Un documento de la Fiscalía de Nueva York confirmaría la investigación contra el presidente de Honduras por sus vínculos con el narcotráfico
Un documento de la Fiscalía de Nueva York confirmaría la investigación contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El documento, al que ha tenido acceso El Heraldo de Tegucigalpa, certificaría las pruebas sobre el tráfico de cocaína y el uso de armas, a través del capo narco Geovanny Fuentes Ramírez, a quien el mandatario habría protegido a cambio de una importante suma de dinero.
Según el documento judicial, en 2013 y 2014, Fuentes Ramírez y el actual mandatario hondureño —por aquel entonces diputado— mantuvieron una serie de reuniones en las que presuntamente acordaron sobornos para que el Gobierno aceptara movilizar fuerzas de seguridad, con el objetivo de proteger los negocios ilícitos con drogas.
En ese tiempo, el presidente de Honduras era Porfirio Lobo y Hernández trabajaba en la campaña para sucederlo en la primera magistratura a partir de 2014.
El texto, que no nombra explícitamente a Juan Orlando Hernández sino que lo identifica como "CC-4" (conspirador número 4), asegura que el político usó "el tráfico de drogas para ayudar a hacerse con el poder y el control en Honduras".
El pasado lunes, la Presidencia de Honduras emitió un comunicado en el que negó las acusaciones contra el jefe de Estado: "La afirmación de que el presidente Hernández supuestamente aceptó dinero de la droga de un Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100 % falso, y parece estar basado en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza y reducción de condenas", dice el mensaje publicado en Twitter.
Fuentes Ramírez fue arrestado el 1 de marzo del 2020 en Miami y enfrentará en marzo próximo en Nueva York la acusación, entre otros ilícitos, de producir "cientos de kilogramos mensuales" de esta droga —tal como consta en el escrito de los fiscales— , así como de ordenar el asesinato de varias personas para proteger sus actividades criminales.
Con la frente en alto y en pie de lucha, permanecen los defensores de Guapinol privados de libertad por defender el agua y la vida
Olanchito, Yoro.- “Si no éramos nosotros iban a ser otros, pero alguien tenía que luchar por la defensa del agua”, fueron las primeras palabras que expresó uno de los defensores de Guapinol que desde hace más de 16 meses están privados de libertad en el centro penal de Olanchito, a los miembros de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo, que los visitaron el fin de semana para mostrarles solidaridad y apoyo.
La Convergencia Contra el Continuismo luego de visitar la comunidad de Guapinol, ubicada en Tocoa departamento de Colón, se trasladó hasta el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, para poder dialogar con los defensores privados de libertad, que lejos de estar tristes y desanimados, se encontraron con defensores con la frente en alto, que saben que no han cometido ningún delito, que lo que estaban haciendo es defender el agua y la vida que sus hijos heredaran.
En la cara de los defensores se podía ver su expresión de tranquilidad que les dieron las palabras de apoyo de los integrantes de la Convergencia, y que no les fue difícil entrar confianza.
Enterados los defensores de la visita el día anterior en la comunidad de Guapinol, preguntaron “llegó bastante gente a la comunidad ayer”, a lo que la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, contesto, si, solo faltaron ustedes.
Claramente se puede ver que carecen de muchas cosas en el centro penal, una de ellas es asistencia médica de calidad, ya que muchos padecen de enfermedades como de la presión, que provoca dolor de cabeza y que, a falta de medicamento adecuado, no tienen otra opción que controlársela con vick vaporub.
Los defensores preguntan cómo está su familia, y expresan que desde el 31 de diciembre no han tenido contacto con ellos.
Entre pláticas reconocen a los miembros de la convergencia y les piden que no los dejen solos y que hagan incidencia tanto nacional e internacional, para que su lucha y la injusticia que se está cometiendo con ellos se conozca.
José Daniel Márquez le expresó a los miembros de la Convergencia que “a veces uno se desespera, pero vale la pena, porque la gente que nos quiere sabe que no hemos hecho nada malo, y no nos queda más que agradecer mucho que hayan venido a dejar ese apoyo, esa esperanza y sabemos que pronto vamos a salir”.
Por su parte José Avelino Cedillo Cantarero comentó que han estado batallando, pero que “llegará el día que saldremos de aquí, porque ya vamos sobre los 18 meses”.
Edwar Cedillo dijo que “que han sido meses muy difíciles y que lo peor para ellos fue que al inicio estuvieron en La Tolva (cárcel de máxima tortura) ubicada en Morocelí, El Paraíso.
“Así son las leyes en nuestro país, en La Tolva no mirábamos ni la luz del día, las luces encendidas las 24 horas, cuando llegaban los abogados a vernos, el reflejo de la camisa nos dañaba la vista y gracias a las presiones de ustedes nos trasladaron aquí”.
Los defensores guardan la esperanza de salir en febrero de ese martirio a donde los sometió la empresa Los Pinares.
En el caso de Kevin Romero, desea salir para poder disfrutar a su hija que tenía meses de nacida al momento de ser recluido, y ahora ya tiene dos años, mismos que no ha podido disfrutar junto a ella. Él expresó que “nosotros aguantamos por nuestras familias”.
“En ese problema de nosotros lo hicimos por el daño del río, pero no sabíamos que era lo que nos esperaba, pero con el esfuerzo de ustedes es que se ha aclarado que nosotros solo estamos defendiendo el agua y el rio”, expresó Porfirio Sorto.
Mientras los defensores permanecen unidos en la cárcel de Olanchito, que alberga a alrededor de 300 privados de libertad, si no es que más, su familia desde afuera exige la libertad para ellos, ya que los consideran más bien héroes, porque luchan por la vida.
“Como esposa lo que yo siento es indignación, porque él es inocente para que lleve 16 meses detenido en ese lugar, él no puede tocar la cárcel, nuestros compañeros no pueden estar allí presos por defender el líquido que nosotros necesitamos, que todo mundo necesita”, añadió Dilma Cruz, esposa de Porfirio Sorto.
Asimismo pidió tener presente a los defensores de Guapinol y su lucha, “nosotros estamos pidiendo a nivel nacional e internacional la solidaridad que hemos tenido siempre, hermanos de todas la republicas, tengamos siempre la lucha unida”.
La esposa del defensor señaló que sus hijos preguntan por su papá y no se explican porque está preso, si él no ha cometido ningún delito.
“Mis hijos dicen mi papá no ha hecho nada, en el momento como madre yo me siento triste porque mis hijos estudian y digo yo, el papá es muy importante para nuestros hijos, pero se metió a la lucha por defender nuestro líquido que tenemos como hondureño, él no debe estar preso”.
Agregó que “con tanta cosa que se mira en este país, como la dictadura está bien grande, pero nosotros el día de mañana que no digan nuestros hijos que están pequeños, que no se luchó”.
Por su parte Enma Soriano, madre de Arnol Javier Alemán Soriano, expresó que como familia de los defensores privados de libertad se sienten afligidos porque ya van más de 16 meses que están presos y no hay nada de esperanzas, “uno de mamá se aflige y se preocupa porque están presos injustamente; yo desde el 31 no lo veo, y durante toda la pandemia no los pudimos ver tampoco, ni recibir nada de ellos ni ellos de nosotros.
Señaló que “Arnol tiene una niña que va a cumplir dos añitos, porque la niña estaba tiernita, por eso él no se presentó a la primera Audiencia donde se presentaron los demás, entonces cuando él se presenta lo dejan detenido junto a los demás, por lo que nosotros exigimos al Gobierno y al Congreso (Nacional) que los den, porque no es justo que estén presos, eso es lo que más pido yo”.
Juana Zúñiga, compañera de hogar de José Avelino Cedillo, dijo que se sienten muy tristes y desesperados, y sobre todo llenos de impotencia al no poder ver a sus familiares en libertad.
“Nos sentimos muy tristes, sentimos impotencia de ver tanta corrupción, de ver cómo les han violentado los derechos a los compañeros por defender la vida, defender el agua, nuestros ríos que abastece a más de 3 mil habitantes en la comunidad”.
“Es injusto ver como en nuestro país nos están encarcelando, judicializando y criminalizando por algo que todos lo necesitamos como es el agua, desde el principio no nos cansamos y no hemos parado de exigir la liberación de nuestros compañeros, de exigir que se haga justica, que cese la criminalización política en lo que es nuestro departamento de Colón”, agregó.
También expresó su agradecimiento por el apoyo que han recibido de parte de las organizaciones nacionales e internacionales, “agradecemos a todas las organizaciones que siempre han estado dando nuestro abrazo, nuestro apoyo solidario a nuestra lucha, agradecer desde los espacios de las páginas que también han dado seguimiento, que no nos han dejado solas, esa son las fuerzas, las energías que nos han trasmitido para no desmayar y seguir siempre en defensa de los territorios, en defensa de nuestra vida”.
Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto, señaló que “como hija siempre lo he dicho, me siento indignada porque desde el inicio no deberían de haber pisado una cárcel, y desde el principio se ensañaron con ellos, mandándolos a “La Tolva”; luego gracias a todas la incidencias que se hicieron pudieron ellos trasladarse a Olanchito, sabemos que ellos deberían de ser premiados como en otros países lo han hecho por la lucha que se ha llevado, que desde el inicio se emprendió por la defensa del río Guapinol y el río San Pedro”.
La joven Gabriela dijo sentirse muy orgullosa de la lucha de su padre por la defensa del agua y de la vida, “ver que lo que han hecho es ensañarse con ellos y mantenerlos en prisión, para mí es un orgullo, porque yo digo que mi papá está allí siendo un héroe, él no debe nada, está allí porque se han ensañado con él la justica hondureña, y yo me siento muy orgullosa de él, y lo digo también a la vez un poco indignada de ver las injusticias, y aquí seguimos y vamos a seguir luchado por ellos”.
“Dándoles mi agradecimiento a ellos de tomarse ese tiempo para venir aquí a nuestra comunidad a darnos ese abrazo solidario en esta lucha, que por días nos sentimos que estamos un poco cansados de que hacemos”, puntualizó.
La coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, expresó que “vengo realmente motivada, hay que ver que son gente joven con la que se ha ensañado el sistema, y esos jóvenes tienen un gran nivel de conciencia, que lo que hicieron no es nada que les avergüence, al contrario, ellos están dispuestos a mantener su frente en alto, que eso es lo principal. Queremos decirles a los que diseñaron la estrategia de encerrarlos para botarles su moral, han perdido, ellos tienen la moral en alto, convencidos que la lucha es necesaria, que la justicia en este momento no está de su parte, también lo saben, saben que el precio que están pagando es muy caro”.
Agregó que “que el aislamiento en el que están es un aislamiento justo para castigar brutalmente y desmotivar a ellos, a su familia y por lo tanto a la población, pero nos dieron entonces el vigor a nosotros, nos trasladaron el vigor y justo de eso se trataba la visita, para no decir lo que otros nos dicen; y lo otro es que creemos un deber, una responsabilidad, una obligación ir a visitarlos y alentarlos, pero yo creo que ellos nos alentaron a nosotros, gran lección la que hemos recibido el día de hoy”.
