Fiscalía en EE.UU tendría construido un caso por narcotráfico contra presidente de Honduras
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tendría ya construido un caso por narcotráfico contra el gobernante Juan Hernández y está buscando testigos en su contra, según la organización de sociedad civil Pro Honduras Network.
Tal afirmación se basa en un documento de 32 páginas con fecha del 5 de febrero de 2021 en poder de esa organización. A través de una transmisión en su página de Facebook, la organización dio a conocer parte del contenido de la página 10 de la carta enviada a un juez por la fiscalía.
“La corrupción en Honduras es endémica y dado el objetivo establecido, la asistencia del gobierno hondureño en apoyo a estos enjuiciamientos en curso apenas se ha recibido”, dice el documento.
Noticia relacionada Corte de EE.UU podría presentar cargos contra Juan Hernández
Entre los enjuiciamientos a los que se hace mención en el párrafo está el de Geovanny Fuentes Ramírez, quien en 2013 y 2014, según informe de la Fiscalía, se reunió varias veces con CC-4, a quien le proporcionó la suma de $25,000 a cambio de protección militar.
“El gobierno hondureño ha proporcionado solo registros limitados en respuesta a una solicitud de tratado de evidencia relacionada con Tony Hernández, y no ha cumplido solicitudes de extradición relacionadas con otros co-conspiradores acusados, y posibles testigos contra el acusado y CC-4, como el coacusado Mario José Cálix Hernández y el ex alcalde de Honduras Arnaldo Urbina Soto”, señala.
Los testimonios de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos y el contexto en el que CC-4 es mencionado en los documentos de la Fiscalía, por ejemplo, el apoyo con miles de dólares a su campaña presidencial, y el hecho que es hermano de Antonio “Tony” Hernández, entre otros, no dejan lugar a dudas de que se trata del gobernante Juan Hernández.
En otra carta enviada en febrero de 2019, la Fiscalía señala que, en el caso de Urbina Soto, Honduras no ha proporcionado información adicional y que el exalcalde de Yoro no será extraditado porque enfrenta cargos penales bajo la ley local.
Según la lectura realizada por Pro Honduras Network, la fiscalía también menciona las otras dos solicitudes de extradición de los hermanos Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, hermanos de Diana Urbina Soto alcaldesa del municipio de Yoro. Una quinta hermana se está postulando para diputada por el Partido Nacional, en la corriente de Nasry “Tito” Asfura.
“Hasta donde el gobierno tiene conocimiento, las autoridades hondureñas no han arrestado provisionalmente a ninguno de los dos hermanos”, señala la carta de la Fiscalía.
Urbina Soto, quien llegó a liderar la campaña presidencial de Hernández Alvarado, fue capturado en 2014 por el delito de lavado de activos y encontrado culpable tres años después; la sentencia en su contra de 16 años de reclusión fue emitida en diciembre de 2020.
La fiscalía neoyorquina presiona por su extradición y la de sus hermanos, ya que junto a Fuentes Ramírez (arrestado en marzo de 2020 en Miami) son posibles testigos que podrían declarar en contra de Juan Orlando Hernández.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández es el centro de una investigación judicial en EE.UU.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sería el centro de una investigación judicial en EE.UU., de acuerdo con información de la agencia Reuters.
Según documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tanto Hernández como otros "funcionarios de alto rango" están siendo investigados por las autoridades, según reconocieron fiscales estadounidenses durante el desarrollo del caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
El documento no especifica por qué se está investigando al mandatario hondureño, pero se conoce luego que en enero, Hernández fuera señalado por fiscales del país norteamericano de supuestamente proteger a Fuentes Ramírez a cambio de coimas.
En esa oportunidad, aseguraron que el mandatario "aceptó millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas y, a cambio, prometió a los narcotraficantes protección".
La relación con Fuentes Ramírez
Estas acusaciones vienen desde marzo de 2020, cuando un fiscal de Nueva York y un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) apuntaron contra Hernández, pocos días después de la detención de Fuentes Ramírez en el Aeropuerto Internacional de Miami.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Hernández y el presunto narcotraficante sostuvieron encuentros en 2013 (aún siendo diputado) y 2014, en las que se acordaron los sobornos para que el mandatario aceptase movilizar incluso a las Fuerzas Armadas de Honduras, en aras de proteger los negocios ilícitos con drogas.
El mandatario no es el único alto funcionario de sus país que las autoridades judiciales estadounidenses vinculan con el narcotráfico, su hermano y excongrersista Juan Antonio 'Tony' Hernández fue declarado culpable de narcotráfico en EE.UU. en octubre de 2019. En su juicio también se señaló al presidente como presunto perceptor de un millón de dólares, procedente de los negocios ilícitos del narco mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Luego, en abril del año pasado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó de narcotráfico y delitos con armas al exdirector de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre Bonilla'. Su caso tendría vinculación con el de 'Tony' Hernández.
Fiscales de EE.UU. vuelven a relacionar al presidente de Honduras con un narcotraficante detenido
Fiscales federales estadounidenses han reforzado con nuevos detalles sus acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de proteger al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de grandes sumas de dinero. La Fiscalía ya señaló a Hernández por este motivo en marzo de 2020, pocas horas después de la detención del mencionado delincuente.
El nuevo escrito de los fiscales, presentado a última hora del pasado viernes en un tribunal de Nueva York, se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, y en él se detalla la relación que le une al mandatario hondureño.
El texto no nombra explícitamente a Juan Orlando Hernández, sino que lo identifica como CC-4 (conspirador número 4). No obstante, su figura resulta fácilmente reconocible debido a las explícitas referencias a su cargo al frente del Ejecutivo de su país y a su relación con su hermano, Juan Antonio 'Tony' Hernández, declarado culpable de narcotráfico en EE.UU., en un juicio en el que también se señaló al actual presidente de Honduras como presunto perceptor de un millón de dólares procedente de los negocios ilícitos del narco mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
"Meterles drogas por las narices a los gringos"
Según los fiscales, Fuentes Ramírez habría mantenido reuniones con Juan Orlando Hernández en 2013 y 2014, y le habría sobornado para que aceptase movilizar incluso a las fuerzas armadas de Honduras en acciones destinadas a la protección de sus negocios ilícitos con drogas.
La Fiscalía también sostiene que, en esas reuniones, Hernández aseguraba que quería hacer creer al Gobierno de EE.UU. que Honduras luchaba contra el narcotráfico, pero que su propósito real siempre fue eliminar la extradición al país norteamericano y "meterles drogas por las narices a los gringos", en referencia a una supuesta voluntad de "inundar Estados Unidos con cocaína", tal como cita el documento.
Hernández, además, habría animado a Fuentes Ramírez a trabajar con su hermano, llegando incluso a mostrar interés en tener acceso a su laboratorio de estupefacientes.
El presidente de Honduras ha vuelto a negar todas las acusaciones, alegando que carecen de credibilidad al proceder de narcotraficantes confesos, que estarían tratando de vengarse de él y de reducir sus probables penas.
Por
su parte, Fuentes Ramírez está acusado de conspirar para enviar cocaína
a EE.UU. y de producir "cientos de kilogramos mensuales" de esta droga
–tal como consta en el escrito de los fiscales– , así como de ordenar el
asesinato de varias personas para proteger sus actividades criminales.
1.- Al borde del llanto, el cinismo de Juan Orlando Hernández llegó al extremo de afirmar en la apertura de la Cuarta Legislatura, que todas las acusaciones en su contra son resultados de su decisiva lucha en contra del narcotráfico. Negó que tuviera responsabilidad alguna en las acusaciones que se le hacen, e insistió en afirmar que “Nadie en la historia de Honduras ha luchado tan exitosamente contra el narcotráfico como mi gobierno”.
2.- Quien hace esas afirmaciones de que quienes lo calumnian son delincuentes, se lleva de encuentro a la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, y nos lleva de encuentro a las múltiples voces, entre las que nos contamos, que ratificamos que Juan Orlando Hernández ha convertido la institucionalidad pública en una estructura al servicio del narcotráfico y del lavado de dinero a través de los contratos y las concesiones públicas. Y sostenemos –en sintonía con los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York–, que él mismo ha liderado redes criminales basadas en el negocio de la droga.
3.- Además de narcotraficante, Juan Orlando Hernández lidera hoy, junto a los otros titulares de los poderes del Estado, un gobierno conducido por una banda de delincuentes y ladrones, que ha saqueado los bienes públicos, y los recursos de la nación y ha utilizado los diversos órganos operadores de justicia para borrar huellas, aprobar decretos y figuras jurídicas que absuelvan de culpa a quienes son señalados en el robo de recursos o en delitos de narcotráfico y lavado, incluyendo a su familia.
4.- Juan Orlando es narco. Y narco criminal es la estructura institucional en la que ha convertido a un Estado que es del pueblo hondureño. Y es de dignidad denunciarlo y de honor patriótico combatir para rescatarlo. Pero no solo es narco. Juan Orlando Hernández es un impostor y es un usurpador de la voluntad soberana. Se robó las elecciones, falsificó la voluntad del pueblo para apropiárselas. Con el fraude se burló de la ciudadanía y del derecho, cometiendo delitos electorales.
5.- Juan Orlando Hernández no solo es narco, impostor y usurpador. Es traidor a la Patria, cometió el delito de violar la Constitución al manipular la legislación y a los tribunales hondureños para reelegirse y suplantar al pueblo soberano, único que puede cambiar la Constitución de la República. Y con todo descaro, este individuo nos viene a decir que nos ocupemos de otra cosa, y no andemos inventando que seguirá reeligiéndose.
6.- Demandamos respetuosamente al gobierno del Señor Joseph Biden que se desmarque del respaldo que las dos administraciones inmediatamente precedentes le dieron a Juan Orlando Hernández, a extremos de que el fraude electoral de 2017 fue debida y expresamente refrendado por ese gobierno a través de la voz autorizada de la anterior Representante de Negocios de la Embajada de Estados Unidos con sede en Tegucigalpa, Sra. Coronel Heide Fulton.
7.- Siendo los anteriores gobiernos estadounidenses responsables directos de la continuidad inconstitucional en el poder público de este individuo y de su círculo de delincuentes, al cual se unen los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, a los que este régimen ha dado mayor rango y las posiciones de mando, demandamos respetuosamente la suspensión de toda ayuda militar a Honduras. Así como condicionar cualquier otra ayuda al desarrollo, a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y por el respeto a los derechos humanos y a los defensores del ambiente.
8.- Proponemos a la Comunidad Internacional, representada por las Naciones Unidas, la creación de una instancia que -con imparcialidad- contribuya a investigar y remitir a los tribunales de justicia, a quienes son debidamente señalados en actos de narcotráfico, corrupción e impunidad.
