miércoles, 14 de junio de 2017

HONDURAS: COPINH: La Trampa de los Bancos // La doble cara de los bancos que financian Agua Zarca Por Giorgio Trucchi // Amnistía Internacional: Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres // PLATAFORMA AGRARIA: Prevalece la impunidad en el Bajo Aguán // Brasil: proponen "Plan Popular de Emergencia" ante la crisis, y una nueva huelga general // Más de 150.000 brasileños salieron por las calles de Río: Manifestaciones y un megarrecital para reclamar elecciones directas // Estado español Andrés Bódalo: “La sociedad tiene que juzgar con sentido común” // Chile: La Araucanía: el problema que se impone en la agenda presidencial

HONDURAS: COPINH: La Trampa de los Bancos.

COPINH

blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH

lunes, 12 de junio de 2017

COPINH: La Trampa de los Bancos.

Desde el 2013, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha exigido el retiro definitivo de los bancos FMO, Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del proyecto “Agua Zarca” en el sagrado Río Gualcarque, por su vinculación al despojo y muerte en la comunidad de río Blanco.  Hasta la fecha, ninguno de los tres bancos ha completado su salida del proyecto, a pesar de que los bancos FMO y Finn Fund la han anunciado desde mayo de 2016.   

Desde el inicio de este  proyecto que ha sido impuesto por la empresa DESA, COPINH ha denunciado la  manera inconsulta y la introducción de violencia y terror en la comunidad, la compra de conciencias, agresiones, atentados y asesinatos por parte de sicarios y miembros del ejército, la policía y seguridad privada en complicidad con autoridades municipales y nacionales. Todas estas denuncias fueron ignoradas por todas las partes incluyendo a los bancos financiadores, lo que significa que en esa medida han financiado las violaciones a los derechos humanos en Río Blanco y son responsables por poner sus intereses económicos antes de la tranquilidad y paz de las comunidades Lencas, incluyendo la vida de Berta Cáceres y compañeros y compañeras de la comunidad.  

El COPINH debe denunciar, de nuevo, que la falta de salida de los bancos y la prolongación en el tiempo de su salida significan la prolongación de las agresiones e intimidaciones dentro de la comunidad.  La supuesta salida responsable ha sido una estrategia para no asumir sus responsabilidades y por el contrario facilitar la introducción de futuros proyectos hidroeléctricos en la zona con características similares al de “Agua Zarca”.    

El día 4 de junio salió una noticia en el periódico del The Guardian, acerca de la retirada del BCIE, que da a entender su salida inminente, sin embargo, al día de hoy no han salido oficialmente de la inversión en el Proyecto Hidrieléctrico “Agua Zarca”. La comunicación más reciente que ha dado el FMO indica que piensan hacer el anuncio de salida en las próximas semanas. La comunidad de Río Blanco, el COPINH y gran parte de la sociedad hondureña e internacional seguimos esperando esta salida definitiva que termine el financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas.  

Acerca del BCIE, el COPINH comunica que no ha habido ninguna respuesta ante las denuncias de su responsabilidad como principal inversor en Agua Zarca y que por el contrario entendemos que sus vinculaciones con la oligarquía hondureña y las vinculaciones entre miembros de la junta directiva de DESA y la junta directiva y representación de Honduras en el BCIE han hecho que sean cómplices de la impunidad en el caso de Berta Cáceres.   Un representante del BCIE dijo a The Guardian que no tienen intención hacer más desembolsos al Proyecto Agua Zarca, lo cual es producto de la lucha del pueblo lenca, sin embargo, nunca se han hecho responsables y entendemos que el interés es no cumplir sus obligaciones por la destrucción y muerte generados por el proyecto “Agua Zarca”. 

En este sentido, el COPINH ratifica el compromiso de denunciar la actuación ilegal de este banco y movilización para demandar su salida inmediata.  Desconfiamos de los anuncios de los bancos, debido a que, en vez de salir de forma inmediata después de las detenciones de dos personas vinculadas con el proyecto Agua Zarca por el asesinato de Berta Cáceres, los bancos FMO y Finn Fund han dedicado sus esfuerzos a evitar su responsabilidad en los asesinatos y violaciones de derechos humanos generados por dicho proyecto; han promovido una falsa narrativa que ignora el papel de la empresa DESA en la violencia y represión buscando culpar a las comunidades como una forma de limpiar su imagen a nivel internacional.

Parte de esta estrategia de salida está constituida por la contratación del consultor Juan Dumas, quien pretende crear un “proceso de diálogo” para tomar una supuesta decisión de si se quiere un proyecto hidroeléctrico, ignorando el ya manifiesto rechazo de las comunidades y la permanente presencia de estructuras de represión que operan en la zona. Esta propuesta pone en más riesgo al pueblo Lenca ya que se ha evidenciado que hay intereses para asesinar y silenciar a la oposición al proyecto.   

El COPINH y el pueblo Lenca de Río Blanco rotundamente rechazan esta propuesta y denunciamos la insistencia racista del FMO de imponer un proceso impuesto que únicamente busca desvirtuar las exigencias de las comunidades.

Exigimos ahora un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que incluya el desmantelamiento de las estructuras de represión en la zona. Por esto, denunciamos de manera enfática, que el proceso que propone imponer el FMO violenta estos principios ineludibles.  

El COPINH responsabiliza al FMO, Finn Fund y BCIE aliados a la empresa asesina DESA por cualquier acto de violencia, amenazas, asesinato o ataques que resulten del proceso que los bancos buscan imponer como parte de su salida o la demora de su salida. 

¡Berta Vive, COPINH sigue!  

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!   

Dado a los 12 días del mes de junio de 2017.



Honduras: La doble cara de los bancos que financian Agua Zarca

Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 14 Junio, 2017
Me voy pero me quedo: un vergonzoso estira y encoge
Agua Zarca
La posición del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y de su coordinadora nacional Berta Cáceres, brutalmente asesinada hace casi 16 meses, ha sido siempre muy clara: hay que retirar cualquier tipo de financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado y cofinanciado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), y donde están involucrados, entre otros, grupos económicos nacionales (Grupo Ficohsa), miembros de las Fuerzas Armadas y bancos internacionales como el holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie).
De acuerdo con un reciente comunicado del Copinh, ninguno de estos bancos habría mostrado la voluntad real de tomar distancia de un proyecto que, directa o indirectamente, ha dejado un saldo de varios muertos y heridos, comunidades divididas, pueblos enfrentados y severos daños ambientales.
A ese propósito, la organización indígena ha venido denunciado la violencia y el terror que se ha generado en las comunidades que se han opuesto firmemente al proyecto hidroeléctrico, así como “la compra de conciencias, agresiones, atentados y asesinatos por parte de sicarios y miembros del ejército, la policía y la seguridad privada de la empresa, en complicidad con autoridades municipales y nacionales”.
El silencio de lo bancos
Lamentablemente, insiste el Copinh en su comunicado, todas las denuncias fueron ignoradas por las entidades financieras involucradas, las cuales son ahora corresponsables de las repetidas violaciones de derechos humanos que se han dado en la zona de Río Blanco.
Si a esto le agregamos la falta total y absoluta de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, y un entorno de corrupción y violación de las leyes -en pleno golpe de Estado- para el otorgamiento de las concesiones y la compra de terrenos, resulta aún más evidente el descaro con que actúan dichos institutos financieros.
Vale la pena mencionar que, tras el asesinato de Cáceres, los dos bancos norte-europeos suspendieron los desembolsos para el proyetco, al tiempo que una delegación de oficiales (del FMO y Finnfund) realizó una visita in situ para constatar la realidad que se vive en el lugar y, supuestamente, tomar una decisión sobre el financiamiento, lo cual nunca se dio.
Para el Copinh, la prolongación en el tiempo de su salida definitiva no sólo generará “más agresiones e intimidaciones dentro de las comunidades”, sino que podría ser parte de una estrategia “para no asumir sus responsabilidades y para facilitar la introducción de futuros proyectos hidroeléctricos con características similares al de Agua Zarca”.
Lo que dice The Guardian
El pasado 4 de junio, el periódico inglés The Guardian publicó un reportaje donde asegura que tanto el FMO como Finnfund habrían tomado la decisión de abandonar definitivamente el proyecto Agua Zarca. Hasta la fecha no ha habido ninguna declaración oficial de los bancos.
“Las comunidades de Río Blanco, el Copinh y gran parte de la sociedad hondureña e internacional seguimos esperando esta salida definitiva y que termine el financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas”, se lee en el comunicado del Copinh.
Quien se ha quedado totalmente callado es el Bcie. A ese propósito, el Copinh dice dudar de las declaraciones brindadas a The Guardian por el portavoz del banco internacional, Juan Mourra, quien aseguró que ya se suspendieron todos los desembolsos y que tampoco hay intención de invertir más en el proyecto.
La organización indígena Lenca ratificó el compromiso de denunciar la actuación ilegal de estos bancos, su falta de voluntad de reconocer la responsabilidad de Desa en los múltiples casos de violación de los derechos, así como de movilizarse para demandar su salida inmediata. Tampoco acepta la instalación de un supuesto “proceso de diálogo” para que las comunidades decidan sobra la aprobación o no de nuevos posibles proyectos hidroeléctricos.
“Exigimos ahora un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que incluya el desmantelamiento de las estructuras de represión en la zona. El Copinh responsabiliza al FMO, Finn Fund y Bcie, aliados de la empresa asesina DESA, por cualquier acto de violencia, amenaza, ataque o asesinato que resulten del proceso que los bancos buscan imponer como parte de su salida o la demora de su salida”, concluye el comunicado.
Fuente: L




Honduras: Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la información probatoria para que las demás partes involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma exhaustiva e imparcial.
El 24 de mayo estaba programada la audiencia preliminar ante el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el asesinato de la defensora lenca de derechos humanos, Berta Cáceres. Esta audiencia daría inicio formal al proceso contra estas cuatro personas.
La fecha de esta diligencia fue reprogramada después de que el 19 de abril de este año fue suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de la defensora, debido a que el Ministerio Público no había entregado la información probatoria completa en la que basa su acusación. En esa ocasión, la audiencia fue reprogramada para el 28 de abril y fue suspendida nuevamente debido a la falta de acceso a la información requerida.
No obstante, la audiencia fue nuevamente aplazada para el 7 de junio, debido a que el Ministerio Público no entregó con suficiente anticipación la información probatoria para que los representantes de las familias puedan ejercer su derecho a buscar la verdad, la justicia y la reparación, ni para que los abogados defensores de los acusados puedan ejercer el derecho de defensa de acuerdo con los estándares del debido proceso. Según el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE, era necesario que el Ministerio Público entregara la información probatoria completa con suficiente anticipación, habida cuenta que, debido al gran volumen de información, será imposible revisarla y preparar adecuadamente el debate si es entregada solo algunos días antes del inicio de éste.
Además de las preocupaciones relativas al debido proceso, y al derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la familia de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, se aúna la incertidumbre acerca de los avances que el Ministerio Público hondureño ha hecho en relación con la identificación de los autores intelectuales del asesinato; un llamado que Amnistía Internacional ha reiterado durante meses.
El pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó una reunión de trabajo en Tegucigalpa, para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras – COPINH. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público, que está a cargo de la investigación del asesinato de la defensora y de los ataques contra diversos integrantes del COPINH que dieron origen a las medidas cautelares, no se presentaron a dicha reunión.
La impunidad frente a ataques contra personas defensoras de derechos humanos sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras. Ante el asesinato de Berta Cáceres, las autoridades hondureñas están obligadas a llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva que permita identificar a todos aquellas personas que sean responsables del crimen, tanto material como intelectualmente, y de existir pruebas admisibles suficientes en su contra, hacerlos comparecer ante la justicia en un proceso justo y apegado al debido proceso.
Además, en este proceso las autoridades encargadas de la investigación deben ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos para respetar, proteger y garantizar el derecho al debido proceso de los acusados, así como el derecho de la familia de la defensora a la justicia, la verdad y la reparación. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la información probatoria para que las demás partes involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma exhaustiva e imparcial.


