¡Bye Tigrito! Piden en extradición al Tigre Bonilla, será compañía de TH.

Por Libertad Digital

Publicado el 13 mayo, 2021

Tigre Bonilla le hará compañía a Tony Hernández, ¡JUNTOS POR SIEMPRE!

La nueva solicitud de extradición enviada por Estados Unidos sería la del exdirector de la Policía, Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla aseguró un medio nacional a través de una nota de prensa. »El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió el jueves para analizar la solicitud precisa contra un hondureño, que según trascendió es el exalto jerarca policial» reza textualmente el inicio de la nota.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), han señalado a El Tigre Bonilla de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico, uso de armas y de hasta haberle quitado la vida a un narcotraficante en el occidente de Honduras. Según lo trascendido recientemente.

«Durante más de 30 años he servido a la Patria de acuerdo a la justicia y la moral, he ascendido en la carrera policial con base en méritos y jamás he utilizado mis cargos con fines personales, mucho menos para infringir la ley», dijo Bonilla en la primera parte del escrito de defensa que uso cuando trascendió una acusación de la DEA en su contra.

Según la DEA, El Tigre Bonilla y otros supuestos narcotraficantes hondureños eran socios del exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del dictador Juan Orlando Hernández, y quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

«No tengo ni he tenido relación alguna, con el fin de delinquir, con el narcotraficante convicto Juan Antonio Hernández, ni con su hermano u otros delincuentes mencionados en los testimonios y alegatos de la Corte Federal de Estados Unidos», agregó Bonilla en su pronunciamiento en abril del pasado año.

Extradición de “El Tigre” Bonilla “sería el último clavo en el ataúd” de Juan Hernández

mayo 14, 2021 - Redacción

Juan Carlos «El Tigre» Bonilla

Por: Redacción CRITERIO.HN

redacción@criterio.hn

Tegucigalpa.- La extradición a Estados Unidos del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla “sería el último clavo en el ataúd” del gobernante Juan Hernández, dijo el exjefe de operaciones de la Dirección de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vijil.

En las últimas horas, trascendió que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Bonilla, quien según un documento acusatorio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York “supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas” con destino a ese país norteamericano.

Bonilla actuó “en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente”, señala también el documento.

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El exdirector policial “utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración”, señala también la Fiscalía.

Bonilla “es una figura muy fundamental y si fuera extraditado a Estados Unidos y decidiera cooperar, sería el último clavo en el ataúd de Hernández”, dijo Vijil en declaraciones al sitio Vice.

Bonilla también ha tratado de desligarse de Hernández y hace un año emitió un pronunciamiento público en el que aseguró no tener “relación alguna, con el fin de delinquir, con el narcotraficante convicto Juan Antonio Hernández, ni con su hermano u otros delincuentes mencionados en los testimonios y alegatos de la Corte Federal de Estados Unidos”.

En marzo pasado, Antonio Hernández fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión y la restitución de 138.5 millones de dólares.

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La solicitud de extradición de Bonilla fue confirmada por un funcionario del gobierno hondureño, después que la Corte Suprema de Justicia confirmó haber recibido una solicitud de extradición sin identificar de quién se trataba.

“Pleno de Magistrados de #CSJ en punto único de agenda y mediante mecanismo electrónico, designó Juez Natural para que conozca en Primera Instancia Solicitud de #Extradición enviada recientemente por #USA”, fue el mensaje publicado el jueves en la cuenta del Poder Judicial.

El nombre del gobernante hondureño ha sido mencionado repetidamente en juicios contra traficantes de drogas en Nueva York, incluso un fiscal lo llamó “socio del narcotráfico”.

DEA pide orden de captura para el TIGRE BONILLA, a través de un documento emitido en Nueva York.

Por Libertad Digital

Publicado el 23 abril, 2021

En un documento filtrado desde New York relata detalladamente hechos que involucran al exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla con actividades relacionadas al tráfico de narcóticos hacia la nación norteamericana. El relato de los hechos estuvo a cargo del agente especial de la DEA, Brian J. Fairbanks.

Compartimos integró el documento traducido a español:

Desde al menos en o alrededor de 2003 hasta e incluyendo en o alrededor de 2018, en Honduras y en otros lugares, y en un delito a / k / a “El Tigre”, el imputado, y otros conocidos y desconocidos, en conjunto, conspiración, confederación y acuerdo conjuntamente y con al menos uno de los cuales fue llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, intencionalmente y a sabiendas conspiración, confederación y acuerdo conjuntamente y con unos a otros para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.

Era parte y objeto de la conspiración que y otros conocidos y desconocidos, importarían y lo hicieron en los Estados Unidos y en el territorio aduanero de los Estados Unidos desde colocar fuera del mismo una sustancia controlada, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

3. Además, era una parte y un objeto de la conspiración que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, fabricarían y fabricaron, distribuirían y poseerían con la intención de distribuir una sustancia controlada, con la intención, conocimiento y hacer creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) y 960 (a ) (3).

4. Además, era una parte y un objeto de la conspiración que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el imputado,
y otros conocidos y desconocidos, fabricarían e hicieron, a bordo de una aeronave matriculada en los Estados Unidos, fabricar, distribuir y poseer con intención de
distribuir una sustancia controlada, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (c) y 960 (a) (3).

5. La sustancia controlada que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el demandado, conspiró para (i) importar a los Estados
Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo,(ii) fabricar y distribuir, con la intención, conociendo , y tener motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera de la misma, y (iii) fabricar, distribuir y poseer a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, había cinco kilogramos y más de mezclas y
sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en violación del Título.

21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B). (Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963; y Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3238.)

CUENTA DOS (Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos)

Desde en o alrededor de 2003 hasta e incluyendo en o alrededor de 2018, en Honduras y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular de los Estados Unidos y por el cual uno de dos o más delincuentes conjuntos ha sido llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el imputado, durante y en relación con una droga 3 delito de tráfico por el cual puede ser procesado en un tribunal de los Estados Unidos, es decir, la conspiración de importación de narcóticos acusada en el cargo uno de esta demanda, usó y portó armas de fuego a sabiendas y, en cumplimiento de dicho delito, poseyó armas de fuego a sabiendas, y ayudó e instigó el uso, porte y posesión de armas de fuego, es decir, ametralladoras capaces de disparar automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos. (Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.) CUENTA TRES (Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos)
Desde en o alrededor de 2003 hasta e incluyendo en o alrededor de 2018, en Honduras y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular de los Estados Unidos, JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, al menos uno de los cuales ha sido llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, intencional y conscientemente combinado, conspirado, confederado y acordado juntos y entre sí para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c).
Era parte y objeto de la conspiración que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el imputado, y otros conocidos y desconocidos, lo harían y lo hicieron, durante y en relación con un delito de tráfico de drogas por el cual pueden ser procesados en un tribunal de los Estados Unidos. , a saber, la conspiración de importación de narcóticos acusada en el cargo uno de esta denuncia, usó y portó armas de fuego y, en apoyo de dicho tráfico de drogas crimen, sabiendas poseer armas de fuego incluso ametralladoras que eran capaces de disparar automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, con una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A ) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii). (Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (o) y 3238.) Las bases de mi conocimiento y de los cargos anteriores en parte, de la siguiente manera:
Soy un agente especial de la DEA. Esta declaración jurada mis conversaciones con los testigos colaboradores aquí descrito, así como una revisión de documentos, durante el están, se basa en mis conversaciones con agentes del orden y empleados, 4 curso de la investigación. presentado con el propósito limitado de establecer una causa probable, no incluye todos los hechos que he aprendido durante el curso de la investigación. Las conversaciones de otras personas se informan aquí, se informan en sustancia y en parte, excepto donde se indique lo contrario.
Basado en mi revisión de documentos conversaciones con otros agentes del orden público, así como con testigos cooperantes, he aprendido lo siguiente, en esencia y en parte:
Desde al menos en o alrededor de 2003, hasta y incluso acerca de 2020, múltiple el tráfico de drogas organizaciones en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela, por vía aérea. y rutas marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.
Para proteccion de ley aplicación injerencia, y con el fin de facilitar el paso seguro por Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras y de la Policía Nacional de Honduras, de los cuales JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el imputado, era miembro.
BONILLA VALLADARES fue miembro de la Policía Nacional de Honduras desde al menos en o alrededor de 1985 hasta e incluyendo al menos en o alrededor de 2016. Durante ese tiempo, sostuvo puestos de alto rango, incluyendo Jefe de Policía Regional y, desde 2012 o alrededor de 2012 hasta 2013, inclusive, Jefe de Policía para todo Honduras. BONILLA VALLADARES explotó corruptamente estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y utilizó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes con conexiones políticas con los que se alineaba, incluido Juan Antonio Hernández Alvarado, un excongresista hondureño y el hermano del presidente de Honduras, a quien se hace referencia a continuación como “CC-4”. 1 Porque esta declaración jurada está siendo donde las acciones, declaraciones y y mi en o 1 En octubre de 2019, Hernández Alvarado fue condenado en juicio en este Distrito de participativo en a importación de cocaína 5
Basado conversaciones con testigo colaborador («CW-1»), 2 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-1:
Desde 2010 o aproximadamente hasta 2010 inclusive o alrededor de 2018, Hernández Alvarado y CW-1 trabajaron juntos para fabricar y distribuir aproximadamente 40 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos. CW-1 y Hernández Alvarado utilizaron aviones, barcos, helicópteros registrados en Estados Unidos y varios vehículos para transportar cocaína. Esencial para la operación de narcotráfico de Hernández Alvarado y CW-1 fue su capacidad para transportar cocaína a través de Honduras hasta la frontera con Guatemala, donde luego fue transportada a través de Guatemala y México hacia su destino final en los Estados Unidos.
En o alrededor de 2011, una droga rival hondureña El traficante que no se menciona aquí como acusado (“Víctima-1”) intentó evitar que Hernández Alvarado y CW-1 transitaran cargamentos de cocaína hacia la frontera con Guatemala a través de Santa Rita, Copán, un municipio de Honduras. Cuando CW-1 informó este problema a Hernández Alvarado, Hernández Alvarado respondió, en sustancia y en parte, que la Víctima-1 necesitaba ser asesinada, y que Hernández Alvarado dirigiría a JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, alias “El Tigre”, el acusado, para llevar a cabo la asesinato. En el momento, BONILLA VALLADARES fue Jefa Regional de la Policía Nacional de Honduras, con autoridad sobre la policía en varios departamentos a lo largo de la frontera con Guatemala, incluido Copán. Aproximadamente tres días después, Hernández Alvarado le dijo a CW-1, en sustancia y en parte, que BONILLA VALLADARES estaba monitoreando la ubicación de la Víctima-1 y planeando el asesinato de la Víctima-1. Poco después, Hernández Alvarado informó a CW-1 que BONILLA VALLADARES logró que la Víctima-1 fuera asesinada.

Hernández Alvarado le dijo además a CW-1, en sustancia y en parte, que BONILLA VALLADARES pudo coordinar el asesinato de la Víctima-1 a pesar de la seguridad que protegía en otro mi revisión aplicación de documentos oficiales y y mi ley a conspiración, violaciones relacionadas con armas bajo 18 USC § 924 (c), y hacer declaraciones falsas a la DEA en octubre de 2016. 2 CW-1 se ha declarado culpable, en virtud de un acuerdo de cooperación, de delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas, además de haber causado 56 asesinatos.

CW-1 ha estado cooperando con la DEA desde en o alrededor de 2019 con la esperanza de obtener indulgencia en la sentencia. La información proporcionada por CW-1 ha sido corroborada en parte por, entre otras cosas, información de otros testigos. 6 Víctima-1 porque BONILLA VALLADARES tuvo acceso a seguridad armada y vehículos blindados. C. Basado en mi reseña de una traducción al inglés de un informe de prensa hondureño de julio de 2011, sé que, inmediatamente después del asesinato de la Víctima-1, BONILLA VALLADARES habría dicho a un medio de comunicación que la Víctima-1 y tres de los guardaespaldas de la Víctima-1 fueron asesinados después de ser atacados en un vehículo blindado por individuos que usaban dos Lanzagranadas de 40 milímetros, fusiles M-16 y fusiles Galil.

Al pretender investigar el asesinato, BONILLA Según los informes, VALLADARES también dijo que el asesinato fue un ataque sorpresa bien planeado que se llevó a cabo de manera eficiente; que los atacantes limpiaron a fondo la escena del crimen; y que no había información que sugiriera que la Víctima-1 estuviera involucrada en el tráfico de drogas.

Basado en mi revisión de documentos y mi conversaciones con otro aplicación oficiales y a testigo colaborador («CW-2»), 4 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-2:
Desde en o alrededor de 2006 hasta e inclusive en o alrededor de 2017, CW-2 gestionó el transporte de cientos de miles de kilogramos de cocaína a través de Honduras, a través de la frontera con Guatemala, para su importación final a los Estados Unidos. CW-2 transportó grandes cantidades de esta cocaína en camiones y otros vehículos que iban acompañados de seguridad armados con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 y fusiles AR-15.

5 cocaína transportada CW-2 ley 3 Según la persona identificada a continuación como CW-3, los miembros de la Policía Nacional de Honduras que asistieron en esta operación de tráfico de cocaína estaban armados regularmente con rifles M-16 y rifles Galil. Basado en mi entrenamiento y experiencia, sé que los rifles M-16 y los rifles Galil son armas de fuego capaces de disparar automáticamente más de un disparo, sin recarga manual, con una sola función del gatillo. 4 CW-2 se ha declarado culpable, de conformidad con un acuerdo de cooperación, de delitos de tráfico de drogas y ha admitido haber cometido actos de violencia, incluido el asesinato. CW-2 ha estado cooperando con la DEA desde 2017 o alrededor de esa fecha con la esperanza de obtener indulgencia en la sentencia.

La información proporcionada por CW-2 ha sido corroborada en parte por, entre otras cosas, información de otros testigos. 5 Basado en mi entrenamiento y experiencia, sé que los rifles AK-47 y ciertos rifles AR-15 son armas de fuego capaces de 7 en particular para una organización hondureña de narcotráfico dirigida por dos individuos que no figuran como acusados en este documento (“CC-1” y “CC-2”) que trabajaron en sociedad con Hernández Alvarado para fabricar y distribuir cocaína.

En el transcurso del transporte de toneladas de cocaína para CC-1, CC-2 y Hernández Alvarado, CW-2 observó a miembros armados de la Policía Nacional de Honduras, incluido JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a “El Tigre”, el acusado, facilitar el paso seguro de CW Los vehículos cargados de cocaína de -2 pasan por los puntos de control de inspección sin ser detenidos ni examinados. El hondureño Los agentes de la Policía Nacional que participaron en la facilitación de los envíos de cocaína en estos puestos de control estaban armados, incluso con rifles AK-47 y rifles AR-15. CC-1 informó a CW-2 que Hernández Alvarado sobornó a estos Oficiales de la Policía Nacional Hondureña para asegurarse de que la cocaína no fuera incautada en los puntos de control, y que Hernández Alvarado sobornó a BONILLA VALLADARES en particular. C. Como parte de este esfuerzo para evitar la incautación del cargas de cocaína que CW-2 transportó para CC-1, CC-2, y Hernández Alvarado, CW-2 pagó sobornos a uno de los oficiales subordinados de BONILLA VALLADARES en la Policía Nacional de Honduras que no se menciona como acusado en este documento (“CC-3 ”).

CC-3 le dijo a CW-2, en sustancia y en parte, que BONILLA VALLADARES mató a la Víctima-1 en nombre de Hernández Alvarado. 13. Basado en mi revisión de documentos y mi conversaciones con otro aplicación oficiales y a testigo colaborador («CW-3»), 6 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-3: una. Desde en o alrededor de 2004 hasta e incluyendo en o alrededor de 2016, Hernández Alvarado, CW-3, y Mario José Calix Hernández – ex teniente de alcalde del municipio de Gracias, Lempira, en Honduras, que es otro miembro de esta drogadisparar más de un disparo, sin recarga manual, con una sola función del gatillo. 6 CW-3 se ha declarado culpable, en virtud de un acuerdo de cooperación, de delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y armas, además de haber causado 18 asesinatos.

