Radio Progreso denuncia intento de secuestro contra periodista Sandra Maribel Sánchez
- 27/09/2019
Mario Rojas de C-LIBRE, Sandra Maribel y el P. Melo en conferencia de prensa.
Radio
Progreso, un medio de comunicación del Apostolado Social de la Compañía de
Jesús en Centroamérica, denuncia nacional e internacionalmente, el atentado de
secuestro frustrado que sufrió nuestra periodista Sandra Maribel Sánchez,
asignada en Tegucigalpa, capital hondureña.
El jueves 26 de septiembre de 2019, a las 5:30 de la tarde, cuando nuestra compañera Sandra, se bajó de su carro para abrir el portón de su casa en Tegucigalpa, un hombre fornido se bajó de una motocicleta sin placas, desenfundó un revólver calibre 9 mm y la encañonó en su cabeza.
El sujeto le indicaba que subiera de nuevo al vehículo. Por suerte, en ese momento pasaba un carro, y por estar la casa de Sandra Maribel en una calle estrecha, iba despacio. Esto impidió que el hombre siguiera su misión, subió a la motocicleta y huyó.
Denuncia pública
Este día (27/09/2019) mediante una conferencia de prensa, el padre Ismael Moreno sj, director de la emisora junto a Sandra y el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, denunciaron ante los medios nacionales e internacionales esta nueva amenaza, que se suma a otros incidentes que la periodista ha sufrido en los últimos años. Uno de ellos, el ingreso violento de un grupo especial de la policía en su casa, sin justificación alguna.
En sus declaraciones Sánchez dijo que estaba claro que las amenazas vienen de las Fuerzas Armadas y su política represiva instalada en el país. Además, responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández, por la violencia y situación de vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía.
“Cualquiera que fuera el propósito de ponerle un arma en la cabeza a una persona no es normal. En Honduras hemos normalizado la violencia porque a fuerza de vivir en violencia creemos que es normal. Por qué un periodista debería tener un arma en su cabeza por informar”, cuestionó Sánchez.
El abogado Mario Rojas, del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, fue claro al calificar el hecho como un intento de asesinato. “Este hecho puede tipificarse como intento de asesinato, porque han ocurrido muchos hechos, demostrando que hay una planificación para hacerle daño a la periodista. Un atentado directo a la libertad de expresión”, dijo.
En declaraciones con los medios de comunicación el P. Melo, dijo que continuarán las denuncias a nivel internacional, y buscarán la protección para la periodista y defensora.
El jueves 26 de septiembre de 2019, a las 5:30 de la tarde, cuando nuestra compañera Sandra, se bajó de su carro para abrir el portón de su casa en Tegucigalpa, un hombre fornido se bajó de una motocicleta sin placas, desenfundó un revólver calibre 9 mm y la encañonó en su cabeza.
El sujeto le indicaba que subiera de nuevo al vehículo. Por suerte, en ese momento pasaba un carro, y por estar la casa de Sandra Maribel en una calle estrecha, iba despacio. Esto impidió que el hombre siguiera su misión, subió a la motocicleta y huyó.
Denuncia pública
Este día (27/09/2019) mediante una conferencia de prensa, el padre Ismael Moreno sj, director de la emisora junto a Sandra y el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, denunciaron ante los medios nacionales e internacionales esta nueva amenaza, que se suma a otros incidentes que la periodista ha sufrido en los últimos años. Uno de ellos, el ingreso violento de un grupo especial de la policía en su casa, sin justificación alguna.
En sus declaraciones Sánchez dijo que estaba claro que las amenazas vienen de las Fuerzas Armadas y su política represiva instalada en el país. Además, responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández, por la violencia y situación de vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía.
“Cualquiera que fuera el propósito de ponerle un arma en la cabeza a una persona no es normal. En Honduras hemos normalizado la violencia porque a fuerza de vivir en violencia creemos que es normal. Por qué un periodista debería tener un arma en su cabeza por informar”, cuestionó Sánchez.
El abogado Mario Rojas, del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, fue claro al calificar el hecho como un intento de asesinato. “Este hecho puede tipificarse como intento de asesinato, porque han ocurrido muchos hechos, demostrando que hay una planificación para hacerle daño a la periodista. Un atentado directo a la libertad de expresión”, dijo.
En declaraciones con los medios de comunicación el P. Melo, dijo que continuarán las denuncias a nivel internacional, y buscarán la protección para la periodista y defensora.
Conferencia de prensa.
Solidaridad y repudio
La Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos en Honduras, OACNUDH expresó su apoyo y solidaridad con la periodista y defensora Sandra Maribel Sánchez y sus familiares a raíz del ataque criminal en su contra
El organismo de la ONU instó a las autoridades a desarrollar una investigación exhaustiva del atentado criminal. OACNUDH insta al @MP_Honduras a abordar la #Impunidad de los ataques contra #defensores de #DDHH a,m…y[P1] adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para la investigación de este tipo de delitos, colocó en un twist.
Mediante un comunicado la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, recordó que: quienes atentaron contra Sandra Maribel son los que temen a su palabra y sostienen el poder y la impunidad del asesinato y persecución a mujeres, como ella, por eso no les vamos a pedir justicia.
En otra comunicación el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenó la actitud criminal con que heraldos de la muerte intentaron amedrentar y hacer daño a Sandra Maribel Sánchez. “Reconocemos en Sandra Maribel Sánchez nuestra amiga y compañera permanentemente, solidaria desde aquellos días de abril y mayo del 2008, cuando la huelga de hambre de un puñado de fiscales honestos y paría nuestro Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; desde entonces hasta ahora Sandra Maribel ha sido solidaria y defensora de las causas sociales y políticas de nuestro movimiento social que va creciendo y permeando comunidad tras comunidad del territorio nacional.
La periodista Sandra Maribel Sánchez es una voz profesional, autorizada, legitimada, justa y digna que ha sido capaz de vencer la mentira, el asalto, las idioteces y demás engaños con que militares, empresarios extractivistas, funcionarios públicos y el cartel Hernández ha intentado mantener engañada y dividida a la población hondureña”, dice el MADJ.
Al cierre de la conferencia de prensa la periodista dijo: Los periodistas tenemos el enorme reto de contribuir a que las cosas en el país cambien, para ejercer con plena libertad nuestro trabajo sin tener temor que las amenazas acaben con nuestra vida. Yo voy a seguir haciendo periodismo, eso es lo que aprendí hacer, eso es lo que elegí hacer y es lo que seguiré haciendo”, dijo Sánchez.
En los últimos 10 años, unos 80
periodistas han sido asesinados en Honduras. Según el Conadeh, el 43% de
estos crímenes ocurrieron en los últimos cinco años del gobierno de
Juan Orlando Hernández.
La Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos en Honduras, OACNUDH expresó su apoyo y solidaridad con la periodista y defensora Sandra Maribel Sánchez y sus familiares a raíz del ataque criminal en su contra
El organismo de la ONU instó a las autoridades a desarrollar una investigación exhaustiva del atentado criminal. OACNUDH insta al @MP_Honduras a abordar la #Impunidad de los ataques contra #defensores de #DDHH a,m…y[P1] adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para la investigación de este tipo de delitos, colocó en un twist.
Mediante un comunicado la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, recordó que: quienes atentaron contra Sandra Maribel son los que temen a su palabra y sostienen el poder y la impunidad del asesinato y persecución a mujeres, como ella, por eso no les vamos a pedir justicia.
En otra comunicación el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenó la actitud criminal con que heraldos de la muerte intentaron amedrentar y hacer daño a Sandra Maribel Sánchez. “Reconocemos en Sandra Maribel Sánchez nuestra amiga y compañera permanentemente, solidaria desde aquellos días de abril y mayo del 2008, cuando la huelga de hambre de un puñado de fiscales honestos y paría nuestro Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; desde entonces hasta ahora Sandra Maribel ha sido solidaria y defensora de las causas sociales y políticas de nuestro movimiento social que va creciendo y permeando comunidad tras comunidad del territorio nacional.
La periodista Sandra Maribel Sánchez es una voz profesional, autorizada, legitimada, justa y digna que ha sido capaz de vencer la mentira, el asalto, las idioteces y demás engaños con que militares, empresarios extractivistas, funcionarios públicos y el cartel Hernández ha intentado mantener engañada y dividida a la población hondureña”, dice el MADJ.
