Con «cierre de bases militares estadounidenses» en Honduras, firma de abogados intentó influir en caso contra «Tony» Hernández
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Una firma de abogados en representación de la «República de Honduras» contactó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para advertir sobre lo que ellos consideraban «consecuencias colaterales» relacionadas al caso contra Antonio Hernández, dentro de las que se incluía el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras.
La aseveración fue incluida en la «Presentación de la Sentencia del Gobierno» en el caso contra «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, por medio de la cual la Fiscalía pide a la Corte una condena de cadena perpetua para el acusado, así como el decomiso por un monto de US$ 138.5 millones y el pago de una multa legal por US$ 10 millones.
En esta documentación, la Fiscalía señala que existieron «esfuerzos adicionales para influir en el curso de la investigación» entre los que incluyen una llamada en 2019 por parte de una firma de abogados radicada en Estados Unidos. Durante esa comunicación, «los abogados declararon que se estaban acercando «como parte de la diligencia debida» para una «transacción» no especificada y que no representaban al acusado», detallan.
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La firma de abogados contratada, que en la documentación solo es identificada como «Firma-1» reveló en su presentación ante el Departamento de Justicia que «puede participar en actividades políticas en nombre de [la República de Honduras], incluido el contacto con funcionarios estadounidenses en relación con la debida diligencia para el financiamiento en el mercado internacional, incluso con respecto a la asistencia económica y técnica de Estados Unidos a Honduras, y asuntos que afecten las relaciones entre Estados Unidos y Honduras».
En la llamada, los profesionales del derecho «describieron lo que vieron como «consecuencias colaterales» relacionadas con este caso, incluidas referencias a problemas de inmigración no relacionados y posibles cierres de bases militares estadounidenses en Honduras», describe la Fiscalía en relación a la llamada realizada por el bufete legal.
El texto continúa: «Los abogados también afirmaron que un perito contratado por el Gobierno [estadounidense] era parcial y que algunas de las pruebas del Gobierno [estadounidense] eran demasiado anticuadas para tener mucho valor probatorio en relación con las consecuencias colaterales negativas que identificaron los abogados». En este apartado, es importante destacar nuevamente que la firma de abogados declaró llamar en representación de la «República de Honduras» y no de parte de la defensa del acusado.
Sumado a esto, «los abogados también hicieron referencia a contactos con el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. y le dijeron al equipo de la fiscalía que planeaban contactar a otras partes del gobierno de EE. UU. con respecto a sus preocupaciones sobre este caso. El equipo de la fiscalía no proporcionó información a los abogados de la Firma-1 y no alteró la presentación del juicio de ninguna manera con base en los esfuerzos de la Firma-1».
La Fiscalía del Distrito Sur expuso que el bufete de abogados fue contratado a nombre de la «República de Honduras» alrededor del 23 de septiembre de 2019, «para brindar asesoramiento «en relación con la legislación bancaria y de valores de EE. UU. en relación con el financiamiento en el mercado internacional y la debida diligencia relacionada»». Este rastreo fue realizado a partir de documentación obtenida en conformidad con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros [FARA, por sus siglas en inglés].
Otros esfuerzos para influir en la investigación, según Fiscalía en NY
Otros «esfuerzos adicionales para influir en el curso de la investigación» identificados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyen: el asesinato de Nery López Sanabria ocurrido en octubre de 2019, los asesinatos de José Luis Pinto y Pedro Ildefonso Armas en diciembre de ese mismo año y el asesinato de Normando Rafael Lozano en febrero de 2021.
El escrito indica que el asesinato de Nery López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza Funez, ocurrió en una prisión de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara el 26 de octubre de 2019, ocho días después de que el jurado emitió su veredicto en el caso de «Tony» Hernández el 18 de octubre de 2019.
De acuerdo a la Fiscalía, en ese momento López Sanabria guardaba prisión con cargos pendientes en Estados Unidos. Durante su aprehensión, López Sanabria recibió visitas no autorizadas por parte del investigador Chase Lalani, contratado por familiares del acusado, y José Amilcar Hernández Flores, hermano de «Tony» Hernández, enfocadas en obtener información sobre si estaba cooperando con la Administración de Control de Drogas [DEA, por sus siglas en inglés]. López Sanabria habría rechazado sus esfuerzos y planeaba cooperar con la DEA en contra de Juan Hernández y su hermano «Tony».
En relación a los asesinatos contra José Luis Pinto, abogado defensor de López Sanabria; e Ildefonso Armas, director de la cárcel en la que murió López Sanabria; estas ocurrieron el 9 y 12 de diciembre de 2019, respectivamente. Según los detalles recolectados y presentados por la Fiscalía de Nueva York, ambos habrían tenido los mismos perpetradores y estarían ligados al crimen contra López Sanabria.
En cuanto a Normando Rafael Lozano, ex miembro de la Policía Nacional y quien fue identificado como uno de los cómplices del acusado en el juicio, este fue asesinado en San Pedro Sula junto a otras cinco personas [incluido el empresario Miguel Carrión], el 26 de febrero de 2021. Según testigos mencionados en el documento de la Fiscalía, el acusado [«Tony» Hernández] habría recibido un soborno para evitar la transferencia de Lozano a otro lugar en Honduras y que de esta forma continuara transportando cargamentos de cocaína.
En el inicio del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dijo que el negocio de drogas de Fuentes “prosperó” con ayuda de Juan Hernández. Por su parte, el presidente de Honduras advirtió sobre «colapso» de alianza contra narcotráfico y recurrió a Twitter a ratificar su inocencia afirmando que «los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias».
La lectura de la sentencia contra «Tony» Hernández está planificada para el martes 30 de marzo. El hermano del presidente de Honduras fue declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2019, por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
Veredicto contra Geovanny Fuentes es una “condena indirecta” contra Juan Hernández, pero no su fin
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El veredicto de culpabilidad contra Geovanny Fuentes es una condena indirecta contra Juan Hernández, opinaron este lunes analistas consultados por Criterio.hn, pero no significa necesariamente el principio del fin de la impunidad con la que ha actuado el gobernante.
La condena ratifica el hecho de que en Honduras hay una red muy fuerte de narcotráfico, de la que ahora nadie tiene duda, y es un golpe muy fuerte para Juan Hernández porque muchas de las evidencias que fueron planteadas están relacionadas con él, dijo el economista y político Hugo Noé Pino.
Pero, aunque “a nivel internacional Juan Orlando (…) hoy es un paria realmente”, cuenta con redes de apoyo internas, entre ellas las Fuerzas Armadas, parte importante de la élite económica hondureña, aquellos que se han beneficiados de la corrupción a nivel de medios de comunicación, de iglesias y de oenegés, mencionó.
Estas organizaciones “han hecho un escándalo culpando al Consejo Nacional Electoral de los problemas que se presentaron en las elecciones internas, pero no se han pronunciado acerca de todas esas acusaciones que se le han hecho abiertamente” a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico.
Aunque “debería haber un eco generalizado en Honduras pidiendo que Juan Orlando se separe del gobierno”, esos grupos se han llamado al silencio, apuntó.
Incluso, los medios de comunicación tradicional han buscado ocultar o minimizar el impacto de los juicios en Nueva York, “nunca han salido declaraciones fuertes en primera plana”, ni siquiera la semana anterior, cuando hubo “fuertes acusaciones” contra Hernández, dijo Pino.
“La pregunta ahora es qué hará, en función de lo que ha pasado, la Fiscalía del Sur de Nueva York contra Juan Orlando Hernández”, planteó.
“Esa es gente que no va ceder así nomás”
Si Fuentes fue declarado culpable “es porque hay suficientes indicios racionales” en su contra y porque se ha verificado la veracidad de sus declaraciones “e inclusive de las personas a las que él ha mencionado”, dijo la diputada Doris Gutiérrez.
Falta ver cuál será la sentencia y “la reacción de los fiscales de Estados Unidos que están pidiendo incluso que se llame a otras personalidades que supuestamente estuvieron vinculados con este señor (Fuentes) para traficar con miles de kilos de cocaína”, añadió.
Para la diputada, “dadas las circunstancias y todo lo que hemos visto incluso en las elecciones primarias internas”, a partir de este juicio los grupos de poder que han apoyado a Hernández “van a cerrar filas (…) van a tratar de ver cómo se defienden”.
A su juicio, “conociendo la personalidad de algunos de esos ciudadanos que se han visto comprometidos con las declaraciones de Fuentes, esa es gente que no va a ceder así nomás y que no va a bajar los brazos así rápidamente”, a menos que “se sientan demasiado acorralados podrían empezar a desvincularse (de Hernández), pero yo pienso que más bien van a tratar de ver cómo se defienden juntos”.
“Le tomaron medida al pueblo”
Para el analista Raúl Pineda Alvarado, el juicio y la condena contra Geovanny Fuentes es también “un golpe directo a la imagen que pretende dar al gobierno respecto a su separación de cualquier actividad delictiva”.
Las evidencias y declaraciones presentadas en el juicio adquieren fuerza legal cuando son reconocidas por un jurado “y podrán eventualmente sustentar otras afirmaciones en juicios a futuro”.
En conclusión, lo que dice el juicio contra Fuentes es que “la corrupción ha afectado tanto a la institucionalidad en Honduras que la vertebración entre crimen organizado y política ya es prácticamente indisimulable”, opinó.
En consecuencia, tendrá que darse alguna acción en el orden judicial, por lo menos en Estados Unidos, para efectuar los castigos que corresponden conforme a la ley de aquel país, “es decir la condena contra Geovanny Fuentes es una condena indirecta contra lo establecido por el gobierno y por los principales representantes del régimen”.
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No obstante, consideró que, ante la presencia de un peligro, los grupos vinculados con Hernández “se van a homogenizar más, se van a unir más y van a ir borrando los limitantes que tienen para hacer lo que haya que hacer”, incluyendo toda una estrategia para asegurarse del ejercicio del poder en las próximas elecciones generales.
“Lo que pasó en las elecciones primarias es apenas un ensayo de lo que va a suceder en noviembre si no se toman los correctivos necesarios” porque “pareciera que los corruptos y los narcotraficantes le tomaron medida al pueblo hondureño y se dieron cuenta que pueden hacer en la impunidad muchas cosas para provecho personal de ellos”.
¿El principio del fin?
Para el ex fiscal general Edmundo Orellana, no hay por qué celebrar la condena de Geovanny Fuentes, porque Honduras tiene casi el récord de país con más capos condenados en Estados Unidos “y no porque el gobierno (hondureño) haya luchado contra ellos”.
Aunque Colombia tenga más capos, Honduras tiene la vergüenza de tener un Estado y una sociedad que permitió “haber alimentado a esas bestias aquí en nuestro patio”.
A raíz de la condena de Fuentes, algunos aliados de Juan Hernández tratarán de desmarcarse de él, opinó. “Pero otros que tienen temor podrían causarle daño a él” pues, en caso de que se lo lleven y con el fin de reducir su pena, “va a decir quiénes fueron los que contribuyeron con él para convertir al Estado de Honduras en un narcoestado y allí la vida de él peligra”.
