Régimen de Honduras conmemora fiestas patrias con salvaje represión contra protesta ciudadana
Por: RedacciónCRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Una salvaje represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra ciudadanos que se manifestaban en contra del régimen de Juan Hernández, se produjo este 15 de septiembre en Honduras en el marco de la conmemoración del 198 aniversario de una quimérica independencia patria.
La represión, que se produjo mediante el lanzamiento a discreción de gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión, se originó en el bulevar Morazán de Tegucigalpa cuando los manifestantes se dirigían hacia el centro de la ciudad donde se ubica el parque Central “Francisco Morazán” donde en los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado de 2009, los sectores sociales se citan para exponer sus demandas.
Durante la represión varios ciudadanos resultaron lesionados por el impacto de balas de goma y de bombas lacrimógenas como el caso del fotoperiodista y defensor de los derechos humanos, César Fuentes, que fue lesionado en su frente por el impacto de una bomba lacrimógena. Durante la acción violenta se produjo una lluvia de piedras lanzadas por los manifestantes y respondidas por los agentes de la seguridad del Estado, resultando dos de ellos con lesiones menores.
El golpe de Estado marcó en Honduras una división, por un lado, el gobierno con el apoyo de los militares y los sectores más conservadores aglutinados en las élites empresariales y las iglesias, celebran ostentosamente un desfile que confluye en el Estado Nacional de Tegucigalpa y por otro, los sectores populares, que se declararon en resistencia a raíz del rompimiento del orden constitucional, se movilizan paralelamente en protesta y en contra del sistema imperante.
Este año los ciudadanos salieron nuevamente a gritar consignas contra el jefe del régimen, Juan Hernández, acusado por actos de corrupción y señalado de ser co-conspirador de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, acusado en la Corte Sur de Nueva York, por cargos de narcotráfico.
El desfile paralelo, que fue saboteado en su camino y que al final concluyó en el parque central de Tegucigalpa, estuvo encabezado por el derrocado expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien previo al ataque de los militares y policías, declaró ante medios de comunicación que la conmemoración oficial de la independencia patria es un acto falso, porque Honduras mantiene sus ataduras hegemónicas y porque está siendo gobernada por una dictadura criminal, comprometida y señalada por delitos de corrupción y de narcotráfico.
Zelaya Rosales condenó que el gobierno haya impedido el ingreso de los sectores populares al Estado Nacional, pues dijo que cuando fungió como presidente esta gente siempre llegaba con sus actos de protesta y su gobierno nunca lo impidió.
El régimen de Hernández emitió sendos decretos ministeriales mediante los cuales se establecen sanciones contra los docentes y estudiantes de los centros educativos, que expresaran palabras o frases consideradas contrarias al evento o que portaran pancartas con mensajes políticos. Pese a las prohibiciones, que han sido consideradas como acciones dictatoriales en contra de libertad de expresión, algunos estudiantes portaron pancartas y mantas con la leyenda “Fuera JOH” o fuera CC-4, al referirse a los señalamientos por narcotráfico contra el gobernante.
Fusiles de guerra
Paradójicamente mientras el gobierno insistía en la conmemoración de un año más de independencia, las principales calles de Honduras fueron ocupadas por militares portando armas de guerra, como un acto de intimidación a la protesta ciudadana.
Los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras sobrevolaron desde tempranas horas la ciudad capital, para amedrentar a los pobladores que este día salieron para protestar contra el titular del régimen que está señalado de actividades de narcotráfico junto a su hermano Tony Hernández que está acusado en los Estados Unidos.
En virtud del desbordamiento de las protestas y ante el temor a que los actos gubernamentales fueron boicoteados por los manifestantes, el gobierno entregó brazaletes a los estudiantes que desfilaron, así como a los empleados públicos, que fueron obligados a participar en la actividad y a los activistas del oficialista Partido Nacional, que siempre que hay este tipo de eventos acuden en apoyo a Hernández.
A las 6:00 de la mañana al encabezar la izada de la bandera nacional, el gobernante hondureño avizoró que Centroamérica se convertirá en los próximos años en la octava economía mundial. Señaló además que los nuevos retos de su gobierno son la seguridad y el combate de los efectos del cambio climático.
Pese a la represión de la movilización paralela, el expresidente de Honduras y líder del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, logró llegar hasta el parque Central de Tegucigalpa, conocido también como Plaza “Francisco Morazán”, en honor al prócer independentista centroamericano. Al pronunciar su discurso en este lugar, Zelaya Rosales celebró que su partido haya logrado integrar los órganos electorales.
“Ya podemos luchar porque los muertos ya no van a votar más, porque se acabó la venta de credenciales en las próximas acciones electorales, porque en la transmisión de resultados, ahora se va a reflejar los votos exactos de las áreas urbanas y de las áreas rurales, se acabó la manipulación”, dijo el líder opositor, quien ha denunciado fraude en los últimos dos procesos electorales (2013 y 2017).
Mientras Zelaya Rosales pronunciaba su discurso se produjo nuevamente la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, que obligaron que los presentes salieran despavoridos del Parque Central de Tegucigalpa, donde les volvieron a lanzar gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión.
Tegucigalpa. – Una salvaje represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra ciudadanos que se manifestaban en contra del régimen de Juan Hernández, se produjo este 15 de septiembre en Honduras en el marco de la conmemoración del 198 aniversario de una quimérica independencia patria.
La represión, que se produjo mediante el lanzamiento a discreción de gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión, se originó en el bulevar Morazán de Tegucigalpa cuando los manifestantes se dirigían hacia el centro de la ciudad donde se ubica el parque Central “Francisco Morazán” donde en los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado de 2009, los sectores sociales se citan para exponer sus demandas.
Durante la represión varios ciudadanos resultaron lesionados por el impacto de balas de goma y de bombas lacrimógenas como el caso del fotoperiodista y defensor de los derechos humanos, César Fuentes, que fue lesionado en su frente por el impacto de una bomba lacrimógena. Durante la acción violenta se produjo una lluvia de piedras lanzadas por los manifestantes y respondidas por los agentes de la seguridad del Estado, resultando dos de ellos con lesiones menores.
Cesar Fuentes, fotografo y defensor de derechos humanos resultó golpeado por una bomba lacrimógena
La represión contra los ciudadanos se produjo también en las ciudades de San Pedro Sula y Choluteca.El golpe de Estado marcó en Honduras una división, por un lado, el gobierno con el apoyo de los militares y los sectores más conservadores aglutinados en las élites empresariales y las iglesias, celebran ostentosamente un desfile que confluye en el Estado Nacional de Tegucigalpa y por otro, los sectores populares, que se declararon en resistencia a raíz del rompimiento del orden constitucional, se movilizan paralelamente en protesta y en contra del sistema imperante.
Este año los ciudadanos salieron nuevamente a gritar consignas contra el jefe del régimen, Juan Hernández, acusado por actos de corrupción y señalado de ser co-conspirador de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, acusado en la Corte Sur de Nueva York, por cargos de narcotráfico.
El desfile paralelo, que fue saboteado en su camino y que al final concluyó en el parque central de Tegucigalpa, estuvo encabezado por el derrocado expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien previo al ataque de los militares y policías, declaró ante medios de comunicación que la conmemoración oficial de la independencia patria es un acto falso, porque Honduras mantiene sus ataduras hegemónicas y porque está siendo gobernada por una dictadura criminal, comprometida y señalada por delitos de corrupción y de narcotráfico.
Zelaya Rosales condenó que el gobierno haya impedido el ingreso de los sectores populares al Estado Nacional, pues dijo que cuando fungió como presidente esta gente siempre llegaba con sus actos de protesta y su gobierno nunca lo impidió.
El régimen de Hernández emitió sendos decretos ministeriales mediante los cuales se establecen sanciones contra los docentes y estudiantes de los centros educativos, que expresaran palabras o frases consideradas contrarias al evento o que portaran pancartas con mensajes políticos. Pese a las prohibiciones, que han sido consideradas como acciones dictatoriales en contra de libertad de expresión, algunos estudiantes portaron pancartas y mantas con la leyenda “Fuera JOH” o fuera CC-4, al referirse a los señalamientos por narcotráfico contra el gobernante.
Fusiles de guerra
Paradójicamente mientras el gobierno insistía en la conmemoración de un año más de independencia, las principales calles de Honduras fueron ocupadas por militares portando armas de guerra, como un acto de intimidación a la protesta ciudadana.
Los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras sobrevolaron desde tempranas horas la ciudad capital, para amedrentar a los pobladores que este día salieron para protestar contra el titular del régimen que está señalado de actividades de narcotráfico junto a su hermano Tony Hernández que está acusado en los Estados Unidos.
En virtud del desbordamiento de las protestas y ante el temor a que los actos gubernamentales fueron boicoteados por los manifestantes, el gobierno entregó brazaletes a los estudiantes que desfilaron, así como a los empleados públicos, que fueron obligados a participar en la actividad y a los activistas del oficialista Partido Nacional, que siempre que hay este tipo de eventos acuden en apoyo a Hernández.
A las 6:00 de la mañana al encabezar la izada de la bandera nacional, el gobernante hondureño avizoró que Centroamérica se convertirá en los próximos años en la octava economía mundial. Señaló además que los nuevos retos de su gobierno son la seguridad y el combate de los efectos del cambio climático.
En esta selfie del mandatario en el estadio Nacional de Tegucigalpa se aprecia que este lucía vacío
Hernández ha abanderado en las últimas
semanas un discurso protector del medio ambiente con la intención de
lograr mayores desembolsos del Fondo Verde para el Clima, una iniciativa
global construida desde de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Mientras alza su voz a favor de la naturaleza, su gobierno ha
emitido varios permisos de explotación de ríos, bosques y minas,
violentando las leyes nacionales y acuerdos internacionales.Pese a la represión de la movilización paralela, el expresidente de Honduras y líder del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, logró llegar hasta el parque Central de Tegucigalpa, conocido también como Plaza “Francisco Morazán”, en honor al prócer independentista centroamericano. Al pronunciar su discurso en este lugar, Zelaya Rosales celebró que su partido haya logrado integrar los órganos electorales.
“Ya podemos luchar porque los muertos ya no van a votar más, porque se acabó la venta de credenciales en las próximas acciones electorales, porque en la transmisión de resultados, ahora se va a reflejar los votos exactos de las áreas urbanas y de las áreas rurales, se acabó la manipulación”, dijo el líder opositor, quien ha denunciado fraude en los últimos dos procesos electorales (2013 y 2017).
Mientras Zelaya Rosales pronunciaba su discurso se produjo nuevamente la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, que obligaron que los presentes salieran despavoridos del Parque Central de Tegucigalpa, donde les volvieron a lanzar gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión.
La oposición y Libre se movilizan contra el régimen de JOH y muerte de Morazán
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El partido Libertad y Refundación (Libre) y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se movilizaron este domingo para repudiar el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández y conmemorar el 177 aniversario del asesinato del héroe Francisco Morazán.
Asimismo, ciertos colegios magisteriales se sumaron a esta movilización a pesar de que el secretario de Educación Arnaldo Bueso advirtió con sanciones administrativas y penales aquellos que no se presentaran a rendir pleitesía a Hernández.
A la caminata se sumó el expresidente Manuel Zelaya, quien encabezó la misma rumbo a la plaza central para proferir el discurso correspondiente a este día.
En este evento también se celebran 10 años de movilizaciones masivas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, por lo que la misma ha sido concurrida; organizaciones sociales, algunos dirigentes del Partido Nacional opuestos a Hernández, líderes liberales y defensores de DDHH fueron recibidos por los concurrentes.
El partido Libertad y Refundación (Libre) y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se movilizaron este domingo para repudiar el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández y conmemorar el 177 aniversario del asesinato del héroe Francisco Morazán.