La situación de los privados de libertad, sigue siendo incierta, ya llevan cerca de año y medio guardando prisión, sin tener una decisión legal que pueda tener claras señales de que van a salir en libertad.
“Creemos que más que una decisión legal, aquí se confirma con la visita que hemos hecho que se trata de una decisión política, por lo tanto nosotros tenemos que fortalecer la presión social y política para que se cambie, se obligue y se presione a las autoridades responsables de aplicar la justicia, para que actúen conforme a la justica, y no conforme a las presiones políticas”, señaló el padre Ismael Moreno, director de radio Progreso y del Equipo de Reflexión y Comunicación (Eric).
Agregó que en el caso de los defensores de Guapinol se juntan varias injusticias, “aquí se juntan muchas injusticias, porque no solamente es que hay unos privados de libertad por una decisión injusta de empresarios y de políticos, sino que también esa injusticia se expresa en el encarcelamiento, la privación de la libertad de personas a las cuales se les coarta la oportunidad de estudios, se les corta la oportunidad de estar con su familia, con sus hijos y con sus hijas, se les coarta la oportunidad de poder expresar sus opiniones, por lo tanto aquí tenemos un caso en donde se concentra el conjunto de injusticias sobre gran parte del pueblo hondureño”.
Gregorio Vásquez, párroco de Tocoa, señaló que toda la situación de Guapinol es una expresión de todo el sistema de desarrollo económico que se tiene en el país basado en el estractivismo, y que no tiene ninguna consideración por los recursos, desde los territorios hasta los bosques, hasta los sistemas de agua, el hecho de que aquí se tenga estos proyectos mineros justamente en una de las grandes zonas de producción de agua, esa es la raíz de toda esta situación y eso ha llevado a todo un proceso de judicialización, de criminalización, de desprestigio y agravar más el conflicto que hay aquí en esta zona.
“Nosotros sentimos que es un problema de justicia y de una aplicación sesgada del derecho y de irrespeto a los derechos humanos, no solo de las personas que están privadas de libertad, sino también de los derechos de las comunidades de poder defender y de tener sus fuentes de aguas y sus bosques”, señaló.
Carlos H Reyes agregó que lo importante es que todo el ambiente en la zona es de continuar en la lucha, porque saben que sobre sus espaldas está todo un proceso de lucha contra este tipo de actividades del neoliberalismo, no solo en Honduras, sino que en el resto de Centroamérica y del Continente, y en el caso de ellos va a significar otro fracaso y desilusiones en otras situaciones.
“Hoy pues la lucha está muy bien fundamentada, pues no solamente expertos en cuestiones de derecho, hay la solidaridad nacional e internacional, y la visita que hicimos a los compañeros que están presos, nos llena de entusiasmo, de satisfacción, el hecho de que ellos lo primero que nos dicen es nosotros estamos dispuestos a seguir en la lucha”, expresó el líder sindical.
Los defensores de Guapinol que actualmente el Estado de Honduras mantiene privados de libertad en la cárcel de Olanchito y La Ceiba por defender el agua y la vida son:
Porfirio Sorto: maestro de obra, miembro de la Iglesia Católica y directivo de la Junta de agua en Guapinol, padre de familia.
Arnold Aleman: Futbolista, campesino y no ha estado en protesta ante la minería, padre de familia.
Daniel Marquez: Miembro de la Junta de agua, miembro de la Iglesia Católica en Guapinol, responsable de sus padres adultos mayores.
Ewer Cedillo: mecánico automotriz, miembro de la Iglesia Católica, futbolista.
Kelvin Romero: Mecánico, pequeño empresario del turismo, servicial en Guapinol y padre de familia.
José Cedillo: Miembro de la Iglesia Católica, barbero, pequeño comerciante, padre de familia.
Orbin Hernández: Bachiller en Ciencias y Humanidades, fue profesor contratado por la Municipalidad, dirigente del Comité del sector San Pedro.
Jeremías Martínez Díaz: Miembro de empresa campesina del MUCA, preso en cárcel de La Ceiba desde hace más de dos años. Jeremías tenía medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección, no coincide su nombre ni el número de identidad con Jeremías Martínez que el Ministerio Público requirió.
Antecedentes
El lunes 26 de agosto de 2019 un grupo siete defensores de derechos humanos de los 31 criminalizados, se presentaron voluntariamente ante la jueza de Jurisdicción Nacional, Lisseth Vallecillo, buscando poner fin al proceso de criminalización en su contra y que se reconociera su inocencia en el marco del caso “Guapinol” en el que, en marzo de 2019, 12 personas defensoras que enfrentaban las mismas acusaciones fueron absueltas.
Durante la audiencia de presentación de imputados celebrada el 26 de agosto, la Jueza Lisseth Vallecillo de Jurisdicción Nacional dictó detención judicial contra los siete defensores y contra el Jeremías Martínez Díaz, al existir una acusación por “asociación ilícita” en su contra. Los defensores fueron privados de libertad en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Departamento de Francisco Morazán.
El 28 de agosto de 2019, el Sr. Argueta Tejada, uno de los defensores criminalizados en el caso Guapinol que había decidido voluntariamente no presentarse ante el juez, fue asesinado a balazos por personas desconocidas.
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre tuvo lugar la audiencia inicial contra los ocho defensores. Se dictó sobreseimiento definitivo por los delitos de “robo” y “asociación ilícita” y auto formal procesamiento por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” y dictó prisión preventiva, aunque estos delitos no requieren de esta medida, para los ocho defensores y para el Sr. Antonio Martínez Ramos, quien había fallecido cuatro años antes.
El 6 de noviembre de 2019 tuvo lugar la audiencia de revisión de medidas, en la que la jueza confirmó las medidas de prisión preventiva para los defensores. Al día siguiente, sus representantes legales presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, que no fue recibida hasta el 25 de febrero de 2020.
La represa que se quiere instalar, según Esly Benegas, del Comité Municipal de Defensa de los bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en el Parque Nacional Carlos Escaleras abarca tres departamentos que son Yoro, Colón y parte de Olancho. Este parque tiene alrededor de más de 60,000 hectáreas y es una montaña cercana donde nacen los ríos y 34 fuentes de agua. Allí está prohibida la entrada para los habitantes de las comunidades y está habitada por la empresa Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé
Los ríos San Pedro y Guapinol nacen en la montaña Carlos Escaleras, donde se pretende instalar la represa y esto causaría graves daños a las comunidades que se abastecen de agua, es por eso que los defensores están privados de su libertad, por defender esos ríos que son sus fuentes de vida.
Montevideo, 2 agosto, 2020
La comunidad garífuna en lucha contra el capital privado en Honduras
En Honduras, el presunto procedimiento policial en que se detiene a cuatro líderes comunitarios ha encendido las alarmas a nivel internacional. Desde el pasado 18 de julio no se tiene noticia de las personas que han sido sustraídas de la comunidad garífuna y las autoridades niegan tenerlos en su poder. Estos hechos sumados a los asesinatos y otros hechos de violencia contra las comunidades residentes en territorios protegidos muestran que hay poderosos intereses económicos detrás de esta ola de violencia que ya lleva varios años.
Por Germán Ávila
Caras y Caretas habló con Rony Castillo, quién -desde Estados Unidos- pertenece a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que tiene, entre otras tareas, la difusión de los hechos sistemáticos en contra de la comunidad garífuna y, en su nombre, contra todos los procesos sociales hondureños.
La comunidad Garínagu, que es como se denomina el colectivo compuesto por los garífunas, es particular en su composición, se formó de la unión de los indígenas sobrevivientes a la colonia, que se mezclaron con los africanos esclavizados por los contrabandistas. Se fusionaron y establecieron en varias zonas de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, San Vicente y las Granadinas y, producto de la emigración económica, Estados Unidos, que alberga un importante número de representantes de esta comunidad en varios estados.
La narración de Rony Castillo
“Este es un momento trágico para la vida de nuestra gente, somos un pueblo de identidad mixta negra e indígena, hablamos una lengua indígena netamente, somos de los pocos pueblos negros que habla lengua indígena y no créole.
Hemos sido objeto de usurpación y desplazamiento, no solo con la venia del Estado, sino a veces por parte del Estado mismo, que patrocina y promueve la venta de las tierras garífunas, de las que hay 47 en Honduras. Llevamos mucho tiempo luchando por el territorio, pero lo actual es que el pasado 18 de julio, cuatro compañeros fueron sustraídos a la fuerza de sus casas muy temprano en la mañana, un poco antes de las seis, cuando llegó un grupo de hombres armados con vestimenta policial, por lo que les fue muy fácil sacarlos de sus casas y llevárselos.
El grupo armado iba con prendas de la Policía y la Policía de Investigación, entraron a la fuerza y se llevaron a cuatro personas, entre las que está el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz en la bahía de Tela, Sneider Centeno.
Hay una cosa muy importante, nosotros responsabilizamos al Estado por este secuestro, porque el Triunfo de la Cruz, en 2015 ganó una sentencia contra el Estado de Honduras, en la que se ordena el saneamiento y la devolución de las tierras que fueron vendidas a terceros en operaciones comerciales ilegales. Esta era la lucha que tenían Sneider y los otros compañeros.
Es muy preocupante, porque estos hechos no están aislados de los hechos de violencia ocurridos contra las comunidades garífunas en los últimos años. La comunidad de Punta Piedra, en el departamento de Colón, también ganó una sentencia en la misma dirección que la de Triunfo de la Cruz. Estas demandas fueron ganadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de ser presentadas por Ofraneh, que es la encargada de liderar la resistencia ancestral en defensa del territorio.
En 2019 fue asesinada la presidenta del patronato de Masca, Mirna Teresa Suazo, quien luchaba en defensa de su territorio en contra de un megaproyecto hidroeléctrico que afectaba fuertemente a su comunidad. Ya antes habían atentado contra Omar Suazo, presidente del patronato Sambo Creek, quien había sido herido con arma blanca, y en un proceso lleno de inconsistencias fue procesado y estuvo privado de la libertad por la muerte de uno de sus atacantes.
En medio de la crisis generada por la pandemia, Edwin Fernández, miembro de Ofraneh en la comunidad de Río Tinto, fue asesinado en el interior de su vivienda y delante de su familia. El 19 de junio fue hallado sin vida y con evidentes signos de tortura y disparos en su rostro Antonio Bernárdez, de 71 años, luego de haber sido reportado como desaparecido seis días antes. Entonces, todos estos acontecimientos no son aislados, responden a intereses de grandes empresarios canadienses que están construyendo complejos turísticos pasando por arriba de las comunidades de la bahía de Trujillo.
Por otro lado, la comunidad también se enfrenta a los proyectos de monocultivo de palma de aceite, por los que fue envenenado el río Aguán, en la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán. Hay persecución, criminalización y violencia contra la comunidad garífuna, por eso le exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de la CIDH.
Además de eso, nosotros exigimos que se haga una investigación independiente sobre los hechos que han ocurrido contra la comunidad garífuna, pues no confiamos en las investigaciones hechas por el Departamento Policial de Investigación, estamos seguros de que ellos han sido penetrados por el crimen organizado.
