ESTADO INTERVENIDO POR VIOLADOR, CORRUPTO Y NARCO
Estamos aquí para repetirle al mundo que agentes de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina desaparecieron en Honduras a más de 180 personas opositoras políticas entre 1979 y 1989.
Venimos para precisar que la semana pasada en Ginebra documentamos ante la ONU que ese capítulo de barbarie no ha sido sancionado como debía y que, por tanto, nuevos hechos han ocurrido a partir del golpe de Estado de 2009 amparados en la impunidad.
Los viejos patrones de la desaparición forzada, actualizados al “modelo colombiano” que avanza a convertirse en el “Jerusalem latinoamericano” como portaviones de la OTAN, nos amenaza seriamente.
Uno de esos múltiples nuevos casos documentados es el de Donatilo Jiménez Euceda, líder sindical del CURLA, desaparecido en La Ceiba el 08 de abril del 2015, cuya esposa y hermana irónicamente este viernes deben defenderse en audiencia pública por acusaciones de las autoridades universitarias que tienen la responsabilidad de esclarecer el hecho.
Sonia Martínez y Jaqueline Jiménez pidieron en 2015 a Gioconda Lee Tugnon, jefe de Recursos Humanos y al jefe de seguridad, Manuel Antúnez, que aportaran información sobre la desaparición de Donatilo, pero ambos se ofendieron por las preguntas públicas llenas de dolor y ansiedad por la verdad. Y fueron a tribunales disfrazados de víctimas a demandar disculpas de las verdaderas víctimas.
En este contexto de injusticia e impunidad el Cofadeh reafirma que NO se trata de actores paralelos al Estado violando libertades individuales y garantías constitucionales de sus semejantes; se trata de agentes policiales, militares y paramilitares del Estado actuando desde las instituciones públicas que sobreviven a este desastre del Estado de Derecho capturado por los narco-corruptos.
Es decir, ese discurso del régimen impostor de la dictadura actual tendiente a derivar la responsabilidad a las maras 13 y 18 para violar derechos, es sólo un ardid para criminalizar a las organizaciones sociales no gubernamentales que documentamos, denunciamos y litigamos las violaciones cometidas por los golpistas responsables del fraude electoral.
Frente a esa manipulación, también, es oportuno subrayar en esta plaza que el Estado de Honduras se encuentra intervenido desde 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente debido a su conducta reprochable, inadmisible y criminal en materia de respeto a los derechos de la población general.
Está intervenido, igualmente, por la MACCIH-OEA debido a la conducta corrupta de la elite liberal-nacionalista en alianza perversa con sectores privados locales y transnacionales protegidos por las fuerzas armadas.
Y, obviamente, está intervenido por la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, por el tráfico de drogas que sustenta la economía estadounidense pero que pone en riesgo su seguridad interior.
Entonces, estamos aquí para decirle a estos remedos de funcionarios públicos que se hacen los ofendidos ante las eventuales acusaciones penales extra-nacionales que dejen a un lado su cinismo. El país está intervenido precisamente por canallas como ustedes que irrespetan la nación con sus conductas delictivas.
De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón. COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., Viernes 1 de junio de 2018.
HONDURAS: Histórico juicio contra 3 policías por ataque contra 12 personas defensoras debe acabar en condena
El 8 de septiembre de 2017, 12 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a actos de tortura y malos tratos en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. El grupo de 12 personas estaba compuesto por las Sras. Hedme Castro, Coordinadora General de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y Tommy Morales, miembro de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), los Sres. Carlos del Cid Morales, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Ariel Díaz, miembro de La Juventud por los Derechos Humanos y José Francisco Bustillo, así como siete personas defensoras que forman parte del movimiento de estudiantes universitarios1. Estos hechos se presentaron en un contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde 2014.
El Observatorio recuerda que el uso de la fuerza sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando se hace a corta distancia, en las partes superiores del cuerpo o en espacios cerrados.
Por todo lo anterior, y ante la claridad de las pruebas existentes, el Observatorio espera que la resolución del juicio que será leída mañana 1 de junio, será una ejemplar sentencia condenatoria de los tres oficiales de policía imputados. Esta sentencia marcaría el camino para avanzar en la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública en Honduras.
Querella impidió seguir la búsqueda de Donatilo Jiménez
Por: Sandra Rodríguez
La Ceiba, Atlántida- “He parado la búsqueda de mi esposo, por estar querellada” así lo manifestó esta tarde Sonia Martínez, esposa del líder sindical Donatilo Jiménez Euceda, detenido desaparecido el 08 de abril del 2015.
Martínez se declaró inocente de lo que la acusan autoridades del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), dónde trabajaba desde hace 22 años el también líder sindical.
“En mi ignorancia, yo repetí lo que él me dijo”, afirmó doña Sonia, quién hoy permaneció en el ‘banquillo de los acusados’, debido a una querella por Difamación constitutiva de Injurias y Calumnias, de parte de la jefa de recursos humanos y el jefe de seguridad, Gioconda Lee Tuñón y Manuel Antúnez, respectivamente.
La defensa de Sonia Martínez, a cargo de las abogadas Karol Cárdenas y Dora Oliva, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresó que la esposa de Donatilo, lejos de la intención de calumniar, sólo se apegó al derecho de Verdad, Justicia, Reparación y libertad de expresión, solicitando información a través de una pancarta, el 28 de abril del 2015.
También afirmaron que Donatilo Jiménez era empleado del CURLA y que la familia llegó ese día, debido a su desaparición.
Entre los medios de prueba para acusar a Sonia Martínez, fueron notas y vídeos de prensa. Los cuáles a criterio de la defensa, expresan la necesidad y búsqueda de justicia ante la desaparición forzada de “Tilo” cómo lo llama la familia.
Ante la necesidad de respuestas, la familia sólo fue escuchada por los medios de comunicación, expresó la defensa, mientras las autoridades denegaron esa petición.
El juicio continuará mañana, donde el juez del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, dará a conocer el veredicto sobre Sonia Martínez, quién, después de tres años no sabe que responderle a su hijo de 10 años ¿Donde está su papá?
PODER JUDICIAL PIDE A CONGRESO HONDUREÑO ELIMINAR “LEY MORDAZA”
La
Corte Suprema de justicia (CSJ), pedirá formalmente al Congreso
Nacional, que elimine el artículo 335-B, ya que este es nocivo para el
ejercicio periodístico y violenta la libre expresión como derecho
humano. La solicitud viene un año después de haber sido aprobado por el
parlamento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
artículo 335-B debe ser derogado, a esta conclusión ha llegado el pleno
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes alegan que atenta contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
Según
el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, "lo que se recomienda
por la opinión unánime del pleno de la Corte Suprema es que se derogue
el artículo 335B". Y agregó que lo que prosigue es un documento oficial
de la CSJ exigiendo al Congreso Nacional la eliminación de la “Ley
Mordaza”.
El
pleno del Poder Judicial, concibe que esta ley, es contraria a la
Convención Americana de Derechos Humanos. El también conocido “pacto de
San José”, defiende todo lo concerniente a la libre emisión del
pensamiento sin ningún tipo de censura.
El
pasado 25 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Periodista
hondureño, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, afirmó que “el
nuevo Código Penal, aprobado el año pasado y que inicia vigencia
próximamente, elimina el 335-B, que durante tanto tiempo exigieron se
derogara. Pero mientras eso sucede introduciré reforma legal para
borrarlo de nuestras leyes”.
Sin
embargo, hace un año Oliva pactó como caballero con el Colegio de
Periodistas de Honduras (CPH), que la “Ley Mordaza” sería eliminada,
poco después este proyecto fue publicado sin modificaciones en el diario
oficial “La Gaceta”, entrando en vigencia inmediatamente.
Las
reformas al Código Penal, según expertos en materia, se dieron con el
propósito de judicializar la protesta social, ya que agrava la
tipificación de terrorismo. Cabe destacar que el 335-B fue una moción
del correligionario de Oliva, el ausente Oscar Álvarez, quien renunció a
su diputación en enero pasado por una supuesta oferta de trabajo en
Estados Unidos.
El
335-B establece que “quien públicamente y a través de medios de
comunicación o difusión destinados al público hicieran apología,
enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan
participado en su ejecución o incitare a otros a cometer lo mismo o
financiamiento de este será sancionado con penas de cuatro a ocho años
de prisión”.
Analizan retos de la comunicación, investigación y formación para la transformación de Centroamérica
May 31, 2018
En
el marco del 38 aniversario del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación –ERIC- de la Compañía de Jesús, académicos, comunicadores y
jóvenes debatieron sobre los retos de la investigación para la
transformación de Centroamérica. En ese sentido, el padre Ricardo Falla,
ex director del ERIC, apuntó que la investigación debe enmarcarse en
los procesos de construcción de redes no solo locales sino
transnacionales.
“La
organización es la identidad que va forjando, entonces cómo hacemos
para que se forme una identidad transnacional no solamente
centroamericana, no solamente dentro de Honduras, es una tarea muy
grande, no es una organización como los sindicatos de tipo vertical sino
es una organización en red”, puntualizó Falla al referirse a los
diferentes grupos de la ciudadanía y sus acciones.
Por
su parte, Iolany Pérez, coordinadora del área de comunicaciones de
Radio Progreso, analizó que uno de los retos para la transformación
social en Centroamérica es la devolución de la voz a las comunidades, en
la que la ciudadanía cuente lo que día a día enfrenta: “qué tanto
estamos incidiendo en ellos en nuestra agenda, cómo devolvemos la voz de
esa comunidades; muchas veces los medios de comunicación no estamos
llevando los micrófonos, el papel y el lápiz, y mucho menos el acceso al
internet”, cuestionó Pérez al recodar los procesos de indignación y
represión que están enfrentando países como Nicaragua, Honduras y
Guatemala.
