HONDURAS / OBSERVADORES INTERNACIONALES ALERTAN FALLAS CON “VOTO SECRETO”
- Publicado: 15 Marzo 2021
El presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, Román Jáquez, ha dicho a EL LIBERTADOR que dentro de las inconsistencias preliminares de los observadores internacionales, se ha identificado que en Honduras no existen medidas para proteger el voto secreto.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana y jefe de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Román Jáquez, ha informado en entrevista con EL LIBERTADOR, que en Honduras hay inconsistencia con relación al “voto secreto”, además ha dicho que esta noche se reunirán con los demás grupos de Observación Internacional para sacar sus conclusiones sobre el proceso electoral realizado este día.
Jáquez ha dicho que el manejo de papeletas y secreto del voto “se ha llevado de manera incorrecta”, ya que las personas asignadas a las mesas pueden ver las marcas y la preferencia a la hora que los ciudadanos han ejercido el sufragio.
Lo anterior relacionado a los tres partidos que han participado este domingo: Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional. Además, recordó que su misión en este proceso es hacer una evaluación técnica y que esta noche habrá reunión con los demás grupos.
Ante las constantes denuncias por listados, inhabilidad de los hondureños para votar, desgaste de la tinta y otros tems, Jáquez ha sido enfático que es esencial esperar los informes de las demás delegaciones replegadas en Tegucigalpa, capital de Honduras.
“Nosotros está noche tendremos una reunión una vez que concluya el proceso para que en conjunto hagamos las observaciones y mañana presentar un informe preliminar al CNE donde les daremos las sugerencias, si las hubiere, para mejorar”, recalca.
Con relación al proceso, marcado por el abstencionismo y la pandemia, afirma que era algo de esperarse, ya que por lo general los procesos internos son poco concurridos y, si a eso se suma el virus, era razonable tener comicios sin mucha afluencia de personas.
HONDURAS / EMPIEZA A EMERGER EL MONSTRUOSO FRAUDE EN ELECCIONES
- Publicado: 16 Marzo 2021
Han
pasado más de 40 horas desde el cierre de las urnas y el Consejo
Nacional Electoral no ha dado siquiera un cómputo que suprima la
incertidumbre de los comicios y, por si fuera poco, ha trascendido que
del centro de datos en Infop, se ha cortado la línea de internet y se
han robado un disco duro con información de las actas oficiales.
En tanto, precandidatos y expertos electorales han demostrado que las actas están siendo adulteradas a favor de Yani Rosenthal del Partido Liberal y Nasry Asfura del gobernante Partido Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Las elecciones internas de 2021 nuevamente ratifican la práctica de las votaciones “estilo Honduras”, hoy desde el interior del Centro de Digitalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Instituto de Formación Profesional (Infop) se ha denunciado el robo de un disco duro, especialmente usado para el escaneo de actas, además del corte de los anillos de la fibra óptica para conexión a internet.
Con esos delitos ejecutados por extraños acrecienta más la incertidumbre del conteo de votos en ámbitos presidenciales, diputaciones y alcaldías. En ese contexto, los precandidatos y el pueblo hondureño aquejan la ineptitud del CNE porque están esperando votos e informes preliminares desde las 5:00 de la tarde del domingo 14 de marzo.
La consejera del CNE, Rixi Moncada, que representa a Libertad y Refundación (Libre), ha denunciado los hechos a través de un mensaje telefónico, acciones que se han vuelto norma en el contexto electoral de Honduras.
La falta de resultados oficiales ha traído reacciones de diversos sectores, por ejemplo, el empresario Eduardo Facussé, cuestiona si es que acaso el CNE enviará los votos a cuarentena: “Bueno, y es que los votos también los van a poner en cuarentena?”, dijo textualmente a través de su Twitter.
Y el precandidato presidencial de Libre, Carlos Eduardo Reina, cuestionó que: “A más de 40 horas del cierre de las MER, ocurre esto. Encuestas sembrando una matriz de cómo quedaron las elecciones y i un voto ha sido contado”.
Por otro lado, el liberal, Enrique Ortez, que fue magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), y a compartido en su cuenta de Twitter un acta referente a la mesa a una urna de Lempira cuya capacidad es de 500 electores, pero se registra 2,050 votos: 2,000 para Rosenthal, 25 para Darío Banegas y 25 para Luis Zelaya.
“Pueblo hondureño, les advertí que al movimiento ‘Recuperar Honduras’ le quieren hacer la ponga. Quieren, así como dicen en el barrio, la cara de caballo, pero se equivocan porque no nos vamos a dejar”, dijo Ortez en un video publicado en sus redes sociales.
Y
hay más, en otra acta del departamento de Francisco Morazán,
relacionado a elecciones presidencial del Partido Nacional, se ha
observado que la MER 04077 (gráfica) con 463 votantes totales, presenta
768 votos a favor de Nasry “Tito” Asfura y ni uno sólo para Mauricio
Oliva.
Con este contexto, ha quedado entredicho que de nueva cuenta el órgano electoral ha fallado al pueblo hondureño, como se confirmó en 2013 y 2017, para favorecer a Juan Hernández.
CNE afirma que «no hay secretos», pero lleva más de 48 horas en silencio
A través de un comunicado, el órgano electoral afirma que «quedan atrás las transmisiones rápidas en la oscuridad de la noche. Así culminaremos en paz y con un pueblo dignificado por su propia voluntad», pero siguen los vicios del pasado al guardar un silencio sepulcral
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Ante la falta de resultados, CNE pide calma a la población y a los precandidatos
- 16/03/2021
En conferencia de prensa, la Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Ana Paola Hall, confirmó que han sido objeto de un sabotaje al perderse parte del equipo de informático que será utilizado para iniciar con el conteo de los votos.
Por su parte la Consejera Rixi Moncada pidió calma a la ciudadanía en general y a los partidos políticos, ya que si se avanza despacio es porque se avanza seguro. Sostuvo que es mejor así para que no haya fraude, dudas y que prevalezca el 100% de transparencia ya que la apertura de las maletas se hará en vivo desde las instalaciones anexas desde el Infop en Tegucigalpa.
“Llamo a los precandidatos presidenciales, a alcaldes, diputados, a todos los que están compitiendo por los más de tres mil cargos para participar en el mes de noviembre, a la calma, vamos despacio pero vamos seguros y con acceso para todos con la información que viene de los pueblos, de la información que custodiamos porque se trata de la voluntad popular de la gente que llegó a la urna”, dijo Moncada.
La Consejera Presidenta Hall dijo que desde hoy comenzará a la apertura de las maletas, el escaneo de las actas y el conteo definitivo. Explicó que se comenzará con el nivel presidencial.
Por su parte Rixi Moncada aseguró que el 90% del proceso está concluido y está concluido con creces no solamente para el Consejo, sino también para los partidos y para el pueblo por las condiciones adversas que presenta la pandemia. “Sólo falta apenas el 10% y nosotros entendemos que lo que pasa que ese 10% se constituye en el 100% a su vez porque se trata del escrutinio general defibnitivo”, señaló Monacada.
La Consejera dijo que los resultados se tendrán a medida vayan fluyendo, a medida se vayan escaneando las actas, a medida se vayan digitando, se vayan sumando y se vayan exponiendo. “Pedimos paciencia, va ir lento el proceso pero va a ir seguro sin votos rurales, sin adulteraciones y con la auditoría social de todo el pueblo hondureño”, dijo Rixi Moncada.
HONDURAS / 50 HORAS DESPUÉS DE ELECCIONES Y AÚN NO HAY RESULTADOS OFICIALES
- Publicado: 17 Marzo 2021
“El
CNE garantiza la transparencia del escrutinio final y la oficialización
de los resultados”, dijo esta tarde la presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Ana Paola Hall, lo anterior en conferencia de prensa para
tranquilizar al pueblo hondureño, inquieto porque no conoce los
resultados oficiales a más de 50 horas de cerradas las urnas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Se han cumplido 50 horas desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE), ordenó el cierre de las urnas el pasado domingo 14 de marzo, los datos preliminares y los cómputos cada dos horas siguen sin aparecer y ante la incertidumbre y la presión social del pueblo hondureño, los concejales del máximo órgano electoral han salido a dar la cara.
“El CNE garantiza la transparencia del escrutinio final y la oficialización de los resultados”, dijo la concejal presidenta, Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal (PL), quien luego reclamó a periodistas por repreguntarle por el domingo.
NOTA DE INTERÉS: ELECCIONES “ESTILO HONDURAS” 24 HORAS DESPUÉS NO HAY DATOS OFICIALES
“Todos deben entender que la misión del CNE no es producir encuestas, no es elaborar tendencia, sino por mandato de ley, hacer la verificación y suma de los resultados de cada mesa electoral para emitir la declaración final”, amplió.
Y aunque mencionó que como máximo órgano electoral han priorizado la transparencia, Hall no ha podido explicar la demora para dar un primer cómputo, pues es de recordar que en enero pasado el pleno de concejales prefirió el método de “conteo rápido” antes que el tradicional método de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Para el caso, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese al escándalo de los “votos rurales” y demás inconsistencias, para las 10 de la noche del 26 de noviembre de 2017, ya tenía un cómputo oficial y aunque David Matamoros Batson se resistió a revelarlo, terminó informando al pueblo a eso de las 2:00 de la madrugada del lunes 27 de noviembre.
Ante el reclamo de fraude que han vertido decenas de candidatos que participaron en la contienda, Hall ha recalcado que el CNE ha cumplido la misión tras “una jornada electoral en paz, optimismo y seguridad con masiva participación”.
“Tortuguismo” del CNE sigue generando controversias en Honduras
- 17/03/2021
La falta de resultados electorales oficiales tiene preocupados a los precandidatos de los tres partidos políticos en los distintos niveles de elección y a la sociedad hondureña en general porque a casi 72 horas después del cierre de las urnas, aún no se tienen resultados del proceso electoral primario e interno.
El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, Libre, Nelson Ávila, dijo en Radio Progreso que la población hondureña está en una estafa electoral, porque le hicieron creer que el país estaba listo para el proceso de elecciones.
Ávila señaló que entre los elementos de la estafa electoral está la falta de una nueva Ley Electoral, el reglamento del Consejo Nacional Electoral y la planificación de un fraude a través de las tarjetas de identidad.
El Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, manifestó en Radio Progreso que entrar con la misma incertidumbre de las primarias al proceso de elecciones generales sería catastrófico.
Por cuanto, dijo, se debe comenzar a buscar un sistema de transmisión de datos, un mecanismo de distribución que garantice que las maletas electorales lleguen a tiempo.
León aseguró que si los resultados finales del Consejo Nacional Electoral van alineados a las encuestas que han aceptado los políticos, no se estaría frente a un fraude electoral.
