Nuevo proyecto de muerte para el Valle de Siria
La denuncia la hicieron mediante una conferencia de prensa que se realizó en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), donde se hicieron acompañar de abogada Clarisa Vega, ex fiscal del Medio Ambiente.
Este nuevo proyecto geotérmico, denominado 12 Tribus SA de CV y que pertenece a una empresa del grupo internacional ORMAT, estaría abarcando los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio, ubicados en el Valle de Siria.
En su comparecencia, los pobladores del Valle de Siria señalaron que este es el “segundo proyecto de muerte” que se pretende construir en esa zona del país, donde la población aún no ha superado la crisis ambiental generada por la explotación minera realizada por la “Empresa Entremares”, que les dejó daños irreversibles a la salud humana.
“A través de los años de lucha se ha comprobado que estas empresas transnacionales vienen a burlarse de las comunidades, aduciendo que traen desarrollo y el verdadero desarrollo es para ellos y no a las comunidades”, señalaron en un comunicado que fue distribuido a los medios de comunicación nacional en internacional.
Indicaron que con la construcción de este proyecto se estarían perdiendo los mantos acuíferos, donde la mayor parte de las comunidades se abastecen de agua de pozo perforado y fuentes naturales, las cuales serán fuertemente contaminadas.
De acuerdo al estudio de impacto ambiental, señalaron los miembros del comité ambiental del Valle de Siria, la concesión de este proyecto es de 80 kilómetros cuadrado, por un periodo de 50 años, el que tendrá diez años de gracia y puede ser renovable, comprende tres etapa, explotación, construcción y operación.
Los ambientalista hicieron un llamado al Estado hondureño para evite extender licencia o permiso de operación al proyecto geotérmico que se pretende instalar en el Valle de Siria, y a la vez lo responsabilizan, junto a la empresa, de las amenazas directas e indirectas, de las persecución y criminalización de que son víctimas los miembros del Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria y los líderes comunitarios.
FES y OACNUDH empoderan hondureños en auxilio internacional de derechos humanos
Por: Redaccion CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La
Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), en compañía de varios
organismos de defensa de Derechos Humanos, realizó este miércoles un
foro de socialización para instruir a la población en el tema de
mecanismos de protección para activistas sociales.
El
evento se realizó gracias al apoyo del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones nacionales como el Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
También
participó la diputada de Libertad y Refundación (Libre) y miembro del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH), Olivia Zúniga
Cáceres y el representante de la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), Nahun Lalin.
En
su participación, Zúniga Cáceres, hija de la asesinada ambientalista
Berta Cáceres, señaló que en Honduras, el otorgamiento de medidas
cautelares que da la CIDH, actúa como “foco” para los organismos
represores del Estado, haciendo énfasis en la sofocante persecución
legal de su madre por defender los recursos naturales.
Por
su parte, Jennifer Erazo, coordinadora de proyectos de la FES, mencionó
que la actividad pretendía “socializar las diferentes opciones para
mecanismos de protección de derechos humanos”. Analizando el conjunto de
opciones que ofrece el ACNUDH y la CIDH, “dentro de todas las
posibilidades que hay para colocar denuncias”.
Añadió
que si la población está empoderada en estos temas, será más fácil
presionar al Estado “para que las denuncias puedan tener mejor respuesta
al respecto y que haya mucha consciencia en el grupo de participantes”.
Recordó además que desde 2009, la persecución legal y criminal contra
defensores se agudizó.
Nota relacionada La profundización de una crisis permanente de derechos humanos
Erazo
recalcó que la CIDH ha sostenido que en condiciones como las que tiene
Honduras, ellos no pueden obligar a un Estado a cumplir con sus
recomendaciones, pero sí puede mantener una denuncia sistemática en
sentido de llegar a una presión internacional.
“Si
no existieran estas instancias internacionales, esta situación no
saldría a la luz”, cuestionó que la labor de la prensa tradicional o
corporativa, es opacar lo que ocurre con la mayoría de activistas
sociales, “van a cubrir la visión de los que están en el poder y sus
intereses económicos, políticos y de las transnacionales”, puntualizó
Erazo.
Enfatizó
que basados en este trabajo, los espacios que organiza la Fundación
Friedrich Ebert, son de vital importancia porque “sirven para denunciar a
nivel internacional y tal vez desde allí la comunidad internacional
pueda presionar y desde la fundación (FES) abrimos espacios de debate
porque nos parece importante discutirlo”.
Adelantó
que en el mes de julio la CIDH enviará una comitiva para visitar
varias ciudades del país y estructurar un informe, para esta actividad
ha invitado a todos los sectores del país a colaborar “para que se pueda
hacer más presión al gobierno”.
CASO BERTA CÁCERES: “PEZ GORDO” SE DEFENDERÁ EN LIBERTAD
La
Justicia hondureña, admitió hoy un recurso de amparo al exsecretario de
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Darío Cardona
Valle (foto), quien está implicado en el crimen contra la ambientalista
Berta Cáceres, porque en su condición de empleado público, en 2013
modificó el contrato de “Agua Zarca”, proyecto al que se opuso la
activista social y por el que fue asesinada.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
extitular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA),
Darío Cardona, se defenderá en libertad a los cargos de abuso de
autoridad, por haber modificado el contrato ambiental del proyecto
hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Según
la defensa del exfuncionario, la Sala de lo Constitucional, resolvió a
su favor un amparo, ya que según el pleno de magistrados, “se le ha
lesionado la vulnerabilidad al señor Cardona Valle”.
