Presidente de Honduras implicado en una conspiración para usar U$1.5 millones del narcotráfico en sus campañas
El
presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue identificado como un
coconspirador en un caso de tráfico de drogas contra su hermano, según
un documento presentado este viernes en una corte federal de Nueva York.
Hernández dice que puso fin a la impunidad de los traficantes que ahora
quieren vengarse.
Por: Jeff ErnstyDavid C Adams
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras en una entrevista exclsuive con Univison Noticias, enero 19, 2017. Crédito: Univision
Un documento publicado el viernes por un tribunal federal de Nueva York implica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández en una conspiración con su hermano, Antonio "Tony" Hernández, y otros funcionarios de alto nivel, incluido el expresidente Porfirio Lobo, "para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político”.
El
documento de 44 páginas, que está relacionado con el próximo juicio de
Tony Hernández en el distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas y
otros cargos, resume algunas de las pruebas clave recopiladas por los
fiscales contra el acusado, a quien señalan de ser un "violento,
narcotraficante de multi-toneladas" que presuntamente abusó de sus
conexiones políticas para obtener ganancias personales y políticas y al
menos dos veces “ayudó a planear el asesinato de rivales del
narcotráfico".
Las
revelaciones son las últimas de una serie de bombas que pintan una
imagen cada vez más impactante de Honduras como un narcoestado, lo que
complica aún más las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que
ha llamado al presidente Hernández un aliado en la guerra contra las
drogas. También parece proporcionar evidencia de la propia complicidad
del gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió a
Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a
cientos de miles de migrantes a huir hacia el norte.
"Perversas y falsas acusaciones"
La Casa Presidencial en Honduras saco un comunicado el sábado diciendo que “ el presidente Hernández, niega categóricamente las perversas y falsas acusaciones," revelado por el documento de la corte que fue publicado el viernes.
El
comunicado destaco que “Hernández ha liderado una batalla sin
precedentes para liberar a su país del control de los narcotraficantes,
trabajando en una alianza efectiva con el Gobierno de los Estados Unidos
y otros aliados.”
También,
señaló que durante su gobierno más de 40 traficantes de drogas han sido
extraditados a los Estados Unidos, y que algunos ahora quieren
vengarse. “Los narcotraficantes que ahora están bajo custodia de las
autoridades estadounidenses quieren vengarse del Presidente Hernández,
que puso fin a la impunidad de la que disfrutaban en algunos gobiernos
anteriores,” aclaro.
Según la evidencia presentada por el fiscal federal Geoffrey S. Berman, en 2004 Tony Hernández comenzó a forjar relaciones con narcotraficantes, utilizando la influencia de su familia en la región para
proporcionarles, a cambio de sobornos, "información sobre las
actividades y operaciones de agencias de la ley que los traficantes
podrían transportar cocaína a través de Honduras sin incidentes.”
En
los años siguientes, Hernández estableció conexiones con más
narcotraficantes, incluidos miembros del cartel hondureño del Valle
Valle y colombianos no identificados que tenían acceso a laboratorios de
cocaína. Al mismo tiempo, discutió una asociación con otro político del
Partido Nacional, identificado como 'Testigo Cooperante - 3', que según
los fiscales "también fue un narcotraficante a gran escala".
Basado en la información contenida en los documentos,'Testigo Cooperante - 3' parece ser Alexander Ardón,
ex alcalde del Partido Nacional de El Paraíso, cerca de la frontera con
Guatemala. Ardón, conocido por haber instalado un helipuerto en la
parte superior de la municipalidad y estar flanqueado por guardias
armados, fue acusado por los fiscales estadounidenses en enero.
Expresidentes y "co-conspiradores"
El documento de la corte no se refiere a Juan Orlando Hernández por su nombre, sino solo como CC-4, (Co-conspirador-4), quien se describe como "elegido Presidente de Honduras a fines de 2013". El expresidente Lobo se identifica de manera similar como CC-3 (Co-conspirador-3).
Detalle del documento presentado este viernes en una corte de NY. Crédito: David Adams
Según
los fiscales, Tony Hernández "le dijo a CW-3 [Ardon] que podrían formar
una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3
[Pepe Lobo] y CC-4 [Juan Orlando Hernández] si ganaban en las elecciones
de 2009, y que él creía que CC-4 [Juan Orlando Hernández] seguiría a
CC-3 [Pepe Lobo] como presidente de Honduras y continuaría
protegiéndolos ”.
La página 4 del documento se
refiere al 'Anexo A', un cuadro que identifica los nombres de los
coconspiradores de acuerdo con su número CC. "El Gobierno
respetuosamente solicita que el Anexo A se mantenga sellado hasta
después del juicio", agrega.
Si bien las
acusaciones en el documento de la corte son potencialmente serias, los
fiscales no han acusado al presidente Hernández de ningún delito en los
Estados Unidos.
En 2009, un año electoral,
Ardón se reunió con Lobo, quien le pidió "apoyo financiero y logístico"
para su campaña, así como para Juan Orlando Hernández, que era un
congresista líder en ese momento. A cambio de protección y el
nombramiento de un pariente para un puesto político, los fiscales alegan que Ardón acordó proporcionar $2 millones en financiamiento para las campañas. Después de entregar la primera mitad, Ardón supuestamente se reunió con Juan Orlando Hernández y Lobo.
Después
de las elecciones, Juan Orlando Hernández supuestamente solicitó ayuda
de Ardon para obtener los votos que necesitaba en el Congreso para
convertirse en el presidente del organismo, de acuerdo con el documento
de los fiscales. “CW-3 [Ardón] acordó ayudar y sobornó a los
congresistas. CC-4 [Juan Orlando Hernández] más tarde agradeció a CW-3
[Ardón] por la asistencia y le dijo a CW-3 [Ardón] que, tal como se
había prometido, CW-3 [Ardón] estaría protegido contra el enjuiciamiento
y los ataques contra la policía ”.
En los próximos años, Ardón y Tony Hernández supuestamente trabajaron juntos para traficar varios cientos de libras de cocaína cada mes.
Cuando algo, o alguien, se interpuso en su camino, el documento de la
corte dice que tomaron cualquier medida necesaria para protegerse y
proteger sus operaciones. Según los fiscales, esto incluyó planear el
asesinato de un rival con la ayuda de un funcionario de alto rango de la
policía nacional y un empleado, quien luego de ser arrestado
aparentemente representaba un riesgo porque "sabía demasiado sobre sus
operaciones de narcotráfico".
Luego,
en 2012, el Congreso aprobó una legislación que permite la extradición
de hondureños a los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Según Ardón, Tony Hernández le dijo que la legislación se aprobó debido a
la presión de los Estados Unidos y que estaba seguro de que no sería
extraditado, pero menos seguro sobre el destino de su compañero.
Ese
mismo año, Tony Hernández lanzó su propia campaña para un cargo
político, postulándose y finalmente ganando un escaño en el Congreso
como diputado suplente. A medida que la campaña se aceleró, el
presidente Hernández, que se postulaba para su primer mandato,
supuestamente le pidió a Ardón que apoyara su última campaña "sobornando
a los políticos locales para que reunieran apoyo para [el presidente
Hernández] de sus votantes". Ardón supuestamente acordó pagar los
sobornos a cambio de protección política y otros favores.
1.5 millones de dólares para la campaña
Ardon "posteriormente gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en ganancias de drogas" para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, según el documento de la corte.
En
2014, comenzaron las extradiciones, con miembros del cartel del Valle
Valle entre los primeros en ser capturados. El comisionado de policía
que dirigió la operación, el general Ramón Sabillon, fue relevado de su
cargo luego de acusar al presidente Hernández de proteger a Ardón.
Sabillon luego abandonó el país después de recibir amenazas de muerte
que atribuyó al gobierno.
El documento de la corte señala que el presidente habría usado dinero del narco en sus campañas políticas. Crédito: David Adams
La naturaleza pública de las acusaciones obligó al presidente Hernández a destituir al hermano de Ardón, Hugo Ardón,
de su cargo en el gobierno como jefe de la autoridad de carreteras. Aún
así, el presidente Hernández supuestamente solicitó la ayuda de Ardón
para financiar su campaña de reelección de 2017.
Hasta
la fecha, casi dos docenas de hondureños han sido extraditados a los
Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Aún más, como Tony
Hernández, quien fue arrestado en Miami en 2018, y Fabio Lobo, el hijo de Pepe Lobo que fue capturado en Haití, han sido arrestados fuera de Honduras.
Tony
Hernández se declaro no-culpable de los cargos y su juicio está
programado para comenzar el 2 de octubre. Fabio Lobo fue declarado
culpable de tráfico de drogas en 2017 y sentenciado a 24 años de
prisión.
Con múltiples procesos judiciales en
curso, la evidencia recopilada por la DEA y los fiscales se ha filtrado
constantemente. El 29 de mayo, otro documento relacionado con el juicio
de Tony Hernández reveló que el presidente Hernández, su hermana Hilda
Hernández y otros funcionarios de alto nivel fueron objeto de una
investigación de la DEA en 2013.
La
oficina del presidente emitió un comunicado diciendo que la
investigación de la DEA de 2015 despejó a Hernández y que actualmente
era "un socio de confianza" en la lucha de Estados Unidos contra el
crimen organizado".
"El
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obligado a investigar
las denuncias de los narcotraficantes, no encontró evidencia para apoyar
la acusación contra el presidente y sus colaboradores", dijo.
Justo esta semana, un documento relacionado con el juicio de otro narcotraficante hondureño condenado, Héctor Emilio Fernández,
comúnmente conocido como "Don H", quien fue sentenciado a cadena
perpetua el viernes, alegó que había pagado un soborno al expresidente
Mel Zelaya durante su campaña de 2005.
También
se alega que Tony Hernández forjó una relación con Don H desde 2004,
según la evidencia de la fiscalía publicado por la corte del viernes.
Si
las acusaciones hechas por los fiscales son ciertas, entonces al menos
los últimos tres presidentes recibieron sobornos de narcotraficantes.
Univision
Vinculan a Tony Hernández con muerte de narcos hondureños
3 agosto, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exparlamentario hondureño Juan Antonio Tony Hernández estaría involucrados en dos asesinatos de narcotraficantes, ocurrido entre 2011 y 2013, según documentos librados por un tribunal federal de Nueva York.
La entidad judicial indicó que Hernández estaría involucrado junto al exjefe narco Wilter Blanco en los crímenes cometidos en los departamentos de Copán y Colón y tendría como socio al exalcalde nacionalista Alexander Chande Ardón, quien colabora como testigo en la causa.
Chande, identificado como CW3 (testigo colaborador, en inglés) apuntó contra Tony al sostener que estaría involucrado en la muerte violenta de los dos narcos, por lo que se abre otro frente en su contra y agravaría su condición legal como acusado.
Una de las víctimas habría conspirado para bloquear una ruta a la frontera con Guatemala que era usada para movilizar estupefacientes y los conspiradores se reunieron para planificar la muerte de la denominada víctima 1 quien había amenazado a un alto oficial de la Policía Nacional que colabora con las autoridades norteamericanas bajo la clave CC7.
«El acusado ofreció hablar con CC-7 sobre el asesinato de la víctima 1. Aproximadamente, dos semanas más tarde, durante una reunión relacionada con los pagos por el mismo envío de drogas, el acusado le dijo a CW-3 que habló con CC-7 sobre la víctima 1, y que CC-7 se preparaba para que la víctima 1 fuera asesinada a través del seguimiento de sus movimientos a fin de identificar una posición vulnerable para ser atacado».
La víctima 1, precisa un relato que fue facilitado a la oenegé Pro Honduras Network, fue asesinada en julio de 2011, un mes, después de la reunión del acusado con CW3, sobre un ataque que mató al menos a tres hombres más e hirió a un cuarto. «Según los informes de los medios de comunicación, CC7 pretendía investigar el incidente, llegando a llamar al ataque ‘bien planeado'», precisa el escrito.
Luego que fuera eliminado el narco, el acusado –Tony- se reunió con CW-3 y le preguntó si había leído noticias sobre el asesinato; el testigo confirmó que CC7 había coordinado el ataque y le indicó a CW3 que la participación del CC7 había sido crítica porque la víctima 1 estaba fuertemente resguardado.
Con relación al asesinato de otro narco, ocurrido en 2013 en un punto no precisado de Colón, un trabajador de Tony, identificado como victima 2 ,fue arrestado por sus vínculos con la narcoactividad y posteriormente fue ultimado por los compinches del excongresista; el acusado comentó a otro de los capos que se sentía alivado porque el ahora occiso «sabía demasiado sobre sus operaciones de narcotráfico».
El acusado respondió que el fallecido «tenía acceso a demasiada información, y que no podían arriesgarse a que cooperara con las autoridades». En tanto, el testigo CW-3 acordó hablar con un coconspirador, en este caso, con Wilter Blanco, para abordar cómo ocurrió el crimen.
El jucio de Hernández se deberá realizar en octubre y los relatos de testigos, entre ellos, exsocios del imputado están señalando a la alta cúpula nacionalista y, por extensión, a Hernández, quien fue mencionado por recibir fuertes sumas de dinero procedentes del narcotráfico para financiar la campaña electoral.
