Copinh denuncia que el MP no ha analizado prueba que tiene desde mayo de 2016 en caso de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El Consejo Coordinador de Organizaciones Populares y de los Pueblos
Indígenas de Honduras (COPINH), denuncia que el Ministerio Público no ha
analizado las pruebas que tiene en su poder desde mayo de 2016.
A
menos de un mes del primer juicio oral y público por el asesinato de
Berta Cáceres, la Fiscalía del caso declara que no ha analizado
elementos de prueba, como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras
fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros
extraíbles y computadoras, aparatos que fueron recolectados en los
allanamientos realizados eles imputados y de las oficinas de DESA desde
hace más de 2 años.
Según
el Copinh la actuación del Ministerio Público, que encabeza de Oscar
Chinchilla, resulta inadmisible para un proceso investigativo de interés
nacional como lo declararon las autoridades desde un inicio y que,
además, ha tenido el respaldo de la embajada de los Estados Unidos.
Señalan
que esto se suma a las irregularidades que el Copinh y familiares de
Berta Cáceres han denunciado desde el inicio del proceso penal y que han
resultado en que se violenten los principios de legalidad, debido
proceso y debida diligencia y aún más el derecho de las víctimas a la
verdad y a la justicia.
La
comunicación del Ministerio Público, llega una semana antes de la
audiencia de proposición de pruebas programada para los días 23 y 24 de
agosto y a pocos días del juicio anunciado públicamente para el mes de
septiembre del 2018.
Lo
que significa que el juicio de los ocho imputados relacionados con la
autoría material del asesinato de Berta Cáceres, sin que el Ministerio
Público haya analizado toda la prueba, deja en una clara situación de
desventaja a las víctimas del caso dice el comunicado.
Nota relacionada Copinh ahora va tras la captura de los autores intelectuales de asesinato de Berta Cáceres Flores (vídeo)
Ante
este contexto, el Copinh ha invitado a una conferencia de prensa mañana
miércoles 22 de agosto a las 10:30 am en Centro Loyola (Avenida
República de Chile) para abordar las irregularidades del proceso y los
obstáculos en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad y la
justicia, particularmente frente a las audiencias próximas.
Carta para la Libertad de los Presos Políticos en Honduras
A comienzos de agosto viaje a Buenos Aires, Argentina, a participar en el “Foro por la Libertad de los Presos Políticos de los Pueblos”. Un día antes de comenzar este Foro, el 02 de agosto, los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los anfitriones, nos invitaron, a los delegados de otros países, a acompañarlos a “El Campito”, uno de los cuatro ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que operó en Campo de Mayo, un cuartel militar, que está a las afueras de Buenos Aires.
En ese lugar, abandonado, en proceso de investigación, de recuperación por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, las que luchan para que sea declarado un sitio de memoria, un espacio de conciencia, se rindió homenaje a Roberto Santucho, Cacho Scarpatti y Floreal Avellaneda cuyas vidas fueron segadas por el terrorismo de estado en Argentina. Por ese lugar recuerdan, pasaron unos 5.000 detenidos. Sólo 43 sobrevivieron.
Con mi pequeña grabadora guarde registro de los discursos que se dijeron en este lugar.
José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo en su discurso que “no queremos llevar nuestros muertos con nosotros sino, una vez por todas, pararnos sobre su altura, sobre su gran altura para alcanzar la unidad y el proyecto para ser dignos”. Acto seguido levantó su voz para rendir honor a los compañeros Santucho, Scarpatti, Avellaneda y a los 30 mil detenidos desaparecidos que hubo en Argentina.
“Yo creo -continuo Agustín Cetrangolo de HIJOS Argentina- que nuestros compañeros y compañeras le hicieron honor al himno nacional. Con gloria a morir; murieron con gloria. Pero también, quiero remarcar, no buscaban la muerte; ellos peleaban por la vida. Que nos trajeron al mundo quizás en el momento más difícil de sus vidas, en la clandestinidad, perseguidos. Sin embargo, decidieron seguir sembrando vida”.
Tomó la palabra Miguel Santucho, nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien la dictadura le arrebató a cinco de sus familiares, incluyendo a su madre y a su hermano en el vientre de ella, dijo, pensando en los suyos, que “Hay muchas enseñanzas que nos dejaron, que nos acompañan y sobre todo que nos dejan tranquilos y nos siembra en el ejemplo. Que existió en ellos coherencia entre el decir y el hacer. Esa capacidad que tenían de llevar a cabo lo que pensaban y hacían todo lo posible para realizarlo y es ese el ejemplo que yo mas quiero asimilar”.
Entre los asistentes, estaba Iris, la madre del “negrito Avellaneda”, quien preguntó a quienes estábamos ahí:“qué maldad podía tener un chico de 14 años”, su hijo, y nos dijo, con valor, con amor, “No bajaré los brazos, seguiré luchando…”.
Recuerdo todo esto porque tiene sentido, todas y todos somos parte de una misma lucha. En Argentina, en Honduras y por toda la patria grande hay gente que lucha por la libertad y la justicia social.
Como escriben Hijos de Guatemala “La memoria es la morada de nuestra esperanza, el lugar que nos abriga y nos susurra al oído para donde caminar”.
Al día siguiente, el 03 de agosto, se realizó el Foro por el cual viaje. Cuando fue mi turno de hablar, luego de escuchar las testimonios sobre la realidad de los presos políticos en Chile, del Pueblo Mapuche, Colombia, Brasil y Paraguay, lo primero que recordé fue que justamente un día 03 de agosto pero de 2008, hace 10 años atrás, viaje a un encuentro y llegué a un pueblito llamado La Esperanza. Fue la primera vez que visitaba Honduras. Fue la primera vez que conocí a Berta Cáceres, quien nos recibió a cada uno de los delegados internacionales y coordinó las actividades. Entonces, se realizaba el Segundo Encuentro Hemisférico contra la Militarización.
En esos mismos días, el 06 de agosto del 2008, todas y todos los que participabamos de esa jornada de resistencia contra la militarización fuimos hasta la Base Militar Soto Cano, ubicada en Palmerola, en Comayagua, y protestamos contra las tropas de EEUU ubicadas ahí en esa base militar de Honduras.
Un año después, el 28 de junio de 2008, fue justamente desde ese lugar, desde la Base Soto Cano, con la complicidad de EEUU, que se expulsó a Costa Rica al presidente Manuel Zelaya derrocado por un golpe de Estado el que fue ejecutado por militares hondureños graduados en la Escuela de las Américas del ejército de los EEUU.
¿Por qué recordé todo eso? Porque la detención de cada uno de ustedes y de los compañeros que están en libertad condicional son parte de una historia de mucha injusticia que no comenzó con el fraude electoral de noviembre del 2017 sino mucho antes.
En el foro, dije sus nombres y apellidos y pedí por su libertad porque quien lucha, sea esta una mujer o un hombre, defiende, en su acto de resistencia, la dignidad de todo el mundo frente a la opresión de la injusticia.
Luchar no es un delito y quienes luchamos no somos culpables de resistir con nuestros cuerpos y con nuestros corazones la injusticia de las leyes que aplican quienes nos gobiernan a la mala para favorecer a una minoría privilegiada que se enriquece de la explotación de nuestras tierra, de nuestros recursos comunes, o del trabajo de nuestra gente.
Sé por carne propia, ya que estuve dos años preso, 20 días en completa incomunicación en las cárceles del dictador Pinochet, que la solidaridad es una de las armas más hermosas que nos permitieron resistir el encierro, la prisión política, la injusticia.
Sé que llegará el día de la libertad de cada uno de ustedes y que, por sobre todo, debemos seguir luchando por la libertad más completa posible a la que aspiramos como seres humanos porque mientras exista un ser humano oprimido los demás no podemos sentirnos libres.
Desde el sur de América Latina, desde Chile, les escribo pensando en ustedes y de tantas y tantos hermanos prisioneros políticos y alzo mi voz por su libertad.
En solidaridad,
Pablo Ruiz
SOAWatch
La agente que aparece en la foto a la
izquierda es la que el periodista Ely Vallejo , con golpes en la foto de
la derecha, es la que señala como una de las responsables de haberlo
agredido. El ocultamiento de los nombres de los agentes que reprimen
manifestaciones es una constante de impunidad en Honduras.
Foto:https://www.facebook.com/
El Periodista Ely Vallejo, corresponsal del Canal 36 Cholusat Sur,
fue agredido y golpeado a toletazos el 16 de agosto de 2018, en San
Pedro Sula, Norte de Honduras, por un grupo de efectivos de la policía
cuando daba cobertura a una manifestación de estudiantes de secundaria
que protestaban en la calle por el alto incremento al transporte
público.
El 25 de Enero de este año Vallejo denunció que también fue víctima
de agresión en el centro de la Ciudad de San Pedro Sula cuando cubría la
toma de posesión de la Corporación Municipal, misma que coincidía con
una manifestación por el día de la mujer hondureña.
De acuerdo a su relato sin motivo alguno llegó un policía de apellido Martínez quien le dio de patadas, diciéndole ándate de aquí, se tocó el arma de reglamento en tono amenazante delante de muchos policías que se encontraban en el lugar.
Debido a las constantes amenazas y ataques por el ejercicio de la profesión Vallejo tuvo que abandonar el país hace cuatro años. Hasta la fecha las mismas n o han sido investigadas.
El relato de los hechos del 16 de agosto
Vallejo informó a pasosdeanimalgrande.com que cuando grababa a través de su móvil la cobertura noticiosa donde participaban estudiantes, aparentemente a efectivos de la policía no les gustó que los filmaran e impidieron la labor periodística que él realizaba en esos momentos.
Ante la obstrucción del trabajo de Vallejo éste les dijo “no crean que por andar armas son los dioses de Honduras, no se les olvide que los impuestos que pagamos los hondureños ustedes se los comen, pues todos sabemos que así es” a lo cual los agentes reaccionaron molestos evitando que siguiera grabando, procedieron a golpearle la cámara de video, acto que fue grabado por el mismo comunicador que de inmediato lo publicó en las redes sociales y Facebook.
En el video se ve cuando una mujer policía golpea el lente de la cámara y ésta se apaga, acto seguido al menos seis funcionarios policiales lo rodearon y comenzaron a golpearlo con los toletes provocándole una serie de hematomas en diferentes partes del cuerpo, por lo que de inmediato se trasladó a una clínica particular para ser atendido ya que no aguantaba los dolores, según describió.
El numeral nueve de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH , establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Hasta el momento de la redacción de esta nota no ha habido una investigación de oficio de los hechos por la Fiscalía de los Derechos Humanos ni por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.
Ataques y perdones
Desde el 27 de noviembre de 2017, en que se realizaron elecciones generales en Honduras, las protestas contra el fraude electoral se agudizaron, como respuesta el gobierno de Juan Orlando Hernández envió a los cuerpos represivos para contener la demanda ciudadana, más de 30 personas han sido asesinadas por la Policía Militar, militares de las Fuerzas Armadas y Policía Preventiva, según lo han denunciado organismos de derechos humanos.
En este contexto de violencia la prensa independiente ha sacado también la peor parte, más de 20 comunicadores sociales han denunciado que la policía les agrede cuando cubren manifestaciones.
Tal es el caso de Dassaev Aguilar, corresponsal de la cadena internacional HipanTV quien señaló que cuando documenta violaciones a los derechos humanos para sus reportajes, la policía le lanza bombas lacrimógenas contra su cuerpo porque ya lo tienen enfocado.
El 12 de enero de 2018 más de seis periodistas fueron golpeados en las cercanías de Casa Presidencial por la policía y el ejército cuando una masiva manifestación contra el fraude electoral demandaba que Hernández saliera de la presidencia porque su elección fue ilegal.
La denuncia fue interpuesta por los afectados ante el Ministerio Público, pero en el mes de julio les informaron que el expediente se había perdido, incrementando la inseguridad hacia sus vidas. Cesar Silva y Rony Martínez fueron dos de los periodistas golpeados, ellos son parte del equipo de prensa del canal de televisión UNETV, medio de comunicación que tiene cerradas las fuentes informativas del gobierno debido a que no se acopla a la agenda oficial de Casa de Gobierno.
En otras ciudades del país más comunicadores sociales fueron encarcelados y golpeados por la policía , días después debido a las publicaciones de las agresiones y que el cuerpo represivo quedo en evidencia, jefes de los agresores de los periodistas llegaron con sus subalternos a pedir perdón a los comunicadores sociales que aún esperan justicia.
La CIDH en su visita in loco, realizada del 30 de julio al 03 de agosto de 2018 señaló en su recomendación 17 que se debe “Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
De acuerdo a su relato sin motivo alguno llegó un policía de apellido Martínez quien le dio de patadas, diciéndole ándate de aquí, se tocó el arma de reglamento en tono amenazante delante de muchos policías que se encontraban en el lugar.
Debido a las constantes amenazas y ataques por el ejercicio de la profesión Vallejo tuvo que abandonar el país hace cuatro años. Hasta la fecha las mismas n o han sido investigadas.
El relato de los hechos del 16 de agosto
Vallejo informó a pasosdeanimalgrande.com que cuando grababa a través de su móvil la cobertura noticiosa donde participaban estudiantes, aparentemente a efectivos de la policía no les gustó que los filmaran e impidieron la labor periodística que él realizaba en esos momentos.
Ante la obstrucción del trabajo de Vallejo éste les dijo “no crean que por andar armas son los dioses de Honduras, no se les olvide que los impuestos que pagamos los hondureños ustedes se los comen, pues todos sabemos que así es” a lo cual los agentes reaccionaron molestos evitando que siguiera grabando, procedieron a golpearle la cámara de video, acto que fue grabado por el mismo comunicador que de inmediato lo publicó en las redes sociales y Facebook.
En el video se ve cuando una mujer policía golpea el lente de la cámara y ésta se apaga, acto seguido al menos seis funcionarios policiales lo rodearon y comenzaron a golpearlo con los toletes provocándole una serie de hematomas en diferentes partes del cuerpo, por lo que de inmediato se trasladó a una clínica particular para ser atendido ya que no aguantaba los dolores, según describió.
El numeral nueve de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH , establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Hasta el momento de la redacción de esta nota no ha habido una investigación de oficio de los hechos por la Fiscalía de los Derechos Humanos ni por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.
Ataques y perdones
Desde el 27 de noviembre de 2017, en que se realizaron elecciones generales en Honduras, las protestas contra el fraude electoral se agudizaron, como respuesta el gobierno de Juan Orlando Hernández envió a los cuerpos represivos para contener la demanda ciudadana, más de 30 personas han sido asesinadas por la Policía Militar, militares de las Fuerzas Armadas y Policía Preventiva, según lo han denunciado organismos de derechos humanos.
En este contexto de violencia la prensa independiente ha sacado también la peor parte, más de 20 comunicadores sociales han denunciado que la policía les agrede cuando cubren manifestaciones.
Tal es el caso de Dassaev Aguilar, corresponsal de la cadena internacional HipanTV quien señaló que cuando documenta violaciones a los derechos humanos para sus reportajes, la policía le lanza bombas lacrimógenas contra su cuerpo porque ya lo tienen enfocado.
El 12 de enero de 2018 más de seis periodistas fueron golpeados en las cercanías de Casa Presidencial por la policía y el ejército cuando una masiva manifestación contra el fraude electoral demandaba que Hernández saliera de la presidencia porque su elección fue ilegal.