Asimismo, ciertos colegios magisteriales se sumaron a esta movilización a pesar de que el secretario de Educación Arnaldo Bueso advirtió con sanciones administrativas y penales aquellos que no se presentaran a rendir pleitesía a Hernández.
A la caminata se sumó el expresidente Manuel Zelaya, quien encabezó la misma rumbo a la plaza central para proferir el discurso correspondiente a este día.
En este evento también se celebran 10 años de movilizaciones masivas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, por lo que la misma ha sido concurrida; organizaciones sociales, algunos dirigentes del Partido Nacional opuestos a Hernández, líderes liberales y defensores de DDHH fueron recibidos por los concurrentes.
Zelaya: Aspirantes a la alianza deben olvidar pretensiones políticas particulares
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exmandatario, Manuel Zelaya, señaló este domingo que aquellos que aspiren a una alianza con Libertad y Refundación (Libre), deberán dejar de lado sus deseos políticos particulares.
Zelaya, dijo que “la alianza es trabajar en principios y los principios son lo que quiere el pueblo hondureño y no el oportunismo, basada en una ideología popular y no en la oligarquía y en la élite».
«Quien aspire a ser miembro de la alianza para dirigirla debe ser lo que he hecho yo, renunciar a las aspiraciones personales para que se consiga una pacto en beneficio de la población, botar la dictadura y salir con el Estado democrático”, indicó.
El coordinador de Libre, expresó que aceptará una unión si la alianza es en base a principios y basada en una ideología popular.
“Todas las trampas, todo lo que hemos padecido en estos últimos años ahora les será imposible volverlo a hacer: No puede sostenerse en el poder Juan Orlando Hernández, los muertos no podrán votar, la transmisión falsa de resultados no se podrá dar como las caídas del sistema”, dijo.
El partido Liberal, que postuló a la presidente a Luis Zelaya en las elecciones de 2017, no se integró a la alianza de oposición porque no se le otorgó la candidatura presidencial.
El exmandatario, Manuel Zelaya, señaló este domingo que aquellos que aspiren a una alianza con Libertad y Refundación (Libre), deberán dejar de lado sus deseos políticos particulares.
Zelaya, dijo que “la alianza es trabajar en principios y los principios son lo que quiere el pueblo hondureño y no el oportunismo, basada en una ideología popular y no en la oligarquía y en la élite».
«Quien aspire a ser miembro de la alianza para dirigirla debe ser lo que he hecho yo, renunciar a las aspiraciones personales para que se consiga una pacto en beneficio de la población, botar la dictadura y salir con el Estado democrático”, indicó.
El coordinador de Libre, expresó que aceptará una unión si la alianza es en base a principios y basada en una ideología popular.
“Todas las trampas, todo lo que hemos padecido en estos últimos años ahora les será imposible volverlo a hacer: No puede sostenerse en el poder Juan Orlando Hernández, los muertos no podrán votar, la transmisión falsa de resultados no se podrá dar como las caídas del sistema”, dijo.
Mel Zelaya lanza reto a oposición para construir unidad
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –
El expresidente de Honduras y coordinador del Partido Libertad y
Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, retó este domingo a los
partidos de oposición a unificarse y que el próximo candidato
presidencial que encabece dicha unidad, sea el más votado del proceso
interno de marzo de 2021.
Noticia Relacionada: Mel Zelaya propone nueva alianza para darle la estocada final a JOH
«Hay que renunciar a los intereses personales para aspirar a la unidad popular y transformar a Honduras»: Manuel Zelaya Rosales, presidente de Honduras 2006-2009.
“Le digo a
los diferentes líderes de otros partidos y de otros movimientos
sociales, los reto a la unidad, como hay un pleito en quien encabeza,
porque todos quieren ser Dios y Dios solo hay uno y ustedes son seres
humanos señores, que quieren encabezar la unidad del pueblo para la
insurrección y la transformación de Honduras”, expresó el político.
Zelaya
Rosales especificó que su propuesta es que quien encabece la próxima
alianza de oposición sea quien “saque más votos en las elecciones
internas del próximo marzo de 2021”.
Añadió que está seguro de que si se acepta su propuesta los pleitos por quien encabece la alianza se terminarán.
En las
elecciones pasadas de 2017, Zelaya Rosales lideró a través del Partido
Libre una alianza electoral junto al Partido Innovación y Unidad -Social
Demócrata (Pinu-SD) y a Salvador Nasralla, quien, pese a no tener el
respaldo de un partido político, encabezó la Alianza de Oposición Contra
la Dictadura.
A raíz de
las elecciones que dieron por ganador al gobernante, Juan Hernández,
luego de un controvertido proceso plagado por un fraude electoral,
Nasralla y Zelaya Rosales han mantenido diferencias y las bases y
dirigencia de Libre, reclaman constantemente el por qué se le delegó la
candidatura a Nasralla.
De
acuerdo con los datos oficiales, el partido Libre se convirtió desde el
2013 en la segunda fuerza política electoral de Honduras.
Hace dos semanas el presidente del
Partido Liberal, Luis Zelaya, propuso al coordinador de Libre que antes
de pactar una alianza política electoral, se haga una insurrección para
lograr la segunda vuelta y el voto electrónico que garantice la
transparencia del proceso.El partido Liberal, que postuló a la presidente a Luis Zelaya en las elecciones de 2017, no se integró a la alianza de oposición porque no se le otorgó la candidatura presidencial.
Zelaya
Rosales hizo el planteamiento al pronunciar su discurso este 15 de
septiembre al cierre del desfile paralelo, donde celebró que su partido
haya logrado integrar los órganos electorales.
“Ya
podemos luchar porque los muertos ya no van a votar más, porque se acabó
la venta de credenciales en las próximas acciones electorales, porque
en la transmisión de resultados, ahora se va a reflejar los votos
exactos de las áreas urbanas y de las áreas rurales, se acabó la
manipulación”, dijo el líder opositor, quien ha denunciado el robo de
las elecciones a su partido político durante los dos últimos procesos
electorales (2013 y 2017).
Mientras
Zelaya Rosales pronunciaba su discurso se produjo nuevamente la
represión de las fuerzas de seguridad del Estado, que obligaron que los
presentes salieran despavoridos del Parque Central de Tegucigalpa, donde
les volvieron a lanzar gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua
a presión. Anteriormente, los militares y policías habían reprimido la
protesta de los sectores populares en el bulevar Morazán.
Honduras: Defensoras de Derechos Humanos bajo ataque policial durante las protestas sociales
Wednesday, 18 September 2019 19:54 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: IM-Defensoras
Las defensoras de derechos humanos Elizabeth Medina y Katherin
Cruz Cerrato, pasaron momentos difíciles cuando policías les lanzaron
intencionalmente bombas lacrimógenas en sus pies, dijeron insultos por
defender los derechos humanos y llevaron a cabo una retención
arbitraria, entre otros atropellos, cuando realizaban su labor de
defensa de derechos fundamentales de pobladores y pobladoras que luchan
porque una fuente de agua cerca la capital hondureña no sea destruida,
este 17 de septiembre de 2019.
Medina pertenece a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras
Honduras y Cruz Cerrato a la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos, en Honduras y en otras ocasiones también han sido objeto de
amenazas y hostigamiento como mujeres defensoras, sin que hasta la fecha
el Estado de Honduras haya tomado cartas en el asunto, a pesar de que
son hechos públicos.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, emitió una alerta urgente dado la gravedad de los hechos, condenando los mismos por constituir “una grave vulneración del derecho a defender derechos”.
El relato de una agresión
Elizabeth Medina relató que cuando estaba verificando la situación de derechos humanos este 17 de septiembre de 2019, en momentos en que los policías reprimían a centenares de personas que se plantaron en la calle en protesta porque en el Parque Nacional La Tigra se ha autorizado la construcción de viviendas de lujo, un hotel de montaña y otras obras, los agentes le lanzaron bombas lacrimógenas a sus pies y le gritaron “Falsos defensores de vagos y delincuentes”,
Medina denunció que después la empezaron apedrear mientras le cuestionaban que estaba grabando, cuando un compañero de la misma organización acudió ayudarle le apuntaron con el arma.
Mientras ese mismo día la defensora Katherin Cruz Cerrato fue detenida por la policía con su conductor Ever Trinidad que fue bajado del vehículo y le policías le solicitaron los documentos personales y del auto.
Los uniformados les acusaban de haber visto el auto obstaculizando una calle ayudando en la toma de carretera a la vez que emitieron comentarios respecto al logo de la organización en el chaleco que portaba.
Reiteradas acciones violentas contra defensores y defensoras
Estas agresiones también fueron reportadas el 10 de septiembre de este año cuando defensores monitoreaban la situación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde un estudiante fue herido con una piedra en la cabeza.
Jorge Godoy, defensor de la organización Derechos Humanos Sin Limites Honduras, (DHSLH), estaba documentando el momento donde la policía agredía física y verbalmente a los estudiantes que se manifestaban cuando él y sus compañeros fueron atacados por una lluvia de piedras.
Francisco López, defensor de Derechos Humanos Sin Fronteras recibió una pedrada directamente en su abdomen porque él estaba cerca tomando fotos de policías que utilizaban “hondas”, cuando le empezaron apuntar e intimidarlo con las mismas.
López detalló haberle dicho al oficial “me ha estropeado, como usted está realizando su trabajo yo también” , sin embargo no pudo identificarlos porque andaban cubiertos, pero subrayó que uno de los policías ya lo tiene enfocado en su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Durante la movilización del 15 de septiembre recién pasado, el equipo de defensores de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), se encontraba monitoreando las postas en busca de posibles detenidos en la represión cuando un grupo de policías preventivos les confrontaron ¿Por qué a los manifestantes sí los apoyaban y a ellos que tenían compañeros heridos no?
El Estado de Honduras tiene la obligación de proteger la labor de defensa de derechos humanos lo cual ya está estipulado en la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero cada vez que hay protestas sociales la represión contra quienes ejercen su derechos a defender derechos fundamentales ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del derecho a la protesta, sufren ataques y vejámenes por las fuerzas del orden.
La ASOPODEHU interpuso una denuncia ante el Ministerio Público debido a que en el 2018 un defensor y dos defensoras de la organización fueron rodeados por la policía y les procedieron a revisar sus objetos personas, además de insultarles. Hasta le fecha la denuncia no ha avanzado.
Una cheque en blanco para atacar defensores
El 08 de septiembre de 2017 dos defensoras y dos defensores fueron torturados y llevados detenidos por órdenes de altos jefes policiales, acusados de encubrimiento y atentado, aún su proceso está en curso a pesar que en primera instancia había sobreseído pero se reabrió a través de una apelación del Ministerio Público.
En cambio una denuncia de la Mesa de Derechos Humanos obligó al Ministerio Público a emitir requerimientos fiscales para los oficiales de la Policía Nacional Preventiva Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, responsables de torturas, detención ilegal, lesiones y abuso de autoridad, pero no tuvo el mismo resultado, los jefes policiales fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo, en una audiencia inicial en junio de 2018, en un juicio plagado de estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos.
Este mal antecedente empoderó a policías en todas las escalar para incrementar sus acciones represivas. En algunos momentos han recordado que “a ustedes les pasará como aquellos que los capturamos en la universidad si siguen defendiendo delincuentes”.
Los oficiales Colindres y Palma eran los que comandaban el operativo para desalojar a los defensores de La Tigra, este pasado 17 de septiembre, en la Aldea El Hatillo, a unos minutos de Tegucigalpa, donde los pobladores y pobladoras exigían al alcalde de la capital un cabildo abierto. Al filo de las 11 de la mañana fueron desalojados.