9.- Juan Orlando Hernández es enemigo de la Patria y de nuestro pueblo. Y llamamos a todos los sectores, organizaciones, fuerzas sociales y políticas, personas honestas e indignadas, de todas las condiciones a que sumemos energías y creatividades para impulsar un plan para presionar por su salida junto a la caterva de delincuentes y aduladores con cargos y funciones públicas que los convierte en corresponsables en el delito de abuso de poder y traición a la Patria.
10.- La mafia liderada por Juan Orlando Hernández nos tiene secuestrada a la Patria que es legítima, únicamente de los ciudadanos. Es de patriotas y de ciudadanos con dignidad, cumplir con la obligación y ejercer el derecho que nos da la Constitución de la República para recuperarla. Juan Orlando Hernández no es Presidente de Honduras, es un delincuente. Desconocemos sus mandatos como Titular del Ejecutivo, y ante un impostor solo corresponde la desobediencia civil. Esperamos que todos los funcionarios, dignatarios y oficiales dignos del Estado nos acompañen en este ejercicio.
11.- Con el debido respeto al proceso electoral y a todas las leyes que rigen al violado Estado de derecho, llamamos a todas las candidaturas a cargos de elección popular a unir su campaña proselitista a la lucha común, de todos, por erradicar la dictadura. Solo así lograremos juntar esfuerzos para alcanzar con éxito la liberación de nuestra Patria de esta ignominiosa dictadura.
Honduras, 27 de enero de 2021
Diputados de oposición piden juicio político contra JOH
- 15/01/2021
Por sus actuaciones contrarias a la Constitución y por ser vinculado en múltiples juicios de narcotraficantes, que se judicializan en Estados Unidos, diputados de oposición presentaron ante la Secretaría del Congreso Nacional, una petición de juicio político contra Juan Orlando Hernández.
Los diputados que solicitaron el juicio político contra Hernández son Luis Redondo, Jorge Cálix y David Reyes.
El diputado David Reyes, integrante de la bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), explica que la secretaría del Congreso Nacional tiene cinco días para dar respuesta y llevar a votación la petición de juicio político contra Juan Orlando Hernández.
“Nosotros hemos presentado esta acción facultados en la Constitución de la República, en el artículo 324 que habla del juicio político, que, para serle muy franco, no creo que vaya a tener los votos necesarios, se necesitan tres cuartas partes del Congreso -96 votos-, y arrancarle un voto al Partido Nacional va a ser una misión imposible”, precisa Reyes.
El presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, manifiesta que hay suficientes elementos para establecer un juicio político contra Hernández, por sus numerosas menciones en las cortes federales del distrito sur de Nueva York, por los innumerables casos de corrupción y por el manejo negligente de la pandemia.
Zelaya dice que ha hecho un llamado a todos los diputados del Partido Liberal para que apoyen la iniciativa de juicio político, a sabiendas que hay cómplices y afines al mandatario nacionalista.
En opinión de Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras, Hernández puede utilizar un juicio político a su favor: “cualquier cosa que se solicite es para taparle el “ojo al macho”, el problema es que son instituciones que las maneja él –Hernández-, él puede dormir el caso y más bien eso le puede servir para no ser extraditado”.
Por otra parte, ante las convocatorias a movilización, Nasralla considera que solo la paralización del país logrará la renuncia de Juan Orlando Hernández.
A criterio de Carlos H. Reyes, dirigente sindical e integrante de la Convergencia Contra el Continuismo, es necesario que el pueblo organizado y no organizado entienda que “no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está pasando”.
“Ser indiferentes es ser cómplices, es una traición a nuestro país, independientemente de quien convoque, debemos de sumarnos a una lucha que haga funcionar la institucionalidad, sino hay que seguir hasta que esta dictadura acabe”, expresa Reyes.
De acuerdo al artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, una de las causales de un juicio político son la denuncia grave contra un servidor público, cuando en el desempeño de su cargo, realiza acciones orientadas a ejercer actividades ilegales o recibir beneficios de negocios incompatibles con las funciones y responsabilidades que le competen, así como aquellas que impone sobre otros, para lograr objetivos personales fuera del marco legal debido a su superior posición como autoridad del Estado.
Congreso Nacional da largas a juicio político contra JOH
- 21/01/2021
En la sesión de pleno de este jueves 21 de enero, la Junta Directiva del Poder Legislativo dio por recibida la petición de juicio político contra el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, la cual fue presentada la semana pasada por los diputados del PINU, Luis Redondo, David Reyes y Jorge Cálix de Libre.
Según el secretario del Congreso Tomás Zambrano, a partir del 21 de enero, se deben contar cinco días de acuerdo a lo que dice la Ley, para someter la solicitud a consideración por el pleno.
En ese sentido, luego de los cinco días, la Junta Directiva debe someter a consideración de la cámara, la propuesta, la cual debe tener el apoyo de las tres cuartas partes del total de diputados, es decir 96 votos.
Si la propuesta es acuerpada por 96 votos, entonces la Junta Directiva debe crear una comisión especial compuesta por 9 diputados para investigar los argumentos planteados en la petición, que servirán de base para la discusión del pleno, 30 días después.
Si la iniciativa no alcanza los 96 votos, entonces la misma será engavetada y no podrá ser presentada bajo argumentos similares en la actual legislatura (es decir en al menos un año).
El diputado del PINU David Reyes, es del criterio que hay pocas posibilidades para que la propuesta tenga éxito, porque no cuenta con los votos que requieren para pasar al siguiente nivel.
“Es una cuestión de números y el Partido Nacional ya cerró filas manifestando que no apoyarán la iniciativa. Quienes dicen que nosotros presentamos esto para que Hernández no se someta al juicio, les digo que es un argumento absurdo, porque sabemos que no hay votos ni ahora ni nunca para someterlo, por eso queremos desenmascararlos”, contó Reyes.
En realidad, quienes se posicionaron públicamente a favor del juicio político, son las bancadas del PINU y Libre, en cambio los liberales y las demás bancadas se han hecho un llamado al silencio.
En números concretos, los promotores del juicio político solo cuentan con 34 votos (30 de Libre y 4 del PINU). “Este es un tema moral, al menos sabremos quienes en realidad están a favor de que se destituya a alguien que está vinculado con el crimen organizado y narcotráfico”, enfatizó Reyes.
Para el diputado hay suficientes argumentos para que se tomen decisiones desde el Poder Legislativo, pero también es consciente que este poder del Estado, se encuentra en manos de cómplices en actividades ilícitas lideradas por Juan Orlando Hernández.
“Sabemos que muchos no romperán con Juan Orlando Hernández, porque muchos son cómplices y si lo traicionan serán perseguidos por la justicia que ahora los protege, entonces es difícil que esto suceda”, subrayó el congresista.
En cinco días la Junta Directiva someterá a consideración la propuesta de los diputados, y será en ese evento que se sabrá con certeza quienes apoyan y obstaculizan la iniciativa.
Honduras, amenaza de continuismo
El presidente Orlando Hernández cumplió siete años en el poder, aunque dice que no se presentará de nuevo a las elecciones de noviembre 2021, muchos dudan…
Los fines de los hombres muchas veces son meras esperanzas, pero los medios son realidades controladas por algunos hombres. Esta es la razón de que los medios de poder tiendan a convertirse en fines para una minoría que tiene el mando de ellos.
C. Wrigth Mills
El presidente Juan Orlando Hernández (JOH), cumplió siete (7) años en el poder, a los que se le suman 4 (cuatro) años como presidente del Congreso de la República en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013). Aunque ha empeñado su palabra que no se presentará de nuevo a la contienda electoral de noviembre 2021, aprovechando una aberración jurídica que permite la reelección presidencial por encima de preceptos constitucionales, los candidatos de partidos de oposición dudan de ello, en tanto todavía no se han cumplido las garantías exigidas.
El primer lugar, la aberración jurídica de la reelección presidencial nunca se cerró, y quedó abierta, pudiendo JOH apelar de nuevo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde el Partido de Gobierno tiene mayoría, para que se autorice su participación en las elecciones generales de 2021. Ello se justificaría, aun cuando, en las elecciones primarias previstas para marzo de 2021, se elija un candidato de dicho partido, que por los vientos que soplan será Nasry Asfura, actual alcalde de la ciudad capital, que cuenta con respaldo de JOH.
El problema es que Asfura tiene cuentas pendientes con la justicia, que, de comprobarse, sería inhabilitado como tal, dejando el puesto vacante, pero más que eso, un “vacío político” que solo puede llenarse por quién tiene los medios para hacerlo: el máximo líder, más allá del reclamo del candidato perdedor, Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional.
En segundo
lugar, a pocas semanas para celebrar las elecciones primarias (14 de
marzo de 2021), crecen los rumores que JOH y un grupo de diputados y
alcaldes afines, empresarios benefiados con contratos, pastores
evangélicos y periodistas tarifados, que el gobierno autorizará,
mediante comunicado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(SINAGER), la suspensión de las elecciones internas. La justificación a
mano es desbordamiento de los casos Covid-19 y las muertes, que suman
144,992 casos confirmados y 3,549 muertes desde que inició la pandemia;
evidenciándose un aumento en la medida que se realizan mayor número de
pruebas. La preocupación es mayor, cuando ofialmente la Ministra de
Salud, Consuelo Flores, comunicó a la Mesa Sectorial de SINAGER, la
urgencia de suspender concentraciones y reuniones políticas
La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, también se muestra a favor de endurecer las medidas de control para un mayor confinamiento de la población, pero que cubra un par de semanas y no afecte la celebración de las elecciones. Da a entender que el gobierno lo que quiere es que el confinamiento se autorice en fechas próximas a las elecciones, por lo que no se tendrá otra opción que suspenderlas, generándose una nueva crisis política de magnitudes insospechables para la economía y sociedad hondureña, que posibilite el uso de la fuerza y continuidad del régimen de gobierno en conjunto con las FFAA.
La percepción sobre la suspensión de las elecciones primarias, es alimentada además por la falta de aprobación de una nueva ley electoral por el Congreso de la República, retrasos en la entrega de la nueva tarjeta de identidad y los riesgos de votar con identidad vieja y nueva, la no transferencia de fondos públicos para blindar las elecciones primarias y generales, el fallido proceso de licitación para la contratación de una empresa extranjera responsable de automatizar el proceso y divulgación de los resultados, asignación y uso de credenciales para los representantes de los partidos en las mesas electorales y dudas por el eventual retraso de entrega de actas por el conteo manual de votos, que justifica la falta de credibilidad.
