la mañana del 30, mientras dispersaba a los últimos grupos de manifestantes.

Tosco fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y se lo sometió a un Consejo de Guerra que lo condenó a 8 años de prisión, al igual que Torres, López y otros dirigentes.

Sin embargo, tras 17 meses de prisión, todos los dirigentes detenidos recuperaron la libertad y volvieron a Córdoba para retomar la actividad sindical.

El líder de Luz y Fuerza, en cambio, retornaría a la cárcel dos años después como consecuencia de `El Vivorazo`, otra multitudinaria protesta obrera que conmovió a la provincia.

Aunque nunca se supo con certeza, se estima que el "Cordobazo" dejó más de 30 muertos y varios centenares de heridos.

En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia de Krieger Vasena el 4 de junio.

Un año después del "Cordobazo", la organización Montoneros secuestraba y ejecutaba al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, quien en 1956 había ordenado los fusilamientos de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, y el asesinato de militantes peronistas en José León Suárez.

Ese hecho desencadenó, en junio de 1970, la caída de Onganía en el contexto de un golpe propiciado por el entonces jefe del Ejército, Alejandro Lanusse, que designaba como presidente al general Roberto Levingston.

"El Cordobazo" constituyó el comienzo de una etapa de movilización popular que se prolongó hasta mediados de la década de los `70, y que determinó que muchos jóvenes abrazaran la causa de la revolución, en un tiempo en el que parecía que el cielo podía tomarse por asalto.



Qué fue el Cordobazo y cuáles fueron sus consecuencias

Entrevista realizada al historiador Leonidas "Noni" Ceruti acerca de su visión del Cordobazo.
Lunes 29 de mayo | 00:00
¿Qué fue el Cordobazo?
LC: Fue uno de los mayores avances de la lucha de la clase obrera y el pueblo en los años 60 y 70. Se reaccionó contra la opresión política, económica y social.
No fue un alzamiento popular espontáneo, fue organizado por los sindicatos cordobeses, que contaron con el apoyo de los universitarios, de una variedad de partidos políticos y del pueblo.