La esposa del dictador Juan Orlando Hernández ha sido ligada
al saqueo de Instituciones del Estados Hondureño, por la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción e impunidad(MACCIH), y la Unidad Especial de
la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción e Impunidad(UFECIC-MP).
Aquí, la esposa del dictador Juan Orlando Hernández, Ana García, es ligada a una sociedad mercantil, la cual proviene de fondos ilícitos, por lo que la MACCIH exige incautar estos bienes.
El exparlamentario hondureño Juan Antonio Tony Hernández estaría involucrados en dos asesinatos de narcotraficantes, ocurrido entre 2011 y 2013, según documentos librados por un tribunal federal de Nueva York.
La entidad judicial indicó que Hernández estaría involucrado junto al exjefe narco Wilter Blanco en los crímenes cometidos en los departamentos de Copán y Colón y tendría como socio al exalcalde nacionalista Alexander Chande Ardón, quien colabora como testigo en la causa.
Chande, identificado como CW3 (testigo colaborador, en inglés) apuntó contra Tony al sostener que estaría involucrado en la muerte violenta de los dos narcos, por lo que se abre otro frente en su contra y agravaría su condición legal como acusado.
Una de las víctimas habría conspirado para bloquear una ruta a la frontera con Guatemala que era usada para movilizar estupefacientes y los conspiradores se reunieron para planificar la muerte de la denominada víctima 1 quien había amenazado a un alto oficial de la Policía Nacional que colabora con las autoridades norteamericanas bajo la clave CC7.
«El acusado ofreció hablar con CC-7 sobre el asesinato de la víctima 1. Aproximadamente, dos semanas más tarde, durante una reunión relacionada con los pagos por el mismo envío de drogas, el acusado le dijo a CW-3 que habló con CC-7 sobre la víctima 1, y que CC-7 se preparaba para que la víctima 1 fuera asesinada a través del seguimiento de sus movimientos a fin de identificar una posición vulnerable para ser atacado».
La víctima 1, precisa un relato que fue facilitado a la oenegé Pro Honduras Network, fue asesinada en julio de 2011, un mes, después de la reunión del acusado con CW3, sobre un ataque que mató al menos a tres hombres más e hirió a un cuarto. «Según los informes de los medios de comunicación, CC7 pretendía investigar el incidente, llegando a llamar al ataque ‘bien planeado'», precisa el escrito.
Luego que fuera eliminado el narco, el acusado –Tony- se reunió con CW-3 y le preguntó si había leído noticias sobre el asesinato; el testigo confirmó que CC7 había coordinado el ataque y le indicó a CW3 que la participación del CC7 había sido crítica porque la víctima 1 estaba fuertemente resguardado.
Con relación al asesinato de otro narco, ocurrido en 2013 en un punto no precisado de Colón, un trabajador de Tony, identificado como victima 2 ,fue arrestado por sus vínculos con la narcoactividad y posteriormente fue ultimado por los compinches del excongresista; el acusado comentó a otro de los capos que se sentía alivado porque el ahora occiso «sabía demasiado sobre sus operaciones de narcotráfico».
El acusado respondió que el fallecido «tenía acceso a demasiada información, y que no podían arriesgarse a que cooperara con las autoridades». En tanto, el testigo CW-3 acordó hablar con un coconspirador, en este caso, con Wilter Blanco, para abordar cómo ocurrió el crimen.
El jucio de Hernández se deberá realizar en octubre y los relatos de testigos, entre ellos, exsocios del imputado están señalando a la alta cúpula nacionalista y, por extensión, a Hernández, quien fue mencionado por recibir fuertes sumas de dinero procedentes del narcotráfico para financiar la campaña electoral.
MACCIH involucra a Ana García al Caso Pandora
Por
Publicado el 31 Julio, 2019
Aquí, la esposa del dictador Juan Orlando Hernández, Ana García, es ligada a una sociedad mercantil, la cual proviene de fondos ilícitos, por lo que la MACCIH exige incautar estos bienes.
Ana García compró con dinero público 135 manzanas de tierra en zona productiva de Olancho
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El enriquecimiento rápido, misterioso y sospechoso que tuvo en tiempo récord el clan Hernández Alvarado García Carías, que sus creadores no repararon en la excesiva información que fueron dejando en el camino que en el futuro podrían ser un principal insumo para ser perseguidos por delitos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada.
En las entregas que efectuó en marzo anterior Radio Globo y ConfidencialHN se pudo demostrar que el matrimonio compuesto por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías llegó a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico; a la fecha, el Ministerio Público ha hecho la vista gorda para investigar cómo ambos se convirtieron en potentados de la noche a la mañana.
Las escrituras de constitución de varias sociedades como Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río dan cuenta de la inyección de incuantificables cantidades de dinero que fueron utilizados para la compra de grandes extensiones de tierra, lujosas oficinas en modernas torres y desarrollos urbanísticos, por lo que se configuró -según las conclusiones de los equipos de investigación- el delito de lavado de dinero.
Se confirma que una entidad bancaria prestó 36 millones 327 mil 200 lempiras a la actual primera dama para la compra de alrededor de 30 manzanas de tierra ubicadas en Juticalpa y San Francisco de Becerra, en Olancho. El documento con registro 1172041 especifica que el monto de la compra subió hasta los 41 millones 101 mil lempiras, según un avalúo que realizó en su momento la entidad financiera.
El instrumento número dos y los folios 1172038 al 1172043, autorizados el 3 de febrero de 2017 por el notario José Walter Bodden Joya, da cuenta de que comparecieron, junto a García Carías, el representante de Agroinversiones San Martín Marco Tulio Castro y el enviado del banco para certificar la compra del bien inmueble a favor de Inversiones del Río, por lo que se pagaron 544 mil 908 lempiras por impuestos y que está bajo la matrícula 1559967 del Registro de la Propiedad de Juticalpa; asimismo, se pagaron unos 54 mil 690 lempiras por servicios y que está debidamente sellada por la entidad financiera, de acuerdo a las evidencias en poder de estos dos medios.
Cabe recordar que de acuerdo al contrato de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de 2016 y formalizado por Bodden Joya, afirma que ambas partes “manifiestan que es su voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500 lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado bovino y equino”. Sobre la compraventa, se agregó una adenda por «alquiler», a fin de ocultar cualquier evidencia que pudiera comprometer penalmente a García Carías.
La condición impuesta a la compradora –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– es que “no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.
Resulta hasta inverosímil que una entidad del sistema financiero realizara semejante préstamo a una persona que apenas ha fungido como cargo de primera dama y -formalmente- no devengue un sueldo que le permitiera tener acceso a fuertes sumas de dinero, tampoco la empresa creada con su esposo y su cuñado Tony Hernández, cuyo monto inicial de 20 mil lempiras. Esta cantidad resulta hasta insuficiente para cualquier emprendedor que desee instalar un negocio en un país que impone trabas para la formación de capital.
De hecho, es válido rememorar que el periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo que Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720 lempiras. En consecuencia, la cuestionada empresa pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.
OTRA PROPIEDAD PARA ANA Y JUAN. La escritura 406 emitida el 21 de julio de 2016, autorizada por Graciela Ávila, certifica que una propiedad de 135 manzanas fue adquirida por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, que está ubicada en la comunidad de Lepaguare, a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera de Juticalpa.
El valor total de la propiedad, que también fue financiada por una entidad bancaria privada, fue de 11 millones 624 mil 571 lempiras con 43 centavos, que fueron recibidos por Marta Marina Mercado y Roberto Escalante, quienes declararon en el protocolo de que recibieron la fuerte suma de dinero por la compra del predio ubicado en el productivo valle olanchano.
El monto total del préstamo, testificó la esposa de Hernández, fue de 25 millones 743 mil lempiras exactos y se confirmó la «capacidad crediticia para contraer obligaciones con terceros en la forma pactada, todo para ser utilizado en la compra del terreno y para el giro normal de sus negocios» relacionados con la agroindustria.
El extenso predio pasó a control de Inversiones del Río, de acuerdo a la documentación y además se indica de que para la adquisición del bien, debe contar con los permisos ambientales emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales.
En cuanto al préstamo, se dejó claro que la acreditada, o sea, García Carías, «podrá efectuar reeembolsos parciales o totales de las disposiciones que hubiera hecho durante su vigencia, quedando facultado para hacer nuevas utilizaciones, totales o parciales, de los saldos disponibles a su favor…y dispondrá total o parcialmente de las sumas amparadas por este crédito mediante órdenes de desembolso que le serán proporcionados por el banco».
La zona donde esta persona compró el vasto territorio es una de las más productivas de Honduras, aunque a la fecha se desconoce a qué rubro se dedica, cuando en este lugar prima el cultivo de granos básicos, hortalizas, lácteos y aquellos que son para consumo humano.
Cabe recordar que el matrimonio presidencial fijó sus ojos en Olancho, pues cuentan con haciendas grandes cantidades de ganado, cuya procedencia no pudo ser determinada. Los equipos de investigación registraron compras irregulares de terrenos a nombre de Hernández, mediante operadores con cierto grado de liderazgo dentro del Partido Nacional quienes usaron artimañas para que los clientes «vendieran o vendieran» sus bienes, en una operación de testaferrato.
En estas series de investigación, se logró determinar que algunas compras de grandes extensiones de terreno se realizaron mediante el chantaje y persecución judicial.
Fuentes de total confianza afirmaron a los investigadores sobre cómo un padre e hijo fueron enviados a prisión ya que se les inventaron varios delitos que no cometieron. Los emisarios se fijaron en la otra extensión de tierra que pareció idónea para los intereses del goberanante, por lo que recurrieron a sus «buenos oficios» a fin de convencer a los perjudicados vendieran a precios irrisorios. Ante la negativa de los potenciales vendedores, los intermediarios se vieron obligados a recurrir a la amenaza que se terminó cumpliendo.
De hecho, ambos fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y enviados a prisión. El único «pecado» de los afectados fue decir no a las intenciones de Hernández de apropiarse del vasto terreno. Las acusaciones, lograron constatar los investigadores, fueron inventadas ya que no hubo un asidero o sustento legal que permitiera a los operadores de justicia decretar prisión preventiva.
¿AYUDAR A LA FAMILIA? El misterioso enriquecimiento del clan familiar dio enormes resultados a este núcleo que gobierna en la actualidad Honduras.
Ante la afluencia casi infinita de dinero, tanto Ana Rosalinda García Carías, como su madre Carlota Eugenia Carías Pizzati, se convitieron incluso en avales solidarios de José Amílcar Hernández, en varias hipotecas que, según expresa el instrumento público 588, aprobado el 13 de septiembre de 2017, llegó a un total de siete millones 484 mil 840 lempiras.
Y es que el también socio de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) junto a las dos mujeres, constituyeron una garantía hipotecaria por la referida cantidad de dinero por varios terrenos que están ubicados en el extremo sur de la capital y en caso de entrar en mora, se sometieron a las reglas establecidas por un banco que opera en San Pedro Sula; uno de los apartados dice que «la acreditada (Sersel) se obliga a pagar intereses moratorios» y los que ya ordena el sistema financiero nacional.
Se deja claro que la operación para acceder a una hipoteca, en teoría resulta siendo legítima, aunque el mismo ocurrió en el momento que García Carías comenzó a recibir fuertes cantidades de efectivo que llegaron a las empresas que administra. Por tanto, no tuvieron problemas para acceder al préstamo, cuyo total subió a los ocho millones 350 mil lempiras, «más intereses, comisiones y demás» que debe cubrir la empresa y sus respectivos avales.
Por tanto, según las condiciones del préstamo, la empresa y sus propietarios «podrán disponer de dicho financiamiento para su inversión mediante retiros parciales o totales, a través del libramiento o suscripción de toda clase de de documentos y títulos valores, como ser cheques, letras de cambio, pagarés, endosos».
El banco emisor del préstamo indicó en el documento con folio 1492488 que se registró una ampliación del crédito por más de ocho millones de lempiras y que el presente «convenio…cuenta con todos los requisitos legales para su validez y cumplimiento y que el mismo ha sido celebrado en condiciones equitativas para las partes contratantes».
Además, resulta hasta incongruente que el socio principal de Sersel tuviera que acudir a un banco local, con el aval Carías Pizzati y García Carías para tener un préstamo y una ampliación a su línea de crédito, cuando la empresa de la que forma parte obtuvo generosas ganancias por contratos de seguridad procedentes del gobierno.
Y es que desde 2006 a la fecha, esta empresa de servicios de seguridad recibió por 38 contratos un total de 311 millones de lempiras, por lo que su socio no tuvo necesidad de acudir al sistema financiero para obtener un préstamo hipotecario y como garantía dio varios terrenos que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de que cayeran en insolvencia. No obstante, ese extremo es poco probable que ocurra ya que el clan Hernández ha sido uno de los principales beneficiarios del dinero público, así como de la formación de capitales de origen ilícito, según las investigaciones que ha realizado tanto Radio Globo como ConfidencialHN.
PRÉSTAMOS INCONGRUENTES. Para una mejor comprensión de la incongruencia hallada, tanto en esta investigación como en otras efectuadas en su momento, es que Sersel recibió casi 200 millones de lempiras por la contratación de unos 196 guardias de seguridad para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, en comparación al préstamo hipotecario (cuya media es de un 2,500 por ciento), pudo haberlo pagado o realizar algunas ampliaciones a su vivienda con los recursos procedentes del público que fueron canalizados a través de su empresa.
