Diputados opositores piden juicio político contra presidente de Honduras por actividades de narcotráfico
El Poder Legislativo tiene cinco días a partir de este 14 de enero para tomar la decisión de darle trámite a la petición de juicio político.
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa En la sesión virtual de este jueves, tres diputados de la oposición presentaron ante la Secretaría del Congreso Nacional una solicitud formal de juicio político contra el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
La decisión surgió de los diputados Luis Redondo del Pinu, Jorge Luis Cálix de Libre y David Armando Reyes Osorto, diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).
La propuesta de los diputados ante la Cámara Legislativa está basada en las implicaciones del mandatario hondureño en actividades del narcotráfico, según lo revelado la semana anterior por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
En la nota presentada ante la secretaria del Poder Legislativo se lee: “Se interpone formal denuncia para la realización de juicio político para el titular del poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández por su actuar contrario a la Constitución”.
El alegato principal expuesto por los congresistas señala que Juan Hernández Alvarado ha sido vinculado en múltiples juicios de narcotraficantes que están siendo judicializados en los tribunales de la ciudad de Nueva York.
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Luis Redondo, diputado del Pinu por el departamento de Cortés, señaló que esos señalamientos lesionan el interés nacional e internacional, y que de igual manera ponen de manifiesto su negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño en el cargo que ilegalmente ostenta”.
El diputado del Pinu que esta petición está en el artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político en Honduras.
El presidente Hondureño ha sido señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico desde que se inició el proceso contra su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández en la ciudad de Nueva York, donde fue encontrado culpable y espera sentencia definitiva este 27 de enero.
Esta no es la primera vez que se pide el juicio político contra Juan Hernández. El 11 de mayo de 2015, el entonces coordinador de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales anunció este lunes que la oposición estará pidiendo al Parlamento juicio político al presidente Juan Hernández, señalado de haber sido cómplice en el megafraude al Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS).
El 10 de octubre de 2019, cuatro diputados que conformaban la bancada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) firmaron la solicitud para pedir la aplicación del juicio político contra el jefe de gobierno, Juan Hernández, por sus vínculos con el narcotráfico.
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Fiscales de EE.UU. vuelven a relacionar al presidente de Honduras con un narcotraficante detenido
Fiscales federales estadounidenses han reforzado con nuevos detalles sus acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de proteger al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de grandes sumas de dinero. La Fiscalía ya señaló a Hernández por este motivo en marzo de 2020, pocas horas después de la detención del mencionado delincuente.
El nuevo escrito de los fiscales, presentado a última hora del pasado viernes en un tribunal de Nueva York, se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, y en él se detalla la relación que le une al mandatario hondureño.
El texto no nombra explícitamente a Juan Orlando Hernández, sino que lo identifica como CC-4 (conspirador número 4). No obstante, su figura resulta fácilmente reconocible debido a las explícitas referencias a su cargo al frente del Ejecutivo de su país y a su relación con su hermano, Juan Antonio 'Tony' Hernández, declarado culpable de narcotráfico en EE.UU., en un juicio en el que también se señaló al actual presidente de Honduras como presunto perceptor de un millón de dólares procedente de los negocios ilícitos del narco mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
"Meterles drogas por las narices a los gringos"
Según los fiscales, Fuentes Ramírez habría mantenido reuniones con Juan Orlando Hernández en 2013 y 2014, y le habría sobornado para que aceptase movilizar incluso a las fuerzas armadas de Honduras en acciones destinadas a la protección de sus negocios ilícitos con drogas.
La Fiscalía también sostiene que, en esas reuniones, Hernández aseguraba que quería hacer creer al Gobierno de EE.UU. que Honduras luchaba contra el narcotráfico, pero que su propósito real siempre fue eliminar la extradición al país norteamericano y "meterles drogas por las narices a los gringos", en referencia a una supuesta voluntad de "inundar Estados Unidos con cocaína", tal como cita el documento.
Hernández, además, habría animado a Fuentes Ramírez a trabajar con su hermano, llegando incluso a mostrar interés en tener acceso a su laboratorio de estupefacientes.
El presidente de Honduras ha vuelto a negar todas las acusaciones, alegando que carecen de credibilidad al proceder de narcotraficantes confesos, que estarían tratando de vengarse de él y de reducir sus probables penas.
Por su parte, Fuentes Ramírez está acusado de conspirar para enviar cocaína a EE.UU. y de producir "cientos de kilogramos mensuales" de esta droga –tal como consta en el escrito de los fiscales– , así como de ordenar el asesinato de varias personas para proteger sus actividades criminales.
El presidente de Honduras aceptó sobornos de narcotraficantes, dicen fiscales estadounidenses
Juan Orlando Hernández supuestamente dijo que quería meter drogas «en las narices de los gringos» inundando los Estados Unidos con cocaína
Tomado de: theguardian.com
Juan Orlando Hernández está acusado de aceptar sobornos del narcotráfico y del ejército en mociones
presentadas en el caso de otro hondureño arrestado en Miami en marzo.
Los fiscales federales estadounidenses han presentado mociones diciendo que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó sobornos de los narcotraficantes y pidió a las fuerzas armadas del país que protegieran un laboratorio de cocaína y los envíos a los Estados Unidos.
Los documentos citan a Hernández diciendo que quería «meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína».
Las mociones presentadas ayer viernes ante el distrito sur de Nueva York no nombran específicamente al presidente, refiriéndose a él como «CC4», o co-conspirador No4, sino que lo identifican claramente al nombrar a su hermano y su propio cargo como presidente.
El presidente, que no ha sido acusado, ha negado repetidamente cualquier conexión con los traficantes a pesar de la condena en 2019 de uno de sus hermanos, Juan Antonio «Tony» Hernández. Durante ese juicio, el presidente fue acusado de aceptar más de $ 1 millón del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, acusación que se repite en las nuevas mociones.
Hernández ha dicho que los traficantes lo acusan falsamente para buscar venganza por tomar medidas drásticas contra ellos. El gobierno de EE. UU. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las nuevas presentaciones. Las mociones buscan la aprobación previa al juicio para admitir pruebas en el caso de Geovanny Fuentes Ramírez, quien fue arrestado en Miami en marzo. Y amplían las acusaciones presentadas poco después del arresto en las que se acusa a Hernández de aceptar sobornos a cambio de protección de las fuerzas del orden.
Fuentes Ramírez está acusado de conspirar para contrabandear cocaína a Estados Unidos y las mociones presentadas el viernes lo acusan de producir “cientos de kilogramos mensuales” de cocaína y de hacer matar a varias personas para proteger su negocio ilícito. A fines de 2013, el acusado se asoció directamente con CC4 y oficiales de alto rango del ejército hondureño.
En ese momento, CC4 buscaba ser elegido presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras (el Partido Nacional) , decía la moción.
Agregó que un testigo «testificaría que ellos y otros narcotraficantes estaban pagando sobornos masivos a CC4 a cambio de protección de las fuerzas del orden y extradición a los Estados Unidos» y que el futuro presidente «aceptó aproximadamente $ 1 millón en Ingresos del narcotráfico que le fue entregado a su hermano por el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ”.
Los fiscales dicen que accedió a trabajar a través del hermano del presidente ahora condenado. Las mociones también implican a figuras militares, policiales, políticas y comerciales de alto rango en el lavado de dinero y el soborno. Hernández, presidente del Congreso antes de ser elegido presidente en 2013, fue reelegido en 2017 para un mandato que finaliza en enero de 2022.
Ha cooperado con la administración Trump y sus esfuerzos para detener la migración de su nación y otras en Centroamérica. Durante una visita a Honduras en enero de 2020, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, dijo: «Honduras es un socio valioso y probado de Estados Unidos en la gestión de la migración y la promoción de la seguridad y la prosperidad en Centroamérica».
Lea la nota original en inglés
JOH maniobra contra el proceso electoral ante un posible pedido de extradición
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – “Si Juan Orlando Hernández quiere reelegirse el pueblo debe irse a la insurrección” aseguró la vicepresidenta del Partido Liberal Maribel Espinoza, en un foro televisivo en el que junto al subjefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, denunciaron el discurso del régimen para dificultar, desprestigiar y finalmente torpedear el proceso electoral para evitar el relevo en el poder ante las menciones de un posible pedido de extradición por la justicia de los Estados Unidos.
Juan Hernández ha estado conspirando permanentemente contra el proceso electoral, contra la democracia y el Estado y no podemos seguir cayendo en el error de pensar de que el Partido Nacional tiene voluntad política de ir a un nuevo proceso electoral, más bien quiere quedarse en el poder por las buenas o por las malas y eso no podemos aceptarlo, señaló la dirigente rojiblanca, que reconoció la fractura de su instituto político en el Congreso Nacional.
Desde el 2014 siendo presidente (Hernández) estaba obligado a impulsar las reformas electorales, oportunidad que se presentó en 2017 pero se tuvo que votar con la misma ley electoral y ahora, en 2021, el país sigue careciendo de una norma que devuelva la confianza y transparente el proceso.
El agravante es que a Hernández ya no solo se le menciona como CC-4 sino que se establecen hechos en los que él participó directamente, incluso se revelaron diálogos sustentados por testigos protegidos, indicó la dirigente liberal.
El estatus diplomático que lo protege solo perdurará si permanece en el poder y para eso necesita torpedear y desacreditar el proceso electoral porque está en una situación de desesperación “y ahora el Partido Nacional quiere cambiar las reglas del juego y si Juan Orlando insiste en quedarse en el poder tenemos que irnos a una insurrección nacional”, subrayó Espinoza.
Quién asigna los fondos que aprueba el Congreso es el Ejecutivo y viendo las carencias en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) “son indicios claros de la voluntad que tiene Juan Orlando para quedarse en el poder y tenemos que defender la democracia, luchar porque haya elecciones primarias y elecciones generales en 2021”.
En las cortes federales de Estados Unidos se relaciona a Hernández con el narcotráfico en una juntura de cambio de gobierno, en aquella nación, y elecciones generales en Honduras que demandan reformas electorales que conforme a políticos opositores están siendo instrumentalizadas en el Congreso Nacional para blindar al cuestionado jefe de gobierno.
“Mientras el Partido Nacional esté en el poder existen amenazas contra el proceso electoral. A 61 días del proceso electoral primario el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene todos los fondos necesarios ya aprobados por el Congreso Nacional para realizar las jornadas electorales, sostuvo Jorge Cálix, subcoordinador de la bancada de Libre en el legislativo.
Para el caso, el presupuesto de la Unidad de Política Limpia no ha sido preaprobado porque la Secretaría de Finanzas no ha dado respuesta a esa demanda, aunque las campañas políticas comienzan el 23 de enero próximo de forma oficial.
Asimismo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) aún carece de oficinas propias donde pueda recibir, conocer y resolver las impugnaciones que se hagan y todavía no se cuenta con la ley electoral nueva.
Vamos a primarias con la ley electoral del fraude, el TJE no tiene ley, no hay procesos definidos y tenemos magistrados, pero no procesos que puedan resolver y esa es la realidad del país, detalla Cálix.
“Ese es el escenario hasta el que nos ha traído el Partido Nacional, tenemos 30 votos de Libre y 12 del Partido Liberal y por eso insistimos que el proceso electoral está amenazado por esos factores internos sin mencionar otros externos, como la corrupción y el narcotráfico, por eso insistimos en que el proceso electoral está amenazado”, sentenció.
Del lado del titular del régimen la suerte está echada; “el día que salga del poder será sindicado o pedido en extradición acusado por la corte que ya no lo vincula, lo acusa directamente de viva voz de los fiscales de ser capo de la droga incluso tomando frases propias referente al tráfico del alcaloide a Estados Unidos.
Esto es grave para nosotros, no hay
narco que no mencione a Juan Orlando, un fiscal no se mete con un
presidente porque tiene protección diplomática y la corte lo señala
directamente, esto muestra que el proceso está amenazado, concluyó.
