¡ALARMANTE! 45 COLEGIOS DE HONDURAS ESTÁN MILITARIZADOS
El
portavoz de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Mario Rivera,
informó que en Honduras hay 45 centros educativos militarizados. De
acuerdo a la información de las autoridades, los directores de estos
institutos pidieron el auxilio del Estado, por la influencia de las
pandillas. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se le ha pedido al Gobierno hondureño, que los asuntos de seguridad ciudadana sean delegados a la Policía Nacional. La cúpula insiste en que la PMOP “es el camino”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Ya son más de 45 centros educativos públicos que se encuentran
resguardados por la Policía Militar de Orden Público (PMOP) a nivel
nacional, reportó el vocero de esta institución castrense, Mario Rivera.
De
acuerdo al informe de las autoridades, los centros estaban en peligro
debido al problema originado por la presencia de pandillas, por lo que
sus directores pidieron al Estado la protección con sus agencias de
Seguridad.
El
portavoz mencionó que la militarización de los centros, debe verse como
un apoyo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) para
resolver el problema de violencia que ha acabado con la vida de 21 mil
estudiantes, según defensores de Derechos Humanos.
Cabe
destacar que, la cifra de centros educativos resguardados, aumentó de
22 a 45, para evitar que la violencia impere en los institutos. Rivera
dijo que aparte de brindar seguridad, se investiga redes criminales a lo
interno de estos centros de formación.
Por
otro lado se fomenta el programa “Sin drogas vivís mejor”, en el que
los cuerpos de seguridad tienen acceso a las aulas para impartir charlas
y promover una cultura que los aleje de las drogas.
No
obstante, en los hondureños aún está presente lo ocurrido a los jóvenes
Mario Suárez y Gerson Meza del Instituto Técnico Honduras de la capital
Tegucigalpa. Ambos estudiantes fueron raptados por individuos con
indumentaria de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y
posteriormente aparecieron sin vida.
Durante
el quinto aniversario de la PMOP, el gobernante Juan Hernández dijo que
esta fuerza castrense “era el camino” para recuperar la paz que no ha
logrado conseguir a pesar de la fuerte inversión en Seguridad. Además,
recientemente creó la Fuerza Nacional Antimaras, porque no logra
descifrar la fórmula de la seguridad.
De la oficina al campo, COFADEH dinamiza su labor con redes de defensores de DDHH
Por: Sandra Rodríguez
Rancho El Obispo, Yuscarán.- El viaje fue de unos 35 minutos carretera al oriente desde Tegucigalpa. La invitación se había hecho en diferentes ocasiones cuando se diera la cosecha de maíz. El grupo campesino que tiene entre sus miembros defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad Rancho el Obispo, Yucarán, en el departamento El Paraíso, tenía todo preparado para recibir al personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Rancho El Obispo, Yuscarán.- El viaje fue de unos 35 minutos carretera al oriente desde Tegucigalpa. La invitación se había hecho en diferentes ocasiones cuando se diera la cosecha de maíz. El grupo campesino que tiene entre sus miembros defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad Rancho el Obispo, Yucarán, en el departamento El Paraíso, tenía todo preparado para recibir al personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En el trayecto se atraviesa por 32
manzanas de tierra en recuperación, en ellas está la cancha de fútbol,
unas docenas de casas de adobe (tierra, agua y pino seco), plantaciones
de hortalizas y un cementerio con tumbas y flores de colores.
La
casa del defensora y dirigente campesina Patricia Eguigure, fue el
lugar de encuentro. Era un día para degustar platillos tradicionales
derivados del maíz, que se cultiva en los predios que están en
recuperación desde el año 2012, y que por ello hay cinco defensores por
el acceso a la tierra condenados por el delito de usurpación, según el
Tribunal de Justicia em Danlí, desde el año 2016.
Francisco Suazo y su familia, uno de los
criminalizados y miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos y
Comunicadores Sociales de El Paraíso (Red-Oriente) que organizó el
COFADEH desde el 2012, llevó elotes cocidos.
“Chico” como lo llaman en la comunidad,
recuerda que “las tierras estaban sin cercos, la población era pequeña,
hay parientes y vecinos enterrados en el cementerio local, desde hace
más de 20 años, y ante el crecimiento de las familias nos vimos en la
necesidad de recuperar la tierra, y es cuando surge un supuesto dueño,
Ramón Rosa Flores Montoya”.
Mientras Lérida y Paty preparaban el
atole, también había café y rosquillas. Es un producto que sabe a lucha,
son más 700 personas en Rancho el Obispo, la solidaridad es permanente.
Los y las integrantes de los grupos campesinos “Hermanos Unidos” y
“Mujeres Unidas” se turnan para ir a capacitaciones, acompañar en
audiencias judiciales o movilizaciones por la defensa de los derechos
humanos.
El sufrimiento de uno es de todos, aquí
aprendemos a ser familia y por eso nos apoyamos mutuamente, más cuando
tenemos las mismas necesidades y conocimientos, expresó Ana Flores,
integrante de la Red de Oriente y secretaria departamental de la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Ana
llegó con su madre doña Reyna, eran las encargadas del almuerzo, un
“Pirruz de gallina india” recién bajado del fogón que se acompañó con
tortillas y limonada, para después comer elote asado, tamalitos de maíz
tierno, fritas de maíz y concluir con el delicioso atole.
El día se hizo corto, y con el atardecer
era el momento de volver a Tegucigalpa. La dinámica del COFADEH En
parte es compartir con los y las beneficiarias en su entorno, porque no
sólo es el trabajo técnico de acompañamiento, sino que, ante los
momentos de riesgo que vive el país necesitamos dinamizar nuestro
trabajo con este tipo de interacciones, expresó Berta Oliva,
coordinadora general del Comité.
Ante la invitación de beneficiarios de nuestros proyectos, vimos que no es ir sólo por ir donde ellos y ellas, sino que es también conocer sus dinámicas diarias, en su entorno en sus acciones.
“La llegada y estar con algunos
beneficiarios fue muy hermoso, no sólo por los ricos platillos que nos
tenían, sino por la riqueza y esencia de cada uno de ellos y ellas, es
compartir, ellos van más allá de ser parte de la red de defensores y
defensoras, sino que se involucran en la comunidad de forma tal que
recibimos la grata noticia que un día antes, fue nombrada la compañera
Paty Eguigure, representante del patronato de la comunidad, a quien
eligen por su formación, entrega, conocimiento y condición de mujer”.
Berta Oliva, coordinadora del COFADEH.
Los
y las defensoras de DDHH en esta comunidad, son personas involucradas
en las tareas sociales de su localidad, por lo que estamos hablando de
gente comprometida. Personas que son la voz de los sin voces, con la
labor de hacer que las mismas personas manifiesten y tengan voz para
multiplicar la labor social y multiplicar la demanda.
Mientras tanto el equipo del COFADEH
repetirá estas acciones con las diferentes redes a nivel nacional, y no
es sólo estar viajando, sino renovarse. Esta es una forma de
retroalimentación, la vida es toda una dinámica y valió la pena de
respirar un poco de aire puro como el del lugar donde estuvimos, detalló
Oliva.
Patricia Eguigure “Fue una experiencia muy buena, es un apoyo a los campesinos y un estímulo a los defensores, era nuestro deseo compartir con la familia del COFADEH de la cual nosotros somos parte”.
Como defensores y grupo campesino
deseamos que se repita. Hay cinco compañeros procesados, su caso está en
casación, por lo que tenerlos aquí entre nosotros es muy satisfactorio,
compartió Paty, quien recibió en su hogar al equipo del COFADEH y demás
compañeros y compañeras campesinas.
