blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
lunes, 12 de junio de 2017
COPINH: La Trampa de los Bancos.
Desde el 2013, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) ha exigido el retiro definitivo de los bancos FMO, Finn Fund
y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del proyecto “Agua
Zarca” en el sagrado Río Gualcarque, por su vinculación al despojo y muerte en
la comunidad de río Blanco. Hasta la
fecha, ninguno de los tres bancos ha completado su salida del proyecto, a pesar
de que los bancos FMO y Finn Fund la han anunciado desde mayo de 2016.
Desde el inicio de este proyecto que
ha sido impuesto por la empresa DESA, COPINH ha denunciado la manera inconsulta y la introducción de
violencia y terror en la comunidad, la compra de conciencias, agresiones,
atentados y asesinatos por parte de sicarios y miembros del ejército, la
policía y seguridad privada en complicidad con autoridades municipales y
nacionales. Todas estas denuncias fueron ignoradas por todas las partes
incluyendo a los bancos financiadores, lo que significa que en esa medida han
financiado las violaciones a los derechos humanos en Río Blanco y son
responsables por poner sus intereses económicos antes de la tranquilidad y paz
de las comunidades Lencas, incluyendo la vida de Berta Cáceres y compañeros y
compañeras de la comunidad.
El COPINH debe denunciar, de nuevo, que la falta de salida de los bancos y
la prolongación en el tiempo de su salida significan la prolongación de las
agresiones e intimidaciones dentro de la comunidad. La supuesta salida responsable ha sido una
estrategia para no asumir sus responsabilidades y por el contrario facilitar la
introducción de futuros proyectos hidroeléctricos en la zona con
características similares al de “Agua Zarca”.
El día 4 de junio salió una noticia en el periódico del The Guardian,
acerca de la retirada del BCIE, que da a entender su salida inminente, sin
embargo, al día de hoy no han salido oficialmente de la inversión en el
Proyecto Hidrieléctrico “Agua Zarca”. La comunicación más reciente que ha dado
el FMO indica que piensan hacer el anuncio de salida en las próximas semanas.
La comunidad de Río Blanco, el COPINH y gran parte de la sociedad hondureña e
internacional seguimos esperando esta salida definitiva que termine el
financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas.
Acerca del BCIE, el COPINH comunica que no ha habido ninguna respuesta ante
las denuncias de su responsabilidad como principal inversor en Agua Zarca y que
por el contrario entendemos que sus vinculaciones con la oligarquía hondureña y
las vinculaciones entre miembros de la junta directiva de DESA y la junta
directiva y representación de Honduras en el BCIE han hecho que sean cómplices
de la impunidad en el caso de Berta Cáceres.
Un representante del BCIE dijo a The Guardian que no tienen intención
hacer más desembolsos al Proyecto Agua Zarca, lo cual es producto de la lucha
del pueblo lenca, sin embargo, nunca se han hecho responsables y entendemos que
el interés es no cumplir sus obligaciones por la destrucción y muerte generados
por el proyecto “Agua Zarca”.
En este sentido, el COPINH ratifica el compromiso de denunciar la actuación
ilegal de este banco y movilización para demandar su salida inmediata. Desconfiamos de los anuncios de los bancos,
debido a que, en vez de salir de forma inmediata después de las detenciones de
dos personas vinculadas con el proyecto Agua Zarca por el asesinato de Berta
Cáceres, los bancos FMO y Finn Fund han dedicado sus esfuerzos a evitar su
responsabilidad en los asesinatos y violaciones de derechos humanos generados
por dicho proyecto; han promovido una falsa narrativa que ignora el papel de la
empresa DESA en la violencia y represión buscando culpar a las comunidades como
una forma de limpiar su imagen a nivel internacional.
Parte de esta estrategia de salida está constituida por la contratación del
consultor Juan Dumas, quien pretende crear un “proceso de diálogo” para tomar
una supuesta decisión de si se quiere un proyecto hidroeléctrico, ignorando el
ya manifiesto rechazo de las comunidades y la permanente presencia de
estructuras de represión que operan en la zona. Esta propuesta pone en más
riesgo al pueblo Lenca ya que se ha evidenciado que hay intereses para asesinar
y silenciar a la oposición al proyecto.
El COPINH y el pueblo Lenca de Río Blanco rotundamente rechazan esta
propuesta y denunciamos la insistencia racista del FMO de imponer un proceso
impuesto que únicamente busca desvirtuar las exigencias de las comunidades.
Exigimos ahora un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no
repetición que incluya el desmantelamiento de las estructuras de represión en
la zona. Por esto, denunciamos de manera enfática, que el proceso que propone
imponer el FMO violenta estos principios ineludibles.
El COPINH responsabiliza al FMO, Finn Fund y BCIE aliados a la empresa
asesina DESA por cualquier acto de violencia, amenazas, asesinato o ataques que
resulten del proceso que los bancos buscan imponer como parte de su salida o la
demora de su salida.
¡Berta Vive, COPINH sigue!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan
nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado a los 12 días del mes de junio de 2017.
Honduras: La doble cara de los bancos que financian Agua Zarca
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 14 Junio, 2017
Me voy pero me quedo: un vergonzoso estira y encoge
La
posición del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras) y de su coordinadora nacional Berta Cáceres,
brutalmente asesinada hace casi 16 meses, ha sido siempre muy clara: hay
que retirar cualquier tipo de financiamiento para el proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado y cofinanciado por la empresa
Desarrollos Energéticos SA (Desa), y donde están involucrados, entre
otros, grupos económicos nacionales (Grupo Ficohsa), miembros de las
Fuerzas Armadas y bancos internacionales como el holandés FMO, el
finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(Bcie).
De acuerdo con un reciente comunicado
del Copinh, ninguno de estos bancos habría mostrado la voluntad real de
tomar distancia de un proyecto que, directa o indirectamente, ha dejado
un saldo de varios muertos y heridos, comunidades divididas, pueblos
enfrentados y severos daños ambientales.
A
ese propósito, la organización indígena ha venido denunciado la
violencia y el terror que se ha generado en las comunidades que se han
opuesto firmemente al proyecto hidroeléctrico, así como “la compra de
conciencias, agresiones, atentados y asesinatos por parte de sicarios y
miembros del ejército, la policía y la seguridad privada de la empresa,
en complicidad con autoridades municipales y nacionales”.
El silencio de lo bancos
Lamentablemente,
insiste el Copinh en su comunicado, todas las denuncias fueron
ignoradas por las entidades financieras involucradas, las cuales son
ahora corresponsables de las repetidas violaciones de derechos humanos
que se han dado en la zona de Río Blanco.
Si
a esto le agregamos la falta total y absoluta de consentimiento previo,
libre e informado de las comunidades, y un entorno de corrupción y
violación de las leyes -en pleno golpe de Estado- para el otorgamiento
de las concesiones y la compra de terrenos, resulta aún más evidente el
descaro con que actúan dichos institutos financieros.
Vale
la pena mencionar que, tras el asesinato de Cáceres, los dos bancos
norte-europeos suspendieron los desembolsos para el proyetco, al tiempo
que una delegación de oficiales (del FMO y Finnfund) realizó una visita
in situ para constatar la realidad que se vive en el lugar y,
supuestamente, tomar una decisión sobre el financiamiento, lo cual nunca
se dio.
Para el Copinh, la
prolongación en el tiempo de su salida definitiva no sólo generará “más
agresiones e intimidaciones dentro de las comunidades”, sino que podría
ser parte de una estrategia “para no asumir sus responsabilidades y para
facilitar la introducción de futuros proyectos hidroeléctricos con
características similares al de Agua Zarca”.
Lo que dice The Guardian
El pasado 4 de junio, el periódico inglés The Guardian publicó un reportaje
donde asegura que tanto el FMO como Finnfund habrían tomado la decisión
de abandonar definitivamente el proyecto Agua Zarca. Hasta la fecha no
ha habido ninguna declaración oficial de los bancos.
“Las
comunidades de Río Blanco, el Copinh y gran parte de la sociedad
hondureña e internacional seguimos esperando esta salida definitiva y
que termine el financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas”, se
lee en el comunicado del Copinh.
Quien
se ha quedado totalmente callado es el Bcie. A ese propósito, el Copinh
dice dudar de las declaraciones brindadas a The Guardian por el
portavoz del banco internacional, Juan Mourra, quien aseguró que ya se
suspendieron todos los desembolsos y que tampoco hay intención de
invertir más en el proyecto.
La
organización indígena Lenca ratificó el compromiso de denunciar la
actuación ilegal de estos bancos, su falta de voluntad de reconocer la
responsabilidad de Desa en los múltiples casos de violación de los
derechos, así como de movilizarse para demandar su salida inmediata.
Tampoco acepta la instalación de un supuesto “proceso de diálogo” para
que las comunidades decidan sobra la aprobación o no de nuevos posibles
proyectos hidroeléctricos.
“Exigimos
ahora un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no
repetición, que incluya el desmantelamiento de las estructuras de
represión en la zona. El Copinh responsabiliza al FMO, Finn Fund y Bcie,
aliados de la empresa asesina DESA, por cualquier acto de violencia,
amenaza, ataque o asesinato que resulten del proceso que los bancos
buscan imponer como parte de su salida o la demora de su salida”,
concluye el comunicado.
Honduras: Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres
Amnistía
Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el
acceso a la información probatoria para que las demás partes
involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la
investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma
exhaustiva e imparcial.
Por defensores -
El 24 de mayo estaba programada la audiencia preliminar ante
el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa de cuatro de las ocho
personas acusadas de haber participado en el asesinato de la defensora
lenca de derechos humanos, Berta Cáceres. Esta audiencia daría inicio
formal al proceso contra estas cuatro personas. La fecha de esta diligencia fue reprogramada después de que el 19 de
abril de este año fue suspendida a petición de los abogados de los
acusados y de la representación legal de la familia de la defensora,
debido a que el Ministerio Público no había entregado la información
probatoria completa en la que basa su acusación. En esa ocasión, la
audiencia fue reprogramada para el 28 de abril y fue suspendida
nuevamente debido a la falta de acceso a la información requerida. No obstante, la audiencia fue nuevamente aplazada para el 7 de junio,
debido a que el Ministerio Público no entregó con suficiente
anticipación la información probatoria para que los representantes de
las familias puedan ejercer su derecho a buscar la verdad, la justicia y
la reparación, ni para que los abogados defensores de los acusados
puedan ejercer el derecho de defensa de acuerdo con los estándares del
debido proceso. Según el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
– GAIPE, era necesario que el Ministerio Público entregara la
información probatoria completa con suficiente anticipación, habida
cuenta que, debido al gran volumen de información, será imposible
revisarla y preparar adecuadamente el debate si es entregada solo
algunos días antes del inicio de éste. Además de las preocupaciones relativas al debido proceso, y al
derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la familia de la
defensora de derechos humanos Berta Cáceres, se aúna la incertidumbre
acerca de los avances que el Ministerio Público hondureño ha hecho en
relación con la identificación de los autores intelectuales del
asesinato; un llamado que Amnistía Internacional ha reiterado durante
meses. El pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
convocó una reunión de trabajo en Tegucigalpa, para revisar el
cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta
Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de
Honduras – COPINH. Sin embargo, los representantes del Ministerio
Público, que está a cargo de la investigación del asesinato de la
defensora y de los ataques contra diversos integrantes del COPINH que
dieron origen a las medidas cautelares, no se presentaron a dicha
reunión. La impunidad frente a ataques contra personas defensoras de derechos
humanos sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras.
Ante el
asesinato de Berta Cáceres, las autoridades hondureñas están obligadas a
llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva que
permita identificar a todos aquellas personas que sean responsables del
crimen, tanto material como intelectualmente, y de existir pruebas
admisibles suficientes en su contra, hacerlos comparecer ante la
justicia en un proceso justo y apegado al debido proceso. Además, en este proceso las autoridades encargadas de la
investigación deben ajustarse a los estándares internacionales de
derechos humanos para respetar, proteger y garantizar el derecho al
debido proceso de los acusados, así como el derecho de la familia de la
defensora a la justicia, la verdad y la reparación. Amnistía
Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el
acceso a la información probatoria para que las demás partes
involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la
investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma
exhaustiva e imparcial.
Plataforma Agraria
La Plataforma
Agraria es una red nacional de más de 30 organizaciones, cuyo objetivo
es el cumplimiento del mandato de la Constitución de la República que
establece una reforma agraria, y lograr cambios en las políticas
públicas a favor de los campesinos y campesinas a través de la Ley de
Transformación Agraria Integral -TAI-, presentada al Congreso Nacional
de Honduras en 2011. Los artículos 344 y 345 de la Constitución vigente, 1982, establecen
la reforma agraria “de manera que se asegure la eficaz participación de
los campesinos, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la
producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de
la Nación”. Sin embargo, en 1992 se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo
del Sector Agrícola, que permitió que las tierras destinadas a la
reforma agraria se vendieran, no siempre de forma legal. Esto promovió
de nuevo la concentración de la tierra en empresarios agrícolas y
latifundistas y agravó la situación del campesinado. El golpe de Estado de 2009 creó una nueva situación de impunidad,
motivando reclamos por justicia seguidos de masivas recuperaciones de
tierra, sobre todo en la zona del Bajo Aguán. La respuesta del Estado
hondureño, por una parte fortaleció la seguridad armada de los agro
exportadores, y por otra, fomentó el uso tergiversado de recursos
legales, la prensa y la televisión, para convertir las peticiones justas
de los campesinos, en crímenes. Esto terminó en volver a los juzgados, a
la policía y al ejército nacional, en cómplices de un sistema obsoleto,
de tenencia de la tierra, que solamente se puede mantener mediante la
fuerza. En respuesta a esta situación, surge la Plataforma Agraria, a la
campaña Vamos al grano se suma la Alianza por la Soberanía Alimentaria y
la Reforma Agraria –SARA-, organizaciones campesinas, cooperativas,
indígenas, garífunas, de derechos humanos y de desarrollo vinculadas a
la problemática agraria en Honduras, conformando así una alianza
histórica que propone soluciones para resolver la crisis del sector
agrario en el marco del estado de Derecho.