Al cierre de la conferencia de prensa la periodista dijo: Los periodistas tenemos el enorme reto de contribuir a que las cosas en el país cambien, para ejercer con plena libertad nuestro trabajo sin tener temor que las amenazas acaben con nuestra vida. Yo voy a seguir haciendo periodismo, eso es lo que aprendí hacer, eso es lo que elegí hacer y es lo que seguiré haciendo”, dijo Sánchez.
En los últimos 10 años, unos 80
periodistas han sido asesinados en Honduras. Según el Conadeh, el 43% de
estos crímenes ocurrieron en los últimos cinco años del gobierno de
Juan Orlando Hernández.
MÁS DE DOS MIL MIGRANTES HONDUREÑOS SERÁN DEPORTADOS ESTA SEMANA
- Publicado: 18 Septiembre 2019
De
enero al pasado 13 de septiembre, se registra que más de 85 mil
hondureños han sido deportados desde Estados Unidos, México y otros
países del mundo. A estos, se sumaran más de 2,000 que llegarán esta
semana al país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La directora del Instituto de Protección al Hondureño Migrante, Jessica
Guzmán, informó que esta semana serían deportados desde Estados Unidos y
México, un total de 2,191 ciudadanos que buscaron el mal llamado “sueño
americano”.
Según
se explicó, los migrantes llegarán por dos vías: aérea y terrestre,
además, se destacó que han sido organizado en grupos de unidades
familiares y adultos solos.
La
funcionaria detalló que de EE.UU. llegarán siete vuelos con un total de
casi 783 personas. Y desde México, retornaran 814 hondureños agrupados
en familias y 594 adultos.
Guzmán
argumentó que el alza en las deportaciones es el resultado de la
política migratoria de EE.UU., ya que los afines a Donald Trump han
ratificado que no permitirán la presencia de indocumentados en su país.
De
acuerdo con el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, desde
enero al pasado 13 de septiembre, se registró que 85,523 migrantes han
sido deportados; de esos, cerca de 30 mil directamente de EE.UU., más de
50 mil de México y el resto de Centroamérica, Sudamérica, Asia y
Europa.
El
drama migrante sigue, a falta de unas cuantas semanas para que se
cumpla un año de la primera caravana del éxodo hondureño. Ayer,
trascendió que una hondureña y su hijo, murieron ahogados en el Río
Bravo, luego de intentar llegar a tierras estadounidenses por un “punto
ciego”.
En comparación con 2018 en el mismo lapso de tiempo, las cifras suponen un incremento de deportaciones del 57.4 por ciento.
Publicado el 20 Septiembre, 2019
Esta regla impuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de no permitir el asilo político a los inmigrantes que pasan por México está marcando una salida dramática de 40 años de la ley de asilo establecido, con el abandono de una larga tradición como nación estadounidense de refugio para los que huyen de la persecución, así lo indican las organizaciones pro inmigrantes.
Según un comunicado de la organización pro inmigrantes “Carecen”, la decisión de la Corte de Suprema de EE.UU. en darle luz verde a Trump en contra del asilo político es considerada como una “vergüenza” para el liderazgo moral de Estados Unidos. Este cambio de política abandona la tradición del país como un lugar de refugio. Por ello se dice que el mandatario solo quiere complacer a la supremacía blanca.
Según organización como la Red Nacional de Jornaleros y Carecen este nuevo reglamento viola categóricamente los derechos de los individuos que desean por derecho propio migrar al país estadounidense. Consideran “injusto” que se cierren estas oportunidades, ya que las familias en su desesperación buscan un mejor porvenir sobre todo por sus hijos.
Cabe señalar que a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que la nueva norma sólo se aplica a las personas que entraron al país a partir del 16 de julio del 2019.
El Gobierno de Trump instala "cortes de migración secretas"
Los tribunales procesarán de manera acelerada a más
de 42,000 migrantes, la mayoría centroamericanos, que fueron retornados a
México una vez solicitaron asilo en la frontera.
Un grupo de migrantes centroamericanos observa el muro fronterizo entre México y EEUU.- REUTERS/Mohammed Salem
madrid
14/09/2019 19:08 - público
Los funcionarios federales
comenzaron esta semana a operar en carpas en Texas para aliviar la
presión sobre los tribunales de migración, según ha informado el New York Times en un reportaje publicado el pasado 12 de septiembre.
Las salas donde se llevan a cabo los juicios
no permiten el ingreso de observadores independientes, por lo que son
consideradas “cortes secretas” donde los migrantes son procesados en
grupo por medio de un sistema de videoconferencia.
La denuncia del medio estadounidense llega la misma
semana en la que Trump y su Gobierno habían empezado a aplicar la
normativa para denegar el asilo a los migrantes indocumentados en la frontera sur.
Esta es la medida más polémica instaurada por el
gobierno republicano desde que decidida separar a las familias una vez
cruzada la frontera, orden que terminaron por retirar tras la mala prensa y las denuncias internacionales que estaba generando.
El New York Times asegura que “la poca
información respecto a los tribunales” eleva el nivel de misterio y
desconocimiento sobre el asunto. Enmarcados bajo el programa conocido
como Protocolo de Protección Migratoria (MPP), los tribunales procesarán de manera acelerada a más de 42,000 migrantes,
la mayoría centroamericanos, que fueron retornados a México una vez
solicitaron asilo en la frontera y fueron entrevistados por agentes
federales estadounidenses, recoge Univisión.
Denuncian cortes de inmigración "secretas" que el gobierno instala en la frontera
El diario
The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump
comenzó a operar tribunales de inmigración
en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que no
permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas
“cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupo por
medio de un sistema de video conferencia.
13 Sep 2019 – 1:01 PM EDT - UNIVISIÓN
La
escasa información respecto al traslado de cortes de inmigración a la
frontera con México, y la aceleración de juicios a migrantes que esperan
al otro lado de la frontera por sus procesos de asilo en Estados
Unidos, genera preguntas entre los miembros de la Asociación Americana
de Abogados de Inmigración (AILA). Y las respuestas no aparecen.
La
entidad señala que “la poca información” que ha compartido el gobierno
de Donald Trump “con respecto a los tribunales” que están siendo
instalados en los puertos fronterizos por parte de los departamentos de
Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), eleva el nivel de
inquietud, sobre todo porque no se conocen detalles respecto “a los
problemas operativos pendientes” que incidirán en el futuro de miles de
personas que huyeron de sus países en busca de asilo para salvar sus
vidas.
Enmarcados
bajo el programa conocido como Protocolo de Protección Migratoria
(MPP), los tribunales procesarán de manera acelerada a más de 42,000
migrantes, la mayoría centroamericanos, que fueron retornados a México
una vez solicitaron asilo en la frontera y fueron entrevistados por
agentes federales estadounidenses.
Bajo la lupa
Desde
que fue anunciado en diciembre del año pasado, AILA ha criticado el
programa de retorno porque “expone” a nuevos peligros a quienes huyen
buscando que el gobierno de Estados Unidos ponga sus vidas bajo
resguardo.
Además, la Asociación ha dicho que
el MPP “efectivamente niega a los solicitantes de asilo su derecho a
estar representado por un abogado, y reduce la capacidad de los
migrantes de recibir una revisión justa y significativa de sus reclamos”
de asilo.
“Además, la violencia bien
documentada y la inestabilidad que enfrentan los migrantes en México los
expone (…) a sufrir más traumas, e incluso la muerte mientras esperan
sus audiencias” en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
La
entidad reitera que el programa “debe ser finalizado y los solicitantes
de asilo deben ser procesados en Estados Unidos”. Pero contrario a los
reclamos y solicitudes planteadas por los abogados, el gobierno de Trump
ha expandido el MPP a lo largo de la frontera con México, desde San
Diego, en California, hasta Laredo y Brownsville, en Texas.
Cortes ‘secretas’
El diario The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar tribunales de inmigración
en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que no
permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas
“cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupo por
medio de un sistema de video conferencia.
En
un extremo de la transmisión se encuentra el grupo a ser juzgado que
está siendo enfocado por una cámara de televisión; en el otro extremo,
frente a un monitor de televisión, el juez que tiene sobre la mesa de un
escritorio los expedientes de los acusados, migrantes asustados que
hicieron un largo y peligroso viaje desde sus países de los cuales
huyeron a causa de la violencia y la pobreza, en busca del sueño
americano.
“La ubicación de estos nuevos
tribunales obligan a los solicitantes de asilo a esperar sus
procedimientos en lugares extremadamente peligrosos, como Nuevo Laredo y
Matamoros”, advierte AILA. Y precisa que ambas ciudades “fueron
designadas por el Departamento de Estado como nivel cuatro y emitió una
advertencia de viaje” debido a la cantidad de delitos que en ellas se
cometen, entre ellos secuestros y asesinatos”.