“Me gustaría tener una tumba donde rezarle a mi madre”
Tegucigalpa.- “Esa
señora que está allí es mi madre”, dijo Lurbyn Elaine Alvarenga, hija de
Teresa de Jesús Sierra, detenida desaparecida en la época de los
ochentas, al ver su foto plasmada en una manta expuesta en la plaza “Los
Desaparecidos” en el centro de Tegucigalpa, donde el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acude desde
hace 35 años, el primer viernes de mes, exigiendo verdad y justicia.
Teresa de Jesús Sierra Alvarenga
desapareció de su casa en el año de 1982, era secretaria de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también trabajaba en el
Sistema de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Cuando despareció su madre, exigía a las
autoridades que se la devolvieran viva o muerta, pero que se la
devolvieran, consta en el libro “Los hechos hablan por sí mismo”.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos
por el Estado de Honduras no sólo afectaron la vida de las personas que
fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, sino también la vida
de los familiares.
Lurbyn Elaine Alvarenga, era una niña de cinco años de edad cuando
los militares ingresaron a la casa para llevarse a su madre, de la cual
nunca más volvió a saber de ella.Nadie dio respuesta, su nombre pasó a alargar la lista de los detenidos desparecidos en la época de los años ochenta, de los que hasta la fecha no se volvió a saber nada, pero sus familiares aún recuerdan y no permite que su lucha y su vida quede en el olvido.
Lurbyn, hoy con sus 42 años de edad, relata a defendoresenliniea.com cuanta falta le ha hecho su madre, ya que por un capricho la privaron de crecer junto a ella.
“Cuando ella despareció yo tenía 5 años y mi hermano tenía 3 meses de edad, a ella la llegaron a sacar de la casa los militares, las razones las desconocemos; los años han pasado y todavía no se sabe nada de qué pasó con ella y ¿dónde está?
“Cuando mi mamá desaprecio yo no entendía que pasaba, porque mi mamá no aparecía por ningún lugar; fue hasta la edad de 10 años que yo entendí, pero siempre estuvo la ausencia de una persona que hiciera el amor de una madre, suplir una madre nadie puede, fue muy difícil”.
Lurbyn asegura que su vida y, sobre todo, su infancia no fue fácil, ya que fue como la de todo niño sin su madre.
“Una vida triste, difícil, sufrí bastante cuando fui niña, ahora grande pues ya tengo mi familia, le pido a Dios de que nunca permita que mis hijos pasen por lo que yo pasé, lo que yo sufrí”.
A mis 42 años sinceramente le dirías que es doloroso, porque a altura de estos años en lo que vivimos todavía no se sepa nada de lo que pasó en la década de los ochentas, es triste porque muchas familias sufrimos por esa eventualidad, por esa grosería de parte de los gobernantes, esa injusticia de la vida que se cometieron hacia todos nosotros, porque dejarnos sin nuestros padres, a la deriva, agregó Alvarenga.
Hasta el día de hoy me pregunto si está viva o está muerta, dónde está, donde están sus huesos, quiero encontrarla y poder tener una tumba donde llevarle flores y poder decir aquí está ella.
Lurbyn asegura que en COFADEH encontró una familia para sobrellevar el dolor y que acompaña a buscar verdad y justicia, junto a los familiares de los detenidos desaparecidos.
Considero que es una organización muy buena, porque se ha dedicado a investigar que pasó y a ayudar a los familiares que quedamos huérfanos, entonces me parece que es una labor muy buena que hay que apoyarlo.
El COFADEH recientemente presentó su informe de desaparición forzada al Comité de Desaparición Forzada en Ginebra, ya que ninguno de los nuevos casos de desaparición forzada, al igual que los registrados por el COFADEH desde la década de los ochenta, no han sido objeto de investigación, ni persecución penal contra los violadores de derechos humanos, ni castigo a los responsables, ni reparación para los familiares de las víctimas, según la memoria histórica escrita por este comité.
Cabe recordar que el COFADEH nace de la exigencia de doce familias que se unieron para alzar su voz y exigir justicia para sus familiares detenidos desaparecidos en la época de los ochenta y con el paso del tiempo se unieron más familias a esta exigencia de verdad y justicia.
COMUNICADO: Amnistía Ya
El Comité valora y celebra que 17 personas hayan recobrado su libertad bajo la modificación de la medida de sustitución de la prisión preventiva. Pero condena que 9 personas más, hayan sido criminalizadas y remitidas al Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo, el pasado 30 de agosto, día en que la Convergencia contra el Continuismo se movilizaba masivamente contra la dictadura.
Estas nueve personas están siendo sometidas a un régimen inhumano de detención sin acceso a visitas, artículos de higiene personal, agua potable y ropa de cama y de uso personal. Asimismo están incomunicados, igual que los otros cuatro que desde diciembre y enero, permanecen privados de libertad, sometidos a torturas físicas y psicológicas, enfrentando juicios viciados como represalias por defender sus ideas.
Desde este Comité alzamos nuestras voces y las voces que resisten desde los calabozos de El Pozo, La Tolva y el Centro Penal de El Progreso, por la denuncia permanente de la situación de los presos políticos, por las faltas al debido proceso y por las condiciones infrahumanas de detención, en que se encuentran.
Nos pronunciamos contra la dictadura, que utiliza sus Juzgados de Jurisdicción Nacional y su policía militar, para detener, investigar y custodiar a los disidentes políticos, restringiéndoles los más elementales derechos como el de alimentarse, leer, comunicarse con sus abogados y recibir visitas .
La comunidad Internacional debe exigir el respeto a los derechos de los prisioneros políticos, Libertad y el cierre de los expedientes abiertos sin carga probatoria.
Exigimos se respeten el derecho a la integridad, a la libertad, el cese al retardo malicioso de los procesos penales, la falta al debido proceso y la judicialización de la política.
Este tipo de represiones como la judicialización de la oposición política, no es un hecho aislado, es parte de una política de Estado y de una sistemática violación a los derechos humanos de los disidentes políticos, ordenadas desde los niveles más altos del régimen dictatorial que controla el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Exigimos la libertad de la totalidad de los Presos Políticos y el cierre definitivo de los expedientes judiciales e investigativos
Amnistía Ya…! Comité Nacional Por la Liberación de Presos Políticos.
Honduras. Exigimos un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH
Por Movimiento 4KAOS EN LA RED - Publicado en: 20 septiembre, 2018
Petición de firma.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad.
Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los
hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el
que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general
del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
movimientom4.org/2018/09/exigiLos abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.Atentamente,
En Honduras hay petróleo pero el gobierno mantiene el tema en secreto
En el 2013 el gobierno firmó al margen de la ley un contrato de exploración y explotación con la firma BG Group, ahora Shell
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-En
el marco de un foro realizado este jueves en Tegucigalpa se reveló que
en Honduras hay petróleo pero que el gobierno está ocultando la
información porque el contrato de exploración y explotación sobre el Mar
Caribe, concedido a la firma inglesa BG Group ahora Shell, se firmó al
margen de la ley.
Noticia Relacionada: Concesión al grupo británico BGG, para explorar y explotar petróleo en Honduras se maneja con mucho hermetismo
El
foro fue organizado por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras
(IDAMHO) al que acudieron ambientalistas, defensores de derechos
humanos, abogados, expertos en hidrocarburos, entre otros, que
analizaron el contrato firmado entre el gobierno de Honduras y BG Group
en el año 2013, mediante una contratación directa obviando el proceso de
licitación.
Los
expositores señalaron que el contrato de concesión contiene cláusulas
que violan la Constitución, los convenios internacionales y las leyes
ambientales. Asimismo, atenta contra los derechos indígenas que habitan
la zona caribeña, estimada en 35 mil kilómetros cuadrados.
