EEUU AFIRMA QUE PRESIDENTE DE HONDURAS COLABORÓ CON NARCOS: EL UNIVERSAL
- Publicado: 09 Marzo 2021
En
su alegato inicial, la Fiscalía aseguró que el supuesto narco, Geovanny
Fuentes Ramírez, se asoció con Juan Hernández en 2013, cuando era
candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor
cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”, destaca en un artículo el
rotativo mexicano, El Universal.
Agencias / EL LIBERTADOR
Nueva York. La Fiscalía Federal estadounidense abrió este martes el juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, asegurando que colaboró durante años con el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, y describiendo a Honduras como un “narcoestado”.
Según los fiscales, Fuentes Ramírez operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”.
En su alegato inicial, la Fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”.
Los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Fuentes Ramírez y el mandatario hondureño en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación será una parte clave de su caso.
“El acusado fue una parte fundamental de un narco Estado hondureño”, aseguró un representante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que adelantó que durante el juicio se presentarán pruebas de “reuniones secretas” que el supuesto traficante y el presidente hondureño mantuvieron en 2013 y 2014.
En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de "meterles drogas por las narices a los gringos", en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
Según aseguraron, el mandatario hondureño recibió sobornos de Fuentes Ramírez y acceso a su laboratorio de cocaína y, a cambio, le prometió protección y cooperación.
Hasta ahora, Hernández ha negado en todo momento cualquier implicación, algo que reiteró este lunes a través de Twitter, en una serie de mensajes en la que además lanzó una advertencia a Washington.
El presidente hondureño aseguró que mantendrá la "alianza internacional en lucha antinarcotráfico" hasta el final de su mandato, pero advirtió que si los narcotraficantes "con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras luego con varios países".
Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente desde 2017 hasta enero de este año con Donald Trump.
Su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, según Estados Unidos implicado también en este caso de narcotráfico, ya fue condenado en octubre de 2019 en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas.
Geovanny Fuentes Ramírez, de 50 años, fue detenido hace un año en Miami y se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico de cocaína y tenencia ilegal de armas.
En su alegato inicial, la defensa del acusado buscó desacreditar a los testigos que planea presentar la Fiscalía, asegurando que entre ellos hay varios delincuentes que únicamente buscan recibir un trato de favor por parte de las autoridades estadounidenses.
Arranca el juicio en EE.UU. contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, que salpica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández
Este lunes arrancó en una corte federal de Nueva York, EE.UU., el juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, arrestado en Miami en marzo de 2020, y acusado de tráfico de cocaína y tenencia ilegal de armas.
Este caso salpica al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien es señalado en documentos de la Fiscalía de Nueva York como "co-conspirador" de Fuentes en el envío de toneladas de droga a EE.UU. Sin embargo, el mandatario no ha sido inculpado.
El juicio arrancó con la selección del jurado. Luego de este proceso, se dará paso a los alegatos iniciales de la acusación y la defensa.
En enero pasado, fiscales del país norteamericano apuntaron contra Hernández e indicaron que el mandatario hondureño supuestamente protegió a Fuentes a cambio de coimas.
Entonces, aseguraron que el mandatario "aceptó millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas y, a cambio, prometió a los narcotraficantes protección".
Según
han dicho los fiscales estadounidenses, que comenzaron las acusaciones
contra Hernández desde la detención de Fuentes, el mandatario y el capo
habrían sostenido encuentros en 2013 (cuando el presidente aún era
diputado) y 2014, en las que presuntamente acordaron los sobornos para
que el gobernante aceptase
Hernández se defiende
Desde que comenzaron las acusaciones, Hernández ha negado sus presuntos nexos con el narcotráfico y este lunes no fue la excepción. "Muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios", escribió en su cuenta de Twitter.
En concreto, centró su explicación en el cartel Los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, según reseña AP.
No obstante, el mandatario hondureño ha refutado esta afirmación y ha acusado a Los Cachiros de hacer un trato con el Gobierno estadounidense, a cambio de proporcionar "falsos" testimonios en su contra.
"Los Cachiros tenían un imperio de mil millones de dólares. Su falso testimonio es que conmigo los narcos pudieron hacer tratos. Entonces, ¿por qué decidieron diez días después de mi elección abandonar su imperio para morir en una prisión extranjera?", agregó el mandatario hondureño.
Asimismo, Hernández apuntó que su Gobierno continuará siendo parte de la alianza internacional en la lucha antinarcotráfico hasta el fin de su mandato, que es el próximo 27 de enero 2022.
Negocio de drogas de Geovanny Fuentes “prosperó” con ayuda de Juan Hernández
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El negocio de Geovanny Fuentes con el tráfico de drogas “prosperó” con ayuda del gobernante de Honduras Juan Hernández, señaló este martes la fiscalía de Nueva York en el segundo día del juicio que tuvo como primer testigo a un agente de la DEA.
El nombre del gobernante hondureño fue el que más sonó e incluso el fiscal levantaba la voz cuando lo mencionaba, según algunas de las interioridades que han sido dadas a conocer por medios que cubren el proceso judicial.
En el juicio se determinó que Fuentes conoció a Hernández a través del empresario de Choloma Fuad Jarufe, quien también le presentó al vicepresidente y a varios militares.
Aunque no se mencionó directamente a Ricardo Álvarez, se presume que se trata de él ya que su nombre trascendió el lunes en una lista oficial de mencionados y personas de interés en este juicio.
En sus argumentos de apertura, los fiscales expusieron que con la ayuda de Hernández el negocio de cocaína de Fuentes “prosperó” y que este se convirtió en “un poderoso narcotraficante intocable que ganó millones ayudando al presidente a traficar cocaína”.
Juntos, según la Fiscalía, “planearon enviar la cantidad más grande posible de droga a los Estados Unidos”
Además, dijeron que Fuentes “fue una parte clave del narcoestado de Honduras” que involucra el trabajo con Hernández, policías, militares y políticos.
Durante la revisión de fotos y contactos extraídos de los celulares que le fueron confiscados a Fuentes durante su arresto en marzo de 2020, así como del iCloud de su hijo, se pudo establecer que entre sus contactos estaba el correo electrónico y el número de teléfono de Hernández, el cual coincidía con una solicitud de visa realizada en 2011.
También estaban los números de teléfono del expresidente Manuel Zelaya, de Ricardo Álvarez, actual precandidato a diputado, y de varios oficiales de policía y militares, incluyendo al exjefe del Estado Mayor Conjunto René Orlando Ponce Fonseca.
En la revisión del celular se encontraron además al menos dos fotos de Hernández con Christian Fuentes, hermano del imputado y actual precandidato a diputado por Cortés; una de las imágenes, según la Fiscalía, fue tomada en la fiesta de cumpleaños de Juan Hernández en 2017.
Se halló así mismo una foto de Hernández con los hijos de Fuentes cuando todavía eran niños, así como imágenes de muchas armas de varios tipos.
Fuentes tenía también la foto de un documento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) sobre una supuesta investigación de lavado de activos que involucraba a varios miembros de la familia Jarufe.
Otras de las evidencias extraídas de los celulares fueron las fotos que un hijo de Fuentes subió a su Instagram, en la que aparecían armas con mensajes que incluían el emoji de un sapo, lo que se podría interpretar como una amenaza para cualquier delator.
Según la Fiscalía de Nueva York, Hernández prometió proteger las narco operaciones de Fuentes con las Fuerzas Armadas de Honduras y también del enjuiciamiento con apoyo del Fiscal General. También, que «formaría equipo con el propio hermano del presidente, entonces un importante narcotraficante hondureño”, en alusión a Tony Hernández, quien espera una sentencia por narcotráfico.
También se conoció que el hijo de Geovanny Fuentes (de nombre homónimo) está casado con la sobrina de uno de los testigos estelares del gobierno estadounidense, el exjefe de Los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como CW-4.
El juicio concluyó a las 4:30 PM y se espera que el miércoles continúe el interrogatorio del agente especial de la DEA, identificado como Brian Fairbanks.
Se espera el testimonio del contador José Sanchéz acerca de las “reuniones secretas” entre Fuentes y Juan Hernández y de la
Se espera que el contador José Sánchez testifique sobre las “reuniones secretas” entre Fuentes y Juan Hernández, y sobre “la conmoción y el miedo que sintió cuando vio al imputado sentado con el presidente”, según dijo el fiscal.
Fuentes está acusado de los cargos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseerlos.
Uno de sus abogados defensores dijo que este era “un hombre inocente acusado injustamente de delitos muy graves”.
“A Chinchilla lo puse ahí para protegernos”, habría asegurado Juan Hernández a Geovanny Fuentes
Tomado de: Univisión
Tegucigalpa.- Como preámbulo de lo que será el juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez, que inicia este lunes en Nueva York, han salido a la luz pública nuevas revelaciones relacionadas con el gobernante de Honduras Juan Hernández.
Una publicación de la cadena Univisión basada en documentos del caso revela información sobre los múltiples encuentros que Fuentes sostuvo con Hernández, los que habrían empezado desde 2013, cuando este era candidato presidencial.
En una de esas primeras reuniones, le entregó 15,000 dólares en efectivo que portaba en un maletín negro: “Para que se ayude con la campaña”, le dijo esa vez.
El dinero, aparentemente, era para garantizar su protección y la de los envíos de droga por la Policía.
El principal socio de Fuentes era Melvin Sandres, un supuesto asesino y narcotraficante al que conoció alrededor de 2003 y con quien llegó a tener un laboratorio de cocaína allá por 2010.
Ambos tenían fuertes vínculos con la comunidad empresarial de Choloma, donde llegaron a tener su propio laboratorio de cocaína.
En 2013, Sandres fue asesinado por un sicario apodado “Vaquero”, al que habían contratado para matar a Los Cachiros, pero este se les dio vuelta y contó del plan a los hermanos, quienes lo contrataron a su vez para lo eliminaran.
Fuentes tenía intereses ocultos en varios negocios, entre ellos una empresa agrícola propiedad de Fuad Jarufe.
El empresario, que llegó a construir un imperio agrícola, invitaba a frecuentes visitas a destacados políticos como Yani Rosenthal, Manuel Zelaya y Hernández, quien solía llegar en su helicóptero.
Hernández sostuvo frecuentes reuniones durante la campaña política de 2013 y solía irse con una contribución.
En una reunión, en la que Hernández supuestamente contó sobre los esquemas de corrupción empleados para drenar fondos públicos para financiar su campaña, llegó a decir que “estamos robando mejor que en los tiempos de (Rafael) Callejas”.
Además, Hernández habría dejado claro que tenía pocas intenciones de dejar su mandato al finalizar su gobierno porque “el negocio es demasiado bueno para dejarlo después de cuatro años”.
En una reunión en 2013 entre Hernández y Fuentes, en la oficina de Jarufe, hablaron sobre el laboratorio de cocaína y de evadir la justicia local y estadounidense.
Fuentes agradeció la ayuda de Hernández para salir impune por el descubrimiento del laboratorio, y este le respondió “para que vea lo que es estar con la gente adecuada, nadie los puede tocar, por sus pertenencias no se preocupe, no se las quitarán, aquí no ha pasado nada».
Fuentes preguntó a Hernández sobre la DEA y la posibilidad de extradición, a lo que el político aseguró que “los tengo comiendo en mi mano”, y que “les vamos a meter la droga por las narices de los gringos y ni se van a dar cuenta”.
Incluso, Hernández reveló su intención de eliminar la ley de extradición y que “Oliva y Chinchilla ya están trabajando en eso”. Se refería al diputado Mauricio Oliva, que después llegó a ser presidente del Congreso Nacional, y al fiscal general Oscar Chinchilla. “A Chinchilla lo puse ahí para protegernos”, dijo Hernández.
La fuerte presión de Estados Unidos habría evitado que la extradición fuera eliminada.
Hernández también manifestó interés en el laboratorio de Fuentes, por su ubicación estratégica cerca de Puerto Cortés. Le prometió el apoyo de los militares y le dio el teléfono de su hermano Tony Hernández, quien dirigía las operaciones de narcotráfico.
“Te voy a dar el número de Tony para que te pongas a las órdenes de él”, le habría dicho Hernández.
Esa vez, Fuentes le dio otros 15,000 dólares y posteriormente 10,000 dólares más.
La información sobre estas reuniones, según los documentos del caso, provienen de un testigo protegido que supuestamente era empleado de Jarufe y que escuchó las conversaciones, incluso llegó a cambiar en lempiras los dólares que Fuentes le daba a Hernández.
Hernández no ha negado que visitaba la oficina de Jarufe, quien según declaró Fuentes tras su arresto en marzo pasado en Miami, era colaborador de la campaña.
Tras esas reuniones, Fuentes habría recibido el apoyo de los militares, quienes llegaron a regalarle una metralleta verde que le entregó el entonces comandante de la 105 Brigada René Ponce Fonseca, que llegaría a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.
