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- Más despidos y represión en el INA
- Porfirio Lobo aceptó la renuncia del Secretario de SOPTRAVI, Miguel Pastor
- Vuelve la represión a los predios de la Universidad Pedagógica
- Organizaciones campesinas convocan a movilización por el derecho de la mujer a la tenencia de la tierra
Artículos de Opinión
1. El genocidio silencioso contra las y los activistas de derechos humanos
1. Más despidos y represión en el INA 
SITRAINA denuncia nueva ofensiva de la patronal
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) ha denunciado una nueva oleada de despidos ilegales en la institución rectora del sector agrario en Honduras.
Esta nueva ofensiva de la patronal parece apuntar a debilitar al Sindicato y a su estructura nacional, justo en medio de una difícil negociación colectiva que se encuentra en la etapa de Mediación.
“Es una ofensiva que no tiene precedentes. En una sola semana nos han despedido a veinte afiliados y afiliadas en todo el país, entre ellos a dos compañeras que están protegidas por el fuero sindical”, dijo a Sirel, Luis Santos Madrid, presidente de la Junta Directiva Central (JDC) del SITRAINA.
Alma Senovia Reyes y Daisy Yolanda Cortés López, respectivamente Secretaria de Prensa y Propaganda y Delegada Permanente de la Seccional 2 de San Pedro Sula, fueron despedidas sin causa justificada.
Lo mismo ocurrió cono el resto de los trabajadores y trabajadoras despedidas, lo cual violenta de manera descarada la legislación laboral hondureña y el Convenio Colectivo vigente.
“Pese a que estamos en plena negociación colectiva, las autoridades del INA están lanzando una nueva ofensiva. No sólo siguen negándose a otorgar los permisos sindicales con goce de sueldo, a no permitir la deducción por planilla de la cuota sindical y a suspender de manera arbitraria a varios afiliados, sino que ahora han lanzado una campaña de despidos como nunca antes la habíamos visto”, aseguró Madrid
De las 20 personas despedidas 12 son mujeres. Y lo más absurdo es que una de ellas se encuentra en período de lactancia, lo cual es totalmente ilegal.
Según el directivo del SITRAINA, estos últimos despidos habrían afectado sobre todo a las mujeres. “De las 20 personas despedidas 12 son mujeres. Y lo más absurdo es que una de ellas se encuentra en período de lactancia, lo cual es totalmente ilegal.
Es evidente -continuó- que quieren presionarnos, debilitarnos y destruirnos. Pretenden desmejorar las condiciones del Convenio Colectivo que estamos negociando y remplazar a nuestros afiliados y afiliadas con personas afines al partido político del director del INA”, afirmó Madrid.
Actualmente, la negociación colectiva se encuentra en la etapa de Mediación y ya se han aprobado 31 de las 75 cláusulas que contiene el pliego de peticiones.
Sin embargo, el SITRAINA asegura que la patronal estaría impulsando una estrategia dilatoria, “con el objetivo de negarles a los trabajadores mejores condiciones económicas y sociales”, subraya un comunicado emitido por la JDC del Sindicato.
Solidaridad
Ante esta difícil situación, diferentes instancias sindicales nacionales e internacionales abogaron ante las autoridades de Trabajo y la Presidencia de la República para buscar una salida al grave conflicto laboral.
“Con el apoyo y la solidaridad de la Rel-UITA, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), entre enero y febrero nos reunimos con el Ministro del Trabajo, Felícito Ávila, y con el presidente, Porfirio Lobo.
Ambos nos aseguraron que iban a dialogar con el director del INA, César Ham, pero no hemos visto resultados y la represión no se ha detenido”, recalcó Madrid.
El directivo del SITRAINA renovó el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para que se siga presionando al gobierno de Honduras y a las autoridades del INA, exigiéndoles el cese de la represión y el respeto de la Constitución, los Convenios internacionales y la legislación laboral.