CNE asegura que no está obligada a dar resultados preliminares
- 17/03/2021
Honduras sigue sin conocer ningún resultado preliminar oficial de las elecciones primarias e internas celebradas el pasado domingo. Ante eso, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, CNE, sostienen que no están obligadas a dar resultados preliminares.
“Aquí todo el tiempo estamos hablando del principio de legalidad, están en los medios de comunicación todos los invitados hablando del respeto a la Constitución, del respeto a la ley, bueno comencemos por allí: la ley electoral no nos impone ninguna transmisión preliminar de resultados y la ley no nos impone que tenemos que admitir encuestas”, señaló la Consejera Rixi Moncada.
Moncada dijo que el CNE autorizó a cinco casas encuestadoras privadas que son las que han dado a conocer unos resultados que no son oficiales. “La ley lo que nos impone, a lo que nos obliga es a la verificación, a la suma de cada uno de los resultados de los documentos electorales en físico, y eso es lo que estamos haciendo”, insistió Moncada.
Una lluvia de críticas ha caído sobre el CNE ante la falta de información sobre los resultados de las votaciones primarias e internas en las que participaron tres partidos políticos: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación, Libre.
“Y para ese proceso que se llama escrutinio general definitivo, la ley nos da hasta 30 días, eso puede salir en cinco días, puede salir en diez, en doce, en quince, en veinte, la ley nos da hasta 30 días para dar a conocer los resultados que si son oficiales”, aseguró Moncada.
Para la tarde del miércoles ha sido anunciado el primer boletín de resultados por parte del CNE.
REDH pide conteo con acompañamiento del IAIP, movimientos políticos y medios de comunicación
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) lamenta que, a dos días del proceso primario e interno, la población hondureña todavía no cuenta con información oficial sobre los posibles ganadores de la contienda.
Como lo han venido advirtiendo en sus alertas y en el informe de hallazgos y recomendaciones preliminares al desarrollo de las elecciones primarias, la decisión de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), no tuviera un sistema de trasmisión y cediera a los partidos políticos la función del conteo de votos, solo generaría caos.
Decisiones que han demostrado una fragilidad técnica y contribuido al clima de crisis política y social que impera en el país. Una crisis que debe afrontarse desde las entidades electorales correspondientes, para evitar que los resultados cuestionados de estas elecciones recientes no impacten en la eficiencia, integridad y transparencia de las elecciones generales del próximo noviembre 2021.
Ante la actual incertidumbre que el país afronta por la ausencia de resultados oficiales de las elecciones primarias e internas, la REDH hace un llamado a las autoridades del CNE para que implementen un conteo abierto, transparente, con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), representantes de los partidos políticos, observadores de las organizaciones autorizadas por el CNE y de los medios de comunicación, para generar un ambiente más confiable, ya que el país no puede seguir esperando más tiempo, dando espacio para que la incertidumbre habilite las especulaciones y denuncias de manipulación y fraude.
Reiteraron sus recomendaciones y que el CNE debe hacer valer su autoridad con estricto apego a la ley para superar las deficiencias técnicas que se han suscitado y dar certeza a la población de que en el conteo de actas se respetará la decisión de la ciudadanía que asistió a las urnas a escoger sus candidatos (as).
También, recomendaron una evaluación exhaustiva e integral del proceso electoral primario, para crear mecanismos que reflejen esfuerzos de transparencia e integridad electoral de cara a las elecciones generales, con el propósito de brindar certidumbre de los resultados del proceso a la ciudadanía hondureña.
HONDURAS / FISCALES PIDEN CÁRCEL DE POR VIDA PARA “TONY”
- Publicado: 17 Marzo 2021
Desde octubre de 2019, Juan Antonio “Tony” Hernández (der.) ha esperado en prisión por su audiencia de lectura de condena, según el juez Kevin Castel será este 23 de marzo sin más prórrogas y, en ese contexto, los fiscales piden que el hermano del gobernante hondureño sea encarcelado de por vida.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
New York. La Fiscalía del Distrito Sur de New york, ha sugerido al juez Kevin Castel aplicar una condena de cadena perpetua, es decir cárcel de por vida, a Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado en octubre de 2019.
El exdiputado del Partido Nacional y hermano del Jefe de Estado Juan Hernández, quien también es señalado por narcotráfico, según la investigación de la Fiscalía estadounidense, fue declarado culpable de los cuatro delitos vinculantes a la narcoactividad y, desde su sentencia, se ha suspendido la audiencia de lectura de condena al menos seis veces.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / EEUU PIDE ADMITIR FOTOS DE JOH “NARCO JUICIO”: AP
Los fiscales exigen una orden para incautar 138.5 millones de dólares, más de 3,300 millones de lempiras al tipo de cambio actual, además de pagar una multa de 10 millones de dólares, más de 242 millones de lempiras, según informó la periodista estadounidense, Emily Palmer del New York Times.
El documento donde la Fiscalía expone, de nueva cuenta, el perfil de “Tony”, se expone que: “Era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado”.
Además, consideran que esta estructura ha sido la responsable de “corromper las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse”.
De acuerdo a los documentos judiciales, se estima que entre 2004 y 2019, Hernández: “Consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y otros políticos asociados con el Partido Nacional”.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / ¡URGENTE! EN SEIS DÍAS MATAN A DOS PERSONAS VINCULADAS A “TONY”
La audiencia para la lectura de la condena esta programa para el martes 23 de marzo, destacando que el Juez Kevin Castel aseguró que no habrá más prórroga, ya que se ha reprogramado en seis ocasiones.
Es de recordar que “Tony” fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, y a pesar de que el excongresista ya fue investigado y encontrado culpable, en Honduras no ha sido investigado y, de hecho, sólo se le ha incautado algunos bienes.
En otro contexto, la condena definitiva de “Tony” será emitida casi en paralelo con el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, el cual vincula nuevamente a Juan Hernández con narcoactividad.
HONDURAS / EEUU PIDE ADMITIR FOTOS DE JOH “NARCO JUICIO”: AP
- Publicado: 03 Marzo 2021
Según
informa The Associated Press (AP), fiscales de Estados Unidos han
pedido que en el juicio por narcotráfico contra Geovanny
Fuentes-Ramírez, se admita como pruebas fotografías en las que se
muestra al gobernante hondureño, Juan Hernández.
“Los fiscales han identificado al presidente hondureño como CC-4 una y otra vez en múltiples documentos judiciales, diciendo que fue el ganador de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas en 2013. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún proceso abierto contra él en Estados Unidos”, destaca AP.
Por el interés nacional del reporte, EL LIBERTADOR reproduce de forma íntegra para la sociedad hondureña, estimado lector, si usted desea visitar la plataforma digital de AP, de clic aquí.
Agencias / EL LIBERTADOR
Claudia Torrens / AP
New York. Fiscales estadounidenses han pedido que se admitan en un juicio algunas fotografías que muestran al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con personas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas.
Las imágenes aparecen totalmente oscurecidas en documentos judiciales, pero fiscales del distrito sur de Nueva York dicen que muestran a CC-4 o co-conspirador número cuatro, que es la forma en que han identificado al mandatario en los procesos penales contra algunos presuntos traficantes.
NOTA DE INTERÉS: EEUU RATIFICA QUE HONDURAS ESTÁ BAJO CONTROL DEL NARCO
La fiscalía pidió en esos documentos al juez Kevin Castel que admita las fotografías como pruebas en el juicio a Geovanny Fuentes-Ramírez, un hondureño acusado de narcotráfico que fue arrestado en Miami en marzo de 2020.
Se espera que el juicio arranque el 8 de marzo en la corte del juez Castel, en Nueva York, aunque el abogado de Fuentes-Ramírez pidió el miércoles un aplazamiento de al menos una semana.
Los fiscales han identificado al presidente hondureño como CC-4 una y otra vez en múltiples documentos judiciales, diciendo que fue el ganador de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas en 2013. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún proceso abierto contra él en Estados Unidos.
Una fotografía supuestamente muestra al presidente Hernández junto a CC-14 y otra junto a CC-3, dos personas que según los fiscales Jacob Gutwillig y Matthew Laroche están involucradas en el narcotráfico en Honduras. Portavoces de la fiscalía no revelaron la identidad de los dos supuestos traficantes.
Los fiscales consideraron en los documentos judiciales que es importante mostrar las fotografías en el juicio para demostrar que todos, incluido el presidente, se conocen y son partícipes de actividad criminal.
NOTA DE INTERÉS: WASHINGTON POST: JOH, IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO, INTENTA GANARSE A BIDEN
Aseguraron que Fuentes-Ramírez contactó a CC-14 desde prisión por correo electrónico. Los fiscales obtuvieron después las fotografías de las cuentas de iCloud e Instagram de CC-14.
Ni CC-14 ni CC-3 se encuentran presos en ningún país, dijeron los fiscales.
En los documentos judiciales de los fiscales, que se encuentran disponibles en el sistema electrónico de la corte, se señala que CC-14 y Fuentes-Ramírez califican al mandatario de “Juancho” en sus chats electrónicos.
Desde hace unos dos años fiscales y traficantes de drogas ya presos han acusado al mandatario Hernández de recibir fondos de parte de narcos para poder financiar campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.
En las últimas acusaciones de cara al juicio, los fiscales han dicho que el mandatario aceptó sobornos de Fuentes-Ramírez a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y que además accedió a que las fuerzas armadas ayudaran al traficante a transportar la droga.
Hernández ha negado las acusaciones de forma repetida y ha dicho que se basan en mentiras hechas por narcos que buscan vengarse de él y reducir sus sentencias en Estados Unidos.
El nombre del mandatario también fue repetido de forma constante en el juicio a su hermano Tony Hernández, celebrado en la misma corte neoyorquina en 2019. Tony Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y se encuentra preso esperando su sentencia.
Avraham Moskowitz, abogado de Fuentes-Ramírez, pidió el miércoles el aplazamiento del arranque del juicio por unos días ya que dijo que los fiscales del caso le entregaron esta semana grabaciones de llamadas desde la cárcel hechas en español y mensajes de correo electrónico escritos en español que necesitan ser traducidos y revisados.
HONDURAS / ¡URGENTE! EN SEIS DÍAS MATAN A DOS PERSONAS VINCULADAS A “TONY”
- Publicado: 04 Marzo 2021
Esta
mañana en Tegucigalpa, capital de Honduras, ha sido asesinado el
abogado Melvin Edgardo Bonilla, reconocido por ser el apoderado legal de
Juan Antonio Hernández, hermano del gobernante del país y que fue
condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
El pasado viernes en una masacre ejecutada en San Pedro Sula, fue asesinado el expolicía Normando Lozano López, uno de los cinco exoficiales que se mencionaron en el juicio de “Tony”.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En menos de seis días han sido asesinadas dos personas que tienen un vínculo directo con, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante Juan Hernández, que fue condenado en 2019 por cuatro delitos vinculantes al narcotráfico.
Se trata de su antiguo apoderado legal, Melvin Edgardo Bonilla, quien esta mañana fue interceptado en la colonia Alameda de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.