Por ahora, el gobierno solo ha emitido algunos comunicados con mentiras, pero no salen a dar una información concreta sobre la situación especial de las personas que fueron sacadas a la fuerza de sus casas, y de las que exigimos que las regresen con vida, tal y como se las llevaron”.
El rey del porno
Aunque parezca que nada tuviese que ver un tema con otro, uno de los principales involucrados en la disputa por la tierra en la bahía de Trujillo en Honduras es Randy Roy Jorgensen, ciudadano canadiense que hizo su fortuna con la industria de la pornografía y fue el encargado de formar una sociedad que fue realizando acuerdos comerciales de compra de tierras en territorio protegido e inalienable de la comunidad garífuna.
El proyecto de Jorgensen iba encaminado a desalojar a la comunidad de la bahía para construir un complejo turístico que incluía hoteles y muelles para la llegada de cruceros y yates. El argumento usado para el establecimiento del proyecto es el mismo que aquel al que se echa mano cada vez que se desplaza una comunidad a favor de los grandes intereses económicos, y es que estos proyectos beneficiarían grandemente a los habitantes de la bahía, que quedarían sin acceso al mar y aislados tras vallas y muros, pero podrían ser los empleados del complejo turístico.
Finalmente, la CIDH falló a favor del pueblo garífuna y ordenó al Estado hondureño regresarles las tierras a sus legítimos dueños. Es ahí donde se desarrolla la otra parte de la problemática, ya que no es el capital privado contra las comunidades, es el capital privado con las herramientas del Estado contra las comunidades, lo que complica mucho la situación de los garífunas. La mayor parte de la violencia contra la comunidad se ha desarrollado con la intervención o la anuencia de los agentes estatales.
Por otro lado, la fuerte presencia de las pandillas y el crimen organizado termina convirtiéndose en la careta de la que se aprovecha la violencia del capital para atentar contra las comunidades. Entonces los asesinatos y actos de violencia funcionales a los intereses económicos terminan siendo presentados como hechos de violencia aislados de la lucha por el territorio, como represalias de grupos armados, riñas o hechos incontrolables e inexplicables producto de las dinámicas de la ilegalidad.
Al cierre de la presente edición, no se conocía noticia sobre el destino de los cuatro líderes secuestrados, mientras que uno de los principales reclamos por parte de la comunidad es que los grandes medios dejen de especular sobre su muerte y las autoridades respondan por su paradero, regresándolos sanos y salvos al seno de sus hogares.
Por parte de la comunidad garífuna, es muy importante que los dueños del gran capital comprendan que el concepto de desarrollo local no está vinculado con el desarrollo que ofrece el capital privado, que absorbe bajo condiciones de precariedad a las comunidades y las pone a vivir como prisioneros en su propio territorio, mientras pierden la posibilidad del disfrute y autonomía sobre el mismo. Esto se resume en la frase pronunciada ante las cámaras de Solidarity Network por parte de uno de los manifestantes que en 2015 estuvo presente en el juicio contra Jorgensen: “[…] no creemos en un desarrollo que viene de afuera, ese es el desarrollo para ellos, pero no para nosotros; nuestro desarrollo viene de nosotros mismos”.
Honduras: A seis meses de la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas
¡No olvidamos! ¡Aparición con vida ya!
Este 18 de enero se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.
El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.
El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.
También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.
Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el Cofadeh[1] son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.
Impunidad y desprecio
“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.
Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”[2].
Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.
Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.
Complicidad del Estado
“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.
La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.
En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.
“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.
Notas
[1] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.
[2] Pronunciamiento público Ofraneh https://app.box.com/s/
Fuente: Rel UITA
Indignación y protestas en Honduras por la muerte de la joven Keyla Martínez bajo custodia de la Policía, que había reportado un "suicidio"
La sociedad hondureña está bajo conmoción por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, quien falleció bajo custodia policial el pasado fin de semana.
Las protestas de familiares y amigos de Keyla obligaron a las autoridades a investigar el caso que había sido catalogado inicialmente como un "suicidio". Sin embargo, las denuncias, marchas y protestas en el país obligaron a la Fiscalía a indagar un presunto homicidio a manos de los oficiales.
La detención
La noche del sábado 6 de febrero, la joven de 26 años fue detenida por la Policía en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, al occidente del país centroamericano.
En su versión de los hechos, la Policía Nacional informó en un comunicado que Martínez Rodríguez fue detenida por hacer "escándalo en la vía pública en estado de ebriedad" y por "incumplimiento" del toque de queda, por lo que fue trasladada a la estación policial conocida como "Unidad Departamental Número 10", en La Esperanza.
La institución informó que durante una ronda de supervisión de las celdas, los agentes descubrieron que Keyla estaba "intentado quitarse la vida mediante asfixia por suspensión", por lo que fue trasladada "de inmediato" al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, en donde presuntamente falleció.
Protesta por el caso
La versión oficial fue desacreditada por los familiares y amigos de Keyla, quienes se manifestaron en la estación policial de La Esperanza el lunes 8 de febrero, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, que apuntaba a un homicidio a manos de los oficiales.
No obstante, la convocatoria cívica fue reprimida por elementos de la Policía Nacional, que lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban en la estación.
En tanto, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades a investigar la muerte de Keyla Martínez "con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente".
"Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura lesiones y/o violencia sexual", apuntó el organismo.
Asimismo, decenas de mujeres publicaron en sus redes sociales mensajes sobre la trágica muerte de la joven estudiante, con la etiqueta #JusticiaParaKeyla.
"La noche de ayer salí tras haber acabado clases de enfermería, la policía nacional de La Esperanza, me detuvo por el toque de queda y me trasladaron a la celda en donde amanecí muerta. Lo cuento yo porque Keyla Martínez no pudo", tuiteó una usuaria.
La presión en las calles y en las redes sociales, así como la exigencia de esclarecimiento del caso por parte de organismos internacionales, obligó a Medicina Forense a realizar una autopsia.
Nueva versión
Los resultados preliminares establecieron que la causa de muerte de Keyla fue "asfixia mecánica" y que las pruebas revelaron "fuertes indicios que pudo tratarse de un homicidio", según un comunicado de prensa del Ministerio Público, publicado este martes.
Además, la Fiscalía solicitó que los agentes policiales que estaban asignados en la Unidad Departamental Número 10, "sean puestos a la orden de los fiscales que investigan la muerte" de Martínez Rodríguez.
Por su parte, la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, demandó una investigación ante lo que catalogó como una "ejecución extrajudicial".
En
este contexto, la coordinadora residente de Naciones Unidas en
Honduras, Alice Shackelford, hizo un llamado de alerta urgente al país
centroamericano ante la violencia de género, después de que se
registraron cuatro muertes violentas de mujeres en menos de 48 horas.
El lunes se van a paro los médicos en El Progreso, Yoro
- 05/02/2021
El Colegio Médico en El Progreso, Yoro, realizó una asamblea de emergencia para planificar acciones de protesta exigiendo la renuncia de la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. Demandan también la desarticulación de la Mesa Multisectorial.
Los médicos de El Progreso, Yoro también crearon una comisión encargada de buscar mecanismos para interponer una demanda internacional contra los funcionarios hondureños que están manejando la crisis por la pandemia.
En la asamblea participaron médicos del hospital público, del seguro social y clínicas privadas quienes aseguran acatar las decisiones que se tomen desde el Colegio Médico de Honduras. Las emergencias serán atendidas debidamente, pero todas las consultas estarán suspendidas a partir del lunes 08 de febrero.
El delegado del Colegio Médico en El Progreso, doctor Roberto Castellanos, manifestó en Radio Progreso que el fracaso en el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, les está pasando una factura muy alta al personal sanitario y al pueblo hondureño en general.
Honduras: Nuevo año, nuevas caravanas, males antiguos
El éxodo de la desesperanza
Son varios miles los hondureños y hondureñas −muchas las familias con menores de edad− que han vuelto a juntarse en la terminal metropolitana de San Pedro Sula y han emprendido un largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia y la falta de futuro.
Luego de romper el cerco policial en el puesto fronterizo El Florido, la caravana logró entrar a territorio guatemalteco avanzando hasta la localidad de Vado Hondo, Chiquimula, donde fue brutalmente reprimida por un fuerte contingente militar.
Hay varios heridos y unas 1.300 personas fueron capturadas y regresadas a Honduras o están todavía en manos de las autoridades migratorias.
La violenta represión es consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco, que en los días pasados declaró estado de prevención en siete departamentos y autorizó disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública.
Video: autor desconocido (enlace: http://rel-uita.org/videos/Una estrategia que responde a las políticas migratorias impuestas por el saliente gobierno Trump a los países del Triángulo Norte.
Actualmente, miles de hondureños y hondureñas permanecen a la intemperie, esperando el momento propicio para intentar continuar su odisea hacia Estados Unidos.
Contrariamente a lo que muchos piensan, las personas que integran estas caravanas que salen de Honduras no persiguen el ‘sueño americano’, sino que huyen de la pesadilla hondureña.
“Lo que hay es desesperación. Huyen de la miseria, de la violencia, de la falta de trabajo. No pueden esperar más. Prefieren enfrentarse a un viaje lleno de incógnitas y peligros antes que quedarse en Honduras”, dijo a La Rel, Bartolo Fuentes, periodista y experto en temas migratorios.
El desastre hondureño
Honduras es uno de los países con el mayor índice de desigualdad y pobreza en América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.
También ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas que defienden la tierra y los bienes comunes. Más de 140 defensores y defensoras han sido asesinadas en la última década.
Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.
Son casi 6.300 las mujeres asesinadas en menos de dos décadas, más de 360 las personas LGBTI que han perdido la vida de forma violenta en los últimos 10 años, y casi 90 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.
La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.
Una situación que se ha vuelto aún más dramática el año pasado por la incapacidad e irresponsabilidad mostrada por las autoridades hondureñas ante los embates de la pandemia de Covid-19 (135 mil casos, 3.400 fallecidos y un sistema de salud colapsado) y de dos huracanes (100 muertos y 15 mil millones de dólares de pérdidas, sobre todo en el área rural).
Crisis humanitaria
Para la Convergencia contra el Continuismo (CCC), en Honduras se está viviendo una crisis humanitaria como resultado de una administración pública en manos de una narco-dictadura, los efectos de la pandemia y el impacto de los huracanes.
“Muchas de las personas que salieron con esta última caravana lo perdieron todo por los huracanes y estaban viviendo en albergues, refugios o debajo de los puentes.
La mayoría de ellas se sienten abandonadas, te dicen que se van porque no hay trabajo, ni futuro.
Muchas
son familias numerosas con niños y niñas. También se juntan por barrio,
comarca, aldea y se suman a la caravana. Duele mucho ver tanta
desesperación”, apuntó Fuentes.
Modelo económico desigual
En un comunicado, la Convergencia contra el Continuismo advirtió que los problemas fundamentales del país residen en la brutal concentración de riqueza y en el proyecto continuista del presidente Hernández.
“El país se ha convertido en una máquina de hacer pobres. La gente huye y es desplazada por la mano criminal de esta dictadura.
La manera más efectiva para contrarrestar las caravanas no es firmando convenios de ‘tercer país seguro’, sino quitando el respaldo y acelerando el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández y los criminales que lo acompañan”, señaló la CCC.