Plataforma Agraria

La Plataforma Agraria es una red nacional de más de 30 organizaciones, cuyo objetivo es el cumplimiento del mandato de la Constitución de la República que establece una reforma agraria, y lograr cambios en las políticas públicas a favor de los campesinos y campesinas a través de la Ley de Transformación Agraria Integral -TAI-, presentada al Congreso Nacional de Honduras en 2011.
Los artículos 344 y 345 de la Constitución vigente, 1982, establecen la reforma agraria “de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de la Nación”.
Sin embargo, en 1992 se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que permitió que las tierras destinadas a la reforma agraria se vendieran, no siempre de forma legal. Esto promovió de nuevo la concentración de la tierra en empresarios agrícolas y latifundistas y agravó la situación del campesinado.
El golpe de Estado de 2009 creó una nueva situación de impunidad, motivando reclamos por justicia seguidos de masivas recuperaciones de tierra, sobre todo en la zona del Bajo Aguán. La respuesta del Estado hondureño, por una parte fortaleció la seguridad armada de los agro exportadores, y por otra, fomentó el uso tergiversado de recursos legales, la prensa y la televisión, para convertir las peticiones justas de los campesinos, en crímenes. Esto terminó en volver a los juzgados, a la policía y al ejército nacional, en cómplices de un sistema obsoleto, de tenencia de la tierra, que solamente se puede mantener mediante la fuerza. 
En respuesta a esta situación, surge la Plataforma Agraria, a la campaña Vamos al grano se suma la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria –SARA-, organizaciones campesinas, cooperativas, indígenas, garífunas, de derechos humanos y de desarrollo vinculadas a la problemática agraria en Honduras, conformando así una alianza histórica que propone soluciones para resolver la crisis del sector agrario en el marco del estado de Derecho.
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Prevalece la impunidad en el Bajo Aguán



Tocoa, Colón Lunes 12 Junio 2017: En los últimos tres meses,  cuatro personas han sido puestas en libertad por los Tribunales de Justicia del municipio de Trujillo, pese a que estas  han sido señaladas en un organigrama delictivo por la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), desde el año 2016 considerarlos responsables de asesinatos de campesinos en la región del Aguán.

Según el organigrama las primeras tres personas  que han sido puestas  en libertad corresponden a los nombres de José Leonel Acosta Avilés alias (el perro), José Orlin Nicolás Padilla alias el (puto),  Adalid Alvarado Paz alias el (gordo) y el ultimo Juan Carlos Portillo alias (pereza), cabe mencionar que en más de un centenar de asesinatos, únicamente  hay cinco personas encarceladas y condenadas  por crímenes en contra de campesinos.

Por lo que repudiemos los niveles de impunidad que imperan en la región, debido al alto grado de confabulación entre terratenientes,  grupos criminales con los encargados de impartir justicia en el país. Esto se vio reflejado aun mas después del 18 de octubre el año anterior, cuando personas que aparecen en el organigrama arriba mencionado le dieron  muerte a  José Ángel Flores y Silmer Dionisio George  ambos miembros de MUCA y beneficiarios de la MC50-14 , en una operación criminal de impacto psicológico en la comunidad de la Confianza en Tocoa, Colón.

Pese a que los responsables del doble asesinato ya habían sido señalados en el organigrama criminal de UMVIBA e incluso tenían órdenes de capturas por otros asesinatos, no hubo ni hay voluntad por parte de los organismos e instituciones encargados impartir justicia la para dar captura  a los antes señalados.

Recientemente la UMVIBA dio inicio con la primera de once exhumaciones de osamentas en el Bajo Aguán las que se realizaran en los cementerios  Agua amarilla, Taujica, Tocoa y Trujillo, con el fin de investigar los asesinatos en el marco del conflicto agrario.

Desde el año 2014 la Plataforma Agraria del Aguán ha venido proponiendo que un equipo de médicos forenses internacionales  independientes  que realice un peritaje del proceso de las exhumaciones ya realizadas por la UMVIBA y que acompañe nuevos procesos, ya que las mismas   carecen de veracidad debido a la escasa investigación que se hace para castigar a los responsables de los hechos.

Las autoridades en la región del Aguán actúan de inmediato cuando se trata de criminalizar a líderes campesinos que luchan por la defensa de la tierra, tal es el caso reciente de la detención ilegal  del presidente del asentamiento La Concepción de MUCA, Lazaro Peralta a quien de manera ilegal y en hora no hábiles para realizar un allanamiento irrumpieron su vivienda unos 20 elementos de la policía, en una acción de temor y miedo entre los vecinos. Peralta estuvo privado de su libertad por más de 36 horas y sin atención médica, horas después fue traslado a los Juzgados de Tocoa donde se le dicto medidas sustitutivas es decir que firmara el 15 y 30 de cada mes.

Ante esta situación tememos por la vida de líderes y lideresas campesinas  y populares que defienden los derechos humanos y denuncian los altos niveles de  la impunidad en la región, ya que creemos  que el grupo paramilitar  tiene nexos con altos mandos militares, jueces y fiscales  que obedecen a proteger intereses de terratenientes.

Atentamente,

Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria

Teléfono: (504) 3289-7793
Skype: plataforma.agrariahonduras

¡Cosechemos Justicia en el Campo!


La UNAH y su cacería contra el estudiante Henry Orlando Rodriguez D Vicente.

En el 2015 fue requerido ante los juzgados de Choluteca por el delito de sedición, siguiendo denuncia del señor Horario Baquedano del departamento legal de CURLP- UNAH con instrucciones precisas de Alina Molina directora y Rogelio Alvarez, secretario académico.

En el 2016 nuevamente fue requerido y se le libra orden de captura por el delito de usurpación, por denuncia que realiza siempre el mismo señor Horario Baquedano, siguiendo instrucciones de los mismos personajes. El estudiante es representado por el Abogado de ACI participa quien lo presentó a los juzgados para refutar las acusaciones, otorgándole el juzgado carta de libertad.

En este año 2017 es encarcelado junto a más de 20 estudiantes por el delito de privación injusta de la libertad y daños agravados en contra de testigos protegidos y de la UNAH, imponiendole medidas dentro de las cuales debe presentarse semanalmente a los juzgados a marcar el reloj dactilar y el alejamiento del edificio administrativo de Ciudad Universitaria.

No conforme con los requerimientos fiscales en su contra lo citan para el viernes 16 de junio del presente año a una audiencia de descargo por el informe que presentó el señor Ayax Irías Coello, esta es una clara amenaza a una expulsión como estudiante de la UNAH.

Hasta cuando van a seguir los atropellos, la intimidación, las acusaciones para este estudiante que es defensor de derechos humanos y que no calla las atrocidades del CURLP en Choluteca y de Ciudad Universitaria.

Señora Julieta Castellanos le recuerdo que usted no tiene ninguna moral para que ordene a sus abogados que hoy obedecen sus instrucciones, usted era la que paralizaba la UNAH en años anteriores ganando protagonismo de ser una digna luchadora por los derechos de los demás. Cuándo fue que se desvió llegando al extremo de encubrir delitos y crímenes que se han cometido en el CURLP y otros Centros regionales, le recuerdo que usted no aporta nada a la academia porque mal gasta su tiempo persiguiendo y dañando estudiantes que se rebelan a un gobierno dictatorial que usted preside dentro de la UNAH.

Usted no va a salir bien librada de esto señora Castellanos, le recuerdo que el poder es transitorio y se va a acordar de mí cuando todos le den la espalda para que pague los delitos cometidos.

Dado en Costa Rica a los once días del mes de junio del dos mil diecisiete.

Ana Franzen
Defensora internacional de DDHH.


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Ausencia de la Procuraduría da largas a juicio que criminaliza a universitarios

Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, criminalizados por defender la educacion superior en la UNAH
Por: Sandra Rodríguez
El inicio del juicio oral y público contra el trabajador social Sergio Ulloa, el sociólogo Moisés Cáceres y el periodista Cesario Padilla, acusados de usurpación desde el año 2015, fue suspendido porque el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), no se presentó.
Una de las juezas de la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó al momento de suspender la audiencia, que se hará el respectivo reclamo a la PGR por su inasistencia, ya que se le notificó desde el 27 de marzo pasado, sobre el juicio en contra de los -ahora egresados- universitarios, señalados por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de liderar tomas en la máxima Casa de Estudios hace dos años, cuando se manifestaban contra las normas académicas excluyentes.
En estos dos años, los tres universitarios han vivido con libertad condicional pues tienen que ir firmar cada viernes el libro de registro de imputado en los Tribunales de Justicia y no deben salir del país.
Después del juicio oral y público, que se retomará el viernes 26 de mayo, como ya se había establecido, se espera sean sobreseídos siguiendo el acuerdo de homologación firmado por representantes estudiantiles y autoridades de la UNAH, el pasado 20 de julio, donde se pactó suspender toda acción penal que criminalizaba a más de 80 defensores de la educación pública en los procesos del 2015 y 2016, después de dos meses de protestas sociales a nivel nacional.
El proceso judicial contra Ulloa, Cáceres y padilla, se ha basado en pruebas testimoniales de empleados universitarios que presuntamente identificaron a los tres estudiantes, entre la multitud que protestaba aun cuando mantenían los rostros cubiertos para evitar represalias.
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Un grupo de estudiantes se manifestó afuera de la CSJ
Entre los presentes, estuvo el militar retirado, Roger Aguilar Flores, encargado de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a quien un grupo de estudiantes apostados en la calle aledaña al edificio de Salas de Juicios Orales de la CSJ, en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, le gritaban “asesino” y otras frases recordándolo cómo miembro del escuadrón de la muerte 3-16, de la década de los ochenta.
La lucha y fuerza de los detenidos desaparecidos nos acompañan en esta exigencia de un cese a la criminalización de la protesta estudiantil, afirmó uno de los jóvenes con su rostro cubierto para no ser también procesado.
tomas UNAH- Fausto
Protesta estudiantil solidaria en la plaza “Eduardo Lanza”
El acompañamiento y solidaridad es permanente con los compañeros criminalizados por las autoridades universitarias, afirmó otro estudiante, al mismo tiempo en que se realizaban tomas de edificios en la UNAH, por la incierta situación legal de los criminalizados.
Las autoridades han tenido una actitud de doble moral, dicen tener la disposición de resolver cualquier problemática, pero también han dicho que el proceso debe continuar su curso o que los compañeros pidan perdón, y ante esta situación no nos podemos quedar callados, porque hoy son ellos tres, ayer fueron 81, y no podemos callar, reiteró el joven.
Papel de la PGR según los criminalizados
Irresponsabilidad
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Sergio Ulloa, al centro junto a sus compañeros de lucha social
Sergio Ulloa (Trabajador Social), ve la acción de la suspensión de esta audiencia, como una total irresponsabilidad de parte de la PGR, aunque eso es el reflejo de las falencias dentro de las instituciones públicas, que no habían nombrado a una persona para que asistiera hoy al juicio. El viernes se espera que avance el proceso, el cual es un poco fastidioso, y uno no está tranquilo, en los personales, quiero estar libre de todos estos procesos para desarrollarme de manera tranquila en mi práctica profesional, la que tuve que posponer estos días para viajar a Tegucigalpa.
Negligencia
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Moisés Cáceres, al salir de la CSJ
Moisés Cáceres (Sociólogo), egresado de Sociología, dio que lo sucedido este día, demuestra negligencia por parte de la PGR porque se les presentó la cita desde hace un mes y si no se presentan, es falta de ellos, y a uno lo hacen perder el tiempo y otros recursos porque hay que movilizarse y dejar de hacer otras cosas, en un proceso de persecución desde el año 2014, cuando los expulsaron.
Displicencia   
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Cesario Padilla acompañado de su padre, el también periodista Félix Cesario
Cesario Padilla (Periodista), declaró que ni siquiera podría considerar la audiencia de hoy, porque fue muy corto el tiempo, ya que la CSJ determinó que la presencia de la PGR era importante, la incógnita es la misma, saber si en nuestro caso se va o no hacer justicia, pues ahora en nuestra condición de egresados de la UNAH, seguimos siendo criminalizados, por lo que consideramos esta situación como para darle largas, agregando que el papel de la Procuraduría ha sido señalado por su displicencia en este tipo de actos.
El viernes 26 a las 9:00 de la mañana será el juicio oral y público contra los defensores de la educacion publica, que fueron recriminalizados por el mismo delito en junio del 2016, y sobreseídos a finales del julio pasado.


Impugnar la Institucionalización del autoritarismo en la UNAH. Recuperar el campus democrático.

por Roberto Briceño Jiménez

Los Universitarios de ninguna manera hemos de aceptar la institucionalización del autoritarismo que se está imponiendo en la Universidad, con ejercicio grotesco de la represión, utilizando fuerzas paramilitares contra los estudiantes,  por mil razones con derechos para hacer uso del campus universitario y permanecer en él, sin horarios y sin tiempos determinados.
Es paradójico y contrastante que las autoridades Universitarias invoquen la autonomía universitaria solamente para hacer uso grotesco de las fuerzas paramilitares en contra de la divergencia y protesta de los estudiantes,  contra la violencia autoritaria y antidemocrática del régimen   impuesto en la Universidad,  en línea con el régimen de la dictadura neoconservadora que se ha impuesto secuestrando las instituciones y organismos del Estado Hondureño.
El ciego autoritarismo y la razón sin razón militarista de quienes gobiernan la Universidad  les impulsa a declararse ignorantes del carácter universal de los derechos humanos,  descalificando y etiquetando a quienes con sentido ético en su estatus y concomitantes con sus roles los representan y defienden.
Es un desafío  para las universitarias y Universitarios luchar por recuperar los espacios sociales de participación y oponerse a que se institucionalice el neofascismo en la Universidad y en el Estado Hondureño por la fuerza de la dictadura que desgraciadamente se está imponiendo porque las fuerzas de oposición están todavía fraccionadas, desmovilizadas y distraídas en los escenarios legitimadores de la dictadura que maneja los organismo de control político y de fuerzas coactivas.
El campus que se cierra es de lucha para abrir los espacios democráticos de vivencia de los derechos humanos y de profundas transformaciones sociales,  para impedir que las mafias y sus agentes de poder continué imponiéndose y  cerrando las posibilidades de constituir el Estado democrático de derecho.