Alerta internacional
Por Marpa
Tegucigalpa.- Una nueva delegación de observadores de derechos humanos, procedentes del País Vasco se encuentra tanto en Honduras como en Guatemala, para constatar la situación actual por la que atraviesan las comunidades campesinas que luchan contra los proyectos extractivistas y la condición vulnerable que enfrentan los defensores y defensoras de la tierra y los territorios. Otros grupos también se exponen a situaciones desfavorables que ponen en riesgo sus vidas.
La delegación que se encuentra en Honduras, está compuesta por la abogada Mirtha Vásquez, de nacionalidad peruana, experta en temas ambientales, la Dra. Cristina Churruca Muguruza, profesora de Relaciones Internacionales y acción Humanitaria y construcción de la Paz en el instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y el Dr. Luis Miguel Uharte, investigador social y catedrático de la Universidad del País Vasco.
El viernes 20 de septiembre en horas de la mañana, luego de sostener conversaciones con autoridades de la Embajada de España en Tegucigalpa, la delegación estuvo presente en la presentación del Contexto y Casos Emblemáticos expuesto por las coordinaciones de La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y dirigentes del Grupo Campesino 9 de Julio y Las Torres, del departamento de La Paz.
En el evento, el sociólogo Eugenio Sosa expuso sobre las consecuencias, las secuelas y la implicación para el pueblo hondureño, tanto del golpe de estado de 2009, como de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Sosa explicó que los problemas de Honduras se han agudizado en los últimos 10 años, con una economía de bajo crecimiento frente al incremento poblacional que incluye una gran demanda social no satisfecha en temas de vivienda, empleo, salud y educación.
“Con esta economía de muy bajo crecimiento, hay mucha desigualdad y concentración de la riqueza. Casi cualquier cosa en términos de la tierra, tecnología, ingresos y créditos; marcan una desigualdad enorme donde los sectores que acaparan son muy pocos, como los más altos en sectores de consumo medios y altos”, detalló el investigador social.
Otros problemas estructurales se han agudizado como la corrupción, las redes ilícitas de narcotráfico, la destrucción de la institucionalidad, con una democracia mínimamente aceptada en términos de soberanía popular y el surgimiento de un autoritarismo que ha agudizado la crisis hondureña.
“Cuando analizamos la situación hondureña que es bastante grave, nos preguntamos ante qué estamos, hay varias cosas que se ensayan pero que en el fondo todas quieren reflejar la situación grave. Hablamos de una crisis múltiple, una crisis continuada y permanente después del golpe, una crisis política y de gobernabilidad; que no termina de salir y hablamos realmente de una tragedia”, aseguró Sosa.
Entretanto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, reiteró que Honduras es un estado deshecho, y en ese sentido dijo, es que podrán entender cuál es la situación que vivimos los que apostamos a mejorar la situación en materia de derechos humanos.
Al hacer la tarea de acompañar los procesos, a las víctimas de la política criminal de estado, porque eso es lo que tenemos “una política criminal de estado”, lo enfrentamos con los instrumentos internacionales que tenemos a nuestro alcance y lo orientamos haciendo uso de lo que reza la Constitución de la República, aunque sabidas estamos; que eso no va a tener ningún efecto.
“Cuando hablamos de una política criminal nos referimos a que nunca, porque nosotras tenemos 37 años de trabajar el tema de los derechos humanos y nunca como hoy enfrentamos los niveles de espionaje, los niveles de infiltración, los niveles de seguimiento que tienen la mayoría de las organizaciones”, porque aquí se ha incrementado la militarización y el militarismo”, denunció la reconocida defensora de derechos humanos.
La Coordinadora del COFADEH también apuntó que debe insistirse sobre la investigación de los temas de las desapariciones forzadas de los años ochenta, ya que se han repetido las acciones de este crimen de lesa humanidad “y con los mismos actores del pasado, por lo que es más atroz lo que se vive en el país”.
“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”, advirtió Olivia.
Por su parte la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, resaltó el escenario de acoso, hostigamiento, exclusión, violaciones sexuales y crímenes que se cometen contra las mujeres hondureñas.
Martínez destacó también la situación vulnerable que enfrentan niñas y jóvenes reclutadas por maras y pandillas que sirven de “banderas” para el crimen organizado o el narcotráfico. Estas implicaciones han llevado al asesinato de féminas jóvenes en el país.
La Coordinadora del CEM-H reveló que un 62.8 por ciento de los asesinatos de las mujeres ocurren en lugares públicos, en la casa un 21.4 por ciento, en negocios un 4.6 por ciento, en cuarterías 2.0 por ciento, en solares baldíos 1.5 por ciento, en hoteles un 1.5 por ciento, en autobuses 1.5 por ciento. Lanzadas a un río 1 por ciento.
En los últimos 10 años se han registrado 4 mil 736 femicidios o crímenes contra mujeres. Solo entre 2018 y 2019 se contabilizaron 800 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 11 casos fueron judicializados como femicidios, que representa apenas el 1.43 por ciento.
Acerca de la lucha de las comunidades campesinas por una parcela de tierra, el Director Ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría, expuso que la crisis por la que atraviesa el campesinado sin acceso a la tierra, tiene su raíz en la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
Añadió que los procesos de legalización de tierras impulsados por el ex presidente Manuel Zelaya, fueron invalidados por el golpe de estado. “El decreto 18-2008, aprobado por Zelaya estipulaba que las tierras que estaban ocupadas por los campesinos fueran tituladas y nos preparábamos para aprobar una nueva ley que sustituyera la de modernización agrícola”.
Alegría quien aboga por la aprobación de una “Ley de Derechos Campesinos y otras Gentes”, sostuvo que en los últimos diez años se han registrado asesinatos de campesinos, la destrucción de movimientos, desalojos violentos y procesos de judicialización contra los trabajadores y trabajadoras del campo.
“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”, sostuvo el director de La Vía Campesina.
Para finalizar Alegría mencionó que este mismo día, se produjo un desalojo por parte de efectivos policiales en contra del Grupo Campesino Buenos Amigos en Choloma, Cortés. “Por esos desalojos han ido a parar a la cárcel, alrededor de 8 mil 500 campesinos, incluyendo mil 700 mujeres, y otros tienen medidas cautelares donde tienen que estar firmando en los tribunales”.
La llegada de la Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos fue organizada por “Mundubat”, en coordinación con las organizaciones socias con las que trabaja en Honduras como son: La Vía Campesina, COFADEH, CNTC y CEM-H, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y el Gobierno Vasco. Dos grupos de la delegación se encuentran simultáneamente en Guatemala y Honduras desde el 19 al 25 de septiembre.
Por: Joaquín Mejía Rivera
Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.
También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.
A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.
Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.
Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.
Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.
Las Américas y Europa.- Las organizaciones
firmantes condenamos la decisión de procesar penalmente y privar
preventivamente de la libertad a 8 personas defensoras de los ríos
Guapinol y San Pedro en Honduras y realizamos un contundente llamado al
Estado de Honduras a cesar la criminalización en su contra.
El pasado 26 de agosto, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se presentaron ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, por las acusaciones que tienen en su contra como represalia a la defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero. Las acusaciones también incluyen a Jeremías Martínez (privado de libertad desde diciembre de 2018) y a Antonio Martínez (quien falleció más de 4 años antes de los presuntos hechos).
A los defensores se les acusa de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos Hernández Corea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Adicionalmente, Arnold y Jeremías fueron acusados por “usurpación y daños” en perjuicio de Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. La audiencia de Jeremías, el 05 de diciembre de 2018, concluyó con el decreto de auto formal de procesamiento -enviarle a juicio- y el dictado de prisión preventiva. En el caso de Arnold, la audiencia tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en el Cuartel Militar General Cabañas, sede de los Juzgados de Jurisdicción Nacional, creados específicamente para delitos de alto impacto provocados por el crimen organizado. Como resultado, se le sobreseyó provisionalmente, pero se otorgó un plazo de 5 años a la Fiscalía para que siga investigando el caso antes de conceder un sobreseimiento definitivo.
La audiencia contra los defensores restantes se realizó el 31 de agosto pasado y finalizó con el sobreseimiento definitivo por los delitos de “asociación ilícita” y “robo”. Sin embargo, la Jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecito, los envió a juicio por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de la libertad”, sin razonar su decisión y con elementos probatorios contradictorios y carentes de veracidad. Además, ordenó su privación de libertad en el Centro Penal de Olanchito, en el Departamento de Yoro, medida que aún no ha sido cumplida porque se encuentran en el Centro de Máxima Seguridad de “La Tolva” en el Departamento de Paraíso.
La defensa apeló la decisión y presentó un hábeas corpus, por considerar que la Jueza Vallecito no posee competencia para juzgar dichos delitos. En caso de no resolverse favorablemente esta acción, los defensores pueden quedar privados de libertad hasta por 2 años y medio, a la espera de un juicio en el que podrían ser condenados hasta por 12 años -delito de “incendio agravado”- y 6 años -delito de “privación injusta de la libertad-.
Como antecedente, es importante señalar que, en febrero del presente año 13 personas acusadas por acciones vinculadas a este conflicto se presentaron voluntariamente ante los juzgados. Se les mantuvo privadas de libertad hasta el 02 de marzo, cuando fueron sobreseídas debido a la ausencia de elementos probatorios y la insostenibilidad de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. En coordinación con la empresa minera el Ministerio Público ha presentado cargos en contra de 31 personas.
Ante los hechos citados, las organizaciones firmantes denunciamos nuevamente el uso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a las personas defensoras y deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realizan.
Al respecto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, reconoció en su reciente visita que la criminalización de personas defensoras “generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.
El Grupo además expresó su preocupación por la manera en que se otorgó la concesión a la empresa minera Inversiones Los Pinares, destacando que: “(…) fue informado sobre la decisión del Congreso de aprobar un Decreto para reducir la zona núcleo del parque de 24,223.7 hectáreas a 24,000 hectáreas, justo antes de que se otorgara la concesión correspondiente. Como tal cambio en la zonificación coincidió con el territorio donde se presentaron dos concesiones mineras, nos preocupa que el propósito del decreto fuera acomodar las dos concesiones, para que no se ubicaran en la zona núcleo, donde las operaciones están prohibidas” (subrayado propio). Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades afectadas.
Además, expresamos nuestro repudio por el sometimiento de personas defensoras ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya estructura se establece por medio del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en 2018 recomendó nuevamente “revisar la normativa que sustenta dicho régimen (…) que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen”.
Señalamos una aplicación desproporcionada de la medida de prisión preventiva hacia los defensores que no se justifica al haberse incluso presentado de modo voluntario. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso López Álvarez Vs Honduras ha establecido que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras resuelve acerca de su responsabilidad penal”.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Estado de Honduras que: 1) Cese la criminalización en contra de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, actuando conforme al debido proceso, 2) Garantice la vida e integridad de las personas criminalizadas, así como de sus familiares y los habitantes de las comunidades afectadas y 3) Revise y cancele la concesión de territorios protegidos al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los órganos regionales e internacionales de derechos humanos a sumarse a las peticiones expresadas y finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con las y los defensores en su lucha legítima por la defensa de los ríos: “¡No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente!”.