De
acuerdo a la evaluación, el contrato amenaza además los arrecifes
coralinos de Mesoamérica, las actividades pesqueras. También es lesivo
porque no se realizó una consulta libre, previa e informada que
establece Convenio 169 de la OIT y que ha generado conflictos sociales
en la zona de la Mosquitia.
El
contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto
Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa
(2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso
Nacional.
Félix
Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh),
lamentó que el gobierno haya firmado el contrato sin consultar con los
pueblos originarios que habitan la zona de la Mosquitia, entre los que
citó a la comunidad Misquita, Garífuna y a las etnias Pech y Tawahka.
Valentín
contó que las comunidades se dieron cuenta de la concesión hasta que
vieron al barco y la maquinaria que ya estaba trabajando en el lugar.
Asimismo, que el contrato establece que la concesión se iba a realizar
en un plazo que oscilaba entre cuatro a seis años, pero el proceso se
realizó antes porque los yacimientos de petróleo fueron encontrados en
el paralelo 84 y 85.
El
líder comunitario garífuna señaló que si la explotación no ha iniciado
es porque la transnacional así lo ha decidido ante la baja del precio
del petróleo a nivel internacional.
Valentín
bautizó a la concesión petrolera como un “proyecto de muerte”, porque
existe el riesgo de un derrame con lo que automáticamente las
comunidades de toda la zona atlántica, comprendida entre los costas de
Guatemala, Belice, los departamentos hondureños de Roatán, Cortés, Yoro,
Atlántida, Colón y Gracias a Dios, serán desplazadas y se registrará la
muerte de la flora y fauna.
El
dirigente de Ofraneh advirtió que al no existir un Estado de Derecho en
Honduras, seguirán luchando y reclamando sus derechos ante las
instancias internacionales como la Relatoría de los Derechos Humanos de
la Naciones Unidas, que ya se ha pronunciado en contra del contrato
suscrito con la BG Group.
CONTRATO LEONINO Y NEFASTO
Para
la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y
experta en el tema de hidrocarburos, Juliette Handal, el contrato es
leonino y nefasto, porque fue firmado sin las más mínimas garantías de
beneficio para el Estado de Honduras.
“Siempre
se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero
este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del
desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero
para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”,
expresó Handal al cuestionar que la mayoría de los beneficios favorecen
al contratista y no al Estado
La
empresaria farmacéutica apuntó que quienes representaban al Estado, en
el momento en que se originó la firma del contrato, hicieron el trato a
la velocidad del rayo, ya que iniciaron los acercamientos con la firma
inglesa en el año 2012 y en mayo de 2013 ya habían estampado la rúbrica.
Las
negociaciones con BG Group estuvieron a cargo del entonces secretario
de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto
Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de
la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su
condición de representante legal de BG International Limited, Sucursal
Honduras.
“La
gente que lo aprobó en qué estaban pensando, todos los representantes
de la patria, la gente que hizo los análisis”, dijo Juliette Handal al
lamentar el contenido de una de las cláusulas del contrato que establece
que las comunidades del litoral atlántico estarán bajo riesgo de ser
desplazadas ante cualquier accidente que se origine por el derramamiento
de petróleo.
La
empresaria hizo un llamado al pueblo hondureño para que lea el
contrato, ya que seguramente causará indignación, “y al que no le cause
indignación que mejor no se llame hondureño”, satirizó.
Los
estudios sobre la existencia de petróleo en la costa caribeña de
Honduras comenzaron desde los años 50, luego continuaron en los años 70 y
posteriormente en los 90, cuando se determinó que sí había el preciado
“oro negro”, lo único que en aquel tiempo se determinó que las
cantidades y la calidad no eran suficientes para la comercialización,
según las tecnologías de extracción de aquel entonces, dijo a CRITERIO
el presidente de la Coalición Patriótica para la Solidaridad, Juan
Carlos Rodríguez.
CONTRATO
El
contrato con BG Group establece un periodo de cuatro años para la
exploración, prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de
seis años y para el periodo de explotación el plazo se definió en 20
años, prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.
PAGOSEl contratista se comprometió con el Estado a pagar antes del comienzo de cada año, los siguientes cánones por concepto de impuestos:Durante el periodo de exploración: $ 50,000 por la totalidad del área del contrato.Durante el periodo de explotación (desarrollo y producción): $ 1 por cada hectárea donde se desarrollarán los trabajos.Un pago adelantado único y no reembolsable de $ 300,000, correspondiente a seis años, en la fecha en que entró en vigencia el contrato.El contratista se comprometió además a efectuar una inversión de $ 250.000 en proyectos sociales en la zona.Se fijó además que el contratista haría un pago de $ 300,000 por adelantado, una vez que el contrato cobrara vigencia.El documento refiere además que el Estado de Honduras tendrá derecho a apenas el 15 % del total de las ganancias.
Para
el presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH) Julio
Raudales, el hecho de que el país tenga petróleo en su costa caribeña
podría ser negativo, porque podría generar conflictos sociales y
violencia como ha ocurrido en los países más pobres de África, donde
pese a que la naturaleza es muy rica, hay mucha pobreza en su población.
Raudales
no descarta que Honduras sea un foco de atención para las
transnacionales petroleras motivadas, de ahora en adelante, por venir a
explotar el Caribe.
Sin consultar a comunidades gobierno de Honduras suscribió contrato con BG Group
Proyecto pone en riesgo de desplazar del Mar Caribe a los misquitos, garífunas y a las etnias pech y tawahka.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Convenio para la exploración y explotación de petróleo en el Mar Caribe
de Honduras se hizo de manera inconsulta con los pueblos originarios
que habitan la zona de la Mosquitia, es decir con las comunidades
misquitas, garífunas y a las etnias pech y tawahka.
Noticia Relacionada: Contrato con BG Group es nefasto y leonino: Juliette Handal
“Los
convenios internacionales hablan de que el Estado está en la obligación
de consultar con los pueblos”, expresó el dirigente de la Organización
Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Félix Valentín al referirse a la
aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa,
libre e informada, cuando se ejecutan proyectos que afectan los
territorios de los pueblos ancestrales. Sin embargo el gobierno de
Honduras ignoró esta obligación legal al firmar en el 2013 el convenio
con la firma británica BG Group, ahora absorbida por la Shell.
Valentín
contó que las comunidades se dieron cuenta de la concesión hasta que
vieron al barco y la maquinaria que ya estaba trabajando en el lugar.
Asimismo, que el contrato establece que la concesión se iba a realizar
en un plazo que oscilaba entre cuatro a seis años, pero el proceso se
realizó antes porque los yacimientos de petróleo fueron encontrados en
el paralelo 84 y 85.
El
líder comunitario garífuna señaló que si la explotación no ha iniciado
es porque la transnacional así lo ha decidido ante la baja del precio
del petróleo a nivel internacional.
Noticia Relacionada: En Honduras hay petróleo pero el gobierno mantiene el tema en secreto
Valentín
bautizó a la concesión petrolera como un “proyecto de muerte”, porque
existe el riesgo de un derrame con lo que automáticamente las
comunidades de toda la zona atlántica, comprendida entre los costas de
Guatemala, Belice, los departamentos hondureños de Roatán, Cortés, Yoro,
Atlántida, Colón y Gracias a Dios, serán desplazadas y se registrará la
muerte de la flora y fauna.
El
dirigente de Ofraneh advirtió que al no existir un Estado de Derecho en
Honduras, seguirán luchando y reclamando sus derechos ante las
instancias internacionales como la Relatoría de los Derechos Humanos de
la Naciones Unidas, que ya se ha pronunciado en contra del contrato
suscrito con la BG Group.