La denuncia fue interpuesta por los afectados ante el Ministerio Público, pero en el mes de julio les informaron que el expediente se había perdido, incrementando la inseguridad hacia sus vidas. Cesar Silva y Rony Martínez fueron dos de los periodistas golpeados, ellos son parte del equipo de prensa del canal de televisión UNETV, medio de comunicación que tiene cerradas las fuentes informativas del gobierno debido a que no se acopla a la agenda oficial de Casa de Gobierno.
En otras ciudades del país más comunicadores sociales fueron encarcelados y golpeados por la policía , días después debido a las publicaciones de las agresiones y que el cuerpo represivo quedo en evidencia, jefes de los agresores de los periodistas llegaron con sus subalternos a pedir perdón a los comunicadores sociales que aún esperan justicia.
La CIDH en su visita in loco, realizada del 30 de julio al 03 de agosto de 2018 señaló en su recomendación 17 que se debe “Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
Edy Tábora: “Si no defendemos la libertad de expresión, tendremos una sociedad en silencio”
- Cesario Padilla
- Libertad de Expresión
- 03 Agosto 2018
El Progreso, Yoro (Conexihon).-
Confrontar al Poder con la búsqueda de información que no quiere que se
conozca, la necesidad de actuar colectivamente y repeler las distintas
acciones legales que restringen la libertad de expresión, fueron
algunas de las consideraciones hechas por Edy Tábora, director del
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Tábora
participó este viernes 03 de agosto, como invitado en el Análisis de
Realidad Mensual que realiza el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, cuyo tema era “Libertad de
Expresión en tiempos de dictadura”.
Entre
la diversidad de público asistente, había estudiantes de educación
media, líderes y lideresas sociales de la zona norte del país, y de la
Mesa de Indignados e Indignadas de El Progreso.
El
director de C-Libre, expuso como primer punto que la libertad de
expresión, como derecho humano, es problemática para el poder político,
como cuando salen a luz pública información sobre afectaciones en
asuntos de interés público (de la ciudadanía en general) y que está
relacionada con quienes representan al poder político y económico del
país.
Al
mencionar “los tiempos de dictadura”, como bien señala el título del
análisis en esta oportunidad, el también ex Fiscal de los derechos
humanos, hizo una reseña de normativas legales aprobadas en los últimos
25 años que, a su criterio, son las que han servido de base para
constituir la dictadura, basado en cuatro elementos, y que en este caso
expresan autoritarismo: un modelo de desarrollo basado en el despojo de
los recursos naturales, un modelo político que concentra el poder en el
presidente del poder ejecutivo, un modelo punitivo que privilegia la
militarización de la sociedad y del estado, y la aprobación de normativa
que defiende los intereses económicos y criminaliza la defensa
territorial y la protesta social, y por último, un modelo fiscal basado
en el impuesto al consumo. Con esto se ha dado la consolidación de una
dictadura que hoy representa en el poder, el presidente ilegalmente
reelecto, Juan Orlando Hernández.
Desde la modernización agrícola hasta la consolidación de la ilegal reelección
“Los
gobiernos autoritarios son herramientas de explotación y despojo”,
acotó Tábora. Seguidamente desglosó una serie de leyes aprobadas desde
1992, con la introducción del modelo neoliberal impuesto por el entonces
presidente Rafael Leonardo Callejas (hoy preso en Estados Unidos) tales
como la “Ley de Modernización Agrícola”, que no fue más que “la venta
de la tierra flexibilizada, en favor de los grandes terratenientes.
Los
siguientes gobiernos implementaron leyes como la ley General del Medio
Ambiente (1993), para acaparar la tierra y “especificar cuáles son las
llamadas zonas protegidas y cuáles no”, sostuvo Tábora.
A
esta ley se suma la herramienta de explotación de recursos naturales;
Ley Especial de Expropiación (1999), donde legaliza el despojo hacia los
pueblos indígenas y la “Ley de Propiedad (2004), ambos instrumentos
legales fortalecen el despojo de los pueblos indígenas. Ley de agua
potable, concentración del recurso agua para el empresariado.
En
opinión de Edy Tábora, las anteriores leyes, encuentran un punto de
fortaleza institucionalizada con el golpe de Estado de 2009.
Posteriormente, recordó, que apareció bajo el gobierno de Porfirio Lobo
Sosa (2010-2014), el llamado “Plan de Nación o Visión de País”
(2010-2052). Un documento que sintetiza el “adueñarse del país”
Y
finalizó esta parte con la promulgación y aprobación de la reelección
presidencial, luego de una reforma al artículo 239 constitucional en
2014, a solicitud del ex presidente Callejas y posteriormente un grupo
de una veintena de diputados en ese momento.
De
las últimas creaciones para consolidar el poder, es la ley de Alianza
Público Privada (COALIANZA), que junta a empresarios junto a la
administración pública.
El derecho al honor y lo protegido en tiempos de dictadura
Los
delitos contra el honor, establecidos en la normativa penal hondureña,
se han convertido en armas para el empresariado y funcionarios públicos,
con las que amenazan a las voces ciudadanas que denuncian actos de
corrupción, afirmó Tábora.
“No
quieren que hablemos de concesiones, tráfico de influencias y por no
hablar de temas de corrupción en general”, expuso el director de
C-Libre.
En
el marco del análisis de Realidad, Tábora alertó sobre las nuevas
acciones hechas en el Congreso Nacional para incrementar y crear
figuras que discuten en el nuevo Código Penal.
Mecanismos
o figuras como la Injuria, Calumnia y Difamación, en la actual
legislación penal, son castigados con penas que van desde uno a tres
años, en el caso de las dos primeras. En cuanto a Difamación es
aumentada a un tercio, de acuerdo con el artículo 160 del Código Penal
vigente.
Sin
embargo dentro del nuevo Código Penal, que se discute en el Poder
Legislativo, además de los tres delitos que ya contempla la ley, se
crean nuevas clasificaciones como las “Injurias y calumnias INDIRECTAS”,
el cual refiere a la acción de imputar de modo impersonal. Esto de
acuerdo al acta de discusión del pleno de diputados y diputadas, que Conexihon tuvo acceso.
Otra
de las amenazas hacia la libertad de expresión fue el articulo 335-B,
del paquete de reformas al Código Penal, aprobadas en febrero de 2017 en
materia de terrorismo y extorsión. Para Tábora esto es una practica
española, específicamente la "apología al terrorismo", donde aparecieron
quemas de buses y fueron publicitadas para responsabilizar a sectores
sociales que ejercían protesta en ese momento.
El
artículo 335-B, fue derogado a inicios del mes de junio del presente
año. Aunque desde la bancada del Partido Nacional en el Congreso, se
amenazó con someterlo nuevamente a discusión por "supuestos errores" en
el proyecto de ley que llevó a la derogación.
Cada
vez que se discute el derecho al honor, dicen que “no es absoluta”.
Siempre hay un derecho por el que se empieza a discutir o que impere
más. Un derecho por encima del otro.
¿Por qué es atacada la libertad de expresión en tiempos de dictadura?
La
libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento
de la democracia , sin embargo en los últimos 30 años, se ha reducido el
termino democracia únicamente al ejercicio del voto cada cuatro años.
El
defensor de derechos humanos habló de la existencia de “un diseño, hay
instrumentos que van a obstaculizar que hablemos y busquemos
información”.
Entre
ellas, está la Ley para Desclasificación de Documentos Relacionados con
defensa y seguridad (conocida como Ley de Secretos Oficiales), aprobada
en 2014 y que impide que un número de instituciones mantengan en
secreto documentación por periodos de hasta 50 años.
Detalló
que una de las manifestaciones de la dictadura es la creación del
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que en el artículo
número uno cita que, quién lo encabeza es el propio presidente de la
República. De los que forman parte, lo que se muestra es un control
total de quien está al mando del Poder Ejecutivo.
“Legalmente se subordinan los Poderes al presidente de la república”, citó el abogado Tábora.
Otro
factor es la violencia contra periodistas y comunicadores sociales,
contra quienes hubo cuatro agresiones en los últimos 10 día, incluyendo a
la periodista Kensy Gissel Grandez, de este medio de comunicación.
Dentro de la ola de violencia hacia la prensa, C-Libre registra en los ultimos dos años más de 200 alertas.
"La libertad de expresión, como derecho humano, se asocia únicamente a medios de comunicación y periodistas, pero es un derecho de todos y todas. Por eso está en ataque desde el poder”, justificó Edy Tábora.
Hablar de democracia, planteó el defensor, es para garantizar derechos fundamentales.
Va relacionado con reunión, manifestación pacífica, porque estos derechos nos permiten tener una mejor participación.
La
defensa de la palabra, individual y colectivamente, es una de las
reflexiones que dejó la participación de Edy Tábora en el Análisis de
Realidad Mensual, promovida por el Eric-sj.
“Necesitamos
defenderla, frente a la violencia contra periodistas, cuando acusen a
una persona hay que acompañarla y tener un reto de desregularizar este
tipo de normativas lesivas a la libertad de expresión”, puntualizó.
Mencionó casos específicos como el de Elvin Francisco Molina, empleado de una de las líneas
del Grupo Continental (Liderado por la familia Roshental y liquidado
forzosamente en octubre de 2015), quién fue acusado por el delito de
“Pánico financiero”, exhibido públicamente ante los medios de
comunicación, tras ser capturado.
Otro
caso expuesto fue el de Suyapa Martínez, directora del Centro de
Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), quien fue demandada por la
empresa Desarrollos Energéticos (DESA), acusada de difundir información
inexacta, en torno al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, opuesta a
la construcción de una hidroeléctrica (promovida y ejecutada por DESA
sobre el río Gualcarque).
“Decimos
cosas que no le gustan al Poder, por ende, nos posicionamos en contra
de sus intereses”. Amplió que, en el caso del asesinato de Cáceres, el
02 de marzo de 2016, es de interés público, por estar relacionada a una
falta de investigación, por vincularse mientras ella luchaba contra la
instalación de un proyecto hidroeléctrico en su territorio.
“Si no defendemos la libertad de expresión, tendremos una sociedad en silencio”, sentenció.
Finalmente,
Tábora llamó a los y las presentes a no dejar de hablar de “situaciones
de interés público” y hacer colectivo el debate de estos temas que
inquietan al poder. Ya que, si esta responsabilidad recae en una sola
persona, será vulnerable a la censura impuesta.
Alentó
a utilizar las redes sociales como canales de denuncia, tal y como
ocurrió durante la crisis post electoral a finales del 2017 e inicios
del 2018 en la que se impuso como presidente Juan Orlando Hernández.
Tábora
invitó a seguir la instalación de una Mesa contra la Censura, un
espacio que desde C-Libre, se impulsa para tomar cualquier herramienta
que imponga censura, y les hacen frente.
“Acompañemos
todas las iniciativas contra la censura. Apoyemos, denunciemos, ya sea
una persona o un medio que denuncia. No le tengamos miedo a la
dictadura, actuemos colectivamente”, culminó el defensor de la libertad
de expresión y director de C-libre.
Siguatepeque, Comayagua.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, llamó al pueblo hondureño a manifestarse en contra del régtimen usurpador de Juan Orlando Hernández, el próximo 30 de agosto; en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido.
La reconocida defensora de derechos humanos hizo el llamamiento el jueves 16 de agosto, en declaraciones a medios de comunicación que brindó en el marco de la semana educativa, cultural y de derechos humanos, promovida por el Intituto Genaro Muñóz de Siguatepeque, Comayagua
“Yo sí creo que es el turno de los ofendidos y ofendidas, es el turno del pueblo hondureño, este 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido, de concurrir a demandar, pero sobre todo a evidenciar la deuda histórica; tanto del pasado como del presente, que hay en temas de derechos humanos”, expresó Oliva.
Oliva indicó que el pueblo hondureño tiene su momento para expresar todas las injusticias que se han venido viviendo y cómo se ha venido agudizando en los últimos tiempos y por eso me parece que es importante acudir al llamado que está haciendo la Convergencia contra el Continuismo (CCC), para hacer presencia física y demostrarle al régimen que hay todo un pueblo que está totalmente descontento e insatisfecho por la acción que hizo y el atrevimiento que tuvo de violar de nuevo la Constitución de la República y de convertrirse en un gobierno ilegal, pero lo más fuerte, es ilegítimo.
“Y cuando carece de esos dos mandatos que le da el soberano (el pueblo), Juan Orlando Hernández debe irse antes del tiempo, debe irse antes de los 4 años, para dar paso a la oportunidad del pueblo que exige y demanda, y es la de tener la posibilidad de una convocatoria para hacer un proceso de refundación del país”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Todo el pueblo hondureño, independientemente de quien sea, e independientemente dónde esté, debe de formar parte de esta movilización, porque creo que ha llegado el momento de expresar , de decir, de hacerle saber (a Juan Orlando Hernández) de que él se está engañando, pero que el pueblo no está aceptando su engaño, y por eso es necesario que el pueblo camine, que exprese y que demande respeto a su decisión; que fue irrespetada el 26 de noiviembre de 2017, explicó.
Oliva añadió que la deuda que se tiene para con el pueblo es enorme, la demanda ciudadana también es enorme, por lo tanto la convocatoria es, ir a Tegucigalpa este 30 de agosto, para estar a las 10:00 de la mañana, y desde un lugar nos aglutinaremos y caminaremos.
“Esta no será una expresión de fuerza, es una acción ciudadana que vamos a hacer, porque no sacamos el músculo, nosotras sacamos la inteligencia; sacamos las ideas. No queremos que nos acompañe ninguna fuerza militar-policial, nosotros somos el pueblo y vamos a ser los ciudadanos y ciudadanas que vamos a estar ahí, para hacerr el ejercicio que legalmente y universalmente nos permite exigir, nos permitir demandar, y eso está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Por lo tanto le hacemos un llamado al pueblo hondureño que no tengfa miedo, que deje la comodidad y el miedo en su casa, el llamado es el 30 de agosto, el Día Nacional del Detenido Desaparecido,para conmemorar ese día, y además para juntarnos y para articularnos de la manera más civilizada y hacer un frentre común, ante tanta arbitrariedad e ilegalidad que estamos viviendo.“Esta no será una expresión de fuerza, es una acción ciudadana que vamos a hacer, porque no sacamos el músculo, nosotras sacamos la inteligencia; sacamos las ideas”: Bertha Oliva
Consultada acerca de si la movilización será pacífica, Bertha Olivva contestó que “el pensamiento nunca debe ser pacífico, el pensamiento está agitándose, nosotros vamos a ir con nuestras ideas libres; si a las ideas libres les tienen miedo, si al pensamiento crítico le tienen miedo, ese es problema de los que se sienten culpables, por lo tanto no tenemos que hablar que somos pacíficos, somos gentes que estamos en acción, tanto física como mentalmente. Si nos tienen miedo, es porque saben que tienen techo de vidrio, pero nosotras no tenemos miedo a la fuerza brutal ni a la fuerza militar.
“Sabemos que nos pueden hacer cualquier cosa, pero ya llegó el momento de decir las cosas en público y no en privado”, dijo la Coordinadora General del COFADEH.
Sobre el apoyo que ha tenido a nivel nacional el llamado de la Convergencia contra el Continuismo a movilizarse, Oliva expresó que “yo nunca había estado tan satisfecha, porque nos hemos dado a la tarea en la convergencia, de visitar a diferentes departamentos y ahí hay una efervescencia de la población y de la gente que está consciente para participar, para sentirse incluida y además se sienten parte de las demandas expuestas por la Convergencia contra el Continuismo.