De acuerdo a testigos, el togado transitaba por ese sector de la ciudad cuando de repente se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego, preliminarmente, el equipo de forenses que rodeó la escena del crimen, informó que Bonilla recibió nueve impactos de bala directos a la cabeza.
Con el crimen contra el profesional del derecho han sido asesinadas dos personas que tienen nexos con “Tony”, el primero fue el expolicía Normando Lozano López, ejecutado el pasado viernes en la masacre registrada en el Barrio Guamilito de San Pedro Sula, al norte del país.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / EN MASACRE ASESINAN EMPRESARIO Y EXPOLICIA CITADO EN JUICIO “TONY”
Lozano López es uno de los cinco exoficiales de Policía que se mencionaron en el juicio de “Tony” en octubre de 2019, quien además ya había sido condenado por delitos de lavado de activos.
Cabe señalar que durante la realización del juicio contra el hermano del gobernante Juan Hernández, Bonilla siempre defendió que su cliente y colega del derecho era inocente, además mencionó que quienes testificaron en contra sólo buscaban la “venganza”, discurso que ha sido el oficial frente a los señalamientos contra la familia del jefe de Estado.
“Estamos muy optimistas porque las pruebas que se han presentado y que se van a presentar no son contundentes en contra de nuestro representado Juan Antonio Hernández, eso es lo que se ha visto”, dijo en su momento.
A pesar del nexo con “Tony”, Bonilla no se mostraba como alguien afín al régimen actual, pues en una de sus fotografías publicada en redes sociales, enaltece el rótulo “¿Dónde está el dinero?”, grito de protesta del hondureño por la corrupción durante la pandemia.
“Que emoción! El rótulo sigue firme, el rótulo no lo quita nadie, el rótulo les sigue doliendo y parece que el rótulo se reeligió igualito que el gobierno”, posteó Bonilla.
The Associated Press(AP):TESTIGO ADMITE REUNIONES ENTRE NARCO Y PRESIDENTE HONDURAS
- Publicado: 16 Marzo 2021
The Associated Press (AP) ha reportado que en el juicio contra Geovanny Fuentes, un testigo confirmó reuniones del acusado narco con el gobernante Juan Hernández en las oficinas de “Graneros Nacionales”, una arrocera utilizada para lavar dinero de la droga.
Agencias / EL LIBERTADOR
Claudia Torrens / AP
New York. Un contador describió el martes con gran detalle supuestas reuniones que presenció entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un supuesto narcotraficante que le pagó dos sobornos de miles de dólares para su campaña presidencial en 2013.
El contador, que testificó en un juicio bajo el pseudónimo de José Sánchez, dijo que las reuniones ocurrieron en las oficinas de Graneros Nacionales, una arrocera usada para lavar dinero de la droga. Además de los sobornos, el presidente llegó a Graneros en varias ocasiones, en helicóptero, para recibir cheques mensuales de 250.000 lempiras (unos 10.300 dólares al cambio actual).
Sánchez dijo que eran aportes para su campaña.
El narcotraficante que supuestamente pagó al mandatario dos sobornos de 15.000 y 10.000 dólares fue Geovanny Fuentes Ramírez, quien está siendo enjuiciado en Nueva York. Sánchez testificó en su juicio.
Sánchez dijo tener miedo al entrar en la oficina donde vio al presidente reunido con Fuentes Ramírez. “Estaba viendo al candidato a la presidencia con un narcotraficante reunido”, testificó.
En una primera reunión se entregó el soborno de 15.000, dijo Sánchez. Ocurrió en la mesa redonda de la oficina de Fuad Jarufe, dueño de Graneros Nacionales, ubicada en Choloma, en la costa norte de Honduras.
Sánchez se encargó de contar el dinero mientras el presidente miraba su celular, dijo el contador. Lo prefería en efectivo, agregó.
Según Sánchez, el presidente dijo en la reunión “seremos intocables”. También dijo que “iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se iban a dar ni cuenta”.
El presidente también supuestamente le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en que trabajara en su laboratorio de drogas para él, dijo Sánchez. Tampoco había que preocuparse por nada, dijo el presidente, porque Oscar Chinchilla, fiscal general del país, lo protegería.
Sánchez testificó que el trasiego de la droga se haría con ayuda de militares y policías.
“Juan Orlando Hernández dijo que para cuando Estados Unidos conociera la verdad ellos ya habrían modificado las leyes a su favor”, testificó Sánchez.
La línea telefónica a través de la cual varios periodistas siguen el juicio fue cortada cuando testificó Sanchez ya que los fiscales le pidieron al juez que no se transmitiera el testimonio para que nadie reconozca su voz.
Sánchez dijo que huyó de Honduras en 2015 porque estaba en peligro.
La víspera un narcotraficante testificó que un hondureño le dijo en una cárcel de Nueva York que tenía fotos y videos que demostraban que el presidente Hernández recibía cargamentos de cocaína que provenían de Colombia en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel Los Cachiros, testificó en el juicio a Fuentes Ramírez que éste le dijo en la cárcel que el presidente recibía los cargamentos sin que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) se enterara.
Rivera Maradiaga se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015 y está preso desde entonces. Fuentes Ramírez, quien está acusado de narcotráfico, fue arrestado en marzo de 2020 en Estados Unidos. Ambos hondureños han coincidido en la cárcel Metropolitan Correctional Center.
Los fiscales del distrito sur de Nueva York han mencionado al presidente hondureño muchas veces en el juicio a Fuentes Ramírez, que arrancó la semana pasada.
Éstos han asegurado que el mandatario aceptó sobornos por parte de narcotraficantes como Rivera Maradiaga y Fuentes Ramírez para financiar su campaña electoral a la presidencia. Los sobornos, según los fiscales, eran pagados a cambio de permitir el tráfico de drogas en Honduras y proteger a los narcos del arresto y la extradición.
Hernández ha negado repetidamente las acusaciones, asegurando que son mentiras de delincuentes que buscan sentencias más leves en Estados Unidos. El presidente no enfrenta ningún tipo de cargo.
Exlíder de un cártel hondureño testifica en juicio por narcotráfico, que salpica al presidente Juan Orlando Hernández
Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de Los Cachiros, ha testificado este miércoles en el juicio en Nueva York contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, caso que salpica al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, informa el diario El Heraldo.
Maradiaga, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en EE.UU., admitió en su declaración haber traficado más de 100 toneladas de cocaína antes de comenzar a colaborar con la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) en 2013.
En este contexto, habló de sus nexos con Fuentes, con quien habría traficado drogas entre 2011 y 2013. El capo era el encargado de custodiar los cargamentos y garantizar la llegada a su destino gracias a los contactos con políticos, policías y altos mandos del Ejército, según precisó.
Rivera Maradiaga, vinculado con el asesinato de al menos 78 personas, reveló haber intentado asesinar a Fuentes Ramírez luego de que amenazara con matarlo a él y a su hermano, Javier Rivera, también éxlider de Los Cachiros.
"Mentiras obvias"
En el marco del juicio contra Fuentes, arrestado en Miami en marzo de 2020 y acusado de tráfico de cocaína y tenencia ilegal de armas, la Fiscalía de Nueva York ha señalado al presidente Hernández como su "coconspirador" en el envío de toneladas de droga a EE.UU. Sin embargo, el mandatario no ha sido inculpado.
Rivera Maradiaga considerado uno de los testigos clave de los fiscales, ya ha ofrecido su testimonio en otros juicios que involucran al mandatario hondureño en el narcotráfico. Tras colaborar con la DEA, el criminal se entregó a la justicia en 2015 y desde entonces ha venido ofreciendo nombres de altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas que, según él, habrían colaborado con los traficantes.
Al respecto, Juan Orlando Hernández no solo ha negado las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses sino que ha dicho que las declaraciones de Los Cachiros y demás narcos son "mentiras obvias". "Los Cachiros se entregaron a los Estados Unidos porque sabían que yo no haría tratos con narcos y asesinos, que si querían un trato, tendrían que hablar con EE.UU. Y tenían razón […] Necesitaban buscar un trato con EE.UU. Pero sin sus falsos testimonios Los Cachiros no tenían que ofrecer", escribió este lunes el presidente en un hilo en Twitter.
JOH recibió US$ 15,000 en primera reunión con Geovanny Fuentes, según testigo en juicio en NY
Testimonio del «contador» señala que JOH recibió US $15,000 en la primera reunión con Geovanny Fuentes. Además, realizó un video del segundo encuentro entre ambos
Hernández se jactó de haber colocado a Mauricio Oliva en la presidencia del Congreso Nacional y a Oscar Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público, para protegerlo a él y a sus socios
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En el juicio contra Geovanny Fuentes en la corte del Distrito Sur de Nueva York, un testigo protegido identificado bajo el seudónimo de José Sánchez, afirmó que presenció cuando Juan Hernández le dijo al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, que «los hondureños son pendejos, con una cerveza y una carnita te dan su voto», según compartió el periodista Jeff Ernst.
Sánchez también identificado como el «contador» relató que Hernández visitaba las oficinas de la empresa Graneros, propiedad de Fuad Jarufe, durante su candidatura a la presidencia. En esos encuentros, el actual presidente habría afirmado «estamos robando mejor que en los tiempos de Callejas» en relación al saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Además, contó que Hernández recibió un maletín negro con aproximadamente US$ 15,000 de manos de Geovanny Fuentes, quien le dijo «para que se ayude con la campaña».
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Durante estas reuniones con Geovanny Fuentes, el testigo protegido relató que Hernández se jactó de haber colocado a Mauricio Oliva y Oscar Chinchilla en la presidencia del Congreso Nacional y al fiscal general del Ministerio Público, respectivamente, para protegerlo a él y sus socios y que modificarían las leyes para evitar la extradición. Asimismo, aseguró que las Fuerzas Armadas protegerían los cargamentos de droga y evitarían la incautación de la misma.
Según las declaraciones recogidas por Inner City Press, la jornada comenzó con «el contador» narrando dos de sus visitas al narco laboratorio ubicado en Cerro Negro, Cortés. Ambas visitas separadas por un periodo de tres meses fueron realizadas a petición de su jefe, Fuad Jarufe. Entre los mencionados durante esta etapa del testimonio está un ciudadano identificado como Julio César Barahona a quien se le entregó un cheque y que además se referían a Juan Hernández como «el jefe».
El fiscal federal auxiliar interrogó a Sánchez en relación a las visitas que realizó Hernández a las oficinas de Graneros, durante su candidatura a la presidencia de Honduras en busca de apoyo financiero a la campaña electoral. El testigo declaró que por medio de cheques que él entregó y fueron firmados por Fuad Jarufe, Hernández llegó a recibir 250 mil lempiras mensuales.