Su
apoderada legal, Celeste Cerrato, dijo que “no hay preexistencia para
acreditar el delito al imputado, hubo errores omisos e incongruencia en
la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco
Morazán”.
Explicó
que la Corte de Apelaciones lo que resolvió fue una confirmatoria del
auto de formal procesamiento. Añadió que su cliente fue afectado en la
vulneración de derechos y en el principio de estado de inocencia.
Sin
embargo, la justicia hondureña, con la aceptación del recurso de
amparo, se contradice. Esto porque Darío Cardona, ya tiene otro proceso
judicial por el que fue condenado a cinco años
de cárcel, por el delito de tráfico de influencias, vinculado al
escandaloso caso del Seguro Social, siendo suficiente para que el auto
de formal procesamiento, se cumpla, según la ley.
El
delito de abuso de autoridad, por el que es acusado el exfuncinario,
está relacionado al crimen contra la mundialmente reconocida
ambientalista y dirigente lenca, Berta Cáceres, ya que en 2013, Cardona,
en condición de titular de la SERNA, amplió el contrato del proyecto
hidroeléctrico “Agua Zarca”.
El
aumento que autorizó el exfuncionario, extendió de 14.4 megavatios a
21.7 la operatividad de “Agua Zarca”. Cabe recordar que el proyecto
general fue autorizado por el también exvicesecretario, Jonathan Laínez,
quien también enfrenta un proceso judicial.
En
otra investigación, Darío Cardona, ha sido vinculado también en el caso
de corrupción en el Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), de
donde se robaron más de mil millones de lempiras. En caso de que la
Fiscalía proceda con una denuncia formal, este sería su tercer proceso
judicial.
Foto: Cambio16
HRW: Ley de Ciberseguridad debe ser rechazada por Congreso hondureño
Administrador Libertad de Expresión 09 Abril 2018
Nueva York, EE.UU (Conexihon).- El proyecto de ley sobre Ciberseguridad que sigue en discusión en el Congreso Nacional “afectaría gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y el Congreso debe rechazarlo” dijo este lunes la organización Human Rigth Watch (HRW).
El pasado ocho de febrero, este proyecto que realmente se llama “Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales”, fue aprobado en su primer debate.
Es de recordar que la presentación de la misma fue por parte del diputado del Partido Nacional (de mayoría en el Congreso) Marcos Bertilio Paz el 01 de febrero del presente año.
El proyecto exige a dichas compañías bloquear o suprimir “contenido ilegal” que pueda haber sido publicado en las plataformas de Internet por usuarios dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido un reclamo, plazo que podría extenderse a siete días en casos “debidamente justificados”. Si la compañía de Internet no actúa, su sitio Web podría ser bloqueado o suspendido, lo que implicaría que todos los hondureños se verían afectados por la presunta conducta ilegal de unos pocos.
Además el proyecto contempla la creación de un consejo consultivo, agrupado por unas 19 organizaciones, que en su mayoría forman parte del Poder Ejecutivo, que tienen la responsabilidad de crear una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad y será ésta la que supervise lo que estipule la ley como delitos cibernéticos y que establecería multas de 50 mil hasta un millón de lempiras, así como el bloqueo del sitio.
De acuerdo con la Alerta número 21, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), donde se denuncia la presentación de esta ley, la motivación expuesta por el diputado Paz “lo que pretende es censurar las expresiones en contra de los funcionarios públicos y grupos de poder”.
Para el Director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, este proyecto “permitiría que el gobierno utilice a las compañías prestadoras de servicios de Internet para imponer restricciones inadmisibles a la libertad de expresión que excederían ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos”.
En su primer debate, luego de una revisión hecha por una Comisión Especial del Congreso hondureño, avaló lo propuesto por el congresista Paz y se procedió a crear un consejo consultivo, integrado por sectores de la empresa privada, Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y otros sectores. Además se incluirían delitos como el "ciberbullying", fraude financiero por internet y otros.
Para Human Rigth Watch, estas incorporaciones son para que el régimen justifique el régimen de censura previsto en el texto “pretendiendo argumentar que la ley busca proteger la seguridad nacional de Honduras”. Además explicó que el contenido original del proyecto presentado en febrero se mantiene igual.
“Conceder estas facultades para aplicar la ley y sancionar a compañías de Internet a un órgano controlado por el poder ejecutivo (Como ser CONATEL), es una fórmula ideal para la censura política”, opinó Vivanco.
“Esto le quita la careta a cualquier esfuerzo hecho por presentar la ley como un mecanismo de protección de la seguridad nacional, cuando en realidad se trata de un burdo mecanismo que el poder ejecutivo puede utilizar para controlar la libre expresión del pensamiento”, sentenció el responsable para las Américas de HRW.