Se rompió la tradición del “paro matero”, fue una huelga con abandono de tareas y movilización, con planteamientos económicos, políticos y gremiales. Se fue a trabajar y desde las grandes plantas industriales, las columnas obreras, compactas, llenas de bronca, arrastraron a los obreros de las pequeñas fábricas.
Las barricadas se levantaron por toda la ciudad, el pueblo fue tomando uno a uno cada barrio, se enfrentó a las fuerzas policiales, que se replegaron a sus cuarteles, dejando la ciudad en manos de los trabajadores y estudiantes. Se ejerció el derecho a la autodefensa. Porque en esas jornadas, la clase obrera, respondió con sus métodos de acción directa. Se recurrió a la movilización, los piquetes, las barricadas, y se conformaron grupos especiales de defensa.
Desde 1966 hasta el Cordobazo, todo intento de resistencia a la dictadura, tenía que descontar la violencia de la dictadura, a partir de ese 29 de mayo, se supo cómo hacer retroceder a las fuerzas que salieron a reprimir a los trabajadores. Fueron jornadas de Solidaridad de clase, que se vio desde la convocatoria hasta la organización, pasando a los momentos de compartir las barricadas, las asambleas espontáneas, etc.
Se demostró una vez más la importancia decisiva del protagonismo de los obreros industriales. La prolongada movilización de otros asalariados, la persistencia y audacia de la lucha de los universitarios, no había logrado lo que consiguieron los trabajadores cordobeses en dos días. El movimiento obrero industrial se hizo cargo de ese liderazgo social y arrastró al pueblo todo a la lucha antidictatorial. Se retomó la vieja tradición, que cuando fueron agredidos los trabajadores en todo el mundo han respondido tomando en sus propias manos, y organizando su defensa.
La pregunta que se extendió de una fábrica a otra fue ¿la clase obrera en sus luchas debe ofrecer las dos mejillas o debe defenderse de los brutales ataques de distinto tipo a los que nos hemos referido? Se llevó a la práctica lo que se consideró un derecho que les permitió luchar. La autodefensa se planteó como disuasiva, defensiva, y sometida a los trabajadores. Una de las enseñanzas fue que la autodefensa de los trabajadores no es, ni debe ser independiente de la voluntad y decisión de los trabajadores, sino que debe ser debatida y aprobada por los propios trabajadores. No deben ser en ningún momento grupos independientes de la clase ni operar por fuera de un sistema democrático de control como son las asambleas. La autodefensa la deciden, la organizan y la llevan adelante los trabajadores.
Además, las Asambleas obreras populares que se realizaron reuniendo en su seno a los obreros y a gran parte de la población pobre de los barrios tomados y rodeados de barricadas, y en algunos lugares con la población ejerciendo el poder de policía, por ejemplo, el de permitir la salida de los bomberos tomados para sofocar incendios, controlar la entrada y salida de los barrios, también constituyeron una forma embrionaria de los órganos de poder, con democracia directa abarcando ya a toda una ciudad, pero su insipiencia y en gran medida la ausencia de una verdadera organización, no permitió la unificación de las asambleas barriales entre sí, a través de delegados electos, en un consejo único de la ciudad.
¿Qué consecuencias tuvo?
LC: Constituyó un punto decisivo en la evolución de la lucha de clases, porque puso de manifiesto el estado que había alcanzado la radicalización de la conciencia política de importantes sectores del proletariado, de la pequeña burguesía y el profundo rechazo antidictatorial existente, acumulado en varios años de deterioro económico-social y de opresión política.
El país no volvió a ser el mismo, se incorporaron a la lucha cientos de jóvenes obreros y estudiantes. Estallaron todas las instituciones. Se abrió un profundo debate, que se expresó abiertamente en toda la sociedad. El tema central de la polémica, era como debía seguir la lucha contra la dictadura y para qué.
Las posturas fueron desde la recuperación de la democracia hasta que tipo de “revolución” o de transformaciones que eran necesarias para la Argentina. En el movimiento obrero adoptó una forma más encubierta, más en grupos que en asambleas masivas. Entre los universitarios nadie discutía que era necesario una revolución: lo que se polemizaba era qué tipo de revolución y la forma de concretarla.
Algunas agrupaciones políticas, estrechamente relacionadas con el radicalismo popular (UCRP), o el Partido Comunista (PC) y sectores del nacionalismo popular (Mura, MNR, MOR, AUN, FEN, etc.), se expresaban por la lucha contra la dictadura, por su derrocamiento, por la resistencia a la misma y forma de reemplazarla. Los sectores de la izquierda con raíz marxista, con mayores o menores variantes mantuvieron, en el proceso político posterior al Cordobazo, la consigna “ni golpe, ni elección, revolución”, línea política que preconizaba el derrocamiento de la dictadura o la lucha contra ella, en el camino de reemplazarla por un gobierno o un poder que realizara la revolución de liberación social y nacional en “marcha hacia el socialismo”.
Las expresiones del peronismo en el movimiento estudiantil mantuvieron también lo esencial de su línea de unir a los estudiantes con el llamado “peronismo revolucionario”, expresión real del movimiento obrero, según ellos, en el camino de la liberación nacional y social. Pero, el debate abierto produjo profundas fisuras en la izquierda tradicional o institucional, y determinó la aparición de grupos políticos, entre los cuales se contaban entre otros el Socialismo Revolucionario (SR), Tendencia Comunista (TC), Espartaco, Orientación Socialista, El Obrero, Lucha Socialista, Poder Obrero, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, etc.
Todos ellos pasaron a impugnar en forma frontal la estrategia de una Revolución que presuponía la “tarea” de la Liberación Nacional. Ese cuestionamiento abarcó lógicamente la caracterización del Estado, del país como semicolonial, las alianzas de clase, el tipo de poder. Se pronunciaron contra la dictadura, los golpes y las salidas electorales. De la consiga, “ni golpe, ni elección, revolución”, se pasó a la proclamada “ni golpe, ni elección, revolución proletaria”, dando de esa manera una salida real fuera del sistema.
Un sector importante de la izquierda, pasó a definirse por la acción directa. Esto se vio favorecido, no solo por las condiciones nacionales, sino además por un proceso dado en América Latina y el mundo. Producto de la propia experiencia vivida en la Argentina (golpes, elecciones, proscripciones, etc.) y de la percepción de fenómenos como la crisis del parlamentarismo a nivel mundial, de tristes experiencias como la del Partido Comunista Francés con su traición en Mayo del 68 (producto de sus tesis de acceso al poder por vía pacífica y por mayoría parlamentaria), producto de todo eso por un lado y su contrapartida por el otro, por ejemplo el triunfo de la revolución cubana por la acción de las armas y el desarrollo de la lucha vietnamita, resultado de éstas y de múltiples experiencias más, el conjunto de organizaciones políticas a que nos estamos refiriendo llegaron a varias conclusiones de las que destacamos dos, muy relacionadas con su actitud frente a la lucha democrática:
*.-Que la vía de acceso al poder sólo puede ser armada. Había tesis que iban desde la guerra popular hasta “el acto insurreccional” pasando por la guerra prolongada.
*.-La segunda conclusión, es que el parlamento es un engaño a las masas, que no puede constituir una vía de acceso al poder y que por lo tanto no sirve para nada en cuanto a la lucha revolucionaria se refiere.
Por otra parte, algunos grupos que pasaron a proclamar la revolución socialista, definieron a la vez que la única forma de acceso al poder era por la acción revolucionaria del proletariado, como una conclusión irrefutable, sobre todo en un país capitalista y más aún en la Argentina, dejando aclarado que “no cabría pensar siquiera en la posibilidad de otra forma de definir el problema del poder que no sea por la acción de las armas”, y que en base a eso justamente, coincidían también en que el parlamento no puede ser nunca una vía de acceso al poder.
O sea, la situación social y política del país cambiaría radicalmente y la lucha de clases iría in crescendo, con la clase obrera ocupando el centro de la escena, enfrentando a la dictadura, al capital y marcando el camino a distintos sectores populares y al estudiantado universitario.