Silencio preocupante
La
mayor preocupación de AILA es que, “hasta la fecha, ni el DHS y el
Departamento de Justicia han proporcionado información adicional a
abogados u otras partes interesadas sobre la logística operativa
relacionada con los nuevos tribunales que operarán en tiendas de
campaña”.
Añade que la política que regula
estos procesos “comparte poca información”, y que el desconocimiento
respecto a las cuestiones operativas “eleva las preocupaciones” y
también aumenta las dudas.
Respecto a cuántos
casos de asilo esperan en México, AILA dice que bajo el MPP, el número
de migrantes es de 37,578. La cifra es inferior a la dada a conocer esta
semana por el comisionado interino de la Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas, Matthew Albence, quien dijo que el número de migrantes regresados a México hasta finales de julio era poco más de 42,000.
Otras
preguntas sin respuesta señaladas por AILA corresponden al número de
tribunales y jueces asignados por el Departamento de Justicia para
juzgar casos de asilo en la frontera. Y la capacidad diaria de procesos
que atenderán diariamente. Citando a varios medios, la Asociación dice
que el gobierno “anticipa realizar aproximadamente 420 audiencias
virtuales al día en Laredo y 720 audiencias virtuales al día en
Brownsville”.
Añade que, de acuerdo con
reportes del Departamento de Justicia, “la Asociación Nacional de Jueces
de inmigración (NAIJ) ha dicho que se espera que jueces de inmigración
que adjudiquen casos de MPP escucharán entre 80 a 100 casos en una sola
sesión que dura unas pocas horas".
AILA
asegura que el atasco en las cortes, con más de 975,000 casos
acumulados, la falta de información sobre la manera en que operarán los
tribunales “secretos”, sin duda “causará estragos en los expedientes
judiciales en todo el país” y afectará el debido proceso.
Qué no se sabe
La
lista de lo que no se sabe crece con el paso de los días, advierten los
abogados. “Hasta la fecha, ni el DHS y el DOJ han confirmado las
informaciones” que publican los medios” y la falta de transparencia
“creará caos”, advierten.
Añaden que la falta
de respuestas “impide la posibilidad de que los migrantes tengan un día
justo en la corte, y restringe el acceso a un abogado”.
Plantean
además que al no contar con asistencia legal, los migrantes no podrán
defenderse adecuadamente y luchar por sus permanencias en Estados
Unidos, y reclaman porque en el día del juicio “los abogados no podrán
estar junto a sus clientes para asesorarlos”.
Los
abogados también denuncian que no tienen acceso a lugares privados para
hablar con los migrantes que representan, y los procesos tampoco
permiten que testigos o familiares se presenten en estas instalaciones.
Tampoco
el gobierno a respondido a preguntas básicas como la manera en que los
migrantes que esperan en México se enteran de sus juicios, cómo viajarán
a su día en corte, dónde se ubican físicamente los tribunales, cómo se
contactarán con sus abogados, y si los defensores podrán entrar a las
salas donde se celebrarán las audiencias, y si las salas de los
tribunales que operarán en las cartas permitirán la entrada al público.
La lista de preguntas planteada por AILA sigue creciendo, al igual que el silencio por parte del gobierno de Trump.
Un reverendo y una estriper se unen para paliar los efectos de las redadas
Fotografía sin fechar cedida por el
pastor Adam Ericksen (i), donde posan el pastor y Dawn McCall (d), una
estriper conocida como “Dawn Blu”, junto a la marquesina de la Iglesia
Unida de Cristo en la ciudad de Milwaukie, condado de Clackamas, Oregón
(EE.UU.) en la que se lee: "Únete a nosotros para ayudar a nuestros
hijos en Mississippi”. EFE/ Cortesía SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS
Agosto 23, 2019 - HOY (Los Angeles - EE.UU.)
9:36 AM
EFE
Portland (OR) —
Un
reverendo cristiano y una bailarina sexual de un club de “striptease” de
Oregón han dejado atrás sus notables diferencias para ayudar juntos a
niños afectados por la reciente redada en el estado de Misisipi que
concluyó con el arresto de unos 680 indocumentados.
A pesar de divergencias, el pastor Adam Ericksen, de la Iglesia Unida de Cristo, y Dawn McCall, una estriper conocida como “Dawn Blu” y que trabaja en el club Casa Diablo de Portland, lanzaron la campaña “Caridad de Nuestros Niños” devastados por las noticias de las redadas.
“Nunca hubiera pensado que estaría trabajando con estripers, pero Dios ha puesto a Blu y a las chicas en mi vida y, además de ayudar, hemos desarrollado una amistad”, dice el pastor progresista a Efe.
Junto con sus “nuevas amigas”, quiere mostrar que personas de “muy diferentes ámbitos” pueden unirse para un “propósito superior”, como el que surgió a comienzos de agosto después de que agentes migratorios realizasen en varias plantas de procesamiento de alimentos de Misisipi la mayor redada de la historia de EE.UU.
Algunos niños cuyos padres fueron detenidos todavía no pueden estar
con al menos uno de sus progenitores, pues algo menos de la mitad de los
detenidos todavía no fue liberado, según dijo recientemente una
portavoz del Departamento de Servicios de Protección Infantil de
Misisipi.
McCall coincide con el religioso en que, aunque sus mundos son diferentes, comparten el “querer ayudar a los que lo necesitan”.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras bebes y niños, incluso menores de 5 años, se quedan sin padres”, dice McCall. “Las estripers también somos madres y no queremos esto”.
Ambos discutieron la iniciativa en un video subido a Facebook el pasado 16 de agosto bajo la etiqueta #sinnersandsaints (#Pecadoresysantos).
“Como atea, sé que suena raro que una bailarina de un club de ‘striptease’ se una con la iglesia, pero esto es Portland y nos gusta ser raros”, indica la bailarina mientras el reverendo va más allá y apunta que esa capacidad de dejar atrás las diferencias es algo “fascinante”.
McCall y un equipo de compañeros de la industria del sexo han organizado eventos de caridad las próximas semanas en Casa Diablo, club conocido por su política de prohibir a los artistas portar productos de origen animal en el escenario.
Por su parte, el reverendo ha pedido a los feligreses de su iglesia de la ciudad de Milwaukie, en el condado de Clackamas, y otras comunidades religiosas del área de Portland, que contribuyan financieramente para ayudar a estos pequeños de origen inmigrante.
“Porque al final del día, todos somos santos y todos somos pecadores, y los hijos de Misisipi también son nuestros hijos”, recalca Ericksen.
A esta campaña se ha unido también la artista de Nueva York Lauren Seeley, quien ha donado camisetas bajo la etiqueta #ourkids. El 100 % de las ventas irán a la Alianza de Derechos de Inmigrantes de Misisipi (MIRA), que se venden en la tienda online etsy.com a un precio de 35 dólares.
“El impacto ha sido enorme más allá de mis expectativas, es difícil obtener un número exacto de las donaciones, pero muchas personas han comprando camisetas, muchos han donado en mi iglesia y las estripers continúan haciendo lo suyo”, explica Ericksen.
El pastor y la estriper se conocieron por primera vez gracias a los mensajes que Ericksen publica en las marquesinas de su iglesia, como uno que decía: “Lady Gaga conoce el cristianismo como nosotros. LGBTQ son bienvenidos”.
La bailarina le escribió para agradecerle ese apoyo tan inusual, y donó 150 dólares a la iglesia como muestra de una empatía de dos mundos tan opuestos.
Esa comunión fue reafirmada cuando el pastor predicó un sermón el pasado 11 de agosto, y que subió posteriormente a su web, con el título “Strippers nos conducirán al reino: luchando por nuestros hijos en Misisipi”.
El subtítulo debajo del video del sermón decía que Dios no aprueba las políticas “crueles” del Gobierno del presidente Donald Trump ni que las autoridades migratorias “separe a los niños de sus padres”.
“Porque el Dios de Jesús está preparando una fiesta y todos están invitados. Es un placer para Dios servir generosamente a todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, las personas de piel morena, las personas blancas, los pobres, los homosexuales y transgénero”, escribió el pastor.
ESTADOS UNIDOS.- La aprobación de una visa para viajar a Estados Unidos dependerá de la conducta en las redes sociales.
El gobierno de Estados Unidos ha publicado una nueva regla en la que los solicitantes de visa deben entregar sus nombres de usuario en las redes que usen a partir de 2020.
