miércoles, 17 de febrero de 2021

HONDURAS: Señala diagnóstico: COVID-19 y los huracanes desenterraron vulnerabilidades de las mujeres // Mujeres protestan ante el parlamento por iniciativa de ley contra el aborto // Honduras se convierte en vanguardia de la contra ofensiva frente al derecho al aborto // Sentencias de los casos Pandora y Caja Chica de la Dama: ¿justicia o impunidad? // La CCC realiza visita de solidaridad y apoyo a la comunidad de Guapinol y a los defensores privados de libertad // A menos de 40 días, elecciones primarias en Honduras sin reglas claras // Presidenta del Colegio Médico: Sospechamos que quieren desborde de casos covid19 para suspender elecciones internas // Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras // ENTREVISTA AL EXPRESIDENTE DE HONDURAS Manuel Zelaya: "El resurgimiento de la ultraderecha en España es puro fascismo" // El país donde la libertad es una estatua

 

Señala diagnóstico: COVID-19 y los huracanes desenterraron vulnerabilidades de las mujeres

Posted On Wednesday, 03 February 2021 22:12 Written by Heidy Dávila

Señala diagnóstico:COVID-19 y los huracanes desenterraron vulnerabilidades de las mujeres

Las organizaciones que conforman la Plataforma 25 de Noviembre, presentaron el “Diagnóstico de las políticas públicas de la violencia contra la mujer y niñas en el marco de la covid-19 y los huracanes”.

Este evento virtual tenía como objetivo dar a conocer el impacto de la doble emergencia, los obstáculos y las limitaciones en el camino hacia la construcción de una nueva normalidad analizando las políticas públicas de prevención, atención y sanción del Estado hondureño.

En el análisis de contexto del diagnóstico se  evidenció que las mujeres en Honduras se desenvuelven en un sistema neoliberal excluyente, discriminatorio, racista y patriarcal que generó vulnerabilidades que la pandemia por covid-19 y los huracanes desenterraron,  demostrando que las mujeres a pesar de los derechos económicos y sociales siguen siendo “sujetas de segunda categoría”.

El documento  indica que los impactos del coronavirus y la presencia de los huracanes tuvieron como consecuencias múltiples desigualdades de pobreza y hambre, destrucción de los huertos familiares comunitarios, deterioro de los servicios sociales y ambientales profundizándose en la violencia contra las mujeres y niñas durante el confinamiento.

María Elena Méndez quien llevó a cabo la investigación, explicó que una de las consecuencias históricas del sistema patriarcal es el despojo de los bienes comunes y materiales donde a la mujer no se le ha considerado heredera o propietaria porque es algo que generalmente se le otorga al hombre, un común diferenciado es qué las mujeres buscan la seguridad, el bienestar a la salud y educación para los hijos,  mientras que los hombres  prefieren las propiedades y otras cosas materiales.

Las organizaciones evidenciaron que mujeres campesinas principalmente indígenas han documentado que las que tienen propiedades inscritas son muy pocas, las políticas públicas del sector agrario son sectorizadas para los varones con beneficios de acceso a créditos, tecnologías, implementos y bienes productivos.

Además, el autoritarismo y la militarización de grupos lícitos e ilícitos que controlan no sólo los territorios sino las decisiones del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, utilizando el fundamentalismo del poder a través de la religión, conllevan un retroceso en derechos humanos.

Las limitaciones que encontraron las organizaciones de mujeres fueron de carácter estructural pues la prevención de la violencia no fue prioridad en la agenda del gobierno , el autoritarismo y control del Poder Ejecutivo contribuyeron al  desmantelamiento del Estado de derecho, así como la instalación en la cultura de la “muerte sexista y patriarcal”, y la falta de una perspectiva de género en las instituciones. Tampoco tomaron en cuenta la discriminación  contra las mujeres.

Durante el paso de los huracanes algunas mujeres estuvieron incomunicadas y expuestas sobre techos, en refugios y zonas de alto riesgo por desbordamiento de los ríos, aisladas y con problemas de contaminación que provocaron enfermedades en la piel y gastrointestinales.

Asimismo documentaron la privatización de lo público que no sólo tiene que ver con la salud y educación sino con el sistema en donde no hay un acceso a todos los servicios básicos y sólo el 40 por ciento  de la población rural tiene acceso a servicios de internet y espacios públicos como parques, asambleas y cabildos.

El diagnóstico indicó que la corrupción e impunidad también es un indicador de los derechos de las mujeres porque debido a ello muchos casos quedan sin resolver como crímenes de Estado, porque se vuelve cómplice de los delitos de lesa humanidad.

Durante la pandemia y emergencia por desastres naturales, las iniciativas comunitarias para repensar una normalidad desde la perspectiva feminista, exigió una atención primaria para que se habilitarán líneas telefónicas que recibieran denuncias y asesoría legal, así como atención emocional en situación de crisis, acompañamiento en momentos de riesgo, además de solicitar a los operadores de Justicia agilizar las acciones legales.

finalmente, las propuestas de la plataforma 25 de noviembre para una nueva normalidad son:

  • Accesos a los bienes comunes para las mujeres.
  • Impulsar una política pública para el cuidado.
  • Desnaturalizar la violencia contra las mujeres y niñas.
  • Promover políticas públicas de seguridad para las mujeres donde la metodología desde abajo.
  • Demandar la implementación de políticas de salud sexual y salud reproductiva.
  • Impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos para las mujeres jóvenes.
  • Auditoría social.
  • Acceso a la participación política en igualdad de condiciones.
  • Cambios en espacios organizativos.
  • Impulsar acciones de incidencia política.


Criterio.hn
Cuatro femicidios en menos de 24 horas

Cuatro femicidios en menos de 24 horas se registran en Honduras

febrero 8, 2021 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años identificada como Alda Flores fue hallado el sábado pasado en una zona conocida como Marbella en Roatán, Islas de la Bahía, región insular de Honduras.

La última vez que sus familiares la vieron con vida fue antes de que se marchase a una entrevista de trabajo. El jueves pasado la reportaron como desaparecida a la Policía.

Según la información que ha trascendido en medios y redes sociales, la jovencita fue captada por un sujeto identificado como Danny Flowers, quien utiliza varios perfiles ficticios en Facebook para brindar falsas promesas de empleo.

Según algunas versiones, el hombre que la contactó para la falsa entrevista de trabajo fue a recogerla en una motocicleta.

El 28 de diciembre pasado, otra joven interpuso una denuncia en la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Coxen Hole contra un sujeto de entre 30 y 35 años al que identificó solamente como “Danny”.

La menor de 17 años dijo que el sujeto es “un conocido desde hace dos años” que llega a  un negocio a comprar y que se ofreció a conseguirle trabajo.

Ese lunes, a las 2:00 PM, el sujeto pasó por ella en su vehículo y la llevó al estacionamiento del Ministerio Público donde la agredió sexualmente. La amenazó con divulgar “en las redes para hacer dinero” las imágenes que supuestamente habían sido grabadas con una cámara ubicada en el techo del vehículo, según el testimonio de la víctima.

Pese a que la joven conocía al agresor y su posible ubicación, la DPI no realizó la captura que pudo haber evitado la muerte de Alda Flores.

Danny Flowers, según menciona el sitio Las Noticias Colón, estuvo preso por la violación de una menor de 12 años hace unos seis años atrás.

El caso de Alda Flores se suma a otros hechos violentos recientes que se han registrado en las últimas horas en Honduras, entre ellas la muerte de Keyla Patricia Martínez cuando se encontraba bajo custodia policial en el municipio de La Esperanza, y cuyas víctimas son todas mujeres.

Este lunes, en la aldea Corralito del municipio de Jutiapa, zona atlántica de Honduras, fue encontrada sin vida a la orilla de la carretera CA-13 una mujer de 48 años identificada como Leonor Cálix. Su cuerpo presentaba señales de abuso sexual y varios disparos.

Mientras que en el interior de una casa en el barrio Buenos Aires de Siguatepeque, en la región central hondureña, fue encontrada sin vida la joven Keyli Yamileth Hernández, de 19 años, quien recientemente se había graduado de secundaria y trabajaba en una ferretería.

El cuerpo de la víctima presentaba varias heridas de arma blanca.

“Me siento sumamente indignada por el asesinato de 4 hermanas hondureñas en diferentes lugares del país. El Estado de Honduras es responsable de la vida y de la seguridad de las personas. Exigimos inmediata investigación y castigo a los femicidas. Basta”, reaccionó la diputada Doris Gutiérrez, en una de las tantas publicaciones de repudio a estos hechos violentos contra mujeres.

Según el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), al menos 278 femicidios se registraron durante 2020 en Honduras, en base a los reportes aparecidos en medios de comunicación.

Los departamentos con mayor número de muertes son Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Yoro.


Radio Progreso

Ministerio Público sigue sin librar requerimiento fiscal en caso Keyla Martínez

  • 17/02/2021

A diez días del asesinato de Keyla Martínez, la familia y su equipo de abogadas siguen presionado para que se aplique la justicia de forma individual e imparcial a los responsables del crimen.

Hasta la fecha el Ministerio Público sigue sin librar requerimiento fiscal, argumentando que aún faltan los resultados de estudios practicados al cuerpo de la joven.

Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos aseguran que, existe suficiente carga probatoria y una prueba científica que establece que la joven fue asesinada. Es decir que, en un juicio, aunque la defensa de los policías haga sus apreciaciones es muy difícil que puedan desvirtuar el delito de homicidio, porque hay una prueba científica practicada por Medicina Forense.

La abogada de la familia de Keyla, Irma López, dijo en Radio Progreso que el Ministerio Público ha hecho un mal trabajo desde el levantamiento del cuerpo de Keyla, porque permitió que se manipulara la escena del crimen.

Además, señaló que los diversos testimonios de jóvenes violentadas por la policía pueden aportar en la búsqueda de justicia y en la no repetición de los hechos.

La madre de Keyla, Norma Rodríguez, insiste en que su hija no tenía motivos para quitarse la vida porque era una joven amada y feliz.

Doña Norma condenó el accionar de las autoridades que lejos de aplicar justicia están tratando de desviar el tema. La acongojada madre llamó a la ciudadanía a movilizarse pacíficamente exigiendo justicia para Keyla y todas las mujeres asesinadas en el país.


Honduras: Mujeres protestan ante el parlamento por iniciativa de ley contra el aborto

Posted On Friday, 15 January 2021 23:22 Written by Heidy Dávila

Honduras: Mujeres protestan ante el parlamento por iniciativa de ley contra el aborto

Organizaciones de sociedad civil en defensa de los derechos humanos de las mujeres ,  exigieron al Congreso Nacional desestimar la moción presentada por el diputado Mario Pérez, para imposibilitar una despenalización futura del aborto porque violenta los derechos sexuales y reproductivos, así como la Ley nacional y convenios internacionales.

El parlamentario  presentó una iniciativa de Ley para reformar el artículo 67 de la Constitución de la República el cual reza que  “al que está por nacer se le considerara nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley” y  en la propuesta de reforma incluye que “se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”.

Las organizaciones de mujeres y feministas se opinen a tal propuesta porque argumentan que lacera sus derechos, por tal razón el Movimiento de Mujeres  por la Paz Visitación Padilla –Las Chonas-  y  la red Somos Muchas,  realizaron un plantón este 14 de enero de 2021, frente al Congreso Nacional,  que impide que pueda legalizarse alguna vez el aborto,  violentando los derechos  las mujeres y niñas, según lo expresaron. 

Merly Eguigure, Coordinadora Nacional de Las Chonas, explicó a pasosdeanimalgrande.com que la propuesta violenta los derechos de las mujeres reconocidos en el ámbito nacional e internacional, que deberían proporcionar la decisión de realizar o no un aborto, pero que no haya otra persona que interfiera y forzadamente sea obligada.

“La moción niega la problemática de una gran cantidad de abusos sexuales que quedan en embarazos no deseados y que obligan a las mujeres a parir hijos que no buscaron y ni siquiera desearon, es increíble y vergonzoso que en el Congreso legislen con la biblia bajo el brazo y no con la constitución”, expresó la defensora.

Para Eguigure la acción atenta contra los derechos humanos “y por eso Mario Pérez es un enemigo de las mujeres”, y quienes respalden la moción respaldarían una propuesta descabellada porque el aborto es algo que existe y se ejerce, y con prohibirlo solo refuerzan que muchas mueran en condiciones nada saludables”.

Honduras es uno de los países centroamericanos que tiene prohibido el aborto en todas sus causales, considerándolo un delito. En el golpe de Estado se legisló para prohibir el uso y distribución de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, PAE,  lo que ha favorecido una tasa alta en abuso sexual a mujeres de todas las edades y en especial niñas.

El Equipo jurídico por los Derechos Humanos,  EJDH, a través de un comunicado  recalcó al diputado Pérez  que un embrión y feto no puede ser considerados como nacidos y que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la vida desde la concepción lo cual ha sido ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos .

El escrito presentado conllevan una violación  a los convenios internacionales , ya que no comprende los derechos humanos adquiridos en la Convención Americana y convención de Viena, que ya son parte de la normativa nacional y el Estado estaría incumpliendo, detalló el comunicado del EJDH.

También la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, manifestó su preocupación ante el proyecto de reforma constitucional . En un comunicado difundido recalcó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó que el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía.

Instó al Congreso Nacional a abstenerse de aprobar una reforma constitucional que contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo le exhortó a discutir proyectos de ley relacionados con el devenir de la vida y la salud de las mujeres,  con grupos feministas y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres en el país, así como a revisar a la luz de estándares internacionales la normativa que penaliza el aborto en todas sus modalidades en Honduras.

Comunicados contra la iniciativa de Ley 

Foro de Mujeres por la Vida Aquí 

Comunicado de la OACNUDH leálo Aquí 

Somos Muchas Aquí 

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Aquí 



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Honduras se convierte en vanguardia de la contra ofensiva frente al derecho al aborto

Las redes autodenominadas pro-vida celebran el blindaje de la prohibición del aborto en Honduras, ratificado el jueves 28 de enero por el Congreso hondureño. Mientras, feministas y organismos internacionales ponen en duda la legalidad de la reforma constitucional.

Juan Orlando Hernández

Sarah Babiker
30 ene 2021 10:52

El jueves 28 de enero el Parlamento hondureño ratificaba el decreto ley que, una semana antes, había blindado la prohibición del aborto y del matrimonio gay. Con una mayoría holgada las diputadas y diputados sancionaban lo que ya habían votado el 21 de enero: modificar los artículos 67 en el que se penaliza el aborto en todas las causales y que depara penas de cárcel de entre 2 y 8 años y el artículo 112 en el que se establece que el matrimonio es la unión formada por un hombre y una mujer.

La reforma, que se ha planteado como un “escudo contra el aborto” consiste en la introducción del requisito de que tres cuartas partes del Parlamento sean necesarias para modificar o reformar los artículos mencionados. Dicha disposición, en la práctica, imposibilita que Honduras —que junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam es uno de los seis países de la región en los que está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia— avance en derechos reproductivos.

La decisión se toma a un año del final de la legislatura en base a una propuesta del vicepresidente del país, Mario Pérez, que ya a principios de enero declaraba su voluntad de impedir futuros cambios en la legislación. “En Argentina ganó la izquierda y este tema rápidamente se puso en la agenda legislativa, en México ganó la izquierda, no creo que aquí gane la izquierda, pero es mejor estar con los cuidados para proteger a los niños”, avisaba poco después de presentar el proyecto de ley, solo dos semanas después de que la despenalización del aborto obtuviera la aprobación del Senado en Argentina. El mandatario agregaba: “Esta es una decisión que va en protección a la niñez, la alegría del mundo son los niños, la alegría de cualquier casa son los niños y debemos cuidarlos y protegerlos”.

Como recordaba Naciones Unidas, en Honduras cada año abortarían en condiciones inseguras entre 51.000 y 82.000 mujeres, y una de cada cuatro menores de 19 años pasan por un embarazo, teniendo el país la segunda tasa más alta en la región de embarazos adolescentes. Muchos de estos embarazos serían producto de violación e incesto. El país prohíbe incluso la píldora anticonceptiva de emergencia.

Entre el jueves de la aprobación y el jueves de la ratificación, el lunes 25 se celebraba el día de la mujer hondureña, en el que se conmemora el acceso al sufragio de las mujeres del país —el 25 de enero de 1955 votaron por primera vez—. La jornada se convirtió en un día de protesta ante lo que las feministas consideran una decisión aberrante y contraria a la legalidad internacional. El movimiento de mujeres valora denunciar al Estado por infringir sus compromisos con tratados internacionales de rango superior.

Ya el viernes 22, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla manifestaba en un comunicado su rechazo: “Repudiamos la manipulación por parte del oficialismo cachureco [conservador], ya que este es un problema grave de salud pública que, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, solo en 2019 se dieron más de 1.000 ingresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud pública y se dieron 882 partos en niñas de entre 10 y 14 años producto de violencia sexual”, denunciaban. 

Por su parte, el organismo garante de los derechos de las mujeres a nivel regional, el comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MeSeCvi), apuntaba que la reforma “implica una violación al principio general de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos y conlleva una vulneración a los estándares internacionales en la materia y al derecho a la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas“. ONU Honduras señalaba que la modificación colisionaría con el artículo 373 de la propia Constitución hondureña, que establece en dos terceras partes del Congreso (y no tres cuartas como se establece en la reforma ratificada el jueves) la mayoría cualificada.

Las colectivos LGTBI también han hecho pública su preocupación en un país donde las disidencias sexuales son, de manera creciente, víctimas de violencia. “Cada vez más Honduras se va convirtiendo en un país antiderechos, que utiliza nuestros cuerpos para hacer campañas políticas, que utiliza la orientación sexual y la identidad de género como herramienta de discriminación”, afirmaba la activista Indyra Mendoza en las redes sociales a través de la Organización lésbica feminista Cattrachas.

La maniobra del Parlamento hondureño ha desencadenado la solidaridad del movimiento feminista latinoamericano, multiplicándose los mensajes de apoyo y señalando a un movimiento anti-derechos muy activo en el continente.

Por su parte, el diputado Mario Pérez se ha visto acompañado por un movimiento “provida” beligerante que celebró desde el principio su iniciativa tanto a nivel nacional como regional. Así grupos ultraconservadores afines  no han escatimado felicitaciones por el logro de establecer que “se debe de respetar la vida desde su generación”, como enunciaba un comunicado de apoyo de los Congresistas provida colombianos, en el que se destacaba también que la reforma establece que el aborto no puede ser considerado un derecho. 

El apoyo desborda las fronteras latinoamericanas. La organización internacional Citizen Go, inicio una campaña de recogida de firmas que alcanzó las 25.000 y en cuya página festejaba la ratificación de la reforma el día 28 con un “¡¡¡lo conseguimos!!!”.

El lobby ultraconservador que financia grupos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, surge de la organización española Hazteoir.org, de corte ultraderechistas. De hecho, las felicitaciones llegaron también desde el Estado español, por parte de la diputada de Vox Carla Toscano, que luciendo una camiseta con la leyenda “non-born lives matter”, en un vídeo de twitter deseaba que el ejemplo se extendiese.


Presidenta del Colegio Médico: Sospechamos que quieren desborde de casos covid19 para suspender elecciones internas

Posted On Thursday, 28 January 2021 08:54 Written by

Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, denunció que podría utilizarse el desborde de casos por Covid-19 como argumento para suspender las elecciones internas de los partidos políticos programadas para el 14 de marzo próximo.
Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, denunció que podría utilizarse el desborde de casos por Covid-19 como argumento para suspender las elecciones internas de los partidos políticos programadas para el 14 de marzo próximo.

La sospecha de que es una estrategia de suspender las elecciones internas con el desborde de casos por la covid-19, es una de las posibilidades más fuertes según lo dijo la presidenta del Colegio Médico de Honduras, CMH, en el programa Frente a Frente, este 28 de enero de 2021.

La situación de aumento de casos se ha incrementado en el mes de enero por diferentes razones, entre ellas la forma como la población se olvidó de las medidas de bioseguridad en navidad y el gobierno no ha dotado al personal médico de los insumos de bioseguridad lo que provoca muertes diarias de este sector.

Para el CMH debido a que el gobierno está siendo irresponsable en el manejo de la crisis sanitaria que está fuera de control, lo que podría ser a propósito y esto constituye un crimen de lesa humanidad.

Figueroa denunció que el gobierno está sistemáticamente llevando a la tragedia a los hondureños al no garantizar pruebas, triajes, vacunas y dotación de equipo

“Cuando estas faltas son sistemáticas no queremos pensar que van dirigidas a un objetivo, no quisiéramos pensar que el objetivo sea suspender las elecciones primarias porque va a haber una mortancia”.

Denunció que hay muchas muertes de personal sanitario y no quisiéramos pensar que es una muerte dirigida para el personal médico, lo cual puede ser sujeto de denuncia internacional pues es un crimen de lesa humanidad.

Terminó en que no puede haber otra forma de disminuir los contagios y la mortalidad sin el confinamiento, el cual propone el CMH que sea por 21 días, a lo que se opone la empresa privada.

Mientras Samuel Santos, Vice presidente del Colegio Médico, quien también participó en el programa Frente a Frente, advirtió que “nos vamos a tener que retirar y entonces hay que llamar a futbolistas y políticos para que atiendan a los pacientes pues nosotros nos vamos a nuestras casas si no hay confinamiento”.

Los casos se han incrementado a tal extremo que ni siquiera hay cupos en ningún hospital aunque las personas tengan un seguro internacional. La Asociación de Médicos Pediatras anunció este día que cierran sus clínicas debido al fuerte impacto del virus.

En cuanto a la posición de los empresarios de que no debe haber confinamiento porque se afectará la economía y habrán muchos desempleados si se confina la población por tres semanas, el vicepresidente del CMH expresó que está equivocada esa posición , “se ha dicho que queremos afectar la economía o el proceso electoral porque solicitamos el confinamiento pero necesitamos tener un respiro y organizar los hospitales en estos momentos no podemos hacerlo porque tenemos la muerte encima”.

El confinamiento es la medida más barata para evitar la curva de contagios y eso se ha hecho en Europa, pero la narrativa de la empresa privada es equivocada pues no está escuchando a las personas especializadas , argumentó.

Menotti Maradiaga , Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras , en relación a la petición del CMH dijo que si cerramos la economía o se circula por dígito se van a perder más de 600 mil empleos , entonces deben haber controles más fuertes, multas y llamadas al 911 para denunciar que se cierren las fiestas”.

Para él si se le da 21 días de confinamiento los empleados se irán a jugar partidos de fútbol en los barrios y colonias o se irán a sus pueblos y los casos se van a incrementar.

Criticó que en esta situación haya medidas que han contribuido al aumento de los casos y mencionó entre éstas que el alcalde capitalino instaló la villa navideña y eso indujo a la concentración de personas.

Asimismo señaló que hay personas que están regresando  de la caravana y no se les hizo pruebas rápidas, “entonces vamos a tener una situación de incremento de casos

Informó que en la Mesa Multisectorial se tomó la decisión de hablar con los líderes políticos para que ellos razonen de que hay una situación desbordada ,  el  Consejo Nacional Electoral no les puede obligar a que no hagan concentraciones, “ellos están mandando un mal mensaje a la población, se quitan las mascarillas para las fotos. Deben hacer concentraciones virtuales” .


Amenazas a la libertad de expresión

Hermetismo, exclusión en las fuentes y división en la prensa de Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán

Posted On Tuesday, 02 February 2021 10:01 Written by Heidy Dávila

Hermetismo, exclusión en las fuentes  y división en la prensa de Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán

Redes  de periodistas en defensa por la Libertad de Expresión comentaron a pasosdeanimlagrande.com que existe un clima de división y alineamiento entre el gremio ante las campañas electorales, donde se excluyen a los medios alternativos y quienes ejerzan una crítica en contra de los candidatos.

En la parte superior el periodista Oscar Rápalo. Abajo de izquierda a derecha: El periodista Mauricio Arévalo y Feliciano Pineda.

Oscar Enrique Rápalo, miembro de la Red de Periodistas y Comunicadores de Santa Bárbara por la libertad de Expresión, colaborador de Radio Progreso, Radio Actualidad y Radio Jesuitas, expresó en la búsqueda de información de interés para la ciudadanía sobre las propuestas, proyectos para mejorar la vida y las leyes, no tienen ninguna respuesta porque los candidatos se enfocan en regalar bolsas solidarias, kits de bioseguridad, tomarse fotos y los comunicadores que no sigan el juego quedan excluidos.

“Por ejercer la crítica, estigmatizan a la prensa de oposición y la ligan al Partido Libertad y Refundación, LIBRE, y no es así, tampoco existe un compromiso u obligación de cubrirles los eventos y campañas, son iguales y utilizan las mismas estrategias de los demás”, dijo Rápalo.

También agregó que después de la crisis económica que han sufrido los medios debido a la pandemia por Covid-19, es evidente la vinculación a través de la pauta publicitaria de las candidaturas con los medios tradicionales y en específico los que apoyaron el Golpe de Estado del 2009, ahí no consideran las empresas de comunicación pequeñas o periodistas independientes.

Rápalo, identificó que en la zona hay una precaria necesidad de agua, alimentos, trabajo y otros recursos que ayuden a las familias a tener una vida digna.

Los periodistas que tocan esos temas, el del medio ambiente y los derechos humanos,  son rechazados , porque en el mismo gremio hay trabajadores que están bajo la línea de sus jefes y solo informan lo que se les dice desde el medio.

El periodista citó el caso de la defensora Betty Vásquez, que fue desprestigiada por un comunicador y ella lo querelló, algunos medios llegaron a cubrir el acompañamiento a la defensora, ero el periodista estaba solo, porque son personas que trabajan por un beneficio económico y no un servicio a la población.