Y para demostrar esta incongruencia, se viene a colación el instrumento público número 65 del 8 de junio de 2010 cuando Hernández pagó a una inmobiliaria capitalina unos 732 mil dólares, teniendo como intermediario a otro banco, tal como se constatan en las escrituras, que fueron autorizadas por el notario Arturo Medrano y cuyo local, ubicado en el decimoprimer piso de Torre Alianza fue vendido por José Azcona Bocock y José Luis Moncada. Este documento está registrado bajo las matrículas 642766 y 591347 del Instituto de la Propiedad y está foliado desde la serie 2104671 hasta la 2104673.
Aunque este local fue comprado cuando Sersel comenzaba a florecer económicamente, ¿por qué otras empresas, con fuerte prestigio no pueden darse el lujo de acceder a un espacio de tal categoría, en uno de los edificios lujosos de la capital? De hecho, otras empresas de seguridad se han visto en números rojos que hasta han tenido que cerrar operaciones, despedir personal, mientras que la compañía -de la que también tiene relación el jefe del Ejecutivo nacionalista- ha tenido crecimientos desproporcionados que saltarían las alarmas de un ponderado auditor de cualquier oficina pública, pero que debe callarse para conservar su trabajo.
Las evidencias recabadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN revelan cómo se configuró una megarred que colinda con la delincuencia organizada sobre el movimiento ilegal de miles de millones de lempiras que fueron a parar a las empresas de los Hernández; a la fecha, el fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en el absoluto silencio a fin de no emitir requerimientos fiscales, en virtud de los favores que ha recibido del régimen a cambio de apuntalar la impunidad que se vive en Honduras.
La fiscalía y una misión anticorrupción de la OEA pidieron a
la justicia de Honduras incautar bienes a la primera dama, Ana
Rosalinda García Carías, y a otros funcionarios y diputados por supuesta
corrupción, informaron este jueves fuentes oficiales.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), adscrita a la OEA, dijo en un comunicado que, junto con la fiscalía, solicitó a la justicia la «privación definitiva» (incautación) de bienes de la primera dama y otros funcionarios, diputados y empresarios.
La MACCIH solicitó al tribunal incautar bienes valorados en 1,7 millones de dólares que faltan por recuperar de un total de 12 millones de dólares desviados de proyectos agrícolas para mujeres.
Según la misión, esos fondos «habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas».
Los tribunales hondureños han recuperado el resto de los fondos desviados mediante incautaciones a los acusados por el caso.
García, esposa del presidente Juan Orlando Hernández, aparece involucrada como socia de la empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral, que recibió parte de los fondos desviados.
La MACCIH fue creada en enero del 2016 por la OEA, a petición del presidente Hernández, en medio de una ola de protestas para pedir su renuncia, luego de que el mandatario aceptara que decenas de miles de dólares entraron ilegalmente a la campaña que lo llevó al poder en 2013.
Por: Javier San Vicente
Honduras vive nuevamente una profunda crisis política y social, que ha degenerado en disturbios generalizados en el país y que tiene contra las cuerdas al actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández Alvarado. El conflicto sociopolítico en Honduras, que tras las cuestionadas elecciones de 2017 tiene un carácter permanente, se vio intensificado a finales del pasado mes de abril, tras la introducción en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación y varios decretos complementarios, elaborada por presiones del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de garantizar el pago puntual de la deuda a los acreedores internacionales de Honduras. La aprobación de esta normativa fue interpretada por sindicatos y asociaciones médicas y docentes como una amenaza, y fue calificada como una “masacre laboral”, al generar temores de que conllevase importantes recortes en el gasto público y que desembocara en despidos masivos de personal.
La movilización de los sectores implicados fue inmediata. Los últimos días de abril se vivieron fuertes protestas en todo el país, en las que los gremios afectados por la reforma se vieron arropados por amplios sectores opositores. Las protestas degeneraron rápidamente en violentos choques con las fuerzas represivas hondureñas. Durante las mismas, se produjeron cortes de carretera, quema de edificios y se pudo observar a civiles armados junto a la policía abriendo fuego contra los manifestantes. Antes de finalizar el mes de abril, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y suspender la tramitación de esta normativa. Esta victoria de los movimientos sociales evidenció la debilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, acosado por escándalos de corrupción, nexos con el crimen organizado, la percepción de ilegitimidad por la mayor parte de la población y debilitado por los malos resultados económicos de su gobierno y el aumento de la pobreza.
Como consecuencia de la suspensión del trámite parlamentario de los decretos en cuestión, las protestas se detuvieron en el país. Sin embargo, el 20 de mayo las principales organizaciones y sindicatos de los sectores de salud y educación, aglutinados en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, volvieron a realizar acciones de protestas. Desde ese momento, el conflicto ha ido escalando hasta llegar a la situación actual, en la que las protestas son masivas en todo el territorio. De nada sirvió que el gobierno derogase de forma definitiva los decretos, al mismo tiempo que compraba a parte de la dirigencia sindical. La absoluta falta de credibilidad del mandatario ante los gremios médico y docente, y ante la sociedad hondureña, han generado el actual escenario, en el que la única salida viable pasa por la renuncia de Juan Orlando Hernández y la creación de un gobierno de transición. Y es que está muy vivo en la memoria colectiva las consecuencias del fraudulento proceso electoral de 2017 y posterior crisis, que supuso la culminación del ilegal proyecto reeleccionista de Hernández, la destrucción del estado de derecho y la institucionalización de la corrupción política al más alto nivel. Por lo demás, el rotundo fracaso del diálogo para resolver la crisis poselectoral, promovido por Naciones Unidas, evidenció la mala fe del gobierno y su falta de disposición a encontrar soluciones negociadas a los problemas del país.
En los últimos días, la situación de seguridad se ha deteriorado todavía más, derivando a un escenario de caos social. El país está paralizado por las protestas, en las que diariamente se producen cientos de tomas de carreteras y vías públicas, donde manifestantes cortan la circulación mediante la colocación de barricadas. Las escenas de insurrección incluyen algunas tan impactantes como la quema de la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos durante una manifestación; imágenes de decenas de camiones ardiendo, propiedad de una importante compañía bananera; y quemas y saqueos de negocios en los centros urbanos. Aunque no hay reportes claros al respecto, a la fecha en la que se escribe este articulo diferentes fuentes afirman que se habrían producido al menos 2 muertos y 20 heridos en el contexto de las protestas, solo en Tegucigalpa. En otras regiones del país como Colón, Atlántida o La Paz se reportaban enfrentamientos entre militares y población que habrían provocado un número indeterminado de muertos y heridos. Adicionalmente a estos hechos de violencia se han producido varias situaciones que han aumentado la tensión , como el paro parcial de transportistas que se produjo el 19 de junio y que dejó sin combustible a varias regiones del país; o la huelga de brazos caídos de varios cuerpos represivos del país, que culminaron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden, en los que fue gaseada la cúpula policial por sus propios subalternos. Estos hechos generaron escasez de efectivos policiales, lo que facilitó un aumento de la intensidad de las protestas.
Lo cierto es que la continuidad del gobierno de Juan Orlando Hernández parece cada vez más insostenible. Su falta de legitimidad es tan grande, que ha llegado a pronunciarse en su contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Él, que fue embajador durante el golpe de Estado de 2009, afirmó que la calamitosa situación actual se produce como consecuencia del socavamiento de la constitución por parte de Hernández para aprobar su reelección y la torpeza política de Donald Trump de crear alianzas con un gobierno de esta naturaleza. Y es que el de Juan Orlando fue un gobierno polémico desde el primer día.
Su primer mandato se inauguró con la revelación de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha vivido el país en las últimas décadas: el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social. Este escándalo, que supuso la sustracción de más de 300 millones de dólares, salpicó directamente al mandatario, que tuvo que reconocer que su campaña electoral se benefició de fondos de la trama corrupta. Desde entonces, la corrupción se ha convertido en toda una seña de identidad del gobierno. En estos años se han revelado tramas que involucran a una gran cantidad de diputados del Congreso Nacional, altos cargos del gobierno y sus familiares. En concreto, Juan Orlando Hernández y su familia son acusados de dirigir una trama que drenó 4,500 millones de lempiras (186 millones de dólares). Adicionalmente, durante los últimos años se ha visto un fuerte repunte de las violaciones a los derechos humanos y la persecución de activistas y opositores. El asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en 2016 es un crimen emblemático de esta oscura etapa.
Otro de los fenómenos que ha caracterizado a este gobierno ha sido la penetración del narcotráfico en las instituciones. En los últimos años la justicia estadounidense ha procesado a varias decenas de hondureños por el delito de narcotráfico, entre los que destaca el propio hermano del presidente de Juan Orlando, Tony Hernández, acusado de controlar laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras. En su declaración a las autoridades, el hermano del presidente afirmó que desde antes de que Juan Orlando llegase a la presidencia, el restaurante que su familia posee en su ciudad natal era un punto de encuentro habitual de las principales cabezas del narcotráfico hondureño. Adicionalmente, algunos capos del narcotraficante como Devís Leonel Rivera Maradiaga, han realizado declaraciones a la justicia estadounidense vinculando a altos cargos del gobierno como el actual Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, el anterior presidente Porfirio Lobo y otros políticos de alto nivel que han seguido en su cargo sin mayor consecuencia.
Pero el rasgo más característico del periodo presidencial de Juan Orlando Hernández ha sido el de la cooptación de los poderes públicos por parte de la Presidencia en un proceso dirigido a permitir al mandatario continuar en el poder más de los 4 años que permite la constitución. En el camino, se llevó por delante la división de poderes, logrando niveles de injerencia históricos en el poder legislativo, que una vez puesto a su servicio empleó para controlar el poder judicial. Como resultado de este proceso, en los últimos años las tramas de corrupción que involucran a congresistas oficialistas y opositores se han multiplicado. En este sentido y en el marco de una investigación de una de estas tramas, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público argumenta que “muchas iniciativas legislativas y proyectos de gobierno, (que) para su aprobación no alcanzan el consenso o la cantidad de votos requerida por mayoría simple o calificada o bien no gozan del respaldo popular, terminan siendo aprobadas, gracias a acciones de chantaje, canonjías, prebendas o favores políticos o personales”. Fue a través de este tipo de acciones que en 2016 el Congreso Nacional escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que generó una oleada inédita de transfuguismo en el legislativo, renovando un organismo como la Corte Suprema, sobre el que ya tenía un control absoluto. Prueba de ello es el papel que la Corte tuvo para dar vía libre a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández a través de un polémico fallo judicial de 2015.
Tras lograr esa resolución judicial, Juan Orlando lanzó una carrera de fondo para lograr su reelección. Sin embargo, los resultados iniciales del conteo de los comicios presidenciales de 2017 no fueron favorables a sus ambiciones. Tras conocerse los datos de conteo real durante la noche de las elecciones, el sistema se “cayó”, iniciando una crisis postelectoral que genero fuertes protestas y decenas de muertos. Tras un polémico proceso de auditoria realizado por unas autoridades electorales controladas por el presidente, Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor, a pesar de las abundantes evidencias de fraude y la recomendación de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos de repetir las elecciones. De forma incomprensible, la Misión Electoral enviada por la Unión Europea se limitó a hacer pequeñas recomendaciones de carácter técnico, dando un balón de oxígeno a un gobierno que sufría su mayor crisis de legitimidad a la fecha.
Tras esta situación, la legitimidad de Hernández se ha visto fuertemente socavada. Desde noviembre de 2017 el país vive sumido en una crisis política permanente, con focos de alta conflictividad en varias regiones del país como los departamentos de Choluteca (región sur) o Colón (región norte). Una característica común de todos estos conflictos es que, a pesar de estar originados en crisis sectoriales, han sido arropadas por amplias capas sociales cuya movilización supera las lógicas gremiales y partidistas, y van dirigidas a lograr la salida de Hernández, cuyo régimen es calificado de “narcodictadura”.
Con todos estos antecedentes, resulta sorprendente que el gobierno de Juan Orlando Hernández se mantenga en el poder y sea aceptado como un socio legitimo por la mayor parte de la comunidad internacional, ya que hasta la fecha mantiene solidos vínculos con sus principales socios, que no cuestionan su actuación. De entre todos ellos, los principales son el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista estadounidense, hasta le fecha se considera a Hernandez un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las múltiples evidencias que vinculan al mandatario y a su entorno con la criminalidad organizada. Los contradictorios antecedentes de Estados Unidos, y sus alianzas inconfesables en el marco de la guerra contra las drogas y su política contrainsurgente (Noriega en Panamá, Juan Ramón Matta en Honduras, el uribismo paramilitar en Colombia) ilustran la falta de interés real del gigante norteamericano en terminar su absurda guerra a las drogas, cuya continuidad le permite seguir interviniendo en los asuntos de otros estados, incluyendo Honduras. El único asunto que amenaza la estabilidad de las relaciones con Estados Unidos es el fenómeno migratorio, masivo y en crecimiento y que podría llevar a un impredecible Trump a tomar medidas contra Honduras.