Carmen
España, egresada de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana, un
proceso de formación que ERIC desarrolla en tres regiones de país,
resaltó la importancia y el acompañamiento que el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación ha dado a las comunidades en la búsqueda de
la justicia y transformación política.
Agrega
que dicho acompañamiento, sobre todo en un entorno donde se ve de forma
“negativa participar en estos procesos”, se enfatizó en generar
conciencia para que como ciudadanos “aportemos a la sociedad desde
nuestras posibilidades”, para así lograr un despertar en las
comunidades.
Ramón
Romero, titular de la Dirección de Vinculación Universidad Sociedad en
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –UNAH-, quien participó en
el Foro, comentó que uno de los grandes retos en la investigación “sigue
siendo reflexionar sobre los procesos de transformación social”.
Enfatizó
que el vínculo entre investigación y acción “es cada vez más estrecho”:
“si queremos hacer avances tenemos que fortalecer. Hay necesidad de
investigar acerca de la ideología dominante, hay necesidad de
desenmascarar los mecanismos por los cuales se lleva a la gente a
pensar, y hay necesidad de asumir el pensamiento crítico”.
Romero
finalizó sugiriendo que en Honduras se debe pensar desde “nuestra
realidad, desde nuestro contexto, desde nuestra teoría de la
transformación social, para ver cuáles son las perspectivas, las
posibilidades y las aspiraciones”.
Los
panelistas concluyeron que para lograr la transformación social en
Centroamérica la comunicación y la investigación deben buscar la
dignificación de las personas con luces de esperanza.
Universidad debe ser instrumento para el cambio social en Centroamérica, afirman expertos
May 31, 2018
Desde
el año de 1980, el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación,
ERIC, va de la mano con las comunidades organizadas en movimiento. En el
marco de su aniversario 38, se realizó el foro “Desafíos de la
Investigación y la acción para la transformación en Centroamérica”.
El
conversatorio inaugural denominado “El rol de la universidad en la
lucha por la transformación social”, recogió las valoraciones de
expertos de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador, sobre
el aporte de la universidad en la lucha para la transformación social.
Universidad inmersa en la realidad
Para
el Vicerrector de Proyección Social de la Universidad José Simeón
Cañas, Omar Serrano, la universidad no puede vivir de espaldas a la
realidad, y debe estar inmersa en el contexto que vive la región
centroamericana. Explica que las condiciones de la gente excluida y
marginada son las que deben determinar el quehacer universitario.
“La
universidad es un actor político y social, en consecuencia debe actuar
para mejorar la situación de miles de familias. Hay que ir directamente a
la realidad de la sociedad, y los estudiantes deben relacionarse
directamente con las necesidades de la comunidad”, señaló Serrano.
Omar
Serrano señala que hay que acercar la universidad a la población, y eso
se puede lograr mediante la proyección social, haciendo llegar hasta la
ciudadanía más necesitada el conocimiento que se genera en la
universidad, por medio del análisis en la radio, televisión y todos los
medios a nuestro alcance.
Aportes de la universidad
Lidia
Salamanca, Vicerrectora Académica de la UCA El Salvador, expresa que el
proceso educativo en la universidad debe aportar en dos grandes líneas:
por un lado hacer un esfuerzo sustancial en todo aquello que tenga que
ver con formar científicamente de la mejor manera a los y las
estudiantes, y el segundo componente tiene que ver con formar a la
persona. A una persona que sea crítica de la realidad, que la conozca,
interprete y vea, y a partir de eso que se comprometa con esa realidad a
fin de lograr una verdadera transformación.
La Vicerrectora Académica acotó que es importante que el estudiante se forme como sujeto de transformación.
“Nosotros
queremos formar líderes. Personas que desde dónde estén tengan la
capacidad de generar cambio a favor de la gente que más lo necesita. Si
lo logramos tendremos gran capacidad de incidencia a nivel de
Centroamérica”, expresa.
Además
cree en la necesidad de pensar de manera distinta. Y es urgente crear
alianzas con otras universidades de la región para elevar los
indicadores de calidad, pero estrictamente vinculados con la misión
transformadora de la sociedad.
El
sacerdote Andreu Oliva, rector de la UCA, explica que la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, busca la transformación social de El
Salvador y la región, a partir de las funciones universitarias como la
docencia, la investigación y proyección social.
A
través de la educación universitaria integral se transforman personas,
no solamente con nuevos conocimientos, sino creando conciencia frente a
la realidad injusta y dolorosa de nuestros países, donde la vida está en
juego todos los días.
Para
el sacerdote, frente a la injusta y excluyente sociedad es urgente
cambiar las cosas de raíz, para que sean sociedades que buscan el bien
común para todos y todas, fundamentados en la justicia social. Y eso
solo se logrará con educación de calidad.
Lamenta
que en la región se ha avanzado hacia el acceso numérico y se ha
descuidado el tema de garantizar educación de calidad en todos los
niveles. “Casi en todas partes un niño puede acceder a la escuela, pero
se esa educación que se brinda no es de calidad. Es un reto para
nuestros países exigir que la educación sea de la más alta calidad”,
señala.
Trabajo multiapostólico
El
Padre Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación, (ERIC) y Radio Progreso, destaca 3 elementos sobre el
quehacer de las universidades Jesuitas, el ERIC y Radio Progreso:
“realizar nuestro trabajo desde una mirada regional. En el caso de las
obras de la Compañía de Jesús, nuestro apostolado cada vez es menos
centrado en un solo sector, sino en una diversidad de apostolado social.
Y por último el trabajo debe estar en plenamente vinculación con la
sociedad.
Un
rasgo esencial de nuestro trabajo es aprender y vincularnos para el
aprendizaje con muchos otros sectores, de esta manera nuestro aporte
desde las obras será mayor en la región”, señala Ismael Moreno.
En
el Conversatorio sobre el rol de la universidad en la transformación
social, los expositores destacaron la importancia de coordinar esfuerzos
entre las universidades centroamericanas, sobre todo de cara a la
realidad política, social y económica que vive la región. En la medida
que seamos capaces de generar alianzas y de entrar en un proceso de
diálogo con otras universidades, el papel transformador de la educación
avanzará en la región Centroamérica.
Defender la MACCIH debe ser labor de la ciudadanía, dicen analistas
May 31, 2018
La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, CJS, declaró
constitucional el decreto legislativo 23-2016 que da origen a la Misión
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, MACCIH. Tras presentar un
recurso de inconstitucionalidad por un grupo de abogado que buscaba dejar sin vigencia las funciones de investigación que tiene la MACCIH en el país.
Dicho
fallo de la Sala de lo Constitucional en el segundo inciso expresa: “De
manera coherente a los estudios y conclusiones plasmados en los
considerandos de esta sentencia la que se emite conforme al artículo 206
del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a ser “clara, precisa y
exhaustiva” y en acatamiento a la Constitución de la República, la
supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación, persecución
penal, establecido en el Convenio, deben ser interpretados y aplicados
conforme a nuestra Constitución Política”.
En tercer inciso el fallo menciona que “por
lo que cualquier documento derivado del convenio celebrado en cualquier
poder o institución del Estado, tal como el mecanismo institucional de
cooperación bilateral entre el Ministerio Público de la República de
Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e
Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA); debe ser adecuado a lo determinado
en La Gaceta”.
La
MACCIH junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la
Corrupción del Ministerio Público, UCEFIC, interpusieron la denuncia en
2017 de la “Red de diputados”, envueltos en caso de corrupción por el
delito de malversación de caudales públicos.
Lo
que provocó que el anterior Congreso Nacional (2014-2018) hiciera
reformas a Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República 2018, que cambia el procedimiento de supervisar e investigar
los fondos públicos que son gestionados para diversos proyectos
sociales. Lo cual, ex vocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayor, lo
calificó como “pacto de impunidad”.
Miradas sobre la MACCIH
Para
los analistas mantener la MACCIH es vital, ya que la justicia en el
país es una utopía, y la esperanza es que a través de un instancia
independiente se pueda enjuiciar a los corruptos.
El abogado Edilberto Baquedano
expresó que “tenemos involucrados empresarios, políticos, grandes
personalidades del mundo delictivo en el poder de la república. Por lo
tanto, ellos están amenazados y tiene poner a funcionar la maquinaria
para amedrentar a lo que hoy se levanta como la salvadora del sistema
democrático republicano de Honduras y la voluntad de la comunidad
internacional”.
Olban
Valladares, analista político, manifestó que paralelamente la encargada
de la embajada de los Estados Unidos, Heide B. Fulton, advirtió
diplomáticamente que no se metan con la Misión de Apoyo.
“Quiero
oír quién va ser insensato que se va arriesgar a poner al país en mal.
Porque esto representa recortar subsidio, corta apoyo. Lo más terrible
es lo que nos puede pasar como el TPS. Existen caminos legales para que
la MACCIH se pueda quedar”, dijo Valladares.
Por
su parte Jorge Yllescas dijo en declaraciones a Radio Progreso que
quieren liquidar y quitarle los colmillos a la MACCIH, dejar una
institución simbólica como ha sucedido muchas veces.
“Es
la única oportunidad que tiene y tendrán por mucho tiempo el pueblo
hondureño para combatir a los corruptos, que son los responsables de la
falta de educación, salud, de carretera, son los responsables del
otorgamiento de concesiones millonarias, muchas vinculadas con actos de
corrupción”.
Además,
agregó que el pueblo hondureño tiene que defender la MACCIH, porque le
pertenece y es producto de las protestas. “No resulta como voluntad del presidente
o de los diputados, sino que es la exigencia del pueblo y así como se
creó la MACCIH así debe defenderse”, explicó Yllescas.
La
MACCIH, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016, luego de
un convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA, como
resultado de las protestas ciudadanas en denuncia a los actos de
corrupción y el saqueo al Instituto Hondureño del Seguro Social (2015).