Feliciano Pineda, también de la Red de Periodistas y  Comunicadores de Santa Bárbara, explicó que parte de la prensa está muy dividida por ideales políticos, unos van con el Partido Nacional y otros por LIBRE, “si  un comunicador no es alineado, no es bienvenido y no será recibido, porque cada quien invita solo a los allegados, el tema electoral es la información más viral del momento, pero no es abierta para todos”.

Asimismo el periodista Mauricio Arévalo, de la Red de periodistas y Comunicadores de Santa Rosa de Copán, detalló que el ambiente que se vive es el mismo que reproduce el gobierno de Juan Orlando Hernández, existe un afán de perpetuarse en el poder, los dedicados a la política y negocios sucios, son sus acompañantes.

Por ello existe un riesgo de expresase, de alguna manera todos los medios están coartados y la inseguridad en la zona es el contexto de siempre, la formas de silenciar a los medios son  el desprestigio, las calumnias, la polarización de la información, obstáculos llevados a cabo por todas las instituciones de gobierno, funcionarios y empleados del Estado,  están laborando bajo una pauta desde el gobierno, destacó Arévalo. 

Finalmente los comunicadores concordaron en que la sociedad hondureña todavía carece de formación política que les ayude asumir discursos con verdaderas propuestas de país y mejores actitudes de los candidatos sobretodo ante una emergencia por la pandemia del Covid-19.

Respecto a la prensa que representa un sector importante que brinda la información a la comunidad, el o la  periodista son portadores de una labor noble que muchas veces no es bien remunerada y que lo hacen porque la difusión de los problemas de la población ayudan a tener soluciones.


Sentencias de los casos Pandora y Caja Chica de la Dama: ¿justicia o impunidad?

Por Redacción
enero 27, 2021


Foto: Proceso Digital

En la resolución de los casos Pandora y Caja chica de la Dama, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras hizo un análisis alejado de llevar a cabo una investigación seria y eficaz de acuerdo con los principios del debido proceso, y del deber de emitir decisiones debidamente fundamentadas, completas y coherentes con las pretensiones de las partes. Asimismo, utilizó argumentos no razonados debidamente y, en el caso Pandora, infringió el derecho de igualdad al otorgar un trato desigual a los imputados, concluyen dos veedurías jurídicas presentadas hoy en Tegucigalpa.

Los documentos elaborados por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en colaboración con la Coalición Anticorrupción (CAC), y el apoyo de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), señalan, además, que los diferentes recursos presentados por la UFECIC ante el Poder Judicial, no allanaron el camino hacia la rectificación y acceso a la justicia, en tanto las resoluciones de la CSJ, carecieron de la debida motivación judicial. Todo esto, en su conjunto, infringió la garantía del debido proceso, al no respetar estándares básicos nacionales e internacionales.

Los anteriores argumentos muestran que ambos casos de corrupción, son un claro ejemplo del vínculo poco explorado que existe entre la corrupción y la violación de los derechos humanos, imprescindible para comprender la importancia de la lucha contra la impunidad. Ambos casos repercuten, lamentablemente, en un impacto incuantificable en el irrespeto y violación de derechos humanos de las y los hondureños en temas importante como la salud, la educación, participación política y, en general, el derecho al desarrollo de los pueblos.

Las investigaciones “Veeduría Judicial al legado de la MACCIH. Caja chica de la Dama: Sistema de justicia hondureño infringe convenciones internacionales anti corrupción”, y  “Veeduría Judicial al legado de la MACCIH. El Caso Pandora: un fallo alejado de la normativa jurídica nacional y estándares internacionales”, efectúan un análisis sobre el desarrollo procesal -veeduría judicial- de estos dos casos,  que tuvo como insumo principal la experticia técnica-jurídica de profesionales en este campo y fuentes documentales.

Corrupción de cuello blanco

Los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en torno a los casos Caja chica de la Dama y Pandora, sacudieron a la sociedad hondureña. Ambos casos destaparon redes de corrupción compuestas por altos funcionarios públicos, una ex primera dama, diputados y diputadas de alto perfil, funcionarios y ex funcionarios públicos, instituciones políticas y personas naturales, quienes desviaron dinero que estaba destinado a proyectos sociales pero sirvieron para enriquecer personalmente a los involucrados, y para el financiamiento de campañas políticas hasta del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de acuerdo con las denuncias e investigaciones.

La Caja Chica de la Dama es el segundo caso que documentó y presentó en febrero de 2018, el equipo integrado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). El caso involucra y acusa a la ex primera dama de Honduras (2010-2014), Rosa Elena Bonilla de Lobo, de sustraer, de forma irregular 16 millones de lempiras y pasarlos a su cuenta personal. Los delitos imputados en su contra son malversación de caudales públicos, fraude y lado de activo.

La Caja de Pandora es el cuarto caso que también documentó y presentó el binomio MACCIH-UFECIC, en junio del 2018. La MACCIH acusó inicialmente a 38 personas, entre ellas, funcionarios, exfuncionarios y actuales diputados del Congreso Nacional de Honduras, de haber participado en el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para financiar campañas políticas y enriquecerse personalmente. Los implicados fueron señalados de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.

Luego de la disolución de la MACCIH y de la UFECIC, actualmente, estos casos están en manos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Sin embargo, en ambos casos, las resoluciones que se emitieron desde la Corte Suprema de Justicia de Honduras, han dejado un sin sabor entre la sociedad porque se dejó en libertad a casi todos los implicados, y en el caso de la primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la Corte ordenó la repetición de su juicio.

El CESPAD y la CAC esperan que ambas veedurías contribuyan al debate actual de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, en la búsqueda de nuevos caminos para hacer frente a la grave corrupción e impunidad en el país. Asimismo, se espera que el Poder Judicial de Honduras actúe en consonancia con lo que establece la CIDH, en el Informe “Corrupción y Derechos Humanos”, al sugerir a los Estados, «Llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y efectivas por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad de los hechos y el enjuiciamiento, y eventual castigo de los autores sobre todos aquellos actos de corrupción que impliquen violaciones a los derechos humanos».

Conclusiones y valoraciones de la Veeduría jurídica de los casos La Caja Chica de la Dama y el caso Pandora

La Caja Chica de la Dama

Pandora
. La Sala de lo Penal omitió responder a las cuestiones jurídicas básicas en los recursos de casación y se apartó del verdadero litigio expuesto por el Ministerio Público, con lo que se violaron los principios del debido proceso, de legalidad procesal, de congruencia y de una debida argumentación de las decisiones judiciales.

Es decir, dejó claro su falta de objetividad y de imparcialidad en el tratamiento del caso y en su deber de preservar el Estado de derecho y la efectiva persecución y condena de personajes corruptos, investidos del poder público, que se enriquecen ilícitamente con dinero que pertenece al pueblo hondureño. Más grave aún, que dañan a los niños hondureños de escasos recursos económicos que debieron ser beneficiados con programas sociales bajo la administración de la primera dama, lo que resulta en la violación de sus derechos humanos relacionados con la salud, su educación, su integridad y su bienestar físico y espiritual.

. La Sala de la Corte de Apelaciones realizó argumentos contradictorios e imprecisos. Omitió referirse a la prueba presentada por los sujetos procesales y omitió indicar el valor probatorio que le da a cada una. La ausencia de esta labor judicial cobra mayor relevancia si el sentido de la decisión del fallo judicial se encamina a desestimar la imputación realizada por el Ministerio Público, para que se acreditase plenamente la ausencia de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Las omisiones de la autoridad judicial dan como resultado una resolución carente de fundamentación adecuada, que viola los principios del debido proceso, de legalidad procesal y el de congruencia, y de una debida motivación de las decisiones judiciales, aspecto que pone en duda su objetividad e imparcialidad al momento de conocer el caso particular.
. La Sala de lo Penal careció de imparcialidad para subsanar el error del Tribunal de Sentencia sobre la aplicación de las convenciones internacionales contra la corrupción, relativo a la definición de funcionario público que podía aplicarse al cargo de la Primera Dama. Por el contrario, no hizo ningún pronunciamiento, dejando sin respuesta una de las cuestiones jurídicas más importantes de la Casación y no cumplió con su obligación de Control de Convencionalidad, pues si hubiera respondido objetiva y legalmente a esa cuestión tan importante, hubiera concluido sin ninguna duda que la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, conforme al derecho internacional, sí era funcionaria pública mientras ejerció como Primera Dama y que, en consecuencia, procedía su condena por Malversación de Caudales Públicos, y por consiguiente por el delito de Lavado de Activos, con lo cual violaron, además, los principios de Legalidad Penal y de Legalidad Procesal, provocando impunidad manifiesta . La Sala de la Corte de Apelaciones insistió en repetir que el Ministerio Público no acreditó que las personas señaladas tuvieran conocimiento del origen de los fondos, indicando que es un requisito sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos. Sin embargo, en el fallo no aplica de manera correcta lo relativo a la autonomía del delito de lavado de activos y falta a su deber de realizar un análisis completo de los hechos y los elementos probatorios, en los cuales, por la naturaleza del tipo penal, se puede recurrir a inferencias lógicas.
. La Sala de lo Penal, al ordenar la devolución del proceso para que un Tribunal de Sentencia distinto realizase un nuevo juicio, emitió una sentencia totalmente contradictoria, la que ocasionaría serias dificultades al Tribunal de Sentencia encargado nuevamente del caso, pues dejó parámetros que los jueces de sentencia habrían de considerar al momento de afrontar el nuevo juicio: . En relación con los estándares internacionales aplicables, a partir del análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones, se pueden argumentar violaciones de los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la CIDH, puesto que se violaron las garantías del debido proceso, particularmente la imparcialidad, el deber de motivación y el sistema de recursos judiciales.
. El caso “Caja Chica de la Dama” ilustra además un par de aspectos claves desde el punto de vista del contexto de la lucha contra la corrupción y sus debilidades, como son la invisibilidad de las víctimas y el riesgo del colapso del legado aportado por la MACCIH.

 

Con respecto al primero, en este caso judicial, las víctimas centrales fueron niños y niñas que estaban considerados como beneficiarios del proyecto Calzando a los Niños de Honduras. La misma ex Primera Dama, en una declaración pública brindada el 11 de febrero del 2013, sostenía que “el programa Uniformando y Calzando los Niños de Honduras nació para dar respuesta a los niños que vienen de hogares con recursos limitados para cumplir con todas las exigencias que demandan los centros educativos nacionales, el cual se le dará una continuidad y sostenibilidad para llegar a todas las comunidades de los 18 departamentos de Honduras.

. En relación con los estándares internacionales aplicables, a partir del análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones designada, se pueden argumentar violaciones de los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la CIDH, puesto que se violaron las garantías del debido proceso, particularmente la imparcialidad, el deber de motivación y el sistema de recursos judiciales. Además, el Estado tiene la obligación general de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos. El control judicial de las resoluciones, a través de un sistema recursivo ante autoridades superiores es una herramienta muy útil para evitar actos de corrupción judicial, pero esta posibilidad se desvanece cuando son las instancias superiores las que se ven afectadas por actos personales o sistemas de corrupción. Por ello, es necesario establecer en cada sistema legal, claramente, cuáles son las causales para modificar una resolución de un tribunal inferior, las características personales (independencia e imparcialidad) del órgano superior, la necesidad de garantizar el principio de contradicción y la necesaria fundamentación o motivación de las resoluciones de las instancias revisoras.
Sin embargo, las víctimas directas de este caso de corrupción no estuvieron presentes en el requerimiento fiscal de la MACCIH-UFECIC y, por ello mismo, no se derivaron delitos a los acusados por esta situación que atañe a la infracción de derechos humanos, en este caso al derecho a la educación, salud, la integridad y el bienestar físico y espiritual de niños y niñas en situación de pobreza. Preguntas claves, tales como: ¿Cuántos fueron los niños y niñas afectadas? ¿Dónde estaban ubicadas geográficamente? ¿Cómo fueron afectadas en el acceso a su derecho a la educación? ¿Cuál es la responsabilidad de los imputados en el proceso judicial? ¿Cómo se reparará el daño producido a las víctimas que no estuvieron presentes en el proceso?

. En virtud del artículo 2 de la CIDH, el Estado de Honduras tiene la obligación de adecuar su legislación interna a las convenciones internacionales, como, por ejemplo, la Convención Interamericana Contra la Corrupción. La reciente reforma del Código Penal es una prueba de dicha falta de conformidad interna así como de la voluntad del Estado de respetar las normas internacionales.

Vea informe de veeduría: La Caja Chica de la Dama

Vea informe de veeduría: Caso Pandora

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC). Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.


La CCC realiza visita de solidaridad y apoyo a la comunidad de Guapinol y a los defensores privados de libertad

25 enero, 2021

Tocoa, Colón.- Parte de la coordinación Nacional de la Convergencia Contra el Continuismo se trasladó el sábado 23 de enero hasta la comunidad de Guapinol en Tocoa, departamento Colón, para solidarizarse con los defensores que permanecen privados de libertad en las cárceles de Olanchito y La Ceiba, así como con los que aún están criminalizados por defender el agua y la vida, y que están defendiéndose en libertad y que corren el riesgo de ser nuevamente encarcelados.