CW-3 ha estado cooperando con la DEA desde 2018 o alrededor de esa fecha con la esperanza de obtener indulgencia en la sentencia. La información proporcionada por CW-3 ha sido corroborada en parte por, entre otras cosas, reuniones grabadas consensualmente, consensuadas interceptado electrónico comunicaciones, y información de otros testigos. ley 8 operación de tráfico y un colaborador cercano de Hernández Alvarado – – trabajó en conjunto y con otros para fabricar y distribuir aproximadamente 140 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos. 7 B. Durante el transcurso de su tráfico de cocaína con CW-3, Hernández Alvarado aseguró a CW-3 que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, alias “El Tigre”, el acusado, protegería su operación de narcotráfico.

Por ejemplo, en 2010 o alrededor de esa fecha, Hernández Alvarado informó a CW-3, en sustancia y en parte, que Hernández Alvarado y su hermano, CC-4, quien era entonces Presidente del Congreso Nacional de Honduras, ayudaron a BONILLA VALLADARES a avanzar en su puesto dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que BONILLA VALLADARES protegieron sus actividades de tráfico de drogas a cambio. Hernández Alvarado también explicó, en sustancia y en parte, que Hernández Alvarado y CC-4 confiaban mucho en BONILLA VALLADARES; que BONILLA VALLADARES fue muy violenta; y que Hernández Alvarado y CC-4 encomendaron a BONILLA VALLADARES asignaciones especiales, incluidos asesinatos. D. CW-3 también entendió que BONILLA VALLADARES protegió las operaciones de transporte de cocaína de Hernández Alvarado, entre otras cosas, asegurándose de que la Policía Nacional de Honduras no detuviera los vehículos que transportaban la cocaína de Hernández Alvarado y proporcionando información confidencial sobre las operaciones de interdicción aérea y marítima de las fuerzas del orden. Por ejemplo, en o alrededor de 2014 y 2015, CW-3 coordinó los envíos de cocaína que llegaron a Honduras por avión en pistas de aterrizaje clandestinas y luego fueron trasladados en vehículo a través de Honduras hacia la frontera con Guatemala. La Los envíos de cocaína iban acompañados de agentes de seguridad armados que portaban armas de fuego, incluidos rifles M-16.

En el curso de la coordinación En estos envíos, CW-3 sobornó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, incluidos dos individuos que no se mencionan como acusados en este documento (“CC-5” y “CC-6”), para garantizar la llegada y el transporte seguros de la cocaína a Honduras. CC-5 y CC-6, que son familiares de BONILLA VALLADARES, le dijeron a CW-3, en sustancia y en parte, que Hernández Alvarado y BONILLA VALLADARES estaban proporcionando a CC-5 y CC-6 información confidencial de las fuerzas del orden público para asegurar que la cocaína 7 Calix Hernández está acusado en este Distrito en la Acusación S3 15 Cr. 379 (PKC) por delitos de narcóticos y armas de fuego en relación con su participación en el operativo de narcotráfico aquí descrito.

Estados Unidos ha solicitado el arresto de Calix Hernández del Gobierno de Honduras. 9 las cargas no fueron incautadas. miles de dólares en ingresos provenientes de la droga por su ayuda para asegurar el paso seguro de la cocaína de CW-3. que a su vez pagaron una parte de las ganancias de la droga a BONILLA VALLADARES y Hernández Alvarado. 14. Basado en mi revisión de documentos y mi conversaciones con otro ley aplicación oficiales y a testigo colaborador («CW-4»), 8 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-4:

Desde en o alrededor de 2002 hasta e incluyendo en o alrededor de 2013, CW-4 era un líder de una importante organización de tráfico de drogas en Honduras. CW-4 fabricó y distribuyó toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, incluso con CC-1, CC-2, CW-1 y CW-2, entre otros. B. Alrededor de 2003, CW-4 se reunió con JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, alias «El Tigre», el acusado, para buscar ayuda para localizar y asesinar a un narcotraficante hondureño rival («Víctima-2»).

BONILLA VALLADARES le dijo a CW-4, en sustancia y en parte, que, a cambio del pago, BONILLA VALLADARES y otros miembros de la Policía Nacional de Honduras localizarían a la Víctima-2 y rastrearían los movimientos de la Víctima-2 para que la Víctima-2 pudiera ser asesinada. CW-4 pagó BONILLA VALLADARES aproximadamente $ 300,000 para llevar a cabo este plan de asesinato a sueldo, aunque CW-4 finalmente hizo que la Víctima-2 fuera asesinada por otros medios. 15. Según mi formación y experiencia, sé que la gran mayoría de la cocaína que se transporta a través de Honduras se importa en última instancia a los Estados Unidos. CW-3 pagó a CC-5 y CC-6 cientos de CC-5 y CC-6 confirmados para CW-3 8 CW-4 se ha declarado culpable, en virtud de un acuerdo de cooperación, de delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas, además de haber causado 78 asesinatos. CW-4 ha estado cooperando con la DEA desde 2013 o alrededor de esa fecha con la esperanza de obtener indulgencia en la sentencia.

La información proporcionada por CW-4 ha sido corroborada en parte por, entre otras cosas, reuniones grabadas consensualmente, consensualmente interceptado electrónico comunicaciones, y información de otros testigos.

POR LO TANTO, el declarante solicita respetuosamente que se dicte orden de aprehensión contra JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, alias “El Tigre”, el imputado, y que sea encarcelado o puesto en libertad bajo fianza, según sea el caso.

Tigre Bonilla dispuesto a ‘hablar’ con tal de librarse de un calabozo gringo

Por Libertad Digital

Publicado el 15 mayo, 2021

Hasta el más machito canta cuando se mira pudriéndose en un calabozo gringo

El profesional del derecho, de especialidad penalista, Marco Zelaya, señaló este día (15.05.2021) que el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, debido a la información que maneja, es un personaje especial en comparación a los demás hondureños que han sido mencionados en las cortes de Estados Unidos.

“El Tigre Bonilla es un personaje diferente a los que se han extraditado, ya que él cuenta con toda información, pruebas, indicios, informes, videos, grabaciones y al momento de ser requerido por las autoridades competentes, el podrá negociar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que se le rebaje la pena que le pueda ser interpuesta”, manifestó el profesional del derecho.

De la misma forma, el abogado dijo que “El Tigre”, puede negociar ya que debido a sus estudios y al alto rango que ostentó en el país, sabe demasiado acerca de “los políticos, empresarios, policías y militares vinculados a actividades ilícitas”. “Yo le puedo decir que con el conocimiento que él tiene va tomar la mejor decisión, que este caso sería que negociara para una reducción de pena”, expresó el togado.

Para finalizar, aseveró que la justicia norteamericana cuando lleva a los tribunales a un ciudadano es porque cuenta con las pruebas suficientes para poder probar que ha cometido un ilícito. Una fuente confiable a lo interno de la Corte Suprema de Justicia reveló a una radio del país que la última solicitud de extradición se trataría de la del exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

Tigre Bonilla hizo ‘los encarguitos’ que le pedían Tony Hernández y JOH

Por Libertad Digital

Publicado el 16 mayo, 2021

El ex jefe de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla era el encargado de hacer los ‘trabajos sucios’ que le encargaban los capos de la dr0ga, como ser: Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, entre otros, Bonilla cumplía ordenes de asesinato, tortura, secuestros, desapariciones forzadas, robos, entre otros delitos, todo esto mientras ejercía como jerarca de la Policía Nacional.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares recientemente fue acusado por la Corte Federal de Manhattan por supuestamente estar involucrado en el tráfico de drogas y delitos con armas según los fiscales estadounidenses, de acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno de los Estados Unidos, Juan Carlos Bonilla abusó de su posición oficial supuestamente, para proteger envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña.

»Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida“. Dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman.

“Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia», dijo la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock.

Narcos crecieron por la ayuda de JOH, aseguró Fiscal estadounidense.

Por Libertad Digital

Publicado el 9 marzo, 2021

El hondureño Geovany Fuentes Ramírez es acusado de distribuir cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos y dirigir un laboratorio secreto de cocaína, todo en colaboración con el actual Narco-Dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Fuentes «era una pieza clave del narcoestado hondureño … un poderoso e intocable narcotraficante que ganó millones ayudando al presidente a traficar con cocaína», dijo el fiscal Michael Lockard en su declaración de apertura ante el jurado.

Fuentes dirigía un laboratorio secreto de cocaína escondido en las montañas de Honduras «donde producía enormes cantidades de cocaína», alegó el fiscal.

«Su negocio de la cocaína prosperó gracias a su conexión con la policía y los políticos (…) el acusado los sobornó a todos, comprados y pagados», prosiguió, enumerando a alcaldes, miembros del Congreso, generales del ejército – y el presidente Hernández. «Cuando el dinero no era suficiente, el acusado arreglaba el problema (…) compró a los que pudo y mató a los que no pudo», añadió.

En su declaración de apertura, el abogado defensor Eylan Schulman advirtió al jurado que no se fiara de las palabras de los narcotraficantes confesos que serían llevados a testificar contra su cliente, al que describió como «un hombre inocente, acusado erróneamente de delitos muy graves.»

Fiscal estadunidense demuestra que JOH es Narcotraficante.

Por Libertad Digital

Publicado el 9 marzo, 2021

El Narco-Dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, aseguró el martes un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes en Nueva York.

El fiscal Jacob Gutwillig dijo al jurado que Fuentes “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se tornó “intocable” a raíz de esta asociación. “El presidente lo blindó a prueba de balas”.

En 2013 y 2014, Fuentes pagó sobornos por un total de “25.000 dólares en efectivo del dinero de la droga” al actual presidente, a cambio de protección, “y algo más valioso: acceso al laboratorio de droga del acusado” en las montanas de Honduras, añadió.

El fiscal dijo que un hombre presente en esas reuniones, un contador identificado como José Sánchez, que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual Fuentes lavaba dinero, contará al jurado “el shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Y relatará que el presidente dijo a Fuentes “que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que ‘meterían las drogas por las narices de los gringos’”.

El abogado de la defensa, Eylan Schulman, intentó desacreditar el eventual testimonio del contador en sus alegatos iniciales.

“Supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”, afirmó. El contador “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, e indicó que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio.

La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel hondureño Los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por trafico de drogas.

Los fiscales a cargo del caso consideran a Hernández como un “co-conspirador” de Fuentes en el envío de toneladas de droga a Estados Unidos, pero no ha sido inculpado ante la justicia.

El hermano del presidente, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico “a gran escala” en Nueva York en octubre de 2019. Los fiscales aseguran que Tony era el intermediario entre Fuentes y el presidente de Honduras.

Ex-narcos aseguran que JOH es el capo de la cocaína en la région.

Por Libertad Digital

Publicado el 9 marzo, 2021

Narcotraficantes rompen el silencio, varios »capos de la droga» están dispuestos a testificar contra el Narco-Dictador, Juan Orlando Hernández, al que consideran el verdadero »capo de capos» del narcotráfico no solo en Honduras, si no en toda la région.

Si los miembros del jurado utilizan su «sentido común», dijo, «verán que el caso del gobierno depende de testigos con intereses propios que tienen mucho que ganar y poco que perder» dijó la defensa.

Los testigos del gobierno estaban «desesperados» por evitar una larga condena en la cárcel y habían admitido el contrabando de toneladas de droga y decenas de asesinatos», dijo Schulman el abogado defensor de Geovany Fuentes.

Se espera que los fiscales llamen a testificar a varios exnarcotraficantes. Devis Rivera Maradiaga, del violento grupo ‘Los Cachiros’ que ha sido testigo estrella en varios juicios notables, podría estar acompañado por su hermano Javier en el estrado por primera vez.

El gobierno americano también pudo contar con el testimonio de dos testigos protegidos, incluido uno que se puso en contacto con los fiscales hace aproximadamente una semana después de aparentemente viajar de Honduras a Nueva York. La decisión del juez sobre la admisión del testigo de última hora está pendiente.

Se espera que el juicio dure un poco más de una semana. Un veredicto de culpabilidad condenaría a Fuentes, de 51 años, a un mínimo de 40 años de prisión y ratificaría las acusaciones contra Hernández en el caso, complicando aún más las relaciones con Estados Unidos

JOH y TH se pudrirán en un calabozo gringo

Por Libertad Digital

Publicado el 30 marzo, 2021

El Narc0-Dictad0r hondureño, al igual que su hermano, no tiene otro destino más que pudrirse en un calabozo frio y oscuro en los Estados Unidos. La caída de JOH es inminente, el imperio de la dr0ga que construyo junto a su hermano Tony Hernández se desmorona por pedazos a medida que sus aliados les dan la espalda, y los fiscales estadounidenses avanzan en las profundas investigaciones.

El Narc0-Partido Nacional no piensa darse el lujo de perder el poder de la nación, la Embajada Estadounidense y las familias millonarias de Honduras tampoco piensan permitir que un partido con tendencia progresista llegue al poder. En esta encrucijada política, las mafias oscuras que dirigen el país han optado por dos cosas como su estrategia para mantener el poder: 1. Abandonar a JOH y que se pudra en una prisión gringa, tal como lo hicieron con Tony. 2. Dividir a la oposición en dos grandes bloques para facilitar el próximo fraude electoral.

Los medios tarifados ahora cuestionan el gobierno de Hernández, ¿Por qué las gargantas asalariadas como Edgardo Melgar cambiaron su discurso de la noche a la mañana?, los medios de comunicación corporativos al servicio de la Dictadura como Televicentro propiedad de las familias Ferrari, Villeda y Kafati, conspiran para mantener el poder de la nación, hundiendo mediáticamente al ya desprestigiado e impopular JOH, a su familia, y allegados. ¿No es contradictorio?, hace unos meses defendían la dictadura a capa y espada.

El rompimiento entre JOH y sus ‘aliados’ de la empresa privada (Que no son amigos de nadie más que de su dinero), se notó en un programa donde el asesor presidencial Marvin Ponce arremetió contra los poderosos de Honduras, como ser: Fredy Nasser, Jorge Canahuati Larach, Pedro Atala Zablah, entre otros.

JOH debe pagar por todo el daño hecho a Honduras, debe ser castigado con todo el peso de la ley, pero los grupos de poder que construyeron el andamiaje para que JOH dirigiera la nación tambien son responsables directos de calamidad del pueblo hondureño, y deben pagar por eso. Tony con cadena perpetua en los Estados Unidos, prácticamente enterrado en vida, Ahora JOH solo, sin poder, y a días de salir de la presidencia, lo espera la DEA y los fiscales estadounidenses dispuestos a hundirlo hasta el fondo. A cada chancho le llega su día.

Es decir; Tony estará el resto de sus días preso, JOH tiene un destino que no es diferente, pero el país para ser rescatado, debe ser dirigido por el pueblo, sin seguir guiones gringos, para derrotar a los grupos de poder que son co-responsables del Narc0-Estado.

Narcotráfico fue patrocinado por el Estado, dice juez Castel en sentencia de «Tony» Hernández

marzo 30, 2021 - Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redacción@criterio.hn

Tegucigalpa. Durante la lectura de la sentencia de Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, afirmó que el tráfico de drogas en el que participó el acusado fue patrocinado por el Estado.

El Juez Castel inició con un recorrido sobre cómo el caso contra «Tony» Hernández se diferencia con aquellos donde los acusados se ven envueltos en el mundo de la droga ya sea por pertenecer a un bajo estrato socioeconómico o porque el ambiente social en el que crecieron no les permitió salir de estructuras violentas.

En cambio, «Tony» Hernández, señaló el juez, contó con recursos para asistir a una escuela militar, graduarse como abogado, llegando a ejercer de forma breve su profesión y goza de buena salud y condición física. «Esta familia tiene negocios legítimos, a través de los cuales pudo haberse ganado la vida de forma honesta. Fue un miembro del Congreso de Honduras […] pero Juan Antonio eligió llevar su vida en una dirección muy distinta», apuntó.

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El juez Castel remarcó que este juicio contra Antonio Hernández desenmascaró muchos detalles sobre el tráfico de drogas internacional, donde «el tráfico fue patrocinado por el Estado» y Antonio Hernández se «convirtió en un facilitador de la droga que tenía como destino Estados Unidos», llegando incluso a tener un laboratorio de cocaína en Colombia.