En estas sesiones, Hernández declaró que serían «intocables» bajo el apoyo empresarios y Fuerzas Armadas. Los comentarios en relación a que los hondureños «son pendejos» fueron realizados durante uno de los encuentros en los que participó el alcalde de Choloma, Leopoldo «Polo» Crivelli, quien buscó este 14 de marzo la candidatura para la reelección en este puesto edilicio.
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El primer encuentro entre JOH y Geovanny Fuentes
El «contador» expuso que para el primer encuentro entre Geovanny Fuentes y el actual presidente de Honduras, conocido en este círculo como «Juancho», este último arribó a bordo de un helicóptero militar y que su jefe le dijo ese día: «Viene Juan Orlando hoy». Sánchez manifestó sentir temor durante la reunión al ver a un candidato a la presidencia de Honduras sentado a la par de un narcotraficante.
En esa reunión, Hernández manifestó que para cuando los estadounidenses se dieran cuenta, ya serían invencibles. «A los gringos les meteremos drogas por la nariz y ni se darán cuenta», afirmó el testigo que dijo Juan Hernández durante esa reunión. El entonces candidato a la presidencia de Honduras habría dicho al acusado [Geovanny Fuentes] que siguiera las instrucciones de su hermano Antonio «Tony» Hernández en cuanto al negocio de la droga se refería.
Fue en ese momento que Fuentes dio a Hernández el maletín que estaba lleno de dólares y le dijo: «para que se ayude con la campaña». Momento en el que Hernández le dijo al «contador» que realizará el cambio de divisa a Lempiras por medio de un cheque, mientras tomaba un trago y chequeaba su celular. Sumado al dinero del maletín, Fuentes habría entregado a Hernández más dinero en billetes de US $20 por un valor total estimado en US $10,000.
El nombre del comisionado Leonel Sauceda también fue mencionado mientras Sánchez declaró. Esto en relación a que Jarufe, su jefe, llevó consigo el contacto de Sauceda y el acusado, durante un chequeo médico en Estados Unidos.
El «contador» refirió que tuvo oportunidad de realizar una copia del video del segundo encuentro entre Fuentes y Hernández debido a que el responsable de realizar las grabaciones de las mismas tuvo que salir. A su salida de Graneros, el testigo protegido #1, reportó al abogado de Fuentes, que Hernández tenía un saldo pendiente por un monto que ascendía a los Lps. 400 mil.
La jornada finalizó con las respuestas del «contador» a las interrogantes de la defensa en relación a la compra de arroz que realizó la empresa Graneros al hermano menor del exjefe de los Cachiros, Santos Isidro Rivera Maradiaga; así como reiteraciones de declaraciones realizadas por el testigo protegido #1 cuando fue interrogado por el fiscal federal auxiliar.
El audio del testigo protegido, bajo el alias de José Sánchez, fue bloqueado de la línea telefónica a petición de la Fiscalía de los Estados Unidos, luego que material auditivo del testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga en el juicio contra Geovanny Fuentes fue filtrado en la plataforma de Youtube.
El juicio contra Geovanny Fuentes está enfocado en cómo el negocio de tráfico de drogas del acusado prosperó con el apoyo del presidente de Honduras. Por su parte, Hernández ha recurrido a Twitter para defenderse de las acusaciones, afirmando que «los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias».
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Anteriormente, el exjefe de los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga brindó su testimonio por un periodo de tres días en los que relató que Geovanny Fuentes tendría vídeos de Juan Hernández recibiendo cargamentos de drogas. Así como que, él [Rivera Maradiaga] habría dado sobornos a JOH, Ricardo Álvarez y Mel Zelaya.
HONDURAS / JOH RECIBÍA COCAÍNA DE COLOMBIA Y "SE BURLABA DE LA DEA", SEGÚN CACHIRO
- Publicado: 16 Marzo 2021
Según
el exjefe de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera, Geovanny Fuentes le
dijo que "tenía evidencia, fotografías, videos para mostrar cómo Juan
Orlando, el presidente de Honduras, estaba recibiendo cargamentos de
cocaína procedentes de Colombia en los aeropuertos de San Pedro Sula y
Tegucigalpa".
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un exjefe del narcotráfico de Honduras contó el lunes en un juicio por tráfico de drogas en Nueva York que el acusado, Geovanny Fuentes Ramírez, le dijo que el presidente de Honduras, Juan Hernández, recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y "se burlaba de la DEA".
El excapo Leonel Rivera, que lideró el temido cartel de Los Cachiros y ahora colabora con el gobierno estadounidense, contó en el proceso en la corte federal de Manhattan que se encontró con el acusado en 2020 en la cárcel metropolitana de Nueva York (MCC).
En ese encuentro, según Rivera, el acusado le dijo que "tenía evidencia, fotografías, videos para mostrar cómo Juan Orlando, el presidente de Honduras, estaba recibiendo cargamentos de cocaína procedentes de Colombia en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa".
Fuentes quería pedir a la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que le dejara salir un mes de la prisión para recuperar esas pruebas, dijo Rivera.
Según el exjefe de Los Cachiros, Fuentes le dijo que el presunto tráfico de drogas tenía lugar "delante de la DEA, pero que la DEA no se daba cuenta y que Juan Orlando Hernández se burlaba de la DEA".
Devis Leonel Rivera Maradiaga, que confiesa haber matado u ordenado la muerte de 78 personas y colaboró con la DEA dos años antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en 2015, espera reducir su sentencia de cadena perpetua más de 30 años de cárcel a cambio de su testimonio.
No precisó la fecha exacta de la reunión en la MCC, pero dijo que Fuentes le comentó que "él no se iba a ir a juicio" porque poseía toda esa información sobre el presidente hondureño.
Los fiscales del distrito sur de Nueva York aseguran que el presidente de Honduras y el acusado fueron socios en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, pero Hernández no ha sido inculpado.
El mandatario hondureño asegura que es inocente y que Rivera miente para vengarse de su combate contra el narcotráfico y para reducir su pena.
El hermano del presidente, Juan Antonio "Tony" Hernández, fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en octubre de 2019 en Nueva York. Aún no ha sido sentenciado.
"¿Sobornar a un presidente no es barato, cierto?", preguntó a Rivera el abogado de la defensa Abraham Moskowitz.
"No es barato, es caro", dijo Rivera, quien asegura haber sobornado a todos los presidentes de Honduras desde 2006 a cambio de protección para el tráfico de drogas y de la promesa de no extraditarlo a Estados Unidos.
Rivera dice que pagó a Hernández un soborno de 250.000 a 300.000 dólares en 2009, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia, y que tras su elección le pagó una segunda coima.
WASHINGTON POST: JOH, IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO, INTENTA GANARSE A BIDEN
- Publicado: 12 Febrero 2021
Un artículo del Washington Post ha destacado que el gobernante hondureño, Juan Hernández, es uno de los pocos jefes de Estado en funciones que está implicado en el narcotráfico y, ante estos señalamientos e investigación activa, se prevé una extradición inevitable.
El prestigioso rotativo estadounidense señala que si la acusación formal llega de la Corte de New York, Hernández sería extraditado al cerrar el segundo mandato –ilegal, según Constitución hondureña– y, si la relación con Estados Unidos no cambia, incluso podría darse antes.
En este artículo que EL LIBERTADOR reproduce íntegramente, Washington Post, apunta que Hernández, quien ha sabido conquistar a funcionarios de EE.UU., ahora busca el favor de un “viejo amigo”, Joe Biden, quien haga lo que haga con su política exterior, “es probable que Hernández sea quien tenga más que perder”.
Agencias / EL LIBERTADOR
Kevin Sieff / Washington Post
Gráficas: Washington Post
San Pedro Sula. Una semana después de que otro expediente judicial federal de Estados Unidos lo implicara en el tráfico de drogas, el presidente de Honduras estaba en un helicóptero sobrevolando una cordillera remota, navegando por Twitter.
Era mediados de enero y Juan Orlando Hernández estaba tratando de calcular qué significaba la transición política de Washington para su país y para él mismo. Pasó por alto las noticias del juicio político de Donald Trump, más allá de un tweet de Nikki Haley sobre las "élites liberales", más allá de una vista previa de la toma de posesión de Joe Biden.
Durante cuatro años, Hernández había construido su programa de gobierno en torno a las demandas de la administración Trump, que a su vez se había mantenido al margen de los asuntos internos hondureños. Ahora ese arreglo estaba terminando. Hernández, al igual que los jefes de estado de todo el mundo, se estaba preparando para un cambio extremo en la política exterior estadounidense y estaba tratando de descubrir cómo transformarse de un aliado de Trump en uno de Biden.
Lo que está en juego es más alto para Hernández que quizás para cualquier otro líder mundial. No solo la fortuna política y económica de su país está indisolublemente ligada a Estados Unidos, sino que el propio Hernández es uno de los pocos presidentes en ejercicio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha implicado en el tráfico de drogas.
No
ha sido acusado, pero los fiscales han descrito pruebas en su contra en
múltiples acusaciones, incluida una contra su hermano, Tony, un
excongresista de Honduras que fue condenado en la corte federal de
Manhattan en 2019 por tráfico de cocaína. En ese caso, el Departamento
de Justicia dijo que Tony Hernández entregó un soborno de $1 millón del
líder del cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán a Juan Orlando
Hernández en 2013. El presidente niega esa acusación y cualquier otro
supuesto vínculo con el narcotráfico.
Si lo acusan, podría enfrentar la extradición cuando termine su mandato el próximo año o, si la relación entre Estados Unidos y Honduras se deteriora, antes. Pero Hernández, que describe a Biden como un viejo colega, tiene esperanzas.
“Tendremos que sentarnos, hablar y ver el progreso que se ha logrado”, en Honduras, dijo a The Washington Post. "Siempre sentí que Biden era más pragmático" que Trump, "y siempre muy cortés".
En noviembre, Hernández tuiteó una foto de él con Biden en 2015, el brazo de Biden agarrando los bíceps de Hernández. "Espero que podamos trabajar juntos", escribió, "como en el pasado".
Hernández y sus asistentes han intentado seducir a los legisladores demócratas, han despedido a su empresa de cabildeo, han dado la bienvenida a una nueva oficina de la ONU centrada en las drogas y el crimen y han revivido los temas de conversación sobre el cambio climático. ¿El polémico pacto de asilo que firmó Hernández con Trump? Ahora describió el enfoque de Trump como "agresivo". Hernández, por su propia cuenta, estaba listo para seguir adelante.
Pero en medio de ese esfuerzo, el Departamento de Justicia lanzó una nueva acusación. En su caso contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, los fiscales citaron a Hernández diciendo que “quería meter la droga en las narices de los gringos” utilizando el laboratorio de cocaína de Fuentes para aumentar la producción.
“Ridículo”, dijo Hernández. (Fuentes, arrestado en Florida en marzo, se declaró inocente).