Organizaciones firmantes:
Regional e Internacional Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comisión Provincial del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica (CPAS) Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Compañía de Jesús Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe (CPAL) DIAKONIA FIAN Internacional Foro Honduras Suiza Fundación Mundubat – Mundubat Fundazioa Hermanas de la Misericordia – Equipo de Justicia IM-Defensoras JASS (Asociadas por lo Justo) Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Plataforma Internacional contra la Impunidad Protección Internacional Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe Red Jesuita con Migrantes Red MAK Red Mesoamericana de Educación Popular, Alforja Red MesoAmeri-Kaab Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC) Solidaridad y Misión Claretianos de America Trocaire
Alemania Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Guatemalagruppe Nürnberg e. V. Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL e.V.) Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V. Iniciativa Cristiana Romero Oekumenisches Netz/Red Ecumenisco Rhein-Mosel-Saar
Argentina Asamblea Permanente del Comahue Por el Agua Asamblea Popular por el Agua Auto convocados por agua pura San Carlos Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos por Agua Pura Be. Pe. Bienaventurados los Pobres Foro Ambiental y Social de la Patagonia Observatorio del Agua – UNPSJB Proyecto CRECER CON ESPERANZA Programa Género Y SEXUALIDADES, UNR Red de Luchas Socioambientales -Salta-
Austria Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA)
Bolivia Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia
Brasil Associação de Combate aos Poluentes Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil
Canadá Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) Canadian Jesuits International
Congo Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF)
Chile Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Colombia Corporación Sisma Mujer Instituto de Estudios Interculturales
Costa Rica Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Ecuador Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
Estados Unidos Alianza Americas Alliance for Global Justice (AFGJ) Asociacion de Hondurenos del Norte de California (ANHCA) Appleto Foundation Central American Resource Center- Los Angeles Chicago Religious Leadership Network for Latin America Claire E. White- Hermanas de San Jose Dominican Sisters-Grand Rapids, MI Eighth Day Church Guatemala Human Rights Commission Honduras Solidarity Network – Red de Solidaridad con Honduras Interfaith Movement for Human Integrity La Voz de los de Abajo Latin America Working Group (LAWG) Quixote Center National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd Raíces Colectivas Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) Witness for Peace Solidarity Collective (WFPSC)
El Salvador Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos Caritas SM Colectiva Feminista por el Desarrollo Local Juventud en Resistencia Las Musas Desconectadas Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
España ALBOAN Asamblea Plaza de los Pueblos Asociación ambiental Petón do Lobo Asociación Galega Cova Crea Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos Asociación para la defensa del medio ambiente de Córdoba – Ademán Cordoba Colectivo Zompopo Comunidad hondureña en Madrid CHM CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) ContraMINAcción, Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza Coordinadora No a la Mina de Uranio IDEAS Comercio Justo Oficina Cooperación UVa Plataforma por Honduras en Madrid Radio Ecca Fundación Canaria Red de Hondureñas Migradas -REDHM-I Salva La Selva Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
Guatemala Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO) Convergencia por los Derechos Humanos integrada por: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO) Frente de Defensa Miguelense FREDEMI Red Jesuita con Migrantes Guatemala (RJM-Guatemala)
Honduras Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) Coalición Contra la Impunidad, integrada por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia – AJD, Asociación Feminista Trans (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Caritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en salud, sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de familiares de detenidos desaparecidos de honduras (COFADEH), Comité de familiares de migrantes desaparecidos del progreso (COFAMIPRO), Comité por la libre expresión C-Libre, Coordinación de instituciones privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el derecho a decidir, Equipo de monitoreo independiente de honduras (EMIH), Equipo de reflexión, investigación y comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de mujeres por la vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro nacional para las migraciones (FONAMIH), Foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente amplio del COPENH, JASS en Honduras, Las hormigas, MASS VIDA, MILPAH, Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS), Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (MADJ), Movimiento de mujeres por la paz visitación padilla, MUCA y Plataforma Agraria, Observatorio Permanente Bajo Aguán, Organismo cristiano de desarrollo integral de honduras – OCDIH, PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de movilidad humana – PMH, Red de defensoras de derechos humanos de Honduras, Red de participación de organizaciones de sociedad civil Siguatepeque – RPOSC, Red de trabajadoras sexuales de honduras – REDMUDE, Unión de empresas y de organizaciones de trabajadores del campo (UTC), Vía campesina Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Coordinadora de organizaciones populares del Aguán (COPA) Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Honduras Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra CODIM CA Fundación San Alonso Rodríguez Red de mujeres campesinas del Aguán (RMCA) Red Lésbica Cattrachas Unión Revolucionaria del Pueblo
México Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. Centro de Investigación y producción de tecnología ecológica para la vivienda Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) Centro Solidario Tsomanotik A.C. Consejo Tiyat Tlali Cooperación Comunitaria A.C. Enlace, comunicación y capacitación A.C. Escuela para Defensoras en derechos humanos y ambientales Benita Galeana A.C. Fundación San Ignacio de Loyola A.C. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) MUJERES LIBRES COLEM, A.C. OCEZ-CNPA Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana Ciudad de México Servicio Jesuita a Refugiados México Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Asociación Mujeres Constructoras de Condega – AMCC Asociación de Trabajadores del Campo S.J.M. Nicaragua
Noruega Ayuda Popular Noruega (APN)
Panamá Asociación de Profesores (ASOPROF) Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
Perú Asociación Paz y Esperanza Centro de Investigación y Promoción de Campesinado Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Venezuela Fundación Centro Gumilla (FCG)
Atlántida con Vida y Dignidad somos un movimiento de organizaciones
sociales, populares y religiosas articuladas a nivel departamental que,
unidos por una lucha común: la defensa de la Vida expresadas en la
defensa del Agua, nuestras montañas y de la Biodiversidad, nos hemos
encontrado como organizaciones comunales, campesinas, Iglesias, pueblos
originarios, fundaciones, patronatos, juntas de agua, estudiantes,
movimientos sociales territoriales y ONG para trabajar por el rescate de
la soberanía territorial y el desarrollo de nuestras comunidades. Este
anhelo de organizarnos nace de entender que no es posible la vida sin
el agua y nuestras montañas, sin una lucha contra el cambio climático.
En este día de la Patria, en el mes de la deuda histórica de nuestra real independencia, queremos dirigirnos especialmente a la población de Atlántida, pero también a la comunidad nacional e internacional, para expresar nuestras preocupaciones y sueños. Son nuestras mayores preocupaciones:
Por la defensa del derecho a la vida,
Por una ciudadanía departamental,
Por nuestra soberanía territorial y autonomía en el uso de los bienes naturales,
Por un modelo de desarrollo participativo y popular,
NOS DECLARAMOS EN ASAMBLEA PERMANENTE
¡¡¡HASTA LA VICTORIA!!!
Departamento de Atlántida, 15 de septiembre 2019
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, emitió una alerta urgente dado la gravedad de los hechos, condenando los mismos por constituir “una grave vulneración del derecho a defender derechos”.
El relato de una agresión
Elizabeth Medina relató que cuando estaba verificando la situación de derechos humanos este 17 de septiembre de 2019, en momentos en que los policías reprimían a centenares de personas que se plantaron en la calle en protesta porque en el Parque Nacional La Tigra se ha autorizado la construcción de viviendas de lujo, un hotel de montaña y otras obras, los agentes le lanzaron bombas lacrimógenas a sus pies y le gritaron “Falsos defensores de vagos y delincuentes”,
Medina denunció que después la empezaron apedrear mientras le cuestionaban que estaba grabando, cuando un compañero de la misma organización acudió ayudarle le apuntaron con el arma.
Mientras ese mismo día la defensora Katherin Cruz Cerrato fue detenida por la policía con su conductor Ever Trinidad que fue bajado del vehículo y le policías le solicitaron los documentos personales y del auto.
Los uniformados les acusaban de haber visto el auto obstaculizando una calle ayudando en la toma de carretera a la vez que emitieron comentarios respecto al logo de la organización en el chaleco que portaba.
Reiteradas acciones violentas contra defensores y defensoras
Estas agresiones también fueron reportadas el 10 de septiembre de este año cuando defensores monitoreaban la situación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde un estudiante fue herido con una piedra en la cabeza.
Jorge Godoy, defensor de la organización Derechos Humanos Sin Limites Honduras, (DHSLH), estaba documentando el momento donde la policía agredía física y verbalmente a los estudiantes que se manifestaban cuando él y sus compañeros fueron atacados por una lluvia de piedras.
Francisco López, defensor de Derechos Humanos Sin Fronteras recibió una pedrada directamente en su abdomen porque él estaba cerca tomando fotos de policías que utilizaban “hondas”, cuando le empezaron apuntar e intimidarlo con las mismas.
López detalló haberle dicho al oficial “me ha estropeado, como usted está realizando su trabajo yo también” , sin embargo no pudo identificarlos porque andaban cubiertos, pero subrayó que uno de los policías ya lo tiene enfocado en su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Durante la movilización del 15 de septiembre recién pasado, el equipo de defensores de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), se encontraba monitoreando las postas en busca de posibles detenidos en la represión cuando un grupo de policías preventivos les confrontaron ¿Por qué a los manifestantes sí los apoyaban y a ellos que tenían compañeros heridos no?
El Estado de Honduras tiene la obligación de proteger la labor de defensa de derechos humanos lo cual ya está estipulado en la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero cada vez que hay protestas sociales la represión contra quienes ejercen su derechos a defender derechos fundamentales ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del derecho a la protesta, sufren ataques y vejámenes por las fuerzas del orden.
La ASOPODEHU interpuso una denuncia ante el Ministerio Público debido a que en el 2018 un defensor y dos defensoras de la organización fueron rodeados por la policía y les procedieron a revisar sus objetos personas, además de insultarles. Hasta le fecha la denuncia no ha avanzado.
Una cheque en blanco para atacar defensores
El 08 de septiembre de 2017 dos defensoras y dos defensores fueron torturados y llevados detenidos por órdenes de altos jefes policiales, acusados de encubrimiento y atentado, aún su proceso está en curso a pesar que en primera instancia había sobreseído pero se reabrió a través de una apelación del Ministerio Público.
En cambio una denuncia de la Mesa de Derechos Humanos obligó al Ministerio Público a emitir requerimientos fiscales para los oficiales de la Policía Nacional Preventiva Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, responsables de torturas, detención ilegal, lesiones y abuso de autoridad, pero no tuvo el mismo resultado, los jefes policiales fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo, en una audiencia inicial en junio de 2018, en un juicio plagado de estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos.
Este mal antecedente empoderó a policías en todas las escalar para incrementar sus acciones represivas. En algunos momentos han recordado que “a ustedes les pasará como aquellos que los capturamos en la universidad si siguen defendiendo delincuentes”.
Los oficiales Colindres y Palma eran los que comandaban el operativo para desalojar a los defensores de La Tigra, este pasado 17 de septiembre, en la Aldea El Hatillo, a unos minutos de Tegucigalpa, donde los pobladores y pobladoras exigían al alcalde de la capital un cabildo abierto. Al filo de las 11 de la mañana fueron desalojados.
Alerta internacional
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Condiciones críticas enfrentan los defensores de la tierra y los territorios en Honduras
Por defensores -
20 septiembre, 2019Tegucigalpa.- Una nueva delegación de observadores de derechos humanos, procedentes del País Vasco se encuentra tanto en Honduras como en Guatemala, para constatar la situación actual por la que atraviesan las comunidades campesinas que luchan contra los proyectos extractivistas y la condición vulnerable que enfrentan los defensores y defensoras de la tierra y los territorios. Otros grupos también se exponen a situaciones desfavorables que ponen en riesgo sus vidas.
La delegación que se encuentra en Honduras, está compuesta por la abogada Mirtha Vásquez, de nacionalidad peruana, experta en temas ambientales, la Dra. Cristina Churruca Muguruza, profesora de Relaciones Internacionales y acción Humanitaria y construcción de la Paz en el instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y el Dr. Luis Miguel Uharte, investigador social y catedrático de la Universidad del País Vasco.
El viernes 20 de septiembre en horas de la mañana, luego de sostener conversaciones con autoridades de la Embajada de España en Tegucigalpa, la delegación estuvo presente en la presentación del Contexto y Casos Emblemáticos expuesto por las coordinaciones de La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y dirigentes del Grupo Campesino 9 de Julio y Las Torres, del departamento de La Paz.