También recordó los testimonios de otros narcotraficantes, como el de Fernando Josué Chang Monroy quien testificó que él llegó a comprar 15 mil kilos de cocaína a «Tony» Hernández, quien tenía su propia marca con la impresión de sus iniciales «TH».

Así como la autoría de asesinatos, como el homicidio en 2011 contra Franklin Arita, un narcotraficante que interrumpió el tráfico de drogas de Alex Ardón Soriano, y en el que habría participado Juan Carlos «Tigre» Bonilla, entonces jefe de policía del departamento de Copán. O el del «Chino» en 2013, por representar una amenaza al conocer demasiados detalles de la operación, y por el que «Tony» Hernández habría expresado alegría tras confirmarse el suceso.

El juez también indicó que el acusado rentó helicópteros con municiones, que tenían insignias que correspondían a las Fuerzas Armadas hondureñas y que actuó como facilitador de sobornos a políticos, incluido su hermano Juan Hernández y el Partido Nacional de Honduras.

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Asimismo, rememoró que recibió en dos ocasiones a Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, y que tras el segundo encuentro aceptó US $1 millón para financiar la campaña de su hermano Juan Hernández a cambio de protección. «Juan Antonio estaba vendiendo protección del gobierno de Honduras en representación de su hermano Juan Orlando», enfatizó.

Sin embargo «El Chapo», dice el juez Castel, «no fue el único traficante de drogas a quién «Tony» Hernández le vendió protección. A cambio de pagos a él, alertó a traficantes de drogas sobre maniobras de helicópteros con misiones de visión nocturna y patrones de radar que habrían resultado en que los radares no detectaron cargamentos que llegaban al país. Por el pago US $50 mil proveía esta información. Son hechos y no especulaciones».

El togado catalogó que la cantidad de cocaína que fue traficada por el hermano del presidente entre 2005 y 2015 fueron 185 mil kilogramos, 8 mil dosis por kilogramo, equivalente a 1.5 billones de dosis. Sus ingresos brutos por el tráfico de drogas están estimados en US $138.5 millones. «Él fue indiferente a las consecuencias de sus actos y las vidas de las personas en su propio país, no hubo respeto por la ley»

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Además, manifestó que a menudo encuentra circunstancias atenuantes pero que en base a «libre elección» de «Tony» Hernández en su involucramiento en el tráfico de droga su sentencia es cadena perpetua con 30 años, más la confiscación de US $138.5 millones, sin derecho a fianza.

El juez explicó a Antonio Hernández su derecho a apelar la sentencia, incluso si no cuenta con recursos. Asimismo, le pidió que reflexione sobre su vida y lo que ha hecho y los cambios que podría hacer a la misma. «Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país», dijo. Como punto final, Castel aseveró «este tribunal no se engaña sobre que la sentencia terminará con el narcotráfico a través de Honduras».

Antonio Hernández fue encontrado culpable en octubre de 2019 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.

Fiscales federales detallan participación del Partido Nacional en las actividades de narcotráfico

marzo 30, 2021 - Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En un comunicado de prensa de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron la condena del narcotraficante hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández y detallaron los pormenores del caso que lo llevaron a obtener una condena de por vida.

Además, detallan la participación de miembros del Partido Nacional y que amparados bajo la protección de ese instituto político realizaron actividades de narcotráfico y posicionaron personas en puestos claves para desarrollar el tráfico de drogas.

En 2013, Tony Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional.

Señalan que la carrera de Tony Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños.

A partir de 2008, HERNÁNDEZ se asoció con Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional.

Lea más en esta traducción libre de la publicación de los fiscales de Nueva York:

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-honduran-congressman-tony-hern-ndez-sentenced-life-prison-and-ordered-forfeit

El excongresista hondureño Tony Hernández sentenciado a cadena perpetua y condenado a perder $ 138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas.

Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; Aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras; y Tw coordinado.

Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy C. Woolcock, Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ ALVARADO, alias “Tony Hernández” (“HERNÁNDEZ”) fue condenado a cadena perpetua por los delitos de importación de cocaína, armas y falsa declaración. HERNÁNDEZ es un excongresista hondureño y hermano de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. HERNÁNDEZ fue condenado el 18 de octubre de 2019, luego de un juicio con jurado ante el juez federal de distrito P. Kevin Castel, quien también impuso la sentencia de hoy.

La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos. Hernández sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los cargamentos de drogas, arreglados para seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua”.

La agente especial a cargo Wendy C. Woolcock dijo: “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentar la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible”.

Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales:

HERNÁNDEZ jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, HERNÁNDEZ fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. HERNÁNDEZ estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos. HERNÁNDEZ ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia de hoy.

Conducta del narcotráfico de Hernández

La carrera de narcotraficante de HERNÁNDEZ comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo», y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias » Don H. ” HERNÁNDEZ proporcionó a Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, HERNÁNDEZ ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

Para 2008, el narcotráfico de HERNÁNDEZ se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. HERNÁNDEZ les dijo a sus coconspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. HERNÁNDEZ suministró a sus coconspiradoras toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

A partir de 2008, HERNÁNDEZ se asoció con Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que HERNÁNDEZ y Ardón Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardón Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a HERNÁNDEZ para apoyar las campañas del Partido Nacional;

Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. HERNÁNDEZ, Ardón Soriano y sus coconspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la Policía Nacional de Honduras y primo de HERNÁNDEZ, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

En 2013, HERNÁNDEZ estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, HERNÁNDEZ aceptó $ 1 millón del exlíder del Cartel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “Chapo”, para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, HERNÁNDEZ prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

En noviembre de 2013, HERNÁNDEZ fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardón Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500.000 y 1,6 millones de Lempira en ingresos de la droga de Ardón Soriano para “financiar” la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

En 2018, HERNÁNDEZ continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con HERNÁNDEZ. Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a «JOH», iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de HERNÁNDEZ.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

HERNÁNDEZ utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de HERNÁNDEZ incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, “presidente de la República”, y una ametralladora de cinta M60. HERNÁNDEZ también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de HERNÁNDEZ. En 2012, HERNÁNDEZ entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

HERNÁNDEZ también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, HERNÁNDEZ y Ardón Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. HERNÁNDEZ ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, HERNÁNDEZ trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardón Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado “Chino” porque a HERNÁNDEZ le preocupaba que “Chino” pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

HERNÁNDEZ realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. HERNÁNDEZ (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

Ocho días después de que el jurado declarara culpable a HERNÁNDEZ, el 26 de octubre de 2019, López Sanabria -el narcotraficante a quien se le confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de HERNÁNDEZ y las iniciales de Juan Orlando Hernández- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios que: uno de los familiares de HERNÁNDEZ y un investigador contratado por la familia de HERNÁNDEZ habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de HERNÁNDEZ; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y HERNÁNDEZ. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el alcaide de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa.

Coconspiradores de Hernández

El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de HERNÁNDEZ y por cometer 18 asesinatos. Varios de los otros coconspiradores de HERNÁNDEZ, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de HERNÁNDEZ. El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de HERNÁNDEZ, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas.

Además de la pena de prisión, HERNÁNDEZ, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.

MILITARIZACIÓN DE MUNICIPIOS AUMENTARÁ VIOLENCIA CONTRA HONDUREÑOS

Publicado: 14 Mayo 2021

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) intervendrá 30 municipios de 8 departamentos hondureños, según ellos con el fin de solventar los altos índices de violencia que se han registrado en los últimos meses.

El director de Casa Alianza - Honduras, Guadalupe Ruelas, analiza que es una “medida publicitaria”, que únicamente vendrá a intensificar el problema que suele generar enfrentamientos, represiones y asesinatos.

“No se puede ofrecer paz y tranquilidad a punta de rifle y tolete, llenar de militares el país no es sinónimo de una nación que goce de libertad, basta con observar un poco la historia universal”, subraya el activista social.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El pasado domingo las autoridades de seguridad informaron que agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) serán enviados para intervenir 30 municipios, donde según registros oficiales se presenta la mayor incidencia de violencia en territorio hondureño.

Las regiones que serán militarizadas pertenecen a ocho departamentos: El Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba, Olanchito, Comayagua, Catacamas, Juticalpa, Tocoa, Yoro, Siguatequepe, Quimistán, Villanueva, Choluteca, Gracias, Puerto Cortes, La Lima, Trujillo, Sabá, La Paz, El Paraíso, Danlí, Patuca, La Iguala, Esparta, Roatán, La Unión, Copán y Villa de San Antonio.

Para que explique esta medida del Gobierno, EL LIBERTADOR habló con el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, y estima que la medida de enviar militares a los municipios no solventará el problema de la incidencia de la violencia y, al contrario, vendrá a intensificarla.

Hay que recordar que en Honduras hay zonas bajo el mando de maras y pandillas y crimen organizado, no hay un solo punto que no éste siendo vigilado o controlado. En estos lugares policías y militares no son permitidos.

“En realidad los cuerpos policiales y los cuerpos militares son cuerpos de ejercicio de violencia, o sea que no son brigadas de paz las que están enviando, entonces lo que están haciendo es sumar violencia”, razonó Ruelas.

Asimismo, consideró que éstas acciones son parte de simples “medidas publicitarias” por parte del Gobierno para mostrar una imagen de lucha contra la violencia. “Es una medida para ponerla en la primeras planas o en las portadas de los periódicos”, subrayó.

El activista social manifestó que no le sorprende que estén enviando militares a estos municipios, ya que actualmente casi todos los sectores, incluyendo salud, educación y seguridad se encuentran militarizados. “Usted se encuentra uniformes militares por todas partes, en cualquier parte que esté los militares han invadido el espacio cívico”, subraya Ruelas sobre lo que ha observado en las calles y en las estructuras de la administración del Estado.

Ruela asegura que una vez se realicen estas intervenciones militares en los 30 municipios, se generarán represiones, asesinatos y ejecuciones, lo cual cataloga como “deplorable”, y expone que las soluciones son otras, la mejor forma de solventar el problema de la violencia es realizar medidas de prevención y no de represión.

No se puede ofrecer paz y tranquilidad a punta de rifle y tolete, llenar de militares el país no es sinónimo de una nación que goce de libertad, basta con observar un poco la historia universal.

“Hay que rehabilitar y hay que fortalecer el tejido social para que la gente colabore y vuelva a tener confianza, hay que supervisar transformar las instituciones para que la gente tenga de nuevo confianza en el Estado y al mismo tiempo hacer inversión pública para que la gente tenga oportunidades”, destacó como los verdaderos objetivos que deberían perseguirse para cambiar una sociedad poco sana como se halla hoy la hondureña.

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala grave situación de derechos humanos en Honduras

Posted On Jueves, 11 Marzo 2021 00:13 - PASOS DE ANIMAL GRANDE - Written by Heidy Dávila

Informe de OACNUDH señala grave situación de derechos humanos en Honduras

Restricción al espacio cívico, uso excesivo de la fuerza por la policía, utilización desproporcionada de gases lacrimógenos contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos bajo vigilancia y amenazas, suspensión de medidas de protección y retrasos en los análisis de riesgo en el Mecanismo de Protección, uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos, son parte de una lista interminable de afectación a los derechos fundamentales de la ciudadanía en Honduras, según el informe anual 2020, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH.

Este 10 de marzo, Isabel Albaladejo Escribano, representante de la OACNUDH, presentó el informe anual sobre la situación en Honduras durante el 2020, que destacó el asesinato de ocho defensores de derechos humanos, tres periodistas, 217 muertes violentas contra mujeres y más de nueve mil llamadas de auxilio, en un Estado con altos índices de violencia e impunidad.

Albaladejo Escribano explicó que existen muchas preocupaciones sobre Honduras, principalmente en relación a las víctimas y sus familias que son el eje de trabajo de la OACNUDH. Brindó un reconocimiento y aplauso a la sociedad civil y de derechos humanos que enfrentan desafíos y riesgos en el ejercicio de su labor, también agradeció al Estado que brindó apoyo e información.

El informe detalló que el impacto de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre del 2020, agravaron seriamente la situación de pobreza que según el Instituto Nacional de Estadísticas INE en 2019 era del 64 por ciento, aumentado las preexistentes desigualdades socioeconómicas y estructurales, afectando particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

Al menos 7 mil 500 personas abandonaron el país como parte de las llamadas “caravanas de migrantes”, en un intento por llegar a México y los Estados Unidos de América, la movilización más grande estaba formada por unas 3 mil 500 personas y salió de San Pedro Sula el 30 de septiembre de 2020.

La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), habría informado a la Oficina del Alta Comisionado, que recibió 199 denuncias entre marzo de 2018 y octubre de 2020, la mayoría por amenazas y abuso de autoridad, en ninguna de ellas se presentó requerimiento fiscal.

En el 2020 la Oficina registró el asesinato de al menos ocho personas defensoras de los derechos humanos entre ellas, Iris Álvarez, Scarleth Campbell, Marvin Damián Castro, Arnold Morazán y Félix Vásquez López, incluidas tres integrantes de la comunidad garífuna Antonio Bernárdez Suazo, Karla Ignacia Piota Martínez y Edwin Fernández, también el asesinato de los periodistas German Vallecillo, Jorge Posas, Luis Almendares y además 130 ataques.

La ACNUDH le recordó al Estado que de acuerdo a estándares internacionales se debe investigar de oficio la causa de la muerte de una persona bajo custodia del Estado y los resultados de la investigación deben ser comunicados a los familiares de las personas fallecidas, como el caso del periodista David Romero Ellner, que había sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de difamación y calumnia, quien falleció en prisión el 18 de julio de 2020.

En el informe se afirmó que los pueblos indígenas y afro hondureños continuaron sufriendo discriminación, exclusión y altos índices de pobreza y violencia, la pandemia de COVID-19 exacerbó aún más su vulnerabilidad, ya que las restricciones de movimiento y otras medidas de emergencia afectaron sus derechos a la atención médica, a la tierra y en muchos casos, los estrictos controles policiales y militares en la entrada de las comunidades indígenas impidieron el acceso a los suministros de alimentos.

El marco legislativo e institucional obstaculiza el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la penalización del aborto en todas sus formas y la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia, Sin embargo para abordar la violencia contra la mujer la capacidad sigue siendo limitada, destaca el documento.

Otra de las preocupaciones de la OACNUDH es sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar la propagación de la COVID-19 que han afectado desproporcionalmente a las personas que trabajan en la economía informal y a otras en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y afro hondureños, las personas en situación de movilidad, las con discapacidad y LGBTI.

Otro de los puntos señalados es que no se hayan realizado avances en la reforma legislativa para consagrar las obligaciones del Estado en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de la recomendación del Comité respectivo en 2017, las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU y la continua incidencia de la sociedad civil.

Albaladejo Escribano explicó que la OACNUDH observó que la COVID-19 afectó negativamente el funcionamiento de un sistema de justicia que enfrentaba una falta de efectividad preexistente que provocó retrasos en los procedimientos judiciales por la reducción de las actividades y contribuyó a un aumento de casos pendientes. La transparencia y publicidad de los juicios fue también afectada, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo.

La OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron al Gobierno a adoptar un plan para el traspaso progresivo de las responsabilidades de seguridad a las autoridades civiles y garantizar la rendición de cuentas del personal militar que cometió violaciones a los derechos humanos en los centros de detención, donde realizaron 17 visitas documentando que no se cumplía con las medidas básicas de bioseguridad y prevención, la falta de acceso a la atención médica y a la comunicación con los familiares o asesores legales durante la pandemia.

También expresó una preocupación por el por el uso excesivo de la prisión preventiva, algo que debería seguir siendo una medida excepcional. Según los datos del Instituto Nacional Penitenciario hasta el 30 de noviembre de 2020 se registraron 21 mil 416 adultos, incluidas mil 167 mujeres.