Tocoa, Colón Lunes 12 Junio 2017: En los
últimos tres meses, cuatro personas han
sido puestas en libertad por los Tribunales de Justicia del municipio de
Trujillo, pese a que estashan sido
señaladas en un organigrama delictivo por la Unidad de Muertes Violentas del
Bajo Aguán (UMVIBA), desde el año 2016 considerarlos responsables de asesinatos
de campesinos en la región del Aguán.
Según el organigrama las
primeras tres personasque han sido
puestas en libertad corresponden a los
nombres de José Leonel Acosta Avilés alias (el perro), José Orlin Nicolás
Padilla alias el (puto),Adalid Alvarado
Paz alias el (gordo) y el ultimo Juan Carlos Portillo alias (pereza), cabe
mencionar que en más de un centenar de asesinatos, únicamentehay cinco personas encarceladas y
condenadaspor crímenes en contra de
campesinos.
Por lo que repudiemos los
niveles de impunidad que imperan en la región, debido al alto grado de
confabulación entre terratenientes,grupos criminales con los encargados de impartir justicia en el país.
Esto se vio reflejado aun mas después del 18 de octubre el año anterior, cuando
personas que aparecen en el organigrama arriba mencionado le dieronmuerte aJosé Ángel Flores y Silmer Dionisio George ambos miembros de MUCA y beneficiarios de la
MC50-14 , en una operación criminal de impacto psicológico en la comunidad de
la Confianza en Tocoa, Colón.
Pese a que los responsables
del doble asesinato ya habían sido señalados en el organigrama criminal de
UMVIBA e incluso tenían órdenes de capturas por otros asesinatos, no hubo ni
hay voluntad por parte de los organismos e instituciones encargados impartir
justicia la para dar capturaa los antes
señalados.
Recientemente la UMVIBA dio inicio
con la primera de once exhumaciones de osamentas en el Bajo Aguán las que se realizaran
en los cementerios Agua amarilla, Taujica,
Tocoa y Trujillo, con el fin de investigar los asesinatos en el marco del
conflicto agrario.
Desde el año 2014 la
Plataforma Agraria del Aguán ha venido proponiendo que un equipo de médicos forenses
internacionales independientesque realice un peritaje del proceso de las
exhumaciones ya realizadas por la UMVIBA y que acompañe nuevos procesos, ya que
las mismascarecen de veracidad debido a la escasa investigación
que se hace para castigar a los responsables de los hechos.
Las autoridades en la región
del Aguán actúan de inmediato cuando se trata de criminalizar a líderes
campesinos que luchan por la defensa de la tierra, tal es el caso reciente de
la detención ilegal del presidente del
asentamiento La Concepción de MUCA, Lazaro Peralta a quien de manera ilegal y en
hora no hábiles para realizar un allanamiento irrumpieron su vivienda unos 20
elementos de la policía, en una acción de temor y miedo entre los vecinos. Peralta
estuvo privado de su libertad por más de 36 horas y sin atención médica, horas después
fue traslado a los Juzgados de Tocoa donde se le dicto medidas sustitutivas es
decir que firmara el 15 y 30 de cada mes.
Ante esta situación tememos
por la vida de líderes y lideresas campesinasy populares que defienden los derechos humanos y denuncian los altos
niveles de la impunidad en la región, ya
que creemos que el grupo paramilitartiene nexos con altos mandos militares,
jueces y fiscalesque obedecen a
proteger intereses de terratenientes.
La UNAH y su cacería contra el estudiante Henry Orlando Rodriguez D Vicente.
En
el 2015 fue requerido ante los juzgados de Choluteca por el delito de
sedición, siguiendo denuncia del señor Horario Baquedano del
departamento legal de CURLP- UNAH con instrucciones precisas de Alina
Molina directora y Rogelio Alvarez, secretario académico.
En el
2016 nuevamente fue requerido y se le libra orden de captura por el
delito de usurpación, por denuncia que realiza siempre el mismo señor
Horario Baquedano, siguiendo instrucciones de los mismos personajes. El
estudiante es representado por el Abogado de ACI participa quien lo
presentó a los juzgados para refutar las acusaciones, otorgándole el
juzgado carta de libertad.
En este año 2017 es encarcelado junto a
más de 20 estudiantes por el delito de privación injusta de la libertad
y daños agravados en contra de testigos protegidos y de la UNAH,
imponiendole medidas dentro de las cuales debe presentarse semanalmente a
los juzgados a marcar el reloj dactilar y el alejamiento del edificio
administrativo de Ciudad Universitaria.
No conforme con los
requerimientos fiscales en su contra lo citan para el viernes 16 de
junio del presente año a una audiencia de descargo por el informe que
presentó el señor Ayax Irías Coello, esta es una clara amenaza a una
expulsión como estudiante de la UNAH.
Hasta cuando van a seguir
los atropellos, la intimidación, las acusaciones para este estudiante
que es defensor de derechos humanos y que no calla las atrocidades del
CURLP en Choluteca y de Ciudad Universitaria.
Señora Julieta
Castellanos le recuerdo que usted no tiene ninguna moral para que ordene
a sus abogados que hoy obedecen sus instrucciones, usted era la que
paralizaba la UNAH en años anteriores ganando protagonismo de ser una
digna luchadora por los derechos de los demás. Cuándo fue que se desvió
llegando al extremo de encubrir delitos y crímenes que se han cometido
en el CURLP y otros Centros regionales, le recuerdo que usted no aporta
nada a la academia porque mal gasta su tiempo persiguiendo y dañando
estudiantes que se rebelan a un gobierno dictatorial que usted preside
dentro de la UNAH.
Usted no va a salir bien librada de esto
señora Castellanos, le recuerdo que el poder es transitorio y se va a
acordar de mí cuando todos le den la espalda para que pague los delitos
cometidos.
Dado en Costa Rica a los once días del mes de junio del dos mil diecisiete.
Ausencia de la Procuraduría da largas a juicio que criminaliza a universitarios
Por defensores -
Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, criminalizados por defender la educacion superior en la UNAH
Por: Sandra Rodríguez El inicio del juicio oral y público contra el trabajador social
Sergio Ulloa, el sociólogo Moisés Cáceres y el periodista Cesario
Padilla, acusados de usurpación desde el año 2015, fue suspendido porque
el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), no
se presentó. Una de las juezas de la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó al momento de suspender la
audiencia, que se hará el respectivo reclamo a la PGR por su
inasistencia, ya que se le notificó desde el 27 de marzo pasado, sobre
el juicio en contra de los -ahora egresados- universitarios, señalados
por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
de liderar tomas en la máxima Casa de Estudios hace dos años, cuando se
manifestaban contra las normas académicas excluyentes. En estos dos años, los tres universitarios han vivido con libertad
condicional pues tienen que ir firmar cada viernes el libro de registro
de imputado en los Tribunales de Justicia y no deben salir del país. Después del juicio oral y público, que se retomará el viernes 26 de
mayo, como ya se había establecido, se espera sean sobreseídos siguiendo
el acuerdo de homologación firmado por representantes estudiantiles y
autoridades de la UNAH, el pasado 20 de julio, donde se pactó suspender
toda acción penal que criminalizaba a más de 80 defensores de la
educación pública en los procesos del 2015 y 2016, después de dos meses
de protestas sociales a nivel nacional. El proceso judicial contra Ulloa, Cáceres y padilla, se ha basado en
pruebas testimoniales de empleados universitarios que presuntamente
identificaron a los tres estudiantes, entre la multitud que protestaba
aun cuando mantenían los rostros cubiertos para evitar represalias. Un grupo de estudiantes se manifestó afuera de la CSJEntre los presentes, estuvo el militar retirado, Roger Aguilar
Flores, encargado de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), a quien un grupo de estudiantes apostados en la calle
aledaña al edificio de Salas de Juicios Orales de la CSJ, en la colonia
Miraflores de Tegucigalpa, le gritaban “asesino” y otras frases
recordándolo cómo miembro del escuadrón de la muerte 3-16, de la década
de los ochenta. La lucha y fuerza de los detenidos desaparecidos nos acompañan en
esta exigencia de un cese a la criminalización de la protesta
estudiantil, afirmó uno de los jóvenes con su rostro cubierto para no
ser también procesado. Protesta estudiantil solidaria en la plaza “Eduardo Lanza”El acompañamiento y solidaridad es permanente con los compañeros
criminalizados por las autoridades universitarias, afirmó otro
estudiante, al mismo tiempo en que se realizaban tomas de edificios en
la UNAH, por la incierta situación legal de los criminalizados. Las autoridades han tenido una actitud de doble moral, dicen tener la
disposición de resolver cualquier problemática, pero también han dicho
que el proceso debe continuar su curso o que los compañeros pidan
perdón, y ante esta situación no nos podemos quedar callados, porque hoy
son ellos tres, ayer fueron 81, y no podemos callar, reiteró el joven. Papel de la PGR según los criminalizados Irresponsabilidad Sergio Ulloa, al centro junto a sus compañeros de lucha socialSergio Ulloa (Trabajador Social), ve la acción de la
suspensión de esta audiencia, como una total irresponsabilidad de parte
de la PGR, aunque eso es el reflejo de las falencias dentro de las
instituciones públicas, que no habían nombrado a una persona para que
asistiera hoy al juicio. El viernes se espera que avance el proceso, el
cual es un poco fastidioso, y uno no está tranquilo, en los personales,
quiero estar libre de todos estos procesos para desarrollarme de manera
tranquila en mi práctica profesional, la que tuve que posponer estos
días para viajar a Tegucigalpa. Negligencia Moisés Cáceres, al salir de la CSJMoisés Cáceres (Sociólogo), egresado de Sociología,
dio que lo sucedido este día, demuestra negligencia por parte de la PGR
porque se les presentó la cita desde hace un mes y si no se presentan,
es falta de ellos, y a uno lo hacen perder el tiempo y otros recursos
porque hay que movilizarse y dejar de hacer otras cosas, en un proceso
de persecución desde el año 2014, cuando los expulsaron. Displicencia Cesario Padilla acompañado de su padre, el también periodista Félix CesarioCesario Padilla (Periodista), declaró que ni
siquiera podría considerar la audiencia de hoy, porque fue muy corto el
tiempo, ya que la CSJ determinó que la presencia de la PGR era
importante, la incógnita es la misma, saber si en nuestro caso se va o
no hacer justicia, pues ahora en nuestra condición de egresados de la
UNAH, seguimos siendo criminalizados, por lo que consideramos esta
situación como para darle largas, agregando que el papel de la
Procuraduría ha sido señalado por su displicencia en este tipo de actos. El viernes 26 a las 9:00 de la mañana será el juicio oral y público
contra los defensores de la educacion publica, que fueron
recriminalizados por el mismo delito en junio del 2016, y sobreseídos a
finales del julio pasado.
Impugnar la
Institucionalización del autoritarismo en la UNAH. Recuperar el campus
democrático.
por Roberto Briceño Jiménez
Los
Universitarios de ninguna manera hemos de aceptar la institucionalización del
autoritarismo que se está imponiendo en la Universidad, con ejercicio grotesco
de la represión, utilizando fuerzas paramilitares contra los estudiantes, por mil razones con derechos para hacer uso
del campus universitario y permanecer en él, sin horarios y sin tiempos
determinados.
Es paradójico y contrastante
que las autoridades Universitarias invoquen la autonomía universitaria solamente
para hacer uso grotesco de las fuerzas paramilitares en contra de la
divergencia y protesta de los estudiantes, contra la violencia autoritaria y
antidemocrática del régimen impuesto en
la Universidad, en línea con el régimen
de la dictadura neoconservadora que se ha impuesto secuestrando las
instituciones y organismos del Estado Hondureño.
El ciego
autoritarismo y la razón sin razón militarista de quienes gobiernan la
Universidad les impulsa a declararse
ignorantes del carácter universal de los derechos humanos, descalificando y etiquetando a quienes con
sentido ético en su estatus y concomitantes con sus roles los representan y
defienden.
Es un
desafío para las universitarias y
Universitarios luchar por recuperar los espacios sociales de participación y
oponerse a que se institucionalice el neofascismo en la Universidad y en el
Estado Hondureño por la fuerza de la dictadura que desgraciadamente se está
imponiendo porque las fuerzas de oposición están todavía fraccionadas,
desmovilizadas y distraídas en los escenarios legitimadores de la dictadura que
maneja los organismo de control político y de fuerzas coactivas.
El
campus que se cierra es de lucha para abrir los espacios democráticos de
vivencia de los derechos humanos y de profundas transformaciones sociales, para impedir que las mafias y sus agentes de
poder continué imponiéndose y cerrando
las posibilidades de constituir el Estado democrático de derecho.
Las armas de la restauración neoliberal
Por: Andrés Mora Ramírez
|CUBADEBATE
Manuel
Zelaya: “¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué
sistema más oprobioso el de América Latina!” Foto: EFE.
“¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!” Con
esas palabras, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya recordó y se
lamentó de los hechos que rodearon el golpe de Estado de que fue víctima
en 2009, que -desde su perspectiva- marcó el inicio de la restauración
neoliberal o conservadora en nuestra región. En una entrevista publicada en el diario Página/12, Zelaya sostuvo:
“este retorno de las derechas agresivas y reaccionarias de América
Latina no es coyuntural. Es una respuesta planificada desde Washington
por fuerzas que sintieron que estaban perdiendo espacios”. Además de en Honduras, se llevó a cabo en Paraguay contra Fernando
Lugo y en Brasil contra Dilma Rousseff, con proyecciones y variantes en
otros escenarios y procesos políticos. “La restauración conservadora lleva conspiración. Combina
ataques mediáticos, fuertes engaños publicitarios y fraudes electorales.
La restauración es violenta. No es pacífica, ni democrática”, explicó el derrocado mandatario y actual dirigente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Los acontecimientos de los últimos años en Centro y Suramérica -y
particularmente en Brasil, con un desarrollo acelerado en las últimas
semanas- proporcionan claves de interpretación del nuevo momento
histórico que vivimos, luego de tres lustros de avances del campo
popular y de las fuerzas políticas y gobiernos que adhirieron (cual más
cual menos) un ideario en el que destacaron, entre otras banderas, las
del antiimperialismo y la integración regional, la soberanía y la
autodeterminación, la independencia y la búsqueda de alternativas de
superación del neoliberalismo. Los golpes de Estado de nuevo patrón, o golpes blandos -perpetrados
desde los parlamentos y revestidos de seudolegalidad por instancias
judiciales sometidas a los poderes fácticos y a intereses extranjeros-,
así como el recrudecimiento de las maniobras de desinformación y las
estrategias de manipulación de la opinión pública, que engrosan el
repertorio de la guerra mediática en nuestra región, son las principales
armas de la restauración neoliberal.
admitió que utilizó información “imprecisa” sobre Lula y Dilma.
Sin ir más lejos en la búsqueda de ejemplos, la Red O’Globo,
la más influyente y poderosa cadena de medios de comunicación de Brasil
-crecida y fortalecida al amparo de la dictadura- recién admitió
que utilizó información “imprecisa” en sus coberturas periodísticas
sobre la presunta existencia de cuentas off shore, a nombre de Lula da
Silva y Dilma Rousseff, para recibir dinero de sobornos. Ni O’Globo
ni los fiscales que llevan adelante la investigación han presentado una
sola prueba que sustente las acusaciones contra ambos expresidentes:
una falsedad en todos sus extremos, utilizada como arma política
-reproducida hasta el hartazgo y con mala intención en medios
hegemónicos dentro y fuera de Brasil-, que dio ínfulas y “argumentos” al
oprobioso proceso de impeachmen contra Rousseff. Tal es el modus operandi de la ofensiva restauradora. La articulación mafiosa entre los grupos mediáticos -o cartelizados- y
el llamado partido judicial, que no es sino la cooptación por parte de
la derecha de uno de los poderes claves en la estructura republicana
-llamado a ser garante del respeto a las condiciones mínimas que hacen
viable la convivencia en sociedad-, se nos revela como uno de los
principales peligros para la construcción de democracias reales,
profundas y plenas, y no los artificios funcionales de las élites y sus
aliados como ha sido la triste tradición en una gran mayoría de nuestros
países. No son pocos los riesgos a los que nos enfrentamos. Como bien explica el periodista Martín Granovsky, “el
itinerario de la justicia y el denuncismo periodístico, como poder moral
superior” conforman el ariete utilizado para “producir lo peor de la
democracia, que es dejarla a cargo de empresarios disfrazados de
benefactores públicos”. ¿Cómo enfrentarán las izquierdas esta alianza? ¿Qué
tipo de democracias se pueden construir bajo la tutela de los partidos
mediático y judicial? ¿Son viables los procesos de cambio que no se
propongan disputar la hegemonía cultural y confrontar directamente a los
poderes fácticos? ¿Puede coexistir un proyecto emancipador con la
presencia de actores de esos poderes fácticos enquistados en el seno de
las instituciones del Estado? Este es un debate que no podemos obviar si queremos dejar
definitivamente atrás la farsa de las democracias controladas en la
sombra; en particular ahora, cuando crujen los engranajes de una
ofensiva restauradora cuya continuidad política se acompaña de signos de
interrogación y que -como ya lo han advertido distintos intelectuales-
en el caso brasileño podría abrir grietas peligrosas a una nueva
irrupción del factor militar como protagonista de la vida política en
nuestra América. (Con información de PL)
En nombre de Gladys Lanza “hagamos algo por Honduras”
Por defensores -
Por: Sandra Rodríguez Hoy al son de las mañanitas y muchos recuerdos, se partió un pastel
con sabor a lucha, entrega y fuerza, para recordar el 75 aniversario de
la histórica defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa. Su tumba se convirtió en un altar cubierto de pino, rosas amarillas,
flores blancas y moradas, y el ambiente se aromatizó de incienso y las
luces de las velas color moradas y blancas, hicieron presencia del alma
“Gladycita” como la recuerdan sus amistades y compañeras cercanas. Este 08 de junio se recuerda el 75 aniversario de su vida, los cuales
dedicó por completo a defender el derecho a la vida, la igualdad, la
protesta social, trabajo con dignidad, la verdad, la justicia, el
derecho de las víctimas, denunció las graves violaciones de derechos
humanos como la desaparición forzada, encabezó movilizaciones, protestas
sociales, estuvo en la cárcel, sobrevivió a las más crueles torturas, a
la exclusión, al machismo, luchó contra el patriarcado, el militarismos
y dedicó los últimos años de su labor a la defensa de los derechos de
las mujeres. A diferencia del año pasado, donde compartió en la casa de “Las
Chonas”, como se les conoce a las integrantes del Monimiento de Mujeres
por la Paz “Visitación Padilla” del cual Gladys era su coordinadora
nacional, hasta el momento de su deceso el 20 de septiembre del 2016,
hoy fue en el cementerio pequeño o “el de los pobres” de la aldea
Suyapa, al este de Tegucigalpa, y aunque hubo lágrimas por su ausencia,
sobresalieron las risas por las “travesuras” de niña que hacía la
defensora. Estaban presentes sus hijas Tania, Diosana e Ixchel y su nieto. Su
hermana Mercedes tomó la palabra diciendo que “yo sé que ella está en un
lugar especial, en el cielo y desde allá nos acompaña, ella cumplió su
misión hasta el último momento, dio todo, era incansable, yo, aunque le
decía acostate, estás enferma, no se acostó, no se le podía obligar a
estar quieta, es un ángel más en la vida de nosotras…” “Y especialmente para Cesario, porque un día antes de su cumpleaños
lo han condenado, y sé que va a tener desde el cielo va a tener la
ayuda, la sabiduría y la fuerza necesaria para defender las causas
justas”, agregó doña Mercedes. Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés CácaresElla se refirió al periodista y defensor de derechos humanos Cesario
Padilla, quien ayer fue condenado de usurpación por la Sala Cuarta de
Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto
al sociólogo Moisés Cáceres y el trabajador social Sergio Ulloa, por
ejercer la labor de defensoría en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), en julio del año 2015. Según su hermana, entre las últimas palabras de Gladys fueron “me voy
con el pesar que no pude hacer algo por mi país, que sigo viendo a mi
Honduras, no pude hacer nada por mi Honduras…” no pude contestar nada
porque yo sabía que se estaba yendo, así que las invito a que hagamos
algo por Honduras, necesitamos gente consiente y valiente, con el
espíritu de lucha que esta mujer tenía vamos a seguir. Con este espíritu de lucha vamos a hacer algo por Honduras, pasito a pasito poquito a poquito, finalizó Mercedes. Cesario Padilla, expresó su pesar porque, en medio de la lucha
estudiantil, el año pasado, doña Gladys fue muy receptiva a participar
en la mesa de diálogo, y sucedieron algunas cosas entre sus ocupaciones
que no se pudo concretar el acompañamiento. Lanza debía ir a firmar a la CSJ, una vez al mes como medida
sustitutiva a la prisión debido a una condena de parte de los Tribunales
de Justicia por acompañar a una víctima de acosos sexual y laboral,
estando su el proceso en casación, en el momento de su muerte, y por ese
motivo se le sobreseyó hasta el pasado 05 de mayo pasado. Gladys llamó a la juventud a ser rebelde ante el sistema, sobre todo a
los entonces criminalizados por el acceso a la tierra, a los bienes
comunes, a la educación de calidad, pública y gratuita. Ayer después de la lectura de la sentencia condenatoria tomé en mis
brazos a la hija -de cuatro meses de edad- de uno de mis compañeros y
le dije “vamos a conversar de doña Gladys, ella venía a firmar aquí…”
como quien cuenta un cuento… agregó Padilla, a manera de mantener viva
la lucha y la memoria de Gladys Lanza, quien siempre evoca risas, pues
sus recuerdos y acciones han marcado la vida y la lucha de este país. De otra forma, pero Gladys Lanza sigue aquí Compartí
mucho con Gladys, una vez fuimos a ver en su lecho de muerte a la
coordinadora del “Visitacion Padilla” del colectivo de El Progreso
(ciudad al norte del país), ella me decía que “uno debía despedirse se
la gente”. Yo tuve la oportunidad de despedirme de Gladys, ella sabía
que cuanto la amaba y le agradecí las enseñanzas, expresó Merly
Eguigure, coordinadora nacional del “Visitación Padilla”. Entre las anécdotas que recuerda su sucesora en “Las Chonas” es que
cuando Gladys estaba interna ya en la clínica, se llevó a escondidas un
radio que nunca le descubrimos, por lo que siempre estaba al tanto de
las noticias matutinas, así se dio cuenta del fallecimiento del
cantautor nacional Guillermo Anderson el 6 de agosto, a quien ella
quería que le cantara “Cipota de Barrio” en su funeral, y ya no sería
posible, por lo que le dije que se la pondría. Por su parte Cristina Alvarado, de la coordinación nacional del
Comité, expresó que Gladys, de otra forma sigue presente, en sus
recuerdos, su risa y sus acciones. Y entre conversaciones se compartió el tradicional pastel, amenizando
la lucha y la vida de una mujer que trasciende con el tiempo, y que las
autoridades judiciales le quedaron en deuda de justicia.
Alumnos de periodismo reconocen trayectoria de Miriam Mercado
Por defensores -
Por: Sandra Rodríguez “Los periodistas no somos noticia”, fue la respuesta a la solicitud
de una entrevista a la periodista Miriam Mercado, a quien se rendirá
homenaje esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH). Este reconocimiento viene directamente de los y las alumnas de
periodismo de la UNAH, quienes tiene una semana de celebración en el
marco del 25 de mayo, día nacional del periodista hondureño. Lo importante de estos eventos es que me doy cuenta que hay jóvenes
con conciencia, que estudian periodismo porque les interesa generar
cambios, agregó en una escueta conversación telefónica la reconocida
periodista. Ella recibió el Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” en
el año 2003, ha laborado en los periódicos hondureños Diario El Día, La
Prensa, Tiempo y la emisora Radio América. Además, fue corresponsal en Honduras por 30 años de la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano (Notimex) (1984-2014) y trabajó en Managua
en 1982 en la Agencia Nueva Nicaragua. Es reconocida por su labor en el área de derechos humanos, y jugó un
papel importante en la cobertura noticiosa de la década de los ochentas
en medio de la represión, tortura, detención y desaparición de líderes y
lideresas sociales. Su relación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), data desde hace tres décadas entre la amistad y
acompañamiento a las madres y esposas de las víctimas de lesa humanidad,
siendo así una periodista de mucha confianza. Mañana se inaugura la semana del y la periodista con el nombre de
“Miriam Mercado”, una periodista que continua acompañando a las víctimas
de violaciones a los derechos humanos, recientemente integró la mesa de
trabajo de luchadores sociales históricos convocada por el COFADEH, y
entre ellos estaba Oscar Aníbal Puerto, José Guadalupe Ruelas, Juan
Almendares Bonilla, Isidro España, Liduvina Hernández, Elvia Zelaya,
Estela Zelaya, Austra Berta Flores, Félix Cesario, Mario Argueta y
Manuel Gamero, para dar a conocer a las nuevas generaciones su labor en
esta área.
Brasil: proponen "Plan Popular de Emergencia" ante la crisis, y una nueva huelga general
Los
trabajadores de anunciaron una nueva huelga general para decir 'Fora
Temer' y rechazar sus reformas neoliberales. Mientras que los
movimientos sociales presentaron un "Plan Popular de Emergencia" para
que Brasil pueda salir de la crisis política y económica.
Brasil: proponen “Plan Popular de Emergencia” ante la crisis, y una nueva huelga general. Foto: archivo EFE
LA LUCHA SIGUE 30 de mayo de 2017, 11:05hs - LR21
Este lunes los principales sindicatos de Brasil acordaron
realizar una nueva huelga general contra las reformas neoliberales del
gobierno de Michel Temer y pedir por su salida del poder. La misma está
pensada para finales de junio, y los organizadores esperan una adhesión
más amplia aún que la registrado el pasado 28 de abril cuando se realizó
la primera huelga general en el país después de 20 años. Representantes de las nueve centrales se reunieron en Sao
Paulo para evaluar la marcha a Brasilia la semana pasada y definir las
siguientes acciones en contra de la reforma laboral y de pensiones. “Para nosotros, todo comienza y termina en las reformas, que
han sido rechazadas el 90% de la población”, enfatizó Julio Turra líder
de la CUT. Además de la exigencia de Temer salga del poder a las
centrales sindicales les preocupa poder evitar el procesamiento de las
propuestas en el Congreso, que advierten que incluso podría darse con la
salida de Temer ya que según la Constitución sería sustituido en una
elección indirecta y su lugar lo ocuparía alguno de sus aliados que
defiende las reformas, por lo que además de pedir la salida de Temer los
trabajadores abogan por elecciones directas anticipadas. Por su parte Wagner Gomes, secretario general del CTB,
resaltó el éxito de la movilización de Brasilia y la necesidad de una
nueva huelga general: “El acto logra papel muy importante, fue la
movilización más grande en muchos años. A pesar de la represión policial
fue una demostración de fuerza que pone a los sindicatos en otro nivel.