Sin embargo, aunque la condena de Fuentes debería ser el principio del fin de la impunidad en que ha actuado el gobernante, “lo que tenemos hoy en el país es todo lo contrario”, opinó.
Lo que se infiere de las elecciones primarias “es que vamos a tener a Juan Orlando para rato, por lo menos unos dos períodos más”, dijo Orellana.
El Partido Nacional tiene más votos que los partidos de la oposición, los cuales han quedado distribuidos de tal modo que “se imposibilita una alianza” por la negativa de Libertad y Refundación y del Partido Salvador de Honduras de unirse con Yani Rosenthal.
“Entonces si no hay posibilidades de alianza se van a ir solos y así les va a ganar el Partido Nacional y “papi a la orden” (Tito Asfura) es un hombre de Juan Hernández”.
También los cuadros de diputados que han salido electos “son prácticamente los mismos de antes y todos ellos con estigmas de modo que lo que vamos a tener es que esta gente va a elegir a magistrados más fieles que los que tiene hoy Juan Orlando, un fiscal más silencioso que el que tenemos hoy” a fin de “asegurarse que de aquí nadie se lo lleva”.
Mientras Fuentes es declarado culpable en NY, JOH opta por quejarse de «titulares dramáticos»
La fecha de lectura de sentencia para Fuentes fue fijada para el martes 22 de junio de este año por el juez Kevin Castel
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Geovanny Fuentes acusado por delitos relacionados a conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de fuego, fue encontrado culpable por el jurado en la Corte de Distrito Sur de Nueva York; en un juicio donde la Fiscalía señaló al presidente de Honduras como una figura crucial en el tráfico de drogas.
Tras once días de juicio, incluidas cinco horas de deliberación, el jurado emitió su resolución tras solicitar la relectura del testimonio enfocado a las reuniones entre Geovanny Fuentes y Juan Hernández, donde este último habría prometido al primero protección en el transporte de drogas, informó Inner City Press.
Sobre el tema, el presidente Hernández tuiteó en español e inglés que «cualquier narrativa» que no incluya la reducción del narcotráfico por parte de su gobierno «es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos». La semana pasada desde el Twitter de Casa presidencial se publicaron un total de trece tuits en inglés, cada uno con la apertura «Podrían los medios informar al público…», seguidos por los logros que promulgan desde el gobierno de Hernández y dos tuits extras etiquetando a medios internacionales y nacionales.
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El juicio contra Geovanny Fuentes resultó en un fuerte golpe contra el presidente Juan Hernández, quien desde el inicio fue señalado como esencial para la prosperidad del negocio de tráfico de drogas del acusado. Hernández, por su parte, acudió a Twitter para advertir sobre el «colapso» de la alianza internacional en la lucha contra el narcotráfico en caso que Estados Unidos admita «falsos testimonios» en el juicio.
El ex jefe de los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, participó como testigo del juicio contra Fuentes y reveló que dio sobornos a Juan Hernández, Ricardo Álvarez y Manuel «Mel» Zelaya Rosales por montos equivalentes a US$250 mil para el primero y US$500 mil cada uno, para los últimos dos. Aseveración que tanto Álvarez como Zelaya Rosales negaron.
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Durante el juicio también salieron a la luz las relaciones entre políticos y agentes del orden público para facilitar el trasiego de drogas. Así como dos visitas realizadas por Geovanny Fuentes a Casa Presidencial en mayo y junio de 2019, meses antes de su arresto en marzo de 2020 en Miami y los testimonios de un ingeniero agroforestal y un contador identificado bajo el seudónimo de José Sánchez. Este último confirmó haber presenciado la entrega de US $15,000 por parte de Geovanny Fuentes a Juan Hernández durante la primera campaña presidencial del segundo.
La fecha de la lectura de la sentencia para Fuentes fue fijada para el martes 22 de junio de este año por el juez Kevin Castel. Castel también llevó el caso contra Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras y por quien la Fiscalía pidió cadena perpetua así como el decomiso por un monto de US $138.5 millones y el pago de una multa legal por US $10 millones. La sentencia de este será dictada el martes 30 de marzo.
Durante el juicio contra «Tony» Hernández una firma de abogados en representación de la «República de Honduras» contactó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para advertir sobre lo que ellos consideraban «consecuencias colaterales» relacionadas al caso dentro de las que se incluía el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras. La información fue recogida en la «Presentación de la Sentencia del Gobierno» de cara a la lectura de la sentencia del hermano del presidente de Honduras.
Luis Almagro acepta que Trump reconoció a JOH sabiendo que había fraude
Tegucigalpa.- En las postrimerías de su gobierno y ante las acusaciones de narcotráfico en una corte de los Estados Unidos, el presidente de Honduras está quedando solo y su aliado Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no es la excepción.
Luis Almagro, criticó la decisión del gobierno estadounidense de reconocer las elecciones presidenciales de Honduras en el 2017, que dieron como ganador a Juan Orlando Hernández, quien ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico, dice la Voz de América (VOA) en una nota de prensa.
Con estas declaraciones Almagro también deja entrever que quien manda en la OEA es el gobierno estadounidense o por lo menos el estaba bajo las órdenes de Trump porque acató lo que el exmandatario estadounidense le ordenó
En una audiencia ante el comité de relaciones exteriores del Senado, Almagro recordó que la OEA pidió que se celebren nuevas elecciones en Honduras, basándose en un informe del organismo que encontró serias irregularidades en el proceso.
“Prácticamente nos dejaron hablando solos sobre este asunto”, dijo el secretario general en respuesta a una pregunta del senador Tim Kaine sobre los pasados comicios y cómo EE. UU. puede ayudar a la OEA a “ser más efectiva”.
Prácticamente nos dejaron hablando solos sobre este asunto”, dijo Luis Almagro.
El gobierno del expresidente Donald Trump decidió reconocer a Hernández como ganador de las elecciones presidenciales, a pesar de las preocupaciones de la OEA, miembros del Congreso estadounidense y grupos en defensa de los derechos humanos.
En ese entonces, el Departamento de Estado, no obstante, reconoció que hubo “irregularidades” en el proceso electoral -citando el informe de la OEA- y pidió al país esforzarse por paliar la división y llevar a cabo una reforma electoral.
El senador Kaine vinculó el reconocimiento de Hernández con el deterioro de la situación en Honduras, uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo, y donde se ha denunciado represión y violencia sistemática por parte de los cuerpos de seguridad del estado.
“EE. UU. pagó un precio alto por no levantarse en contra de un autoritario y ahora estamos lidiando con una crisis en la frontera, impulsada por la violencia intensa y la corrupción” en Honduras, dijo el legislador por el estado de Virginia.
Nasry Asfura y Mauricio Oliva se declaran ganadores en el Partido Nacional
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -Aunque la espera de los resultados oficiales de las elecciones primarias celebradas este domingo podría alargarse varios días, los precandidatos presidenciales Nasry Asfura y Mauricio Oliva se declararon cada uno como el ganador que representará al Partido Nacional en los comicios generales de noviembre.
Incluso desde antes del cierre de las urnas, el alcalde capitalino y el presidente del Congreso Nacional proclamaron su triunfo, contraviniendo la disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no anticipar resultados antes de transcurridas dos horas después de finalizada la jornada, la que se extendió hasta las 5:00 de la tarde en la mayoría de los centros de votación.
Mientras tanto, los resultados a boca de urna transmitidos a cuentagotas en varios medios de comunicación daban a Asfura como el ganador de la contienda con un 62 %, según uno de los últimos cómputos.
Oliva, no obstante, aseguró que lleva seis puntos de ventaja sobre el alcalde capitalino.
“Respetaremos los resultados oficiales”, publicó en su cuenta de Twitter el titular del legislativo, para quien lo importante no son las “bocas de urna” sino “que se recojan todas las actas” de los niveles presidencial, municipal y de diputados “y que se respete la voluntad del pueblo”.
Con los resultados aparentemente a su favor, Asfura, declaró de su lado que esperaría los datos oficiales del CNE.
El hecho de que ambos aspirantes se hayan declarado como los ganadores de este proceso desde antes de que cerraran las votaciones, al igual que ocurrió en el Partido Liberal, tiene como propósito generar caos e incertidumbre, opinó el sacerdote Ismael Moreno, del Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación (ERIC).
El analista político Raúl Pineda Alvarado consideró por su parte que esto “es un fenómeno inevitable, esto se había previsto que iba a pasar”.
El problema, agregó, “son las consecuencias de estas declaraciones, si no se manejan con mucha inteligencia y con mucha tolerancia van a dividir tanto al Partido Liberal como al Partido Nacional”.
Sobre el plazo para dar a conocer los resultados oficiales de estos comicios, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo que “vamos a empezar a transmitir cuando lleguen las maletas, estamos esperando el material electoral para continuar con nuestra tarea”.
Aseguró que a partir del lunes iniciarán “con boletines cada hora o cada dos horas, según vengan las maletas electorales receptoras, no va a haber silencio, tenemos un período meta de cuatro o cinco días a partir de mañana (lunes)” para informar sobre el cómputo oficial.
Sobre la tardanza en la difusión de los resultados, la consejera Rixi Moncada defendió que no existe “ningún vacío” y que las cosas se están haciendo diferentes.
“Murió” el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y el Siede (Sistema de Escrutinio y Divulgación Electoral) con los que la población se acostaba con un resultado y se levantaba con otro, dijo la funcionaria, quien calificó la jornada de este domingo como “exitosa” para los 14 movimientos inscritos.
La tardanza en la transmisión de los resultados es el corolario de una serie de falencias en el proceso por parte del CNE y del Registro Nacional de las Personas (RNP).
La falta de un sistema de cómputo que permita el conteo preliminar de los votos, los atrasos en la entrega del Documento de Identificación Nacional (DNI) y la ausencia de un censo depurado, entre otros factores, han resultado en más incertidumbre y confusión en uno de los peores momentos posibles dada la polarización y crisis social en que se encuentra sumido el país.
Luis Zelaya denuncia amenazas por parte de adeptos a Yani Rosenthal
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En medio de las irregularidades que permean al proceso electoral primario del 14 de marzo, el precandidato del movimiento «Recuperar Honduras» por el Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano denunció recibir amenazas por parte de los adeptos a su contrincante Yani Rosenthal Hidalgo.
«Espero que aprendas de esta lección, que con nosotros los judíos de Nueva York nadie se mete y sale airoso. ¡¡¡Al principio te recordé, avisé y recomendé que pararas tus ataques de odio contra Yani!!! Espero aprendas a ser humilde y aceptes tu derrota», lee el escrito recibido desde el número telefónico estadounidense +1 (352) 300-2459.
Zelaya afirmó que este es uno de varios mensajes desde diferentes números telefónicos que ha recibido por no conceder la supuesta victoria de Yani Rosenthal, quien se declaró el ganador de los comicios primarios del Partido Liberal sin esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual tras 48 horas continúa sin transparentar el proceso de escrutinio de actas electorales.
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«Esta es una de tantas que he recibido, pero aquí hay gente correcta, leal y digna», declaró Zelaya. Asimismo, agregó que continuarán defendiendo el voto que los hondureños depositaron de forma cívica durante los comicios primarios. «Lo único que queremos es que se respete el resultado con transparencia», apuntó.