Contrato con BG Group es nefasto y leonino: Juliette Handal
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Para
la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y
experta en el tema de hidrocarburos, Juliette Handal, el contrato
suscrito entre el gobierno de Honduras y la firma británica BG Group es
leonino y nefasto, porque fue firmado sin las más mínimas garantías de
beneficio para el Estado de Honduras.
“Siempre
se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero
este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del
desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero
para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”,
expresó Handal al cuestionar que la mayoría de los beneficios favorecen
al contratista y no al Estado.
Descargue aquí el Contrato BG Group y el Estado de Honduras
La
empresaria farmacéutica apuntó que quienes representaban al Estado, en
el momento en que se originó la firma del contrato, hicieron el trato a
la velocidad del rayo, ya que iniciaron los acercamientos con la firma
inglesa en el año 2012 y en mayo de 2013 ya habían estampado la rúbrica.
Noticia Relacionada: En Honduras hay petróleo pero el gobierno mantiene el tema en secreto
Las
negociaciones con BG Group estuvieron a cargo del entonces secretario
de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto
Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de
la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su
condición de representante legal de BG International Limited, Sucursal
Honduras.
“La
gente que lo aprobó en qué estaban pensando, todos los representantes
de la patria, la gente que hizo los análisis”, dijo Juliette Handal al
lamentar el contenido de una de las cláusulas del contrato que establece
que las comunidades del litoral atlántico estarán bajo riesgo de ser
desplazadas ante cualquier accidente que se origine por el derramamiento
de petróleo.
La
empresaria hizo un llamado al pueblo hondureño para que lea el
contrato, ya que seguramente causará indignación, “y al que no le cause
indignación que mejor no se llame hondureño”, satirizó.
Por enésima vez mujeres de Honduras exigen justicia por femicidios
| Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-
La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza ,condenan los
altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de las
autoridades, misma que se evidencia en el estudio sobre la Situación de
la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece que
Honduras está en la posición 12 de los países de mayor impunidad del
mundo.
Exigen que se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.
Exigieron
de manera directa al Ministerio Público a la ATIC, DPI y desde ahí a la
Unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y
demás entes operadores de justicia, la investigación urgente y el
castigo correspondiente a los hechores materiales de este y otros
crímenes para que no queden en la impunidad.
PRONUNCIAMIENTO
La
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza, ante los últimos
acontecimientos ocurridos en el país por el aumento a los crímenes de
odio contra mujeres a la opinión pública nacional e internacional hace
saber que:
Manifiesta
su repudio e indignación ante el asesinato de forma violenta ocurrido
el día de hoy 16 de septiembre en el presente año, donde fue encontrada
una mujer aún sin identificar, entre matorrales, su cuerpo desmembrado, y
fue dispersado en varios puntos de la Colonia 15 de septiembre ubicada
en la Ciudad de Choluteca Departamento de Choluteca, en la zona sur de
Honduras.
Condenamos
los altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de
las autoridades, mismo que se evidencia en el estudio sobre la Situación
de la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece
que nuestro país está en la posición 12 de los países de mayor
impunidad del mundo. Del 2005 a la fecha, 5440 Femicidios han ocurrido
con un 96% de impunidad.
Condenamos
los escenarios actuales de los Femicidios con mucha más crueldad hacia
las mujeres, decapitadas, desmembradas, mutiladas, lapidadas, violadas
en la mayoría de los casos.
Exigimos
el debido proceso de las Investigaciones, judicializaciones,
tipificación correcta de los femicidios, desde el primer operador de
Justicia que realiza el levantamiento de la escena del crimen y que se
mantenga hasta el último, que es el juez de sentencia, para asegurar que
no sea una estadística que aumente la impunidad.
Exigimos se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.
Exigimos
al Ministerio Público, ATIC, DPI y desde ahí a la Unidad de
investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y demás entes
operadores de justicia, la investigación urgente y el castigo
correspondiente a los hechores materiales de este y otros crímenes para
que no queden en la impunidad.
Nota relacionada 90% de impunidad en femicidios, facilita la violencia y discriminación de género en Honduras: CIDH
Por
lo que la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios Gladys Lanza, estará
vigilante del proceso de investigación de estos asesinatos de mujeres
haciendo las correspondientes denuncias a nivel internacional.
¡En memoria de sus vidas no dejaremos impune sus muertes!
Tegucigalpa, 16 de Septiembre del 2018
Movimiento
de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Asociación Calidad de Vida,
Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV), Organización
Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Coordinadora de Mujeres Campesinas
de la Paz (COMUCAP), Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH),
Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD)
|
163 personas murieron en forma violenta durante julio, 57 eran jóvenes menores de 23 años
Si se
comparan las muertes violentas de jóvenes del mes de julio (57 casos)
con las de junio (43 casos), se registra un aumento de 14 casos.
Tegucigalpa (martes 18 de septiembre 2018).- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe periódico, reportó que en el mes de julio de este año, se registró la muerte violenta de 163 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 137 fueron del sexo masculino, 25 del sexo femenino y 1 persona de sexo no determinado.
De ese total de muertes violentas registradas, 82 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 50.3 por ciento de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre los 11 y los 72 años.
En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para julio se registró un total de 57 casos, de los cuales, 45 corresponden al sexo masculino y 12 al sexo femenino.
De los 57 casos registrados en julio, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 70.1 por ciento, seguida por las causas no determinadas con el 12.2 por ciento, las producidas por arma blanca con el 10.5 por ciento, la asfixia por estrangulamiento con el 5.2 por ciento, y finalmente, las producidas por un objeto contuso con el 1.7 por ciento..
Por otro lado, los homicidios múltiples publicados en los medios de comunicación escrita, y monitoreados por la organización no gubernamental, suscitados durante julio, reportan la muerte violenta de 26 personas, las que ocurrieron en 8 matanzas.
Para el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), homicidio múltiple es el acto de asesinar a tres o más personas de manera simultánea en el mismo contexto y lugar, en donde las víctimas por lo general se encuentran indefensas ante el ataque del que son objeto; ejecutado con un nivel de eficiencia, frialdad, crueldad y ensañamiento; entre los posibles móviles están: venganza, intimidación, ajuste de cuentas o demostración de poder que se envía a terceros.
En torno a las masacres, Casa Alianza destaca que desde enero de 2016 a julio de 2018 (31 meses) los medios de comunicación escrita del país, registraron un total de 174 matanzas, con un saldo de 623 decesos.
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son Francisco Morazán y Cortés con 24 y 20 casos respectivamente, entre los dos departamentos, se concentra el 69.8 por ciento de los sucesos a nivel nacional.
La causa principal de las muertes violentas durante julio fue la provocada por armas de fuego con el 68.7 por ciento de los casos, las causas no determinadas con el 12.2 por ciento, las producidas por arma blanca con el 10.4 por ciento; las causadas por un objeto contuso con el 5.5 por ciento, y finalmente las producidas por asfixia, por estrangulación con el 3 por ciento.
En lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años, se reportaron un total de 17 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 40 muertes. Para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 9 y las de sexo femenino 8. En las edades entre 18 y 23 años, las víctimas de sexo masculino fueron 36 y las de sexo femenino 4.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son el Distrito Central con 22, y San Pedro Sula con 11 casos.
Durante el régimen de JOH se han registrado 3,479 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en julio se contabilizaron 9 sucesos, tres de ellos de sexo masculino, cinco de sexo femenino y uno de sexo indeterminado, 5 pertenecían a menores de 23 años, tres del sexo masculino y dos del sexo femenino.
Los desaparecidos se han
convertido en otra variable en el país, los eventos se reportan con
mayor frecuencia en las redes sociales, carteles o afiches en distintos
puntos de las ciudades y en segmentos de noticieros de televisión.
