sábado, 23 de julio de 2011

INFORMACIONES HONDURAS (nr. 865) 24 julio 2011

Humanismo cristiano: Asesinado otro campesino del MCA

Sábado 23 de Julio de 2011

El Frente Nacional de Resistencia Popular del Departamento de Colón denuncia que hoy a las 11.50 a.m. fue asesinado el dirigente campesino del Movimiento Unificado Campesino de la márgen izquierda, el compañero Julian Alvarenga, dirigente de la empresa campesina la Isla UNO, del asentamiento campesino la Nueva Marañones. Se encuentra también al borde de la muerte, herido de gravedad, el campesino Santos Dubón, con quien se conducía en una motocicleta, les dispararon desde un vehículo frente al mercado municipal de la ciudad de Tocoa, donde supuestamente comprarían algunos alimentos. De este mismo asentamiento asesinaron el fin de semana anterior a los dirigentes Luis Alonzo Ortiz y Constantino Morales, mientras toda la dirigencia de las 14 empresas están amenazados de muerte, aparentemente están pagando con la vida el no aceptar las imposiciones del gobierno por lo que no firmaron el convenio reciente de arreglo al conflicto dagrario del Aguán.

Condenamos la política de exterminio que se lae aplica al Muca margen izquierda del río aguan.

Tocoa, Colón, 23 de julio 2011. FNRP-COLON. SANGRE DE MARTIRES SEMILLA DE LIBERTAD.




Conclusiones de la jornada de Trabajo del departamento de Francisco Morazán del FNRP.
Sábado 23 de julio 2011.






*2:07 p.m.* Se reinicia la Asamblea con una plenaria, en donde cada grupo
hará las aportaciones e ideas al documento de insumo: Estatutos del Frente
Amplio de Resistencia Popular (FARP). *3:30 p.m.* Finaliza la Asamblea con la plenaria, dejando las conclusiones
siguientes:

*1.-* Las inquietudes y observaciones arrojadas se recogerán para hacer la
respectiva redacción y enviarlas como un aporte de la Coordinación
Departamental de Francisco Morazán a las bases, para después dar una
posición como departamento sobre el documento a la Coordinación Nacional del
FNRP.

*2.-* El martes 2 de agosto a las 10 de la mañana se volverán a reunir en el
STIBYS, después de consultar con las bases del municipio de Francisco
Morazán.

*¡Resistimos y Venceremos!*

Jorge Miralda, Cronista del FNRP.





Siguen los asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán

Fue asesinado el campesino Julián Alvarenga García, 45 años, 7 hijos, y
Santos Dubón resultó herido de gravedad, como resultado de haber recibido
disparos de armas de fuego por individuos no identificados cerca del mercado
municipal de Tocoa, a las 11:10 de la mañana aproximadamente, según nos
informaron compañeros campesinos de las víctimas.

 Santos Dubón es atendido en un hospital de La Ceiba en este momento y de
acuerdo a uno de sus hijos será sometido a una delicada operación
quirúrgica.

Los dos campesinos se conducían en una motocicleta y recibieron los disparos
desde otra motocicleta color amarillo en la que se conducían dos hombres.

Los dos han sido afiliados al grupo campesino que ocupa la finca Isla Uno,
que forma parte del asentamiento Marañones, del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), margen izquierda del río Aguán, Trujillo, Colón.

Esta violencia incontrolada mantiene el terror en la población y el
sentimiento de impotencia en los defensores de los derechos humanos, en
especial en esa región del país donde los hechos de sangre están en la orden
del día sin que haya esperanza alguna de que las autoridades puedan
frenarla.

Apenas el 16 de julio reciente fueron asesinados Luis Alonso Ortiz Borjas y
Constantino Morales Enamorado en la comunidad de Ilanga, municipio de
Trujillo, Colón, que también eran miembros del asentamiento de Marañones.

Tegucigalpa MDC 23 de julio 2011 5:16 p.m.

Gilberto Ríos

Secretario Ejecutivo



El regreso de los generales: Adoctrinamiento religioso y militar de las y los niños en Honduras, servicio militar obligatorio y guardianes de la patria (segunda parte)
Artículo | July 22, 2011 -


Por: Sergio Eduardo Bahr

Continuamos con nuestra lectura crítica del dictamen de “adecuación” de la ley de servicio militar y los argumentos de quienes lo impulsan.

Cap. II. Prestación del servicio Militar

Art. 28. Derechos

22. Preferencia, en igual de condiciones, para laborar en el sector público después de prestado el servicio militar.

El dictamen crea sectores diferenciados de población y una preferencia en las contrataciones del Estado: aquellos que hayan servido en el ejército tendrán preferencia para ser contratados en el sector público. ¿Qué implicaciones tiene esto?

En primer lugar está creando una categoría diferente de población que tiene preferencias y ventajas sobre el resto en virtud de haber hecho el servicio militar.