“Por seguridad nacional ”: Secretaría de Defensa niega información sobre compra de equipo de espionaje a Gran Bretaña
Wednesday, 16 May 2018 23:13 Written by Webmaster Published in Contexto
La Secretaría de Defensa negó información a pasosdeanimalgrande.com
sobre la compra de equipo de espionaje al Reino Unido, alegando razones
de defensa nacional y estrategia geopolítica, “en estricto apego a la
Ley de Secretos Oficiales y de la Clasificación de la Información”.
La petición de información fue hecha a través del periodista Salvador Enrique Monroy del periódico digital www.pasosdeanimalgrande.com
por medio del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la
Información Pública,(IAIP), desde el pasado 12 de abril de 2018.
Defensa en primera instancia pidió una prórroga el 26 de abril de 2018 y después contestó la solicitud de información declarándola en secretividad, el pasado 14 de mayo de 2018.
Las interrogantes del periodista Monroy fueron: Solicitud de información SOL-SDD-88-2018, Información sobre el equipo de espionaje comprado al Gobierno de Inglaterra, su uso y para qué tipo de actividades se pretende implementar en Honduras. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de delitos persigue? Si cuenta con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de personal necesita para operarlo efectivamente?
Sin embargo la oficina de transparencia y acceso a la información contestó con varios oficios en los que explica los fundamentos jurídicos para no brindar la información solicitada por www.pasosdeanimalgrande.com, ya que la misma es peligrosa para la seguridad nacional del país, según los argumentos.
La respuesta de la “Secretaría de Defensa
“Dicha opinión se basó en las consideraciones siguientes: a.Que la Constitución de la República en su artículo 80 establece “que toda persona o asociación de personas tienen el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivo de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”.
b.Que la Constitución de la República indica en el artículo 274 que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento”.
c.Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 17 que a su letra dice que: “La clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse es mayo que el interés público de conocer la misma o como cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado, la vida. La seguridad y la salud de cualquier persona….”.
Para www.pasosdeanimalgrande.com la información debe ser de dominio público, considerando que con la compra de equipo se pretende vigilar a los defensores de los derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en la defensa de los derechos humanos en el país, tal como lo denunciaron organizaciones de derechos humanos del Reino Unido y de Honduras en una carta enviada al Secretario para el Comercio Exterior del Reino Unido, Liam Fox.
Lea la respuesta de la Secretaría de Defensa ante la petición de información de pasosdeanimalgrande.com AQUÍ
Vea nota relacionada con la carta enviada por organizaciones del Reino Unido y Honduras AQUÍ
Defensa en primera instancia pidió una prórroga el 26 de abril de 2018 y después contestó la solicitud de información declarándola en secretividad, el pasado 14 de mayo de 2018.
Las interrogantes del periodista Monroy fueron: Solicitud de información SOL-SDD-88-2018, Información sobre el equipo de espionaje comprado al Gobierno de Inglaterra, su uso y para qué tipo de actividades se pretende implementar en Honduras. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de delitos persigue? Si cuenta con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de personal necesita para operarlo efectivamente?
Sin embargo la oficina de transparencia y acceso a la información contestó con varios oficios en los que explica los fundamentos jurídicos para no brindar la información solicitada por www.pasosdeanimalgrande.com, ya que la misma es peligrosa para la seguridad nacional del país, según los argumentos.
La respuesta de la “Secretaría de Defensa
“Dicha opinión se basó en las consideraciones siguientes: a.Que la Constitución de la República en su artículo 80 establece “que toda persona o asociación de personas tienen el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivo de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”.
b.Que la Constitución de la República indica en el artículo 274 que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento”.
c.Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 17 que a su letra dice que: “La clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse es mayo que el interés público de conocer la misma o como cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado, la vida. La seguridad y la salud de cualquier persona….”.
- d.Que la Ley de Secretos Oficiales y de la Clasificación de la Información en su artículo 3 dice “a los efectos de esta Ley podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedan dañar o poner en riesgo la Seguridad, Defensa Nacional y el logro de los objetivos nacionales”.
- e.Cabe recalcar que cumpliendo con los valores que caracteriza a
esta institución Armada y siendo consecuente con lo establecido por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre se le da
respuesta a todo lo peticionado, ya sea por personas particulares,
entes del Estado y demás instituciones siempre y cuando se siga el
debido proceso.
- f.Por lo anteriormente expuesto, salvo mejor criterio de la
superioridad, esta Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas; es
de la OPINIÖN: Que la Institución Armada en estricto apego a la Ley de
Secretos Oficiales y de la Clasificación de la Información, se reserva
divulgar dicha información por razones de defensa nacional y de
estrategia geopolítica, solicitada por el ciudadano SALVADOR ENRIQUE
MONROY, ya que son temas tratados exclusivamente por el Consejo Nacional
de Defensa y Seguridad (CNDS) por las implicaciones militares que
tiene.
Para www.pasosdeanimalgrande.com la información debe ser de dominio público, considerando que con la compra de equipo se pretende vigilar a los defensores de los derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en la defensa de los derechos humanos en el país, tal como lo denunciaron organizaciones de derechos humanos del Reino Unido y de Honduras en una carta enviada al Secretario para el Comercio Exterior del Reino Unido, Liam Fox.