En inicio de juicio de Geovanny Fuentes, JOH advierte «colapso» de alianza contra narcotráfico
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En el primer día del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, supuesto narcotraficante, el presidente Juan Hernández advirtió en su cuenta en Twitter sobre el «colapso inevitable» de la alianza internacional en lucha contra el narcotráfico en caso que Estados Unidos admita «falsos testimonios» en dicho juicio.
En el hilo conformado por ocho tuits, Juan Hernández alega su inocencia asegurando que la información se basa en «testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios»; así como que « Si conmigo los narcos pudieran comprar la impunidad, que es su falso testimonio, NO se habrían rendido ni los Cachiros ni los demás».
Desde el juicio y condena de su hermano Antonio «Tony» Hernández, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha señalado la participación del co conspirador 4 o CC-4, al que inicialmente solo identificó como presidente de Honduras y hermano de «Tony» Hernández Alvarado, sin mencionar su nombre.
En la documentación contra Geovanny Fuentes, CC-4 es señalado por haber recibido un aproximado de US$ 25 mil bajo el entendido que facilitaría la protección de Fuentes frente al escrutinio de los operadores de justicia. Asimismo, CC-4 habría prometido el resguardo por parte de personal de las Fuerzas Armadas a la operación de tráfico de drogas de Fuentes Ramírez, entre otros.
- Nota relacionada: “A Chinchilla lo puse ahí para protegernos”, habría asegurado Juan Hernández a Geovanny Fuentes
Intimidaciones contra familiar de testigo protegido
Al inicio de la primera sesión, el juez Kevin Castel develó que un hijo de Fuentes Ramírez habría contactado a la esposa del testigo protegido número dos, «comunicaciones que podrían interpretarse como una interferencia, una amenaza o una intimidación». De estar involucrado el acusado, Fuentes Ramírez podría enfrentar un cuarto cargo por obstrucción de justicia según informó la periodista del New York Times, Emily Palmer.
La semana pasada, la defensa de Geovanny Fuentes había solicitado la exclusión de este testigo civil, argumentando que la revelación tardía del mismo imposibilitaba que pudiesen consultar a su cliente sobre el mismo y que en caso de admitirse se pospusiera el juicio. Sin embargo, el juez permitió que continúe el juicio.
Durante el primer día del juicio contra Geovanny Fuentes, defensa y fiscalía seleccionaron a los doce integrantes del jurado quienes escucharán los testimonios y dictarán la culpabilidad o inocencia del acusado. Mañana se darán los argumentos de apertura y se espera el testimonio del primer testigo.
A inicios de marzo de 2020, la fiscalía del Distrito sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos [DEA por sus siglas inglés] anunciaron que Geovany Daniel Fuentes Ramírez fue capturado y acusado en la corte federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos entre los años 2009 a 2020.
- Lea también: Juez en Nueva York declara admisibles argumentos que involucran a Juan Hernández con el narcotráfico
Tras su captura, el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: «Como se alega, Geovanny Daniel Fuentes Ramírez era, hasta su arresto por la DEA hace dos días, un prolífico, poderoso y asesino traficante de cocaína en Honduras. Como se alega además, Fuentes Ramírez allanó el camino para el envío sin obstáculos de cargas de varias toneladas de cocaína sobornando a la policía y a un político hondureño de alto rango, y reportando directamente a Tony Hernández, otro co-conspirador en el plan y él mismo un ex congresista hondureño».
En caso de ser encontrado culpable, Fuentes Ramírez enfrenta una sentencia mínima obligatoria de entre 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el delito de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Mientras que por las imputaciones por uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos para la conspiración de importación de cocaína enfrenta una pena mínima obligatoria de entre 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
Personas de interés en caso Geovanny Fuentes
El portal web Pro Honduras Network publicó un listado de políticos, funcionarios y empresas de interés en el caso contra Geovanny Fuentes, aclarando que si bien algunos de los mencionados están ligados al crimen organizado, otros son mencionados por su relación como funcionarios del gobierno o su posición a favor o en contra. El listado forma parte de un cuestionario que el juez Castel realizó a cada candidato para conformar el jurado.
Personas de interés
Ricardo Antonio Álvarez Arias
Amílcar Alexander Ardón Soriano, a/k/a “Chande”
Hugo Alfredo Ardón Soriano
Juan Manuel Ávila Meza
Julio Cesar Barahona
Juan Carlos Bonilla Valladares, a/k/a “Tigre”
Mario José Calix
Soraya Cálix
Fernando Josue Chang Monroy, a/k/a “Jack”
Oscar Chinchilla
Víctor Hugo Diaz Morales, a/k/a Rojo”
Sergio Neftali Mejía Duarte
Reynaldo Geovanny Ekonomo Funes
Héctor Emilio Fernández Rosa
Cristian Fuentes
Geovanny Daniel Fuentes Ramírez
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, a/k/a “Chapo”
José Miguel Handal Pérez, a/k/a “Chepe Handal”
Hernán Hernández
Hilda Hernández
Juan Antonio Hernández Alvarado
Juan Orlando Hernández Alvarado
Mauricio Hernández Pineda
Fuad Jarufe
Normando Rafael Lozano (recién asesinado en San Pedro Sula)
Fabio Porfirio Lobo
José Porfirio Lobo Sosa
Nery Orlando López Sanabria
Oscar Martínez
Ramon Adalberto Martínez Hernández
Midence Martínez Turcios
Rubén Mejía
Mario Guillermo Mejía Vargas
José López Morales, a/k/a “Che”
Oscar Ramón Nájera
Fredy Renán Nájera Montoya
Edgar Ríos, a/k/a “Pluto”
Devis Leonel Rivera Maradiaga
Javier Rivera Maradiaga
Santos Isidro Rivera Maradiaga
Rene Orlando Ponce Fonseca
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo
Yankel Rosenthal Coello
Melvin Sandres, a/k/a “Metro”
Marvin Ponce Sauceda
Luis Alfonso Valle Valle
Miguel Arnulfo Valle Valle
Empresas de interés
Agroforestal Fuentes
Graneros Nacionales
Gilda
Ganaderos
Inmobiliaria Rivera Maradiaga SA (INRIMAR)
HONDURAS / JUICIO NEW YORK: NARCO HABRÍA PEDIDO RENUNCIA JOH
- Publicado: 10 Marzo 2021
Según lo ha revelado la periodista de New York Times, Emily Palmer, un agente de DEA testificó este día en el juicio contra el presunto narco, Geovanny Fuentes Ramírez, en su intervención ha confirmado que en un chat el acusado abogó por la renuncia y remplazo de Juan Hernández en la presidencia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
New York. En el tercer día del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, celebrado en la corte del Distrito Sur de New York, ha dado testimonio el agente de Administración para el Control de Drogas (DEA), Brain Fairbanks, quien reveló que el imputado habría abogado por la renuncia y remplazo de Juan Hernández.
Lo anterior en respuesta a los defensores de Fuentes Ramírez que consultaron si encontraba mensajes de su cliente, al respecto, el agente de la DEA confirmó que hubo un chat de texto como ese, pero alegó no recordar el motivo de la renuncia deseada.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / RICARDO, MARVIN, CHINCHILLA, PONCE Y OTROS DE “INTERÉS” EN JUICIO NARCO
En su cuenta de Twitter, la periodista del New York Times, Emily Palmer ha publicado: “La defensa del Geovanny Fuentes le preguntó al agente de la DEA si encontraba mensajes de Fuentes abogando por la renuncia y reemplazo de @JuanOrlandoH como presidente. El agente confirmó que hubo un chat de texto como ese, pero no pudo recordar el motivo de la renuncia deseada”.
Cabe mencionar que esta mañana el gobernante hondureño ha vuelto a poner en duda la veracidad de los testigos al calificarlos como “testimonios falsos” y seguir su línea de descalificar la investigación refiriendo que se trata de una “venganza”.
“Como creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los Cachiros buscaron un trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo”, dijo Hernández en un hilo de Twitter.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / ACUSACIÓN DE FISCALÍA DE NEW YORK AFIRMA ANTE JUEZ: "ÉL ES CULPABLE"
Pero lo anterior ha sido refutado por la periodista estadounidense, quien ha aclarado que hasta esta mañana, los únicos que se han presentado al juicio han sido dos agentes de la DEA. No fue hasta esta tarde que empezó a testificar el excapo, Devis Leonel Rivera.
ONU HACE LLAMADO URGENTE POR HAMBRUNA QUE AZOTA HONDURAS
- Publicado: 23 Febrero 2021
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha hecho un llamado de urgencia ante la hambruna que azota a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por la crisis económica profundizada por la pandemia y los huracanes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó este martes un llamado urgente para ayudar a cuatro países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) azotados por graves hambrunas causadas por la crisis económica desata por el covid-19 y los desastres naturales.
En un comunicado divulgado en Roma, la Organización de Naciones Unidas (ONU), premio Nobel de la Paz en 2020, reconoció que el hambre "se ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años" en esos cuatro países.
La entidad lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para dar asistencia a 2,6 millones de personas de esos cuatro países, para lo cual requiere 47,3 millones de dólares durante los próximos seis meses.
El PMA calcula que 1.7 millones de personas se encuentran en estado de "emergencia" por la inseguridad alimentaria y "necesitan asistencia alimentaria urgente".
"El año 2020 fue un año para olvidar en todo el mundo, y más aún para las comunidades de Centroamérica que recibieron una serie de golpes", subraya Miguel Barreto, director regional del PMA para América Latina y el Caribe, citado en el comunicado.
La destrucción de casas y granjas por dos huracanes gemelos, la escasez y reducción de alimentos, la falta de empleos está suscitando también una oleada de migración.
"La temporada récord de huracanes en el Atlántico en el 2020 asestó un duro golpe a millones de personas que antes no padecían hambre, entre ellas trabajadores que dependen de la economía de servicios, el turismo y los trabajos informales", recuerda la entidad.
"El 15 por ciento de las personas encuestadas por el PMA en enero de 2021 están haciendo planes concretos para migrar", subrayó la agencia de la ONU.
Los huracanes Eta e Iota que azotaron a Centroamérica en noviembre de 2020 trastornaron la vida de 6,8 millones de personas que perdieron sus hogares y sus medios de vida, estima el PMA.
Los huracanes destruyeron más de 200.000 hectáreas de alimentos básicos y cultivos comerciales en los cuatro países y más de 10.000 hectáreas de tierras de cultivo de café en Honduras y Nicaragua, resume la agencia especializada.
"Los huracanes golpearon esas comunidades mientras estaban lidiando con la pérdida de empleos y una economía en contracción por el covid-19", recuerda la organización humanitaria.
Según las estimaciones del PMA, el número de hogares que no tenían suficiente para comer durante la pandemia casi se duplicó en Guatemala en comparación con los números anteriores al brote de coronavirus.
En Honduras, aumentó en más del 50 por ciento. Una abrumadora mayoría de hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador reportaron pérdidas de ingresos o desempleo durante la pandemia.
"Las comunidades urbanas y rurales de Centroamérica han tocado fondo", lamentó Barreto.
"La gente no tiene dónde vivir y se queda en refugios temporales, sobreviviendo con casi nada", subraya.
Las comunidades de América Central han sufrido también la peor parte de una emergencia climática, donde años consecutivos de sequía y un clima errático han interrumpido la producción de alimentos, especialmente alimentos básicos como el maíz y los frijoles, que dependen en gran medida de las lluvias regulares, explicó la entidad especializada.
Fosdeh señala que Honduras perderá unos 70 mil millones de lempiras por la corrupción
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Alrededor de 70 mil millones de lempiras se perderán Honduras por la corrupción, advirtió el economistas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
De acuerdo a Zepeda, en los años electorales siempre existe un exceso de gasto público que no es sustentado en gran medida, porque es desviado para campañas políticas.
El especialista avizoró, así como se va desplegando la situación, además de la incertidumbre electoral, existe la probabilidad que ese monto sea mayor.
De igual forma, que se eroguen grandes recursos en temas de corrupción como contratos sobrevalorados.
Además, no se puede observar que los órganos contralores del Estado puedan bloquear esa barrera de la corrupción que sigue imperando en el país.
Unos 65 mil millones de lempiras fueron desviados por temas de corrupción hasta el 2018, Según los estudios del Fosdeh en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), mientras para el 2021, donde se suma el año electoral, esta cifra podría alcanzar más de los 70 mil millones de lempiras.
Volver al sistema milpa en épocas de la agroindustria
Texto: Elsa Amanda Chiquito | No-Ficción – Fotos: David Toro
09/02/2021
El municipio de Sumpango, Sacatepéquez, está ubicado en el kilómetro 42.5 hacia la ciudad de Guatemala sobre la carretera interamericana, cuenta con una población de 37,260 habitantes, donde el 90% de la población es maya kaqchikel según el último censo poblacional realizado en el 2018.
Entre cerros a una altura de 1,890 metros sobre el nivel del mar y clima templado, que es parte del altiplano central del país, se encuentran grandes extensiones de cultivos. La principal actividad económica es la producción agrícola, artesanal y el comercio.