Recomendaciones al Estado de Honduras

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso de apoyar a Honduras en la protección de todos los derechos humanos para todas las personas. ACNUDH insta a las autoridades a implementar las recomendaciones de sus informes anteriores y las de los mecanismos de derechos humanos. En particular, la Alta Comisionada exhorta a las autoridades estatales a:

a) Implementar medidas urgentes y efectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y crear mecanismos transparentes de rendición de cuentas para garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición;
b) Adoptar una ley sobre el consejo de la judicatura y la carrera judicial que refuerce la independencia del poder judicial, y garantizar una selección transparente de los miembros del consejo, de conformidad con las normas internacionales;
c) Adoptar una política pública eficaz contra la corrupción, con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al circuito judicial anticorrupción, y la eliminación de obstáculos legislativos que impidan el cumplimiento de sus mandatos;
d) Iniciar un debate público participativo para reformar el nuevo Código Penal y garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como garantizar que toda la legislación que se apruebe respete los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, al tiempo mientras que se revisan las leyes vigentes para asegurar que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos aplicables;
e) Asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el personal de las Fuerzas Armadas que participe en tareas de seguridad, respeten las normas y estándares internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos, en particular en la gestión de manifestaciones;

(f) Implementar un proceso gradual de desmilitarización de las funciones públicas, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, y asegurar la gestión civil, incluyendo el fortalecimiento y reestructuración de la policía nacional;

g) Abordar urgentemente las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, promover la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y avanzar hacia una gestión civil del sistema penitenciario;
h) Asegurar que la nueva ley electoral cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a votar y a ser elegido;
i) Reconocer públicamente, en todos los niveles de gobierno, el papel fundamental que desempeñan en una sociedad democrática las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas y condenar las violaciones a los derechos humanos y los abusos cometidos contra ellas;
j) Fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra las personas defensoras de derechos humanos y evitar el uso indebido del derecho penal en su contra, incluso mediante la revisión de la legislación vigente y de las causas penales para desestimar las que no cumplan con los requisitos de debido proceso;
k) Asegurar que el Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia cuente con las capacidades necesarias, incluido el presupuesto y los recursos humanos suficientes, para proteger eficazmente a sus personas beneficiarias;
l) Intensificar los esfuerzos para la plena realización de los derechos sociales y económicos sin discriminación, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el agua y el saneamiento, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad;

(m) Situar los derechos humanos en el centro del Plan Nacional de Reconstrucción para recuperarse mejor de los impactos de la pandemia de COVID-19 y la emergencia humanitaria provocada por los huracanes Eta e Iota, asegurando que nadie se quede atrás;

(n) Adoptar un marco normativo e institucional que asegure la participación equitativa y plena de la sociedad civil y las comunidades afectadas en las decisiones sobre proyectos empresariales desde una etapa temprana y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe;

(o) Revisar la compatibilidad del marco legal de las ZEDEs con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo al asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afro hondureños afectados;

p) Adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género, incluido el femicidio, la discriminación de género y los estereotipos de género, garantizando la rendición de cuentas y la implementación de acciones preventivas. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
q) Adoptar medidas urgentes para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales de la violencia y todas las formas de discriminación, asegurando la investigación y la implementación de acciones preventivas;
r) Adoptar un marco jurídico sólido que garantice los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
s) Garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad, incluyendo la reintegración sostenible de las repatriadas, y adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los familiares de las personas migrantes desaparecidas;
t) Aprobar el proyecto de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente y elaborar una estrategia integral para encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente

Vea el informe completo aquí

Informe de ONU revela las violaciones a Derechos Humanos que se presentaron en Honduras el 2020

11/03/2021

En 2020, Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos, incluidos altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos.

La pandemia de Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron esta situación, revela el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.

El documento revela que las medidas adoptadas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, en respuesta a la pandemia, incluyeron un toque de queda absoluto que sólo permitía los movimientos esenciales y el cierre de escuelas, universidades, oficinas públicas y la mayoría de las empresas privadas.

Al 1 de junio de 2020, la Policía había reportado 30 mil detenciones por incumplimiento del toque de queda. La falta de requisitos legales claros para el arresto administrativo, así como su uso generalizado, generan preocupación por la naturaleza arbitraria de algunas de estas detenciones

La pandemia de Covid-19 afectó negativamente el funcionamiento de un sistema de justicia que enfrentaba una falta de efectividad preexistente.

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, Isabel Albaladejo, dijo que su oficina observó que la reducción de las actividades judiciales provocó retrasos en los procedimientos judiciales y contribuyó a un aumento de casos pendientes.

Oacnudh presentó informe 2020

Derechos humanos, asignatura pendiente en Honduras

Por Giorgio Trucchi | 16/03/2021 | REBELIÓN

Fuentes: Rel UITA

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el 2020. Como era de esperarse, el país centroamericano sigue sumergido en una profunda crisis de violación de derechos.

“En 2020, Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos, incluidos altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia de Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron esta situación”, señala el informe.

Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras, explicó que uno de los principales desafíos tiene que ver con los altos niveles de impunidad.

Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción por la desaparición forzada de al menos 179 personas en la década de los 80, así como por la violación de derechos humanos en el contexto del golpe de 2009 y la crisis post-electoral de 2017 hasta la fecha.

“Nos preocupa la impunidad frente a todos estos crímenes. Para la Oficina es clave tener lecciones aprendidas y sabemos que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Ojalá no sea el caso de Honduras”, dijo Albaladejo a La Rel.

“Llamamos al Estado a tomar todas las medidas que permitan el esclarecimiento de lo sucedido, el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación integral a las víctimas. Solamente así se puede asegurar la no repetición de los hechos y los abusos”, agregó.

Las elecciones internas del 14 de marzo y las generales del 28 de noviembre pondrán a prueba la voluntad del Estado hondureño de avanzar en la prevención y no repetición de la violación de derechos humanos.

La Oacnudh estará monitoreando ambos procesos electorales para documentar las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.

¿Justicia para quiénes?

Durante 2020, la falta de efectividad del sistema de justicia fue profundizándose con la pandemia. La Oacnudh dijo estar preocupada por los casos de tráfico de influencia, las presiones sobre el sistema judicial que afectan su independencia, así como por la aprobación del nuevo Código Penal y la reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, que podrían socavar aún más el marco legal para investigar y sancionar actos de corrupción.

El informe señala también las pésimas condiciones en que se encuentran los privados de libertad y el abuso de la prisión preventiva: más del 55 por ciento de los reclusos está bajo una medida cautelar que debería ser excepcional.

Además, el sistema penitenciario sigue bajo administración militar, con graves casos de hacinamiento, violencia, falta de acceso a la atención médica y de comunicación.

Que las Fuerzas Armadas sigan ejerciendo funciones de seguridad pública plantea graves riesgos para los derechos a la vida y la seguridad de las personas.

En el informe se señalan varios casos de detención arbitraria, malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, que presuntamente involucran a las fuerzas de seguridad.

“Es necesario avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública y con el proceso de reestructuración y profesionalización de la institución policial”, aseveró Albaladejo.

Ataque a personas defensoras

La Oficina del Alto Comisionado observó también una reducción progresiva de los espacios públicos por el uso excesivo de la fuerza.

“Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos.

Las personas defensoras indígenas y afro hondureñas que protegen sus territorios y recursos naturales de la implementación y proliferación de industrias extractivas, proyectos turísticos y monocultivos extensivos, enfrentaron particular riesgo”.

En 2020, 8 personas defensoras (tres garífunas) y 3 periodistas fueron asesinados en total impunidad.

“La impunidad contribuye a la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos en el país y obstaculiza las garantías de no repetición”, recordó Albaladejo.

El informe remarcó también la violación sistemática de derechos en cuanto a salud, educación, derechos laborales, y contra las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y negros, las personas LGBTI y las personas migrantes.

Finalmente, en aras de acompañar al Estado de Honduras en la superación de problemas y desafíos en materia de derechos humanos, la Alta Comisionada formuló 20 recomendaciones.

Informe completo (traducción no oficial)

Fuente: Rel UITA

Grupo de Trabajo de la ONU exige al Estado la inmediata liberación de los defensores de Guapinol

El Comité contra las Detenciones Arbitrarias de la Nación Unidas insta al Estado de Honduras a que ponga en inmediata libertad a los ocho defensores de Guapinol, ya que su detención es ilegal y arbitraria.

Por defensores -

4 marzo, 2021

Tegucigalpa.- El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, junto a varias organizaciones sociales del país, realizan conferencia de prensa en la sede del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para exigirle que realice el papel por el que fue creado, y que cumpla el mandato del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en el caso de los ocho defensores de Guapinol.

A la conferencia de prensa asistieron representantes de distintas organizaciones, así como familiares de los ocho defensores privados de libertad ilegal y arbitrariamente en la cárcel de Olanchito, Yoro, y La Ceiba, Atlántida.

Juana Esquivel, de la fundación San Alonso

Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto, expresó que “la conferencia de prensa es con el objetivo dar a conocer lo que ha pronunciado el Grupo de Trabajo de la ONU a favor de nuestros compañeros presos ilegalmente desde hace más de 18 meses, y pidiendo aquí que se cumpla, que se haga el seguimiento y que puedan dejar en libertad a nuestros compañeros inmediatamente”.

Añadió que la exigencia de justicia continúa hasta lograr la libertad de todos los compañeros de Guapinol, y que después será la salida de la empresa Los Pinares que tanto daño a causado a las comunidades.

“Sabemos que nuestra exigencia tiene que ser en todos los espacios donde podamos lograr que un día se pueda hacer el seguimiento y puedan quedar en libertad, y aún estamos viendo de qué manera se pueden pronunciar y que sigan pendientes del caso de nuestros compañeros para lograr su libertad”.

Leonel George, del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresó que estamos ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para dar a conocer públicamente la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en la que confirma lo que hemos dicho siempre, que los ocho defensores de Guapinol están detenidos ilegalmente, arbitrariamente y sin razones jurídicas, son más decisiones políticas que se han tomado en este caso.

Añadió que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, ha dicho que están detenidos arbitrariamente y le recomienda al Estado liberarlos, y debe indemnizar a las familias porque se les han violado todas las garantías, todos los derechos, y estamos aquí en el Conadeh, que es la instancia en Honduras, que debe velar por el cumplimiento, el respeto y la garantía de los derechos.

Por su parte Juana Esquivel, señaló que la fundación San Alonso, como parte del Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, vamos a seguir exigido y denunciando, por un lado exigiendo la libertad de los compañeros, la garantía y el respeto a los derechos humanos de las defensores y defensoras de las comunidades el derecho a la participación, pero por otro lado vamos a exigir justicia y condena para todos aquellos funcionarios que siempre están coludidos con la empresa Inversiones Los Pinares, inversiones ECOTEC, para cometer estos actos de corrupción y para poder castigar una lucha justa y legitima que las comunidades están desarrollando.

Por defender el agua y la vida, están privados de su libertad Arnold Alemán, Daniel Márquez, Ewer Cedillo, Kelvin Romero, José Cedillo, Orbin Hernández, presos en el centro penal de Olanchito, Yoro, y Jeremías Martínez Díaz de 64 años de edad en el centro penal de La Ceiba, Atlántida.

Más crímenes contra garífunas refuerza el señalamiento de OFRANEH que se trata de una política de exterminio

Posted On Friday, 12 March 2021 16:38 - PASOS DE ANIMAL GRANDE - Written by Dina Meza

Este 10 de marzo de 2021, en horas de la noche, Yuri Zerón y Óscar Martínez Peri, fueron sacados de sus hogares en la comunidad de Masca, Omoa en el departamento de Cortés, por hombres encauchados y armados, sus cuerpos fueron encontrados en la mañana del 11 en las cercanías de la aldea de Cuyamel.

Justo el mismo día se presentó el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, detallando que en el 2020 los pueblos indígenas y afro hondureños continuaron sufriendo discriminación, exclusión y altos índices de pobreza y violencia.

La Oficina documentó el asesinato de ocho personas defensoras de los derechos humanos, incluidas tres integrantes de la comunidad garífuna, Antonio Bernárdez Suazo, quien había presentado el caso de su comunidad de Punta Piedra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, desapareció el 15 de junio de 2020 y su cuerpo fue localizado cuatro días después.

El caso de los garífunas en Omoa, Cortés, tiene alguna similitud con los secuestrados y desparecidos en Triunfo de la Cruz y que hasta la fecha la familia no tiene información sobre su paradero.

Antecedentes de crímenes contra garífunas

Dos homicidios involucraron a miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos del pueblo garífuna, Karla Ignacia Piota Martínez, fallecida el 11 de enero de 2020 tras un ataque sufrido el 28 de diciembre de 2019 en la comunidad de Masca y Edwin Fernández, quien fue asesinado el 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto

Durante este mes de marzo del 2021 en la comunidad de Masca, se reportó el secuestro y asesinato de Yuri Zerón y Óscar Martínez Peri, todavía no hay más información sobre los hechos, con este caso suman tres los homicidios de garífunas, pues el 02 del mismo mes se registró el crimen contra Martín Abad Pandy, presidente del patronato de la comunidad Corozal, de la ciudad de la Ceiba, en el departamento de Atlántida.

La OFRANEH ha denunciado reiteradas veces un plan de exterminio contra las comunidades garífunas, por la defensa del territorio del cual han querido despojarlos y se envuelve en un conflicto de criminalización, deslpazamiento y homicidios que se opacan con violencia y crimen organizado.

El 04 de marzo del 2021, se realizó la Audiencia Pública conjunta de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Medidas Provisionales para los casos comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, esta última recomendó declarar incumplimiento del Estado de Honduras.

Según el presidente de la CIDH, Honduras no ha demarcado el territorio y otorgado del título que es una medida de reparación, donde persiste la ocupación de terceros, y tampoco hubo avances en la búsqueda de los cinco jóvenes, Albert Snider Centeno, Suami Aparicio Mejía, Misael Rochez Calix, Milton Joel Martínez y Junior Rafael Juárez que fueron secuestrados en julio del 2020, en Triunfo de la Cruz.

A nueve meses la familia no tuvo asesoría, información ni contacto con el Estado, que era el obligado a entablar los lineamientos de búsqueda y que también forma parte no solo de las sentencias sino que ha suscrito el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que fue ratificado en noviembre de 2014.

HONDURAS / GARÍFUNAS ENTRE CÁRCEL Y TUMBA, MATAN OTROS DOS

Publicado: 05 Marzo 2021

No hay paz para los garífunas y el Estado no cumple con sentencias internacionales para proteger la vida. El pasado miércoles, luego de que dos miembros de la etnia fueran aseinados en La Ceiba, entre ellos el líder Martín Pandy, la Policía Nacional capturó en Trujillo a dos defensoras de la vida por supuesta usurpación.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La comunidad garífuna hondureña sigue en constante asedio por grupos criminales y estatales, esta semana tres miembros de la etnia afro-hondureña han sido asesinados y dos defensoras del medioambiente fueron arrestadas. Ante esta situación la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ha denunciado los acontecimientos “de terror” que una vez más irrumpen la paz del pueblo.

Y es que el pasado miércoles en la comunidad de Corozal, municipio de La Ceiba, a unos 400 kilómetros al norte del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), ciudad capital, se registró un atentado que acabó con la vida de dos garífunas: Víctor Martínez y Martín Abad Pandy (foto), este último presidente del patronato.

En el atentado también perdió la vida uno de los ejecutores y otro sujeto resultó herido por el ataque, Ofraneh ha denunciado que el crimen contra Pandy se debe a que reunió un grupo de jóvenes para “proteger y defender los derechos de la comunidad”.

Ofraneh además ha recordado que el pasado 13 de febrero, en ese mismo sector sicarios asesinaron al joven Fernando Padilla, en este crimen, de acuerdo a los testimonios, los sicarios portaban un listado con los perfiles de todos los activistas sociales de esa comunidad.

En ese contexto la organización aqueja que la Policía Nacional, al momento de levantar la escena del crimen, no ordenó el despliegue de oficiales para custodiar la zona y dar seguridad a la comunidad, y de hecho, denuncian que por estos crímenes Corazal ha quedado “bajo la intervención del Narco-gobierno de Honduras”.

La abogada y defensora del pueblo garífuna, Naama Ávila, que es oriunda de esa aldea, ha lamentado que hoy Corazal está casi destruido, ya que “nuevamente es víctima de la delincuencia organizada, que se ha instalado a la vista permisiva de las entidades de seguridad en el área”.