En segundo lugar y desde un punto de vista estratégico ofrece una interesante perspectiva: inundar el sector público con empleados/as que han sido debidamente adoctrinados y entrenados por una entidad corrupta e ideologizada: Las Fuerzas armadas de Honduras.

Art. 25 Prohibiciones del mando. Se prohíbe al mando lo siguiente

7. Impartir órdenes contrarias a la ley.

Se prohíbe al mando impartir órdenes contrarias a la ley. ¿Cómo pueden determinar los subalternos que esas órdenes son contrarias a le ley? Por otro lado, sería mucho más interesante incluir: las y los subordinados no están obligados a obedecer órdenes contrarias a la ley y al respeto a los derechos humanos.

Cap. III-. De la reserva

Art. 28. Definición de reserva: la reserva es aquel conjunto de ciudadanos y ciudadanas susceptibles de ser incorporados al servicio activo de las fuerzas armadas, como complemento en las operaciones militares en caso de guerra o emergencia nacional.

Art. 33. Reserva general: la reserva general está constituida por todos los ciudadanos y ciudadanas capaces para defender y prestar servicio a la patria.

Art. 34. Movilización de las reservas. El presidente constitucional de la República, en su carácter de Comandante General de las Fuerzas Armadas tendrá la facultad de movilizar a las reservas por medio del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en caso de guerra internacional, desastres naturales, prácticas y maniobras.

En los artículos 28, 33 y 34 del capítulo III se establece que toda la población del país forma parte de la reserva, y que esa reserva está sujeta a la decisión –por motivos arbitrariamente establecidos- del presidente de la república a ser llamados al servicio militar forzoso. Es interesante notar que, en estos artículos, se han ampliado las razones para la conscripción forzada, agregando “prácticas y maniobras”(¡) a la discrecionalidad del presidente.

Art. 40. Procedencia del llamamiento. Procederá el llamamiento a filas, cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Cuando el apresto operacional de las fuerzas armadas sea inferior al setenta por ciento (70%).

2. Cuando se presente una calamidad pública o emergencia que requiera el empleo de los recursos del Estado para mitigar su efecto y

3. Se cuente con indicios que confirmen las amenazas externas de invasión o ataque al territorio nacional.

Los motivos para que proceda un llamado a filas (y con él, la conscripción forzada) eliminan de hecho la presunción de voluntariado en el servicio militar. ¿Cuando proceda una calamidad pública o emergencia que requiera intervención del Estado? En un país presa de desastres “naturales” en el que se decretan emergencias varias veces al año.

El primer numeral establece básicamente que el servicio militar es “esencialmente” voluntario, pero si las y los jóvenes NO desean realizarlo, y como resultado de ello las fuerzas armadas ven reducido su apresto operacional (cantidad de efectivos) al setenta por ciento, entonces a esos mismos jóvenes se les puede reclutar por la fuerza. Este es el punto en el que con más claridad se identifica que el dictamen de 2009 y el interés actual del congreso es el de regresar al servicio militar obligatorio.

Art. 41. Procedimiento de llamamiento. Para el llamamiento se seguirá el siguiente procedimiento.

1. La secretaria de Estado en el despacho de defensa nacional elevará al presidente de la república la solicitud de autorización para iniciar el procedimiento de llamamiento, la que incluirá la cantidad de efectivos requerida, previo dictamen del Estado mayor conjunto. Este le autorizará si la solicitud se encuentra fundamentada de conformidad a la ley.

2. Una vez autorizada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional realizará una selección aleatoria del registro de ciudadanos elegibles de acuerdo al # de efectivos requeridos

3. Determinada la lista de llamados, el Presidente de la República en consejo de ministros emitirá el correspondiente decreto ejecutivo dando a conocer el llamado y ordenando que se publique en cada registro civil municipal, los nombres de los llamados residentes en su respectivo término, las respectivas municipalidades y las unidades de las Fuerzas Armadas correspondientes, colaborarán para que la información llegue efectivamente al ciudadano. El llamado causará de pleno derecho el Estado militar, teniendo la publicación, efectos de notificación.

Para proceder al reclutamiento forzado, el ejército realizará una “selección aleatoria” del registro de ciudadanos, publicando en cada registro civil municipal los nombres de las y los jóvenes llamados obligatoriamente a servir. Una vez que sus nombres son publicados y aunque no se den cuenta de ello, estos jóvenes se encontrarán automáticamente bajo fuero militar (“El llamado causará de pleno derecho el Estado militar, teniendo la publicación, efectos de notificación”).

Es decir, con solo la publicación en los registros municipales, y aunque las y los jóvenes nunca vean esta publicación, se considerará que ya están notificados y que caen bajo el fuero militar, definido como Estado Militar en el capítulo 1, art 3. Definiciones y que plantea: Estado militar es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal de las fuerzas armadas”.