Ahora es otro tema que resolver con la nueva administración, menos probable que mire para otro lado. Los hondureños estarán observando de cerca. Dada la fragilidad del sistema judicial del país, los muchos críticos de Hernández creen que su única oportunidad de hacer justicia está en los Estados Unidos. “Fuera la narcodictadura” - “Sacar la narcodictadura” - se ha convertido en un grito de guerra.
“Hernández cree que puede salirse del lazo del Departamento de Justicia”, dijo un alto funcionario estadounidense. "Así que está mostrando toda su voluntad de trabajar con la nueva administración".
Hernández, flotando sobre el verde campo del país en el helicóptero presidencial, recitó las conexiones entre los dos países, evidentes en el paisaje de abajo.
Señaló una base militar estadounidense, la única en Centroamérica. Una nueva fábrica de Nike. Puerto Cortés, de donde parten buques tanque cargados de productos hondureños con destino a Estados Unidos. A lo lejos estaba San Pedro Sula, donde en ese momento una caravana de miles de migrantes hondureños estaba a horas de partir hacia la frontera con Estados Unidos.
Hay otra conexión: cada año, miles de libras de cocaína pasan por Honduras de camino a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, parte de esa carga es traficada por funcionarios hondureños, una acusación que la administración Trump ignoró en su mayoría mientras que los funcionarios elogiaron los esfuerzos de Hernández contra el narcotráfico y la migración.
“Todo se trataba de migración para Trump. Fue puramente transaccional, y Hernández supo darle a Trump lo que quería”, dijo el alto funcionario estadounidense, quien no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema y comentó bajo condición de anonimato. "Cuando intentamos impulsar otros temas, como los temas anticorrupción, no obtuvimos ningún impulso en los niveles más altos".
Los funcionarios hondureños reconocieron rápidamente que la administración Trump no estaba interesada en presionar a Hernández sobre las acusaciones.
“En mis 30 reuniones con varios actores en Washington, las acusaciones en su contra nunca surgieron”, dijo el canciller Lisandro Rosales.
El Departamento de Estado de Trump dijo en un comunicado de enero que Estados Unidos utiliza su "compromiso diplomático con el Gobierno de Honduras para apoyar el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y la impunidad".
"Nos tomamos muy en serio las acusaciones de actividad delictiva", dijo el comunicado. “Los funcionarios del departamento se relacionan con una amplia variedad de funcionarios del gobierno hondureño, en todas las ramas del gobierno, partidos políticos, actores de la sociedad civil y el sector privado para lograr nuestros objetivos”.
El objetivo de Trump era impedir que los hondureños llegaran a la frontera de Estados Unidos o que solicitaran asilo una vez que llegaban. Pero los analistas dicen que es la mala gobernanza en Honduras, una de las naciones más violentas de América Latina y una de las más corruptas del mundo, según Transparencia Internacional, lo que impulsa la migración a Estados Unidos.
Biden ha delineado esos temas en su plan de políticas para Centroamérica , un documento leído por el equipo de Hernández con interés y preocupación. Los elementos incluyen "revocar visas a los Estados Unidos y congelar activos de personas corruptas de El Salvador, Guatemala y Honduras".
En
los tres países, Biden heredará relaciones transformadas por la
administración Trump. Trump elogió a El Salvador y Guatemala por sus
políticas para frenar la migración, pero no tomó ninguna medida cuando
Guatemala disolvió su agencia anticorrupción respaldada por la ONU o
cuando los críticos acusaron al presidente de El Salvador de alentar la
fuerza excesiva para combatir la violencia de las pandillas.
Independientemente de lo que haga Biden para restaurar la responsabilidad de la política exterior de Estados Unidos, es probable que Hernández sea quien tenga más que perder. Durante más de una década, ha navegado por cambios en la política estadounidense, cambiando de forma según sea necesario para aislarse. Pero es el tratado de extradición con Estados Unidos que presionó para implementar cuando era presidente del Congreso de Honduras el que ahora podría representar la mayor amenaza para él.
“El presidente Hernández, como muchos líderes extranjeros, ha sido muy hábil para decirle a la gente en Washington lo que quieren escuchar”, dijo el senador Patrick J. Leahy (D-Vt.). “Pero la realidad es que la democracia y los derechos humanos están bajo ataque en Honduras y la corrupción impregna al gobierno”.
Hernández ha estudiado política estadounidense desde su paso por un programa de maestría en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Creció en una pequeña finca de café en la ciudad de Gracias, cerca de la frontera con El Salvador, uno de los 17 niños. Cuando llegó a la mayoría de edad políticamente, llegó a creer que conquistar a Estados Unidos era una habilidad de supervivencia necesaria.
En 2003, mientras era miembro del Congreso, prestó su oficina a funcionarios del Departamento de Estado, quienes la utilizaron para movilizar a los legisladores hondureños para que apoyaran la guerra de Irak. Los diplomáticos estadounidenses le obsequiaron un par de gemelos de George W. Bush, dijeron funcionarios estadounidenses. Cuando Barack Obama era presidente, Hernández defendió un programa destinado a frenar la migración aumentando la seguridad y el empleo.
Con Trump en el cargo, la administración de Hernández acordó impedir que los migrantes centroamericanos busquen asilo en Estados Unidos. Después de que la administración Trump trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Hernández anunció que Honduras también trasladaría su embajada allí.
“Hernández siempre ha sabido qué prioridades de Estados Unidos apoyar para mantener la relación”, dijo Adriana Beltrán de la Oficina de Washington para América Latina.
Mientras tanto, las acusaciones se han ido acumulando. Incluyen la afirmación de los fiscales estadounidenses de que el narcotraficante mexicano Guzmán le había dado a Tony Hernández 1 millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano. Los abogados de Tony Hernández argumentaron durante su juicio federal que no había evidencia para probar el reclamo. Los fiscales también afirman que Juan Orlando Hernández había acordado “facilitar el uso del personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad” para los narcotraficantes.
Hernández dijo que llamó a su hermano personalmente y le dijo: "Si hiciste algo mal y te detienen, es tu responsabilidad". Le dijo a su madre que apoyaba la extradición de su hermano. Ella estaba furiosa, dijo.
“Tengo dos roles”, dijo, “el rol de hermano y el rol de jefe de estado”.
Hernández califica de absurdas las acusaciones en su contra, argumentando que provienen de presuntos delincuentes que están tratando de reducir sus penas de prisión.
“Es una situación muy extraña”, dijo. “En otros sistemas de justicia del mundo, esto no se consideraría un testimonio válido”.
Trump respaldó a Hernández cuando ganó la reelección, a pesar de las acusaciones de fraude, en 2017. Estados Unidos no impidió que Honduras anulara una agencia anticorrupción el año pasado. Los funcionarios continuaron trabajando con Hernández, formalizando un acuerdo el año pasado que permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo no hondureños a Honduras para presentar sus solicitudes allí.
“El presidente Hernández está trabajando muy de cerca con Estados Unidos”, dijo Trump en diciembre de 2019. “Usted sabe lo que está pasando en nuestra frontera sur. Y estamos ganando después de años y años de perder".
La administración de Hernández aprovechó el reconocimiento.
“Estas son realmente las palabras de un amigo”, dijo en ese momento Rosales, el canciller.
Dos días antes de que Tony Hernández fuera condenado, la Embajada de Estados Unidos en Honduras tuiteó que “nuestros gobiernos cooperan en una amplia gama de temas, como la migración, la seguridad, la lucha contra las drogas y el desarrollo económico”.
Los diplomáticos estadounidenses y los activistas hondureños retrocedieron.
“Vimos cómo el gobierno hondureño se volvía más corrupto, más abusivo, y el único freno a esos problemas, Estados Unidos, se había desvanecido”, dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, que durante años ha recibido apoyo de Estados Unidos. Agencia para el Desarrollo Internacional.
El Departamento de Estado de Trump defendió su papel.
“Los funcionarios de la embajada se reúnen regularmente con el gobierno hondureño para abordar casos específicos de derechos humanos, abogar por mejorar los derechos humanos y los esfuerzos anticorrupción, y trabajar para mejorar la prosperidad y la seguridad en Honduras”, dijo en enero.
Pero desde la elección de Biden, aquellos en el círculo íntimo de Hernández se han preocupado. Les preocupa que los críticos demócratas como Leahy y la representante Norma J. Torres (D-Calif.) Tengan un papel más importante en la elaboración de políticas.
Después de las elecciones, los funcionarios del Departamento de Estado crearon una política interna de evitar fotos con Hernández, según un funcionario estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.) Y un grupo de miembros demócratas del Congreso se negaron a reunirse con él cuando visitaron Honduras en 2019.
“No creo que comprenda del todo el cambio que está por venir”, dijo Torres, quien estaba en ese viaje. "Mi esperanza es que encontremos una manera de deshacer el gran daño que su gobierno ha hecho mientras la administración Trump miraba hacia otro lado".
Altos funcionarios hondureños enviaron cuatro solicitudes para reunirse con Torres mientras intentaban ganarse el cariño de una administración demócrata. Ella no respondió.
“Desde la perspectiva de la representante Torres, no tiene sentido que un legislador se siente con el representante de cualquier gobierno extranjero, y particularmente un narcoestado, antes de la nueva administración”, dijo su portavoz, Dan Lindner.
Es raro que Estados Unidos procese a un jefe de estado. Pero el mandato de Hernández finaliza el próximo enero. A los analistas les preocupa que intente aferrarse al poder, dice que no lo hará, o anulará el tratado de extradición del país antes de dimitir. Funcionarios hondureños dicen que Hernández no tiene planes de cambiar la ley de extradición, un proceso que requeriría la aprobación de dos legislaturas consecutivas.
Por
ahora, al menos públicamente, parece que su estrategia es la misma de
siempre: conquistar a un nuevo presidente de Estados Unidos.
En el borde de la desolada Costa de los Mosquitos de Honduras, Luis Suazo, el embajador del país en los Estados Unidos, se paró junto a los restos de un avión que se estrelló, cargado por miles de libras de cocaína. En el ala, alguien había blasonado una insignia falsa de la ONU, en un aparente intento de engañar al ejército hondureño.
A Suazo, un exministro de seguridad, se le ha encomendado la tarea de conquistar a la administración Biden. Ahora estaba destacando los avances del país contra las pandillas y el narcotráfico.
En 2011, Honduras era el país de transbordo de cocaína más grande del mundo, según el Departamento de Estado. Para 2019, informó el departamento, solo el 4 por ciento de los envíos que llegaron a Estados Unidos hicieron una primera parada aquí.
“Quiero felicitar al Gobierno de Honduras por su excelente trabajo”, dijo el almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cuando visitó a Hernández en diciembre.
Fue un elogio que Hernández y su personal circularan ampliamente: ¿Por qué un presidente involucrado en el narcotráfico tomaría medidas enérgicas contra el narcotráfico?
“No tiene ningún sentido”, dijo Suazo. “Hemos sido socios dispuestos en la lucha contra el narcotráfico, y las cifras lo confirman”.