Para el Fondo Monetario Internacional la administración Hernández constituye un sólido aliado. En su evaluación no se valora el hecho de que durante su gobierno haya aumentado la pobreza (del 64% en 2009 al 27% en 2018 según Foro Social de la Deuda Externa de Honduras – FOSDEH). Lo único que parece importar a la institución multilateral es que el gobierno hondureño garantice el pago estable de la deuda con sus acreedores internacionales. Alejandro Kaffati de FOSDEH, afirma que “un evento clave para fortalecer las relaciones entre el fondo y el gobierno fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016, en la que se estableció un marco fiscal restrictivo, que en los hechos ha supuesto fuertes limitaciones de la inversión pública en salud y educación”. El objetivo de esta ley, y de la actual tramitación de los decretos de reestructuración de los sectores de salud y educación siempre ha sido el mismo: ofrecer las máximas garantías de pago a los acreedores internacionales de Honduras. Paradójicamente, el FMI ha precipitado la presente crisis, al forzar al Estado hondureño a realizar recortes de gasto en sectores sensibles. Llama la atención que el fondo no solicite recortes en los dos sectores cuyo gasto ha crecido más en los últimos años: Seguridad y Defensa.
Mas allá de sus dos socios principales, el gobierno de Juan Orlando recibe un trato benévolo y complaciente de la mayor parte de la comunidad internacional. Sin ir más lejos, el gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha colaborado estrechamente en distintos proyectos con el gobierno, entre los que destaca el de aprobación de un nuevo código penal para Honduras. Dicho código, escrito con la asesoría de un juez español, ha servido al gobierno para subir penas de los delitos relacionados con la protesta social, bajar las penas de delitos de corrupción y dificultar los procesos de extradición por casos relacionados con el tráfico de drogas. En otros casos, el juego de intereses es más evidente, como en el caso de Israel, que a cambio de su apoyo militar y de inteligencia a Honduras logró que se trasladase la Embajada de Honduras en Israel a Jerusalén. En cuanto a la Unión Europea, no solo sorprende la tibieza de su análisis electoral, también resulta desconcertante que en sus relaciones de cooperación con el gobierno hondureño privilegie la figura del apoyo presupuestario, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de corrupción generalizada existente en el país (bajo esta modalidad, los fondos son ejecutados por el gobierno sin seguimiento del donante).
Por: Ariel Antonio Varela
¡Basta Ya! Hay un grupo de adinerados que por años han creado un sistema que les brinda Impunidad e inmunidad.
“¿Cómo supera la burguesía las crisis? Por una parte, mediante la destrucción forzada de una masa de fuerzas productivas; por otra, mediante la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de mercados viejos. ¿Cómo, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y reduciendo los medios para prevenir las crisis.”
Karl Marx
Hay que hablar de los verdaderos actores y responsables del problema que hoy atraviesa Honduras hay que señalar a esa clase nefasta de la que nunca o muy poco se habla, esa clase nefasta que siempre a estado oculta, ese sector apátrida que ve al pueblo hondureño con desprecio, nos ve como simple mano de obra barata simples esclavos que hay que adiestrar. Esos que están ocultos son la raíz del problema, esos que se dicen ser el sector productivo pero que produce y genera riquezas solo para ellos. Esa empresa privada es el cáncer que tiene sumido al país en la peor de las crisis. Esa empresa privada dueña de los grandes medios de comunicación que Por años han financiado golpes militares, campañas políticas y que en su última jugada montó un fraude electoral que terminó por quitarles la credibilidad. Zapata planteaba que “El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón.”
Esa burguesía, esa clase empresarial dueña del país que nos habla mediante sus representantes de la iglesia y medios de comunicación sobre la paz, la moral y los valores lo hablan desde la comodidad de sus privilegios, que han ganado mediante la extorsión el engaño y el robo. Nos hablan de paz mientras el pueblo recibe una dosis diaria de realidad; balas, desprecio, humillación, muerte y exclusión…
¡Es tiempo sin duda alguna de decir Basta ya! Pero no ese basta ya Hipócrita de la Iglesia adoradora del dinero que hoy sale a defender los intereses mezquinos de a clase adinerada y explotadora de este país, hay que desenmascarar a los vagos a los racistas criminales que viven la american way of life esa vida de Miami en un país lleno de desigualdad y miseria. Esa burguesía que sigue protegida por sus privilegios sabe que se les está cayendo el telón, saben que el pueblo se está dando cuenta que quien gobierna en realidad es un grupo de adinerados que por años han creado un sistema que les brinda Impunidad e inmunidad, ¡el pueblo se está dando cuenta que quien manda no es ese grupo de tontos Útiles que llamamos gobierno, NO! Quien maneja el país es ese mismo grupo empresarial de mercenarios adinerados, mezquinos que dictan el andar del país conforme a su conveniencia, lo hacen a base de balas, engaño, dinero y extorsión; a base de mentiras. Se mantienen escondidos en sus mentiras engañando al pueblo de una manera burda.
impera una democracia para la minoría, sólo para las clases poseedoras, sólo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo siempre, poco más o menos, lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: libertad para los esclavistas. En virtud de las condiciones de la explotación, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la penuria y la miseria, que “no están para democracias”, “no están para política”, y en el curso corriente y pacífico de los acontecimientos, la mayoría de la población queda al margen de toda participación en la vida político-social.
En Honduras continúa la criminalización de estudiantes y docentes que luchan por la defensa de la educación pública. En diálogo con Yasser Fuentes, integrante del Movimiento Estudiantil Universitario de la UNAH, Universidad de Tegucigalpa en Honduras, y judicializado por la toma de este establecimiento el año pasado, reflexionamos en torno a la judicialización de la protesta social y la lucha estudiantil en Honduras y en el continente.Por RNMA
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El gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras da continuidad a un período conservador y de opresión a la clase trabajadora desde el golpe de estado del 2009. Los movimientos sociales denuncian la violencia institucional que se vive cotidianamente en este país, como la represión estudiantil el 28 de junio pasado. Este despliegue de violencia represiva y judicial que se ensaña sobre los sectores universitarios y estudiantiles alerta sobre ciertas tendencias represivas a nivel continental.
“En alrededor de un mes hubo una violenta represión en la universidad de Tegucigalpa en donde la policía ingresó al predio de la universidad”, cuenta Yasser Fuentes. “Al día siguiente salió hablar el presidente justificando la acción militar diciendo que había que investigar al movimiento estudiantil universitario, el MEU, y llegó al punto de compararlo con Al Qaeda en la televisión pública. Eso es una muestra de lo que está sucediendo en el país desde el golpe de estado. Desde ese momento existe una escalada de criminalización, de persecución y hasta este momento no tenemos desaparecidos pero sí tenemos familiares de compañeros dirigentes asesinados.”
¿Y por qué crees que existe este encarnizamiento sobre el movimiento estudiantil en Honduras?
Nuestras reivindicaciones son las básicas: educación pública, gratuita y de calidad. Pero esto hay que decirlo: el movimiento estudiantil está inserto dentro de un movimiento social que cada vez es más violento en contra del gobierno de turno. Recordemos que este hombre que está de presidente fue reelecto en el 2017 aun siendo prohibido por la misma Constitución de la República. Entonces ha habido una escalada de manifestaciones y varios sectores de la sociedad se aunaron al sector estudiantil que representa una esperanza para el pueblo hondureño y por esto es que el presidente nos ataca.
Desde aquel momento, ¿cómo está la organización estudiantil?
No es la primera vez que se meten los policías. Anteriormente, en las tomas del 2016 y 17 tuvimos un despliegue militar obsceno no solamente acá en Ciudad Universitaria sino también en la Universidad del Valle de Sula donde sostuvimos la toma de la universidad defendiendo la democratización de la educación pública y la señora rectora de aquel entonces mandó militarizar la universidad.
La diferencia es que esta vez entraron disparando. El 24 de junio nos dispararon e hirieron a 6 compañeros. Nosotros nos seguimos organizando y resistimos. La semana pasada tuvimos asambleas en la mayoría de las carreras.
¿Cómo es la situación tuya y de otros estudiantes que fueron judicializados?
Existe un proceso de persecución a través de los docentes y de las autoridades universitarias para identificar a los líderes y ha sido una constante desde el 2015-16. Desde aquel momento se ha criminalizado a la protesta y a los movimientos estudiantiles y esto ha provocado que hoy por hoy existan más de 100 procesos judiciales contra estudiantes universitarios para de alguna manera desarticular e infundir terror a las organizaciones.
En el último despliegue militar que mandó la ex rectora, fuimos llevados presos varios compañeros. Algunos juicios ya han llegado a su fin y los compañeros se encuentran libres, pero otros continuamos con problemas con el proceso todavía abierto de parte de la universidad hacia nosotros.
¿Cuál es la proyección de las luchas estudiantiles hoy en Honduras?
Nuestras perspectivas son las elecciones a nivel estudiantil para elegir las autoridades, porque no tenemos representación legítima en los órganos de gobierno de la universidad. Estamos buscando democratizar la universidad junto a docentes y trabajadores. Invitamos a que sigan en las redes sociales al Movimiento Estudiantil Universitario MEU
Jesuitas del Canadá
En los últimos días, medios de comunicación canadienses han publicado correspondencia entre el Padre Ismael Moreno, SJ, Director de la Fundación ERIC y Radio Progreso en Honduras, y la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (Canadian Conference of Catholic Bishops) y la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz (Canadian Catholic Organization for Development and Peace). Intervenimos públicamente tanto porque la prensa ha filtrado esta información como porque estamos profundamente preocupados por la seguridad de nuestros hermanos y hermanas en Honduras. Consideramos que la situación del Padre Moreno es de interés público, ya que el dinero recaudado cada año por la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y Paz proviene de miles de parroquias a lo largo de toda Canadá.
En febrero de 2019, nos enteramos de la suspensión temporal de grandes subvenciones de dinero a 52 socios de Desarrollo y Paz como parte de una investigación por parte del personal de la CCCB, con el fin de verificar su conformidad con la doctrina social y moral de la Iglesia. Nos sorprendió encontrar en la lista de organizaciones afectadas a la ERIC/Fundación Radio Progreso en Honduras, encabezada por nuestro colega jesuita Ismael Moreno.
El Padre Ismael Moreno (Padre Melo) es miembro de la Provincia Jesuita de Centroamérica. Profundamente arraigado en los valores evangélicos y motivado por su fe cristiana, el Padre Melo dedica su vida a defender los derechos fundamentales de las personas más marginadas y vulnerables de su país natal. Su obra ha sido reconocida internacionalmente por la Iglesia y las organizaciones civiles.
A través de ERIC y Radio Progreso, el Padre Melo y su equipo también trabajan para comprender en profundidad las causas económicas, políticas y sociales de las graves injusticias que afectan a Honduras y para denunciar a los responsables de las mismas.
El trabajo del Padre Melo y su equipo ha sufrido graves consecuencias: han recibido innumerables amenazas de muerte, hasta el punto de que él mismo se encuentra actualmente bajo protección policial. Por su compromiso, miembros de su equipo y colaboradores cercanos han pagado con sus vidas.
Estamos muy preocupados por la información que tenemos sobre los resultados de la investigación de 2018 realizada por la CCCB sobre los socios de Desarrollo y Paz. Esperamos que los criterios utilizados en el actual proceso de revisión se basen en una interpretación integral de la doctrina social de la Iglesia y en su defensa de la vida en todas sus dimensiones, en todas sus etapas y en toda su diversidad, así como en la denuncia de la pobreza como una afrenta a la dignidad de las mujeres y de los hombres, la promoción de la paz, la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Desde hace algunos años, el Papa Francisco ayuda a la Iglesia a superar el estancamiento de una concepción demasiado estrecha de la defensa de la vida. Nos recuerda que debemos recuperar la fuerte conciencia del discernimiento prudente y misericordioso, de la evaluación sabia y paciente requerida a la hora de aplicar la doctrina moral universal de la Iglesia a casos particulares.
Esto es lo que el Padre Melo quiere decir cuando escribe que debemos distinguir, por un lado, entre las opiniones de las personas que se expresan en medios como Radio Progreso, y por el otro, las pautas editoriales, las opciones fundamentales de la obra y las convicciones de sus líderes.
En una sociedad hondureña donde las instituciones cívicas se han derrumbado, donde las relaciones sociales deben ser reconstruidas y donde la violencia manda, la línea editorial de Radio Progreso y ERIC busca crear las condiciones para que las voces de la sociedad civil sean escuchadas y para que la vida política sea reconstruida. Ésta busca también abrir espacios, en esta conversación social y cívica, para la participación de los más pobres. Es inevitable, por lo tanto, que oigamos voces que se ajusten en gran medida a la doctrina social de la Iglesia, pero que no están del todo de acuerdo con cada uno de sus aspectos. Para que esta misión al servicio de la reconstrucción de la sociedad civil tenga éxito, la censura basada en una interpretación reductiva de una parte de la doctrina general de la Iglesia es peligrosa, precisamente porque excluye a actores importantes de la sociedad civil.
En este contexto, debemos confiar en el poder del debate social. La misión de la Fundación ERIC y de Radio Progreso es defender la vida en todas sus dimensiones, en cada una de sus etapas y en todas las situaciones. Los textos identificados en el proceso de revisión de enero de 2018 y enviados al Padre Melo no representan la naturaleza esencial de su trabajo ni la gran mayoría del contenido en sus publicaciones.