Con solo existir una publicación en los registros municipales, las y los jóvenes se encontraran sujetos a las leyes y reglamentos internos de las fuerzas armadas, y serán sujetos por lo tanto a procedimientos y juicios militares de manera inmediata.

Art. 42. Registro de los ciudadanos elegibles. Para efectos del llamamiento, la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional, llevará el registro de ciudadanos elegibles para presentar el servicio militar.

A tal efecto, el RNP le remitirá anualmente el listado de los ciudadanos en edad militar.

El registro de los ciudadanos elegibles incluirá entre otros datos de interés el lugar de nacimiento, número de identidad y residencia, el que será llevado con la debida confidencialidad.

Para su depuración la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, recibirá anualmente del Poder Judicial el listado de ciudadanos con antecedentes y juicios penales pendientes.

Por otro lado, el Art.42 asegura una concentración inapropiada de información de todas y todos los ciudadanos de Honduras por parte del ejército nacional, usurpando funciones del Registro Nacional de las personas y del poder judicial: ¿porqué deberían las fuerzas armadas obtener toda la información de fecha y lugar de nacimiento, número de identidad, residencia, antecedentes jurídicos y penales de todas y todos los ciudadanos de Honduras?

Conspicuamente, el dictamen ignora conceptos fundamentales de las Fuerzas Armadas modernas en sociedades democráticas, como el derecho a la objeción de conciencia (negarse por credo, ideología, o lo que sea a ser partícipe de una institución cuya sola razón de existencia es la muerte) o la obligación de la tropa en desobedecer y reportar órdenes superiores que sean contrarias a la ley y el respeto a los derechos humanos.

3. Los argumentos.

“Es necesario fortalecer a las fuerzas armadas debido a la ola de violencia que vivimos durante los últimos años”

Las Fuerzas Armadas no son una institución de investigación criminalística ni policial. No tienen ni el equipo, ni la formación, ni la doctrina ni el entrenamiento para combatir el crimen. En corto, para algo existe un cuerpo llamado Policía, que es al que corresponde el combate al delito.

Desde esa misma óptica, tampoco es válido plantear que las fuerzas armadas pueden actuar como protectoras del bosque o en la lucha contra el narcotráfico.

“Las Fuerzas Armadas son ideales para que los jóvenes obtengan disciplina, respeto a los mayores, obediencia y moral y buenas costumbres”.

“El ejército es un buen lugar para que los jóvenes -presuntos causantes de dicha ola de violencia- obtengan valores patrios cristianos y familiares”.

Existe una hilarante disonancia cognitiva en la creencia, mantenida por buena parte de la población hondureña, que hacer el servicio militar le brinda a los jóvenes disciplina, moral y buenas costumbres: una institución plagada por una historia de corrupción, narcotráfico, robo de autos, fraude y quiebra de sus propias instituciones financieras (Instituto de Previsión Militar), asesinatos y golpes de estado ¿es nuestra mejor opción para brindar valores a las y los jóvenes?

Por otro lado, las y los jóvenes no son los causantes de la violencia. El narcotráfico y el sistema de explotación son los principales causantes de la violencia. Las y los jóvenes se ven envueltos como víctimas (el 80.6% de las víctimas de homicidio en Honduras son jóvenes)[1] y reproducen la violencia exactamente igual a como la reproducen todos los otros grupos poblacionales, e instituciones del país.

Por otro lado, la insistencia gubernamental y mediática según la cual la delincuencia es el principal problema de violencia en el país tiende a ocultar la prevalencia de otras formas de violencia: doméstica, política, crímenes de odio, la misma explotación económica y miseria que produce.

“Es como tener un trabajo: le da a los jóvenes la oportunidad de trabajar, alimentación, uniforme (ropa), entrenamiento y un techo por 2 años”.

Nuestro país ofrece a los jóvenes dos opciones: El destierro, llamado también migración, en el que se ven obligadas/os a abandonar el país para poder mantener a sus familias y el servicio militar como “alternativa a la pobreza”.

He aquí una idea radical: En lugar de darles algo que es “como un trabajo” ¿por qué no mejor les ofrecemos a los jóvenes un trabajo de verdad, educación de verdad, entrenamiento y capacitación que les permitan estudiar, trabajar y construir su vida en condiciones de dignidad humana?

En lugar del militarismo y el destierro como opciones, ¿no podemos ofrecer a las y los jóvenes, a la mayoría de la población de este país un modelo de desarrollo que no esté basado en la explotación y que les ofrezca en Honduras oportunidades de superación?

Para finalizar: Los argumentos para apoyar el servicio militar (obligatorio o no) como opción para las y los jóvenes de Honduras son falsos. La institución militar hondureña está plagada de actos de corrupción y bandas criminales, es una institución ideologizada, no profesional, innecesaria que busca reinstaurar un modelo brutal e inhumano de maltrato conocido como “servicio militar obligatorio”.