Detrás de él, una unidad de soldados hondureños enterró dinamita cerca del avión en descomposición. Estaban aquí para destruir la pista clandestina en la que había intentado aterrizar, y habían invitado a un corresponsal del Washington Post a verlo. Fue una parte más de la nueva campaña de mensajería de Hernández.
Después de que Hernández fuera elegido en 2014, patrocinó una “depuración” de la policía del país, respaldada y financiada por Estados Unidos, que llevó al despido de la mitad de la fuerza. Ayudó a legalizar la extradición de Honduras a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores dijeron que había rumores de que Hernández era cómplice del tráfico de drogas durante los primeros años de su presidencia, pero nunca hubo inteligencia explícita que lo implique. Los funcionarios dicen que han podido respaldar los esfuerzos antinarcóticos en un país conocido por la corrupción institucional al asociarse con unidades militares y policiales que han pasado las pruebas de polígrafo.
"La DEA trabaja de la mano con estas unidades examinadas a través de información compartida e investigaciones bilaterales para apoyar las operaciones hondureñas", dijo la Administración de Control de Drogas en un comunicado.
Biden ha propuesto gastar $ 4 mil millones en Centroamérica para mejorar la seguridad y desarrollar la economía. No está claro qué papel tendría Hernández. Cuando Biden lideró los esfuerzos de desarrollo en Centroamérica en 2015 con el objetivo de disuadir la migración, Hernández visitó los think tanks de Washington para promover la estrategia, denominada “ Alianza para la Prosperidad ”. Parece poco probable que juegue un papel similar esta vez. Pero ya ha comenzado a intentarlo.
“Es clásico de Juan Orlando”, dijo un exfuncionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos en curso. “Se pregunta a sí mismo: '¿Qué puedo hacer hoy para mostrarle a la gente de Biden que soy un socio fuerte?'".
Influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reconocido narcotraficante y en la administración de Trump fue aliado clave de Estados Unidos e Israel, pero con esta sanción cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y múltiples actividades criminales.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. Hasta que la corrupción y las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.
Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central – Honduras, Guatemala y El Salvador – la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos. La aplicación del mal llamado »Plan Colombia» impulsado por el ahora presidente de los Estados Unidos, Biden, se aplicó en Honduras a inicios de la administración de Porfirio Lobo, esto desencadeno la violencia estatal en el país, y el abandono a la inversión social.
Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y consigo las fuerzas de seguridad. El imperio norteamericano esta viviendo su propia crisis, lo cual podría ablandar las políticas de ultraderecha aplicadas a Honduras.
Esta ley en el senado norteamericano pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el Golpe de Estado ejecutado por los militares en junio del 2009, como resultado de la coalición entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales que se aliaron para ponerle fin a los avances sociales de un gobierno progresista.
También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas.
Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro inhumano, incluida la enfermera Kelya Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial, cuyo crimen sigue estando impune.
»Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado.
“El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.
Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero del trafico de droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder. Con pocos días para la realización de la fiesta democrática (Elecciones primarias y generales), es una luz al final del túnel que haya una sanción contra los que se creen intocables.
Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del estado de derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del poder judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para mantenerse en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados. Tambien bajo su mando en el Congreso Nacional se otorgaron contratos leoninos a empresas de generación energética.
A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas. -según lo publicado en un diario digital del país
El proyecto de ley también prohibiría la exportación de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, cañones de agua, esposas, pistolas paralizantes, Taser y armas de fuego semiautomáticas hasta que las fuerzas de seguridad logren 12 meses sin cometer violaciones de derechos humanos. También se suspendería la asistencia financiera, incluidos equipos y capacitación, aunque seguirían siendo posibles exenciones en interés nacional. Estados Unidos también votaría en contra de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad. Esta ley es una contradicción contra la misma política Estadunidense que se ha centrado de la militarización de la sociedad hondureña. Una muestra mas que el sistema hegemónico que dirige el mundo no es irrevocable.
»Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión», -Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe-
Para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que ha seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres, el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes fraudulentos contra las elecciones y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas afro-indígenas. Habría que incluir la persecución judicial contra lideres estudiantiles, el asesinato de estudiantes secundarios miembros de organizaciones populares, y la salida inmediata de USAID y sus oenegés apéndices que funcionan como un aparato de espionaje contra los movimientos populares.
¡URGENTE! SENADORES PROPONEN SANCIONAR A JOH Y MILITARES: THE GUARDIAN
- Publicado: 23 Febrero 2021
De acuerdo con el periódico británico, The guardian, un grupo de senadores influyentes, ha presentado una ley que propone sanciones a Juan Hernández y al Ejército, entre ellas, el retiro de la visa al gobernante y congelación del apoyo militar por violación de derechos humanos y “actividades criminales”.
"El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales, a la Policía y al Ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad", ha dicho el senador Jeff Merkley.
Por el interés nacional de este artículo, EL LIBERTADOR comparte de forma íntegra la redacción de The Guardian, que destaca a Hernández como “un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos”.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington. Un grupo de influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos, y cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades criminales.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.
Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central -Honduras, Guatemala y El Salvador- la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos.
Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.
Pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares de 2009, como resultado de la colusión generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.
NOTA DE INTERÉS: "NO NOS ESCONDEREMOS PARA DENUNCIAR A NINGÚN LÍDER": EEUU A HONDURAS
También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos, opositores políticos y periodistas.
Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro, incluida la enfermera Keyla Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial.
“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. "El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales, a la Policía y al Ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad".
Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional.
Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán .
El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del Estado de Derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del Poder Judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para permanecer en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.
A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas.
El proyecto de ley también prohibiría la exportación de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, cañones de agua, esposas, pistolas paralizantes, Taser y armas de fuego semiautomáticas hasta que las fuerzas de seguridad logren 12 meses sin cometer violaciones de derechos humanos. También se suspendería la asistencia financiera, incluidos equipos y capacitación, aunque seguirían siendo posibles exenciones en interés nacional. Estados Unidos también votaría en contra de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad.
“Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión”, dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe.
Para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que ha seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres , el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes fraudulentos contra las elecciones y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas afro-indígenas .
EEUU A JOH: "NO ESTÁ EN POSICIÓN DE DISFRUTAR DE COLABORACIÓN ESTRECHA"
- Publicado: 09 Marzo 2021
Según
un artículo de la agencia de noticias, EFE, el vocero del Departamento
de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha advertido que la
administración de Joe Biden no va a colaborar con Juan Hernández porque
no lo considera en posición de luchar contra la corrupción.
Lo anterior luego de que la Fiscalía lo haya vinculado con un supuesto narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, cuyo juicio comenzó ayer lunes en el Distrito Sur de New York.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington. El Gobierno de Estados Unidos advirtió este martes que no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción, después de que la Fiscalía vinculara al gobernante de Honduras, Juan Hernández, con un supuesto narcotraficante de su país que está siendo juzgado en Nueva York.
"Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos", dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en respuesta a una pregunta sobre las implicaciones de las acusaciones contra Hernández.
Price destacó que “lo que ocurre en Honduras no está libre de consecuencias en Estados Unidos”. Además, ha dicho que “una de las muchas razones por las que hemos hablado de la necesidad de colaborar con el pueblo hondureño, con la sociedad civil, con elementos del Gobierno hondureño. Estamos comprometidos con esta colaboración”.
“Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción en Honduras -siguió-, y continuaremos apoyando y trabajando con líderes comprometidos con la lucha frente al corrupción”.
A ese respecto el portavoz insistió en que Washington respalda el imperio de la ley en la lucha contra la impunidad en el país centroamericano.
“Esto es cierto en Honduras, es cierto en todos los niveles en Honduras, estamos trabajando con funcionarios del Gobierno hondureños, la sociedad civil y el sector privado para construir un futuro mejor para el pueblo hondureño, ese es nuestro objetivo”, dijo Price.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York abrió este lunes el juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, sobre el que aseguró que colaboró durante años con Hernández, y describiendo a Honduras como un "narcoestado".
Según los fiscales, Fuentes Ramírez operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, "incluido el actual presidente de Honduras".
En su alegato inicial, la Fiscalía afirmó que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la Presidencia, y que juntos planearon enviar "la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos".
Hasta ahora Hernández ha negado en todo momento cualquier implicación, algo que reiteró este lunes a través de Twitter, en una serie de mensajes en la que además lanzó una advertencia a Washington.
El presidente hondureño dijo que mantendrá la "alianza internacional en la lucha antinarcotráfico" hasta el final de su mandato, pero advirtió de que si los narcotraficantes, "con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras".
Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente desde 2017 hasta enero de este año con Donald Trump.
EEUU RATIFICA QUE HONDURAS ESTÁ BAJO CONTROL DEL NARCO
- Publicado: 03 Marzo 2021
El
Departamento de Estado ha publicado este martes el Informe de la
estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes 2020,
documento en dos volúmenes que apuntan que Honduras se ha convertido en
territorio explotado por carteles del narcotráfico.
Alerta que la desconexión entre el Poder Judicial, las agencias reguladoras y el Ministerio Público, con respecto a la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero y decomiso de activos, tiene un impacto negativo en las investigaciones.- “La corrupción dentro de las fuerzas del orden hondureñas sigue siendo motivo de preocupación”, sentencia el documento.
Según los documentos, actualmente el país es una “autopista” para los capos de la droga, porque se estima que el tránsito de estupefacientes por tierra es significativamente mayor a los envíos por vía aérea o marítima.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Honduras se ha convertido en un territorio explotado por narcotraficantes para el tráfico de droga con destino a Estados Unidos, así lo define el Departamento de Estado en su Informe de la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes 2020 (INCSR, por sus siglas en inglés), documento elaborado en dos ediciones: Volumen I para el control de drogas y productos químicos, y Volumen II para el lavado de dinero y delitos financieros, éste último presentado ante el Congreso estadounidense.
Ambos documentos reconocen que el país ha caído en control del narcotráfico, siendo enfáticos en que incluso hay personas vinculadas a funcionarios hondureños que han sido condenadas en los Estados Unidos en los últimos años, “incluido el hermano del presidente Hernández, el hijo del expresidente Lobo (narcotráfico) y el hermano del exministro de servicios sociales (lavado de dinero vinculado al soborno)”.
Lo anterior expuesto en el Volumen II del INCSR, haciendo mención a Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado en 2018 por narcotráfico y otros delitos vinculantes, y que espera condena definitiva; Fabio Lobo, sentenciado a 24 años de cárcel, también por narcoactividad; y, Yankel Rosenthal quien junto a su hermano Yani Rosenthal, fueron encarcelados por lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes.