El Movimiento de los Indignados e Indignadas exigía para entonces la
Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH).
Poniendo el ojo a los corruptos
Demandan del Congreso Nacional derogación definitiva del artículo 335-B y otras leyes atentatorias contra la libertad de expresión
Wednesday, 30 May 2018 15:41 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
Varias organizaciones de derechos humanos realizaron en las
afueras del Congreso Nacional (CN), un plantón este 29 de mayo de 2018,
en contra del Artículo 335 numeral B del Código Penal, pidiendo su
derogación final de parte de los parlamentarios hondureños, quienes
tipificaron las críticas contra el Gobierno de parte de la prensa como
un delito de terrorismo.
Los representantes del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) y
la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU),
además de periodistas de varias organizaciones de derechos humanos y de
medios de comunicación independientes, exigieron la derogación del
artículo, además de otras leyes que atentan contra la libertad de
expresión en el país, entre ellas, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley
de Ciberseguridad o control del internet, entre otras.
A continuación el comunicado íntegro leído en las afueras del Palacio Legislativo, por parte del abogado Edy Tábora de C-Libre.
COMUNICADO DE PRENSA
Tegucigalpa, 29 de mayo de 2018.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presentó en el marco del Día del Periodista Hondureño del año 2017, un Recurso de Inconstitucionalidad al Artículo 335-B del Decreto No. 6-2017, que contiene reformas al Código Penal, publicado el lunes 27 de febrero de ese mismo año en el Diario Oficial La Gaceta.
El recurso, tiene como eje central lo que C-Libre llama “Fraude Constitucional”, por dos razones fundamentales: En primer lugar, existió una violación de forma al NO RESPETARSE el proceso estipulado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional para la creación de una ley.
La segunda razón fue porque el artículo 335-B vulnera un derecho fundamental porque regula mediante la palabra “TERRORISMO”, el abordaje periodístico e informativo, es decir una clara violación a la libertad de expresión.
De acuerdo al procedimiento interno para la aprobación de delitos que reforman Códigos vigente: Iniciativa de Ley-Dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)-Comisión de Dictamen-Discusión del pleno en tres debates y finalmente la ratificación del Acta.
Cabe resaltar que el Recurso de Inconstitucionalidad fue presentado con el respaldo de más de 100 firmas de periodistas y comunicadores sociales, entre estos el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el presidente de la Asociación de Prensa de Honduras (APH).
El nueve de febrero del año 2018, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, del Ministerio Publico (MP), dictamino “…que se otorgue la acción de inconstitucionalidad planteado por razón de forma y por razón de contenido, en los términos expresado en el presente dictamen”.
Después de un año de haberse interpuesto el Recurso de Inconstitucionalidad al Artículo 335 B, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva del Partido Nacional, (mismo partido del entonces diputado y jefe de bancada del Oscar Álvarez- proyectista del articulo), ha anunciado la derogación de dicho artículo.
Es oportuno enfatizar que Oliva en junio del año pasado declaro a diversos medios de comunicación que el 335 B no era peligroso para la prensa “Yo no veo un periodista serio alabando porque le metieron fuego a Burger King, yo no veo un periodista serio alabando que se tomen la universidad, quemen edificios, yo no veo un periodista serio alabando que tome canal 10 y se quiebre los vidrios simple y sencillamente porque tienen una opinión distinta a ciertos grupos en el país y eso no podemos nosotros desde cualquier trinchera alabar eso”, justificó Oliva.
Bajo este contexto es oportuno reflexionar sobre las amenazas a la libertad de expresión en su conjunto impulsadas desde el Poder Ejecutivo:
1. La presente legislación 2018-2022, que tomo posesión el 25 de enero del año 2018, ha presentado una nueva amenaza a la libertad de expresión, promovida por diputados del Partido Nacional, la que pretende regular las expresiones ciudadanas y medios de comunicación que se transmiten a través del Internet.
El anteproyecto de Ley literalmente reza: “hechos o actos criminales que se presentan en las plataformas de las redes sociales constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos que pueden ser víctimas de actos de discriminación o delitos de odio inclusive injuria o difamación u otros delitos contrala seguridad pública”.
Además, aplica sanciones para aquellas a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas plataformas de internet o tecnologías de similar naturaleza, así como los operadores y administradores de sitios web que presten servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, expresa que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
2. El Congreso Nacional (CN), ha iniciado la discusión y aprobación del Nuevo Código Penal que contiene varias figuras tradicionales que afectan la libertad de expresión como los delitos contra el honor que son perseguibles actualmente a instancia particular mediante querellas (injuria art. 229, calumnia art. 230). Cabe señalar que en esa ocasión, no se pudo llegar a consenso por parte de todas las bancadas motivo por el cual la discusión fue pospuesta.
Posteriormente, en el mes de septiembre 2017, de manera sorpresiva, la bancada oficialista del CN retomó dichas discusiones y logró que en sesión ordinaria integrada por 75 diputados de los 128 que conforman el pleno se aprobara el Título XXXI del Nuevo Código Penal, el cual detalla los delitos de “Asociación Terrorista y Ciber Terrorismo” criminalizando la protesta social con penas de prisión desde 10 hasta 20 años.
El artículo 590, referente a la Asociación Terrorista, las detalla como aquellas constituidas sean de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con las siguientes finalidades:
1.- Subvertir gravemente el orden constitucional, o
2.- Provocar un estado de terror en la población o parte de ella.
Además en el artículo se agrega un párrafo que reza: “Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que, aun teniendo como objetivo constitutivo uno licito, realicen en todo o en partes las conductas a las que se refiere el párrafo anterior”.
3. No habiendo transcurrido ni 24 horas después de haber aprobado el Titulo XXXI, nuevamente los diputados del Partido Nacional de Honduras lograron aprobar dos Títulos más del nuevo Código Penal violatorios a la Libertad de Expresión.
El Título XXX aprobado va dirigido a criminalizar la publicación de noticias y el cual reza en el segundo párrafo, que “quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores fasos que atemoricen a la población o parte de esta, y de este modo se cree un peligro grave para la vida la salud de las personas o el patrimonio debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones este Código”.
Por otra parte el artículo 557, dice que “quien mediante violencia o intimidación graves atemoriza a la población o parte de esta, debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Si se crea un grave peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, la pena a imponer se incrementará en un tercio (1/3) salvo que lo hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este código”.
La derogación del 335 B no garantizará la eliminación del actual panorama de censura informativa, misma que atenta contra el derecho al trabajo periodístico y el derecho ciudadano a la información.
Por ello, exigimos al pleno de diputados y diputadas del Congreso Nacional (CN), un alto a la promulgación y discusión de normativas que restrinjan la libertad de expresión, libertad de información por cualquier medio.
“Estamos en un momento clave en el que la ciudadanía debe ser la protagonista y todo el esfuerzo realizado hasta ahora por la defensa de nuestros derechos debe ser escuchado más que nunca. Rechazo a las Leyes Mordazas y su derogatoria inmediata”.
-Periodistas Contra la Censura en Honduras- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE
A continuación el comunicado íntegro leído en las afueras del Palacio Legislativo, por parte del abogado Edy Tábora de C-Libre.
COMUNICADO DE PRENSA
Tegucigalpa, 29 de mayo de 2018.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presentó en el marco del Día del Periodista Hondureño del año 2017, un Recurso de Inconstitucionalidad al Artículo 335-B del Decreto No. 6-2017, que contiene reformas al Código Penal, publicado el lunes 27 de febrero de ese mismo año en el Diario Oficial La Gaceta.
El recurso, tiene como eje central lo que C-Libre llama “Fraude Constitucional”, por dos razones fundamentales: En primer lugar, existió una violación de forma al NO RESPETARSE el proceso estipulado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional para la creación de una ley.
La segunda razón fue porque el artículo 335-B vulnera un derecho fundamental porque regula mediante la palabra “TERRORISMO”, el abordaje periodístico e informativo, es decir una clara violación a la libertad de expresión.
De acuerdo al procedimiento interno para la aprobación de delitos que reforman Códigos vigente: Iniciativa de Ley-Dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)-Comisión de Dictamen-Discusión del pleno en tres debates y finalmente la ratificación del Acta.
Cabe resaltar que el Recurso de Inconstitucionalidad fue presentado con el respaldo de más de 100 firmas de periodistas y comunicadores sociales, entre estos el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el presidente de la Asociación de Prensa de Honduras (APH).
El nueve de febrero del año 2018, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, del Ministerio Publico (MP), dictamino “…que se otorgue la acción de inconstitucionalidad planteado por razón de forma y por razón de contenido, en los términos expresado en el presente dictamen”.
Después de un año de haberse interpuesto el Recurso de Inconstitucionalidad al Artículo 335 B, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva del Partido Nacional, (mismo partido del entonces diputado y jefe de bancada del Oscar Álvarez- proyectista del articulo), ha anunciado la derogación de dicho artículo.
Es oportuno enfatizar que Oliva en junio del año pasado declaro a diversos medios de comunicación que el 335 B no era peligroso para la prensa “Yo no veo un periodista serio alabando porque le metieron fuego a Burger King, yo no veo un periodista serio alabando que se tomen la universidad, quemen edificios, yo no veo un periodista serio alabando que tome canal 10 y se quiebre los vidrios simple y sencillamente porque tienen una opinión distinta a ciertos grupos en el país y eso no podemos nosotros desde cualquier trinchera alabar eso”, justificó Oliva.
Bajo este contexto es oportuno reflexionar sobre las amenazas a la libertad de expresión en su conjunto impulsadas desde el Poder Ejecutivo:
1. La presente legislación 2018-2022, que tomo posesión el 25 de enero del año 2018, ha presentado una nueva amenaza a la libertad de expresión, promovida por diputados del Partido Nacional, la que pretende regular las expresiones ciudadanas y medios de comunicación que se transmiten a través del Internet.