En nuestro recuento hemerográfico de julio, se reporta la
desaparición de dos personas en el departamento de Cortés, ambas del
sexo femenino, con edades de 10 y 16 años, una en el municipio de Puerto
Cortés y la otra en el municipio de San Pedro Sula.De la información recopilada durante julio, en el 59.6 por ciento de los casos, se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.
Casa
Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o
ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han
clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han
sucedido desde entonces.
El propósito es reflejar la
evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y
jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.
Durante los últimos 20 años,
particularmente entre febrero de 1998 y julio de 2018 se han registrado
en el país 12,593 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas
de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los
cincuenta y cuatro meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando
Hernández, se han registrado 3,479 muertes violentas y/o ejecuciones
arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el
monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la
cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han
sucedido. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, los medios de comunicación escritos sólo
publican un 40 por ciento del total de hechos violentos.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Los restos de cientos de migrantes desaparecidos podrían estar en un campo de pruebas militares en el desierto de Arizona
Original en Español 22 de agosto de 2018
El
Gobierno de Trump continúa implementando una dura política de
inmigración en la frontera, por medio de la cual los inmigrantes que
desean ingresar a Estados Unidos legalmente deben esperar días o semanas
para poder presentar una solicitud de asilo en la frontera. Según el
periodista de investigación John Carlos Frey, esta práctica del gobierno
de Trump hace que, cada vez más migrantes arriesguen sus vidas en
viajes peligrosos a través del desierto para intentar ingresar al país
de forma ilegal. Para saber más de este tema, hablamos con el periodista
John Carlos Frey del The Marshal Project. En este reportaje Frey nos
cuenta sobre el campo de prácticas de bombardeo Barry Goldwater del
Ejército de Estados Unidos ubicado en Arizona, un amplio terreno que se
encuentra del otro lado de la frontera a la altura de Nogales en México.
El área es parte de un camino por donde pasan los migrantes que es
increíblemente peligroso y al que los trabajadores de ayuda humanitaria
no se les permite acceder. Frey calcula que cientos de inmigrantes
podrían haber muerto allí en los últimos años pero que sus cuerpos no
han podido ser recuperados.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN:
Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. Casi tres semanas después de
que se cumpliera la fecha límite impuesta por un tribunal para reunir a
las familias separadas por la fuerza en la frontera entre México y
Estados Unidos, el Gobierno de Trump ha admitido que 559 menores
permanecen bajo su custodia y separados de sus padres. Los padres de más
de 360 de estos menores han sido deportados. El Gobierno dijo la semana
pasada que todavía está buscando a 26 padres que fueron separados de
sus hijos.
El Gobierno de Trump ha argumentado que debería ser la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) , y no el Gobierno, quien trate de localizar a los padres que el Gobierno envió a países extranjeros, usando su red de grupos de defensa de los inmigrantes e información del Gobierno. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, respondió diciendo: “El Gobierno parece estar asumiendo la sorprendente posición de que es el trabajo de las entidades privadas encontrar a estos padres, mientras se sienta y espera a que nosotros le avisemos cuando encontremos a estas personas”.
La mayoría de las familias separadas en la frontera buscaban asilo huyendo de la violencia en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala. En vez de recibir asilo, los padres fueron acusados penalmente en un tribunal federal por cruzar ilegalmente la frontera y luego encarcelados. Los menores, algunos todavía en edad lactante, fueron enviados a centros de acogida por todo Estados Unidos.
La separación de las familias inmigrantes en la frontera ha sido ampliamente condenada y ha generado grandes protestas, incluida una campaña de Instagram llamada “Querida Ivanka”, en la que celebridades como Amy Schumer y Chelsea Handler exigen que la hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca tome medidas para atender la actual situación de crisis relacionada con las separaciones de familias.
El juez Dana Sabraw, quien emitió la orden ejecutiva para exigir al Gobierno de Trump que reúna a todas las familias separadas, declaró: “Por cada padre que no sea localizado, habrá un menor huérfano, y eso es 100% responsabilidad del Gobierno”.
Para hablar más de este asunto nos acompaña John Carlos Frey, galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour. Frey acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos.
Bienvenido a Democracy Now!, John. Cuéntenos lo que vio allá.
JOHN CARLOS FREY: Lo que encontré en la frontera fue, primeramente, a personas que estaban esperando en una línea, en una cola, para pedir asilo. Antes de que comenzara el Gobierno del presidente Trump, las personas que estaban pidiendo asilo podían entrar el mismo día que se presentaban. Tenían que esperar en una cola por una hora o dos horas. Ahora, esperan hasta dos semanas para pedir asilo. Son personas que se van de sus países de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador, porque sus vidas corren peligro, porque los van a matar o porque son víctimas de violencia doméstica. Y no tienen muchas opciones cuando llegan a la frontera. No tienen casa, no tienen dinero y no tienen la capacidad de cuidar a los niños que están con ellos. Y este problema está creciendo. Hay albergues que se están siendo creados por personas que están afligidos la salud de estas personas. El Gobierno de Trump está deteniendo a las personas para que no entren pidiendo asilo, pero lo que están pidiendo no es contra la ley. Ellos tienen el derecho a pedir asilo y no se lo estamos permitiendo.
AMY GOODMAN: ¿No es eso algo ilegal? ¿No es esto algo contrario a las leyes estadounidenses e internacionales? Si llegan a la frontera rogando por solicitar asilo político, ¿no se les debería permitir entrar para que después su petición sea escuchada?
JOHN CARLOS FREY: Las leyes de Estados Unidos y los acuerdos que tenemos con México dicen que las personas que necesitan pedir asilo tienen el derecho a hacerlo. Pueden venir desde sus países, pueden presentarse en la frontera, en la mera línea de la frontera, hablar con un oficial y pedir asilo. Pueden decir: tengo miedo, me van a matar, no tengo manera de sobrevivir y estoy aquí para pedir asilo. Es un proceso legal, tienen el derecho de pedirlo. Deberíamos nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, dejarlos entrar. Cuando entran a Estados Unidos los van a encarcelar, los van a poner en un centro de detención y luego tendrán una audiencia en la corte. Les pedirán firmar unos papeles y dar un testimonio. Y es un juez quien debería decidir quienes van a quedarse en Estados Unidos y quienes no, y no un oficial de la frontera que no tiene el derecho de decidir ahí en ese momento, en la línea, que ellos no pueden pasar. Eso es contra la ley.
AMY GOODMAN: Usted habla de lo que le sucedió a los 559 menores que aún no se han reunido con sus padres. El Gobierno federal, encabezado por Trump, admitió que habían separado a 2.500 menores de sus padres. Luego admitieron que no fueron 2.500 sino 3.000. Más tarde un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, dictaminó que todos los menores debían ser reunidos con sus padres. En primer lugar, los menores de cinco años de edad y luego, dos semanas después, el resto. Pero según los datos del propio Gobierno, 559 menores continúan separados de sus padres. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus padres?
JOHN CARLOS FREY: Hay más de 500 niños, 559 en total, que aún están encarcelados. En este momento, ellos están separados de sus familias. El Gobierno de Estados Unidos no puede reunirlos por varias razones. Ellos dicen que no califican, que los padres ya fueron deportados, que no pueden encontrar a los padres, que no conocen los nombres de los padres y que no saben cómo reunirlos. Estos niños ya han perdido a sus padres. Como les digo, están encarcelados en centros de detención para niños en Estados Unidos. Y en este momento, me parece que ya no van a ser reunidos con sus padres, que se van a quedar en Estados Unidos sin ellos. Hay organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés), que está tratando de reunir a estas familias, pero el Gobierno ya ha dejado de lado esos esfuerzos. No está trabajando de ninguna manera para encontrar a los padres de estos niños y reunirlos. Hay 26 padres que no tienen nombre, no están identificados. Entonces, tenemos docenas de niños de los cuales el Gobierno no sabe quiénes son sus padres. ¿Cómo los van a reunir si no saben los nombres o no saben quiénes son sus padres? También, dicen que hay cinco niños que ni siquiera saben sus propios nombres, no son capaces de dar ninguna información ni ningún detalle. Estos niños se van a quedar aquí en Estados Unidos y quizás los van a dejar con otras familias, lo que se llama aquí en inglés “foster care”. Ahora, están en los centros de detención y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para reunirlos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey. Usted también ha descubierto que el Gobierno ha continuado separando a menores de sus padres, a pesar de que se le prohibió continuar con esa práctica.