NOTA DE INTERÉS: WASHINGTON POST: JOH, IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO, INTENTA GANARSE A BIDEN
En el Volumen I del INCSR el Departamento de Estado menciona que en Honduras pasa el 4 por ciento de cocaína proveniente de América del Sur, en primera escala por aire o par, la cifra ha sido destacada por el Gobierno de Juan Hernández como un “logro” en combate al narcotráfico; sin embargo, el documento resalta que ha ocurrido cambios en los medios de envío, “se estima que en Honduras han transitado (los narco-envíos) más por tierra luego de hacer una primera llegada a otros países”.
En ese contexto, el informe apunta que particularmente el departamento de Gracias a Dios es vulnerable al tráfico de drogas por tierra, mar y aíre “debido a su lejanía, infraestructura limitada y mínima presencial gubernamental”. Condición que es aprovechada por organizaciones criminales para operar de manera desafiante.
El informe reconoce las labores de órganos de seguridad para atacar al crimen en colaboración con instituciones estadounidenses, y hace especial atención que: El Gobierno de Honduras, por una cuestión de política gubernamental oficial, no alienta la producción ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni el Departamento de Estado de EE.UU. sabe que participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas”.
Prosigue: “Sin embargo, la corrupción es generalizada en instituciones públicas y privadas. Las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la Justicia a policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el narcotráfico y afines ofensas. Hasta octubre de 2019, las autoridades habían arrestado a tres policías en activo, seis militares en activo y un excongresista por narcotráfico”.
NOTA DE INTERÉS: ¡URGENTE! SENADORES PROPONEN SANCIONAR A JOH Y MILITARES: THE GUARDIAN
Lo anteriormente descrito, se refiere estrictamente a que Honduras, como país no tiene una política de producción de droga, pero eso no significa que no haya políticos vinculados al tráfico de estupefacientes, pues en la “visión general” del Volumen II del INCSR, apunta que: “El lavado de dinero en Honduras se deriva principalmente del tráfico de estupefacientes por parte de grupos delictivos organizados y del producto ilícito de la corrupción pública”.
Además aqueja que la falta de capacidad de investigación sobre transacciones financieras complejas contribuye a un clima favorable para lavado de dinero, delito que se deriva de la actividad criminal nacional y extranjera. “Las organizaciones locales de tráfico de drogas y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas, que pasan tanto por el sistema bancario formal como por la economía sumergida”.
Según el informe, las empresas comerciales comúnmente utilizadas para lavar fondos incluyen los rubros de automóviles, bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, uniones de crédito, sector de la construcción y la ganadería, ésta última en áreas remotas del país.
El Departamento de Estado incluso observa que aunque la oficina de Registros Públicos (Instituto de la Propiedad) ha comenzado con la digitalización de sus archivos en todo el territorio nacional, la mayoría de los registros de propiedad pública permanecen en copia impresa, además de estar mal organizados, “lo que impide una investigación efectiva”.
Y también alerta que la desconexión entre el Poder Judicial, las agencias reguladoras y el Ministerio Público, con respecto a la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero y decomiso de activos, tiene un impacto negativo en las investigaciones. Por lo que critica que la autoridad “a menudo ejecuta órdenes judiciales antes de que se puedan completar las investigaciones financieras y confiscan activos con gravámenes fiscales antes de determinar si otros cargos son aplicables”.
La autoridad estadounidense critica además que los diputados del Congreso Nacional enmendaron la ley de “Confiscación de Activos” no para abordar las deficiencias, sino para facilitar a funcionarios evitar la incautación de bienes “poniendo en peligro el uso de la confiscación por parte de las fuerzas del orden en las investigaciones de crimen organizado y lavado de dinero”.
Aunque reconocen que Juan Hernández vetó esa enmienda, en septiembre de 2018 una Comisión de Justicia Penal emitió un dictamen en el que afirmaba que las entidades encargadas de hacer cumplir la ley habían malinterpretado el concepto legal de congelamiento y decomiso de activos, la propuesta permanece en el Legislativo sin avances desde 2019.
Juan Orlando Hernández debe renunciar, el pueblo lo exige
Los fiscales del condado de Nueva York han vuelto a la carga: Están investigando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por supuestos nexos con el narcotráfico.
“A JOH no le importó obligar a los demás poderes del Estado y a las fuerzas armadas a que lo acompañaran en la propia sede de la más alta representación nacional a enlodar el nombre de Honduras insultando a un gobierno extranjero”
Rodil Rivera Rodil
Honduras está muy lejos de ser un Estado democrático, no sólo por la ruptura del orden constitucional y sus secuelas, que cumplirán 12 años en junio próximo, sino también por antecedentes históricos de dictadura, guerras civiles, gobiernos militares y prácticas antidemocráticas, donde la aspiración futura de la mayoría de líderes de partidos políticos, es el uso del poder en beneficio propio, mediante la captura del propio Estado en conjunto con empresarios corruptos, prensa “tarifada” e incluso narcotraficantes.
En la coyuntura actual, de crisis económica y social, agravada por la persistencia de casos Covid-19, y lentitud en la capacidad de respuesta frente a los estragos de ETA e IOTA, y de cara a un proceso de elecciones internas de los tres (3) partidos mayoritarios el 14 de marzo próximo, los fiscales del condado de Nueva York han vuelto a la carga. Están investigando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), por nexos con el narcotráfico. Nuevos testigos y evidencias, al parecer, incriminan al mandatario. Y es que, desde el encarcelamiento de su hermano “Toni” Hernández, que espera sentencia, los fiscales no han parado la investigación, bajo el convencimiento de su involucramiento en actos delictivos con narcotraficantes, incluyendo al Chapo Guzmán, según se desprende de unas conversaciones entre ambos, presentadas por un testigo, donde supuestamente recibió un soborno para financiar su campaña política.
JOH y funcionarios del gobierno en
general, han negado tales acusaciones que atribuyen a una venganza de
los narcotraficantes extraditados desde Honduras a EEUU y sentenciados.
Igual, se argumenta que son fiscales “desmemoriados” ya que no reconocen
el esfuerzo del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, que,
además de la extradición, suma la reducción del volumen de droga y
desmantelamiento de laboratorios y pistas clandestinas de aterrizaje de
avionetas provenientes desde Sur América.
Según JOH, narcotraficantes como los “Cachiros”, están llevando mentiras a la fiscalía, para que se crea que es uno de ellos, lo que puede provocar un debilitamiento de la lucha si siguen escuchando los testimonios. Igual, el Embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, es del criterio que existe mucha desinformación por los Senadores, especialmente demócratas, que el martes 23 de febrero de 2021 presentaron una iniciativa de Ley sobre Derechos Humanos y Anticorrupción 2021, que busca establecer sanciones al mandatario como la cancelación de la visa y congelamiento de los bienes y cuentas, igual suprimir la ayuda a la Policía Nacional y el Ejército, que también se sospecha de su involucramiento en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y la corrupción.
Para el embajador Luis Suazo, los fiscales se han olvidado de su propósito, o sea hacer justicia, y están siendo investigados por no hacer bien su trabajo. Incluso habla que los mismos fiscales que acusaron al “Tony” Hernández, son los que están detrás de la investigación a JOH, lo cual ha sido negado por estos.
JOH convocó a diputados del Congreso Nacional y de otros partidos, para exponer esta situación, en clara declaración directa a las presiones desde Washington; no obstante, fue notorio la ausencia del presidente del mismo, Mauricio Oliva, candidato a la presidencia del partido nacional, pero no candidato del presidente Hernández. Asimismo, diputados afines y jerarcas de la cúpula militar salieron en defensa de mandatario, destacando los logros habidos en la lucha contra el narcotráfico, ya que, según el General Tito Livio Moreno, jefe de las FFAA, este se redujo de un 83% a 7%, sin mencionar al presidente Hernández etiquetado como artífice de estos logros.
Estas investigaciones y la respuesta del Ejecutivo han generado varias opiniones y acciones de organizaciones de sociedad civil. La primera es el rechazo al uso por JOH de la institucionalidad pública como escudo frente a lo actuado por los fiscales gringos, ya que se lleva de encuentro al gobierno y país. Las investigaciones son contra JOH, no contra el Estado de Honduras y su institucionalidad, por lo que lo correcto es que el mandatario se apersone y defienda de las acusaciones vertidas por los testigos de la fiscalía, en su mayoría confesos por narcotráfico. El no hacerlo, afecta al país y su población que es la garante de la institucionalidad y autoridad constituida.
El segundo, es que las declaraciones del Embajador de Honduras en Washington, ponen en entredicho el trabajo de un grupo de fiscales que tienen una efectividad en la lucha contra el narcotráfico y encarcelamiento de las personas involucradas, mayor del 95%. A ello se suman las crecientes denuncias de corrupción que enfrentan funcionarios, diputados y empresarios ligados al gobierno de JOH, siendo el combate de la corrupción uno de los pilares del gobierno de Biden, especialmente en los países del Triángulo Norte. Para Biden y su equipo de gobierno, una de las causas de la pobreza y migraciones masivas e irregulares es la corrupción, que debe ser combatida desde Washington, no confiando en instituciones del gobierno, como la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, que dejan mucho que desear.
El tercero, es que las organizaciones de sociedad civil pidan la renuncia de JOH, ya que él es señalado directamente por la Fiscalía de Nueva York, no la institucionalidad ni el Estado de Honduras. En esos términos se han pronunciado el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Colegio Médico de Honduras, Colegio de Abogados de Honduras, el lado “claro” del Partido Liberal y diputados del PIND-SD y LIBRE, entre otros. A lo sumo JOH debería solicitar un permiso al Congreso de la República para atender estas denuncias, dejando en su cargo a uno de los designados presidenciales.
El Congreso de la República puede solicitar una investigación de oficio y suspender al presidente, incluso incoar un proceso de juicio político, pero no de compadre hablado donde la mayoría de los diputados convocados votan en contra.
No obstante, todo apunta a que JOH se va a atrincherar en el cargo, por lo menos hasta que concluyan las elecciones generales de noviembre próximo, esperando que su candidato a la presidencia de la República, Nasry Asfura, que aglutina unos 43 diputados actuales del Congreso Nacional y la mayoría de los alcaldes, sea electo y lo proteja. Caso contrario, debe buscar una alianza con otro partido político con posibilidades de triunfo, que no sea la alianza forjada entre Luis Zelaya y Salvador Nasralla. Hay que tener presente que JOH, en el peor de los escenarios, todavía contará con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados serán electos hasta 2023, igual el Fiscal General de la República; pero también con un gran número de diputados afines.
La pregunta es qué harán las fuerzas armadas, cuyos cambios en la cúpula se esperan para enero de 2022. Los nuevos jerarcas serán afines al nuevo presidente, pero a lo interno JOH cuenta con un fuerte apoyo incondicional, lo que puede generar mucha inestabilidad y profundizar la crisis política, en una coyuntura donde el país tocó fondo en lo económico, social y ambiental.