Esto, según la administración de Trump, para proteger a Estados Unidos de la entrada de terroristas.
Una vez entregada la información, será el Departamento de Seguridad Nacional, el encargado de revisar e investigar los contenidos en redes de los últimos cinco años.
En el protocolo explica que la recopilación de información será necesaria para “evaluar la elegibilidad de un extranjero para viajar o ser admitido en Estados Unidos o para recibir un beneficio relacionado con la inmigración”, por lo que esto incluiría las solicitudes de refugio en ese país o visas o renovación de ésta.
El departameto de Seguridad Nacional irá sobre las redes más populares a nivel mundial: Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Pinterest, Myspace, YouTube y LinkedIn.
Precisan que el gobierno estadunidense no recopilará contraseñas y revisará solo la información disponible públicamente.
Esta recopilación de datos actualizada también afectará a nueve programas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU para beneficios de inmigración, como solicitudes de naturalización, asilo y la petición para cancelar las condiciones de residencia permanente.
Cabe señalar que actualmente ya se utiliza la investigación en redes sociales para los solicitantes de trámites pero se les ha dificultado conectar cuentas de redes sociales con los solicitantes, es por ello que la recopilación de nombres de usuario reducirá el tiempo necesario para validar las cuentas de redes sociales.
A pesar de divergencias, el pastor Adam Ericksen, de la Iglesia Unida de Cristo, y Dawn McCall, una estriper conocida como “Dawn Blu” y que trabaja en el club Casa Diablo de Portland, lanzaron la campaña “Caridad de Nuestros Niños” devastados por las noticias de las redadas.
“Nunca hubiera pensado que estaría trabajando con estripers, pero Dios ha puesto a Blu y a las chicas en mi vida y, además de ayudar, hemos desarrollado una amistad”, dice el pastor progresista a Efe.
Junto con sus “nuevas amigas”, quiere mostrar que personas de “muy diferentes ámbitos” pueden unirse para un “propósito superior”, como el que surgió a comienzos de agosto después de que agentes migratorios realizasen en varias plantas de procesamiento de alimentos de Misisipi la mayor redada de la historia de EE.UU.
Agosto 23, 2019 HOY (Los Angeles - EE.UU.)
McCall coincide con el religioso en que, aunque sus mundos son diferentes, comparten el “querer ayudar a los que lo necesitan”.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras bebes y niños, incluso menores de 5 años, se quedan sin padres”, dice McCall. “Las estripers también somos madres y no queremos esto”.
Ambos discutieron la iniciativa en un video subido a Facebook el pasado 16 de agosto bajo la etiqueta #sinnersandsaints (#Pecadoresysantos).
“Como atea, sé que suena raro que una bailarina de un club de ‘striptease’ se una con la iglesia, pero esto es Portland y nos gusta ser raros”, indica la bailarina mientras el reverendo va más allá y apunta que esa capacidad de dejar atrás las diferencias es algo “fascinante”.
McCall y un equipo de compañeros de la industria del sexo han organizado eventos de caridad las próximas semanas en Casa Diablo, club conocido por su política de prohibir a los artistas portar productos de origen animal en el escenario.
Por su parte, el reverendo ha pedido a los feligreses de su iglesia de la ciudad de Milwaukie, en el condado de Clackamas, y otras comunidades religiosas del área de Portland, que contribuyan financieramente para ayudar a estos pequeños de origen inmigrante.
“Porque al final del día, todos somos santos y todos somos pecadores, y los hijos de Misisipi también son nuestros hijos”, recalca Ericksen.
A esta campaña se ha unido también la artista de Nueva York Lauren Seeley, quien ha donado camisetas bajo la etiqueta #ourkids. El 100 % de las ventas irán a la Alianza de Derechos de Inmigrantes de Misisipi (MIRA), que se venden en la tienda online etsy.com a un precio de 35 dólares.
“El impacto ha sido enorme más allá de mis expectativas, es difícil obtener un número exacto de las donaciones, pero muchas personas han comprando camisetas, muchos han donado en mi iglesia y las estripers continúan haciendo lo suyo”, explica Ericksen.
El pastor y la estriper se conocieron por primera vez gracias a los mensajes que Ericksen publica en las marquesinas de su iglesia, como uno que decía: “Lady Gaga conoce el cristianismo como nosotros. LGBTQ son bienvenidos”.
La bailarina le escribió para agradecerle ese apoyo tan inusual, y donó 150 dólares a la iglesia como muestra de una empatía de dos mundos tan opuestos.
Esa comunión fue reafirmada cuando el pastor predicó un sermón el pasado 11 de agosto, y que subió posteriormente a su web, con el título “Strippers nos conducirán al reino: luchando por nuestros hijos en Misisipi”.
El subtítulo debajo del video del sermón decía que Dios no aprueba las políticas “crueles” del Gobierno del presidente Donald Trump ni que las autoridades migratorias “separe a los niños de sus padres”.
“Porque el Dios de Jesús está preparando una fiesta y todos están invitados. Es un placer para Dios servir generosamente a todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, las personas de piel morena, las personas blancas, los pobres, los homosexuales y transgénero”, escribió el pastor.
Visa para EU dependerá de tu comportamiento en redes
Publicado el 9 Septiembre, 2019
El gobierno de Estados Unidos ha publicado una nueva regla en la que los solicitantes de visa deben entregar sus nombres de usuario en las redes que usen a partir de 2020.
Esto, según la administración de Trump, para proteger a Estados Unidos de la entrada de terroristas.
Una vez entregada la información, será el Departamento de Seguridad Nacional, el encargado de revisar e investigar los contenidos en redes de los últimos cinco años.
En el protocolo explica que la recopilación de información será necesaria para “evaluar la elegibilidad de un extranjero para viajar o ser admitido en Estados Unidos o para recibir un beneficio relacionado con la inmigración”, por lo que esto incluiría las solicitudes de refugio en ese país o visas o renovación de ésta.
El departameto de Seguridad Nacional irá sobre las redes más populares a nivel mundial: Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Pinterest, Myspace, YouTube y LinkedIn.
Precisan que el gobierno estadunidense no recopilará contraseñas y revisará solo la información disponible públicamente.
Esta recopilación de datos actualizada también afectará a nueve programas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU para beneficios de inmigración, como solicitudes de naturalización, asilo y la petición para cancelar las condiciones de residencia permanente.
Cabe señalar que actualmente ya se utiliza la investigación en redes sociales para los solicitantes de trámites pero se les ha dificultado conectar cuentas de redes sociales con los solicitantes, es por ello que la recopilación de nombres de usuario reducirá el tiempo necesario para validar las cuentas de redes sociales.
Arrestan 76 personas en Nueva York por protestar contra el ICE
Los manifestantes cantaban: «Ser un ser humano nunca será ilegal», mientras bloqueaban la calle en Manhattan
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Los manifestantes organizaron una sentada en la tienda de Microsoft en la Quinta Avenida de Nueva York para exigir que la compañía tecnológica deje de permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use su tecnología, según un comunicado de prensa de la coalición “Close the Camps NYC” que organizó la protesta.
“Como miembros de esta sociedad, es nuestra responsabilidad responsabilizar a las corporaciones estadounidenses”, dijo Beatriz Lozano, organizadora de Close the Camps NYC. “Al ser cómplices en sus acciones, somos cómplices en los ataques contra la comunidad latina y la tortura y el trauma racistas que se infligen. Tenemos el poder de poner fin a esta crueldad”.
En los videos publicados en Twitter, se podía ver a los manifestantes frente a la tienda de Microsoft con carteles y gritando “este es el precio para hacer negocios con ICE”.
El portavoz de la policía de Nueva York dijo que 50 mujeres y 26 hombres fueron arrestados.
“Estamos agradecidos con la policía de Nueva York por su ayuda con los manifestantes en nuestra tienda en la 5ta. Avenida. Cerramos la tienda por el resto del día y esperamos abrir nuestras puertas nuevamente pronto”, dijo un portavoz de Microsoft en un comunicado a CNN.
El portavoz también envió una declaración de junio del presidente de Microsoft, Brad Smith, en la que analiza su opinión sobre los proyectos de ley de inmigración y cómo los niños inmigrantes necesitan protección.
“Microsoft es una compañía de inmigrantes en una nación de inmigrantes”, decía parte de la declaración de Smith. También escribió que Microsoft es “algo parecido a ‘las Naciones Unidas de Software’”.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Los manifestantes organizaron una sentada en la tienda de Microsoft en la Quinta Avenida de Nueva York para exigir que la compañía tecnológica deje de permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use su tecnología, según un comunicado de prensa de la coalición “Close the Camps NYC” que organizó la protesta.