Las armas de la restauración neoliberal

Por: Andrés Mora Ramírez
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Manuel Zelaya: “¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!” Foto: EFE.
Manuel Zelaya: “¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!” Foto: EFE.
“¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina!” Con esas palabras, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya recordó y se lamentó de los hechos que rodearon el golpe de Estado de que fue víctima en 2009, que -desde su perspectiva- marcó el inicio de la restauración neoliberal o conservadora en nuestra región.
En una entrevista publicada en el diario Página/12, Zelaya sostuvo: “este retorno de las derechas agresivas y reaccionarias de América Latina no es coyuntural. Es una respuesta planificada desde Washington por fuerzas que sintieron que estaban perdiendo espacios”.
Además de en Honduras, se llevó a cabo en Paraguay contra Fernando Lugo y en Brasil contra Dilma Rousseff, con proyecciones y variantes en otros escenarios y procesos políticos.
“La restauración conservadora lleva conspiración. Combina ataques mediáticos, fuertes engaños publicitarios y fraudes electorales. La restauración es violenta. No es pacífica, ni  democrática”, explicó el derrocado mandatario y actual dirigente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Los acontecimientos de los últimos años en Centro y Suramérica -y particularmente en Brasil, con un desarrollo acelerado en las últimas semanas- proporcionan claves de interpretación del nuevo momento histórico que vivimos, luego de tres lustros de avances del campo popular y de las fuerzas políticas y gobiernos que adhirieron (cual más cual menos) un ideario en el que destacaron, entre otras banderas, las del antiimperialismo y la integración regional, la soberanía y la autodeterminación, la independencia y la búsqueda de alternativas de superación del neoliberalismo.
Los golpes de Estado de nuevo patrón, o golpes blandos -perpetrados desde los parlamentos y revestidos de seudolegalidad por instancias judiciales sometidas a los poderes fácticos y a intereses extranjeros-, así como el recrudecimiento de las maniobras de desinformación y las estrategias de manipulación de la opinión pública, que engrosan el repertorio de la guerra mediática en nuestra región, son las principales armas de la restauración neoliberal.
admitió que utilizó información “imprecisa” sobre Lula y Dilma.
admitió que utilizó información “imprecisa” sobre Lula y Dilma.
Sin ir más lejos en la búsqueda de ejemplos, la Red O’Globo, la más influyente y poderosa cadena de medios de comunicación de Brasil -crecida y fortalecida al amparo de la dictadura- recién admitió que utilizó información “imprecisa” en sus coberturas periodísticas sobre la presunta existencia de cuentas off shore, a nombre de Lula da Silva y Dilma Rousseff, para recibir dinero de sobornos.
Ni O’Globo ni los fiscales que llevan adelante la investigación han presentado una sola prueba que sustente las acusaciones contra ambos expresidentes: una falsedad en todos sus extremos, utilizada como arma política -reproducida hasta el hartazgo y con mala intención en medios hegemónicos dentro y fuera de Brasil-, que dio ínfulas y “argumentos” al oprobioso proceso de impeachmen contra Rousseff. Tal es el modus operandi de la ofensiva restauradora.
La articulación mafiosa entre los grupos mediáticos -o cartelizados- y el llamado partido judicial, que no es sino la cooptación por parte de la derecha de uno de los poderes claves en la estructura republicana -llamado a ser garante del respeto a las condiciones mínimas que hacen viable la convivencia en sociedad-, se nos revela como uno de los principales peligros para la construcción de democracias reales, profundas y plenas, y no los artificios funcionales de las élites y sus aliados como ha sido la triste tradición en una gran mayoría de nuestros países. No son pocos los riesgos a los que nos enfrentamos.
Como bien explica el periodista Martín Granovsky, “el itinerario de la justicia y el denuncismo periodístico, como poder moral superior” conforman el ariete utilizado para “producir lo peor de la democracia, que es dejarla a cargo de empresarios disfrazados de benefactores públicos”.
¿Cómo enfrentarán las izquierdas esta alianza? ¿Qué tipo de democracias se pueden construir bajo la tutela de los partidos mediático y judicial? ¿Son viables los procesos de cambio que no se propongan disputar la hegemonía cultural y confrontar directamente a los poderes fácticos? ¿Puede coexistir un proyecto emancipador con la presencia de actores de esos poderes fácticos enquistados en el seno de las instituciones del Estado?
Este es un debate que no podemos obviar si queremos dejar definitivamente atrás la farsa de las democracias controladas en la sombra; en particular ahora, cuando crujen los engranajes de una ofensiva restauradora cuya continuidad política se acompaña de signos de interrogación y que -como ya lo han advertido distintos intelectuales- en el caso brasileño podría abrir grietas peligrosas a una nueva irrupción del factor militar como protagonista de la vida política en nuestra América.
(Con información de PL)



En nombre de Gladys Lanza “hagamos algo por Honduras”


Por: Sandra Rodríguez
Hoy al son de las mañanitas y muchos recuerdos, se partió un pastel con sabor a lucha, entrega y fuerza, para recordar el 75 aniversario de la histórica defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa.
Su tumba se convirtió en un altar cubierto de pino, rosas amarillas, flores blancas y moradas, y el ambiente se aromatizó de incienso y las luces de las velas color moradas y blancas, hicieron presencia del alma “Gladycita” como la recuerdan sus amistades y compañeras cercanas.
Este 08 de junio se recuerda el 75 aniversario de su vida, los cuales dedicó por completo a defender el derecho a la vida, la igualdad, la protesta social, trabajo con dignidad, la verdad, la justicia, el derecho de las víctimas, denunció las graves violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada, encabezó movilizaciones, protestas sociales, estuvo en la cárcel, sobrevivió a las más crueles torturas, a la exclusión, al machismo, luchó contra el patriarcado, el militarismos y dedicó los últimos años de su labor a la defensa de los derechos de las mujeres.
A diferencia del año pasado, donde compartió en la casa de “Las Chonas”, como se les conoce a las integrantes del Monimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” del cual Gladys era su coordinadora nacional, hasta el momento de su deceso el 20 de septiembre del 2016, hoy fue en el cementerio pequeño o “el de los pobres” de la aldea Suyapa, al este de Tegucigalpa, y aunque hubo lágrimas por su ausencia, sobresalieron las risas por las “travesuras” de niña que hacía la defensora.
Estaban presentes sus hijas Tania, Diosana e Ixchel y su nieto. Su hermana Mercedes tomó la palabra diciendo que “yo sé que ella está en un lugar especial, en el cielo y desde allá nos acompaña, ella cumplió su misión hasta el último momento, dio todo, era incansable, yo, aunque le decía acostate, estás enferma, no se acostó, no se le podía obligar a estar quieta, es un ángel más en la vida de nosotras…”
“Y especialmente para Cesario, porque un día antes de su cumpleaños lo han condenado, y sé que va  a tener desde el cielo va a tener la ayuda, la sabiduría y la fuerza  necesaria para defender las causas justas”, agregó doña Mercedes.
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Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cácares
Ella se refirió al periodista y defensor de derechos humanos Cesario Padilla, quien ayer fue condenado de usurpación por la Sala Cuarta de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto al sociólogo Moisés Cáceres y el trabajador social Sergio Ulloa, por ejercer la labor de defensoría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en julio del año 2015.
Según su hermana, entre las últimas palabras de Gladys fueron “me voy con el pesar que no pude hacer algo por mi país, que sigo viendo a mi Honduras, no pude hacer nada por mi Honduras…” no pude contestar nada porque yo sabía que se estaba yendo, así que las invito a que hagamos algo por Honduras, necesitamos gente consiente y valiente, con el espíritu de lucha que esta mujer tenía vamos a seguir.
Con este espíritu de lucha vamos a hacer algo por Honduras, pasito a pasito poquito a poquito, finalizó Mercedes.
Cesario Padilla, expresó su pesar porque, en medio de la lucha estudiantil, el año pasado, doña Gladys fue muy receptiva a participar en la mesa de diálogo, y sucedieron algunas cosas entre sus ocupaciones que no se pudo concretar el acompañamiento.
Lanza debía ir a firmar a la CSJ, una vez al mes como medida sustitutiva a la prisión debido a una condena de parte de los Tribunales de Justicia por acompañar a una víctima de acosos sexual y laboral, estando su el proceso en casación, en el momento de su muerte, y por ese motivo se le sobreseyó hasta el pasado 05 de mayo pasado.
Gladys llamó a la juventud a ser rebelde ante el sistema, sobre todo a los entonces criminalizados por el acceso a la tierra, a los bienes comunes, a la educación de calidad, pública  y gratuita.
Ayer después de la lectura de la sentencia condenatoria tomé en mis brazos a la hija -de cuatro meses  de edad- de uno de mis compañeros y le dije “vamos a conversar de doña Gladys, ella venía a firmar aquí…” como quien cuenta un cuento… agregó Padilla, a manera de mantener viva la lucha y la memoria de Gladys Lanza, quien siempre evoca risas, pues sus recuerdos y acciones han marcado la vida y la lucha de este país.
De otra forma, pero Gladys Lanza sigue aquí
IMG_20170608_143956[1]Compartí mucho con Gladys, una vez fuimos a ver en su lecho de muerte a la coordinadora del “Visitacion Padilla” del colectivo de El Progreso (ciudad al norte del país), ella me decía que “uno debía despedirse se la gente”. Yo tuve la oportunidad de despedirme de Gladys, ella sabía que cuanto la amaba y le agradecí las enseñanzas, expresó Merly Eguigure, coordinadora nacional del “Visitación Padilla”.
Entre las anécdotas que recuerda su sucesora en “Las Chonas” es que cuando Gladys estaba interna ya en la clínica, se llevó a escondidas un radio que nunca le descubrimos, por lo que siempre estaba al tanto de las noticias matutinas, así se dio cuenta del fallecimiento del cantautor nacional Guillermo Anderson el 6 de agosto, a quien ella quería que le cantara “Cipota de Barrio” en su funeral, y ya no sería posible, por lo que le dije que se la pondría.
Por su parte Cristina Alvarado, de la coordinación nacional del Comité, expresó que Gladys, de otra forma sigue presente, en sus recuerdos, su risa y sus acciones.
Y entre conversaciones se compartió el tradicional pastel, amenizando la lucha y la vida de una mujer que trasciende con el tiempo, y que las autoridades judiciales le quedaron en deuda de justicia.



Alumnos de periodismo reconocen trayectoria de Miriam Mercado


Por: Sandra Rodríguez
“Los periodistas no somos noticia”, fue la respuesta a la solicitud de una entrevista a la periodista Miriam Mercado, a quien se rendirá homenaje esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este reconocimiento viene directamente de los y las alumnas de periodismo de la UNAH, quienes tiene una semana de celebración en el marco del 25 de mayo, día nacional del periodista hondureño.
Lo importante de estos eventos es que me doy cuenta que hay jóvenes con conciencia, que estudian periodismo porque les interesa generar cambios, agregó en una escueta conversación telefónica la reconocida periodista.
Ella recibió el Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” en el año 2003, ha laborado en los periódicos hondureños Diario El Día, La Prensa, Tiempo y la emisora Radio América.
Además, fue corresponsal en Honduras por 30 años de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) (1984-2014) y trabajó en Managua en 1982 en la Agencia Nueva Nicaragua.
Es reconocida por su labor en el área de derechos humanos, y jugó un papel importante en la cobertura noticiosa de la década de los ochentas en medio de la represión, tortura, detención y desaparición de líderes y lideresas sociales.
Su relación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), data desde hace tres décadas entre la amistad y acompañamiento a las madres y esposas de las víctimas de lesa humanidad, siendo así una periodista de mucha confianza.
Mañana se inaugura la semana del y la periodista con el nombre de “Miriam Mercado”, una periodista que continua acompañando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, recientemente integró la mesa de trabajo de luchadores sociales históricos convocada por el COFADEH, y entre ellos estaba Oscar Aníbal Puerto, José Guadalupe Ruelas, Juan Almendares Bonilla, Isidro España, Liduvina Hernández, Elvia Zelaya, Estela Zelaya, Austra Berta Flores, Félix Cesario, Mario Argueta y Manuel Gamero, para dar a conocer a las nuevas generaciones su labor en esta área.