Tegucigalpa, 1 de marzo de 2021
Senador demócrata recomienda a Hernández pensar seriamente en dar un paso al costado
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- “Espero que el presidente Hernández comience a pensar seriamente sobre el pedido que viene de muchos legisladores a que dé un paso al costado”, declaró en las últimas horas el senador demócrata por Oregon, Jeff Merkley.
El funcionario fue parte de una delegación de senadores y congresistas que visitó Honduras en febrero de 2019 y que se reunió con el gobernantes Juan Hernández.
Durante esa visita al país surgieron varios temas de los que habló con el otro senador de la comitiva, Tom Carper; entre ellos, la importancia del fortalecimiento de la estructura legal de Honduras.
“Y por supuesto eso ha sido menoscabado por el mismo presidente”, declaró Merkley en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.
También habló con Carper de asegurar que la corrupción financiera termine en Honduras “y hemos visto la promulgación de leyes que están diseñadas para proteger a legisladores que participan de la corrupción financiera”.
Estos temas no han sido abordados y más bien han empeorado, agregó el senador estadounidense.
Merkley presentó hace unas semanas el proyecto de ley para sancionar al presidente Hernández por los supuestos vínculos con el tráfico de drogas que han hecho un daño terrible en Estados Unidos.
Consideró que lo más importante de la ley es que dice “que no apoyamos a las fuerzas de seguridad y no estaremos comprometidos con prolongar esta estructura” en la que se vinculan gobierno, narcotraficantes y fuerzas de seguridad.
Y “que para que nosotros podamos asistir y ser socios con Honduras”, el país debe llevar a cabo reformas significativas. “Espero que el presidente Hernández comience a pensar seriamente sobre el pedido que viene de muchos legisladores a que dé un paso al costado, un camino que no quieren tomar”, añadió.
El huracán de la narcopolítica golpea Honduras
La confesión del cartel de Los Cachiros en una corte de Nueva York pone contra las cuerdas al presidente de Honduras tras señalar que pagaron por protección al mandatario, a su familia, al vicepresidente y a los dos anteriores mandatarios
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, elegido en 2018 para gobernar cuatro años, comenzó su mandato en medio de violentos disturbios por una polémica reelección. Ahora se acerca al final del mismo descrito hasta el cansancio en una corte de Nueva York por dos poderosos narcotraficantes como el hombre que les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares.
A ocho meses de su salida del poder, el nombre de Juan Orlando Hernández, de 52 años, aparece ligado al cartel que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras: Los Cachiros. Dos de sus líderes, Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Madariaga, están siendo juzgados en una corte de Nueva York y sus declaraciones han puesto al mandatario contra las cuerdas. Su confesión no solo apunta hacia él, sino que incluye a su vicepresidente, al Ejército, a la Policía y a los dos últimos mandatarios: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, todos ellos acusados de facilitar el tráfico de droga a cambio de sobornos. El último huracán que faltaba por llegar al país centroamericano, golpea con fuerza a un país al límite.
Esta semana ambos narcotraficantes declararon que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, 250.000 dólares en efectivo en 2012, cuando este era jefe del Congreso y el claro candidato a la presidencia. A cambio pedían «protección para que ni los militares ni la policía preventiva los arrestaran ni fueran extraditaran a Estados Unidos», dijo Rivera con los pies esposados ante un jurado popular.
El ventilador puesto en marcha en Nueva York apunta a la cúpula del país: al mandatario, a su hermana Hilda, fallecida después en un accidente de helicóptero, a su hermano Tony Hernández, que lleva dos años encarcelado, y al vicepresidente Ricardo Álvarez, a quien dijeron haber entregado 500.000 dólares. Álvarez, supuestamente, había prometido eliminar la ley de extradición entre Estados Unidos y Honduras en caso de ser elegido.
Sobre Manuel Zelaya Los Cachiros dijeron que pagaron medio millón de dólares en 2006 para que nombrara a su primo para el cargo de ministro de Seguridad, nombramiento que nunca se materializó. Los señalados se han defendido diciendo que son las confesiones de dos colaboradores de la DEA, narcotraficantes arrepentidos que tratan de reducir su pena, dijo Hernández. «Una prueba irrefutable de que nunca recibí un soborno fue que nunca nombré a un ministro del crimen organizado o bajo presión de la Embajada de Estados Unidos», se defendió Zelaya en Twitter.
Pero la justicia estadounidense había puesto en la mira al presidente de Honduras desde hace tiempo. Más aún tras la captura de su hermano Tony negociando la compra de miles de kilos de cocaína. En el juicio contra él celebrado el año pasado, su nombre -identificado como CC4- aparece 104 veces. Un testigo incluso contó que asistió en 2013 a una reunión en la que Joaquín El Chapo Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano.
De todo ello ha salido bien librado el mandatario, hasta ahora, gracias a su buena relación con Donald Trump y su facilidad para plegarse a Washington. Como si fuera un chiste macabro, Honduras, uno de los países más violentos del mundo, aceptó ser «tercer país seguro» y recibir a solicitantes de asilo de cualquier lugar del planeta mientras esperaban su trámite para ser aceptados en Estados Unidos. Periódicamente a Honduras fueron extraditados algunos capos y, aunque las caravanas de migrantes son un problema para Estados Unidos, la agenda en seguridad ha sido prioritaria sobre la de derechos humanos. Con la llegada de Biden y la catarata de confesiones, esa protección corre peligro.
Pero más allá del presidente, el juicio ilustra la putrefacción que se extiende por instituciones como la justicia, el Ejército o la Asamblea. El exministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor, recibió en 2013 el encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) de poner en marcha la Maccih, una comisión anticorrupción organizada por primera vez por la OEA. Durante los tres años que estuvo en el cargo abrió una investigación contra 70 diputados acusados de desviar recursos públicos para obras públicas que jamás se realizaron. Según su denuncia, dos terceras partes del Congreso cobraban sobresueldos no fiscalizados, pero a medida que su trabajo apuntaba más alto, se hizo más incómodo. Finalmente Hernández ordenó su salida del país con el aval de Luis Almagro, secretario general de la OEA.
«Es verosímil lo que están diciendo los narcos en Nueva York porque el poder de la droga está demasiado cerca del poder en Honduras. Pero también hay que reconocer que Juan Orlando Hernández impulsó la extradición de narcos que estaba prohibida en la Constitución y hay que medir la importancia que esto tiene. En Colombia esto causó una guerra y supuso pasar de narcotráfico a terrorismo. Paralelamente ha extraditado a cerca de 15 grandes capos y es posible que sea una venganza. La calidad de las pruebas será determinante», reconoce el exresponsable de la Maccih en entrevista con EL PAÍS.
La idea de que Honduras es un «narcoestado» se escuchó esta semana en la corte por boca del fiscal durante el juicio que seguirá este lunes. Esa teoría también la comparte Salvador Nasralla, dos veces candidato presidencial. «Honduras está manejado por el crimen organizado y todos los poderes están controlados por la misma mafia». Según Nasralla el mandatario puede terminar como Manuel Antonio Noriega, el expresidente de Panamá detenido en 1989 tras la invasión de Estados Unidos.
«Los americanos no tienen amigos, tienen intereses. Y este hombre se les fue de las manos. La confesión de los narcos en Nueva York ha ido acompañada de apuntes, llamadas, libretas… y todos coinciden en la misma metodología», señala Nasralla a EL PÁIS desde Tegucigalpa. «El Ejército garantizó su reelección ilegal y paralelamente es quien permiten el paso de la droga», dijo. Según sus cifras, unas 80 toneladas de cocaína pasan mensualmente por Honduras, lugar estratégico en la ruta que asciende por el Caribe desde Colombia y Venezuela.
Horas antes de las elecciones primarias que se celebrarán este domingo en los principales partidos del país, el escritor y analista Víctor Meza destaca la tensión que siente en las calles y los inquietantes rumores que recorren el país. «En un contexto electoral Juan Orlando se va a quedar cada vez más solo y nadie descarta un autogolpe o que quiera reelegirse nuevamente. Hay reuniones y mensajes y versiones muy inquietantes. Se vive un ambiente similar al que se respiraba antes del golpe de Estado de 2009 que sacó a Manuel Zelaya del poder y que también fue domingo y con unas elecciones de por medio», señala Meza. «El debilitamiento de Juan Orlando es evidente, llegó al poder carente de legitimidad y el juicio ha terminado de hundirlo», dice. «El narco distribuye dinero a manos llenas entre policías, políticos, funcionarios, militares, jueces…su implantación ha sido lenta, pero finalmente ha terminado controlando todos los órganos del poder».
Hace dos meses, Juan Orlando Hernández citó como ejemplo de coraje y empuje al general Morazán, el libertador de Centroamérica. Con un micrófono en la mano trataba de insuflar ánimos a una población abatida por los huracanes Eta e Iota que dejaron a decenas de miles de personas en la indigencia, poniendo como referencia al prócer de 1830. Hernández pedía un sacrificio más a los hondureños ocho semanas antes de que su nombre volviera a saltar a las portadas de medio mundo por sus vínculos con el narcotráfico. Entre la población, la sensación, no obstante, es que de todos los huracanes que han sacudido el país, este era el más previsible.
Fiscalía de Nueva York está preparando el caso contra Juan Hernández: Edmundo Orellana
Tegucigalpa.- Con el juicio de Geovanny Fuentes, la Fiscalía en Estados Unidos está preparando también el caso contra el gobernante Juan Hernández, dijo este miércoles el ex Fiscal General del Estado Edmundo Orellana.
“Todo lo que está haciendo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio de Geovanny Fuentes, no (es solo) para lograr simplemente su condena, sino para preparar el caso contra Juan Orlando Hernández”, declaró el profesional del derecho a la emisora radio América.
En el juicio por narcotráfico contra Fuentes, que inició el pasado 8 de marzo, el nombre de Hernández ha sido uno de los más mencionados y los fiscales estadounidenses han llegado, incluso, a calificar a Honduras como un “narcoestado”.
“Yo no dudo que el gobernante (Juan Hernández) está en la mira de la Fiscalía de Estados Unidos”, dijo Orellana en relación al proceso judicial en el que ha testificado también el otrora líder de Los Cachiros Devis Rivera, quien al igual que Fuentes aseguró haber sobornado al gobernante a cambio de protección.
Una vez que Hernández abandone el poder, lo cual está previsto para el 27 de enero de 2022, “será solicitado en extradición” por Estados Unidos, “es una convicción que tengo”, dijo Orellana.
Para el ex Fiscal General, Estados Unidos también está preparando seguramente el caso contra otros personajes hondureños que han sido mencionados y que han contribuido con el tráfico de drogas, así como también con la relación entre funcionarios del gobierno y narcotraficantes.
Entre los nombres que han trascendido en el juicio de Fuentes hay policías, militares, exalcaldes, empresarios, diputados, un vicepresidente, varios expresidentes y el propio Hernández, quien habría asegurado que quería meter la droga en las narices de los gringos.