El objetivo de la visita de la CCC era la solidaridad y apoyo a los defensores privados de libertad, a sus familias y a la comunidad en general.

reunion guapinol 3

Los miembros de Coordinación Nacional de la CCC que se trasladaron a la comunidad de Guapinol son el líder sindical Carlos H Reyes; el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva.

La delegación se reunió en la comunidad con las familias de los defensores y con el Comité Nacional de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa para reafirmar que cuentan con el apoyo de la CCC, para exigir la libertad de los defensores del río Guapinol y San Pedro.

“Debo confesarles que ustedes me inspiran, porque se han mantenido más de un año sin dejar ni un solo día de exigir la libertad, de acompañar este proceso hermoso como es la lucha por la defensa de la tierra, el agua, la territorio, es decir la lucha por la vida”, expresó Berta Oliva a los familiares de los defensores privados de libertad.

Agregó que “hemos entendido desde la Convergencia Contra el Continuismo que ustedes han luchado por la defensa de la soberanía y que dejarlos solos y solas sería el peor crimen que podríamos cometer, hemos sabido con precisión y con mucha claridad que  la situación de ustedes no solo es el terror y el dolor”.

La coordinadora del COFADEH señaló que los extractivitas se equivocaron con el pueblo de Guapinol, porque al querer destruir el agua y la vida, despertaron su conciencia.

“Yo creo que en algún momento los extractivitas hacen análisis, y hoy saben que se equivocaron, porque despertaron la conciencia no solo nacional, si no la necesidad de tener los ojos hacia Guapinol internacionalmente”.

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Añadió que en el caso de Guapinol no se está enfrentando un juicio con asidero legal, que lo que hay es una dictadura con un dictador criminal.

La reconocida defensora de los derechos humanos finalizó diciendo que se espera un largo camino hasta lograr la libertad de los defensores de guapinol.

“Desde nuestros espacios y desde nuestros corazones, los tenemos, los atesoramos y ustedes son nuestro referente de lucha, compañeros y amigos, sepan que nunca han estado solas ni lo van estar, sepan también que nuestro compromiso son las 24 horas”.

Por su parte el padre Ismael Moreno, expresó que es totalmente extraño que, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a nosotros también nos dicen los guapinoles, porque siempre que podemos, sea que estemos en un medio de comunicación, en una asamblea, sea que estemos en un Zoom que le llaman ahora en estas comunicaciones virtuales, mencionamos este caso de los defensores de Guapinol.

Agregó que en su espacio de oración de todas las mañanas pone en el centro de la misma a los defensores privados de libertad de Guapinol.

El líder sindical  Carlos H Reyes expresó que “lo común en las cuatro últimas décadas  ha sido de la defensa a la soberanía nacional, ya sea a través de la defensa de los servicios públicos para que no sea privatizados, de la defensa de los bienes comunes para que no sean privatizados, y de todo aquello que  tiene que ver con el modelo neoliberal, y al que defiende esa soberanía se le encarcela, se le declara como enemigo de este sistema, como enemigo de la dictadura”.

“La acción de las organizaciones sociales en lucha por esa defensa de la soberanía y por esa defensa de los derechos de este pueblo, también es criminalizada y por eso la experiencia que tiene ustedes, varios compañeros presos y otros amenazados de ser prisioneros de nuevo”, señaló.

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Agregó que es necesario hacer campañas de apoyo en las audiencias, a nivel nacional y de todas las formas posibles para lograr la libertad de los defensores.

”Debemos fortalecer nuestro camino de lucha en función de la lucha de ustedes, y  Guapinol no está solo, nunca ha estado solo, porque este camino que se está construyendo es un camino de victoria”, expresó Edwin Hernández.

También señaló que ninguna victoria es fácil, todo está en función de que con la perseverancia que nosotros estemos en el proceso de lucha se van a dar cuenta que hay un pueblo fortalecido, y que es un pueblo que quiere luchar siempre por sus bienes y por las tierras.

Por su parte Juan López, quien es uno de los defensores que actualmente está criminalizado y defendiéndose en libertad, agradeció el gesto de solidaridad de la CCC.

López es del criterio que las luchas solo son posibles en el tiempo a través de la solidaridad, de ir haciendo las cosas lo mejor posible para entregar un país a quienes lo heredaran, porque los tiempos son transitorios e invitó a cuidar y defender la casa común.

“Somos transitorios en la vida, la casa común es permanente, es que nos miremos juntas y juntos en esta Honduras, llena de tortura, de violencia, de corrupción, de maldad, y en esa Honduras también hay gente buena, juventud, mujeres, hombres profesionales en distintos campos”.

visita centro penal olanchito

Finalizó diciendo que el secreto para esto es que nos encontremos juntarnos, conocernos y reconocernos en este camino, por tanto a veces uno también siente temor, porque hay de todo, desde procesos judiciales hasta otros tipos de problemas, pero cuando uno encuentra la gente con ganas de seguir soñando y de luchar, entonces se llena de esperanza y de fe.

La CCC luego de visitar Guapinol y solidarizarse con la comunidad entera, se trasladó hasta la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro, donde los defensores Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán, están presos desde hace más de 16 meses, para hablar con ellos y mostrarle total respaldo a su lucha por el agua y la vida.

Así mismo para exigir la libertad del defensor Jeremías Martínez, quien cumplió dos años de estar privado de su libertad en la cárcel de La Ceiba departamento de Atlántida.


Criterio.hn
Elecciones Honduras 2021

A menos de 40 días, elecciones primarias en Honduras sin reglas claras

febrero 4, 2021 Redaccion 

Respecto al proceso de divulgación aún no hay un consenso sobre el método a utilizar porque se están revisando los diferentes escenarios.

Líderes políticos no descartan que atraso en la contratación de la empresa que transmitiría los datos preliminares se debe a que hay intereses para favorecer a la empresa Mapa Soluciones.

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –Honduras se enfrenta a un proceso eleccionario a ciegas, con unas autoridades del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), trabajando contrarreloj y enfrentadas ante la percepción de negligencia y fraude.

La preocupación es grande dentro de la población porque quienes dirigen este proceso electoral han desestimado crear una estructura moderna que permita una sensación de transparencia al momento de difundir los datos de las votaciones.

La consejera del CNE en representación del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ha denunciado que todos los entuertos se deben a intereses de sectores que pretender boicotear el proceso y que ese boicot se evidencia en la entrega tardía de los desembolsos del presupuesto lo que, según ella, ha maniatado al CNE a hacer los procesos de contratación en tiempo y debida forma.

Por su parte el gerente de Mapa Soluciones, Faustino Reyes, dice que todo lo que se observa alrededor de la preparación del proceso de elecciones primarias de los partidos Nacional, Libre y Liberal, previsto para el 14 de marzo, se debe a la falta de experiencia de los consejeros del CNE.

“Ellos se hubieran asesorado con las personas que, si han hecho procesos, pero llegaron con el fantasma que todo lo que se había hecho era malo y corrupto”, indicó el experto en asuntos electorales, quien en octubre pasado presentó su oferta para participar en la Transmisión Electoral de Resultados Preliminares (TREP) para las elecciones primarias de marzo próximo.

Probablemente las apreciaciones de los altos funcionarios del CNE tengan fundamento por las denuncias que pesan contra la empresa que representa Reyes y que en el pasado ha dejado un manto de sospechas por fraudes y procesos de contrataciones y compras irregulares.

En junio de 2017 el jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CAN), Odir Fernández, reveló que ese organismo tenía una línea de investigación amplia en la que se estaba indagando sobre la participación de las empresas en los procesos electorales, entre ellas a Mapa Soluciones.

Las declaraciones de Fernández fueron publicadas después que el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, acusara a los ejecutivos de esta empresa de coludirse con las autoridades del gobierno para gestar un fraude en las elecciones que se realizaron ese año.

«Debo de ser muy enfático en cuanto algunas manifestaciones dadas…  ellos (Luis Zelaya, presidenciable y Osman Aguilar, candidato a la alcaldía del Distrito Central), han establecido la vinculación con un partido político, debo de decir que esas vinculaciones con unas actas se quedan bastantes cortas, porque nosotros como CNA hemos encontrado otras vinculaciones de parentescos con otros participantes con un partido político en específico y eso genera altos grados de preocupaciones para un proceso eleccionario por la veracidad del ejercicio”, dijo en aquel entonces el jefe de investigaciones del CNA.

El Partido Liberal emitió un comunicado en el cual mencionaba que tendrían enormes problemas para reconocer los resultados de las elecciones si se contrataba a Mapa Soluciones como responsable del proceso y transmisión de resultados. Finalmente, Mapa Soluciones se retiró del proceso de 2017 y se dio paso a la contratación de la cuestionada empresa Dale Vucanovich, acusada por facilitar un fraude electoral sin presentes en la historia política de Honduras

Mapa Soluciones ha sido contratada desde el 2009 para realizar la transmisión de los escrutinios preliminares de las elecciones, pero ha sido severamente criticada porque en el Partido Liberal consideran que se ha prestado para la realización de los fraudes dentro de los comicios en los que ha participado.

Sumado a esto, los liberales cuestionaron la relación de estrecha confianza que el empresario Faustino Reyes mantiene con el gobierno presidido por el Partido Nacional desde el 2010, cuando era parte del programa Ampliando Horizontes de la Secretaría de Educación.

Además, fue el asistente principal del ingeniero Roberto Ordóñez, mientras ocupó el cargo de ministro sectorial de Infraestructura en el año 2014.

ELECCIONES A LA ANTIGUA

El panorama que ahora se presenta es la repetición de unas elecciones tal y como se realizaban hace más de 30 años, sin una validación real de los resultados, contando acta por acta.

El problema no es en el nivel presidencial, el intríngulis comienza cuando cuentan los votos para las personas que se postulan a una diputación.

Es que, según Reyes, en esta línea de votación hay un cruzamiento que dificulta más el conteo, puesto que no se hace planilla por planilla, sino, voto por voto, provocando una lentitud en el proceso y el desgaste del personal.

Tendrías que ser sumamente incapaz para no captar que estás haciendo algo malo a estas alturas -indicó-. Empezarán a echarle la culpa a las mafias empresariales, la corrupción y que todo no los dejó avanzar por no reconocer su incapacidad, dice Reyes quien está interesado en ser contratado por el CNE.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL CNE 2021

1,760 millones de lempiras para el año electoral que comprende las elecciones primarias y las generales.

De este dinero, 800 millones de lempiras corresponden a las elecciones internas.


Faustino Reyes de la empresa Mapa Soluciones, quien es parte interesada en el proceso de contratación para la divulgación de resultados de las elecciones primarias del 14 de marzo próximo, no vacila en responsabilizar a los consejeros del CNE por las imprecisiones del proceso electoral, pero hay quienes señalan que su reacción es porque está presionando para que se le contrate.

El ambiente ha sido propicio para realizar elecciones internas transparentes, porque los magistrados del CNE asumieron su cargo desde el 2019 y tuvieron más de un año y medio para prepararse, pero no lo hicieron.

En ese contexto, “Honduras está jugando un partido sin saber cuáles son las reglas”, expresó el representante de Mapa Soluciones.

Reiteró que los políticos tuvieron dos años para echar a andar una nueva Ley para regir estos comicios, pero no estaban interesados en buscar un proceso transparente porque cada control que se coloca les quita a ellos más poder.

“Estamos yendo a una elección a ciegas porque a estas alturas ya se había hecho dos o tres simulacros y en este momento no existen siquiera los diseños de las actas y las papeletas”, aseveró.

En este sentido, no hay una depuración de las planillas electorales terminada y ni un diseño de las urnas, además que contrario al 2017 se deben tomar medidas de bioseguridad.

¿HABRÁ ELECCIONES TRANSPARENTES?

Por su parte, los magistrados del CNE aseguran que habrá elecciones el 14 de marzo y que serán transparentes, porque todos los problemas que se presentan se resuelven favorablemente.

El pleno de este órgano electoral considera que para estos comicios no es necesaria la Transmisión Electoral de Resultados Preliminares (TREP).

Durante una comparecencia televisiva, la consejera del CNE en representación del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, dijo que el proceso de licitación de la empresa que transmitiría los datos preliminares de las elecciones internas se declaró fallido; sin embargo, no hay un comunicado oficial de parte de este organismo.

También lea: En un aura de misterio transmisión de resultados para elecciones primarias

Pero públicamente las autoridades electorales han desestimado las ofertas presentadas por dos de las últimas ocho empresas llamadas a licitar: la colombiana Thomas Processing System y la hondureña Symbolic Systems United. Las otras seis no se presentaron. (Descargue aquí el acta de recepción de ofertas)

En el CNE apuestan a la veeduría ciudadana y a la descentralización de los datos, con el fin de presentar un proceso antifraude, un fantasma que los persigue de siempre.