Una segunda comunicación desde el número telefónico +1 (352) 229-1748 lee: «Ya tenemos identificado a su mano negra. Eduardo Martell. Siga haciendo FRAUDES que ya tenemos toda la evidencia y hasta sus teléfonos tenemos intervenidos. Ya sabemos lo de las planillas. Veremos donde queda usted con la demanda de Nueva York. El Mossad está vigilando todos sus pasos y verá todos los vídeos que tenemos de sus negociaciones corruptas. ¡Lo sabemos todo! ¡Hasta lo que come!».
Desde su cuenta en Twitter, Zelaya escribió que no es por medio de amenazas que lo intimidaran a que renuncie a lo que él considera es la lucha por el país. «No aceptaremos candidaturas impuestas desde crimen organizado en PLH», apuntó. El domingo por la noche, luego de que Yani Rosenthal se declarase ganador a partir de los sondeos de boca de urna, Luis Zelaya denunció fraude en el Partido Liberal.
A 48 horas del cierre de los centros de votación, los hondureños continúan a la espera de que el Consejo Nacional Electoral de inicio al proceso de escrutinio de actas. Criterio.hn conoció a través de una fuente interna del CNE que «hubo un intento de boicot antes de las elecciones».
Luis Zelaya denuncia fraude en el Partido Liberal
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no hacer uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) durante las elecciones primarias en Honduras dejó con serios cuestionamientos al electorado del Partido Liberal, quienes denuncian un fraude.
“Quieren imponer un ganador por encuestas cuando toda Honduras ha visto que otro es el ganador en las urnas. No quisieron tener TREP ni conteo rápido…ahora sabemos por qué. Si se roban las primarias tengan por seguro que se roban las generales.
A defender nuestra democracia”, denunció el precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, Luis Zelaya, luego de que fuesen publicados sondeos a boca de urna que colocan como vencedor a Yani Rosenthal Hidalgo.
Para Zelaya el fraude se montó desde el momento en que no se “aceptó” el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y asegura que las actas de las mesas electorales le favorecen.
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Enrique Ortez Sequeira, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y activista del Partido Liberal, lamentó y cuestionó la ausencia de un sistema de transmisión de resultados electorales como se hizo en años anteriores. «Entre más rápido se den los resultados de la mesa, menos posibilidad hay para manipular los resultados», señaló.
El exmagistrado del TSE apuntó: «Estamos entendiendo con mayor claridad porque no se quieren dar los resultados», señalando que mientras en las mesas electorales se mostraba una tendencia a favor de Luis Zelaya, en los sondeos de boca de urna se promulgaba a Yani Rosenthal como el ganador del proceso.
Además, denunció que el secretario del CNE le llamó y le dijo: «después de las dos horas salen cinco encuestas donde van a petatear a Luis Zelaya […] Eso no es transparencia electoral, eso es manipular al pueblo hondureño».
Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras también cuestionó los sondeos a boca de urna y declaró que los mismos no representan un universo confiable de resultados pues no se consultó a un porcentaje confiable de los electores que participaron en el proceso.
CNE en negación sobre cuestionamientos de opacidad
Lejos de aceptar que la ausencia de un conteo rápido es problemático para la transparencia electoral, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó en conferencia de prensa que el sistema manual de espera de llegada de urnas al INFOP «se trata de un sistema muy entendible para el ciudadano» que «generará confianza».
Por su parte la concejal, Ricci Moncada, declaró que el proceso electoral de este 14 de marzo «fue exitoso para el pueblo hondureño y los catorce movimientos de los partidos políticos». En relación a la ausencia de un sistema conteo rápido, subrayó que «las cosas se están haciendo diferente» y que «murió el TREP», donde «nos acostábamos con un alcalde y con un regidor o con un presidente y nos levantábamos con otro, eso es lo que no hay».
Finalmente, el CNE recordó que no reconocían el éxito de los precandidatos que han salido a adjudicarse el gane en sus respectivos partidos políticos, pues los resultados comenzarán a conocerse hasta que las maletas retornen a las oficinas principales de INFOP en la capital de Honduras.
Proceso de contratación de TREP fue declarado desierto
El CNE justificó a inicios de año la ausencia del TREP debido a la falta de recursos económicos para contratar una empresa que ejecutase el mismo. El fantasma del fraude electoral asomó desde enero de 2021, cuando el proceso para la contratación de la empresa que se encargaría de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares fue declarado desierto.
En ese momento, el secretario de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal, Rodolfo Zelaya, dijo a Criterio.hn que el proceso fue declarado desierto de manera extraoficial, pese a que dos de ocho empresas presentaron sus ofertas técnicas y financieras. Según Zelaya, ninguna de estas dos empresas cumplió con los requisitos mínimos, como las garantías que tenían que presentar ante el órgano eleccionario.
El codirector electoral del CNE, Carlos Chavarría, comunicó esta semana que el día de las elecciones primarias no habría nada electrónico y que los resultados oficiales comenzarán a conocerse hasta el lunes por la tarde, cuando las 23,880 maletas electorales comiencen a llegar al Instituto Nacional De Formación Profesional (INFOP) para el escaneo de actas y su posterior procesamiento en el complejo hotelero San Martín en Tegucigalpa.
Presentan denuncia criminal contra Yani Rosenthal, precandidato a la presidencia de Honduras
Tegucigalpa. El abogado René Adán Tomé presentó este viernes una denuncia criminal contra el precandidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo; así como los ciudadanos Yankel Antonio Rosental Coello y Devis Leonel Rivera Maradiaga por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Rosenthal Hidalgo, quien participa como presidenciable en las elecciones primarias de este 14 de marzo, guardó cárcel por tres años en Nueva York, Estados Unidos, por delitos relacionados con la participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita. Mientras que su primo Rosenthal Coello también guardó prisión en Miami por dos años, siempre por los delitos de lavado de activos.
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Por su parte, Devis Leonel Rivera Maradiaga fue uno de los líderes de la banda de narcotráfico Los Cachiros, quien admitió su participación en el asesinato en 2009 del zar antidrogas Arístides González. Además mencionó al presidente Juan Hernández y delató a «Tony» Hernández durante sus declaraciones vertidas en un tribunal de Nueva York.
«He presentado una denuncia criminal contra Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Yankel Antonio Rosental Coello y contra Devis Leonel Rivera Maradiaga por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, delitos graves cuyas penas son de doce a treinta años de reclusión», anunció el profesional del derecho mientras realizaba la acusación en las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa.
Abogado René Adán Tomé
René Adán Tomé señaló que existen una serie de hechos relacionados a las sentencias condenatorias que se emitieron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde fueron condenados; así como los probados en el juicio de privación definitiva de dominio que se realizó en Honduras y donde fueron declarados responsables de poseer en propiedad bienes que no tienen origen lícito.
Tomé declaró que presentó la denuncia en cumplimiento de la Constitución de la República y como parte de su lucha contra la corrupción. Además, afirmó que es importante que la ciudadanía consciente y responsable use las instancias y acciones correspondientes para impedir que «estas personas, malos ciudadanos» tengan la posibilidad de quedar en puestos de gobierno en donde atenten contra el pueblo hondureño.
La denuncia escrita que tiene unas treinta páginas establece lo que se resolvió en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y lo ocurrido durante el juicio de privación de dominio en Honduras. «El pueblo hondureño está perdiendo totalmente la fe y la esperanza en las instituciones de gobierno, pero nosotros tenemos la esperanza que ya pronto esto va a cambiar», concluyó Tomé.
Luís Zelaya denuncia amenazas e intimidación por reclamar transparencia en las elecciones
- 16/03/2021
Por medio de sus redes sociales, el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luís Zelaya, denunció ser objeto de amenazas por los reclamos que está realizando para que prevalezca la transparencia en el proceso electoral.
“No es con amenazas que nos intimidarán ni harán que renunciemos a nuestra lucha de país. NO aceptaremos candidaturas impuestas desde el crimen organizado en PLH”, denunció Zelaya acompañando su escrito de dos capturas de pantallas sobre mensajes que le han hecho llegar a su teléfono móvil.
Zelaya sostiene que tiene las actas electorales que certifican su triunfo en las elecciones primarias del domingo anterior y demandó, una vez más, un conteo transparente al Consejo Nacional Electoral de Honduras.
Su contrincante, el señalado precandidato presidencial, Yani Rosenthal, se declaró vencedor del proceso electoral con resultados ofrecidos por algunos medios de comunicación tras revelar datos de encuestas a boca de urna.
Xiomara Castro se perfila como la candidata presidencial de Libre
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Como ya se manejaba en las encuestas políticas y por el apoyo de seis de los nueve movimientos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya es de acuerdo a los resultados preliminares la virtual candidata de ese instituto político.
Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya, obtiene entre un 72 y 75% de los votos de su partido con los primeros conteos realizados a boca de urna aunque no se precisa el porcentaje de votos escrutados.
Momento cuando Xiomara Castro ejerció el sufragio en la ciudad de Catacamas
Libre inscribió nueve movimientos y cuatro aspirantes a convertirse en el candidato oficial de ese instituto político de cara a las elecciones generales de noviembre del presente año.
Los movimientos inscritos fueron: Somos Más, Fuerza de Refundación Popular FRP, 5 de Julio; Pueblo Organizado en Resistencia POR, Pueblo Libre, Honduras Libre, M28 Poder para Vos, Nueva Corriente y Movimiento Esperanza y Libertad MEL.
Por el movimiento Honduras Libre se postulaba el defensor de derechos Humanos Wilfredo Méndez Gonzales, por la nueva corriente Carlos Eduardo Reina, por el movimiento 5 de Julio el doctor en economía, Julio Nelson Ávila, Quien dio la sorpresa ubicándose en el segundo lugar y los 6 restantes llevaban a Xiomara Castro de Zelaya como su candidata.
El segundo lugar hasta el momento es para el economista Jorge Nelson Ávila que según los datos de encuestas a boca de urna lo ubican entre un 13 y un 16% de los votos de Libre.
Le siguen Carlos Eduardo Reina con un 6% y el defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez con un poco más del 4%.what
En las elecciones generales del año 2013, Xiomara Castro fue candidata presidencial por el recién creado Partido Libertad y Refundación (Libre), y aspirante a designada presidencial en el año 2017cuando bajo una alianza política con el Pinu-SD postularon a Salvador Nasralla como candidato presidencial.
Tras el golpe de estado contra su esposo en el año 2009, Xiomara Castro se integró a la lucha en las calles con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) enfrentándose a los militares y policías que resguardaban el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Esa lucha junto a los hondureños que rechazaban el golpe la hizo ganar liderazgo y fue entonces que cinco movimientos del partido Libre la postularon para las elecciones del año 2013 donde perdió las elecciones ante un fraude propiciado por el Partido Nacional en contubernio con el desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE).
Quién es Iris Xiomara Castro Sarmiento
Nació en la ciudad de Tegucigalpa el 30 de septiembre de 1959 (61 años), sus padres de Irene Castro Reyes (recién fallecido) y Olga Doris Sarmiento Montoya.