Quisiéramos reiterar a los líderes de la Iglesia canadiense y a los de Desarrollo y Paz la confianza que tenemos en nuestro colega Ismael Moreno y en las obras jesuitas en cuestión. Sabemos que el compromiso del Padre Melo y de nuestros colaboradores laicos es difícil de mantener en el contexto actual de Honduras y que a menudo son objeto de amenazas de muerte. Nos preocupa que con las acusaciones que circulan actualmente, la pérdida de apoyo de algunos grupos y líderes de la Iglesia pueda agravar aún más el peligro al que se exponen.
Entendemos que la CCODP necesita seguir su debido proceso al apoyar a sus socios en el extranjero; esto también es un discernimiento adecuado. Durante más de 50 años, el trabajo de la OCCDP ha demostrado su compromiso con la Iglesia y con los más marginados en su lucha por la dignidad. Esperamos que la OCCDP y los Obispos de Canadá continúen apoyando a nuestros hermanos y hermanas necesitados, y que lo hagan con claridad y transparencia, con el mayor respeto, poniendo cada tema en su contexto y bajo el signo de caridad cristiana que han demostrado durante décadas. Esperamos que los criterios, el proceso de revisión y sus conclusiones sean objetivos y, sobre todo, que reflejen el ideal de misericordia y justicia al que nos llama el Evangelio.
Como lo han hecho hasta ahora a través de la organización Canadian Jesuits International, los jesuitas de Canadá continuarán apoyando el trabajo de la Fundación ERIC y de Radio Progreso. Sabemos cuán esencial es la solidaridad y el apoyo financiero de muchas otras organizaciones internacionales para el cumplimiento de su misión. En un año en el que Desarrollo y Paz dedica especial atención al problema de la migración, y como todos somos testigos de la tragedia de las caravanas de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, estamos convencidos de que debemos apoyar la labor del Padre Melo y su equipo en la defensa de los derechos humanos.
Por último, ofrecemos los frutos de la experiencia y la investigación de nuestros centros internacionales y de los centros sociales aquí en Canadá para ayudar a resolver esta preocupante situación.
Fuente: Jesuitas del Canadá
Tegucigalpa.- El director ejecutivo del
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora compareció este
sábado 15 de junio al programa “Voces contra el Olvido”, que se
transmite por radio Globo, para exponer sobre la defensa conjunta que
han asumido varias organizaciones y el acompañamiento a la familia del
joven docente Rommel Valdemar Herrera Portillo, que se ha convertido en
el nuevo preso político del actual régimen.
Tábora dijo que Honduras tiene un sistema de justicia muy precario, sin independencia de poderes, sin independencia judicial y con un Ministerio Público (MP) que ha retrocedido muchísimo, especialmente después del golpe de Estado de 2009, y más tarde con el tema del conflicto post electoral, se ha agravado la situación.
“Es un Ministerio Público muy coercitivo, entonces eso no permite hacer una defensa técnica de acuerdo a los parámetros del debido proceso, pero a esto se suma la situación de interés del estado de mantener, de controlar y de generar miedo, manteniendo presos políticos en el país”, sostuvo.
Tábora, en su condición de profesional del derecho de la Coalición contra la Impunidad, señaló que han conformado un equipo y diseñado una estrategia de defensa, junto a las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y María Elena Fonseca, con el fin de acompañar legalmente el caso del joven Herrera Portillo, que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, denominada La Tolva.
Actualmente ya se presentó el recurso de apelación que estaba pendiente para esta semana, siguiendo el estado procesal, pero las Cortes de Apelaciones tardan de 4 a 6 meses para resolver, “y sobre este tema hay un reto en donde a veces se sale de una coyuntura que ha generado una crisis y quedan olvidados los presos políticos. Actualmente hay 3 personas privadas de libertad del conflicto post electoral y el régimen no quiere soltar estas personas que ya cumplieron un año cinco meses de prisión, y todos los procesos están aún pendientes, con alrededor de 20 casos que deben ir a juicio”.
Los presos políticos son parte de esa ciudadanía que luchó y que está luchando por un estado de derecho, siguen manteniéndose en sus convicciones y no han aceptado que el régimen los doblegue, explicó el defensor de derechos humanos.
Mantener privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad a los presos políticos, significa el interés que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández, de generar temor en la población y por supuesto que lo generan.
Por eso es muy importante la solidaridad y los aportes que se pueden dar más allá de lo técnico, con los acercamientos hacia la familia, el reivindicar de manera permanente a los compañeros y compañeras que están como presos políticos y creo que sí necesitamos, que cuando se genere la captura de un compañero o compañera debemos reaccionar en las primeras horas, recomendó el profesional del derecho y director ejecutivo de C-LIBRE.
Tábora también señaló que los impactos que se generan en las familias de los presos políticos, van desde el daño emocional, el control mental, con la angustia que experimentan las familias, los gastos en que incurren y la carga económica que una situación como ésta representa.
“Los centros de detención, se han convertido en centros de edad media, con el control total de la persona, entonces ya la creación de estos es ilegal, pero ahora vemos que el funcionamiento ha agravado la situación porque hay restricción de muchos derechos, aparte del derecho de la libertad física. Creo que así como estamos reivindicando la situación del derecho a la salud; el derecho a la educación, realmente tenemos que avanzar para reivindicar todos los otros derechos que se han restringido en el país, como los derechos de más de dos mil privados de libertad del país”, apuntó Tábora.
En horas de la mañana de este mismo sábado 15 de junio, Edy Tábora sostuvo una reunión con la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, así como con los maestros Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo (padre y madre de Rommel Valdemar) y las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas, en la sede del comité, con el propósito de diseñar la estrategia a seguir en la defensa del joven Rommel Valdemar Herrera Portillo, acusado de incendio agravado y daños, en perjuicio de la embajada de Estados Unidos.
Por la tarde, Bertha Oliva visitó la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), para constatar el estado de salud y el ánimo de los maestros Ruy Díaz y Wilton Gómez, que se mantienen en huelga de hambre como parte de la lucha emprendida por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, y por la liberación de Rommel Valdemar Herrera Portillo y los demás presos políticos, que se manifestaron por el retorno al orden constitucional de Honduras y por la salida del régimen usurpador del nacionalista Juan Orlando Hernández.
El enriquecimiento rápido, misterioso y sospechoso que tuvo en tiempo récord el clan Hernández Alvarado García Carías, que sus creadores no repararon en la excesiva información que fueron dejando en el camino que en el futuro podrían ser un principal insumo para ser perseguidos por delitos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada.
En las entregas que efectuó en marzo anterior Radio Globo y ConfidencialHN se pudo demostrar que el matrimonio compuesto por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías llegó a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico; a la fecha, el Ministerio Público ha hecho la vista gorda para investigar cómo ambos se convirtieron en potentados de la noche a la mañana.
Las escrituras de constitución de varias sociedades como Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río dan cuenta de la inyección de incuantificables cantidades de dinero que fueron utilizados para la compra de grandes extensiones de tierra, lujosas oficinas en modernas torres y desarrollos urbanísticos, por lo que se configuró -según las conclusiones de los equipos de investigación- el delito de lavado de dinero.
Se confirma que una entidad bancaria prestó 36 millones 327 mil 200 lempiras a la actual primera dama para la compra de alrededor de 30 manzanas de tierra ubicadas en Juticalpa y San Francisco de Becerra, en Olancho. El documento con registro 1172041 especifica que el monto de la compra subió hasta los 41 millones 101 mil lempiras, según un avalúo que realizó en su momento la entidad financiera.
El instrumento número dos y los folios 1172038 al 1172043, autorizados el 3 de febrero de 2017 por el notario José Walter Bodden Joya, da cuenta de que comparecieron, junto a García Carías, el representante de Agroinversiones San Martín Marco Tulio Castro y el enviado del banco para certificar la compra del bien inmueble a favor de Inversiones del Río, por lo que se pagaron 544 mil 908 lempiras por impuestos y que está bajo la matrícula 1559967 del Registro de la Propiedad de Juticalpa; asimismo, se pagaron unos 54 mil 690 lempiras por servicios y que está debidamente sellada por la entidad financiera, de acuerdo a las evidencias en poder de estos dos medios.
Cabe recordar que de acuerdo al contrato de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de 2016 y formalizado por Bodden Joya, afirma que ambas partes “manifiestan que es su voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500 lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado bovino y equino”. Sobre la compraventa, se agregó una adenda por «alquiler», a fin de ocultar cualquier evidencia que pudiera comprometer penalmente a García Carías.
La condición impuesta a la compradora –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– es que “no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.
Resulta hasta inverosímil que una entidad del sistema financiero realizara semejante préstamo a una persona que apenas ha fungido como cargo de primera dama y -formalmente- no devengue un sueldo que le permitiera tener acceso a fuertes sumas de dinero, tampoco la empresa creada con su esposo y su cuñado Tony Hernández, cuyo monto inicial de 20 mil lempiras. Esta cantidad resulta hasta insuficiente para cualquier emprendedor que desee instalar un negocio en un país que impone trabas para la formación de capital.
De hecho, es válido rememorar que el periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo que Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720 lempiras. En consecuencia, la cuestionada empresa pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.
OTRA PROPIEDAD PARA ANA Y JUAN. La escritura 406 emitida el 21 de julio de 2016, autorizada por Graciela Ávila, certifica que una propiedad de 135 manzanas fue adquirida por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, que está ubicada en la comunidad de Lepaguare, a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera de Juticalpa.
El valor total de la propiedad, que también fue financiada por una entidad bancaria privada, fue de 11 millones 624 mil 571 lempiras con 43 centavos, que fueron recibidos por Marta Marina Mercado y Roberto Escalante, quienes declararon en el protocolo de que recibieron la fuerte suma de dinero por la compra del predio ubicado en el productivo valle olanchano.
El monto total del préstamo, testificó la esposa de Hernández, fue de 25 millones 743 mil lempiras exactos y se confirmó la «capacidad crediticia para contraer obligaciones con terceros en la forma pactada, todo para ser utilizado en la compra del terreno y para el giro normal de sus negocios» relacionados con la agroindustria.
El extenso predio pasó a control de Inversiones del Río, de acuerdo a la documentación y además se indica de que para la adquisición del bien, debe contar con los permisos ambientales emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales.
En cuanto al préstamo, se dejó claro que la acreditada, o sea, García Carías, «podrá efectuar reeembolsos parciales o totales de las disposiciones que hubiera hecho durante su vigencia, quedando facultado para hacer nuevas utilizaciones, totales o parciales, de los saldos disponibles a su favor…y dispondrá total o parcialmente de las sumas amparadas por este crédito mediante órdenes de desembolso que le serán proporcionados por el banco».
La zona donde esta persona compró el vasto territorio es una de las más productivas de Honduras, aunque a la fecha se desconoce a qué rubro se dedica, cuando en este lugar prima el cultivo de granos básicos, hortalizas, lácteos y aquellos que son para consumo humano.
Cabe recordar que el matrimonio presidencial fijó sus ojos en Olancho, pues cuentan con haciendas grandes cantidades de ganado, cuya procedencia no pudo ser determinada. Los equipos de investigación registraron compras irregulares de terrenos a nombre de Hernández, mediante operadores con cierto grado de liderazgo dentro del Partido Nacional quienes usaron artimañas para que los clientes «vendieran o vendieran» sus bienes, en una operación de testaferrato.
En estas series de investigación, se logró determinar que algunas compras de grandes extensiones de terreno se realizaron mediante el chantaje y persecución judicial.
Fuentes de total confianza afirmaron a los investigadores sobre cómo un padre e hijo fueron enviados a prisión ya que se les inventaron varios delitos que no cometieron. Los emisarios se fijaron en la otra extensión de tierra que pareció idónea para los intereses del goberanante, por lo que recurrieron a sus «buenos oficios» a fin de convencer a los perjudicados vendieran a precios irrisorios. Ante la negativa de los potenciales vendedores, los intermediarios se vieron obligados a recurrir a la amenaza que se terminó cumpliendo.
De hecho, ambos fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y enviados a prisión. El único «pecado» de los afectados fue decir no a las intenciones de Hernández de apropiarse del vasto terreno. Las acusaciones, lograron constatar los investigadores, fueron inventadas ya que no hubo un asidero o sustento legal que permitiera a los operadores de justicia decretar prisión preventiva.
¿AYUDAR A LA FAMILIA? El misterioso enriquecimiento del clan familiar dio enormes resultados a este núcleo que gobierna en la actualidad Honduras.
Ante la afluencia casi infinita de dinero, tanto Ana Rosalinda García Carías, como su madre Carlota Eugenia Carías Pizzati, se convitieron incluso en avales solidarios de José Amílcar Hernández, en varias hipotecas que, según expresa el instrumento público 588, aprobado el 13 de septiembre de 2017, llegó a un total de siete millones 484 mil 840 lempiras.
Y es que el también socio de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) junto a las dos mujeres, constituyeron una garantía hipotecaria por la referida cantidad de dinero por varios terrenos que están ubicados en el extremo sur de la capital y en caso de entrar en mora, se sometieron a las reglas establecidas por un banco que opera en San Pedro Sula; uno de los apartados dice que «la acreditada (Sersel) se obliga a pagar intereses moratorios» y los que ya ordena el sistema financiero nacional.