“Sin cambios estructurales del modelo económico y político va a ser imposible frenar el éxodo diario de miles de familias hondureñas”, concluyó Fuentes.
Fuente (versión reducida + video): Rel UITA
Con sus mochilas cargadas de sueños y esperanzas sale nuevo éxodo de migrantes rumbo a EEUU.
Tegucigalpa.- Hoy, desde la gran terminal de San Pedro Sula, salieron alrededor de 2000 personas en un nuevo éxodo masivo, con la ilusión de llegar a Estados Unidos y con la esperanza de pedir asilo político, en su mayoría familias enteras, huyendo de la corrupción, violencia y de la pobreza que ha causado el régimen ilegal e ilegitimo que actualmente usurpa el poder, y que ha convertido a Honduras en un narco gobierno.
Otro de los principales motivos para que el hondureño saliera en un éxodo masivo son las familias que lo perdieron todo a raíz de las tormentas Eta e Iota, y que el régimen no les dio respuesta oportuna después del desastres que dejaron estas tormentas tropicales.
A la altura de Cofradía se encuentran con un retén militar que los registra y se burlan de ellos diciéndoles que viene la migra, los bajan de los vehículos de personas solidarias que les han dado “jalón”, según lo informó un medio local que da cobertura a través de su página de Facebook.
En esa misma transmisión se observó que mientras la gente que decide buscar un mejor futuro para su familia, no han tomado ni agua, la policía y los elementos anti motines tienen los vehículos policiales cargados de alimentos y agua para su consumo.
A medida que el éxodo de personas avanza, a la misma se van uniendo más hondureños, que ya no aguantan la vida de miseria que ha sumergido el régimen de Juan Orlando a la población. Al final del día se podría superar las seis mil personas que van en este nuevo éxodo.
El periodista Bartolo Fuentes, quien se encuentra en la zona dándole cobertura, expresó a un medio local que la cantidad de personas que conforman el éxodo es mayor a la cantidad de personas que salió en el 2018.
“Yo calculo que se va a aproximar a las 6,000 personas tipo 2:00 de la tarde de este día, porque hemos visto que mucha gente está llegando a la terminal de los lugares como Tegucigalpa, La Ceiba y otros sectores, y se han trasladado en buses interurbanos hasta aquí a Cofradía, para alcanzar la caravana. Yo digo más de 3,000 salieron de la terminal, pero en el trayecto se ha sumado más gente”.
Añadió el comunicador que “no duraría que al final del día en efecto hayan más de tres mil personas en esta caravana, que es lo que indica esto, desesperación, porque la verdad el momento no es ideal para irse, ni en caravanas ni de ningún otro modo, por la pandemia, por las restricciones, las amenazas de los gobiernos”.
Cabe mencionar que en el 2018 el primer éxodo que conmueve a Honduras se dio en octubre de ese año, mismo que salió de San Pedro Sula, y al salir eran un aproximado de 1,300 personas, pero al llegar a la frontera con México el 17 de octubre ya sumaban alrededor de 6,000 personas.
La convocatoria para este éxodo se circuló a través de las redes sociales, donde las personas comenzaron a llegar a la plaza de San Pedro Sula, una de las ciudades más importantes del país y que además también se encuentra sumida en la delincuencia y pobreza.
Desde que salió el primer éxodo del país con rumbo a Estados Unidos en 2018, en Honduras se han conformado pequeños grupos que huían del país en las mismas circunstancias, e incluso en el 2020, cuando se declaró una pandemia a nivel mundial por el coronavirus, causó más desesperación, al ver que entraba en una etapa de confinamiento por el régimen para evitar la propagación del Covid-19, sin tomar en cuenta que la mayoría del pueblo hondureño vive de su trabajo diario, y que miles de compatriotas se quedaron sin empleo, y al no poder suplir las necesidades, ni obtener la respuesta necesaria, deciden abandonar su patria, para morir de hambre o víctimas de la violencia.
Qué se sabe de la primera caravana de migrantes de América Latina en 2021
Las autoridades guatemaltecas disolvieron este lunes a la fuerza a una nueva caravana migrante, integrada por unos 6.000 hondureños que huyen de la dura situación económica y la exclusión social en su país y que pretenden llegar a EE.UU. en busca de mejores oportunidades.
Los migrantes se encontraban varados en una carretera en el departamento de Chiquimula, cerca de la frontera de Honduras, donde las fuerzas de seguridad ya habían impedido su avance el pasado sábado mediante una violenta represión policial.
Salida de Honduras hacia Guatemala
Entre pasado miércoles, 13 de enero, miles de hondureños partieron desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país centroamericano, en una nueva caravana rumbo a EE.UU., la primera de este 2021.
Al principio, se calculaba que eran 4.500 los hondureños que habían emprendido este viaje. Sin embargo, en el recorrido se fueron uniendo otros grupos, hasta alcanzar las 9.000 personas.
Así, entre la noche del viernes y el sábado, los migrantes lograron cruzar a territorio guatemalteco. La entrada la hicieron por el puesto fronterizo El Florido, entre el departamento hondureño Copán y el guatemalteco Chiquimula, a 200 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
A pesar de que el Gobierno de Guatemala había desplegado a las fuerzas de seguridad para impedir su entrada en el país, los uniformados finalmente se retiraron a medida que los integrantes de la caravana se iban acumulando en el puesto policial y los superaban en número.
Varados en Guatemala
En días previos, las autoridades guatemaltecas habían advertido a los migrantes que, como requisito para entrar al país, debían presentar una prueba negativa de covid-19 y pasaporte vigente o documento de identificación; y los menores de edad debían llevar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
"No van a poder pasar porque la decisión nuestra es detenerlos", dijo Guillermo Díaz, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en conversación con ADN40.
De esta manera, las fuerzas de seguridad desplegaron una nueva barrera policial a unos 20 kilómetros del paso fronterizo de El Florido, situada en el mismo departamento de Chiquimula, para hacer retroceder a los ciudadanos hondureños hacia su país.
Cuando lo migrantes llegaron a este punto, los agentes de la Policía y El Ejército reprimieron fuertemente a los migrantes, muchos de ellos con niños, y a palazos y con bombas lacrimógenas, imposibilitaron su avance.
Allí permanecieron retenidos hasta este lunes, cuando unos 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército los desalojaron a la fuerza, empleando de nuevo gases lacrimógenos.
En ese momento, según las autoridades guatemaltecas, el número de migrantes se había reducido hasta los 6.000. Los otros 3.000 ciudadanos se habían dispersado: unos consiguieron avanzar en su camino hacia EE.UU. y el resto decidió emprender el viaje de vuelta a sus hogares.
Según el IGM, hasta la tarde de este lunes, 1.068 migrantes, entre ellos 113 niños, habían aceptado su retorno voluntario a Honduras. Otros 859, entre ellos 233 menores, fueron entregados a Migración.
"No pueden ser sometidos a tratos crueles e inhumanos"
Desde la Procuraduría de Derechos Humanos, su titular, Jordán Rodas Andrade, manifestó su "alarma y preocupación" luego que el Gobierno de Guatemala hubiese desplazado contingentes policiales y militares "para contener el paso de caravanas de personas migrantes provenientes de Honduras, incluso acudiendo al uso de la fuerza".
Ante ello, recordó que "huyen de la desigualdad social, la pobreza y la violencia, y no pueden ser sometidos a tratos crueles e inhumanos en territorio guatemalteco".
Por esa razón, recordó a las autoridades de sus país que el Código de Migración establece que "el Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional".
Desde Honduras piden investigar
Por su parte, la Cancillería de Honduras emitió un comunicado en el que exhortó a las autoridades de Guatemala a "investigar y esclarecer" las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad guatemaltecos.
En el texto reitera: "Solo unidos como región, se deben continuar los trabajos para enfrentar la migración irregular" que, reconoce el Gobierno hondureño, es "propiciada por las condiciones sociales que atraviesan" los países de Centroamérica.
Desde la Cancillería hondureña también llaman a sus compatriotas a "no exponerse a los peligros que implica la ruta migratoria hacia los EE.UU. de forma irregular".
En respuesta, la Cancillería de Guatemala emitió un comunicado este lunes, en el que lamentó que Honduras no tomara "las medidas necesarias para contener la salida masiva de personas migrantes hondureñas en situación de vulnerabilidad", pese a la existencia de acuerdos en la materia.
México refuerza la seguridad fronteriza
Mientras el avance de la caravana permanecía truncado en Guatemala, las autoridades de México se prepararon ante la posible llegada de este grupo de migrantes en su frontera sur.
El Instituto Nacional de Migración informó que varios agrupamientos "organizados, equipados y entrenados", que están conformados por agentes Federales de Migración, efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron desplegados en la frontera sur del país.
Los agentes permanecerán durante varios días en los puntos fronterizos de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, y a lo largo del río Suchiate, que separa a México y Guatemala, hasta el estado de Tabasco.
Edgar Romero
Los pasos desesperados de la caravana migrante en Centroamérica
De nuevo miles de personas toman las vías de Centroamérica en un proceso de migración masivo con rumbo a Estados Unidos. La pobreza y el abandono institucional que se profundizó con la pandemia y el paso de dos huracanes han sido motivos suficientes para iniciar la larga marcha hacia el norte. A tres días de haber salido de Honduras, el grupo de 4.000 personas, aproximadamente, fue brutalmente reprimido por la policía y el ejército de Guatemala, el domingo 17 y el lunes 18 de enero.
La esperanza de siempre mueve a miles de personas a caminar casi 3.000 km para llegar desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos, a donde esperan entrar como ilegales y comenzar a trabajar de inmediato. El sueño americano les espera, nadie va con la visión de que al otro lado de la frontera tendrán que vivir la misma miseria que dejan atrás. Sin embargo, la precarización de las condiciones de los migrantes que ingresan por la frontera sur es demoledora.
Otro factor que ha motivado el inicio de la caravana, ha sido el cambio de presidente en Estados Unidos, pues el mensaje que ha dado Biden en reiteradas oportunidades es el de dejar atrás la violenta política migratoria que Trump implantó y con la que pasó a la historia gracias a los vejámenes a los que fueron sometidas las familias de migrantes, separadas, encerradas en jaulas y con juicios sumarios a niños y niñas.
Las caravanas migrantes son un fenómeno que no es nuevo, sin embargo, desde 2018 han adquirido una especial relevancia debido a que se empezó a convertir en un evento masivo, pues se estima en más de 7.000 personas las que lograron llegar a la frontera norte de México, ya que se fueron sumando por el camino miles de personas que vieron en la caravana la oportunidad para no atravesar México solas.
En 2018 se habló de que del norte de Honduras partieron cerca de 2.000 personas, y las otras 5.000 se fueron sumando; en esta oportunidad, la caravana incial que se encuentra en la frontera entre Honduras y Guatemala supera las 4.000 personas, y dadas las condiciones que hay en todo Centroamérica, las entidades que acompañan el desarrollo de estos procesos afirman que en esta ocasión posiblemente se presencie una caravana sin precedentes y aunque no se atreven a dar cifras, se espera un número importante de caminantes.