El anteproyecto de Ley literalmente reza: “hechos o actos criminales que se presentan en las plataformas de las redes sociales constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos que pueden ser víctimas de actos de discriminación o delitos de odio inclusive injuria o difamación u otros delitos contrala seguridad pública”.
Además, aplica sanciones para aquellas a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas plataformas de internet o tecnologías de similar naturaleza, así como los operadores y administradores de sitios web que presten servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, expresa que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
2. El Congreso Nacional (CN), ha iniciado la discusión y aprobación del Nuevo Código Penal que contiene varias figuras tradicionales que afectan la libertad de expresión como los delitos contra el honor que son perseguibles actualmente a instancia particular mediante querellas (injuria art. 229, calumnia art. 230). Cabe señalar que en esa ocasión, no se pudo llegar a consenso por parte de todas las bancadas motivo por el cual la discusión fue pospuesta.
Posteriormente, en el mes de septiembre 2017, de manera sorpresiva, la bancada oficialista del CN retomó dichas discusiones y logró que en sesión ordinaria integrada por 75 diputados de los 128 que conforman el pleno se aprobara el Título XXXI del Nuevo Código Penal, el cual detalla los delitos de “Asociación Terrorista y Ciber Terrorismo” criminalizando la protesta social con penas de prisión desde 10 hasta 20 años.
El artículo 590, referente a la Asociación Terrorista, las detalla como aquellas constituidas sean de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con las siguientes finalidades:
1.- Subvertir gravemente el orden constitucional, o
2.- Provocar un estado de terror en la población o parte de ella.
Además en el artículo se agrega un párrafo que reza: “Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que, aun teniendo como objetivo constitutivo uno licito, realicen en todo o en partes las conductas a las que se refiere el párrafo anterior”.
3. No habiendo transcurrido ni 24 horas después de haber aprobado el Titulo XXXI, nuevamente los diputados del Partido Nacional de Honduras lograron aprobar dos Títulos más del nuevo Código Penal violatorios a la Libertad de Expresión.
El Título XXX aprobado va dirigido a criminalizar la publicación de noticias y el cual reza en el segundo párrafo, que “quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores fasos que atemoricen a la población o parte de esta, y de este modo se cree un peligro grave para la vida la salud de las personas o el patrimonio debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones este Código”.
Por otra parte el artículo 557, dice que “quien mediante violencia o intimidación graves atemoriza a la población o parte de esta, debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Si se crea un grave peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, la pena a imponer se incrementará en un tercio (1/3) salvo que lo hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este código”.
La derogación del 335 B no garantizará la eliminación del actual panorama de censura informativa, misma que atenta contra el derecho al trabajo periodístico y el derecho ciudadano a la información.
Por ello, exigimos al pleno de diputados y diputadas del Congreso Nacional (CN), un alto a la promulgación y discusión de normativas que restrinjan la libertad de expresión, libertad de información por cualquier medio.
“Estamos en un momento clave en el que la ciudadanía debe ser la protagonista y todo el esfuerzo realizado hasta ahora por la defensa de nuestros derechos debe ser escuchado más que nunca. Rechazo a las Leyes Mordazas y su derogatoria inmediata”.
-Periodistas Contra la Censura en Honduras- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE
Vergonzoso sobreseimiento a favor jefes policiales violadores de derechos humanos
Friday, 01 June 2018 21:09 Written by Salvador Monroy Published in Denuncia
De "vergonzoso" calificaron la organizaciones de Derechos Humanos y
la Sociedad Civil, la decición de la juez del Juzgado de Letras Penal
de la Jurisdicción de Francisco Morazán, quien otorgó sobreseimiento
definitivo a favor de oficiales de la Policía que participaron en
torturas y otras violaciones a derechos humanos contra defensores de
derechos humanos. Mientras la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, expresó
un profundo desconcierto a través de un comunicado esta noche.
La resolución fue a favor de Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián
Colíndres Hernández y Marlon Agustín Vásquez Palma, acusados de los
delitos de Abuso de Autoridad y Tortura, detención ilegal, lesiones,
abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en
contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y estudiantes
universitarios, el 08 de septiembre de 2017.
Una vez más la justicia se va en contra de los defensores de los derechos humanos, al otorgarles a los acusados del alto mando de la Policía Nacional, libertad definitiva, dejando claro que existe intromisión de parte del Poder Ejecutivo en las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales del país.
Aunque las organizaciones de los Derechos Humanos y la población en general reclamaban una sentencia condenatoria en contra de los tres altos jefes policiales, la justicia se vio doblegada nuevamente por la corrupción y el poder, y se ve a los defensores de los derechos humanos como enemigos del sistema.
Los defensores: María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, fueron torturados y detenidos ilegalmente, acusados de encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, este último delito sumado solamente a Morales.
Ya se esperaba
Aunque la resolución de la juez ya se esperaba que favorecería a la cúpula policial, las organizaciones de los derechos humanos, los defensores y defensoras, así como los estudiantes universitarios que fueron afectados, no se imaginaron un fallo tan exageradamente parcializado con los acusados.
Carlos del Cid del OEIDH indicó que "ya esperábamos algo parecido,
sin embargo creíamos que el sistema judicial y la jueza, iban a tener el
más mínimo decoro y verguenza, para por lo menos dejarlos en procesos
judiciales acusados de los delitos de menor causa y años de prisión,
pero no, la jueza en obediencia absoluta al Poder Ejecutivo, quien es
quien protege a su policía y a sus militares, que son quienes los
sostienen en el poder, seguramente mandó una orden desde su escritorio,
al Poder Judial y a la jueza, diciéndole, "déjemelos en libertad
absoluta".
Del Cid dijo que no puede haber un policía que violente los derechos de los defensores de los derechos humanos y de la población, que vaya a ser tocado con el pétalo de una rosa o que vaya a pasar un día en prisión”.
Agregó que "parece que tiene un arreglo el Poder Judicial con los demás poderes del Estado, para que no les toquen a sus aparatos. Los ha dejado en completa libertad y nos deja a las víctimas en una vulnerabilidad absoluta ahora, para que ellos puedan hacer con nosotros cualquier tipo de acciones intimidatorias que ellos nos quieran hacer".
Jueza esquivó resolver un formal procesamiento y su fallo es ilegal
Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad y representante legal de Tomy Morales y Hedme Castro, dijo que la jueza hace una valoración apegada a los argumentos que usó la defensa de los oficiales en el desarrollo de audiencia, "los apoderados legales nunca negaron que sus clientes hicieron uso de la fuerza sino que trataron de justificar ante la jueza el uso de la fuerza, pero nunca ella le puso énfasis al acto excesivo que comete aguilar después de que han fumigado el gas pimienta en el bus y han logrado que los ocupantes salgan, reducidos a la impotencia, sin capacidad de oponer más resistencia sino tratar de sofocar los efectos del gas que fue rociado al interior del bus , cualquier otra acción era arbitraria e injustificada por lo tanto abusiva y constitutiva de delito, y eso es lo que hizo Aguilar , una vez reducidos a la impotencia, él decidió aplicarles una dosis de gas pimienta personalizada" , apreció.
Para él hay claros delitos de tortura especialmente cometidos por
uno de los comisionados de apellido Aguilar, "es el que en realidad da
lugar a toda la configuración de los delitos de que fueron acusados los
oficiales, unos por omisión y él directamente por comisión , porque
ejcutó los actos que dieron lugar al delito de torturas, al delito de
lesiones , violación a los deberes de los funcionarios y detención
ilegal, él fue el que desencadenó toda esa ocurrencia de delitos".
"La Jueza no lo valora, lo esquiva, a pesar que se le presentaron dos recursos de reposición haciendo énfasis en eso, la jueza no lo resuelve , simplemente dice que la policía agotó todo el procedimiento de diálogo y persuasión, dijo que estuvieron cuatro horas, y pudiera ser que sí , no entremos a la discutir si los ocupantes tenían razón o no, lo importante es que esa acción concreta de Aguilar de aplicarles una dosis personalizada de gas pimienta a los defensores y defensoras cuando ya estaban reducidos a la impotencia, eso no lo valora la jueza, por lo tanto la resolución tiene esa debilidad porque no apreció ese hecho concreto", argumentó Menjivar.
De acuerdo a su análisis jurídico ese hecho fue demostrado, "si la jueza lo aprecia se va a ver en la necesidad de dictar el Auto de Formal Procesamiento . El delito de torturas lo comete quien realiza la acción directamente y quien pudiendo evitarlo no lo impide y allí estaban dos superiores jerárquicos de Aguilar que no hicieron nada y por eso están acusados por ese delito".
El abogado Menjivar se detuvo a explicar que el Comisionado Colindres Hernández era el jefe del operativo, y cualquier cosa que se hiciera estaba bajo su responsabilidad , "y bajo su responsabilidad se cometieron delitos en su presencia y no solo los permitió sino que partició de ellos. El único delito independiente es el de detención ilegal, y solo pueden hacerla si está in fraganti, pero ese hecho no lo valoró la jueza".
Licencia para matar
Entretanto Dina Meza, de la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos , ASOPODEHU, calificó la resolución como un cheque en blanco para que los cuerpos represivos del Estado obstruyan la defensa de los derechos humanos y cada vez que un defensor o defensora de derechos humanos esté realizando su trabajo le van a torturar o detener ilegalmente.
Lo anterior según la entrevistada violenta la declaración de defensores de derechos humanos, la Ley de Protección y los compromisos internacionales que Honduras tiene, entre ellos las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU-2015.
“La decisión de la jueza fue tan arbitraria que descalificó todos los testimonios de las víctimas donde relataron el horror que vivieron, manifestando que todo lo que dijeron era mentira pues no constaba en el video. Además de justificar las torturas con gas pimienta expresando que eran necesarias, pero que no constituían delito”, denunció Meza.