En 1976 se casó con José Manuel Zelaya Rosales, con quien procreó cuatro hijos: Zoe, Héctor Manuel, Xiomara Hortensia y José Manuel, todos Zelaya Castro.
Sus estudios de primaria y secundaria fueron en los institutos San José del Carmen y María Auxiliadora de Tegucigalpa. Obtuvo el título profesional en una licenciatura en administración de empresas.
Se afilió al Partido Liberal donde participo en varias campañas acompañando a su esposo, quien fue diputado por ese partido y presidente de la república en el año 2006 hasta 2009 cuando fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
Fue primera dama de Honduras desde 2006 hasta junio de 2009 tras el golpe de estado a su esposo Manuel Zelaya Rosales.
Luego de la salida forzosa del poder de su esposo, Xiomara Castro emergió como un activista dirigente de las manifestaciones del entonces Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
En el 2013 finalmente el reconocimiento popular a su liderazgo en las calles la colocaron como candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (LIBRE),
Castro de Zelaya ha sido presidenta de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL).
OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol
TEGUCIGALPA (17 de marzo de 2021) – Tras la revisión del caso de los ocho defensores del Río Guapinol que guardan prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha concluido que la detención de estos es arbitraria, al no cumplir, por parte de las autoridades nacionales, normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esta situación de vulneración de derechos, el Grupo de Trabajo insta al Estado de Honduras “a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”[1]. Además, hace un llamado a tomar estas medidas de forma urgente teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con la metodología del Grupo de Trabajo, en el caso Guapinol se ha podido determinar que la detención es arbitraria porque no existe fundamento jurídico alguno que la justifique, ya que “los ocho defensores permanecen detenidos, sin base legal (…), en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Además, su detención “no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de Derecho”.
Este grupo de expertos independientes también considera que los ocho defensores se encuentran detenidos arbitrariamente porque la privación de su libertad guarda relación con “el ejercicio de derechos en particular la libertad de opinión, expresión y reunión, (…) lo que constituyen una violación de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal y del Pacto”. En su Opinión, los expertos hacen especial énfasis en que “ha quedado demostrado que la organización a la que representan los ocho detenidos no solo se declara, sino que ha sido reconocida por las autoridades competentes de Honduras, como una organización que trabaja en defensa y procura la implementación de los derechos humanos -entre ellos los ambientales- de los ciudadanos hondureños”.
Adicionalmente, el Grupo de Trabajo señaló que, aunque no existen bases que justifiquen el proceso contra los defensores, el proceso penal ha avanzado sin cumplir con los criterios de juicio justo, independiente e imparcial. Al respecto, la Opinión indica que “se ha demostrado una violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales”.
OACNUDH ha dado seguimiento al caso de los defensores de Guapinol desde octubre de 2018, a través de diferentes acciones de asistencia técnica e incidencia, incluyendo monitoreo de audiencias, visitas a los detenidos y envío de comunicaciones sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos a los operadores de justicia que conocen el caso. La Oficina ha hecho un llamado reiterado a la revisión de la detención preventiva de los defensores y al cumplimiento de las garantías del debido proceso.
OACNUDH recuerda al Estado de Honduras que, conforme el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, los tratados internacionales, una vez ratificados, forman parte del derecho interno. Por lo tanto, el Estado de Honduras deviene en la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales que fortalecen la protección de las personas. OACNUDH hace un llamado a las y los operadores de justicia para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución hondureña, garanticen la aplicación de la Opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según expresó Isabel Albaladejo, Representante de OACNUDH en Honduras, “a la Oficina le preocupa el uso indebido del derecho penal, afectando de manera desproporcionada a las personas defensoras de los derechos humanos y generando un efecto inhibidor en sus comunidades. En este sentido, la Oficina insta a todas las autoridades responsables a adoptar de forma urgente la Opinión del Grupo de Trabajo, para remediar las violaciones y prevenir futuras vulneraciones a los derechos y libertades de los ocho defensores del río Guapinol.”
Finalmente, OACNUDH reconoce la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los equipos de defensa que han acompañado este caso y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.
Unas 600 familias inician proceso de recuperación de tierras en El Progreso, Yoro
- 04/03/2021
Unas 600 familias sin tierra y sin techo iniciaron con un proceso de recuperación de unos predios que son utilizados para el cultivo de caña. Según los testimonios de las familias, ellos salieron afectados por el paso de los huracanes y la pandemia.
“Estamos aquí desde el sábado, buscamos tener nuestro terrenito para construir una casa aunque sea pobre pero que sea propia”, manifestó a Radio Progreso una señora que sobrepasa los 60 años y que nunca ha tenido casa propia.
Las tierras están ubicadas en la carretera de El Progreso hacia Santa Rita, Yoro, entre las colonias Alameda y Los Castaños.
Otra madre soltera, con seis hijos, contó a Radio Progreso que se sumó a la lucha por un pedazo de tierra porque ya no tienen para el alquiler, quedó desempleada por la pandemia y han quedado sin un techo.
Otra vecina que participa del proceso de recuperación de tierras contó que su casa se la llevó el río con el paso de los huracanes Eta e Iota. “Aquí pasamos la noche, es duro. En el día, mi esposo y yo nos vamos a vender frutas para poder sobrevivir. Y aquí estamos luchando para poder tener nuestra propia casa”, dijo mientras aseguraba que no tiene un lugar para vivir.
Honduras tiene más de 300 mil familias que no tiene acceso a la tierra ni a una vivienda digna para vivir a pesar que la Constitución de la República los ampara con el derecho a tener un techo digno.
Juzgado obliga a municipalidad de Yoro garantizar alimentación de tolupanes durante la emergencia sanitaria
La tribu tolupán, que fue discriminada por el proyecto Honduras Solidaria, logra además mediante sentencia judicial el aseguramiento de asistencia médica integral para que se le atienda sus afectaciones biológicas -nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación y que esta atención sea conforme al respeto a la diversidad cultural
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, reconoció mediante una sentencia judicial la violación del derecho a la alimentación y a la salud de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.
La vulneración de ese derecho contra la tribu indígena fue cometida por la municipalidad de Yoro, que realizó una entrega selectiva y por afinidad política de alimentos y servicios de salud que eran parte del proyecto gubernamental Honduras Solidaria.
También lea: Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo
La sentencia ordena definir en un plazo de 15 días hábiles un plan para satisfacer el derecho a la alimentación, que deberá incluir al presidente del consejo preventivo de la tribu y realizarse con base a los estándares internacionales sobre los derechos de las personas y los pueblos indígenas.
Además, que la municipalidad de Yoro facilite de manera inmediata la asistencia médica integral para atender las afectaciones biológicas-nutricionales de todos los miembros de la tribu derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, respetando su diversidad cultural.
Así mismo, ordena al Ministerio Publico vigilar el estricto cumplimiento de la sentencia y velar porque la municipalidad de Yoro asuma su responsabilidad durante la emergencia sanitaria y mantenga la obligación de respetar y garantizar los derechos
violentados al pueblo tolupán. Y en caso de que se incumpla lo ordenado, que proceda conforme a Derecho.
La sentencia emitida es producto de la lucha permanente del pueblo tolupán por hacer valer sus derechos humanos en igualdad de condiciones, los que han sido “ampliamente violentados”, especialmente durante la pandemia del Covid-19, señalaron representantes del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, el bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Fundambiente.
La sentencia no es un punto de llegada, sino de un nuevo arranque para lograr condiciones de vida dignas y justas para todos los pueblos indígenas de Honduras, expresaron también los representantes de esas organizaciones en un comunicado leído en conferencia de prensa este martes.
Este es el segundo fallo que la justicia emite a favor de la población tolupán de San Francisco Locomapa. En abril de 2020, el juzgado con sede en San Pedro Sula admitió un amparo interpuesto por las organizaciones antes mencionadas.
Lea, además: Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán
Según la denuncia, el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas del programa “Honduras Solidaria”, entregó la bolsa solidaria a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.
Entonces, el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.
El MADJ ha denunciado que “el pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus”.
Con la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales, “la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida”.
Honduras: CIDH conocerá situación de derechos humanos frente a la instalación de proyectos extractivos en el país
16 de marzo de 2021.- En Honduras, la instalación y operación de proyectos extractivos, facilitados por la legislación hondureña, ha tenido un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos de la población; en particular ha expuesto a una grave situación de riesgo a las personas defensoras de los territorios y bienes comunes. El próximo viernes 19 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública con participación de organizaciones de sociedad civil y representantes del Estado para conocer sobre esta situación.
Al respecto, en 2018, se registraron un total de 315 plantas generadoras de energía en el territorio, de las cuales 157 se tipifican como hidroeléctricas, siendo Cortés, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara los departamentos en donde más se registran proyectos hidroeléctricos. Datos del 2019 registran áreas de concesión minera y proyectos de generación de energía eléctrica en 194 municipios, el 65% de los municipios del país.
Por su parte, más de 137 concesiones mineras y de energía se encuentran distribuidas alrededor o dentro de territorios indígenas a nivel nacional. La mayoría de estas concesiones se encuentran en estado de exploración y distribuidas en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro. Tan solo en La Paz, estas concesiones han provocado más de 60 conflictos ambientales que incluyen la criminalización y persecución de personas defensoras.
A pesar de ello, las políticas y leyes hondureñas favorecen la instalación y operación de proyectos extractivos sin suficientes controles estatales, mediante la simplificación administrativa de procedimientos para proyectos ambientales, la expatriación de capitales, la disminución de controles laborales, ambientales y de seguridad, la libre disposición de los títulos de concesión, la restricción en el acceso a información pública, entre otros.
Ante este contexto, Honduras ha sido señalado reiteradamente como un Estado que opera a favor de intereses económicos violentando derechos de las personas que representan una oposición para esos intereses. En este contexto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, ejemplificados en casos como el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres.
En la audiencia pública que se celebrará esta semana ante la CIDH, organizaciones que han documentado y dado seguimiento puntual a la situación de proyectos extractivos en Honduras denunciarán sus impactos en los derechos sociales, económicos y ambientales de la población y los riesgos que implican para la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos y el ambiente. Asimismo, autoridades estatales tendrán la oportunidad de ampliar sobre la situación.
La audiencia pública tendrá lugar el viernes 19 de marzo a las 7:00am hora Honduras y se transmitirá mediante la página de Facebook de la CIDH y Zoom. Enlace de inscripción: https://bit.ly/3lbPZPA.
Las organizaciones de sociedad civil que participarán en la audiencia son: la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Protection International Mesoamérica, y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.
Por segunda vez suspenden juicio oral y público de campesinos de La Paz
Comayagua.- Para este día estaba programada la continuación de juicio oral y público para los campesinos Luis Alonso Tejeda Orellana y Yesenia Yamileth Padilla, el que dio inicio a las 2:30 de la tarde, evacuándose únicamente el medio de prueba testifical y debido a la no comparecencia de dos testigos del Ministerio Público, el Juez unipersonal del Tribunal de Sentencias de Comayagua decidió suspender la continuación del mismo.