JOHN CARLOS FREY: Sí, eso sí es cierto. Fui a Guatemala a un centro, un albergue, en donde cuidan a los migrantes que están siendo deportados la semana pasada y hablé con una familia. Me contaron que hace unas tres semanas forzaron a los padres y los separaron de sus dos niños. Y luego los padres fueron deportados a Guatemala sin sus niños. Esto sucedió después de que el Gobierno dijera que ya no iba a separar a las familias. A mí parece que todavía lo están haciendo. También he hablado con otros abogados y personas que trabajan con migrantes en la frontera y me dicen que todavía están separando familias por varias razones. El Gobierno dice que tiene la razón y es legal separar a los niños de sus padres si éstos han cometido un delito, pero nosotros no sabemos qué delito han cometido. A mi me parece que todavía los están separando.
AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos sobre el campo de pruebas militares Barry Goldwater?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en el desierto de Sonora, en el estado de Arizona, en donde los aviones militares de Estados Unidos hacen ejercicios. Es un área muy cerca de la frontera en donde cruzan los migrantes. Ellos cruzar la frontera por esta área, que es muy peligrosa, son como 30 millas en el desierto. Es un área que tiene restricciones, en donde el Gobierno no dejan pasar a los individuos que proveen agua para los migrantes. La Patrulla Fronteriza no los deja pasar tampoco. Los migrantes cruzan esta área, unas 30 millas del desierto, como paso para llegar a una ruta. Una organización que se llama Las Águilas del Desierto, que trata de encontrar a migrantes que están perdidos y obtuvo un permiso hace seis meses para buscar en esta área, dice que ha encontrado unos 13 individuos muertos -13 cuerpos de migrantes que murieron en esta área. El Gobierno de Estados Unidos no permite hacer búsquedas en esta área. Estas organizaciones dicen que hay cientos de personas que todavía están perdidas, cadáveres de migrantes que no han podido ser encontrados que quizás podrían estar en esta área.
AMY GOODMAN: ¿Hay algún modo de forzar al Gobierno para que permita la entrada a ese área para realizar un recuento, dada la posibilidad de que allí se encuentren los restos de cientos de migrantes?
JOHN CARLOS FREY: El Gobierno dice que no conoce, o no tiene información sobre personas que hayan muerto en esta área. No buscan a nadie. No dejan que organizaciones realicen búsquedas. No les permiten entrar porque dicen que es un área muy peligrosa debido a que allí están los militares haciendo sus ejercicios. Pero también dicen que no saben nada de personas que han muerto allí. Y a las organizaciones que han solicitado un permiso de búsqueda, hasta el momento, no se lo han concedido.
AMY GOODMAN: En 2015 usted informó sobre el hallazgo de una fosa común en Texas donde había enterrados los restos de más de 300 migrantes no identificados que habían sido encontrados en el desierto. Su investigación descubrió que muchos de esos inmigrantes habían muerto tras cruzar la frontera de Estados Unidos y esperar durante horas a que la Patrulla Fronteriza respondiera a sus llamadas al teléfono de emergencias. Háblenos sobre lo que descubrió y sobre la evolución del caso. ¿Qué ha pasado con esa fosa común?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en Texas en donde han enterrado migrantes sin nombre y sin identificación de ningún tipo. No sabemos quienes son estas personas. Hay casi 300 personas que fueron encontradas por un grupo de una universidad, que buscaba la manera de reunir a estos cuerpos con sus familias en México y en Centroamérica. En este momento, cuando ya han pasado más de tres años, aún no han encontrado la manera de reunirlos. Tenemos un organismo federal en Estados Unidos en donde podemos presentar los nombres de personas que no han sido identificadas, pero los migrantes de países como México y de Centroamérica, personas indocumentadas, no califican: no se admite su información ni ADN en esta lista de personas no identificadas. Las organizaciones que encontraron estos cuerpos están ellos mismos tratando de encontrar a los familiares, pero es un trabajo muy difícil. En este momento solo han podido identificar a una persona de las 300. El ADN y los datos de los migrantes indocumentados no pueden ser ingresados a esta lista que mencionaba, entonces las personas se quedan sin identificación y sin reunificación.
AMY GOODMAN: Finalmente, al respecto de esas fosas comunes, ya sea el campo de pruebas militares Barry Goldwater o esta otra fosa común de Texas, las que usted las llama las “tumbas de la vergüenza”, háblenos sobre la conexión entre eso y lo que está ocurriendo en la frontera, donde, como usted a reportado, hay familias esperando durante días para ingresar en Estados Unidos legalmente, y en algunos casos escogiendo otras rutas que implican un mayor riesgo.
JOHN CARLOS FREY: Si hay una familia que quiere pedir asilo, que viene de su país, casi todos vienen de Centroamérica y algunos vienen de México, y está pidiendo asilo es porque no tienen otra manera. Han dejado sus países y están tratando de entrar a Estados Unidos legalmente. Si no los dejan entrar, si tienen que esperar días, o no les dan el asilo, ¿qué van a ser? No pueden regresar a sus países porque ahí los van a matar o porque allí no pueden vivir, por eso han venido a pedir asilo. Y si no les dan ese asilo, van a cruzar de otra manera. De eso tenemos pruebas: las personas que están pidiendo asilo y no se los dan van a cruzar los desiertos. Y en este momento está haciendo mucho calor, el camino para cruzar el desierto es muy peligroso, y muchos están muriendo. Las personas que están pidiendo asilo legalmente, si no se los dan, van a cruzar esos desiertos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey, me gustaría darle las gracias por acompañarnos. Frey es un galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour, y que acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos. Esto es Democracy Now! Democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Para ver la entrevista en inglés pueden visitar nuestro sitio web. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
El Gobierno de Trump ha argumentado que debería ser la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) , y no el Gobierno, quien trate de localizar a los padres que el Gobierno envió a países extranjeros, usando su red de grupos de defensa de los inmigrantes e información del Gobierno. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, respondió diciendo: “El Gobierno parece estar asumiendo la sorprendente posición de que es el trabajo de las entidades privadas encontrar a estos padres, mientras se sienta y espera a que nosotros le avisemos cuando encontremos a estas personas”.
La mayoría de las familias separadas en la frontera buscaban asilo huyendo de la violencia en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala. En vez de recibir asilo, los padres fueron acusados penalmente en un tribunal federal por cruzar ilegalmente la frontera y luego encarcelados. Los menores, algunos todavía en edad lactante, fueron enviados a centros de acogida por todo Estados Unidos.
La separación de las familias inmigrantes en la frontera ha sido ampliamente condenada y ha generado grandes protestas, incluida una campaña de Instagram llamada “Querida Ivanka”, en la que celebridades como Amy Schumer y Chelsea Handler exigen que la hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca tome medidas para atender la actual situación de crisis relacionada con las separaciones de familias.
El juez Dana Sabraw, quien emitió la orden ejecutiva para exigir al Gobierno de Trump que reúna a todas las familias separadas, declaró: “Por cada padre que no sea localizado, habrá un menor huérfano, y eso es 100% responsabilidad del Gobierno”.