Tomy Morales, nuestra compañera en ASOPODEHU ha quedado muy afectada y no ha podido reincorporarse a defender los derechos humanos dado los efectos que ha tenido de las torturas y las persecusipon de que ha sido víctima. Asimismo están muy enfocada por los torturadores y ahora en el fallo la jueza también lo hizo, argumentó la Directora Ejecutiva de ASOPODEHU.
El representante de C-Libre expresó que "aquí es importante la respuesta que vamos a tener como ciudadanos o ciudadanas, como defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y esto no puede pasar inadvertido por la sociedad hondureña, los ataques a los defensores de los derechos humanos es una de las acciones más graves y que dejan mayor vulnerabilidad a las víctimas, sobre todo, a la institucionalidad hondureña de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos corresponde, así que, necesitamos como ciudadanía, responde a esta situación, porque este es el colapso total de una institucionalidad que está generando pactos de impunidad en todos los espacios institucionales posibles", aseguró.
Tábora dijo que el fallo a favor de los policías ha sido observado
por instutuciones y organismos internacionales como el G-16 o países
cooperantes, "quienes han estado presentes en todo el proceso y vienen a
confirmar lo que hemos estado denunciando, que la institucionalidad
hondureña está protegiendo en violaciones a los derechos humanos y en
corrupción, a todos estos funcionarios, que están generando una
situación, que atenta contra el Estado de Derecho y la democracia y
estos es grave, sumamente grave", destacó.
No se relacionaron los medios de prueba
La abogada Kenia Oliva de la parte acusadora, señaló que los meios de prueba no fueron relacionados por parte de la juez que conoció el caso.
"Una vez que se ha arrojado gas pimienta dentro del bus, los defensores y los estudiantes salen con las manos hacia arriba y totalmente aturdidos por el gas y aún así se les aplica una dosis personalizada de gas pimienta en la cara y eso ocasionó lesiones y daños psicológicos y allí está la prueba, hay dictámenes de Medicina Forense que dice que sí hay trastornos psicológicos a raíz de ese evento, sin embargo la juez dimite , sin siquiera dirigirse o relacionar estos medios de prueba".
Oliva afirmó que la parte acusadora "presentía que eso iba a suceder, porque la juez, a los medios de prueba presentados por la defensa les puso mucha atención y hasta pedía que se repitieran los videos, no así, a los medios de prueba que presentaba la parte acusadora y eso lo veníamos valorando, pero la sorpresa fue sobreseimiento por todos los delitos", destacó.
Según Oliva, la juez que falló en el caso dijo que "los defensores estaban obstruyendo la labor de la policía, pero la labor de la policía ya había terminado, es decir, los defensores sabían muy bien que la labor de la policía era acompañar a los jueces ejecutores, no de pemanecer dentro de la Universidad y además los defensores siempre manifestaron en los videos que los estudiantes estaban dispuestos a entregarse y que fueran dirigidos al Ministerio Público o a una Fiscalía de turno y que sólo allí se iban a bajar porque tenían temor".
Una vez más la justicia se va en contra de los defensores de los derechos humanos, al otorgarles a los acusados del alto mando de la Policía Nacional, libertad definitiva, dejando claro que existe intromisión de parte del Poder Ejecutivo en las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales del país.
Aunque las organizaciones de los Derechos Humanos y la población en general reclamaban una sentencia condenatoria en contra de los tres altos jefes policiales, la justicia se vio doblegada nuevamente por la corrupción y el poder, y se ve a los defensores de los derechos humanos como enemigos del sistema.
Los defensores: María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, fueron torturados y detenidos ilegalmente, acusados de encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, este último delito sumado solamente a Morales.
Ya se esperaba
Aunque la resolución de la juez ya se esperaba que favorecería a la cúpula policial, las organizaciones de los derechos humanos, los defensores y defensoras, así como los estudiantes universitarios que fueron afectados, no se imaginaron un fallo tan exageradamente parcializado con los acusados.
 Carlos del CID-OEIDH, víctima de torturas, lesiones y otros vejámenes |
Del Cid dijo que no puede haber un policía que violente los derechos de los defensores de los derechos humanos y de la población, que vaya a ser tocado con el pétalo de una rosa o que vaya a pasar un día en prisión”.
Agregó que "parece que tiene un arreglo el Poder Judicial con los demás poderes del Estado, para que no les toquen a sus aparatos. Los ha dejado en completa libertad y nos deja a las víctimas en una vulnerabilidad absoluta ahora, para que ellos puedan hacer con nosotros cualquier tipo de acciones intimidatorias que ellos nos quieran hacer".
Jueza esquivó resolver un formal procesamiento y su fallo es ilegal
Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad y representante legal de Tomy Morales y Hedme Castro, dijo que la jueza hace una valoración apegada a los argumentos que usó la defensa de los oficiales en el desarrollo de audiencia, "los apoderados legales nunca negaron que sus clientes hicieron uso de la fuerza sino que trataron de justificar ante la jueza el uso de la fuerza, pero nunca ella le puso énfasis al acto excesivo que comete aguilar después de que han fumigado el gas pimienta en el bus y han logrado que los ocupantes salgan, reducidos a la impotencia, sin capacidad de oponer más resistencia sino tratar de sofocar los efectos del gas que fue rociado al interior del bus , cualquier otra acción era arbitraria e injustificada por lo tanto abusiva y constitutiva de delito, y eso es lo que hizo Aguilar , una vez reducidos a la impotencia, él decidió aplicarles una dosis de gas pimienta personalizada" , apreció.
 Abogado Omar Menjivar-Coalición contra la Impunidad |
"La Jueza no lo valora, lo esquiva, a pesar que se le presentaron dos recursos de reposición haciendo énfasis en eso, la jueza no lo resuelve , simplemente dice que la policía agotó todo el procedimiento de diálogo y persuasión, dijo que estuvieron cuatro horas, y pudiera ser que sí , no entremos a la discutir si los ocupantes tenían razón o no, lo importante es que esa acción concreta de Aguilar de aplicarles una dosis personalizada de gas pimienta a los defensores y defensoras cuando ya estaban reducidos a la impotencia, eso no lo valora la jueza, por lo tanto la resolución tiene esa debilidad porque no apreció ese hecho concreto", argumentó Menjivar.
De acuerdo a su análisis jurídico ese hecho fue demostrado, "si la jueza lo aprecia se va a ver en la necesidad de dictar el Auto de Formal Procesamiento . El delito de torturas lo comete quien realiza la acción directamente y quien pudiendo evitarlo no lo impide y allí estaban dos superiores jerárquicos de Aguilar que no hicieron nada y por eso están acusados por ese delito".
El abogado Menjivar se detuvo a explicar que el Comisionado Colindres Hernández era el jefe del operativo, y cualquier cosa que se hiciera estaba bajo su responsabilidad , "y bajo su responsabilidad se cometieron delitos en su presencia y no solo los permitió sino que partició de ellos. El único delito independiente es el de detención ilegal, y solo pueden hacerla si está in fraganti, pero ese hecho no lo valoró la jueza".
Licencia para matar
Entretanto Dina Meza, de la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos , ASOPODEHU, calificó la resolución como un cheque en blanco para que los cuerpos represivos del Estado obstruyan la defensa de los derechos humanos y cada vez que un defensor o defensora de derechos humanos esté realizando su trabajo le van a torturar o detener ilegalmente.
Lo anterior según la entrevistada violenta la declaración de defensores de derechos humanos, la Ley de Protección y los compromisos internacionales que Honduras tiene, entre ellos las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU-2015.
“La decisión de la jueza fue tan arbitraria que descalificó todos los testimonios de las víctimas donde relataron el horror que vivieron, manifestando que todo lo que dijeron era mentira pues no constaba en el video. Además de justificar las torturas con gas pimienta expresando que eran necesarias, pero que no constituían delito”, denunció Meza.
Tomy Morales, nuestra compañera en ASOPODEHU ha quedado muy afectada y no ha podido reincorporarse a defender los derechos humanos dado los efectos que ha tenido de las torturas y las persecusipon de que ha sido víctima. Asimismo están muy enfocada por los torturadores y ahora en el fallo la jueza también lo hizo, argumentó la Directora Ejecutiva de ASOPODEHU.
La OACNUDH expresa profundo desconcierto por el
sobreseimiento definitivo de oficiales de policía implicados en desalojo
de la UNAH.
Tegucigalpa, 1 de junio de 2018 – La Oficina en Honduras del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
expresa su profundo desconcierto por el sobreseimiento definitivo de
los tres oficiales de policía acusados por la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos de los delitos de abuso de autoridad, tortura,
detención ilegal, lesiones y violación de los deberes de los
funcionarios en relación a los eventos ocurridos el pasado 8 de
septiembre de 2017 en las instalaciones del campus de Tegucigalpa de la
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH).
La OACNUDH ha acompañado este caso desde el inicio y ha participado
en todas las audiencias. Mientras la Oficina se encuentra a la espera de
recibir el fallo emitido por el Juzgado de Letras, y por ende leer su
motivación, también considera que los hechos acontecidos el 8 de
septiembre de 2017 fueron en su momento de público conocimiento, y que
existen además numerosas grabaciones audiovisuales de los hechos,
realizadas tanto por la policía nacional, como por la UNAH, y por las y
los defensores y estudiantes.
En
el marco de esta observación y acompañamiento, cabe señalar, que se
produjeron demoras en el proceso con la reprogramación de varias
audiencias.
La OACNUDH reitera su preocupación por la descalificación, el
hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos
humanos. La Oficina insiste en que la defensoría de derechos humanos es
una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la
democracia y el estado de derecho, y destaca la responsabilidad de
todos los funcionarios públicos de reconocer y respetar dichas
funciones.