Brasil: proponen "Plan Popular de Emergencia" ante la crisis, y una nueva huelga general

Los trabajadores de anunciaron una nueva huelga general para decir 'Fora Temer' y rechazar sus reformas neoliberales. Mientras que los movimientos sociales presentaron un "Plan Popular de Emergencia" para que Brasil pueda salir de la crisis política y económica.

Brasil: proponen "Plan Popular de Emergencia" ante la crisis, y una nueva huelga general. Foto: archivo EFE
Brasil: proponen “Plan Popular de Emergencia” ante la crisis, y una nueva huelga general. Foto: archivo EFE
Este lunes los principales sindicatos de Brasil acordaron realizar una nueva huelga general contra las reformas neoliberales del gobierno de Michel Temer y pedir por su salida del poder. La misma está pensada para finales de junio, y los organizadores esperan una adhesión más amplia aún que la registrado el pasado 28 de abril cuando se realizó la primera huelga general en el país después de 20 años.
Representantes de las nueve centrales se reunieron en Sao Paulo para evaluar la marcha a Brasilia la semana pasada y definir las siguientes acciones en contra de la reforma laboral y de pensiones.
“Para nosotros, todo comienza y termina en las reformas, que han sido rechazadas el 90% de la población”, enfatizó Julio Turra líder de la CUT. Además de la exigencia de Temer salga del poder a las centrales sindicales les preocupa poder evitar el procesamiento de las propuestas en el Congreso, que advierten que incluso podría darse con la salida de Temer ya que según la Constitución sería sustituido en una elección indirecta y su lugar lo ocuparía alguno de sus aliados que defiende las reformas, por lo que además de pedir la salida de Temer los trabajadores abogan por elecciones directas anticipadas.
Por su parte Wagner Gomes, secretario general del CTB, resaltó el éxito de la movilización de Brasilia y la necesidad de una nueva huelga general: “El acto logra papel muy importante, fue la movilización más grande en muchos años. A pesar de la represión policial fue una demostración de fuerza que pone a los sindicatos en otro nivel. Por lo tanto, la CTB cree que hay que llamar a otra huelga general para decir bien alto “Fora Temer” y derrotar a las reformas de su gobierno”.

“Plan Popular de Emergencia”

Por su parte las organizaciones sociales ligadas al Frente Brasil Popular, también este lunes, lanzaron la propuesta de un plan de emergencia para que Brasil pueda salir de la crisis política y económica en la que está sumergido.
La propuesta, denominada Plan Popular de Emergencia pretende presentar una salida factible a la sociedad brasileña y tiene como objetivo el restablecimiento del “orden constitucional democrático, defender la soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir el desmonte del Estado y salvar las conquistas históricas del pueblo trabajador”, según detalla el texto citado por Brasil de Fato.
El plan propone como primer paso la salida del presidente golpista, Michel Temer (PMDB) y la anticipación de las elecciones presidenciales para 2017, para que finalmente sea el pueblo quien pueda decidir al presidente, y sobre todo al programa de Gobierno, ya que si bien Michel Temer era el vicepresidente constitucional de Dilma Rousseff tras la salida de la mandataria destituida por el Senado, Temer implementó un plan de Gobierno que no era el presentado por el Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2014 y que fue elegido por el pueblo.
Estructurado en 10 áreas temáticas, el texto plantea además la necesidad de enviar al Congreso Nacional la propuesta de convocatoria para una Asamblea Constituyente que reglamente un nuevo régimen político para las elecciones de 2018, despojado de la influencia del poder económico.
El documento está planteado como una nueva alternativa que favorezca a los trabajadores y al pueblo en caso de que exista un Gobierno de emergencia, ante la posibilidad de una salida anticipada del presidente no electo, Michel Temer.
Según detalla Brasil de Fato, la plataforma social aboga por la implementación inmediata de un plan de emergencia que contemple cambios radicales en el sistema tributario, la vuelta a las políticas ligadas a la reforma agraria así como el perfeccionamiento de los sistemas de salud, educación, cultura y vivienda.
El coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stédile, señaló que este plan popular “se produce en momentos en que el gobierno golpista de Temer está llegando a su fin”, y afirmó: “Temer solo continúa en el poder porque la burguesía todavía no acordó el nombre de su sucesor”.
Sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente explicó que se busca que los parlamentarios sean electos de acuerdo con la representación de la sociedad brasileña: “Si la mitad del pueblo es negro, también la mitad de los legisladores tendrían que serlo; si esa misma proporción es de mujeres, entonces la presencia femenina debería tener igual representación”, dijo, al tiempo que recordó que en la actualidad el 80% de los miembros del Legislativo son empresarios y quienes no lo son fueron apoyados por estos para que pudieran asumir su encargo.
En ese sentido resaltó la necesidad de convocar elecciones directas anticipadas, ya que “una elección indirecta a través del Congreso no resolverá nada, porque éste es fruto de una corrupción endémica y no es representativo del pueblo brasileño”.



Gremios en Brasil anuncian una nueva huelga general contra Temer y sus políticas para finales de junio

Las centrales sindicales aprobaron este lunes la realización de una nueva huelga general contra las reformas y el Gobierno de Michel Temer para finales de junio, en fecha a ser definida, pero que quedará entre los días 26 y 30 de dicho mes. El proyecto neoliberal tardío en el gigante sudamericano se encuentra cada vez más debilitado.
El Ciudadano
Las centrales sindicales aprobaron durante este lunes la realización de una nueva huelga general contra las reformas y el Gobierno de Michel Temer. La protesta tendrá lugar a finales de junio, en fecha a ser definida, pero que quedará entre los días 26 y 30 del mes que viene.
Aunque algunos defienden la posibilidad de realizar una huelga de 48 horas, lo más probable es que sea elegido sólo un día. La decisión debe salir el próximo lunes (5 de junio), cuando los dirigentes volverán a reunirse en Sao Paulo. Desde el sector gremial de Brasil prometen un movimiento y acción más amplios que el registrado el pasado 28 de abril, cuando luego de mucho tiempo se realizó una huelga general en el gigante sudamericano,
Tal como señala el portal brasileño Rede Brasil Atual, en la tarde de ayer, representantes de nueve centrales se reunieron en la sede de la CTB, en la región central de São Paulo, para evaluar la marcha a Brasilia la semana pasada y definir las próximas acciones contra las reformas neoliberales que pretende aplicar el cada vez más debilitado mandatario.

Para el presidente de la UGT, Ricardo Patah, fue “el movimiento más fuerte y solidario de la última década”, incluso con acciones de posibles infiltrados durante el acto en la capital federal. “No podemos perder ese foco”, afirmó, aún antes del final de la reunión, refiriéndose a la tramitación de las reformas en el sistema de pensiones en la Cámara de Diputados, y la relacionada a los derechos laborales, en el Senado.
“Para nosotros, todo comienza y termina en las reformas, que tienen rechazo del 90% de la población”, reforzó el director ejecutivo de la CUT Julio Turra. Además del mantenimiento del “Fuera Temer” (Fora Temer), la preocupación es impedir la tramitación de las propuestas en el Congreso, incluso con una posible salida del presidente, que podría ser sustituido en una elección indirecta.
“A los ojos del mercado, Temer perdió credibilidad”, evalúa en la misma dirección Turra. Por eso, señala, las centrales de trabajadores, aunque no de forma tan unánime como se quisieran, defienden la postura de las elecciones directas como salida a la crisis política e institucional que atraviesa Brasil.



Manifestaciones y un megarrecital en Río de Janeiro para reclamar elecciones directas

Caetano veloso y Milton Nascimento, entre otros, expresaron en Copacabana su rechazo al gobierno ilegítimo de Michel Temer."Si lo empujamos, caerá" gritaban.

Lunes 29 de Mayo de 2017
Rio de Janeiro
Más de 150.000 brasileños salieron por las calles de Río para exigir la renuncia de Michel Temer, envuelto en múltiples denuncias de corrupción, y la convocatoria a elecciones directas para elegir nuevo presidente constitucional. Además, expresaron su rechazo a los proyectos de flexibilización laboral y reforma al sistema previsional. La manifestación concluyó en un recital del que entre otros participaron, artistas Caetano Veloso y Milton Nascimento.
La convocatoria fue motorizada por sindicatos y movimientos sociales, comenzó por la mañana y se prolongó durante toda la tarde sobre la avénida Atlántica en el paseo de Copacabana.
Entre los artistas se destacaron también Mano Brown, Teresa Cristina, Mart'Nalia, Otto María Gadu, Pretinho da Serra, Criolo y Cordao da Bola Preta, entre otros.
"Si lo empujamos, Temer caerá", coreaban los manifestantes.
Pero el mandatario, de 76 años, volvió a rechazar categóricamente hacerse a un lado, en una columna publicada este domingo por el diario Folha de Sao Paulo.
"Brasil no se ha detenido y no se va a detener, a pesar de la crisis política que, lo reconozco, estamos padeciendo", escribió Temer, que espera ser recordado como el hombre que consiguió con sus reformas promercado sacar a la potencia latinoamericana de la peor recesión de su historia.

Apenas un año después de haber sucedido a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff -destituida por maquillar las cuentas públicas-, el cargo de Temer cuelga sin embargo de un hilo.
El último escándalo de corrupción de Temer se sustenta en el testimonio de los ejecutivos del grupo JBS, que acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010, aportaron una grabación en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos y revelaron el pago de sobornos a 1.829 políticos de 28 partidos.
La crisis política paralizó la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, que endurece las condiciones para obtener esa prestación al establecer como edad mínima para la jubilación los 62 años para mujeres y los 65 para hombres, con un mínimo de 25 años de cotización.

Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a la persona que completará el período iniciado por Dilma Rousseff en 2015, el cual concluye el 1 de enero de 2019.
Los raperos Mano Brown y Criolo y la cantante de samba Martnalia figuraron en la lista de artistas movilizados con la consignas "Fora Temer" y "Diretas já" (elecciones directas ya).
El concierto, frente a una playa de Copacabana donde la bruma ocultaba el mar, llegó a su clímax cuando apareció Caetano Veloso, entonando "Podres Poderes" (Poderes podridos, en español).
"¿Será que nunca haremos sino confirmar/ la incompetencia de la América católica/ que siempre precisará ridículos tiranos?", reza la letra, coreada por la multitud.
Milton Nascimento, de su lado, hizo vibrar a los asistentes con "Nos bailes da vida".

Según la Constitución, si Temer es destituido o dimite, la Cámara de Diputados deberá designar a su sucesor en 30 días, para completar el mandato de Rousseff hasta fines de 2018. Unas elecciones indirectas a las que se oponen muchos brasileños, desconfiados de un Congreso con decenas de legisladores investigados por corrupción.
Por eso, exigen "Directas ya", como en el periodo final de la dictadura militar (1964-1985)
"Temer y todos los golpistas sacaron del poder a una presidenta electa legítimamente sin motivo que lo justificase. Es como hace treinta años, queremos el regreso de la democracia y elecciones directas ya", dijo a la AFP Sirlei Oliveira, una socióloga de 52 años, que viajó desde Sao Paulo.
La mera sustitución de Temer sería "un golpe dentro del golpe", afirmó Diego Kapaz, un arquitecto de 33 años, para quien los grupos que apoyan a Temer solo están interesados en apurar el voto de las reformas que elevan la edad de la jubilación y flexibilizan la legislación laboral.
Celso Amorim, exministro de Exteriores de Lula da Silva (2003-2010) y de Defensa de Rousseff, estaba entre los manifestantes, que se acercaban a abrazarlo y sacarse fotos con él.
"Temer dejó de ser funcional" para quienes lo llevaron al poder, dijo Amorim a la AFP.
El excanciller considera que los brasileños deben ahora "elegir un presidente legítimo, capaz de conducir reformas"; pero no las que propone Temer sino "reformas para recuperar la soberanía y hacer que el pueblo tenga acceso no solo a bienes [materiales] sino también a una mayor participación" política.
La izquierda, a la defensiva en los últimos años a raíz del colapso económico y de las acusaciones de corrupción contra muchos de sus líderes -incluido Lula-, parece ver en esta crisis una oportunidad de levantar cabeza.
El miércoles pasado, movilizó a decenas de miles de personas en Brasilia. Durante la protesta, grupos de jóvenes encapuchados atacaron varios ministerios. Los enfrentaientos con la policía dejaron 49 heridos, uno de ellos de bala.
Acusado por la Fiscalía de obstrucción a la justicia, organización criminal y corrupción pasiva y con varios pedidos de impeachment en el Congreso, Temer trata de evitar una deserción en masa de su gobierno.
Su destino podría decidirlo el Tribunal Superior Electoral (TSE), que juzgará a partir del 6 de junio las irregularidades en el financiamiento de su campaña de 2014 junto a Rousseff, en la que él era candidato a la vicepresidencia.