“Se contará acta por acta”, mencionó la funcionaria que abogó por la supervisión de la misma ciudadanía que transmitirá los datos al CNE. “No habrá TREP, pero nos daremos el tiempo que nos brinda la ley (30 días), para oficializar los resultados”

CONSULTORÍA INTERNACIONAL

El problema se presenta en el momento de almacenar y divulgar el tanteo de las elecciones, puesto que el centro de cómputo que dejó Mapa Soluciones en el 2017 se quitó y ahora se tendría que montar uno nuevo.

Sobre eso, el consejero del CNE, Flavio Nájera, dijo que al no haber TREP, los datos se transmitirán como antes, es decir, que los integrantes de la mesa receptora generarán un acta que se llevará al municipio para consolidar las maletas y luego enviarlas a la cabecera departamental desde donde partirá todo el material hasta el centro logístico para extraer las actas que serán escaneadas, digitalizadas y transmitidas a la población.

Respecto al proceso de divulgación aún no hay un consenso respecto al método a utilizar porque se revisan los diferentes escenarios, pero el que más se analiza es el de trabajar con el consultor costarricense Dennis Cascante.

Se buscará montar un centro logístico de cómputo que permitirá almacenar y divulgar los resultados, aunque no preliminarmente como se esperaba en un principio.

Según Nájera, el señor Cascante surge por parte de la respuesta del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), un programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) con sede en Costa Rica, con quien el CNE tiene acuerdos de cooperación.

Cascante es actualmente el director de Estrategia y Tecnología del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, donde propuso el uso de los datos biométricos durante el 2019.

PROPUESTA CASCANTE Y LAS DUDAS

El consultor propone formas de identificación digital por medio de datos biométricos (huellas de la mano y el rostro), para evitar fraudes y consolidar el censo con personas reales.

Las direcciones, firmas, fotos y huellas no se comparten, pero se tiene un banco de datos que permitirá que cada voto sea verificado por el sistema digital de identificación.

Esta idea no es nueva en Honduras, puesto que ya es utilizada en varias entidades, como la Cooperativa Sagrada Familia donde piden a cada cooperativista un registro de sus huellas cada vez que realizan una transacción.

Con este sistema el ciudadano coloca su huella en un lector digital y en la pantalla aparece automáticamente el documento de identidad. Todo esto no es nuevo, puesto que el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene el banco de huellas de los ciudadanos desde hace más de 20 años.

Por su parte, el dirigente liberal, Enrique Ortez Sequeira lamentó la falta de reglas claras para las elecciones internas porque no hay una política limpia.

“Esto es inconcebible porque las reglas del juego siempre deben ser transparentes y por lo menos con un año de anticipación. Acá estamos a pocos días y todo es veremos, triquiñuelas y mala fe”, aseguró.

El CNE debió haber abierto sus puertas a los actores protagónicos que son los movimientos, cuyos representantes tienen el derecho de auditar el proceso.

Asimismo, el abogado Octavio Pineda, del Partido Liberal, consideró que se ha querido favorecer a Mapa Soluciones y no descartó que a eso se deba tanto retraso para la contratación de la empresa que transmitiría los datos preliminares durante el proceso eleccionario.

El líder liberal recordó las denuncias hechas contra esta empresa durante los comicios del 2017, cuando sus ejecutivos fueron vinculados con altos funcionarios del Partido Nacional, con quienes se coludieron desde el 2009.

Al respecto, el gerente general de Mapa Soluciones, Faustino Reyes dijo que no tiene vinculación con ningún partido político y que se puede someter a cualquier investigación.

Finalizó señalando que todo lo que se ha dicho respecto a la empresa que dirige es una campaña dirigida por sectores políticos que están en desacuerdo porque ha formulado recomendaciones para transparentar el proceso electoral hondureño.

¿QUÉ PROPONE MAPA SOLUCIONES?

Digitalización del votante (que el ciudadano llegue un mes antes a su centro de votación para registrar su huella).

Una urna electrónica (escaneo del voto marcado y que éste se transmita automáticamente de manera digital, es decir, que los datos electorales se recogen de manera física y digital).


Criterio.hn
elecciones primarias en Honduras

La corrupción enturbia a todo nivel elecciones primarias en Honduras

febrero 5, 2021 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Desde el nivel presidencial hasta el municipal, las planillas electorales están llenas de aspirantes señalados por actos de corrupción que pretenden elegirse o reelegirse en el poder.

El actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien aspira a ser el candidato oficial del Partido Nacional en las elecciones generales de noviembre, fue uno de los investigados por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) por drenar fondos públicos a través de ONG´s.

Oliva pelea la candidatura presidencial nacionalista con el actual alcalde de la capital hondureña Nasry “Tito” Asfura, quien enfrenta acusaciones de desvío y mal manejo de fondos del erario por más de 28 millones de lempiras.

Mientras que el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, es un exconvicto que purgó una condena de 36 meses en Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y colaboración con el narcotráfico.

“Aquí no hay por dónde”, dijo al respecto la diputada del Partido Innovación y  Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, “los mismos que hacen la ley son los que la violan, entonces ellos mismos crean leyes para protegerse y para que la impunidad siga reinando en este país”.

El nuevo Código Penal aprobado en 2019 protege a muchas personas que han sido señaladas en actos de corrupción, tanto por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),  como por el Ministerio Público, recordó.

Entonces, “de nada nos sirve que haya un combate a la corrupción si la impunidad manifestada en las leyes es la herramienta más importante de los ladrones y los corruptos”.

Es así que pese a que han sido vinculados con actos de corrupción no han sido vencidos en juicio, por lo que la ley les permite participar en procesos electorales.

“Pero definitivamente, también debería de jugar la ética en este tipo de cargos” y los primeros que deberían hacer algo para evitar corruptos en las planillas son los partidos políticos, con estatutos que prohíban a señalados por actos de corrupción y otro tipo de delitos optar a puestos de elección popular, dijo Gutiérrez.

En las planillas de aspirantes a una diputación se encuentran, para el caso, la actual

diputada por Cortés Welsy Vásquez, quien participa en la corriente de Oliva, la misma que lleva al hermano del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.

Vásquez fue imputada en 2019 por malversación de fondos públicos en el caso denominado Arca Abierta.

También aspira a reelegirse el diputado por Valle Tomás Zambrano, quien ocupa la casilla para primer diputado por el movimiento «Juntos Podemos» de Oliva, y el diputado de Ocotepeque Román Villeda, quien figura en la casilla 1 en el movimiento «Unidad y Esperanza» de Nasry Asfura.

Ambos parlamentarios fueron acusados de abuso de autoridad,  falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno, en el caso conocido como Pacto de Impunidad, una estrategia de blindaje de la impunidad de diputados y exdiputados.

Mientras que en las planillas de corporaciones municipales está el actual regidor y exalcalde de La Lima, Cortés, Astor Adolfo Amaya, contra quien el Ministerio Público promovió en 2019 un antejuicio por dos delitos de fraude y uno de violación a los deberes de los funcionarios.

El regidor aspira a ser el candidato del Partido Liberal a la alcaldía de la Lima por la corriente de Yani Rosenthal.

“Nosotros mismos somos los que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos”, dijo recientemente sobre el tema el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato presidencial Luis Zelaya en declaraciones al programa radial En la plaza.

Zelaya dijo que fue acusado de promover la división del partido por pretender que  personajes condenados por los delitos de narcotráfico y corrupción fueran inhabilitados inmediatamente, algo que calificó de “sorprendente”.

“¿Qué sentido tiene sacar a un delincuente del poder para poner a otro en su lugar?, se preguntó.

Lo que Honduras requiere es una lucha frontal contra la lacra de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país y que obliga a la gente a irse en éxodos masivos, puntualizó.

En el caso del Partido Innovación y Unidad (PINU), Gutiérrez dijo que está exigiendo la hoja de antecedentes penales y judiciales para impedir que ningún candidato que esté señalado como ladrón del erario público, como violador o que sea demandado por alimentos integre las planillas.

“Pero eso ya es algo de una conducta ética”, insistió, “lamentablemente en la mayoría de estos partidos la ética sale sobrando cuando debería ser un requisito fundamental”.

Los partidos políticos deberían adecentarse, pero más bien se están corrompiendo más, dijo Gutiérrez. “Se están riendo del ciudadano, le están diciendo ‘mirá, este se robó el Seguro, este se robó de aquí, este se robó de allá y ahí va otra vez’” y lo más lamentable es que la ciudadanía lo acepta como normal.

“Cuando yo renuncié a las dispensas de los vehículos en el Congreso, la gente me decía ‘es que usted no le entiende al trámite’”, porque la concepción de muchos es que hay que aprovechar esos cargos para beneficio personal, de sus hijos y de la familia.

Ese es el pensamiento común del ciudadano debido a la falta de una formación en valores y principios, agregó la parlamentaria, quien lamentó “que tengamos una sociedad desvalorizada y que no sepamos distinguir entre lo que es una conducta ética y lo que es una conducta inmoral”.


Radio Progreso

Elecciones primarias pondrán a prueba calidad democrática de los partidos políticos en Honduras

  • 29/01/2021

Las elecciones primarias del mes de marzo serán el termómetro de lo que se puede esperar para las elecciones generales de noviembre, dijo el analista político y sociólogo Eugenio Sosa.

“Estas elecciones están en manos de los partidos políticos, aquí se va a poner a prueba cuál es la calidad democrática interna de los partidos políticos porque ellos permanentemente exigen democracia electoral nacional pero cuando van hacia adentro, su calidad democrática, su democracia interna y su democracia electoral de competencia es muy baja”, señaló Sosa.

En entrevista con Radio Progreso (RP), Eugenio Sosa (ES) analiza las amenazas del proceso.

RP. ¿Cómo ve el panorama electoral este año?

ES. Deberíamos estar en un momento diferente al que tenemos, porque este año está lleno de muchos simbolismos, y los simbolismos son importantes para que las sociedades los aprovechen, para cohesionarla y para dar saltos de calidad en su transformación, en su búsqueda, en sus proyectos, en su sentido de nación, en la construcción democrática.

RP. ¿En qué momentos estamos?

ES. Estamos en un proceso electoral y en una institucionalidad electoral de muy baja calidad democrática.

RP. ¿Qué amenazas ve usted en el proceso?

ES. Cuando hablamos de las amenazas siempre se resalta la pandemia, y no es una cosa menor, pero la principal amenaza tiene que ver con la calidad de las elecciones, con la calidad del proceso electoral y con la calidad de la institucionalidad. Estamos a pocos días de las elecciones primarias, que son la antesala del gran proceso general, y no se tiene idea de cómo la ciudadanía se va a enterar de cuáles van siendo los resultados, no se sabe si va a haber una transmisión de resultados, si vamos a regresar al canto de las urnas de quienes cuentan y llaman a un medio de comunicación o se va a estar horas esperando a que haya un resultado electoral.

RP. ¿Qué está a prueba con estas elecciones?

ES. Estas elecciones están en manos de los partidos políticos, aquí se va a poner a prueba cuál es la calidad democrática interna de los institutos políticos porque los partidos políticos permanentemente exigen democracia electoral nacional pero cuando van hacia adentro, su calidad democrática, su democracia interna y su democracia electoral de competencia interna es muy baja.

RP. ¿Qué se juegan los tres partidos políticos que van a elecciones primarias?

ES. Por la calidad de la democracia podrían los partidos salir profundamente fragmentados y erosionados producto de que no sea un proceso transparente y que la no aceptación de resultados, que se ha vuelto muy común en Honduras como parte de la decadencia electoral, no se produzca en las elecciones generales, sino que en las primarias. Las primarias podrían darnos la antesala de la crisis electoral que podríamos tener en noviembre.

Pero al final, lo que se está poniendo a prueba y de dónde pende el hilo del cual está colgado el proceso electoral, es el “acuerdismo” de tres actores políticos centrales que son los tres partidos que van a elecciones primarias. Lo que está a prueba es ese “acuerdismo” que tienen, y que ya existía antes en el bipartidismo, se mueve en vaivén: a veces parece que funciona, a veces entra en problemas.

RP. ¿Qué peligro representa eso?

ES. Es sumamente peligroso porque cualquier riesgo de fragmentación interna de los partidos podría dar enormes ventajas al fantasma de la reelección que en un momento de crisis y en un momento de mayor fragmentación  de la oposición se presente un nuevo esfuerzo por impulsarla a última hora producto de una crisis, o que se termine garantizando el continuismo no necesariamente de Juan Orlando Hernández sino de su grupo que son los que han actuado de manera igual de responsable y depredadora del Estado.

RP. ¿Usted vaticina una nueva crisis electoral en noviembre?

ES. Lo que planteo es que el elemento del cual se sustenta la posibilidad de que no se produzca la crisis es extremadamente débil. No es de calidad, no es institucional, no es de país, no es de capacidad de acuerdo nacional. Los elementos que han dado lugar a la crisis, dicho popularmente, “están vivitos y coleando”. Usted tiene en el horizonte una reelección que prefirieron no tocarla porque no podía resolverse “acuerdísticamente”, y sencillamente se soslayó. A estas alturas el tema deja de mencionarse, pero el fantasma allí está.