OACNUDH lamenta la continuación de la impunidad por ataques que
afectan a la labor de las y los defensores. En este sentido, la
recientemente creada Fiscalía de Protección de Defensores, Comunicadores
y Operadores de Justicia debe de asumir de forma urgente su mandato, y
promover el desarrollo de forma pronta y exhaustiva de todas las
investigaciones de casos de ataques contra defensores y defensoras que
continúan en la impunidad.
Finalmente, OACNUDH reitera su apoyo y reconocimiento a la labor de
los y las defensores de derechos humanos, recordando al Estado la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias que garanticen un
entorno seguro y propicio para la no repetición de ataques contra los y
las defensores.
Decisión tajante
Por su parte, el abogado Alejando Mairena, del CIPRODEH, manifestó
que como ente acusador "no esperaba así de tajante como resolvió la
jueza, donde no existió ningura valoración de las pruebas de parte de
ella, ni siquiera la actitud agresiva de la policía contra los
defensores fue tomada en cuenta, porque lo que resolvió la abogada fue
un sobreseimiento definitivo, que definitivamente, nosotros no estamos
de acuerdo".
Mairena dejó claro que las pruebas presentadas ante la juez dejan sentado que existieron graves lesiones contra los defensores de derechos humanos, la actitud de la policía fue completamente agresiva y que la acción de la juez, da paso a que la policía cometa cualquier tipo de agresividad en contra de los defensores de los derechos humanos.
"Aunque siempre lo han hecho, lesiones y abusos contra los defensores de los derechos humanos, pero ahora prácticamente tienen una licencia para hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer, en las calles hacen y deshacen, golpean, reprimen y hacen lo que quieren con los civiles o con cualquier persona y ahora con los que se dedican a la defensoría de los derechos humanos", apuntó.
 Abogado Alejandro Mairena-CIPRODEH |
Mairena dejó claro que las pruebas presentadas ante la juez dejan sentado que existieron graves lesiones contra los defensores de derechos humanos, la actitud de la policía fue completamente agresiva y que la acción de la juez, da paso a que la policía cometa cualquier tipo de agresividad en contra de los defensores de los derechos humanos.
"Aunque siempre lo han hecho, lesiones y abusos contra los defensores de los derechos humanos, pero ahora prácticamente tienen una licencia para hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer, en las calles hacen y deshacen, golpean, reprimen y hacen lo que quieren con los civiles o con cualquier persona y ahora con los que se dedican a la defensoría de los derechos humanos", apuntó.
Resolución política
Para el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy
Tábora, "es una resolución política, la cual la veníamos analizando,
aunque pensábamos que iba a emitir una resolución intermedia, que iba a
quitar algunos delitos graves , pero es una respuesta que generalmente
da el sistema cuando se acusa a los funcionarios. Dar una resolución
intermedia para benefiarlos. No creímos que iba a dar una resolución de
cierre del caso o sobreseimiento, pero esto no es extraño cuando vemos
pactos de impunidad en distintos espacios".El representante de C-Libre expresó que "aquí es importante la respuesta que vamos a tener como ciudadanos o ciudadanas, como defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y esto no puede pasar inadvertido por la sociedad hondureña, los ataques a los defensores de los derechos humanos es una de las acciones más graves y que dejan mayor vulnerabilidad a las víctimas, sobre todo, a la institucionalidad hondureña de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos corresponde, así que, necesitamos como ciudadanía, responde a esta situación, porque este es el colapso total de una institucionalidad que está generando pactos de impunidad en todos los espacios institucionales posibles", aseguró.
 Edy Tábora-Clibre Abogada Kenia Oliva-C-LIBRE |
No se relacionaron los medios de prueba
La abogada Kenia Oliva de la parte acusadora, señaló que los meios de prueba no fueron relacionados por parte de la juez que conoció el caso.
"Una vez que se ha arrojado gas pimienta dentro del bus, los defensores y los estudiantes salen con las manos hacia arriba y totalmente aturdidos por el gas y aún así se les aplica una dosis personalizada de gas pimienta en la cara y eso ocasionó lesiones y daños psicológicos y allí está la prueba, hay dictámenes de Medicina Forense que dice que sí hay trastornos psicológicos a raíz de ese evento, sin embargo la juez dimite , sin siquiera dirigirse o relacionar estos medios de prueba".
Oliva afirmó que la parte acusadora "presentía que eso iba a suceder, porque la juez, a los medios de prueba presentados por la defensa les puso mucha atención y hasta pedía que se repitieran los videos, no así, a los medios de prueba que presentaba la parte acusadora y eso lo veníamos valorando, pero la sorpresa fue sobreseimiento por todos los delitos", destacó.
Según Oliva, la juez que falló en el caso dijo que "los defensores estaban obstruyendo la labor de la policía, pero la labor de la policía ya había terminado, es decir, los defensores sabían muy bien que la labor de la policía era acompañar a los jueces ejecutores, no de pemanecer dentro de la Universidad y además los defensores siempre manifestaron en los videos que los estudiantes estaban dispuestos a entregarse y que fueran dirigidos al Ministerio Público o a una Fiscalía de turno y que sólo allí se iban a bajar porque tenían temor".
Fallo Sala Constitucional sobre la MACCIH: “En realidad hemos retrocedido años luz en el combate de la corrupción”
Por: Carlos Zelaya Herrera
La
sentencia de la Sala Constitucional sobre la legalidad del convenio
entre Honduras y la OEA para dar vida a la MACCIH y a la Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, (UFECIC), culmina la
mayor escalada de los sectores políticos más oscuros del país en los
tibios avances de la lucha contra ambos flagelos.
Una
escalada con episodios de una reforma legislativa a la ley de
Presupuesto General de la República para no rendir cuentas en el uso de
fondos públicos para proyectos sociales, en enero; de una “fe de
erratas” con la que se intentó tapar el bache, en febrero; a la renuncia
de Juan Jiménez Mayor de la MACCIH ese mismo mes.
También
señalamientos de injerencia por afectados y opuestos a esa lucha y
ahora el fallo de la Sala Constitucional este 31 de mayo, como expresión
máxima que culmina el aplastante dominio de la corrupción y la
impunidad en el Estado hondureño.
Ambos
flagelos, fuertemente enquistados en el poder político-económico y
militar, han venido destruyendo lo poco que se ha logrado avanzar en
acabar la lacra que conecta la corrupción política con la económica y
desde ahí se irradia a toda la estructura del Estado de Honduras.
El
fallo de la Sala Constitucional trascendió sin que se conocieran sus
considerandos, anticipando la falta de sustento y el dolo para el país;
el mismo declara inconstitucional la creación de la UFECIC y con eso
despoja a la MACCIH del órgano operativo que acabó con la tranquilidad
de ex presidentes, diputados, una ex primera dama y funcionarios
públicos de segundo nivel.
El
parón a la MACCIH expresa el triunfo de políticos acusados o en proceso
de investigación por presuntos actos de corrupción y una derrota de la
población y sus organizaciones representativas, que hemos sabido
defender lo más próximo a la CICIG que pudimos acceder y que con
antorchas en las manos miles exigimos en calles de todo el país.
La
sentencia de la Sala Constitucional seguramente tendrá insospechadas
consecuencias y fuertes connotaciones en materia de política exterior,
si se considera el criticado papel de EEUU en América Latina, pasivo con
el fraude electoral en Honduras y aplastante sobre la soberanía
política y democrática en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Además,
de que en estos momentos el Senado estadounidense analiza una
iniciativa para que la Secretaría de Seguridad de su país enliste a los
políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados o acusados de
delitos de corrupción.
Precisamente
en el foro que dirige el periodista Renato Álvarez por la TV nacional
este día compareció el joven abogado Odir Fernández, Jefe de la Unidad
de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), que afirmó
que el fondo de lo resuelto por la justicia era dañar a la UFECIC,
afectar a la MACCIH y decir que es Constitucional, pero en el fondo
inconstitucional.
Los
abogados defensores de los corruptos van a invocar el fallo de la
MACCIH para pedir a la Sala Constitucional que los ampare y los va a
amparar en reclamo de su derecho; en el caso de Mario Zelaya, actor de
la mayor estafa al Seguro Social, la semana pasada sus abogados
presentaron un escrito invocando el Reglamento Interno del Congreso que
manda las investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas.
“En
lucha contra la corrupción, que no habíamos avanzado mucho, con la
sentencia de la Sala Constitucional sobre la MACCIH en realidad hemos
retrocedido años luz en el combate de la corrupción”, recalcó el Jefe de
Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción.
“Lo
ideal en esta mañana es bueno es desenmascarar al pueblo del engaño que
nos han hecho, en realidad hemos retrocedido años luz…sabemos leer los
renglones de lo que se escribe en esas resoluciones.
Hacia
dónde vamos como Estado, vamos a que todas las estructuras y agentes
que combaten y previenen la corrupción en nuestro país desaparezcan,
respondan a intereses políticos.
Por
eso se quería una Sala Constitucional conformada a la medida de cómo
está hoy; viene la elección del Fiscal para años de impunidad, que no se
toque a un sector político, sin importar el color político,
independientemente del color pero que ha estado vinculado a la
corrupción.
Lo
más difícil era atacar a la MACCIH, después vendrán por las demás
instituciones y lo van hacer; con esta resolución dirán que el CNA no
debe tener unidad de investigación, no somos brujos ni pitonisos, pero
sabemos leer lo que se escribe en estas resoluciones, concluyó.
“A 10 años del MADJ hemos despertado y seguiremos adelante, no pensamos dar un paso atrás”: Lucila Lemus
“… cuando decidimos hacer los recorridos por la montaña la mayoría somos mujeres, mujeres que estamos convencidas, y tenemos más agallas para poder defender, nunca nos vamos a quedar sentadas, nosotras nos movemos y no tenemos miedo a nada.”