Se deja claro que la operación para acceder a una hipoteca, en teoría resulta siendo legítima, aunque el mismo ocurrió en el momento que García Carías comenzó a recibir fuertes cantidades de efectivo que llegaron a las empresas que administra. Por tanto, no tuvieron problemas para acceder al préstamo, cuyo total subió a los ocho millones 350 mil lempiras, «más intereses, comisiones y demás» que debe cubrir la empresa y sus respectivos avales.
Por tanto, según las condiciones del préstamo, la empresa y sus propietarios «podrán disponer de dicho financiamiento para su inversión mediante retiros parciales o totales, a través del libramiento o suscripción de toda clase de de documentos y títulos valores, como ser cheques, letras de cambio, pagarés, endosos».
El banco emisor del préstamo indicó en el documento con folio 1492488 que se registró una ampliación del crédito por más de ocho millones de lempiras y que el presente «convenio…cuenta con todos los requisitos legales para su validez y cumplimiento y que el mismo ha sido celebrado en condiciones equitativas para las partes contratantes».
Además, resulta hasta incongruente que el socio principal de Sersel tuviera que acudir a un banco local, con el aval Carías Pizzati y García Carías para tener un préstamo y una ampliación a su línea de crédito, cuando la empresa de la que forma parte obtuvo generosas ganancias por contratos de seguridad procedentes del gobierno.
Y es que desde 2006 a la fecha, esta empresa de servicios de seguridad recibió por 38 contratos un total de 311 millones de lempiras, por lo que su socio no tuvo necesidad de acudir al sistema financiero para obtener un préstamo hipotecario y como garantía dio varios terrenos que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de que cayeran en insolvencia. No obstante, ese extremo es poco probable que ocurra ya que el clan Hernández ha sido uno de los principales beneficiarios del dinero público, así como de la formación de capitales de origen ilícito, según las investigaciones que ha realizado tanto Radio Globo como ConfidencialHN.
PRÉSTAMOS INCONGRUENTES. Para una mejor comprensión de la incongruencia hallada, tanto en esta investigación como en otras efectuadas en su momento, es que Sersel recibió casi 200 millones de lempiras por la contratación de unos 196 guardias de seguridad para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, en comparación al préstamo hipotecario (cuya media es de un 2,500 por ciento), pudo haberlo pagado o realizar algunas ampliaciones a su vivienda con los recursos procedentes del público que fueron canalizados a través de su empresa.
Y para demostrar esta incongruencia, se viene a colación el instrumento público número 65 del 8 de junio de 2010 cuando Hernández pagó a una inmobiliaria capitalina unos 732 mil dólares, teniendo como intermediario a otro banco, tal como se constatan en las escrituras, que fueron autorizadas por el notario Arturo Medrano y cuyo local, ubicado en el decimoprimer piso de Torre Alianza fue vendido por José Azcona Bocock y José Luis Moncada. Este documento está registrado bajo las matrículas 642766 y 591347 del Instituto de la Propiedad y está foliado desde la serie 2104671 hasta la 2104673.
Aunque este local fue comprado cuando Sersel comenzaba a florecer económicamente, ¿por qué otras empresas, con fuerte prestigio no pueden darse el lujo de acceder a un espacio de tal categoría, en uno de los edificios lujosos de la capital? De hecho, otras empresas de seguridad se han visto en números rojos que hasta han tenido que cerrar operaciones, despedir personal, mientras que la compañía -de la que también tiene relación el jefe del Ejecutivo nacionalista- ha tenido crecimientos desproporcionados que saltarían las alarmas de un ponderado auditor de cualquier oficina pública, pero que debe callarse para conservar su trabajo.
Las evidencias recabadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN revelan cómo se configuró una megarred que colinda con la delincuencia organizada sobre el movimiento ilegal de miles de millones de lempiras que fueron a parar a las empresas de los Hernández; a la fecha, el fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en el absoluto silencio a fin de no emitir requerimientos fiscales, en virtud de los favores que ha recibido del régimen a cambio de apuntalar la impunidad que se vive en Honduras.
Piden incautar bienes de Ana Garcia de Hernandez
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Publicado el 1 Agosto, 2019
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), adscrita a la OEA, dijo en un comunicado que, junto con la fiscalía, solicitó a la justicia la «privación definitiva» (incautación) de bienes de la primera dama y otros funcionarios, diputados y empresarios.
La MACCIH solicitó al tribunal incautar bienes valorados en 1,7 millones de dólares que faltan por recuperar de un total de 12 millones de dólares desviados de proyectos agrícolas para mujeres.
Según la misión, esos fondos «habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas».
Los tribunales hondureños han recuperado el resto de los fondos desviados mediante incautaciones a los acusados por el caso.
García, esposa del presidente Juan Orlando Hernández, aparece involucrada como socia de la empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral, que recibió parte de los fondos desviados.
La MACCIH fue creada en enero del 2016 por la OEA, a petición del presidente Hernández, en medio de una ola de protestas para pedir su renuncia, luego de que el mandatario aceptara que decenas de miles de dólares entraron ilegalmente a la campaña que lo llevó al poder en 2013.
Juan Orlando Hernández (una vez más) contra Honduras
Por: Javier San Vicente
Honduras vive nuevamente una profunda crisis política y social, que ha degenerado en disturbios generalizados en el país y que tiene contra las cuerdas al actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández Alvarado. El conflicto sociopolítico en Honduras, que tras las cuestionadas elecciones de 2017 tiene un carácter permanente, se vio intensificado a finales del pasado mes de abril, tras la introducción en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación y varios decretos complementarios, elaborada por presiones del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de garantizar el pago puntual de la deuda a los acreedores internacionales de Honduras. La aprobación de esta normativa fue interpretada por sindicatos y asociaciones médicas y docentes como una amenaza, y fue calificada como una “masacre laboral”, al generar temores de que conllevase importantes recortes en el gasto público y que desembocara en despidos masivos de personal.
La movilización de los sectores implicados fue inmediata. Los últimos días de abril se vivieron fuertes protestas en todo el país, en las que los gremios afectados por la reforma se vieron arropados por amplios sectores opositores. Las protestas degeneraron rápidamente en violentos choques con las fuerzas represivas hondureñas. Durante las mismas, se produjeron cortes de carretera, quema de edificios y se pudo observar a civiles armados junto a la policía abriendo fuego contra los manifestantes. Antes de finalizar el mes de abril, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y suspender la tramitación de esta normativa. Esta victoria de los movimientos sociales evidenció la debilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, acosado por escándalos de corrupción, nexos con el crimen organizado, la percepción de ilegitimidad por la mayor parte de la población y debilitado por los malos resultados económicos de su gobierno y el aumento de la pobreza.
Como consecuencia de la suspensión del trámite parlamentario de los decretos en cuestión, las protestas se detuvieron en el país. Sin embargo, el 20 de mayo las principales organizaciones y sindicatos de los sectores de salud y educación, aglutinados en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, volvieron a realizar acciones de protestas. Desde ese momento, el conflicto ha ido escalando hasta llegar a la situación actual, en la que las protestas son masivas en todo el territorio. De nada sirvió que el gobierno derogase de forma definitiva los decretos, al mismo tiempo que compraba a parte de la dirigencia sindical. La absoluta falta de credibilidad del mandatario ante los gremios médico y docente, y ante la sociedad hondureña, han generado el actual escenario, en el que la única salida viable pasa por la renuncia de Juan Orlando Hernández y la creación de un gobierno de transición. Y es que está muy vivo en la memoria colectiva las consecuencias del fraudulento proceso electoral de 2017 y posterior crisis, que supuso la culminación del ilegal proyecto reeleccionista de Hernández, la destrucción del estado de derecho y la institucionalización de la corrupción política al más alto nivel. Por lo demás, el rotundo fracaso del diálogo para resolver la crisis poselectoral, promovido por Naciones Unidas, evidenció la mala fe del gobierno y su falta de disposición a encontrar soluciones negociadas a los problemas del país.
En los últimos días, la situación de seguridad se ha deteriorado todavía más, derivando a un escenario de caos social. El país está paralizado por las protestas, en las que diariamente se producen cientos de tomas de carreteras y vías públicas, donde manifestantes cortan la circulación mediante la colocación de barricadas. Las escenas de insurrección incluyen algunas tan impactantes como la quema de la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos durante una manifestación; imágenes de decenas de camiones ardiendo, propiedad de una importante compañía bananera; y quemas y saqueos de negocios en los centros urbanos. Aunque no hay reportes claros al respecto, a la fecha en la que se escribe este articulo diferentes fuentes afirman que se habrían producido al menos 2 muertos y 20 heridos en el contexto de las protestas, solo en Tegucigalpa. En otras regiones del país como Colón, Atlántida o La Paz se reportaban enfrentamientos entre militares y población que habrían provocado un número indeterminado de muertos y heridos. Adicionalmente a estos hechos de violencia se han producido varias situaciones que han aumentado la tensión , como el paro parcial de transportistas que se produjo el 19 de junio y que dejó sin combustible a varias regiones del país; o la huelga de brazos caídos de varios cuerpos represivos del país, que culminaron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden, en los que fue gaseada la cúpula policial por sus propios subalternos. Estos hechos generaron escasez de efectivos policiales, lo que facilitó un aumento de la intensidad de las protestas.
Lo cierto es que la continuidad del gobierno de Juan Orlando Hernández parece cada vez más insostenible. Su falta de legitimidad es tan grande, que ha llegado a pronunciarse en su contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Él, que fue embajador durante el golpe de Estado de 2009, afirmó que la calamitosa situación actual se produce como consecuencia del socavamiento de la constitución por parte de Hernández para aprobar su reelección y la torpeza política de Donald Trump de crear alianzas con un gobierno de esta naturaleza. Y es que el de Juan Orlando fue un gobierno polémico desde el primer día.
Su primer mandato se inauguró con la revelación de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha vivido el país en las últimas décadas: el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social. Este escándalo, que supuso la sustracción de más de 300 millones de dólares, salpicó directamente al mandatario, que tuvo que reconocer que su campaña electoral se benefició de fondos de la trama corrupta. Desde entonces, la corrupción se ha convertido en toda una seña de identidad del gobierno. En estos años se han revelado tramas que involucran a una gran cantidad de diputados del Congreso Nacional, altos cargos del gobierno y sus familiares. En concreto, Juan Orlando Hernández y su familia son acusados de dirigir una trama que drenó 4,500 millones de lempiras (186 millones de dólares). Adicionalmente, durante los últimos años se ha visto un fuerte repunte de las violaciones a los derechos humanos y la persecución de activistas y opositores. El asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en 2016 es un crimen emblemático de esta oscura etapa.
Otro de los fenómenos que ha caracterizado a este gobierno ha sido la penetración del narcotráfico en las instituciones. En los últimos años la justicia estadounidense ha procesado a varias decenas de hondureños por el delito de narcotráfico, entre los que destaca el propio hermano del presidente de Juan Orlando, Tony Hernández, acusado de controlar laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras. En su declaración a las autoridades, el hermano del presidente afirmó que desde antes de que Juan Orlando llegase a la presidencia, el restaurante que su familia posee en su ciudad natal era un punto de encuentro habitual de las principales cabezas del narcotráfico hondureño. Adicionalmente, algunos capos del narcotraficante como Devís Leonel Rivera Maradiaga, han realizado declaraciones a la justicia estadounidense vinculando a altos cargos del gobierno como el actual Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, el anterior presidente Porfirio Lobo y otros políticos de alto nivel que han seguido en su cargo sin mayor consecuencia.
Pero el rasgo más característico del periodo presidencial de Juan Orlando Hernández ha sido el de la cooptación de los poderes públicos por parte de la Presidencia en un proceso dirigido a permitir al mandatario continuar en el poder más de los 4 años que permite la constitución. En el camino, se llevó por delante la división de poderes, logrando niveles de injerencia históricos en el poder legislativo, que una vez puesto a su servicio empleó para controlar el poder judicial. Como resultado de este proceso, en los últimos años las tramas de corrupción que involucran a congresistas oficialistas y opositores se han multiplicado. En este sentido y en el marco de una investigación de una de estas tramas, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público argumenta que “muchas iniciativas legislativas y proyectos de gobierno, (que) para su aprobación no alcanzan el consenso o la cantidad de votos requerida por mayoría simple o calificada o bien no gozan del respaldo popular, terminan siendo aprobadas, gracias a acciones de chantaje, canonjías, prebendas o favores políticos o personales”. Fue a través de este tipo de acciones que en 2016 el Congreso Nacional escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que generó una oleada inédita de transfuguismo en el legislativo, renovando un organismo como la Corte Suprema, sobre el que ya tenía un control absoluto. Prueba de ello es el papel que la Corte tuvo para dar vía libre a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández a través de un polémico fallo judicial de 2015.
Tras lograr esa resolución judicial, Juan Orlando lanzó una carrera de fondo para lograr su reelección. Sin embargo, los resultados iniciales del conteo de los comicios presidenciales de 2017 no fueron favorables a sus ambiciones. Tras conocerse los datos de conteo real durante la noche de las elecciones, el sistema se “cayó”, iniciando una crisis postelectoral que genero fuertes protestas y decenas de muertos. Tras un polémico proceso de auditoria realizado por unas autoridades electorales controladas por el presidente, Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor, a pesar de las abundantes evidencias de fraude y la recomendación de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos de repetir las elecciones. De forma incomprensible, la Misión Electoral enviada por la Unión Europea se limitó a hacer pequeñas recomendaciones de carácter técnico, dando un balón de oxígeno a un gobierno que sufría su mayor crisis de legitimidad a la fecha.