2. Porfirio Lobo aceptó la renuncia del Secretario de SOPTRAVI, Miguel Pastor
Red Morazánica de InformaciónMiércoles
07 de Marzo de 2012 Esta tarde se confirmó que el titular del régimen, Porfirio Lobo, habría aceptado la renuncia de Miguel Pastor, quien hasta este día se desempeñó al frente de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en su cargo fue juramentado el hasta ahora diputado del Congreso Nacional, Miguel Ángel Gámez.
Gámez a la salida de Casa de Gobierno expresó que su compromiso estaba en cumplir las aspiraciones del Ejecutivo de dar a Honduras una red vial con el nivel que el país necesita.
Según informaciones preliminares, Pastor deja el cargo para dedicarse de lleno a la campaña de su aspiración presidencial y en el marco de fuertes críticas por el pobre desempeño al frente de esta cartera.
3. Vuelve la represión a los predios de la Universidad Pedagógica
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 7 Marzo 2012. Los predios de la Universidad Pedagógica fueron nuevamente testigos de la represión a que fueron sometidos los estudiantes y maestros de esta Universidad que esta mañana realizaban un plantón protestando por el alto costo de los combustibles y en contra de la recién aprobada Ley Fundamental de Educación.
El plantón fue convocado por estudiantes de este centro educativo, quienes realizaron su protesta en las calles adyacentes al centro universitario, luego de unas horas hicieron presencia los escuadrones policiales, acto seguido emprendieron la desproporcionada represión en contra de los pacíficos manifestantes, lanzándoles gases lacrimógenos y agua desde la tanqueta.
Según trascendió, los manifestantes se habrían refugiado en las instalaciones de la Universidad, hasta donde los elementos policiales siguieron lanzando las bombas lacrimógenas, provocando que uno de los automóviles estacionados se prendiera en llamas.
Se reporta que uno de los agentes policiales resultó herido, sin que se haya confirmado esta información ni la forma como habría resultado lesionado.
4. Organizaciones campesinas convocan a movilización por el derecho de la mujer a la tenencia de la tierra
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 7 Marzo 2012. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Vía Campesina capitulo Honduras, Alianza SARA y otras organizaciones campesinas convocaron esta semana a una movilización por la defensa del derecho que tiene la mujer a la tenencia de la tierra.
Según lo expresado por los organizadores, el objetivo de la movilización es concretizar a las autoridades agrarias y gubernamentales de la creciente necesidad de garantizar a aquellas mujeres que trabajan en el campo la tenencia de la tierra, y de garantizarles los medios necesarios para contribuir al sustento de sus familias, dado que por el estado patriarcal imperante en la mayoría de los casos se adjudica la tierra únicamente al hombre.
La movilización convocada para este 8 de marzo, estaría iniciando en las instalaciones de la Plaza COLPROSUMAH a partir de las 8 de la mañana y la misma está programada que finalice en los bajos del Congreso Nacional.
1. El genocidio silencioso contra las y los activistas de derechos humanos
Otramérica
Muerte, desaparición forzada, persecución, criminalización, hostigamiento… defender los derechos humanos en América Latina y El Caribe no es un juego ni una afición. El segundo informe de la CIDH al respecto demuestra que Gobiernos, empresas extractivas y poderosos grupos económicos están detrás de este genocidio silencioso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público ayer el segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y defensores de Derechos Humanos. El texto, lleno de casos ejemplares, muestra como las personas comprometidas en estas luchas son la piedra en el zapato de muchos gobiernos de Latinoamérica y El Caribe así como de las empresas que aquí operan.
La cortesía diplomática obliga a la CIDH a hacer un reconocimiento genérico al “progreso” de algunos Gobiernos en cuanto a la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el hemisferio, pero la realidad es que el informe del organismo de la OEA no muestra un panorama mejor que la primera investigación a fondo sobre el tema, difundida en 2006.
La Comisión cree que los grupos más amenazados son “los y las líderes sindicales; líderes campesinos y comunitarios; líderes indígenas y afrodescendientes; operadoras y operadores de justicia; mujeres defensoras de derechos humanos; y defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexo (LGTBI); y los trabajadores migratorios y sus familias”.