Fiscal general habría ayudado a JOH a proteger el tráfico de drogas: Fiscalía de Nueva York
Redacción de Criterio.hn y ProHondurasNetwork
La información revelada por la Fiscalía para el Distrito Sur de New York el pasado viernes 8 de enero, que surge dentro del caso de Geovanny Fuentes Ramírez afirma que Juan Orlando Hernández (CC-4) y Fuentes Ramírez sostuvieron múltiples reuniones en el departamento de Cortés, en las que hablaron de sus actividades de tráfico de drogas.
La Fiscalía asegura que, alrededor del año 2013, Geovanny Fuentes tuvo dos reuniones con Juan Orlando Hernández en un negocio ubicado en el departamento de Cortés nombrado dentro del documento como Business-1. Durante las reuniones, ocurrió lo siguiente,
(i) Geovanny Fuentes entregó a Juan Orlando Hernández aproximadamente decenas de miles de dólares a cambio de una promesa continua de protección por parte de Juan Orlando del escrutinio policial y el apoyo militar en sus actividades de tráfico de drogas;
(ii) Juan Orlando Hernández le dijo a Geovanny Fuentes que estaba interesado en acceder a su Laboratorio por su proximidad a Puerto Cortés, un puerto de embarque clave en la costa norte de Honduras que se encontraba a minutos del Laboratorio;
(iii) Juan Orlando acordó utilizar las Fuerzas Armadas de Honduras como seguridad para las actividades de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez;
(iv) Juan Orlando Hernández dijo que el Fiscal General de Honduras (Oscar Chinchilla) ayudaría a proteger las actividades de narcotráfico del acusado;
(iv) Juan Orlando dijo que Tony Hernández manejaba actividades de narcotráfico en Honduras, que Geovanny Fuentes debía reportar directamente a Tony Hernández para propósitos de narcotráfico y Juan Orlando Hernández proporcionó a Fuentes Ramírez el número de teléfono de Tony Hernández;
(v) Juan Orlando Hernández dijo que quería que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que en cambio iba a eliminar la extradición y “meter las drogas en las narices de los gringos”, refiriéndose a inundar los Estados Unidos con cocaína. Geovanny Fuentes, en sustancia y en parte, estaba emocionado de tener la protección de Juan Orlando Hernández y acordó trabajar con él y su hermano para importar cocaína a los Estados Unidos.
El mandatario estadunidense Donald Trump protegió durante todo su gobierno al Narco Dictador Juan Orlando Hernández. Aun sabiendo las vinculaciones directas de JOH con el narcotráfico.
Trump reconoció a JOH como presidente legítimo
después de haberse realizado el monstruoso fraude electoral de 2017
robándole el triunfo al candidato de la Alianza de Oposición. JOH se
sentía el niño mimado de Estados Unidos, cumplía todo lo que le
dictaban, eso le permitió reelegirse ilegalmente.
Los miles de millones de lempiras desperdiciados en militares, se botan por orden estricta de los Estados Unidos, JOH fue disciplinado con Trump, la recompensa de Trump hacia JOH fue mantenerlo en el poder, lo que es igual a salvarlo de estar en un calabozo en los Estados Unidos.
Ahora sin Trump al frente de los Estados Unidos JOH sabe que le espera un momento crítico, Biden fácilmente puede solicitar su extradición, una transformación para el país es algo que solo es capaz de hacer el pueblo hondureño, no depende de quien esté al frente del gobierno Norteamericano, pero el gobierno de turno en Estados Unidos sí puede decidir si JOH sigue al frente de la dictadura o en un calabozo frío en Estados Unidos
Hay políticos que están negociando la continuidad de Juan Hernández en el poder, denuncia dirigente liberal
Tegucigalpa.- El dirigente liberal Eduardo Martell denunció ante medios de comunicación, que hay políticos de varios partidos políticos que ven con buenos ojos que Juan Hernández continúe en el poder por un periodo más.
Martell argumentó que estas negociaciones se están dando en privado, mismas que pueden llevar al país a un terreno peligroso de cara a los eventos electorales del presente año.
Eduardo Martell
Sin dar detalles sobre los nombres, el abogado recalcó que la idea de estos grupos es que a través de reformas electorales se prepare el camino para suspender las Elecciones Primarias y dar el zarpazo a la celebración de Generales, con el agregado de haber inscrito a Juan Hernández como candidato nacionalista a la presidencia.
“En guerra avisada no muere soldado, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ahora pretenden abrir el camino para que Juan Hernández sea inscrito como candidato y siga en el poder”, contó Martell.
El abogado siguió argumentando: “nos pueden conducir a posponer las elecciones primarias y luego llegar de un solo a Generales para inscribir a Juan Hernández, personaje que ve en el poder la única vía de inmunidad para salvarse de la justicia norteamericana”.
De acuerdo a la información que maneja, hay varios socios en la oposición que están gestionando ese movimiento, incluso según Martell, integrantes del Partido Liberal que forman parte del lado oscuro y de Libertad y Refundación, de quienes no dio detalles.
“Hay varios socios en la oposición que se están prestando a este juego, es lamentable y hay que estar alertas a que esto pueda suceder, sabemos que no hay institucionalidad, el proceso electoral sigue más débil que en el 2017, no se quiso fortalecer porque es un plan estructurado para hacer fraude y garantizarle inmunidad a los corruptos”, enfatizó Martell.
Al ser consultado sobre los nombres de quienes se están prestando a ese juego, el dirigente liberal respondió: “sabemos que Juan Hernández está entrando en negociaciones con varias fuerzas políticas y por eso hay que denunciar esta situación, son los mismos que han negociado y ahora quieren inscribir a Juan Hernández, hay que poner ojo a esta situación”.
Finalmente el abogado sugirió que ante estos acontecimientos el principal reto de la oposición es formar un bloque opositor que luego de marzo dispute el poder electoral con el oficialismo de cara a las Generales de noviembre.
“La oposición debe dar pasos concretos y luego hay que dar una muestra de lucha con el pueblo hondureño, esa es una responsabilidad enorme, por el momento hay unidad entre Luis Zelaya y Salvador Nasralla, quienes han confirmado que después de marzo irán en alianza, también hay posibilidades de que se sume el PINU y además estamos hablando con varias corrientes de Libre y esperemos que después de las primarias tome mayor fuerza”, culminó.
Maquillaje de reformas electorales nacionalistas buscan imponer la reelección
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – “Estamos peor que antes”, aseveró la diputada socialdemócrata Doris Gutiérrez, en referencia a las maniobras del Partido Nacional para reglamentar la reelección presidencial y blindar de un posible pedido de extradición del mandatario Juan Hernández por parte de la justicia de Estados Unidos, ante insistentes menciones de testigos que lo vinculan con la narcoactividad en la región.
Diputada del PINU, Doris Gutiérrez
En la cámara legislativa el nacionalismo insiste en incorporar la reelección presidencial en las enmiendas políticas contenidas en la nueva ley electoral, dejando por fuera la aprobación de la segunda vuelta electoral.
La legisladora, en un foro de la televisión nacional, cuestionó el proceso de enrolamiento del Registro Nacional de las Personas (RNP), además de la depuración con la que hace unas horas fue nuevamente retornado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Continuó manifestando que el oficialismo pretende asegurar la permanencia en el poder de Hernández, registrado judicialmente como CC-4 y mencionado por su nombre en testimonios de capos de la droga, como en mociones de los fiscales de gobierno estadounidense en el juicio al narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, como difundió la prensa mundial el fin de semana anterior.
La necesidad de las reformas electorales es utilizada para asegurar la candidatura presidencial de Juan Orlando, pero no se puede regular algo o una figura que es inconstitucional e inmoral reafirmó la jefe de bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU-SD).
“Hoy se mantienen las condiciones para que se vuelva a postular como candidato con el argumento de que la reelección no se reguló, y cualquier ciudadano lo propondría lo que es delicado porque el (extinto) Tribunal Nacional de Elecciones la ratificó para quitarle el triunfo a la Alianza de Oposición”.
Informes del pasado proceso de elecciones del Pinu-SD, revelan que tanto liberales como los nacionalistas no tenían representantes en algunas mesas electorales en la capital, porque no hubo representación equitativa, se quejó.
“Y tal como está escrito en las reformas electorales, se plantea una concentración en mesas electorales para generar alianzas entre liberales y nacionalistas y hacer fraudes electorales; nosotros tenemos la esperanza que en estas dos semanas este partido reflexione”, concluyó.
Augusto Aguilar, ex presidente del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE)
Augusto Aguilar, ex presidente del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) coincidió que la situación es difícil desde el mismo momento en que se nombraron a los representantes de Libertad y Refundación en el CNE, como en el RNP, y desde que esos funcionarios aseguraron que para diciembre la población estaría documentada cuando es un proceso que dura al menos dos años para que no haya inconsistencias.
Fue una cuestión mal planificada pues los problemas del RNP son históricos pues ha sido integrado con personal improvisado, activistas y dirigentes políticos cimentando la cultura de la desconfianza y ahora con mucha más razón en procesos electorales y censos, enunció Aguilar.
De la segunda vuelta electoral el ex presidente del TNE manifestó que ha sido un proceso histórico en América Latina ante la desaparición del bipartidismo en casi todos los países.
Honduras hasta antes del golpe de Estado no era necesidad porque liberales y nacionalistas concentraban el 90% del electorado y forma parte del reducido grupo de países del continente que no incluyen la figura de la segunda vuelta electoral.
“Es una necesidad en la que estamos a punto de perder la oportunidad porque estas son causa de crisis al no contar con en primera vuelta con los votos necesarios, además, se están ignorando las recomendaciones de organismo internacionales, en especial la Unión Europea”, destacó.
En 2017 se opusieron, hoy propone la consulta ciudadana, argumenta altos costos y deduce que la oposición se une para echarle la vaca al oficialismo, lo que no es cierto como ha quedado demostrado en elecciones de segunda vuelta en otros países, como en Uruguay y Costa Rica
Arístides Mejía, dirigente liberal y ex presidente del TSE, asegura que los argumentos del Partido Nacional contra la segunda vuelta son falaces ante el enorme rechazo popular que tienen.
La oposición es torpe porque si ellos ponen obstáculos es porque siempre optarán por esa vía, sin embargo, la falta de sentido nacional hundirá al oficialismo que perderá el poder por años de degaste.
Propusimos varias opciones para la integración de las mesas electorales, como incorporar a los vecinos escogidos al azar, pero fue rechazada.
Hay que separar la acción de la justicia de la política partidaria, pero vivimos de la suspicacia y no se avanza nada. Las reformas electorales se hacen en el primer año de gobierno para que no haya intereses cruzados.
Honduras: Cinco meses de la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas
¡Aparición con vida, verdad y justicia YA!
En ocasión del Día de los derechos humanos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizó el foro virtual «Desaparición Forzada en Honduras: el caso Triunfo de la Cruz».
Dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.
El 18 de julio, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas «establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas».
El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Hernández ya otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas desaparecidos y el fin de la violencia sistemática e intencional contra el pueblo garífuna.
También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.
Los resultados son prácticamente inexistentes.
«Vivimos en un país donde hablar de derechos humanos y defender nuestros territorios significa ponerse una soga al cuello. Sneider (Centeno) estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Fue hasta Tegucigalpa a denunciar estos hechos, pero nadie le hizo caso.
Ahora está desaparecido junto a otros compañeros. Nosotros queremos justicia, queremos que nos devuelvan a los muchachos, que se castiguen a los responsables materiales e intelectuales de todas las violaciones, asesinatos y desapariciones.
Basta ya de secuestros, de persecución, de asesinatos por el lucro personal de unos cuantos y el saqueo de la naturaleza», dijo Pablo ‘Pitio’ Centeno, padre de Sneider Centeno.
De acuerdo con las organizaciones que en octubre pasado, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Honduras fue sometido, presentaron un informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al menos 140 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas entre 2010 y 2019. También se documentaron 2.137 ataques entre 2016 y 2017.