Los caminos empinados y con pendientes son una característica que encontramos en todo el municipio. Cuentan los y las abuelas que la ubicación es estratégica para evitar desastres naturales, como inundaciones. Sus calles adoquinadas y empedradas visibilizan una mezcla de los tiempos.
Justiniana, por la milpa
La aldea de El Rejón, es una de las 8 aldeas del municipio de Sumpango. Ahí reside Justiniana Sánchez, una mujer que se dedicaba a la producción de arveja china para la exportación y que hace 10 años participó en un proceso de formación con mujeres en Santiago Sacatepéquez con la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES), donde escuchó por primera vez “Soberanía Alimentaria”.
“Antes mi casa era un desierto, no tenía nada de plantas y animales de patio. Desde que yo conocí sobre los derechos de las mujeres, soberanía alimentaria, asistí a talleres y capacitaciones con relación a la agroecología, inicié con mi proyecto de huertos familiares.”, explica Justiniana.
En el patio de su casa desgranando las mazorcas de maíz, con el canto de gallos y pollitos que recién habían salido de los cascarones, Justiniana narra como ahora ella trabaja con 15 familias de su comunidad, impulsando los huertos familiares, la agricultura sostenible, el cultivo del sistema milpa, el consumo responsable de los alimentos, la crianza y cuidado de gallinas de patio, elaboración de abono orgánico y medicinas naturales.
Justiniana explica que encontró en el sistema milpa la mejor forma para aprovechar la tierra, esta consiste en la siembra de maíz, frijol, chilacayote, güicoy, plantas medicinales, hiervas e incluso tener árboles frutales dentro del mismo terreno. La producción de maíz y frijol le alcanza para un año y en su huerto puede producir durante todo el año distintas hortalizas.
Medidas desiguales ante pandemia
La llegada de la pandemia a la comunidad y sus hogares llevó preocupación a las familias y a Justiniana por la poca libertad para ir al campo, debido al toque de queda, el limitado acceso de distribución de los productos agrícolas y el cierre de mercados locales.
En Guatemala los protocolos, planes y medidas de control alrededor de la pandemia han sido aplicadas de manera desigual para quienes producen alimentos. Por un lado, grandes empresas de monocultivo o cadenas de supermecados no detuvieron sus actividades, pero la producción campesina y la agricultura familiar sí se vieron afectadas. Según el informe de “Situación de los pueblos indígenas respecto del impacto de COVID-19 en Guatemala”, publicado en junio del 2020 por Contribución de Franciscans International, Fastenopfer – Swiss Catholic Lenten Fund, CODECA, la Asociación B’elejeb’ Tz’i’ y el Colectivo de Organizaciones Mayas de Guatemala KOMON MAYAB’ , señala que población campesina e indígena no pudo vender sus productos por el toque de queda, pero en cambio los proyectos extractivistas no tuvieron restricciones en distintas regiones del país.
“Específicamente en la Región de San Pedro Carchá, en la Franja Transversal del Norte, en Cahabón y el valle del Polochic, (departamento de Alta Verapaz) territorio de la nacionalidad Q’eqchi’, existen empresas nacionales y transnacionales (hidroeléctricas, palma africana, petroleras, mineras y tala de bosques) que continúan operando aun durante la pandemia a pesar de los toques de queda. Ni la Policía Nacional Civil, ni el gobernador departamental, ni los Alcaldes municipales se han pronunciado al respecto.”, indican.
Para el caso de Justiniana, la crianza de sus gallinas fue de gran ayuda, ya que siempre contaba con carne de sus aves, huevos, hortalizas de su huerto, hiervas y plantas medicinales para la elaboración de tés. En su región, existen otras iniciativas similares.
En el altiplano central de Guatemala, se encuentra el colectivo Semillas Nativas y Criollas de Guatemala (SENACRI), una organización que ha visto en la implementación de los huertos familiares una ayuda significativa en tiempos de pandemia y que además puede ayudar a disminuir la desnutrición en las familias. Edson Xiloj, cofundador de esta iniciativa, explica que durante la cuarentena hubo muchas restricciones para las comunidades, entonces las familias que contaban con su huerto proveían a sus vecinos con productos que cosechan en sus mismos hogares o incluso realizaban intercambios.
SENACRI ha estado trabajando desde el 2014 con promotoras y promotores de huertos familiares, este se basa en la producción, multiplicación y conservación de semillas, a través de la implementación de casas de semillas que abastecen las producciones de los huertos. La apuesta por la producción y consumo responsable la promueven a través de capacitaciones acerca de alimentos nutritivos y su diversificación en la forma de cocinarlos.
Para impulsar la soberanía alimentaria es importante tenerla como apuesta política, debe de haber una independencia del consumo de semillas híbridas y abonos químicos, porque al utilizar estos productos los cultivos pierden su color, sabor y olor, agrega Xiloj.
Salir del círculo, regresar al maíz y los frijoles
Sumpango es uno de los municipios que distribuye tomate y chile pimiento a algunos principales mercados de la ciudad capital como la Terminal y la Central de Mayoreo, en Chimaltenango y Antigua Guatemala; estos vegetales son el principal cultivo de la comunidad destinados para el consumo nacional.
Ceferino Pacach Cubur es agricultor, siembra alrededor de 7 hectáreas de tomate y chile pimiento dos veces al año. Nos cuenta que abril, mayo y junio son los meses en que la mayoría de los agricultores a mediana escala realizan la siembra de estos productos.
Señala que en la actualidad las semillas que los agricultores utilizan son híbridas, lo cual acorta la distancia de cosecha siendo esta solamente de 90 días. Sin embargo, Ceferino recuerda que años atrás las semillas eran nativas y esto les permitía que las plantas retoñaran nuevamente para cosechar, ahora ya no pueden sacar semillas; lo que los lleva a comprar cada año e invertir alrededor de $ 100.00 por el millar de plantas, esto significa que por 0.993 de hectárea la inversión en plantación es de $ 300.00.
Para Silvia Rodríguez, investigadora y especialista en políticas ambientales nacionales e internacionales, en su texto “El Control Corporativo de las Semillas y sus consecuencias más allá de la Agricultura”, considera que las políticas de fitomejoramiento y leyes de este ámbito han convertido a las semillas en mercancías externas a los sistemas de intercambio campesinos. Para la autora, las semillas “mejoradas” como las híbridas, son promovidas por apoyos técnicos y créditos que van junto a paquetes tecnológicos de plaguicidas y abonos químicos, que en un principio son de interés de la población campesina por su rendimiento, pero luego la misma población reconoce que la capacidad de reproducción y rendimiento de este tipo de semillas va diezmando.
Además, según los registros de Pacach, la siembra de estos cultivos necesita de cuidados e inversión en bambú, foliares y pesticidas lo cual lleva a que los agricultores inviertan por lo menos $ 1,400.00 por 0.993 hectárea. Para los agricultores significa una inversión muy alta, que en ocasiones no se recupera debido a los cambios en el mercado, excedente de producto y el clima. Pacach dice, “A veces si no llueve se pierde la cosecha, los insumos suben de precio cada año y nuestros productos siguen con los mismos precios, lamentablemente en estos tiempos en lugar de lograr alguna ganancia estamos perdiendo, muchas veces cuando no se logra la cosecha uno recurre a los bancos”. Cuando los agricultores logran una cosecha, agrega, esta les ayuda durante algunos meses a mantenerse y hacerse cargo de gastos como la educación de sus hijos y proveerse de alimentos que ellos no cultivan.
Las plantaciones de tomate se realizan incluso en temporada de verano por lo que es necesario que los agricultores recurran al sistema de riego. Para Ceferino la forma en la que él puede mantener sus plantaciones es por medio de la compra de agua en pipa para lo que invierte $ 1,350.00, durante dos meses. Feliciano Gallina, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) de agricultores en Sumpango dice que la organización es vital y desde hace 11 años están coordinando en el municipio. Esta organización la integran alrededor de 100 agricultores quienes por la necesidad de abastecerse de agua para regar sus plantaciones de tomate y chile crearon COCODE, que se encarga de la coordinación para poder llevar agua de la pila pública hacia sus plantaciones. Feliciano es agricultor desde hace 40 años, reconoce que las prácticas han ido cambiando con el tiempo, la conservación de suelos húmedos y técnicas para guardar la humedad eran comunes, pero debido a la cantidad de siembra ha incrementado la necesidad de riego.
Aparte de la producción campesina a mediana escala, las problemáticas relacionadas con las grandes producciones de arveja china, son parte del paisaje agroindustrial de Sumpango. Para esta comunidad es bien sabido que una gran parte de sus agricultores son asociados de exportadoras de vegetales que entregan sus productos directamente a estas empresas.
Nos contactamos con la gerencia de la empresa exportadora Agro Export Valle del Sol, ubicada en el casco urbano de Sumpango Sacatepéquez, el cual nos concedió la entrevista, pero posteriormente solicitó que no se publicara.
Según el Comité de Arveja y Vegetales de la Asociación de Agroexportadores de Guatemala (AGEXPORT), los principales productos de exportación de este sector son la arveja china, arveja dulce, ejote francés, mini zanahorias y mini zucchinis. Según las cifras de esta entidad el 85% de la producción nacional de arveja, ejote y mini vegetales se encuentra en los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Sololá. Recientemente han incluido nuevas áreas productivas en los departamentos de Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa que constituyen el 15 % de su producción. Se estima que alrededor de 11 mil hectáreas de arveja china se cultivan en la actualidad.
Justiniana dice que durante mucho tiempo fue parte de este círculo de exportación, donde la totalidad de la cosecha se vende para luego invertir en productos agroquímicos para la siguiente producción, lo poco que queda es para comprar alimentos que son empacados, golosinas y bebidas enlatadas. Indica que en algunas ocasiones los agricultores han perdido las cosechas por la baja en los precios y el producto termina en el vertedero de basura. Relata que en la actualidad la tala de árboles ha incrementado, debido a la necesidad que tienen los campesinos de sembrar más hectáreas de este cultivo, y que la mayoría de las personas siguen con la siembra, son pocos quienes han decidido cambiar su forma de cultivar dado que han invertido todo lo que tenían y no lo han vuelto a recuperar. Para ella que la decisión de regresar al maíz y el frijol es definitiva.
Esta situación que vive la población campesina describe parte de las repercusiones de la cadena agroindustrial. Según la organización internacional GRAIN en su publicación “El círuclo vicioso de la agroindustria” la cadena agroindustrial genera contaminación extrema y violencia en múltiples territorios ya que requiere: “del acaparamiento de tierra que generan cambios de uso de suelo por la deforestación, obliga al uso de semillas de laboratorio certificadas y patentadas, la fertilización y desinfección mecánica por medio de paquetes tecnológicos, la mecanización agrícola extrema y digital, transporte, almacenamiento, supermecados y restaurantes industriales que desplazan a mercados y tiendas de abarrotes, todo esto provocando expulsión y vaciamiento de territorios, fragmentación de comunidades, la deshabilitación de las estrategias y saberes campesinos y la urbanización e industrialización salvaje que provoca nuevo acaparamiento de tierras.”
Comida que no alimenta
Sumpango es el segundo municipio del departamento de Sacatepéquez con mayor número de niños y niñas afectadas por la desnutrición, durante el 2020 identificaron a 68 niños con desnutrición, actualmente se han recuperado 55 niños y se encuentran en tratamiento 16, según información del centro de salud. Los casos de desnutrición crónica afectan más a las aldeas del municipio, mientras que los casos de desnutrición aguda se encuentran en el casco urbano.
Teresa Palala nutricionista del Centro de Atención Permanente del municipio dice “La biodiversidad en Sumpango no se da, la mayoría de las familias cuentan con terrenos y cultivos pero no los utilizan para comer, lo utilizan para el comercio y lo que las personas compran son muchos carbohidratos como pastas, arroz si bien les va, en otros casos la alimentación de algunas familias es tortilla y tomate, podríamos pensar que por ser área rural o por haber cultivo de frijol, se consume pero no es así, la diversidad de alimentos no está bien distribuida y las familias optan por comprar otros alimentos empacados que por alguno que les vaya a nutrir.”
Sumando a esta situación, la publicidad de los alimentos o comida chatarra como es conocida en las comunidades, tiene un impacto muy fuerte, que es lo que lleva a la mala práctica del consumo y que, aunque se tengan cosechas no se logra garantizar una alimentación adecuada, añade David Paredes, facilitador de incidencia de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria (Red SAG).
Una de las causas tiene que ver con que la mayoría de las calorías que produce la cadena agroindustiral en el mundo no llegan a ser consumidas por las personas. Según los resultados de la investigación sobre ¿Quién nos alimentará? elaborada por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), solo el 24% de las calorías que produce la cadena agroindustrial llegan a ser consumidas directamente por las personas, el 44% se pierden en la producción de carne, el 9% se usa en la producción de agrocombustibles, el 15% se pierde en el transporte, almacenamiento y procesamiento y el 8% termina en los botes de basura.