Por lo tanto, la CTB cree que hay que llamar a otra huelga general para
decir bien alto “Fora Temer” y derrotar a las reformas de su gobierno”.
“Plan Popular de Emergencia”
Por su parte las organizaciones sociales ligadas al Frente
Brasil Popular, también este lunes, lanzaron la propuesta de un plan de
emergencia para que Brasil pueda salir de la crisis política y económica
en la que está sumergido. La propuesta, denominada Plan Popular de Emergencia
pretende presentar una salida factible a la sociedad brasileña y tiene
como objetivo el restablecimiento del “orden constitucional democrático,
defender la soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir
el desmonte del Estado y salvar las conquistas históricas del pueblo
trabajador”, según detalla el texto citado por Brasil de Fato. El plan propone como primer paso la salida del presidente
golpista, Michel Temer (PMDB) y la anticipación de las elecciones
presidenciales para 2017, para que finalmente sea el pueblo quien pueda
decidir al presidente, y sobre todo al programa de Gobierno, ya que si
bien Michel Temer era el vicepresidente constitucional de Dilma Rousseff
tras la salida de la mandataria destituida por el Senado, Temer
implementó un plan de Gobierno que no era el presentado por el Partido
de los Trabajadores en las elecciones de 2014 y que fue elegido por el
pueblo. Estructurado en 10 áreas temáticas, el texto plantea además
la necesidad de enviar al Congreso Nacional la propuesta de convocatoria
para una Asamblea Constituyente que reglamente un nuevo régimen
político para las elecciones de 2018, despojado de la influencia del
poder económico. El documento está planteado como una nueva alternativa que
favorezca a los trabajadores y al pueblo en caso de que exista un
Gobierno de emergencia, ante la posibilidad de una salida anticipada del
presidente no electo, Michel Temer. Según detalla Brasil de Fato, la plataforma social aboga por
la implementación inmediata de un plan de emergencia que contemple
cambios radicales en el sistema tributario, la vuelta a las políticas
ligadas a la reforma agraria así como el perfeccionamiento de los
sistemas de salud, educación, cultura y vivienda. El coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stédile, señaló que este plan popular “se
produce en momentos en que el gobierno golpista de Temer está llegando a
su fin”, y afirmó: “Temer solo continúa en el poder porque la burguesía
todavía no acordó el nombre de su sucesor”. Sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente explicó
que se busca que los parlamentarios sean electos de acuerdo con la
representación de la sociedad brasileña: “Si la mitad del pueblo es
negro, también la mitad de los legisladores tendrían que serlo; si esa
misma proporción es de mujeres, entonces la presencia femenina debería
tener igual representación”, dijo, al tiempo que recordó que en la
actualidad el 80% de los miembros del Legislativo son empresarios y
quienes no lo son fueron apoyados por estos para que pudieran asumir su
encargo. En ese sentido resaltó la necesidad de convocar elecciones
directas anticipadas, ya que “una elección indirecta a través del
Congreso no resolverá nada, porque éste es fruto de una corrupción
endémica y no es representativo del pueblo brasileño”.
Gremios en Brasil anuncian una nueva huelga general contra Temer y sus políticas para finales de junio
Las centrales
sindicales aprobaron este lunes la realización de una nueva huelga
general contra las reformas y el Gobierno de Michel Temer para finales
de junio, en fecha a ser definida, pero que quedará entre los días 26 y
30 de dicho mes. El proyecto neoliberal tardío en el gigante
sudamericano se encuentra cada vez más debilitado.
El Ciudadano
Las centrales sindicales aprobaron durante este lunes la
realización de una nueva huelga general contra las reformas y el
Gobierno de Michel Temer. La protesta tendrá lugar a finales de junio,
en fecha a ser definida, pero que quedará entre los días 26 y 30 del mes
que viene. Aunque algunos defienden la posibilidad de realizar una huelga de 48
horas, lo más probable es que sea elegido sólo un día. La decisión debe
salir el próximo lunes (5 de junio), cuando los dirigentes volverán a
reunirse en Sao Paulo. Desde el sector gremial de Brasil prometen un
movimiento y acción más amplios que el registrado el pasado 28 de abril,
cuando luego de mucho tiempo se realizó una huelga general en el
gigante sudamericano, Tal como señala el portal brasileño Rede Brasil Atual, en la
tarde de ayer, representantes de nueve centrales se reunieron en la
sede de la CTB, en la región central de São Paulo, para evaluar la
marcha a Brasilia la semana pasada y definir las próximas acciones
contra las reformas neoliberales que pretende aplicar el cada vez más
debilitado mandatario. Para el presidente de la UGT, Ricardo Patah, fue “el movimiento más
fuerte y solidario de la última década”, incluso con acciones de
posibles infiltrados durante el acto en la capital federal. “No podemos
perder ese foco”, afirmó, aún antes del final de la reunión,
refiriéndose a la tramitación de las reformas en el sistema de pensiones
en la Cámara de Diputados, y la relacionada a los derechos laborales,
en el Senado.
“Para nosotros, todo comienza y termina en las reformas, que tienen
rechazo del 90% de la población”, reforzó el director ejecutivo de la
CUT Julio Turra. Además del mantenimiento del “Fuera Temer” (Fora
Temer), la preocupación es impedir la tramitación de las propuestas en
el Congreso, incluso con una posible salida del presidente, que podría
ser sustituido en una elección indirecta. “A los ojos del mercado, Temer perdió credibilidad”, evalúa en la
misma dirección Turra. Por eso, señala, las centrales de trabajadores,
aunque no de forma tan unánime como se quisieran, defienden la postura
de las elecciones directas como salida a la crisis política e
institucional que atraviesa Brasil.
Manifestaciones y un megarrecital en Río de Janeiro para reclamar elecciones directas
Caetano veloso y Milton Nascimento, entre otros, expresaron en
Copacabana su rechazo al gobierno ilegítimo de Michel Temer."Si lo
empujamos, caerá" gritaban.
Lunes 29 de Mayo de 2017
Rio de Janeiro Más de 150.000 brasileños salieron por
las calles de Río para exigir la renuncia de Michel Temer, envuelto en
múltiples denuncias de corrupción, y la convocatoria a elecciones
directas para elegir nuevo presidente constitucional. Además, expresaron
su rechazo a los proyectos de flexibilización laboral y reforma al
sistema previsional. La manifestación concluyó en un recital del que
entre otros participaron, artistas Caetano Veloso y Milton Nascimento. La
convocatoria fue motorizada por sindicatos y movimientos sociales,
comenzó por la mañana y se prolongó durante toda la tarde sobre la
avénida Atlántica en el paseo de Copacabana. Entre los artistas se
destacaron también Mano Brown, Teresa Cristina, Mart'Nalia, Otto María
Gadu, Pretinho da Serra, Criolo y Cordao da Bola Preta, entre otros. "Si lo empujamos, Temer caerá", coreaban los manifestantes. Pero
el mandatario, de 76 años, volvió a rechazar categóricamente hacerse a
un lado, en una columna publicada este domingo por el diario Folha de
Sao Paulo. "Brasil no se ha detenido y no se va a detener, a pesar de
la crisis política que, lo reconozco, estamos padeciendo", escribió
Temer, que espera ser recordado como el hombre que consiguió con sus
reformas promercado sacar a la potencia latinoamericana de la peor
recesión de su historia. Apenas un año después de haber sucedido a
la presidenta de izquierda Dilma Rousseff -destituida por maquillar las
cuentas públicas-, el cargo de Temer cuelga sin embargo de un hilo. El
último escándalo de corrupción de Temer se sustenta en el testimonio de
los ejecutivos del grupo JBS, que acusaron a Temer de recibir coimas
desde 2010, aportaron una grabación en la que el mandatario escucha en
silencio o consiente posibles delitos y revelaron el pago de sobornos a
1.829 políticos de 28 partidos. La crisis política paralizó la
aprobación de la reforma del sistema de pensiones, que endurece las
condiciones para obtener esa prestación al establecer como edad mínima
para la jubilación los 62 años para mujeres y los 65 para hombres, con
un mínimo de 25 años de cotización. Según la Constitución, si
Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección
indirecta para escoger a la persona que completará el período iniciado
por Dilma Rousseff en 2015, el cual concluye el 1 de enero de 2019. Los
raperos Mano Brown y Criolo y la cantante de samba Martnalia figuraron
en la lista de artistas movilizados con la consignas "Fora Temer" y
"Diretas já" (elecciones directas ya). El concierto, frente a una
playa de Copacabana donde la bruma ocultaba el mar, llegó a su clímax
cuando apareció Caetano Veloso, entonando "Podres Poderes" (Poderes
podridos, en español). "¿Será que nunca haremos sino confirmar/ la
incompetencia de la América católica/ que siempre precisará ridículos
tiranos?", reza la letra, coreada por la multitud. Milton Nascimento, de su lado, hizo vibrar a los asistentes con "Nos bailes da vida". Según
la Constitución, si Temer es destituido o dimite, la Cámara de
Diputados deberá designar a su sucesor en 30 días, para completar el
mandato de Rousseff hasta fines de 2018. Unas elecciones indirectas a
las que se oponen muchos brasileños, desconfiados de un Congreso con
decenas de legisladores investigados por corrupción. Por eso, exigen "Directas ya", como en el periodo final de la dictadura militar (1964-1985) "Temer
y todos los golpistas sacaron del poder a una presidenta electa
legítimamente sin motivo que lo justificase. Es como hace treinta años,
queremos el regreso de la democracia y elecciones directas ya", dijo a
la AFP Sirlei Oliveira, una socióloga de 52 años, que viajó desde Sao
Paulo. La mera sustitución de Temer sería "un golpe dentro del
golpe", afirmó Diego Kapaz, un arquitecto de 33 años, para quien los
grupos que apoyan a Temer solo están interesados en apurar el voto de
las reformas que elevan la edad de la jubilación y flexibilizan la
legislación laboral. Celso Amorim, exministro de Exteriores de
Lula da Silva (2003-2010) y de Defensa de Rousseff, estaba entre los
manifestantes, que se acercaban a abrazarlo y sacarse fotos con él. "Temer dejó de ser funcional" para quienes lo llevaron al poder, dijo Amorim a la AFP. El
excanciller considera que los brasileños deben ahora "elegir un
presidente legítimo, capaz de conducir reformas"; pero no las que
propone Temer sino "reformas para recuperar la soberanía y hacer que el
pueblo tenga acceso no solo a bienes [materiales] sino también a una
mayor participación" política. La izquierda, a la defensiva en los
últimos años a raíz del colapso económico y de las acusaciones de
corrupción contra muchos de sus líderes -incluido Lula-, parece ver en
esta crisis una oportunidad de levantar cabeza. El miércoles
pasado, movilizó a decenas de miles de personas en Brasilia. Durante la
protesta, grupos de jóvenes encapuchados atacaron varios ministerios.
Los enfrentaientos con la policía dejaron 49 heridos, uno de ellos de
bala. Acusado por la Fiscalía de obstrucción a la justicia,
organización criminal y corrupción pasiva y con varios pedidos de
impeachment en el Congreso, Temer trata de evitar una deserción en masa
de su gobierno. Su destino podría decidirlo el Tribunal
Superior Electoral (TSE), que juzgará a partir del 6 de junio las
irregularidades en el financiamiento de su campaña de 2014 junto a
Rousseff, en la que él era candidato a la vicepresidencia.
PLAN DE EMERGENCIA
Frente Brasil Popular presenta propuesta para salir de la crisis política y económica
Organizaciones colocan la necesidad de implementar, inmediatamente, el Plan Popular de Emergencia
Redacción
Brasil de Fato | São Paulo (SP)
Movimientos evalúan que es urgente y necesaria la implementación de un nuevo proyecto popular para Brasil / ReproducciónLas
organizaciones sociales ligadas al Frente Brasil Popular lanzan, este
lunes (29), la propuesta de un plan de emergencia para que Brasil pueda
salir de la crisis política y económica en la que está sumergido desde
el impeachment de la ex-presidenta Dilma Rousseff (PT). Llamado Plan Popular de Emergencia, la idea es debatir y presentar
una salida factible a la sociedad brasileña para el restablecimiento del
orden democrático en el país y buscar soluciones concretas que ayuden a
Brasil a salir de la crisis económica y ampliar los derechos sociales y
laborales. El objetivo, según las organizaciones que componen el Frente, es el
restablecimiento del “orden constitucional democrático, defender la
soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir el desmonte
del Estado y salvar las conquistas históricas del pueblo trabajador”,
dice parte del texto. Para el Frente Brasil Popular, el primer paso para que el programa se
realice es la salida del presidente golpista, Michel Temer (PMDB) y la
anticipación de las elecciones presidenciales para 2017, para que la
propia población pueda escoger su representante en el Poder Ejecutivo. Las organizaciones también resaltan la necesidad de convocar una
Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado de derecho y
establecer reformas estructurales que garanticen una mayor participación
popular en el sistema político brasileiro. “Se trata de implementar un proyecto nacional de desarrollo que tenga
por objeto fortalecer la economía nacional, el desarrollo autónomo y
soberano, enfrentar la desigualdad de renta, de fortuna y de patrimonio
como ejes fundamentales para la reconstrucción de la economía
brasileira, para la recomposición del mercado interno de masas, de la
industria nacional, de la salud financiera del Estado y de la soberanía
nacional, un modelo social basado en el bienestar y en la democracia”,
destaca otra parte del texto. El documento también apunta la necesidad de la implementación
inmediata de ese plan de emergencia que, entre otros puntos también
coloca la urgente necesidad de reformar el sistema tributario,
reanudación de políticas vinculadas a la reforma agraria, la garantía y
el perfeccionamiento del derecho a la salud, educación, cultura y
vivienda y la vuelta a una política externa basada en la soberanía
nacional. Clic aquí para descargar el Plan Popular de Emergencia completo, en español.