No
obstante, desde los partidos de oposición política, especialmente,
Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Liberal, incluso de un grupo de
candidatos a diputados y alcaldes por el partido nacional (en su
mayoría pertenecientes al movimiento de Mauricio Oliva), la apuesta es a
favor de celebrar elecciones primarias y escogencia de candidatos para
las elecciones generales
Entre las decisiones y acciones tomadas destacan: a) campaña política en todo el país según manda la ley electoral vieja y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE); b) denuncias de las maniobras del Partido Nacional y JOH, por boicotear y desnaturalizar los comicios primarios de elección popular; c) propuestas de expertos en salud para la vigencia de una nueva estrategia de combate al Covid-19 y medidas de confinamiento selectivas y graduales; e) integración de las dos fuerzas políticas mayoritarias de oposición en los órganos electorales, a efecto e evitar cualquier boicot del proceso electoral; f) un mayor acercamiento con miembros de la mesa SINAGER para que no cedan a las presiones del Ejecutivo, orientadas a boicotear y suspender las elecciones primarias; g) denuncias a nivel internacional sobre estas maniobras y las implicaciones que tendrían para el país, en una coyuntura económica y social no muy favorable.
El cambio de administración en EEUU, es un factor que afecta las pretensiones reeleccionistas de JOH, ya que Joe Biden ha puesto como puntos prioritarios de su agenda para la región centroamericana y los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), el combate del narcotráfico, corrupción y pobreza, siendo Honduras y su gobierno uno de los países más cuestionados. En corrupción, el último informe de transparencia internacional, sitúa al país en la posición 157 de 180 países en el mundo, en Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), cayendo 11 escalones en la posición mundial, la más baja registrada en la serie histórica. En el caso de narcotráfico, el mismo presidente JOH ha sido mencionado de estar involucrado, conjuntamente con su hermano, “Tony” Hernández, que espera sentencia en New York. Y la pobreza fácilmente superará el 70% de la población hondureña en 2021.
En este marco, puede ser que JOH le apueste, efectivamente, a un nuevo triunfo del partido nacional con Nasry Asfura a la cabeza, o a una alianza política con uno o más partidos de la oposición, agrupando primero a la mayor parte de los llamados partidos “chingaste”, o de maletín, que se multiplicaron como “ratones” para participar en los comicios de noviembre próximo; una manera de protegerse, incluso cediendo el poder a otro movimiento político bajo condiciones pactadas. Aunque, tal como ha sido denunciado, la apuesta sea al fracaso de las elecciones generales, no las internas, ya que todavía la nueva ley electoral no ha sido aprobada (especialmente lo de la segunda vuelta) y existen dudas sobre el proceso de enrolamiento que, según Salvador Nasralla, nació y sigue viciado.
A
eso se debe el esfuerzo del gobierno por hacer ver a la población los
logros alcanzados en el tema de seguridad, donde, según cifras
oficiales, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes bajó de 79%
en 2013 a 37% en 2020. Se suma a ello, los aplausos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por los logros en materia de estabilización
económica que, según el gobierno, es lo que ha permitido tener mayor
credibilidad frente a la banca internacional para obtener recursos que
posibilita enfrentar los efectos del Covid-19 e impactos de ETA i IOTA;
aunque no dice nada del creciente endeudamiento público, crisis de la
ENEE, inseguridad alimentaria, pobreza y migración masiva, que pasará
factura al nuevo gobierno. Pero también, según las declaraciones
públicas, apoyo a una política más activa (en monto de recursos y número
de beneficiarios) en términos de crédito para el agro a bajas tasas de
interés y de construcción de viviendas para familias de menores
recursos, poco visible en años anteriores.
Siguatepeque, Honduras, 1 de febrero de 2021
Incertidumbre se vive en Honduras de cara a elecciones
- 13/01/2021
En la medida que se acercan las elecciones Primarias de marzo, el ambiente se torna más incierto sobre lo que enfrentará el país en materia electoral, hay varios sectores que han salido al paso a denunciar que existen diversos planes en marcha, lo cual debe ser motivo de atención ciudadana.
En una entrevista con Radio Progreso, el abogado Tony García dijo que según información que él maneja, hay un escenario que puede tomar forma luego de las elecciones Primarias de marzo, el que consiste en conformar una alianza de oposición integrada por varias fuerzas conservadoras para enfrentar al Partido Nacional en las Generales de noviembre.
Según García, quien además es candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el plan tendría la bendición de la nueva administración del Gobierno de los Estados Unidos, la cual pretende apoyar a esta coalición dejando por fuera a su partido.
Este escenario para García busca ofrecer una salida conservadora a la situación del país y no un proceso de transformación profunda.
Otro escenario que ha sido denunciado en las últimas horas, es el del abogado y dirigente liberal Eduardo Martell, quien en declaraciones a medios de comunicación, comentó que desde el oficialismo que dirige Juan Orlando Hernández, hay negociaciones privadas para preparar su continuidad.
Para Martell hay varias fuerzas de oposición que están siguiéndole el juego al oficialismo, que no descarta la suspensión de las Primarias y abrir el camino a través de reformas electorales a la inscripción de Hernández como candidato a la Presidencia del país por un tercer periodo consecutivo.
Martell dijo que en las negociaciones que por ahora son de carácter privado, hay integrantes de Libre, Partido Liberal y sectores del nacionalismo interesados en abrir esa puerta para el continuismo.
Para el dirigente liberal, Juan Orlando Hernández solo puede salvarse de las acusaciones por narcotráfico que se desprenden de Estados Unidos, mediante la inmunidad que le otorga ser el titular del Ejecutivo en Honduras, es por tal razón que el poder para él es un asunto de vida o muerte.
En este momento las fuerzas políticas se mantienen en reuniones privadas para afinar los detalles de la nueva Ley Electoral, la cual en el caso de encontrar los acuerdos del caso sería aprobada en las próximas horas por el Congreso Nacional.
Para Martell a través de estas negociaciones privadas se espera sentar las bases para una posible maniobra electoral del actual titular del Ejecutivo, por eso la oposición debe mantenerse en alerta permanente.
Desde la óptica del abogado Tony García, Juan Orlando Hernández tiene la intención de continuar en el poder, y afirma que debe estar buscando los caminos que le permitan ese propósito.
García recalcó que a pesar de las intenciones de Hernández, no es una tarea fácil, pues el descredito producido por las múltiples acusaciones de narcotráfico por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, le ha generado pérdida de legitimidad a nivel nacional e internacional.
El descrédito obstaculiza sus intenciones de cara a continuar en el poder, pero a pesar de eso, Tony García comentó que hay que estar vigilantes del desarrollo electoral y político que le espera al país a lo largo de este 2021.
Tres años después del fraude electoral, los presos políticos siguen sujetos al proceso penal y la impunidad estatal se fortalece
La Convergencia Contra el Continuismo, el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos en Honduras, y los familiares de los criminalizados, ante los juicios programados para este 2021 con suma preocupación manifestamos:
A. Antecedentes.
Este 27 de enero de 2021, se cumplen tres años de la asunción
inconstitucional de Juan Orlando Hernández. Y tres años en los que 178
ciudadanos y ciudadanas que con vocación democrática son sujetos de
prolongados procesos penales ilegítimos.
Miles oponentes políticos hicieron valer su derecho constitucional a la desobediencia civil y salieron a las calles a denunciar el fraude electoral y violaciones a la Constitución de la República, en un contexto altamente represivo instalado en el país desde el Golpe de Estado de 2009.
Los militares salieron a las calles a reprimir manifestantes y elaborar perfiles de los liderazgos operativos de las protestas. De esta forma 24 manifestantes fueron asesinados en el marco de la suspensión de garantías constitucionales. 14 fueron víctimas de asesinatos selectivos, más de 200 resultaron heridos, y 1,675 detenidos, incluso menores de edad.
B. Procesos penales
Pese a que la Constitución garantiza la separación de Poderes, existen
injerencias por parte del Poder Ejecutivo que obstaculizan la
imparcialidad del proceso judicial en los casos de los 178
criminalizados. Este Comité Pro Liberación de los Presos Políticos en
Honduras, ha documentado graves violaciones a las garantías del debido
proceso entre estas:
– Derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio justo.
– Derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar
su defensa, incluyendo el derecho a comunicarse libremente y
confidencialmente con un abogado y tener acceso al expediente.
– Derecho a no ser obligado a auto incriminarse ni a declararse
culpable, el cual prohíbe toda forma de coacción, ya sea directa o
indirecta, física o psicológica tales como la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias en ciertos
casos
– Derecho a ser juzgado por un Tribunal competente, independiente e imparcial.
Las acusaciones las instruye la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales. Esta Unidad tiene como labor prestar asesoramiento y orientación jurídica a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). No es competente para conocer casos por razones de ideas.
En su mayoría, los presos fueron remitidos a cárceles de Alta Seguridad (la Tolva y el Pozo) Las audiencia de declaración de imputado y las audiencias iniciales tuvieron lugar en las instalaciones del Ejército, donde funciona el Juzgado de Jurisdicción Territorial Nacional en materia Penal que lleva los casos, no obstante que carece de competencia para ello. Este juzgado solamente conoce los casos del crimen organizado con base en una lista sellada de delitos establecidos en su ley, entre los cuales no aparecen los delitos por los que juzga a los Presos Políticos, que están acusados por La fiscalía de los delitos de incendio agravado y otros estragos, daños agravados y uso de material explosivo e incendiario comercial de fabricación casera, tenencia ilegal de equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional, atentado en perjuicio de miembros de la Policía Nacional.
En estos tres años la OACNUDH, la CIDH, Amnistía Internacional, la FIDH y los Relatores de Defensores de Derechos Humanos, han manifestado su preocupación por la falta de transparencia e imparcialidad de las investigaciones y los procedimientos penales en casos en los que no hay claridad respecto de la competencia de los juzgados y de las fiscalías, son ejemplo los casos de Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez. La acumulación de las penas mínimas que enfrentan por los tipos de delitos de los que se les acusa es de 12 años de condena efectiva, ante lo cual no hay derecho a beneficios aunque la condena sea baja.
Los Presos políticos ya han pagado un condena anticipada, se les decreto prisión preventiva, una medida que restringe completamente la libertad por delitos que en variados casos no es comprobado aún. El 4 de diciembre de 2020, la Sala V del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Rommel Baldemar Herrera Portillo, un Joven maestro de 24 años fue condenado de complicidad en el delito de incendio agravado la pena aun no le ha sido impuesta.
Víctor Joseth Castillo, guarda prisión preventiva en el Penal de la Ciudad de Choluteca, desde diciembre de 2019, las reiteradas solicitudes de revisión y sustitución de medidas han sido denegadas.