Desde hace un año, defensores y defensoras históricas de derechos humanos, intelectuales, líderes y lideresas comunitarias, feministas, dirigentas indígenas y líderes religiosos, han estado involucrados para crear conciencia en el pueblo, de que es necesario expresar el repudio y el rechazo contra el régimen ilegal de Juan Orlando Hernández.
La movilización de la Convergencia contra el Continuismo, se llevará a cabo en una fecha emblemática para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como es el 30 de agosto.
Dicha conmemoración se desarrolla tambien a nivel internacional, en varios países de Latinoamerica, porque fue en un mes de agosto en distintos años, cuando escuadrones de la muerte, conformados bajo la doctrina de Seguridad Nacional en Centroamérica, y el Plan Cóndor en Sudamérica, ideados por el gobierno de Estados Unidos, desaparecieron a la mayor cantidad de personas, entre líderes obreros, campesinos, intelectuales, artistas, religiosos y religiosas, que alzaron su voz disidente y crítica contra los abusos de las dictaduras, los gobiernos títeres del imperio norteamericano y las medidas económicas contrarias al desarrollo de los pueblos.
Mujeres piden al Gobierno aplicación decreto de Comisión investigadora de los femicidios
Friday, 17 August 2018 23:24 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
En reunión sostenida este 16 de agosto de 2018 con las autoridades
del Poder Ejecutivo, las organizaciones de mujeres y feministas de
Honduras demandaron del gobierno la aplicación del Decreto del Congreso
Nacional (CN) que crea la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a
las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.
En julio de 2016 el Congreso Nacional aprobó, por unanimidad y con
dispensa de dos debates, el proyecto de decreto mediante el que se crea
la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y la Comisión
Interinstitucional y Seguimiento de las Investigaciones de Muertes
Violentas de Mujeres y Femicidios.
La comisión está integrada por el Ministerio Público a través de la ATIC y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), el Congreso Nacional a través de las comisiones de equidad de género y de seguridad, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y tres representantes de organizaciones de mujeres que trabajan en la prevención de la muerte contra mujeres.
Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), indicó a pasosdeanimalgrande.com que a pesar que el decreto fue aprobado en el 2016 hasta este 16 de agosto de 2018 pudieron reunir de manera formal a las instituciones involucradas.
Las organizaciones de mujeres vienen trabajando desde el 2016 en planteamientos al Congreso Nacional, “elaboramos un anteproyecto de Ley de reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) en donde en el Decreto No. 106-2016 se creaban las unidades de investigación de muertes de mujeres y femicidios, adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y también en el Artículo No. 2 se plantea la creación de una Comisión Interinstitucional de seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios”, indicó Martínez.
Dicho anteproyecto de reformas a la Ley del Ministerio Público fue presentado por la diputada Fátima Mena del Partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de la Comisión de Género en el Congreso Nacional, pero fue elaborado por las organizaciones de mujeres.
“Desde que se publicó el decreto ya vamos casi a dos años y entonces hemos estado presionando y convocando a los entes del Ministerio Público y a las instituciones que integran la comisión: al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), para poder regular o reglamentar a la Comisión y que una vez instalada comience a tener acciones avanzadas”, agregó.
Martínez afirmó que para ello hicieron cinco reuniones previas, pero lo que pasó es que si este decreto no se alza a nivel del Poder Ejecutivo, para que sea él quien instale la Comisión sin eso no será vinculante.
Institucionalidad
Las organizaciones de mujeres ya no creen en la institucionalidad del Estado y aseguran haber perdido la confianza en la misma.
“Nosotras aunque nos cuesta ya no creemos en la institucionalidad, porque realmente hemos perdido la confianza en estas instituciones y en comisiones porque ya participamos en algunas donde ya hicimos un análisis y queremos que se instale esta Comisión”.
Del 2003 al 2018 ya van más de 6,000 casos de femicidios y más del 90 por ciento están en la impunidad y hay una serie de debilidades, tanto en la Dirección de la Policía de Investigación (DPI), como en el mismo MP y en los fiscales sobre los procesos de investigación, “entonces se requiere de un espacio en donde se puedan hacer propuestas, en donde los entes involucrados se sientan vigilados, auditados ,se les interpele para que avancen las investigaciones de femicidios y hacia allá van los alcances del proyecto”, explicó.
La Directora del CEM-H destacó que a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer,(INAM), presionaron para que se hiciera esta instalación de la Comisión y el día de ayer -16 de agosto- ya se instaló”, dijo con un grado de satisfacción.
Para las organizaciones de mujeres y feministas, “esto es un gran reto, aunque allí hay compromisos públicos en donde se comprometió Juan Orlando Hernández diciendo que se asignarán renglones presupuestarios tanto para sostener a la Comisión como para las acciones que se realizarán para ampliar las unidades tanto en la ATIC para la investigación de femicidios y también crear las unidades en la Policía de Investigación”.
Martínez agregó que desde la comisión se pueden impulsar varias propuestas y como la Secretaría de Seguridad que es parte del Poder Ejecutivo, está en poder de ellos crearlas y si las decisiones de la comisión son vinculantes, tienen que hacerlo, ya que hay un compromiso”, detalló.
Prevención
En el decreto también se contemplan acciones de prevención para evitar se sigan produciendo más muertes de mujeres.
Se pretenden realizar acciones de prevención de femicidios porque una cosa es encontrar a los responsables y reducir la impunidad y otra cosa son las acciones de prevención para que no maten a las mujeres, esto tiene que ver con la violencia doméstica y que esto se atienda a tiempo, en que lugares se está cometiendo violencia doméstica y que se hagan campañas intensas de prevención, reclacó.
Presupuesto
Pero como en todo para que funcione debe existir un presupuesto, el Ejecutivo pidió a las organizaciones que integrarán la comisión trabajar en los presupuestos y en las políticas públicas que se pretenden implementar lo más pronto posible.
Martínez afirmó que tuvieron la primera reunión aceptada por el gobierno, allí se propusieron diferentes acciones y una de las primeras líneas es la presupuestaria ya que sin presupuesto no se va a ningún lado.
“Para trabajar en la parte presupuestaria, cada institución encargada de la investigación y de prevención está obligada antes del próximo lunes, a presentar una propuesta presupuestaria ya que el presupuesto total no ha sido enviado al Congreso Nacional , el mismo se manda hasta septiembre y después se empieza la socialización entre las mismas instituciones, estamos cortos de tiempo para que se presente eso, pero tendrán deben hacerlo ya que es su obligación”.
Mencionó que el papel de las organizaciones de mujeres es de vigilar, hacer propuestas y denunciar si las cosas no se están haciendo bien, “esperamos que valga la pena el esfuerzo porque nos costó exigirle a las instituciones de mujeres que estamos involucradas en esto y no es fácil con un gobierno que está muy cuestionado impulsar este tipo de proyectos”.
Comisión
Las organizaciones que integran la Comisión a nivel de propietarios son: El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), la Asociación Calidad de Vida. Como suplentes están el Grupo de la Sociedad Civil, GSC, Organización Intibucana Las Hormigas, Articulación de Mujeres de la Vía Campesina y las Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Reglamentación
Para la reglamentación de la ley las organizaciones de mujeres elaboraron una propuesta antes de instalada la comisión, la cual pasará a revisión de todas las instituciones.
“Tenemos una propuesta de reglamento para la Comisión y también hay una de reglamentación para las unidades de investigación, las trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público y la propuesta de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, con las organizaciones”, dijo la representante del CEM-H.
Destacó que “las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y feministas, pidieron se amplíe la cobertura en las investigaciones de muertes de mujeres o femicidios, porque son pocos fiscales los que hay y no son todos los investigadores que están en el país ya que actualmente están concentrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y para eso se requiere mejorar las coordinaciones entre las direcciones de la policía de investigación, Medicina Forense y la ATIC.
A nivel de Medicina Forense se propone la creación de unidades forenses especializadas en femicidios”, reiteró.
Defensoras
En cuanto a los casos de violaciones a los derechos humanos de las defensoras, Suyapa Martínez reafirmó que para eso está el Mecanismo de Protección y es potestad del Consejo Nacional de Protección,
Aclaró que si se diera un homicidio de una defensora de derechos humanos como por ejemplo el caso de Berta Cáceres, sí compete elevarlo a la Comisión, nosotras vamos a colocar en debate el caso de Berta Cáceres y de Margarita Murillo, que están pendientes de resolverse y que está en investigación, al igual que otros casos como el de las trabajadoras domésticas que han sido asesinadas recientemente y otros que nosotras tenemos ya en listado”, destacó.
El INAM tendrá que proponer a las instituciones gubernamentales aunque no sean parte de la comisión, como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, entre otras, acciones de prevención en los casos que amerite la intervención, señala la ley.
Para la defensora de los derechos de las mujeres hay que hacer un plan de trabajo, todas tenemos muchísimas ideas para proponer, por ejemplo un Sistema Integral de Protección para los hijos e hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, estos hijos se crían sin padres o con los abuelos y no tienen recursos para sostenerlos, dejan de estudiar y después incursionan en otro tipo de actividades y debemos de prevenir esas cosas”.
De acuerdo al planteamiento de las organizaciones de mujeres los niños son víctimas también porque a sus madres las asesinaron y porque hay un Estado irresponsable o que no toma medidas para que no maten a las mujeres.
Ciudad Mujer
Sobre la utilización dentro del proyecto que implementará el gobierno y las organizaciones se mencionó el de Ciuda Mujer.
“El Proyecto Ciudad Mujer no forma parte de la Comisión, pero a través de las instituciones como el INAM o la Secretaría de Derechos Humanos, tendrán que implementar acciones, porque es a través de la Comisión que se van a realizar propuestas de acciones cuando las mismas sean necesarias”.
Caso de los juzgados
Martínez dijo que existen instancias en el Poder Judicial que no dan respuestas precisas a la violencia que pasan las mujeres en el país, es el caso de los juzgados en donde se interponen las denuncias de violencia doméstica.
“Un ejemplo claro es la participación de los juzgados, donde las mujeres ya habían presentado denuncias pero los juzgados no realizaron acciones a tiempo con las medidas de seguridad como aislar a los agresores, entonces en esos casos hay responsabilidad estatal de lo que les sucedió a esas mujeres y para ello se estaría invitando a las autoridades de los juzgados para hacerles esas propuestas, asimismo con las autoridades del Poder Judicial y con todos los que sean necesarios para corregir ese entuerto”, finalizó.
La comisión está integrada por el Ministerio Público a través de la ATIC y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), el Congreso Nacional a través de las comisiones de equidad de género y de seguridad, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y tres representantes de organizaciones de mujeres que trabajan en la prevención de la muerte contra mujeres.
Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), indicó a pasosdeanimalgrande.com que a pesar que el decreto fue aprobado en el 2016 hasta este 16 de agosto de 2018 pudieron reunir de manera formal a las instituciones involucradas.
Las organizaciones de mujeres vienen trabajando desde el 2016 en planteamientos al Congreso Nacional, “elaboramos un anteproyecto de Ley de reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) en donde en el Decreto No. 106-2016 se creaban las unidades de investigación de muertes de mujeres y femicidios, adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y también en el Artículo No. 2 se plantea la creación de una Comisión Interinstitucional de seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios”, indicó Martínez.
Dicho anteproyecto de reformas a la Ley del Ministerio Público fue presentado por la diputada Fátima Mena del Partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de la Comisión de Género en el Congreso Nacional, pero fue elaborado por las organizaciones de mujeres.
“Desde que se publicó el decreto ya vamos casi a dos años y entonces hemos estado presionando y convocando a los entes del Ministerio Público y a las instituciones que integran la comisión: al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), para poder regular o reglamentar a la Comisión y que una vez instalada comience a tener acciones avanzadas”, agregó.
Martínez afirmó que para ello hicieron cinco reuniones previas, pero lo que pasó es que si este decreto no se alza a nivel del Poder Ejecutivo, para que sea él quien instale la Comisión sin eso no será vinculante.
Institucionalidad
Las organizaciones de mujeres ya no creen en la institucionalidad del Estado y aseguran haber perdido la confianza en la misma.
“Nosotras aunque nos cuesta ya no creemos en la institucionalidad, porque realmente hemos perdido la confianza en estas instituciones y en comisiones porque ya participamos en algunas donde ya hicimos un análisis y queremos que se instale esta Comisión”.
Del 2003 al 2018 ya van más de 6,000 casos de femicidios y más del 90 por ciento están en la impunidad y hay una serie de debilidades, tanto en la Dirección de la Policía de Investigación (DPI), como en el mismo MP y en los fiscales sobre los procesos de investigación, “entonces se requiere de un espacio en donde se puedan hacer propuestas, en donde los entes involucrados se sientan vigilados, auditados ,se les interpele para que avancen las investigaciones de femicidios y hacia allá van los alcances del proyecto”, explicó.
La Directora del CEM-H destacó que a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer,(INAM), presionaron para que se hiciera esta instalación de la Comisión y el día de ayer -16 de agosto- ya se instaló”, dijo con un grado de satisfacción.
Para las organizaciones de mujeres y feministas, “esto es un gran reto, aunque allí hay compromisos públicos en donde se comprometió Juan Orlando Hernández diciendo que se asignarán renglones presupuestarios tanto para sostener a la Comisión como para las acciones que se realizarán para ampliar las unidades tanto en la ATIC para la investigación de femicidios y también crear las unidades en la Policía de Investigación”.
Martínez agregó que desde la comisión se pueden impulsar varias propuestas y como la Secretaría de Seguridad que es parte del Poder Ejecutivo, está en poder de ellos crearlas y si las decisiones de la comisión son vinculantes, tienen que hacerlo, ya que hay un compromiso”, detalló.
Prevención
En el decreto también se contemplan acciones de prevención para evitar se sigan produciendo más muertes de mujeres.
Se pretenden realizar acciones de prevención de femicidios porque una cosa es encontrar a los responsables y reducir la impunidad y otra cosa son las acciones de prevención para que no maten a las mujeres, esto tiene que ver con la violencia doméstica y que esto se atienda a tiempo, en que lugares se está cometiendo violencia doméstica y que se hagan campañas intensas de prevención, reclacó.
Presupuesto
Pero como en todo para que funcione debe existir un presupuesto, el Ejecutivo pidió a las organizaciones que integrarán la comisión trabajar en los presupuestos y en las políticas públicas que se pretenden implementar lo más pronto posible.
Martínez afirmó que tuvieron la primera reunión aceptada por el gobierno, allí se propusieron diferentes acciones y una de las primeras líneas es la presupuestaria ya que sin presupuesto no se va a ningún lado.
“Para trabajar en la parte presupuestaria, cada institución encargada de la investigación y de prevención está obligada antes del próximo lunes, a presentar una propuesta presupuestaria ya que el presupuesto total no ha sido enviado al Congreso Nacional , el mismo se manda hasta septiembre y después se empieza la socialización entre las mismas instituciones, estamos cortos de tiempo para que se presente eso, pero tendrán deben hacerlo ya que es su obligación”.
Mencionó que el papel de las organizaciones de mujeres es de vigilar, hacer propuestas y denunciar si las cosas no se están haciendo bien, “esperamos que valga la pena el esfuerzo porque nos costó exigirle a las instituciones de mujeres que estamos involucradas en esto y no es fácil con un gobierno que está muy cuestionado impulsar este tipo de proyectos”.
Comisión
Las organizaciones que integran la Comisión a nivel de propietarios son: El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), la Asociación Calidad de Vida. Como suplentes están el Grupo de la Sociedad Civil, GSC, Organización Intibucana Las Hormigas, Articulación de Mujeres de la Vía Campesina y las Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Reglamentación
Para la reglamentación de la ley las organizaciones de mujeres elaboraron una propuesta antes de instalada la comisión, la cual pasará a revisión de todas las instituciones.