Para David Paredes, tomar conciencia de la importancia que tiene la alimentación para la vida es primordial, pues el consumo de alimentos se traduce en energía para los seres humanos y por ello la recuperación de los conocimientos, como el sistema milpa, que es un cultivo en asocio y que aporta al equilibrio de los alimentos es clave. Señala, “cambiar la mentalidad del consumo y producción en la población es difícil, pero como dicen nuestros antepasados, “que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”, porque si nos alimentamos bien y cosechamos nuestros alimentos tendremos menores problemas de salud.”
Una búsqueda y puesta en práctica de la soberanía alimentaria
“La soberanía alimentaria comprende la interrelación entre varios elementos, como la producción, las semillas, tierra, aire, agua, biodiversidad e incluso la cosmovisión que va muy ligada a la siembra en base a calendarios lunares. Pero en Guatemala por el modelo económico del país no hay cabida para hablar de soberanía alimentaria, la industria de alimentos se impone con el control del mercado y también tiene influencia en la legislación, una visión empresarial sobre el tema de alimentos para lucrar y no como un derecho humano, propio e inalienable.”, indica David.
Paredes agrega, que es importante decidir sobre las propias formas de producción y comercialización desde el punto de vista comunitario que no necesariamente tiene que ver con la compra y venta, si no que tiene que ver con intercambios entre agricultoras y agricultores, ya pueden truequear especies distintas con las que algunas familias no cuentan, además de fortalecer los circuitos cortos de comercialización para mantener los alimentos frescos de acuerdo a las regiones.
Para el integrante de Red SAG, las políticas que van surgiendo en cuanto al tema de alimentación tienen una lógica de comercialización, la mayoría de las producciones se impulsan a través del uso de agroquímicos sumamente dañinos, hay una gran influencia de la agroindustria sobre todo el consumo de pesticidas, plaguicidas, fungicidas que les interesa distribuir y para vender han cambiado la forma de pensar de los agricultores que piensan que sembrar un solo producto en hectáreas grandes les genera ganancias.
Al otro lado de las políticas gubernamentales, existe una búsqueda y puesta en práctica de formas para producir la alimentación en colectivo y desde maneras más justas, libres y autónomas para los pueblos. Justiniana dice “Mis compañeras están felices porque ya no tienen que ir a la tienda por sus ingredientes, ahora los tenemos a la mano, solo con salir de la cocina a nuestro patio y cortarlo”.
Así como Justiniana y su colectivo, hay muchas familias intentando cambiar la forma de consumo y producción a las que han estado acostumbrados durante mucho tiempo. Red SAG es una organización que trabaja con 70 organizaciones a nivel nacional, en las regiones de Peten, las Verapaces, Sur, Occidente, Centro y Oriente, las iniciativas que la integran van desde la agroecología, la economía comunitaria campesina, la etnoveterinaria, consumo sano y responsable de alimentos, rescate de alimentos nativos, mercados campesinos y distribución de productos.
Irregularidades, compras sobrevaloradas y mal manejo de la pandemia revela estudio del CNA
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En Honduras, ni la economía ni la educación ni la salud crecen, pero el endeudamiento sí, sin importar lo que la población tenga que pagar. Esa es una de las conclusiones del estudio que realizó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la región centroamericana para medir la eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados para hacer frente al Covid-19.
Tal afirmación no sería ninguna novedad si no fuera porque Honduras es el segundo país del istmo que más presupuesto ha destinado para hacer frente a la pandemia, con resultados más que deficientes aún con el subregistro que, como reconoce el CNA, existe en los datos regionales.
El presupuesto nacional asignado en 2020 para atender la emergencia sanitaria fue de 3,762 millones de dólares, superado solo por El Salvador, con 4,116 millones. Panamá aprobó 2,099 millones, Guatemala 1,887 millones y Costa Rica 1,390 millones de dólares.
Solo Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), “comenzó manejando más de tres mil millones de lempiras en el marco de la pandemia y vimos el escándalo” por la compra de cafeteras y televisores excesivamente caros, dijo durante la presentación del estudio el investigador del CNA, Odir Fernández.
“Hoy podemos decir que, de los cinco países, Honduras es el más corrupto de la región centroamericana”, en el que hay menos expertos manejando la pandemia y el que menos pruebas realiza porque el fin es maquillar las cifras de contagio, sostuvo.
El estudio no incluye a Nicaragua por la falta de acceso a datos oficiales.
El Salvador tiene a un secretario de Estado que es médico con conocimientos en epidemiología; en Costa Rica, a un epidemiólogo que es “un experto con bastante formación para poder manejar la pandemia y por eso observamos los resultados totalmente diferentes” a los de Honduras.
En Panamá, tienen a un experto con “todos los conocimientos necesarios para poder manejar la pandemia” y en Guatemala “se creó un equipo multidisciplinario” de doctores con conocimientos en epidemiología, dijo el investigador.
Mientras que en Honduras “se puso a personas totalmente inexpertas” para manejar la pandemia, “pero sí eran expertas para manejar fondos públicos” al servicio de la corrupción.
La investigación del CNA remarca la diferencia entre la tasa de letalidad del Covid-19 entre Honduras (2.56%) y Costa Rica (1.3%) al 31 de diciembre de 2020, así como el de las personas recuperadas de 56,936 y 131,923, respectivamente, pese a las diferencias poblacionales, ya que Honduras casi duplica el número de habitantes de ese país.
Aunque Honduras fue el primer país en declarar emergencia sanitaria por la pandemia, el 10 de febrero de 2020, “no se ha contado con un sistema de salud debidamente robustecido” para hacerle frente, debido al letargo de los gobiernos que en las últimas dos décadas “poco o nada” han hecho para alcanzar un mejor nivel en atención, expone el estudio.
Costa Rica hizo la declaratoria de emergencia el 16 de marzo y a partir de ese momento empezó a tomar medidas “para evitar la rápida propagación del virus” y fortalecer los centros de salud “para que se encontraran equipados” cuando los pacientes empezaran a requerir de sus servicios, señala el informe.
Otro de los hallazgos del estudio comparativo del CNA es la diferencia en el precio de los ventiladores mecánicos adquiridos por cada país. En Honduras fue de 31,249 dólares, el segundo más bajo después de Guatemala, que pagó 29,079 dólares por ventilador. En Costa Rica fue de 31,666 dólares, de 34,700 en El Salvador y en Panamá de 38,624.
El problema es que gran parte de los equipos adquiridos para equipar las Unidades de Cuidados Intensivos hondureños “no son aptos para la atención de pacientes” con Covid-19.
Pero no solo se han erogado sumas millonarias de dinero por estos equipos, sino que se ha pagado hasta el 80% por concepto de adelanto, colocando al país en el mayor riesgo posible, cuando en el mercado las condiciones máximas eran hasta por un 60%. Aún así, a la fecha, la totalidad de ese equipo no ha sido entregado a la Secretaría de Salud.
El estudio también consigna que una de las empresas beneficiadas con la compra de ventiladores estaba relacionada con otra sociedad mercantil implicada con el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En cuanto a las mascarillas KN95 adquiridas por Invest-H y Copeco, el precio fue de 4.10 dólares, más caro que en El Salvador (3.04) y que Guatemala (2.82), y más barato que en Panamá (5.35) y Costa Rica (5.78).
Sin embargo, estas mascarillas no cumplían con los estándares mínimos de bioseguridad para uso médico y eran más bien para uso común o industrial. Por lo tanto, no cumplían con los requisitos para brindar seguridad al personal sanitario, al que le dieron una falsa percepción de protección con la entrega de este implemento.
“Por eso vemos la gran cantidad de contagios” de personal médico y de enfermería, entre otros, “que hoy están falleciendo por la irresponsabilidad provocada por parte del Estado”, dijo al respecto Odir Fernández.
En el caso de las mascarillas descartables, el precio que se pagó por ellas “está muy por encima en comparación a las demás regiones”, señala el estudio que “logró identificar ciertos actos de corrupción y aparente sobrevaloración” resultado de “compras irregulares”.
Otra anomalía detectada es que Invest-H aprobó la compra de cada mascarilla a un costo de 22.37 lempiras, mientras la Secretaría de Salud, a través de su fideicomiso, pagó diez lempiras por unidad, lo que generó un perjuicio económico de casi 12.4 millones de lempiras.
En relación con la compra del tratamiento MAIZ (Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc), el CNA detectó que las adquisiciones realizadas por Invest-H y Copeco de Ivermectina “fueron adjudicadas a un grupo reducido de sociedades mercantiles”, determinándose que hubo un “comportamiento irregular” ya que el precio erogado fue mayor al del mercado. De hecho, la Secretaría de Salud adquirió los mismos medicamentos a un costo mucho menor, con un “margen de perjuicio económico” al Estado que equivale al 58% del monto total pagado por Invest-H y Copeco.
Al 22 de junio pasado, Honduras había destinado cincuenta millones de lempiras para la compra de los medicamentos que conforman los tratamientos MAIZ y CATRACHO en la primera etapa de adquisición.
Mientras que en obras públicas la inversión ha sido apenas de 40.1 millones de lempiras que representan el 0.69% del presupuesto destinado a la pandemia ejecutado hasta diciembre pasado.
Dichas obras consisten la construcción de un plantel, apoyo en la instalación de los hospitales móviles, pago de viáticos y tan solo tres otras de mejoras en infraestructura en el Hospital del Tórax, el Gimnasio No.1 de la Villa Olímpica y una sala de atención en Roatán.
En Costa Rica, la construcción de obras públicas ha sido una de las principales áreas en las que se han destinado los fondos dirigidos a atender la emergencia por el Covid-19.
En el tema de rendición de cuentas, el CNA también detectó en el portal de transparencia no se publicaron los procesos completos de las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia. Así mismo, imprecisión sobre las fuentes de financiamiento de los gastos, falta de informes de liquidación presupuestaria y de documentación soporte, entre otros.
Tampoco se han publicado los documentos que sustentan las entregas de alimentos de la Bolsa Solidaria, entre los que faltan las actas de entrega y los listados de la población beneficiaria en el marco del programa Honduras Solidaria.
A pesar de las “impresionantes sumas monetarias” aprobadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, los recursos públicos fueron usados en negocios que dejaron enormes ganancias a proveedores con la participación de “servidores públicos que irresponsablemente se dedicaron por meses a transar con los caudales del Estado”, dice el estudio del CNA.
“Resulta desalentador conocer cómo en medio de tan grave crisis, los gobernantes sean incapaces de sacarle el máximo provecho a los exiguos recursos de los que se dispone y continúen no solo dilapidándolos, sino también dejando a Honduras más endeudada que nunca”, agrega la investigación que es un recordatorio más de la corrupción estructural del país.
Padre Melo: Pacto de impunidad se consolidó de manera dramática en el 2020
Posted On Friday, 19 February 2021 18:58 Written by Heidy Dávila - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Defensores y abogados explicaron cómo la impunidad de las instituciones judiciales en casos graves de violaciones a los derechos humanos se profundizaron en el 2020, bajo el contexto de pandemia y los huracanes, entrando en vigencia el nuevo Código Penal y afianzando el círculo de poder del presidente de la República Juan Orlando Hernández.
En un foro virtual realizado este 19 de febrero de 2021, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Espacio de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, expresó que el pacto político de impunidad ha sido un proceso de construcción tras el golpe de Estado del 2009, que se consolidó de una forma dramática en el 2020, por las acciones de Juan Orlando Hernández y de su círculo de trabajo que se alimentan de la angustia de la sociedad cuánto más es la crisis más se afianzan.
Según Moreno está demostrado en actos del año pasado cómo la cancelación de la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH y la aprobación e implementación del nuevo Código Penal como una política leal profundizada durante la pandemia por covid-19 y los huracanes ETA e IOTA.
“La maldad cuando es organizada sabe aprovecharse de las circunstancias y cuándo mayor es la fragilidad, amenaza y ambiente de deterioro más se consolida”, describió Moreno.
También agregó que en este 2021 se debe recalcar que el proceso político electoral está debidamente conducido por quienes impulsan y controlan el país, y para debilitar ese pacto tiene que haber una verdadera defensa de las víctimas, crear las condiciones reduciendo los asesinatos y agresiones para que se eviten los fraudes y se restaure el Estado de Derecho.
Heidy Alachán, abogada representante de la Coalición Contra la Impunidad, explicó que en el informe “Honduras Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos en la Coyuntura del fraude electoral”, presentado en enero del 2018, se identificaron 11 patrones de violencia estatal.
Patrones otra vez
Algunos de dichos patrones todavía siguen ocurriendo durante la emergencia sanitaria por covid-19 y los huracanes Eta e IOTA, así como la implementación descarada de preceptos legales y reducción del espacio cívico, la impunidad es un patrón recurrente del Estado para seguir cometiendo los mismos actos, recalcó.