Las Organizaciones nacionales e internacionales que monitorean la situación de los derechos Humanos han observado que desde el año 2018, se desarrolla una fina estrategia de obstaculizar el ejercicio a la libertad de expresión y la protesta social, el uso de los órganos punitivos más severos como los juzgados penales nacionales y de competencia territorial, no solo es para los oponentes políticos, también para quienes defienden los territorios de las políticas y medidas económicas de extractivismo, así nueve defensores de derechos ambientales guardan prisión preventiva, sin posibilidades de defenderse en libertad.
El 18 de diciembre de 2020, la jueza Zoe Guifarro, del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, declaró sin lugar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, defensores del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Dos defensores del derecho a la tierra y al territorio, Víctor Vázquez y Noel Vigil permanecen en prisión preventiva desde diciembre de 2020, en la ciudad de Marcala.
Además, 22 criminalizados post crisis electoral permanecieron en prisión preventiva hasta dos años, en condiciones inhumanas, fueron sometidos por dos semanas a aislamiento total, restricciones al derecho de comunicarse con el exterior, falta de agua potable y comida, sometidos a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, privados de artículos básicos de higiene personal.
Ya es bastante grave que manifestantes estén criminalizados sin que se les garantice el debido proceso con impacto sobre sus proyectos de vida y el de sus familiares. La prisión preventiva en las condiciones descritas les ha causado daños permanentes a su salud física y emocional y daños a sus economías, los criminalizados no han logrado colocarse en sus antiguos empleos y nadie los contrata por sus antecedentes penales.
Mientras los miembros de la Policía Militar del Orden Público y la
Policía Nacional, responsables de la muerte de 24 personas, del daño a
la integridad personal de 200 manifestantes y de la discapacidad de al
menos 15 personas permanezcan en absoluta impunidad, sin que se haya
instruido cargos penales en su contra. La diligencia procesal de la
Fiscalía en contra de los presos políticos contrasta con la lentitud con
la que trata las denuncias por estas violaciones.
C. Exigencias
La Convergencia contra el Continuismo y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, reiteran su denuncia sobre el uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la protesta. Y hace un llamado a mantenerse alerta ante la apertura a juicios programados para este primer semestre de 2021. Juicios que serán realizados sin las más mínimas garantías procesales: para los 11 criminalizados de Pimienta, incluyendo a Lourdes Johana Gómez. 31 criminalizados de Las Vegas, Santa Barbara, incluyendo a cuatro defensores de Derechos Humanos. 35 criminalizados del Progreso, Yoro; Edwin Robelo Espinal Y Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez, en Tegucigalpa.
Las organizaciones Firmantes exigimos:
Garantizar el debido proceso, su publicidad e independencia judicial, así como asegurar las condiciones para la observación nacional e internacional del desarrollo de diligencias del proceso judicial, procurando los medios tecnológicos idóneos ante la pandemia COVID-19.
Reconocer la importancia de la legitimidad del derecho a la protesta y al ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 3 constitucional. Desistir del uso del derecho penal para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la libre manifestación.
Revocar las Medidas de Prisión Preventiva para de Víctor Joseth Castillo en Choluteca, los defensores de Guapinol y los defensores de la Tierra y el Territorio en el Departamento de la Paz.
Liberar inmediatamente a los presos políticos y cerrar los expedientes penales antes del proceso electoral de marzo de 2021. Los Presos Políticos son consecuencia del ejercicio fraudulento de elecciones. No hay democracia electoral con presos políticos.
Tegucigalpa, Honduras, 27 de enero de 2021
La
expulsión y el exterminio del pueblo Garífuna están planificados de
antemano. Sabemos que un pueblo sin su territorio, sin su identidad, sin
su cultura es un pueblo que está muerto.
Miriam Miranda, OFRANEH
Al pueblo a quien la Unesco le reconoció lengua, danza y música como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2001) y fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2008) es vejada históricamente. La ideología colonialista no le perdonó su resistencia permanente ante la inhumana esclavitud y su sobrio sentido de la dignidad y soberanía por la defensa de su tierra lo consideran una ignominia. Es de larga data los intentos de usurpar, saquear, vender y aniquilar sus tierras y en ello todo signo de vida que exista alrededor del pueblo Garífuna. Y, todo esto ante la mirada y silencio cómplice de aquellos que se jactan en presentarse como defensores de la democracia, libertad y derechos humanos como es el caso de la OEA, ONU, Grupo de Lima o la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet.
Como recordamos el 2013 la Comunidad Garífuna El Triunfo demandó al Estado de Honduras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de sus derechos de propiedad de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos. Sistemática violación puesta en marcha mediante la entrega de títulos de propiedad a empresas como Indaura Resort y Playa Escondida Resort lo cual resultó siendo un flagrante robo y saqueo de sus tierras.1 Todo en búsqueda de la expansión del monocultivo del aceite de palma, minería y demás actividades agroindustriales y extractivistas.
Según la CIDH: “el Estado [hondureño] es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros» y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó «la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y2006”. 2
Además
de la decisión a favor de la comunidad Garífuna la CIDH demandó al
Estado hondureño a: 1) reconocer las tierras de la comunidad y darles el
título de propiedad comunal; 2) regresar todas las tierras robadas a la
comunidad; 3) otorgar una compensación por los daños; 4) asumir un
compromiso de responsabilidad, ofrecer una disculpa pública y
comprometerse a respetar los derechos humanos
En esta serie de violaciones, recordamos aquel nefasto mes de julio de 2014 cuando, personal armado, secuestró a Miriam Miranda Coordinadora de OFRANEH. Fue a su vez Miriam Miranda quien señaló - cuatro años después de su secuestro, 2018 - que esperaba que no pasen 20 años sin que se cumpla la sentencia de la CIDH a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.3
Y, en ese contexto de impunidad en donde el abuso de poder del actual mandatario Juan Orlando Hernández, respaldado por los EE.UU. y legitimado mediante el fraude electoral, según fundamentadas denuncias de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil hondureña, el pasado 18 de julio fueron secuestrados 5 lideres garífunas del Triunfo de la Cruz por sujetos con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Militar: Alberto Snider Centeno Tomás, Presidente del patronato de Sitio de la Cruz; Suami Aparicio Mejía García; Rafael Juárez; Milton Joel Martínez Álvarez; Gerardo Mizael Rochez Calix.
Pero lo recuerda la Carta abierta exigiendo la presentación con vida de líderes garífunas víctimas de desaparición forzada, en el 2019 fueron asesinadas 16 personas y, dentro de un plan sistemático y sistémico de despojo y violencia institucional, decenas de comunidades indígenas sufren robo de tierras con el fin de favorecer a las megas corporaciones mineras, energéticas y del turismo depredador. Como sabemos, un año después del golpe de estado perpetrado en contra del ex presidente Manuel Zelaya (28/06/09), avalado una vez más por grupos de poder y los EE.UU., 120 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas.
Berta
Isabel Cáceres Flores se encuentra entre las víctimas. Lideresa
indígena lenca, feminista y activista medioambiental hondureña,
cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), ganadora del premio Shalom (Alemania, 2012), finalista del Premio Front Line Defenders
(Irlanda, 2014) y ganadora del Premio Medioambiental Goldman (2015).
Fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Todo parece indicar que las órdenes
para perpetrar el crimen provinieron de la compañía hondureña
Desarrollos Energéticos S.A. DESA en complicidad con el Estado
hondureño.
A la larga lista de abusos se enlistan comunicadores sociales – desde el 2003 – los cuales superan los 86 asesinatos en La Ceiba, Atlántida (Honduras). Es así que inobjetables crímenes contra la humanidad y los diferentes ecosistemas en Honduras forman parte de un estructurado plan de exterminio, saqueo y depredación violando todo principio normativo de la Declaratoria Universal de los Derechos Humano, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho Ambiental. Violaciones a derechos como a la igualdad, justicia, libre determinación, autonomía, autogobierno, a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, a la integridad física, mental y, entre otro derechos violados, el derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos [sin ser] sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo (art. 7,2).
Las denuncias ya están en acción. Diversas organizaciones demandan al gobierno de Honduras por los secuestros, y crímenes perpetrados diariamente entre los que citamos: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), la Organización Negra de Centroamérica, la Asociación de estudiantes Garífunas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Dirección de Pueblos Indígenas, entre otros.
Es así que manifestamos nuestra posición en la defensa de los derechos inalienables del pueblo Garífuna y hacemos eco al Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, 17 de julio de 1998), el cual se ha negado, desde todo punto de vista, a ser firmado por los EE.UU., Estatuto que reafirma que graves crímenes, como los vividos por el pueblo Garífuna, son una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
Por lo expuesto, nos aunamos a las voces que exigen, no sólo liberad para los lideres secuestrados, sino la máxima pena para los/as autores/as de los crímenes, por acción directa o complicidad, responsables de la sistemática persecución contra el pueblo Garífuna. Penas que deben marcar precedente en materia de derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad tipificados por el Estatuto de la CPI (Roma) como crímenes de genocidio y de lesa humanidad los cuales contemplan:
a. Matanza de miembros del grupo;
b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo;
f. asesinato;
g. exterminio; h. esclavitud;
h. deportación o traslado forzoso de la población;
i. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
j. tortura; i. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
k. Desaparición forzada de personas;
l. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física; m. crimen de apartheid; entre otros.4
Preguntamos a Elliott Abrams, responsable de atroces crímenes en Centroamérica y condenado por la justicia norteamericana por el escándalo Irán-Contra y ahora obstinado patológicamente con derrocar el gobierno democrático de la Republica Bolivariana de Venezuela asesinado a la fecha a más de 40.000 mil personas por las medidas coercitivas impuestas por el régimen de los EE.UU, tanto que le preocupa Latinoamérica ¿Tiene algo que decir?
Sabemos que la expansión agroindustrial, minero y energético extractivista es la columna vertebral del Consenso de Washington, pero ¿le interesa integridad del pueblo Garífuna? Este cómplice silencio debiera ser considerado crimen a todas luces censurado por el derecho penal internacional y todo tipo de tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales propuestos a favor de la defensa de la vida.
Finalmente, ¿Algún régimen que se ufana de defensor de la democracia, libertad y derechos humanos levantará su voz contra estos crasos crímenes contra la humanidad como lo hacen permanentemente contra gobiernos como los de Cuba y Venezuela en la región? ¿Será más fuerte la integridad de los miembros del CPI que las presiones de los EE.UU. para que sienten en el banquillo de los acusados a quienes les importa muy poco la vida sobre el planeta? ¿Alguien dice algo?
¡Los pueblos tienen la palabra!