El establishment ya busca un reemplazante para Michel Temer
Al vislumbrar una segura caída del mandatario, los partidos en el poder y sus aliados barajan nombres de toda índole.
Ricardo Romero > @Richardbsas - Sábado 27 de Mayo de 2017
Mientras la respuesta del gobierno de Michel Temer a las
movilizaciones populares contra las reformas que impulsa y el pedido de
su renuncia fue una feroz represión, donde convocó a las fuerzas armadas
a actuar sobre manifestantes y que lo hicieron como en los peores
tiempos de la dictadura militar, mostrando el endurecimiento del "golpe
blando", los aliados de la coalición de gobierno debaten una salida. Lo
cierto, es que el mismo establishment que acompañó el desplazamiento de
Dilma Rousseff esperanzado en que Temer aplique un severo plan de
ajuste con el objetivo de sacar al país de la peor recesión de su
historia, se encuentra con una economía que no despega y que la
desocupación alcanza niveles records junto a una inflación que se
dispara. Por eso, la divulgación de la grabación realizada por
Joesley Batista, empresario de la alimentación, que mostraría a Temer
dando el aval al pago de un soborno a Eduardo Cunha, el artífice del
golpe parlamentario, sería el detonante para comenzar a explorar un plan
B, más aún cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) ya abrió una
investigación donde la Fiscalía General acusa a Temer de "obstrucción a
la Justicia" en relación con casos de corrupción y organización
criminal. Sin embargo, Temer parece no querer dejar el gobierno y
envía un mensaje a sus aliados de que una destitución del STF será
larga, porque está dispuesto a realizar una especie de "by
pass-jurídico" recurriendo a todos los artilugios legales posibles para
dilatar la sentencia. Especialmente porque apuesta a llegar a octubre,
momento en que Hernan Benjamin, relator del proceso, deba dejar la Corte
y así poder nombrar un sucesor afín. Sin embargo, el Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado clave en la coalición de
gobierno, ya prepara el banco de suplentes para pensar un relevo, ante
una eventual renuncia o destitución. Sin tapujos, los tucanos, como se
les llama a los adherentes a ese partido, comenzaron a hacer circular
nombres para un eventual reemplazo. De boca del gobernador del Estado de
San Pablo, Geraldo Alckmin, los nombres del ex presidente Fernando
Henrique Cardoso y del senador Tasso Jereissati fueron expuestos como
buenos candidatos para relevar a Temer. Incluso el mismo Alckmin, que
aspira a ser candidato en las presidenciales del año que viene, podría
ser el hombre de recambio. En la lista de presidenciables también
ronda el nombre de Henrique Meirelles, actual ministro de Hacienda, un
cuadro del riñón del mercado financiero. Su prestigio deriva de su
carrera internacional en el área financiera, especialmente en el
BankBoston, en el que llegó a ocupar la presidencia global del banco. Se
lo considera el artífice del plan económico de Michel Temer y se le
atribuye ser el sostén macroeconómico al frente del Banco Central
(2003-2010) de los dos mandatos del expresidente Ignacio Lula da Silva.
Al dejar el gobierno petista, Meirelles se incorporó al mundo
corporativo en la presidencia del Consejo Consultivo de la J&F, un
holding que reúne a empresas de los hermanos Wesley y Joesley Batista,
entre ellas la JBS, la que desató el reciente escándalo en la política
brasileña. Lo cierto es que quien salga de una eventual elección
indirecta tendrá que mostrar una firmeza y capacidad de enfrentar los
esquemas de corrupción presente en las instituciones brasileñas. En
palabras del politólogo Santiago Leiras, del Instituto Ortega y Gasset,
"con la crisis en Brasil volvemos a 1992, año del mani pulite en Italia.
El corolario de aquella crisis fue la aparición de un outsider como
Berlusconi. La pregunta sería en qué medida el desenlace en Brasil no
dará lugar a la aparición de alguna versión local del magnate italiano". De
hecho, y casi desesperada, la derecha improvisa nombres ante una
eventual elección directa, como el de Luciano Huck (el presentador de TV
mejor pago del mundo) que, con un espaldarazo de Fernando Henrique
Cardozo y la proyección que le da ser una figura de la Rede Globo, las
encuestadoras ya lo están midiendo. También suenan nombres como el de
Jair Bolsanaro, un defensor de la última dictadura militar que estaría
midiendo un 15%, así como el de Marina Silva, la ecologista que tuvo una
buena performance en la última elección. Desde la izquierda,
incluido el Partido dos Trabalhadores (PT), que denuncia un "golpe
institucional" se entiende que la crisis le da una oportunidad para
regresar. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff solicitó al STF que la
restituya en el cargo ante "un complot urdido en la articulación, ahora
bien conocido entre este Parlamento, a continuación, la República
vicepresidente y otros de sus compañeros, todos ahora acusados de
corrupción y otros excesos", argumentó la exmandataria. Sin
embargo, en el PT no están convencidos de la conveniencia de un regreso
súbito de Dilma Rousseff, entendiendo que quedaría prisionera de la
misma dinámica de poder del establishment, considerando que solo una
salida electoral puede reencauzar un gobierno con el poder suficiente
para gestionar. Y si un impaciente lector de Tiempo Argentino se
pregunta qué pasa con la candidatura de Ignacio Lula da Silva, la
respuesta es que está buscando los marcos de gobernabilidad. Ya se
reunió con Fernando Henrique Cardoso y José Sarney para pensar las
posibles salidas a la crisis, y está impulsando desde su corriente
interna (Construyendo un Nuevo Brasil) en el 6º Congreso Nacional del
PT, que se hará el próximo fin de semana en San Pablo, el llamado a
boicotear una elección indirecta y trabajar para la articulación de
marco de alianzas amplio para un eventual regreso al gobierno. Esta
posición es criticada por el ala izquierda del PT, nucleadas en la
corriente "Cambia PT", que trata de restringir la alianza con el
incondicional Partido Comunista do Brasil (PCdB), sumando al varguista
Partido Democrático Brasileño (PDT), al Partido Socialismo y Libertad
(PSOL), al Partido Socialista Brasileño (PSB) y a Rede. El interrogante es si esto alcanzará para sustentar un gobierno frente a un poder que maneja un Estado corrompido. « El "golpe blando" ya es duro El
concepto de "golpe blando" fue acuñado por la ciencia política para
describir el desplazamiento de un gobierno a través de una acción
parlamentaria. Los casos referenciales de este neogolpismo serían
Honduras en 2009, donde el intento del entonces presidente Manuel Zelaya
de establecer una constituyente fue objetado por el establishment local
que propició su destitución por el Congreso, con apoyo del ejército; y
Paraguay en 2012, donde el mandatario de ese momento Fernando Lugo fue
acusado de mal desempeño y responsabilizado por los enfrentamientos
entre campesinos y policías ocurrido en la ciudad de Curuguaty con un
saldo de 17 muertos. Con el mismo esquema, se diseñó una
conspiración contra la expresidenta Dilma Rousseff, quien fue acusada de
realizar manejos ilegales en el presupuesto federal, fue desplazada del
gobierno y reemplazada por Michel Temer, su vicepresidente, quien
pergeñó el golpe con Eduardo Cunha, su compañero de partido y por
entonces presidente de la Cámara de Diputados, y que cumple 15 años de
una sentencia por corrupción y que, según las últimas grabaciones
difundidas, Temer habría intentado sobornarlo para su silencio. Los
casos de Honduras y Paraguay tuvieron fuerte rechazo en el escenario
internacional. Respecto al país centroamericano, sus vecinos El
Salvador, Nicaragua y Guatemala, junto a Venezuela, establecieron
sanciones económicas, en tanto que el BID y el Banco Mundial
suspendieron ayuda financiera y los embajadores de la Unión Europea se
retiraron. Por su parte, la nación guaraní enfrentó rechazos y condenas,
especialmente de sus socios en el MERCOSUR (Brasil, Argentina y
Uruguay) que le aplicaron la cláusula democrática y le suspendieron la
membresía, a su vez, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua retiraron
sus embajadores. Sin embargo, Brasil no tuvo el mismo trato. El
incipiente gobierno de Temer recibió el inmediato saludo del presidente
argentino Mauricio Macri y el escenario internacional lo consideró un
proceso legal. No se reparó que no es un parlamentarismo, por ende, solo
es válida la acción con delito porque sin él es Golpe de Estado. Esta
situación profundiza la crisis de un gobierno que agudiza su deterioro,
especialmente por el involucramiento de sus miembros en casos de
corrupción y que ahora llega al mismísimo Michel Temer. Así, mientras
que la coalición que hace un año apoyó el "golpe blando" ahora abandona
el barco y como respuesta el gobierno endurece su accionar y convoca a
las fuerzas armadas a reprimir a un pueblo que en las calles le pide su
renuncia. Si bien algunos países e incluso organismos
internacionales como la OEA mantienen el cinismo de condenar a Venezuela
pero no pronunciarse sobre Brasil, la represión salvaje desplegada por
Temer fue reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos (ACNUDH) que consideraron un "uso excesivo de la fuerza" y que, a
pesar del rechazarla, Temer tuvo que dar marcha atrás a esta medida
despótica. «
Estado español
Andrés Bódalo: “La sociedad tiene que juzgar con sentido común”
Por Miguel A. Rodríguez Cárdenas / La contra de Jaén KAOS EN LA RED - Publicado en: 29 Mayo, 2017 Andrés
Bódalo está tranquilo. Sabe que es jueves y que el viernes, a las 17:00
horas, tiene que regresar a la Prisión Provincial de Jaén. Pero también
sabe que es jueves y que aún le queda un día para volver a encerrarse
17 horas diarias en una habitación. En estos tres días de libertad que
le ha otorgado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria solo quiere estar
con su familia y los compañeros que se acercan a saludarlo casi a cada
instante.
Ha
podido cenar en la misma mesa que su madre, su compañera, sus tres
hijos, su nieta y sus hermanos, algo que no hacía desde hace más de 14
meses, cuando ingresó en prisión. El juez dictaminó que agredió al
exconcejal del Ayuntamiento de Jódar Juan Ibarra, y todavía le restan
dos años más entre rejas. “Es lo que hay”, dice, con un tono que baila
entre la resignación y la aceptación de que el juez ya dictó sentencia y
solo queda acatarla. Pero tiene ganas de hablar y expresarse, aunque el
deseo de no separarse ni un segundo de su familia hace que la
entrevista tenga que ser por teléfono y por el microscópico micrófono
del móvil cuenta que lee, hace spinning, se ha encontrado con mucha
gente “maravillosa” y que nunca dejará la lucha. “La llevo en la
sangre”, dice.
–¿Es más duro el día a día en la cárcel de lo que podía pensar antes de estos 14 meses?
–Sí,
sin duda. Es un mundo totalmente diferente a la vida en la calle, en
libertad. Te pasas 17 horas de las 24 que tiene el día encerrado en una
habitación y solo sales para los horarios que están estipulados. Es muy
díficil para el que está dentro, pero, sobre todo para los que están
fuera y no lo han vivido en primera persona y que pueden imaginarse que
es peor de lo que en realidad es. Porque tenemos muchas actividades que
nos sirven de entretenimiento, tenemos tiempo para leer y estudiar y,
también, para conocer a personas maravillosas que hacen que este tiempo
sea más llevadero.
–¿A qué ha dedicado el tiempo en prisión?
–Lo
he dedicado a pensar, pensar mucho en todo lo que ha pasado y por qué
ha pasado. A pensar en cómo lo está viviendo mi familia y con tanto
tiempo para pensar también tienes ganas de distraer la mente y, por las
mañanas, después de levantarnos sobres las 7:30 horas, voy a hacer
spinning. Es un deporte que me gusta bastante, que ejercitas todo el
cuerpo y que me sirve de distracción y, además, Javi, el monitor, es una
excelente persona. luego,
– ¿Y qué lee?
–Pues ahora
estoy metido de lleno en una biografía de Saramago, que me está gustando
mucho; me tiene bastante enganchado. Y también he releído en varias
ocasiones la obra de Federico García Lorca y Miguel Hernández. Se te
viene todo abajo cuando lees sus poemas y ves todo lo que sufrieron por
pensar de otra manera. Cuando llega la noche y estoy en la cama, hago un
diálogo con ellos, empiezo a pensar lo que vivirían y se me parte el
alma. No me gustaría que se me malinterprete, porque no quiero en ningún
momento compararme con ellos, pero también muchas veces me dan fuerzas
para seguir, para no decaer ahí dentro, donde los días se hacen muy
duros. Me sirven, sobre todo, para concienciarme, como lo he estado toda
mi vida, de que la violencia no es el camino para nada. Andrés Bódalo, durante un acto de protesta.
–Pero
un juez dictó que usted tenía que pasar tres años y medio en prisión
por su agresión a Juan Ibarra. ¿Lo ha asumido o aún piensa que es
inocente?