Por su parte el gobierno mexicano también está tomando medidas en la frontera sur con Guatemala. Los factores a tener en cuenta hoy no son los mismos de 2 años atrás. Ya no solamente se trata de recibir a miles de personas que se desplazan caminando, mayoritariamente sin la mínima posibilidad de resolver sus necesidades básicas, sino que a eso ahora se le suma la incertidumbre del manejo sanitario en el contexto de la pandemia.
En los países por los que pasa la caravana, existen una serie de protocolos de ingreso al país, que incluyen pruebas PCR y medidas preventivas. Es una realidad que la mayoría de personas que viajan en ella no tienen los medios para hacerse las pruebas, e incluso, si los tuviesen, difícilmente se encontrarían los laboratorios capaces de darle curso a ese número de solicitudes en tan corto tiempo.
Por lo tanto, en el caso del gobierno de Guatemala, fue la excusa
para impedir por la fuerza el ingreso de la caravana el domingo 17 de
enero. Cerca de 2.000 efectivos policiales fueron desplazados a la
ciudad fronteriza de Chiquimula, en Guatemala, desde donde se coordinó
el operativo que durante dos días se encargó de intentar impedir la
entrada de la caravana al país.
Esa historia ya se conoce de antemano. Posiblemente puedan sostener el
operativo durante varios días, pero difícilmente podrán detener la
caravana, que encontrará otros pasos, otras vías, fisuras en el bloque
de las fuerzas militares de Guatemala y terminarán rompiendo el cerco.
No tienen ya nada más que perder.
Pese a que Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por dejar ver un talante progresista y humanitario con los migrantes, se tendrá que enfrentar a una situación que no será fácil de manejar. La entrada de miles de personas a su país, que se mueven, prácticamente sin poder guardar los mínimos recaudos sanitarios, y que literalmente atravesará el país de sur a norte, es una situación que no puede manejar sin unos mínimos controles.
El paso por México, que es el país más grande por atravesar, tiene sus propios desafíos tanto para la caravana como para el gobierno. Una vez completado el primer tramo dentro del país azteca, lo más seguro es que la caravana se divida, mínimo en dos grupos: los que decidirán tomar la ruta corta y los de la ruta larga. El paso por México es uno de los aspectos que más preocupa a los viajantes, pues, aunque las condiciones más peligrosas están en la ruta corta, que bordea el Golfo de México, en la ruta larga las condiciones tampoco son fáciles, ya que deben atravesar en desierto de Sonora, un lugar con unas condiciones particularmente hostiles.
Quienes deciden tomar la ruta corta, que en su mayoría son personas jóvenes y que viajan sin niños pequeños, se deben enfrentar a las condiciones propias de la confrontación entre los carteles de droga en México. En esta ruta, los reportes sobre secuestros se disparan exponencialmente durante el paso de las caravanas, sin embargo, no hay procesos de investigación y los pocos que se abren quedan en nada por falta de seguimiento.
En este sentido destaca que las personas que son secuestradas en esas zonas, terminan fortaleciendo de alguna manera las lógicas propias de la economía ilegal, bien sea desde las redes de trata, prostitución o vinculándose directamente con los carteles como modo de supervivencia. La migración es un fenómeno antiguo como la humanidad. Como todo fenómeno social puede ser aprovechado políticamente con arreglo a fines. Para la derecha ideológica, la migración masiva de población venezolana que huye del bloqueo es una muestra del fracaso de la izquierda y la migración masiva de la población centroamericana que huye de la expoliación y el saqueo es una muestra del triunfo del capitalismo.
El capitalismo siempre muestra solo su mejor cara, la del sueño americano, la de la eterna promesa de un mejor y seguro porvenir. Siempre muestra el capitalismo al que se aspira llegar. El capitalismo no muestra que la gente huye del mismo capitalismo, que lo que miles de personas están dejando atrás también le pertenece al capitalismo, el saqueo, la expoliación, la sobreexplotación, la mano de obra mal pagada; la educación y la salud como negocios hacen parte del mismo modelo, solo que son el desarreglo que se oculta bajo el mantel.
Hay cerca de 4.000 personas caminando y arriesgando la vida por huir de su realidad. Para esta migración no hay grandes despliegues de prensa ni grupos de países preocupados por sus implicaciones. La OEA no parece darse por enterada de una posible crisis humanitaria en la puerta de sus Estados miembros. A Almagro la preocupación no le alcanza para llegar hasta ese punto.
Aunque las condiciones más peligrosas están en la ruta corta, que bordea el Golfo de México, en la ruta larga las condiciones tampoco son fáciles, ya que deben atravesar en desierto de Sonora, un lugar con unas condiciones particularmente hostiles.
Para la derecha ideológica, la migración masiva de población venezolana que huye del bloqueo es una muestra del fracaso de la izquierda y la migración masiva de la población centroamericana que huye de la expoliación y el saqueo es una muestra del triunfo del capitalismo.
Giorgio Trucchi | Rel-Uita
Son varios miles los hondureños y hondureñas −muchas las familias con menores de edad− que han vuelto a juntarse en la terminal metropolitana de San Pedro Sula y han emprendido un largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia y la falta de futuro.
Luego de romper el cerco policial en el puesto fronterizo El Florido, la caravana logró entrar a territorio guatemalteco avanzando hasta la localidad de Vado Hondo, Chiquimula, donde fue brutalmente reprimida por un fuerte contingente militar.
Hay varios heridos y unas 1.300 personas fueron capturadas y regresadas a Honduras o están todavía en manos de las autoridades migratorias.
La violenta represión es consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco, que en los días pasados declaró estado de prevención en siete departamentos y autorizó disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública.
Una estrategia que responde a las políticas migratorias impuestas por el saliente gobierno Trump a los países del Triángulo Norte.
Actualmente, miles de hondureños y hondureñas permanecen a la intemperie, esperando el momento propicio para intentar continuar su odisea hacia Estados Unidos.
Contrariamente a lo que muchos piensan, las personas que integran estas caravanas que salen de Honduras no persiguen el ‘sueño americano’, sino que huyen de la pesadilla hondureña.
“Lo que hay es desesperación. Huyen de la miseria, de la violencia,
de la falta de trabajo. No pueden esperar más. Prefieren enfrentarse a
un viaje lleno de incógnitas y peligros antes que quedarse en Honduras”,
dijo a La Rel, Bartolo Fuentes, periodista y experto en temas
migratorios.
El desastre hondureño
Honduras es uno de los países con el mayor índice de desigualdad y pobreza en América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.
También ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas que defienden la tierra y los bienes comunes. Más de 140 defensores y defensoras han sido asesinadas en la última década.
Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.
Son casi 6.300 las mujeres asesinadas en menos de dos décadas, más de 360 las personas LGBTI que han perdido la vida de forma violenta en los últimos 10 años, y casi 90 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.
La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.
Una situación que se ha vuelto aún más dramática el año pasado por la incapacidad e irresponsabilidad mostrada por las autoridades hondureñas ante los embates de la pandemia de Covid-19 (135 mil casos, 3.400 fallecidos y un sistema de salud colapsado) y de dos huracanes (100 muertos y 15 mil millones de dólares de pérdidas, sobre todo en el área rural).
Caravanas: reflejo de la crisis humanitaria en Honduras
- 18/01/2021
Los más 7 mil migrantes que integraban la caravana – reprimida y desintegrada por la policía y el ejército de Guatemala- representan la crisis humanitaria que atraviesa Honduras, misma que tiene su base en una institucionalidad debilitada. El gobierno utiliza los pocos recursos que hay al servicio de la corrupción y el narcotráfico, violentando los derechos básicos de la ciudadanía, dijo en entrevista a Radio Progreso el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, Elvin Hernández.
La crisis humanitaria se suman los efectos de la pandemia Covid-19 y los daños económicos provocados por los huracanes Eta e Iota, que azotaron al país centroamericano en noviembre de 2020. “Lo que expresa esta caravana es la desesperación de la gente al no tener empleo, al estar aguantando hambre, tener su casita destruida y ver que no hay respuesta del Estado”, dijo Hernández.
Los migrantes en la caravana reconocen en el presidente Juan Orlando Hernández, al responsable de la crisis humanitaria. Coinciden que es necesaria su salida de la presidencia para que sea llevado ante los tribunales por su vinculación directa con el narcotráfico y escandalosos saqueos del erario público.
Ante esto diversos sectores preguntan ¿por qué no organizar una caravana rumbo a Casa Presidencial? ¿por qué llevarse la consigna Fuera JOH a otros países? ¿por qué no quedarse a luchar en Honduras? Elvin Hernández cree que no hay respuesta única a esas interrogantes, pero a la vista salta que la gente dejó de ver a Honduras como un país que pueda ofrecer alternativas.
Para la gente no hay un partido político que pueda transformar el país. “Es un sentimiento que dice: aquí no hay nada que hacer”, sostuvo asegurando que, otro elemento es la relación que hay con sus familiares migrantes en Estados Unidos. “La gente vive de la remesa y cree que en Estados Unidos puede encontrar las respuestas que están ausentes en Honduras, eso también tiene que ver con la ruptura del tejido social y la poca formación política ciudadana” dijo.
Más del 40 por ciento de la juventud hondureña está decidida a migrar
Según estudios realizados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Honduras, los altos índices de violencia y pobreza, la falta de oportunidades socio laborales y educativas, están provocando que 4 de cada 10 jóvenes de Honduras emigren o estén pensando en hacerlo.
El director de Flacso Honduras, Rolando Sierra dijo que los jóvenes expresan haber sido víctimas directas de la violencia por el crimen organizado, además, que es difícil encontrar oportunidades para seguir viviendo en un país devastado. “A pesar del muro y la represión instalada en Guatemala, la migración estará presente con fuerza durante el 2021, porque hay factores endógenos que están forzando a la población a migrar”, Señaló.
Covid-19: excusa para justificar la represión
A criterio del coordinador de la Red de Jesuita con Migrantes en Guatemala, José Luis Gonzáles SJ, la pandemia Covid-19 está siendo la excusa perfecta para que gobiernos de México y Guatemala no dejen pasar la caravana de migrantes procedente de Honduras, a pesar que la migración es forzada y tiene raíces estructurales profundas.
En comparación a otros años en esta caravana – en su mayoría- van niños solos; huérfanos por la violencia y la pobreza agudizada en 2020, por la pandemia y los huracanes. Son imágenes dramáticas las que se observan de la caravana. Niños que van sin mochilas, núcleos familiares que únicamente cargan las ganas de llegar a Estados Unidos, porque en Honduras no tienen nada.
Gonzáles denuncia que bajo la excusa de la pandemia Guatemala se presta a los deseos de Estados Unidos, país que desde un tiempo está buscando a toda costa eliminar el acuerdo CA-4, que en teoría permite la libre circulación de ciudadanía centroamericana”.