Cuestiona la activista social que los entes de seguridad en ese sector, “de forma cínica, facilitan la criminalidad que asesina a nuestra gente, extorsiona a nuestros emprendedores y saquea nuestros recursos. Foráneos llegan, y se imponen por encima de toda una comunidad, que por miedo calla las barbaries que suceden día a día en nuestras comunidades”.

Ávila agrega además que conocía a Pandy, quien además de ser presidente del patronato, sino también un emprendedor gentil y bondadoso, un incansable que “con su pulpería sacaba adelante a su familia”. Además, lo recuerda porque “integró esfuerzos con jóvenes líderes, con los rastas, con otros emprendedores, con profesionales, con líderes garífunas en el extranjero, para atender las demandas de todos los habitantes”.

“Soy testigo de su amor al pueblo, de su trabajo, de su humildad, y de sus ganas por ver a Corozal avanzar”, amplia la activista social quien confiesa estar dolida por un nuevo crimen en su pueblo de origen.

Pero el asedio a los garífunas no se queda ahí, ya que ese mismo día a eso de las 5:00 de la tarde, la Policía Nacional ejecutó una orden de arresto contra las defensoras Jenifer Sarina y Marianela Mejía Solorzano, que según Ofraneh, fueron arrestadas por supuestos delitos de usurpación y daños en perjuicio de la “supuesta Empresa ‘La Sociedad de Bienes y Raíces Juca’”.

Ofraneh reconoce que ambas son lideresas de la comunidad de Cristales, en el departamento de Colón, a 410 kilómetros al norte de la capital. Lo anterior ha desembocado en protestas y represión porque el pueblo reclama un acto de criminalización porque la tierra que han defendido le pertenece a los garífunas.

El 18 de marzo se cumplirán ocho meses desde la desaparición forzada de cuatro dirigentes garífunas del Triunfo de la Cruz, sacados a la fuerza por un escuadrón con indumentaria militar. Desde entonces, defensores de la vida han exigido al Gobierno que dé una explicación por Alberth Snaider Centeno Tomas, así como de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.

Con relación a estos y muchos más crímenes, Ofraneh insta a la comunidad nacional e internacional acudir al llamado de auxilio de la comunidad garífuna que lucha por la defensa de su territorio ancestral y la protección de sus derechos como pueblo diferenciado y en situación de riesgo.

Asesinan a líder del pueblo garífuna en Honduras

por Agencias / La Haine

LA HAINE - 04/03/2021

Tres muertos en un acto de sicariato

Martin Pandy, presidente del patronato de la comunidad indígena garífuna hondureña de Corozal, fue una de las tres personas asesinadas, en un acto de sicariato, denunció un destacado miembro de ese colectivo.

"El Narcoestado está exterminando a mi pueblo garífuna. Que dolor y que impotencia, acaban de asesinar a nuestro gran hermano Martin Pandy, presidente de la comunidad garífuna de Corozal (norteño departamento de Atlántida) y dos hermanos más y varios heridos", escribió en su perfil de la red social facebook el defensor de esa etnia Luther Castillo Harry, médico graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Cuba.

El diario 'La Prensa' que se edita en la ciudad de San Pedro Sula (norte), capital industrial de Honduras, reseñó que un grupo de hombres armados llegó en camionetas 4x4 al centro comunal de Corozal, donde estaban reunidas varias personas.

"Mi casi destruido pueblo Corozal, nuevamente es víctima de la delincuencia organizada, que se ha instalado a la vista permisiva de las entidades de seguridad en el área. Que de forma cínica, facilitan la criminalidad que asesina a nuestra gente, extorsionan a nuestros emprendedores y saquean nuestros recursos", añadió el doctor Castillo.

Pandy era un indígena que trataba de sacar adelante a su familia con el trabajo en una pulpería (bodega de abarrotes)."Presidente del patronato y uno de los líderes más accesibles de la comunidad, que integró esfuerzos con jóvenes líderes, con los rastas, con otros trabajadores, con profesionales, con líderes garífunas en el extranjero, para atender las demandas de todos los habitantes", lo describió Castillo Harry.

El crimen contra Martin Pandy ocurrió un día después de cumplirse cinco años del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y renombrada ambientalista hondureña Berta Cáceres.

En recientes declaraciones la diputada Olivia Zúñiga (Partido Libertad y Refundación, izquierda) e hija de Cáceres, recordó entre muchos crímenes de los últimos 10 años en Honduras el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán (norteño departamento de Colón) y la desaparición forzada (el 18 de julio de 2020) de cuatro garífunas en la zona norte de Honduras, "de quienes hasta hoy no tenemos información sobre su paradero".

Más persecución contra pueblo garífuna

Dos defensoras del territorio garífuna fueron detenidas y puestas bajo resguardo policial por los supuestos delitos de usurpación de tierra, daños y amenazas.

por Giorgio Trucchi

17/03/2021 - ALAINET

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Foto: https://im-defensoras.org

Orden de captura contra decenas de activistas comunitarios

El 3 de marzo, Marianela y Jenifer Mejía Solorzano, defensoras del territorio garífuna y miembros de la Ofraneh, fueron detenidas y puestas bajo resguardo policial por los supuestos delitos de usurpación de tierra, daños y amenazas. Cuatro días después, el juez dictó auto formal de procesamiento y otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.
La detención de las dos defensoras responde a una denuncia presentada por Rosario Fajardo Ruiz, representante administrativa de Bienes y Raíces Juca SRL, en contra de 32 miembros de la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, en la Bahía de Trujillo, noreste de Honduras.

Jenifer Mejía y otros 28 comunitarios cuentan también con una orden de captura por otro caso de supuesta usurpación y robo con violencia. Además, la defensora está siendo acusada por el delito de ‘desplazamiento forzado’ contra miembros de Juca SRL.

La empresa los acusa de haber ‘invadido’ unos lotes (donde también surge un residencial) de un terreno adquirido en 1994 por la ciudadana alemana (difunta) Berke Lamberty Carrol Campbell, y sucesivamente transferido a la empresa que ella misma creó.

Ese terreno es parte del territorio ancestral garífuna y fue ilegalmente enajenado por la municipalidad de Trujillo a finales de los años 70.

Antecedentes del conflicto

Entre 1887 y 1901, los presidentes Luis Bográn y Manuel Bonilla otorgaron a los garífunas de la zona dos terrenos, uno de cinco mil y el otro de dos mil hectáreas. De esta manera se les garantizaba pleno derecho sobre sus tierras ancestrales.

Pese a que la legislación nacional y convenios internacionales ratificados por Honduras[1] prohíben la compraventa de tierras dentro de un título comunitario, en 1978 el alcalde de Trujillo le dio el dominio pleno sobre parte de este terreno ancestral al síndico municipal.
Veinte días después, el síndico lo trasladó a un ciudadano estadounidense, y así sucesivamente hasta llegar a manos de Carrol Campbell y Bienes y Raíces Juca, que lo subdividieron en lotes para la venta.

“Hay vicios de origen que se arrastran hasta este conflicto. La municipalidad no podía vender el terreno, mucho menos a otro funcionario, y el primer comprador no podía cederlo a un extranjero. Todas estas escrituras son nulas”, dijo a La Rel, Edy Tabora, del equipo defensor de las dos jóvenes.
En efecto, el terreno recuperado dista menos de 300 metros de la playa. Tanto la Constitución de 1965 como la de 1982 prohíben a personas extranjeras la adquisición de terrenos en una franja de 40 km de ancho en las costas.

Además, a partir de los años 90, el Instituto Nacional Agrario (INA) comenzó la remedición e individualización del territorio ancestral garífuna y en 2005 otorgó nuevos títulos a las comunidades, entre ellas a Cristales y Río Negro.
“Es una metodología perversa que ha sido usada en muchos casos relacionados con la expoliación y despojo de las tierras garífunas[2].

Hay dos títulos que otorgan el dominio pleno al pueblo garífuna. Asimismo, tal como señala la Corte IDH en su sentencia sobre la comunidad de Punta Piedra[3], tanto la propiedad colectiva como la posesión tradicional de la tierra deben respetarse”, explicó Tabora.

Defensa del territorio

En definitiva, el pueblo garífuna está recuperando el territorio ancestral que la debilidad institucional, la corrupción galopante y la insaciabilidad del gran capital nacional y transnacional, le han venido cercenando.
“El Estado en los últimos años se ha dedicado a destruir los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros. La criminalización de defensores del territorio ancestral garífuna es una estrategia de expulsión”, apunta la Ofraneh.
“Marianela y Jenifer no son delincuentes. Son compañeras garífunas que están luchando por los territorios. ¡Basta ya de perseguir, criminalizar y judicializar al pueblo garífuna!”, sentenció la lideresa Miriam Miranda.

Muestra de ello es la decisión del juez de perseguir penalmente a las dos defensoras, pese a que el nuevo código penal indique que cuando hay conflictos por tierras con títulos que involucran a pueblos indígenas u organizaciones campesinas, el asunto deberá ser tratado por la vía civil.
“Cuando hay una ocupación legítima de la tierra, el Estado, en lugar de investigar a los verdaderos usurpadores, persigue a los legítimos propietarios”, concluyó Tabora.

Tras la sentencia judicial, el equipo defensor presentó un recurso de apelación que se espera la corte resuelva en los próximos meses.

Notas

[1] Artículo 100 de la Ley de Propiedad y Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales

[2] http://www.albasud.org/blog/ca/926/bah-a-de-trujillo-un-despojo-territorial-que-no-tiene-fin
[3] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf

Fuente: Rel UITA

http://www.rel-uita.org/honduras/mas-persecucion-pueblo-garifuna/

Policía captura a defensoras del territorio en Colón

Por Sandra Rodríguez -

3 marzo, 2021

Colón, Honduras. – Esta noche fueron interceptadas por miembros de la Policía Nacional, las lideresas garífunas y defensoras del territorio Jennifer Mejía Solórzano (37) y Marianela Mejía Solórzano (31), cuando se dirigían del municipio de Santa Fé a la ciudad de Trujillo, en la costa norte del país.

Según información obtenida por Esly Banegas, representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), las autoridades policiales de la posta municipal de Trujillo le expresaron que las defensoras garífunas tienen orden de arresto por suponerlas responsables del delito de usurpación, pero no le especificaron en perjuicio de quien o donde es el daño.

“Nos preocupa la seguridad de las compañeras, por todo lo que se da en las celdas policiales, las detuvieron sin argumentos, ellas son reconocidas defensoras de la Organización Cristales y Río Negro. En el caso de la profesora Jennifer, ella es pre candidata a diputada en el partido Libertad y Refundación (LIBRE)” declaró Banegas a Defensores en Línea.

La exigencia por el respeto a la integridad de las hermanas Mejía Solórzano y que se respeten sus derechos humanos también la expresó el Comité Departamental en Defensa de los Bienes Comunes de Colón, región donde las comunidades garífunas y campesinas defienden los territorios ancestrales y se enfrentan a terratenientes, empresas extractivistas y transnacionales.

Las defensoras fueron privadas de libertad cerca de las 6:30 p.m. y podrían ser trasladadas esta misma noche el Juzgado de Tocoa, departamento de Colón a 60 kilómetros de distancia, alertó la lideresa sindical Esly Banegas.

Según el reporte policial se ejecutó la “detención de 2 personas del sexo femenino por tener una orden pendiente”, afirmando la identidad y domicilio de las defensoras del territorio, originarias de Trujillo, Colón.

A Marianela le imputan una orden de captura pendiente por el delito de Usurpación, Daños y Amenazas en perjuicio de Sociedad Responsabilidad Bienes Raíces Juca y Rosario Edilma Fajardo Ruiz, según expediente 023-2021 emitida 15 de febrero del año 2021.

Mientras que a Jenifer Sarina Mejía Solorzano el cargan dos órdenes de captura por el delito de Usurpación, Daños y Amenazas en perjuicio de Sociedad Responsabilidad Bienes Raíces Juca y Rosario Edilma Fajardo Ruiz según expediente 023-2021 emitida 15 de febrero del año 2021 y por el delito de Usurpación, Robo con violencia o intimidación según expediente 020-2021 en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas.

Dictan prisión preventiva a defensoras garífunas en Trujillo

El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, en particular durante esta crisis, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por Sandra Rodríguez -

4 marzo, 2021

Colón, Honduras.- En la delegación policial de Trujillo, permaneran privadas de libertad las lideresas garífunas y defensoras del territorio Jennifer Mejía Solórzano (37) y Marianela Mejía Solórzano (31), acusadas por el supuesto delito de usurpación, daños y perjuicios.

Anoche la Policía Nacional capturó a las hermanas Mejía Solórzano integrantes de la organización garífuna Cristales y Río Negro, en Trujillo, departamento de Colón, donde son reconocidas por su labor de defensoría. Jennifer además es docente y pre candidata a diputada por el partido de oposición Libertad y Refundación (LIBRE).

A las defensoras se les privó de libertad porque había dos órdenes de captura pendientes, según informó la policía. Entonces –explicó la abogada defensora Kimberly Andino- por el expediente #23-2020 donde son acusadas por los supuestos delitos de usurpación, daños y amenazas se les dictó prisión preventiva. El próximo domingo 7 de marzo a las 9:00 a.m. será la audiencia inicial, pese a que el juez tuvo conocimiento de suficiente arraigo y constancia que ellas son defensoras de los territorios.

Mientras que el caso # 020-2021, el juez consideró las medidas sustitutivas a la prisión en favor de Jennifer Mejía Solórzano, por los supuestos delitos de Usurpación, Robo con violencia o intimidación en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas.

A Jennifer se le permitió las medidas en este caso, y la audiencia será el mismo domingo a la 1:00 p.m. El juez consideró que la defensora no presenta peligro de fuga, pero está privada de libertad junto a Marianela, por decisión de él mismo, evidenciando que esta es una detención arbitraria, afirmó la lideresa sindical Esly Banegas.

La decisión de dejarlar en las celdas policiales de Trujillo, se tomó en horas de la tarde de este miércoles 4 de marzo, afirmó a Defensores en Línea, Esly Benegas. Antes se había ordenado enviarlas al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro.

En marzo del año pasado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.

En Honduras no se ha controlado el contagio por la pandemia, al contrario los casos muestran aumento, y los centros penitenciarios sin focos de contagio. “…existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró Bachelet.

Protesta exigiendo la libertad para las hermanas Mejía- Solórzano

Agregó que, en muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles.

En el caso de las defensoras garífunas, irían a la cárcel de Olanchito, porque es una prisión de las más vacías, dijo la abogada Andino. En ese mismo lugar están encarcelados siete presos políticos defensores de los bienes comunes del río Guapinol y río San Pedro jurisdicción de Tocoa.

Jennifer y Marianela están afectadas por todo lo que les ha sucedido desde anoche cuando la policía las capturó entre los municipio de Santa Fe y Trujillo. Después fueron llevadas al juzgado de Tocoa y esta mañana las retornaron a Trujillo, donde fueron exhibidas ante los Tribunales. Mientras un grupo de pobladores, familiares y compañeros mantuvieron todo el día un platón exigiendo justicia para ellas y que no las enviaran a Olanchito.

CARITAS HONDURAS PIDE A POLÍTICOS NO MÁS ATENTADOS A LA DEMOCRACIA

Publicado: 06 Marzo 2021

La organización social Caritas Honduras, ha emitido un pronunciamiento donde aqueja que hoy la democracia del país está en agonía prolongada, por culpa de una clase política que se olvidó de ella para “subirse al carro de la plutocracia del país”.

Y amplía que con el cáncer de la corrupción, narcotráfico y desprestigio, han descompuesto las instituciones del Estado, como solución piden a los nuevos órganos electorales: “¡Por favor no nos sigan defraudando!”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. A través de un pronunciamiento público la organización Caritas Honduras, ha pedido a los nuevos órganos electorales que no defrauden al pueblo que sufre las consecuencias de una agónica democracia, manchada además por la corrupción, el narcotráfico y el desprestigio de las instituciones del Estado y la clase política.

A continuación el documento íntegro:

RECUPEREMOS LA DEMOCRACIA

“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”. (Centesimus Annus, no. 46)

Nuestra democracia es como un enfermo con agonía prolongada, todos los síntomas indican que su salud se va deteriorando de día en día, es como el otoño del patriarca que nos decía García Márquez, de no remozarla caminamos hacia su entierro, aunque para una gran parte de la población la democracia murió hace años, el desencanto por su accionar y la desesperanza ante su tardía recuperación hicieron que desapareciera de la mente de muchos hondureños y latinoamericanos.