PLAN DE EMERGENCIA

Frente Brasil Popular presenta propuesta para salir de la crisis política y económica

Organizaciones colocan la necesidad de implementar, inmediatamente, el Plan Popular de Emergencia

Brasil de Fato | São Paulo (SP)
Movimientos evalúan que es urgente y necesaria la implementación de un nuevo proyecto popular para Brasil - Créditos: Reproducción
Movimientos evalúan que es urgente y necesaria la implementación de un nuevo proyecto popular para Brasil / Reproducción
Las organizaciones sociales ligadas al Frente Brasil Popular lanzan, este lunes (29), la propuesta de un plan de emergencia para que Brasil pueda salir de la crisis política y económica en la que está sumergido desde el impeachment de la ex-presidenta Dilma Rousseff (PT).
Llamado Plan Popular de Emergencia, la idea es debatir y presentar una salida factible a la sociedad brasileña para el restablecimiento del orden democrático en el país y buscar soluciones concretas que ayuden a Brasil a salir de la crisis económica y ampliar los derechos sociales y laborales.
El objetivo, según las organizaciones que componen el Frente, es el restablecimiento del “orden constitucional democrático, defender la soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir el desmonte del Estado y salvar las conquistas históricas del pueblo trabajador”, dice parte del texto.
Para el Frente Brasil Popular, el primer paso para que el programa se realice es la salida del presidente golpista, Michel Temer (PMDB) y la anticipación de las elecciones presidenciales para 2017, para que la propia población pueda escoger su representante en el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones también resaltan la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado de derecho y establecer reformas estructurales que garanticen una mayor participación popular en el sistema político brasileiro.
“Se trata de implementar un proyecto nacional de desarrollo que tenga por objeto fortalecer la economía nacional, el desarrollo autónomo y soberano, enfrentar la desigualdad de renta, de fortuna y de patrimonio como ejes fundamentales para la reconstrucción de la economía brasileira, para la recomposición del mercado interno de masas, de la industria nacional, de la salud financiera del Estado y de la soberanía nacional, un modelo social basado en el bienestar y en la democracia”, destaca otra parte del texto.
El documento también apunta la necesidad de la implementación inmediata de ese plan de emergencia que, entre otros puntos también coloca la urgente necesidad de reformar el sistema tributario, reanudación de políticas vinculadas a la reforma agraria, la garantía y el perfeccionamiento del derecho a la salud, educación, cultura y vivienda y la vuelta a una política externa basada en la soberanía nacional.
Clic aquí para descargar el Plan Popular de Emergencia completo, en español.
Edición: Vanessa Martina Silva | Traducción noticia: Pilar Troya; Plan: Agencia Paco Urondo



El establishment ya busca un reemplazante para Michel Temer

Al vislumbrar una segura caída del mandatario, los partidos en el poder y sus aliados barajan nombres de toda índole.

Ricardo Romero > @Richardbsas - Sábado 27 de Mayo de 2017

Mientras la respuesta del gobierno de Michel Temer a las movilizaciones populares contra las reformas que impulsa y el pedido de su renuncia fue una feroz represión, donde convocó a las fuerzas armadas a actuar sobre manifestantes y que lo hicieron como en los peores tiempos de la dictadura militar, mostrando el endurecimiento del "golpe blando", los aliados de la coalición de gobierno debaten una salida.
Lo cierto, es que el mismo establishment que acompañó el desplazamiento de Dilma Rousseff esperanzado en que Temer aplique un severo plan de ajuste con el objetivo de sacar al país de la peor recesión de su historia, se encuentra con una economía que no despega y que la desocupación alcanza niveles records junto a una inflación que se dispara.
Por eso, la divulgación de la grabación realizada por Joesley Batista, empresario de la alimentación, que mostraría a Temer dando el aval al pago de un soborno a Eduardo Cunha, el artífice del golpe parlamentario, sería el detonante para comenzar a explorar un plan B, más aún cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) ya abrió una investigación donde la Fiscalía General acusa a Temer de "obstrucción a la Justicia" en relación con casos de corrupción y organización criminal.
Sin embargo, Temer parece no querer dejar el gobierno y envía un mensaje a sus aliados de que una destitución del STF será larga, porque está dispuesto a realizar una especie de "by pass-jurídico" recurriendo a todos los artilugios legales posibles para dilatar la sentencia. Especialmente porque apuesta a llegar a octubre, momento en que Hernan Benjamin, relator del proceso, deba dejar la Corte y así poder nombrar un sucesor afín.
Sin embargo, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado clave en la coalición de gobierno, ya prepara el banco de suplentes para pensar un relevo, ante una eventual renuncia o destitución. Sin tapujos, los tucanos, como se les llama a los adherentes a ese partido, comenzaron a hacer circular nombres para un eventual reemplazo. De boca del gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, los nombres del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del senador Tasso Jereissati fueron expuestos como buenos candidatos para relevar a Temer. Incluso el mismo Alckmin, que aspira a ser candidato en las presidenciales del año que viene, podría ser el hombre de recambio.
En la lista de presidenciables también ronda el nombre de Henrique Meirelles, actual ministro de Hacienda, un cuadro del riñón del mercado financiero. Su prestigio deriva de su carrera internacional en el área financiera, especialmente en el BankBoston, en el que llegó a ocupar la presidencia global del banco. Se lo considera el artífice del plan económico de Michel Temer y se le atribuye ser el sostén macroeconómico al frente del Banco Central (2003-2010) de los dos mandatos del expresidente Ignacio Lula da Silva. Al dejar el gobierno petista, Meirelles se incorporó al mundo corporativo en la presidencia del Consejo Consultivo de la J&F, un holding que reúne a empresas de los hermanos Wesley y Joesley Batista, entre ellas la JBS, la que desató el reciente escándalo en la política brasileña.
Lo cierto es que quien salga de una eventual elección indirecta tendrá que mostrar una firmeza y capacidad de enfrentar los esquemas de corrupción presente en las instituciones brasileñas. En palabras del politólogo Santiago Leiras, del Instituto Ortega y Gasset, "con la crisis en Brasil volvemos a 1992, año del mani pulite en Italia. El corolario de aquella crisis fue la aparición de un outsider como Berlusconi. La pregunta sería en qué medida el desenlace en Brasil no dará lugar a la aparición de alguna versión local del magnate italiano".
De hecho, y casi desesperada, la derecha improvisa nombres ante una eventual elección directa, como el de Luciano Huck (el presentador de TV mejor pago del mundo) que, con un espaldarazo de Fernando Henrique Cardozo y la proyección que le da ser una figura de la Rede Globo, las encuestadoras ya lo están midiendo. También suenan nombres como el de Jair Bolsanaro, un defensor de la última dictadura militar que estaría midiendo un 15%, así como el de Marina Silva, la ecologista que tuvo una buena performance en la última elección.
Desde la izquierda, incluido el Partido dos Trabalhadores (PT), que denuncia un "golpe institucional" se entiende que la crisis le da una oportunidad para regresar. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff solicitó al STF que la restituya en el cargo ante "un complot urdido en la articulación, ahora bien conocido entre este Parlamento, a continuación, la República vicepresidente y otros de sus compañeros, todos ahora acusados de corrupción y otros excesos", argumentó la exmandataria.
Sin embargo, en el PT no están convencidos de la conveniencia de un regreso súbito de Dilma Rousseff, entendiendo que quedaría prisionera de la misma dinámica de poder del establishment, considerando que solo una salida electoral puede reencauzar un gobierno con el poder suficiente para gestionar.
Y si un impaciente lector de Tiempo Argentino se pregunta qué pasa con la candidatura de Ignacio Lula da Silva, la respuesta es que está buscando los marcos de gobernabilidad. Ya se reunió con Fernando Henrique Cardoso y José Sarney para pensar las posibles salidas a la crisis, y está impulsando desde su corriente interna (Construyendo un Nuevo Brasil) en el 6º Congreso Nacional del PT, que se hará el próximo fin de semana en San Pablo, el llamado a boicotear una elección indirecta y trabajar para la articulación de marco de alianzas amplio para un eventual regreso al gobierno. Esta posición es criticada por el ala izquierda del PT, nucleadas en la corriente "Cambia PT", que trata de restringir la alianza con el incondicional Partido Comunista do Brasil (PCdB), sumando al varguista Partido Democrático Brasileño (PDT), al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al Partido Socialista Brasileño (PSB) y a Rede.
El interrogante es si esto alcanzará para sustentar un gobierno frente a un poder que maneja un Estado corrompido. «
El "golpe blando" ya es duro
El concepto de "golpe blando" fue acuñado por la ciencia política para describir el desplazamiento de un gobierno a través de una acción parlamentaria. Los casos referenciales de este neogolpismo serían Honduras en 2009, donde el intento del entonces presidente Manuel Zelaya de establecer una constituyente fue objetado por el establishment local que propició su destitución por el Congreso, con apoyo del ejército; y Paraguay en 2012, donde el mandatario de ese momento Fernando Lugo fue acusado de mal desempeño y responsabilizado por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurrido en la ciudad de Curuguaty con un saldo de 17 muertos.
Con el mismo esquema, se diseñó una conspiración contra la expresidenta Dilma Rousseff, quien fue acusada de realizar manejos ilegales en el presupuesto federal, fue desplazada del gobierno y reemplazada por Michel Temer, su vicepresidente, quien pergeñó el golpe con Eduardo Cunha, su compañero de partido y por entonces presidente de la Cámara de Diputados, y que cumple 15 años de una sentencia por corrupción y que, según las últimas grabaciones difundidas, Temer habría intentado sobornarlo para su silencio.
Los casos de Honduras y Paraguay tuvieron fuerte rechazo en el escenario internacional. Respecto al país centroamericano, sus vecinos El Salvador, Nicaragua y Guatemala, junto a Venezuela, establecieron sanciones económicas, en tanto que el BID y el Banco Mundial suspendieron ayuda financiera y los embajadores de la Unión Europea se retiraron. Por su parte, la nación guaraní enfrentó rechazos y condenas, especialmente de sus socios en el MERCOSUR (Brasil, Argentina y Uruguay) que le aplicaron la cláusula democrática y le suspendieron la membresía, a su vez, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua retiraron sus embajadores.
Sin embargo, Brasil no tuvo el mismo trato. El incipiente gobierno de Temer recibió el inmediato saludo del presidente argentino Mauricio Macri y el escenario internacional lo consideró un proceso legal. No se reparó que no es un parlamentarismo, por ende, solo es válida la acción con delito porque sin él es Golpe de Estado.
Esta situación profundiza la crisis de un gobierno que agudiza su deterioro, especialmente por el involucramiento de sus miembros en casos de corrupción y que ahora llega al mismísimo Michel Temer. Así, mientras que la coalición que hace un año apoyó el "golpe blando" ahora abandona el barco y como respuesta el gobierno endurece su accionar y convoca a las fuerzas armadas a reprimir a un pueblo que en las calles le pide su renuncia.
Si bien algunos países e incluso organismos internacionales como la OEA mantienen el cinismo de condenar a Venezuela pero no pronunciarse sobre Brasil, la represión salvaje desplegada por Temer fue reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) que consideraron un "uso excesivo de la fuerza" y que, a pesar del rechazarla, Temer tuvo que dar marcha atrás a esta medida despótica. «


Estado español

Andrés Bódalo: “La sociedad tiene que juzgar con sentido común”