Campaña de terror por pandemia y violencia
La población de Guatemala históricamente ha sido solidaria con los migrantes hondureños y hondureñas, sin embargo, la situación de pandemia provoca que la sociedad esté encerrada con temor, sin la capacidad de organizarse para dar una respuesta solidaria frente al hambre y frío que padecen los integrantes de la caravana, dijo en entrevista a Radio Progreso, Úrsula Roldan, investigadora y coordinadora del área de migraciones de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
Para Roldán, el futuro de los migrantes en territorio guatemalteco es doloroso, porque también está vigente la disposición del gobierno de Alejandro Giammattei, que prohíbe a organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR brinden acción humanitaria, por lo que el hambre y la represión están provocan que la gente retorne a la frontera.
Caravanas de migrantes. Una mirada desde dentro
- 20/01/2021
Unas nueve mil personas partieron en la madrugada del día 15 de enero de la terminal de Buses de San Pedro Sula, Honduras. Su objetivo: llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Sorteando muchas dificultades, ingresaron a territorio guatemalteco, donde en la localidad de Vado Hondo, Chiquimula, el ejército y la policía impidieron, con violencia, su avance.
Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano
Ismael Moreno S.J., director del centro de investigación ERIC y Úrsula Roldán Andrade, directora del IDGT, de la Universidad Rafael Landívar nos ayudan a observar el interior de la caravana.
Algo más que unos hechos
El día 14 de enero por la noche, grupos de personas, comenzaron a reunirse en la terminal de buses de San Pedro Sula, con el deseo de llegar a los Estados Unidos. La madrugada del 15 salieron y hacia las cuatro de la tarde, llegaron los primeros grupos a la frontera con Guatemala, a El Florido, Copán. Hacia las 9 de la noche el primer grupo de aproximadamente 500 personas, había avanzado hacia territorio guatemalteco.
El 16 de enero, un grupo más numeroso, formado por varios miles de personas, logra pasar la frontera, adentrándose en territorio guatemalteco. A la altura de Vado Hondo, departamento de Chiquimula, a unas 9 horas de camino de la frontera, el ejército y la policía de Guatemala cierran el paso a la caravana y les impiden seguir su camino hacia la frontera con México. Los detienen por unas 24 horas. La multitud de más de seis mil personas, intenta romper el cerco, pero son duramente reprimidos. Familias con niños y adolescentes vieron así truncados sus deseos de tener una vida diferente de la que venían huyendo. La mayor parte de las personas retornaron al sitio de partida, narra Sixto Rodríguez de la Pastoral de Movilidad Humana de Honduras.
Para entender la caravana
Ismael Moreno, director del centro de investigación ERIC, de Honduras, afirma que esta caravana y las anteriores tienen en su raíz la situación de pobreza, desempleo y violencia que viven la mayoría de los hondureños, que en este momento han llegado a niveles de desesperación, pues a la realidad existente se añade la pandemia del Covid-19, que ha generado la pérdida de miles de puestos de trabajo y los efectos de la destrucción por las inundaciones, causadas por dos tormentas tropicales en noviembre pasado.
“Las tormentas tropicales Eta e Iota dejaron varios cientos de miles de personas sin vivienda, sin alimento, sin empleo”, afirma el padre Moreno, “el gobierno no ha dado respuesta a las necesidades de esta población que se siente abandonada, por lo que el hambre es la que ha movido a la gente a salir”.
Ismael Moreno comenta que los voceros gubernamentales acusan al crimen organizado de ser los responsables de las caravanas, a lo que responde: “no puedo negar que es un factor que está presente, pero es completamente secundario”. Subraya que son las condiciones socio-económicas el factor principal que desencadena este tipo de reacciones en la gente, “y de esto tiene mucha responsabilidad el Estado”.
El director del ERIC insistió en que actividades como la corrupción, el desvío de recursos del Estado, así como el manejo poco transparente de los fondos destinados para enfrentar la pandemia, han impedido que cientos de millones de lempiras (moneda nacional) lleguen a la población más necesitada y les ayuden a aliviar los sufrimientos.
Por su parte, Úrsula Roldán Andrade, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala añadió: “esta es la tercera caravana que se organiza desde Honduras en este tiempo de pandemia. Tanto Guatemala como Honduras han puesto zonas de seguridad en sus fronteras para evitar que pase la caravana de migrantes, además están exigiendo una documentación para que puedan pasar, ellos dicen, de forma ordenada y segura. Por otro lado, les están exigiendo la prueba PCR o la de hisopado”.
La directora del IDGT subraya que Guatemala y Honduras viven situaciones similares en relación al Covid-19 y la destrucción causada por las tormentas tropicales y afirma: “nos encontramos ante un flujo humano que busca tener alguna alternativa. Tanto el gobierno de Guatemala como el de Honduras viven una crisis social y política y los miles de personas no encuentran ninguna salida”.
Úrsula Roldán indica una diferencia entre Honduras y El Salvador con Guatemala. Los dos últimos, cuentan con una población asentada en Estados Unidos desde hace varias décadas, esto permite una estructura de apoyo para los nuevos migrantes por la vía del uso de coyotes (personas que ayudan a pasar las fronteras de manera ilegal, mediante un pago).
Entrevista con Úrsula Roldán
Alternativas a la migración masiva
Ismael Moreno pone en evidencia que Guatemala, El Salvador y México están dentro del círculo de los llamados países seguros, que han creado barreras de contención para la movilidad, que es un derecho humano”. Y expresa el deseo de que que la nueva administración estadounidense cree programas humanitarios como respuesta a esta población sumida en la precariedad.
Úrsula Roldán insistió en que las caravanas piden que se les dé una respuesta humanitaria. “Se trata de un flujo de personas en extrema pobreza, que están huyendo de la violencia, que están huyendo de su país porque quedó devastado y a quienes el gobierno no ha respondido para darles una vivienda digna y oportunidades de empleo. En las caravanas vienen niños, mujeres, jóvenes buscando alternativas, empleo, mejores ingresos. Esa alternativa debería estar en Honduras, con asistencia educativa, financiera y técnica.”
Roldan Andrade subraya que también Estados Unidos puede hacer su parte para ofrecer alternativas a los hondureños: “un TPS, como se hizo cuando el huracán Mitch que arrasó con buena parte de Honduras, Nicaragua y El Salvador”. Añade que los gobiernos de la región podrían crear una comisión transnacional que ayude a enfrentar la problemática y así encontrar juntos soluciones eficaces y a largo plazo.
Acciones urgentes
Dice el refrán, “después de la tormenta, viene la calma”. En el caso de los migrantes centroamericanos, el silencio no significa calma. Estos miles de personas en situación de desesperación necesitan casa, empleo, educación, salud. Necesitan apoyos decididos para superar el estado de desesperación en que se encuentran.
Ismael Moreno. ¿Qué futuro espera a los retornados?
Los obispos de Centro América
Los obispos centroamericanos aglutinados en el Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), en un comunicado publicado el 19 de enero y firmado por Monseñor Escobar Alas, presidente y el Cardenal Rosa Chávez, secretario, declaran además que los flujos migratorios no es un problema de un solo país, sino de toda la región, por tanto, reiteran el “llamado a los gobiernos de la región y México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria regional”, recordando que hay que “atacar las causas estructurales que originan la migración”, y no a los migrantes indefensos.
La voz del Papa Francisco
El Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 afirmó:
Es necesario conocer para compren
Caravana de migrantes hondureños en Guatemala
Políticas de contención y cierre de fronteras
Represión y criminalización de la caravana migrante hondureña
En los primeros días del año se convocó a través de redes sociales a otra caravana migrantes en San Pedro Sula, Honduras.
Poco después, y en un contexto muy adverso (por la pandemia del Covid 19, la precariedad económica y un clima de abierta inseguridad), cientos de hondureños partieron de dicha ciudad en busca de mejores condiciones socio materiales de existencia, de una vida sin riesgos y de la posibilidad de un futuro vivible. Como lo documentó Radio Progreso de Honduras, no tardó en crecer el contingente migrante, y pronto tomó una dimensión de millares (se calculó en alrededor de 9 mil personas). Entre los migrantes había diferentes grupos (jóvenes, hombres, familias con hijos, adolescentes, mujeres), y salían de su país con dirección (principal) a Estados Unidos. A semejanza de las caravanas del 2019 y 2020, ésta se enmarcó en el contexto de la histórica migración centroamericana, caracterizada por su masividad, por el origen estructural de sus causas de expulsión (pobreza, bajos salarios, inseguridad y violencia por parte del crimen y las pandillas, impactos de fenómenos medio ambientales, así como por estar relacionada a diversos procesos de transgresión de derechos humanos y violencia en los países de origen, tránsito y destino.
En una línea de acción similar a lo acontecido con la caravana de octubre de 2020, los gobiernos de Honduras y Guatemala implementaron diversas medidas para contener y desarticular el contingente hondureño, particularmente mediante el envío de fuerzas de seguridad a diferentes lugares para impedir el paso de los migrantes. La caravana sorteó diferentes acciones para retenerla en su paso por Honduras. Pero ya adentrada en territorio guatemalteco, la caravana fue detenida por fuerzas de seguridad en Valle Hondo a mediados de enero; y muchos de los migrantes fueron forzados a regresar a Honduras. Las operaciones mediante las cuales obstaculizaron y detuvieron a la caravana no fueron sólo una estrategia local y nacional aislada (en Honduras y Guatemala), sino una política de carácter regional de cerrar/militarizar las fronteras y criminalizar a los migrantes diseñada e impuesta desde el (recién terminado) gobierno estadounidense antinmigrante de Trump.La forma en que los gobiernos de Honduras y Guatemala (y otros países de la región) han abordado el tema migratorio (como un asunto de “seguridad” y como si fuera de tipo criminal), no sólo es tendenciosa y discriminante, sino abiertamente injusta y en contra de los derechos humanos. Los migrantes, no sólo no cometieron ningún delito, sino que además son personas que tuvieron que salir de sus lugares de origen por causas fuera de su control y voluntad, y por vivir en contextos en los que nos estaban garantizadas las condiciones mínimas indispensables para sobrevivir. Honduras, no sólo es un país con pobreza aguda y una desigualdad socioeconómica desproporcionada, sino también con fuertes contextos de corrupción y violencia (por parte del crimen y pandillas), y con unos de los índices de criminalidad y homicidios más altos de América y el mundo. Aunado a esto, recientemente fue afectado severamente por la pandemia del Covid 19 y por eventos climáticos como el huracán Eta. En este marco, y desde estas políticas que “criminalizan” e irregularizan” a los hondureños, no se reconoce a los migrantes como sujetos sociales (caracterizados por diversas iniciativas, estrategias y acciones), y con legitimas e incuestionables motivaciones de salir de su país para tener acceso a una existencia digna, segura y sin violencia. Es urgente que la migración deje de verse desde una perspectiva legal excluyente que “criminaliza” a los migrantes, y tiene que ser abordada desde un enfoque de dignidad humana y derechos.
Guillermo Castillo, UNAM
Ante la nueva caravana de migrantes de hondureños y hondureñas con destino a los Estados Unidos, la Convergencia contra el continuismo, CCC advierte al mundo que Honduras vive una crisis humanitaria, como resultado de la administración pública en manos de la narco dictadura, los efectos del Coronavirus y el impacto de los huracanes Eta y Iota en el país.