El relato aborda las maneras más habituales de agresión que van desde el asesinato, desaparición forzada, la privación de libertad, el hostigamiento y las amenazas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones o la criminalización de la actividades de las defensoras y defensores, hasta las restricciones a la libertad de asociación, a las acciones de hábeas data, limitaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos a ciudadanos extranjeros o la impunidad total en las investigaciones relacionadas con estos hechos. Según la CIDH, “continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan la labor de defensa de los derechos humanos. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección”.
Es especialmente dramático el capítulo sobre el derecho a la vida de las personas comprometidos con los derechos humanos en Latinoamérica. “Los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, constituyen uno de los más graves obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”, explica la Comisión para después incidir en que los países donde menos se respeta la vida de las y los activistas es en “Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela”. La CIDH tiene claro que hay una relación directa entre las agresiones y la pérdida de la democracia, la presencia de crimen organizado o “sectores de gran poder económico”, y las actividades de las industrias extractivas.
“En Colombia, según registros de las organizaciones de la sociedad civil, entre 2006 y 2010 se habrían cometido cerca de 68 violaciones al derecho a la vida de defensores y defensoras, incluyendo al menos 5 desapariciones”, detalla la Comisión. “En cuanto a Guatemala, de acuerdo a la información recibida, desde el 2006 habrían sido asesinados aproximadamente 59 defensores de derechos humanos y habría ocurrido una presunta desaparición forzada”.
Sobre Honduras, el informe destaca que “tras el golpe ocurrido en 2009, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se agravó y, de acuerdo a la información recibida por la CIDH, entre 2009 y el 2010 las organizaciones registraron cerca de 675 casos de agresiones y aproximadamente 65 en los meses de enero a marzo de 2011. Organizaciones de la sociedad civil informaron que en el contexto de la crisis política generada por el golpe de Estado, habrían sido asesinados cerca de 9 defensores de derechos civiles y políticos; 3 líderes sindicalistas; 14 defensores de derechos de los pueblos indígenas; 5 defensores de los derechos de las personas LGTBI; 19 defensores del medio ambiente; 13 líderes magisteriales y 12 líderes sociales vinculados al Frente Nacional de Resistencia”.
El balance también hace una parada detenida en Brasil, en México (donde entre 2006 y 2010 han sido asesinados 61 defensores y otros 4 han sido desaparecidos) o Venezuela (con el asesinato de por lo menos 30 líderes sindicales en el período de junio de 2009 a mayo de 2010).
Dice la CIDH, que “ha constatado que grupos privados; paramilitares o parapoliciales, que actúan al margen de la ley o con aquiescencia del Estado, continúan identificando en algunos países a defensoras, defensores u organizaciones como ‘enemigos’ u objetivos militares”. Y en ese sentido, le preocupa que en Colombia, tras el desmonte del DAS (a quien se le demostró el espionaje y hostigamiento a activistas y organizaciones), “algunos funcionarios, ante la perspectiva del despido, habrían decidido vender y filtrar información que se encontraba a su disposición a particulares, grupos ilegales o grupos interesados”.
Otro de los fenómenos muy presentes en el informe es la criminalización de la protesta social, de las y los activistas y de las organizaciones. “El fenómeno de criminalización –insiste la CIDSH- afecta a las y los defensores de manera individual y colectiva. En relación a la persona del defensor o defensora de derechos humanos, puede producir angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades estatales, la privación de su libertad, cargas económicas inesperadas, además de una consecuente afectación a su reputación y credibilidad. Por otro lado, a través de la criminalización se hace una estigmatización colectiva”.
Detenciones, uso excesivo de la fuerza, impunidad… el informe es todo un homenaje a la falta de libertades y al retroceso en materia de derechos humanos en Latinoamérica y El Caribe. Lleno de ejemplos y casos reales, en 253 páginas el informe desgrana una realidad que debería prender las alertas. Casi ningún Gobierno es inocente, casi ninguna defensora ni defensor de derechos humanos está a salvo.