Lucila
Lemus, más conocida como Lucy entre la gente de su organización y de la
comunidad quienes cariñosamente acortan su nombre, es integrante del
MADJ en Arizona, Atlántida. Es una mujer joven que, en el último año,
sobre todo, ha decidido dedicar sus esfuerzos y su vida a construir el
país que sueña y cree que se merece ella, pero sobre todo sus hijos e
hijas y las comunidades de Honduras.
Lucila Lemus, integrante del Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito
Lucy,
junto a varios hombres y otras mujeres, el 15 de mayo del 2017 como
parte de las apuestas políticas del MADJ en la defensa de los bienes
naturales, decidieron instalar el Campamento Digno en Defensa del Río
Jilamito en la comunidad de Jilamito en el municipio de Arizona, donde
ella y su familia habitan. El Campamento continúa, con logros
sobresalientes como el de detener la deforestación, descombramiento y la
salida de la maquinaria de la empresa de la zona. Con pérdidas
invaluables, como la vida de Ramón Fiallos, asesinado por disparos
militares durante la crisis post electoral el pasado enero, Lucy, a 10
años de existencia del Movimiento Amplio y de 1 año y 1 mes de instalado
el Campamento, cuenta qué significa para ella formar parte de la
organización que nació luego de la histórica huelga de fiscales que duró
38 días en el año 2008.
¿Desde cuándo se organiza en el MADJ?
–
Yo empecé a escuchar sobre el trabajo que realizaba el MADJ, soy una
persona que siempre me he identificado por apoyar y defender nuestros
derechos, pero recuerdo que participaba como “metida” en varias
caminatas y protestas planificadas por el MADJ fue hasta el 2014 que me
involucré directamente en esta organización.
¿En
el valle de Lean en Arizona Atlántida, existen 3 hidroeléctricas
funcionando? ¿Qué le motiva a usted y al sector Lean estar organizados
en los Núcleos del Movimiento Amplio?
–
A pesar que en el valle de Lean hay 3 hidroeléctricas que prometieron
tantas cosas para lograr realizar sus proyectos presentando vídeos y
diciendo que harán préstamos y trabajo a las familias más pobres de
nuestra región, fueron solo mentiras y engaños; hoy que están generando
millones de lempiras de nuestros ríos, a las comunidades no nos ha
quedado ningún beneficio.
Si
no estuviéramos organizadas en los núcleos del MADJ no sabría qué
hubiera pasado, ya llevamos más de 1 año de estar defendiendo este vital
líquido para nuestras vidas, aunque estas empresas buscan una y mil
maneras para engañar a las personas y así explotar nuestros recursos,
pero nosotros y nosotras estamos más que convencidas de por qué
luchamos, no nos engañan, el MADJ nos ha demostrado que juntos
venceremos y esto nos anima a seguir a delante en esta lucha por la
defensa de nuestros bienes comunes y naturales.
Es
conocido en el país que el río Jilamito está siendo protegido desde un
campamento instalado por la militancia del MADJ en Arizona y que en
enero las fuerzas represoras les arrebató la vida de Ramón Fiallos,
¿Quién fue Ramón Fiallos?
–
Tengo presente el día que decidimos montar un campamento en la montaña
para defender el río Jilamito sabiendo que este, es la única fuente que
nos queda para consumo humano junto con Ramón Fiallos, compañero
nuestro y miembro del núcleo MADJ- Lean, que fue aquel compañero que
nunca descansó por ver libre nuestra montaña para el bien común, y un
país libre de corruptos; condeno a los policías y militares que
vilmente lo asesinaron durante las protestas contra el fraude electoral
en las orillas del río Arizona, Atlántida.
¿El Campamento Digno por el Agua y por la vida, tiene rostros de mujer? ¿Por qué luchan las mujeres en el MADJ?
–
Por supuesto. Es un orgullo para nosotras, aunque a veces nos da pena,
porque cuando decidimos hacer los recorridos por la montaña la mayoría
somos mujeres, mujeres que estamos convencidas, y tenemos más agallas
para poder defender, nunca nos vamos a quedar sentadas, nosotras nos
movemos y no tenemos miedo a nada; aunque nuestras amistades se
preocupan por el riesgo que estamos asumiendo por la defensa de nuestro
río esto no nos detiene, nosotras vamos porque vamos.
Pues
queremos que se respeten los derechos que tenemos como mujeres, como
ciudadanos y ciudadanas hondureñas, y hacer respetar los derechos de
nuestros hijos y nietos, dejar este legado que hemos asumido, que no nos
hemos quedado con los brazos cruzados, hemos despertado y seguiremos
adelante, no pensamos dar un paso atrás.
¿A qué riesgos se enfrentan las mujeres y miembros de los núcleos MADJ-Lean?
Bueno,
uno por el simple hecho de ser mujer siempre enfrenta muchos riesgos, a
ser criticada, discriminada incluso hasta lo insultan pues
lastimosamente para la sociedad las mujeres solo deben estar en los
quehaceres de la casa hasta llevar los niños a las escuelas, pero cuando
uno decide organizarse todo le sale bien, uno está en el rollo de esta
lucha por defensa de nuestro Rio Jilamito y solo Dios nos podrá sacar
del MADJ. El proceso de defensa también hay muchos riesgos por el acceso
que hay hasta llegar a la montaña donde se encuentra nuestro campamento
digno por el agua y por la vida.
¿Qué respuestas les brinda el MADJ como comunidades?
–
Son varios compañeros y compañeras que están criminalizados por
defender el río Jilamito, ellos y ellas manifiestan que están muy
contentos con el equipo legal de MADJ que les llevan los
procesos, porque se ha avanzado y creemos estar muy seguros que
saldremos adelante de esta situación. Nosotros como pueblo hemos elegido
el alcalde Noldo Chacón quien igual se encuentra criminalizado por
estar al lado de las comunidades para defender los bienes comunes y
naturales y también a él el MADJ lo está sacando adelante con su proceso
judicial.
¿Qué logros han obtenido las comunidades del sector Lean al estar organizados en los núcleos del Movimiento Amplio?
–
La organización ha hecho un gran aporte para nuestras comunidades,
protegiendo y haciendo suya nuestras luchas por la defensa de nuestros
derechos, juntos hemos obtenido este logro de bajar la maquinaria y
parar el descombro que estaba realizando la Empresa Hidroeléctrica
INGELSA de nuestra montaña, me siento muy agradecida y contenta de
pertenecer al MADJ.
¿Cómo
se siente al pertenecer a una organización que cumple 10 años de lucha
contra la corrupción e impunidad, que vela por la dignidad y la justicia
de los pueblos que resisten ante la violación de sus derechos?
–
Es una experiencia muy bonita el compromiso que he asumido al
organizarme en los núcleos del Movimiento Amplio en el sector Lean, es
una organización que me ha brindado los espacios como mujer donde se
viven experiencias inolvidables en el proceso de defensa de nuestros
territorios, es de mucho agrado pertenecer a esta noble organización.
¿Qué mensaje le envía usted al pueblo hondureño como miembra del Núcleo MADJ-Lean?
–
A las personas que no se dejen engañar por nada, debemos tener dignidad
y amor para nuestra Honduras, que está siendo saqueada por proyectos
extractivos.
Que
nos organicemos, sabemos que el MADJ en el transcurso de estos 10 años
de lucha ha sido de mucho bien para muchas comunidades marginadas que
han sido atropelladas por el Estado, decirles a las personas que no está
organizadas que no estamos solos y que existe el MADJ que lucha contra
la corrupción e impunidad y que vela por los derechos de las
comunidades; orgullosa de pertenecer al MADJ.
Autoridades hondureñas no responden a organización internacional por ataque contra periodista
Nueva York, Estados Unidos (Conexihon).-
Los entes de investigación y de derechos humanos hondureños, se negaron
a responder las llamadas del Centro para la Protección de Periodistas
(CPJ por sus siglas en inglés), que solicitó información sobre el
atentado contra el periodista César Silva el pasado martes en
Tegucigalpa.
A
través de una nota de prensa publicada este viernes 16 de febrero, el
CPJ confirmó que luego de conocer lo ocurrido contra el periodista, por
medio del monitoreo de prensa así como de declaraciones de él mismo,
intentó conocer la reacción de autoridades policiales y de derechos
humanos, sin obtener respuestas.
Mientras
transmitía su programa “Caminando con Silva” en el canal UNE-TV (donde
labora), desde las afueras del Hospital Psiquiátrico “Mario Mendoza”, un
hombre se le acercó en plena transmisión y sacó un cuchillo para
abalanzarse hacia el periodista con intenciones de apuñalarlo. Silva
logró esquivar la acción sin interrupción.
Según
declaraciones que Silva ofreció al CPJ, dijo haber presentado denuncias
ante la Policía Nacional y el Comisión de Derechos Humanos nacional.
En
el comunicado que el centro internacional condenó la agresión contra el
periodista hondureño, aseguró que “ni la unidad investigativa de la
Policía Nacional ni la Comisión Nacional de los derechos Humanos
respondieron las llamadas del CPJ para solicitarles declaraciones al
respecto”.
El
director ejecutivo del Comité de Protección a Periodistas, Joel Simón,
llamó a las autoridades hondureñas a que utilicen los elementos
probatorios disponibles para identificar ágilmente a quien intentó
apuñalar a Cesar Silva.
"Este descarado ataque contra un periodista durante una transmisión televisiva en directo es un aterrador ejemplo de los peligros que los periodistas hondureños enfrentan simplemente por ejercer la profesión", agregó Simón.
Cabe mencionar, que una de las personas que apartó al atacante, es un policía, según imagen gráfica que captó un fotoreportero.
Luego
de este hecho contra el comunicador, la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), llamó
al Estado de Honduras para que investigue de forma inmediata este hecho,
y garantice su seguridad e integridad física, emocional y psicológica.
Desde
el mes anterior, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), tiene
registradas cinco alertas de amenazas a la libertad de expresión y el
ejercicio periodístico de Silva. Mismas que van desde agresiones
militares, obstrucciones a su labor informativa y difusión de campañas
de odio contra él y colegas de prensa nacional e internacional.