Notas
1 Carta abierta exigiendo la presentación con vida de líderes garífunas víctimas de desaparición forzada, 22 de julio de 2020.
2 OFRANEH. Corte IDH condena al estado de Honduras por violar derechos colectivos del pueblo Garífuna. En: Rebelión. Dirección URL: https://rebelion.org/corte-
3 Castillo Fernández, Kenny. Miriam Miranda: “Que no pasen 20 años para cumplir la sentencia a favor de las comunidades garífunas” (22, 09, 18).
4 Estatuto de Roma, 17 de julio de 1998, art. 6 y 7.
Monitoreo de compromisos internacionales
Es el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos internacionales sobre libertad de expresión y en general sobre derechos humanos del Estado hondureño.
Garífunas ejercen el derecho de asociación y reunión desafiando la persecución y la muerte
Posted On Wednesday, 20 January 2021 21:04 Written by Heidy Dávila
Las comunidades garífunas aglutinadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, desde una perspectiva colectiva de derechos de asociación y reunión, le apuesta a la defensa territorial que ancestralmente les ha pertenecido con más de 200 años de cohabitarla y que mediante dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, se ha corroborado.
La Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP- ETNIAS) presentó en el 2020, una denuncia contra exfuncionarios registradores del Registro de la Propiedad, de la ciudad de La Ceiba, quienes omitieron deberes de su cargo al inscribir títulos a particulares dentro del título de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, del municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida.
Carlos Morazán, relacionador del Ministerio público, constató a pasosdeanimalgrande.com que hay un proceso que ya está en los juzgados por constituir una violación a los derechos humanos de los garífunas.
Selvin López, miembro de la OFRANEH, explicó que el derecho de asociación es una libertad para que la comunidad pueda ejercer la lucha territorial, pero que está siendo violentado por las amenazas, agresiones, criminalización y procesos judiciales, que deben enfrentar contra el Estado.
López, agregó que los líderes de la comunidad ya no están tranquilos cuando salen a plantones o marchas, ni en sus casas, debido a que sufren una persecución sistemática para expulsarlos del territorio, con la intención de que se vean obligados a migrar o desplazarse.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, emitió una sentencia el 08 de octubre de 2015, en el caso de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, de Tela, Atlántida, y sus miembros, en la que responsabilizó al Estado por la violación del derecho a la propiedad colectiva, la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como la violación de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. También este organismo interamericano sentenció que hubo violación del derecho a la vida.
Según los liderazgos garífunas esta resolución de la CorteIDH no se
ha cumplido por parte del Estado de Honduras, porque se sigue entregando
el territorio a empresas extranjeras y personas ajenas a las
comunidades.
Honduras registra más 153 mil contagios y más tres mil 500 personas fallecidas durante la pandemia
- 06/02/2021
De acuerdo al último boletín del gobierno, el número 34 del 2021, detalla que Honduras suma 153 mil 253 contagios de Covid-19 durante la pandemia tras los mil 28 nuevos casos registrados en el país.
Además, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager, informa que 25 personas más han sido confirmadas que murieron por la enfermedad elevando a tres mil 694 personas fallecidas.
Honduras registra que 61 mil 587 personas han logrado vencer la enfermedad.
A raíz de la alta incidencia de la pandemia Covid-19, las autoridades mantienen el toque de queda en todo el país y sigue restringida la circulación a cinco dígitos los sábado y domingos en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Atlántida.
Protesta del personal médico y de enfermería por pésima gestión de la salud pública
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Personal médico y de enfermería realizó este sábado un plantón frente al Patronato Nacional de la Infancia (Pani), en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa, en protesta por las precarias condiciones y mal manejo del sistema de salud durante la pandemia.
En los predios del Pani se encuentran varios módulos de los hospitales móviles comprados con una sobrevaloración millonaria y que siguen sin funcionar, como evidencia clara de la mala gestión de la crisis sanitaria que ha sido utilizada más bien para cometer actos de corrupción.
Las deficiencias en los hospitales públicos han impactado no solo a la población en general, sino al personal sanitario.
“Solo en este año llevamos ya ocho médicos que han fallecido por Covid y en general desde que inició la pandemia tenemos 68”, dijo la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa.
Mientras que el número de muertos entre todo el personal sanitario supera los cien, dijo la galena, en contraste con países como Costa Rica, donde se han registrado doce fallecidos entre el personal sanitario.
“No es el Covid el que los mató, los mató la corrupción, la incapacidad de este gobierno, la indiferencia de la gente que está viendo para otro lado”, dijo ante la ausencia de la población en la lucha anticorrupción. “Eso es lo que nos tiene en esta situación”, agregó.
Uno de los reclamos del gremio es la renuncia de las autoridades de Salud, “no podemos seguir en manos de los incapaces y de estos corruptos, definitivamente no podemos seguir en esta situación terrible”, dijo Figueroa.
La doctora Ligia Ramos, fiscal del CMH amenazó con retirase de los hospitales si el gobierno no cambia de ruta en el manejo de la pandemia que está matando a miles de personas y a cientos de profesionales de la salud.
La protesta no se debe solo a la cantidad de profesionales de la medicina que han fallecido, dijo por su parte el doctor Leonardo Sierra, “estamos para defender al pueblo hondureño, a aquel campesino de tierra adentro que no tiene posibilidad de comprar oxígeno”.
Antes de la pandemia, la situación de la salud pública en Honduras era un desastre, pero ahora es un desastre planificado para justificar la privatización, dijo el galeno.
“Sin salud publica no hay patria, sin salud pública no hay posibilidad de un desarrollo adecuado del pueblo hondureño”, pero ellos tienen su planificación y es la de hacer colapsar las instituciones públicas y la seguridad social, dijo Sierra.
Según el comunicado del 5 de febrero de Sinager, en lo que va del año han muerto 460 personas por Covid-19, sumando un total de 3,694 desde que inició la pandemia.
HONDURAS / 71 MÉDICOS Y 37 ENFERMERAS SUMAN LOS MÁRTIRES DEL COVID-19
- Publicado: 07 Febrero 2021
Desde
el inicio de la pandemia han muerto 71 médicos y 37 enfermeras, en
total son 108 y, ante ese panorama desalentador, el gremio reitera hasta
el cansancio que el país debe volver a una cuarentena estricta. Y esta
mañana han pedido que de una vez por todas, el manejo de la pandemia se
ponga en manos de científicos de la Salud.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La pandemia, la corrupción y la negligencia, se ensañan contra el personal de “primera línea”. En 72 horas murieron seis médicos y una auxiliar de enfermería, ya son 108 mártires que han perecido por el Covid-19 desde que el 16 de marzo de 2020 se documentara el deceso de la doctora América Peñalva.
El Gobierno nunca tomó en cuenta la opinión de los profesionales en la medicina, y desde que entregó la “libre circulación” el gremio alertó de un colapso mucho peor al visto entre junio y julio de 2020 y, trae a la memoria que desde el día uno, cuando exigían insumos de bioseguridad, han sido condenados.
Hoy los médicos están desamparados y en casos especiales, son los familiares los que han tenido que moverse en campañas y recolectas para salvar la vida a los médicos, como es el caso del doctor Noé Carías, hospitalizado por Covid-19 desde hace algunas semanas, a quien se le ha creado un espacio en la plataforma Gofundme.
Los últimos trabajadores que han perdido la batalla son: Marlen Starkman, Adalid Gálvez, Gustavo Vásquez, Luis Tirzo, Karen Tábora, y la enfermera Nora Calderón, ésta última destacada por haber sido jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital regional del Seguro Social en el norte del país.
Sobre el tema, el doctor, Marco Girón, lamenta que Honduras ha sido el país más letal de América Latina para el gremio médico, y de hecho, su colega Ligia Ramos ha comparado que Costa Rica, apenas presenta 10 decesos y que incluso el personal en “primera línea” ya está siendo inmunizado.
Y para el doctor Girón, el resultado de tanta muerte pasa porque no se ha fortalecido el sistema de Salud con los insumos básicos, porque a un mes de vivir con el virus ni siquiera se está utilizando la mascarilla correcta.
“Mientras ya el mundo está usando mascarillas N95, aquí nos están dando imitaciones de KN95, que no es efectiva para el personal de la salud tomando en cuenta de que recibimos una gran cantidad de pacientes con Covid y con cargas virales que al final va poniendo en riesgo la vida del médico”, alega.
Además observa que estos mismos países ya comenzaron a inmunizar al personal de Salud mientras que en Honduras aún no se tiene certeza de cuándo llega la vacuna y la única seguridad que hay es que el virus seguirá expandiéndose y exterminando al personal que está capacitado para salvar la vida.
Con nostalgia, el galeno lamenta los decesos de sus compañeros, recordando que la doctora Starkman fue una allegada: “Nos graduamos juntos, era directora del Centro de Salud del Manchen y falleció, otros compañeros de nuestra promoción han fallecido también. Nos sentimos como en una ruleta rusa”.
Negligencia en compra de vacunas, viola los Derechos Humanos de ciudadanía
- 05/02/2021
El defensor de Derechos Humanos y exdirector del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, Ciprodeh, Carlos Leiva, dijo en Radio Progreso que la negligencia gubernamental en la compra de vacunas contra la Covid-19, es una grave violación al derecho a la salud de la gente.
Para Leiva, esta situación es alarmante, porque el Gobierno no da luces claras de gestiones a favor de la adquisición de vacunas, y que en su lugar, solo esperan las donaciones de organismos internacionales.
Según Leiva, a estas alturas el Gobierno ya tuvo que haber comprado una cantidad importante de dosis para garantizar la inmunización de la ciudadanía ante la Covid-19.
Médicos pondrán denuncia internacional contra el Estado de Honduras por mal manejo de la pandemia
- 04/02/2021
El delegado en El Progreso, Yoro del Colegio Médico de Honduras, doctor Roberto Castellanos, dijo en Radio Progreso que van a proceder a interponer una denuncia ante los organismos internacionales por la ineptitud y fracaso de la política gubernamental ante la pandemia.
Castellanos dijo que hay mal manejo de la crisis donde prima la corrupción y el tráfico de influencias. Señaló que demandan la destitución de la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y la renuncia de todos los que integran la llamada Mesa Multisectorial.
El delegado del Colegio Médico señaló que Secretaria de Salud debería ser sometida a juicio, así como muchos otros funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández porque se han robado miles de millones de lempiras en nombre de la pandemia.
Con el fallecimiento, en las últimas horas, del doctor Luis Tirzo Sánchez de la Regional de El Progreso, suman 75 los médicos que han fallecido durante la pandemia.