Ante esta decisión del juez, Luis Alfonso Tejada expresó que “es muy difícil porque nos tiene con medidas desde hace 3 años y hoy no se presentan, alargando más el juicio y nosotros somos puntuales, aunque no tengamos como movernos, buscamos la forma”.
Para Yesenia Padilla, el proceso ha sido muy difícil porque por la distancia tienen que ver cómo se traslada para ser puntuales al juicio, porque nosotros no tenemos dinero para trasladarnos, tenemos que buscar a alguien que nos de jalón, pero vamos a seguir adelante y confiando en Dios que este proceso pronto termine y que sea favorable para nosotros, que estamos en este proceso injusto”.
Asimismo la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresó que “miro innecesario que el juicio se inicie, pero que no se llegue a culminar en vista que, como así le manifesté al juez, con la incomparecencia de las testigos propuestos por el Ministerio Público, donde el secretario se apersonó hacia la residencia y le negaron que vivían en la misma, siendo que en fechas posteriores esa es la dirección que ellas dieron”.
“Con esto se alarga más el proceso y suspensión que es innecesaria en virtud que con la incomparecencia de las supuestas ofendidas, esto le da una pauta al juez para establecer que las mismas no quieren continuar con el proceso o que desisten de la acción penal”, añadió Cárdenas.
Los campesinos deberán presentarse nuevamente para la continuación de juicio oral y público el 5 de abril de 2021 a la 1:20 de la tarde.
Cabe señalar que los campesinos están siendo criminalizados por un pedazo de tierra para el sustento de su familia.
El viernes se conocerá fallo del juicio oral y público del defensor Jeremías Martínez
Tegucigalpa.- Ayer en horas de la tarde finalizó el juicio oral y público de Jeremías Martínez, defensor del ambiente criminalizado por defender los rio Guapinol y San Pedro en Tocoa departamento de Colón, pero será hasta el día viernes 12de marzo que se conocerá el fallo, si el defensor queda absuelto o no de este proceso penal en su contra.
El abogado Omar Menjivar, quien forma parte del equipo de defensa, expresó que “el acto de protesta que se le atribuye a la comunidad de Guapinol en contra de ese proyecto minero de Inversiones Los Pinares no constituye delito, no puede ser tenido como una usurpación, el hecho de realizar una protesta en una vía publica evidentemente es un acto de ejercicio de un derecho ciudadano que garantiza la Constitución de la República y por lo tanto debe dictarse un fallo absolutorio”.
“En este caso el supuesto delito de daños no fue acreditado de manera fehaciente, fue bastante e impreciso la acusación de la fiscalía de la procuraduría y del acusador privado, pero sobre todo porque don Jeremías Martínez no tuvo nada que ver con ninguno de esos hechos que se relatan en el proceso y que lo vincularon, a mi juicio no tuvo nada que ver porque la persona acusada es otra que tiene el mismo nombre de Jeremías Martínez, pero el nuestro se llama Jeremías Martínez Díaz”, agregó.
El abogado Menjivar finalizó diciendo que la persona que se está juzgando es una persona distinta de la que fue acusada y contra la cual hay una orden de captura que no ha sido efectuada, y que como defensa de don Jeremías albergan la esperanza de que el juez actuando con ecuanimidad, con independencia, con imparcialidad y apegado a la ley dicte un fallo absolutorio.
Por su parte Edy Tabora, también del equipo defensa, señaló “la importancia del reconocimiento, digamos de que esos hechos no constituyen delito, es muy importante el juzgamiento, es por una protesta, un fallo condenatorio implica un avance del estado en la restricción de este derecho fundamental al ejercicio del derecho constitucional a la protesta, y pues un fallo condenatorio es sumamente grave para la lucha que realizan las comunidades protegiendo el medio ambiente, reivindicando los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales.
El abogado lamentó la posición de la fiscalía y la procuraduría por estar pidiendo una sentencia condenatoria en un caso que no constituye delito.
“Lamentamos realmente la propuesta de la fiscalía junto con la Procuraduría General de la República en el sentido de que están solicitando una sentencia condenatoria sabiendo que no existe tal delito, e incluso ellos solicitan que no se le de valor a documento oficiales que establecen que las víctimas son los defensores y las defensoras del medio ambiente de las comunidades de Guapinol, documentos oficiales de la Secretaria de Derechos Humanos del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, eso de manera general”.
“Pero luego la fiscalía de manera irresponsable lleva a Jeremías a un juicio que nunca fue identificado, la persona acusada había sido otra, eso si es muy lamentable, esperamos realmente que el juez dicte un fallo a pegado a derecho, apegada a la Constitución de la República, a los tratados internacionales”, agregó.
Según la defensa de don Jeremías Martínez, de 64 años de edad, aunque se dictara una sentencia absolutoria no podría salir en libertad porque “a Jeremías Martínez incluso en este caso ya le han otorgado un cambio de medidas, ya estaba con una medida de prisión domiciliaria, pero no se podía ejecutar porque tiene prisión preventiva en el segundo expediente en el que hay una acusación por otros delitos y donde están también los 7 defensores que están privados en la cárcel de Olanchito, ese proceso penal todavía está en la etapa intermedia, no se ha llevado a cabo todavía la audiencia preliminar, faltan algunas audiencias para llegar a la misma etapa en el cual estamos con Jeremías Martínez, y que él también va a participar de ese otro proceso penal”.
En todo este proceso injusto que está enfrentando el defensor de la vida y su familia en ningún momento lo ha dejado solo, no importa la distancia que su esposa doña Lidia tuvo que recorrer para viajar hasta Tegucigalpa donde se está realizando el juicio ella estuvo pendiente del afuera de la Corte Suprema de Justicia(CSJ).
“Aquí estamos pendientes esperando que la resolución sea a favor de Jeremías Martínez, mi esposo, él es inocente está acusado con otros apellidos que no es el mismo, no le ha dado orden de captura a la otra persona y él está pagando lo que no debe, pero esperando que todo sea favor de él”.
En el caso de los defensores de Guapinol, el Comité contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas insta al Estado de Honduras a que ponga en inmediata libertad a los ocho defensores de Guapinol, ya que su detención es ilegal y arbitraria.
Jeremías es un defensor de 64 años de edad, que ha permanecido recluido en el Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, por defender los ríos de Guapinol y San Pedro en Tocoa, mientras que siete defensores más están privados de libertad en el Centro Penal de Olanchito, porque también defienden el agua y la vida.
Empresa de la Universidad Técnica de Múnich se retira de ZEDE Próspera debido a preocupaciones sobre Derechos Humanos
Múnich (16 de marzo de 2021). TUM International, una empresa de la prestigiosa Universidad Técnica de Múnich, se retira de la ZEDE Próspera, tanto en la isla de Roatán cómo en La Ceiba.
Respondiendo a preguntas planteadas por la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich y de la revista alemana iz3w, la Universidad declaró que: por principio la TUM International GmbH se retira de los proyectos si hay indicios de violaciones de los derechos humanos, como en este caso“.
Informan que tenían un contrato de consultoría que incluía la organización de un congreso de inversores en Múnich y una inspección in situ de las areas del proyecto de ZEDE Próspera en Roatán y La Ceiba. Sin embargo ya no continuarán colaborando con el proyecto.
Según TUM International, cualquier públicidad sobre un centro educativo o una universidad internacional en Roatán con apoyo de la Universidad Técnica de Múnich, es falsa.
TUM Internacional GmbH es una filial independiente de la Universidad Técnica de Múnich. A principios de 2021 hubo un cambio en la dirección de ésta empresa. La actual directora, Friederike Hettinger, reemplazó al CEO anterior, Daniel Gottschald. Gottschald y Shanker Singham forman parte del Global Economics Neural Network (GENN). Singham es miembro del consejo asesor de ZEDE Próspera.
En silencio avanza expulsión de pobladores de la Península de Zacate Grande
Texto: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Fotos y vídeos: Jorge Burgos y Emy Padilla
Gráficos: Guillermo
Burgos
Amapala, Valle. – Los vientos del Pacífico que arrastran las hojas del bosque seco tropical, se mezclan con el polvo y las piedrecillas de una mal trecha carretera que evidencia el abandono y que, a vista de cualquier extraño, pareciera el camino a un pueblo fantasma y no a una zona que poco a poco ha sido acaparada por el capital económico.
La aparente calma que se puede apreciar en la Península de Zacate Grande, en el archipiélago hondureño del Golfo de Fonseca, es solo eso: un supuesto. La realidad es otra, nos cuenta Pedro Canales uno de los líderes comunitarios, quienes a raíz de una fuerte lucha en defensa por la tierra y el territorio frete a los terratenientes del “club de Coyolito”, fundaron en abril del 2010 la radio La Voz de Zacate Grande.
Los pobladores también se han aglutinado en la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) de la cual Pedro es uno de sus fundadores y es, según él, la razón para que la persecución en su contra permanezca aún en los meses del confinamiento por la pandemia de la Covid-19.
Pedro nos recibió en su casa y nos contó cómo ha pasado durante los últimos meses. Él dice que el empresario Mauricio Facussé, hijo del extinto empresario palmero Miguel Facussé Barjum, ha mandado a su seguridad privada a amedrentar a la gente para que ya cese en la lucha.
“Las amenazas y el hostigamiento en contra de los dirigentes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande y de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande ha sido desde que la misma se fundó en el año 2010, aquí esta situación es permanente, por momentos se detiene como para que nosotros nos confiemos y luego arrecian, especialmente contra los que somos fundadores de la radio” expresó el dirigente comunal.
Uno de los últimos acontecimientos, dice, fue directamente en su contra y de su familia y se produjo la noche del 23 de septiembre del año pasado, cuando le asesinaron a un perro que dormía en el patio de su casa, “pero en esta ocasión no vimos quien lo hizo, ya antes nos habían asesinado dos perros en presencia nuestra y quienes siempre realizan estas acciones es la gente armada de la familia Facussé”.
Las familias que mantienen el poder económico en Honduras, en su mayoría de origen árabe-palestino, han desalojado a varias familias de las islas que conforman el municipio de Amapala o Isla del Tigre, especialmente en la Península de Zacate Grande y otras islas e islotes del Golfo de Fonseca, en este municipio del sureño departamento de Valle, donde los ricos tienen sus imponentes y lujosas casas de playa.
El conflicto por la tenencia de la tierra tiene su punto de partida a mediados de los años ochenta, cuando los empresarios comenzaron a desalojar a varias familias que vivían a la orilla de las playas, para luego erigir a partir de los noventa sus lujosas casas, particularmente en el sector de Coyolito, por lo que de ahí se deriva el famoso “club de Coyolito”.
Pero los conflictos tomaron mayor fuerza a partir del 2000 con la exigencia de los poderosos empresarios para que los oriundos abandonaran sus casas pese a tener décadas de vivir y de haber heredado el uso de las tierras de sus antepasados que poblaron la zona desde hace 90 años.
Los empresarios por su parte alegan ser los verdaderos dueños porque cuentan con los títulos de propiedad que avalan la tenencia de las más de 5,000 hectáreas que comprende la península que está distribuida en once comunidades y habitada por unas 1200 familias.