Asimismo, son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. La impunidad supera el 90% de todos estos casos.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos de desaparición forzada durante el período de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.
«Reitero lo que siempre he dicho: hay un plan genocida en contra del pueblo garífuna. Se trata de un plan sistemático de represión que se ha venido implementando en los últimos años desde el Estado, con el objetivo de expulsarnos de nuestros territorios y beneficiar a las mafias que controlan y gobiernan Honduras.
Quieren desaparecer a los pueblos para seguir adueñándose de territorios y saqueando bienes comunes. El resultado es que miles de familias siguen yéndose del país. Y es lo que quieren estas mafias: que la gente se vaya y que deje sus territorios en manos de grupos criminales y explotadores extranjeros», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
La lideresa garífuna recordó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
«Para llevar a cabo este plan sistemático de represión y expulsión, estas mafias (económicas y políticas) necesitan de un sistema judicial colapsado y coludido. Esto explica la total impunidad de tantos crimines y el silencio sobre el paradero de nuestros compañeros.
La Ofraneh sigue siendo criminalizada, perseguida y judicializada porque defendemos los derechos humanos y la vida del pueblo garífuna. Han pasado cinco años de la sentencia de la Corte IDH y no hicieron nada.
Necesitamos transformar este país. Necesitamos construir un país diferente, con futuro para la juventud, donde la gente pueda quedarse a vivir dignamente, y no bajo el yugo de una clase política asesina y saqueadora de las arcas del estado», agregó Miranda.
Para el doctor Juan Almendares Bonilla no hay que olvidarse un elemento fundamental que caracteriza este contexto de persecución, que es el racismo.
«Aquí en Honduras, estos gobiernos, estas transnacionales, estos imperialismos son racistas. El poder político y económico es racista, excluyente y discriminatorio contra los pueblos originarios», concluyó.
Fuente: LINyM
El COPINH se pronuncia ante la resolución sobre el caso “Fraude Sobre el Gualcarque”
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras – COPINH, ante el amparo otorgado por la Sala Constitucional a favor de 10 de los 16 acusados de delitos de corrupción por actos de corrupción en el caso “Fraude Sobre el Gualcarque” por la imposición ilegal del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado Río Gualcarque, comunica lo siguiente:
- Denunciamos que la decisión de otorgar el recurso de amparo para 10 de los acusados en este caso es contraria a los derechos del pueblo Lenca afectado por la concesión ilegal e ilegítima de sus territorios.
- Reconocemos el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción UFERCO, antes UFECIC-MACCIH, por los avances en la lucha contra la corrupción, a pesar de la falta de apoyo de las máximas autoridades del Ministerio Público.
- Denunciamos que el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, y las recientes decisiones sobre casos de corrupción, ponen en evidencia la fragilidad del sistema de justicia hondureño para combatir la impunidad por actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, así como, el interés expreso de favorecer la impunidad de funcionarios corruptos por parte del sistema de justicia de Honduras.
- Demandamos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia restituya al COPINH en el derecho a participar como acusador particular en el caso del “Fraude Sobre el Gualcarque” por la imposición ilegal del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado Río Gualcarque. Derecho que le ha sido negado para favocer las estructuras criminales de la cual forman parte integrantes de la familia Atala Zablah que provocaron graves violaciones a los derechos de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco incluyendo el asesinato de Berta Cáceres.
Por lo anterior:
- Exigimos al Estado de Honduras el respeto de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la corrupción y que se continúe el proceso por corrupción en contra de las 10 personas que fueron favorecidas ilegalmente por el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia.
- Llamamos al pueblo hondureño a movilizarnos en contra de la corrupción y ser garantes para que los corruptos paguen por sus crímenes.
- Llamamos a la comunidad internacional a dejar de apoyar un sistema de justicia que promueve la impunidad para corruptos y violadores de Derechos Humanos y reconfigurar todos los acuerdos de cooperación en esta materia.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” – Berta Cáceres
Dado en la ciudad de La Esperanza, a los 17 días del mes de diciembre de 2020
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”
Femicidios Políticos. Desde las hermanas Mirabal hasta Berta Cáceres
El nombre de Berta Cáceres, defensora de la tierra y el agua, referente del pueblo Lenca en Honduras donde se opuso a la construcción de una represa que asfixia al Río Blanco, sagrado para les suyos resuena ahora cuando todavía se escuchan los ecos de las jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. Asesinada en 2016 por sicarios ya condenados relacionados con la misma empresa responsable de la represa, ella fue víctima de un femicidio político al igual que las hermanas Mirabal a quienes se recuerda en esta fecha. La segunda etapa del juicio, contra los autores intelectuales sigue aplazándose sin más sentido que garantizarles impunidad.
por Claudia Korol – en Pagina12.com.ar
En todo el mundo se realizan en estos días jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha que recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las “Mariposas” que enfrentaron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana -responsable de más de 50.000 asesinatos de los pueblos dominicano y haitiano-, hasta su asesinato en 1960, un triple feminicidio político.
En los feminicidios políticos perpetrados en las últimas décadas, entre ellos los de Beti Cariño (2010 / Oaxaca, México), Nilce de Souza Magalhães (2016 / Rondonia, Brasil), Macarena Valdes (2016 / Wallmapu, Chile), Berta Cáceres (2016/ Honduras), Marielle Franco (2018/ Brasil), Cristina Bautista (2019 / Cauca, Colombia), en todos hay acciones previas y posteriores dirigidas a desprestigiar a las lideresas populares que tienen un rol fundamental en la defensa de cuerpos y territorios. En la mayor parte los autores de los crímenes continúan en la impunidad, ya que están involucrados grandes empresas -muchas de ellas transnacionales-, poderosos intereses políticos corporativos, asesoramiento internacional, gobiernos locales, fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en los procesos de criminalización de las defensoras de territorios, comunidades y cuerpos en el Abya Yala.
Berta Cáceres: un crimen emblemático
En esta semana se debía reiniciar en Honduras el juicio a David Castillo –postergado por dos años y ocho meses por maniobras dilatorias de su defensa aceptadas por el tribunal-. Una vez más la audiencia fue suspendida por la interposición de un recurso de apelación de la defensa. Resulta vergonzosa la complicidad del Tribunal con los dueños del poder. Nos dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en una entrevista previa a la audiencia, que las pruebas existentes contra David Castillo son contundentes e irrefutables. Por eso su defensa intenta llevar el juicio a un callejón sin salida.
COPINH ha denunciado que David Castillo, junto a los integrantes de la familia Atala –Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah- y Daniel Atala Midence, son los responsables intelectuales del asesinato de Berta. A pesar de las numerosas pruebas que los incriminan, los empresarios Atala –dueños de DESA- jamás fueron juzgados, ni siquiera citados como testigos. Señaló Bertha Zúniga Cáceres: “En este juicio se pretende lograr la condena al Presidente de la empresa DESA, el señor David Castillo, que tuvo un papel determinante en el crimen de la compañera Berta Cáceres, y en los ataques sistemáticos al COPINH. Para nosotras es importante, pues él representa los intereses de un grupo económico que se intenta imponer frente a los pueblos, a sus resistencias. Es una persona con entrenamiento militar, que responde a los intereses de la familia Atala, de los grupos que se han beneficiado del modelo económico basado en el extractivismo, para seguir aumentando sus ganancias. A él lo consideramos una pieza clave para vincular a los autores materiales que ya fueron condenados y a los autores intelectuales que guardan impunidad, por no existir voluntad del estado de Honduras para enjuiciarlos y condenarlos. Esta condena reafirmaría el hecho de que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha, que se oponía a intereses económicos en el país que siguen violentando a los pueblos. Es un juicio que simbólicamente es muy importante también para plantear las dimensiones de los agravantes en el crimen sobre ella como lideresa mujer de una organización de pueblos indígenas, que no tuvo miedo en señalar quiénes atacan a los pueblos”.
¿Quién es David Castillo?
En la noche del 2 de marzo de 2016, madrugada del 3 de marzo, fue asesinada Berta Cáceres, cofundadora y dirigente del COPINH, reconocida dirigente de la resistencia al golpe de estado, defensora de los territorios –especialmente en los que habita el pueblo Lenca- y en los últimos años profundamente comprometida en la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la construcción de la represa Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque –considerado un río sagrado por su pueblo-. El crimen de Berta levantó una movilización nacional e internacional exigiendo justicia.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete sicarios como autores materiales del asesinato. Entre estos hombres, contratados por ejecutivos de DESA, están el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, el oficial de fuerzas especiales entrenado en Estados Unidos Mariano Díaz Chávez, y Edilson Atilio Duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas -en funciones a la hora del crimen-. No se trata de sicarios elegidos al azar. Es un grupo de tareas operativo, altamente calificado, con personal entrenado en Estados Unidos, coordinado por David Castillo, uno de los autores intelectuales juzgado en estos días, que ofició de enlace con los dueños de la empresa.
Presidente de DESA, empleado de los Atala, David Castillo es un ex oficial de inteligencia militar, que fue integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras con el grado de Subteniente de Inteligencia Militar. Aparece en la lista de graduados del año 2004 de la academia militar estadounidense West Point. Está acusado de organizar el crimen, hacer inteligencia en el COPINH, y contratar a los asesinos. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
David Castillo fue el responsable de realizar una labor de inteligencia acercándose a Berta Cáceres, estableciendo una relación a través de la cual sacaba información para los planes de la empresa. Este vínculo está siendo utilizado ahora para atacar la imagen de Berta, profundizando las lógicas patriarcales de ataque a las mujeres dirigentes, a su vida privada, buscando justificar así la supuesta inocencia de David Castillo.
¿Por qué un feminicidio político?
Antes todavía del crimen, Berta había recibido numerosas amenazas. También había estado perseguida y presa por un montaje judicial organizado por el Ejército y la empresa DESA. También sufrió el acoso sexual de agentes de la inteligencia militar –entre ellos Douglas Bustillo y David Castillo-, y fue víctima de una campaña de desprestigio –que ahora se sabe que fue organizada por el grupo coordinado por Castillo, que contrató a periodistas para tal fin, y que finalmente la mató-.
La criminalización y estigmatización de Berta Cáceres fue el prólogo para el asesinato. En uno de los diálogos sostenidos con ella nos decía con su humor inconfundible: “Nos han acusado no solo de tráfico ilegal de armas, de violentas, de lucha armada, sino también de brujas. ¡Me han acusado de bruja! Es lo único que acepto. Algo de brujas tenemos para soportar lo que estamos viviendo y para seguir inventando nuevas luchas. Eso sí es verdad, digo. Pero lo demás no. Vivimos una enorme criminalización, especialmente por ser mujeres. Recibimos amenazas a nuestra vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestras compañeras y compañeros del COPINH, a quienes nos acompañan, incluso así sean internacionalistas. Hay campañas de descrédito, acusaciones. Que somos putas, brujas, locas, que tenemos familias disfuncionales. Campañas nacionales en los medios de la oligarquía, con una gran carga de desprecio, de racismo, de patriarcado. (En el libro Las Revoluciones de Berta).
En diálogo con el periodista Dick Emanuelsson, en diciembre 2013, denunciaba Berta: “La concesión de Río Blanco la tiene DESA. Hasta ahora no ha podido contratar a ninguna empresa para seguir la construcción, precisamente por el nivel de lucha, de solidaridad y de denuncia. Por eso han aumentado la represión, el hostigamiento, las amenazas, los secuestros. Estos sicarios amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, ultrajarlas. ¿Quénes son? El jefe de seguridad de DESA, ex militar, el que se presenta como dueño de DESA, egresado de la West Point, especialista en inteligencia militar, y asesor de la Inteligencia del Estado Mayor. En todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, hay una vinculación con los militares. Yo fui presionada por ellos para sentarme a negociar con la empresa. Les dije: ‘no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nunca’, pese a que el mismo dueño de la empresa me ofreció soborno. Como no les funciona eso, vienen después todas las acusaciones que se conocen, y amenazas de muerte. Tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa, donde incluso hay acoso sexual”. Eso, más el uso de las declaraciones de los que fueron nuestros compañeros: que somos traficantes de armas, que nos financian los europeos, los gringos, que degeneramos la lucha del COPINH, combinado con todo el mecanismo de querer pudrir a las organizaciones y despedazarlas, es una jugada muy inteligente. Es la estrategia gringa de contrainsurgencia”.