Algunos de los patrones identificados durante la crisis postelectoral del 2017 fueron disparos de bala viva, allanamientos en hogares donde llevaban pruebas prefabricadas, aplicación de castigos y humillaciones públicas, implementación de instrumentos no autorizados como cadenas con ganchos y electrochoques, vehículos para la vigilancia, desplazamiento de oficiales en barrios y colonias , militarización, uso desproporcionado de la fuerza y la infiltración, detalló Alachán.
Agregó que las consecuencias fueron que en las más de mil manifestaciones, protestas públicas y tomas en al menos 14 departamentos, como forma de expresar la indignación ante un fraude electoral, 33 personas fueron asesinadas.
Se instauró como normalidad el uso de disparos a bala viva, se reprimieron 192 manifestaciones, una persona fue detenida y desaparecida, 76 víctimas de tortura, 105 desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos, 89 personas criminalizadas, vecinos en barrios y colonias tuvieron ataques, allanamientos, intimidación y tentativa de homicidio.
Omar Menjivar, abogado y defensor de derechos humanos, relató que “este pacto es la columna vertebral que hace que haya instituciones debilitadas y controladas, como es el caso del Ministerio Público, MP, una institución muy deficiente y sin compromiso en las investigaciones que deberían ser exhaustivas e iniciadas oportunamente”.
Según Menjivar solo conociendo la verdad se puede hacer justicia y es una necesidad que el MP, como representante del pueblo cumpla con el derecho para las familias de las víctimas, persiguiendo y capturando a los culpables.
El abogado relató un caso que ocurrió desde el 2017 en el fraude electoral, donde un joven fue asesinado por un elemento policial, la institución protegió a al culpable y expuso a otro elemento que terminó confesando cómo se realizaron los hechos. En el caso se evidenció que el MP no hizo la debida diligencia en la obtención de armas y cuando citó a declarar a los entes vinculados se negaron por orden de un alto mando.
Según los exponentes el pacto de impunidad está vigente por las instituciones y funcionarios que cometen actos injustos para la sociedad hondureña, iniciando desde el 2009, con el golpe de Estado, donde se cometieron asesinatos que hasta el día de hoy no han sido investigados y castigados.
Caso Guapinol demuestra que justicia está subordinada a decisiones políticas: Padre Melo
- 25/01/2021
Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, e integrante de la Convergencia contra el Continuismo, el caso de Guapinol demuestra que la institucionalidad hondureña, particularmente la justicia, está subordinada a decisiones políticas y económicas, por lo tanto, no existe el Estado de Derecho, sino el Estado de los más fuertes.
El padre Melo dijo esto en un recorrido que las organizaciones que integran la Convergencia realizaron por Tocoa, Colón, para expresar su solidaridad y apoyo con las familias de los ambientalistas presos y con toda la comunidad que está luchando contra la instalación de la minera Inversiones Los Pinares y la peletizadora Ecotek propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé.
En este recorrido también se visitó a José Abelino Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán, los 7 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, presos desde hace 18 meses en centro penal de Olanchito, Yoro.
En su análisis el padre Melo dijo que, en el caso de Guapinol, se juntan varios factores de injusticia como ser el encarcelamiento de jóvenes como Arnold Alemán, quien ni siquiera participó en las acciones de protesta de la comunidad. Únicamente estuvo presente en un concierto que el cantante Elmer Vides brindó en el campamento que la gente había instalado contra la minera.
“A él y a los otros jóvenes, en su mayoría menores de 30 años de edad, se les niega el derecho de estar con sus familias y el derecho de estudiar y desarrollar sus capacidades académicas y culturales”, señaló asegurando que es un hecho que deja al desnudo la injusticia en Honduras sobre los sectores más indefensos.
Agregó que la lucha de Guapinol es símbolo de soberanía nacional, porque su gente está teniendo la capacidad de construir sus propios espacios y tomar sus propias decisiones. Además, Guapinol ha traspasado fronteras y varios personajes de la vida política de Europa y Norteamérica tienen la mirada y el oído puesto en esa comunidad que se opone a la destrucción de sus montaña y ríos ante la imposición del poder político y económico en Honduras.
Al concluir la visita en el centro penal de Olanchito en Yoro, Bertha Oliva, parte de la coordinación nacional de la Convergencia, dijo que, a pesar del encierro, los defensores están animados, con la esperanza puesta en la libertad para regresar a su comunidad. Por ende, las organizaciones están más comprometidas a realizar acciones de presión nacional e internacional para lograr justicia, para no normalizar la criminalización contra las personas que defienden sus bienes naturales y territorio.
Ambiente de terror
Desde que llegó la empresa minera Inversiones Los Pinares al municipio de Tocoa, el miedo y las amenazas están presentes en el día a día de la población, especialmente de la comunidad Guapinol donde se instala la empresa peletizadora Ecotek.
Reynaldo Domínguez es el Presidente de la Junta de Agua en Guapinol y uno de los 32 pobladores criminalizados por oponerse al proyecto minero. Dijo a Radio Progreso que las familias están viviendo una situación difícil: primero por el retraso en el proceso judicial contra los 8 ambientalistas presos, y segundo porque desconocidos en motos y vehículos sin placas rodean por las noches las casas de los líderes.
En la comunidad hay familias desplazas por miedo a ser asesinadas, pero hay otras que se resisten a perder el patrimonio que costó muchos años de trabajo y sacrificio tener. Reynaldo es víctima directa de amenazas.
Domínguez aseguró no tener miedo porque confía en Dios y porque su lucha es justa, sin embargo, lleva noches de no dormir bien porque frente a su vivienda vehículos no identificados se estacionan generando intimidación y hostigamiento. Como él hay otros líderes que tienen miedo a denunciar públicamente.
Acciones
En el marco del Día de la Mujer Hondureña las madres, esposas e hijas de los ambientalistas de Guapinol, realizaron un plantón frente al Ministerio Público de Tocoa, Colón, denunciando la confabulación de esta institución con la empresa Inversiones Los Pinares, que ha generado un conflicto socio ambiental en el municipio por la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Para las mujeres, el Ministerio Público es el responsable de fabricar los delitos contra la población que públicamente se ha manifestado contra la explotación minera. Es el ente que está siguiendo las directrices de la empresa para mantener a los ambientalistas en prisión.
Juana Esquivel integrante del Comité Ambiental de Tocoa y directora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, dijo en entrevista a Radio Progreso, que la vida para las mujeres se ha precarizado desde la instalación de la minera porque viven con miedos, amenazas y privadas de estar junto a sus seres queridos que permanecen en prisión.
Desde el Comité Ambiental de Tocoa se han planificado acciones exigiendo a la Corte de Apelaciones que se pronuncie, ante el recurso presentado por la defensa de los ambientalistas en diciembre de 2020, donde se rechaza la decisión de la jueza Zoé Guifarro, de mantener la medida de prisión preventiva.
OFRANEH crea comité de investigación independiente para la búsqueda de garífunas desaparecidos
Posted On Friday, 19 February 2021 17:42 Written by Heidy Dávila - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, representantes de familiares y garífunas, crearon el Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos Triunfo de la Cruz, SUNLA, que será dirigido por un consejo directivo y mesas de trabajo de derechos humanos, familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, según lo dio a conocer la organización en esta semana.
SUNLA es una palabra garífuna que en español significa basta ya. Este espacio se crea en una situación urgente donde las comunidades sufren una elevada violencia que en menos de dos años ha dejado 40 personas asesinadas, sectores desplazados forzadamente y las desapariciones de cinco jóvenes de quienes desde hace 7 meses no tienen información de las investigaciones estatales.
Carla García, miembra del consejo directivo de esta reciente instancia, explicó que la Organización de Naciones Unidas ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, forman parte de este comité para ser mediadores entre las instituciones del gobierno en el proceso de investigación que busca resarcir el daño con quien supuestamente lo está haciendo, es una de las partes más complicadas de la estrategia.
García agregó que la Corte interamericana sabe lo que está pasando en Triunfo de la Cruz, y desde un principio lo ha asociado a las sentencias incumplidas por el Estado de Honduras, por eso el 04 de marzo habrá una audiencia donde se está solicitando a las autoridades información acerca de las investigaciones por el tema de los desaparecidos.
Albert Snider Centeno, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, es una de las víctimas y su desaparición se ve ligada a denuncias realizadas días antes por la defensa del territorio en la comunidad, también Suami Aparicio Mejía, Misael Rochez Calix, Milton Joel Martínez y Junior Rafael Juárez, fueron secuestrados de sus viviendas por hombres fuertemente armados vestidos con uniformes policiales en julio de 2020.
Según los panelistas en un foro virtual, la comunidad recolectó cierta información que fue llevada a las instituciones de investigación nacional, pero no fue tomada en cuenta y tampoco se ha priorizado en encontrar con vida a los jóvenes.
Pablo Centeno, padre de Albert Snider, expresó que durante estos siete meses a pesar de las protestas y plantones no han tenido respuesta y solo escuchan a los voceros en los medios decir que hay avances. La comunidad ha obtenido información de la población que ha visto las publicaciones del caso y en su momento las brindará.
Centeno detalló que es necesario erradicar el amarillismo de los medios corporativos y nada se resuelve haciéndole daño a otras personas, la comunidad está abierta a colaborar y que sean parte todas las empresas de comunicación en la divulgación de información, pero que sea verídica y no como algunos que relacionaron la desaparición al crimen organizado.
Miriam Miranda, Coordinadora de la OFRANEH, detalló que este comité de investigación es el derecho que tiene el pueblo garífuna como indígenas a buscar la verdad en el marco de lo que les corresponde, sabiendo que vivir en un país de total indefensión y de mayor impunidad, secuestrado por una mafia criminal hay un riesgo inminente, permanente para toda la gente que quiera buscar la verdad y la solidaridad entre organizaciones de derechos humanos, movimientos y otros sectores son los que pueden despertar toda una esperanza que se ha perdido.
Finalmente, los miembros del panel informaron a la comunidad nacional e internacional que los miembros que integran este comité estarán entregando avances en algunos meses, recalcando qué hay información que no puede ser revelada porque no hay garantías en el país que aseguren la vida de las personas.
Crean Comité garífuna de investigación y búsqueda de desaparecidos de Triunfo de la Cruz
- 18/02/2021
Al cumplirse siete meses del secuestro de varios líderes de la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en coordinación con la comunidad garífuna, realizó el lanzamiento del Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos (SUNLA, por sus siglas en la lengua garífuna).
Son cinco los líderes garífunas que la madrugada del 18 de julio de 2020, fueron secuestrados de sus casas de habitación. Hombres fuertemente armados, portando vestimenta policial y militar, llegaron hasta las viviendas, pese a la resistencia de la comunidad que colocó piedras para no dejar avanzar los vehículos de sus secuestradores, cumplieron su objetivo de secuestrarlos.
SUNLA, que en español significa ¡Basta ya!, nace con el fin de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, ante la falta de voluntad e incapacidad del Estado de Honduras, en realizar verdaderas investigaciones que resuelvan el crimen.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), explica que SUNLA es el derecho que tienen como pueblo de buscar la verdad en medio de toda la impunidad que se vive en el país.
“Sabemos y reconocemos que vivimos en un país de total indefensión, de mayor impunidad, un país secuestrado por una mafia criminal como estamos en Honduras, significa un riesgo inminente, permanente para toda la gente que quiere buscar la verdad”, señaló la luchadora.
Miranda también expresó que es necesario que la solidaridad sea también en la acción. Es decir, que todas las organizaciones de derechos humanos y movimientos que están trabajando en espacios para la búsqueda de verdad se unan para despertar la esperanza.
Detalló además que, SUNLA es un medio por el cual se quiere buscar la verdad y que se diga dónde están los desaparecidos, también quieren establecer condiciones diferentes en el país, que la vida de los ciudadanos y ciudadanas tenga más valor y se respeten los derechos de las poblaciones negras e indígenas.
“Es importante mencionar que este Comité no es una cosa que nació ayer, sino que tiene un proceso de construcción de hace varios meses. SUNLA es la búsqueda de la verdad y la justicia. Con esto queremos decir que estamos cansados de recibir mentiras del gobierno, los informes que ha presentado el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos están llenos de mentiras, cosas sin sentido. Y, además, se burlan de nosotros, de la familia, de la organización, del pueblo garífuna, eso es lo que está haciendo el Estado” argumentó Miriam Miranda.
Ausencia del Estado
Entre los cinco secuestrados la madrugada del 18 de enero de 2020, se encuentra Alex Snider Centeno, quien en esa fecha era el presidente del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz.
OFRAHEN ha denunciado que, a mediados del año pasado, Sneider y un grupo de jóvenes de Triunfo de la Cruz intervinieron para frenar la quema de cientos de hectáreas de manglares destruidos para la siembra de palma africana; situación que lo puso en la mira de grupos asociados a los narcos palmeros que controlan gran parte de la costa norte de Honduras. Después de esa y otras acciones recibió varias amenazas, por las cuales él presentó denuncias ante el Mecanismo de Protección en noviembre del 2019.