El doctor Castellanos lamentó que muchos médicos estén muriendo así como mucha juventud del país. “Una doctora de 32 años murió sin padecer de enfermedades de base, todo por la alta carga viral a la que se enfrentan en los hospitales”, dijo Castellanos.
Corrupción: causa del fracaso en el manejo de la pandemia
- 15/01/2021
Honduras inicia el 2021 con un escenario sombrío en materia sanitaria. Los casos de Covid-19 van en incremento, y los tan ansiados y necesarios hospitales móviles no terminan de llegar ni de construirse en el país. La corrupción en el manejo de la pandemia y la impunidad institucionalizada siguen siendo los principales problemas en el manejo del virus, han asegurado analistas.
El doctor José Manuel Mateu, ex viceministro de salud explica que nos encontramos en lo peor de la pandemia, y recuerda el caso de la gripe española que entre 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. En esa ocasión la población se relajó, y fue en el segundo año cuando mayor cantidad de gente murió, porque dejó de tomar las medidas.
En el mundo la situación es crítica, pero en Honduras se están tomando medidas desacertadas para manejar la pandemia, cuestiona. “Ahora la epidemia está en su pico más alto, y los genios que están conduciendo la emergencia toman la decisión de hacer confinamiento a partir de las 9 de la noche, cuando nadie sale a esas horas. Creo que la economía debe ir de la mano, pero la vida humana no tiene precio”, señala el médico.
El ex funcionario de salud dice que los hospitales públicos y privados están saturados, aunque alguien tenga dinero no podrá ser ingresado porque no hay cupo, estamos en el colapso.
¿Nueva normalidad?
En el discurso oficial se nos ha dicho que los hondureños y hondureñas nos tenemos que acostumbrar a vivir bajo una nueva normalidad, sin embargo, para el doctor José Manuel Mateu, quienes afirman eso son irresponsables porque una nueva normalidad no significa exponer a la población para que se contagie de Covid-19.
El doctor Mateu señala que una de las medidas urgentes es que renuncien quienes han estado al frente de la pandemia, porque han hecho demasiado daño. Así mismo, opina que se debe volver urgentemente a los confinamientos parciales.
“Yo no creo que será una vez por semana la salida de las personas, pero probablemente podría ser un 33 o 50% de la población que, si salga a trabajar un día y al siguiente día otro 33 o 50%, con ello disminuimos el número de personas en la calle. El material de bioseguridad es indispensable y el material para médicos y enfermeras, porque así evitamos que se contagien. También es necesario que se equipen con oxígeno los hospitales”, dice.
Regreso a clases
Recientemente el Ministro de Educación, Arnaldo Bueso, señaló que en los primeros días de febrero se comenzaría con los pilotajes en áreas rurales del país para identificar si es factible retornar de manera presencial a las aulas de clase.
Sin embargo, el doctor José Manuel Mateu, dice que no podemos hablar de pilotaje cuando no hay capacidad para garantizar material de bioseguridad en los centros educativos, mucho menos cuando gran parte de la población estudiantil tiene problemas de desnutrición.
“Un niño contaminado contaminará a gran cantidad de personas. Los niños y niñas gracias a Dios responden mejor al Covid-19, pero son portadores asintomáticos que llevarán el virus a sus casas y con ello incrementarán el colapso de los hospitales”.
El medico está convencido que el escenario en materia sanitaria en el país no es nada alentador. “Más confinamiento, incremento de muertes y a la larga van a terminar tomando medidas de cierre, que bien podrían ir tomándolas preventivamente. Ojalá no se tomen por cuestiones políticas”, dice.
José Manuel Mateu dice que, el principal desacierto en los tiempos de Covid-19 ha sido tener el gobierno que tenemos. Gente que se dedicó a politiquear y robar, y no a entender que se trataba de vidas humanas. “Tendría que morirse un familiar para que se sensibilicen las autoridades superiores, los tomadores de decisiones en el país”, dice.
También lamenta que en el país no exista justicia. Porque de lo contrario, ya estarían presos quienes compraron los hospitales móviles. La justicia debería haber iniciado procesos automáticamente frente a la gran cantidad de dinero que se ha mal utilizado en medio de la pandemia.
El médico se pregunta por qué quienes han robado en medio de la pandemia no se les ha metido presos, cuando la mayoría del pueblo hondureño sabe bien quienes son. “Por qué sigue la Comisión Interventora de INVEST-HN cuando su gran logro ha sido decir que encontró los hospitales, a pesar que su trabajo era echarlos a andar y haber dicho la verdad si lo que se pagó por ellos era lo real, pero solo han llegado a tapar la corrupción, como se hace en todos lugares donde hay Comisión”, finaliza.
MÉDICOS: SÓLO AUXILIO DE OMS Y FARMACÉUTICAS SALVARÁ A HONDUREÑOS
- Publicado: 06 Febrero 2021
Ante
las fallas y mentiras del Gobierno de Juan Hernández, el vicepresidente
de los médicos, Samuel Santos, insta a que la Comunidad Internacional
apoye a los hondureños para acceder a la vacuna contra el Covid, y
aconseja al régimen que pida perdón al pueblo y comience a dar los datos
reales de la pandemia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exsecretario de Salud, José Manuel Mateo, asegura que Honduras ha quedado fuera de los listados para recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer BioNTech por haber ocultado datos de la pandemia. Y ante ese contexto, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, ha destacado que desde un principio el gremio advirtió lo que ocurriría si no se daba un manejo transparente de la crisis.
Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha tenido que aclarar que Honduras no se encuentra en la “lista de emergencia” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recibir donativos de AstraZeneca, que según estimaciones sería entre 400 mil y 800 mil dosis.
NOTA DE INTERÉS: ¡URGENTE! OPS DESMIENTE A JOH, HONDURAS AÚN NO CALIFICA PARA VACUNA COVAX
Santos,
que ha sido un fuerte crítico de los desaciertos de los funcionarios en
el manejo de la pandemia, señala los “organismos encargados de la Salud
del mundo, trabajan con datos fidedignos, Honduras estaba dando datos
falseados, escondía los muertos, escondía el número de casos”.
Amplía que el manejo que se ha dado es como que “si en estos momentos Honduras se encontrará perfectamente bien, no tiene ningún problema”.
Recalca que incluso los datos de personal en primera línea están siendo manipulados, porque aunque ya se contabiliza más de 100 muertes, el dato oficial de la Secretaría de Salud es de 40. “El esconder información de este tipo en tiempos de pandemia, sólo se le pude ocurrir a alguien que no sabe de Salud Pública, que no entiende como se manejan estas cosas”.
El entrevistado recuerda que actualmente el país pareciera estar como en el dicho del extinto presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986) “tranquilo y sereno, no pasa nada, todo está bien. Aquí todo está bajo control. Y esto demuestra una vez más que la mentira tiene patas chingas y que se cae más rápido un mentiroso, que un cojo”.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / EMPRESARIOS MÁS RESPONSABLES QUE GOBIERNO CON VACUNAS
El galeno es reflexivo que los funcionarios deben deben abandonar la costumbre ladina de creer que “el mundo es tonto” y nosotros vivos, remarcando que los órganos como la OMS y las empresas farmacéuticas están llenas de personas destacadas en el campo médico.
Santos además ha recalcado que mientras Honduras se confiaba, todos los gobiernos del mundo hicieron los trámites para apartar lotes de la vacuna, a la espera que ésta fuera aprobada y avalada por la OMS, por eso le resulta indignante que países como México y Argentina que siguieron ese proceso ya están vacunando.
Lamenta que al Gobierno Hernández se le olvidó que el manejo de la pandemia no es el mismo al de los huracanes: “Donde la ayuda internacional se iba a volcar para Honduras y no es así”.- “Yo creo que deberían ser más sinceros y pedir disculpas a la comunidad internacional”.
Santos concluye que el régimen debe dar el número real de casos y muertes por Covid para que la comunidad internacional vea lo crítico que está el país para “de alguna manera, apalear el daño que hicieron con la mentira”. Lo anterior con la esperanza que la OMS pueda cambiar el cronograma de vacunación.
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, comparece este primer viernes de febrero 2021 para respetar la tradición de plantarse en la plaza La Merced. Estamos aquí para demandar al Estado de Honduras verdad y justicia por la desaparición forzada de nuestros seres queridos.
Ninguna de las familias ha decidido olvidar ni perdonar a los policías, militares y civiles responsables de ocultar, torturar y asesinar a más de 200 personas, hombres y mujeres de varias nacionalidades. No es cristiano perdonar eso sin saber la verdad. Y no es cristiano olvidar los hechos sin procurar la justicia. Ell@s desafiaron el militarismo entre 1980-1990, y de nuevo a partir del golpe de Estado de 2009. Su osadía, su dignidad y su memoria viven por siempre.
Entonces, con la certeza de conmemorar 39 años de esa lucha en noviembre próximo y con la fuerza moral de nunca haber abandonado nuestros principios y valores organizativos, es nuestro derecho opinar lo siguiente:
1. La mendicidad internacional de vacunas contra la Covid para inmunizar un porcentaje de la población hondureña es un acto de vergüenza. El argumento de lobby dictatorial para demandar vacunas gratis es lamentable. Ponen al frente el desastre provocado por las tormentas de noviembre y la precariedad de la economía nacional. Ese es un insulto. El mundo sabe que el desastre sanitario es provocado por el robo del dinero, por la asignación de la crisis a los militares represores y por la conducta criminal del narco-Estado sostenido por Washington y sus socios.
2. La muerte por Covid de 70 médicos de experiencia y de centenas de enfermeras y auxiliares de la salud es una pérdida física que tomará décadas reemplazar. Sus decesos son el resultado de un sistema de salud puesto por debajo de la prioridad militar. Sus muertes son producto de las condiciones precarias en hospitales y clínicas públicas, sin equipos, sin insumos, sin presupuesto. Es la consecuencia devastadora de dar el dinero público al chafarotismo que sostiene la dictadura, que defiende la criminalidad organizada.
3. El mismo 3 de febrero cuando el régimen fracasado y ruin paseaba en helicópteros artillados la imagen de la virgen de Suyapa, en abierta manipulación de la espiritualidad profunda del pueblo indígena hondureño, toneladas de drogas circulaban por el territorio rumbo a los mercados del Norte donde está ubicada la más grande lavandería de ese negocio de muertes. Para el pueblo sabio, ese decomiso de unos kilos en Colón fue siempre el mismo mensaje: en otras coordenadas pasaban en ese mismo momento toneladas, sin aviso ni control.
4. Honduras decide no aceptar la imposición de este modelo criminal. No podemos. No debemos continuar en esta tragedia. Que se los lleve la DEA, ya demasiado han servido a su causa y mucho es el daño que nos causan. ¡Fuera, fuera!