Inmediatamente después del asesinato se lo quiso presentar como “crimen pasional”. Abonado por esa campaña previa de desprestigio, realizada desde todas las usinas del poder patriarcal, y elaborado por la inteligencia militar, incluso la CNN repitió esa muletilla.
Ahora nuevamente se pretende oscurecer los móviles del crimen, presentando a David Castillo, y a sus operaciones de inteligencia militar, que incluyeron el acercamiento a Berta Cáceres, el intercambio de mensajes, el disfraz de “aliado”, mientras enviaba información a los jefes de la empresa, como argumentos para desdibujar la operación político militar de los dueños del poder.
En Conferencia de Prensa realizada por el COPINH y la familia de Berta Cáceres, expresaba Laura Zúniga Cáceres ante una pregunta insidiosa de un corresponsal de la prensa: “David Castillo es uno de los asesinos de Berta Cáceres. Fue un acosador, perseguidor de mi mami, que en reiteradas ocasiones la amenazó y buscó intimidarla. Sabemos que Berta Cáceres era una mujer fuerte, que no se dejaba intimidar, pero esa fue su función. Él buscaba intimidarla, le escribía siempre mensajes. Fue la comunicación entre un acosador, un hombre entrenado en inteligencia militar, hacia una persona que era su víctima.” Cuando el reportero le preguntó si había un vínculo amoroso entre ellos, Laura lo desmintió y agregó: “Mire, eso de intentar ligarlo con vínculos amorosos es bien feo, porque también vamos a recordar aquí que los femicidios de las mujeres, la mayor parte han sido realizados por personas cercanas, y que eso no justifica en nada el asesinato. Estamos hablando de un asesino, de un ex militar, utilizado por la familia Atala para atentar contra una mujer y un pueblo que está defendiendo su territorio, su vida y su río. Estamos hablando de un asesinato, de un asesino. Éste es un país donde hay impunidad, y tenemos que apostar a que se juzgue a los asesinos de los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, que sabemos que este país es uno de los más peligrosos para ellos y ellas”.
Contra la impunidad, por la vida
Los feminicidios políticos –como todos los crímenes que se enlazan en la necropolítica- tienen un objetivo altamente disciplinador y domesticador de las subjetividades. El patriarcado, como sistema estructural de opresión de las mujeres y disidencias sexuales, fue fundado y se rehace una y otra vez sobre la base de la violencia. En nuestro continente, se entrelaza con el colonialismo y la imposición del capitalismo depredador, destructor de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos. Los Estados Nación se han levantado a partir de sucesivos genocidios, invisibilizados por las versiones de la historia construidas por los vencedores. Desencubrir estas violencias, desenmascararlas, lograr el castigo a los responsables, es un hecho político sanador, que contribuye a la creación de una subjetividad capaz de ejercer rebeldías y resistencias. Por eso continuar las acciones internacionales por Justicia para Berta, y castigo a David Castillo y a los Atala, acuerpar al COPINH y a la familia de Berta Cáceres, es parte de las acciones que los feminismos populares realizan cotidianamente, en las cuales cada golpe dado al poder, cada ¡ya basta! expresado colectivamente, enriquece la capacidad de creer y crear un mundo donde las Bertas, las Macarenas, las Marielles, encuentren su lugar en nuestra memoria y en nuestro grito de Justicia.
Tribunal rechaza apelación de la defensa de David Castillo
David Castillo, empleado de los Atala y coautor del crimen de Berta Cáceres, esta es una de las tantas acciones realizadas para seguir retrasando el juicio en su contra de parte de su equipo legal.
AQUI la nota completa del Ministerio Público: Tribunal rechaza apelación a defensa de presidente de DESA por el asesinato de Berta Cáceres
Estamos a la espera de una nueva fecha para la audiencia de proposición de prueba.
A pesar de los obstáculos sigue la exigencia de Justicia para Berta
CCRN: NIDO DE RATAS
por Rodolfo Cortés Calderón
Desde que tenemos uso de razón, hace más de seis décadas, en Honduras se habla de personajes, hombres y mujeres, de gran talla y valía, de notables, honorables, sabiondos, académicos, comisionados, lumbreras, honestos, si de formar comisiones para investigar o coordinar algo se trata. Al final terminan siendo ratas inmorales,
Y cuando usted oye hablar estas crápulas se presentan como mansos corderitos y Honduras eternamente ha estado plagada de ellos y ellas: empresarios, políticos, banqueros, militares, religiosos y académicos que dicen o creen tener una varita mágica para resolver las ingentes emergencias que la nación vive o cruza y que ellos de manera subliminal han generado o son cómplices.
La historia de Honduras está plagada de estas alimañas. Veamos:
LOS INEPTOS MILITARES
De las vergüenzas más enormes que ha sufrido la Patria de Morazán, es tener durante casi dos décadas regímenes militares, que además de incapaces fueron corruptos y un lastre para la sociedad hondureña. Desfilaron desde 1963 hasta 1982 los generales Oswaldo López Arellano, Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García. A estos se sumó fatídicamente el 2009 Romeo Vásquez Velásquez, Jefe de las FFAA. Todos golpistas.
Los niveles de corrupción de estos regímenes fueron acentuados, pero la medalla de oro se la llevaron López A. con los fondos de la solidaridad durante el huracán FIFÍ (1974) y el Banagate y, Melgar Castro, con Rafael Leonardo Callejas, superlativo corrupto, como ministro y asesor. No se libra de estos señalamientos Vásquez V. del famoso “carretillazo” (dólares extraídos del Banco Central durante el golpe de Estado 2009).
LOS NEOLIBERALES CORRUPTOS
Pero la desgracia de Honduras es tal que desde 1982, después de una larga y nefasta dictadura militar, el pueblo confiadamente cayó en la vorágine un nuevo proceso llamado “democrático”, pero nada de eso hubo, solamente cleptómanos afinados y con categoría. Todos neoliberales. El desfile presidencial comenzó con el liberal Roberto Suazo Córdova, y le siguieron José Azcona Hoyo, Liberal; Rafael Leonardo Callejas Romero, Nacional; Carlos Roberto Reina Idiáquez, Liberal; Carlos Roberto Flores Facussé, Liberal; Ricardo Maduro Joest, Nacional; José Manuel Zelaya Rosales, Liberal; Roberto Micheletti Bain, Liberal; Porfirio Lobo Sosa, Nacional y Juan Orlando Hernández Alvarado, Nacional.
La característica común de todos fue y es el latrocinio y la corrupción descarada, pero la palma se la llevaron Callejas Romero, Flores Facussé, Micheletti Baín, Lobo Sosa y el actual dictador y usurpador Juan Orlando Hernández A.
Cuando el desastre ecológico llamado MITCH (1998) la solidaridad internacional se volcó por millones de dólares en solidaridad con el pueblo hondureño, el país estaba postrado, sin embargo, la mayoría de esos fondos fueron a parar a paraísos fiscales de funcionarios de este gobierno. Durante el golpe de Estado del 2009, Micheletti Bain y sus comparsas del bipartidismo y militares hicieron fiesta con los dineros del pueblo. Posteriormente Lobo Sosa y el actual usurpador Hernández Alvarado con los fondos de previsión social (IHSS, IPM, INPREMA, INJUPEMH), las empresas estatales y con los fondos COVID 19 del 2020 han hecho clavos de oro en conjunción con los banqueros, empresarios y políticos de toda calaña.
EL NARCOESTADO DE PEPE Y JOH
A esta grave situación planteada, durante los últimos diez años, 2010-2020, de los gobiernos de Lobo Sosa y Hernández Alvarado, los dos del partido Nacional, han sido acusados por las Cortes de Nueva York, EEUU, de grandes actos de narcotráfico, lavado de activos y trasiego de armas que ha comprometido a varios de sus familiares cercanos y amigos íntimos, así como a funcionarios.
EL PODER FINANCIERO
Siempre se ha dicho que la Embajada de EEUU es el verdadero poder en Honduras y hay cierta razón en ello. Sin embargo, detrás del trono quien domina el espectro financiero-económico-político es la mafia bancaria que junto con la Embajada teje finamente los hilos sobre cómo y con quienes mover las cosas. No obstante, los politiqueros, medios y autoridades eclesiales han sido sólo sus comparsas.
LO ÚLTIMO: CCRN
Con la última hecatombe que ha vivido el pueblo hondureño en varias de las regiones del país con los huracanes ETA, IOTA y la tormenta KAPPA la vida de varias personas y los intereses inmediatos de más de tres millones de hondureños se han visto afectados. Ellos han sido los únicos perjudicados--si de los pequeños y medianos empresarios se trata--y el pueblo en general, por las microempresas y obras de infraestructura, destruidas y que le han costado por el saqueo infame de los empresarios y políticos, un ojo de la cara. Los grandes empresarios, las maquiladoras, los banqueros, las financieras no han perdido nada, la mayoría de ellos tienen asegurados sus bienes y empresas y juegan con la justicia.
Pero este mismo poder económico-financiero siempre trata de lograr ventaja y ha propuesto la integración de un “Consejo Consultivo”, ¡vaya vergüenza!. que por tratarse de individuos inmorales de reconocida mala reputación nosotros hemos bautizado con el nombre de CONSEJO CRIMINAL DE REBUSCADORES Y NARCOTRAFICANTES (CCRN).
CONCLUSIONES
· Con todo este agorero panorama durante varios periodos presidenciales se nombraron comisiones de todo tipo para investigar estas irregulares cometidas por todos los gobiernos, pero todo fue inoficioso, mejor dicho “papel mojado”.
· Pero nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo los organismos financieros internacionales (BCIE, BID, FMI, BANCO MUNDIAL, ONU, etc.) y los gobiernos de EEUU, CANADÁ, JAPON, UNIÓN EUROPEA y otros, sometidos a escrutinio público por el Equipo de El Perro Amarillo, EPA, seguirán apoyando la dictadura empresarial y bancaria cuyo principal presta nombre es Juan Orlando Hernández dirigente del régimen, con un gobierno deslegitimizado, saqueador, narcotraficante y corrupto de los bienes del erario público?
· Exhortamos a las organizaciones civiles e iglesias de toda denominación, manejar con trasparencia y honestidad los fondos destinados a servir a los millones de damnificados de los huracanes ETA, IOTA y la tormenta KAPPA. Compadézcanse del dolor del pueblo y dejen de robar. Esto lo decimos porque ya hay antecedentes de personas, pastores o curas que se han hecho ricos con fondos destinados a los pobres. ¡Esto es una vergüenza nacional!, no se puede hacer lo mismo que hace el Estado corrupto.
· Honduras es el único país de Centroamérica que con tantos presidentes timadores, saqueadores y narcotraficantes no ha llevado a ninguno de ellos a los tribunales y a las ergástulas.
Nos unimos al periodismo ético de investigación, que exponiendo su vida, denuncian abierta y públicamente a estos gobiernos, funcionarios, empresarios, banqueros y militares.
Y nos seguimos preguntado ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los hospitales equipados? ¿Dónde están los 9 millones de barbijos?
Exigimos justicia y libertad para los 9 presos políticos de El Guapinol, encarcelados por defender la Madre Tierra. Exigimos libertad para el profesor Rommel Valdemar Herrera Portillo y nos seguimos preguntando ¿Dónde están los hermanos garífunas “desaparecidos” por el Estado violador?