Denunciamos que Juan Orlando Hernández y sus compinches convirtieron las emergencias de los huracanes y el Coronavirus como ocasión para saquear instituciones públicas, y hoy están convirtiendo el hambre y las necesidades de la población damnificada para comprar votos con los mismos recursos del Estado. Por tanto, en la caravana no van hondureños en busca del “sueño americano” son compatriotas que van huyendo de la pesadilla hondureña.
La CCC desde su fundación en 2016 advirtió que los problemas fundamentales del país es la brutal concentración de riqueza como concreción del fracaso del modelo Neoliberal y el proyecto continuista de Juan Orlando Hernández, cinco años después aquella advertencia es compartida hasta por los más prudentes, porque en estos años el país se convirtió en una máquina de hacer pobres, en el paso principal de la droga que viene de Suramérica con destino a Estados Unidos y nos convertimos en el país más peligro para los defensores y defensoras de los bienes naturales y derechos humanos. Hoy, toda esa población huye y huelen a desplazados por la mano criminal de la dictadura.
Alertamos que estamos a las puertas de un proceso electoral y esos criminales siguen representando la misma amenaza para el país, por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional y espacialmente al gobierno de los Estados Unidos, que la manera más efectiva contrarrestar las caravanas no es firmando convenios de tercer país seguro, la manera más efectiva es quitando el respaldo y acelerando el proceso de extradición de Juan Orlando y los criminales que lo acompañan.
La CCC anima a toda la población a sumarse a las acciones que diversos sectores están convocando para demandar la salida de Juan Orlando Hernández. No esperemos que otros hagan el trabajo que por derecho y dignidad a nosotros nos corresponde.
Honduras, enero de 2021
FOTOS: México refuerza la seguridad fronteriza ante la posible llegada al país de la caravana de migrantes centroamericanos
Las autoridades mexicanas se preparan para detener la entrada al país de una caravana de unos 9.000 migrantes centroamericanos, que se dirigen a EE.UU.
Varias agrupamientos "organizados, equipados y entrenados" –conformados por agentes Federales de Migración, efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros– fueron desplegados en la frontera sur del país, comunicó este viernes el Instituto Nacional de Migración.
Los agentes permanecerán vigilando durante varios días los puntos fronterizos de Ciudad Hidalgo, en el estado se Chiapas, y a lo largo del río Suchiate, que separa a México y Guatemala, hasta el estado de Tabasco.
"Tenemos que garantizar en nuestro territorio nacional una migración ordenada, segura y regular, con respeto a los derechos humanos y con políticas humanitarias", afirmó el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Por su parte, el comandante de la 36ª Zona Militar de Tapachula, general Vicente Antonio Hernández Sánchez, subrayó que cualquier persona es "libre de transitar" en México, "siempre y cuando cumpla con la ley migratoria y la ley de salubridad".
Múltiples grupos de migrantes partieron la mañana este viernes desde Honduras en dirección a EE.UU., huyendo de la pobreza y la violencia en la región, devastada por las consecuencias económicas de la pandemia y huracanes consecutivos a fines del pasado año.
Unas 9.000 personas ingresaron la noche de este viernes y la mañana del sábado al territorio de Guatemala. El día anterior, el tamaño de la caravana se estimaba en 4.500 personas, duplicándose en un día.
En varias ocasiones, la caravana se enfrentó con policías y militares que trataban impedir su paso.
Migración hondureña: Ex fiscal nacional recomienda derrocar a dictador Juan Hernández mientras sigue represión guatemalteca
El éxodo migrante tiene orígenes en la miseria y la violencia estatal y del narcotráfico, administradas por el régimen del dictador de extrema derecha Juan Hernández, ligado él mismo al narcotráfico junto a parte de la alta oficialidad de las FFAA
Nuevas represiones policiales y militares guatemaltecas han sufrido los miles de migrantes hondureños que buscan pasar a Guatemala, tránsito hacia México, con destino al incierto Estados Unidos.
El éxodo migrante tiene orígenes en la miseria y la violencia estatal y del narcotráfico, administradas por el régimen del dictador de extrema derecha Juan Hernández, ligado él mismo al narcotráfico junto a parte de la alta oficialidad de las FFAA.
Ante la crisis multidimensional que padece el pueblo hondureño, hasta el ex Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana, recomendó echar abajo el régimen de Juan Hernández a través de “un paro nacional, que los obreros se tomen las fábricas, los empleados que se tomen las oficinas públicas y que la gente se tome la calles indefinidamente y las carreteras, aquí el único recurso es el pueblo decidido a través de la insurrección, un derecho humano y en la Constitución”.
Por su parte, la Directora del Centro Presente en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Patricia Montes, señaló que, “Vemos que Honduras está expulsando a más gente a raíz de políticas que realmente no protegen los derechos humanos fundamentales de la población hondureña. Esta nueva caravana pone en evidencia que el Estado hondureño es un fracaso protegiendo los derechos humanos de las poblaciones, especialmente de las poblaciones más vulnerables”. Y añadió que espera que la caravana ponga en evidencia toda la inestabilidad política y económica que se vive en Honduras, y sirva para que la nueva administración de gobierno en Estados Unidos cambie las políticas hacia la región.
Violenta represión policial y militar del régimen de Guatemala contra migrantes hondureños
La orden fue del presidente de extrema derecha de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien responde directamente a los dictados de Washington
La miseria, la violencia política del Estado y del narcotráfico, industria a la que está ligado hasta el dictador Juan Hernández, son los gatillantes fundamentales de la multitudinaria caravana migratoria de familias enteras desde Honduras con destino a Estados Unidos. La marea de humanidad desesperada, en su caminata hacia un norte incierto, debe pasar por Guatemala y México. Pero el régimen de extrema derecha guatemalteco ya intenta bloquearla a punta de fusil.
La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos contra la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que buscan cruzar ese territorio. La orden fue del presidente de extrema derecha de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien responde directamente a los dictados de Washington.
El bloqueo policial y militar fue estructurado en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en una zona conocida como Vado Hondo.
La caravana, que salió desde este viernes 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras, avanza con más de cinco mil integrantes. Muchos fueron obligados a regresar por la fuerza desde Guatemala, pero la mayoría de la caminata de pobres sigue en Vado Hondo.
Caravana de migrantes hondureños retrocede por los golpes de porras y gases lacrimógenos
Los migrantes prefieren huir de la pobreza y el hambre que impera en su país. Foto: EFE
Un nuevo enfrentamiento se produjo entre las fuerzas de seguridad guatemaltecas y la caravana de migrantes hondureños, en el que la Policía volvió a emplear todo su arsenal represivo contra los caravaneros.
Horas antes, figuras de las fuerzas del orden dialogaron con los migrantes, buscando que estos se retiraran y, ante su negativa, se dio orden de desalojarlos. Ello generó un enfrentamiento con reportes de heridos por ambos bandos, con los caravaneros llevándose la peor parte.
Como resultado, la caravana retrocedió varios kilómetros, aún en territorio de Guatemala, toda vez que una parte de sus integrantes persiste en continuar su camino hacia los Estados Unidos, aunque no tienen claro cuál va a ser su destino inmediato, atendiendo a que las autoridades guatemaltecas les niegan rotundamente el paso, y es muy probable que enfrenten similar oposición de otros Gobiernos de la región.
No obstante, algunos miles de ellos han emprendido el camino de regreso a Honduras, agotados por el cansancio de varios días a pie y la represión de las fuerzas policiales y el Ejército de Guatemala.
En ese contexto, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala emitió un comunicado respecto a la situación de los migrantes hondureños que buscan pasar por el país rumbo a EE. UU.
El jefe de la institución, Jordán Rodas Andrade, se pronunció contra el uso de la fuerza empleada por el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, luego de que con palos y gases lacrimógenos dispersaran a los hondureños que entraron al territorio nacional de forma irregular.
El procurador manifestó “su alarma y preocupación porque autoridades del Gobierno central han desplazado contingentes policiales y militares para contener el paso de caravanas de personas migrantes provenientes de Honduras, incluso acudiendo al uso de la fuerza”, detalló.
Rodas Andrade subrayó que las personas migrantes “huyen de la desigualdad social, la pobreza y la violencia, y no pueden ser sometidos a tratos crueles e inhumanos en territorio guatemalteco”.
Para complicar más el contexto migratorio en la región, un grupo de al menos 300 salvadoreños ingresó a Guatemala de forma irregular y se sumó a la caravana de hondureños, según confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala mantienen una barrera en Vado Hondo, Chiquimula, para evitar que los migrantes continúen su trayecto hacia México.
La caravana de migrantes partió de Honduras el jueves y llegó a Guatemala entre el viernes y el sábado. Según el IGM, más de 6 000 hondureños ingresaron al país de forma irregular y más de 1.000 de ellos ya regresaron a su país.
CCC solicita a embajada de México respeto a los DDHH de migrantes
Tegucigalpa, Honduras.- El Estado hondureño no cumplió con las tareas pactadas en cuanto la migración, expresó David José del Carmen Jiménez González, embajador de México en Honduras, a representantes de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), que preocupados por los ataques contra miles de compatriotas que huyen en los éxodos masivos asistieron a su oficina.
Los defensores de derechos humanos solicitaron audiencia a los embajadores de México y Guatemala en Honduras, ante la situación de los últimos días con respecto a las miles de personas que huyen del país; sin embargo, el centroamericano Melvin Armindo Valdez, aún no les da respuesta, declaró a Defensores en Línea, Carlos H. Reyes, integrante de la coordinación nacional de la CCC.
Hasta la sede diplomática mexicana llegó el dirigente campesino Rafael alegría, el líder magisterial Edwin Hernández, como vocera del grupo la defensora de derechos humanos Berta Oliva, los compañeros Mario Membreño, Tomás Andino y yo, agregó Carlos H. Reyes.
Berta Oliva expuso el principal tema con respecto al trato que le dan a los y las hondureñas cuando atraviesan los países vecinos, donde se les hace muchas exigencias migratorias que caben cuando alguien va de turista o visita, pero no de alguien que va huyendo.
Se le explicó a la misión diplomática las causas sociales, políticas, económicas y todos los efectos de la pandemia y los huracanes de noviembre pasado que dejaron en una condición muy lamentable.
Además, se le explicó que el origen de esta crisis tiene que ver con el modelo neoliberal que se impone y ha dejado a Honduras como un país donde todo tiene que ver sólo con el comercio, compra y venta del exterior, el desempleo y suspensión de puestos laborales ocasionando una gran cantidad de personas desocupadas en lamentable situación, además en condición de dictadura, como es el régimen de Juan Orlando Hernández.
El embajador Jiménez tomó nota de todo lo que se le planteó -detalló Reyes- y muy diplomáticamente se refirió a la situación legal que hay en estos países con relación a la fuga humana y dijo que toda persona que llega un país tiene que respetar las normas y las leyes de esa nación y así es en todo el mundo.
Agregó Reyes que, el Embajador mencionó un acuerdo determinando como sería la migración, donde los gobiernos de Honduras, México, El Salvador y Guatemala hicieron una declaración y que Honduras no cumplió con las tareas que le correspondía.