–Está muy claro que hay una sentencia de un juez por la
que se me condena. Eso lo tengo asumido y que tengo que cumplir los
tres años y medio que me han echado, también, porque él era un cargo
público y si la ley dice que eso es lo que tiene que cumplir quien
agrede a un cargo público, entonces, con la Justicia tal y como esta, es
lo que hay, no queda otra. Tengo que asumirlo porque es la decisión de
la Justicia, pero tampoco quiero dejar de decir que no hay un informe
forense que dictamine que al señor que yo agredí sufrió el daño que dice
que sufrió. También está el testimonio de la Guardia Civil, que dice,
como he reconocido en muchas ocasiones, que sí se produjeron momentos de
tensión ese día en Jódar, que hubo empujones y mucha, mucha tensión,
pero que nadie agredió a nadie. Yo, como digo, sé que tengo que cumplir
la condena, pero cada noche de las que he pasado ahí dentro he dormido
con la conciencia tranquila pensando que jamás he sido violento. Y, es
más, si yo hubiera hecho algo malo a este hombre pediría perdón tantas
veces como fuera necesario, pero si le he hecho un daño que se ha
demostrado.
–¿Le preocupa que se haya creado de usted una imagen que no se corresponde con la realidad?
–Sí…
Piensa que sí todo el mundo dice este es violento, al final termina
calando en la sociedad. Pero yo apelo a la razón de las personas y,
sobre todo a los hechos. En todos los años de lucha social que llevo
nunca ha habido un acto de violencia. Sí hay momentos de tensión y de
reivindicación pero nunca hemos usado en mi sindicato –Sindicato Andaluz
de Trabajadores– la violencia. Pero la imagen que se vende muchas
veces, desde el sensacionalismo, es que Andrés Bódalo es una persona
violenta. Y, ¿sabes por quién me duele más?, por mi hijo pequeño, que
tiene 13 años y tiene que ver la forma en la que se habla así de su
padre. Es un niño y, aunque él tenga muy claro cómo es su padre, también
ve las informaciones que salen en la tele y me pregunta que si yo he
hecho esto o aquello que dicen. Me preocupa mi niño, en un bis a bis se
quedo durmiendo conmigo en mis brazos y tiene 13 años. Eso te parte el
alma. Pero yo he hablado mucho con él estos tres días y sabe toda la
historia tal y como es. Andrés Bódalo, junto con su familia tras salir de prisión.
–¿Qué es lo que más le ha sorprendido durante estos meses en prisión?
–Del
interior, sin duda, la gente que he conocido. Hay funcionarios que son
excelentes personas y los compañeros del módulo de respeto en el que
estoy también se han portado muy bien conmigo. Pero me ha sorprendido
sobre todo mi familia, sus reacciones ante esto. Mira, por ejemplo mi
hija Lorena antes la veía más seria, no me entendía cuando iba a las
manifestaciones y cuando participaba en los actos y ahora es la primera
que está en todas las concentraciones y ha podido experimentar lo que
siente su padre y darse cuenta de lo que hacía yo. Eso es un orgullo,
como ver a mi hija María Victoria y a mi compañera y a mis hermanos y
mis compañeros de sindicato en cada sitio y cada acto que ha habido para
pedir mi libertad. Es un auténtico orgullo.
–¿Le han llegado los apoyos que ha recibido desde fuera?
–Sí,
bueno, tanto como te pueden llegar ahí dentro. Mi familia, que me ha
visitado cada semana, y el resto de personas que han podido venir, como
Diego Cañamero, Pablo Iglesias o Teresa Rodríguez, entre muchos otros,
me han transmitido en cada encuentro que tenía el apoyo de muchas
personas de la calle. Pero, como he dicho antes, también te llega el
otro lado de las cosas, lo malo. Pero prefiero quedarme con el cariño
que he encontrado en muchas personas que me han enviado cientos de
cartas, que tengo guardadas, y que me han llegado desde muchos puntos de
España, pero me ha sorprendido recibir cartas de países como Suiza,
Francia, Ecuador y hasta de Vietnam. Las tengo todas guardada. Y las
palabras de ánimo y de solidaridad que he encontrado en estas cartas han
servido para que mi familia sepa que su padre no es lo que han
intentado vender. Insisto en que tenemos que ser muy rigurosos con ese
tema. La sociedad tiene que juzgar por ella misma, con sentido común, y
he estado en el Ayuntamiento de Jaén nueve meses y los vecinos y los
compañeros de la política me han visto en los plenos, en los barrios, en
Asuntos Sociales. Han sido nueve meses, no un día, y ahí se ve cómo es
una persona. Pablo Iglesias en su visita a Bodalo en prisión.
–¿Qué
se le pasa por la cabeza cuándo ha visto que la Junta de tratamiento le
denegaba los permisos, que el proceso para su indulto no avanza y, por
otro lado, en plenos de ayuntamientos, como el de Jodar o Jaén, se
apoyaba este indulto?
–Te frustras, porque ves como quien está
contigo día a día sabe cómo eres, que dentro te comportas bien, no das
problemas con ningún preso ni ningún funcionario, pero luego llega el
día y te deniegan el permiso. Que te frustra es innegable, pero también
me hace querer mejorar en todo lo que sea posible para que lleguen los
días en libertad y poder recuperar el tiempo que estoy perdiendo dentro.
Pero la frustración está, sobre todo porque en el ámbito personal, en
las relaciones que he mantenido durante mucho tiempo con personas de la
política y ajenas a ella veo como me conocen, que saben que no soy un
hombre violento y eso no se transmite a la sociedad. Mire, he recibido
una visita en prisión de Reyes Chamorro, concejal del Partido Popular, y
si yo fuera como en muchas ocasiones dicen que soy, no creo que esta
señora hubiese venido a verme. En este sentido quiero que se haga
justicia, porque no soy un hombre violento y nunca lo he sido.
–¿Y se le han quitado las ganas de seguir en primera línea?
–No,
sin duda que no. Yo lo llevo en la sangre, vengo de una familia
trabajadora y reivindicativa y la primera vez que participé en una
manifestación fue con nueve años. Trabajaba en la aceituna, como muchos
niños de los años 80, porque no había tanta maquinaria ni mano de obra
suficiente con los mayores. Trabajábamos decenas de niños y cobrábamos
1.500 pesetas, la mitad o menos de lo que cobraban los adultos por el
mismo trabajo, por trabajar en el campo las mismas horas. Eso te hace
darte cuenta de la necesidad de salir a la calle a reivindicar la
igualdad y desde los nueve años no he parado y, después de esto, tampoco
lo voy a hacer. Siempre tengo el recuerdo de mi padre y muchas familias
defendiendo la igualdad. Vengo de esa cultura, de la lucha por el
derecho de las personas al trabajo, a la vivienda; lo llevo en la
sangre.
–¿Pero no siente estos tres años y medio de prisión como un ‘aviso’? ¿No le ha echado para atrás en ningún momento?
–No,
de verdad que no. Yo creo que la sociedad en general tenemos que
pararnos a pensar cuando ocurren este tipo de situaciones, y hacerlo con
nuestra propia cabeza, en lo que es el bien y es el mal, lo bueno y lo
malo. Creo que, como es mi caso, hay consecuencias que no se
corresponden con la realidad. Y eso me hace que no quiera dejar de
luchar, aunque también tengo muy claro que lo primero que quiero es
recuperar mi libertad y mi vida junto a mi familia. Pero ahora que he
estado dentro, mi preocupación por la situación de los presos, que somos
unos 600 en la cárcel de Jaén, porque no se repitan situaciones como la
mía, y porque reine el sentido común en la Justicia. Tres años y medio
se dicen muy pronto, pero es algo que solo sabe el que los pasa dentro. Diego Cañamero y Andrés Bódalo han compartido muchas manifestaciones en su larga trayectoria como sindicalistas.
–¿Las desigualdades que usted denunciaba en la calle también las ha visto en la cárcel?
–Te
puedo decir que no he visto a ningún rico entrar en prisión en lo que
llevo. Si mucha gente con pocos recursos, que vienen de familias
desectructuradas, que no han tenido oportunidades en la vida. Hay
chavales que están por robos en los que no hay violencia ni nada por el
estilo y cuando llegan, allí no conocemos la historia de nadie, pero con
el tiempo sale y ves que detrás de lo que para la sociedad es un
delincuente también hay una buena persona a la que las circunstancias de
su vida le han hecho hacer esas cosas. También están los que llevan
toda la vida entrando y saliendo, pero esos los veo más como un fallo
del sistema que de ellos mismos, fíjate. Sí la cárcel está para la
reinserción no puede ser que una persona entre una decena de veces, por
poner un ejemplo. El fallo está ahí y todos tenemos que remar en la
misma dirección para corregirlo a través de la educación.
–¿Teme que llegue el viernes?
–Tengo
aceptado que voy a volver. Voy a seguir peleando por salir, ya tengo en
marcha la petición del próximo permiso, que se resuelve el 9 de junio, y
confío en que no tenga que llegar otra vez hasta el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria. Pero también tengo asumido que la condena son
tres años y medio y que si no llega el indulto, tendré que cumplirla
entera. Pero confío en el sentido común.
Los juristas debaten la "alarmante" situación de la libertad de expresión
La Universidad Carlos III de Madrid acoge unas jornadas en la que Cassandra Vera y César Strawberry participarán como afectados
César Strawberry.
Durante los días 1 y 2 de junio, la Universidad Carlos III de Madrid celebrará las jornadas La represión penal de la sátira política.
En el campus de Getafe se analizarán los casos más polémicos de
represión por parte de los Tribunales españoles en el último año así
como la visión de expertos juristas que han estado presentes en
sentencias del Tribunal Supremo.
Entre 2016 y 2017 han sido juzgadas en España
más de cincuenta personas por delitos de incitación al odio o
enaltecimiento al terrorismo.
Jacobo Dopico, miembro organizador de
las jornadas y catedrático de derecho penal destaca que en estas
ponencias se analizarán por primera vez, desde el otro lado, la opinión
de profesores expertos de distintas Universidades para el estudio
crítico de casos tan mediáticos como el de César Strawberry, cantante de Def con Dos, Cassandra Vera
o los titiriteros de "Títeres desde abajo". Asimismo, en las jornadas
intervendrán Letrados y ex Magistrados del Tribunal Constitucional,
representantes de Amnistía Internacional, y los dirigentes de las
asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.
Una alarmante deriva de la Jurisprudencia
“Este encuentro surge de la preocupación de un extenso grupo de juristas, que llevamos tiempo contemplando esta deriva alarmante de la Jurisprudencia”.
Tanto Dopico como el resto de juristas e investigadores implicados
alertan que “cada pocos días desayunamos con noticias de procedimientos
penales en las que se acusa de graves delitos de provocación al odio,
enaltecimiento del terrorismo o atentado contra los sentimientos
religiosos a personas que simplemente han hecho manifestaciones
satíricas”. Además Dopico destaca a Público la necesidad de tener claro
el contexto para entender la gravedad de lo ocurrido. “Los delitos de
enaltecimiento o provocación al odio sólo son aplicables cuando la
conducta del sujeto supone una incitación al delito, directa o
indirecta. Y está claro que los chistes o sátiras de los que hablamos no
suponen una deliberada incitación a la comisión de delitos”.
Los casos son cada vez más alarmantes para los
colectivos de Derecho Penal y los colectivos de Juristas. “Magistrados
que ordenan que se siga el procedimiento contra los cómicos del El Intermedio
por decir que la Cruz del Valle de los Caídos ‘es una mierda’. Policías
que detienen a unos jóvenes de 18 años y otros de 16 por pintar la
estatua de un torero. ¿En qué cabeza puede caber? Estas actuaciones no
se compadecen con un Código penal que debe interpretarse a la luz de la
Constitución”.
Manifiesto Carrero como síntoma
Las jornadas La represión penal de la sátira política han tenido como precedente el manifiesto titulado “Carrero como síntoma”,
coordinado por el catedrático Dopico. El documento, firmado por 250
profesores universitarios de Derecho Penal, advertía ya de esta
preocupante deriva el pasado mes de febrero tras los chistes lanzados a
la figura de Carrero Blanco por parte de la estudiante murciana
Cassandra Vera.
Sobre la última sentencia publicada el
pasado viernes, Dopico muestra impotencia ante la falta de doctrina de
los Altos Tribunales en España. “Tras la censurable sentencia del caso
Strawberry contraria a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a
la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, la última Sentencia del
Tribunal Supremo ha absuelto a una persona que simplemente había
publicado adhesiones al Grapo, precisamente por eso, porque no suponía
una incitación a la violencia”. Por ello destaca que desde las jornadas
se insistirá en “analizar la línea jurisprudencial más preocupante, para
contrastarla con esta otra, más garantista y más respetuosa con lo que
prescriben el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”.
El caso del proceso penal contra el Gran Wyoming y Daniel Mateo
ha sido otra de las sentencias a destacar por parte de los
organizadores. "No se entiende que en un Estado de la Unión Europea un
Tribunal afirme que considera posiblemente delictiva la simple
manifestación de desprecio u ofensa a un monumento como la Cruz del Valle de los Caídos.
Se trata de una resolución que uno podría esperar de una teocracia
autoritaria, pero no en un Estado firmante del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Es precisamente esta tendencia la que queremos
analizar críticamente en estas jornadas", concluyen los organizadores.
Análisis del Twitterrorismo
El programa estará dividido en varias mesas
redondas compuesta por grupos de juristas especializados en Derecho
penal, libertad de expresión y en los límites al poder del Estado en el
ámbito de las manifestaciones satíricas, artísticas o ideológicas.
La primera de ellas se titula “Twitterrorismo”.
¿enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus victimas mediante
tweets satíricos sobre Carrero Blanco?” . La segunda de las ponencias
estará centrada en la incriminación de la incitación al odio y riesgos
para la libertad de expresión con el caso Títeres desde abajo.