3 DE DICIEMBRE 2020
Sale primera caravana del 2021 de Honduras rumbo a Estados Unidos
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La primera caravana migrante del año salió de Honduras rumbo a los Estados Unidos, según circula en las redes sociales y medios de comunicación, que también recogen reacciones de los gobiernos de los países que están en la ruta y cuyas fronteras hoy parecen la extensión de los límites territoriales de la potencia norteamericana en el Triángulo Norte de Centroamérica.
La reacción de los gobiernos es que los desplazamientos humanos bajo la modalidad de caravanas migrantes, como sucede desde octubre de 2018 en Honduras, no tienen un origen natural al relacionarlas al tráfico de personas mientras las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que constituyen el reflejo de una crisis humanitaria latente que se vive en cada país del área.
Y aquí entran en juego ingredientes como el impacto económico-social del Covid-19, el ambiente de inseguridad persistente, como la ola de crímenes y encostalados en los primeros días del 2021, la pérdida de rumbo y desconfianza en las decisiones del gobierno que además enfrenta nuevas denuncias de corrupción en otra etapa de descrédito internacional que siembran en la mente de los jóvenes el deseo de abandonar el país.
Aún se desconoce si la caravana que se anuncia se fortalezca, pueda ingresar a Guatemala y México o se disuelva en las fronteras, lo cierto es que el caldo de cultivo se deriva de problemas relacionados con la salud, la economía y la inseguridad como retos formidables para los gobiernos de la región.
Falta ver la política migratoria del gobierno entrante del presidente electo Joe Biden, cuyos personeros anticipan el anuncio de una reforma migratoria para legalizar a 12 millones de indocumentados y extender el Estatuto de Protección Temporal, o TPS, contrario a la política de cero tolerancia y separación de familias comenzadas en el gobierno de Barack Obama y ahondó el cuestionado presidente Donald Trump.
Las caravanas migrantes plantean complicados problemas epidemiológicos y de seguridad para los niños y niñas, que los gobiernos argumentan son un tipo de pasaporte frente a un sueño americano que hoy se presenta como una pesadilla para los centroamericanos, tratando de ocultar las ondas raíces de la descomposición social y el fracaso de un gobierno autoritario, militarista y corrupto, en el caso de Honduras y Guatemala.
También exponen un cuestionamiento silencioso a las medidas que han tomado los gobiernos por reducir el desempleo, la desnutrición y la inseguridad, al mostrarlas como superficiales e insuficientes.
Las organizaciones pro migrantes cuestionan que los tratados, el muro y los acuerdos de país más seguro se han vuelto un tapón que funcionó en diciembre cuando Guatemala detuvo a más de 600 personas salieron desde San Pedro Sula en una caravana como consecuencia de los estragos del huracán Eta y la tormenta tropical Iota, sin que las causas que la generan, el desempleo y la inseguridad se tomaran en cuenta.
Una medida previsora son las advertencias lanzadas en días recientes por los gobiernos subyugados a Washington, en la imposibilidad de la travesía debido a la pandemia y los muros legales antiinmigrantes impuestos por la administración de Donald Trump.
Las imágenes de familias enteras, incluidos recién nacidos y niños que desde la terminal de buses de San Pedro Sula abandonan el país dejando atrás sus hogares destrozados y tierras devastadas, mientras relatan sus desgracias a los medios de prensa, no encuentran aliento en la propuesta de 4 mil millones de dólares en ayuda que el gobierno entrante en la Casa Blanca ha prometido para la región.
Esta vez Estados Unidos, su vecino México, y sus aliados en Centroamérica han endurecido los controles migratorios para no permitir el avance de una anunciada caravana migrante que partiría de Honduras.
«No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región», fue la perorata categórica que sobre este tema enunció el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan.
Mientras tanto, a Honduras le espera un complicado año 2021 que estará marcado por las secuelas de la pandemia, la crisis económica, un ambiente político polarizado y el afán de permanencia del régimen nacionalista ante un eventual pedido de extradición de Juan Hernández Alvarado, por sus vínculos con el narcotráfico.
Conclusiones del libro «Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina» [1].
Desde sus orígenes la historia del capitalismo es a su vez la historia de las resistencias a este sistema de dominación. También la búsqueda de alternativas, que engloban desde los grandes proyectos revolucionarios hasta las resistencias cotidianas para hacer frente al despojo y la precariedad directamente vinculadas al proceso de acumulación.
Las experiencias analizadas en este libro demuestran el potencial que tienen los proyectos construidos desde la base; proyectos capaces de aterrizar la teoría en prácticas de resistencia y construcción de alternativas que, además de plantear una disputa al sistema capitalista, pueden generar posibilidades de trabajo y vida digna para sus comunidades. A continuación destacamos algunos de los aprendizajes más significativos derivados de las alternativas analizadas.
En primer lugar, destacaríamos la capacidad de adaptarse en un contexto adverso. Obviamente la construcción de alternativas al sistema capitalista nunca ha sido un camino fácil, pero el contexto actual en América Latina plantea condiciones aún más complejas para la mayor parte de experiencias analizadas. A la crisis económica, la volatilidad de precios y tipos de cambio y las dificultades para acceder a crédito, se le suman las dificultades políticas, especialmente en Brasil y Argentina, donde los cambios de gobierno han puesto en peligro las conquistas conseguidas, al mismo tiempo que se generan muchas más trabas para los nuevos procesos.
En este contexto, como decíamos, la construcción de alternativas no es solo un proyecto político, sino también una estrategia para sobrevivir.
De este modo, frente al despojo y la pérdida de derechos, la economía popular, las cooperativas, la recuperación de empresas o la ocupación de tierras se convierten en vías para acceder a condiciones de vida dignas.
En segundo lugar, más allá del marco político de cada una de ellas, encontramos una tendencia común que refleja la importancia del diálogo y la construcción de espacios de articulación entre diversas corrientes. Así vemos como, en mayor o menor medida según el proceso analizado, todas ellas beben de un análisis marxista, contagiado de y abierto a un enfoque comunitario y de autogestión, así como a una mirada feminista y ecologista. Además, es interesante ver cómo en cada contexto estos bagajes políticos se articulan con la propia historia de las luchas locales; y, en su conjunto, conforman una construcción colectiva del sujeto que, a pesar de compartir la identidad de clase trabajadora, tiene elementos diferenciados en cada experiencia.
En el caso del MST de Brasil, juega un papel central la identidad de «trabajadores y trabajadoras rurales» y «trabajadores y trabajadoras sin tierra», mientras que en Venezuela se habla de comunas y comuneros, en Argentina de empresas recuperadas y de «trabajadores y trabajadoras de la economía popular», y en Cuba fundamentalmente de cooperativistas. El concepto de «Economía Social y Solidaria» quedaría, por tanto, en un plano más teórico, ya que desde las propias prácticas alternativas no se utiliza como forma de autodenominarse, aunque se comparten principios, como el de la cooperación, comunidad, autogestión y solidaridad. Al mismo tiempo, hay un sentimiento común de estar construyendo «otra economía», y surge recurrentemente la idea de «trabajo sin patrón» y de democratización económica, como elementos compartidos en todas las experiencias.
En tercer lugar, en lo referente a los modelos de gestión, se percibe cómo el marco legal y político establecido en cada país es un elemento importante a la hora de entender el desarrollo formal de los proyectos. Como demuestran los casos de Venezuela y Cuba, el impulso a las cooperativas o las comunas es clave para entender su surgimiento y desarrollo. No obstante, tal y como se desprende de los testimonios de estas experiencias, este apoyo público es solo un estimulador que necesariamente precisa de un compromiso fuerte por parte de sus integrantes, que asumen la gestión y el desarrollo de los proyectos más allá del impulso inicial.
Al mismo tiempo, el ejemplo de las empresas recuperadas y de los asentamientos en Argentina y Brasil, respectivamente, demuestran la idoneidad de aprovechar las brechas legales del sistema para construir alternativas, así como la importancia que tiene la organización para sostener la lucha hasta conseguir el reconocimiento legal. Más concretamente, respecto a las estructuras internas, es interesante recuperar las estrategias seguidas para garantizar la democracia interna en los asentamientos del MST y de las comunas venezolanas. Se trata de ejemplos muy interesantes debido a las estructuras de las que se han dotado para garantizar la democracia interna a pesar de su gran tamaño, combinando mecanismos de representación con órganos de participación directa como asambleas, núcleos de base o consejos comunales.
Además, trascendiendo las estructuras formales, existe una voluntad de democratizar las prácticas de gestión, buscando formas de fomentar la participación y garantizando que los cargos y las responsabilidades roten. En este sentido, uno de los retos que surge en las diferentes experiencias es el de fortalecer el compromiso y transformar las lógicas de trabajo; para ello, en todos los casos la formación política y los procesos de educación popular asumen un lugar central, como vía imprescindible para «tomar conciencia», desaprender las formas de trabajo capitalista y superar las dificultades del trabajo colectivo. Al mismo tiempo se pone especial atención en la importancia de fortalecer la comunidad, generando espacios de ocio y trabajando el compromiso colectivo.
Los modelos de liderazgo también son un elemento clave para este objetivo, ya que aún partiendo de la premisa de que los liderazgos son imprescindibles para cohesionar y fortalecer las luchas, su carácter también definirá los procesos. Se observa cómo en algunos casos los liderazgos de carácter «carismático» han sido importantes, aunque en general no podríamos entender el desarrollo de las experiencias analizadas sin la presencia de líderes y lideresas «de servicio». Además, en la mayoría de casos, estos liderazgos son paritarios, ocupados tanto por hombres como mujeres. En este sentido también aparece la necesidad de plantearse la militancia desde la integralidad; como afirmaban en Traslasierra (Argentina), el reto es conseguir que la militancia no te haga dejar todo lo demás de lado, sino que sea «parte de la vida».
En cuarto lugar, desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida planteamos el análisis de lo productivo y lo reproductivo de forma conjunta, entendiendo que se trata de procesos indivisibles y que no se pueden comprender separadamente. Partiendo de esta premisa constatamos que el debate sobre «qué producir» varía según la trayectoria y la capacidad de decisión de cada experiencia. Mientras en las comunas y en los asentamientos se ha podido dirigir parte de la producción a las necesidades de la comunidad, en otras cooperativas o empresas recuperadas esta decisión depende más de la inercia o de la disponibilidad de infraestructura, así como del acceso al mercado. Además, en todos los casos existe un debate, más o menos explícito, sobre «cómo producir», en el que se tienen en cuenta criterios ecológicos y de cooperación con otros proyectos autogestionados. De cualquier manera, a menudo surge la imposibilidad o dificultad para superar ciertas lógicas, por ejemplo dejando de comprar soja de monocultivos o produciendo completamente sin agrotóxicos.
A su vez, un elemento central en todos los casos es el de conseguir unas condiciones de trabajo dignas, entendiendo estas como algo que va mucho más allá del salario o de la estabilidad laboral. Algunos de los elementos que destacan las personas entrevistadas como características propias del trabajo sin patrón, son la autonomía, la capacidad de decisión, la flexibilidad horaria, un ambiente de trabajo agradable, la solidaridad, etc. Sin embargo, algunos de los retos detectados, como la sobrecarga de trabajo o las dificultades financieras, plantean el desafío de conseguir la sostenibilidad de los proyectos en un sentido amplio, es decir, conseguir una sostenibilidad productiva, humana, económica y con el entorno. En este sentido, vemos cómo, a pesar de que en la mayoría de casos se han tomado medidas para facilitar la conciliación entre las tareas y los tiempos productivos y reproductivos, o para conseguir construir una mirada integral hacia lo productivo y lo reproductivo, lo colectivo y lo individual, sigue siendo un reto estratégico ir deshaciendo las estructuras patriarcales.
De este modo vemos cómo en los proyectos en los que el enfoque comunitario está muy presente, las prácticas cotidianas tensionan la división entre lo productivo y lo reproductivo, así como la división sexual del trabajo, además de producir dinámicas desmonetarizadas. Además, en muchos casos, el impulso de proyectos productivos va de la mano del desarrollo de proyectos para colectivizar las tareas reproductivas o facilitarlas. Al mismo tiempo, en los casos en los que la división entre lo productivo y lo reproductivo es menos categórica — como el caso de la CTO en Argentina — , o en aquellos que los proyectos productivos se entienden como un elemento más para garantizar el desarrollo de la comunidad — como en las comunas — , las mujeres tienen un protagonismo mayor y se produce una transformación de subjetividades gracias al rol que ocupan dentro de los proyectos.