El dictamen de ley del 2009 y las intenciones de algunos diputados del congreso nacional, las tendencias en políticas de seguridad de las fuerzas armadas de la región y la existencia de programas de adoctrinamiento militar y religioso de niños y niñas desde los 5 años ejecutado por efectivos del ejército hacen temer que exista una verdadera intencionalidad de impulsar reformas que permitan el servicio militar obligatorio y profundizar la militarización de Honduras.

Como sociedad civil, o mejor, como pueblo organizado debemos responder de forma pronta y crítica ante estas iniciativas impulsando nuestra propia visión de una nación refundada, con cultura de paz y sin explotación, empezando por enfrentar cualquier intento de retornar al servicio militar obligatorio.

FIN.

Nota: originalmente, pensaba incluir un análisis del programa “Guardianes de la patria”, en este artículo, pero creo que merece su propia y futura reflexión.




Presentan Habeas Corpus a favor de Enrique Flores Lanza
Friday, 22 July 2011  Sandra Rodríguez



Flores Lanza permanece en arresto domiciliario desde el 15 de junio pasado.

En la tarde del jueves 21 de julio, la comisión de abogados de la defensa del Enrique Flores Lanza, presentan recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, porque está detenido ilegalmente, ya que la orden de arresto domiciliario fue por 30 días, ese plazo ya venció.
Sin embargo, continúa custodiado por policías sin que exista una nueva orden, dijo el Ministro de la Presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, a quien el 28 de junio de 2009 fue víctima del Golpe de Estado cívico-militar, el cual rompió el orden constitucional de Honduras.

Además, se supo que ya se nombró un nuevo juez ejecutor para su caso, y es Felipe René Speer, quien definirá la situación legal del abogado Flores Lanza, decretando libertad o enviándolo a la cárcel, sino paga la millonaria multa que le impuso el profesional del derecho Claudio Aguilar, el 15 de junio pasado.

“La intención del recurso es por detención ilegal del abogado de Enrique Flores Lanza”, reiteró Raúl Suazo, miembro del grupo defensor, incluyendo a Sonia Marlina Dubón, esposa del funcionario encarcelado en su propia casa.

Además, solicitan que se apliquen medidas distintas para asegurar siempre su presencian ante los jueces para defender el pleno goce de sus derechos y garantías civiles, y que el nuevo juez ejecutor disponga para Flores Lanza, la presentación periódica a los juzgados, no salir del país, o que esté bajo la custodia de alguna persona, medidas cautelares sabias, que considere el juez”, manifestó Suazo.

Una vez presentado el Habeas Corpus, El juez deberá rendir un informe a la CSJ, con el cual tome medidas que establezca si ésta es o no una detención ilegal y tendrá 24 horas para presentar el informe, explicó el defensor. Y se espera una respuesta a más tardar el próximo domingo 24 de julio.

Suazo considera que es un buen síntoma que el juez Speer haya permitido el recurso de Habeas Corpus ayer, y el cambio de juez les da mayor tranquilidad, porque Claudio Aguilar ya había tomado decisiones siguiendo órdenes.

Enrique Flores Lanza, deberá pagar una fianza de 27 millones de lempiras, para no ir a la cárcel, suma de dinero que no la haría ni trabajando toda su vida, ha declarado el imputado en ocasiones anteriores.

El funcionario estuvo en el exilio, debido a la persecución política montada por los que dieron el golpe de Estado en 2009, y regresó a Honduras amparado en el acuerdo de Cartagena, que establece que los funcionarios de Zelaya Rosales, con juicios pendientes podían ser defendidos en libertad, sin embargo “Quique” Flores Lanza permanece en arresto domiciliario desde el 15 de junio pasado.



¿Dónde está la tranca de los diálogos a la hondureña?