Lo peor de todo es que su agonía tiene nombres de personas que la producen: una clase política que se olvidó de la democracia para subirse al carro de la plutocracia del país, ganándose ese posición con el sudor de la frente del otro; unos partidos políticos que dejaron de ser los intermediarios entre el Estado y la sociedad para transformase en sus esquilmadores, chupándose durante toda la historia de vida republicana, la vida, la riqueza, las aspiraciones y esperanzas de nuestro pueblo,

¿Ahora que tenemos? una clase política ciega y sorda, no ve la miseria del pueblo, no escucha el clamor de un pueblo y que hace años a gritos reclama cambios en la conducción del Estado, en cambio tenemos unos partidos políticos preocupados hasta el extremo por mantenerse en el poder, maniobrando de diversos modos, utilizando todos los medios habidos y por haber para conservar y seguirse apropiando de privilegios que los sigan manteniendo en el lugar de los intocables y seguir viviendo de los recursos económicos del país, siendo parte de una burocracia inoperante e incapaz.

Encima de todo esto, tenemos el desprestigio de nuestra clase política que ha descompuesto las instituciones del Estado con el cáncer de la corrupción, no existe sector del gobierno que no tenga como apellido la corrupción, narcotráfico y cuando han logrado saltar este escollo adquieren otro apellido: la lentitud, la inoperancia, la incapacidad, la abulia, el desamor al país. Tenemos una nación que en vez de avanzar retrocede cada día en todos sus aspectos, nos encontramos con islitas de modernidad y un mar de pobrezas, atraso, y de carencias.

Quisiéramos levantar las esperanza pero siempre nos topamos con la torpeza o la maldad de los gobernantes o de los partidos que aspiran a gobernar, hace ocho años el gobierno en el poder se comprometió a realizar las reformas electorales correspondientes para establecer una ruta que nos llevara a consolidar una democracia con un fuerte Estado de derecho, que solidificara las instituciones, fomentara y respetara la participación de la ciudadanía y se trabajase guiados por un plan de país que paso a paso nos sacara del atraso en que nos encontramos. Pero, ¡Ah desilusión!, seguimos dando vueltas como el alacrán para picarnos la cola, es más retrocediendo como el cangrejo. A nuestra clase política no le interesa, nunca le ha interesado, la nación, no tienen pasión por el pueblo solo tiene intereses.

Iniciamos desde el año pasado un nuevo proceso electoral, lleno de incertidumbres, los “beneméritos” Padres de la Patria se olvidaron de los sucesos del 2017 y pusieron a dormir las esperadas reformas electorales, estamos a pocos días de las elecciones internas y todavía no tenemos las reglas claras para este proceso, se hizo un remiendo para salir del paso que puede tener más consecuencias nefastas que soluciones, los partidos en vez de unificarse en torno a un candidato pueden salir más divididos por las acusaciones de fraude y falta de transparencia en los comicios. Los candidatos impuestos no serán la solución, si el pueblo no ha tenido la oportunidad de escoger y elegir a sus representantes.

No son pocos problemas sin resolver de manera clara y conforme a la ley en este proceso, las normas emitidas son producto de un acuerdos políticos que de racionalidad jurídica y nacional, por la premura del tiempo quedaran muchos puntos oscuros: la integración de las mesas electorales y como se realiza el conteo de votos y quien trasmite los resultados, como se entregarían las credenciales en blanco o con nombre y apellido y movimiento político al que se pertenece y por si fuera poco ante la no terminación del registro de las personas con que tarjeta de identidad votaremos, la vieja o la tarjeta de identidad… parece que la intención es mantener la situación enredada y seguir con el eterno debate que sirve como propaganda para ciertos políticos que tienen el don de la palabra y de la mentira.

Ese debe el turno de la ciudadanía para asumir la dirección de la vida política del país, los partidos son organizaciones de ciudadanos y no organizaciones de cúpulas, debemos de empezar por recuperar la conducción de los partidos, recuperar la democracia al interior de los mismos, recobrar sus ideales y su razón de ser: la conquista del poder para organizar el país en búsqueda del bien de toda la sociedad. Asumir el control de la administración pública mediante la veeduría social, la implementación eficiente de las comisiones de transparencia, y en esta etapa de la historia no permitir que sigan burlando las aspiraciones de un país que sueña y espera algo diferente para el mañana.

Tenemos demasiados problemas, ya no le cabe uno más al país: pobreza, sistema de salud deficiente, educación de baja calidad, el desempleo, la violencia exacerbada, las migraciones signo de la fuga del país buscando diferentes horizontes, la delincuencia, y de nuevo la presencia del narcotráfico, y sin ninguna garantía para la población para superar o controlar la pandemia. No se puede actuar con irresponsabilidad ante tantas necesidades del pueblo.

Es el tiempo de parar, ante el actual panorama del país debemos volver a la racionalidad del bien común como virtud por excelencia de toda vida política, de devolverle a al país su confianza, de adecentar nuestras instituciones, de actuar con responsabilidad, sentido jurídico y patriótico. No nos está permitido jugar con la vida política del país. Eso sería un suicidio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Registro Nacional de las Personas (RNP), tienen la palabra para iniciar una nueva etapa en la vida política colocando los peldaños de un proceso electoral, con instituciones creíbles. ¡Por favor no nos sigan defraudando!

A 11 años del golpe: Honduras lejos de la democracia y en las garras del neoliberalismo

Por Libertad Digital

Publicado el 28 junio, 2020

Las elecciones nacionales de Honduras en el 2005 estuvieron marcadas por un alto abstencionismo de más del 50 por ciento y una reñida disputa entre Manuel Zelaya, del Partido Liberal, y Porfirio Lobo del Partido Nacional. Al final, Manuel Zelaya fue electo con poco menos de la mitad de los votos válidos emitidos y en medio de una gran polémica sobre un posible fraude y los atrasos en el proceso de contar los votos y hacer la declaración oficial del candidato ganador.

En términos generales, los temas centrales de dicha campaña electoral fueron la seguridad y la violencia, por un lado, y la de corrupción y transparencia, por el otro.

En este sentido, las condiciones en que se inicia la administración de Zelaya eran un claro reflejo del proceso de instauración del proyecto neoliberal en Honduras. Mucho se ha escrito sobre las acciones que impulsó el presidente Manuel Zelaya y que llevaron a su expulsión por parte de las fuerzas armadas y no es nuestra intención repetirlas. Quisiéramos más bien estudiar brevemente tres elementos que nos ayudan a enlazar los procesos históricos que hemos venido caracterizando, con las posiciones que ciertos actores vendrían a ocupar con respecto a la coyuntura política, generando así las condiciones de posibilidad para el golpe de Estado. Dichos elementos son: 1) la crisis energética del país y los esfuerzos desde el gobierno por superarla; 2) la propuesta de participación ciudadana como eje central de la campaña de Zelaya; y 3) la ruptura del pacto de la transición democrática, al abrirle un espacio a los sectores subalternos para presentar y legitimar sus agravios frente al Estado.

En lo que respecta a la crisis energética, el gobierno entrante, apenas cuatro días después de ser juramentado declaró un “estado de emergencia energética” y decidió asumir el control directo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), debido a la inminente bancarrota en la cual se encontraba la institución (pérdidas de unos USD 160 millones para el 2006) y su incapacidad para abastecer la demanda nacional.

En un país cuya producción energética descansa fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles, los problemas financieros de la ENEE estaban directamente conectados a las fluctuaciones de los precios del petróleo a nivel internacional. Así las cosas, mediante decreto ejecutivo Zelaya aprobó un fondo de emergencia por USD 15.8 millones en subsidios para combustibles, para intentar frenar el alza de los precios, mientras se encontraba una solución más definitiva al problema.

El problema fundamental con el sector energético hondureño era el control absoluto que tres empresas transnacionales (Esso, Texaco y Shell) tenían sobre la importación del petróleo y derivados, lo cual se traducía en precios bastante altos, así como en una limitada capacidad por parte del Estado para intervenir.

Esto no era un problema nuevo, ya durante el gobierno previo de Ricardo Maduro (2001-2005), se había formado una Comisión de Notables para buscar alguna respuesta estructural al problema energético. Una de las recomendaciones de la Comisión era romper los contratos draconianos que le permitía a estas empresas controlar la importación de hidrocarburos al país a su antojo, y realizar una licitación internacional para contratar a alguna empresa que garantizara mejores precios.

En el momento que el gobierno de Zelaya empezó a avanzar en esta dirección, se encontró con una férrea resistencia, no solo por parte de las empresas transnacionales antes mencionadas, y que además boicotearon el concurso, sino también del embajador estadounidense, Chad Ford, quien declaró que esta medida significaba cambiarle las reglas del juego a la inversión extranjera de “la noche a la mañana”, sentando un mal precedente; opinión que era compartida por buena parte una parte del sector empresarial nacional que consideraban que las empresas estarían en todo su derecho de demandar al país por sus pérdidas en los tribunales consignados para estos casos en el marco del Cafta.

Al final, la licitación fue adjudicada a la empresa estadounidense ConocoPhillips en enero del 2007. Seguidamente, Zelaya ordenó la confiscación de todos los puertos y tanques de almacenamiento de hidrocarburos en manos de las tres empresas y su transferencia a ConocoPhillips. Sin embargo, esta iniciativa no duró mucho, ya que el gobierno se vio obligado a echar marcha atrás con el proceso confiscatorio debido a una protesta oficial de la Embajada estadounidense.

Es a partir de este momento que se inicia el supuesto giro a la izquierda del gobierno de Manuel Zelaya. En julio de ese mismo 2007, el mandatario hondureño visitaría Nicaragua para la celebración de los 28 años de la Revolución sandinista, atrayendo la crítica tanto de la derecha hondureña, como de la Embajada de los EE. UU.

Para diciembre de ese mismo año, Zelaya informa que Honduras estará uniéndose a la iniciativa del gobierno venezolano de Petrocaribe para asegurar la importación de hidrocarburos a un costo más bajo. El 22 de julio del 2008, un mes después de que llegaran los primeros envíos petroleros venezolanos, el mandatario hondureño informó sobre su intención de que el país se uniera al proyecto de integración regional de la ALBA, liderado por el presidente venezolano Hugo Chávez.

La forma que fueron tomando estos sucesos nos dejan algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Por un lado, que la rigidez del sistema político hondureño, particularmente de sus élites económicas y de la presión impuesta desde la embajada estadounidense para defender los intereses de sus empresas, hacía fundamentalmente imposible la generación de cambios dentro del marco político e institucional existente.

Por otro lado, que la política regional venezolana, acompañada de sus galones de petróleo, generaba una ventana de oportunidad, un conjunto de condiciones materiales, para que los gobiernos de la zona promovieran políticas que no estuvieran exactamente alineadas con los intereses estadounidenses y los de las empresas trasnacionales.

Con respecto al segundo punto, la propuesta participativa de Zelaya, desde el proceso de elección interna del Partido Liberal, el futuro presidente montó su proyecto político alrededor de la idea de la participación ciudadana y la lucha en contra de la corrupción. Así, recién iniciado su mandato el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de Participación Ciudadana que abría ciertos espacios para la participación formal de la sociedad civil en decisiones gubernamentales.

Ley en la cual posteriormente se ampararía la encuesta popular que a la postre desencadenaría su expulsión de la silla presidencial. La decisión de articular su gobierno alrededor de la participación ciudadana era un claro reflejo de la coyuntura política.

Por un lado, la creación de espacios de participación era uno de los requisitos impuestos por los OFI, como parte del ingreso del país en el 2005 a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).

Por el otro, no solo Zelaya había estado involucrado en varios procesos de política social en gobiernos anteriores que lo habían puesto en contacto directo con actores de la sociedad civil, sino que también varios de sus asesores políticos habían sido parte de movimientos de izquierda durante la década de 1970, por lo cual la idea de abrir espacios de participación popular era no solo parte de su retórica, sino también de la sensibilidad política de su círculo cercano.

Además, se le puede agregar el contexto de baja legitimidad política del sistema político, donde plantear una postura participativa podría venir a oxigenar la posición del gobierno, particularmente después de su llegada a la silla presidencial desde una posición de debilidad relativa. En cualquier caso, ya fuera por afinidad personal, por obligación externa o como parte de una estrategia política, esta propuesta de abrir espacios de participación desde la ciudadanía generaría un conjunto de procesos que a la postre, son centrales para entender el golpe de Estado.

Como mencionamos anteriormente, desde el principio el gobierno de Manuel Zelaya se encontraba en una posición de relativa debilidad. En el espacio legislativo, el Partido Liberal gozaba de una leve mayoría que no era suficiente para impulsar propuestas de manera solitaria. Pero además, al interior de su partido el mandatario tampoco contaba con un apoyo estable o absoluto.

Al exterior, como vimos en el caso de la crisis energética, las decisiones del gobierno no eran del agrado ni de una parte del sector empresarial, ni de la embajada estadounidense. Esta situación de aislamiento, lejos de mejorar, iba empeorando al tiempo que Zelaya empujaba hacia el frente un conjunto de políticas que iban en contra de los intereses y las sensibilidades de las elites hondureñas, tales como el ingreso a la ALBA o un aumento del 60 por ciento del salario mínimo.

Al final, de la combinación entre este aislamiento, las sensibilidades de izquierda de Zelaya y particularmente de su círculo cercano, las condiciones de posibilidad abiertas por la propuesta geopolítica venezolana y la plataforma gubernamental de participación ciudadana surgiría el llamado “giro a la izquierda” del gobierno.

Ahora bien, en términos generales, existe un consenso en la literatura de que es este giro a la izquierda y la respuesta desde las élites políticas y económicas, incapaces de aceptar cualquier cambio al estatus quo, lo cual terminó con la expulsión de Manuel Zelaya por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, como mencionábamos antes, estos análisis tienden a concentrarse en el espacio de la política formal y los procesos institucionales.

Así las cosas, temas como el de la ALBA y la posible reforma constitucional tienden a acaparar toda la atención, invisibilizando no solo la creciente movilización popular, sino lo que la respuesta del gobierno frente a dicha movilización significaba en términos más estructurales del sistema político hondureño.

Cuando pasamos de los estudios que buscan explicar directamente el golpe de Estado, a aquellos estudios de caso que buscan analizar más situaciones específicas y de cómo dichas realidades fueron atravesadas por el golpe, lo que encontramos es un consenso distinto.

En general, estos estudios plantean que la mayoría de los movimientos sociales se acercaron al gobierno de Zelaya y su propuesta de participación ciudadana con bastante sospecha. No solo venían en el mandatorio un perfecto ejemplo de un miembro de la oligarquía tradicional hondureña, sino que en varias ocasiones la respuesta gubernamental frente a la protesta social había sido reprimida de la misma manera en que lo habían hecho los gobiernos anteriores.

Sin embargo, al mismo tiempo, a diferencia de los otros gobiernos anteriores, el gobierno de Zelaya generó espacios de diálogo sobre ciertos temas.

Ya mencionamos el caso del movimiento antiminería, donde el gobierno respondió a los reclamos de las organizaciones sociales reafirmando la moratoria sobre la actividad, pero también mostrando su anuencia a que se creara una nueva ley minera que tomara en cuenta las propuestas de la sociedad civil (Middeldorp).

Otro tanto se podría decir sobre el reclamo del campesinado organizado hondureño por empujar un nuevo proceso de reforma agraria en el país. Como en el caso de la minería, la tematización del problema de la tierra en este período inició con un conjunto de movilizaciones.

En este caso, las más importantes fueron un conjunto de ocupaciones de tierra en zona del Bajo Aguán, en la costa norte hondureña. Como mencionamos anteriormente, fue en esta región donde la venta de tierras de la reforma agraria tomó más fuerza, y es ahí donde, a partir del 2000, diferentes organizaciones campesinas empezaron a “recuperar” tierras que consideraban les habían sido arrebatadas de forma injusta.