“Tenemos una propuesta de reglamento para la Comisión y también hay una de reglamentación para las unidades de investigación, las trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público y la propuesta de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, con las organizaciones”, dijo la representante del CEM-H.
Destacó que “las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y feministas, pidieron se amplíe la cobertura en las investigaciones de muertes de mujeres o femicidios, porque son pocos fiscales los que hay y no son todos los investigadores que están en el país ya que actualmente están concentrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y para eso se requiere mejorar las coordinaciones entre las direcciones de la policía de investigación, Medicina Forense y la ATIC.
A nivel de Medicina Forense se propone la creación de unidades forenses especializadas en femicidios”, reiteró.
Defensoras
En cuanto a los casos de violaciones a los derechos humanos de las defensoras, Suyapa Martínez reafirmó que para eso está el Mecanismo de Protección y es potestad del Consejo Nacional de Protección,
Aclaró que si se diera un homicidio de una defensora de derechos humanos como por ejemplo el caso de Berta Cáceres, sí compete elevarlo a la Comisión, nosotras vamos a colocar en debate el caso de Berta Cáceres y de Margarita Murillo, que están pendientes de resolverse y que está en investigación, al igual que otros casos como el de las trabajadoras domésticas que han sido asesinadas recientemente y otros que nosotras tenemos ya en listado”, destacó.
El INAM tendrá que proponer a las instituciones gubernamentales aunque no sean parte de la comisión, como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, entre otras, acciones de prevención en los casos que amerite la intervención, señala la ley.
Para la defensora de los derechos de las mujeres hay que hacer un plan de trabajo, todas tenemos muchísimas ideas para proponer, por ejemplo un Sistema Integral de Protección para los hijos e hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, estos hijos se crían sin padres o con los abuelos y no tienen recursos para sostenerlos, dejan de estudiar y después incursionan en otro tipo de actividades y debemos de prevenir esas cosas”.
De acuerdo al planteamiento de las organizaciones de mujeres los niños son víctimas también porque a sus madres las asesinaron y porque hay un Estado irresponsable o que no toma medidas para que no maten a las mujeres.
Ciudad Mujer
Sobre la utilización dentro del proyecto que implementará el gobierno y las organizaciones se mencionó el de Ciuda Mujer.
“El Proyecto Ciudad Mujer no forma parte de la Comisión, pero a través de las instituciones como el INAM o la Secretaría de Derechos Humanos, tendrán que implementar acciones, porque es a través de la Comisión que se van a realizar propuestas de acciones cuando las mismas sean necesarias”.
Caso de los juzgados
Martínez dijo que existen instancias en el Poder Judicial que no dan respuestas precisas a la violencia que pasan las mujeres en el país, es el caso de los juzgados en donde se interponen las denuncias de violencia doméstica.
“Un ejemplo claro es la participación de los juzgados, donde las mujeres ya habían presentado denuncias pero los juzgados no realizaron acciones a tiempo con las medidas de seguridad como aislar a los agresores, entonces en esos casos hay responsabilidad estatal de lo que les sucedió a esas mujeres y para ello se estaría invitando a las autoridades de los juzgados para hacerles esas propuestas, asimismo con las autoridades del Poder Judicial y con todos los que sean necesarios para corregir ese entuerto”, finalizó.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La consulta previa y su secuestro ideológico a manos del estado de Honduras
Después de más de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio
169 de la OIT y de una década de haber haber sido aprobada la
Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Estado de
Honduras esta imponiendo una Ley de Consulta Previa para los pueblos
indígenas con la cual pretende ademas de “cumplir” con los compromisos
adquiridos, desmantelar la consulta para convertirla en un mero trámite
administrativo.
El secuestro ideológico de la consulta que pretende el Estado no es nada nuevo, en un país en donde el grupúsculo de leguleyos que detectan el poder, acostumbran legislar con el fin de reducir y negar derechos, para obtener réditos económicos.
En los últimos 9 años los pueblos indígenas en Honduras, hemos enfrentado una creciente ofensiva destinada al despojo de nuestros territorios ancestrales, acompañada al mismo tiempo de una oleada de violencia, promovida por el Estado y gremios empresariales, que pretenden apoderarse de los remanentes de los denominados “recursos naturales”, como parte de una visión extractivista, la cual está cimentada en la destrucción de la madre tierra.
La persecución y criminalización de líderes y defensores de nuestros territorios, como medida de presión para que la élite empresarial logre sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de Berta Cáceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares activos y retirados ademas de ejecutivos de la empresa energética, constructora de una planta hidroeléctrica, sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada (CPLI), consignada como mandatoria en el Convenio 169 (C169) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El asesinato de Berta Cáceres sacó a flote la enorme problemática existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicación de justicia. Durante mas de dos décadas de haber sido ratificado el C169, el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con socialización, imponiendo de esta forma desde leyes, decretos, proyectos de “desarrollo, áreas protegidas, entre otras. A partir del golpe de estado (2009) se inicia una aprobación acelerada de leyes inconsultas que han generado un sinfín de conflictos, los que ante la inexistencia de un estado de ley en el país, se han convertido en despojos. En el caso del pueblo Garífuna, la aprobación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (2011), conocida también como “ciudades modelo” ha dado lugar a enormes presiones territoriales, especialmente en la bahía de Trujillo, donde de forma paulatina las comunidades de Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, Rio Negro y Puerto Castilla, buena parte de su hábitat funcional fue adquirido por inversionistas canadienses, siendo conocida la Bahía hoy en día como “little Canada”.
A pesar que existen casos ventilándose en el Juzgado de la Ciudad de Trujillo en contra de ciudadanos canadienses por usurpación, los fallos no se apegan a derecho; mientras líderes comunitarios Garífuna son proseguidos y perseguidos por la defensa de su territorio ancestral, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de derechos indígenas. Después de haber sido defenestrada la Corte Constitucional 12-12-12) por el poder legislativo, como represalia de haber declarado inconstitucional las ciudades modelo, meses después fue reintroducida las “ciudades modelo” bajo el nombre de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Sí bien en la primera versión de las ciudades modelo abarcaban 24 de las 47 comunidades Garífunas existentes en Honduras, en su segunda versión incluye 20 comunidades Garífunas como presuntos escenarios para establecer las ZEDE. Las “ciudades modelo” surgen como una iniciativa promovida por el economista estadounidense Paul Romer, el que primero intento su experimento de gobernanza en la isla de Mauricio, situación que desembocó en un golpe de estado. Posteriormente Romer tras el golpe en Honduras, avizoró en la crisis existente un oportunidad para establecer Zonas Económicas Especiales con el agregado de tercerización de justicia y seguridad, dando lugar a lo que puede ser consideradas como ciudades- nación cuasi independientes.
En los territorios que han sido consideradas como posibles lugares para la ubicación de las ZEDE, se viene dando fuertes especulaciones en materia de bienes raíces, generando el desplazamiento poblacional. La demolición casi en su totalidad de Río Negro – una de los primeros asentamientos del pueblo Garífuna en Honduras- es un indicador de las presiones que se vienen dando en relación a las ZEDEs. Desde el inicio de las “ciudades modelo” se ha señalado a Trujillo como la posible primera ubicación en Honduras.
Los vaivenes políticos en el país, sumado a la violencia imperante, no ha permitido el despegue de las “ciudades modelo’. Sin embargo el año pasado previo a las elecciones de noviembre, el actual mandatario efectuó un relanzamiento de las ZEDE, el que incluyó un viaje a Texas con el propósito de vender las ZEDE, las que se han convertido en uno de los ejes de su gobierno. El relanzamiento aparentemente ha contado con el apoyo de la Consultora Mckinsey y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su portal incluye un prospecto de proyecto destinado a “la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.
Una de las empresas que aparentemente ha demostrado interés en invertir en las ZEDE, es el emporio de Kelcy Warren, propietario de Energy Transfer, el que pretende construir un complejo energético en la bahía de Trujillo el que incluiría una refinería, termoeléctrica y una planta de reconversión de gas licuado de petróleo (GLP) que serviría para distribuir el gas de esquisto proveniente desde Texas para toda Centroamérica.! La mayoría de los planes de “desarrollo” para la Bahía de Trujillo, incluyen el desplazamiento de la población de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, la que fue relocalizada en 1973, cuando el General Alvarez Martinez, pistola en mano obligó a los Garífunas de la comunidad de Cristales y Río Negro a ceder el territorio de la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. Existe una enorme aprehensión por parte de los habitantes de Puerto Castilla sobre una nueva relocalización, que les fue anunciado desde hace dos años.
El desconocimiento por parte del Estado del CPLI, y la utilizacion de la socialización como sustituto, ha tomado un nuevo curso. Ante las presiones del AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa ONU-REDD, el estado de Honduras en el 2012 impulsó la creación de un mecanismo de CPLI. Tanto la Confederación de pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígena y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros (ODHPINH), realizaron su propias versiones del anteproyecto de ley CPLI.
Sin embargo en el 2016, el PNUD y el Estado, optaron por una nueva versión, para lo cual contrataron al jurista peruano Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Perú. Una vez más el Estado pretendió convertir las socializaciones realizadas en conjunto con el PNUD en un proceso de consulta. Posteriormente con la visita efectuada en agosto de 2017 por la Relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra Vicky Tauli Corpuz, el PNUD y el Estado optaron por denominar el proceso realizado como una socialización.
La Sra Tauli Corpuz emitió un segundo informe en junio de 2017, denominado observaciones adicionales en las que exhortó al Estado de Honduras “a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”. Desafortunadamente el Estado ignoró los señalamientos de la Relatora y para febrero del presente año envió a la Organización Internacional de Trabajo una nueva versión, que podemos señalar como más nociva para los pueblos indígenas, que la versión del Sr. Ivan Lanegra y sus variantes.
Podemos indicar que el estado de Honduras pretende realizar un secuestro ideológico de la consulta previa, convirtiéndola en un mero tramite administrativo, en el cual a los pueblos indígenas se le deniega su libre determinación. Como resultado de dicha tergiversación de la consulta, el Estado y empresarios podrán determinar el futuro de nuestros territorios. A pesar que la Relatora manifestó en sus observaciones adicionales “preocupación en relación a los reiterados comentarios escuchados vinculando el consentimiento libre, previo e informado con un veto. A este respecto, la Relatora Especial reitera lo manifestado por su predecesor de que si se reducen los principios de consulta y consentimiento a un debate sobre la existencia de un poder de veto, se pierde de vista el espíritu y carácter de dichos principios según los estándares internacionales. Estos principios buscan crear un diálogo de buena fe entre los Estados y los pueblos indígenas para que, mediante la búsqueda de acuerdos y consensos, se ponga fin a modelos históricos de imposición de decisiones sobre los pueblos indígenas, amenazando su supervivencia como pueblos”; El Estado incluyó en el art 2 del anteproyecto que la “Consulta no otorga derecho a veto ̈, además de ratificar que la decisión de la consulta, la toma el Estado.
En agosto del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la inconsulta Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la consultora McKinse en el marco del programa Honduras 20-20. La ley permite desde la utilización de áreas protegidas para inversiones turísticas hasta la expropiación forzosa en base a una ley que data de 1913, y la cual fue invocada para presionar a los habitantes de Rió Negro y de esta forma permitir la demolición para la construcción de un muelle de cruceros en Trujillo
Mas allá de la manipulación que viene efectuando el Estado con el propósito de desconceptualizar el CPLI, las secuelas del crimen organizado y el estado fallido existente en Honduras forman parte de la cadena de hechos que ponen en duda la existencia de un estado de derecho en el país A pesar de los supuestos avances en la lucha contra el narcotráfico, las estructura económicas del crimen organizado permanecen intactas, siendo la adquisición de enormes tractos de tierra una de las formas más habituales de lavado de activos, situación que ha generado graves consecuencias para las comunidades Garífunas.
Como muestra de la ausencia de apego a la jurisprudencia sobre la Consulta y el deber del estado de respeto dicho derecho, el Alcalde de la Ceiba, el Sr. Jerry Sabio, convocó 6 de julio a un cabildo abierto para tomar la decisión sobre la instalación de una planta termoeléctrica de 87 megavatios entre las comunidades Garífunas de Corozal y Sambo Creek, a pesar que las comunidades comunidades exigieron el CPLI. Miembros de las comunidades interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía de las Etnias, sin embargo las maquinarias continúan trabajando en la edificación de la termoeléctrica.
La consulta previa es la médula de los derecho colectivos que poseemos los pueblos indígenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por AVA FLEGT, ONU REDD, PNUD y el estado de Honduras, además de distorsionar la consulta dará lugar a un ciclo de violencia en contra de los pueblos indígenas
El secuestro ideológico de la consulta que pretende el Estado no es nada nuevo, en un país en donde el grupúsculo de leguleyos que detectan el poder, acostumbran legislar con el fin de reducir y negar derechos, para obtener réditos económicos.
En los últimos 9 años los pueblos indígenas en Honduras, hemos enfrentado una creciente ofensiva destinada al despojo de nuestros territorios ancestrales, acompañada al mismo tiempo de una oleada de violencia, promovida por el Estado y gremios empresariales, que pretenden apoderarse de los remanentes de los denominados “recursos naturales”, como parte de una visión extractivista, la cual está cimentada en la destrucción de la madre tierra.
La persecución y criminalización de líderes y defensores de nuestros territorios, como medida de presión para que la élite empresarial logre sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de Berta Cáceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares activos y retirados ademas de ejecutivos de la empresa energética, constructora de una planta hidroeléctrica, sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada (CPLI), consignada como mandatoria en el Convenio 169 (C169) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El asesinato de Berta Cáceres sacó a flote la enorme problemática existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicación de justicia. Durante mas de dos décadas de haber sido ratificado el C169, el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con socialización, imponiendo de esta forma desde leyes, decretos, proyectos de “desarrollo, áreas protegidas, entre otras. A partir del golpe de estado (2009) se inicia una aprobación acelerada de leyes inconsultas que han generado un sinfín de conflictos, los que ante la inexistencia de un estado de ley en el país, se han convertido en despojos. En el caso del pueblo Garífuna, la aprobación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (2011), conocida también como “ciudades modelo” ha dado lugar a enormes presiones territoriales, especialmente en la bahía de Trujillo, donde de forma paulatina las comunidades de Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, Rio Negro y Puerto Castilla, buena parte de su hábitat funcional fue adquirido por inversionistas canadienses, siendo conocida la Bahía hoy en día como “little Canada”.
A pesar que existen casos ventilándose en el Juzgado de la Ciudad de Trujillo en contra de ciudadanos canadienses por usurpación, los fallos no se apegan a derecho; mientras líderes comunitarios Garífuna son proseguidos y perseguidos por la defensa de su territorio ancestral, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de derechos indígenas. Después de haber sido defenestrada la Corte Constitucional 12-12-12) por el poder legislativo, como represalia de haber declarado inconstitucional las ciudades modelo, meses después fue reintroducida las “ciudades modelo” bajo el nombre de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Sí bien en la primera versión de las ciudades modelo abarcaban 24 de las 47 comunidades Garífunas existentes en Honduras, en su segunda versión incluye 20 comunidades Garífunas como presuntos escenarios para establecer las ZEDE. Las “ciudades modelo” surgen como una iniciativa promovida por el economista estadounidense Paul Romer, el que primero intento su experimento de gobernanza en la isla de Mauricio, situación que desembocó en un golpe de estado. Posteriormente Romer tras el golpe en Honduras, avizoró en la crisis existente un oportunidad para establecer Zonas Económicas Especiales con el agregado de tercerización de justicia y seguridad, dando lugar a lo que puede ser consideradas como ciudades- nación cuasi independientes.