El día 1 de junio, ya por la tarde, se llevará a cabo la mesa “Arte, activismo y represión de la blasfemia. Los casos de las procesiones bufas de Sevilla y Málaga.
Ya en la segunda jornada, viernes 2 de
junio, se estudiará la perspectiva de las asociaciones de jueces,
fiscales y asociaciones de defensa de derechos humanos y el análisis de
los derechos fundamentales y represión de la sátira política.
CHILE
Crecen los apoyos a Víctor Pey y la FPA para una compensación, por parte del Estado chileno, por el Clarín
Publicado el 24 Mayo 2017
Escrito por El Clarín de Chile
Un
grupo de amigos y columnistas de Clarín han expresado su apoyo a las
nuevas acciones llevadas a cabo por Víctor Pey y la Fundación Presidente
Allende para obtener una compensación por la expropiación del diario
Clarín.
Estas expresiones de apoyo van en línea a la denuncia que hiciera el precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol en cuanto el Estado chileno
ha gastado una cifra mayor a lo adeudado a Víctor Pey para lograr
revertir la sentencia del tribunal del CIADI y no pagar el monto debido.
El
tribunal internacional, dijo Mayol, señala que el Estado de Chile “ha
violado su obligación de garantizar a las demandantes un tratamiento
justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda
denegación de justicia”. Por ello, solicita a la presidenta compensar a
la brevedad al propietario del Clarín con el monto señalado por este
tribunal, el que asciende a poco más de US$ 16 millones.
El señor Pey y la FPA solicitaron el pasado 3 de abril a la presidenta Michelle Bachelet que el Estado de Chile ejecute el laudo emitido
por el tribunal del CIADI de 8 de mayo del 2008 en el cual se ordena la
indemnización por la expropiación del diario Clarín en 1973. Ese laudo
señala que las Demandantes tiene derecho a compensación, por lo cual se solicita a la presidenta que disponga compensarles sin demora.
Días
más tarde notificaron a la presidenta del inicio de un nuevo proceso de
arbitraje por el caso Clarín. Las partes demandantes, como
inversionistas extranjeros, invocaron el acuerdo entre España y Chile
para protección de inversiones, en tanto para sus efectos prácticos han
recurrido al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Ante
estas acciones, Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, le
dirigió una carta a Víctor Pey que reproducimos a continuación:
Respetado Víctor Pey: “Quiero manifestar mi solidaridad con tu requerimiento al Estado de Chile para que acate y cumpla -de una buena vez- el fallo del CIADI del
8 de mayo del 2008 que ordenó indemnizar al legítimo dueño del diario
Clarín, arbitrariamente despojado de su propiedad por la dictadura
militar.
La
tuya es una lucha magnífica por ampliar el derecho a la libertad de
expresión a los más vastos sectores del pueblo . Tu propósito de
reeditar Clarín se inscribe en esa perspectiva y por lo tanto es
necesario que las organizaciones sociales y democráticas te acompañen
en esta demanda. . Hoy más que nunca el poder de la información, que
convierte las mentiras en verdades y las encuestas que surgen de la
desinformación en reguladoras de la política, necesita ser desafiado por
la prensa popular. La reaparición de Clarín contribuiría en importante
medida al combate por la hegemonía en la opinión pública .En ese
sentido resulta incomprensible que un gobierno como el actual obstruya
todos los caminos a un periodismo independiente, democrático y popular
como el que representaría Clarín.
Desde nuestra trinchera en Punto Final, nos hacemos parte de tu lucha que es la de la democracia.
En tanto, el académico y columnista Pablo Salvat expresó:
“Por
la presente quiero manifestar mi apoyo a los requerimientos que ha
realizado durante tantos años don Víctor Pey para lograr que se le
restituya el valor de los bienes confiscados durante la dictadura
militar. No resulta entendible que ante un panorama de falta de
pluralismo como el que tenemos en los medios de prensa y de
comunicación, se impida en los hechos la posibilidad que concurra otra
voz diferente en los kioskos del país. Así como los bienes de partidos y
otras instituciones afectados por la acción represiva les han sido
restituidos en dinero, lo mismo tendría que hacerse con el Clarín de
Víctor Pey . Duele y avergüenza ver a aquellos dirigentes -supuestos
paladines del pluralismo de la prensa en otros países del continente-,
no hacer lo suficiente por restituirla aquí, en casa. Comenzando por el
caso Clarín. ¡Mi admiración al tesón y perseverancia de don Víctor Pey
y sus colaboradores¡ Llevan la razón de su parte.
Ismael
Llona Mouat, antiguo columnista democrático y ex subdirector de Fortín
Mapocho entre otras relevantes actividades, dijo: “Añoro Clarín, nuestro
diario del pueblo, que tantas luchas dio por Chile y hago votos por su
pronta puesta en circulación, después de un cierre de 44 años que le
propinó la dictadura y las debilidades de nuestra democracia. Apoyo por
ello la solicitud que Víctor Pey, destacado intelectual y amigo de
siempre de Salvador Allende, ha presentado a la Presidenta de la
República”.
El periodista y columnista Hugo Murialdo, en un texto titulado Chile y su Estado ilegal e ilegítimo, es cada día más inmoral, escribió: “Tal
vez el caso más sintomático de esta inmoralidad, corresponde a la
tozudez de negarse a cumplir la sentencia del Laudo emitido por el
Tribunal del CIADI del 8 de mayo de 2008, en el cual se ordena la
indemnización por la expropiación del diario Clarín en 1973. Es, en este
mismo sentido, que don Víctor Pey, propietario del diario Clarín y
vicepresidente de la Fundación Presidente Allende, enviara una carta a
la Presidente Bachelet solicitándole que, de una vez por todas, el
Estado de Chile ejecute dicho Laudo”.
Esa
carta está fechada el 3 de abril de 2017 pero, al parecer, la señora
Presidenta no se ha dignado en responder, por lo que el día 17 de este
mes, la Fundación Presidente Allende y el mismo señor Víctor Pey, se han
visto en la obligación de “Convocar a Chile a que un Tribunal de la ONU
arbitre la confiscación del diario Clarín”.
En
un texto titulado “la presidenta Bachelet debe responder por el diario
Clarín”, el columnista y escritor Ricardo Candia afirma que “de
las vergüenzas más bochornosas que lucirá para la historia la pos
dictadura que impera en Chile, será el silenciamiento brutal que sufrió
la prensa democrática, traicionada por los nuevos poderosos. A la
represión, tortura exilio, muerte y desaparición de periodistas y
comunicadores, durante la dictadura, le siguió una encarnizada aunque
soterrada persecución a todo lo que olía a prensa democrática y de
izquierda”.
“El
caso del Diario Clarín es quizás la más evidente afrenta al periodismo
que sufrió los embates brutales de la tiranía. Y que luego del retiro
táctico de los militares, fue traicionado por sus sucesores, los
actuales administradores del orden”.
El Colegio de Periodistas, con anterioridad a estas acciones, emitió una declaración de apoyo que destacamos: “Este
es un caso sumamente complejo, por las innumerables aristas que lo
componen, pero lo que sí está claro es que hay un fallo judicial vigente
que fija un monto de reparación y donde el Estado, en forma obcecada a
nuestro juicio, ha querido aminorar, dilatando un tema que debió haberse
resuelto hace mucho tiempo”, señaló la mesa directiva del Colegio de
Periodistas de Chile.
Por
lo mismo, el gremio emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa
reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma
innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la
posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación,
herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado
debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.
Alberto Mayol, precandidato del Frente Amplio, solicita a la
presidenta el pago de la indemnización por la confiscación del Clarín
Publicado el 15 Mayo 2017
Escrito por El Clarín de Chile
El
precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol denunció que
el Estado chileno ha gastado una cifra mayor a lo adeudado a Víctor Pey
para lograr revertir la sentencia del tribunal del CIADI y no pagar el
monto debido.
El
tribunal internacional, dijo Mayol, señala que el Estado de Chile “ha
violado su obligación de garantizar a las demandantes un tratamiento
justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda
denegación de justicia”. Por ello, solicita a la presidenta compensar a
la brevedad al propietario del Clarín con el monto señalado por este
tribunal, el que asciende a poco más de US$ 16 millones.
Mayol
hizo estas declaraciones junto al propietario del Clarín, Víctor Pey,
quien a su vez llamó al gobierno a responder la solicitud entregada en
abril pasado a la presidenta Bachelet. En el escrito, pide que el Estado de Chile ejecute el laudo
emitido por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del 8 de mayo del 2008 en el
cual se ordena la indemnización por la expropiación del diario Clarín
en 1973. Ese laudo señala que el propietario del periódico tiene derecho
a compensación, por lo cual solicita a la presidenta que disponga sin
demora.
Al
respecto, Víctor Pey relató que junto al oficio entregado a la
presidenta Bachelet sostuvo una reunión con el ministro del Interior,
Mario Fernández. “Me reuní con él en una charla distendida de casi una
hora. En aquella audiencia, me aseguró que hablaría con el ministerio de
Economía, del cual depende la indemnización y que iba a indicar darle
curso a este asunto. En la oportunidad me dijo que tendría noticias de
él a la brevedad y de una manera concreta. Pero la verdad es que hasta
el día de hoy no he tenido ninguna información. Espero que simplemente
sea un atraso, pero se cumpla. Sin embargo, hasta este momento no tengo
ninguna clase de antecedentes que me permitan afirmar que tienen la
intención de cumplirlo.”
El
propietario del Clarín destacó que en el laudo del 2008 se establece
que el Estado chileno le había denegado justicia y había, además,
actuado de mala fe. “El único caso en los anales del CIADI que por
unanimidad acusa a un Estado de denegar justicia y actuar de mala fe”.
En
2008 el CIADI, entidad dependiente del Banco Mundial, con sede en
Washington, entregó su fallo sobre la causa abierta por Víctor Pey y la
Fundación Presidente Allende (FPA) de España contra el Estado de Chile
por el caso del diario Clarín, expropiado a su propietario desde 1973.
Según señaló Alberto Mayol, la resolución “del tribunal del Banco
Mundial en 2008 confirma a Víctor Pey como propietario del diario Clarín
y por poco más de US$ 16 millones ordena al Estado chileno a
indemnizarlo por su confiscación”. En la página 235 de este laudo
está consignado el dictamen que le da la razón a Pey y a la FPA y
especifica los montos que el tribunal obliga a pagar al Estado. Por
tanto, “nuestra exigencia hoy al gobierno de Michelle Bachelet es
concretar el pago que corresponde a la sentencia a favor del señor
Víctor Pey Casado”.
Alberto
Mayol comparó el trato entregado por los gobiernos de la Concertación
al Clarín, al que sistemáticamente se le ha negado una reparación tras
la confiscación del diario desde 1973, con El Mercurio, al cual se le
rescató financieramente en 1988 sin ningún cobro posterior por parte del
Estado.
Este
rescate, iniciado en el mes del plebiscito de la dictadura, terminó de
producirse el 8 de marzo de 1990, a tres días del cambio de mando. El
monto total del rescate, afirmó Mayol, fue de 5,2 millones de Unidades
de Fomento (UF), una cifra que hoy en día asciende a US$ 206 millones,
monto, dijo, “superior al de la venta de cualquiera de los canales de
televisión transados en los últimos años” y superior al valor de una
empresa como Parque Arauco.
Un
diario como el Clarín, que vendía los fines de semana más de 250 mil
ejemplares, si no hubiera interrumpido su trayectoria, hoy sería un gran
medio de comunicación. Pero aun así, dijo Mayol, con el monto de
indemnización que mencionamos, este sería un gran respaldo para hacerlo
crecer. “Esperamos que la presidenta Bachelet diga que este es el
momento para al fin pagar esta deuda histórica y hacer un acto
democrático, un acto de recuperación simbólica de nuestra democracia”.
“El
Estado de derecho en las manos de quien está hoy día no es neutro, no
defiende el interés general. No defiende la igualdad ante la ley. Aquí
vemos dos casos muy claros, en los que nos encontramos con un periódico
como El Mercurio, que es rescatado con centenares de millones de dólares
sin cambio de propiedad, y por otro lado al Clarín, al que se le niega
un monto muy inferior. Aquí surge el absurdo más grande: el Estado ha
gastado más dinero en defenderse de ese pago que lo que costaría
realizar el acto de justicia, simplemente satisfaciendo un dictamen
internacional de un organismo como el Banco Mundial. Esta es la
convocatoria a la presidenta Bachelet”, afirmó Mayol.
“Aquí
el tiempo es importante. El tiempo es importante para la justicia.
Hacer justicia pasado 50 año no tiene mucho sentido. Pero en esta
transición, que ha tardado tanto, todavía deja tiempo para hacer un acto
reivindicatorio. Don Víctor Pey está aquí en toda su grandeza para
esperar este acto. Necesitamos que se cumpla el fallo y la palabra de la
autoridad”, finalizó.
La Araucanía: el problema que se impone en la agenda presidencial
Karina Palma |Lunes 29 de mayo 2017 20:41 hrs.
La
respuesta de Sebastián Piñera ante los dichos de Alejandro Guillier,
quien descartó la existencia de terrorismo en la Araucanía, no dejó
indiferente al resto de los pre candidatos presidenciales, quienes
también expusieron su mirada al respecto. En tanto, para el historiador
mapuche Fernando Pairicán, calificar de terrorismo los últimos
acontecimientos de la Región, generan una construcción prejuiciosa sobre
las reivindicaciones indígenas.