“Como miembros de esta sociedad, es nuestra responsabilidad responsabilizar a las corporaciones estadounidenses”, dijo Beatriz Lozano, organizadora de Close the Camps NYC. “Al ser cómplices en sus acciones, somos cómplices en los ataques contra la comunidad latina y la tortura y el trauma racistas que se infligen. Tenemos el poder de poner fin a esta crueldad”.
En los videos publicados en Twitter, se podía ver a los manifestantes frente a la tienda de Microsoft con carteles y gritando “este es el precio para hacer negocios con ICE”.
El portavoz de la policía de Nueva York dijo que 50 mujeres y 26 hombres fueron arrestados.
“Estamos agradecidos con la policía de Nueva York por su ayuda con los manifestantes en nuestra tienda en la 5ta. Avenida. Cerramos la tienda por el resto del día y esperamos abrir nuestras puertas nuevamente pronto”, dijo un portavoz de Microsoft en un comunicado a CNN.
El portavoz también envió una declaración de junio del presidente de Microsoft, Brad Smith, en la que analiza su opinión sobre los proyectos de ley de inmigración y cómo los niños inmigrantes necesitan protección.
“Microsoft es una compañía de inmigrantes en una nación de inmigrantes”, decía parte de la declaración de Smith. También escribió que Microsoft es “algo parecido a ‘las Naciones Unidas de Software’”.
Alertan que Trump amenaza con empobrecer más a Honduras al querer gravar remesas
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La imposición de un tributo entre 10 al 20 por ciento a las remesas enviadas a Honduras, así como tributo a la maquila y modificar el Tratado de Libre Comercio (TLC), por Donald Trump, muestra que quiere terminar de hundir a la población, advirtió hoy expresidente del Colegio de Economistas Julio Raudales.
Estas presiones migratorias, añadió, “tendrían un impacto terrible; creo que lo que el presidente Trump está haciendo con el país ya que da la impresión de que quiere terminar de hundirlo”.
Explicó que esas medidas de presión serán aplicadas en caso de que Honduras no accede a suscribir un acuerdo de tercer país seguro para detener el flujo de migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Asimismo, indicó que tales medidas eran previsibles ante la llegada a la Casa Blanca de un gobernante de línea dura que optaría por este tipo de políticas.
“Lamentablemente ya muchos de cientos de miles de nuestros compatriotas se están yendo para EE.UU. en busca de una vida mejor porque acá no encuentran condiciones y sería lamentable que las familias hondureñas que dependen de lo que se les envía desde ese país se les aplique impuestos, por lo que generará más pobreza”, dijo Raudales.
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández está anuente a firmar el controvertido convenio con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) para ir frenando los flujos migratorios que pretenden llegar a la nación del norte, extremo que ha generado fuertes cuestionamientos de actores políticos y sociales.
La imposición de un tributo entre 10 al 20 por ciento a las remesas enviadas a Honduras, así como tributo a la maquila y modificar el Tratado de Libre Comercio (TLC), por Donald Trump, muestra que quiere terminar de hundir a la población, advirtió hoy expresidente del Colegio de Economistas Julio Raudales.
Estas presiones migratorias, añadió, “tendrían un impacto terrible; creo que lo que el presidente Trump está haciendo con el país ya que da la impresión de que quiere terminar de hundirlo”.
Explicó que esas medidas de presión serán aplicadas en caso de que Honduras no accede a suscribir un acuerdo de tercer país seguro para detener el flujo de migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Asimismo, indicó que tales medidas eran previsibles ante la llegada a la Casa Blanca de un gobernante de línea dura que optaría por este tipo de políticas.
“Lamentablemente ya muchos de cientos de miles de nuestros compatriotas se están yendo para EE.UU. en busca de una vida mejor porque acá no encuentran condiciones y sería lamentable que las familias hondureñas que dependen de lo que se les envía desde ese país se les aplique impuestos, por lo que generará más pobreza”, dijo Raudales.
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández está anuente a firmar el controvertido convenio con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) para ir frenando los flujos migratorios que pretenden llegar a la nación del norte, extremo que ha generado fuertes cuestionamientos de actores políticos y sociales.
La hija de Berta Cáceres denuncia “colusión entre militares y empresarios” para asesinar a su madre
Wednesday, 11 September 2019 09:09 Written by Webmaster Published in Bertha Caceres - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Empresarios, militares en activo y políticos hondureños se conchabaron para asesinar a la ambientalista hondureña Berta Cáceres,
según denunció este martes en Guatemala su hija, Bertha Zúñiga, señala
una publicación del diario elpais.com, difundida este 11 de septiembre
de 2019.
Tomado de elpais.com:
El 25 de septiembre se reanuda el proceso contra un acusado de ser el actor intelectual del crimen, aunque Berta Zúñiga no confía en la justicia. "Tratan de ocultar a los máximos responsables".
El crimen se cometió el 2 de marzo de 2016 en la casa de la activista —a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital. En una conferencia de prensa organizada en la Casa de la Memoria de Ciudad de Guatemala, Zúñiga afirmó: "Los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de Desarrollos Energéticos S.A. [DESA] y personal militar activo", afirmó Zúñiga, quien informó en entrevista con EL PAÍS que la fiscalía de Honduras le comunicó hoy que la audiencia inicial contra David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y señalado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, se reanudará el 25 de septiembre. La familia espera que él sea enjuiciado y condenado.
El juicio contra Castillo fue suspendido en septiembre del año pasado, después de que familiares de Cáceres denunciaran irregularidades en el proceso. La fiscalía de Honduras afirma en su acusación que Castillo pidió al jefe de seguridad de DESA, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen,según la Fiscalía. Zúñiga asegura que participarán en el proceso contra Castillo, aunque no confía en la justicia hondureña. "Se han demostrado muchas irregularidades que tratan de ocultar a los máximos responsables. David Castillo es un actor intelectual, pero él es un subordinado de los intereses de los directivos, de los dueños de la empresa que siguen en la impunidad", afirma Zúñiga a este diario. La mujer dice que "no hay voluntad política" del Estado hondureño para esclarecer un caso emblemático, que ha atraído la atención internacional. A pesar de la "negligencia del ministerio público, hay mucha información sobre este caso, una violación a los derechos humanos. La causa para la búsqueda de justicia por Berta Cáceres se quiere cerrar con David Castillo".
DESA, propiedad de la poderosa familia Atala, se ha deslindado de los hechos. Berta Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo. "La justicia verdadera no llegará hasta que sean enjuiciados los máximos responsables y sea cancelada la concesión a ese proyecto de muerte, que se mantiene vigente por 50 años", dice su hija.
Bertha Zúñiga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres y así "neutralizar su resistencia al proyecto". "Ellos interceden con ministros y personas con alto nivel en Honduras, para tener presencia policial y militar en la región y atacar a la comunidad. Se asociaron ilícitamente para atacar a Berta Cáceres porque pensaron que asesinándola iban a detener su lucha".
Un informe publicado por expertos internacionales en noviembre de 2017 denunciaba que "la evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento" del asesinato. El plan se gestó en noviembre de 2015, según el documento titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, elaboraron por juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Ellos, además, denunciaron una "conspiración" para obstruir la justicia. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro", el único testigo del crimen de la reconocida ecologista.
En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2016, Castro contó que los sicarios entraron por la cocina de la casa de Berta Cáceres. Uno de ellos se dirigió a la habitación de la activista. “No se esperaban que yo estuviese en la casa. Pensaban que Berta iba a estar sola, porque la noche anterior su hija había volado a la Ciudad de México. Estaba todo planeado”. Uno de los sicarios disparó contra el también ecologista. “Me salvé por una milésima de segundo, si me hubiese movido un poco antes o después, estaría muerto”.
Honduras es considerado el país más peligroso del mundo para los ecologistas, según un informe de la ONG internacional Global Witness, que documenta los crímenes contra ambientalistas a nivel internacional. El organismo ha denunciado que entre 2010 y 2017 han sido asesinados 123 ecologistas en el país centroamericano. En estos crímenes, ha advertido, han estado ligados “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños. Este martes, desde Guatemala, Bertha Zúñiga exigió "la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales" del asesinato de su madre, en su lucha incansable por lograr justicia. "Las autoridades hondureñas parecen ser bastante ineficientes, no han respetado los estándares internacionales. Sin embargo, hay muchas pruebas. Más allá de confiar en el Ministerio Público, confiamos en esas pruebas, en que es clara la culpabilidad de David Castillo y en que no hay manera, si se respeta el debido proceso, de detener ese juicio".