En los territorios que han sido consideradas como posibles lugares para la ubicación de las ZEDE, se viene dando fuertes especulaciones en materia de bienes raíces, generando el desplazamiento poblacional. La demolición casi en su totalidad de Río Negro – una de los primeros asentamientos del pueblo Garífuna en Honduras- es un indicador de las presiones que se vienen dando en relación a las ZEDEs. Desde el inicio de las “ciudades modelo” se ha señalado a Trujillo como la posible primera ubicación en Honduras.
Los vaivenes políticos en el país, sumado a la violencia imperante, no ha permitido el despegue de las “ciudades modelo’. Sin embargo el año pasado previo a las elecciones de noviembre, el actual mandatario efectuó un relanzamiento de las ZEDE, el que incluyó un viaje a Texas con el propósito de vender las ZEDE, las que se han convertido en uno de los ejes de su gobierno. El relanzamiento aparentemente ha contado con el apoyo de la Consultora Mckinsey y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su portal incluye un prospecto de proyecto destinado a “la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.
Una de las empresas que aparentemente ha demostrado interés en invertir en las ZEDE, es el emporio de Kelcy Warren, propietario de Energy Transfer, el que pretende construir un complejo energético en la bahía de Trujillo el que incluiría una refinería, termoeléctrica y una planta de reconversión de gas licuado de petróleo (GLP) que serviría para distribuir el gas de esquisto proveniente desde Texas para toda Centroamérica.! La mayoría de los planes de “desarrollo” para la Bahía de Trujillo, incluyen el desplazamiento de la población de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, la que fue relocalizada en 1973, cuando el General Alvarez Martinez, pistola en mano obligó a los Garífunas de la comunidad de Cristales y Río Negro a ceder el territorio de la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. Existe una enorme aprehensión por parte de los habitantes de Puerto Castilla sobre una nueva relocalización, que les fue anunciado desde hace dos años.
El desconocimiento por parte del Estado del CPLI, y la utilizacion de la socialización como sustituto, ha tomado un nuevo curso. Ante las presiones del AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa ONU-REDD, el estado de Honduras en el 2012 impulsó la creación de un mecanismo de CPLI. Tanto la Confederación de pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígena y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros (ODHPINH), realizaron su propias versiones del anteproyecto de ley CPLI.
Sin embargo en el 2016, el PNUD y el Estado, optaron por una nueva versión, para lo cual contrataron al jurista peruano Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Perú. Una vez más el Estado pretendió convertir las socializaciones realizadas en conjunto con el PNUD en un proceso de consulta. Posteriormente con la visita efectuada en agosto de 2017 por la Relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra Vicky Tauli Corpuz, el PNUD y el Estado optaron por denominar el proceso realizado como una socialización.
La Sra Tauli Corpuz emitió un segundo informe en junio de 2017, denominado observaciones adicionales en las que exhortó al Estado de Honduras “a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”. Desafortunadamente el Estado ignoró los señalamientos de la Relatora y para febrero del presente año envió a la Organización Internacional de Trabajo una nueva versión, que podemos señalar como más nociva para los pueblos indígenas, que la versión del Sr. Ivan Lanegra y sus variantes.
Podemos indicar que el estado de Honduras pretende realizar un secuestro ideológico de la consulta previa, convirtiéndola en un mero tramite administrativo, en el cual a los pueblos indígenas se le deniega su libre determinación. Como resultado de dicha tergiversación de la consulta, el Estado y empresarios podrán determinar el futuro de nuestros territorios. A pesar que la Relatora manifestó en sus observaciones adicionales “preocupación en relación a los reiterados comentarios escuchados vinculando el consentimiento libre, previo e informado con un veto. A este respecto, la Relatora Especial reitera lo manifestado por su predecesor de que si se reducen los principios de consulta y consentimiento a un debate sobre la existencia de un poder de veto, se pierde de vista el espíritu y carácter de dichos principios según los estándares internacionales. Estos principios buscan crear un diálogo de buena fe entre los Estados y los pueblos indígenas para que, mediante la búsqueda de acuerdos y consensos, se ponga fin a modelos históricos de imposición de decisiones sobre los pueblos indígenas, amenazando su supervivencia como pueblos”; El Estado incluyó en el art 2 del anteproyecto que la “Consulta no otorga derecho a veto ̈, además de ratificar que la decisión de la consulta, la toma el Estado.
En agosto del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la inconsulta Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la consultora McKinse en el marco del programa Honduras 20-20. La ley permite desde la utilización de áreas protegidas para inversiones turísticas hasta la expropiación forzosa en base a una ley que data de 1913, y la cual fue invocada para presionar a los habitantes de Rió Negro y de esta forma permitir la demolición para la construcción de un muelle de cruceros en Trujillo
Mas allá de la manipulación que viene efectuando el Estado con el propósito de desconceptualizar el CPLI, las secuelas del crimen organizado y el estado fallido existente en Honduras forman parte de la cadena de hechos que ponen en duda la existencia de un estado de derecho en el país A pesar de los supuestos avances en la lucha contra el narcotráfico, las estructura económicas del crimen organizado permanecen intactas, siendo la adquisición de enormes tractos de tierra una de las formas más habituales de lavado de activos, situación que ha generado graves consecuencias para las comunidades Garífunas.
Como muestra de la ausencia de apego a la jurisprudencia sobre la Consulta y el deber del estado de respeto dicho derecho, el Alcalde de la Ceiba, el Sr. Jerry Sabio, convocó 6 de julio a un cabildo abierto para tomar la decisión sobre la instalación de una planta termoeléctrica de 87 megavatios entre las comunidades Garífunas de Corozal y Sambo Creek, a pesar que las comunidades comunidades exigieron el CPLI. Miembros de las comunidades interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía de las Etnias, sin embargo las maquinarias continúan trabajando en la edificación de la termoeléctrica.
La consulta previa es la médula de los derecho colectivos que poseemos los pueblos indígenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por AVA FLEGT, ONU REDD, PNUD y el estado de Honduras, además de distorsionar la consulta dará lugar a un ciclo de violencia en contra de los pueblos indígenas
Radio Dignidad, de San Juan Pueblo, Atlántida opera bajo la
amenaza de cierre y su personal pasa por un clima de tensión al recibir
constantes amenazas de grupos de poder, entre ellos, políticos y
empresarios, además de personas vinculadas a la empresa Hidroeléctrica
Central El Progreso (HIDROCEP), denunciaron este 20 de agosto de 2018.
La Radio Diagnidad pertenece al Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia,(MADJ), actualmente opera bajo un sistema de circuito
cerrado, transmitiendo su señal por las redes sociales, ya que se le ha
negado en reiteradas ocasiones una señal de transmisión en la Banda de
Frecuencia Modulada o FM.
“Seguimos operando bajo el suspenso legal que hay de cierre de la estación, en tanto no nos resulevan como corresponde”, indicó Martín Fernández, representante legal de dicho medio de comunicación alternativo.
Ataques
La radio al igual que sus empleados, han sido objeto de varias amenazas y de atentados para que deje de transmitir lo que acontece en su entorno, acciones que vienen desde alcaldes de varios municipios, funcionarios del Estado y de personas que se prestan para realizar actos a nombre de la empresa hidroeléctrica Hidrocep, que realiza operaciones en el Río Mezapa, en Mezapa, en el departamento de Atlántida.
“Lo que hemos sufrido son los ataques que tenemos en la radio y justamente la semana anterior a un compañero corresponsal fue amenazado de muerte por el alcalde municipal de La Masica”, agregó.
De acuerdo a Fernández la radio ya tiene cuatro años de estar en actividad “y eso ha generado malestar para un sector que participa de la corrupción, de la privatización, de los recursos del municipio, llámense estos recursos naturales, minas, ríos y entonces esto genera una crisis fuerte en este sector porque alimenta un gran espacio de conciencia de la población”.
Destacó que hay un grupo reducido que no quiere abandonar esas prácticas, pero tampoco los actos de corrupción, “y la radio genera este tipo crisis para esta gente que ha estado acostumbrada a vivir a sus anchas”.
Según el representante de la Radio Dignidad la estación radial “se convierte en un canal de comunicación no solo de concientización, sino de movilización y aparte de eso para generar debate de los diferentes temas que afectan al país y a estos sectores”.
El denunciante ha sido agredido y acosado anteriormente, al igual que su hermano Víctor Fernández, Coordinador General del MADJ y abogado en el caso de Berta Cáceres. El primero se vio obligado en una ocasión anterior a dejar el país. Actualmente cuenta con medidas de protección que han sido duramente criticadas porque tienen deficiencias que ponen en riesgo la integridad física del afectado.
“Se convierte en un foco que genera que hayan amenazas, a la radio y al personal, pero igual, hemos estado en ese proceso y no nos vamos a detener y ese es parte del quehacer mismo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia , eso lo está haciendo en distintas regiones como en Jilamito donde tenemos la defensa del río en Arizona con los pueblos Tolupanes en Locomapa”, agregó Martin Fernández.
Contó también sobre una campaña de desprestigio que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A. ,MINOSA, contra varias organizaciones que trabajan en la zona de Azacualpa que piden se ejecute un fallo de los tribunales en el sector donde se prohibe escarbar en el cementerio donde tienen enterrados a sus descendientes.
“Estamos incertos, hostigados MINOSA, en Azacualpa, Copán, donde se nos hace un señalamiento fuerte a los integrantes del MADJ, a Víctor Fernández, quien es parte del equipo legal del movimiento, a la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) y al Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Origen de las amenazas a la radio
De acuerdo al relato de Fernández, quien también es el director de la Radio Dignidad, las amenazas a la radio y a sus empleados tienen varias raíces, entre ellas la de exigir se cumpla la orden de un juez para parar las obras que realiza la Empresa HIDROCEP en el proyecto Los Planes en el río Mezapa.
Comunicado del MADJ sobre hidroeléctrica el 02 de agosto de 2018:
“Parar las obras de HIDROCEP ordena juzgado en amparo”
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula…resolvió la demanda de amparo interpuesta en contra de la Corporación Municipal de Tela debido a las flagrantes, permanentes e impunes violaciones del derecho humano al agua, a la salud y el derecho de petición, ordenando PARAR las obras del proyecto hidroeléctrico Los Planes de la empresa HIDROCEP…
La acción se emprendió debido a que, el 20 de septiembre de 2017 los amparistas interpusieron un reclamo administrativo ante la Corporación Municipal de Tela solicitando la inmediata suspensión de operaciones del proyecto hidroeléctrico a raíz de los daños y delitos ambientales y pese a que han transcurrido 8 meses desde su interposición no han dado respuesta a la petición y por el contrario, la corporación municipal indicó haber perdido el expediente y pidió que volvieran a presentarlo…
Por su parte, el texto de la sentencia, determina otorgar el recurso de amparo, confirmando que efectivamente la Corporación Municipal ha violentado los derechos fundamentales invocados y ordena, para su estricto cumplimiento, las siguientes medidas:… el paro de obras del Proyecto Hidroeléctrico Los Planes, que desarrolla la Empresa Hidroeléctrica Centrales de Progreso en el Río Mezapa…”.
Tensión
Los defensores de derechos humanos al igual que los comunicadores de Radio Dignidad están bajo un clima tenso, precisamente por las amenazas constantes a que son sometidos diariamente, por la denuncia y el debate que generan en la estación de radio a favor de los sectores que apoyan y protegen el medio ambiente en la zona.
“Estamos bajo un trabajo tenso, pero que realmente está teniendo repercusiones muy duras de parte del empresariado y por qué no decirlo de las transnacionales que históricamente han estado viviendo de la riqueza natural de este país”, concluyó Martín Fernández.
Nacimiento de la Radio Dignidad
Radio Dignidad surge de un programa de radio “Usted Manda” , inició en el 2010 y finalizó por cierre en el 2013. Y que antes que transmitía en una radio comercial.
Ese programa fue censurado varias veces, con cambios repentinos de horario hasta que el dueño de la radio les dijo que lo cerraba por presiones externas, desde La Ceiba, preccisamente de políticos ligados al Partido Nacional de Honduras, pero que no lo hacía por asuntos de pago, ya que nunca se habían retrasado con el pago.
Aunque las amenazas fueron fuertes contra los dueños del programa, eso no fue ninguna limitante para que pensaran en una Radio defensora de los Derechos Humanos y así surge Radio Dignidad, desde el 2013 se ha convertido en la voz de los que quieren un país con dignidad, sin corrupción y sin proyectos que afecten el medio ambiente y la salud de los pobladores de cualquier rincón de Honduras, señalaron sus fundadores.
“Seguimos operando bajo el suspenso legal que hay de cierre de la estación, en tanto no nos resulevan como corresponde”, indicó Martín Fernández, representante legal de dicho medio de comunicación alternativo.
Ataques
La radio al igual que sus empleados, han sido objeto de varias amenazas y de atentados para que deje de transmitir lo que acontece en su entorno, acciones que vienen desde alcaldes de varios municipios, funcionarios del Estado y de personas que se prestan para realizar actos a nombre de la empresa hidroeléctrica Hidrocep, que realiza operaciones en el Río Mezapa, en Mezapa, en el departamento de Atlántida.
“Lo que hemos sufrido son los ataques que tenemos en la radio y justamente la semana anterior a un compañero corresponsal fue amenazado de muerte por el alcalde municipal de La Masica”, agregó.
De acuerdo a Fernández la radio ya tiene cuatro años de estar en actividad “y eso ha generado malestar para un sector que participa de la corrupción, de la privatización, de los recursos del municipio, llámense estos recursos naturales, minas, ríos y entonces esto genera una crisis fuerte en este sector porque alimenta un gran espacio de conciencia de la población”.
Destacó que hay un grupo reducido que no quiere abandonar esas prácticas, pero tampoco los actos de corrupción, “y la radio genera este tipo crisis para esta gente que ha estado acostumbrada a vivir a sus anchas”.
Según el representante de la Radio Dignidad la estación radial “se convierte en un canal de comunicación no solo de concientización, sino de movilización y aparte de eso para generar debate de los diferentes temas que afectan al país y a estos sectores”.
El denunciante ha sido agredido y acosado anteriormente, al igual que su hermano Víctor Fernández, Coordinador General del MADJ y abogado en el caso de Berta Cáceres. El primero se vio obligado en una ocasión anterior a dejar el país. Actualmente cuenta con medidas de protección que han sido duramente criticadas porque tienen deficiencias que ponen en riesgo la integridad física del afectado.
“Se convierte en un foco que genera que hayan amenazas, a la radio y al personal, pero igual, hemos estado en ese proceso y no nos vamos a detener y ese es parte del quehacer mismo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia , eso lo está haciendo en distintas regiones como en Jilamito donde tenemos la defensa del río en Arizona con los pueblos Tolupanes en Locomapa”, agregó Martin Fernández.
Contó también sobre una campaña de desprestigio que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A. ,MINOSA, contra varias organizaciones que trabajan en la zona de Azacualpa que piden se ejecute un fallo de los tribunales en el sector donde se prohibe escarbar en el cementerio donde tienen enterrados a sus descendientes.