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 5 de febrero de 2021
Ayer viernes, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, como siempre hizo honor a la memoria de sus seres queridos. Y lo hizo con la demanda de siempre: verdad y justicia para poder alcanzar la paz.
“Aquí ninguna de las familias ha decidido olvidar ni perdonar a los policías, militares y civiles responsables de ocultar, torturar y asesinar a más de 200 personas de varias nacionalidades”, dijo el Comité de víctimas en un comunicado público.
No es cristiano perdonar sin saber la verdad. Y no es cristiano olvidar hechos sin procurar la justicia, afirmó la organización fundada el 30 de noviembre de 1982, en plena guerra sucia dirigida por Estados Unidos y la cúpula civil-militar de entonces.
Entre 1980 y 1990, más de 200 disidentes sociales y políticos fueron desaparecidos por las fuerzas armadas dirigidas por militares corruptos y asesinos. La totalidad de esos criminales continúan impunes.
Este tipo de negación de justicia ha provocado más de 30 nuevas desapariciones forzadas en el país a partir del golpe de Estado de 2009. Y son las fuerzas armadas las señaladas sin vacilación como responsables.
Dicho lo anterior, el Cofadeh aprovechó el primer viernes de febrero para expresar su opinión sobre otros grandes temas de actualidad que implican serias violaciones a los derechos humanos.
El comunicado critica, por ejemplo, la mendicidad internacional de las vacunas contra la Covid que la dictadura busca con retardo y con argumentos que dan vergüenza.
El lobby oficial, denuncia el cofadeh, está pidiendo vacunas gratis a Washington por las tormentas sufridas en noviembre y por la precariedad de la economía nacional. Y ahora busca en Rusia y en China, también.
El texto explica que esto es un insulto a la inteligencia internacional, porque el desastre nacional es provocado por el robo del dinero. También es consecuencia de haber puesto a los militares represores como administradores de la pandemia. Y es el fruto de la conducta criminal del narco-Estado sostenido por Washington y sus socios. Y que todo el mundo lo sabe. O sea, dejen de culpar a las tormentas.
En referencia a la muerte por Covid de 70 médicos de experiencia y de centenares de enfermeras y auxiliares de la salud, el Cofadeh consideró que es una pérdida social lamentable que tomará décadas volver a formar.
Al profundizar sobre este hecho, la organización humanitaria afirma que las muertes del personal de salud son el resultado de un sistema precario ubicado por debajo de las armas y de los militares. “Sus muertes son producto de las condiciones en hospitales y clínicas públicas donde faltan equipos, insumos y presupuesto. Esto es la consecuencia de dar el dinero público al chafarotismo que sostiene la dictadura y que defiende la criminalidad organizada”, remarca el Comité.
Entre los mensajes críticos adicionales referidos a las fuerzas armadas del golpe, del continuismo ilegal y de la pandemia mortal, el Cofadeh criticó la manipulación política de la virgen de Suyapa en su fiesta el pasado 3 de febrero.
Cuando el régimen fracasado lleva en helicópteros artillados la imagen de la virgen, en abierta manipulación de la espiritualidad profunda del pueblo indígena hondureño, algo terrible contra la fe cristiana está ocurriendo en otro extremo del país.
Uno de los ejemplos citados fue precisamente el decomiso de algunas drogas que circulaban por Colón rumbo a los mercados del Norte, donde está ubicada la más grande lavandería de ese negocio de muertes. Es decir, mientras la virgen era venerada en los aires, en tierra firme y en alta mar pasaban en ese mismo momento toneladas de alucinógenos, sin aviso ni control.
Frente a este cinismo que hace creer la existencia de una lucha frontal cuando en realidad se trata de falsas banderas, la organización humanitaria rechazó el método. Ese es un modelo criminal que no podemos aceptar, porque representa una tragedia para la población de este país, aseguró.
Al final del ceremonial por las víctimas desaparecidas hace 39 años y hace 11 años, las más recientes, el Cofadeh pidió a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que se lleve a los civiles y a los militares narcos, que se los lleve lejos porque ya demasiado han servido a su causa, y porque es mucho el daño causado a Honduras, incluyendo las desapariciones forzadas y los presos políticos.
Así transcurrió el viernes y así lo hemos resumido este sábado aquí en nuestra opinión editorial, esperando que el grito de la plaza La Merced sea siempre la expresión digna de una organización que reconoce la memoria como un valor colectivo que pincha hasta sangrar.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 6 de febrero de 2021
Giorgio Trucchi l Rel-Uita
Este 18 de enero se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.
El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.
El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.
También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.
Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en
Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el
Cofadeh1 son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de
suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.
Impunidad y desprecio
“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.
Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”2.
Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.
Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las
caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de
la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.
Complicidad del Estado
“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.
La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.
En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.
“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.
Contexto
Carlos Leiva-Defensor de DDHH: Para contrarrestar la narco dictadura se necesita reorganización de la lucha
Posted On Tuesday, 19 January 2021 23:59 Written by Dina Meza
Carlos Leiva, un defensor de los derechos humanos comprometido con el pueblo hondureño desde hace varios años, señaló que Honduras está viviendo los peores momentos de su historia y que si la lucha social no se reorganiza en este 2021, “Juan Orlando y su pandilla seguirán haciendo y deshaciendo en el país sin consecuencias”.
Este escenario que describe Leiva no es nada halagador porque además señala la falta de institucionalidad y la persecución a sangre y fuego contra quienes defienden derechos, criminalizando a las personas que se organizan para protestar contra las arbitrariedades del gobierno del Partido Nacional.
Hizo un esbozo de la situación en que está inmerso el sistema de salud donde la corrupción es galopante y los responsables de echarse el dinero del pueblo en sus bolsas están protegidos por un sistema de justicia selectivo que ataca a los defensores y defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales.
En su balance para el año 2021 destacó que la situación de la niñez y la juventud en cuanto al acceso a la educación en el 2020 fue una cosa tan terrible que va a impactar en el país por muchos años debido a que más de un millón no tuvieron la oportunidad de estudiar y el gobierno no hizo nada para evitarlo.
En relación a la violencia contra defensores de derechos humanos terció sobre casos emblemáticos como lo son los ocho defensores de Guapinol que están encarcelados y que no hay poder humano que los saque de prisión debido a la represión judicial que se ha establecido para favorecer intereses empresariales.
Asimismo la desaparición forzada de cuatro garífunas en julio de 2020 "nos regresó a la década de los 80 con esta práctica deleznable".
Se suman a este panorama oscuro contra los derechos humanos los encarcelamientos de personas de comunidades indígenas, como el caso de Víctor Vásquez, en La La Paz, y los crímenes contra Adán Mejía, de la etnia tolupán y Félix Vásquez, de la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, siempre en La Paz, a finales de diciembre del año pasado.
Uno de los señalamientos de Carlos Leiva es que se pretende someter al pueblo hondureño a través del temor, "nosotros vemos que la situación en el país en cuanto a derechos humanos no tiene mejora, porque quienes defienden sus derechos están siendo amenazados, vigilados y en precariedad su seguridad y la de sus familias, esto nos muestra que vivimos en una dictadura, que hace caso omiso a las recomendaciones de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH y otros organismos que no son escuchados por el régimen".
Como ejemplo de la arbitrariedad explicó que el nombramiento ilegal de la comisionada actual del CONADEH fue puesta en el cargo utilizando un mal procedimiento en su elección en el Congreso Nacional. por lo que es evidente que la situación no se va a resolver.
Nivel organizativo débil
Nos preocupa también el bajo nivel organizativo, esto se vio desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas que vino a destruir toda la matriz organizativa que había y se profundizó con los últimos gobiernos, nos está pasando factura, porque con el apoyo del gobierno de Trump, que conoció todo lo que hace Juan Orlando y su pandilla, se hizo de la vista gorda.
Vislumbró una tendencia de muerte, “de querer atemorizarnos, de pretender convertirnos en una sociedad sumisa, que las organizaciones no reacciones y que sea prohibido organizarse, se criminaliza el derecho se asociación, eso lo vemos con el Código Penal desde donde se penaliza a la gente que quiere organizarse y se baja las penas para los corruptos, ya vemos que se han liberado personas que tienen grandes responsabilidades”
Recomendó que con las dificultades que se presentan las organizaciones sociales deben retomar la lucha, “quienes trabajamos en derechos humanos debemos acompañar a estas fuerzas ´para poner en la palestra pública lo que está ocurriendo en el país”.
Criticó que hay una debilidad de la oposición que se está planteando solamente una lucha electorera, sin ninguna propuesta contra lo que está ocurriendo y no se tiene un planteamiento que proponga una solución a la crisis debido a que hay liderazgos desgastados.
PADRE JOSÉ LUIS VÉLEZ: TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA
por Rodolfo Cortés Calderón
El sacerdote católico José Luis Vélez García murió a los 85 años en la gracia del Señor en la sureña ciudad andaluza de Málaga, España, el 22 de enero del presente año. Sin embargo, más de la mitad de su vida la dedicó con profundo ejemplo a su misión evangélica en Latinoamérica, mayormente en Honduras, sirviendo en varias parroquias de Santa Bárbara desde 1966.
Vio la luz de la vida en el municipio de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León, España, el 6 de noviembre de 1935. Hizo estudios de Filosofía y Teología en España y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en Roma. Nosotros tuvimos la bendición de conocerle cuando en los años 80 trabajaba junto al padre Jesús María Aechu en la parroquia de Macuelizo, Santa Bárbara, tiempo desde el cual cultivamos una amistad muy cercana.
PROMOTOR Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
En 1983 bajo el influjo del Comité para la defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, surge en Santa Bárbara la Coordinadora de Derechos Humanos de Santa Bárbara, CODEHSBA, integrado por un equipo de líderes comunitarios campesinos, profesionales y religiosos con el objetivo de defender la vida y denunciar los excesos del régimen cívico-militar.
Eran los tiempos de la doctrina de la seguridad nacional, DSN, del mal recordado presidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986) y del militarismo trasnochado comandado por el sanguinario general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Eran tiempos de represión, asesinatos y desaparecidos en contra de jóvenes, campesinos y líderes comunitarios con mentalidad progresista a los que se acusaba de comunistas. Centroamérica era un polvorín. En Nicaragua gobernaba el revolucionario Frente Sandinista y la contra revolución aupada desde Honduras por los marines estadounidenses en Palmerola; El Salvador y Guatemala alzados en armas contra las dictaduras burguesas sostenidas por Estados Unidos y los militares locales.
El padre José Luis Vélez junto con María Dennis Dubois (QEPD), religiosa de la Congregación Nuestra Señora de Canadá, fueron dos grandes bastiones y orientadores para el equipo en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en Santa Bárbara.