Por Miguel A. Rodríguez Cárdenas / La contra de Jaén
KAOS EN LA RED - Publicado en: 29 Mayo, 2017
Andrés Bódalo está tranquilo. Sabe que es jueves y que el viernes, a las 17:00 horas, tiene que regresar a la Prisión Provincial de Jaén. Pero también sabe que es jueves y que aún le queda un día para volver a encerrarse 17 horas diarias en una habitación. En estos tres días de libertad que le ha otorgado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria solo quiere estar con su familia y los compañeros que se acercan a saludarlo casi a cada instante.
 Ha podido cenar en la misma mesa que su madre, su compañera, sus tres hijos, su nieta y sus hermanos, algo que no hacía desde hace más de 14 meses, cuando ingresó en prisión. El juez dictaminó que agredió al exconcejal del Ayuntamiento de Jódar Juan Ibarra, y todavía le restan dos años más entre rejas. “Es lo que hay”, dice, con un tono que baila entre la resignación y la aceptación de que el juez ya dictó sentencia y solo queda acatarla. Pero tiene ganas de hablar y expresarse, aunque el deseo de no separarse ni un segundo de su familia hace que la entrevista tenga que ser por teléfono y por el microscópico micrófono del móvil cuenta que lee, hace spinning, se ha encontrado con mucha gente “maravillosa” y que nunca dejará la lucha. “La llevo en la sangre”, dice.
–¿Es más duro el día a día en la cárcel de lo que podía pensar antes de estos 14 meses?
–Sí, sin duda. Es un mundo totalmente diferente a la vida en la calle, en libertad. Te pasas 17 horas de las 24 que tiene el día encerrado en una habitación y solo sales para los horarios que están estipulados. Es muy díficil para el que está dentro, pero, sobre todo para los que están fuera y no lo han vivido en primera persona y que pueden imaginarse que es peor de lo que en realidad es. Porque tenemos muchas actividades que nos sirven de entretenimiento, tenemos tiempo para leer y estudiar y, también, para conocer a personas maravillosas que hacen que este tiempo sea más llevadero.
–¿A qué ha dedicado el tiempo en prisión?
–Lo he dedicado a pensar, pensar mucho en todo lo que ha pasado y por qué ha pasado. A pensar en cómo lo está viviendo mi familia y con tanto tiempo para pensar también tienes ganas de distraer la mente y, por las mañanas, después de levantarnos sobres las 7:30 horas, voy a hacer spinning. Es un deporte que me gusta bastante, que ejercitas todo el cuerpo y que me sirve de distracción y, además, Javi, el monitor, es una excelente persona. luego,
– ¿Y qué  lee?
–Pues ahora estoy metido de lleno en una biografía de Saramago, que me está gustando mucho; me tiene bastante enganchado. Y también he releído en varias ocasiones la obra de Federico García Lorca y Miguel Hernández. Se te viene todo abajo cuando lees sus poemas y ves todo lo que sufrieron por pensar de otra manera. Cuando llega la noche y estoy en la cama, hago un diálogo con ellos, empiezo a pensar lo que vivirían y se me parte el alma. No me gustaría que se me malinterprete, porque no quiero en ningún momento compararme con ellos, pero también muchas veces me dan fuerzas para seguir, para no decaer ahí dentro, donde los días se hacen muy duros. Me sirven, sobre todo, para concienciarme, como lo he estado toda mi vida, de que la violencia no es el camino para nada.
Andrés Bodalo, durante un acto de protesta.
Andrés Bódalo, durante un acto de protesta.
–Pero un juez dictó que usted tenía que pasar tres años y medio en prisión por su agresión a Juan Ibarra. ¿Lo ha asumido o aún piensa que es inocente?
–Está muy claro que hay una sentencia de un juez por la que se me condena. Eso lo tengo asumido y que tengo que cumplir los tres años y medio que me han echado, también, porque él era un cargo público y si la ley dice que eso es lo que tiene que cumplir quien agrede a un cargo público, entonces, con la Justicia tal y como esta, es lo que hay, no queda otra. Tengo que asumirlo porque es la decisión de la Justicia, pero tampoco quiero dejar de decir que no hay un informe forense que dictamine que al señor que yo agredí sufrió el daño que dice que sufrió. También está el testimonio de la Guardia Civil, que dice, como he reconocido en muchas ocasiones, que sí se produjeron momentos de tensión ese día en Jódar, que hubo empujones y mucha, mucha tensión, pero que nadie agredió a nadie. Yo, como digo, sé que tengo que cumplir la condena, pero cada noche de las que he pasado ahí dentro he dormido con la conciencia tranquila pensando que jamás he sido violento. Y, es más, si yo hubiera hecho algo malo a este hombre pediría perdón tantas veces como fuera necesario, pero si le he hecho un daño que se ha demostrado.
–¿Le preocupa que se haya creado de usted una imagen que no se corresponde con la realidad?
–Sí… Piensa que sí todo el mundo dice este es violento, al final termina calando en la sociedad. Pero yo apelo a la razón de las personas y, sobre todo a los hechos. En todos los años de lucha social que llevo nunca ha habido un acto de violencia. Sí hay momentos de tensión y de reivindicación pero nunca hemos usado en mi sindicato –Sindicato Andaluz de Trabajadores– la violencia. Pero la imagen que se vende muchas veces, desde el sensacionalismo, es que Andrés Bódalo es una persona violenta. Y, ¿sabes por quién me duele más?, por mi hijo pequeño, que tiene 13 años y tiene que ver la forma en la que se habla así de su padre. Es un niño y, aunque él tenga muy claro cómo es su padre, también ve las informaciones que salen en la tele y me pregunta que si yo he hecho esto o aquello que dicen. Me preocupa mi niño, en un bis a bis se quedo durmiendo conmigo en mis brazos y tiene 13 años. Eso te parte el alma. Pero yo he hablado mucho con él estos tres días y sabe toda la historia tal y como es.
Andrés Bodalo, junto con su familia tras salir de prisión.
Andrés Bódalo, junto con su familia tras salir de prisión.
–¿Qué es lo que más le ha sorprendido durante estos meses en prisión?
–Del interior, sin duda, la gente que he conocido. Hay funcionarios que son excelentes personas y los compañeros del módulo de respeto en el que estoy también se han portado muy bien conmigo. Pero me ha sorprendido sobre todo mi familia, sus reacciones ante esto. Mira, por ejemplo mi hija Lorena antes la veía más seria, no me entendía cuando iba a las manifestaciones y cuando participaba en los actos y ahora es la primera que está en todas las concentraciones y ha podido experimentar lo que siente su padre y darse cuenta de lo que hacía yo. Eso es un orgullo, como ver a mi hija María Victoria y a mi compañera y a mis hermanos y mis compañeros de sindicato en cada sitio y cada acto que ha habido para pedir mi libertad. Es un auténtico orgullo.
–¿Le han llegado los apoyos que ha recibido desde fuera?
–Sí, bueno, tanto como te pueden llegar ahí dentro. Mi familia, que me ha visitado cada semana, y el resto de personas que han podido venir, como Diego Cañamero, Pablo Iglesias o Teresa Rodríguez, entre muchos otros, me han transmitido en cada encuentro que tenía el apoyo de muchas personas de la calle. Pero, como he dicho antes, también te llega el otro lado de las cosas, lo malo. Pero prefiero quedarme con el cariño que he encontrado en muchas personas que me han enviado cientos de cartas, que tengo guardadas, y que me han llegado desde muchos puntos de España, pero me ha sorprendido recibir cartas de países como Suiza, Francia, Ecuador y hasta de Vietnam. Las tengo todas guardada. Y las palabras de ánimo y de solidaridad que he encontrado en estas cartas han servido para que mi familia sepa que su padre no es lo que han intentado vender. Insisto en que tenemos que ser muy rigurosos con ese tema. La sociedad tiene que juzgar por ella misma, con sentido común, y he estado en el Ayuntamiento de Jaén nueve meses y los vecinos y los compañeros de la política me han visto en los plenos, en los barrios, en Asuntos Sociales. Han sido nueve meses, no un día, y ahí se ve cómo es una persona.
Pablo Iglesias en su visita a Bodalo en prisión.
Pablo Iglesias en su visita a Bodalo en prisión.
–¿Qué se le pasa por la cabeza cuándo ha visto que la Junta de tratamiento le denegaba los permisos, que el proceso para su indulto no avanza y, por otro lado, en plenos de ayuntamientos, como el de Jodar o Jaén, se apoyaba este indulto?
–Te frustras, porque ves como quien está contigo día a día sabe cómo eres, que dentro te comportas bien, no das problemas con ningún preso ni ningún funcionario, pero luego llega el día y te deniegan el permiso. Que te frustra es innegable, pero también me hace querer mejorar en todo lo que sea posible para que lleguen los días en libertad y poder recuperar el tiempo que estoy perdiendo dentro. Pero la frustración está, sobre todo porque en el ámbito personal, en las relaciones que he mantenido durante mucho tiempo con personas de la política y ajenas a ella veo como me conocen, que saben que no soy un hombre violento y eso no se transmite a la sociedad. Mire, he recibido una visita en prisión de Reyes Chamorro, concejal del Partido Popular, y si yo fuera como en muchas ocasiones dicen que soy, no creo que esta señora hubiese venido a verme. En este sentido quiero que se haga justicia, porque no soy un hombre violento y nunca lo he sido.
–¿Y se le han quitado las ganas de seguir en primera línea?
–No, sin duda que no. Yo lo llevo en la sangre, vengo de una familia trabajadora y reivindicativa y la primera vez que participé en una manifestación fue con nueve años. Trabajaba en la aceituna, como muchos niños de los años 80, porque no había tanta maquinaria ni mano de obra suficiente con los mayores. Trabajábamos decenas de niños y cobrábamos 1.500 pesetas, la mitad o menos de lo que cobraban los adultos por el mismo trabajo, por trabajar en el campo las mismas horas. Eso te hace darte cuenta de la necesidad de salir a la calle a reivindicar la igualdad y desde los nueve años no he parado y, después de esto, tampoco lo voy a hacer. Siempre tengo el recuerdo de mi padre y muchas familias defendiendo la igualdad. Vengo de esa cultura, de la lucha por el derecho de las personas al trabajo, a la vivienda; lo llevo en la sangre.
–¿Pero no siente estos tres años y medio de prisión como un ‘aviso’? ¿No le ha echado para atrás en ningún momento?
–No, de verdad que no. Yo creo que la sociedad en general tenemos que pararnos a pensar cuando ocurren este tipo de situaciones, y hacerlo con nuestra propia cabeza, en lo que es el bien y es el mal, lo bueno y lo malo. Creo que, como es mi caso, hay consecuencias que no se corresponden con la realidad. Y eso me hace que no quiera dejar de luchar, aunque también tengo muy claro que lo primero que quiero es recuperar mi libertad y mi vida junto a mi familia. Pero ahora que he estado dentro, mi preocupación por la situación de los presos, que somos unos 600 en la cárcel de Jaén, porque no se repitan situaciones como la mía, y porque reine el sentido común en la Justicia. Tres años y medio se dicen muy pronto, pero es algo que solo sabe el que los pasa dentro.
Diego Cañamero y Andrés Bodalo han compartido muchas manifestaciones en su larga trayectoria como sindicalistas.
Diego Cañamero y Andrés Bódalo han compartido muchas manifestaciones en su larga trayectoria como sindicalistas.
–¿Las desigualdades que usted denunciaba en la calle también las ha visto en la cárcel?
–Te puedo decir que no he visto a ningún rico entrar en prisión en lo que llevo. Si mucha gente con pocos recursos, que vienen de familias desectructuradas, que no han tenido oportunidades en la vida. Hay chavales que están por robos en los que no hay violencia ni nada por el estilo y cuando llegan, allí no conocemos la historia de nadie, pero con el tiempo sale y ves que detrás de lo que para la sociedad es un delincuente también hay una buena persona a la que las circunstancias de su vida le han hecho hacer esas cosas. También están los que llevan toda la vida entrando y saliendo, pero esos los veo más como un fallo del sistema que de ellos mismos, fíjate. Sí la cárcel está para la reinserción no puede ser que una persona entre una decena de veces, por poner un ejemplo. El fallo está ahí y todos tenemos que remar en la misma dirección para corregirlo a través de la educación.
–¿Teme que llegue el viernes?
–Tengo aceptado que voy a volver. Voy a seguir peleando por salir, ya tengo en marcha la petición del próximo permiso, que se resuelve el 9 de junio, y confío en que no tenga que llegar otra vez hasta el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Pero también tengo asumido que la condena son tres años y medio y que si no llega el indulto, tendré que cumplirla entera. Pero confío en el sentido común.
 

Los juristas debaten la "alarmante" situación de la libertad de expresión

La Universidad Carlos III de Madrid acoge unas jornadas en la que Cassandra Vera y César Strawberry participarán como afectados
César Strawberry.
Durante los días 1 y 2 de junio, la Universidad Carlos III de Madrid celebrará las
jornadas La represión penal de la sátira política. En el campus de Getafe se analizarán los casos más polémicos de represión por parte de los Tribunales españoles en el último año así como la visión de expertos juristas que han estado presentes en sentencias del Tribunal Supremo.
Entre 2016 y 2017 han sido juzgadas en España más de cincuenta personas por delitos de incitación al odio o enaltecimiento al terrorismo.
Jacobo Dopico, miembro organizador de las jornadas y catedrático de derecho penal destaca que en estas ponencias se analizarán por primera vez, desde el otro lado, la opinión de profesores expertos de distintas Universidades para el estudio crítico de casos tan mediáticos como el de César Strawberry, cantante de Def con Dos, Cassandra Vera o los titiriteros de "Títeres desde abajo". Asimismo, en las jornadas intervendrán Letrados y ex Magistrados del Tribunal Constitucional, representantes de Amnistía Internacional, y los dirigentes de las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

Una alarmante deriva de la Jurisprudencia

“Este encuentro surge de la preocupación de un extenso grupo de juristas, que llevamos tiempo contemplando esta deriva alarmante de la Jurisprudencia”. Tanto Dopico como el resto de juristas e investigadores implicados alertan que “cada pocos días desayunamos con noticias de procedimientos penales en las que se acusa de graves delitos de provocación al odio, enaltecimiento del terrorismo o atentado contra los sentimientos religiosos a personas que simplemente han hecho manifestaciones satíricas”. Además Dopico destaca a Público la necesidad de tener claro el contexto para entender la gravedad de lo ocurrido. “Los delitos de enaltecimiento o provocación al odio sólo son aplicables cuando la conducta del sujeto supone una incitación al delito, directa o indirecta. Y está claro que los chistes o sátiras de los que hablamos no suponen una deliberada incitación a la comisión de delitos”.
Los casos son cada vez más alarmantes para los colectivos de Derecho Penal y los colectivos de Juristas. “Magistrados que ordenan que se siga el procedimiento contra los cómicos del El Intermedio por decir que la Cruz del Valle de los Caídos ‘es una mierda’. Policías que detienen a unos jóvenes de 18 años y otros de 16 por pintar la estatua de un torero. ¿En qué cabeza puede caber? Estas actuaciones no se compadecen con un Código penal que debe interpretarse a la luz de la Constitución”.