A estas alturas hablan de proceso electoral y ya ni siquiera se está hablando si es que iba a haber el tal plebiscito en las elecciones generales para ver qué se iba hacer con esta reelección, sencillamente tirios y troyanos obviaron el tema y lo han dejado a un lado, pero en la sociedad hondureña ese es un elemento de crisis.

RP. ¿No aprendimos las lecciones del pasado?

ES. Es que ni siquiera se reconocen. No se puede aprender lo que no se quiere aprender. El aprendizaje necesita una predisposición y esa primera predisposición tiene que ver con voluntad y con querer un cambio real. Aquí, en términos políticos electorales, el juego que se hace es en base de chantajes, sobre bases de te doy y me das, sobre base de hagámoslo porque esto nos conviene.

Honduras no ha discutido de manera seria la segunda vuelta, probablemente ella no sería la solución, probablemente no la necesitamos si tenemos una reflexión profunda, pero ni siquiera se discute porque se asume que es pérdida de uno y ganancia de otro, sencillamente así se taza la discusión electoral en el país.

RP. ¿Quién gana con un proceso electoral que se desarrolla en medio de la incertidumbre y la sospecha?

ES. El continuismo, la posibilidad del continuismo, la posibilidad de que este grupo que encabeza Juan Orlando Hernández, con o sin él, continúen en el Estado. Ya llevan 12 años, 4 años les podría habilitar para quedarse mucho tiempo. Uno ha visto como un partido político puede entronizar en el Estado y hacer mucho daño.

La fase que viene después es una total confusión y una desaparición de la frontera entre lo que es el partido y lo que es el Estado, ya hemos perdido mucho de esto, tenemos un Estado al servicio de un partido, pero la otra etapa es la desaparición total de las fronteras donde el Estado y el partido se funden de una manera en la que usted no sabe ante quien está, lo que es nefasto para el Estado de Derecho.

RP. ¿Por qué estaría interesado JOH en el control del poder?

ES. Insisto en que no sólo él sino también su grupo, se involucraron tanto en los ilícitos, por lo menos en corrupción son muy claros y los otros pues sobran muchos testimonios vinculados al crimen organizado y narcotráfico, que llegó a un punto de no retorno y sus opciones no son muchas, y la mejor opción es poder continuar gobernando o que los que gobiernan le garanticen algún sistema de impunidad, lo cual es posible porque el Estado es muy débil.

RP. ¿Cómo se puede derrotar electoralmente al oficialismo?

ES. La mitad de la derrota ellos ya la tienen construida por la forma como han actuado, todo lo que han hecho, todo lo que tienen de impunidad, de denuncias. La otra mita, que no es cosa menor, tiene que ver con toda la capacidad de acción política, de inteligencia y de planteamiento de la oposición. Además, la derrota pasa porque la gente vaya a votar: ¿va a ir a votar la gente?, ¿tiene entusiasmo la gente para ir a votar en este contexto?, ¿qué le van a ofrecer los candidatos, candidatas y los partidos a la gente para que le quede tiempo de ponerse la mascarilla e ir hacer una fila respetando las medidas de bioseguridad?, habrá que esperar.



Sabemos claramente que los militares me lo mataron, padre de Eblin Noel

6 febrero, 2021

Imagen compartida- militar acusado por homicidio contra el menor Eblin Noel Corea Maradiaga, durante protestas sociales en defensa de la salud y educación. Inserta imagen de la víctima

Comayagua, Honduras.-  Continúa la espera para la familia de niño asesinado por militares en Yarumela, La Paz, las conclusiones del juicio citado para el 1 y 2 de febrero, se reagendó para la próxima semana, informó su padre Eblin Corea.

Solo el militar Junior Adán García Banegas fue llevado a juicio oral y público acusado por el crimen del 20 de junio de 2019, contra el menor Eblin Noel Corea Maradiaga, víctima mortal durante las protestas pacíficas que iniciaron a nivel nacional en abril de ese año, en defensa de los derechos a la salud y educación.

García Banegas, fue capturado el 19 de septiembre de 2019, en el Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, por agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), según trascendió desde el Ministerio Público.

Eblin Corea a sus 17 años, fue asesinado por militares durante una protesta social.
Eblin Corea a sus 17 años, fue asesinado por militares durante una protesta social.

El joven de 17 años, era estudiante de educación secundaria y quería ser médico, admiraba mucho el trabajo de un amigo enfermero y aspiraba ayudar a salvar vidas, detalló a Defensores en Línea, Corea, quien fue testigo en el juicio que inició el lunes 1 de febrero en el Tribunal de Sentencia de Comayagua, al centro del país, y que se reprogramó para el próximo martes 9.

Todas las pruebas apuntan a que vamos a obtener justicia, afirmó don Eblin, quien no ha dejado de llorar y visitar la tumba de su hijo.

Cabe recordar que al estudiante no se le practicó autopsia al momento del crimen, por lo que, durante los 40 días siguientes a su asesinato, la sepultura en el cementerio municipal de Yarumela, fue custodiada día y noche, ante el temor a que las Fuerzas Armadas u otras personas interesadas profanaran el cuerpo del Eblin Noel, hasta cuando se practicó la autopsia.

“Parte de las pruebas para demostrar que los militares asesinaron al menor, fue la bala que Medicina Forense le extrajo del cuerpo a mi hijo, el 31 de julio de 2019, cuando le hicieron la exhumación y autopsia -recordó el papá- esa munición fue compatible con el arma asignada al militar García Banegas, que está privado de libertad en el mismo batallón al que fue asignado”.

Procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas de La Paz (REDHIL-PAZ) asistieron en calidad de observadoras durante la exhumación del estudiante. También estaba la familia, amigos y compañeros de Eblin Noel, fuera del cementerio y en las calles del municipio que fueron cercadas por la Policía Nacional.

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Familiares de Eblin Noel durante la exhumación el 31 de julio de 2019

La familia de Corea Maradiaga se ha mantenido en las calles en defensa de los derechos humanos, por esa razón él estaba en la protesta del jueves 20 de junio de 2019 cuando un contingente militar atacó la protesta social, dando persecución a los manifestantes que huían de las balas, pero el menor o logró escapar, en esos días las acciones sociales aumentaron y la cifra de asesinados por militares y policías también, quienes obedecían órdenes del régimen de Juan Orlando Hernández para reprimir las acciones de pueblo.

Con el acompañamiento de un defensor privado y fiscales de la Sección de Investigación de Muertes Cometidas por Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, Orden Público o Funcionarios del Estado, adscritos a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), se desarrolló parte del juicio oral y público en contra del militar de las Fuerzas Armadas, Junior Adán García Banegas, e escenario nuevamente fue militarizado, y la familia mostró pancartas exigiendo justicia.

Los sueños del menor se apagaron con las balas militares, desde entonces la familia trata de mantener encendida la luz de la esperanza en que la justicia va a llegar. Aunque solo se está juzgando a un militar, fueron más miembros del batallón el que dispararon, denunció la familia.

Eblin Noel Corea Maradiaga, fue emigrante para conocer el mundo, futbolista, estudiante, luchador social, buen amigo y cantante, todo eso y más en un joven de 17 años, asesinado en el marco de protestas convocadas por la Plataforma de lucha de la Salud y Educación, el 20 de junio de 2019 en su natal Yarumela, La Paz.


Criterio.hn
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Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras 

febrero 2, 2021 Redaccion

Corrupción Honduras
Los financistas y desarrolladores del proyecto estiman el inicio de la construcción de la represa en el segundo trimestre del 2021, una vez finalice el cierre financiero, y esperan que la obra concluya en 38 meses.

La instalación de un proyecto hidroeléctrico valorado en US$ 75,562 millones y financiado por el BID Invest y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), mantiene en un campamento permanente a los pobladores, cinco de ellos con procesos judiciales por su resistencia en defensa y conservación del río para consumo humano.

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

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Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

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Doña Elena Gaitán, una pequeña empresaria de la zona, es una de las cinco personas criminalizadas por su lucha en defensa del río Jilamito.

18 de diciembre de 2020. El agricultor Braulio Serrano, de 51 años, de ojos achinados, tez blanca y estatura mediana, está sentado en una banca del campamento Jilamito con fuerte determinación. Parece ser un hombre de agallas. Dice que defiende el río porque para él representa la vida y que, contrario a lo que mucha gente le dice, no se mueve por dinero, al contrario, expresa que protege el río de su juventud, para que sus hijos e hijas jueguen en él.

“Para nosotros el río Jilamito representa la vida, porque sin el agua no podemos vivir. Sí podemos vivir sin energía eléctrica, pero no sin agua. Por ejemplo, de donde soy, la comunidad de Coloradito, no hay servicio de energía eléctrica, pero a mí no me importa. Yo quiero que mis hijos tengan agua para tomar”, expresa.

Serrano cuenta que, en Coloradito, aparte de los problemas por las sequías de los meses de abril, mayo y junio, los terratenientes se han excedido con el monocultivo de palma africana, lo que genera mayores problemas para obtener agua potable en tiempos de sequía. 

“Cerca de donde vivo hay muchas comunidades que se quedaron sin agua. Solo tienen el servicio en tiempo de lluvia. Siento que voy a lograr ver tuberías de agua potable yendo desde el río Jilamito hacia mi comunidad, que en realidad lo necesita”, explica.

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En resistencia al proyecto hidroeléctrico de la empresa Inglesa, los pobladores del municipio de Arizona, Atlántida—aglutinados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)— montaron el «campamento de la dignidad» el 15 de mayo de 2017. El campamento se mantiene a tres años y nueve meses.

Cuando comenzó el campamento, hace tres años, los defensores del río Jilamito habían colocado hamacas en los postes y, frecuentemente, cuando llovía, corría agua que se deslizaba desde las montañas. Ahora el campamento se extiende por varios metros. Montan guardia hombres, mujeres y niños.  

“Pero aquí no es fácil. Cuando viene una patrulla de la Policía Nacional nos genera desconfianza porque son los que se encargan de capturar a las personas cuando alguien es criminalizado. Si vemos una máquina que viene a querer destruir las fuentes de agua, que es la única que ha quedado en el sector de Arizona, eso no lo permitimos”, cuenta Serrano.

Estos habitantes explican que el 29 de mayo de 2017 llegaron cerca de 40 policías a intimidarles. Pero que la cosa no pasó a más porque había personas defensoras de derechos humanos y apoyo internacional. 

También lea: OACNUDH visita comunidades de Arizona, Atlántida, que defienden su río del proyecto Jilamito

“La gente de Ingelsa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han intentado dialogar con nosotros, para convencernos del proyecto, pero solo lo han hecho enviándonos notas”, afirma Serrano, sentado a pocos metros de uno de los oficiales de derechos humanos que ha llegado ese día de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

A la par del campamento hay unas tierras vastas, una finca que se extiende por varias hectáreas. Los habitantes de aquí dicen que el dueño es Jorge Reyes, un terrateniente que está detrás de la criminalización de cinco defensores del río Jilamito, quienes deben presentarse el próximo 18 de enero en juicio oral y público.

“Así trabajan. Consiguen testigos. No es confiable para nosotros. Es como el caso de algunos ingenieros de la empresa Ingelsa, que entraban a Jilamito e iban como tratando de conquistar a la gente. Pero cuando vieron que no podían por las buenas, recurrieron a las amenazas”, explica Serrano. 

Hace unos días el Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, suspendió a última hora el juicio oral y público, que ya se encuentra en su etapa de debate y que se había previsto del 18 al 22 de enero, contra cinco pobladores de Jilamito: Arnoldo Chacón (alcalde de Arizona), Elena Gaitán, Julio César Leiva Guzmán, Claudio Ramírez Espinoza y Julio Enrique Laínez. Todos están acusados, según el Ministerio Público, de detentar el espacio y suelo público en perjuicio del Estado de Honduras, revela la abogada Koritza Ortez Amaya, parte del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

OACNUDH Jilamito
En diciembre pasado una misión de la OACNUDH visitó las comunidades de Arizona para conocer de voz de los pobladores la situación por la que atraviesan frente a la construcción del proyecto hidroeléctrico.

Octubre de 2020. El MADJ, junto al alcalde de Arizona, Arnoldo Chacón y defensores de derechos humanos, denunciaron ante el Ministerio Público a 12 empresas de estar confabuladas con funcionarios de Gobierno y por negociar de manera irregular contratos para generación de energía eléctrica, aprovechando el río Jilamito, fuente de abastecimiento de agua para consumo humano a 16 comunidades.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), por los abogados Martín Fernández y Víctor Fernández, hermanos y fundadores del MADJ en el 2008, quienes desde el 2009 vienen denunciando las intenciones de varios empresarios de apoderarse de recursos naturales en el departamento de Atlántida y, particularmente, del río Jilamito, en el municipio de Arizona. Los abogados actúan en representación de 16 comunidades.

4 de diciembre de 2020. Invest, la unidad de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano (BID), anuncia la aprobación de un préstamo por 20.25 millones de dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica Jilamito.