Tras esta situación, la legitimidad de Hernández se ha visto fuertemente socavada. Desde noviembre de 2017 el país vive sumido en una crisis política permanente, con focos de alta conflictividad en varias regiones del país como los departamentos de Choluteca (región sur) o Colón (región norte). Una característica común de todos estos conflictos es que, a pesar de estar originados en crisis sectoriales, han sido arropadas por amplias capas sociales cuya movilización supera las lógicas gremiales y partidistas, y van dirigidas a lograr la salida de Hernández, cuyo régimen es calificado de “narcodictadura”.
Con todos estos antecedentes, resulta sorprendente que el gobierno de Juan Orlando Hernández se mantenga en el poder y sea aceptado como un socio legitimo por la mayor parte de la comunidad internacional, ya que hasta la fecha mantiene solidos vínculos con sus principales socios, que no cuestionan su actuación. De entre todos ellos, los principales son el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista estadounidense, hasta le fecha se considera a Hernandez un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las múltiples evidencias que vinculan al mandatario y a su entorno con la criminalidad organizada. Los contradictorios antecedentes de Estados Unidos, y sus alianzas inconfesables en el marco de la guerra contra las drogas y su política contrainsurgente (Noriega en Panamá, Juan Ramón Matta en Honduras, el uribismo paramilitar en Colombia) ilustran la falta de interés real del gigante norteamericano en terminar su absurda guerra a las drogas, cuya continuidad le permite seguir interviniendo en los asuntos de otros estados, incluyendo Honduras. El único asunto que amenaza la estabilidad de las relaciones con Estados Unidos es el fenómeno migratorio, masivo y en crecimiento y que podría llevar a un impredecible Trump a tomar medidas contra Honduras.
Para el Fondo Monetario Internacional la administración Hernández constituye un sólido aliado. En su evaluación no se valora el hecho de que durante su gobierno haya aumentado la pobreza (del 64% en 2009 al 27% en 2018 según Foro Social de la Deuda Externa de Honduras – FOSDEH). Lo único que parece importar a la institución multilateral es que el gobierno hondureño garantice el pago estable de la deuda con sus acreedores internacionales. Alejandro Kaffati de FOSDEH, afirma que “un evento clave para fortalecer las relaciones entre el fondo y el gobierno fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016, en la que se estableció un marco fiscal restrictivo, que en los hechos ha supuesto fuertes limitaciones de la inversión pública en salud y educación”. El objetivo de esta ley, y de la actual tramitación de los decretos de reestructuración de los sectores de salud y educación siempre ha sido el mismo: ofrecer las máximas garantías de pago a los acreedores internacionales de Honduras. Paradójicamente, el FMI ha precipitado la presente crisis, al forzar al Estado hondureño a realizar recortes de gasto en sectores sensibles. Llama la atención que el fondo no solicite recortes en los dos sectores cuyo gasto ha crecido más en los últimos años: Seguridad y Defensa.
Mas allá de sus dos socios principales, el gobierno de Juan Orlando recibe un trato benévolo y complaciente de la mayor parte de la comunidad internacional. Sin ir más lejos, el gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha colaborado estrechamente en distintos proyectos con el gobierno, entre los que destaca el de aprobación de un nuevo código penal para Honduras. Dicho código, escrito con la asesoría de un juez español, ha servido al gobierno para subir penas de los delitos relacionados con la protesta social, bajar las penas de delitos de corrupción y dificultar los procesos de extradición por casos relacionados con el tráfico de drogas. En otros casos, el juego de intereses es más evidente, como en el caso de Israel, que a cambio de su apoyo militar y de inteligencia a Honduras logró que se trasladase la Embajada de Honduras en Israel a Jerusalén. En cuanto a la Unión Europea, no solo sorprende la tibieza de su análisis electoral, también resulta desconcertante que en sus relaciones de cooperación con el gobierno hondureño privilegie la figura del apoyo presupuestario, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de corrupción generalizada existente en el país (bajo esta modalidad, los fondos son ejecutados por el gobierno sin seguimiento del donante).
Nota relacionada “No existe tal dignidad de Juan Hernández”: Padre Melo (+vídeo)
Como se ha analizado el contexto interno en Honduras está altamente convulsionado, mientras que no existen condiciones a nivel internacional para presionar al gobierno y lograr una salida satisfactoria de este conflicto. El día 21 de junio, el gobierno decidió desplegar al ejército en todo el país para reprimir las protestas, recibiendo las críticas de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional o el OACNUDH. A pesar de esta acción intimidatoria, las protestas han seguido en marcha y en los próximos días la situación podría tomar tintes todavía más dramáticos. Ante la brutalidad gubernamental y la apatía o incluso la colaboración de la mayor parte de la comunidad internacional, se hace patente el origen de una de las principales características de la idiosincrasia política hondureña: la total falta de confianza entre la población hacia cualquier iniciativa internacional para “solucionar” los problemas del país. ¿Sigue el mundo viendo a Honduras como una república bananera?¡Basta Ya!
Por: Ariel Antonio Varela
¡Basta Ya! Hay un grupo de adinerados que por años han creado un sistema que les brinda Impunidad e inmunidad.
“¿Cómo supera la burguesía las crisis? Por una parte, mediante la destrucción forzada de una masa de fuerzas productivas; por otra, mediante la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de mercados viejos. ¿Cómo, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y reduciendo los medios para prevenir las crisis.”
Karl Marx
Hay que hablar de los verdaderos actores y responsables del problema que hoy atraviesa Honduras hay que señalar a esa clase nefasta de la que nunca o muy poco se habla, esa clase nefasta que siempre a estado oculta, ese sector apátrida que ve al pueblo hondureño con desprecio, nos ve como simple mano de obra barata simples esclavos que hay que adiestrar. Esos que están ocultos son la raíz del problema, esos que se dicen ser el sector productivo pero que produce y genera riquezas solo para ellos. Esa empresa privada es el cáncer que tiene sumido al país en la peor de las crisis. Esa empresa privada dueña de los grandes medios de comunicación que Por años han financiado golpes militares, campañas políticas y que en su última jugada montó un fraude electoral que terminó por quitarles la credibilidad. Zapata planteaba que “El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón.”
Esa burguesía, esa clase empresarial dueña del país que nos habla mediante sus representantes de la iglesia y medios de comunicación sobre la paz, la moral y los valores lo hablan desde la comodidad de sus privilegios, que han ganado mediante la extorsión el engaño y el robo. Nos hablan de paz mientras el pueblo recibe una dosis diaria de realidad; balas, desprecio, humillación, muerte y exclusión…
¡Es tiempo sin duda alguna de decir Basta ya! Pero no ese basta ya Hipócrita de la Iglesia adoradora del dinero que hoy sale a defender los intereses mezquinos de a clase adinerada y explotadora de este país, hay que desenmascarar a los vagos a los racistas criminales que viven la american way of life esa vida de Miami en un país lleno de desigualdad y miseria. Esa burguesía que sigue protegida por sus privilegios sabe que se les está cayendo el telón, saben que el pueblo se está dando cuenta que quien gobierna en realidad es un grupo de adinerados que por años han creado un sistema que les brinda Impunidad e inmunidad, ¡el pueblo se está dando cuenta que quien manda no es ese grupo de tontos Útiles que llamamos gobierno, NO! Quien maneja el país es ese mismo grupo empresarial de mercenarios adinerados, mezquinos que dictan el andar del país conforme a su conveniencia, lo hacen a base de balas, engaño, dinero y extorsión; a base de mentiras. Se mantienen escondidos en sus mentiras engañando al pueblo de una manera burda.
Nota relacionada Honduras a los corruptos: ¡BASTA YA!
tantos años han pasado y la historia se repite con el juego de la democracia que es utilizada para validar un modelo de explotación inhumano, en ese juego de la democracia en donde hay que ir a votar cada cierto periodo de tiempo, se monta una obra maestra los actores casi siempre son los mismos a veces cambian pero el director es el mismo ahí oculto detrás de escena dicta el andar de la obra , una obra maestra del engaño merecedora de premios hace sentir al público dueño de su destino, le da una sensación de libertad y empoderamiento le hace creer que tiene el poder de tomar sus propias decisiones , pero las decisiones ya han sido tomadas el final ya está escrito el pueblo vota la Burguesía pone a su tonto útil y la historia de exclusión de desigualdad y de esclavismo en donde el pueblo genera las riquezas y el burgués se las adueña sin hacer nada sigue su curso…impera una democracia para la minoría, sólo para las clases poseedoras, sólo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo siempre, poco más o menos, lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: libertad para los esclavistas. En virtud de las condiciones de la explotación, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la penuria y la miseria, que “no están para democracias”, “no están para política”, y en el curso corriente y pacífico de los acontecimientos, la mayoría de la población queda al margen de toda participación en la vida político-social.
30/07/2019 - ANRED (Argentina)
El movimiento estudiantil hondureño de pie pese a la persecución y judicialización
En Honduras continúa la criminalización de estudiantes y docentes que luchan por la defensa de la educación pública. En diálogo con Yasser Fuentes, integrante del Movimiento Estudiantil Universitario de la UNAH, Universidad de Tegucigalpa en Honduras, y judicializado por la toma de este establecimiento el año pasado, reflexionamos en torno a la judicialización de la protesta social y la lucha estudiantil en Honduras y en el continente.Por RNMA
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El gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras da continuidad a un período conservador y de opresión a la clase trabajadora desde el golpe de estado del 2009. Los movimientos sociales denuncian la violencia institucional que se vive cotidianamente en este país, como la represión estudiantil el 28 de junio pasado. Este despliegue de violencia represiva y judicial que se ensaña sobre los sectores universitarios y estudiantiles alerta sobre ciertas tendencias represivas a nivel continental.
“En alrededor de un mes hubo una violenta represión en la universidad de Tegucigalpa en donde la policía ingresó al predio de la universidad”, cuenta Yasser Fuentes. “Al día siguiente salió hablar el presidente justificando la acción militar diciendo que había que investigar al movimiento estudiantil universitario, el MEU, y llegó al punto de compararlo con Al Qaeda en la televisión pública. Eso es una muestra de lo que está sucediendo en el país desde el golpe de estado. Desde ese momento existe una escalada de criminalización, de persecución y hasta este momento no tenemos desaparecidos pero sí tenemos familiares de compañeros dirigentes asesinados.”
¿Y por qué crees que existe este encarnizamiento sobre el movimiento estudiantil en Honduras?
Nuestras reivindicaciones son las básicas: educación pública, gratuita y de calidad. Pero esto hay que decirlo: el movimiento estudiantil está inserto dentro de un movimiento social que cada vez es más violento en contra del gobierno de turno. Recordemos que este hombre que está de presidente fue reelecto en el 2017 aun siendo prohibido por la misma Constitución de la República. Entonces ha habido una escalada de manifestaciones y varios sectores de la sociedad se aunaron al sector estudiantil que representa una esperanza para el pueblo hondureño y por esto es que el presidente nos ataca.
Desde aquel momento, ¿cómo está la organización estudiantil?
No es la primera vez que se meten los policías. Anteriormente, en las tomas del 2016 y 17 tuvimos un despliegue militar obsceno no solamente acá en Ciudad Universitaria sino también en la Universidad del Valle de Sula donde sostuvimos la toma de la universidad defendiendo la democratización de la educación pública y la señora rectora de aquel entonces mandó militarizar la universidad.
La diferencia es que esta vez entraron disparando. El 24 de junio nos dispararon e hirieron a 6 compañeros. Nosotros nos seguimos organizando y resistimos. La semana pasada tuvimos asambleas en la mayoría de las carreras.
¿Cómo es la situación tuya y de otros estudiantes que fueron judicializados?
Existe un proceso de persecución a través de los docentes y de las autoridades universitarias para identificar a los líderes y ha sido una constante desde el 2015-16. Desde aquel momento se ha criminalizado a la protesta y a los movimientos estudiantiles y esto ha provocado que hoy por hoy existan más de 100 procesos judiciales contra estudiantes universitarios para de alguna manera desarticular e infundir terror a las organizaciones.
En el último despliegue militar que mandó la ex rectora, fuimos llevados presos varios compañeros. Algunos juicios ya han llegado a su fin y los compañeros se encuentran libres, pero otros continuamos con problemas con el proceso todavía abierto de parte de la universidad hacia nosotros.
¿Cuál es la proyección de las luchas estudiantiles hoy en Honduras?
Nuestras perspectivas son las elecciones a nivel estudiantil para elegir las autoridades, porque no tenemos representación legítima en los órganos de gobierno de la universidad. Estamos buscando democratizar la universidad junto a docentes y trabajadores. Invitamos a que sigan en las redes sociales al Movimiento Estudiantil Universitario MEU
En 15 días se sabrá suerte de maestros llamados a audiencia de descargo en Santa Bárbara
Dos
maestros desfilaron por las oficinas de la Dirección Departamental de Educación
de Santa Bárbara tras ser citados a audiencia de descargo por participar en acciones
de protesta en defensa de la salud y la educación pública.