Su padre, don Juan Pablo Centeno, no se cansa de pedir justicia a través de todas las vías posibles. Contó a Radio Progreso que el comité nace de la misma inconformidad ante la falta de respuesta e inquietudes de las familias de saber lo que ha pasado con sus muchachos.
Explicó que, a más de seis meses el gobierno sigue sin dar muchos detalles sobre el paradero de sus familiares. Y que los órganos estatales, han querido desviar el tema y acusar a los desaparecidos de andar en “malos” pasos.
“Nosotros si vamos a presentar pruebas. Vamos a comprobarle al mundo entero, que desgraciadamente está pendiente de Honduras a través de esta situación, que siempre hemos tenido la razón respecto al secuestro de los muchachos”, señaló Juan Pablo Centeno.
SUNLA está integrado por mesas interdisciplinarias, forenses, antropólogos, investigadores privados, abogados internacionales y nacionales. Así mismo, por organismos locales regionales defensores de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Comunidades garífunas crean el SUNLA
La decisión fue tomada en noviembre pasado por la asamblea general de las comunidades garífunas de Honduras, con el objetivo de investigar, buscar y hallar a los jóvenes, identificando a los responsables de su desaparición para que respondan ante la ley.
“Hoy es un momento histórico para el pueblo garífuna, para los pueblos indígenas y negros, que sufren una persecución sistemática a manos de un gobierno y una clase política asesina que quieren hacernos desaparecer”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
“Agradecemos profundamente a la solidaridad nacional e internacional que siempre nos acompaña, demandando justicia y respeto a los derechos del pueblo garífuna.
Sabemos −continuó Miranda− que vamos a estar más que nunca en la mira de este Estado asesino, pero vamos a seguir luchando”.
El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a Alberth Sneider Centeno, presidente del patronato, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y más de 50 europarlamentarios exigieron al Estado de Honduras investigar y esclarecer los hechos.
Siete meses después, los resultados son nulos y los informes presentados muestran una indiferencia que roza la irresponsabilidad y el desprecio.
“El silencio absoluto de un Estado cómplice, la falta de independencia del poder judicial y la impunidad galopante nos convocan a crear esta instancia, que será coordinada por la Ofraneh en representación de los familiares de las víctimas”, dijo Rony Castillo, integrante de la organización garífuna.
Además de un consejo directivo, el SUNLA (“Basta ya” en garífuna) estará conformado por un equipo operativo y varias mesas de trabajo, que operarán como asistencia técnica y de peritaje en las áreas de interés de la investigación.
Dichas mesas incluyen a expertos nacionales e internacionales interdisciplinarios en las áreas de ciencias forenses, antropología, psicología, ciencias médicas, guías espirituales, investigadores y profesionales en derechos humanos, abogados y familiares de los desaparecidos.
El SUNLA acompañará de forma independiente cualquier investigación ya iniciada de la desaparición forzada de los jóvenes activistas de Triunfo de la Cruz, y podrá establecer nuevas líneas de investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) integrarán este espacio.
Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otros tuvieron que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.
Tanto la desaparición de los jóvenes de Triunfo d la Cruz como la mayoría de estos crímenes están vinculados a la lucha en defensa del territorio y los bienes comunes, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas, la expansión de monocultivos y megaproyectos turísticos.
“En Honduras es necesario un ‘basta ya’ a tanta violencia e impunidad. Este comité de investigación y búsqueda representa el derecho que tenemos como pueblo garífuna a buscar la verdad, a saber dónde están nuestros muchachos, a tener justicia”, dijo Carla García, miembro del consejo directivo de SUNLA.
“Estamos cansados de tantas mentiras. Queremos que en nuestro país la vida valga más. Tenemos que construir nuevos caminos. Vamos a seguir luchando para que esto se haga realidad”, concluyó Miranda.
Policía de Honduras en el ojo del huracán por muerte de joven universitaria en una comisaría
Ahora los agentes policiales se niegan a que me practiquen una autopsia para determinar mi causa de muerte.
Lo cuento yo porque Keyla Martínez no pudo: Autor desconocido (redes sociales)
Por: Emy Padilla
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. –Un velo de misterio se cierne alrededor de la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez. Las contradicciones han puesto nuevamente en tela de juicio la fiabilidad y transparencia de la policía de Honduras.
Las actuaciones de la institución uniformada ponen en duda la veracidad de los hechos narrados hasta el momento e incluso pareciera que se está ocultando algo o protegiendo a alguien.
Lo cierto es que Keyla perdió la vida en custodia de los agentes de seguridad del Estado asignados a la Unidad Departamental de Policía número 10 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras, donde hace seis años fue asesinada la ambientalista e indigenista, Berta Cáceres.
“Son unos asesinos, son unos ineptos y el Estado tiene la culpa por contratar gente inútil, inepta, negligente, para asumir esos cargos. La seguridad humana no puede estar a cargo de unos asesinos y hoy el Estado tiene toda la responsabilidad y yo los culpo directamente a todos por tener gente incompetente trabajando en esas postas policiales salvaguardando la vida de los seres humanos”: Nancy Martínez, hermana de Keyla.
LOS HECHOS
En un comunicado la policía dijo la mañana de ayer domingo que la joven había sido retenida a las 11:40 de la noche del sábado 6 de febrero, en cumplimiento a una denuncia realizada al Sistema Nacional de Emergencias 911 y que había sido ingresada en calidad de detenida a la Unidad Departamental de Policía número 10 en La Esperanza, Intibucá, por escándalo en vía pública y en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda vigente según decreto PCM 012-2021.
Asimismo, “horas después, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentado quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció”.
La versión policial carece de consistencia en datos relacionados a la hora y el lugar de la muerte. Para el caso el comunicado afirma que Keyla fue detenida en “estado de ebriedad”, pero ni siquiera se le practicó la prueba de alcoholemia, como reconoció en declaraciones a varios medios el subcomisionado a cargo de la Unidad Departamental de Policía número 10 en Intibucá, Melvin Alvarenga.
La policía también ha manejado ante los medios de comunicación la versión de que la joven fue encontrada agonizante en su celda a las 3:30 de la madrugada del domingo, pero el reporte médico señala que fue ingresada a las 2:55 de la madrugada a la sala de emergencia del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.
Otra afirmación que hace la policía en el escueto comunicado es que la joven murió en el centro hospitalario, pero en el informe médico se consigna que cuando ingresó a emergencias no presentaba signos vitales, por lo que “se les explica a los miembros de la policía que la pte (paciente) se encuentra fallecida”.
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La versión policial de que Keyla Patricia se quitó la vida con su camisa, la que amarró a la puerta de la celda, ha generado suspicacias entre sus familiares, pobladores de La Esperanza, feministas y defensoras de derechos humanos que exigen una autopsia independiente.
Con rabia e indignación Nancy Martínez, hermana de la joven fallecida, fue directa al atribuir la muerte a los miembros de la policía. Según ella, el caso es un femicidio más bajo la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado.
Entrevistada por varios medios de comunicación en Tegucigalpa, donde llegó escoltada por policías procedente de La Esperanza, Intibucá, para recoger los restos de su hermana en la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, Nancy dijo que a los agentes de la posta policial les convenía que su hermana muriera “porque seguramente le hicieron algo”.
La joven denunció además que los policías se negaron a darle las pruebas sobre el supuesto suicidio, como fotografías que describan la escena de la muerte. En su lugar, dice, la respuesta fue que ellos se encargarán de investigar el caso. “Pero, cómo yo voy a creer en lo que digan ellos, si ellos son los asesinos, si ellos son los culpables”.
Como hecho repudiable denunció además que los agentes policiales hicieron un levantamiento cadavérico arbitrario, porque “no tomaron fotografías de los hechos” y porque no le entregaron ninguna prueba. Asimismo, porque no le permitieron a Keyla comunicarse con su familia, es decir, con ella porque es con quien vivía, ya que el resto de su familia, su madre y demás hermanos, viven en Estados Unidos y España.
La joven exige la suspensión inmediata de los agentes asignados a la estación policial porque, a su juicio, todos son sospechosos y están encubriendo “el asesinato” de su hermana.
La última vez que Nancy vi a su hermana fue el sábado en la mañana. Keyla salió de la casa a las diez de la mañana a hacer compras para festejar el cumpleaños de una amiga. Nancy cuenta además que al momento de la retención su hermana se conducía en el vehículo de un amigo médico, quien se comunicó con ella hasta las siete de la mañana del domingo para informarle que lo habían arrestado junto con Keyla.
Según los relatos de la joven el médico le explicó que la llamaba hasta ese entonces porque los policías le habían quitado su teléfono móvil y tampoco le detalló lo que había sucedía con su hermana, pues se limitó a pedirle que llegara a la unidad policial.
Nancy asegura que su hermana no era una persona depresiva para que se quitara la vida y tampoco tenía comportamientos escandalosos, como lo afirmó la policía en el comunicado del domingo.
Hasta el cierre de la edición de este texto el Ministerio Público no se había pronunciado sobre los resultados de la autopsia. Por el momento los restos de Keyla son ansiosamente esperados por su hermana, familiares, amigos y defensores de derechos humanos que aguardan en las afueras de la Dirección de Medicina Forense.
Nancy dice sentirse abrumada por la supuesta protección policial, ya que varios agentes han estado cerca de ella desde que se enteró de la muerte de su hermana. “No nos dejaron ni a sol ni a sombra. Nosotros no necesitamos de la policía para venir y llegar a la morgue, sin embargo, se ofrecieron, incluso, en darnos la ambulancia. Pero ¿usted cree que yo voy a confiar en esos asesinos después de que asesinaron a mi hermana?”, comentó frente a varias cámaras de televisión.
La joven cree que la policía está actuando de esa manera “porque están protegiendo a los asesinos” y cerró la impactante entrevista revelando que se siente con mucho coraje porque recientemente llegó a esa misma posta policial donde perdió la vida su hermana, para denunciar que estaba siendo acosada, cerca de su casa, por un hombre, y los policías le respondieron que no podían actuar porque necesitaban pruebas para hacerlo.
Organizaciones de defensoras de los derechos de la mujer estiman que en los últimos doce años en Honduras se han registrado al menos 5,406 muertes violentas contra mujeres. El Movimiento por la Paz “Visitación Padilla” cuantifica que en el 2019 se produjeron 365 femicidios y pese a la pandemia por Covid-19 en el 2020 más de 300 y en lo que va del 2021 ya se registran más de 20.
El toque de queda impuesto por el gobierno desde marzo de 2020, como medida de control para contrarrestar la pandemia, está poniendo en mayor riesgo a las mujeres de Honduras, dice Merly Eguigure del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, quien refiere que los elementos de la Policía Nacional y Militar están acosando y manoseando a las mujeres, e incluso, se sospecha que las están violando.
Las mujeres de Honduras se enfrentan también con un panorama extremadamente complejo frente a la justicia, pues se estima que al menos el 90 % de los femicidios se mantienen impunes.
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INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
Mientras Nancy era abordada por periodistas, a pocos metros, exactamente frente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde Keyla cursaba la licenciatura en enfermería, se registraba una protesta de estudiantes y organizaciones feministas, quienes exigían que la policía sea apartada del proceso de investigación y se practique una autopsia independiente dirigida por la médico forense y patóloga, Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense.
“No fue un suicidio, fue un femicidio”, “la policía no me cuida”, “nadie se suicida en una comisaría”, “Keyla no se suicidó, la policía la mato”, eran parte de las consignas que un grupo de mujeres, entre estudiantes de enfermería, feministas y defensoras de derechos humanos, gritaba exigiendo justicia y un proceso de investigación transparente que lleve a los orígenes de la muerte de la estudiante universitaria.
Fueron firmes ante los medios de comunicación y al igual que Nancy, atribuyeron el deceso de Keyla a la policía y tildaron el comunicado policial de temerario porque prácticamente responsabiliza a la víctima de su propia muerte.
“Lo más delicado de esto es que la policía tenía bajo su custodia la vida de Keyla y no la protegió, por eso es que es vital que la policía no investigue este caso”, dijo Merly Eguiguren, una reconocida activista por los derechos de la mujer.
Eguiguren, del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, comparó este nuevo caso con lo sucedido con la jefe regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Santa Rosa de Copán, Sherill Yubissa Hernández Mancía, encontrada muerta en su casa de habitación en junio de 2018.
Este caso fue cerrado por el Ministerio Público como un suicidio aun y cuando las evidencias científicas dicen lo contrario y a pesar de que la entonces directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, aseveró que se trataba de un homicidio.
Villanueva, quien dice haber sido separada del cargo por haberse negado a certificar un suicidio en el caso de la agente de la ATIC y por haber investigado las causas de los crímenes post electorales de 2017 y 2018, atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado, fue aclamada en la protesta de hoy para que lidere la investigación forense.
La exdirectora forense ha aceptado el reto e informó a Criterio.hn que para llevar a cabo esa tarea ya pidió la colaboración a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se podría llevar a cabo el trabajo junto a un equipo de expertos bajo su coordinación para, no solo realizar una segunda autopsia, sino vincular a la ciencia con la verdad de los hechos.