“Estamos incertos, hostigados MINOSA, en Azacualpa, Copán, donde se nos hace un señalamiento fuerte a los integrantes del MADJ, a Víctor Fernández, quien es parte del equipo legal del movimiento, a la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) y al Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Origen de las amenazas a la radio
De acuerdo al relato de Fernández, quien también es el director de la Radio Dignidad, las amenazas a la radio y a sus empleados tienen varias raíces, entre ellas la de exigir se cumpla la orden de un juez para parar las obras que realiza la Empresa HIDROCEP en el proyecto Los Planes en el río Mezapa.
Comunicado del MADJ sobre hidroeléctrica el 02 de agosto de 2018:
“Parar las obras de HIDROCEP ordena juzgado en amparo”
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula…resolvió la demanda de amparo interpuesta en contra de la Corporación Municipal de Tela debido a las flagrantes, permanentes e impunes violaciones del derecho humano al agua, a la salud y el derecho de petición, ordenando PARAR las obras del proyecto hidroeléctrico Los Planes de la empresa HIDROCEP…
La acción se emprendió debido a que, el 20 de septiembre de 2017 los amparistas interpusieron un reclamo administrativo ante la Corporación Municipal de Tela solicitando la inmediata suspensión de operaciones del proyecto hidroeléctrico a raíz de los daños y delitos ambientales y pese a que han transcurrido 8 meses desde su interposición no han dado respuesta a la petición y por el contrario, la corporación municipal indicó haber perdido el expediente y pidió que volvieran a presentarlo…
Por su parte, el texto de la sentencia, determina otorgar el recurso de amparo, confirmando que efectivamente la Corporación Municipal ha violentado los derechos fundamentales invocados y ordena, para su estricto cumplimiento, las siguientes medidas:… el paro de obras del Proyecto Hidroeléctrico Los Planes, que desarrolla la Empresa Hidroeléctrica Centrales de Progreso en el Río Mezapa…”.
Tensión
Los defensores de derechos humanos al igual que los comunicadores de Radio Dignidad están bajo un clima tenso, precisamente por las amenazas constantes a que son sometidos diariamente, por la denuncia y el debate que generan en la estación de radio a favor de los sectores que apoyan y protegen el medio ambiente en la zona.
“Estamos bajo un trabajo tenso, pero que realmente está teniendo repercusiones muy duras de parte del empresariado y por qué no decirlo de las transnacionales que históricamente han estado viviendo de la riqueza natural de este país”, concluyó Martín Fernández.
Nacimiento de la Radio Dignidad
Radio Dignidad surge de un programa de radio “Usted Manda” , inició en el 2010 y finalizó por cierre en el 2013. Y que antes que transmitía en una radio comercial.
Ese programa fue censurado varias veces, con cambios repentinos de horario hasta que el dueño de la radio les dijo que lo cerraba por presiones externas, desde La Ceiba, preccisamente de políticos ligados al Partido Nacional de Honduras, pero que no lo hacía por asuntos de pago, ya que nunca se habían retrasado con el pago.
Aunque las amenazas fueron fuertes contra los dueños del programa, eso no fue ninguna limitante para que pensaran en una Radio defensora de los Derechos Humanos y así surge Radio Dignidad, desde el 2013 se ha convertido en la voz de los que quieren un país con dignidad, sin corrupción y sin proyectos que afecten el medio ambiente y la salud de los pobladores de cualquier rincón de Honduras, señalaron sus fundadores.
Compañías extractivistas controlan y manipulan instituciones del Estado para desarrollar sus proyectos: Asonog
Hay una campaña nociva contra los y las defensoras de derechos humanos para que no haya organizaciones que defiendan las comunidades y sus pueblos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
Promover el desarrollo de las comunidades no es una tarea de las
empresas transnacionales extractivistas como lo quiere hacer ver el
gobierno de Honduras, dijo José Ramón Ávila, director de la Asociación
de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG).
Ávila
señaló que con esa premisa el gobierno quiere deshacerse de la
responsabilidad de impulsar el desarrollo en las comunidades,
permitiendo que estas violen los derechos más elementales de los
pobladores sin respetar ni siquiera el derecho a la vida.
Manifestó
que la situación en el occidente del país donde existen proyectos
extractivistas es dramática y en este momento está en plena ebullición
por la intención de explotar el cerro del cementerio que tiene más de
200 años y que es un patrimonio ancestral y cultural de esas poblaciones
y que muchos de los pobladores rechazan esta acción.
Esa
situación ha obligado a que muchas organizaciones defensoras de
derechos humanos acompañen estas comunidades que han estado en total
indefensión por la falta de mecanismos claros de la institucionalidad
hondureña para proteger los derechos más elementales de las poblaciones.
Pero
también por la forma poco transparente con que las compañías
extractivistas funcionan y además manipulan y controlan incluso hasta
algunos poderes e instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
Lo
que está sucediendo en la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, es
nada más una pequeña expresión de lo que se está dando a nivel nacional y
obviamente promoviendo el desarrollo a través de las industrias
extractivas es preocupante por la expulsión de las comunidades del
entorno por el cual han vivido toda su historia.
Ávila
denunció que hay Hay una campaña nociva contra los y las defensoras de
derechos humanos para que no haya organizaciones que defiendan las
comunidades y sus pueblos y en estos momentos está dirigida hacia el
MADJ, Ciprodeh y la Asonog quienes hoy denunciaron en una conferencia de
prensa el hostigamiento y estigmatización de la que son víctimas.
Redes de poder maximizan sus ganancias privatizando servicios públicos y concesionando bienes naturales
La
investigación “Redes y Lealtades detrás del poder”, realizada por el
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, y OXFAM
Honduras, señala como el modelo ha puesto en marcha una serie mecanismos
para alcanzar sus objetivos entre estos, quizás el más importante,
trasladar recursos del sector público al sector privado, y garantizar la
maximización de sus ganancias y beneficios.
“Redes y Lealtades”, revela que la
privatización de los recursos públicos es el hilo conductor de la
consolidación del sistema, pero sus modalidades han variado desde la
privatización o ventas de las empresas públicas, hasta las actuales
alianzas público- privadas.
A criterio del analista político Hermilo
Soto, la privatización de los recursos del Estado es un problema que
viene desde inicios de la década de los 90, en esta etapa se desmontó
una buena parte de la estructura del Estado, en términos que las
empresas que estaban pensadas y diseñadas para prestar un servicio a la
población pasaron a ser privatizadas con el afán de acumular ganancias y
no tanto con el de dar un servicio.
Este es un problema que afecta
mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país,
porque ya la lógica de los servicios básicos no es la atención a la
ciudadanía con un enfoque de derecho, si no la ganancia, la acumulación
de dinero para beneficiar a la empresa privada. En esa lógica
privatizadora han entrado las carreteras, los bienes naturales, la
salud, los servicios básicos y estatales, apunta el analista.
El investigador del Equipo de Reflexión
Investigación y Comunicación, ERIC, Marvin Barahona, dice que el impacto
y el significado que tiene en términos económicos y políticos el
traspaso de los recursos públicos a manos privadas es tan grande que ha
dejado sin salud, educación y sin protección social a la mayoría de
población hondureña. Por eso hay que establecer una relación estricta
entre la dirección que han tomado los recursos estatales para favorecer a
los intereses privados, y desfavorecer a la mayoría de la población.
Coalianza
La Comisión para la Promoción de la
Alianza Público-Privada (Coalianza) fue creada en 2010. Su misión
consiste en diseñar y gestionar un modelo de coinversión para elevar la
competitividad de la economía hondureña mediante proyectos de capital
mixto para implementar obras y servicios públicos.
Coalianza se focaliza en 5 sectores
estratégicos: infraestructura, energía, recursos naturales, servicios;
economía y turismo, aunque se subdivide en 28 subsectores, abarcando
mayoritariamente la infraestructura y los recursos naturales.
Marvin Barahona, explica que la creación
de Coalianza es la mayor representación de las estrategias utilizadas
por los grupos de poder para garantizar la maximización de sus
ganancias. Coalianza, es la expoliación de los recursos económicos y
naturales del país. Es decir el despojo y robo de todos los recursos
estatales, que deberían ser el factor principal para el desarrollo
social.
Barahona explica que por eso cuando se
quiere hacer explotación se recurre al término de desarrollo económico,
inserción en la globalización, modernización del aparato productivo,
pero jamás se habla de desarrollo social, ni se plantea como el
verdadero motor de lo que debería ser el desarrollo nacional en materia
económica, política, social y cultural. Por eso la expoliación de estos
recursos es una clave fundamental para entender las redes de poder.
La privatización disfrazada de los
recursos públicos ha sido el mecanismo denunciado con mayor frecuencia,
pues se considera que este es el que mejor revela los objetivos reales
de la política concesionaria que se consolidó con la creación de
Coalianza.
Coalianza es un subproducto del golpe de
Estado y, en consecuencia, un factor de polarización de la sociedad
hondureña. De hecho, su creación originó un proceso sistemático de
aprobación de leyes y decretos legislativos centrados en la concesión y
explotación de los recursos naturales y bienes nacionales, concedidos
con urgencia y por largos períodos al gran capital extranjero y
nacional.
El analista Hermilo Soto, dice que
Coalianza es una deuda pendiente de conocer. Porque poco o nada se
conoce de su verdadera manera de operar. Es decir, se mueve en el campo
de la sospecha, de los grupos de poder privilegiados, que están con un
afán desenfrenado de acumular ganancias, sin importar que de esa manera
afecten a la población que cada día mira más difícil satisfacer sus
necesidades básicas.
La investigación concluye que con
Coalianza se restableció el régimen concesionario instaurado desde las
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, lo cual
coincide con la ausencia de una definición de las prioridades
nacionales, como lo demuestran los proyectos de construcción del Centro
Cívico Gubernamental y del aeropuerto internacional en Palmerola,
concesionados en 2016.
En total se previeron 1300 millones de
dólares para la construcción de estas obras, pero las cifras han
evolucionado en el curso de los últimos años. A mediados de 2015, el 65%
de estas obras se hallaban en ejecución o se preveían adjudicarlas a
corto plazo, mientras que para el 35% restante se buscaba crédito
internacional o la creación de alianzas público-privadas, para su
ejecución.
Concesión de los bienes naturales
En el área de concesión y explotación de
los bienes naturales, destaca el proyecto para establecer un Parque
Minero en el municipio de El Corpus, Choluteca, aprobado por el Decreto
Ejecutivo
PCM-036-201428, y cuyo costo será de
5000 millones de dólares en un período de treinta años. Se ubicará en
una Zona de Reserva Minera de 1684 hectáreas. Para ello se constituyó
una APP bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas, el Instituto Hondureño de Geología y Minas
(Inhgeomin) y Coalianza.
Este puede considerarse, entre los
proyectos de Coalianza, el de mayor envergadura en el área de recursos
naturales. En el cuadro siguiente se presenta una relación de los
proyectos concedidos y los que se ejecutan actualmente por medio de
fideicomisos administrados por diversos bancos.
En el tema de la
concesión de los recursos naturales, el ambientalista Pedro Landa, dice
que el informe es claro sobre cómo las élites se han repartido el país.
Eso implica la aprobación de una serie de leyes que facilitan las
concesiones y la creación de mecanismos de criminalización de personas
que se oponen a los proyectos extractivistas. Esas leyes se han ido
reacomodando mayoritariamente desde el golpe de Estado del 2009.
En ese sentido, explica que a raíz de
todo el acaparamiento se ha aumentado el despojo de los bienes que
tradicionalmente ha pertenecido a las comunidades, y el aumento de la
conflictividad en las poblaciones que se oponen a la explotación de los
bienes. Al grado de que las persecución, criminalización y asesinatos
contra ambientalistas se han incrementado.
Honduras: Empantanado diálogo político donde se acomodan los dueños del país
Por Radio ProgresoKAOS EN LA RED - Publicado en: 20 agosto, 2018
Las representaciones de Salvador Nasralla, el Partido Liberal y el
régimen de Juan Orlando Hernández continúan en las reuniones y
discusiones para lograr instalar su diálogo político, con el que creen
se solventará la crisis post electoral y de institucional hondureña. En
ese sentido, Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza
de Oposición Contra […]
Las representaciones de Salvador Nasralla, el Partido Liberal y el
régimen de Juan Orlando Hernández continúan en las reuniones y
discusiones para lograr instalar su diálogo político, con el que creen
se solventará la crisis post electoral y de institucional hondureña.
En ese sentido, Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, asegura que no va a permitir que el diálogo sea eterno y no se van a dejar mangonear para que se esté hablando por meses.
“Por el bien de Honduras debe de haber resultados a más tardar el 31 de octubre, el diálogo tiene que tener una fecha, el pueblo hondureño me comenta que no debemos estar en este diálogo porque saben que Juan Hernández es mentiroso, pero nosotros queremos comprobarlo por nuestras propias pistolas”, asegura el excandidato a la presidencia.
El ex candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, manifiesta que continúa participando en las mesas del prediálogo político porque es la víctima del robo en el pasado proceso de Elecciones Generales; agrega que no lo hace por él ni por su futuro político sino para que el pueblo hondureño conozca la verdad de lo ocurrido el 26 de noviembre de 2017.
De su lado, Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, dice que el primer punto de arranque de la mesa de derechos humanos será exigir un proceso expedito para los presos políticos de la crisis post electoral.
El diputado nacionalista (fascista), Antonio Rivera Callejas, en nombre de toda su bancada, dijo que están graníticamente unidos para tomar las mejores decisiones en favor del país, al referirse al diálogo político.
Rivera Callejas afirmó que darán todo el apoyo incondicional al Comité Central del Partido Nacional, que participa en el diálogo político entre liberales y representantes de Salvador Nasralla.
Decreto Ejecutivo no es vinculante
La coordinación del Partido Libertad y Refundación –LIBRE- señaló que el decreto ejecutivo firmado por Juan Orlando Hernández no tiene carácter vinculante, porque no menciona ni asume ningún compromiso con el Congreso Nacional para aprobar los acuerdos dentro del diálogo político.
Luego de más de una docena de reuniones, la administración nacionalista decidió hacer público un decreto en el que dice aceptar el diálogo político con la facilitación técnica de la Organización de las Naciones Unidas, y además reconocer los acuerdos que se estimen necesarios.
Manuel Zelaya Rosales, coordinador de LIBRE, comenta que la propuesta de diálogo político es un pacto de gobernabilidad del bipartidismo para mantener la dictadura.
Zelaya Rosales anunció que iniciarán un proceso de asambleas a nivel nacional que dé paso un verdadero diálogo nacional. “LIBRE no participa en esta burla al pueblo, el régimen ha tomado la determinación de no tomar en cuenta nuestras posiciones y dejarnos fuera de las posibilidades de buscar construir el sistema democrático en el país”, dijo Zelaya.
Propone plebiscito
Como una de las salidas a la crisis post electoral, que debería ser abordada durante el diálogo político, el diputado del Partido Innovación y Unidad –PINU-, David Reyes, propone un plebiscito para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo que se repitan las elecciones general del pasado 26 de noviembre.
Reyes recuerda que su propuesta ya fue introducida a la Cámara Legislativa, sin embargo hasta la fecha ni siquiera ha sido turnada a la Comisión de Asuntos Electorales.
“Deberían de aprobarlo o improbarlo. Yo digo por qué tenerle miedo al pueblo hondureño, ellos dicen que el pueblo ya votó pero todos sabemos que ocurrió un fraude, ellos saben que nunca ganarían este Plebiscito porque el pueblo hondureño repudia a Juan Orlando Hernández que violentó a la Constitución de la República”, comentó Reyes.