Trece días después del anuncio del financiamiento, llega a la zona de Arizona una delegación de la OACNUDH. La misión permanece en el lugar durante tres días (17, 18 y 19 de diciembre), visita el río Jilamito y conoce de primera mano lo que piensan los habitantes de las comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico de la empresa Ingelsa.

La delegación de OACNUDH, encabezada por el salvadoreño William Bolainez y el ecuatoriano Santiago Toledo, se reúnen con el alcalde del municipio de Arizona, Arnaldo Chacón, quien asegura haber descubierto que la empresa Ingelsa tenía un plan para asesinarlo.

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18 de diciembre de 2020. Una caminata desde el campamento tarda 40 minutos a paso lento para llegar hasta la zona del río Jilamito en donde se pretende instalar la hidroeléctrica. El sonido de la corriente del río golpeando las rocas se hace intenso a través de un sendero estrecho con un abismo enorme al lado izquierdo. Rocas, plantas, sonido del viento golpeando la vegetación y aves cantando. Hay que tener cuidado de no resbalar. Las lluvias recientes provocan que el lodo no sea un buen aliado. Hay que subir y bajar ese camino serpentino. Es imprescindible mantener el equilibrio.

La expedición de unas treinta personas, incluidos los representantes de OACNUDH, comienza a llegar al sitio en donde la empresa Ingelsa pretende embolsar el agua para producir energía. Al lugar llega también el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, fundador del MADJ, quien aclara las dudas sobre el proyecto, el financiamiento, los pormenores de la empresa Ingelsa, el supuesto plan para asesinar al alcalde, Arnaldo Chacón, entre otras cosas. La plática transcurre con el río Jilamito cantando de fondo. 

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El coordinador del MADJ  y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, se resiste a la concesión del río Jilamito a la empresa Ingelsa, porque concibe el agua como un recurso natural que le corresponde a los pueblos.

Fernández dice que primero se deben aclarar los términos, porque en Arizona más que conflictos existen violencias ejercidas desde funcionarios públicos del Gobierno. 

“El funcionario de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) que firmó el estudio de factibilidad, la trata de aguas y la licencia ambiental, nunca estuvo acá. Y desde allá desarrolló una conducta distante y soberbia de entregar lo que no es de él. Es violento que un funcionario desconozca esa relación que tiene la gente, ocultándole la información y metiendo militares y policías a la zona para imponer un proyecto”, afirma 

El MADJ, que nació en el 2008, desde el 2009 planteó una disputa al modelo extractivista y sacó una bandera para luchar contra la corrupción. 

Fernández cree que los proyectos apoyados por el BID no necesariamente significan desarrollo y que tampoco respetan otros modelos de desarrollo, es decir, aquellos que surgen del pensamiento de la gente, porque esta institución es un instrumento del poder que no escucha el clamor popular.

“El BID se ha hecho el ciego con todas las denuncias por corrupción que nosotros hemos presentado, se ha hecho el sordo frente a las acciones de nulidad que están en este caso. Y a osado en aprobar una primera parte del financiamiento de este proyecto. Así que nosotros señalamos al BID como un banco promotor de la violación de los derechos humanos, de la corrupción, porque está apoyando a actores corruptos”, sostiene el dirigente comunitario.

FOTO: El abogado Víctor Fernández desde ya acusa al BID de cualquier consecuencia violenta que se suscite en las comunidades de Arizona, Atlántida, por su resistencia al proyecto hidroeléctrico Jilamito.

Sobre Ingelsa, Víctor Fernández, piensa que es una empresa mercantil que está interesada en acumular plata y que eso es lo que está haciendo en Arizona, Atlántida. 

“Sus socios y accionistas, Emin Abufele y todos estos, son una estructura gansteril de este país. Y aquí están haciendo eso. Ya tienen otros dos proyectos acá. Y vienen con otro”, subraya. 

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El abogado Martín Fernández, hermano de Víctor Fernández, y uno de los coordinadores del MADJ en Atlántida, dice que han venido trabajando con la autodeterminación de los pueblos y los procesos de resistencia en sus territorios en donde se ha pretendido instalar proyectos extractivos o hidroeléctricos.

“El tema del agua para consumo humano es fundamental acá. En este municipio ya existen tres proyectos hidroeléctricos y hay un serio cuestionamiento por lo que implican los proyectos y los impactos que han tenido”, dice Fernández, quien opina que el hecho de que no se tenga soberanía de un proyecto en un territorio es un asunto grave. 

“Jilamito se convierte en la última fuente de agua para consumo humano de la que podría echar mano la población, porque las otras fuentes ya están acaparadas. La gente está previendo este río como el que va a salvar la necesidad del agua para el consumo humano y para eso es que se han organizado las 16 comunidades que procuran desarrollar un proyecto de agua para asegurar el consumo humano”, expresa Martín.

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Martín Fernández, también coordinar del MADJ, dice que el río Jilamito es la única y última fuente de agua para consumo humano que le queda a 16 comunidades de la zona.

Martín añade que ya hay un avance importante en el proyecto comunitario de agua potable y que ya se pagó la topografía y está casi acabado el estudio. Toda la red de distribución a nivel de cada una de las comunidades. 

“Ya está diseñado todo el proyecto. Y hoy confronta con el despojo que tiene esta empresa Ingelsa, del señor Emin Abufele, con la confabulación del BID y otro banco que es el DFC, que no sé qué significa, pero podemos calificar esto como la guerra del agua que hay en este municipio”, concluye.

Fernández se refiere a la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) que financiará el 47.3 del costo total del proyecto hidroeléctrico. El financiamiento estadounidense ha sido rechazado por 28 congresistas de este país por las violaciones de derechos humanos que conllevan los proyectos extractivistas y en particular por las denuncias de corrupción, intimidación y violencia, efectuadas por líderes comunitarios que se oponen al proyecto de la empresa Ingelsa sobre el río Jilamito.

Para la abogada y parte del equipo legal del MADJ, Heydi Alachán, hay dos elementos que valorar, el primero es una parte discursiva de las empresas extractivas que acusan a las comunidades de oponerse al desarrollo. En el caso específico de Jilamito las propias comunidades han impulsado este proyecto comunitario de agua que implica justamente asegurar el acceso a agua y el uso de las fuentes de agua para consumo humano. Afirma que, por lo tanto, ese modelo se contrapone con la visión de desarrollo que tienen las empresas y el capital extractivo.

Y para entender un poco hasta dónde piensan llegar las 16 comunidades que defienden el río Jilamito, hay que escuchar y entender a Magda Díaz, habitante de la comunidad El Retiro, quien le contó a Criterio.hn que el 22 de enero de 2018 su esposo fue asesinado en el marco de una protesta contra el fraude electoral de 2017.

“Había un grupo de 80 personas protestando en la calle de Lean, cuando llegaron agentes de la Policía Nacional y Policía Militar. Era un grupo como de 300 militares y policías. Dispararon a bala viva. A mi esposo lo hirieron y luego lo terminaron de matar con gases lacrimógenos. Pero yo estoy acá en pie en lucha, trabajando dignamente por la defensa del río Jilamito. Y aunque no es fácil quedar desamparada con cinco hijos, llegaré hasta las últimas consecuencias para defender el río Jilamito”, termina diciendo Magda, una destacada defensora del río Jilamito.

ENTREVISTA AL EXPRESIDENTE DE HONDURAS Manuel Zelaya: "El resurgimiento de la ultraderecha en España es puro fascismo"

El exmandatario hondureño, derrocado por un golpe de estado en 2009, impulsa la creación de una Internacional Antimperialista que también apoya el expresidente boliviano Evo Morales. "El fracaso del modelo neoliberal está fortaleciendo a la izquierda en América Latina", sostiene.

Manuel Zelaya
El expresidente hondureño Manuel Zelaya en una imagen de archivo. Orlando Sierra / AFP

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04/02/2021 21:49 Danilo Albin@Danialri - PÚBLICO

En los planes de José Manuel Zelaya no está volver a ser presidente de Honduras. Su plan no es volver a ser mandatario, sino conseguir que ese país de Centroamérica retome la senda de cambios que él quiso aplicar tras ganar las elecciones de noviembre de 2005. Quiso, pero no pudo: cuando llevaba algo más de tres años al frente del Ejecutivo, fue expulsado mediante un golpe de estado que este político de izquierdas atribuye directamente a Estados Unidos. Y lo atribuye, precisamente, porque dice que ser un presidente de izquierdas y antimperialista no gusta ni un pelo a Washington.

2021 será el año de la tercera revancha para Zelaya. Tras el golpe de 2009 hubo dos elecciones generales, y en las dos denunció que las candidaturas por él respaldadas fueron víctimas de sendos fraudes electorales. La tercera, dice en una conversación telefónica con Público, será la vencida. De forma paralela, tiene otro plan de dimensiones globales: junto al expresidente boliviano Evo Morales, la histórica representante del FMLN salvadoreño Norma Guevara, la excandidata colombiana Piedad Córdoba o el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Zelaya impulsa ahora la creación de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos.

¿Por qué ha impulsado esta Internacional?

En primer lugar, porque creemos que hay una nueva agresión a nivel de todos los continentes debido a la acumulación de poder y capital de las grandes potencias, específicamente de Estados Unidos. Ante esa situación, se necesitan respuestas colectivas, respuestas que nos unifiquen frente a las demandas de diferentes pueblos que están siendo agredidos de forma hegemónica. El imperialismo no es más que el supremacismo del poder en el mundo, un supremacismo militar y económico.

¿Quiénes forman parte de esta iniciativa?

Se trata de una liga conformada por diferentes personalidades, entre las que se encuentran expresidentes de América Latina y diferentes líderes de países que tienen posiciones antiimperialistas. Una de las premisas es que aquí entrarán organizaciones y amigos de izquierda de diferentes partes del mundo. La primera parte del listado se dio a conocer en México, pero ahora se están agregando muchas personas.

¿La Internacional Antiimperialista de los Pueblos podría tener algún aliado concreto en España?

Estamos teniendo contactos con varios sectores españoles que, lógicamente, no aceptan las prácticas imperialistas. Calculamos que después de marzo habrá un acto en algún país europeo o asiático en el que plantearemos la agenda de 2021.

Usted fue expulsado del Gobierno por un golpe de estado hace casi 12 años. ¿Cuál es la realidad política de Honduras a día de hoy?

Honduras ha sido utilizada como un portaviones americano para las acciones que ellos ejecutan. No en vano, tenemos un tratado militar que les permite usar todos los aeropuertos del país. Ante esa influencia, puse unos parámetros que a ellos no les gustaron: me asocié a Petrocaribe, al ALBA (Alianza Bolivariana para América)… y Estados Unidos no lo aceptó. Esa es una de las causas de mi expulsión violenta del poder. De hecho, el golpe de estado nació precisamente de mis relaciones para traer aquí a Lula, Chávez o Evo Morales. Eso EEUU lo consideró como una desobediencia, porque está acostumbrado a que los presidentes de países de Caribe y Sudamérica son sumisos a las políticas del dólar. Ahora aquí circulan el narcotráfico, la corrupción… han montado una dictadura cívico-militar muy grosera. La deuda externa se ha quintuplicado, y honduras está hipotecada para el próximo siglo. Las condiciones de miseria e inseguridad son cada día más difíciles.

En ese marco, este año habrá elecciones en Honduras.

Después del golpe de estado hemos tenido dos elecciones que ha ganado el partido que se fundó después del golpe. Ha venido Estados Unidos a avalar fraudes electorales monstruosos. Cuando se celebraron las últimas elecciones (2017) hicieron 5.000 nuevas actas y nos robaron, cuando las habíamos ganado abiertamente. Lo hicieron además apoyados por la Unión Europea, que vergonzosamente se une a Estados Unidos para mantener a estos países como colonias sujetas a sus decisiones políticas y económicas.

Zelaya
Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Orlando Sierra / AFP

¿Sueña con volver a ser presidente?

La vez pasada duré tres años, todos los días en la cuerda floja porque contradecía las instrucciones de los halcones de Washington. Si volviera a ser presidente, duraría unas tres horas. No creo que sea una opción para luchar por este país, porque hay un sesgo muy fuerte. Mi misión es organizar un partido político que asuma el poder del país pacíficamente. Hemos participado en dos elecciones y las hemos ganado, pero no nos han dejado asumir el poder. La tercera va a ser la vencida.

El fracaso del neoliberalismo

¿Cómo está la izquierda a día de hoy en América Latina?

La izquierda está fortalecida precisamente por los abusos del neoliberalismo y del capitalismo global. Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto un país con un supremacismo racista que agrede a inmigrantes, mientras que las amenazas de agresiones militares contra Venezuela o Cuba han sido aún más descaradas. Eso ha fortalecido el fracaso del modelo neoliberal en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil… ese fracaso está fortaleciendo los procesos de izquierda, que son procesos en búsqueda de la justicia. Hay que destacar además que las izquierdas están fortalecidas no solo aquí, sino también en muchos continentes.