Grupo de pastores evangélicos del Valle de Sula responsabiliza a Hernández de poner en riesgo la vida de muchos hondureños
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
Red Ministerial Cristiana del Valle de Sula, emitió en las últimas
horas un pronunciamiento mediante el cual responsabiliza al presidente,
Juan Hernández, por toda la situación que está atravesando actualmente
Honduras, y el peligro que se desate una convulsión social mayor, que
ponga en riesgo la vida de muchos hondureños.
Noticia Relacionada: Confraternidad Evangélica aboga por diálogo propuesto por JOH
Los religiosos exigen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que
respeten el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse
pacíficamente, pero de manera enérgica, hasta restablecer el orden
democrático y la legitimidad de sus autoridades.
“Como personas de bien, y amantes de la paz, estamos en contra de toda
injusticia, de toda mentira, y demás manifestaciones de mal. Abogamos
por una nación en donde sus autoridades sean ejemplo en honestidad,
verdad y justicia”, expresan los religiosos de la iglesia Evangélica.
La Red está integrada por pastores y ministros de varias iglesias
evangélicas del Valle de Sula y manifiesta finalmente que “sólo la
justica podrá traer la paz a Honduras”.
La misiva está rubricada por el pastor, Alejandro Reyes, en calidad de
presidente; el pastor, José Enrique Pineda Pérez, secretario, y por los
pastores, Roberto Antonio Caballero, del Ministerio Filadelfia Renovado;
Arnulfo Gutiérrez, del Ministerio Jerusalén Celestial; Gonzalo Oviedo
Hernández, de la Misión Sueco-Hondureña y Crescencio Martínez, de la
Iglesia Arco de Refugio.
La
postura de este grupo de pastores, contrasta con la cúpula de las
iglesias Católica y Evangélica, que se encuentran plegadas al presidente
Hernández y claman por un diálogo convocado y organizado por el mismo
gobernante, olvidándose que él es parte del conflicto.
Actualmente
Honduras vive una crisis política propiciada por indicios de fraude en
las pasadas elecciones, mediante las cuales Hernández fue declarado
ganador por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y logró reelegirse
violentando la Constitución de la República.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura, alega que el ganador de los comicios fue su candidato Salvador Nasralla.
El Partido Liberal, que se ubica como la tercera fuerza política,
desconoce los resultados del Tribunal Electoral y, al igual que la
Alianza Opositora, sostiene que el ganador de las elecciones fue
Nasralla. Ante la falta de
transparencia y poca certeza en los resultados del TSE, el secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
recomendó la repetición de los comicios.
A continuación el pronunciamiento:
Policía Militar perfila plantón del COFADEH
En este lugar, como cada primer viernes de cada mes, los familiares de los desaparecidos por razones políticas realizan un simbólico plantón de memoria histórica desde hace 36 años ininterrumpidos.
Nohemy Pérez, hermana del estudiante desaparecido Samuel Pérez (1982), quien participaba en la actividad reclamó la presencia de los agentes uniformados y la toma inconsulta de fotografías.
“Nosotros fuimos alertados que aquí están participando personas reconocidas de las manifestaciones contra el gobierno”, dijo a Pérez uno de los cuatro agentes policiales que se desplazaban en motocicletas.
El Cofadeh, como lo hicieron todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, participó el martes en la manifestación pacífica del 1 de mayo reprimida violentamente por la dictadura después que infiltrados realizaron actos ilegales permitidos por los antimotines.
“Antes de marcharse yo les demandé a los policías que borraran las imágenes que habían hecho sin previo aviso, porque sabemos que los registros fotográficos de la policía sirven para perfilar a futuras víctimas de ejecuciones sumarias o de campañas de criminalización por los medios al servicio del régimen”, describió Nohemy en defensa de 20 familiares de víctimas presentes en la actividad de memoria.
“Nosotros formamos parte de este paisaje del centro histórico de Tegucigalpa, donde hemos reclamado desde siempre verdad y justicia contra los civiles, policías y militares responsables de la desaparición forzada de nuestros seres queridos”, dijo la defensora de derechos humanos miembra del Cofadeh.
“Pero me dijeron que no podían borrar las fotografías, porque eran órdenes de sus jefes”, puntualizó.
Esta tarde la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, en su encuentro con el relator de la ONU para las personas defensoras de derechos humanos, prometió abrir la sesión con esta denuncia.
ICEFI RECHAZA NORMAS QUE REPRODUCEN CORRUPCIÓN FISCAL EN HONDURAS
En
un comunicado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(Icefi), rechazó las normas del Congreso que aprobó una serie de
reformas que según la institución regional y la Misión de Apoyo Contra
la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), son garantes para que
los funcionarios públicos señalados por corrupción, sean absueltos.Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechazó a
través de un comunicado, la imposición del Congreso hondureño al aprobar
el Decreto No. 141-2017, sobre el Presupuesto General de República para
2018.
En
esa disposición, el parlamento, cuya junta directiva fue “ganada” por
el Partido Nacional, aprobó una serie de reformas que “constituyen un
grave retroceso en los esfuerzos para sancionar el uso indebido de
recursos públicos”, según Icefi.
El
tema también es preocupante para la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y a la Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio
Público (MP), ayer el vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, cuestionó
al Congreso y advirtió que así no están demostrando una lucha contra la
corrupción.
Jiménez
Mayor dijo que las reformas anularan todo el trabajo de la MACCIH,
porque el Congreso autorizó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
lleve las líneas de investigación, aunque no tenga la capacidad técnica.
El
vocero de la Misión, advirtió que la medida era poco salubre para el
país. Por otro lado, hizo mención que en el caso de “Red de Diputados”,
está involucrado el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva y otros 60 diputados.
A
finales de 2017, la MACCIH informó que cinco diputados estaban
implicados en el desfalco de erario público sacado a través de
aportaciones a Organizaciones No Gubernamentales, en ese caso fueron
señalados: Augusto Domingo Cruz, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez,
Dennys Sánchez y Eleazar Juárez. Cabe destacar que ayer, luego de
conocer la noticia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), archivó los
documentos y los dejó en libertad.
En
el comunicado, el Icefi lamentó la decisión de los legisladores,
“puesto que acciones judiciales recientes están demostrando que su
aplicación consolida la impunidad en Honduras”. Asimismo, ha ratificado
su apoyo a la MACCIH, luego de que Jiménez Mayor denunciara que hay
personas que quieren que se vayan.
Según el Congreso, esta medida dará transparencia a las investigaciones, pero, según la MACCIH durante
el TSC realice las indagaciones, “no procederá ninguna acción judicial
para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o
penal”.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
Honduras:
Icefi rechaza normas aprobadas por el Congreso Nacional por ser
contrarias a la lucha contra la corrupción y la impunidad
Honduras, congreso nacional, Presupuesto 2018
El
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechaza algunas
normas incluidas en el Decreto No. 141-2017, que aprobó el Presupuesto
General de República para 2018, ya que constituyen un grave retroceso en
los esfuerzos para sancionar el uso indebido de recursos públicos.
Asimismo, el Icefi llama al Congreso Nacional a rectificar y reitera su
respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (Maccih) y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de
la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP).
El
Instituto rechaza las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a los
artículos 16 y 131 «A» de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto
Número 83-2004), incluidas en el articulado del Decreto Número 141-2017,
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
Ejercicio Fiscal 2018, aprobado el 18 de enero de 2018. El Icefi explica
que se usó el marco legal presupuestario para incluir disposiciones
cuya aplicación podrían frenar la investigación conjunta de la UFECIC y
la Maccih de actos de corrupción.
El
Icefi lamenta la decisión de los legisladores, puesto que acciones
judiciales recientes están demostrando que su aplicación consolida la
impunidad en Honduras,[1] contrario a lo que el Congreso Nacional ha
afirmado en cuanto a que esas medidas promueven la transparencia y
rendición de cuentas. Hace ver que las disposiciones cuestionadas no
fueron incluidas en el anteproyecto de presupuesto originalmente
remitido por la Secretaría de Finanzas, no contienen justificación
técnica en materia presupuestaria[2] y pueden contradecir normas
constitucionales, la legislación procesal penal y la normativa orgánica
del MP y del Organismo Judicial, vulnerando su independencia y
autonomía, así como el ejercicio de la acción penal pública en casos de
corrupción.
El
Instituto manifiesta preocupación por las repercusiones que tendrá la
vigencia de estas normas, principalmente en el ámbito penal. En
particular señala como muy preocupantes la retroactividad de la ley que
permitiría la proliferación de acciones judiciales como la ya acaecida,
suspendiendo investigaciones y procesos judiciales en curso, así como
las medidas coercitivas decretadas; además, la imposibilidad durante los
próximos tres años de perseguir penalmente los casos que sean objeto de
la «auditoría e investigación especial» que realice el Tribunal
Superior de Cuentas, ya que según la norma aprobada durante este periodo
y hasta no haber agotado la vía administrativa «no procederá ninguna
acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta
administrativa, civil o penal».
El
Icefi advierte que la vigencia de estas normas propicia condiciones
que, aunque legales son ilegítimas, en tanto toleran que funcionarios
públicos que hayan incurrido en uso indebido de recursos públicos no
enfrenten las sanciones que establece la ley, no obstante que la lucha
contra estas formas de impunidad constituye la demanda más urgente y
legitima de la ciudadanía. Además, considera que las normas aprobadas y
sus efectos nocivos ya demostrados en la práctica judicial agravan la
crisis de gobernabilidad prevaleciente en Honduras, por lo que llama al
Congreso Nacional a rectificar. Finalmente, el Instituto rechaza
cualquier ataque en contra de la Maccih o de la UFECIC/MP, reiterando su
respaldo a ambas entidades en reconocimiento a su liderazgo y su
determinante labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