De esta manera son recurrentes los testimonios de mujeres que explican que organizarse les cambió la vida. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los casos se ha avanzado en la reducción de las desigualdades internas, no ha sido suficiente para producir un cambio más profundo en su rol asignado. Por ello, en algunas experiencias se ha planteado la necesidad de seguir trabajando para politizar lo cotidiano, para llevar los procesos de transformación más allá de la cooperativa y transformar la comunidad desde una visión integral.
En quinto lugar, un elemento que se repite en todos los casos es la importancia de las redes de solidaridad y la articulación con otras experiencias. Estas redes se entienden como un elemento fundamental en el desarrollo de los objetivos políticos de cada experiencia, lo que demuestra que se trata de proyectos transformadores que buscan provocar cambios no solo en sus formas de trabajar o de conseguir una renta, sino en alcanzar bienestar para toda la comunidad o para el colectivo del que forman parte. En este sentido, las alianzas que se tejen pueden tener un carácter más amplio, como en el caso del MST y de las comunas, en los que hay una estrategia política de carácter nacional e internacional. Y/o estar más centradas en las alianzas con organizaciones cercanas y con otros actores de la comunidad.
Por otra parte, la mayoría de testimonios mencionan la articulación con otras organizaciones y la solidaridad recibida como un elemento fundamental para explicar el surgimiento y resistencia de las luchas. Al mismo tiempo, subrayan que las estrategias para hacer sostenibles los proyectos pasan, en todos los casos, por estrategias de cooperación o de unión de luchas con otras organizaciones.
Por último, en cuanto a la interacción con el Estado, hemos estudiado experiencias con relaciones muy dispares con las instituciones públicas, desde la cooperativa Model, en Cuba, impulsada por el propio Estado, hasta la empresa recuperada Globito, que sigue peleando para que el Estado le otorgue el reconocimiento legal. Además, el análisis del papel que debería jugar el Estado en relación a las experiencias de economía alternativa varía en cada contexto. De cualquier manera, en todos los casos vemos cómo el apoyo público es un elemento muy importante para poder sacar adelante los proyectos.
En este sentido, es interesante una reflexión repetida por varios testimonios, en la que plantean que los subsidios o apoyos públicos son necesarios para poder partir de unas condiciones mínimas, ya que si no la economía popular nunca podría despegar, al no contar con el capital suficiente para hacer las inversiones necesarias.
De esta forma se entiende el apoyo estatal como una forma de compensar esta desigualdad de partida, al mismo tiempo que se da importancia a la autonomía de los procesos, poniendo de manifiesto la relevancia de garantizar la viabilidad de las cooperativas, minimizando las dependencias. A su vez, se reivindica el carácter político de estas experiencias, ya que como hemos mencionado, no son solo iniciativas productivas, sino también proyectos que buscan una transformación radical social y política. Y un elemento importante en este sentido es que, como afirman desde el MST, sin conflicto con el Estado, con los terratenientes y los patrones, no se avanza.
Júlia Martí Comas. Doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Militante del movimiento feminista de Euskal Herria. Su ámbito de estudio es el poder corporativo, los impactos de las empresas transnacionales y la construcción de resistencias y alternativas.
Notas:
[1] Este fragmento del libro Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina. Uharte, Luis Miguel & Martí Comas, Julia (coords.).Editorial Icaria. Barcelona. 2019 se republica bajo el amparo de la Licencia CreativeCommons de Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 España.
Honduras: Cientos de miles de personas siguen sin atención médica mes y medio después del paso de los huracanes
El catastrófico escenario de crisis humanitaria que han dejado los huracanes se suma a las múltiples emergencias olvidadas e invisibles que vive el país, como la violencia sexual, la falta de servicios de salud mental o el impacto de la COVID-19.
El paso de los huracanes Eta e Iota por Honduras ha dejado a más de 250.000 personas sin acceso a servicios médicos u hospitales. Alrededor del 50% de los centros de salud del país están actualmente cerrados, dañados o presentan dificultades para brindar sus servicios. Para hacerse una idea de la magnitud del daño causado por estos desastres naturales, basta decir que en 1998 el tristemente famoso y devastador huracán Mitch dejó a un total de 100.000 personas sin acceso a los servicios de salud, lo cual representa 2,5 veces menos afectados que en la actualidad.
“La crisis humanitaria que Honduras vive hoy se suma, además, a la de varias emergencias olvidadas e invisibles, como la violencia sexual, que requiere una respuesta médica prioritaria, o la atención en salud mental, que en muchos lugares es simplemente inexistente y en otros claramente insuficiente”, afirma Juan Carlos Arteaga, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Choloma.
MSF ha ofrecido durante el último mes y medio atención médica integral a los afectados por los huracanes Eta e Iota en Choloma, en el departamento de Cortés. Sus equipos han atendido durante este tiempo a más de 4.000 personas y han brindado más de 2.000 consultas médicas generales, en las que se han identificado enfermedades de la piel, traumatismos físicos, infecciones respiratorias, así como pacientes con enfermedades crónicas que habían visto suspendidos sus tratamientos por falta de acceso a los hospitales y centros de salud. Muchas de las personas atendidas presentaban también síntomas relacionados con el estrés agudo, la ansiedad y el duelo, según se detalla en el informe “Honduras: Un llamado para una crisis humanitaria”,publicado esta semana por la organización médica.
Tras el paso de los huracanes, los equipos de MSF han llevado a cabo actividades médicas, psicológicas y de promoción de la salud en más de 190 albergues, ubicados en algunas de las zonas más afectadas. En este periodo de tiempo han atendido además a 13 supervivientes de violencia sexual, 11 de los cuales habían sufrido las agresiones antes de los huracanes. Los otros dos casos corresponden a agresiones ocurridas dentro de los albergues de acogida.
“Estas cifras son sólo la punta del iceberg del grave problema que experimenta el país en cuanto a la violencia de género. En un contexto de doble emergencia sanitaria como el que estamos, por las consecuencias del paso de los huracanes y por la pandemia de COVID-19, hacemos un llamamiento a las autoridades para que la violencia sexual sea tratada como una emergencia médica. Es necesario que se apruebe el Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual para que los y las sobrevivientes puedan recibir la atención médica adecuada”, afirma Arteaga.
En el mismo sentido, ante las agudas y urgentes necesidades humanitarias que MSF ha constatado en Honduras, la organización pide a la comunidad internacional que incremente las actividades de respuesta a la emergencia causada por los huracanes, que se refuerce la coordinación de los distintos actores de cara a mejorar las condiciones de agua y saneamiento de los albergues, que se garantice que los recursos asignados a la respuesta contemplen la reestructuración del sistema de salud y que se lleven a cabo actividades de vigilancia sanitaria frente a los brotes de enfermedades vectoriales y enfermedades causadas por la falta de acceso a agua potable.
Médicos Sin Fronteras brinda
apoyo médico humanitario a la población hondureña desde hace 46 años.
La primera intervención de MSF en Honduras fue en 1974, en el contexto
del huracán Fifí, y desde aquel año sus equipos han estado siempre
presentes en las variadas crisis que han afectado al país. Actualmente
MSF brinda atención médica integral (médica, psicológica y de trabajo
social) en Tegucigalpa a supervivientes de violencia y violencia sexual.
En Choloma brinda atención en salud sexual y reproductiva en la Clínica
Materno Infantil de la ciudad.
Pobladores de Arizona, Atlántida ratifican el NO al extractivismo
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En el cabildo abierto celebrado este domingo en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida hubo, no solo importantes resultados, sino mandatos del pueblo hacia sus autoridades, manifestó Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Uno de los mandatos mas importantes es que a raíz de los huracanes Iota y Eta, que devastaron gran parte del país, las autoridades municipales y las empresas hidroeléctricas que ya están instaladas en varias comunidades, deben invertir recursos para recuperar las pérdidas y mejorar la situación de los pobladores que resultaron damnificados.
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Otro acuerdo importante es que se ha ratificado la condición que el río Jilamito no es sujeto de ninguna negociación y será usado como la fuente de agua para las 16 comunidades del municipio de Arizona, agregó Fernández.
Los pobladores dejaron claro que quieren fuera de Arizona a la compañía Ingelsa que pretende construir un proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.
Otro de los acuerdos alcanzados en el cabildo abierto es que, ante la raquítica contribución de las empresas hidroeléctricas a través del pago de impuestos municipales, se acordó que se debe hacer una revisión de las tarifas a fin de que contribuyan en mayor medida con las arcas municipales.
Fernández señaló que de cada cien lempiras que perciben las empresas hidroeléctricas tan solo tributan alrededor de 20 centavos a la municipalidad y esto es irrisorio.
Los pobladores del municipio de Arizona han ratificado su decisión de decir no a los proyectos mineros e hidroeléctricos y han exigido que se haga saber a las instancias nacionales e internacionales que no estan dispuestos a permitir proyectos extractivistas en su municipio.
Durante el cabildo abierto se dio la firma del Pacto por Atlántida por parte de regidores y aspirantes a cargos de elección popular por el municipio de Arizona, donde se pretende que los políticos se comprometan a respetar las decisiones emanadas de las comunidades y quien no lo firme, estará diciendo al pueblo cuáles son sus intenciones.
Diversas Organizaciones sociales del país condenan el asesinato y la criminalización de líderes indígenas en La Paz
Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición Contra la Impunidad (CCI), las organizaciones que conforman la Coordinadora Indígena Lenca y Campesina de La Paz y el Bufete de Justicia para los Pueblos, realizaron hoy una conferencia de prensa en el Ministerio Público de Tegucigalpa para pronunciarse por el asesinato de Félix Vázquez, Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC-La Paz) hecho ocurrido el 26 de diciembre en su casa ubicada en El Ocotal, Santiago de Puringla, departamento de La Paz, y por la criminalización y encarcelamiento de Víctor Vásquez y José Santos Vijil desde el pasado 16 de diciembre de 2020.
Félix Vázquez, se encontraba con su familia cuando sujetos armados y con pasamontañas, vistiendo pantalón moteado a eso de las 7:30 de la noche ingresaron a su hogar por la puerta de la cocina y el quitaron la vida enfrente de sus hijos, algunos menores de edad.
En el caso de Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPAH) y Santos Vijil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se les dictó prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado después de una maratónica audiencia que duró más de 6 horas.
“El objetivo de esta conferencia es condenar el hecho de que nos asesinaron al compañero Félix Vázquez, líder ambientalista, líder defensor de los derechos humanos, que se ha opuesto a este modelo extractivista en el departamento de La Paz, condenamos este vil asesinato, sicarios llegaron a su casa el día sábado a asesinarlo y ahora exigimos a la fiscalía, a la Dirección Policial de Investigación (DPI) a el aparato estatal, a los Tribunales de justicia, que se dé con los actores materiales e intelectuales que asesinaron al compañero Félix” expresó el abogado Roger Medina.
Añadió que “nos han criminalizado a los compañeros Víctor Vázquez, y José Santos Vijil, en otras ocasiones se les había decretado sobreseimiento definitivo, porque se les ha hecho una persecución política y de igual manera están con un auto de formal procesamiento en la cárcel de la país y exigimos a la jueza Anahí Jovel, que decrete la revisión de medidas para que los compañeros lideres ambientalistas campesinos que han defendido el territorio sus bienes comunes se puedan defender en libertad.
El abogado Medina, agregó que la acción se realizó frente al Ministerio Público porque ese ente es “un elefante blanco” que no ejerce la acción penal cuando la tiene que ejercer contra los corruptos, contra los delincuentes no pasa nada y todos están con medidas pero los compañeros que por defender la madre tierra están siendo asesinados y están siendo encarcelados y venimos a exigirle al fiscal Adjunto Daniel Arturo Sibrian, al Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, para que interpongan sus buenos oficios y hagan su trabajo.