Los docentes citados fueron Ángel Adelso Reyes de San Nicolás y Víctor Hugo Tejada de Las Vegas, Santa Bárbara. El profesor Tejada asegura que todo responde a una persecución del régimen que no tolera que los docentes defiendan los derechos del pueblo.
Los docentes citados fueron Ángel Adelso Reyes de San Nicolás y Víctor Hugo Tejada de Las Vegas, Santa Bárbara. El profesor Tejada asegura que todo responde a una persecución del régimen que no tolera que los docentes defiendan los derechos del pueblo.
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América Latina y el Caribe, jueves 1 de agosto de 2019
HONDURAS – CANADÁ
Declaración pública de la Compañía de Jesús en Canadá
Sobre la evaluación de Radio Progreso/ERIC
por parte de la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la
Paz y de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos
Jesuitas del Canadá
En los últimos días, medios de comunicación canadienses han publicado correspondencia entre el Padre Ismael Moreno, SJ, Director de la Fundación ERIC y Radio Progreso en Honduras, y la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (Canadian Conference of Catholic Bishops) y la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz (Canadian Catholic Organization for Development and Peace). Intervenimos públicamente tanto porque la prensa ha filtrado esta información como porque estamos profundamente preocupados por la seguridad de nuestros hermanos y hermanas en Honduras. Consideramos que la situación del Padre Moreno es de interés público, ya que el dinero recaudado cada año por la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y Paz proviene de miles de parroquias a lo largo de toda Canadá.
En febrero de 2019, nos enteramos de la suspensión temporal de grandes subvenciones de dinero a 52 socios de Desarrollo y Paz como parte de una investigación por parte del personal de la CCCB, con el fin de verificar su conformidad con la doctrina social y moral de la Iglesia. Nos sorprendió encontrar en la lista de organizaciones afectadas a la ERIC/Fundación Radio Progreso en Honduras, encabezada por nuestro colega jesuita Ismael Moreno.
El Padre Ismael Moreno (Padre Melo) es miembro de la Provincia Jesuita de Centroamérica. Profundamente arraigado en los valores evangélicos y motivado por su fe cristiana, el Padre Melo dedica su vida a defender los derechos fundamentales de las personas más marginadas y vulnerables de su país natal. Su obra ha sido reconocida internacionalmente por la Iglesia y las organizaciones civiles.
A través de ERIC y Radio Progreso, el Padre Melo y su equipo también trabajan para comprender en profundidad las causas económicas, políticas y sociales de las graves injusticias que afectan a Honduras y para denunciar a los responsables de las mismas.
El trabajo del Padre Melo y su equipo ha sufrido graves consecuencias: han recibido innumerables amenazas de muerte, hasta el punto de que él mismo se encuentra actualmente bajo protección policial. Por su compromiso, miembros de su equipo y colaboradores cercanos han pagado con sus vidas.
Estamos muy preocupados por la información que tenemos sobre los resultados de la investigación de 2018 realizada por la CCCB sobre los socios de Desarrollo y Paz. Esperamos que los criterios utilizados en el actual proceso de revisión se basen en una interpretación integral de la doctrina social de la Iglesia y en su defensa de la vida en todas sus dimensiones, en todas sus etapas y en toda su diversidad, así como en la denuncia de la pobreza como una afrenta a la dignidad de las mujeres y de los hombres, la promoción de la paz, la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Desde hace algunos años, el Papa Francisco ayuda a la Iglesia a superar el estancamiento de una concepción demasiado estrecha de la defensa de la vida. Nos recuerda que debemos recuperar la fuerte conciencia del discernimiento prudente y misericordioso, de la evaluación sabia y paciente requerida a la hora de aplicar la doctrina moral universal de la Iglesia a casos particulares.
Esto es lo que el Padre Melo quiere decir cuando escribe que debemos distinguir, por un lado, entre las opiniones de las personas que se expresan en medios como Radio Progreso, y por el otro, las pautas editoriales, las opciones fundamentales de la obra y las convicciones de sus líderes.
En una sociedad hondureña donde las instituciones cívicas se han derrumbado, donde las relaciones sociales deben ser reconstruidas y donde la violencia manda, la línea editorial de Radio Progreso y ERIC busca crear las condiciones para que las voces de la sociedad civil sean escuchadas y para que la vida política sea reconstruida. Ésta busca también abrir espacios, en esta conversación social y cívica, para la participación de los más pobres. Es inevitable, por lo tanto, que oigamos voces que se ajusten en gran medida a la doctrina social de la Iglesia, pero que no están del todo de acuerdo con cada uno de sus aspectos. Para que esta misión al servicio de la reconstrucción de la sociedad civil tenga éxito, la censura basada en una interpretación reductiva de una parte de la doctrina general de la Iglesia es peligrosa, precisamente porque excluye a actores importantes de la sociedad civil.
En este contexto, debemos confiar en el poder del debate social. La misión de la Fundación ERIC y de Radio Progreso es defender la vida en todas sus dimensiones, en cada una de sus etapas y en todas las situaciones. Los textos identificados en el proceso de revisión de enero de 2018 y enviados al Padre Melo no representan la naturaleza esencial de su trabajo ni la gran mayoría del contenido en sus publicaciones.
Quisiéramos reiterar a los líderes de la Iglesia canadiense y a los de Desarrollo y Paz la confianza que tenemos en nuestro colega Ismael Moreno y en las obras jesuitas en cuestión. Sabemos que el compromiso del Padre Melo y de nuestros colaboradores laicos es difícil de mantener en el contexto actual de Honduras y que a menudo son objeto de amenazas de muerte. Nos preocupa que con las acusaciones que circulan actualmente, la pérdida de apoyo de algunos grupos y líderes de la Iglesia pueda agravar aún más el peligro al que se exponen.
Entendemos que la CCODP necesita seguir su debido proceso al apoyar a sus socios en el extranjero; esto también es un discernimiento adecuado. Durante más de 50 años, el trabajo de la OCCDP ha demostrado su compromiso con la Iglesia y con los más marginados en su lucha por la dignidad. Esperamos que la OCCDP y los Obispos de Canadá continúen apoyando a nuestros hermanos y hermanas necesitados, y que lo hagan con claridad y transparencia, con el mayor respeto, poniendo cada tema en su contexto y bajo el signo de caridad cristiana que han demostrado durante décadas. Esperamos que los criterios, el proceso de revisión y sus conclusiones sean objetivos y, sobre todo, que reflejen el ideal de misericordia y justicia al que nos llama el Evangelio.
Como lo han hecho hasta ahora a través de la organización Canadian Jesuits International, los jesuitas de Canadá continuarán apoyando el trabajo de la Fundación ERIC y de Radio Progreso. Sabemos cuán esencial es la solidaridad y el apoyo financiero de muchas otras organizaciones internacionales para el cumplimiento de su misión. En un año en el que Desarrollo y Paz dedica especial atención al problema de la migración, y como todos somos testigos de la tragedia de las caravanas de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, estamos convencidos de que debemos apoyar la labor del Padre Melo y su equipo en la defensa de los derechos humanos.
Por último, ofrecemos los frutos de la experiencia y la investigación de nuestros centros internacionales y de los centros sociales aquí en Canadá para ayudar a resolver esta preocupante situación.
Fuente: Jesuitas del Canadá
“Los presos políticos son parte de esa ciudadanía que está luchando por un estado de derecho”: Edy Tábora
Tábora dijo que Honduras tiene un sistema de justicia muy precario, sin independencia de poderes, sin independencia judicial y con un Ministerio Público (MP) que ha retrocedido muchísimo, especialmente después del golpe de Estado de 2009, y más tarde con el tema del conflicto post electoral, se ha agravado la situación.
“Es un Ministerio Público muy coercitivo, entonces eso no permite hacer una defensa técnica de acuerdo a los parámetros del debido proceso, pero a esto se suma la situación de interés del estado de mantener, de controlar y de generar miedo, manteniendo presos políticos en el país”, sostuvo.
Tábora, en su condición de profesional del derecho de la Coalición contra la Impunidad, señaló que han conformado un equipo y diseñado una estrategia de defensa, junto a las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y María Elena Fonseca, con el fin de acompañar legalmente el caso del joven Herrera Portillo, que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, denominada La Tolva.
Actualmente ya se presentó el recurso de apelación que estaba pendiente para esta semana, siguiendo el estado procesal, pero las Cortes de Apelaciones tardan de 4 a 6 meses para resolver, “y sobre este tema hay un reto en donde a veces se sale de una coyuntura que ha generado una crisis y quedan olvidados los presos políticos. Actualmente hay 3 personas privadas de libertad del conflicto post electoral y el régimen no quiere soltar estas personas que ya cumplieron un año cinco meses de prisión, y todos los procesos están aún pendientes, con alrededor de 20 casos que deben ir a juicio”.
Los presos políticos son parte de esa ciudadanía que luchó y que está luchando por un estado de derecho, siguen manteniéndose en sus convicciones y no han aceptado que el régimen los doblegue, explicó el defensor de derechos humanos.
Mantener privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad a los presos políticos, significa el interés que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández, de generar temor en la población y por supuesto que lo generan.
Por eso es muy importante la solidaridad y los aportes que se pueden dar más allá de lo técnico, con los acercamientos hacia la familia, el reivindicar de manera permanente a los compañeros y compañeras que están como presos políticos y creo que sí necesitamos, que cuando se genere la captura de un compañero o compañera debemos reaccionar en las primeras horas, recomendó el profesional del derecho y director ejecutivo de C-LIBRE.
Tábora también señaló que los impactos que se generan en las familias de los presos políticos, van desde el daño emocional, el control mental, con la angustia que experimentan las familias, los gastos en que incurren y la carga económica que una situación como ésta representa.
“Los centros de detención, se han convertido en centros de edad media, con el control total de la persona, entonces ya la creación de estos es ilegal, pero ahora vemos que el funcionamiento ha agravado la situación porque hay restricción de muchos derechos, aparte del derecho de la libertad física. Creo que así como estamos reivindicando la situación del derecho a la salud; el derecho a la educación, realmente tenemos que avanzar para reivindicar todos los otros derechos que se han restringido en el país, como los derechos de más de dos mil privados de libertad del país”, apuntó Tábora.
En horas de la mañana de este mismo sábado 15 de junio, Edy Tábora sostuvo una reunión con la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, así como con los maestros Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo (padre y madre de Rommel Valdemar) y las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas, en la sede del comité, con el propósito de diseñar la estrategia a seguir en la defensa del joven Rommel Valdemar Herrera Portillo, acusado de incendio agravado y daños, en perjuicio de la embajada de Estados Unidos.
Por la tarde, Bertha Oliva visitó la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), para constatar el estado de salud y el ánimo de los maestros Ruy Díaz y Wilton Gómez, que se mantienen en huelga de hambre como parte de la lucha emprendida por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, y por la liberación de Rommel Valdemar Herrera Portillo y los demás presos políticos, que se manifestaron por el retorno al orden constitucional de Honduras y por la salida del régimen usurpador del nacionalista Juan Orlando Hernández.
CONGRESISTA DE EEUU SE POSICIONA ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE HONDURAS Y DENUNCIA IMPUNIDAD EN EL CASO BERTA CÁCERES
“Muchos de nosotros también recordamos el caso emblemático de Berta
Cáceres, una valiente activista ambiental indígena que fue hostigada y
amenazada repetidamente y finalmente asesinada por oponerse a la
construcción ilegal de una planta hidroeléctrica. Después de que la
policía intentó encubrir el crimen, fue solo gracias a la indignación
internacional que siete personas, incluido un empleado de la compañía
hidroeléctrica DESA, un ex jefe de seguridad de la compañía que era un
teniente del ejército entrenado por los EE. UU otro estadounidense de
las fuerzas especiales, y un ex sargento de las fuerzas especiales,
fueron arrestados y condenados. Sin embargo, más de tres años después de
ese horrible crimen, ninguno de ellos ha sido sentenciado. El
enjuiciamiento de un octavo individuo, David Castillo, el ex presidente
de DESA que también fue un ex oficial de inteligencia militar entrenado
en Estados Unidos, ha estado estancado durante meses. También se cree
ampliamente que hay otros conspiradores que no han sido acusados.
…Aquellos que estuvieron involucrados en concebir, llevar a cabo e intentar encubrir el asesinato de Berta Cáceres deberían ser llevados ante la justicia sin más demora. El pueblo hondureño también necesita que se haga justicia en los casos de fuerza excesiva y mortal contra los manifestantes por parte de la policía militar hondureña después de las elecciones de 2017. Debe haber juicios justos para los manifestantes que fueron arrestados y que han languidecido en la cárcel sin el debido proceso durante un año y medio. La justicia retrasada es justicia denegada, pero desafortunadamente esa es la norma en Honduras.
https://www.leahy.senate.gov/…
…Aquellos que estuvieron involucrados en concebir, llevar a cabo e intentar encubrir el asesinato de Berta Cáceres deberían ser llevados ante la justicia sin más demora. El pueblo hondureño también necesita que se haga justicia en los casos de fuerza excesiva y mortal contra los manifestantes por parte de la policía militar hondureña después de las elecciones de 2017. Debe haber juicios justos para los manifestantes que fueron arrestados y que han languidecido en la cárcel sin el debido proceso durante un año y medio. La justicia retrasada es justicia denegada, pero desafortunadamente esa es la norma en Honduras.
https://www.leahy.senate.gov/…