El golpe de Estado de 2009, que derrocó al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue un escenario violento en la zona, por lo que posteriormente en el 2010 los pobladores comenzaron a organizarse para emprender la lucha que hoy tiene frente a la justicia a varios líderes comunitarios acusados por el delito de usurpación.
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Además de Pedro, el joven, Gerardo Aguilar Chirinos, quien dirige la radio, podría también ser criminalizado en los próximos días por realizar la instalación de un pequeño repetidor de la radio al otro lado del cerro.
“La situación sigue igual, siempre existe la persecución contra los corresponsales de la radio, siempre nos llaman por teléfono; hemos recibido amenazas por teléfono diciéndonos que sólo mierda hablamos, que ni siquiera somos periodistas y estamos hablando en un medio de comunicación”.
La radio está integrada por nueve comunicadores sociales, quienes hacen una labor de voluntariado, pues no cuentan con presupuesto para pagar salarios y lo poco que consiguen, de donaciones de organismos de derechos humanos y de coterráneos que viven en Estados Unidos, lo utilizan para el mantenimiento y el pago de energía.
Como parte de la persecución, Gerardo contó que recientemente un vehículo doble cabina, conducido por un desconocido trató de atropellar a dos corresponsales que se trasladaban a realizar un reportaje y “si ellos no hubieran andado listos los hubieran golpeado y quizás matado”.
Pedro Canales comentó a Criterio.hn que la radio es vigilada de manera permanente por militares de la Base Naval, quienes han instalado el puesto a unos 40 a 60 metros. “La situación de nosotros ha sido difícil, no es parecido al Bajo Aguán porque no ha habido muertos, pero son las mismas personas poderosas las que atacan el norte y en el sur, hostigando, dañando a las familias”.
El dirigente comunitario sostiene que la presencia de los agentes de seguridad del Estado se registra desde el año 2000 y que ha habido ocasiones, como cuando se originaron las protestas del fraude electoral de 2017, que los guardias privados de la familia Facussé se integraron a los operativos de represión de los militares, incluso, disparando sus armas.
FALTA DE EMPLEO Y POBREZA
El conflicto de tierra que existe en este sector, aunado a la difícil situación que se presenta con la pérdida de cosechas, porque se ubica en el corredor seco y el declive de la actividad pesquera, producto de los efectos del cambio climático, hace que la situación de los más de 7,000 habitantes sea de calamidad y ha obligado a muchos a emigrar en busca del sueño americano.
Una de las tantas desdichas de los pobladores es el hecho de no tener un sistema de agua potable, lo que los obliga a buscar un mecanismo de solución mediante la excavación de pozos, con lo que su salud está expuesta a enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales. El agua del pozo, por lo que pagan mensualmente cien lempiras a una junta local de aguas, es utilizada para el aseo, mientras que la que ocupan para la ingesta la compran envasada, representando esto un alto impacto en su débil economía.
Mientras hacía una pausa en su actividad cotidiana en la radio, Gerardo nos hizo una breve reseña de la situación que viven en el sector, indicó que los centros educativos están en abandono, por lo que los padres de familia se encargan de todo, es decir, desde abastecerlos de escobas y del mantenimiento de las aulas y del salón de computación. “Los maestros todo el tiempo piden dinero para los niños; no hay pupitres, el techo es de lámina y a las doce del mediodía muchos niños se desmayan por el calor”.
En Zacate Grande hay dos centros básicos de educación, pero estos no cuentan con el personal docente necesario y la infraestructura física es deficiente. Como ejemplo, Gerardo contó que en uno de los centros básicos hay cuatro maestros que atienden a unos 95 estudiantes.
El centro de Salud funciona con un médico en servicio social, la mayoría del personal llega a hacer prácticas, no son graduados, por lo tanto, no tienen experiencia. Su horario de atención es de 7:00 de la mañana a 12 del día, pero ellos sólo atienden a la población que llega entre 7:00 y 9:00 de la mañana. Tampoco hay medicamentos, solo emisión de recetas para que la gente compre en las farmacias privadas, manifestó el coordinador de la radio.
Agregó que la mayoría de los pobladores son pescadores y agricultores de temporada. En la zona sólo cultivan maíz, maicillo, sandías y ajonjolí y eso es únicamente para el consumo local, todo lo demás es acarreado de San Lorenzo y con el daño al medioambiente y la muerte de peces y de almejas, cascos, curiles y ostras, la situación genera mayor pobreza y migración.
Norma Aguilar, una joven colaboradora de la radio, es un claro ejemplo de las historias de migración que se están generando en la zona. Su esposo se fue el año pasado rumbo a los Estados Unidos. Todavía no ha llegado a su destino. Se encuentra en México, según ella, arreglando papeles para pasar “al otro lado”.
La joven, madre de tres hijos, heredó su interés por la lucha social de sus padres y junto a su pareja se enfrentó al poder económico que los está desplazando de la península. Ha sido capacitada para manejar la radio y en materia de derechos humanos por lo que, dice, sabe en lo que está.
“Mi esposo y yo nacimos en la lucha, yo inicié a los ocho años, caminaba con mis padres al igual que él y siempre nos hemos apoyado para luchar por la defensa de nuestros territorios, pero debido a la falta de trabajo y la difícil situación que se vive en la península—pues el trabajo sólo es la pesca y la agricultura y a veces esos rubros no dan para poder darnos los tres tiempos de comida a nuestros tres hijos y a mí—él emigró a México con la idea de llegar a los Estados Unidos, allí se encuentra trabajando para arreglar los papeles y poder llevarnos”, narró Norma.
La situación de los pobladores de Zacate Grande es de mucha precariedad y quienes tienen mejores condiciones es porque reciben remesas de sus familiares que se vieron obligados a emigrar. Muchos de los que se fueron no se han olvidado de su terruño, pues han enviado dinero para pavimentar las calles de la comunidad y la contraparte, en mano de obra, es aportada por los que aún quedan en el pueblo.
Los pobladores dijeron a Criterio.hn que se sienten abandonados por el gobierno central y el municipal y también por los diputados, quienes llegan únicamente a pedir el voto en tiempos de campaña. Pedro, Gerardo y Norma, dicen que el abandono, incluyendo el de la carretera que está en pésimas condiciones, es intencional porque los políticos se han aliado con los poderosos para sacarlos de la zona.
El coordinador de la radio Gerardo Aguilar fue enfático al expresar que “evitar el desarrollo de la población es una de las formas de presionar para desalojarnos y así que las mismas personas se vayan y que las organizaciones que están luchando por la tierra se debiliten y eso lo hacen frenando la educación, la falta medios de trabajo, salud y el mantener las carreteras en pésimo estado”.
CRIMINALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Desde el 2000 a la fecha 74 luchadores sociales han sido enjuiciados, procesados y algunos, como Abel Pérez y Santos Hernández fueron a parar a la cárcel donde estuvieron 110 días. Actualmente están en libertad con medidas distintas a la prisión y sobre ellos pesa una sentencia de cinco años de reclusión, que todavía no se ha ejecutado.
Pedro Canales detalló que durante nueve años 31 personas de la Península de Zacate Grande vivieron procesados por los Facussé y que hasta que el delito prescribió pudieron obtener sus cartas de libertad
La criminalización en este sector inició en el 2000, pero antes hubo varios desalojos. Los pobladores cuentan que estas acciones fueron brutales. Pedro relató el caso de la familia Hernández Manzanares que fue desalojada por los Gutiérrez, una familia ligada al gobernante Partido Nacional y señalada en el pasado reciente de provocar daños a la salud de los hondureños como resultado de la venta al Estado de medicamentos adulterados.
“La familia Hernández Manzanares recibía como huéspedes, todos los fines de semana, a Marco Tulio Gutiérrez y su esposa, pero un fin de semana llegaron y les dijeron que ya no eran sus huéspedes porque habían comprado esa playa que hoy se llama Villa Elena. Los Hernández Manzanares fueron desalojados y nunca más volvieron a entrar a esa playa”, contó Pedro.
Actualmente existen tres acusados por la instalación de la radio: Pedro Canales, Wilmer Rivera y Danilo Osorio, quienes están con medidas sustitutivas a la prisión. Ellos deben presentarse cada 15 días al juzgado de Amapala a firmar los libros de registro, tampoco pueden salir del país, ni ingresar a los predios de la familia Facussé, quien ahora tiene los títulos de propiedad.
Las tres personas antes mencionadas son los últimos de los siete que fueron procesados originalmente, pero en estos momentos nuevamente se ciernen nuevas acusaciones contra más personas, debido a que la radio está instalando un pequeño transmisor (antena) de 350 watts de potencia al otro lado del cerro donde hay cinco comunidades a las que no llega la señal. El director de la radio Gerardo Aguilar, contó que sus compañeros le han informado que la familia Facussé ya movió sus influencias ante la justicia para acusarlos por el delito de usurpación.
Esto se debe a que la tierra donde está el poblado está escriturada a nombre de la familia Facussé, y los campesinos y campesinas no tienen títulos de propiedad, entonces al igual que cuando se instaló la radio en este sector, los miembros de Adepza deberán enfrentar a la justicia y en esta ocasión hasta Gerardo, el coordinador de la radio estaría incluido.
¿POR QUÉ QUIEREN ESTA TIERRA LOS EMPRESARIOS?
Los pobladores de Zacate Grande aseguran que el objetivo principal de estas familias poderosas, por apoderarse de las tierras, es obtener a toda costa el municipio de Amapala para convertirlo en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) similar a la que se está construyendo en Roatán, Islas de la Bahía y a otros proyectos que ya están siendo establecidos en otras partes de Honduras, con sus propias leyes que les permita a los empresarios gozar de autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad, sin la injerencia del Estado hondureño.
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Expertos en territorialidad aducen que las autoridades gubernamentales se han unido a los voraces empresarios para no terminar de unir el municipio de Amapala con tierra firme ni desarrollar estas zonas, pues estas islas paradisíacas son un gran potencial de ingresos económicos.
De esta mezquina estrategia, particularmente en la zona sur, se señala como partes interesadas, junto con los empresarios, a los diputados de Valle, Tomás Zambrano, Marcos Velásquez y Alfredo Saavedra y al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, representante del departamento de Choluteca. La lista la encabeza el presidente, Juan Hernández, quien también de acuerdo con la versión de los pobladores forma parte del famoso “club de Coyolito”, luego de comprar la mansión del fallecido expresidente, también nacionalista, Rafael Leonardo Callejas y la Playa Dorada, a la familia Gutiérrez.
“Todos los ricos que ustedes conocen están aquí, incluso ya existe el rumor que la casa que antes fue del expresidente Rafael Leonardo Callejas y después de la familia Jaar, hoy es del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Una playa conocida como La Guayaba Dorada es propiedad de los Hernández y que desde que ellos entraron al poder se cerró y la casa que era de Callejas, esa fue demolida y reconstruida de nuevo en menos de dos años. Los trabajadores cuentan que quien llegó a recibir la casa por parte de los Hernández fue Tony Hernández y la esposa del presidente, Ana García de Hernández”, contó Pedro Canales.
El “club de Coyolito” lo conforman unas 50 familias millonarias que residen en Honduras, en su mayoría de origen árabe-palestinos, que llegaron al país a inicios del siglo XX y que se apoderaron del poder comercial y financiero de esta empobrecida nación centroamericana.