voselsoberano.com | Viernes 22 de Julio de 2011 13:21

Nuestra Palabra, Radio Progreso, 22 de julio de 2011

Por principio democrático y por una realidad humana básica, el diálogo es el modo propio de los seres humanos para resolver los conflictos, y nadie se puede negar al mismo, como ocurre entre los diversos actores y sectores de nuestra sociedad. A cualquiera que se le pregunte, dirá que está de acuerdo con el diálogo, aunque sus hechos estén diciendo lo contrario. El diálogo acerca posiciones, promueve encuentro de ideas y promueve soluciones.
Nadie en su sano juicio negará el diálogo. Sin embargo, en los últimos dos años hemos tenido muchos diálogos, pero ¿De verdad hemos dialogado en nuestro país? Si el diálogo es intercambio, respeto por las ideas y opiniones de los demás, y es un estado en el cual los dialogantes buscarán soluciones que dejan satisfechos a ambas partes, ¿acaso hemos tenido esos diálogos en nuestra Honduras en los últimos años?
De los diálogos que el actual Ejecutivo ha convocado en tres ocasiones consecutivas con distintos sectores, hasta ahora las respuestas a nuestras preguntas no quedan para nada satisfechas. Sí, se ha convocado a encuentro en donde representantes hablan y hablan, y el presidente se supone que escucha y escucha. Pasa el tiempo, y aquello quedó en una memoria que se va quedando atrás hasta perderse en un archivo del olvido.
Los primeros invitados fueron los representantes de los partidos políticos, constituidos y en formación. Posteriormente fueron invitadas las centrales obreras, y con la agenda “abierta” pidieron mejores condiciones de trabajo para sus agremiados. El más reciente invitado fue el sector educativo. Asistieron representantes de los distintos niveles públicos y privados. Y en todas estas rondas la historia se repite: no hay propuestas, solo argumentos y discursos.
La crisis que se destapó con el golpe de Estado nos ha hundido en rondas de encuentros y pláticas que se inscriben en lo que caracteriza a la crisis: un diálogo de sordos. Y esto significa que las rondas de diálogo se convocan desde quienes están seguros que tienen la verdad y buscan escuchar a los demás, pero para llevarlos a “su” verdad. Y así, las soluciones a la crisis se alargan indefinidamente.
De cualquier manera, si la gente se junta y se convoca, ya es un paso. Pero estos asuntos del país, así como están no se resuelven desde cúpulas. Quedarse así, los asuntos no pasan más que por amagos de solución. Por ello insistimos: en la organización está el camino para dialogar y debatir sobre los temas más urgentes del país, despojados de protagonismos hemos de avanzar en trabajar los consensos mínimos, desde luego: la educación y el trabajo digno están en la lista.