Para hablar más de este asunto nos acompaña John Carlos Frey, galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour. Frey acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos.
Bienvenido a Democracy Now!, John. Cuéntenos lo que vio allá.
JOHN CARLOS FREY: Lo que encontré en la frontera fue, primeramente, a personas que estaban esperando en una línea, en una cola, para pedir asilo. Antes de que comenzara el Gobierno del presidente Trump, las personas que estaban pidiendo asilo podían entrar el mismo día que se presentaban. Tenían que esperar en una cola por una hora o dos horas. Ahora, esperan hasta dos semanas para pedir asilo. Son personas que se van de sus países de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador, porque sus vidas corren peligro, porque los van a matar o porque son víctimas de violencia doméstica. Y no tienen muchas opciones cuando llegan a la frontera. No tienen casa, no tienen dinero y no tienen la capacidad de cuidar a los niños que están con ellos. Y este problema está creciendo. Hay albergues que se están siendo creados por personas que están afligidos la salud de estas personas. El Gobierno de Trump está deteniendo a las personas para que no entren pidiendo asilo, pero lo que están pidiendo no es contra la ley. Ellos tienen el derecho a pedir asilo y no se lo estamos permitiendo.
AMY GOODMAN: ¿No es eso algo ilegal? ¿No es esto algo contrario a las leyes estadounidenses e internacionales? Si llegan a la frontera rogando por solicitar asilo político, ¿no se les debería permitir entrar para que después su petición sea escuchada?
JOHN CARLOS FREY: Las leyes de Estados Unidos y los acuerdos que tenemos con México dicen que las personas que necesitan pedir asilo tienen el derecho a hacerlo. Pueden venir desde sus países, pueden presentarse en la frontera, en la mera línea de la frontera, hablar con un oficial y pedir asilo. Pueden decir: tengo miedo, me van a matar, no tengo manera de sobrevivir y estoy aquí para pedir asilo. Es un proceso legal, tienen el derecho de pedirlo. Deberíamos nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, dejarlos entrar. Cuando entran a Estados Unidos los van a encarcelar, los van a poner en un centro de detención y luego tendrán una audiencia en la corte. Les pedirán firmar unos papeles y dar un testimonio. Y es un juez quien debería decidir quienes van a quedarse en Estados Unidos y quienes no, y no un oficial de la frontera que no tiene el derecho de decidir ahí en ese momento, en la línea, que ellos no pueden pasar. Eso es contra la ley.
AMY GOODMAN: Usted habla de lo que le sucedió a los 559 menores que aún no se han reunido con sus padres. El Gobierno federal, encabezado por Trump, admitió que habían separado a 2.500 menores de sus padres. Luego admitieron que no fueron 2.500 sino 3.000. Más tarde un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, dictaminó que todos los menores debían ser reunidos con sus padres. En primer lugar, los menores de cinco años de edad y luego, dos semanas después, el resto. Pero según los datos del propio Gobierno, 559 menores continúan separados de sus padres. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus padres?
JOHN CARLOS FREY: Hay más de 500 niños, 559 en total, que aún están encarcelados. En este momento, ellos están separados de sus familias. El Gobierno de Estados Unidos no puede reunirlos por varias razones. Ellos dicen que no califican, que los padres ya fueron deportados, que no pueden encontrar a los padres, que no conocen los nombres de los padres y que no saben cómo reunirlos. Estos niños ya han perdido a sus padres. Como les digo, están encarcelados en centros de detención para niños en Estados Unidos. Y en este momento, me parece que ya no van a ser reunidos con sus padres, que se van a quedar en Estados Unidos sin ellos. Hay organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés), que está tratando de reunir a estas familias, pero el Gobierno ya ha dejado de lado esos esfuerzos. No está trabajando de ninguna manera para encontrar a los padres de estos niños y reunirlos. Hay 26 padres que no tienen nombre, no están identificados. Entonces, tenemos docenas de niños de los cuales el Gobierno no sabe quiénes son sus padres. ¿Cómo los van a reunir si no saben los nombres o no saben quiénes son sus padres? También, dicen que hay cinco niños que ni siquiera saben sus propios nombres, no son capaces de dar ninguna información ni ningún detalle. Estos niños se van a quedar aquí en Estados Unidos y quizás los van a dejar con otras familias, lo que se llama aquí en inglés “foster care”. Ahora, están en los centros de detención y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para reunirlos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey. Usted también ha descubierto que el Gobierno ha continuado separando a menores de sus padres, a pesar de que se le prohibió continuar con esa práctica.
JOHN CARLOS FREY: Sí, eso sí es cierto. Fui a Guatemala a un centro, un albergue, en donde cuidan a los migrantes que están siendo deportados la semana pasada y hablé con una familia. Me contaron que hace unas tres semanas forzaron a los padres y los separaron de sus dos niños. Y luego los padres fueron deportados a Guatemala sin sus niños. Esto sucedió después de que el Gobierno dijera que ya no iba a separar a las familias. A mí parece que todavía lo están haciendo. También he hablado con otros abogados y personas que trabajan con migrantes en la frontera y me dicen que todavía están separando familias por varias razones. El Gobierno dice que tiene la razón y es legal separar a los niños de sus padres si éstos han cometido un delito, pero nosotros no sabemos qué delito han cometido. A mi me parece que todavía los están separando.
AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos sobre el campo de pruebas militares Barry Goldwater?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en el desierto de Sonora, en el estado de Arizona, en donde los aviones militares de Estados Unidos hacen ejercicios. Es un área muy cerca de la frontera en donde cruzan los migrantes. Ellos cruzar la frontera por esta área, que es muy peligrosa, son como 30 millas en el desierto. Es un área que tiene restricciones, en donde el Gobierno no dejan pasar a los individuos que proveen agua para los migrantes. La Patrulla Fronteriza no los deja pasar tampoco. Los migrantes cruzan esta área, unas 30 millas del desierto, como paso para llegar a una ruta. Una organización que se llama Las Águilas del Desierto, que trata de encontrar a migrantes que están perdidos y obtuvo un permiso hace seis meses para buscar en esta área, dice que ha encontrado unos 13 individuos muertos -13 cuerpos de migrantes que murieron en esta área. El Gobierno de Estados Unidos no permite hacer búsquedas en esta área. Estas organizaciones dicen que hay cientos de personas que todavía están perdidas, cadáveres de migrantes que no han podido ser encontrados que quizás podrían estar en esta área.
AMY GOODMAN: ¿Hay algún modo de forzar al Gobierno para que permita la entrada a ese área para realizar un recuento, dada la posibilidad de que allí se encuentren los restos de cientos de migrantes?
JOHN CARLOS FREY: El Gobierno dice que no conoce, o no tiene información sobre personas que hayan muerto en esta área. No buscan a nadie. No dejan que organizaciones realicen búsquedas. No les permiten entrar porque dicen que es un área muy peligrosa debido a que allí están los militares haciendo sus ejercicios. Pero también dicen que no saben nada de personas que han muerto allí. Y a las organizaciones que han solicitado un permiso de búsqueda, hasta el momento, no se lo han concedido.
AMY GOODMAN: En 2015 usted informó sobre el hallazgo de una fosa común en Texas donde había enterrados los restos de más de 300 migrantes no identificados que habían sido encontrados en el desierto. Su investigación descubrió que muchos de esos inmigrantes habían muerto tras cruzar la frontera de Estados Unidos y esperar durante horas a que la Patrulla Fronteriza respondiera a sus llamadas al teléfono de emergencias. Háblenos sobre lo que descubrió y sobre la evolución del caso. ¿Qué ha pasado con esa fosa común?