Como parte de las poderosas familias se identifica a los Facussé y Nasser, quienes lideran y a las familias Callejas, Kafatti, Sikaffi, Asfura, Atala, Gutiérrez, Chukri, Corrales, Mendels, Cassis, Jaar, Henry Arévalo, Juan Diego Zelaya, Karin Faraj y a la familia presidencial.
Inicialmente este club, también llamado de “ricos y famosos de Honduras”, fue encabezado por el empresario palmero Miguel Facussé Barjum, a quien se le atribuyen los conflictos de tierras en casi todos los puntos cardinales de Honduras. Después de su muerte heredaron su poder económico su hijo Mauricio Facussé y sus yernos Fredy Nasser y Lenir Pérez.
LA ZEDE EN AMAPALA
Según los pobladores de la península existen hechos que confirman que el municipio de Amapala será una de las primeras ZEDE a instalarse en el país. El primer indicio, según Pedro Canales, es que la familia Facussé les quiso tender una trampa al ponerlos a firmar un documento en el cual se les instaba a reconocer que esta familia es la dueña legítima de 3,800 hectáreas y que, por lo tanto, se comprometían además a abandonar la zona, no sin antes reforestar lo dañado.
Otro de los hechos, según Canales, es que hace tres años Jorge Cassis Leiva les dijo, en varias ocasiones a Abel Pérez y Santos Hernández, dos pobladores de la zona, que les vendía los terrenos del sitio Playa Blanca para que aprovecharan las inversiones que llegarán con la ZEDE. Cassis Leiva fue precisamente quien acusó de usurpar sus tierras a Pérez y a Santos, quienes ya estuvieron en la cárcel 110 días acusados por el delito de usurpación.
Otro de los hechos comentados por los pobladores es que los diputados de Valle, cuando visitan la zona, les dicen que cuando llegue la ZEDE se ejecutará el programa la “Hora del Sur” y que ahí habrá trabajo y desarrollo.
Según la información que aparece en la página del Consejo de Secretarios de Estado del gobierno, en la sección de comisiones, se establece que “el propósito de la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico es crear fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña”.
La publicación refiere que las ZEDE tienen personalidad jurídica y que están autorizadas a establecer su propia política y normativa, creados con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.
En pocas palabras las autoridades le delegan las funciones que constitucionalmente le corresponden al Estado a la empresa privada y a inversionistas extranjeros, al tiempo que le otorgan el permiso para que ellos creen sus políticas y normas financieras, manejo de las condiciones laborales y otras circunstancias que violentan las leyes del país.
Para el economista, Hugo Noé Pino, las ZEDE son la creación de nuevos paraísos fiscales, con modernas tecnologías para que las grandes potencias mundiales puedan continuar evadiendo impuestos en sus países de origen; mientras Honduras venderá la soberanía en pedazos, por lo que este tipo de proyectos son inconstitucionales y las poblaciones son las que deben dar su autorización para la instalación de estas
El secretario municipal de Amapala, Luis Andrés Hernández dijo a Criterio.hn que en el último Cabildo Abierto que se realizó el año pasado la población de ese municipio rechazó por unanimidad la instalación de las ZEDE en ese sector y que dicha resolución consta en un punto de actas de la corporación municipal.
Sin embargo, fue enfático al manifestar que como Corporación Municipal ellos no se oponen a ninguna inversión, sea nacional, extranjera o local que “se realice como desarrollo para la zona”, pero que en noviembre de 2020 la Corporación emitió un pronunciamiento oficial referente a la ZEDE, en el cual señalan que es un tema de mucho cuidado y que no desearían que ese proyecto se instale en Amapala.
ANTECEDENTES DE LA LUCHA
El conflicto en la península de Zacate Grande inició a mediados de los años 70, cuando Carmen Malespin, comenzó a vender los terrenos de esta zona a los ricos de Honduras, argumentando que el expresidente y general Terencio Sierra (1899-1903) le regaló esa isla a unos familiares nicaragüenses, quienes le heredaron a ella las tierras, pero fue hasta que la isla se unió a tierra firme que Carmen Malespín dijo que la península le pertenecía, aunque no hay prueba fehaciente de que eso sea verdad, porque los pobladores nunca han visto los documentos que lo respalden.
Las tierras de Zacate Grande, vienen siendo ocupadas desde hace más de 90 años por los pobladores de las once comunidades que integran la península. Actualmente, se estima que son alrededor de 1,200 las familias que las habitan y son quienes se encuentran inmersos en un litigio porque a pesar de tener posesión efectiva de sus inmuebles no tienen dominio pleno de los mismos.
El conflicto tiene su justificación en las debilidades del Estado hondureño, que no ha sabido otorgarles y respetarles el derecho a la tenencia de la tierra a los pobladores.
El hecho que la tierra no estuviera legalmente escriturada a favor de los moradores de los sectores en litigio, facilitó que al inicio de la década de los 90 comenzaran los desalojos de las propiedades por los supuestos nuevos dueños, quienes argumentaron ser sus legítimos propietarios tras haberlas comprado a la familia Malespín, y con el tiempo fueron apareciendo los títulos de propiedad a nombre de diversas personas, entre ellos, Miguel Facussé, Marco Tulio Gutiérrez, el fallecido expresidente, Rafael Leonardo Callejas, entre otros, de quienes los residentes del sector desconocían su existencia.
Con la entrada en vigor de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, en 1994, el extinto empresario Miguel Facussé, fue uno de los terratenientes que más tierras obtuvo, logrando hacerse de grandes latifundios en el Valle del Aguán, Valle de Lean, El Progreso, Yoro y en Choloma, Cortés, donde hoy existen problemas por litigio de tierras con los pobladores.
Los perjudicados de la zona Sur de Honduras, particularmente, en el municipio de Amapala, denunciaron que Facussé y otras familias acaudaladas tomaron posesión de la mayoría de las playas, a través de gestiones irregulares de escrituración de tierras, las que se realizaron con el contubernio de las autoridades de los más altos niveles
Las playas pasaron a formar un poderío económico que ha desplazado a las familias originarias de la zona y cercado su acceso, aun cuando no pueden ser privadas, según establece la Constitución de la República.
El diccionario de la lengua francesa define el cinismo como un acto de desprecio por las convenciones sociales, la opinión pública y las ideas, muchas veces utilizado como provocación.
Entretanto, la academia de la lengua española define el cinismo como sinónimo de imprudencia, de obscenidad y desvergüenza en el momento de mentir o durante la defensa de acciones reprochables. Un desprecio total por las normas y valores morales.
Ambas lenguas románticas nacidas del latin, el francés y el español, coinciden en denunciar el cinismo como una provocación.
En los últimos días hemos visto este comportamiento en varios escenarios públicos. En la asamblea de la mesa de crisis, en las sesiones de diputados virtuales y durante esa pantomima que llaman cuarta legislatura, realizada el pasado 20 de enero.
En la mesa que reúne algunos sectores decisivos sobre la Covid, el cinismo del Cohep saltó frente a la urgencia de un nuevo cierre de la actividad económica, política y social del país, porque los contagios suman centenares de miles y las muertes superan el propio espanto de la dictadura. “Los desempleados van a superar a los contagiados”, dijo la voz de este gremio agiotista-especulador fundado por la embajada de Estados Unidos en 1967.
En otro extremo de la realidad hondureña, sobre la popular aplicación de zoom, un grupo de diputados proponía un juicio político al dictador impostor que asaltó la presidencia de Honduras en 2013 y se reeligió por sus pistolas en 2017.
La iniciativa en términos formales apareció argumentada en hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción, la violación a la constitución y la negligencia frente al desastre de país que padecemos. Todos argumentos válidos que nunca fueron oídos por jueces nacionales.
El detalle es que el timing político de esta acción no se corresponde con los hechos objetivos del momento, más bien la iniciativa ha exhibido un desprecio evidente por la opinión pública, que sabe muy bien contar los elementos del conjunto.
Joe Biden en la Casa Blanca no es un aliado para castigar a la mafia golpista, porque representa al golpismo que empezó en 2009. El proceso electoral interno, el desastre ambiental y la pandemia no debilitan la dictadura, más bien la afianzan con el Comando Sur y el Pentágono, que financian la mafia a través del Grupo de Lima e Israel.
Además, los votos en zoom no cuadran porque google no sabe sumar para el pueblo, segundo porque los diputados extrañamente no saben entrar a las salas virtuales durante las sesiones importantes y tercero, porque el partido liberal obedece a tres señores: a Carlos Flores, a Yanni y a Luis Zelaya. Y los dos primeros están con el Johrobado Jorvick.
Entonces, impulsar un juicio político contra el invasor del poder constitucional hondureño es una provocación de ese cinismo político que imagina la opinión ciudadana como estúpida y desinformada, que ignora esos obscenos y desvergonzados juegos palaciegos.
Pero a quién queremos llegar directo es al cínico mayor. Al desvergonzado que miente fríamente al defender sus propias acciones reprochables. A ese jefe de la manada que practica el desprecio total por las normas morales que le dictan sus pastores de la gran viña asalariada del CCI y de la Confraternidad.
En este instante les pedimos revivir el momento cuando el cinismo tomó el control del Congreso Nacional el pasado 20 de enero. En ese momento cuando millares de hondureños y hondureñas apagaron el televisor y la radio, por recomendación médica y porque ya saben lo que sigue.
Es un honor servir a la Patria, dice Juan Hernández al tiempo que reconoce la caída de la economía nacional por la Covid19 y las dos tormentas de noviembre 2020. Sólo el cinismo le permite ignorar que el país está hundido por el robo, la violencia policial y militar, y por la mafia del tráfico de drogas y el blanqueo de dinero al servicio de Washington y Wall Street.
El cínico llama emergencias nacionales a la pandemia, a Eta y a Iota, que han producido cerca de 4 mil muertes y que botaron al piso el producto interno bruto, pero no mencionó nunca la corrupción liberal-nacionalista-religiosa y militar, que tiene sin hospitales a los pacientes. Ni llamó por su nombre a la mafia criminal que controla la violencia del Estado, esa que ha forzado al exilio a más de un millón de personas en 8 años.
Bueno, era impensable que pudiera utilizar el mismo calificativo de catástrofes apocalípticas para sus propias acciones y las de su manada.
Sin embargo, con un gran sentido del oportunismo, el impostor definió el 2020 como un año excelente en materia de seguridad policial porque los homicidios a bala y puñal descendieron a 37 por cada 100 mil habitantes. En este punto el cinismo le ayuda a burlar el hecho que la mayoría de la población estuvo encerrada desde marzo hasta la fecha, por miedo a las fuerzas militares. Esas que tiran a matar.
Entonces, es en este momento preciso cuando no podemos olvidar al filósofo contemporáneo Serge Bouchard, quien afirma sin rubor que en el instante cuando la política usa el cinismo como instrumento de provocación “es cuando estamos en la mierda”.
El dictador violador de la Constitución que prefirió la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos en 2017, dijo la semana pasada ante una Cámara vacía que los gringos le aseguran que el tránsito de drogas se ha reducido un 83% en comparación a 2019.