La “Declaración Conjunta El Salvador, Guatemala, Honduras y los Estados Unidos Mexicanos” que en la parte introductoria dice: los gobiernos de todos los países con el fin de abordar de manera integral temas migratorios particularmente los relacionados con la migración, la seguridad, el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas, ante los flujos migratorios mixtos irregulares de personas migrantes que tienen como destino Los Estados Unidos de América, comunican su firme compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos de toda persona migrante, especialmente de aquellas poblaciones y mayores condiciones de vulnerabilidad y hacen un llamado para que la migración se realice de forma segura, ordenada y regular.
Prácticamente a eso se comprometieron los países, expresó Reyes, “a hacer una migración de forma segura, ordenada y regular”. La CCC afirmó que, aquí no se trata de una situación normal y que se requiere de otro tipo de actitudes de parte del gobierno mexicano por lo que esperan que no actúen de la misma manera que el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala.
El embajador David Jiménez afirmó que hará llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo expresado en la reunión con la Convergencia Contra el Continuismo, que de paso solicitaron una audiencia para hablar directamente con el mandatario azteca, ya que sólo se está atacando los efectos de este fenómeno y no se ataca las causas que están muy relacionadas con los Estados Unidos.
Es necesario reunirse con el presidente de México para que nos ayude como mexicano y como centroamericanos a afrontar este problema, porque la situación que se viene en Honduras está muy grave y el problema de lo que llaman “migraciones” va a seguir vigente.
Le dijimos al embajador “ojalá que no sea como el Mediterráneo un cementerio de migrantes”. Carlos H. Reyes
Penosa condición: ser un tercer país seguro
En septiembre de 2019, el régimen de Honduras firmó con los Estados Unidos el acuerdo de “Tercer País Seguro”, en Nueva York, que consiste en reducir el tránsito de migrantes a través del territorio hondureño. Guatemala, El Salvador y México ya habían firmado acuerdos similares.
El acuerdo migratorio firmado entre Juan Orlando Hernández y Donal Trump consiste en que migrantes nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos debían solicitar asilo en Honduras en su ruta a Estados Unidos o que al llegar a la frontera sur de los EEUU serían retornados a territorio hondureño para seguir con su proceso de asilo.
Ser un “tercer país seguro” fue la condición a la que se comprometieron los gobiernos con Estados Unidos, por lo que ha avanzado la frontera que tenía en el Río Bravo hasta lo que llaman “el norte de Centroamérica”, muestra de ello –agregó Reyes- es lo que hizo el gobierno de Guatemala con los hondureños el pasado domingo 17 de enero, los apalearon, gasearon y vilipendiaron, hacen lo que quieren.
Afirmó que los Estados Unidos no sólo divide a Centroamérica en Centroamérica del norte y Centroamérica del sur, sino que ahora con esto que acaba de pasar ya es un conflicto casi entre pueblos también, y esto es doloroso porque nosotros no quisiéramos ver que esta cuestión se agudice.
Le expusimos al Embajador que existe la necesidad de que en México -que ahora tiene algún tipo de liderazgo de nuevo en el continente americano con el nuevo gobierno con Manuel López Obrador- tal vez se pueda lograr con él una convocatoria para ver si estos pueblos centroamericanos se unen, por que de lo contario van a seguir haciendo con nosotros lo que quieren.
Son históricas las causas por las que está migrando masivamente el pueblo hondureño, una de ellas fue tras el paso del huracán Mitch (1998), una buena cantidad de hondureños salió del país. Estados Unidos acogió con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a miles de centroamericanos.
Esa opción se le planteó al Embajador mexicano -detalló el líder sindical- porque los Estados Unidos necesita anualmente casi 600 mil personas para trabajar en toda su industria y empresas, negocios y necesita cubrir esas áreas. Pero con relación a las causas del éxodo migratoria, son económicas, sociales y políticas.
Causas de la migración forzada
Económicas: porque con los tratados de libre comercio Honduras ha quedado como dicen abierto al mundo y es un país netamente importador casi no producimos, y lo que más exportamos es mano de obra.
Sociales: las condiciones en que se ha estado viviendo durante todo este tiempo se han agudizado por que los tratados de libre comercio han sido graves para nuestra economía, las privatizaciones y los fenómenos que están dando en este tiempo a que viene nada a complicar más la situación de los de los hondureños.
Políticas: que se han agudizado a partir del golpe de Estado de 20019.
Entonces se emigra por necesidad, no por ganas de hacerlo, nadie va a salir del país con sus hijos en esas condiciones que salen hondureños. Nos hemos exhibido ante el mundo en las condiciones que tenemos y lo peor es que no podemos dejar una dictadura que nos oprime.
Con los éxodos migratorios se está desnudando todo lo relacionado a la mala administración estatal, la corrupción, que no tenemos planes de desarrollo, que la política del país va orientado a favorecer al gran capital y no al pueblo, y todo esto logra más insatisfacción popular, aumenta el miedo y vienen unas elecciones que resolverán nada. Hasta por derrotismo la gente se va, considera Carlos H. Reyes.
Los masivos éxodos convienen a los más altos niveles en este planeta, porque uno de sus intereses primordiales es que la población del mundo se reduzca y tienen muchas formas para hacerlo. Las pandemias, huracanes contribuye. Y toda la gente que se va también le favorece incluso al régimen, porque ellos cada vez están en mejor condición de seguir comprando al pueblo a través de votos, y lo peligroso en este momento es que la situación no se maneje bien por la oposición política y todos los sectores sociales que están en contra del régimen, y se permita el continuismo.
“La dictadura está sacando ventaja de los masivos éxodos para seguir gobernando quizá la misma persona o colocar a otro en nombre de él, y esos seria loa más terribles que nos pueda pasar como país”.
Para la CCC una de la salida frente a este problema y pensándola corto, mediano y largo plazo es la unión de Centroamérica, porque países solos como Honduras, nunca van a salir de este atolladero “seguimos dando vueltas sobre el mismo problema, viene esta década y nos da el problema, viene la siguiente y es lo mismo, y se está repitiendo esta historia de desastres y situaciones inhumanas”.
Esta pandemia dejará al país más endeudado con enormes préstamos imposibles de pagar, generando más privatizaciones, que se construyan las ciudades modelos y todo lo que quieran, Honduras será condenado a desaparecer.
Reyes afirmó que la reunión con el embajador Jiménez fue muy valiosa, por qué se comprometió a responder según lo que diga el presidente López Obrador.
Para la CCC es un reconocimiento esta incidencia diplomática, además necesaria ante lo que se viene que no es nada no es nada fácil para Honduras.
Lamentablemente aún hay personas damnificadas por los huracanes, tirada en el suelo con niños, parte de esa gente es la que está huyendo y no les importa lo que se viene.
Mientras el régimen ha decretado emergencia nacional a lo largo del 2021, equivalente a la privación de derechos y garantías, incluso la libertad de movimiento y libertad de expresión, ensañándose con quienes salgan a protestar, dijo Reyes.
Mientras tanto, las transferencias económicas que envían los migrantes hondureños que residen en los Estados Unidos se ha convertido en la tabla de salvación de la economía nacional, por lo que las caravanas migrantes que iniciaron en octubre de 2018, representan de una u otra forma beneficio para el régimen, concluyó el integrante de la CCC, Carlos H. Reyes.
HONDURAS/ ONU CALLA BRUTAL REPRESIÓN A MIGRANTES EN GUATEMALA
- Publicado: 20 Enero 2021
Portadas y espacios de medios de comunicación en el mundo y distintas personalidades han condenado al gobierno de Guatemala por haber ordenado a sus militares y policías represión salvaje contra más de 9,000 civiles hondureños que en caravana avanzan hacia Estados Unidos.
Extraña en este contexto el silencio que en Honduras guarda la ONU a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Honduras (ACNUR). EL LIBERTADOR buscó la reacción de ambos y la negativa se diluyó entre colgar llamadas y lenta burocracia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando el pueblo hondureño aprenda a hablar, ningún organismo extranjero y nacional indiferente tendrá autoridad moral para corregirle el lenguaje rebelde. - Este día, Periódico EL LIBERTADOR buscó, sin éxito, la reacción de organismos internacionales de derechos humanos; queríase opinaran acerca del ataque criminal de policías y militares de Guatemala contra miles de hondureños civiles que en caravana iban por ese territorio de paso hacia Estados Unidos.
Medios de comunicación y diversas personalidades han condenado la ventaja delictiva del gobierno guatemalteco para agredir física y psicológicamente con toletes, escudos y gases lacrimógenos a un éxodo de más de 9,000 personas donde destacan niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, incluso lisiados en muletas y sillas de rueda.
Ante esa evidente violación masiva de derechos humanos, consignados en convenciones internacionales y suscritos por la mayoría de países del mundo, causa asombro y extraña que en Honduras guarda silencio la ONU a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Honduras (ACNUR).
Este periódico se comunicó por mensajes y varias llamadas afín de dialogar con estas instituciones creadas y financiadas para velar por la integridad de las personas y promocionar sus derechos escritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos: Migrar y movilizarse constan en esa normativa, nadie migra porque está feliz en su tierra, se huye por guerra, por violencia, por hambre, por proteger la vida, etcétera. Los activistas sociales saben eso de memoria, están cansados de dar esos seminarios en hoteles y en viajes por el globo terráqueo.
Pues bien, la encargada de la Unidad de Comunicación de OACNUDH informó que durante estos días han estado haciendo investigaciones, que están examinando los hechos para anunciar un posicionamiento del Alto Comisionado vinculado con otras oficinas del ámbito estatal (con el gobierno de Juan Hernández) para abordar la problemática.
Igualmente, exteriorizó que esta reacción toma tiempo, y que cuando se lleve a cabo, el público podrá estar al tanto y conocer la postura que tiene el Alto Comisionado ante esta situación. “Estamos atentos de hacer este posicionamiento y eso la verdad toma días. Saldría en el transcurso de esta semana, una vez que esté el posicionamiento público ya podrán conocerlo”, explicó.
Además, ha dicho que ellos como organismo encargado de cuidar los derechos humanos “han estado monitoreando todo el acontecimiento con la caravana de migrantes para así poder brindar ayuda y apoyos”.
Algo similar pasó con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Honduras (ACNUR), cuando por fin se logró que contestaran el teléfono, la Jefa de Comunicaciones, Wanda Villeda, dijo que ella no podría ofrecer ningún dato o informar sobre la temática abordada, “puesto que se requiere de un protocolo para poder hacerlo”.
Así mismo, en la breve conversación informó que el comisionado, Andrés Celis, se encuentra de viaje por los momentos, realizando otras gestiones y, que, por esa razón, no podía atender a la entrevista de Periódico EL LIBERTADOR.
Honduras, México y Guatemala firmaron un acuerdo con Estados Unidos denominado “Países Seguros” que consiste en no dejar pasar las migraciones de sus ciudadanos que huyen de la miseria y violencia, en función que rechazar y odiar a los inmigrantes fue siempre una de las estrategias de la reelección fracasada de Donald Trump. Esos convenios suelen ser protegidos por organismos como la OEA y ONU por temor a reclamos y perder financiamiento de Washington.