Manifiesto Carrero como síntoma

Las jornadas La represión penal de la sátira política han tenido como precedente el manifiesto titulado “Carrero como síntoma”, coordinado por el catedrático Dopico. El documento, firmado por 250 profesores universitarios de Derecho Penal, advertía ya de esta preocupante deriva el pasado mes de febrero tras los chistes lanzados a la figura de Carrero Blanco por parte de la estudiante murciana Cassandra Vera.
Sobre la última sentencia publicada el pasado viernes, Dopico muestra impotencia ante la falta de doctrina de los Altos Tribunales en España. “Tras la censurable sentencia del caso Strawberry contraria a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, la última Sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a una persona que simplemente había publicado adhesiones al Grapo, precisamente por eso, porque no suponía una incitación a la violencia”. Por ello destaca que desde las jornadas se insistirá en “analizar la línea jurisprudencial más preocupante, para contrastarla con esta otra, más garantista y más respetuosa con lo que prescriben el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
El caso del proceso penal contra el Gran Wyoming y Daniel Mateo ha sido otra de las sentencias a destacar por parte de los organizadores. "No se entiende que en un Estado de la Unión Europea un Tribunal afirme que considera posiblemente delictiva la simple manifestación de desprecio u ofensa a un monumento como la Cruz del Valle de los Caídos. Se trata de una resolución que uno podría esperar de una teocracia autoritaria, pero no en un Estado firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es precisamente esta tendencia la que queremos analizar críticamente en estas jornadas", concluyen los organizadores.

Análisis del Twitterrorismo

El programa estará dividido en varias mesas redondas compuesta por grupos de juristas especializados en Derecho penal, libertad de expresión y en los límites al poder del Estado en el ámbito de las manifestaciones satíricas, artísticas o ideológicas.
La primera de ellas se titula “Twitterrorismo”. ¿enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus victimas mediante tweets satíricos sobre Carrero Blanco?” . La segunda de las ponencias estará centrada en la incriminación de la incitación al odio y riesgos para la libertad de expresión con el caso Títeres desde abajo.
El día 1 de junio, ya por la tarde, se llevará a cabo la mesa “Arte, activismo y represión de la blasfemia. Los casos de las procesiones bufas de Sevilla y Málaga.
Ya en la segunda jornada, viernes 2 de junio, se estudiará la perspectiva de las asociaciones de jueces, fiscales y asociaciones de defensa de derechos humanos y el análisis de los derechos fundamentales y represión de la sátira política.

CHILE

Crecen los apoyos a Víctor Pey y la FPA para una compensación, por parte del Estado chileno, por el Clarín

Publicado el 24 Mayo 2017 Escrito por El Clarín de Chile
Un grupo de amigos y columnistas de Clarín han expresado su apoyo a las nuevas acciones llevadas a cabo por Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende para obtener una compensación por la expropiación del diario Clarín. 
 
Estas expresiones de apoyo van en línea a la denuncia que hiciera el precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol en cuanto el Estado chileno ha gastado una cifra mayor a lo adeudado a Víctor Pey para lograr revertir la sentencia del tribunal del CIADI y no pagar el monto debido.
 
El tribunal internacional, dijo Mayol, señala que el Estado de Chile “ha violado su obligación de garantizar a las demandantes un tratamiento justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda denegación de justicia”. Por ello, solicita a la presidenta compensar a la brevedad al propietario del Clarín con el monto señalado por este tribunal, el que asciende a poco más de US$ 16 millones.
 
El señor Pey y la FPA solicitaron el pasado 3 de abril a la presidenta Michelle Bachelet  que el Estado de Chile ejecute el laudo emitido por el tribunal del CIADI de 8 de mayo del 2008 en el cual se ordena la indemnización por la expropiación del diario Clarín en 1973. Ese laudo señala que  las Demandantes tiene derecho a compensación, por lo cual se solicita a la presidenta que disponga compensarles sin demora.
 
Días más tarde notificaron a la presidenta del inicio de un nuevo proceso de arbitraje por el caso Clarín. Las partes demandantes, como inversionistas extranjeros, invocaron el acuerdo entre España y Chile para protección de inversiones, en tanto para sus efectos prácticos han recurrido al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
 
Ante estas acciones, Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, le dirigió una carta a Víctor Pey que reproducimos a continuación:  
 
Respetado Víctor Pey:
“Quiero manifestar mi solidaridad con tu requerimiento al Estado de Chile para que acate y cumpla -de una buena vez-  el fallo del CIADI del 8 de mayo del 2008 que ordenó indemnizar al  legítimo dueño del diario Clarín, arbitrariamente despojado de su propiedad por la dictadura militar.

La tuya es una lucha magnífica por ampliar el derecho a la libertad de expresión a los más vastos sectores del pueblo . Tu propósito de reeditar Clarín se inscribe en esa perspectiva y por lo tanto es  necesario que las organizaciones sociales y democráticas te acompañen en esta demanda. . Hoy más que nunca el poder de la información, que convierte las mentiras en verdades y las encuestas que  surgen de la desinformación en reguladoras de la política, necesita ser desafiado por la prensa popular. La reaparición de Clarín contribuiría en importante medida  al combate por la hegemonía en la opinión pública .En ese sentido resulta incomprensible que un gobierno como el actual obstruya todos los caminos a  un periodismo independiente, democrático y popular como el que representaría Clarín.

Desde nuestra trinchera en Punto Final, nos hacemos parte de tu lucha que es la de la democracia.
 
En tanto, el académico y columnista Pablo Salvat expresó:
“Por la presente quiero manifestar mi apoyo a los requerimientos que ha realizado durante tantos años don Víctor Pey  para lograr que se le restituya el valor de los bienes confiscados durante la dictadura militar.  No resulta entendible que ante un panorama de falta de pluralismo como el que tenemos en los medios de prensa y de comunicación, se impida en los hechos la posibilidad que concurra otra voz diferente en los kioskos del país. Así como los bienes de partidos y otras instituciones afectados por la acción represiva  les han sido restituidos en dinero, lo mismo tendría que hacerse con el Clarín de Víctor Pey . Duele y avergüenza ver a aquellos dirigentes -supuestos paladines del pluralismo de la prensa  en otros países del continente-, no hacer lo suficiente por restituirla aquí, en casa. Comenzando por el caso Clarín. ¡Mi admiración al tesón y perseverancia de don Víctor Pey  y sus colaboradores¡ Llevan la razón de su parte.
 
Ismael Llona Mouat, antiguo columnista democrático y ex subdirector de Fortín Mapocho entre otras relevantes actividades, dijo: “Añoro Clarín, nuestro diario del pueblo, que tantas luchas dio por Chile y hago votos por su pronta puesta en circulación, después de un cierre de 44 años que le propinó la dictadura y las debilidades de nuestra democracia. Apoyo por ello la solicitud que Víctor Pey, destacado intelectual y amigo de siempre de Salvador Allende, ha presentado a la Presidenta de la República”.
 
El periodista y columnista Hugo Murialdo, en un texto titulado Chile y su Estado ilegal e ilegítimo, es cada día más inmoral, escribió: “Tal vez el caso más sintomático de esta inmoralidad, corresponde a la tozudez de negarse a cumplir la sentencia del Laudo emitido por el Tribunal del CIADI del 8 de mayo de 2008, en el cual se ordena la indemnización por la expropiación del diario Clarín en 1973. Es, en este mismo sentido, que don Víctor Pey, propietario del diario Clarín y vicepresidente de la Fundación Presidente Allende, enviara una carta a la Presidente Bachelet solicitándole que, de una vez por todas, el Estado de Chile ejecute dicho Laudo”.

    Esa carta está fechada el 3 de abril de 2017 pero, al parecer, la señora Presidenta no se ha dignado en responder,  por lo que el día 17 de este mes, la Fundación Presidente Allende y el mismo señor Víctor Pey, se han visto en la obligación de “Convocar a Chile a que un Tribunal de la ONU arbitre la confiscación del diario Clarín”.
 
En un texto titulado “la presidenta Bachelet debe responder por el diario Clarín”, el columnista y escritor Ricardo Candia afirma que “de las vergüenzas más bochornosas que lucirá para la historia la pos dictadura que impera en Chile, será el silenciamiento brutal que sufrió la prensa democrática, traicionada por los nuevos poderosos. A la represión, tortura exilio, muerte y desaparición de periodistas y comunicadores, durante la dictadura, le siguió una encarnizada aunque soterrada persecución a todo lo que olía a prensa democrática y de izquierda”.
   
    El caso del Diario Clarín es quizás la más evidente  afrenta al periodismo que sufrió los embates brutales de la tiranía. Y que luego del retiro táctico de los militares, fue traicionado por sus sucesores, los actuales administradores del orden”.
El Colegio de Periodistas, con anterioridad a estas acciones, emitió una declaración de apoyo que destacamos:     “Este es un caso sumamente complejo, por las innumerables aristas que lo componen, pero lo que sí está claro es que hay un fallo judicial vigente que fija un monto de reparación y donde el Estado, en forma obcecada a nuestro juicio, ha querido aminorar, dilatando un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo”, señaló la mesa directiva del Colegio de Periodistas de Chile.
   
    Por lo mismo, el gremio emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación, herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.
 
 

Alberto Mayol, precandidato del Frente Amplio, solicita a la presidenta el pago de la indemnización por la confiscación del Clarín

Publicado el 15 Mayo 2017 Escrito por El Clarín de Chile
El precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol denunció que el Estado chileno ha gastado una cifra mayor a lo adeudado a Víctor Pey para lograr revertir la sentencia del tribunal del CIADI y no pagar el monto debido.
El tribunal internacional, dijo Mayol, señala que el Estado de Chile “ha violado su obligación de garantizar a las demandantes un tratamiento justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda denegación de justicia”. Por ello, solicita a la presidenta compensar a la brevedad al propietario del Clarín con el monto señalado por este tribunal, el que asciende a poco más de US$ 16 millones.
Mayol hizo estas declaraciones junto al propietario del Clarín, Víctor Pey, quien a su vez llamó al gobierno a responder la solicitud entregada en abril pasado a la presidenta Bachelet. En el escrito, pide que el Estado de Chile ejecute el laudo emitido por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del 8 de mayo del 2008 en el cual se ordena la indemnización por la expropiación del diario Clarín en 1973. Ese laudo señala que el propietario del periódico tiene derecho a compensación, por lo cual solicita a la presidenta que disponga sin demora.
Al respecto, Víctor Pey relató que junto al oficio entregado a la presidenta Bachelet sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández. “Me reuní con él en una charla distendida de casi una hora. En aquella audiencia, me aseguró que hablaría con el ministerio de Economía, del cual depende la indemnización y que iba a indicar darle curso a este asunto. En la oportunidad me dijo que tendría noticias de él a la brevedad y de una manera concreta. Pero la verdad es que hasta el día de hoy no he tenido ninguna información. Espero que simplemente sea un atraso, pero se cumpla. Sin embargo, hasta este momento no tengo ninguna clase de antecedentes que me permitan afirmar que tienen la intención de cumplirlo.”
El propietario del Clarín destacó que en el laudo del 2008 se establece que el Estado chileno le había denegado justicia y había, además, actuado de mala fe. “El único caso en los anales del CIADI que por unanimidad acusa a un Estado de denegar justicia y actuar de mala fe”.
En 2008 el CIADI, entidad dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington, entregó su fallo sobre la causa abierta por Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende (FPA) de España contra el Estado de Chile por el caso del diario Clarín, expropiado a su propietario desde 1973. Según señaló Alberto Mayol, la resolución “del tribunal del Banco Mundial en 2008 confirma a Víctor Pey como propietario del diario Clarín y por poco más de US$ 16 millones ordena al Estado chileno a indemnizarlo por su confiscación”. En la página 235 de este laudo está consignado el dictamen que le da la razón a Pey y a la FPA y especifica los montos que el tribunal obliga a pagar al Estado. Por tanto, “nuestra exigencia hoy al gobierno de Michelle Bachelet es concretar el pago que corresponde a la sentencia a favor del señor Víctor Pey Casado”.
Alberto Mayol comparó el trato entregado por los gobiernos de la Concertación al Clarín, al que sistemáticamente se le ha negado una reparación tras la confiscación del diario desde 1973, con El Mercurio, al cual se le rescató financieramente en 1988 sin ningún cobro posterior por parte del Estado.
Este rescate, iniciado en el mes del plebiscito de la dictadura, terminó de producirse el 8 de marzo de 1990, a tres días del cambio de mando. El monto total del rescate, afirmó Mayol, fue de 5,2 millones de Unidades de Fomento (UF), una cifra que hoy en día asciende a US$ 206 millones, monto, dijo, “superior al de la venta de cualquiera de los canales de televisión transados en los últimos años” y superior al valor de una empresa como Parque Arauco.
Un diario como el Clarín, que vendía los fines de semana más de 250 mil ejemplares, si no hubiera interrumpido su trayectoria, hoy sería un gran medio de comunicación. Pero aun así, dijo Mayol, con el monto de indemnización que mencionamos, este sería un gran respaldo para hacerlo crecer. “Esperamos que la presidenta Bachelet diga que este es el momento para al fin pagar esta deuda histórica y hacer un acto democrático, un acto de recuperación simbólica de nuestra democracia”.
“El Estado de derecho en las manos de quien está hoy día no es neutro, no defiende el interés general. No defiende la igualdad ante la ley. Aquí vemos dos casos muy claros, en los que nos encontramos con un periódico como El Mercurio, que es rescatado con centenares de millones de dólares sin cambio de propiedad, y por otro lado al Clarín, al que se le niega un monto muy inferior. Aquí surge el absurdo más grande: el Estado ha gastado más dinero en defenderse de ese pago que lo que costaría realizar el acto de justicia, simplemente satisfaciendo un dictamen internacional de un organismo como el Banco Mundial. Esta es la convocatoria a la presidenta Bachelet”, afirmó Mayol.
“Aquí el tiempo es importante. El tiempo es importante para la justicia. Hacer justicia pasado 50 año no tiene mucho sentido. Pero en esta transición, que ha tardado tanto, todavía deja tiempo para hacer un acto reivindicatorio. Don Víctor Pey está aquí en toda su grandeza para esperar este acto. Necesitamos que se cumpla el fallo y la palabra de la autoridad”, finalizó.