Lea la respuesta de la Secretaría de Defensa ante la petición de información de pasosdeanimalgrande.com AQUÍ
Vea nota relacionada con la carta enviada por organizaciones del Reino Unido y Honduras AQUÍ
Demandan a Reino Unido parar venta de programas de intercepción de las comunicaciones en Honduras
Tuesday, 10 April 2018 22:46 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
En una carta dirigida al Secretario para el Comercio Exterior del
Reino Unido, Liam Fox, organizaciones de ese país y de Honduras
demandaron que cesen las exportaciones de software de intercepción en
las comunicaciones con el que cuenta ahora Honduras después de
comprarlo, en medio de represión interna que ha dejado varios muertos,
heridos, encarcelados y perseguidos, lo que violenta estándares
internacionales.
La información de la venta de este equipo se conoció en una
publicación del prestigioso medio londinense The Guardian que describió
el gasto por 300 mil libras esterlinas, unos 425 mil 367 dolares,
equivalentes a 10 Millones 22 mil 457 lempiras con 71 centavos al
cambio actual.
La contradicción entre el discurso político del reino Unido y los hechos es resaltada en la carta donde las organizaciones firmantes señalaron que “Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.
Entre los ejemplos claves argumentaron que “La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño”.
Al final de la carta que fue firmada por unas 23 organizaciones y está fechada el 03 de abril de este año, la demanda fue contundente, “Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna”.
Este es el texto de la carta:
Estimado Dr. Fox,
Los abajo firmantes somos organizaciones de derechos humanos de Honduras y Reino Unido. Le escribimos para expresarle nuestra consternación sobre las autorizaciones para la venta de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones a Honduras, dada la situación actual en cuanto a derechos humanos en el país. Además, nos alarmamos al saber que el gobierno de Reino Unido decidió exportar este equipo a pesar de que las preocupaciones sobre estándares de los derechos humanos fueron planteadas en el Parlamento varias veces.[1] Le urgimos a que no otorguen más licencias de exportaciones a equipos que podrían ser utilizados para la represión interna.
El pasado 8 de Febrero, The Guardian reveló que el Reino Unido otorgó licencias de exportación de equipos para la intervención de telecomunicaciones para que fuesen vendidos al gobierno de Honduras justo antes de las elecciones.[2] El 20 de febrero, en respuesta a una pregunta parlamentaria en referencia a dichas licencias, el honorable señor Graham Stuart en nombre del gobierno de Reino Unido señaló lo siguiente:
“todas las solicitudes de licencias de exportación se considerarán caso por caso teniendo en cuenta los criterios nacionales y de la UE en cuanto a licencias de exportación de armas y basándose en la información y análisis más actuales del momento, incluyendo informes de ONGs y de nuestra red exterior.”[3]
En primer lugar, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que los informes recientes de las ONGs apuntan hacia una alarmante situación de los derechos humanos en el país así como también a una represión dirigida hacia las personas defensoras de derechos humanos, mediante incluso vigilancia ilegal:
Un informe de Global Witness de enero de 2017 titulado ‘Honduras: El lugar más mortífero para la defensa del planeta’ reportó que 123 activistas protectores del medio ambiente y la tierra fueron “asesinados en Honduras desde el golpe de estado de 2009, sin contar las amenazas, ataques o encarcelamientos.[4]
El informe de Amnistía Internacional de 2017 documenta incidentes de seguridad sufridos por personas defensoras de derechos humanos incluyendo asesinatos, amenazas, vigilancia y acoso.[5]
Un informe de 2017 de un grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la renombrada ambientalista, Berta Cáceres, demostró que las fuerzas de seguridad del Estado en connivencia con personal de la empresa hidroeléctrica llevaron a cabo seguimientos y vigilancia a miembros de la misma organización de Berta Cáceres, COPINH, como parte de una estrategia para controlar y neutralizar la protesta de la comunidad. La vigilancia se incrementó en los meses y horas previas a su asesinato.[6]
La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño. Un informe de la ONG Brigadas Internacionales de Paz destaca que ocho personas destacadas por la defensa de derechos humanos estuvieron en una lista del gobierno para ser vigilados de manera ilegal. Los defensores y defensoras de derechos humanos denuncian frecuentemente el uso de la vigilancia/inteligencia contra ellos, entre otras tácticas están las restricciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación.[7]
En Segundo lugar, el criterio número dos de los criterios consolidados nacionales y de la UE para la autorización de la exportación de armas, estipula que el gobierno debería:
“ejercer una especial atención y vigilancia a la hora de otorgar licencias, estudiando caso por caso y teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos, para los países donde se constaten serias violaciones de derechos humanos por parte de los organismos competentes de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo o la Unión Europea;”[8]
Estos organismos internacionales han puesto su atención sobre las serias violaciones de derechos humanos en Honduras:
El parlamento Europeo adoptó una resolución en abril del 2016 indicando que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos en la región para los y las defensoras de derechos humanos”.[9]
El informe sobre Honduras de 2017 del alto comisionado de Naciones Unidas afirma que: “En un contexto de estigmatización y cuestionamiento de su trabajo incluso por parte de los representantes del gobierno, OACNUDH-Honduras sigue documentando casos de amenazas, seguimientos, robo de información y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.[10]
En Agosto de 2016, dos expertos en derechos humanos del sistema Inter-América y de Naciones Unidas describieron a Honduras como uno de “los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos.”[11]
Por lo tanto, consideramos la afirmación del Gobierno de que "la cuestión de la licencia era coherente con los criterios consolidados de concesión de licencias de exportación de armas de la UE y nacionales y seguía siéndolo en el momento de la exportación"[12] como una tergiversación.