Luego
de los dos ataques incendiarios registrados el pasado miércoles en la
Región de La Araucanía, que terminaron con siete camiones afectados, el
Ministerio Público confirmó que invocará la Ley Antiterrorista para
investigar los hechos. La determinación de la Fiscalía fue
criticada por el pre candidato presidencial de la Nueva Mayoría,
Alejandro Guillier, quien descartó que en La Araucanía existan actos
terroristas. Declaraciones que a su vez fueron respondidas por el pre
candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera, quien invitó al senador por
Antofagasta a visitar la Región para que “entienda lo que está pasando
en materia de terrorismo”. La polémica entre ambos pre candidatos
no dejó indiferentes al resto de los aspirantes a La Moneda, por lo que
no pasó mucho tiempo para que cada uno de los siete abanderados
esgrimiera su opinión en los medios de comunicación, argumentando la
existencia o no de actos terroristas en la Región. Así, lo que para
algunos parece una exageración y un mal uso del término, para otros es
una realidad.
Guillier: “En Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde a los patrones de terrorismo”
El
pasado jueves, en su paso por Concepción, luego de los ataques
incendiarios, Alejandro Guillier señaló que no existe terrorismo en La
Araucanía, sino que violencia. “El problema que tenemos con los pueblos
indígenas es político no policial. Necesitamos avanzar en un
reconocimiento constitucional que signifique no solo un cambio jurídico,
sino también un reconocimiento efectivo de su historia, de su cultura,
de su lenguaje y de su patrimonio histórico, es decir, de sus tierras”.
Dichos
que confirmó posteriormente cuando argumentó que “esto no es ni el
ejército ISIS, ni Al Qaeda. Por favor pongámonos en las proporciones y
resolvamos el problema políticamente donde corresponde”.
Declaraciones
que fueron duramente criticadas por Sebastián Piñera y sectores de la
Democracia Cristiana liderados por el senador Ignacio Walker, ante las
cuales Guillier respondió: “en Chile hay violencia aguda, es grave, pero
no responde a los patrones de terrorismo”, agregando que en La
Araucanía “no hay una red internacional que quiere provocar pánico en la
población, lo que quieren es resolver un problema que, tenemos que
admitir, no hemos sabido resolver bien”.
Sánchez: “Yo no creo que haya terrorismo en la zona”
En
la misma línea que Alejandro Guillier, la pre candidata del Frente
Amplio, Beatriz Sánchez indicó este domingo en Tolerancia Cero: “Lo que
pasa en La Araucanía, cuando hay quema de camiones, me parece que no es
un acto terrorista”.
De este modo, cuando le preguntaron si
consideraba que el ataque al matrimonio Luchsinger Mackay constituía un
acto terrorista, Sánchez respondió: “No lo considero un delito
terrorista, pero con eso no le quito la gravedad de lo que es ese
hecho”.
“El incendio que termina con la vida del matrimonio
Luchsinger Mackay es horroroso, es tremendo y tiene que caer todo el
peso de la ley sobre las personas que son responsables. No quiere decir
que por que no sea terrorista, uno considere que es un accidente, es un
delito enorme”, agregó.
De acuerdo a lo comentado durante el
programa, la pre candidata presidencial indicó que desde su perspectiva
hay terrorismo cuando una cierta cantidad de acciones buscan
desestabilizar un estado, de forma organizada y financiada.
En
tanto, respecto de la demanda de autodeterminación no tuvo una respuesta
clara, señalando que ella es partidaria de una “autonomía parcial” que
no logro explicar concretamente.
Piñera: “¿En
qué país viven? ¿Por qué no van a La Araucanía para ver cómo el
terrorismo ha ido creciendo y actúa con densa impunidad?”.
En
primera instancia, Sebastián Piñera criticó la posición de Alejandro
Guillier, enfatizando en que la Ley Antiterrorista se debió haber
aplicado hace mucho tiempo. “Yo le diría al senador Guillier dos cosas:
primero que se informa mejor y segundo, que vaya a La Araucanía para
que entienda lo que está pasando en materia de terrorismo”.
Posteriormente,
el pre candidato de Chile Vamos no solo interpeló al senador por
Antofagasta, sino también a Beatriz Sánchez: “¿En qué país viven? ¿Por
qué no van a La Araucanía para ver cómo el terrorismo ha ido creciendo y
actúa con densa impunidad?”.
“Cometen un grave error los
candidatos Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez al negar el carácter
terrorista de estos hechos, y al negarse a aplicar la Ley
Antiterrorista. Eso solo favorece a los terroristas y perjudica a las
víctimas y a los inocentes”, sostuvo.
En la oportunidad, el ex
presidente adelantó que en un eventual segundo gobierno modificará la
Ley Antiterrorista estableciendo la figura del agente encubierto, del
testigo protegido y de los informantes.
Ossandón: “Es un problema nacional, por lo tanto presidencial”
Por
su parte, el candidato independiente Manuel José Ossandón explicó en
CNN su propuesta para terminar con el conflicto en La Araucanía en un
plazo determinado: “Yo planteo que es un problema nacional, por lo tanto
es presidencial. Nos daremos un plazo de 100 días para tener la
estrategia y el plan de trabajo con la gente de allá. Tiene que haber
una participación directa del presidente de la República y el Ministro
del Interior. Después de esos cien días, cuando parta el trabajo, se
acabó la violencia”.
El senador por Santiago Oriente agregó: “Si
yo soy presidente, después de esos cien días, los carabineros no usarán
nunca más balines de gomas, usarán balas”.
Kast: “Acá el Estado ha fracasado”
El
diputado y abanderado de Evópoli, Felipe Kast valoró la decisión de
aplicar la Ley Antiterrorista y enfatizó en la necesidad de una política
indígena que excluya a los violentistas. “Acá el Estado ha fracasado,
por eso reitero mi invitación al Ministro del Interior a que vaya a
vivir a La Araucanía y no regrese a Santiago hasta que resuelva el
problema, para que tengamos paz en La Araucanía”.
Mientras se
encontraba en la zona la semana pasada, Felipe Kast anunció su propuesta
para transforma la Región en la capital turística de Chile en los
próximos cuatro años, duplicando la inversión en esa materia. “El mejor
antídoto contra la delincuencia y contra aquellos que siembran el miedo,
es cuidar la paz a través de oportunidades”.
Goic: “Se requiere una política integral”
Alejándose
del debate generado entre Guillier y Piñera, Carolina Goic, candidata
de la Democracia Cristiana, respaldó el actuar de la Fiscalía al invocar
la Ley Antiterrorista y comentó que no le interesa la disputa entre
candidatos, pero si “la realidad del pueblo mapuche y la deuda que
existe con ellos”, para lo cual “se requiere una política integral”.
“Esta
es una situación compleja que tiene distintas aristas. Se debe partir
del diálogo y no de la criminalización, hay que poner al frente a las
comunidades mapuches y las deudas que tenemos con ellos, además de la
seguridad de las personas que habita en nuestro país”, manifestó.
Mayol: “Es importante conversar con todos los actores de la escena”
El
precandidato del Frente Amplio, también se alejó de la polémica,
comentando que el tema de La Araucanía tiene una complejidad histórica.
“Lamentablemente la forma en la que se ha tratado el tema hoy es
pedestre, porque estamos tratando de definir qué tipos de delitos se
constituyen y eso no resuelve un problema histórico. Acá tiene que ver
con la capacidad de ejercer autonomía en los territorios, su
construcción política y el otorgamiento de derechos para quienes viven
allí”.
“Es importante conversar con todos los actores de la
escena. Llamar a negociación y poner condiciones es el absurdo más
grande”, agregó.
Mayol también se refirió a las consecuencias que
tiene el uso del concepto “terrorismo”, indicando que promueve la
militarización. “Favorece la posibilidad de un uso más indiscriminado d
la violencia y la judicialización con menos derecho de las personas. Esa
definición empobrece nuevamente la discusión”.
Reacciones ante la polémica
Mario
Venegas (DC), diputado de la Región, señaló que los hechos de violencia
son absolutamente condenables y que “no legitiman ninguna causa por más
noble que esta sea”, por lo que afirmó que el Gobierno tiene el
legítimo derecho a invocar la Ley Antiterrorista para casos específicos.
Sin embargo, calificó de impudentes las palabras de Sebastián Piñera,
ya que afectan a un territorio completo.
“¿Quién va a invertir en
una región donde hay terrorismo? Son elementos que hay que considerar,
por eso que las autoridades y los gobiernos deben ser muy prudentes a la
hora de hablar y dar nombre a las cosas. Es repudiable lo que ocurre,
lo lamentamos y no quisiéramos que sucediera, pero hay que tomar todos
los aspectos antes de calificar un hecho”, indicó.
En ese sentido
el diputado demócrata cristiano agregó que en la Región existen acciones
en lugares puntuales que podrían calificarse de terrorismo, pero que
hay otros casos en los que se trata de delitos comunes, como robos y
asaltos.
Para Fernando Pairican, historiador mapuche y miembro de
la Comunidad de Historia Mapuche, afirmar que en la IX Región existe
terrorismo genera una construcción prejuiciosa sobre las
reivindicaciones indígenas. “Sebastián Piñera continúa con lo que se ha
planteado tanto desde los gobiernos de la Concertación como desde su
propia administración: mirar las demandas mapuches desde la perspectiva
judicial y no desde los Derechos Humanos y la política”.
Respecto
de lo anterior, el historiador agregó: “Me preocupa que se reactualice
la mirada racial sobre el pueblo mapuche. En el siglo XIX eran la
barbarie, en el XX los flojos y en el XXI son los terroristas. El
racismo se va construyendo en cada proceso histórico y en este estamos
viendo una reformulación de la mirada racial sobre los pueblos
originarios, del mapuche en particular, en la lucha por sus derechos
humanos. La autodeterminación es un derecho humano, por lo que el Estado
más que reprimir tiene que garantizar el desarrollo de esa demanda
política”.
En tanto, para Cristián Riego abogado penalista y
académico de la Universidad Diego Portales no es tan relevante las
declaraciones del mundo político respecto a los que se entiende por
terrorismo, sino más bien lo que determine la justicia, ya que es esta
la que tiene la facultad de investigar ciertos hechos bajo la Ley
Antiterrorista.
Según lo explicado por el abogado, dicha
legislación aumenta las penas y le da a la Fiscalía ciertas facultades
que no tiene ordinariamente, como el uso de testigos con identidad
reservada.
El académico criticó la gestión del Gobierno en esta
materia, argumentado que no se ha focalizado en lo que corresponde desde
el punto de vista legal, pues no ha formulado una ley apropiada para
los casos de violencia en La Araucanía, lo cual ha calificado como una
“violencia política de baja intensidad”.
“Las normas del
terrorismo son mucho más severas y para este tipo de actos parecen
desproporcionadas. Yo creo que una de las tareas que tenía esta ley que
el Gobierno debió haber desarrollado era hacerse cargo de este
problema”, concluyó.
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Desde el inicio de este proyecto que
ha sido impuesto por la empresa DESA, COPINH ha denunciado la manera inconsulta y la introducción de
violencia y terror en la comunidad, la compra de conciencias, agresiones,
atentados y asesinatos por parte de sicarios y miembros del ejército, la
policía y seguridad privada en complicidad con autoridades municipales y
nacionales. Todas estas denuncias fueron ignoradas por todas las partes
incluyendo a los bancos financiadores, lo que significa que en esa medida han
financiado las violaciones a los derechos humanos en Río Blanco y son
responsables por poner sus intereses económicos antes de la tranquilidad y paz
de las comunidades Lencas, incluyendo la vida de Berta Cáceres y compañeros y
compañeras de la comunidad.
Fuente: L
El 24 de mayo estaba programada la audiencia preliminar ante
el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa de cuatro de las ocho
personas acusadas de haber participado en el asesinato de la defensora
lenca de derechos humanos, Berta Cáceres. Esta audiencia daría inicio
formal al proceso contra estas cuatro personas.
“¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!” Con
esas palabras, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya recordó y se
lamentó de los hechos que rodearon el golpe de Estado de que fue víctima
en 2009, que -desde su perspectiva- marcó el inicio de la restauración
neoliberal o conservadora en nuestra región.
Sin ir más lejos en la búsqueda de ejemplos, la Red O’Globo,
la más influyente y poderosa cadena de medios de comunicación de Brasil
-crecida y fortalecida al amparo de la dictadura- recién admitió
que utilizó información “imprecisa” en sus coberturas periodísticas
sobre la presunta existencia de cuentas off shore, a nombre de Lula da
Silva y Dilma Rousseff, para recibir dinero de sobornos.
Por: Sandra Rodríguez
![IMG_20170608_143956[1]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ulJnXW-AqjPg32YvemjiN-HECc6IZbPMwQzrEM8emCHcnWYs015o6q0ZpluayjOnXvyLuK3gCi3k_A0VvBdTandATzx9SVeUYej30ZSlK0tkx8hvXJr2JQwZSCi1ikexpf4OC62Yv4GeK6zw3hq7sZDbjyJ0xfTr1Xqlc=s0-d)
Compartí
mucho con Gladys, una vez fuimos a ver en su lecho de muerte a la
coordinadora del “Visitacion Padilla” del colectivo de El Progreso
(ciudad al norte del país), ella me decía que “uno debía despedirse se
la gente”. Yo tuve la oportunidad de despedirme de Gladys, ella sabía
que cuanto la amaba y le agradecí las enseñanzas, expresó Merly
Eguigure, coordinadora nacional del “Visitación Padilla”.
Por: Sandra Rodríguez
Este lunes los principales sindicatos de Brasil acordaron
realizar una nueva huelga general contra las reformas neoliberales del
gobierno de Michel Temer y pedir por su salida del poder. La misma está
pensada para finales de junio, y los organizadores esperan una adhesión
más amplia aún que la registrado el pasado 28 de abril cuando se realizó
la primera huelga general en el país después de 20 años.
Rio de Janeiro