En el evento, el sociólogo Eugenio Sosa expuso sobre las consecuencias, las secuelas y la implicación para el pueblo hondureño, tanto del golpe de estado de 2009, como de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Sosa explicó que los problemas de Honduras se han agudizado en los últimos 10 años, con una economía de bajo crecimiento frente al incremento poblacional que incluye una gran demanda social no satisfecha en temas de vivienda, empleo, salud y educación.
“Con esta economía de muy bajo crecimiento, hay mucha desigualdad y concentración de la riqueza. Casi cualquier cosa en términos de la tierra, tecnología, ingresos y créditos; marcan una desigualdad enorme donde los sectores que acaparan son muy pocos, como los más altos en sectores de consumo medios y altos”, detalló el investigador social.
Otros problemas estructurales se han agudizado como la corrupción, las redes ilícitas de narcotráfico, la destrucción de la institucionalidad, con una democracia mínimamente aceptada en términos de soberanía popular y el surgimiento de un autoritarismo que ha agudizado la crisis hondureña.
“Cuando analizamos la situación hondureña que es bastante grave, nos preguntamos ante qué estamos, hay varias cosas que se ensayan pero que en el fondo todas quieren reflejar la situación grave. Hablamos de una crisis múltiple, una crisis continuada y permanente después del golpe, una crisis política y de gobernabilidad; que no termina de salir y hablamos realmente de una tragedia”, aseguró Sosa.
Entretanto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, reiteró que Honduras es un estado deshecho, y en ese sentido dijo, es que podrán entender cuál es la situación que vivimos los que apostamos a mejorar la situación en materia de derechos humanos.
Al hacer la tarea de acompañar los procesos, a las víctimas de la política criminal de estado, porque eso es lo que tenemos “una política criminal de estado”, lo enfrentamos con los instrumentos internacionales que tenemos a nuestro alcance y lo orientamos haciendo uso de lo que reza la Constitución de la República, aunque sabidas estamos; que eso no va a tener ningún efecto.
“Cuando hablamos de una política criminal nos referimos a que nunca, porque nosotras tenemos 37 años de trabajar el tema de los derechos humanos y nunca como hoy enfrentamos los niveles de espionaje, los niveles de infiltración, los niveles de seguimiento que tienen la mayoría de las organizaciones”, porque aquí se ha incrementado la militarización y el militarismo”, denunció la reconocida defensora de derechos humanos.
Oliva mencionó el incremento de cárceles de tortura creadas por el actual régimen, donde han sido enviados ambientalistas y opositores al régimen, que son presos políticos. “Uno de los que debería estar ahí es el señor Juan Orlando Hernández, no solo porque se robó las elecciones, no solo porque violó la Constitución para reelegirse, no es tanto por eso, porque al final de cuentas, esa parte la han avalado los organismos internacionales, aunque están conscientes que robó, que hubo una crisis y que hubo más de 37 asesinados durante esa reclamación. Y en este momento no tenemos ni un tan solo avance de esos asesinatos, sostuvo Oliva.“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”: Bertha Oliva
La Coordinadora del COFADEH también apuntó que debe insistirse sobre la investigación de los temas de las desapariciones forzadas de los años ochenta, ya que se han repetido las acciones de este crimen de lesa humanidad “y con los mismos actores del pasado, por lo que es más atroz lo que se vive en el país”.
“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”, advirtió Olivia.
Por su parte la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, resaltó el escenario de acoso, hostigamiento, exclusión, violaciones sexuales y crímenes que se cometen contra las mujeres hondureñas.
Martínez destacó también la situación vulnerable que enfrentan niñas y jóvenes reclutadas por maras y pandillas que sirven de “banderas” para el crimen organizado o el narcotráfico. Estas implicaciones han llevado al asesinato de féminas jóvenes en el país.
La Coordinadora del CEM-H reveló que un 62.8 por ciento de los asesinatos de las mujeres ocurren en lugares públicos, en la casa un 21.4 por ciento, en negocios un 4.6 por ciento, en cuarterías 2.0 por ciento, en solares baldíos 1.5 por ciento, en hoteles un 1.5 por ciento, en autobuses 1.5 por ciento. Lanzadas a un río 1 por ciento.
En los últimos 10 años se han registrado 4 mil 736 femicidios o crímenes contra mujeres. Solo entre 2018 y 2019 se contabilizaron 800 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 11 casos fueron judicializados como femicidios, que representa apenas el 1.43 por ciento.
Acerca de la lucha de las comunidades campesinas por una parcela de tierra, el Director Ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría, expuso que la crisis por la que atraviesa el campesinado sin acceso a la tierra, tiene su raíz en la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
“La base de esa ley era terminar con la Reforma Agraria, con los procesos redistributivos de la tierra, porque eso impedía el desarrollo agrícola en el país y que terminando con la reforma agraria iba a venir desarrollo en el agro, iba a haber empleo en el agro. Esa ley terminó con la reforma agraria, privatizaron todos los servicios que en ese momento existían para el campo, como el crédito, la asistencia técnica, todo lo privatizaron”, dijo Alegría.“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”: Rafael Alegría
Añadió que los procesos de legalización de tierras impulsados por el ex presidente Manuel Zelaya, fueron invalidados por el golpe de estado. “El decreto 18-2008, aprobado por Zelaya estipulaba que las tierras que estaban ocupadas por los campesinos fueran tituladas y nos preparábamos para aprobar una nueva ley que sustituyera la de modernización agrícola”.
Alegría quien aboga por la aprobación de una “Ley de Derechos Campesinos y otras Gentes”, sostuvo que en los últimos diez años se han registrado asesinatos de campesinos, la destrucción de movimientos, desalojos violentos y procesos de judicialización contra los trabajadores y trabajadoras del campo.
“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”, sostuvo el director de La Vía Campesina.
Para finalizar Alegría mencionó que este mismo día, se produjo un desalojo por parte de efectivos policiales en contra del Grupo Campesino Buenos Amigos en Choloma, Cortés. “Por esos desalojos han ido a parar a la cárcel, alrededor de 8 mil 500 campesinos, incluyendo mil 700 mujeres, y otros tienen medidas cautelares donde tienen que estar firmando en los tribunales”.
La llegada de la Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos fue organizada por “Mundubat”, en coordinación con las organizaciones socias con las que trabaja en Honduras como son: La Vía Campesina, COFADEH, CNTC y CEM-H, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y el Gobierno Vasco. Dos grupos de la delegación se encuentran simultáneamente en Guatemala y Honduras desde el 19 al 25 de septiembre.
Una dictadura sangrienta
septiembre 20, 2019
Redacción
Por: Joaquín Mejía Rivera
Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.
También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.
A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.
Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.
Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.
Nota relacionada Muerte y cortinas de gases tóxicos en dictadura hondureña
El mes de septiembre nos recuerda de forma terrible esta realidad sangrienta, ya que cuatro mujeres garífunas defensoras de sus territorios han sido asesinadas: Nayda Reyes Jiménez, Gilma Cacho, Fiori Amaya y Mirna Teresa Suazo Martínez, quienes, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, eran integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.
Más de 200 organizaciones nacionales, regionales e internacionales condenamos criminalización a defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras
Por defensores -
18 septiembre, 2019El pasado 26 de agosto, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se presentaron ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, por las acusaciones que tienen en su contra como represalia a la defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero. Las acusaciones también incluyen a Jeremías Martínez (privado de libertad desde diciembre de 2018) y a Antonio Martínez (quien falleció más de 4 años antes de los presuntos hechos).
A los defensores se les acusa de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos Hernández Corea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Adicionalmente, Arnold y Jeremías fueron acusados por “usurpación y daños” en perjuicio de Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. La audiencia de Jeremías, el 05 de diciembre de 2018, concluyó con el decreto de auto formal de procesamiento -enviarle a juicio- y el dictado de prisión preventiva. En el caso de Arnold, la audiencia tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en el Cuartel Militar General Cabañas, sede de los Juzgados de Jurisdicción Nacional, creados específicamente para delitos de alto impacto provocados por el crimen organizado. Como resultado, se le sobreseyó provisionalmente, pero se otorgó un plazo de 5 años a la Fiscalía para que siga investigando el caso antes de conceder un sobreseimiento definitivo.
La audiencia contra los defensores restantes se realizó el 31 de agosto pasado y finalizó con el sobreseimiento definitivo por los delitos de “asociación ilícita” y “robo”. Sin embargo, la Jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecito, los envió a juicio por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de la libertad”, sin razonar su decisión y con elementos probatorios contradictorios y carentes de veracidad. Además, ordenó su privación de libertad en el Centro Penal de Olanchito, en el Departamento de Yoro, medida que aún no ha sido cumplida porque se encuentran en el Centro de Máxima Seguridad de “La Tolva” en el Departamento de Paraíso.
La defensa apeló la decisión y presentó un hábeas corpus, por considerar que la Jueza Vallecito no posee competencia para juzgar dichos delitos. En caso de no resolverse favorablemente esta acción, los defensores pueden quedar privados de libertad hasta por 2 años y medio, a la espera de un juicio en el que podrían ser condenados hasta por 12 años -delito de “incendio agravado”- y 6 años -delito de “privación injusta de la libertad-.
Como antecedente, es importante señalar que, en febrero del presente año 13 personas acusadas por acciones vinculadas a este conflicto se presentaron voluntariamente ante los juzgados. Se les mantuvo privadas de libertad hasta el 02 de marzo, cuando fueron sobreseídas debido a la ausencia de elementos probatorios y la insostenibilidad de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. En coordinación con la empresa minera el Ministerio Público ha presentado cargos en contra de 31 personas.
Ante los hechos citados, las organizaciones firmantes denunciamos nuevamente el uso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a las personas defensoras y deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realizan.
Al respecto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, reconoció en su reciente visita que la criminalización de personas defensoras “generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.
El Grupo además expresó su preocupación por la manera en que se otorgó la concesión a la empresa minera Inversiones Los Pinares, destacando que: “(…) fue informado sobre la decisión del Congreso de aprobar un Decreto para reducir la zona núcleo del parque de 24,223.7 hectáreas a 24,000 hectáreas, justo antes de que se otorgara la concesión correspondiente. Como tal cambio en la zonificación coincidió con el territorio donde se presentaron dos concesiones mineras, nos preocupa que el propósito del decreto fuera acomodar las dos concesiones, para que no se ubicaran en la zona núcleo, donde las operaciones están prohibidas” (subrayado propio). Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades afectadas.
Además, expresamos nuestro repudio por el sometimiento de personas defensoras ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya estructura se establece por medio del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en 2018 recomendó nuevamente “revisar la normativa que sustenta dicho régimen (…) que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen”.
Señalamos una aplicación desproporcionada de la medida de prisión preventiva hacia los defensores que no se justifica al haberse incluso presentado de modo voluntario. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso López Álvarez Vs Honduras ha establecido que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras resuelve acerca de su responsabilidad penal”.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Estado de Honduras que: 1) Cese la criminalización en contra de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, actuando conforme al debido proceso, 2) Garantice la vida e integridad de las personas criminalizadas, así como de sus familiares y los habitantes de las comunidades afectadas y 3) Revise y cancele la concesión de territorios protegidos al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los órganos regionales e internacionales de derechos humanos a sumarse a las peticiones expresadas y finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con las y los defensores en su lucha legítima por la defensa de los ríos: “¡No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente!”.