Diario y Radio Uchile

La Araucanía: el problema que se impone en la agenda presidencial

Karina Palma |Lunes 29 de mayo 2017 20:41 hrs.
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La respuesta de Sebastián Piñera ante los dichos de Alejandro Guillier, quien descartó la existencia de terrorismo en la Araucanía, no dejó indiferente al resto de los pre candidatos presidenciales, quienes también expusieron su mirada al respecto. En tanto, para el historiador mapuche Fernando Pairicán, calificar de terrorismo los últimos acontecimientos de la Región, generan una construcción prejuiciosa sobre las reivindicaciones indígenas.
Luego de los dos ataques incendiarios registrados el pasado miércoles en la Región de La Araucanía, que terminaron con siete camiones afectados, el Ministerio Público confirmó que invocará la Ley Antiterrorista para investigar los hechos.
La determinación de la Fiscalía fue criticada por el pre candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien  descartó que en La Araucanía existan actos terroristas. Declaraciones que a su vez fueron respondidas por el pre candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera, quien invitó al senador por Antofagasta a visitar la Región para que “entienda lo que está pasando en materia de terrorismo”.
La polémica entre ambos pre candidatos no dejó indiferentes al resto de los aspirantes a La Moneda, por lo que no pasó mucho tiempo para que cada uno de los siete abanderados esgrimiera su opinión en los medios de comunicación, argumentando la existencia o no de actos terroristas en la Región. Así, lo que para algunos parece una exageración y un mal uso del término, para otros es una realidad.

Guillier: “En Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde a los patrones de terrorismo”

El pasado jueves, en su paso por Concepción, luego de los ataques incendiarios, Alejandro Guillier señaló que no existe terrorismo en La Araucanía, sino que violencia. “El problema que tenemos con los pueblos indígenas es político no policial. Necesitamos avanzar en un reconocimiento constitucional que signifique no solo un cambio jurídico, sino también un reconocimiento efectivo de su historia, de su cultura, de su lenguaje y de su patrimonio histórico, es decir, de sus tierras”.
Dichos que confirmó posteriormente cuando argumentó que “esto no es ni el ejército ISIS, ni Al Qaeda. Por favor pongámonos en las proporciones y resolvamos el problema políticamente donde corresponde”.
Declaraciones que fueron duramente criticadas por Sebastián Piñera y sectores de la Democracia Cristiana liderados por el senador Ignacio Walker, ante las cuales Guillier respondió: “en Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde a los patrones de terrorismo”, agregando que en La Araucanía “no hay una red internacional que quiere provocar pánico en la población, lo que quieren es resolver un problema que, tenemos que admitir, no hemos sabido resolver bien”.

Sánchez: “Yo no creo que haya terrorismo en la zona”

En la misma línea que Alejandro Guillier, la pre candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez indicó este domingo en Tolerancia Cero: “Lo que pasa en La Araucanía, cuando hay quema de camiones, me parece que no es un acto terrorista”.
De este modo, cuando le preguntaron si consideraba que el ataque al matrimonio Luchsinger Mackay constituía un acto terrorista, Sánchez respondió: “No lo considero un delito terrorista, pero con eso no le quito la gravedad de lo que es ese hecho”.
“El incendio que termina con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay es horroroso, es tremendo y tiene que caer todo el peso de la ley sobre las personas que son responsables. No quiere decir que por que no sea terrorista, uno considere que es un accidente, es un delito enorme”, agregó.
De acuerdo a lo comentado durante el programa, la pre candidata presidencial indicó que desde su perspectiva hay terrorismo cuando una cierta cantidad de acciones buscan desestabilizar un estado, de forma organizada y financiada.
En tanto, respecto de la demanda de autodeterminación no tuvo una respuesta clara, señalando  que ella es partidaria de una “autonomía parcial” que no logro explicar concretamente.

Piñera: “¿En qué país viven? ¿Por qué no van a La Araucanía para ver cómo el terrorismo ha ido creciendo y actúa con densa impunidad?”.

En primera instancia, Sebastián Piñera criticó la posición de Alejandro Guillier, enfatizando en que la Ley Antiterrorista se debió haber aplicado hace mucho tiempo. “Yo le diría al senador Guillier dos cosas: primero que se informa mejor y segundo, que vaya a La Araucanía  para que entienda lo que está pasando en materia de terrorismo”.
Posteriormente, el pre candidato de Chile Vamos no solo interpeló al senador por Antofagasta, sino también a Beatriz Sánchez: “¿En qué país viven? ¿Por qué no van a La Araucanía para ver cómo el terrorismo ha ido creciendo y actúa con densa impunidad?”.
“Cometen un grave error los candidatos Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez al negar el carácter terrorista de estos hechos, y al negarse a aplicar la Ley Antiterrorista. Eso solo favorece a los terroristas y perjudica a las víctimas y a los inocentes”, sostuvo.
En la oportunidad, el ex presidente adelantó que en un eventual segundo gobierno modificará la Ley Antiterrorista estableciendo la figura del agente encubierto, del testigo protegido y de los informantes.

Ossandón: “Es un problema nacional, por lo tanto presidencial”

Por su parte, el candidato independiente Manuel José Ossandón explicó en CNN su propuesta para terminar con el conflicto en La Araucanía en un plazo determinado: “Yo planteo que es un problema nacional, por lo tanto es presidencial. Nos daremos un plazo de 100 días para tener la estrategia y el plan de trabajo con la gente de allá. Tiene que haber una participación directa del presidente de la República y el Ministro del Interior. Después de esos cien días, cuando parta el trabajo, se acabó la violencia”.
El senador por Santiago Oriente agregó: “Si yo soy presidente, después de esos cien días, los carabineros no usarán nunca más balines de gomas, usarán balas”.

Kast: “Acá el Estado ha fracasado”

El diputado y abanderado de Evópoli, Felipe Kast valoró la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista y enfatizó en la necesidad de una política indígena que excluya a los violentistas. “Acá el Estado ha fracasado, por eso reitero mi invitación al Ministro del Interior a que vaya a vivir a La Araucanía y no regrese a Santiago hasta que resuelva el problema, para que tengamos paz en La Araucanía”.
Mientras se encontraba en la zona la semana pasada, Felipe Kast anunció su propuesta para transforma la Región en la capital turística de Chile en los próximos cuatro años, duplicando la inversión en esa materia. “El mejor antídoto contra la delincuencia y contra aquellos que siembran el miedo, es cuidar la paz a través de oportunidades”.

Goic: “Se requiere una política integral”

Alejándose del debate generado entre Guillier y Piñera, Carolina Goic, candidata de la Democracia Cristiana, respaldó el actuar de la Fiscalía al invocar la Ley Antiterrorista y comentó que no le interesa la disputa entre candidatos, pero si “la realidad del pueblo mapuche y la deuda que existe con ellos”, para lo cual “se requiere una política integral”.
“Esta es una situación compleja que tiene distintas aristas. Se debe partir del diálogo y no de la criminalización, hay que poner al frente a las comunidades mapuches y las deudas que tenemos con ellos, además de la seguridad de las personas que habita en nuestro país”, manifestó.

Mayol: “Es importante conversar con todos los actores de la escena”

El precandidato del Frente Amplio, también se alejó de la polémica, comentando que el tema de La Araucanía tiene una complejidad histórica. “Lamentablemente la forma en la que se ha tratado el tema hoy es pedestre, porque estamos tratando de definir qué tipos de delitos se constituyen y eso no resuelve un problema histórico. Acá tiene que ver con la capacidad de ejercer autonomía en los territorios, su construcción política y el otorgamiento de derechos para quienes viven allí”.
“Es importante conversar con todos los actores de la escena. Llamar a negociación y poner condiciones es el absurdo más grande”, agregó.
Mayol también se refirió a las consecuencias que tiene el uso del concepto “terrorismo”, indicando que promueve la militarización. “Favorece la posibilidad de un uso más indiscriminado d la violencia y la judicialización con menos derecho de las personas. Esa definición empobrece nuevamente la discusión”.
Reacciones ante la polémica
Mario Venegas (DC), diputado de la Región, señaló que los hechos de violencia son absolutamente condenables y que “no legitiman ninguna causa por más noble que esta sea”, por lo que afirmó que el Gobierno tiene el legítimo derecho a invocar la Ley Antiterrorista para casos específicos. Sin embargo, calificó de impudentes las palabras de Sebastián Piñera, ya que afectan a un territorio completo.
“¿Quién va a invertir en una región donde hay terrorismo? Son elementos que hay que considerar, por eso que las autoridades y los gobiernos deben ser muy prudentes a la hora de hablar y dar nombre a las cosas. Es repudiable lo que ocurre, lo lamentamos y no quisiéramos que sucediera, pero hay que tomar todos los aspectos antes de calificar un hecho”, indicó.
En ese sentido el diputado demócrata cristiano agregó que en la Región existen acciones en lugares puntuales que podrían calificarse de terrorismo, pero que hay otros casos en los que se trata de delitos comunes, como robos y asaltos.
Para Fernando Pairican, historiador mapuche y miembro de la Comunidad de Historia Mapuche, afirmar que en la IX Región existe terrorismo genera una construcción prejuiciosa sobre las reivindicaciones indígenas. “Sebastián Piñera continúa con lo que se ha planteado tanto desde los gobiernos de la Concertación como desde su propia administración: mirar las demandas mapuches desde la perspectiva judicial y no desde los Derechos Humanos y la política”.
Respecto de lo anterior, el historiador agregó: “Me preocupa que se reactualice la mirada racial sobre el pueblo mapuche. En el siglo XIX eran la barbarie, en el XX los flojos y en el XXI son los terroristas. El racismo se va construyendo en cada proceso histórico y en este estamos viendo una reformulación de la mirada racial sobre los pueblos originarios, del mapuche en particular, en la lucha por sus derechos humanos. La autodeterminación es un derecho humano, por lo que el Estado más que reprimir tiene que garantizar el desarrollo de esa demanda política”.
En tanto, para Cristián Riego abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales no es tan relevante las declaraciones del mundo político respecto a los que se entiende por terrorismo, sino más bien lo que determine la justicia, ya que es esta la que tiene la facultad de investigar ciertos hechos bajo la Ley Antiterrorista.
Según lo explicado por el abogado, dicha legislación aumenta las penas y le da a la Fiscalía ciertas facultades que no tiene ordinariamente, como el uso de testigos con identidad reservada.
El académico criticó la gestión del Gobierno en esta materia, argumentado que no se ha focalizado en lo que corresponde desde el punto de vista legal, pues no ha formulado una ley apropiada para los casos de violencia en La Araucanía, lo cual ha calificado como una “violencia política de baja intensidad”.
“Las normas del terrorismo son mucho más severas y para este tipo de actos parecen desproporcionadas. Yo creo que una de las tareas que tenía esta ley que el Gobierno debió haber desarrollado era hacerse cargo de este problema”, concluyó.