Además, como resultado de las disputadas elecciones en noviembre 2017, surgieron protestas pacíficas a lo largo y ancho del país. Estas fueron contestadas con una brutal represión del Estado, OACNUDH registró 23 asesinatos, 16 a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 60 personas fueron heridas, la mitad de ellos por munición real.[13] La red nacional por los derechos humanos “Coalición contra la impunidad” registro por lo menos 50 denuncias relacionadas con amenazas y vigilancia ilegal para identificar a quienes participaban en las protestas. En algunos casos, las víctimas identificaron a los autores de las amenazas o seguimientos como miembros de la Policía Nacional o de la Policía Militar.[14]
Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.[15] De cualquier modo, organizaciones locales han expresado preocupación por la escalada de la represión del Estado. De este análisis se hizo eco el alto comisionado para los derechos humanos Zeid Ra’ad Al Hussein en el Consejo de Naciones Unidas en marzo de 2017 quien afirmó:
“La frágil ya situación de los derechos humanos en Honduras, que sufre de los altos niveles de violencia e inseguridad, se va a deteriorar más a no ser que se haga una verdadera rendición de cuentas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos.”[16] Nos preocupa que la autorización para la exportación de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones al gobierno de Honduras, suponga de facto que el Reino Unido contribuya a la restricción de derechos humanos fundamentales en el país.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna.
Esperamos noticias suyas en relación a lo expuesto.
Cordialmente,
Amnesty International UK
Asociación de Jueces por la Democracia
Asociación LGTB Arcoíris de Honduras
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
ATALC-Amigos de la Tierra (FoE) América Latina y El Caribe
The Business and Human Rights Resource Centre
Campaign Against Arms Trade
La Coalición contra la Impunidad
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
The Corporate Responsibility Coalition (CORE)
The Environmental Network for Central America (ENCA)
Foro de Mujeres por la Vida
Fronteras Comunes de Canadá
Global Justice Now
Global Witness
Grupo Lésbico Bisexual LITOS
Latin American Mining Monitoring Programme
Movimiento Madre Tierra Honduras
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
PAPDA – Haïti
Tavistock Peace Action Group
War on Want
______________________________
Leála completa en el sitio web de Global Witness en este link
Publicación de The Guardian, véala Aquí
La contradicción entre el discurso político del reino Unido y los hechos es resaltada en la carta donde las organizaciones firmantes señalaron que “Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.
Entre los ejemplos claves argumentaron que “La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño”.
Al final de la carta que fue firmada por unas 23 organizaciones y está fechada el 03 de abril de este año, la demanda fue contundente, “Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna”.
Este es el texto de la carta:
Estimado Dr. Fox,
Los abajo firmantes somos organizaciones de derechos humanos de Honduras y Reino Unido. Le escribimos para expresarle nuestra consternación sobre las autorizaciones para la venta de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones a Honduras, dada la situación actual en cuanto a derechos humanos en el país. Además, nos alarmamos al saber que el gobierno de Reino Unido decidió exportar este equipo a pesar de que las preocupaciones sobre estándares de los derechos humanos fueron planteadas en el Parlamento varias veces.[1] Le urgimos a que no otorguen más licencias de exportaciones a equipos que podrían ser utilizados para la represión interna.
El pasado 8 de Febrero, The Guardian reveló que el Reino Unido otorgó licencias de exportación de equipos para la intervención de telecomunicaciones para que fuesen vendidos al gobierno de Honduras justo antes de las elecciones.[2] El 20 de febrero, en respuesta a una pregunta parlamentaria en referencia a dichas licencias, el honorable señor Graham Stuart en nombre del gobierno de Reino Unido señaló lo siguiente:
“todas las solicitudes de licencias de exportación se considerarán caso por caso teniendo en cuenta los criterios nacionales y de la UE en cuanto a licencias de exportación de armas y basándose en la información y análisis más actuales del momento, incluyendo informes de ONGs y de nuestra red exterior.”[3]
En primer lugar, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que los informes recientes de las ONGs apuntan hacia una alarmante situación de los derechos humanos en el país así como también a una represión dirigida hacia las personas defensoras de derechos humanos, mediante incluso vigilancia ilegal:
Un informe de Global Witness de enero de 2017 titulado ‘Honduras: El lugar más mortífero para la defensa del planeta’ reportó que 123 activistas protectores del medio ambiente y la tierra fueron “asesinados en Honduras desde el golpe de estado de 2009, sin contar las amenazas, ataques o encarcelamientos.[4]
El informe de Amnistía Internacional de 2017 documenta incidentes de seguridad sufridos por personas defensoras de derechos humanos incluyendo asesinatos, amenazas, vigilancia y acoso.[5]
Un informe de 2017 de un grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la renombrada ambientalista, Berta Cáceres, demostró que las fuerzas de seguridad del Estado en connivencia con personal de la empresa hidroeléctrica llevaron a cabo seguimientos y vigilancia a miembros de la misma organización de Berta Cáceres, COPINH, como parte de una estrategia para controlar y neutralizar la protesta de la comunidad. La vigilancia se incrementó en los meses y horas previas a su asesinato.[6]