Con el pasar de los años el conflicto siguió en escalada y ya para el 2006 la región vivía en un estado de conflicto abierto entre organizaciones campesinas y guardias privadas de los terratenientes. En este contexto, hubo un acercamiento por parte de las organizaciones campesinas al mandatario para intentar detener el conflicto, y como resultado de esta negociación el 31 de marzo del 2008, el presidente firmó el Decreto Ejecutivo 18-2008.

El objetivo fundamental del decreto era resolver la gran cantidad de casos que tenía pendientes el Instituto Nacional Agrario (INA) en todo el país, así como distribuir una parte de las tierras fiscales, a nombre del Estado, que eran ocupadas ilegalmente por terceros.

El efecto del 18-2008 fue doble: por un lado, acercó al sector campesino al gobierno, a partir de abrir un diálogo sobre un tema que había sido ignorado por los gobiernos anteriores; por el otro, recibió una fuerte y frontal crítica por parte de los terratenientes y ganaderos, los cuales a través de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (FENAGH) cuestionaron la constitucionalidad de dicho decreto frente a la Corte Suprema de Justicia.

El resultado, fue un aumento en los niveles de violencia en contra de las organizaciones campesinas. En general, estas breves ejemplificaciones nos muestran cómo Zelaya, desde su aislamiento relativo con respecto a los actores políticos tradicionales, se acercó a las organizaciones de los sectores subalternos mediante la generación de ciertos canales de diálogo que históricamente no habían existido.

De estos procesos se fue creando una alianza coyuntural alrededor de una posible constituyente que incluyera muchos de los temas empujados por las organizaciones civiles, la que a la postre llevaría a la encuesta que detonaría la expulsión de Zelaya Rosales. Este acercamiento venía a romper el pacto que inició la “transición a la democracia”, dicho pacto se limitó a dos actores, las fuerzas armadas y las élites tradicionales políticas, organizadas en los Partidos Liberal y Nacional.

Como no tuvieron que negociar con ninguna fuerza subalterna, lo acordado era fundamentalmente cómo dividir el Estado botín y las cuotas de poder y acceso a los puntos de extracción de renta.

Uno de los elementos centrales de este pacto era exactamente la exclusión de las organizaciones populares. Así las cosas, el giro a la izquierda de Zelaya, también era una apertura, por pequeña y titubeante que fuera, para que las organizaciones políticas subalternas pasaran a tener un rol más activo en el direccionamiento político del país.

Como el 28 de junio del 2009 nos enseñó, el sistema político hondureño y particularmente la forma en que se venía instaurando el proyecto neoliberal en el país, no estaba en capacidades de aceptar un proceso de democratización que no fuera desde “arriba” ni alineado con el proyecto geopolítico estadounidense.

En el proceso, también nos enseñó las limitaciones de la “transición a la democracia”, tanto en términos analíticos como prácticos.

Las miradas sobre el golpe: Diseño institucional, cultura política y conflicto interélite

En general ubicamos tres formas dominantes en las que ha sido analizado el golpe de Estado en Honduras. Una primera lectura ve la expulsión de Zelaya como un drama nacional, que debe ser entendido en un marco regional más amplio, definido por la disputa geopolítica entre EE. UU. y Venezuela y el supuesto avance de la izquierda electoral en varios países de América Latina (Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua) (Alcántara Sáez; Benítez; Feeley; Purper; Ruhl; Treminio Sánchez).

Desde esta perspectiva, el golpe de Estado era parte de un esfuerzo por detener dicho avance. Un aspecto que llama la atención de esta perspectiva es la influencia que parece tener la teoría del “dominó” que fue utilizada durante la Guerra Fría por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower para explicar la amenaza del comunismo en el mundo.

De acuerdo con esta visión, existía el peligro de que las ideas comunistas se expandieran por contagio, si no se detenía su avance (Leeson y Dean). Para nuestro caso, la cercanía de Zelaya con el régimen bolivariano de Chávez y el proyecto del Alba (Alianza para las Américas) era una clara señal de su viraje hacia la izquierda. Más aún, su propuesta de la Cuarta Urna es vista como un claro ejemplo de que estaba intentando repetir los pasos del presidente venezolano, legalizar la reelección y perpetuarse en el poder.

Esta situación generaba incertidumbre e inestabilidad que debía de ser detenida antes de que se expandiera más. Una segunda lectura, ve más bien en el golpe de Estado un claro ejemplo de la política injerencista e imperialista de los Estados Unidos en América Latina. Desde esta perspectiva, es evidente que, si bien el golpe es llevado a cabo por fuerzas domésticas, las condiciones de posibilidad estaban dadas por la aprobación y apoyo de potencias regionales como los EE. UU., más allá de la censura inicial presentada por el presidente Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, y Canadá. Así, detrás de la expulsión de Zelaya estaba el interés por detener su acercamiento a ciertos sectores sociales y las propuestas de reforma política y social que estaban desarrollando, así como proteger los intereses de sus empresas en sectores claves como la minería y la industria maquiladora.

En su conjunto, estas dos líneas argumentativas exponen al golpe de Estado como un drama regional, donde las disputas geopolíticas y supuestamente ideológicas, entre Venezuela –como representante de la “nueva” izquierda latinoamericana– y los Estados Unidos, se jugaron en distintos escenarios internacionales (como la ONU y la OEA), y domésticos (el Congreso Nacional Hondureño, la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo, con muy pocas excepciones, no se les ha dedicado mayor atención a las particularidades históricas de las fuerzas en contienda a nivel doméstico.

Por último, tenemos un conjunto de estudios que también se estructuran alrededor de la narrativa de la transición democrática, pero que le suman también los efectos que ha tenido la “otra transición” que ha sufrido la región centroamericana desde los 1990: del ajuste estructural o del neoliberalismo. Dentro de este conjunto, se plantea que existe una contradicción entre la propuesta de la transición democrática, con las políticas y lógicas económicas del país, que más bien han llevado a un estancamiento o deterioro de las condiciones de vida de la población hondureña. Esto es el resultado de la actitud rapaz de las élites económicas y políticas nacionales, que se han aprovechado de esta doble transición para enquistarse aún más dentro del tejido del Estado con una lógica patrimonial y clientelista, donde lo público se ha vuelto un botín para ser saqueado. Así, se hace un balance, donde se ha avanzado en términos de los derechos ciudadanos individuales, pero ha habido un retroceso en términos de derechos económicos.

La transición a la democracia como proyecto de clase

En la sección anterior planteamos que existen paralelismos entre la discusión sobre lo que ha sido denominado la “transitología” (Vitullo), y las explicaciones que se dan sobre el golpe de Estado en Honduras. La idea de las transiciones democráticas no es nueva, ni basada específicamente en la experiencia centroamericana. Se trata más bien de un acercamiento a la pregunta sobre la transformación de las sociedades en el marco más amplio de la expansión de la modernidad, que se volvió dominante dentro de las ciencias sociales, particularmente las estadounidenses, hacia finales de la década de los 1980 (Gallardo; Robinson, 1996).

Dicha tradición académica ha tenido una influencia significativa en las formas en que se ha pensado a la región latinoamericana en general, y a la centroamericana en específico, durante el período posterior a la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, el ascenso de la así denominada “globalización” y el inicio de lo que Francis Fukuyama ha denominado como el “fin de la historia”.

Para este politólogo estadounidense, lo que se estaba viviendo en el mundo hacia finales del siglo veinte era:

No solo el fin de la Guerra Fría, o el paso de un período particular de la historia de la postguerra, sino el fin de la historia como tal: es decir, el punto final de la evolución ideológica humana y la universalización de la democracia occidental liberal como la forma final de gobierno humano.

El resultado de este fin de la historia era la liquidación de cualquier forma alternativa de sociedad y, por tanto, a pensar el cambio social y político como una marcha inexorable hacia el liberalismo occidental. Es en este contexto intelectual y político que Samuel Huntington plantearía que, en los 1990, el mundo estaba experimentando una “tercera ola” de democratización, la más grande de la historia.

El proyecto neoliberal en Honduras

Como mencionamos anteriormente, la mayor parte de la literatura sobre el golpe de Estado del 2009, lo ubica como parte del proceso que se abre en los 1980 con la transición a la democracia.

Generalmente esta contextualización histórica es utilizada para plantear que el derrocamiento de Zelaya es una muestra de la debilidad y la lógica truncada o pervertida de dicho proceso de transición. Nosotros consideramos más que el golpe de Estado del 2009 debe de ser entendido como el resultado de la forma en que el proyecto neoliberal se impuso y ha tomado forma en Honduras, donde la supuesta transición a la democracia es parte de un proceso de transformación económica y política más amplia.

Pero también, creemos que para entender el proceso de imposición neoliberal de 1980 y 1990, tenemos que devolvernos algunas décadas más en el tiempo.

El 3 de octubre de 1963, setenta y siete días antes de concluir su mandato, el presidente del Partido Liberal Ramón Villeda Morales fue derrocado por el entonces coronel Oswaldo López Arellano, jefe de las fuerzas armadas. Dicho golpe de Estado venía a dar al traste con un proceso reformista bastante importante, en el cual el gobierno de Villeda Morales había promovido la creación del Código de Trabajo, la Ley de Fomento Industrial y el régimen de seguridad social, así como impulsado el proceso de integración regional centroamericana.

Al final, su expulsión estuvo vinculada con los temores que su agenda generaron en los sectores más conservadores del país, pero sobre todo a la más que posible elección del candidato Liberal, Modesto Rodas Alvarado, en las próximas elecciones.

El golpe de Estado de 1963 abriría un largo período de control militar sobre el Estado, con intermitentes períodos de gobiernos civiles, que se extendería hasta 1981 cuando se llevaron a cabo las elecciones que dan inicio al período que se conoce como de transición a la democracia.

Estos dieciocho años de gobierno militar mostraron cuatro tendencias que son importantes para entender la forma que tomaron las transformaciones de los 1980 y 1990. Primero, la creciente penetración de las relaciones capitalistas en el país en el período de la posguerra, había generado un proceso de concentración de la tierra, particularmente en el sur y el occidente del país, lo que llevaba a un aumento de la conflictividad agraria y la creciente organización campesina.

Al mismo tiempo, este creciente desarrollo capitalista había generado nuevos grupos sociales, como los obreros de las plantaciones bananeras e industrias vinculadas, los cuales mostraban crecientes niveles de combatividad y organización sindical, como había quedado demostrado de forma patente durante la gran Huelga Bananera de 1954.

Segundo, el gobierno militar respondió a dicha conflictividad con una estrategia marcada por ciclos de represión y reformismo. Por ejemplo, para la década de 1970, particularmente después de 1972, encontramos un período de reformismo castrense cuyo objetivo explícito era la “actualización histórica” del país, mediante el impulso de un conjunto de políticas públicas reformistas las cuales, en muchos casos como el de la reforma agraria, iban mucho más allá de lo que inicialmente propusiera el gobierno de Villeda Morales.

Tercero, los ritmos y cambios de estos ciclos entre la represión y el reformismo estaban fundamentalmente marcadas por los intereses y la influencia geopolítica de los EE. UU. en la región: tanto la represión en contra de los grupos subalternos, como la promoción de políticas reformistas (parte de la Alianza para el Progreso) tienen que ser entendidas en el contexto de la Guerra Fría en Centroamérica y los esfuerzos por derrotar la supuesta “amenaza” del comunismo.

En todo caso, para finales de la década de los 1970 el proyecto político militar hondureño daba claras muestras de desgaste. En términos económicos, el país se encontraba sumido en una grave crisis, con bajas tasas de crecimiento, altos niveles de endeudamiento, de inflación y de pobreza. Socialmente, la conflictividad social, si bien no alcanzaba los niveles de vecinos como Nicaragua o El Salvador, seguía creciendo, tanto en el campo como en las ciudades.

A nivel externo, la llegada de Jimmy Carter a la presidencia estadounidense en 1977 se iba a traducir a un cambio dentro de la política extranjera estadounidense: del apoyo incondicional a cualquier régimen que demostrara su talante anticomunista, al impulso de regímenes de democracia representativa (Robinson, 1996).

Sin embargo, al mismo tiempo que se abría este espacio hacia la democratización formal en la región, la Revolución sandinista resultaba triunfadora en Nicaragua (1979) y en El Salvador el conflicto militar entre la guerrilla y el ejército seguía en escalada. Así, por más deseable que fuera la democratización del régimen político hondureño, la importancia geoestratégica del país priorizaría el tema de seguridad y militar.

De esta manera, cuando en 1978 la Junta Militar anunció sus intenciones de convocar a elecciones y a una constituyente para la redacción de una nueva constitución política, era evidente que lo hacía desde una posición de fuerza: si bien las fuerzas armadas se enfrentaban a una severa crisis de legitimidad política y el país estaba sumido en una grave crisis económica, no habían sido forzadas a dejar el poder político formal, ni habían tenido que negociar con fuerzas insurgentes, antes bien, seguían siendo un actor clave dentro de la estrategia geopolítica de los EE. UU. en la región.

La Asamblea Constituyente de 1981 y la resultante nueva constitución política y la convocatoria a elecciones en noviembre de ese año fueron a todas las luces el resultado de una negociación entre las Fuerzas Armadas y las élites políticas tradicionales, aglutinadas en el sistema de partidos políticos bipartidista más añejo de Centroamérica, bajo la tutela del gobierno estadounidense.

De esta manera, las fuerzas armadas se comprometían a “regresar a los cuarteles”, a cambio de mantener (y aumentar) el apoyo económico que recibían de los EE. UU. También, en el marco de la nueva constitución, retenían altos niveles de autonomía con respecto a control civil.

En términos políticos, la nueva constitución venía a formalizar y reforzar el sistema bipartidista y la alternancia en el poder entre los partidos Nacional y Liberal. De esta manera, se avanzaba en la construcción de un sistema de elecciones con normas aceptables de transparencia y con mecanismos de democracia representativa, pero sin hacer cambios sustantivos en lo que respecta a la oferta electoral, ni en términos de los derechos y las libertades ciudadanas.

De hecho, en la década de 1980, como parte de la estrategia de lucha contra el comunismo, la sociedad hondureña se mantendría bajo un férreo control militar, con formas de represión estatales y paraestatales, como en el caso del infame Batallón 3-16, bajo el liderazgo del general Gustavo Álvarez Martínez, teniendo las desapariciones, ejecuciones sumarias y torturas como parte de su repertorio.

Esta contradictoria articulación entre represión y violencia de Estado, con un sistema político formalmente democrático y representativo, se vendría a traducir durante toda esta década en una disputa entre organizaciones de la sociedad civil como el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), o el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), el gobierno civil y las fuerzas armadas.

Si la década de 1980 había sido de una democracia electoral tutelada por militares, la década de 1990 marcaría el paso a un proceso de apertura política, bajo un verdadero control civil.

Como mencionábamos anteriormente, con el fin de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, la viabilidad política y económica de gobiernos autoritarios desciende significativamente, lo cual se articula con un apoyo mucho más decidido desde la política internacional estadounidense por promover procesos de transición hacia la democracia.

En este contexto, y con la creciente presión por parte de la ciudadanía, se inicia la desmilitarización de la sociedad hondureña. Por ejemplo, en 1993 se sustrae la investigación policial del ámbito militar y se subordina al ministerio público.

Al año siguiente, se inicia el proceso de regresar a control civil un conjunto de instituciones clave, que habían sido acaparadas por las estructuras castrenses, bajo la justificación de la seguridad nacional; algunas de estas eran la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Marina Mercante, la Dirección General de Política Migratoria, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Aeronáutica Civil. También, entre 1994 y 95, y como resultado de la presión desde organizaciones de la sociedad civil, se enmienda la constitución política para eliminar el servicio militar obligatorio.

Finalmente, en 1998 se aprueba la Ley Orgánica de la Policía, separándola completamente del control militar y ese mismo año se elimina la figura del Jefe de las Fuerzas Armadas.

La década de los noventa y, particularmente, la llegada al poder de Rafael Leonardo Callejas en 1990 marcan un período de inflexión económica en Honduras mediante un proceso de ajuste estructural. Sin embargo, pensar que es hasta este momento que se inician los esfuerzos por liberalizar a la economía hondureña, sería un error.