Fuente de la noticia:
https://elpais.com/sociedad/
Mujeres organizadas en el COPINH junto con compañeras de secundaria,
con el apoyo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y
Producciones y Milagros realizamos este fin de semana un mural en honor a
nuestra hermana y compañera Berta.
Berta siempre nos animó a juntarnos y arreciar la lucha, nosotras ahora nos juntamos para arreciar la esperanza en la búsqueda de justicia por nuestra compañera y para construir una mejor Honduras.
Agradecemos a nuestras compañeras de Producciones y Milagros por haber compartido con nosotras diferentes expresiones artísticas para levantar nuestras voces.
¡Juntémonos y arreciemos la esperanza!
#JusticiaParaBerta
#BertaVive
#CopinhSigue
Este
15 de Septiembre, los docentes, estudiantes y padres de padres de
familias están obligados a respetar la figura del gobernante Juan
Hernández, de lo contrario deberán someterse a las sanciones estipuladas
en el decreto 35024 del Diario Oficial “La Gaceta”.
Los
otros puntos advierten que también estará prohibida la música con fines
político-partidistas y “desfilar con personas que no estén legalmente
matriculadas en el centro educativo que representan”.
El 25 de septiembre se reanuda el proceso contra un acusado de ser el actor intelectual del crimen, aunque Berta Zúñiga no confía en la justicia. "Tratan de ocultar a los máximos responsables".
El crimen se cometió el 2 de marzo de 2016 en la casa de la activista —a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital. En una conferencia de prensa organizada en la Casa de la Memoria de Ciudad de Guatemala, Zúñiga afirmó: "Los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de Desarrollos Energéticos S.A. [DESA] y personal militar activo", afirmó Zúñiga, quien informó en entrevista con EL PAÍS que la fiscalía de Honduras le comunicó hoy que la audiencia inicial contra David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y señalado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, se reanudará el 25 de septiembre. La familia espera que él sea enjuiciado y condenado.
El juicio contra Castillo fue suspendido en septiembre del año pasado, después de que familiares de Cáceres denunciaran irregularidades en el proceso. La fiscalía de Honduras afirma en su acusación que Castillo pidió al jefe de seguridad de DESA, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen,según la Fiscalía. Zúñiga asegura que participarán en el proceso contra Castillo, aunque no confía en la justicia hondureña. "Se han demostrado muchas irregularidades que tratan de ocultar a los máximos responsables. David Castillo es un actor intelectual, pero él es un subordinado de los intereses de los directivos, de los dueños de la empresa que siguen en la impunidad", afirma Zúñiga a este diario. La mujer dice que "no hay voluntad política" del Estado hondureño para esclarecer un caso emblemático, que ha atraído la atención internacional. A pesar de la "negligencia del ministerio público, hay mucha información sobre este caso, una violación a los derechos humanos. La causa para la búsqueda de justicia por Berta Cáceres se quiere cerrar con David Castillo".
DESA, propiedad de la poderosa familia Atala, se ha deslindado de los hechos. Berta Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo. "La justicia verdadera no llegará hasta que sean enjuiciados los máximos responsables y sea cancelada la concesión a ese proyecto de muerte, que se mantiene vigente por 50 años", dice su hija.
Bertha Zúñiga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres y así "neutralizar su resistencia al proyecto". "Ellos interceden con ministros y personas con alto nivel en Honduras, para tener presencia policial y militar en la región y atacar a la comunidad. Se asociaron ilícitamente para atacar a Berta Cáceres porque pensaron que asesinándola iban a detener su lucha".
Un informe publicado por expertos internacionales en noviembre de 2017 denunciaba que "la evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento" del asesinato. El plan se gestó en noviembre de 2015, según el documento titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, elaboraron por juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Ellos, además, denunciaron una "conspiración" para obstruir la justicia. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro", el único testigo del crimen de la reconocida ecologista.
En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2016, Castro contó que los sicarios entraron por la cocina de la casa de Berta Cáceres. Uno de ellos se dirigió a la habitación de la activista. “No se esperaban que yo estuviese en la casa. Pensaban que Berta iba a estar sola, porque la noche anterior su hija había volado a la Ciudad de México. Estaba todo planeado”. Uno de los sicarios disparó contra el también ecologista. “Me salvé por una milésima de segundo, si me hubiese movido un poco antes o después, estaría muerto”.
Honduras es considerado el país más peligroso del mundo para los ecologistas, según un informe de la ONG internacional Global Witness, que documenta los crímenes contra ambientalistas a nivel internacional. El organismo ha denunciado que entre 2010 y 2017 han sido asesinados 123 ecologistas en el país centroamericano. En estos crímenes, ha advertido, han estado ligados “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños. Este martes, desde Guatemala, Bertha Zúñiga exigió "la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales" del asesinato de su madre, en su lucha incansable por lograr justicia. "Las autoridades hondureñas parecen ser bastante ineficientes, no han respetado los estándares internacionales. Sin embargo, hay muchas pruebas. Más allá de confiar en el Ministerio Público, confiamos en esas pruebas, en que es clara la culpabilidad de David Castillo y en que no hay manera, si se respeta el debido proceso, de detener ese juicio".
Fuente de la noticia:
https://elpais.com/sociedad/
!Primicia informativa¡ Conozca las peticiones hechas por la familia de Berta Cáceres en su visita a Washington
septiembre 18, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – La Familia de Berta Cáceres en su visita por la capital de los Estados Unidos, donde se ha reunido con el Secretario General de la OEA Luis Almagro y la presidenta del Congreso Estadounidense Nancy Pelosi, pidió entre otras cosas, investigar las más de 40 denuncias que presentó Berta Cáceres, correspondientes a proyectos hidroeléctricos con posibles problemas de ilegalidad, abuso de autoridad y fraude en sus concesiones.
Pidieron, además, debatir y aprobar la “Ley Berta Cáceres” que pretende anular el contrato del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», como un precedente en la lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones y la violación contra los derechos de los pueblos indígenas.
Otra de sus solicitudes fue demandar la pronta impartición de justicia para que se resuelvan los recursos pendientes y que el tribunal de sentencia dicte de manera inmediata las sentencias a las siete personas condenadas el 29 de noviembre de 2018 por el asesinato de Berta Cáceres.
Al mandatario Juan Hernández le pidieron la renovación del convenio de la MACCIH en enero de 2020 con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión
Lea aquí el posicionamiento de la Familia de Berta Cáceres Flores
De parte de toda la familia de Berta, muchas gracias por recibirnos. Valoramos profundamente el seguimiento e interés que ustedes han demostrado tener, para que el asesinato de mi hija no quede impune y sea un caso emblemático para cambiar la situación que vive Honduras.
El crimen en contra de Berta Isabel Cáceres en marzo de 2016 evidenció la desprotección e inseguridad jurídica que enfrentan los y las defensoras ambientalistas y de derechos humanos en Honduras, además, retrató la violencia del modelo extractivista que se impone en el país.
En Honduras, la repartición del territorio para beneficio privado afecta a millones de personas. Hasta 2018, 64% de los municipios tenían áreas concesionadas para la minería o generación de energía. Y esto no lo sabe ni la misma gente que vive en esas zonas.
Nosotros no estamos en contra de la explotación de los recursos naturales, siempre y cuando esta sea respetuosa con el medioambiente, sostenible y consensuada. Pero en Honduras, los proyectos extractivistas, muchos de ellos con inversiones de Estados Unidos, no se consultan con las comunidades, especialmente con los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Mientras el gobierno pregona que Honduras está abierta a los negocios, organizaciones nacionales e internacionales denuncian la violencia que enfrentan quienes defienden el medioambiente. En apenas siete años, más de 120 personas fueron asesinadas por hacer uso de sus derechos como defensoras de las comunidades y de los bienes comunes.
La investigación del caso de Berta evidencia la impunidad y de la corrupción predominante en el país, donde el poder político, económico, legislativo y judicial, se confabulan para proteger intereses particulares. Para enfrentar esta situación, es crucial lo que pueda y le permitan hacer a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien en más de tres años ha demostrado que es posible avanzar positivamente sobre estos desafíos.