La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño. Un informe de la ONG Brigadas Internacionales de Paz destaca que ocho personas destacadas por la defensa de derechos humanos estuvieron en una lista del gobierno para ser vigilados de manera ilegal. Los defensores y defensoras de derechos humanos denuncian frecuentemente el uso de la vigilancia/inteligencia contra ellos, entre otras tácticas están las restricciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación.[7]
En Segundo lugar, el criterio número dos de los criterios consolidados nacionales y de la UE para la autorización de la exportación de armas, estipula que el gobierno debería:
“ejercer una especial atención y vigilancia a la hora de otorgar licencias, estudiando caso por caso y teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos, para los países donde se constaten serias violaciones de derechos humanos por parte de los organismos competentes de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo o la Unión Europea;”[8]
Estos organismos internacionales han puesto su atención sobre las serias violaciones de derechos humanos en Honduras:
El parlamento Europeo adoptó una resolución en abril del 2016 indicando que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos en la región para los y las defensoras de derechos humanos”.[9]
El informe sobre Honduras de 2017 del alto comisionado de Naciones Unidas afirma que: “En un contexto de estigmatización y cuestionamiento de su trabajo incluso por parte de los representantes del gobierno, OACNUDH-Honduras sigue documentando casos de amenazas, seguimientos, robo de información y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.[10]
En Agosto de 2016, dos expertos en derechos humanos del sistema Inter-América y de Naciones Unidas describieron a Honduras como uno de “los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos.”[11]
Por lo tanto, consideramos la afirmación del Gobierno de que "la cuestión de la licencia era coherente con los criterios consolidados de concesión de licencias de exportación de armas de la UE y nacionales y seguía siéndolo en el momento de la exportación"[12] como una tergiversación.
Además, como resultado de las disputadas elecciones en noviembre 2017, surgieron protestas pacíficas a lo largo y ancho del país. Estas fueron contestadas con una brutal represión del Estado, OACNUDH registró 23 asesinatos, 16 a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 60 personas fueron heridas, la mitad de ellos por munición real.[13] La red nacional por los derechos humanos “Coalición contra la impunidad” registro por lo menos 50 denuncias relacionadas con amenazas y vigilancia ilegal para identificar a quienes participaban en las protestas. En algunos casos, las víctimas identificaron a los autores de las amenazas o seguimientos como miembros de la Policía Nacional o de la Policía Militar.[14]
Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.[15] De cualquier modo, organizaciones locales han expresado preocupación por la escalada de la represión del Estado. De este análisis se hizo eco el alto comisionado para los derechos humanos Zeid Ra’ad Al Hussein en el Consejo de Naciones Unidas en marzo de 2017 quien afirmó:
“La frágil ya situación de los derechos humanos en Honduras, que sufre de los altos niveles de violencia e inseguridad, se va a deteriorar más a no ser que se haga una verdadera rendición de cuentas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos.”[16] Nos preocupa que la autorización para la exportación de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones al gobierno de Honduras, suponga de facto que el Reino Unido contribuya a la restricción de derechos humanos fundamentales en el país.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna.
Esperamos noticias suyas en relación a lo expuesto.
Cordialmente,
Amnesty International UK
Asociación de Jueces por la Democracia
Asociación LGTB Arcoíris de Honduras
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
ATALC-Amigos de la Tierra (FoE) América Latina y El Caribe
The Business and Human Rights Resource Centre
Campaign Against Arms Trade
La Coalición contra la Impunidad
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
The Corporate Responsibility Coalition (CORE)
The Environmental Network for Central America (ENCA)
Foro de Mujeres por la Vida
Fronteras Comunes de Canadá
Global Justice Now
Global Witness
Grupo Lésbico Bisexual LITOS
Latin American Mining Monitoring Programme
Movimiento Madre Tierra Honduras
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
PAPDA – Haïti
Tavistock Peace Action Group
War on Want
______________________________
Leála completa en el sitio web de Global Witness en este link
Publicación de The Guardian, véala Aquí
Honduras, el rostro del cinismo internacional
Mediante un comunicado público, la organizacion de derechos humanos reprochó la barbarie que cometió la fuerza de seguridad del estado contra los trabajadores el pasado 1 de mayo, al reprimir violentamente la movilización que realizaron en Tegucigalpa.
A continuación compartimos con ustedes el texto íntegro del comunicado.
HONDURAS, EL ROSTRO DEL CINISMO INTERNACIONAL
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en su plantón de este viernes 4 de mayo, informa:
Las Fuerzas Armadas de Honduras, bajo el mando israelí, colombiano y estadounidense, en una triangulación perversa echaron a perder el 1 de mayo pasado la conmemoración del martirio de Chicago en las zonas centro y sur del país.
La armada del dictador, que es instrumento del capital especulativo transnacional, utilizó técnicas de guerra y operaciones psicológicas contra la multitud opositora conducida por la población general, que no por los sindicatos del régimen.