Organizaciones firmantes:
Regional e Internacional Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comisión Provincial del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica (CPAS) Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Compañía de Jesús Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe (CPAL) DIAKONIA FIAN Internacional Foro Honduras Suiza Fundación Mundubat – Mundubat Fundazioa Hermanas de la Misericordia – Equipo de Justicia IM-Defensoras JASS (Asociadas por lo Justo) Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Plataforma Internacional contra la Impunidad Protección Internacional Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe Red Jesuita con Migrantes Red MAK Red Mesoamericana de Educación Popular, Alforja Red MesoAmeri-Kaab Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC) Solidaridad y Misión Claretianos de America Trocaire
Alemania Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia Guatemalagruppe Nürnberg e. V. Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL e.V.) Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V. Iniciativa Cristiana Romero Oekumenisches Netz/Red Ecumenisco Rhein-Mosel-Saar
Argentina Asamblea Permanente del Comahue Por el Agua Asamblea Popular por el Agua Auto convocados por agua pura San Carlos Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos por Agua Pura Be. Pe. Bienaventurados los Pobres Foro Ambiental y Social de la Patagonia Observatorio del Agua – UNPSJB Proyecto CRECER CON ESPERANZA Programa Género Y SEXUALIDADES, UNR Red de Luchas Socioambientales -Salta-
Austria Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA)
Bolivia Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia
Brasil Associação de Combate aos Poluentes Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil
Canadá Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) Canadian Jesuits International
Congo Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF)
Chile Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Colombia Corporación Sisma Mujer Instituto de Estudios Interculturales
Costa Rica Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Ecuador Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
Estados Unidos Alianza Americas Alliance for Global Justice (AFGJ) Asociacion de Hondurenos del Norte de California (ANHCA) Appleto Foundation Central American Resource Center- Los Angeles Chicago Religious Leadership Network for Latin America Claire E. White- Hermanas de San Jose Dominican Sisters-Grand Rapids, MI Eighth Day Church Guatemala Human Rights Commission Honduras Solidarity Network – Red de Solidaridad con Honduras Interfaith Movement for Human Integrity La Voz de los de Abajo Latin America Working Group (LAWG) Quixote Center National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd Raíces Colectivas Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) Witness for Peace Solidarity Collective (WFPSC)
El Salvador Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos Caritas SM Colectiva Feminista por el Desarrollo Local Juventud en Resistencia Las Musas Desconectadas Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
España ALBOAN Asamblea Plaza de los Pueblos Asociación ambiental Petón do Lobo Asociación Galega Cova Crea Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos Asociación para la defensa del medio ambiente de Córdoba – Ademán Cordoba Colectivo Zompopo Comunidad hondureña en Madrid CHM CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) ContraMINAcción, Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza Coordinadora No a la Mina de Uranio IDEAS Comercio Justo Oficina Cooperación UVa Plataforma por Honduras en Madrid Radio Ecca Fundación Canaria Red de Hondureñas Migradas -REDHM-I Salva La Selva Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
Guatemala Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO) Convergencia por los Derechos Humanos integrada por: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO) Frente de Defensa Miguelense FREDEMI Red Jesuita con Migrantes Guatemala (RJM-Guatemala)
Honduras Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) Coalición Contra la Impunidad, integrada por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia – AJD, Asociación Feminista Trans (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Caritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en salud, sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de familiares de detenidos desaparecidos de honduras (COFADEH), Comité de familiares de migrantes desaparecidos del progreso (COFAMIPRO), Comité por la libre expresión C-Libre, Coordinación de instituciones privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el derecho a decidir, Equipo de monitoreo independiente de honduras (EMIH), Equipo de reflexión, investigación y comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de mujeres por la vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro nacional para las migraciones (FONAMIH), Foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente amplio del COPENH, JASS en Honduras, Las hormigas, MASS VIDA, MILPAH, Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS), Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (MADJ), Movimiento de mujeres por la paz visitación padilla, MUCA y Plataforma Agraria, Observatorio Permanente Bajo Aguán, Organismo cristiano de desarrollo integral de honduras – OCDIH, PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de movilidad humana – PMH, Red de defensoras de derechos humanos de Honduras, Red de participación de organizaciones de sociedad civil Siguatepeque – RPOSC, Red de trabajadoras sexuales de honduras – REDMUDE, Unión de empresas y de organizaciones de trabajadores del campo (UTC), Vía campesina Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Coordinadora de organizaciones populares del Aguán (COPA) Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Honduras Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra CODIM CA Fundación San Alonso Rodríguez Red de mujeres campesinas del Aguán (RMCA) Red Lésbica Cattrachas Unión Revolucionaria del Pueblo
México Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. Centro de Investigación y producción de tecnología ecológica para la vivienda Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) Centro Solidario Tsomanotik A.C. Consejo Tiyat Tlali Cooperación Comunitaria A.C. Enlace, comunicación y capacitación A.C. Escuela para Defensoras en derechos humanos y ambientales Benita Galeana A.C. Fundación San Ignacio de Loyola A.C. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) MUJERES LIBRES COLEM, A.C. OCEZ-CNPA Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana Ciudad de México Servicio Jesuita a Refugiados México Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Asociación Mujeres Constructoras de Condega – AMCC Asociación de Trabajadores del Campo S.J.M. Nicaragua
Noruega Ayuda Popular Noruega (APN)
Panamá Asociación de Profesores (ASOPROF) Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
Perú Asociación Paz y Esperanza Centro de Investigación y Promoción de Campesinado Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Venezuela Fundación Centro Gumilla (FCG)
COMUNICADO: Movimiento ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD
- 15/09/2019
En este día de la Patria, en el mes de la deuda histórica de nuestra real independencia, queremos dirigirnos especialmente a la población de Atlántida, pero también a la comunidad nacional e internacional, para expresar nuestras preocupaciones y sueños. Son nuestras mayores preocupaciones:
- Que las fuente de agua corrientes y acuíferos del departamento de Atlántida disminuyen sus caudales drásticamente. Unos y otros han terminado por secarse debido a distintas acciones, principalmente a causa de las actividades relacionadas los proyectos extractivitas como el monocultivo extensivo, minería y de energía.
- Las estadísticas de Atlántida sobre educación, salud, pobreza, indigencia, vivienda, acceso al agua para consumo humano, entre otras, advierten que el desarrollo económico y social del departamento presenta una brecha cada vez mayor entre los que tienen menos y los que tienen mucho.
- La sequía ha afectado, sobre todo, la producción de granos básicos. Debido a lo anterior, se ha experimentado una disminución drástica de productividad en las cosechas; en consecuencia, la mayoría de nuestra población ha perdido el sustento.
- La mega agricultura, especialmente en lo que se refiere al cultivo de palma africana, y la piscicultura industrial continúan expandiéndose descontroladamente aumentando la devastación forestal; esto amenaza la soberanía alimentaria del departamento, el acceso al agua para consumo humano de innumerables comunidades y la salud de la biodiversidad de zonas forestales.
- Frente a la crisis y ante tantos delitos ambientales, la institucionalidad gubernamental con presencia en el departamento actúa de manera inoperante, y, en vez dar soluciones a la problemática ecológica y social, pareciera responder a una política de impunidad promovida desde el Estado durante esta década.
- Que, en vez de avanzar hacia la consolidación y conectividad del sistema de áreas protegidas, Atlántida está siendo sometida a una redefinición de los límites de esas zonas con el objetivo de reducir sus extensiones para hacer concesiones a proyectos extractivistas nocivos.
- Las
campañas de desinformación y la manipulación de la noticia, por parte de
las principales cadenas radiales, televisivas y virtuales al servicio
de la narco-dictadura, desnaturalizan la realidad de lo que acontece en
Atlántida; de modo que no toda la población está consciente de los
problemas que nos aquejan y de la urgencia por
resolverlos. - La
militarización del departamento impacta nocivamente y lacera nuestra
condición ciudadana, especialmente en lo que se refiere a la defensa de
la democracia y el resguardo de los puntos estratégicos de defensa de
territorios y bienes naturales. Lejos de brindar seguridad a la
población, los militares se han convertido en sus verdugos. En la
práctica, esa institución armada funciona como fuerza de ocupación
al servicio de las empresas extractivistas y los sectores corruptos.
- Con un departamento de Atlántida que construya su propio desarrollo sostenible mediante justicia social, involucrando a toda la población departamental, desde las comunidades más pequeñas hasta los pueblos más grandes, con énfasis en las familias más vulnerables y urgidas de solidaridad.
- Con mayor organización comunitaria y sectorial, además de una mayor articulación entre los diferentes sectores y movimientos sociales y populares de Atlántida, ejerciendo soberanía territorial, conservando y aprovechando de forma sostenible los bienes naturales del departamento para vivir con respeto a sus derechos, justicia y dignidad.
Por la defensa del derecho a la vida,
Por una ciudadanía departamental,
Por nuestra soberanía territorial y autonomía en el uso de los bienes naturales,
Por un modelo de desarrollo participativo y popular,
NOS DECLARAMOS EN ASAMBLEA PERMANENTE
¡¡¡HASTA LA VICTORIA!!!
Departamento de Atlántida, 15 de septiembre 2019
Yorito nuevo municipio libre de minería
- 14/09/2019
Alcaldesa municipal de Yorito, Maryin Gonzáles
Mediante cabildo
abierto la ciudadanía de Yorito en el departamento de Yoro, se declaró territorio
libre de minería; dejando únicamente la posibilidad de extraer piedra y arena
para uso doméstico y municipal. Esta acción viene a reforzar la lucha que
comenzó hace un año por la defensa los bienes naturales, ante la instalación de
la empresa minera Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V. (CEASA).
El Estado de Honduras, a través de las instituciones encargadas del fomento a la minería, otorgó 4 concesiones mineras en el municipio. Una de ellas, se ubicada en el cerro de Nuevo Plan, inicialmente estuvo en manos de la alcaldía municipal bajo el argumento de delimitar un área forestal. Luego pasó a CEASA, quien pretende extraer un mineral de nombre barita.
Cabildo
El salón municipal de Yorito se quedó pequeño para albergar la cantidad de personas que participaron en el Cabildo. Las tres tribus Tolupán; Mina Honda Pacayal, Luquigue y Santa Martha, salieron temprano de sus comunidades para llegar a tiempo y ser partícipes de la declaratoria. También hubo representación de la tribu Tepemechín de Victoria y movimientos ambientalistas de Morazán, El Negrito, Santa Rita y El Progreso siempre del departamento de Yoro.
“La declaratoria de territorio libre de minería es una gesta histórica para el municipio “, dijo a Radio Progreso Luis Navas del Comité Ambiental, asegurando que más histórico es el hecho de que las comunidades indígenas y mestizas hayan quebrantado prejuicios y roles sociales para unirse en una misma misión: “proteger el agua”.
Don Melesio Ramos, un Tolupán de 83 años de edad es activo en la defensa de su territorio. Junto a su nieta cantó una canción que escribió sobre la lucha y represión policial que han vivido. Las emociones y los aplausos de la gente brotaban por montones. La canción también es un homenaje al padre Manuel de Jesús Subirana, un misionero católico que realizó su trabajo apostólico en las tribus de Yoro. Él les ayudó a obtener sus títulos ancestrales de propiedad, donde se refleja que los tolupanes son los únicos dueños de los territorios que ocupan.
La juventud de la iglesia evangélica presentó un video que hizo de forma artesanal, para visibilizar las 53 micro cuencas que posee el municipio, y que están amenazadas por la minería. Los jóvenes lograron transmitir alegría y esperanza, porque se comprometieron a cuidar y proteger esas fuentes de agua.
En el cabildo la alcaldesa de Yorito, Maryin Gonzales, dijo que se respetará la decisión soberana del pueblo, y acompañarán al Comité Ambiental ante las instituciones del Estado correspondientes para exigir la cancelación de la concesión minera. “Junto al Comité y los tres consejos de tribus nos reuniremos, primero con los diputados del departamento para que vía Congreso Nacional se reconozca al municipio libre de minería”, enfatizó la alcaldesa.
El Estado de Honduras, a través de las instituciones encargadas del fomento a la minería, otorgó 4 concesiones mineras en el municipio. Una de ellas, se ubicada en el cerro de Nuevo Plan, inicialmente estuvo en manos de la alcaldía municipal bajo el argumento de delimitar un área forestal. Luego pasó a CEASA, quien pretende extraer un mineral de nombre barita.