El domingo hay elecciones en Ecuador, sin Rafael Correa como candidato. ¿Qué expectativas hay?

Rafael Correa está sometido a una persecución por este gobierno de Lenín Moreno. Ha sido excluido de todo el proceso, pero está presente en el corazón del pueblo ecuatoriano. La gente que está del lado del proceso ciudadano impulsado por Correa tiene muchas expectativas de ganar estas elecciones.

¿Resulta esperanzador el retorno del MAS al Gobierno de Bolivia?

El pueblo boliviano mayoritariamente votó por el socialismo de Evo Morales y eligió un presidente que está comprometido con el desarrollo y la justicia. Creo que en el caso de Bolivia ahí lecciones muy importantes para aprender por parte de América Latina.

¿Mantiene contactos con el Gobierno de Nicolás Maduro?

Sí. Al igual que con muchos sectores políticos de América Latina, siempre mantenemos buenas relaciones.

¿Es mejor Biden que Trump?

Hay que esperar que actúe. Es fácil ser mejor que Trump, pero todavía no ha empezado. No tengo ningún sesgo, pero tampoco ninguna expectativa: un presidente de EEUU es simplemente un miembro prominente de un sistema imperial. Hasta el momento ningún presidente de EEUU se ha enfrentado a ese sistema.

"Combatir a la ultraderecha"

¿Le gusta el actual gobierno de España?

Por lo menos es mejor que el que estaba. España tiene una crisis política, porque no se define entre ser parte de la comunidad internacional que dirigen el Departamento de Estado de EEUU y la Unión Europea o volver a convertirse en un país que tome sus propias decisiones. Conociendo la historia reciente de España, también creo que no se ha vuelto a recuperar el tiempo originario del PSOE.

¿Está al tanto del crecimiento del ultraderechista Vox en España?

Honestamente, con un sistema capitalista quien gobierna es la derecha, no le quepa la menor duda. España es un país en el círculo capitalista, y ahí lógicamente los poderes están determinados por las decisiones económicas. Ahora bien, este resurgimiento de ultraderecha es fascismo puro. En varios países han surgido esas tendencias viscerales, algo así como el retorno de Atila. Sin negarles el derecho a que opinen, lógicamente no es ninguna solución ir a un proceso radical de derecha cada día más fascista y comprometido con la hegemonía del capital. Hay que reconocerlos (a los ultraderechistas) y combatirlos dialécticamente y públicamente. No hay que tenerles miedo: no tienen ningún futuro.

Usted ganó las elecciones, se convirtió en presidente y acabó expulsado por un golpe de estado. Teniendo en cuenta ese antecedente, ¿eso significa que ganar en las urnas y llegar al Gobierno no garantiza necesariamente que se vayan a desarrollar una serie de cambios sociales?

Bajo un modelo capitalista de democracia liberal, el Estado está fundado para defender los intereses de los ricachones. Por lo tanto, el Estado fundado en esas condiciones se convierte en enemigo del pueblo. Usted puede encontrar ahí en España gente pobre debajo de los puentes, pero no encontrará ninguna ley que determine quiénes son los responsables de esa situación. Sin embargo, vaya usted a tocar el vidrio de un hotel o a manchar una pared: ahí surge todo el aparato represivo del Estado, sistema judicial, militares, policías… toda una maquinaria para defender al capital y la propiedad privada, pero no a la gente. Todos estos Estados liberales se han convertido en defensores del capital y en detractores del humanismo, que es lo que nosotros pregonamos. Precisamente por eso se está conformando esta Liga Antimperialista de los Pueblos.


TheTricontinental

El país donde la libertad es una estatua

Boletín 2 (2021) - enero 14, 2021

Estimados amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

El 6 de enero, el mundo fue testigo de un espectáculo interesante, un grupo de lo que parecían ser personajes de un programa de fantasía de televisión tomaron posesión del Capitolio, que alberga al Congreso de Estados Unidos. A pesar de gastar más de un billón de dólares en su ejército, servicios de inteligencia y policía, su gobierno se vio invadido por la horda de fanáticos de Donald Trump. Llegaron sin un plan o programa preciso y no fueron capaces de levantar una verdadera revuelta en el país. Lo que mostraron claramente es que hay una grave división en Estados Unidos, que debilita la capacidad de las elites para ejercer su dominio sobre el planeta.

Alrededor del mundo, la gente se quedó boquiabierta ante el bizarro desfile del ejército de Trump haciendo disturbios en las dependencias de un órgano que se llama a sí mismo “la democracia más antigua del mundo”. Con gran precisión, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, publicó un tuit que vinculaba las sanciones económicas estadounidenses contra su país y el caos en Washington, DC. Los eventos en el Capitolio, escribió el 7 de enero, “mostraron que EE. UU. no tiene ningún derecho moral para castigar a otra nación bajo el pretexto de defender la democracia. Estas sanciones deben terminar”. El gobierno de Venezuela manifestó su preocupación por “la polarización política y el espiral de violencia” y explicó que “Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”.

El término “derecho moral” utilizado por el presidente Mnangagwa ha resonado en todo el mundo: ¿cómo puede una sociedad que enfrenta graves desafíos a sus propias instituciones políticas sentir que tiene el derecho de “promover” la democracia en otros países, mediante los diversos instrumentos de una guerra híbrida?

Estados Unidos —como otras democracias capitalistas— se ha enfrentado a desafíos insuperables para su economía y sociedad, con altos índices de desigualdad de la riqueza aplastados por la precariedad a gran escala y la deflación de los ingresos. Entre 1990 y 2020, los multimillonarios estadounidenses aumentaron su riqueza en 1.130%, mientras la riqueza media en el país aumentó solo 5,37% (este aumento fue aún más marcado durante la pandemia). La clase dominante del país no ofrece ninguna salida a esta crisis social y económica, porque parecen no importarles los grandes dilemas de su propia población y del mundo. Un ejemplo de esto es el escaso apoyo a los ingresos que se ha proporcionado durante la pandemia, mientras el gobierno corre a proteger el valor de la riqueza de una pequeña minoría que posee una parte obscena de la riqueza y los ingresos nacionales.

Más que buscar una solución a la crisis económica y social —que no puede resolver—, la clase dominante estadounidense proyecta su problema como uno de legitimidad política. Está instalada la falsa sensación de que el principal problema del país es Donald Trump y su ejército improvisado, pero Trump es simplemente el síntoma del problema, no su causa. El electorado que ha convocado seguirá intacto y continuará creciendo mientras el espiral de la crisis siga fuera de control. Grandes franjas de la elite estadounidense se han alineado con Joe Biden, esperando que él —como representante de la estabilidad— sea capaz de mantener el orden y restaurar la legitimidad de Estados Unidos. Su visión es que el país está pasando por una crisis socioeconómica y de legitimidad política para la que no tienen respuestas.

El dossier de enero del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Ocaso: la erosión del control de Estados Unidos y el futuro multipolar, aborda la cuestión del ocaso de la autoridad estadounidense. Desde la guerra contra Irak (2003) y la crisis crediticia (2010), se ha previsto el deterioro del poder de Estados Unidos y su proyecto. Al mismo tiempo, el país sigue ejerciendo un enorme poder a través de su superioridad militar, su control sobre grandes secciones del sistema financiero y de comercio (el complejo dólar-Wall Street), y sobre grandes redes de información. Desde fines de la década de 1940, Estados Unidos ha declarado que cualquier cosa “inferior a un poder preponderante sería optar por la derrota”. Este objetivo político ha sido reforzado en cada Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno. La crisis socioeconómica de las últimas dos décadas ha debilitado la autoridad estadounidense, pero no ha erosionado su poder. Por eso nuestro dossier se titula Ocaso: estamos en medio de un proceso de disminución de la autoridad estadounidense, pero no de pérdida de poder.

Durante las últimas dos décadas, China ha perfeccionado su capacidad científica y tecnológica, lo que produjo un rápido avance del desarrollo del país. En los últimos años, lxs científicxs de China han publicado más artículos revisados por pares que lxs de cualquier otro país, y las empresas y científicxs chinxs han registrado más patentes que lxs de cualquier otro lugar. Producto de estos avances intelectuales, las empresas chinas han logrado innovaciones tecnológicas fundamentales en áreas como la energía solar, la robótica y las telecomunicaciones. La elevada tasa de ahorro de la población ha permitido al Estado y el capital privado chino hacer importantes inversiones en el área de la manufactura: esto ha impulsado a las industrias de alta tecnología, que representan una amenaza real para las empresas de Sillicon Valley. En el dossier sostenemos que este desafío ha provocado que la clase dirigente estadounidense instigue una confrontación peligrosa con China. Tanto el “giro hacia Asia” de Obama como la “guerra comercial” de Trump han tenido un componente militar, que incluye el despliegue de ojivas nucleares tácticas en las aguas de Asia.

The War in Eurasia

En vez de enfrentar los enormes desafíos sociales y económicos dentro de EE. UU., su clase dominante se ha refugiado en la retórica anti China. ¿Por qué está tan mal el desempleo en Estados Unidos?, se pregunta la gente. Por culpa de China, responden las elites, ya sea quienes apoyan a Trump o quienes miran con nostalgia los tiempos de Obama. ¿Por qué la covid-19 produjo tantos estragos en Estados Unidos, que sigue teniendo el mayor número de muertes en el mundo? Por culpa de China, dice Trump. Biden, más sutil, hace ruidos similares. La orientación general de la clase dominante estadounidense es culpar a China por cada problema al interior de Estados Unidos, hacer del ascenso de China la excusa de cualquier fracaso de EE. UU.

Trump utilizó el Quad (Australia, India, Japón y Estados Unidos) de la era de Obama contra China, mientras Biden promete construir una “coalición de democracias” más amplia (Quad más Europa) contra China. Sin importar qué fragmento de la clase dominante estadounidense gobierne el país, sus líderes buscarán transferir toda la responsabilidad por sus fracaso a China. Esta es una estrategia hipócrita y peligrosa —como señalamos en el dossier—, porque las élites de EE. UU. saben bien que el desarrollo económico de China representa una amenaza real para su país, pero que China no tiene la ambición militar ni política de dominar el mundo. Sin embargo, la clase dominante estadounidense está dispuesta a arriesgar el cataclismo de una guerra de esas dimensiones para proteger su “poder preponderante”.

TBT: Ricardo Silva Soto

En 1972, cuando el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile sufría la presión asesina de parte de Estados Unidos, el poeta Nicanor Parra escribió:

Estados Unidos: el país donde
la libertad es una estatua.

Un año después, el gobierno estadounidense dijo al general Augusto Pinochet que saliera de los cuarteles, derrocara al gobierno de Allende e inaugurara una dictadura que duraría 17 años. Tres años antes del golpe de Estado, el director de planes de la CIA escribió: “Es una política firme y continua que el gobierno de Allende sea derrocado por un golpe. Es imperativo que estas acciones sean implementadas clandestinamente y de manera segura para que el [gobierno de Estados Unidos] y la mano estadounidense estén bien escondidos”. Esta política de asegurar que “la mano estadounidense esté bien escondida” es parte de las técnicas de la guerra híbrida que esbozamos en el dossier.

Mujeres y hombres valientes lucharon y murieron para derrocar la dictadura de Pinochet. Entre ellxs había personas como Ricardo Silva Soto, un joven que disfrutaba jugando fútbol y estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Se unió al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) del Partido Comunista de Chile, que operaba contra los tentáculos de la dictadura. En junio de 1987, Silva Soto y otrxs militantes fueron asesinadxs a sangre fría en la Operación Albania. La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Vicaría de la Solidaridad concluyeron que no se habían disparado balas desde el interior de la casa de seguridad de la calle Pedro Donoso 582, en la comuna de Conchalí de Santiago. Las balas fueron disparadas por militares desde corta distancia. En la cercana comuna de Recoleta, hay una farmacia popular llamada Silva Soto. Fue abierta en 2015 por el alcalde Daniel Jadue, quien actualmente es candidato a la presidencia de Chile. La creación de esta farmacia condujo al establecimiento de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP) y a la apertura en 94 municipalidades de establecimientos de este tipo, que jugaron un rol clave en la lucha contra la covid-19. Ricardo Silva Soto fue asesinado para evitar el mundo respirara. Su nombre ahora aparece en medio de un proceso que ayuda al mundo a sobrevivir. 

La reacción mundial a los eventos del 6 de enero muestra que la autoridad de Estados Unidos está muy mermada. Biden utilizará cualquier método —incluyendo la guerra híbrida— para revivir esa autoridad. Pero es poco probable que lo logre. El poema de Parra fue escrito en 1972 con amarga ironía; hoy, debido al interés mundial por Black Lives Matter y la aparición pública de las hordas de supremacistas blancos que apoyan a Trump, los versos de Parra son vistos como una descripción de la realidad.

EE. UU. tiene importantes recursos para reasentar su autoridad. La lucha que viene —en nombre de personas como Ricardo Silva Soto— será difícil y peligrosa, pero es una lucha esencial por el bien de la humanidad.

Cordialmente, 

Vijay.