Mientras los actores políticos continúan acomodando sus intereses, los entes de investigación siguen sin presentar los requerimientos fiscales contra las fuerzas policías y militares que participaron en los 22 crímenes, denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras –OACNUDH-, de personas que participaron en las manifestaciones de rechazo a los resultados electorales del domingo 26 de noviembre del año 2017.
radioprogresohn.net/empantanad
En ese sentido, Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, asegura que no va a permitir que el diálogo sea eterno y no se van a dejar mangonear para que se esté hablando por meses.
“Por el bien de Honduras debe de haber resultados a más tardar el 31 de octubre, el diálogo tiene que tener una fecha, el pueblo hondureño me comenta que no debemos estar en este diálogo porque saben que Juan Hernández es mentiroso, pero nosotros queremos comprobarlo por nuestras propias pistolas”, asegura el excandidato a la presidencia.
El ex candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, manifiesta que continúa participando en las mesas del prediálogo político porque es la víctima del robo en el pasado proceso de Elecciones Generales; agrega que no lo hace por él ni por su futuro político sino para que el pueblo hondureño conozca la verdad de lo ocurrido el 26 de noviembre de 2017.
De su lado, Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, dice que el primer punto de arranque de la mesa de derechos humanos será exigir un proceso expedito para los presos políticos de la crisis post electoral.
El diputado nacionalista (fascista), Antonio Rivera Callejas, en nombre de toda su bancada, dijo que están graníticamente unidos para tomar las mejores decisiones en favor del país, al referirse al diálogo político.
Rivera Callejas afirmó que darán todo el apoyo incondicional al Comité Central del Partido Nacional, que participa en el diálogo político entre liberales y representantes de Salvador Nasralla.
Decreto Ejecutivo no es vinculante
La coordinación del Partido Libertad y Refundación –LIBRE- señaló que el decreto ejecutivo firmado por Juan Orlando Hernández no tiene carácter vinculante, porque no menciona ni asume ningún compromiso con el Congreso Nacional para aprobar los acuerdos dentro del diálogo político.
Luego de más de una docena de reuniones, la administración nacionalista decidió hacer público un decreto en el que dice aceptar el diálogo político con la facilitación técnica de la Organización de las Naciones Unidas, y además reconocer los acuerdos que se estimen necesarios.
Manuel Zelaya Rosales, coordinador de LIBRE, comenta que la propuesta de diálogo político es un pacto de gobernabilidad del bipartidismo para mantener la dictadura.
Zelaya Rosales anunció que iniciarán un proceso de asambleas a nivel nacional que dé paso un verdadero diálogo nacional. “LIBRE no participa en esta burla al pueblo, el régimen ha tomado la determinación de no tomar en cuenta nuestras posiciones y dejarnos fuera de las posibilidades de buscar construir el sistema democrático en el país”, dijo Zelaya.
Propone plebiscito
Como una de las salidas a la crisis post electoral, que debería ser abordada durante el diálogo político, el diputado del Partido Innovación y Unidad –PINU-, David Reyes, propone un plebiscito para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo que se repitan las elecciones general del pasado 26 de noviembre.
Reyes recuerda que su propuesta ya fue introducida a la Cámara Legislativa, sin embargo hasta la fecha ni siquiera ha sido turnada a la Comisión de Asuntos Electorales.
“Deberían de aprobarlo o improbarlo. Yo digo por qué tenerle miedo al pueblo hondureño, ellos dicen que el pueblo ya votó pero todos sabemos que ocurrió un fraude, ellos saben que nunca ganarían este Plebiscito porque el pueblo hondureño repudia a Juan Orlando Hernández que violentó a la Constitución de la República”, comentó Reyes.
Mientras los actores políticos continúan acomodando sus intereses, los entes de investigación siguen sin presentar los requerimientos fiscales contra las fuerzas policías y militares que participaron en los 22 crímenes, denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras –OACNUDH-, de personas que participaron en las manifestaciones de rechazo a los resultados electorales del domingo 26 de noviembre del año 2017.
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La periodista y escritora que vive más por fe que por sus ingresos
El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada y si es la forma velada de burlarse de la historia para eso está la memoria que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido no olvida el que finge olvido sino el que puede olvidar: Mario Benedetti
La periodista y escritora hondureña, Olga Iris Mencía Barcenas
Por: Emy Padilla
Tegucigalpa.-Nos
citamos en un café, una soleada mañana del mes de julio pasado para
charlar sobre sus incontables historias. Retazos de vivencias
inmortalizadas con la tinta en el papel.
Olga
Iris Mencía Barcenas, me esperaba. Estaba afuera del local donde nos
habíamos citado. Dialogaba con los buseros y taxistas que realizaban un
paro, supuestamente, para beneficiar al pueblo hondureño, porque su
estrategia era la exigencia de rebajar 23 lempiras al galón de los
combustibles.
No
creo que haya caído en la trampa porque es una excelente analista de
las coyunturas y sabía muy bien que quienes abanderaban la supuesta
lucha eran los magnates del transporte, a quienes a los pocos días se
les cayó la careta de lo falsos, mentirosos y aprovechados que son.
Olga
Iris Mencía, saludó a los taxistas y buseros, y uno que otro pasajero
dijo conocerla en las movilizaciones de la resistencia.
Al
encontrarnos decidimos hacer unas cuantas fotografías de las escenas
del paro del transporte. Luego nos fuimos al café, nos sentamos, yo le
di mis puntos de vista de lo que estaba pasando y ella convencida—me
dijo que cualquier espacio de lucha era importante abrazarlo para elevar
la conciencia colectiva.
Una
vez dispuestas a iniciar el propósito de nuestro encuentro, sacó de su
mochila cuadriculada su obra: Memoria entre bruma y papeles. Una
narrativa construida con base a las experiencias de un grupo de amigas
que después de más de 20 años de haber sido compañeras de colegio, se
reencuentran y construyen la memoria de sus vivencias.
Olga Iris Mendia Barcenas, nació en Tegucigalpa en 1959, es una escritora y periodista hondureña. Con más de 30 años en el oficio del periodismo. Trabajó por más de 18 años en radio América donde con acierto, buen desempeño y con el lema “sin araduras, sin compromisos”, condujo por casi cinco años el programa de debate Contra Punto. Dentro del periodismo, se declara apasionada por la investigación y el debate. Por razones de edad y de ingresos ya renunció a la reporteada, pero mantiene viva la llama de la escritura, cosa que hace en la actualidad a través de sus redes sociales y el periódico Reporteros de Investigación. Dice que vive por fe, más que por los ingresos económicos, pero aclara que con las pocos entradas, vive con dignidad, porque siempre se le abren puertas y ventanas, sino es que rendijas.
En
esta narrativa de 94 páginas, Olga Iris resume historias y retrata la
corta memoria que tiene el pueblo hondureño sobre los hechos que
ocurrieron durante los golpes de Estado de 1963 y 2009, la época de los
militares, los años ochenta con las torturas y los desaparecidos, y la
recién instalada dictadura, más la pobreza y los demás problemas
sociales de un país subdesarrollado. El propósito de la autora es
ampliar la memoria de los catrachos, porque lo que sucede en Honduras se
olvida al tercer día. Todo queda en escándalos en los periódicos y de
ahí nada…
“Tenemos
ese problema, porque es un problema, de no mirar al pasado y repetimos
los mismos errores históricos que nos mantienen en un subdesarrollo
fuertísimo” —nos dice con su apasionada vos—al tiempo de ubicarnos en la
obra que habla además de la corta memoria que se rescata a través de
recortes de periódicos y fotografías.
En
uno de sus ítems nos habla del control y el dominio de las iglesias,
las élites económicas y las brechas sociales. Asimismo, sobre la
manipulación de las corporaciones mediáticas.
Memoria
entre bruma y papeles, relata el problema del alcoholismo y la forma
cómo los seres humanos eludimos las responsabilidades de lo que nos
sucede. La historia también narra las voces de mujeres fuertes, que van
rompiendo prejuicios. Nos cuenta sobre la sexualidad, el aborto, la
sumisión y hasta de las traiciones entre las amigas.
Las
principales protagonistas: Laura, Rosario (Patita), Lourdes y Denia,
cuentan sus vivencias de vida, cómo fueron sus últimos años; juntas
lloran, ríen, se carcajean, toman tés, se embriagan, pero siempre siguen
juntas.
Los
personajes son reales, con nombres inventados por supuesto. Pero la
esencia de la historia es la misma que viven las mujeres hondureñas de
hoy en día, porque los problemas se repiten con el paso de los días,
meses y años. Se parecen mucho a las amigas del presente, quizás porque
es cíclico o porque definimos a quienes queremos tener en nuestro
círculo de amigas, dice Olga Iris, que enfatiza diciendo que las
protagonistas de su libro lo único que no hicieron “fue trabajar de
puta”.
Luchando contra la corriente, todas las amigas lograron obtener títulos a nivel superior, son mujeres con un lenguaje culto.
Prácticamente
la obra es una autobiografía de la escritora, quien sostiene que el
escritor o escritora que diga que las obras no cuentan vivencias
propias, mienten, porque García Márquez, Saramago, Vargas Llosa, lo
hacían o lo hacen. “Es más, Vargas Llosa se descubre como el traidor que
es en un libro que se llama la Historia de Mayta y su vulnerabilidad,
hoy es trotskista, un día es gordo, otro día es flaco, o un día es
colorado, y así…”, dice la escritora y periodista.
La
narrativa también cuenta sobre las protestas de la gente en las calles,
de esa rebeldía, producto de las injusticias de un modelo económico y
de los regímenes que se imponen a la fuerza.
Honduras
es una sociedad conservadora, llena de perjuicios, donde en pleno Siglo
XXI no se ha permitido la exhibición de películas como Spotlight, que
evidencia las violaciones de niños— en varios países del mundo
incluyendo Honduras— por parte de los sacerdotes de la iglesia Católica.
En los años ochenta, se mandaba a la cárcel a quienes leían el
Manifiesto Comunista y tampoco se permitió la puesta en escena de la
película La noche de los lápices, basada en la historia real de siete
estudiantes argentinos que fueron secuestrados y torturados por el
ejército durante la dictadura de este país.
Con
mentes retrógradas y desfasadas que aún persisten en Honduras, el libro
de Olga Iris puede elevar el pudor de las beatas y de los sectores más
conservadores, pero esto casi o nada permea, especialmente en esa
juventud que ha alzado sus voces y porque las organizaciones feministas
han realizado un trabajo de hormiga que día a día va abriendo mentes.
En
su primer tiraje el año pasado, de 200 ejemplares, Memoria entre bruma y
papeles, logró buena aceptación. Como termómetro de ello, 120 lectores
se dirigieron a la autora con opiniones favorables. “Tal vez porque hay
mayor liberalidad de pensamiento o tal vez, porque las nuevas
generaciones van eliminando los prejuicios”, expresa Olga Iris, quien ve
a la literatura como un oficio de media noche, de media tarde y de
medio día.
Pese
a que la literatura es un trabajo de mucho esfuerzo y de mucha
disciplina, Olga Iris Mencía Barcenas, al igual que los demás escritores
hondureños, no vive del oficio. Sin embargo, éste le da muchas
satisfacciones y le está abriendo una nueva experiencia para
profesionalizarse en este ramo, al cual ha incursionado desde el año
1999.
De
pequeña escribía poemas cortos con la ayuda de Juana, su abuela
paterna, originaria de El Salvador, a quien le gustaba la escritura y
descomponer los refranes. Con sus escritos de niña y adolescente, se
quedó un novio que tuvo en su juventud. Nunca más los recuperó.
En
1999 escribió la Máscara del Despojo, que versa sobre el paquetazo
18-90 implementado en el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo
Callejas (1990-1994). Habla además de los negocios y del poderío que
ejercía el extinto empresario, Miguel Faccussé Barjum. La autora valora
que el texto está muy mal escrito porque es visceral.
Memoria
entre bruma y papeles, fue reeditado este año y fue lanzado el 4 de
julio pasado con 500 nuevos ejemplares. Se puede adquirir a un precio de
150 lempiras en las librerías Soto, Guaymuras, Cafebrería y en Mundo
Literario y otros sitios.
Anteriormente, escribió Golpe sin Olvido, para retratar el golpe de Estado de 2009, basado en experiencias anecdóticas.
Olga
Iris Mendia Barcenas, nació en Tegucigalpa en 1959, es una escritora y
periodista hondureña. Con más de 30 años en el oficio del periodismo.
Trabajó por más de 18 años en radio América donde con acierto, buen
desempeño y con el lema “sin araduras, sin compromisos”, condujo por
casi cinco años el programa de debate Contra Punto. Dentro del
periodismo, se declara apasionada por la investigación y el debate. Por
razones de edad y de ingresos ya renunció a la reporteada, pero mantiene
viva la llama de la escritura, cosa que hace en la actualidad a través
de sus redes sociales y el periódico Reporteros de Investigación. Dice
que vive por fe, más que por los ingresos económicos, pero aclara que
con las pocos entradas, vive con dignidad, porque siempre se le abren
puertas y ventanas, sino es que rendijas.
Niñez deportada del Triángulo Norte de CA corre mayor riesgo de sufrir violaciones
El informe de UNICEF “Desarraigados en Centroamérica y México” muestra que los viajes desprotegidos y las expulsiones intensifican las causas profundas de la migración irregular y desplazamiento forzado.Tegucigalpa.-Las violencias extremas, la pobreza y la falta de oportunidades no sólo son causas importantes de la migración irregular y el desplazamiento forzado de la niñez desde el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, sino que también son agravadas por las expulsiones desde México y los Estados Unidos, dijo hoy UNICEF en un nuevo informe.
La organización dedicada a la infancia instó también a los gobiernos a trabajar juntos en la ampliación de soluciones que ayuden a aliviar las causas fundamentales de la migración irregular y forzada, y a salvaguardar el bienestar y los derechos de los niños y niñas refugiados y migrantes a lo largo del viaje.
Noticia Relacionada: Niñez de Honduras vive en una situación de extrema vulnerabilidad
Desarraigados en Centroamérica y México examina los distintos desafíos y peligros a los que se enfrentan los niños y niñas y las familias migrantes y refugiados a lo largo de su ruta.“Como muestra este informe, millones de niños y niñas de la región son víctimas de la pobreza, la indiferencia, la violencia, la migración forzada y el temor a la deportación”, dijo María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “En muchos casos, los niños y niñas que son retornados a sus países de origen no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son víctimas de las maras. El hecho de que se les devuelva a situaciones imposibles hace más probable que vuelvan a emigrar”, añadió.
Algunas de las principales conclusiones del informe incluyen:
Pobreza
– El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44%, un 68% y un 74% de niños y niñas que viven en la pobreza en cada país, respectivamente. Las familias pobres solicitan a menudo préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, dejándolas en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y sin poder pagar sus préstamos. Esta presión económica puede dejar a los niños, a las niñas y a las familias sin hogar o sin los recursos para pagar sus necesidades más esenciales.
Violencia
– La violencia de las maras está omnipresente en muchas comunidades del norte de Centroamérica, donde los niños y niñas son víctimas de reclutamiento forzado, abuso e incluso asesinato. Entre 2008 y 2016, en Honduras, por ejemplo, aproximadamente un niño murió cada día por homicidio. Asimismo, en El Salvador, 365 niños fueron asesinados en 2017, mientras que en Guatemala se registraron 942 muertes violentas de niños y niñas el año pasado. Los niños, niñas y familias que emigran debido a la amenaza de la violencia pueden correr un riesgo aún mayor si son devueltos por la fuerza, sin ningún tipo de apoyo o protección, a las comunidades en las que ya antes corrían peligro. Muchos retornados terminan en una situación precaria de desplazamiento interno porque no es seguro regresar a sus hogares.