En marzo de 2019, el Ministerio Público y la MACCIH presentaron el caso «Fraude sobre el Gualcarque», una investigación que partió de las más de 40 denuncias presentadas por Berta Cáceres, quien no se cansó de denunciar las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de los recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes. Los resultados de esta investigación muestran una red de corrupción que desencadenó en su asesinato. La acusación involucra a 16 personas, quienes presuntamente cometieron delitos en perjuicio del Estado, al autorizar a la empresa DESA la construcción de la represa «Agua Zarca» sobre el río Gualcarque.
Por lo tanto, hacemos las siguientes consideraciones con el objetivo de presionar internacionalmente a las autoridades hondureñas para que el crimen de Berta y los actos de corrupción alrededor del proyecto de «Agua Zarca», no queden impunes:
Solicitar a Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Honduras:
La renovación del convenio de la MACCIH en enero de 2020 con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.
A Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República:
Mantener el apoyo político y financiero a la MACCIH
Mantener la observación de representantes de sus embajadas en el juicio oral y público de Roberto David Castillo Mejía.
Asegurar la continuidad de la investigación de la MACCIH-UFECIC en el caso “Fraude sobre el Río Gualcarque”. Que se solicite al presidente Juan Hernández la renovación del Convenio de MACCIH-OEA, con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.
Como hondureños y hondureñas que buscamos la justicia y la verdad, reconocemos que nuestro país vive una situación legal y política muy delicada, la que se ve reflejada en el aumento de la migración ciudadana hacia el exterior. Por eso, es importante lo que puedan hacer sectores como ustedes para revertir esta situación.
Gracias
FAMILIA DE BERTA CÁCERES
Tegucigalpa. – La Familia de Berta Cáceres en su visita por la capital de los Estados Unidos, donde se ha reunido con el Secretario General de la OEA Luis Almagro y la presidenta del Congreso Estadounidense Nancy Pelosi, pidió entre otras cosas, investigar las más de 40 denuncias que presentó Berta Cáceres, correspondientes a proyectos hidroeléctricos con posibles problemas de ilegalidad, abuso de autoridad y fraude en sus concesiones.
Pidieron, además, debatir y aprobar la “Ley Berta Cáceres” que pretende anular el contrato del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», como un precedente en la lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones y la violación contra los derechos de los pueblos indígenas.
Otra de sus solicitudes fue demandar la pronta impartición de justicia para que se resuelvan los recursos pendientes y que el tribunal de sentencia dicte de manera inmediata las sentencias a las siete personas condenadas el 29 de noviembre de 2018 por el asesinato de Berta Cáceres.
Al mandatario Juan Hernández le pidieron la renovación del convenio de la MACCIH en enero de 2020 con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión
Lea aquí el posicionamiento de la Familia de Berta Cáceres Flores
De parte de toda la familia de Berta, muchas gracias por recibirnos. Valoramos profundamente el seguimiento e interés que ustedes han demostrado tener, para que el asesinato de mi hija no quede impune y sea un caso emblemático para cambiar la situación que vive Honduras.
El crimen en contra de Berta Isabel Cáceres en marzo de 2016 evidenció la desprotección e inseguridad jurídica que enfrentan los y las defensoras ambientalistas y de derechos humanos en Honduras, además, retrató la violencia del modelo extractivista que se impone en el país.
En Honduras, la repartición del territorio para beneficio privado afecta a millones de personas. Hasta 2018, 64% de los municipios tenían áreas concesionadas para la minería o generación de energía. Y esto no lo sabe ni la misma gente que vive en esas zonas.
Nosotros no estamos en contra de la explotación de los recursos naturales, siempre y cuando esta sea respetuosa con el medioambiente, sostenible y consensuada. Pero en Honduras, los proyectos extractivistas, muchos de ellos con inversiones de Estados Unidos, no se consultan con las comunidades, especialmente con los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Mientras el gobierno pregona que Honduras está abierta a los negocios, organizaciones nacionales e internacionales denuncian la violencia que enfrentan quienes defienden el medioambiente. En apenas siete años, más de 120 personas fueron asesinadas por hacer uso de sus derechos como defensoras de las comunidades y de los bienes comunes.
La investigación del caso de Berta evidencia la impunidad y de la corrupción predominante en el país, donde el poder político, económico, legislativo y judicial, se confabulan para proteger intereses particulares. Para enfrentar esta situación, es crucial lo que pueda y le permitan hacer a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien en más de tres años ha demostrado que es posible avanzar positivamente sobre estos desafíos.
En marzo de 2019, el Ministerio Público y la MACCIH presentaron el caso «Fraude sobre el Gualcarque», una investigación que partió de las más de 40 denuncias presentadas por Berta Cáceres, quien no se cansó de denunciar las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de los recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes. Los resultados de esta investigación muestran una red de corrupción que desencadenó en su asesinato. La acusación involucra a 16 personas, quienes presuntamente cometieron delitos en perjuicio del Estado, al autorizar a la empresa DESA la construcción de la represa «Agua Zarca» sobre el río Gualcarque.
Por lo tanto, hacemos las siguientes consideraciones con el objetivo de presionar internacionalmente a las autoridades hondureñas para que el crimen de Berta y los actos de corrupción alrededor del proyecto de «Agua Zarca», no queden impunes:
Solicitar a Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Honduras:
- Demandar la pronta impartición de justicia para que se resuelvan los recursos pendientes y que el tribunal de sentencia dicte de manera inmediata las sentencias a las siete personas condenadas el 29 de noviembre de 2018 por el asesinato de Berta Cáceres.
- Asegurar el debido proceso en el caso en contra el ex Gerente General de DESA, Roberto David Castillo Mejía, acusado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Corte de Apelaciones Penal declaró sin lugar la reposición de la defensa, por lo tanto, se debe formalizar el requerimiento fiscal en su contra, para proceder sin más atrasos a la etapa de Juicio Oral y Público. Además, el imputado es uno de los 16 acusados por la UFECIC-MP por haber cometido actos de corrupción en el proyecto “Agua Zarca”
- Asegurar el debido proceso en el caso «Fraude sobre el Río Gualcarque» contra 16 personas, y que sea remitido específicamente a los Juzgados y Tribunales anticorrupción, impulsados por el Poder Judicial y la MACCIH-OEA.
- Debatir y aprobar la “Ley Berta Cáceres” que pretende anular el contrato del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», como un precedente en la lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones y la violación contra los derechos de los pueblos indígenas.
- El aumento del presupuesto de la UFECIC y la Fiscalía de las Etnias, para que puedan cumplir a cabalidad con sus mandatos dentro del Ministerio Público.
- Asegurar la aprobación de una ley de consulta libre, previa e informada que cumpla con los estándares internacionales y recoja las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas
La renovación del convenio de la MACCIH en enero de 2020 con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.
A Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República:
- Continuar con las investigaciones, asignando todos los recursos necesarios, para llevar a juicio a todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
- Investigar las más de 40 denuncias que presentó Berta Cáceres, correspondientes a proyectos hidroeléctricos con posibles problemas de ilegalidad, abuso de autoridad y fraude en sus concesiones.
- Es fundamental que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) contacte a las personas que tienen información clave sobre la participación de los autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres. Muchos de ellos nos han contactado y están en la disposición de brindar la información al Ministerio Público para fortalecer las acusaciones en los juicios que se desarrollan.
Mantener el apoyo político y financiero a la MACCIH
Mantener la observación de representantes de sus embajadas en el juicio oral y público de Roberto David Castillo Mejía.
Asegurar la continuidad de la investigación de la MACCIH-UFECIC en el caso “Fraude sobre el Río Gualcarque”. Que se solicite al presidente Juan Hernández la renovación del Convenio de MACCIH-OEA, con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.
Como hondureños y hondureñas que buscamos la justicia y la verdad, reconocemos que nuestro país vive una situación legal y política muy delicada, la que se ve reflejada en el aumento de la migración ciudadana hacia el exterior. Por eso, es importante lo que puedan hacer sectores como ustedes para revertir esta situación.
Gracias
FAMILIA DE BERTA CÁCERES
Juntémonos y arreciemos la esperanza!
Berta siempre nos animó a juntarnos y arreciar la lucha, nosotras ahora nos juntamos para arreciar la esperanza en la búsqueda de justicia por nuestra compañera y para construir una mejor Honduras.
Agradecemos a nuestras compañeras de Producciones y Milagros por haber compartido con nosotras diferentes expresiones artísticas para levantar nuestras voces.
¡Juntémonos y arreciemos la esperanza!