Por su parte Felipe Benítez, Coordinador General de MILPAH, añadió que se está denunciando el asesinato del compañero Felix Vásquez, vilmente asesinado en estos días en el departamento de La Paz. Él ya había puesto denuncias en la fiscalía, en el MP, en la DPI y los entes del Estado no hicieron nada por investigar quienes eran los que lo estaban acusando, habían pagado sicarios para asesinarlo y en los documentos que él ha dejado escritos, dijo quien lo estaban amenazando a muerte junto a Víctor Vázquez y Apolinario Vázquez.
El coordinador de MILPAH, añadió que esas amenazas se cumplieron ya que asesinaron a Félix, y Víctor está encarcelado.
“El compañero Víctor está preso en la cárcel La Paz, Félix ya está muerto lo mataron, y Apolinario está en riesgo su vida porque él es uno de los compañeros que ha sido amenazado constantemente, y denunciamos cualquier atropello o cualquier cuestión que pueda suceder a estos grupos criminales que se han organizado en el departamento de La Paz, entonces hoy estamos en el Ministerio Publico exigiendo al Estado de Honduras la investigación inmediata de estos hechores materiales e intelectuales que se haga justicia, para Félix Vásquez.
“Así mismo exigimos la libertad del compañero Víctor Vásquez, que se encuentra preso y él tiene medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un compañero defensor de los derechos humanos que lo único que hace es dar acompañamiento cuando hay conflictos en este departamento porque se ha caracterizado por tener muchos conflictos porque hay una gran cantidad de concesiones, mineras e hidroeléctricas, concesiones de bosques y cuando nosotros los oponemos viene la persecución hacia nosotros por esos grupos de poder”.
Por su parte la abogada y defensora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Dora Oliva, expresó que no solo en el departamento de La Paz, es a nivel nacional la represión con los grupos campesinos siempre es terrible, en años de elecciones siempre es así. La historia registra que el año político es un año crítico para toda la población donde los grupos campesinos son un sector vulnerable y realmente esto es lo que nos toca vivir siempre, pero no hay que perder la esperanza de exigir siempre justicia.
Añadió que “tenemos muchísimos casos de gente del agro, de gente defensores de derechos humanos que están en la impunidad, esto responde a una política de Estado, digamos que estamos en un gobierno defacto y esas son las consecuencias que tenemos todos aquellos que pensamos diferente y que nos oponemos y ellos definitivamente el poder a todos los que Para que son líderes en sus comunidades, en sus departamentos, los hace un lado para no tener oposición.”
Así mismo, Wendy Cruz, de La Vía Campesina, dijo a defensoresenlinea.com que sin duda este 2020 ha sido un año de luto y criminalización. Se registra más de 7,000 campesinas y campesinos criminalizados a nivel nacional, ocho defensores de la tierra y el territorio que no se pueden defender en libertad, como son los compañeros de Guapinol, cuatro garífunas desaparecidos que el Estado de Honduras, no nos da respuesta y hoy estamos aquí frente al Ministerio Público, repudiando el vil asesinato del compañero Félix Vásquez, asesinado el 26 de diciembre a las 9 de la noche por hombres encapuchados que llegaron a su casa, es impresionante el patrón que están usando de asesinato a los líderes de la tierra y el territorio porque se repite la historia del asesinato de Berta Cáceres con el asesinato de Félix Vásquez”.
“Sin duda es parte de una estrategia del régimen, los compañeros nos han comunicado que hay una permanente presencia militar en sus territorios militares y policías y cómo es posible que si hay una presencia militar que se supone que deben de resguardar a la población es cuándos surgen los asesinatos, la criminalización constante en los territorios, los compañeros son asediados cada día y amenazados permanentemente. Es por eso que tenemos que unirnos como organizaciones sociales y seguir repudiando y denunciando a este régimen que en vez de defender y proteger los derechos de defensores de la tierra y el territorio son un cómplice más”. señaló.
El abogado Edy Tabora, por su parte agregó que se está denunciando el asesinato del defensor de la tierra Félix Vásquez, y también la criminalización que hay contra compañeros y compañera que hay en la zona de La Paz, El Ministerio Público debe investigar de manera inmediata para que presente las acusaciones respectivas para que se castiguen los actores intelectuales de este hecho tan lamentable.
“También el MP debe poner un alto a la criminalización contra defensores de la tierra en la zona de La Paz, hay dos compañeros presos Víctor Vásquez y también el José Santos Vijil que están privados de libertad desde el 16 de diciembre de este año 2020, el Ministerio Público, debe parar esta criminalización, han sido unas acusaciones totalmente infundadas, por el único delito que están presos actualmente es por el delito de desplazamiento forzado”, expresó.
Tábora es del criterio que los defensores están acusados de un delito que han creado con una finalidad de aplicárselo a personas que participan del crimen organizado que han desplazado o degenerando este fenómeno como lo es el desplazamiento forzado interno y desplazamiento forzado a nivel internacional de muchos hondureños, pero ahora resulta que están aplicando este tipo penal a los compañeros que lo que hacen es un ejercicio de defensora de la tierra, los que hacen un ejercicio de defensora de derechos humanos exigimos un alto a esta criminalización y al Tribunal de La Paz que señale audiencia de revisión de medidas para los compañeros que están privados de liberad.
El departamento de La Paz, es un sector duramente golpeado ya que los campesinos y campesinas en su mayoría indígenas lencas se oponen a los proyectos extractivos que se pretenden instalar en sus comunidades por grupos extractivistas y terratenientes apadrinados por el régimen que solo les traerán más pobreza y muerte a el departamento de La Paz.
¡IRRACIONAL! HONDURAS PERDIÓ 70% DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN ÚLTIMA DÉCADA
- Publicado: 13 Enero 2021
En
2020 el diagnóstico de la economía hondureña es de muerte.- Tras el
golpe de Estado de 2009 todo colapsa once años después; a esta hora, los
indicadores están lejísimo de la sanidad creciente de entonces, un
ejemplo, en 2020 la inversión extranjera directa en el país sumó 323
millones de dólares, nada menos que 70% abajo de los 1,100 millones de
dólares que atrajo en 2008, el récord histórico más alto.
Tras el golpe del domingo 28 de junio, en seis meses se marchó el 50 por ciento de la inversión extranjera, en diciembre de 2009 cayó a 509 millones de dólares, el daño de los golpistas está hecho; en 2008, Honduras era en América Central el segundo destino de la inversión extranjera y el primero en crecimiento de atracción. Levantarse exige reingeniería del gobierno, anular corrupción y pobreza, estabilidad política y social.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Da lástima el monto de 323 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) que en 2020 registró Honduras, según ha confirmado la máxima autoridad monetaria, que preside Wilfredo Cerrato. En verdad, esa cifra es humo puro, del total, 265 millones son reinversión de ganancias de empresas, no es dinero nuevo, y los restantes 58 millones son obligaciones financieras con socios y accionistas, en conclusión, no entró un cinco al país.
Al contrario, entre lenguaje técnico maquillado queda claro que en lugar de ingreso de inversión a la economía nacional, lo que sí hubo el año pasado es fuga de capitales, la breve información del Banco Central de Honduras (BCH) indica que la industria manufacturera (maquila) registró una salida neta de capital de 134.3 millones de dólares por el financiamiento otorgado a filiales externas y la amortización de deudas de torrefactores de café con sus inversionistas.
Además, el informe oficial revela la caída de inversión internacional en el país, de Europa se registró un flujo negativo de 62.2 millones de dólares, debido a que estos fondos fueron reorientados en créditos concedidos a filiales de empresas exportadoras de materias primas agrícolas con capitales extranjeros de Suiza y Alemania.
Igualmente ocurrió con 15,7 millones de dólares de Asia y Oceanía, que en vez de dejarlos en Honduras, los concedieron en préstamos a sus compañías agrícolas en otras naciones, es decir, reinvirtieron sus utilidades obtenidas en el país en sus filiales de industria manufacturera, construcción y maquila proveniente de Singapur, China y Sri Lanka.
Y el informe del BCH detalla el dato clave: “La mayoría de los flujos fue reinversión de utilidades (265.1 millones de dólares), seguido de derechos y obligaciones financieras de empresas de inversión directa con sus contrapartes y socios extranjeros (76 millones) y acciones y participaciones de capital (17.6 millones)”.
Sí por daño económico se debiera sentenciar a los enemigos de un pueblo –en efecto así se interpreta los efectos de su vandalismo— los golpistas deben llevarse al patíbulo. En 2008, por primera vez en la historia de la economía hondureña, se lograron 1,100 millones dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa; en 1990 la cantidad tal vez llegaba a 50 millones de dólares; en 2002 sumó 175 millones de dólares y en 2020 se ubicó en la cifra de allá en 1993 cuando el BCH contabilizó de manera efectiva el ingreso de 52 millones de dólares.
En 2008, Honduras era en Centroamérica el segundo destino en la región de la inversión extranjera y el primero en crecimiento de captación, 12 años después, en 2020, el clima de inversión nacional sólo atrae “empresarios” del patio y foráneos que forman enormes fortunas con empresas públicas y privadas mediante contratos y legislaciones de avaricia, o crecen al compás de las remesas de obreros hondureños en el extranjero o se meten a negocios bajo regímenes especiales (maquilas y otros) con perdón de todo impuesto por 20 y 40 años.
El análisis del BCH “Flujos de Inversión Extranjera Directa en Honduras Año 2007 y Expectativas para el Año 2008”, revela la tragedia actual de la economía, entre 2006 y 2007, el ingreso de inversión extranjera aumentó en 255.2 millones de dólares en términos absolutos (37.8%), al recibir inversiones por valor de 674.1 millones de dólares en 2006 frente a 929.3 millones de dólares de 2007, siendo ésta cifra anual la más alta registrada por Honduras en el período 2000‐2007.
De esta forma, en aquel mejor clima de país de hace trece años el Banco Central escribió: “La IED se ha convertido en una de las principales fuentes de recursos externos, al financiar en promedio durante el período analizado, 1.1 veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que únicamente en el año 2005, se alcanzó la mayor cobertura al financiar la cuenta corriente en 2.1 veces”.
El déficit en cuenta corriente resulta de que las importaciones en Honduras superan por mucho las exportaciones por el pobre tejido empresarial que produzca para vender en el mercado internacional en provecho de todos los privilegios que hace 30 años gozan los exportadores en el contexto neoliberal que a la par ha dañado al pueblo; en 2019 ese déficit fue de 8,700 millones de dólares en función que las importaciones del país fueron de 11,832 millones de dólares y las exportaciones apenas lograron la cifra miserable de 3,111 millones.
El informe de IED es elaborado anualmente por la Sección de Balanza de Pagos (SBP) del BCH con base en la información estadística recopilada principalmente por medio de encuestas económicas, que se solicitan a empresas privadas de las distintas actividades económicas, así como a las que están bajo el régimen de Zonas Libres (ZOLI), dentro de las que se encuentran las que producen los bienes para transformación (Maquila).
Dentro de la región centroamericana, expone el informe del BCH 2007-2008, Honduras recibió el 17.8% del total de los flujos de IED para 2007, porcentaje menor en 4.7% en comparación al registrado en 2006 (22.5%). Honduras era ahí el tercer país de América Central en crecimiento en este rubro, al recibir flujos por valor de 929.3 millones de dólares, no obstante este monto es menor a lo ingresado en Costa Rica que ocupó el primer lugar al recibir 1,889 millones de dólares (36.2% del total).
En ese periodo, El Salvador mostró un crecimiento importante al captar 1,526.0 millones de dólares, en comparación a los 219 millones recibidos en 2006 (29.2% del total), que lo colocó como el segundo país de Centroamérica en captar la mayor IED, pero el primer país en términos decrecimientos relativos.