Hernández volvió a mentir diciendo que había extraditado 24 narcos a Nueva York y que desarticuló todos sus carteles nacionales. Pero el mundo sabe la otra verdad: casi todos los narcos pedidos en extradición se entregaron personalmente por miedo a ser matados en Honduras o fueron atrapados en el exterior, incluyendo a su hermano Tonny.
Por otra parte, como denunció el difunto periodista David Romero, la dictadura en efecto desarticuló los carteles de la competencia, pero afianzó el cartel uniformado instalado dentro del Estado, ese que monopoliza los negocios de la producción, el transporte y el lavado.
En estas circunstancias, sólo el cinismo nos puede permitir asegurar que somos víctimas de una gigantesca calumnia de los narcotraficantes a quienes les arruinamos el negocio de 24 mil millones de dólares exactos.
Y sólo el cinismo nos puede permitir afirmar que el año 2021, durante la tercera, cuarta y quinta ola de la Covid sin vacunación masiva, la economía hondureña crecerá por encima del promedio latinoamericano.
Frente a semejantes insultos, la Coalición contra el Continuismo y dos organizaciones más han pedido en las últimas horas a las Naciones Unidas que intervenga esta farsa y que acuse a la mafia. Y ha exigido a los partidos políticos libres del crimen organizado que enfrenten sin rodeos a la dictadura.
¡Que así sea!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 30 de enero de 2021
"Ha revelado la tortura y podría ser torturado hasta la muerte": Relator de la ONU habla sobre el montaje judicial contra Assange
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Tortura, Nils Melzer, reveló el montaje y algunas inconsistencias que ha encontrado en torno a los casos judiciales contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en Suecia, Reino Unido y EE.UU.; además del trato dado por Ecuador al activista.
"Assange ha revelado la tortura, fue torturado y podría ser torturado hasta la muerte en los EE.UU.", dice Melzer, en una entrevista que concedió al portal Republik.
Melzer se involucró en el proceso contra Assange en marzo de 2019, luego de dos peticiones hechas con anterioridad por los abogados del activista australiano. De inmediato, al indagar en el caso se dio cuenta que "algo estaba mal".
Las acusaciones de "violación" en Suecia
En su relato, Melzer habla sobre los casos de violación en Suecia, donde comenzó el proceso contra Assange hace cerca de 10 años. En relación a este tema, contrario a lo que se ha publicado en medios de comunicación, las autoridades suecas mantuvieron el asunto "deliberadamente en el limbo", pese a la disposición del australiano de colaborar en el caso.
De acuerdo a Melzer, que tuvo acceso a los documentos de la justicia sueca, el caso comenzó cuando una mujer, identificada con las iniciales S.W., acudió a una comisaría en Estocolmo, acompañada de otra, que responde a A.A., para solicitar que se obligase a Assange de hacerse una prueba de VIH, puesto que había tenido relaciones sexuales con el activista consensuadas, pero "sin condón".
"Antes de que el interrogatorio pudiera incluso ser completado, S.W. se informa de que Assange será arrestado bajo sospecha de violación", señala Melzer, por lo que la mujer se niega a continuar con la declaración.
"S. W. no acusa a Julian Assange de violación en absoluto. Se niega a continuar el interrogatorio y se va a casa. Sin embargo, dos horas más tarde, el titular aparece en 'Express', un tabloide sueco: Julian Assange es sospechoso de doble violación", sostiene el relator de la ONU y aclara que, además de acusarlo por el caso de S. W., también lo señalan por un presunto abuso a A.A., incluso antes de interrogar a esta segunda mujer, hecho que también se filtró a la prensa.
Ante esto, Melzer considera que "la deliberada malicia de las autoridades se hizo evidente, a más tardar, cuando obligaron a la difusión inmediata de la sospecha de violación a través de la prensa sensacionalista, sin consultar a A. A. y en contradicción con las declaraciones de S. W.".
Apenas unos días más tarde, la Fiscalía General se enteró del caso y cerró la investigación de la violación al señalar que las declaraciones de S. W. eran creíbles, pero no daban ningún antecedente de delito.
Caso reabierto
Sin embargo, la investigación siguió su curso posteriormente, luego que la policía "reescribiera" la declaración de S.W., algo que Melzer considera como "evidencia manipulada, que las autoridades suecas usaron para construir una violación".
Melzer comenta que Assange, quien se enteró de las acusaciones a través de la prensa, estuvo presto a colaborar con las autoridades suecas y señala que, días después, aceptaron que testificara. El activista se presentó en una comisaría y, pese a que solicitó que el caso no volviera a los medios de comunicación, horas más tarde, ya estaba todo nuevamente filtrado.
En el caso, el propio Estado incluyó como defensa de las dos mujeres a Claes Borgström. "El hombre era socio del bufete del exministro de justicia Thomas Bodström, bajo cuya égida la policía de seguridad sueca había secuestrado, en medio de Estocolmo, a personas sospechosas para EE.UU. sin ningún tipo de juicio y las había entregado a la CIA, que luego las torturó".
De acuerdo al relator de la ONU, la versión de que Assange no quiso colaborar con la justicia sueca "fue construida" y "no corresponde a los hechos". Además, sostiene que el activista tampoco huyó de Suecia, sino que su salida de ese país se hizo bajo la autorización de la fiscalía, a la cual sus abogados consultaron.
No obstante, justo el día que abandonó Suecia, se emitió una orden judicial en su contra. Aunado a ello, en el viaje que hizo entonces de Estocolmo a Berlín, en Scandinavian Airlines, sus portátiles desaparecieron de su equipaje.
Assange, posteriormente, voló a Londres. "No elude a la justicia, y ofrece a la fiscalía, a través de su abogado sueco, varias fechas para un interrogatorio en Suecia". Sin embargo, entonces se entera "de que un caso criminal secreto se ha presentado contra él en los EE.UU.", por lo que pide a Suecia garantías diplomáticas de que no lo entregarán a Washington.
Proceso estancado
El fundador de WikiLeaks fue apresado en 2010 en Londres, luego que Suecia emitiera una orden de detención europea. Pero fue dejado en libertad bajo fianza por la Justicia británica.
En 2012, tras año y medio de esa medida, Reino Unido determinó que el periodista australiano había infringido las normas británicas sobre fianza y libertad condicional y debía ser detenido nuevamente. En concreto, argumentaron que Assange había violado la condición de permanecer todas las noches en la casa de un partidario en las afueras de Londres.
Tras ello, y para evitar su extradición a Suecia y luego a EE.UU., Assange pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.
Melzer señala que, incluso estando asilado, se mantuvo dispuesto a colaborar con la Justicia sueca para esclarecer los casos de presunta violación y proponía ser interrogado en persona en Inglaterra o por videoconferencia. No obstante, desde Suecia se negaron, aunque entre ambos países existe un acuerdo que permite a los funcionarios judiciales de un país realizar estas cuestiones judiciales, como los interrogatorios, en el otro. Durante la estancia del australiano en la Embajada (2012-2019), entre ambos países hicieron 44 procedimientos similares en otros casos.
"Esto es una prueba más de que Suecia nunca se ha preocupado por encontrar la verdad", dice el relator de la ONU y asegura: "Solo hay una explicación para todo esto, para la negativa de una garantía diplomática, para la negativa a interrogarlo en Londres: querían ponerle las manos encima para poder extraditarlo a los EE.UU.".
De acuerdo a la versión del relator, Suecia estuvo dispuesto a cerrar el caso, sin embargo, desde Reino Unido respondieron: "¡No te acobardes ahora!".
Fin del asilo, preso en Reino Unido
En abril de 2019, Ecuador, luego de casi dos años de instalado el Gobierno de Lenín Moreno (más cercano a EE.UU.), se le retiró el asilo a Assange.
"Como el gobierno anterior [de Rafael Correa] le había concedido la ciudadanía ecuatoriana, Assange tuvo que ser privado de su pasaporte, porque la Constitución de Ecuador prohíbe la extradición de los propios ciudadanos", señala Melzer.
Entonces, las autoridades ecuatorianas dieron luz verde para que Inglaterra lo arrestara.
Assange fue llevado a un tribunal y, aunque en ese país "casi no hay penas de prisión por incumplimiento de los requisitos de libertad bajo fianza, sino por lo general se imponen multas", fue condenado a 50 semanas de cárcel en una prisión de alta seguridad.
Melzer califica esto como "un castigo obviamente desproporcionado, que tenía un solo propósito: mantener a Assange en custodia hasta que EE.UU. pudiera completar sus acusaciones de espionaje".
Entonces, se conoció que sí existe un pedido de extradición por parte de EE.UU. contra Assange.
Finalmente, tras estar detenido en Londres, Suecia, en silencio, abandonó el caso por los delitos de presunta violación sexual. "Durante casi una década, el Estado sueco ha deliberada y públicamente denunciado a Julian Assange como un delincuente sexual. Luego, de repente, se abandonó el caso, utilizando el mismo argumento que la primera fiscal de Estocolmo, en 2010, había dado después de sólo cinco días, cuando abandonó el caso por primera vez: El testimonio de la mujer es creíble, pero no hay pruebas de un crimen".
El contexto de la apertura del caso contra Assange
Melzer señala que los casos de presunta violación sexual se generaron en Suecia apenas semanas después que WikiLeaks publicara el llamado "Diario de la guerra de Afganistán", una de las mayores filtraciones en la historia del Ejército de EE.UU.
"EE.UU. inmediatamente exhorta a sus aliados a iniciar procesos penales contra Assange", luego que Stratfor, una empresa consultora de seguridad que trabaja para el Gobierno estadounidense, le aconsejara "presentar todo tipo de cargos penales" contra el activista "en los próximos 25 años".
El relator de la ONU afirma: "Debemos dejar de creer que se trataba realmente de llevar a cabo una investigación sobre delitos sexuales. Lo que Wikileaks ha hecho amenaza a las élites políticas de EE.UU., Inglaterra, Francia y Rusia por igual. Wikileaks publica información secreta del gobierno, es una organización 'antisecretos'. Y esto se percibe como una amenaza fundamental en un mundo en el que el secreto se ha impuesto incluso en las llamadas democracias maduras".
¿Qué le espera a Assange si es extraditado a EE.UU.?
En todo este caso, que ya se ha extendido por 10 años, Melzer señala que "Assange fue sometido intencionadamente a tortura psicológica por Suecia, Inglaterra, Ecuador y los EE.UU.".
Nombra desde "abuso de los procedimientos judiciales para poner a una persona en una posición en la que no puede defenderse" hasta "las medidas de vigilancia, los insultos, las humillaciones, los ataques de los políticos de estos países y las amenazas de muerte".
"Si no se le protege pronto, es de esperar un rápido deterioro de su salud, hasta el punto de la muerte", enfatizó.
De ser extraditado a EE.UU., Melzer considera que Assange "no tendrá el debido proceso legal" y podría ser condenado a 175 años de prisión.
En el proceso abierto en EE.UU. se le imputan 18 cargos criminales; aunque en principio solo era acusado de conspiración, que tenía una pena máxima de cinco años de cárcel.