Los golpistas ahora retoman el estandarte de la Constituyente

Maximiliano Fuentes
Para algunos sectores que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) es reconocido que tras la firma del Acuerdo de Cartagena y la entrega de las banderas de lucha por parte del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, y un sector de la dirección, se produce un cambio en la situación política de Honduras. Evidentemente, este giro en la política del Frente ha sido extremadamente desfavorable para los intereses del pueblo hondureño en su lucha justa por la democratización del país.
Resulta evidente, que tras el reconocimiento y la legitimación del régimen de Porfirio Lobo, se produce un giro en la política del Frente, es decir, se modifica el programa o agenda política de la organización. Esta maniobra oportunista de la dirección y del ex Presidente Zelaya suprimió los objetivos estratégicos del FNRP, por no decir que esta acción sepultó la naturaleza de una organización que nace como una respuesta del descontento social ante el golpe de Estado para convertirse en un partido político más del antidemocrático régimen político, incluso con proyecto estatuario.
El proceso de reacción democrática
El golpe de Estado trajo consecuencias funestas para la élite empresarial y oligárquica del país. Por un lado, los trabajadores y el pueblo se organizaron para hacerle frente al atropello que las fuerzas golpistas dieron al país. Las movilizaciones y la intensa lucha asustaron a aquellos que históricamente han gobernado y explotado a las grandes mayorías. Durante el proceso, se constituyó una fuerza orgánica, es decir, el FNRP.
Por otro lado, la inestabilidad política y la ilegitimidad del régimen usurpador trastoco el volumen de ganancias de la oligarquía y de los empresarios hondureños, la crisis como consecuencia del golpe de Estado afectó de forma considerable la inversión y las ganancias de las empresas que avalaron el golpe de Estado. Este clima de inestabilidad política no es nada bueno para el éxito de los negocios. Por ello, se hace necesario estabilizar y “normalizar” al país y para ello se debe contener el enorme descontento popular a través de las elecciones, frenando con ayuda de un sector de la dirigencia la lucha popular o el continuo paro de labores, que afectan la productividad y el desarrollo del capital.
Es por todo ello, que las fuerzas golpistas se dotaron de una política para atraer a la dirección del FNRP a su propio terreno y por ello hicieron la suculenta invitación de participar en el juego electoral. El Ex presidente José Manuel Zelaya Rosales y la cúpula de dirigentes del FNRP, lejos de analizar las condiciones mínimas de participación en el proceso electoral, es decir, luchar por abolir la antidemocrática Ley Electoral, el monopolio golpista sobre los medios de comunicación, el control de los golpistas sobre la instituciones del Estado y el papel de la cúpula militar y de aquellos que defenestraron al gobierno del ex Presidente Zelaya el pasado 28 de junio y masacraron al pueblo de Honduras en intensas jornadas de represión, terminaron entregando las banderas de lucha del FNRP a cambio de la promesa de poder participar en el próximo proceso electoral.
Sin embargo, la burguesía hondureña, con la orientación del Departamento de Estado, a quienes muchos consideran ingenuos, se dieron la orientación política de modificar la situación a través de la “reacción democrática”, es decir, canalizar la lucha política por la refundación de la nación y del Estado a través de procesos electorales, organizados por las mismas instituciones del Estado burgués, aplicando la misma estrategia que aplicaron en un contexto un poco diferente a los procesos revolucionarios de Nicaragua y El Salvador tras el acuerdo de Esquipulas II en 1987, que terminaron desnaturalizando a las ex guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) convirtiéndolos en partidos políticos, con la diferencia que en Nicaragua habían triunfado los sandinistas y en El Salvador esa política de “reacción democrática” evitó el triunfo militar del FMLN. Hoy en día, ambas direcciones se han aburguesado y siguen al pie de la letra los dictados del imperialismo norteamericano.
Por ello, y aprovechando el cansancio de las masas tras largas jornadas de lucha, el gobierno de Lobo se ha dado la tarea de consensuar con las distintas fuerzas políticas del país las tan mal vistas reformas constitucionales. Para ello, “El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, inició (el sábado 9 de julio del presente año) una nueva ronda de diálogos con diversos sectores de la población, para discutir entre otros temas, las propuestas de instalación de una asamblea nacional constituyente. El diálogo inició (esa) mañana con representantes de los partidos tradicionales y otras organizaciones políticas, entre ellos el expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), y el presentador de televisión Salvador Nasralla, quien promueve la creación del partido Anticorrupción. Por el Partido Nacional, participan el presidente del Consejo Central y alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez y la diputada vicepresidenta Nora de Melgar; mientras en representación del Partido Liberal, se presentaron el presidente del Consejo Central Ejecutivo, Elvin Santos padre y el secretario Bill Santos. Asimismo, asisten a la convocatoria César Ham del partido Unificación Democrática y Jorge Aguilar Paredes de Innovación y Unidad (Pinu). En representación de la Democracia Cristiana asiste Lucas Aguilera y Ramón Velásquez Názar.”[1]
Como podemos observar, la suerte está echada. Es evidente la intención del régimen, que pasa por respaldar la institucionalidad que fue resquebrajada con el golpe de Estado, impulsar la creación de nuevos partidos, permitir la incursión de la Resistencia contribuiría a maquillar el instrumental golpista. No es casual la declaración del Alcalde golpista Ricardo Alvarez quien “….dijo estar satisfecho con la creación de nuevos partidos y de la búsqueda de participación ciudadana a través de la democracia, no de la violencia".[2]
Las pretensiones de los golpistas
Ante las presiones de la comunidad internacional, los golpistas deben lavarse las manos con un nuevo pacto social, es decir, deben de salvaguardar el statu quo con una nueva Constitución. Evidentemente, no es la Constitución que los sectores sociales esperaban. Este instrumento será pactado desde las alturas y garantizará el orden semi colonial del país.
En este panorama, la figura clave para echar andar el nuevo proyecto político de los golpistas ha sido, contradictoriamente, el Coordinador General del FNRP y ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Él ha hecho todo lo posible para que la comunidad internacional acepte la legitimidad del gobierno espurio de Porfirio Lobo y para que este fuese reintegrado en los organismos supranacionales como la OEA y la ONU.
Dada las actuales circunstancias, no descartamos un pacto político entre el ex gobernante Manuel Zelaya y el gobierno de Porfirio Lobo. Claro, este pacto se sustentaría en las reformas del artículo 374 de la Constitución a manera de que Zelaya pueda correr su candidatura en el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), y probablemente se le permitiría al actual gobernante la ampliación de su gobierno a dos años más.
Para reforzar lo anterior encontramos las declaraciones de Andrés Pavón, que echará su candidatura en el próximo proceso electoral. Sin duda alguna, Andrés Pavón “….se sumará al locutor deportivo Salvador Nasrralla y Julio Soriano, quienes ya fueron recibidos por el ente colegiado en base a "política de apertura" que los magistrados han dispuesto poner en marcha en base a las nuevas exigencias políticas. Pavón es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) y un seguidor del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Bajo este contexto, no se descarta que termine adhiriéndose al Frente Amplio de Resistencia Popular formado por Zelaya y quien no se ha acercado al TSE.”[3]
Por su trayectoria política, es decir, por sus alianzas sin principios, es muy probable que Andrés este siguiendo al pie de la letra, al igual que la izquierda oportunista y reformista las orientaciones de Zelaya.
El fenómeno de Nasrralla
Salvador Nasrralla ha construido su popularidad a través de la televisión, sobre todo al dirigir la sección deportiva de Televicentro, el consorcio de comunicaciones de Rafael Ferrari, burgués de las telecomunicaciones que apoyó en gran medida el golpe de Estado. Sin duda alguna el conductor de X O da dinero goza de popularidad, no obstante carece
de experiencia en la política y no es respaldado por ninguna fuerza social y una estructura orgánica. ¿Pero a qué se debe su aparente respaldo? A nuestro juicio es una hábil maniobra de los sectores oligárquicos a manera de restarle caudal electoral a Zelaya y al Frente Amplio. Está claro, que estos sectores no quieren darle fuerza a la resistencia ya que quieren seguir controlando todas las instituciones del Estado.
Por todo lo anterior, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles y populares que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) a no confiar en los virajes de los golpistas, recordemos que su verdadera naturaleza no se ha modificado, se hace necesario retomar las banderas de la constituyente y luchar por la refundación del país en beneficio de las grandes mayorías marginadas, solo la lucha nos permitirá lograr las verdaderas transformaciones.
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[1] http://www.elheraldo.hn/(Con acceso el 19 de julio de 2011)
[2] ibidem
[3] http://www.elheraldo.hn/(Con acceso el 19 de julio de 2011