En virtud que la muerte de la joven universitaria se registró mientras estaba en custodia de la seguridad del Estado, la UNAH, dice que “esto se convierte en una situación inaceptable y de mucha preocupación, pues el Estado debería garantizar la protección de la integridad física y la vida de las personas detenidas”
“Exigimos enérgicamente a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, con independencia, imparcialidad y responsabilidad que dilucide los motivos de la muerte de la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez y que, de encontrarse mano criminal, se aplique todo el peso de ley a los responsables intelectuales y materiales de apagar sus sueños”, dice un comunicado de la Alma Mater.
La muerte de Keyla ha provocado conmoción en varios sectores de la sociedad hondureña, especialmente en organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes enfocan sus mensajes en exigir al Estado hondureño que esclarezca el caso, pero con una investigación independiente sin la participación policial.
En esa misma línea se ha expresado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Mediante dos tuits el organismo de las Naciones Unidas instó a las autoridades hondureñas a investigar la muerte de la joven universitaria con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente.
La OACNUDH ha dejado claro que los resultados de la autopsia son claves para el esclarecimiento de los hechos y que toda muerte en custodia debe ser investigada como “potencialmente ilícita y deberían analizarse posibles signos de tortura lesiones y/o violencia sexual”.
La protesta en Tegucigalpa se registró en paralelo con otra realizada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, donde un grupo de jóvenes, entre mujeres y hombres, fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos y balas cuando alzaban su voz de protesta exigiendo se aclare la muerte de la estudiante de enfermería.
Esta protesta se efectuó precisamente al frente de la estación policial de esta ciudad donde, según la policía, Keyla se suicidó.
Para mañana martes los movimientos de mujeres y feministas de la ciudad de Choluteca han convocado a otra acción de protesta.
Keyla Patricia Martínez joven de 26 años quien fue encontrada muerta bajo la autoridad de la Policía Nacional. La hipótesis de la policía con respecto a la muerte de Keyla es que fue un suicidio, al ahorcarse con su propia blusa dentro de la bartolina, en la cual se encontraba detenida.
La policía argumentó en medios de comunicación que Keyla se ahorcó con su propia blusa en los barrotes de la celda en la cual murió vilmente. Declaraciones confusas que están reñidas con la realidad ya que la blusa no sería una herramienta útil para quitarse la vida, por la fragilidad del material de la prenda, y porque no era lo suficientemente larga y fuerte para lograr el supuesto cometido. En otros medios de comunicación se ha hablado que utilizó un suéter; sin embargo, en las fotografías de la detención no se visibiliza el suéter. De igual forma, es una hipótesis patética, ¿cómo iba a lograr altura suficiente para ahorcarse y quedar suspendida?
Otra de las sin fin de contradicciones alrededor de la muerte de Keyla es que la Policía Nacional, según declaraciones del Sub comisionado Melvin Alvarenga, no le practicó prueba de alcoholemia, sino que simplemente se basaron en que la joven dijo que había tomado unas dos o tres cervezas. Por tanto, la institución policial no puede manifestar que Keyla se encontraba en estado de ebriedad. En cualquiera de los casos, beber no es un delito.
Según el oficial de la Policía Nacional Keyla fue “intentando suicidarse”, y luego fue llevada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato. El Informe médico revela que Keyla llegó muerta, y se le informó inmediatamente a la policía. Es decir, el comunicado oficial es una falacia intencional, ellos sabían que no murió en el Hospital, sino en la celda.
El informe médico del Hospital Enrique Aguilar Cerrato fue redactado a las 2:55 am. No fue hasta las 10:00 am del domingo que la Policía la declaró muerta. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Por qué no informaron antes a los familiares?
La familia de Keyla Patricia Martínez no cree en la versión policial, descarta que se trate de un suicidio y que haya habido cáusales legales que justificarán su detención. Los familiares de Keyla exigen la realización de autopsia para determinar y esclarecer la causa de muerte. La policía se muestra renuente, lo que aumenta el nivel de inconsistencia y credibilidad de la versión policial. Nuevamente, se está frente a un crimen policial que puede quedar impune.
Víctor Meza: no puede haber una reforma policial sin depuración profunda
- 19/02/2021
Víctor Meza integró, junto dos hondureños y dos extranjeros más, la desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública que se conformó en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, para reformar la Policía Nacional Preventiva tras verse involucrados en varios actos delictivos, sobre todo el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre los cuales estaba el hijo de Julieta Castellanos, en ese entonces rectora de la Unah.
Hicieron 13 propuestas, pero no fueron escuchados por el jefe del ejecutivo, “Pepe” Lobo, y el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.
“… esas propuestas apuntaban a cambiar las relaciones de poder en la selección y elección de mandos importantes de la estructura gubernamental como los magistrados de la Corte Suprema, el Comisionado de los Derechos Humanos, los Magistrados del Tribunal Electoral, de tal manera que proponíamos despolitizar partidariamente los procedimientos de selección y elección de esos altos cargos. En otras palabras, era quitar poder a los diputados para que dejarán de negociar y regatear el valor y las tarifas de sus votos para elegir a estas personas”, explica Meza.
La depuración de los cuerpos de seguridad en Honduras salta a la palestra pública tras el asesinato en una celda de la Policía de la joven estudiante universitaria Keyla Martínez en La Esperanza, Intibucá. La cúpula policial emitió un comunicado anunciando un suicidio y Medicina Forense confirmó que se trataba de un homicidio, además de señales de adulteración de la escena del crimen, tal y como ocurrió en 2011 con el caso de los dos jóvenes universitarios.
“Yo aconsejaría reconsiderar algunas de las recomendaciones que están contenidas en esas propuestas…. Puede haber una depuración sin reforma policial, que es lo que hemos tenido, pero no puede haber una reforma policial sin depuración profunda”, manifestó Meza.
Radio Progreso (RP) dialogó con Víctor Meza (VM), director del Centro de Documentación de Honduras, Cedoh.
RP. ¿Qué está pasando en Honduras en materia de seguridad?
VM. Es evidente que el país está viviendo lo que un pensador tan respetable como Noam Chomsky ha calificado de momento de confluencias críticas. El mundo, dice él, está viviendo diversas crisis de distintas magnitudes y diferentes impactos. En el caso concreto de Honduras esto es totalmente cierto. A la crisis sanitaria se le agrega la crisis económica que tiene su expresión en una crisis de las finanzas públicas, pero también está, en el caso nuestro, la crisis ecológico-ambiental, la crisis de seguridad, el repunte de la violencia criminal y unas de las cosas más preocupantes es la crisis derivada del sistema de híper-corrupción que tiene atrapado casi todos los engranajes del Estado hondureño.
RP. ¿Qué se requiere para salir de estas crisis?
VM. El país en estos momentos más que nunca requiere de una conducción inteligente, transparente, creíble, políticamente aceptable para la sociedad, un liderazgo ético de nuevo tipo, requiere una conducción de condición de estadista, que no la tenemos lamentablemente. Por un lado, tenemos un agravamiento creciente de las crisis expresadas en el mayor número de fallecimientos por Covid-19 y, por otro lado, tenemos un liderazgo desacreditado, cada día más cuestionado nacional e internacionalmente, cada día con menor poder de convocatoria y cada día más desesperado.
RP. ¿Podremos conseguir ese liderazgo en las próximas elecciones?
VM. Lamentablemente no tengo optimismo suficiente para creer en eso. Para mí sería una utopía. Si vemos que un alto porcentaje de los políticos, funcionarios, alcaldes, diputados quieren reelegirse eso quiere decir que después de las elecciones tendremos un liderazgo que no será precisamente renovado, será más de lo mismo, lamentablemente
RP. ¿Qué opina del caso Keyla donde la Policía salta de nuevo en escena?
VM. El caso Keyla viene a evidenciar varias cosas. En primer lugar, que los procesos de depuración son eso, procesos continuos, permanentes y profundos, y no simples acciones espectaculares mediáticas de uno o dos años. Además, que los procesos de depuración son de arriba hacia abajo. Si no se hace una limpieza generacional va ser difícil que la Policía pueda cumplir con sus funciones más elementales de proteger y servir a la población.
RP. ¿Quiénes son los responsables de este fracaso?
VM. Los jefes de la Policía, comenzando por el gobernante del país que es el jefe en última instancia, y luego toda esa cúpula policial incluyendo al señor Ministro de Seguridad (Julián Pacheco Tinoco) cuya figura desapareció del ambiente público desde hace ya muchos meses.
RP. Un Secretario de Seguridad mencionado en las Cortes de Nueva York.
VM. Pues sí, es mencionado como el nombre de muchos otros, han sonado nombres de muchos políticos, funcionarios actuales y pasados, y por supuesto de policías y militares, pero claro que la simple mención de sus nombres todavía no significa un enjuiciamiento en forma y fondo, pero esas cosas no se pueden descartar.
RP. ¿Qué propuso usted y otros dos hondureños más dos extranjeros que integraron la desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública?
VM. Los cinco comenzamos a trabajar, y en los primeros 5 meses presentamos siete propuestas que le fueron entregadas al presidente de entonces, Porfirio Lobo Sosa, le fueron entregadas en presencia de todo el cuerpo diplomático acreditado a Honduras. El presidente “Pepe” Lobo solicitó la opinión de los abogados que los asistían. Posteriormente elaboramos seis propuestas más. En total se le presentaron 13 propuestas al gobierno en menos de año y medio, esas propuestas también se le presentaron al Congreso Nacional.
RP. ¿Por qué no las discutieron cree usted?
VM. Porque esas propuestas apuntaban a cambiar las relaciones de poder en la selección y elección de mandos importantes de la estructura gubernamental como los Magistrados de la Corte Suprema, el Comisionado de los Derechos Humanos, los Magistrados del Tribunal Electoral, de tal manera que proponíamos despolitizar partidariamente los procedimientos de selección y elección de esos altos cargos. En otras palabras, era quitar poder a los diputados para que dejarán de negociar y regatear el valor y las tarifas de sus votos para elegir a estas personas.
RP. ¿Y cuál fue la solución que le dieron a la seguridad pública?
VM. La voluntad del mandatario, del jefe del Congreso en ese entonces y hoy gobernante ilegal de la República, Juan Orlando Hernández, consideró que eran los militares los llamados a mantener el orden público, con las consecuencias que ya todos conocemos en materia de Derechos Humanos y en casos como el de Keyla Martínez, víctima de una acción criminal.
RP. ¿Cuál era objetivo de JOH al militarizar la seguridad pública?
VM. Esto forma parte de un plan más amplio y más ambicioso que se concreta en desarticular el sistema normativo de la República para sustituirlo por un ordenamiento legal disperso, casuístico que permita la concentración del poder en manos del presidente de la República y en desmedro de los otros poderes del Estado. Esta concentración de poder permite estructurar un sistema de presidencialismos a ultranza que, entre otras cosas, se traduce en la desarticulación de las instituciones y en el desarme doctrinario del Estado Republicano.
RP. ¿Espera usted que un próximo gobierno tome en cuenta las propuestas que ustedes hicieron?
VM. Yo aconsejaría reconsiderar algunas de las recomendaciones que están contenidas en esas propuestas, posiblemente someterlas a un proceso de afinamiento, de actualización histórica, el mundo es cambiante, pero sí es necesario ir a la Policía con un espíritu renovador. Puede haber una depuración sin reforma policial, que es lo que hemos tenido, pero no puede haber una reforma policial sin depuración profunda.
RP. ¿Estaría JOH interesado en seguir en el poder?
VM. El poder generalmente opera como una droga, y hay muchas personas que se enamoran de tal forma del poder que no conciben la vida sin estar sin él. Hay personas para la cuales el poder es como el agua de las peceras, porque una vez fueras de ella, el pez muere. Pero el problema no es ése, el problema es sí puede hacerlo, si están las condiciones actuales, nacionales, internacionales para que el gobernante pueda lograr prolongar su presencia ilegal en Casa Presidencial, yo, sin sucumbir al optimismo fácil, debo decir que las condiciones actuales no son nada favorables. Solamente le queda el apoyo de los militares, pero las bayonetas, como decía Napoleón, sirven para muchas cosas menos para sentarse en ellas.
Paujiles logra sobreseimiento definitivo para 13 luchadores y luchadoras
- 15/02/2021
Después de tres años de criminalización, los pobladores y pobladoras de la comunidad de Paujiles, ubicada en Tela, Atlántida arañaron justicia en medio de todo el contexto de persecución e impunidad que impera en Honduras.
Paujiles es una comunidad que desde hace más de 5 años lucha en defensa del río Mezapa, su principal fuente agua, y lugar donde el empresario progreseño, Jason Hawit ha querido construir la represa hidroeléctrica Centrales El Progreso “Hidrocep”, cuya capacidad de generación sería de 1.2 MW, lo suficiente para iluminar un poco más de dos mil viviendas.