Cabildo
El salón municipal de Yorito se quedó pequeño para albergar la cantidad de personas que participaron en el Cabildo. Las tres tribus Tolupán; Mina Honda Pacayal, Luquigue y Santa Martha, salieron temprano de sus comunidades para llegar a tiempo y ser partícipes de la declaratoria. También hubo representación de la tribu Tepemechín de Victoria y movimientos ambientalistas de Morazán, El Negrito, Santa Rita y El Progreso siempre del departamento de Yoro.
“La declaratoria de territorio libre de minería es una gesta histórica para el municipio “, dijo a Radio Progreso Luis Navas del Comité Ambiental, asegurando que más histórico es el hecho de que las comunidades indígenas y mestizas hayan quebrantado prejuicios y roles sociales para unirse en una misma misión: “proteger el agua”.
Don Melesio Ramos, un Tolupán de 83 años de edad es activo en la defensa de su territorio. Junto a su nieta cantó una canción que escribió sobre la lucha y represión policial que han vivido. Las emociones y los aplausos de la gente brotaban por montones. La canción también es un homenaje al padre Manuel de Jesús Subirana, un misionero católico que realizó su trabajo apostólico en las tribus de Yoro. Él les ayudó a obtener sus títulos ancestrales de propiedad, donde se refleja que los tolupanes son los únicos dueños de los territorios que ocupan.
La juventud de la iglesia evangélica presentó un video que hizo de forma artesanal, para visibilizar las 53 micro cuencas que posee el municipio, y que están amenazadas por la minería. Los jóvenes lograron transmitir alegría y esperanza, porque se comprometieron a cuidar y proteger esas fuentes de agua.
En el cabildo la alcaldesa de Yorito, Maryin Gonzales, dijo que se respetará la decisión soberana del pueblo, y acompañarán al Comité Ambiental ante las instituciones del Estado correspondientes para exigir la cancelación de la concesión minera. “Junto al Comité y los tres consejos de tribus nos reuniremos, primero con los diputados del departamento para que vía Congreso Nacional se reconozca al municipio libre de minería”, enfatizó la alcaldesa.
Cabildo Abierto realizado el 12 de septiembre en Yorito, Yoro
“Con la declaratoria se
logró respetar la organización comunitaria”, además, se presentaron 7 mociones
donde las autoridades se comprometieron a no criminalizar la protesta social y
a velar por la situación de salud que enfrentan las personas heridas en la
represión policial, dijo Navas en el programa Foros Populares que transmite
Radio Progreso.
Fanny Avilés, integrante del Comité, cuenta que esta declaratoria les cuesta sangre. 4 personas fueron heridas de bala en la represión policial del 15 de agosto. Una de las víctimas es su padre de 77 años de edad, quien recibió un disparo en su pierna derecha. “A pesar del dolor mi padre, todo el pueblo está feliz”, dijo con lágrimas en sus ojos Fanny, corrió a casa a darle la buena noticia a su papá, que aún está en cama recuperándose.
En esa represión también resultaron heridos: Emerson Cálix un estudiante de 17 años, Roberto Ramírez y Ramón Lazo. Además, decenas de personas fueron afectadas con piedras y gas lacrimógeno.
Delma Olvera es representante de la tribu Mina Honda Pacayal, amenazada directamente por la explotación minera. Desde hace 6 años viven con temor en su comunidad debido a los derrumbes en los cerros y la contaminación del agua, porque la mina lleva todo ese tiempo explotándose de forma clandestina.
En esa zona los empresarios mineros y madereros se han aprovechado del abandono estatal que son víctimas los tolupanes. Cuando llegó la minera ofreció a la tribu carretera, escuela, lavaderos, sanitarios y bolsa de comida a cambio de explotar el cerro. Sin embargo, la respuesta de la gente fue no a la minería, porque están convencidos que prefieren seguir cultivando café y viviendo en armonía con la madre tierra.
De las tres tribus solo Luquigue se mostró a favor de la minera, porque a cambio se les ofreció el proyecto de electrificación que llevan años demandando a las autoridades de gobierno. Delma Olvera asegura que la falta de información y la ambición de algunos dirigentes provocan que las tribus se dividan, poniendo en riesgo sus territorios.
Delma señaló que, uno de los sectores más beneficiados con la venta de madera y otros recursos es la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, Fetrixy, encabeza por Noel Rodríguez, quien ha provocado división entre los tolupanes. La federación es acusada de falta de transparencia y de aceptar donaciones de empresarios mineros y madereros, mismas que nunca llegan a los sectores más necesitados.
Al cierre del cabildo el Comité Ambiental, espacio ahora reconocido por las autoridades municipales, expuso que el reto de Yorito es blindarse como municipio, a través de declaratorias de zonas productoras de agua y la recuperación de los territorios indígenas.
Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. A pesar de las amenazas y represión policial, la ciudadanía organizada de Yorito, Yoro se ha declarado territorio libre de minería, avanzando en su proceso organizativo en defensa de la vida.
Fanny Avilés, integrante del Comité, cuenta que esta declaratoria les cuesta sangre. 4 personas fueron heridas de bala en la represión policial del 15 de agosto. Una de las víctimas es su padre de 77 años de edad, quien recibió un disparo en su pierna derecha. “A pesar del dolor mi padre, todo el pueblo está feliz”, dijo con lágrimas en sus ojos Fanny, corrió a casa a darle la buena noticia a su papá, que aún está en cama recuperándose.
En esa represión también resultaron heridos: Emerson Cálix un estudiante de 17 años, Roberto Ramírez y Ramón Lazo. Además, decenas de personas fueron afectadas con piedras y gas lacrimógeno.
Delma Olvera es representante de la tribu Mina Honda Pacayal, amenazada directamente por la explotación minera. Desde hace 6 años viven con temor en su comunidad debido a los derrumbes en los cerros y la contaminación del agua, porque la mina lleva todo ese tiempo explotándose de forma clandestina.
En esa zona los empresarios mineros y madereros se han aprovechado del abandono estatal que son víctimas los tolupanes. Cuando llegó la minera ofreció a la tribu carretera, escuela, lavaderos, sanitarios y bolsa de comida a cambio de explotar el cerro. Sin embargo, la respuesta de la gente fue no a la minería, porque están convencidos que prefieren seguir cultivando café y viviendo en armonía con la madre tierra.
De las tres tribus solo Luquigue se mostró a favor de la minera, porque a cambio se les ofreció el proyecto de electrificación que llevan años demandando a las autoridades de gobierno. Delma Olvera asegura que la falta de información y la ambición de algunos dirigentes provocan que las tribus se dividan, poniendo en riesgo sus territorios.
Delma señaló que, uno de los sectores más beneficiados con la venta de madera y otros recursos es la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, Fetrixy, encabeza por Noel Rodríguez, quien ha provocado división entre los tolupanes. La federación es acusada de falta de transparencia y de aceptar donaciones de empresarios mineros y madereros, mismas que nunca llegan a los sectores más necesitados.
Al cierre del cabildo el Comité Ambiental, espacio ahora reconocido por las autoridades municipales, expuso que el reto de Yorito es blindarse como municipio, a través de declaratorias de zonas productoras de agua y la recuperación de los territorios indígenas.
Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. A pesar de las amenazas y represión policial, la ciudadanía organizada de Yorito, Yoro se ha declarado territorio libre de minería, avanzando en su proceso organizativo en defensa de la vida.
Municipio de Yorito, Yoro.
36 años de falta de verdad y justicia en la desaparición del padre Lupe
- 17/09/2019
Padre Guadalupe junto a un grupo de campesinos.
Dedicar su vida a organizar y exigir los derechos de las familias
campesinas en Honduras, se convirtió en motivo para que el sacerdote jesuita Guadalupe
Carney, fuera desaparecido junto a más de 20 hombres, el 16 de septiembre de
1983. De este condenable hecho se responsabiliza a las tropas militares
hondureñas y estadounidenses, establecidas en el sector conocido como El
Aguacate, en el departamento de Olancho.
James Francis Carney, era su nombre de pila, pero, por amor al campesinado cambió su nombre a “Guadalupe”, renunciando además a la ciudadanía estadounidense y adoptando la hondureña. Sin embargo, su misión apegada al evangelio de Jesús, molestó a los sectores de poder económico-político, y lo llevó a que dictaduras militares y el gobierno de Suazo Córdova (1982-1986), le montaran una fuerte persecución y criminalización, hasta llevarlo al martirio.
La más fuerte acción represiva comenzó en noviembre de 1979, cuando miembros del Ejército nacional lo capturaron y posteriormente lo expulsaron del país, obligándolo a asilarse en Nicaragua. En aquella época Honduras, estaba gobernada por dictaduras militares, que en esa ocasión a cargo de una junta de comandantes encabezada por el general Policarpo Paz García.
El sacerdote jesuita prosiguió su trabajo pastoral en Nicaragua, donde además se relacionó con un grupo de hondureños dirigidos por el doctor José María Reyes Mata, para luego conformar un ejército popular que ingreso en la clandestinidad a Honduras, para iniciar una insurrección popular.
El proceso exterminio se concretó el 16 de septiembre de 1983, cuando por órdenes del general Alvares Martínez, un escuadrón de militares desapareció en las montañas de Olancho, al Padre Lupe, junto al doctor José María Reyes Mata, Oswaldo Castro Ruiz, José Alfredo Duarte Rodríguez, Jorge Maldonado Padilla, José Armando Moncada Ferrufino, entre otros, integrantes del grupo revolucionario.
A 36 años de la desaparición del Padre Lupe, el caso sigue en total impunidad y la ubicación de sus restos y el de sus compañeros, se ha vuelto en un caso en impunidad. En la década de los 80s en Honduras, se registraron más de 180 personas desaparecidas, entre ellas estudiantes, profesores, sindicalistas, campesinos y líderes sociales, como resultado de la política represiva.
Todos los asesinatos y desapariciones estuvieron a cargo del Batallón 3-16, unidad militar hondureña, creada para reprimir cualquier intento de organización y búsqueda de justicia social por parte del pueblo empobrecido. Bajo la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, se persiguió, secuestró, torturó, asesinó y se desapareció de manera secreta y sistematizada a personas luchadoras sociales. Todo lo hacían de manera impune. Pero a pesar del paso de los años, en la actualidad las familias de las víctimas, continúan llorando a aquellos que se fueron y nunca más pudieron ver. Y que al igual que el caso del Padre Lupe, tampoco saben ni siquiera donde están sus restos.
En Honduras, hay lugares que tienen plasmados sus nombres y sus fotografías que indican su fecha desaparición. Sin embargo, sobresalen las imágenes y recuerdos que viven en las memorias de sus familiares, amigos y población de un país que no olvida ni olvidará a sus desaparecidos. Es por eso que desde hace más de 30 años reclaman por verdad y sobre todo justicia para aquellos que cometieron horrendos crímenes y qué, en algunos casos, han muerto sin que la justicia terrenal los haya tocado.
El próximo sábado 21 de septiembre, a través de una misa en las instalaciones de Radio Progreso, en El Progreso, Yoro, a partir de las 3:00 de la tarde, se celebrará una misa en conmemoración de los 36 años de desaparición del Padre Lupe. “Participarán organizaciones eclesiales, populares y campesinas desde donde se exigirá justicia, porque las institucionalidades hondureñas tienen una deuda pendiente sobre desapariciones, impunidad, verdad y justicia”, indicó Jerónimo Carranza, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC.