JOHN CARLOS FREY: Hay una área en Texas en donde han enterrado migrantes sin nombre y sin identificación de ningún tipo. No sabemos quienes son estas personas. Hay casi 300 personas que fueron encontradas por un grupo de una universidad, que buscaba la manera de reunir a estos cuerpos con sus familias en México y en Centroamérica. En este momento, cuando ya han pasado más de tres años, aún no han encontrado la manera de reunirlos. Tenemos un organismo federal en Estados Unidos en donde podemos presentar los nombres de personas que no han sido identificadas, pero los migrantes de países como México y de Centroamérica, personas indocumentadas, no califican: no se admite su información ni ADN en esta lista de personas no identificadas. Las organizaciones que encontraron estos cuerpos están ellos mismos tratando de encontrar a los familiares, pero es un trabajo muy difícil. En este momento solo han podido identificar a una persona de las 300. El ADN y los datos de los migrantes indocumentados no pueden ser ingresados a esta lista que mencionaba, entonces las personas se quedan sin identificación y sin reunificación.
AMY GOODMAN: Finalmente, al respecto de esas fosas comunes, ya sea el campo de pruebas militares Barry Goldwater o esta otra fosa común de Texas, las que usted las llama las “tumbas de la vergüenza”, háblenos sobre la conexión entre eso y lo que está ocurriendo en la frontera, donde, como usted a reportado, hay familias esperando durante días para ingresar en Estados Unidos legalmente, y en algunos casos escogiendo otras rutas que implican un mayor riesgo.
JOHN CARLOS FREY: Si hay una familia que quiere pedir asilo, que viene de su país, casi todos vienen de Centroamérica y algunos vienen de México, y está pidiendo asilo es porque no tienen otra manera. Han dejado sus países y están tratando de entrar a Estados Unidos legalmente. Si no los dejan entrar, si tienen que esperar días, o no les dan el asilo, ¿qué van a ser? No pueden regresar a sus países porque ahí los van a matar o porque allí no pueden vivir, por eso han venido a pedir asilo. Y si no les dan ese asilo, van a cruzar de otra manera. De eso tenemos pruebas: las personas que están pidiendo asilo y no se los dan van a cruzar los desiertos. Y en este momento está haciendo mucho calor, el camino para cruzar el desierto es muy peligroso, y muchos están muriendo. Las personas que están pidiendo asilo legalmente, si no se los dan, van a cruzar esos desiertos.
AMY GOODMAN: John Carlos Frey, me gustaría darle las gracias por acompañarnos. Frey es un galardonado reportero de investigación que trabaja con The Marshall Project y como corresponsal de PBS NewsHour, y que acaba de estar en Guatemala y en la ciudad de Nogales, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde habló con solicitantes de asilo que llevaban esperando días, e incluso semanas, para ingresar a Estados Unidos. Esto es Democracy Now! Democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Para ver la entrevista en inglés pueden visitar nuestro sitio web. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
EEUU valora redistribuir presupuesto para mantener bajo custodia a niños indocumentados
| CUBADEBATE
Muchos
niños están en un depósito en Texas, enjaulados como animales. Duermen
en colchonetas en el piso, con la luz permanentemente encendida. Foto
tomada de Clarín.
En momentos en los que los menores migrantes ubicados en refugios del Gobierno suman casi 13 mil, el ejecutivo de Donald Trump busca fondos adicionales que le permitan alimentar y alojar a esos infantes.
Según el medio, tuvo acceso a una carta enviada el 5 de septiembre por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, a la senadora demócrata Patty Murray, en la cual dijo que planea mover 266 millones de dólares al programa para niños no acompañados de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
De acuerdo con la misiva, ese dinero provendría de otros proyectos, e incluiría 13,3 millones de dólares del Instituto Nacional del Cáncer, y 16,7 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Al mismo tiempo, se tomarían 5,7 millones del programa Ryan White VIH/SIDA, que brinda atención médica y apoyo a personas con VIH que carecen de seguro suficiente, y 6,3 millones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, además de 80 millones de otras iniciativas de la ORR.
También perderían fondos programas que están vinculados con la salud materno-infantil y los residentes rurales de Estados Unidos.
En una declaración enviada a BuzzFeed, Eric Hargan, subsecretario del HHS, manifestó que la reasignación es necesaria debido “al aumento en el número de casos y los incrementos inesperados de los niños que necesitan atención de nuestro programa”.
La semana pasada el diario The New York Times dio a conocer que la cifra de niños indocumentados bajo custodia del Gobierno llegó este mes a 12 mil 800, la más alta registrada en la historia del país, y cinco veces mayor a la existente en mayo de 2017, cuando eran dos mil 400.
El periódico explicó que los enormes aumentos no se deben a una mayor afluencia de los infantes que ingresan al país, sino a una reducción en la cantidad de menores liberados para vivir con familiares y otros patrocinadores.
A decir del medio, sigue cruzando la frontera sur aproximadamente la misma cantidad de pequeños que en años anteriores.
La gran diferencia, sin embargo, radica en la burocracia y en el temor provocado por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, que desaniman a familiares y amigos interesados en patrocinar a los niños, estimó el Times.
De hecho, CNN informó ayer que oficiales federales arrestaron a 41 adultos indocumentados cuando solicitaron cuidar a niños que se encuentran bajo la custodia federal.
Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la administración realiza un examen más riguroso de quienes solicitan el patrocinio de menores con el propósito de rastrear y arrestar a más indocumentados.
(Con información de Prensa Latina)
CASI 54 MIL HONDUREÑOS HAN SIDO DEPORTADOS EN 2018
Cada
año aumenta el porcentaje de hondureños que buscan el famoso “sueño
americano” enfrentándose a la difícil atmosfera migratoria, del
presidente Donald Trump, según datos oficiales, 53,756 hondureños han
sido deportados en lo que va del año, significando un aumento del 52.2
por ciento, con relación al 2017.
El
alza en la migración ha sido provocada, entre otras cosas, por la
crisis social, económica y política, que se profundizó a raíz de la
reelección presidencial, en diciembre pasado, EL LIBERTADOR recogió una
encuesta donde los hondureños dejaron claro, huirían del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En lo que va de 2018 unos 53,756 hondureños, que buscaron el “sueño
americano”, han sido deportados. Con relación al mismo periodo del año
pasado, se denotó un aumento del 52.2 por ciento, cuando fueron
retornados 35,327 personas.
De
acuerdo a datos oficiales de las autoridades migratorias de México, se
han deportado, por vía aérea, una cantidad de 1,299 hondureños
indocumentados, incluyendo 708 menores de edad no acompañados.
Mientras
que el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, a través de un
informe, donde menciona que Estados Unidos ha deportado desde enero al
14 de septiembre, un total de 21,085 hondureños, entre ellos menores de
edad.
Además,
por la vía terrestre, la cifra de retornados asciende a 31,277
hondureños, donde 5,585 son menores de edad. Al cierre de 2017, las
autoridades registraron que 48 mil hondureños fueron deportados tanto de
México y Estados Unidos.
Pese
a la dura política migratoria del presidente Donald Trump, la tierra
del “Tío Sam” sigue siendo el principal destino de hondureños y
centroamericanos en búsqueda de una mejor oportunidad.
De
acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la principal razón de la migración es la falta de
empleo, la violencia que significa el segundo lugar y por última causa, buscar la unión familiar.
Según
autoridades nacionales, alrededor de un millón de hondureños radica en
Estados Unidos, entre residentes legales e indocumentados que han
escapado por varias situaciones del país.
La
migración en Honduras se ha repuntado por la crisis social, económica y
política que vive el país luego de implantarse la reelección
presidencial, una encuesta de EL LIBERTADOR en diciembre de 2017,
reflejó que los hondureños preferían salir de Honduras, antes que
aguantar por cuatro años más al gobernante Juan Hernández.