El abogado Víctor Fernández del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), explica que dieron las batallas haciendo todo lo que tenían a su alcance, y finalmente el caso pasó al Tribunal de Sentencia. Se presentó una petición formal orientada a que se aplicara el nuevo Código Penal a la causa de Paujiles.
Esta acción se denomina “Excepción por falta de acción”, que indica que el proceso judicial no debe seguirse, porque en el mismo Código Penal la figura de “Usurpación por detentación de un espacio público”, dejó de ser delito, por lo que no tenía sentido continuar el juicio.
Fernández detalla que el Juzgado decidió resolver de oficio por iniciativa propia, en función del criterio anteriormente descrito, y que tiene que ver con que el comportamiento de los luchadores no constituye delito alguno.
“La historia le ha dado la razón a la gente. Cerramos esta fase de este grupo de compañeros y compañeras criminalizadas, seguimos la fase central de la defensa del territorio y consolidación de un proceso de soberanía comunitaria, que implica el impulso de un modelo de desarrollo distinto al modelo extractivo que, destruye la naturaleza, la vida y el tejido social en los territorios”, comenta.
Ejemplo de organización
En el atlántico hondureño, Paujiles ha sido ejemplo de los procesos organizativos que pueden liderar las comunidades en defensa de los territorios. Su lucha obligó a que las autoridades municipales en Tela declararan en 2018, al municipio libre de proyectos extractivistas (hidroeléctricas, térmicas y mineras), a pesar del control que los empresarios en complicidad con políticos corruptos tienen de la justicia en el país.
La lucha organizada y la resistencia pacífica de las comunidades dan frutos positivos. Son trece los luchadores y luchadoras que la semana pasada recibieron su notificación exonerándolos de las acusaciones interpuestas en agosto de 2017, por representantes de HIDROCEP.
Oscar Martínez es una de las personas que fue perseguida por la justicia hondureña. Él junto a su familia han sido parte fundamental en la lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en Paujiles. Martínez es delegado de la palabra de Dios y junto a su esposa, María Angélica Recinos, fueron criminalizados.
Sin embargo, ni los constantes ataques con bombas lacrimógenas, los desalojos al campamento y las innumerables amenazas que recibieron, les limitó a seguir defendiendo su querido río Mezapa.
El luchador manifestó a Radio Progreso sentirse contento y agradecido con Dios al recibir la noticia del sobreseimiento definitivo. “Nos tomó por sorpresa porque estábamos a la expectativa de que en cualquier momento nos llamarían a la audiencia para continuar con el juicio, puesto que se había suspendido desde el 2020 a raíz de la pandemia”, señala.
Martínez contó que fue un proceso tormentoso para todos sus compañeros y compañeras, en el sentido que nunca habían tenido una experiencia de criminalización por defender lo que les pertenece.
“Nosotros en vez de sentirnos atemorizados, nos sentimos con fuerza para continuar en el proceso de lucha. Tenemos claro que la criminalización es una de las artimañas del Estado y las empresas extractivas para evitar que la gente continúe en la defensa de los bienes comunes. Por lo que seguimos el proceso de organización”, dijo.
Lucha sostenida
Víctor Fernández cree que el modelo de resistencia que instaló Paujiles es un modelo extremo y radicalizado; en el sentido de defender a fondos los derechos, a pesar de exponerlo todo.
Pero fundamentalmente cree que, el proceso de Paujiles es interesante por su continuidad y permanencia. Pues se ha sostenido desde que inició, las 24 horas del día, con colectivos y alianzas nacionales e internacionales.
“Esa lucha tiene resoluciones de los mismos sistemas de justicia que favorecen a los sistemas capitalistas. De alguna manera las demás luchas territoriales en el país deberían tomar algunas características de Paujiles. “Creo que hay un proceso de autonomía interesante. El proyecto de la empresa no va a funcionar nunca y los derechos humanos se van a respetar. En Paujiles en algún momento vamos a crecer en un ejercicio de soberanía en el que ese río se proteja de manera perfecta, profunda y con una participación comunitaria”, concluye Víctor Fernández.
Entre los luchadores y luchadoras que fueron absueltos por la justicia hondureña, se encuentran: María Angélica Recinos, Arnaldo Castro Ríos, José Lucas Mejía, Santos Murcia, Pablo Peraza, Oscar Martínez, Andrés Alvarado, Manuel Molina, German Leonel Moreno, Rufino Lara, Juan Echeverría Bonilla, Jesús Hernández y Regino Menjívar.
Rommel condenado a pena mínima
23.02.2021 - Managua, Nicaragua - Giorgio Trucchi
Deja un sabor amargo la sentencia dictada este 19 de febrero en contra del joven maestro Rommel Valdemar Portillo, quien en diciembre había sido declarado culpable por el delito de incendio agravado en grado de complicidad en perjuicio de la embajada estadounidense.
Si bien los jueces acataron la solicitud de la defensa de sentenciar el joven a la pena mínima de 4 años, denegaron los arrestos domiciliarios y lo sentenciaron a pagar los daños y perjuicios ocasionados a la sede diplomática.
Será el Juzgado de Ejecución que establecerá el monto a pagar.
“Como equipo de defensa de Rommel Herrera no compartimos esta decisión de los jueces, ya que imponiendo la pena mínima desaparecen los presupuestos legitimadores que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva”, dijo Karol Cárdenas, abogada de Cofadeh.
“La cantidad que pidió inicialmente la embajada era exorbitante. Hablamos de varios millones de dólares. Ya le aclaramos que nuestro asistido no tiene la más mínima capacidad de pagar”, agregó la abogada defensora.
Al denegarle la posibilidad de recibir tratamiento psicológico de manera ambulatoria y de tener a Cofadeh como organización garante, Rommel deberá seguir cumpliendo con la medida cautelar de internamiento en el hospital psiquiátrico “Mario Mendoza”.
“Rommel agradece todo el apoyo recibido durante casi dos años de injusta detención y pide que nunca lo dejen solo. Estamos acercándonos a la meta que es su liberación.
Seguimos con la frente en alto. La historia está de nuestro lado. Vamos a seguir luchando y vamos a solicitar que se suspenda la ejecución de la pena”, explicó Mari Cruz Portillo, mamá de Rommel.
En los próximos días, el equipo defensor estudiará a fondo la sentencia y decidirá cuáles acciones legales realizar.
Rommel Herrera fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense, mientras en la capital se desarrollaba una masiva movilización en defensa de la salud y educación pública.
La Rel UITA, junto al Cofadeh y al Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Brasil, han venido impulsando una campaña internacional para la liberación de Rommel Herrera y todos los presos políticos de Honduras.
Pendiente fecha para juicio Oral y Público contra campesinos de Siguatepeque
Siguatepeque, Honduras.- En los próximos días el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, determinará fecha y hora para juicio oral y público contra tres defensores de la tierra.
Esta mañana se llevó a cabo la Audiencia de Proposición de Medios Probatorios, donde el Tribunal denegó la declaración de testigos presentados por el Ministerio Público, quienes iban a declarar que tienen conocimiento que el predio en disputa pertenece a Marco Tulio Valeriano; pero sí aceptó a los policías que ejecutaron la captura de los campesinos el 13 de marzo de 2019.
Los campesinos acusados por los supuestos delitos de usurpación y roturación de terreno de vocación forestal, son Juan Mejía (62) y Santos Evelio Vásquez (54), ambos detenidos el día miércoles 13 de marzo, y Vicente Castro (62), en ese momento presidente de la Empresa Asociativa y detenido al día siguiente en el Juzgado cuando llegó a apoyar a los compañeros privados de libertad.
Por su parte la defensa representada por Karol Cárdenas, abogada del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), propuso a un Perito Agrónomo para que explique en qué consiste la roturación de terrenos y cual es el impacto ambiental. Si bien, en esta ocasión el Tribunal no lo admitió, librará un oficio para que realice un estudio en el lugar del litigio. El experto podrá ser presentado en el juicio Oral y Público debidamente acreditado por la defensa legal.
Cabe señalar que, entre las armas decomisadas a los campesinos, según el Ministerio Público, son herramientas de trabajo agrícola. En Honduras más de siete mil campesinos y campesinas han sido procesados y criminalizados por la defensa de la tierra y el territorio. Al menos 150 personas han sido asesinadas por el conflicto agrícola a nivel nacional.
El 23 de marzo de 2019, el COFADEH logró sobreseimiento definitivo a favor del líder campesino Héctor Orlando Velásquez, quien fue capturado el 12 de octubre en su casa de habitación, por las mismas acusaciones que pesan sobre Juan Mejía, Santos Evelio Vásquez y Vicente Castro.
Los tres líderes campesinos de la comunidad El Porvenir a seis kilómetros de distancia de la ciudad de Siguatepeque, al centro del país, desde donde se movilizan semanalmente para cumplir con la medida sustantiva a la prisión de ir a firmar al juzgado.
Además, deben permanecer alejados del predio de unas 30 manzanas de teirra donde cultivaban sus alimentos, no salir del país y no acercarse al terrateniente.
La comunidad en este momento, además de enfrentar la criminalización por la defensa de la tierra, también están amenazados por el COVID-19 y sin acceso a empleo y atención médica oportuna. Más de seis personas han fallecido en la aldea, a causa de la pandemia, expresaron con preocupación los defensores.
26 meses después de estar encarcelado por caso Guapinol: Jeremías Martínez enfrentará esta semana juicio oral y público
Posted On Monday, 22 February 2021 07:48 Written by Webmaster - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El Juicio oral y público de Jeremías Martínez, criminalizado por la empresa minera Los Pinares y el Ministerio Público, de Tocoa, Colón, por defender los ríos Guapinol y San Pedro y el Parque Nacional Carlos Escaleras, iniciará este lunes 22 de febrero hasta el jueves 25 del mismo mes, en la Sala 1, Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Martínez, líder campesino de 60 años, fue capturado en Tocoa en noviembre 2018 y enfrentó su proceso judicial ante el juez de Jurisdicción Nacional Carlos Irías León en San Pedro Sula, quien le dictó auto de formal de procesamiento por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares relacionado a su participación en el campamento "Por el Agua y la Vida" instalado en Guapinol el 1ro agosto de 2018.
El Juez Irías De León le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y desde diciembre de 2018, Jeremías Martínez ha estado en prisión preventiva en La Ceiba. Su caso fue elevado a juicio en enero de 2020 y ahora es la Sala 1 del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa que lo conoce. El 24 de septiembre de 2020, el Tribunal ordenó que Jeremías Martínez esté bajo arresto domiciliario porque su tiempo de prisión preventiva relacionada a los delitos a que se le imputan ha terminado. A pesar de esta orden, él permanece en prisión porque es una de las ocho personas que se presentaron en agosto de 2019 y enfrentan un segundo proceso penal por los delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad. En enero 2021, los Magistrados Jimmy Chirinos, Garín Enoc Urquía y la Magistrada Irasema Guillén de la Corte de Apelaciones de La Ceiba ratificaron la prisión preventiva en este segundo caso sin la justificación jurídica necesaria.
El campamento “Por el Agua y la Vida” fue una expresión legítima y lícita en defensa de los bienes comunes y públicos y el parque nacional Carlos Escaleras, pero el mismo Juez Irías De León concedió un desalojo arbitrario y violento 88 días después de la instalación del campamento como consecuencia de la acusación del Ministerio Público de Tocoa, respondiendo a la denuncia de la empresa minera Inversiones Los Pinares, que alegaba que las personas defensoras de las comunidades afectadas habían usurpado las tierras privadas de la empresa, y además, que provocaron daños a sus instalaciones.
En febrero de 2019, 12 personas más de Tocoa, requeridas por los mismos delitos de usurpación y daños, se presentaron de forma voluntaria ante los juzgados y el juez Víctor Méndez dictó un sobreseimiento definitivo a su favor. El 29 de noviembre de 2019, por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa ratificó este fallo, señalando que el MP de Tocoa y la acusación privada, Inversiones Los Pinares, no presentaron un indicio racional del delito de usurpación, confirmando el derecho a la protesta y asociación pacífica tras el establecimiento de campamentos en las vías públicas. Además, la Corte de Apelaciones no encontró ninguna prueba de los supuestos daños causados a la empresa.
Teniendo en cuenta esta sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, el Tribunal de Sentencia debería desestimar esta semana los cargos de usurpación y daños contra Jeremías Martínez.
Los abogados defensores de Jeremías son Omar Menjívas, Edy Tábora y Kenia Oliva, que deberán enfrentar no solo a la empresa Inversiones Los Pinares sino a toda la maquinaria estatal hondureña que se ha prestado para sostener un proceso penal viciado de ilegalidad y violatorio a los convenios internacionales de derechos humanos. Las acciones legales interpuestas para lograr tanta la libertad de él como de siete más que se encuentran presos desde el 2019, no han prosperado porque el sistema de justicia ha abanderado el juego de la empresa Inversiones Los Pinares de quedarse a toda costa en la comunidad de Guapinol.
Información tomada de guapinolresiste.org. Lea la nota original Aquí