http://elsoca.org/index.php/america-central/hondu/1996-honduras-los-golpistas-ahora-retoman-el-estandarte-de-la-constituyente


Asesinatos de periodistas, ¿Crímenes políticos?

Nuestra Palabra, Radio Progreso, 23 de julio de 2011
Aunque es cierto que en los asesinatos de comunicadores sociales no priman las razones ideológicas o políticas expresas, todas esas muertes las podemos situar en un contexto que tiene de base un patrón común: Una institucionalidad del Estado que se sustenta en la ley del más fuerte.
Cada una de las muerte de las quince que han ocurrido desde el golpe de Estado, reviste sus propias características. Las ha habido muertes de periodistas o comunicadores sociales que eran muy afines a la resistencia; han matado a periodistas que laboraban en medios muy comprometidos con el golpe de Estado; han asesinado a comunicadores sociales que no se metían en nada directamente político. Es decir, cada muerte tiene su propia peculiaridad.
Y aquí es donde está lo terrible de esas muertes. Basta que una persona, puesta delante de un micrófono o de una computadora o de una cámara, publique o divulgue una noticia que afecte a quien en la comunidad, el municipio o el departamento tenga poder, mucho dinero y mucha influencia para que la vida de quien dio la noticia se ponga bajo riesgo mortal. Y cuanto más alejada se encuentre esta persona de los mayores centros urbanos del país, la amenaza mortal aumenta.
Esto es así porque en las comunidades, municipios y departamentos, la institucionalidad del Estado se encuentra tan aplastada que en lo fundamental es fácil presa para que la misma avale a quienes son fuertes porque tienen poder, dinero y otros privilegios. Esta situación los hace tan grandes e impunes que utilizan las instituciones del Estado para lo que se les antoja. Si en un municipio, a un comunicador social se le ocurre transmitir una noticia que afecte a una de estas personas o familias, entonces estas personas fácilmente deciden contratar un par de matones para eliminar a quien tuvo la osadía de mencionarlo en la radio o en el medio local. El Estado no solo sabe esto, sino que las instituciones y sus funcionarios se convierten en barrera protectora para que los fuertes sean además inmunes y actúen con plena impunidad.
El asunto se agrava porque quien ejerce la ley del más fuerte en una comunidad o municipio, sabe que en cualquier caso el Estado no lo tocará. Ante un jefe de la policía, un fiscal, un juez, el fuerte de la localidad goza de protección. La relación con el más fuerte representa para los funcionarios públicos beneficios y prebendas económicas muy superiores a los salarios devengados. Y quien ejerce la ley del más fuerte sabe a ciencia cierta que tiene las manos libres para actuar con la plena impunidad porque el Estado, a lo sumo, podrá capturar y procesar a quienes ejecutaron la acción, pero jamás tocará a quienes dieron la orden, porque ellos gozan de la protección del Estado, y en última instancia los fuertes de una localidad actúan y ejercen como si fuesen el Estado mismo.
En este contexto de alta precariedad y arbitrariedad institucional, las muertes de periodistas y comunicadores sociales, seguirán en la sombra de la impunidad, porque la impunidad es lo propio de una sociedad que se sustenta bajo la ley del más fuerte. Hasta el sol de ahora, en los acuerdos se han tocado asuntos políticos, y los diálogos nos están conduciendo a que dirimamos las asperezas y divisiones en el terreno político electoral. Pero la impunidad sigue intacta y es intocable, porque se trata de un íntimo contubernio entre el Estado y quienes ejercen la ley del más fuerte.
Así queda explicado entonces porqué la labor de los comunicadores sociales se constituye en la más peligrosa de todas las tareas hondureñas. Y para no andarnos por las ramas, lo decimos de un porrazo: las muertes de los periodistas y comunicadores sociales representan la expresión más acabada de lo que en la Honduras de hoy podemos llamar crímenes políticos.