Estigmatización
– Los niños, las niñas y las familias que regresan tienen que hacer frente a la estigmatización dentro de la comunidad debido a sus intentos fallidos de llegar a México o a los Estados Unidos. Esto puede dificultar que los niños y niñas que regresan se reintegren a la escuela y que los adultos encuentren trabajo.
Separación y detención
– La detención y la separación de la familia por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño o niña. Mantener a las familias unidas y apoyar alternativas a la detención son medidas fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez migrante y refugiada.
El informe también describe una serie de recomendaciones para proteger a los niños refugiados y migrantes y reducir los factores que empujan a las familias y a los niños a abandonar sus hogares en busca de seguridad o de un futuro más esperanzador a través de rutas migratorias irregulares y peligrosas.
“Es esencial abordar los riesgos a los que se enfrenta la niñez migrante y refugiada y las causas estructurales que contribuyen a los movimientos de población a gran escala”, dijo Perceval. “Los líderes gubernamentales tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias. Esto significa aplicar mecanismos comprobados que puedan ayudar a aliviar las causas profundas de la migración; proteger a los niños y niñas durante el tránsito y en su destino; proporcionar a los niños y niñas acceso a los servicios esenciales durante todo el viaje; garantizar que el retorno se lleve a cabo sólo cuando redunde en el interés superior del niño; y proporcionarles la protección y el apoyo necesarios para que se reintegren con éxito”, remarcó.
Los programas apoyados por UNICEF en el norte de Centroamérica y México están beneficiando a niños y niñas migrantes, refugiados y retornados, sin embargo, estas iniciativas tendrían que ampliarse a gran escala para hacer frente a todos los desafíos que afrontan los niños de la región en situación de riesgo.
DATOS CLAVES
68.409 niños y niñas migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018, el 91% de los cuales fueron deportados a Centroamérica.
Unos 96.216 migrantes del norte de Centroamérica, entre ellos 24.189 mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos entre enero y junio de este año. Más del 90% de los niños y niñas fueron retornados por México.
CIDH otorga medidas cautelares para proteger niños migrantes separados de sus familias en EE.UU
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de “Cero Tolerancia” y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos) de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.
Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.
Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.
La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a un patrocinador en los Estados Unidos.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.
En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.
Tegucigalpa.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas
cautelares el 16 de agosto de 2018 a favor de niños y niñas migrantes
que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación
de la “Política de Tolerancia Cero”, en los Estados Unidos.
La
Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida
cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo
de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas
que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias
en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada
por Texas Civil Rights Project, the Women’s Refugee Commission, the
Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia
& Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de “Cero Tolerancia” y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos) de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.
Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.
Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.
La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a un patrocinador en los Estados Unidos.
Nota relacionada Gobierno de EE.UU falla en plazo para reunificación de niños inmigrantes
En
vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida
familiar e integridad personal así como el derecho a la identidad de
los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en
principio, en una situación de riesgo. Lo anterior, tomando en cuenta en
su conjunto el grave impacto que resulta a tales derechos como
resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su
familia biológica que podría producirse como resultado de la separación
definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y
posibilidades concretas de reunificación, incluso en algunos casos
pudiendo ya haberse materializado una deportación en forma separada. Lo
anterior, sumado al impacto emocional y psicológico que supondría la
detención y la situación de incertidumbre en torno a la reunificación de
las niñas y niños, en un momento determinante en el cual la familia
juega un rol esencial para la formación de las personalidades e
identidades respectivas.
En
consecuencia, la Comisión solicitó a los Estados Unidos: a) adopte las
medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar,
integridad personal e identidad de las personas propuestas
beneficiarias. En particular, garantizando que tales derechos sean
salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus
familias biológicas y atendiendo al interés superior de los niños y
niñas; b) adopte las medidas necesarias para garantizar en forma
inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación
adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias,
conforme a su interés superior. Asimismo, con el objetivo de
salvaguardar sus derechos, proporcionar la atención médica, psicológica y
demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar
interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas
beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos y un adecuado
entendimiento de su situación y destino; c) en el caso de que alguna o
algunas de los padres hubiese sido deportada de manera separada de su
hijo o hija, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el
marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación,
teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos
que sean necesarios; d) suspender todo procedimiento migratorio que
tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus
familias; y e) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y
sus representantes.El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.
En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.
Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que los muros han demostrado ser "sumamente efectivos"
Muro fronterizo, una obsesión de Trump que desperdiciará millones de dólares
El
plan del gobierno del presidente Donald Trump de levantar un muro a lo
largo de cientos de kilómetros de la frontera con México no considera
adecuadamente los costos, lo que podría incrementar el precio y causar
demoras, afirmó el lunes una oficina legislativa de contraloría.
“Sin una evaluación de costos, como corresponde según las principales prácticas para la toma de decisiones de capital, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP no cuenta con la información suficiente para dar prioridad a ciertos sitios a fin de hacer uso de sus recursos de la forma más rentable”, señala el informe.
El gobierno ha calculado que la construcción de 1.162 kilómetros (722 millas) de barreras costaría 18.000 millones de dólares, pero esa estimación se basa en el costo promedio por milla. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus iniciales en inglés) dijo que el precio podría variar de manera considerable de acuerdo a la inclinación y topografía, el valor de adquisición de tierras y otros factores.
Sin más información, el Departamento de Seguridad Nacional “enfrenta un mayor riesgo de que el Programa del Sistema de Muro Fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo de lo planeado y no consiga el rendimiento previsto”, escribió el organismo.
La Oficina de Aduanas “no cuenta con la información completa para determinar si utiliza los limitados recursos de la mejor manera para economizar costos y tampoco cuenta con importante información de costos que ayudaría a desarrollar solicitudes futuras de presupuesto”, añade el reporte.
En una respuesta incluida en el apéndice del estudio de la GAO, Jim Crumpacker, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que las autoridades “se apegan a las mejores prácticas para evaluar costos, presupuesto e impacto financiero de los segmentos fronterizos”. Dijo que los costos financieros se consideraron después de una evaluación operativa de los lugares en donde los muros son más necesarios.
Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que los muros han demostrado ser “sumamente efectivos”.
El representante federal Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y quien solicitó el informe, dijo: “Al actuar demasiado rápido, ignoraron protocolos necesarios y establecidos, y planean levantar un muro fronterizo de varios miles de millones de dólares en donde su propio análisis demuestra que no es una prioridad. Para ser claros, este gobierno no tiene idea de lo que está haciendo y debe rendir cuentas”.
“El gobierno de Trump, obsesionado con las promesas de campaña sin importar el costo ni las consecuencias, está acelerando la construcción del muro fronterizo totalmente innecesario del presidente”, añadió Thompson.
“Sin una evaluación de costos, como corresponde según las principales prácticas para la toma de decisiones de capital, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP no cuenta con la información suficiente para dar prioridad a ciertos sitios a fin de hacer uso de sus recursos de la forma más rentable”, señala el informe.
El gobierno ha calculado que la construcción de 1.162 kilómetros (722 millas) de barreras costaría 18.000 millones de dólares, pero esa estimación se basa en el costo promedio por milla. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus iniciales en inglés) dijo que el precio podría variar de manera considerable de acuerdo a la inclinación y topografía, el valor de adquisición de tierras y otros factores.
Sin más información, el Departamento de Seguridad Nacional “enfrenta un mayor riesgo de que el Programa del Sistema de Muro Fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo de lo planeado y no consiga el rendimiento previsto”, escribió el organismo.
La Oficina de Aduanas “no cuenta con la información completa para determinar si utiliza los limitados recursos de la mejor manera para economizar costos y tampoco cuenta con importante información de costos que ayudaría a desarrollar solicitudes futuras de presupuesto”, añade el reporte.
En una respuesta incluida en el apéndice del estudio de la GAO, Jim Crumpacker, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que las autoridades “se apegan a las mejores prácticas para evaluar costos, presupuesto e impacto financiero de los segmentos fronterizos”. Dijo que los costos financieros se consideraron después de una evaluación operativa de los lugares en donde los muros son más necesarios.
Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que los muros han demostrado ser “sumamente efectivos”.
El representante federal Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y quien solicitó el informe, dijo: “Al actuar demasiado rápido, ignoraron protocolos necesarios y establecidos, y planean levantar un muro fronterizo de varios miles de millones de dólares en donde su propio análisis demuestra que no es una prioridad. Para ser claros, este gobierno no tiene idea de lo que está haciendo y debe rendir cuentas”.
“El gobierno de Trump, obsesionado con las promesas de campaña sin importar el costo ni las consecuencias, está acelerando la construcción del muro fronterizo totalmente innecesario del presidente”, añadió Thompson.
Sessions defiende la política migratoria de Trump: "Los nazis no permitían que los judíos se fueran"
Publicado: 20 jun 2018 01:21 GMT | Última actualización: 20 jun 2018 05:58 GMT - RT
El fiscal general de EE.UU. respondió de
controversial manera a quienes comparan las tácticas estadounidenses de
tolerancia cero con las que utilizaron los nazis durante el Holocausto.
El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions.
Jim Bourg / Reuters
El
fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, hizo un comentario polémico al
manifestar su desacuerdo con aquellos que comparan las políticas
inmigratorias de la administración Trump con las de la Alemania nazi.
"Los nazis no permitían que los judíos abandonaran Alemania", afirmó.
En un programa de la cadena Fox News, Sessions aseguró que las comparaciones que en tal sentido hicieran el exdirector de la CIA, Michael Hayden, y la senadora Dianne Feinstein, son "una verdadera exageración". Pero al refutarlas, sus argumentos provocaron una ola de indignación entre los internautas. Uno de los usuarios de Twitter le recordó que los judíos "no se fueron [de Alemania] porque eran masacrados y enterrados en fosas comunes".
La nueva política de "tolerancia cero" sobre la inmigración ilegal, que Sessions defiende, ha suscitado grandes controversias en las últimas semanas, particularmente a causa de la separación de miles de niños de sus padres. Este lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió la estricta aplicación de las leyes de inmigración y dijo que el país norteamericano "no será un campo para migrantes ni una instalación para refugiados".
En un programa de la cadena Fox News, Sessions aseguró que las comparaciones que en tal sentido hicieran el exdirector de la CIA, Michael Hayden, y la senadora Dianne Feinstein, son "una verdadera exageración". Pero al refutarlas, sus argumentos provocaron una ola de indignación entre los internautas. Uno de los usuarios de Twitter le recordó que los judíos "no se fueron [de Alemania] porque eran masacrados y enterrados en fosas comunes".
La nueva política de "tolerancia cero" sobre la inmigración ilegal, que Sessions defiende, ha suscitado grandes controversias en las últimas semanas, particularmente a causa de la separación de miles de niños de sus padres. Este lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió la estricta aplicación de las leyes de inmigración y dijo que el país norteamericano "no será un campo para migrantes ni una instalación para refugiados".
El racismo de Trump
| CUBADEBATE
El presidente de EU, Donald Trump y su ex colaboradora, Omarosa Manigault Newman. Foto: AFP.
No fue una gran revelación. Como comentó uno de los observadores más influyentes del país, el conductor de Late Show Stephen Colbert, era “la noticia menos sorprendente posible”, agregando con sarcasmo: “por fin tenemos pruebas de que el tipo que rehusó rentar apartamentos a inquilinos negros, que dijo que un mitin nazi-klan tenía algunas ‘gentes finas’ y llamó a África un hoyo de mierda -¡es un racista! Destruyan sus libros de historia, reescriban los textos. ¡No lo sabíamos!”.
Trump, quien se refirió a a su excolaboradora como “esa perra” el martes, sabe bien que su exempleada, Omarosa Manigault Newman, no se acaba de dar cuenta que su jefe es racista. Ella impulsó este debate con fines de lucro: está promoviendo su nuevo libro sobre la vida dentro de la Casa Blanca de Trump. Aprendió de Trump, a quien conoció como concursante en su reality show “El aprendiz”, sobre cómo monetizar todo (incluyendo estancias en la Casa Blanca).
Manigault Newman, nutriendo el debate, acusa que hay grabaciones de Trump usando la palabra más denigrante para los afroestadunidenses (“nigger”), algo que primero fue rechazado tajantemente por el propio Trump pero que esta semana la vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders se vio obligada afirmar que “no puedo garantizar” que el presidente nunca haya usado esa palabra.
Estas exhibiciones verbales racistas manchan a esta presidencia desde sus inicios. Trump arrancó su campaña acusando a mexicanos de ser criminales y violadores, impulsó medidas anti musulmanas entre sus primeros actos presidenciales y más recientemente ha atacado a atletas y periodistas afroestadunidenses.
Cuando la famosa estrella de basquetbol profesional Lebron James, entrevistado por Don Lemon, periodista de CNN, la semana pasada, hizo un par de comentarios críticos sobre el presidente, Trump tuiteó: “Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto en la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligencia, lo cual no es fácil hacer”. Ambos son afroestadunidenses.
“Esto es aparentemente lo que el presidente de Estados Unidos siente necesario compartir con el mundo… es una desgracia. Es racista. Y es el producto de odios pequeños pero peligrosos”, respondió incrédulo el veterano periodista Dan Rather.
Anteriormente Trump también acusó de “baja inteligencia” a la representante federal Maxine Waters, feroz critica del presidente, y afroestadunidense.
“Cuando Donald Trump menosprecia a afroestadunidenses con eso del ‘bajo I.Q’ y deshumaniza a mujeres negras como ‘esa perra’, está hablando el idioma de la supremacia blanca”, comentó el columnista Eugene Robinson del Washington Post.
Trump se ha obsesionado con los jugadores de futbol americano profesional que se han hincado o elevado un puño durante el himno nacional antes de todo partido como protesta contra la violencia policiaca contra afroestadunidenses, acusándolos casi de traidores a la patria.
Al mismo tiempo, hace un año después de una manifestación de militantes neonazis y del Ku Klux Klan en Charlottesville, Virginia, que acabó en actos de violencia contra una contramanifestación repudiando el acto y la muerte de una activista antiracista, Trump provocó ira nacional al afirmar que ambos lados eran responsables de los incidentes y que había también “gente fina” de ambos lados. Muchos de los líderes de organizaciones supremacistas blancas y fuerzas antimigrantes festejaron la eleccion de Trump y hoy día lo continúan elogiando.
Pero el racismo no es sólo verbal sino se expresa en acciones políticas impulsadas por la presidencia como las medidas contra inmigrantes y refugiados de América Latina, el Caribe y África, en el desmantelamiento de programas de asistencia social, educación, salud como el endoso d mano dura en la aplicación de leyes que afectan dramáticamente a comunidades afroestadunidenses y latinas, y por otro lado, medidas para la supresión del voto de estos sectores minoritarios.
Aún más peligroso, agrupaciones de ultra derecha han florecido más abiertamente desde que Trump llegó a la Casa Blanca con lo cual se han incrementado los casos de crímenes de odio. El Southern Poverty Law Center, que monitorea estas actividades, registra a más de 100 personas asesinadas o heridas por integrantes de estos grupos o los que han sido influenciados por ellos durante el último año.
Vale recordar que la primera aparición de Trump en el cambio público -la primera vez que fue noticia- fue en 1973 cuando fue acusado, junto con su padre, por el gobierno federal de discriminacion racial contra inquilinos afroestadunidenses en los edificios del negocio de su familia. Hasta el gran cantautor Woody Guthrie hizo una canción sobre el “el viejo Trump”.
(Tomado de La Jornada)