Ya en enero de 1982 un grupo de personas interesadas en transformar la economía en Honduras le habían entregado al primer presidente del período de transición a la democracia, Roberto Suazo Córdova, un documento en el que se planteaba que la mejor forma de salir de la crisis económica en la que se encontraba el país, era abriéndolo a la inversión extranjera.

Dicho documento se ha llegado a conocer como el “Memorándum Facussé”, debido al rol central de Miguel Facussé en su preparación. No obstante, el rol de Facussé y del grupo de personas que se aglutinaban alrededor de él, y que a partir de 1983 se formalizó en la Asociación para el Progreso de Honduras (Aproh), no se acaba ahí. Este empresario, de descendencia palestina y dedicado a la agroindustria, se convirtió en uno de los asesores presidenciales más importantes de Suazo y fue uno de los ingenieros de la política económica de dicho gobierno, la cual se dirigió a sentar las bases para el posterior proceso de ajuste estructural (Equipo Nizkor).

Sin embargo, como plantea William Robinson (2003), debido a la crisis político-militar que todavía enfrentaba la región en la década de 1980, las posibilidades de atraer inversión extranjera y promover los procesos de liberalización mercantil que buscaban este tipo de grupos no era viable. Habría que esperar a la década de los 1990, con el proceso de pacificación en la región, para que se generaran las condiciones de posibilidad para avanzar con su proyecto económico.

Ahora bien, para poder dar cuenta de este proceso, y contextualizar el avance del proyecto neoliberal en el marco y en relación con la transición a la democracia, es importante hablar de personajes tales como Facussé, no en tanto individuo, sino como parte de la élite económica que viene a vehiculizar dicho proyecto. De acuerdo con una parte de la historiografía política de Honduras, a diferencia de lo sucedido en el resto de los países en el istmo, en este país no se desarrolló una burguesía nacional fuerte, debido al tardío desarrollo de la economía cafetalera, así como la masiva influencia que el enclave bananero tenía sobre la vida política y económica de la sociedad. Como resultado, el proceso de formación de las clases dominantes estuvo vinculado por muchos años a un conjunto de redes económicas y políticas, vehiculizadas en muchos casos por relaciones de parentesco, tejidas alrededor del enclave y el Estado, entendido fundamentalmente como un botín.

Sería hasta las décadas de 1950 y 1960, particularmente después de la aprobación de la Ley de Desarrollo Industrial en 1958, que se empezaría a desarrollar una incipiente burguesía industrial, alrededor de la ciudad de San Pedro Sula, que llegó a ser conocida como la “capital industrial de Honduras”. Dentro de esta ascendiente burguesía encontramos una significativa presencia de migrantes palestinos, en su mayoría cristianos ortodoxos, que habían llegado al país durante la década de los 1920 y 1930, debido al conflicto armado en el Medio Oriente.

Dichos migrantes llegaron al país con cierto capital social y económico que les permitió insertarse en la economía local como comerciantes. Debido a la idea que tenían la mayoría de los migrantes de que se trataba de una estadía provisional, antes de volver a Palestina, y al racismo que marcaba a las élites políticas hondureñas y sus políticas migratorias, esta comunidad de migrantes tenía una vinculación limitada con la sociedad hondureña en general.

Esta situación empezaría a cambiar en la década de 1950, en parte debido a la declaración del Estado de Israel en 1948, lo cual venía a plantear que su éxodo del Medio Oriente sería permanente, pero también con su paulatino ascenso y consolidación dentro de la élite económica de San Pedro Sula, lo que eventualmente se convirtió en lazos matrimoniales con familias de la élite económica y política hondureña.

Ya para la década de 1980, los grupos económicos vinculados a varias familias palestinas se encontraban entre los más ricos del país, teniendo una fuerte presencia no solo dentro de la industria manufacturera, sino también dentro del sector financiero, la agroindustria y los medios de comunicación, por mencionar algunos.

Sin embargo, este creciente poderío económico no se traducía, al menos formalmente en poder político. ¿Por qué? De acuerdo con Euraque (2009), encontramos una posible respuesta en el argumento de Rodolfo Pastor de que ya para mediados de esa década existía una “falta de correspondencia entre sistema político y estructura social”. Así, grupos de importancia dentro de la estructura económica, no se traducían directamente en puestos de importancia dentro del sistema político.

Para Euraque, la razón parcial para este fenómeno era el antes mencionado racismo de las élites tradicionales hondureñas, así como la desconfianza de la población en general hacia los “turcos”, como se les conoce coloquialmente a las personas de descendencia árabe y palestina.

Como hemos venido mencionando, para la década de 1980 los grupos empresariales familiares de descendencia palestina se habían convertido, con apoyo estatal y en el marco de la estrategia de reformismo militar y apuesta por la integración al mercado común centroamericano, en uno de los grupos de poder económico más importantes en el país. Vinculados a sectores como el comercial, manufacturero y financiero, contaban con claros vínculos con capital transnacional.

De esta manera, eran de los sectores más interesados en promover una liberalización de la economía hondureña. Sin embargo, como menciona Robinson (2003), en la década de 1980, las élites económicas hondureñas se encontraban altamente fragmentadas entre “viejos” grupos de poder económico, vinculados a la ganadería y las industrias extractivas (minería y maderas, por ejemplo) y “nuevos” grupos, vinculados más bien a la manufactura liviana (maquila) y finanzas.

Según el autor estadounidense, durante la década de 1980, los grupos “viejos” lograron bloquear, o cuando menos atrasar, muchas de las reformas neoliberales que se intentaron impulsar durante esta década, y será hasta la llegada de Callejas en 1990 que estas propuestas se volverán hegemónicas.

Ahora bien, Robinson también menciona que, a diferencia de países como El Salvador, donde los “nuevos” grupos de poder económico vinculados a las reformas neoliberales, organizaron nuevos partidos políticos para vehiculizar las reformas de ajuste estructural, en Honduras tuvieron que hacerlo a través de una penetración de los dos partidos tradicionales (Partidos Liberal y Nacional). Esto lo lograron vinculándose directamente, como miembros de ambos partidos y presentando candidatos a diputaciones, pero sobre todo de manera informal, a través de la entrega de jugosas donaciones políticas a ambos partidos y la influencia sobre los gobiernos de turno, como en el caso antes mencionado de Facussé.

De esta manera, el avance del proyecto neoliberal en Honduras fue operacionalizado mediante una articulación entre las “viejas” formas de organización política, y las disputas entre “viejos” y “nuevos” grupos de poder económico. Al interior de los partidos políticos, el forcejeo entre estos diferentes proyectos económicos y políticos tomaba la forma de disputas entre caudillos representantes de las diferentes tendencias.

En términos prácticos, las políticas aplicadas en el proceso de instauración del proyecto neoliberal en Honduras, siguen el patrón general que ha sido utilizado en el resto de América Latina: liberalización y desregulación de los mercados, un recorte en los programas de política social universalista, y el paso a estrategias focalizadas, así como la privatización de no solo varias empresas nacionales, sino también de muchos de los espacios de gobernanza y control (Cáceres y Zelaya; Duménil y Lévy; Hibou).

En términos específicos, tenemos que hablar de tres programas de ajuste estructural, firmados y apoyados por el FMI: el primero en marzo de 1990, en el gobierno de Rafael Callejas, con la emisión del Decreto 18-90 o Ley de Ordenamiento Estructural de la economía, pero conocido popularmente como el “paquetazo”; un segundo, durante el gobierno del sucesor de Callejas, Roberto Reina (1994-1998), el cual se conoce como el Gran Proyecto de Transformación Nacional, redactado por las personas cercanas a Facussé; y finalmente, un tercer programa durante el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002) (Robinson, 2003; Sosa).

Algunas de las políticas concretas impulsadas fueron: la devaluación de la moneda nacional, desgravación arancelaria, aumento del impuesto sobre la venta, incentivos fiscales para la atracción de la inversión extranjera directa y la promoción de exportaciones no tradicionales, creación de zonas francas y liberación de las tasas de interés bancarias.

Además, se aprobaron un conjunto de leyes específicas y coherentes con el espíritu general del ajuste estructural, como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), conocida comúnmente como la Ley de modernización agraria y que venía a transformar drásticamente el marco legal de la reforma agraria que se había promovido en el país desde 1972.

En este caso, como en muchos otros, el efecto fundamental del ajuste estructural fue el de saqueo y concentración de activos y recursos que anteriormente se encontraban en manos del Estado u otro tipo de organizaciones no capitalistas, como las cooperativas y empresas asociativas de la reforma agraria, para ahora pasar a manos de un grupo limitado de empresarios y empresas de capital transnacional.

No obstante, esta no fue simplemente una transferencia de activos y recursos, sino el cambio de la lógica de la economía, orientada cada vez menos hacia el mercado doméstico, y cada vez más hacia las exportaciones.

En términos generales, para finales de 1990 los ejes centrales de acumulación de capital en Honduras habían pasado a concentrarse en la manufactura liviana (maquila, sobre todo textil) y los servicios; el sector financiero era una de las actividades centrales. En este proceso, los nuevos grupos de poder económico habían transformado su espacio de acumulación primordial de la economía doméstica, a la región centroamericana y la articulación con los flujos de capital transnacional (Robinson, 2003; Segovia).

En buena medida, esta transformación se había logrado a través del conjunto de políticas impulsadas por los gobiernos de este período, donde las diferencias entre el Partido Liberal y Nacional eran de forma, pero no necesariamente de fondo. Esto había sido en parte el resultado del proceso de ascenso de los “nuevos” grupos de poder económico que mencionamos arriba, los cuales empiezan a enriquecerse a partir de la década de los 1960, al amparo de las políticas desarrollistas de los gobiernos militares.

Sin embargo, sería un error pensar que la instauración del proyecto neoliberal se llevó a cabo sin resistencia por parte de los grupos subalternos, tema al que nos dedicaremos en la próxima sección.

Las luchas subalternas contra el neoliberalismo

Las décadas de los 1980 y 1990 marca también un período de transición para la protesta social y política en Honduras. Después de la gran huelga bananera de 1954 se inicia en el país un ciclo ascendente de organización política por parte de los grupos subalternos, que sigue en general los contornos de los procesos de formación de clase y de Estado, desencadenados por la profundización de las relaciones de producción capitalista ya mencionados.

Así, alrededor del enclave bananero se desarrolla un importante sector sindical, no solo de trabajadores en las plantaciones, sino también de las industrias livianas vinculadas. También, con la formación y fortalecimiento del sector público, se genera un fuerte movimiento magisterial y estudiantil. Finalmente, debido a la concentración de la tierra en manos de un número limitado de grandes terratenientes y empresas transnacionales, se fue consolidando quizás el movimiento campesino más significativo de Centroamérica.

Sin embargo, para la década de 1980 este tipo de organizaciones gremiales empiezan a debilitarse, en parte debido a conflictos y fraccionamientos internos, en parte por la crisis económica que vivía el país y en parte debido a la acción directa y activa del gobierno hondureño a través de la cooptación o asesinato de líderes.

En este sentido, si bien la represión había sido una constante en la relación entre el gobierno militar y los grupos subalternos, los niveles de violencia directa eran bajos, en relación con lo vivido en los países vecinos. Esta situación vendría a cambiar en las décadas de 1970 y 1980, particularmente después de la victoria sandinista en 1979 y la designación de John Negroponte como embajador en Honduras en 1981 (Kinzer).

En este contexto, y bajo la retórica de la Doctrina de Seguridad Nacional, donde desacuerdo político era equiparado con comunismo (Gill), el trabajo de las organizaciones campesinas y magisteriales se vio severamente coartado y sus capacidades políticas debilitadas.

Además, hacia finales de la década de 1970 y principios de los años ochenta, se produce un fraccionamiento al interior del Partido Comunista Hondureño con respecto a cuál debería de ser la respuesta de las masas populares frente a la violencia gubernamental. Para ciertos sectores, influenciados por la victoria sandinista y las experiencias guerrilleras en el resto de la región, la respuesta debía de ser armada.

Es así como se conforman durante esta década varias organizaciones de corte revolucionario militar, entre las que destacan el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero y la Unión Revolucionaria del Pueblo (Canizales). Dichas organizaciones llevaron a cabo varias osadas operaciones, muchas de ellas en apoyo de la lucha guerrillera en El Salvador, pero en términos generales sucumben ante la persecución del ejército que desarticula varios intentos de constituir columnas guerrilleras en el país, y asesina y desaparece a varios de los dirigentes.

Así, para 1990, en el contexto de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y el fin de la Guerra Fría, la experiencia guerrillera como tal había desparecido en Honduras.

Dentro de la literatura sobre movimientos sociales en Honduras y Centroamérica en términos más generales (Almeida; Sosa), se plantea que la década de los 1990 marca el ascenso de un nuevo ciclo de conflictividad social en respuesta a las políticas neoliberales. Sin embargo, a diferencia del ciclo de protesta anterior, las identidades políticas y motivos de movilización no tenían tanto que ver con la clase y las relaciones de producción (movimientos sindicales y campesinos), sino más bien con “nuevas” consignas e intereses articulados alrededor de elementos raciales, étnicos, de género y en defensa de la naturaleza. Sin embargo, cuando se pasa del análisis de la movilización social en general a la historia de algunos de estos “nuevos” movimientos sociales, aparecen continuidades que son importantes.

En muchos de los casos, figuras de liderazgo importante en la configuración y empuje de las nuevas organizaciones habían militado, o cuando menos habían tenido cercanía, a las organizaciones guerrilleras recién mencionadas, o a sindicatos y organizaciones campesinas.

Este cambio se debía en primer lugar al despliegue de la antes mencionada brutalidad estatal durante la década de 1980, que hacía de la militancia y el activismo público en organizaciones tildadas de “izquierdistas” o “comunistas”, prácticamente una sentencia de muerte. También, porque esa misma violencia estatal y paraestatal había dejado fuertes impactos en los tejidos comunitarios donde se había materializado.

Como resultado, la retórica y la forma de organización tradicional de los sindicatos y las centrales campesinas tenía poca capacidad de arrastre. Al mismo tiempo, el hecho de que la represión era paralelamente generalizada en todo el país, pero particularmente focalizada en contra de los liderazgos con alguna presencia nacional, las grandes organizaciones de masas nacionales se volvían más inviables que organizaciones locales alrededor de agendas específicas.

Finalmente, el proceso de transición democrática vino acompañado desde la década de 1980 con una apertura a nivel internacional, que eventualmente llegaría a tener incidencia a nivel nacional, sobre temas de reivindicación racial y étnica, así como en temas de género y medioambiente.

En este sentido, más que un debilitamiento de los movimientos sociales, lo que nos encontramos en este período es una multiplicación algo silenciosa, o silenciada, a nivel nacional, sin espacios de articulación centralizada, pero con claros vínculos a partir de experiencias y afinidades compartidas.

Hacia finales de la década de 1990, esta nueva fisionomía de las organizaciones subalternas hondureñas ingresará en un período de creciente antagonismo con el Estado, debido a la cada vez más evidente ruptura de las supuestas promesas de bienestar y democratización de la sociedad, del proyecto neoliberal y de la transición a la democracia.

Fuente: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/39670/41879

lunes, 17 de mayo de 2021

¡Bye Tigrito! Piden en extradición al Tigre Bonilla, será compañía de TH.

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DEA pide orden de captura para el TIGRE BONILLA, a través de un documento emitido en Nueva York.

Compartimos integró el documento traducido a español:

Tigre Bonilla dispuesto a ‘hablar’ con tal de librarse de un calabozo gringo

Tigre Bonilla hizo ‘los encarguitos’ que le pedían Tony Hernández y JOH

Narcos crecieron por la ayuda de JOH, aseguró Fiscal estadounidense.

Fiscal estadunidense demuestra que JOH es Narcotraficante.

Ex-narcos aseguran que JOH es el capo de la cocaína en la région.

JOH y TH se pudrirán en un calabozo gringo

Narcotráfico fue patrocinado por el Estado, dice juez Castel en sentencia de «Tony» Hernández

Por: Redacción CRITERIO.HN redacción@criterio.hn

Fiscales federales detallan participación del Partido Nacional en las actividades de narcotráfico

El excongresista hondureño Tony Hernández sentenciado a cadena perpetua y condenado a perder $ 138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas.

Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; Aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras; y Tw coordinado.

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