El objetivo de la represión fue políticamente premeditado para demostrar la fuerza bruta de los impostores e impedir el reinicio del calendario insurreccional, que impide la consolidación de esta dictadura sostenida por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Tomando como pretexto las resoluciones de la alianza de oposición política, que convocó en la víspera a retomar la insurrección hacia la revolución, las fuerzas militares usaron personal infiltrado para distorsionar la manifestación y entregarle flamas y humo a la prensa carroñera que impuso sus titulares criminalizadores.
El equipo del Cofadeh, que recordaba en la caminata a las víctimas de la desaparición forzada durante los años 80s y el Comité por la Liberación de los 21 Presos Políticos de los ladrones de elecciones, fuimos atacados directamente con bombas lacrimógenas y obligados a evacuar la zona aledaña al centro histórico de la capital.
Un día después de la represión en Tegucigalpa, las fuerzas militares ocuparon las vías de acceso en Pajuiles, Tela, Atlántida, para introducir maquinaria pesada de la empresa Hawit que destruye la parte alta de la cordillera en contra la oposición y resistencia de la comunidad.
Como si el país no estuviera huyendo en caravana a causa de la incertidumbre y como si la inversión extranjera no estuviera ausente por la violencia, los grupos narcos y las mafias corruptas atenazadas al Estado pactan la impunidad mutua y eligen fiscal general en frente de la OEA, la ONU y la Unión Europea que financian esta mascarada.
No puede haber en el futuro próximo mayor vergüenza que ésta del presente. La comunidad internacional, que financia las fuerzas policiales, militares, la “lucha” contra la corrupción, el “diálogo político” y la “prosperidad”, observa con indiferencia la burla de la élite ladrona de Honduras. ¿Es que no sienten rubor, es que no les importa que el pueblo de Honduras sepa que esta ilegitimidad que sostienen es criminal, antihumana e insostenible?
Los países que hemos tenido como serios por su discurso y práctica de valores universales, defensores de los derechos humanos, deberían reconsiderar por fin sus relaciones con esta cloaca de seres ambiciosos y ruines, que cada vez más empujan la población a perder el buen juicio y a buscar las alianzas extremas.
Esos no escuchan criterios de profesionalidad ni historial de independencia, esos sólo saben nombrar sus perros o perras de garra. Y ustedes, señores, deberían saberlo.
Nosotras, en esta plaza de siempre, aquí donde comunicamos la esperanza con nuestros pañuelos blancos y reclamamos verdad y justicia con el dolor de nuestra terquedad amorosa, demandamos libertad para los presos políticos de Honduras que están sometidos a la incomunicación y la insalubridad en prisiones bajo control de la dictadura militar. Libérenlos, ellos y ella ejercían su derecho constitucional a la insurrección en diciembre 2017 y enero 2018.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón! COFADEH
4 de mayo 2018
El terrorismo, un arma legal que usará el gobierno contra el luchador social Edwin Robelo Espinal
Pero el régimen de Juan Orlando Hernández introdujo la figura del terrorismo en el Código Penal, que conlleva hasta 20 años de cárcel y que fue aprobada en el mes de septiembre de 2017.Saturday, 20 January 2018 02:36 Written by Dina Meza Published in Denuncia
Edwin Robelo Espinal, luchador social desde el golpe de Estado,
fue detenido este viernes 19 de enero en la noche por hombres
encapuchados que no quisieron identificarse y se lo llevaron a la
Dirección Policial de Investigaciones, DPI, hasta que estuvo en esa
dependencia él supo por qué delitos lo capturaron, entre ellos el de
terrorismo, daños y robo.
Una campaña de desprestigio copó las redes sociales el 13 de enero de
2018 horas después de una masiva manifestación contra el fraude
electoral convocada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la
cual fue reprimida por el ejército y la Policía Militar del Orden
Público, PMOP. Rostros de activistas sociales, periodistas y defensores
de derechos humanos fueron incluidos en afiches donde les acusaban de
ser promotores de la violencia.
En esa campaña estaba el rostro de Edwin Robelo Espinal, quien desde
el golpe de Estado ha sufrido una intensa persecución y ha tenido que
enfrentar acciones desde el aparataje estatal, entre lo que se puede
mencionar capturas, torturas con gases lacrimógenos, allanamientos de su
vivienda acusándole de tener armas y explosivos, entre otras.
Aunque interpuso denuncias en su momento, el Ministerio Público nunca inició las investigaciones para sancionar a los culpables y los abusos de derechos humanos cometidos contra él están en el impunidad.
La captura
"Es seguro que me dieron seguimiento en todo el día porque fui capturado cuando estaba en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, me rodearon hombres encapuchados que se conducían en tres carros, andaban de civil , con chaleco negro y cubrían su rostro con pasamontañas, no quisieron identificarse, les pregunté si eran policías y no quisieron responder sino que me dijeron que esperara a su jefe, quien llegó y tampoco me enseñó su identificación”, dijo Robelo Espinal a pasosdeanimalgrande.com, en la sede de la DPI donde todavía permanece antes de ser pasado ante un Juez de Jurisdicción Nacional.