El Movimiento de Resistencia Popular Hondureña: Una oportunidad para repensar la Política

Mario Ardón Mejía


El golpe de estado en Honduras perpetrado por una minoría dominante de la política, fuerzas armadas, policía militarizada, empresarios voraces y jerarquías eclesiásticas católica y evangélica que ante la amenaza de quedar en evidencia de sus desproporciones en cuanto a la apropiación de los recursos y las oportunidades entre no más de 10 familias y algunas empresas transnacionales que constituyen una oligarquía ignorante y con mentalidad extranjerizada, no dudaron en salir por la vía más fácil e impertinente que dar un golpe de estado militar a un gobierno constituido según sus propias reglas “democráticas”, pero que desde el principio se negó a prestarse para que estos mismos grupos siguieran gobernando detrás del poder constituido.

En Honduras debemos plantearnos como pueblo una propuesta de cambios verdaderos y realistas que contribuya a mantener la autonomía del Movimiento de Resistencia Popular en contra del golpe de estado y de su continuidad. Donde la organización, la articulación y la solidaridad constituyen los ejes sobre los que debe gravitar el proceso de refundación de la Patria Hondureña. Este proceso sólo será posible a partir de la consolidación y expansión de la diversidad de fuerzas y voluntades que confluyen en un mismo objetivo.

En éste sentido debemos ir más allá de la política bipartidista y contribuir con nuestras acciones a su auto aniquilación definitiva, aprovechando que en estos momentos se debate entre la crisis y la desesperación. La clave del Movimiento de Resistencia Nacional Hondureño, surgido como producto del golpe de estado, está en su apertura a la incorporación de una amplia diversidad de actores sociales y políticos que comparten un objetivo común aun con diferentes perspectivas temporales.

Esta compleja pluralidad de actores, esta permitiendo avanzar en el desarrollo de una propuesta política que no es exclusiva de una visión jerárquica, sino que esta abierta a experimentar con nuevos sistemas de colaboración, inclusión y creatividad como factores esenciales para repensar nuevas prácticas políticas. Es necesario remover, cuestionar convencionalismos que permitan crear propuestas originales con posibilidades de reimaginarlas de forma constante, bajo mecanismos que permitan gestionar la diversidad y complejidad de la realidad.

En tiempos de globalización, no podemos darnos el lujo de esconder nuestras diferencias, sino más bien hacer acopio de las mismas como instrumentos válidos para crear y recrear nuevas formas de hacer y vivir la política con un carácter cada vez mas incluyente, pero a partir del establecimiento de un diálogo intenso que nos lleve a la inclusión cada vez mayor en la medida que avanza el proceso de consolidación y proyección con propuesta del Movimiento de Resistencia Nacional Hondureño.

La idea de inclusión nos debe hacer ver que en un mundo globalizado, paralelamente están teniendo lugar otros movimientos sociales con los cuales debemos establecer relaciones de sinergia, pues cada vez debemos avanzar en la conciencia de que vivimos en un mundo, donde caben muchos mundos en interacción e influencias dinámicas. Debemos estar atentos para buscar, desarrollar y subirnos a las alternativas que están surgiendo en diferentes ámbitos sectoriales, espaciales y temporales.

Debemos recordar siempre, que somos muchos los que andamos en búsquedas de otros mundos posibles, pero muy frecuentemente no estamos comunicados y a veces sólo nos cruzamos fugazmente. Es por eso que debemos avanzar en la construcción de nuestra propia agenda, pero a la vez tener en cuenta las agendas de otros movimientos a nivel nacional, regional y mundial.

Por otra parte, se debe repensar las maneras de hacer política pues debido a las realidades del contexto, es necesario desaprender muchas formas autoritarias y dogmáticas de hacer política aun en las iniciativas alternativas que lamentablemente en muchos casos han seguido los parámetros y las triquiñuelas de los políticos convencionales, por lo que debemos reinventar y repensar nuestros nuevos procesos políticos a la luz de la apertura a la cooperación, la creatividad y la inclusión de los diferentes actores que andan en una misma búsqueda.

Otro factor imprescindible para un movimiento social y político enmarcado del Liberalismo Pro-Socialista ubicado dentro del ámbito del Socialismo del Siglo XXI, es el hecho, de no perder sus vínculos con el pueblo dentro de la complejidad multidimensional de la vida cotidiana de una amplia mayoría de población que vive en condiciones de pobreza o bajo la línea de pobreza y que por falta de acompañamiento pertinente, se constituyen en presa fácil para la manipulación por parte de la política convencional. Pues de no actuar en concordancia con la situación real, se corre el peligro de que amplios sectores de la población, se vean reabsorbidos por las formas agotadas de la política partidaria que tanto daño ha hecho a nuestro país a lo lardo de toda su historia. En el avance hacia el poder de la nación por parte del Frente Amplio, deberá asegurarse de no cometer los mismos errores de otros movimientos que al estar en el poder, se gobierne bajo principios desiguales y antidemocráticos que pueden concluir haciendo mas de lo mismo.

(18/7/2011)