Finalmente, Guatemala y Nicaragua fueron los países que mostraron menor recepción de capitales de IED en la región, obteniendo en 2007 las cantidades de 536.0 y 335.0 millones, de manera respectiva. En el plazo 2000-2007, los ingresos de IED hacia la economía hondureña registraron un promedio de 514.2 millones de dólares, colocando al país en el segundo lugar en la región centroamericana en atracción de capitales externos; sin embargo en 2008 superó los 1,100 millones que lo situaron en línea de crecimiento ascendente en el istmo. Y luego, el golpe de Estado en 2009 tiró a la basura todo el esfuerzo de décadas, hasta este día.
Berta Oliva: “En materia de derechos humanos el 2020 fue un año trágico”
Tegucigalpa.- El año 2020 está terminando, pero deja el país convertido en un caos en materia de corrupción, de derechos humanos y, sobre todo, un país enlutado debido a la pandemia del coronavirus y los fenómenos naturales como lo fueron las tormentas tropicales Eta y Iota que terminaron por agudizar la crisis que ya existía en el país y sobre todo estos acontecimientos vinieron a desnudar más la corrupción y la dictadura en la que Honduras se encuentra sumergida.
Con la llegada del Covid-19 al país el régimen suspendió las garantías constitucionales para evitar la propagación del virus a nivel nacional, sin tomar las medidas necesarias para que la población se mantuviera en sus casa con comida y salud, ya que la mayoría vive del trabajo diario, y eso dio paso a las violaciones a los derechos humanos y para callar las demandas de la población el régimen recurrió como es su costumbre a la represión.
Para la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, el 2020 ha sido un año trágico en la mayoría de todos los temas, pero sobre todo en materia de derechos humanos.
“El 2020 ha sido un año trágico casi en la mayoría de los temas, en tema ambiental, en el tema que desde principio de año nos agarró como es la pandemia del Covid-19, luego el problema de la Eta e Iota, pero sobre todo en materia de derechos humanos, todo esto tiene que ver con camuflaje de graves violaciones a los derechos colectivos ciudadanos”.
Oliva señaló que Honduras ante la pandemia se preparó para dar respuesta militar y no a la respuesta sanitaria que se requería, ante la magnitud de la pandemia por la que Honduras y el mundo enfrentaban.
“Desde marzo cuando se suspenden las garantías ciudadanas, era clarísimo que las respuestas a un problema mundial y que por lo tanto Honduras no iba a ser la excepción, pero en el país se prepararon para dar respuesta militar a un problema de salud pública, allí se marcó lo que se vendría desarrollando durante todo el año, porque era habilitar y darles carnet, licencia a las Fuerzas Armadas para violar los derechos humanos de las distintas formas que ellos quisieran”.
“Eso nos colocó en un escenario muy diferente a lo que estábamos habitualmente acostumbrados, porque en medio de eso se aprueba en el Congreso Nacional una ley donde se asigna presupuesto a las Fuerzas Armadas para que se conviertan en agro industriales, o sea que desplacen al campesino y a la campesina que son los que por historia y por tradición han manejado el cultivo han manejado”, añadió.
La defensora de derechos humanos expresó que esos elementos a nosotros nos ponen en alerta porque estábamos clarísimas que había una envestida al ciudadano y ciudadana común y corriente, que iba a reclamar la determinación de encerrarnos por el tema del Covid-19, sin ninguna medida preventiva para cubrir las necesidades básicas de la población, y al no tener eso la gente por mucho que se impusiera un decreto de suspensión de garantías tenía que salir en masa a pedir comida, a demandar alimentos, a demandar salud y en aquel momento era hasta demandar un vaso con agua, porque en ese momento que se suspenden las garantías por lo del Covi-19, había una tremenda iliquidez sobre el preciado líquido que era el agua”.
Asimismo agregó que “eso nos hace pensar que estábamos ante una estrategia que se da a lo exterior, que se vende como una medida preventiva la suspensión de las garantías para evitar el contagio y así preservar la vida, pero a lo interno lo que teníamos era una violación constante de derechos humanos, por el clamor, el grito y el hambre”.
La coordinadora del COFADEH señaló que en el contexto de reclamación de alimentos, lo primero que resurgió fueron las desapariciones forzadas a nivel nacional.
“Lo primero que nos sacudió la vida es de nuevo la implementación y la reactivación de escuadrones de la muerte para las desapariciones forzadas; la figura de desaparición forzada no solo se estaba generando en Tegucigalpa si no que era donde se lucían los retenes militares para que la gente no circulara, y esos desaparecidos y desaparecidas se dan en el marco del control de la plaza pública de las fuerzas militares o sea en medio de la militarización a nivel nacional.
“Estamos de nuevo en la práctica de desaparición forzada, la que nosotros habíamos luchado y que creíamos que estaba superada, pero ha habido personas desaparecidas en Tegucigalpa, Santa Bárbara, San Pedro Sula y en todas partes del país. Y miramos también casi como que se estaba utilizando un mismo patrón y dirección, pero aparte de eso nuestro monitoreo nos estaba reflejando los asesinatos de personas a nivel nacional, y por eventos de la Policía Militar del Orden Público se dieron en Olancho, en el norte, en todas partes”, sostuvo.
Agregó que la dictadura no cambia su actuación, ya que la reclamación social y la demanda ciudadana la callan con la represión social y militar, es decir, que militarmente dan respuesta y el hambre lo acallaron a través de la militarización.
Oliva es del criterio que en este cierre de año la gente ha ido perdiendo el interés, producto de la falta de respuesta estatal y que de paso el pueblo perdió la esperanza y que gradualmente se ha ido perdiendo la solidaridad en el país.
La reconocida defensora dijo a defensoresenlinea.com que el 2020 fue un año trágico en materia de derechos humanos en el país.
“En materia de derechos humanos debo decir que es trágico y no es cierto que han reducido estadísticamente las violaciones a los derechos humanos, lo que ha habido es una política de estado de ocultamiento de las violaciones a derechos humanos, que eso también es trágico porque la mayoría de la gente cree en los datos que se están dando a través de los medios corporativos, quienes juegan la función a fomentar también las prácticas de violaciones a los derechos humanos, ocultando las realidades, porque obedecen a una estrategia que es parte de la política de estado”.
Señaló que otra de las graves situaciones que enfrenta Honduras es que las instituciones que se han creado para la protección y prevención para los derechos humanos no lo son, y más bien son instituciones políticas partidarias de activistas, en este caso del Partido Nacional, que obedecen a la lógica de la dictadura y de su partido y no a la lógica de la problemática que se enfrenta actualmente en temas de derechos humanos.
“Tenemos el nombramiento fraudulento e ilegal de la nueva comisionada de derechos humanos”, agregó.
Al consultarle que es lo que le depara a Honduras en este 2021, Oliva expresó que “para nosotros ver el pasado es una obligación, para mirarnos como estamos en el presente, pero sobre todo para mirarnos a futuro, yo creo que el 2021 lo que nosotros esperamos es que la tragedia nacional en materia de derechos humanos cambie drásticamente, eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos, lo que queremos y eso es lo que exigimos y demandamos”.
“Pero consientes de la realidad, sabemos que el 2021 va ser más trágico que el actual, porque van a ver elecciones internas, luego vendrán las propuesta de las campañas políticas para las elecciones generales, y siempre en otros momentos en este periodo y en otros tiempos hay crisis y no digamos ahora que hay un descontrol absoluto y que no hay respeto ni interés de generar cambios”.
Oliva añadió que estoy casi convencida que ni promesas van hacer, ellos ya crearon el nivel de desencanto, el nivel de pobreza que hay en la población y van a jugar al hambre de la población.
Este 2020 cierra con desapariciones forzadas, con ejecuciones de líderes, de reconocidos defensores de tierra, territorio y ambiente, con encarcelamientos de defensores de derechos humanos, de defensores de tierra y territorio, con amenazas a liderazgos sociales a nivel nacional, y esa figura de la desaparición forzada debe preocuparnos a todos y a todas, ya que en el año cerramos con 17 desapariciones forzadas”, finalizó.
En un monitoreo constante por el COFADEH se comprobó que la suspensión de garantías constitucionales elevó de manera sorprendente las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos represores del estado que reprimieron al pueblo, que demandaba que se le suplieran las necesidades básicas, dejando a varias personas con golpes severos en distintos sectores del país.
En otros casos de graves violaciones a los derechos humanos fueron los asesinatos de ciudadanos a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional (PN) como es el caso de Marvin Alvarado asesinado por la PMOP en el mes de abril a tan solo un mes de haberse suspendido las garantías constitucionales; el caso de Rinel Argueta asesinado por la Policía Nacional y elementos COBRAS en San Esteban, Olancho, y también el caso del señor Rufino Portillo, de 74 años de edad, que fue detenido por elementos de la Policía Nacional y horas después fue entregado muerto a sus familiares, con signos de tortura, en una comunidad del departamento de Santa Bárbara.
Así como estos casos hay muchas personas a nivel nacional que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Cabe mencionar que este año 2020 cerró con alrededor de 17 personas desaparecidas, esto estando en vigencia la suspensión de garantías constitucionales, según Decreto Presidencial PCM 021-202, impuesto desde el 17 de marzo pasado.
Tribunal solicita más información sobre salud de Rommel Herrera
Tegucigalpa, Honduras.- En audiencia de Revisión de Medidas, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitó que un médico forense emita un informe sobre el estado de salud del maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo, preso político desde el 30 de mayo de 2019.
El equipo de defensa Legal de Herrera Portillo, solicitó esta audiencia para solicitar que al docente se le permita recibir tratamiento médico ambulatorio, después de estar cuatro meses privado de libertad en la cárcel de máxima [tortura] seguridad “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso; donde su estado de salud se tornó delicado.
Rommel empezó a recibir tratamiento en el Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza, y evaluando su estado grave de salud, el médico Carlos Munguía, determinó que el joven debía ser internado.
Por lo que el perito de Medicina Forense que comparecerá ante el Tribunal de Sentencia, es quién determinó en octubre de 2019 que el estado de salud mental de Rommel era muy delicado, y emitió el dictamen que permitió el cambio de medidas de prisión preventiva a internamiento hospitalario.
El médico psiquiatra, Carlos Munguía, será juramentado para que actualice la información al Tribunal, sobre el estado de salud de Rommel, y dé su opinión en cuanto a la posibilidad de un tratamiento ambulatorio, lo que era la petición de la defensa este día, declaró Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), co-parte de la defensa.
Consideramos que ha transcurrido un tiempo prudencial donde nuestro representado ha cumplido la medida sustitutiva a la prisión en el Hospital Psiquiátrico, pero -agregó Cárdenas- creemos necesario que se reencuentre con el mundo exterior.
La defensa de Rommel, en la audiencia de revisión de medidas, le garantizó al Tribunal que el profesor de 24 años, va a continuar con el tratamiento psiquiátrico hospitalario pero en la consulta externa.
Además, Rommel tendrá acompañamiento sicológico, pero ambulatoria, recalcó la abogada Cárdenas.
El Tribunal desestimó la petición del Ministerio Público y la acusación privada de la Embajada Americana, que solicitaron la prisión preventiva para Rommel, acusado de incendiar llantas frente a la dicha sede diplomática, el 31 de mayo de 2019, durante una serie de protestas convocadas por la Plataforma en defensa de la Salud y Educación.
En cuanto a la audiencia del viernes 13 de noviembre, será de nombramiento de Perito, a raíz de lo que resuelvió el Tribunal de sentencia, esta mañana.
Al preso político Rommel Baldemar Herrera Protillo, se le acusa por los supuestos delitos de Incendio Agravado y Daños en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América.
El próximo viernes se le notificará a la Sala V del Tribunal de Sentencia, sobre el nombramiento del perito forense, después el médico deberá comparecer para ser juramentado y emitir su informe. La fecha queda pendiente, mientras Rommel seguirá interno en el Hospital Dr. Mario Mendoza, de Tegucigalpa.