“La deuda que mantiene el Estado es ocultar a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes que se constituyen en actos de lesa humanidad, y que el Estado de Honduras sabe que éstos hechos son imprescriptibles, que la ciudadanía puede reclamarlos en cualquier tiempo”, manifestó Berta Oliva del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En Honduras, entre 1979 a 1993 se ha registrado 184 casos de desaparición forzada, luego de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que, desde la política de gobierno estadounidense, buscaba acallar voces de liderazgos del movimiento social y popular, solidarios con los procesos de liberación en el Centro y Sur América.
De estos, sólo dos casos han sido juzgado y condenado el Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 1988, en los casos de Ángel Manfredo Velásquez (desaparecido en 1981) y Saúl Godínez Cruz (desaparecido en 1982).
Biografía
James Francis Carney, era su nombre de pila, pero, por amor al campesinado cambió su nombre a “Guadalupe”, renunciando además a la ciudadanía estadounidense y adoptando la hondureña. Sin embargo, su misión apegada al evangelio de Jesús, molestó a los sectores de poder económico-político, y lo llevó a que dictaduras militares y el gobierno de Suazo Córdova (1982-1986), le montaran una fuerte persecución y criminalización, hasta llevarlo al martirio.
La más fuerte acción represiva comenzó en noviembre de 1979, cuando miembros del Ejército nacional lo capturaron y posteriormente lo expulsaron del país, obligándolo a asilarse en Nicaragua. En aquella época Honduras, estaba gobernada por dictaduras militares, que en esa ocasión a cargo de una junta de comandantes encabezada por el general Policarpo Paz García.
El sacerdote jesuita prosiguió su trabajo pastoral en Nicaragua, donde además se relacionó con un grupo de hondureños dirigidos por el doctor José María Reyes Mata, para luego conformar un ejército popular que ingreso en la clandestinidad a Honduras, para iniciar una insurrección popular.
El proceso exterminio se concretó el 16 de septiembre de 1983, cuando por órdenes del general Alvares Martínez, un escuadrón de militares desapareció en las montañas de Olancho, al Padre Lupe, junto al doctor José María Reyes Mata, Oswaldo Castro Ruiz, José Alfredo Duarte Rodríguez, Jorge Maldonado Padilla, José Armando Moncada Ferrufino, entre otros, integrantes del grupo revolucionario.
A 36 años de la desaparición del Padre Lupe, el caso sigue en total impunidad y la ubicación de sus restos y el de sus compañeros, se ha vuelto en un caso en impunidad. En la década de los 80s en Honduras, se registraron más de 180 personas desaparecidas, entre ellas estudiantes, profesores, sindicalistas, campesinos y líderes sociales, como resultado de la política represiva.
Todos los asesinatos y desapariciones estuvieron a cargo del Batallón 3-16, unidad militar hondureña, creada para reprimir cualquier intento de organización y búsqueda de justicia social por parte del pueblo empobrecido. Bajo la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, se persiguió, secuestró, torturó, asesinó y se desapareció de manera secreta y sistematizada a personas luchadoras sociales. Todo lo hacían de manera impune. Pero a pesar del paso de los años, en la actualidad las familias de las víctimas, continúan llorando a aquellos que se fueron y nunca más pudieron ver. Y que al igual que el caso del Padre Lupe, tampoco saben ni siquiera donde están sus restos.
En Honduras, hay lugares que tienen plasmados sus nombres y sus fotografías que indican su fecha desaparición. Sin embargo, sobresalen las imágenes y recuerdos que viven en las memorias de sus familiares, amigos y población de un país que no olvida ni olvidará a sus desaparecidos. Es por eso que desde hace más de 30 años reclaman por verdad y sobre todo justicia para aquellos que cometieron horrendos crímenes y qué, en algunos casos, han muerto sin que la justicia terrenal los haya tocado.
El próximo sábado 21 de septiembre, a través de una misa en las instalaciones de Radio Progreso, en El Progreso, Yoro, a partir de las 3:00 de la tarde, se celebrará una misa en conmemoración de los 36 años de desaparición del Padre Lupe. “Participarán organizaciones eclesiales, populares y campesinas desde donde se exigirá justicia, porque las institucionalidades hondureñas tienen una deuda pendiente sobre desapariciones, impunidad, verdad y justicia”, indicó Jerónimo Carranza, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC.
“La deuda que mantiene el Estado es ocultar a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes que se constituyen en actos de lesa humanidad, y que el Estado de Honduras sabe que éstos hechos son imprescriptibles, que la ciudadanía puede reclamarlos en cualquier tiempo”, manifestó Berta Oliva del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En Honduras, entre 1979 a 1993 se ha registrado 184 casos de desaparición forzada, luego de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que, desde la política de gobierno estadounidense, buscaba acallar voces de liderazgos del movimiento social y popular, solidarios con los procesos de liberación en el Centro y Sur América.
De estos, sólo dos casos han sido juzgado y condenado el Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 1988, en los casos de Ángel Manfredo Velásquez (desaparecido en 1981) y Saúl Godínez Cruz (desaparecido en 1982).
Biografía
Padre Guadalupe Carne.
Guadalupe Carney nació en 1924, Chicago, Estados Unidos. Su nombre
original es James Francis Carney, la familia trabajadora de clase media, y
desde el principio se dio cuenta de la vida burguesa en la que vivía. Sirvió
como soldado en Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial; y por
extraño que parezca, él pensó que era preferible dejarse matar en lugar de
matar a un soldado enemigo.
Además, su obstinada resistencia a la autoridad le metió en problemas en muchas ocasiones. En una ocasión pasó un tiempo en prisión porque se negó a dejar de hablar con los prisioneros alemanes. Tenía el sentimiento y la conciencia de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto.
La fe era profundamente importante para él. Sin embargo, se sorprendió de lo poco que la religión parece importar a muchos cristianos, tanto en sus años de ejército y más tarde en la universidad. Él también estaba profundamente conmovido por la extrema pobreza de los musulmanes del norte de África que habían visto en Francia, y se preguntó indignado: “¿Por qué los seres humanos tienen que vivir en tales dificultades?”
Todas estas experiencias despertaron el deseo de tratar de cambiar la manera de vivir en el mundo. En 1948, ingresó en la Compañía de Jesús, para contestar la llamada, convirtiéndose más tarde, un misionero jesuita en Honduras. Llegó a Honduras en 1962, ya como sacerdote jesuita, animada por el ideal del Concilio Vaticano II, el servicio radial para los pobres, y al vivir con las comunidades rurales y los pobres, y participar en sus luchas, se volvió como él mismo dijo en sus memorias, “un gringo burgués en un luchador revolucionario”.
El padre Lupe, vio cómo las compañías fruteras estadounidenses, habían tomado las mejores tierras y plantaciones. Ellos y algunos hondureños ricos controlan alrededor del 95% de la riqueza del país. Mientras que el resto de la población vivía en la pobreza extrema. Fue su lucha por la justicia social que lo llevó a ser desaparecido por militares el 17 de septiembre de 1983. Desaparecieron su cuerpo, pero no su legado, su lucha tiene más vigencia que nunca, en un país donde el 65% su población vive en pobreza y miseria. Más de 300 familias campesinas no tienen un pedazo de tierra para cultivar, dijo Carranza.
Además, su obstinada resistencia a la autoridad le metió en problemas en muchas ocasiones. En una ocasión pasó un tiempo en prisión porque se negó a dejar de hablar con los prisioneros alemanes. Tenía el sentimiento y la conciencia de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto.
La fe era profundamente importante para él. Sin embargo, se sorprendió de lo poco que la religión parece importar a muchos cristianos, tanto en sus años de ejército y más tarde en la universidad. Él también estaba profundamente conmovido por la extrema pobreza de los musulmanes del norte de África que habían visto en Francia, y se preguntó indignado: “¿Por qué los seres humanos tienen que vivir en tales dificultades?”
Todas estas experiencias despertaron el deseo de tratar de cambiar la manera de vivir en el mundo. En 1948, ingresó en la Compañía de Jesús, para contestar la llamada, convirtiéndose más tarde, un misionero jesuita en Honduras. Llegó a Honduras en 1962, ya como sacerdote jesuita, animada por el ideal del Concilio Vaticano II, el servicio radial para los pobres, y al vivir con las comunidades rurales y los pobres, y participar en sus luchas, se volvió como él mismo dijo en sus memorias, “un gringo burgués en un luchador revolucionario”.
El padre Lupe, vio cómo las compañías fruteras estadounidenses, habían tomado las mejores tierras y plantaciones. Ellos y algunos hondureños ricos controlan alrededor del 95% de la riqueza del país. Mientras que el resto de la población vivía en la pobreza extrema. Fue su lucha por la justicia social que lo llevó a ser desaparecido por militares el 17 de septiembre de 1983. Desaparecieron su cuerpo, pero no su legado, su lucha tiene más vigencia que nunca, en un país donde el 65% su población vive en pobreza y miseria. Más de 300 familias campesinas no tienen un pedazo de tierra para cultivar, dijo Carranza.
Miguel Pastor seguirá en prisión por Narcopolítica; justicia libera a cinco implicados
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exalcalde capitalino y exsecretario de Obras Públicas, Miguel Pastor, seguirá en prisión luego de que un tribunal de apelaciones anticorrupción decidiera modificar algunas medidas a favor de varios encausados por Narcopolítica que fueron dictados por un juez de primera instancia.
Por lo tanto, los imputados Walter Noé Maldonado, Carol Ivonne Pineda Baide, Daysi María Zúniga Méndez, José Manuel Valladares Rosa y Claudia Marisela Matute Colindres recibieron medidas sustitutivas por lo que en las próximas horas se defenderán en libertad mientras prosigue la causa.
El portavoz judicial Carlos Silva explicó a periodistas que el órgano de alzada dio la razón a los defensores de los acusados y se determinó conceder las medidas.
En cambio, Pastor deberá seguir recluido en una unidad militar de la periferia sur capitalina ya que penden sobre él varios delitos relacionados con blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.
Los imputados, por su parte, fueron sobreseidos definitivamente y resta que se informe al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que autorice la salida de los beneficiados con las medidas.
Esta decisión supone otro duro golpe a la UFECIC y la MACCIH, ya que no pudieron presentar evidencias sólidas que permitieran que los sospechosos permanecieran bajo el régimen de prisión preventiva previo al juicio.
En el caso del exfuncionario, todo apunta a que podría haber colaborado con los Cachiros en el lavado de dinero mediante contratos de carretera que fueron ejecutados mientras existió la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
El exalcalde capitalino y exsecretario de Obras Públicas, Miguel Pastor, seguirá en prisión luego de que un tribunal de apelaciones anticorrupción decidiera modificar algunas medidas a favor de varios encausados por Narcopolítica que fueron dictados por un juez de primera instancia.
Por lo tanto, los imputados Walter Noé Maldonado, Carol Ivonne Pineda Baide, Daysi María Zúniga Méndez, José Manuel Valladares Rosa y Claudia Marisela Matute Colindres recibieron medidas sustitutivas por lo que en las próximas horas se defenderán en libertad mientras prosigue la causa.
El portavoz judicial Carlos Silva explicó a periodistas que el órgano de alzada dio la razón a los defensores de los acusados y se determinó conceder las medidas.
En cambio, Pastor deberá seguir recluido en una unidad militar de la periferia sur capitalina ya que penden sobre él varios delitos relacionados con blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.
Los imputados, por su parte, fueron sobreseidos definitivamente y resta que se informe al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que autorice la salida de los beneficiados con las medidas.
Esta decisión supone otro duro golpe a la UFECIC y la MACCIH, ya que no pudieron presentar evidencias sólidas que permitieran que los sospechosos permanecieran bajo el régimen de prisión preventiva previo al juicio.
En el caso del exfuncionario, todo apunta a que podría haber colaborado con los Cachiros en el lavado de dinero mediante contratos de carretera que fueron ejecutados mientras existió la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