El padre Vélez García fue para nuestro equipo una especie de albacea en el celoso cuidado de los magros fondos aportados por nosotros y los provenientes de la solidaridad internacional que siempre resultaban escasos para tan gigantesca labor de denuncia, pago de abogados y formación.
LA ASUNCIÓN DEL OBISPO “ROJO”
El 17 de marzo de 1984 asume como obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán en el occidente de Honduras, monseñor Luis Alfonso Santos Villeda, al que sectores oligarcas llamaban el “obispo rojo” supuestamente por sus ideas “comunistas”, aunque desde nuestro punto de vista y conociendo la inclinación de su familia, era por el color rojo de la bandera del partido Liberal.
En dicho acto que se celebró en la amplia plaza “Copán Galel” de Santa Rosa de Copán, se dieron cita altas personalidades religiosas, diplomáticas y políticas del país, entre ellos se encontraba el mal recordado Jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, que llegó en un helicóptero de la institución que en pleno estío se posó en el centro de la plaza bañando de polvo y basura a los miles de feligreses y funcionarios presentes. Esto indignó a todos los asistentes, además de su excesiva escolta.
Entre los que concelebraban tan importante acto se encontraba la curia pasionista de Santa Bárbara y con ellos el padre José Luis Vélez. Al momento de la comunión, los diferentes sacerdotes se desplegaron entre la feligresía y justamente al padre Vélez García le tocó el grupo donde estaba el general Álvarez Martínez, quien se levantó de la silla dispuesto a recibir la comunión y el padre Vélez, pasó indiferente y no se la concedió. Varios observamos este desaire.
Producto de nuestra fraterna amistad años después en una ocasión que nos juntamos, le preguntamos porque no le había dado la comunión al general Álvarez Martínez y él nos respondió: “y porqué se la tenía que dar”.
Cuando en este “país de Alicia del imperio”, eternamente militarizado, los milicos lo obligaban a pararse al conducir un vehículo, lo que le indignaba, cuando le preguntaban ¿para dónde va?, les respondía “para allá” y, al preguntarle, ¿de dónde viene? les decía “de allá”. Una personalidad que “atemorizaba” a los opresores.
Las últimas veces que compartimos con él fue a fines de la primera década de este siglo cuando nosotros trabajando para una organización de mujeres, apoyamos varios años las ferias del agricultor en Santa Bárbara y en San Nicolás, donde era párroco. Siempre animó a las comunidades rurales y campesinas de la parroquia a participar en estas ferias para mejorar su organización, producción y economía familiar.
El padre José Luis siempre fue franco, coherente y transparente en sus actos, por eso hemos deseado desde lo más profundo de nuestro ser dedicarle este escrito para que las personas que no lo conocieron de cerca sepan las grandes virtudes que abrigaba en su alma.
A sus familiares y amigos en España y a los miembros de la Congregación de la Pasión que fueron sus compañeros de sueños y de misión, les enviamos nuestras mayores condolencias a la vez que pedimos al Padre Eterno le conceda un lugar especial.
Gracias amigo. Haz sido un gran ejemplo de testimonio cristiano.
Pinalejo, Honduras, 25 de enero de 2021.
“SÓLO EL PUEBLO ES INMORTAL”, “AGUANTEN UN POCO” NOS GRITA NORMA Y YO NO SOY NARCO
“Asesinos confesos buscan reducir sus penas y nos presentan como los malos de la película", amigo la peli ya terminó y hay que abandonar la sala y el papel de mal actor. Dejen la basura, ya vendrán a llevársela, está por empezar: “Yo soy inmortal…porque yo soy el pueblo…y el pueblo es inmortal” de Georges-Jacques Danton.
Honduras hoy tiene las venas abiertas y sus hijos se van por las orillas en el plano cartesiano, niños que no han aprendido hablar ya saben qué es el gas lacrimógeno, la violencia, los gritos y las lágrimas de la madre, los que toman decisiones en este pedazo de tierra, con intento de civilización, deberían recordar cómo se les paraliza la cara cuando esas caravanas son internas.
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hace unas horas, dos ejércitos de pobres se han enfrentado, uno que recibe un sueldo y una pistola y, otro, que necesita comer y paz; los moteados guatemaltecos han sido superados por mucho, los derrotaron tropas de niños, mujeres, adultos mayores y esos hombres que se apostan en las esquinas con traje y corbata y no hayan empleo de albañil y de cuando en cuando cantan un himno de una patria que es abandonada, arrastran una bandera de un país donde el gobierno los despoja y los tira al foso de serpientes, no van alegres, pero van con la esperanza de una vida mejor, una, que les fue prometida aquí, y parece que la entregan allá en el norte.
Una
mujer llora y abraza a su hijo, después de la pelea intenta buscar
entre basura sus pertenencias que fueron tiradas cuando empezó el
bestial desalojo: “Yo no quería dejar mi país, pero allá no tengo anda
¿por qué no nos dejan pasar?” y se aferra a su vástago, como para
explicarle al mundo que lo único que busca es una oportunidad para él,
aunque la vida le cueste, porque no se migra por gusto en condiciones
tan adversas y con tantos enemigos en el camino, ni por vive, han
depravado tanto Honduras, que ya no hay motivos para seguir aquí, el
suicidio es colectivo y el mayor tesoro de la sociedad, la juventud que
se va por cientos y miles, no importa al empresariado catracho, sólo a
los grandes pensadores y a los estrategas de naciones.
Y el papel patético y lastimero de gobiernos como el guatemalteco y mexicano, ya sin Trump – que con acierto de loco los llamó hoyos de mierda—, están dispuestos a defender el mandato del patrón que ya perdieron, están como el esclavo que se acostumbra al grillete y no se lo quita ni cuando está solo; dañan a la gente de su mismo color ¿cuántas diferencias hay entre ese militar curtido y el migrante que se coloca enfrente? ¡El fusil! ¡Aaaah! el fusil… Y como los pueblos siempre se entienden, son las mujeres que salen a regalar comida y agua, que tampoco entienden la saña y el odio contra gente que solo quiere vivir, superarse y trabajar. Desde el cerebrito de Nelly se escapa un susurro “país seguro”, “país seguro”, mientras un “Nacho” polvoso la llama.
Esta noche que van cruzando nuestros hermanos, como si los dioses compartieran el dolor y el abandono de los migrantes, llueve, pero llueve lento y sufrido, al compás de los casi 10 mil hondureños que se van y continúan, porque estas “Repúblicas Bananeras” son creadas por la inexistencia de un capital que produzca y falta de gobierno humano e inteligente que administre la riqueza y la oportunidad para todos, aquí se hacen pobres, se producen a escala y en masa, la buena calidad de la miseria está garantizada desde el vientre, si por casualidad y no por planificación estatal cruza los cinco años, entonces deberá aprender a sobrevivir, como en una tierra de zombis, donde nadie siembra y siempre hay hambre y sed de sangre, donde la pobreza se vende como virtud frente al que es rico y no puede dormir. Lo último y que se guarda donde no se puede robar, es cantar el himno y empezar un viaje sin fin o con él.
Honduras hoy se desangra y sus hijos se van por las orillas en el plano cartesiano, niños que no han aprendido hablar ya dominan el llorar sin querer, saben qué hace el gas lacrimógeno, la violencia, los gritos y las lágrimas de la madre, los que toman decisiones en este pedazo de tierra, con intento de civilización, deberían recordar cómo se les paraliza la cara cuando esas caravanas son internas, no deberían olvidar que se acaban las Tafil y Melex, con el terror en el corazón que las puertas de sus casas se rompan y la guillotina los visite. Ese es el problema de la ignorancia y no leer la historia, son penados a vivirla una y otra vez y como va el cuento en estos parajes, la vivirán.
Pero
a veces en la tierra de los condenados, donde los altares de los
criminales son llevados todos los días a la pantalla chica como modelos a
seguir entre anuncios de comida rápida y no a la violencia; donde se
cree que HCH es Periodismo y el “Top 50” de Spotify son canciones de
“Bad Bunny”, parece que hay un ápice de salvación. En el trono del
Norte, se barre la casa de los cheles, ese gringo sucio y montuno debe
volver a su cueva, de donde salió alimentado por la ignorancia de Trump,
Estados Unidos comenzará un nuevo proceso y no es por amor a la
humanidad o porque son el “Capitán América”, sino por su propia
subsistencia que deben limpiar el patio trasero y con ello a los
monstritos que se formaron en el estercolero, esos bagres que han
engordado tanto que creen son delfines del poder o Moisés con los diez
mandamientos.
La congresista Norma Torres, es una de esas mujeres que llegó a un EEUU. distinto, donde un latino de origines humildes podía llegar a ser política y que hoy, la deja en una posición determinante, está justamente en la esquina de la balanza de la Temis, con una oportunidad real de procurar cambios en los “Shithole”, aquella niña que esta noche pasará frio, hambre e incertidumbre, no es muy distinta de quien ella fue. “Entiendo la agonía y desesperación que muchos sienten. Nosotros también estamos defendiendo nuestra democracia y constitución que ha sido pisoteada por un dictador. ¡Nuestro poder está en nuestro voto!” escribe la Congresista, mientras los 10 mil caminan sin parar.
Y mientras el mundo se mueve, Juancito choca en sus discursos y no es lo que consuma (seguramente), sino que su cerebro está procesando más rápido que su boca “El final, se acerca ya…” canta Sinatra y lo oye cualquier papo que no sabe que está muy lejos del personaje Siciliano de Mario Puzo; quizá nuestro sol dormido sea hoy el hombre más triste, recorrió la ruta del exceso, solo que sin la sabiduría que al final del camino nos promete William Blake, por más que se piense y se juegue con los dados divinos, ha llegado a su fin y es apenas el comienzo de la crucifixión, todos los amigos se alejan de uno en uno, alguien llama pero al otro lado nadie contesta, los amores se alejan y se dará cuenta que una de las máximas del poder es que no es permanente. Y duele…
Hoy tenemos una clase política sacada de un mal cuento de Disney, incapaz, sin estrategia inteligente y con moral retorcida, claman votos los ambiciosos y miserables de espíritu, embriagados de soberbia. Se para Juan frente a un grupo de 800 nuevos policías y lo primero que les dice: “Asesinos confesos buscan reducir sus penas y nos presentan como los malos de la película", amigo la peli ya terminó y hay que abandonar la sala y también el papel de mal actor. Dejen la basura, ya vendrán a llevársela, está por empezar: “Yo soy inmortal…porque yo soy el pueblo…y el pueblo es inmortal” de Georges-Jacques Danton.