#BertaVive
#CopinhSigue
Honduras. El falso desarrollo; el despojo, la corrupción y el crimen tienen nombre y apellido
Por COPINH
KAOS EN LA RED - Publicado en: 8 septiembre, 2019
KAOS EN LA RED - Publicado en: 8 septiembre, 2019
El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en múltiples ocasiones.
HONDURAS. Mauricio Hernández Pineda, quien podría ser el
co-conspirador número seis (CC-6) es el primer acusado formalmente por
Estados Unidos luego de la moción admitida por la Corte de Nueva York en
el que nombran a los principales socios del «acusado», es decir, Juan
(Tony) Antonio Hernández, los cuales fueron nombrados por Alexander
Ardón, ahora testigo cooperante.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó la acusación en contra de Hernández el pasado miércoles 4 de septiembre. Aunque en el escrito no se hace referencia a que él es el CC-6, EEUU sí lo identifica como primo de Juan Antonio Hernández, lo que da lugar para creer que sí el sexto co-conspirador.
En ese sentido, se debe recordar que en la moción antes mencionada se señalan a más de 10 «CC», cada uno con una descripción sobre sus funciones dentro del Estado de Honduras, y sobre CC-6 se menciona que «pariente del ‘acusado’ (Juan Antonio Hernández) y CC-4.
«CC-6 era un oficial de alto rango en la Policía Nacional de Honduras, y es primo del acusado y CC-4», reza la moción.
Al mismo tiempo, se debe señalar que en la moción, CC-6 es mencionado junto a CC-3, CC-4 y CC-5 como personas con «posicionamientos más altos en rango en el Gobierno de Honduras».
Niegan parentezco
Por tal razón, se cree que Mauricio Hernández es el CC-6, aunque el abogado de «Tony» aseguró que el nuevo acusado y su representado no tienen afinidad familiar.
«El señor Mauricio Hernández Pineda no es pariente de nuestro representado Juan Antonio Hernández Alvarado. Siendo absolutamente falso el argumento de que ambos tienen conexión familiar», dijo Melvin Edgardo Bonilla, apoderado legal de «Tony» Hernández.
El
miercoles 4 organizaciones internacionales de amplio reconocimiento por
su labor en defensa de derechos humanos con sede en Estados Unidos y
Bruselas, han presentado un dossier llamado “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” donde
se revela valiosa información acerca de la vinculación con actividades
criminales del presidente de DESA y único autor intelectual procesado
por el asesinato de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres.
El
perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH
hemos denunciado en múltiples ocasiones; la colusión entre militares,
políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para
el “desarrollo”, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza
de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos
fundamentales, así como, el despojo de la soberanía y bienes del pueblo
hondureño.
David Castillo es un militar hondureño, entrenado en la academia militar estadounidense de West Point,
ex funcionario público en la ENEE y personaje convertido en empresario
vinculado en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá. La vinculación de
Castillo en dichas empresa se destaca por sendos actos de corrupción,
ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas
de seguridad del Estado, violaciones y discriminaciones a la comunidad
indígena Lenca de Río Blanco, relaciones con empresas vinculadas al
narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto el asesinato de
nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal
vínculo con los demás responsables.
David
Castillo ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José
Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del
proyecto de muerte Agua Zarca. Así como el principal contacto de los
bancos FMO, FinnFund y BCIE.
El
perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que
desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de
energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que
hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que
defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso
de los compañeros y compañeras de Guapinol.
Es por esto que el COPINH exige:
- A las autoridades Hondureñas y de los Estados Unidos la investigación y sanción de cada uno de los hechos anotados en este dossier.
- La suspensión y revisión minuciosa de todos los proyectos inconsultos otorgados desde el Golpe de Estado de 2009 por darse en un contexto de ilegalidad, corrupción y violencia.
- La cancelación inmediata de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque del pueblo Lenca.
- El enjuiciamiento de David Castillo sin demora alguna.
- La captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Reafirmamos
que continuaremos luchando por la justicia para las comunidades Lencas
para nuestros pueblos y las tantas víctimas del modelo extractivo que se
implementa a sangre y fuego en Honduras.
Seguiremos disputando la verdad y la justicia.
Hoy con más fuerza exigimos ¡Justicia Para Berta, Justicia Para Honduras!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 4 días del mes de septiembre del año 2019.
“Con
la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se
levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y
paz”
Publicado el 6 Septiembre, 2019
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó la acusación en contra de Hernández el pasado miércoles 4 de septiembre. Aunque en el escrito no se hace referencia a que él es el CC-6, EEUU sí lo identifica como primo de Juan Antonio Hernández, lo que da lugar para creer que sí el sexto co-conspirador.
En ese sentido, se debe recordar que en la moción antes mencionada se señalan a más de 10 «CC», cada uno con una descripción sobre sus funciones dentro del Estado de Honduras, y sobre CC-6 se menciona que «pariente del ‘acusado’ (Juan Antonio Hernández) y CC-4.
«CC-6 era un oficial de alto rango en la Policía Nacional de Honduras, y es primo del acusado y CC-4», reza la moción.
Al mismo tiempo, se debe señalar que en la moción, CC-6 es mencionado junto a CC-3, CC-4 y CC-5 como personas con «posicionamientos más altos en rango en el Gobierno de Honduras».
Niegan parentezco
Por tal razón, se cree que Mauricio Hernández es el CC-6, aunque el abogado de «Tony» aseguró que el nuevo acusado y su representado no tienen afinidad familiar.
«El señor Mauricio Hernández Pineda no es pariente de nuestro representado Juan Antonio Hernández Alvarado. Siendo absolutamente falso el argumento de que ambos tienen conexión familiar», dijo Melvin Edgardo Bonilla, apoderado legal de «Tony» Hernández.
GOBIERNO CASTIGARÁ A QUIENES GRITEN “FUERA JOH” EN LA “FIESTA PATRIA”
- Publicado: 14 Septiembre 2019
Este
15 de Septiembre, los docentes, estudiantes y padres de padres de
familias están obligados a respetar la figura del gobernante Juan
Hernández, de lo contrario deberán someterse a las sanciones estipuladas
en el decreto 35024 del Diario Oficial “La Gaceta”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Obligados
a desfilar y con censura, así van a celebrar los hondureños las
“fiestas patrias” este próximo 15 de septiembre, luego se publicara en
el Diario Oficial “La Gaceta”, el contenido de los castigos a los que
están expuestos los que se atrevan a “faltar el respeto” al gobernante
Juan Hernández y otros funcionarios.
La
Secretaria de Educación de Honduras, ha dado a conocer una serie de
prohibiciones para los desfiles, entre estas, según La Gaceta son:
Portar pancartas, vestuario, leyendas, accesorios y otras
manifestaciones que exhiban contenidos políticos o partidistas ajenos al
Desfile Patrio”.
Lo
anterior, ha indignado a los hondureños que en redes sociales han
reprochado que el acto se politiza desde que el régimen obliga la
asistencia de los empleados públicos al Estadio Nacional Tiburcio Carías
Andino.
En
segunda instancia, el documento refiere que también estará prohibido:
“Proferir insultos contra la imagen y el honor de las autoridades
representativas de los tres poderes del Estado y autoridades
Departamentales y Municipales”.
Los
otros puntos advierten que también estará prohibida la música con fines
político-partidistas y “desfilar con personas que no estén legalmente
matriculadas en el centro educativo que representan”.
En
ese contexto, serán severamente castigados los maestros, estudiantes o
padres de familias que se atrevan a gritar el populoso “Fuera JOH” en el
estadio nacional donde estará el jefe de Estado, así también entonar
canciones como la emblemática “Es pa’ fuera que vas”, de Macario Mejía.
Cabe
destacar que también será sancionado todo instituto de educación
pública que participe en desfiles anexos al oficial, ya que cada año el
partido Libertad y Refundación (Libre), con otros organismos sociales,
suelen protestar en el bulevar Morazán de la capital reclamando: “¿Cuál
independencia?”, acto que nació en 2009 en el marco del golpe de Estado.
Las
prohibiciones se publicaron en La Gaceta el pasado 16 de agosto,
estipulan que los docentes que desobedezcan alguna de estas
prohibiciones serán castigados ya sea con la suspensión del salario por
un año, traslado de puesto y hasta su destitución.
Precisamente
para los desfiles, los organismos de seguridad ya confirmaron su
presencia para mantener el “orden” en las actividades. El año pasado, el
desfile fue irrumpido por los cuerpos de seguridad que no dejó a varios
colegios terminar su recorrido.