El oficial César Flores Sánchez, quien dijo ser parte de Delitos Comunes de la Policía Metropolitana número Uno (CORE7) informó que la denuncia por terrorismo, daños y robo, era la 175-2018, que fue interpuesta por el representante legal del Hotel Marriot, que sufrió daños el pasado 12 de enero en momentos en que la manifestación era reprimida por los cuerpos armados del Estado de Honduras.
“Esos delitos solamente son los que tiene la denuncia, pero el requerimiento puede llevar otros delitos, eso está en manos del fiscal”, expresó Flores Sánchez.
La captura de Edwin Robelo Espinal se da a pocas horas de que empiece un paro nacional convocado por la Alianza de Oposición previa la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, salpicado por el fraude electoral y deslegitimado según los informes de los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, pero avalado por el gobierno de los Estados Unidos que según las críticas de diversas organizaciones y dirigentes, es el que sostiene en el poder a un ex candidato que no ganó las elecciones.
Según la tónica que lleva a cabo habrán más capturas por el mismo caso del hotel. El 17 de enero de este año fue capturado Raúl Eduardo Álvarez, un ex policía que según el portavoz de la Secretaría de Seguridad fue depurado en el año 2016.
En las fotos colocadas en la campaña de desprestigio se encuentran miembros del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, periodistas de UNETV, Programa en La Plaza, y dos de Choluteca.
A la DPI llegaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de varias organizaciones para indagar la situación del detenido.
El sábado 20 de enero se llevará a cabo la Audiencia de Imputado, muy probable que sea en el Primer Batallón de Infantería, similar al golpe de Estado que los jueces llegaban a sedes policiales a realizar sus audiencias y los detenidos y detenidas están siendo apuntados por militares y policías, sus cuerpos estaban torturados, pero aún así fueron acusados de manifestaciones ilícitas y daños, entre otros.
Pero el régimen de Juan Orlando Hernández introdujo la figura del terrorismo en el Código Penal, que conlleva hasta 20 años de cárcel y que fue aprobada en el mes de septiembre de 2017.
Más de 40 detenidos guardan prisión en diversas cárceles del país producto de las detenciones contra manifestantes contra el fraude electoral.
Las represiones dejaron víctimas mortales , las balas fueron disparadas desde fusiles de la Policía Militar, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El gobierno tiene completamente militarizado el país antes de que inicie el paro nacional que convocó la Alianza de Oposición contra la dictadura.
Se puede prever que habrá más violencia contra a población que se manifiesta pacíficamente, paradójicamente Hernández ha llamado al diálogo a dirigentes de la oposición, estos han de nunciado que se trata de un monólogo donde acuden solo los afines a JOH, pero hay falta de legitimación porque el gobernante carece de legitimidad pues es quien genera la violencia contra miles de personas que protestan contra el fraude electoral.
La campaña de desprestigio fue el preámbulo de la captura de Edwin
Robelo Espinal.
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Aunque interpuso denuncias en su momento, el Ministerio Público nunca inició las investigaciones para sancionar a los culpables y los abusos de derechos humanos cometidos contra él están en el impunidad.
La captura
"Es seguro que me dieron seguimiento en todo el día porque fui capturado cuando estaba en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, me rodearon hombres encapuchados que se conducían en tres carros, andaban de civil , con chaleco negro y cubrían su rostro con pasamontañas, no quisieron identificarse, les pregunté si eran policías y no quisieron responder sino que me dijeron que esperara a su jefe, quien llegó y tampoco me enseñó su identificación”, dijo Robelo Espinal a pasosdeanimalgrande.com, en la sede de la DPI donde todavía permanece antes de ser pasado ante un Juez de Jurisdicción Nacional.
El oficial César Flores Sánchez, quien dijo ser parte de Delitos Comunes de la Policía Metropolitana número Uno (CORE7) informó que la denuncia por terrorismo, daños y robo, era la 175-2018, que fue interpuesta por el representante legal del Hotel Marriot, que sufrió daños el pasado 12 de enero en momentos en que la manifestación era reprimida por los cuerpos armados del Estado de Honduras.
“Esos delitos solamente son los que tiene la denuncia, pero el requerimiento puede llevar otros delitos, eso está en manos del fiscal”, expresó Flores Sánchez.
La captura de Edwin Robelo Espinal se da a pocas horas de que empiece un paro nacional convocado por la Alianza de Oposición previa la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, salpicado por el fraude electoral y deslegitimado según los informes de los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, pero avalado por el gobierno de los Estados Unidos que según las críticas de diversas organizaciones y dirigentes, es el que sostiene en el poder a un ex candidato que no ganó las elecciones.
Según la tónica que lleva a cabo habrán más capturas por el mismo caso del hotel. El 17 de enero de este año fue capturado Raúl Eduardo Álvarez, un ex policía que según el portavoz de la Secretaría de Seguridad fue depurado en el año 2016.
En las fotos colocadas en la campaña de desprestigio se encuentran miembros del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, periodistas de UNETV, Programa en La Plaza, y dos de Choluteca.
A la DPI llegaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de varias organizaciones para indagar la situación del detenido.
El sábado 20 de enero se llevará a cabo la Audiencia de Imputado, muy probable que sea en el Primer Batallón de Infantería, similar al golpe de Estado que los jueces llegaban a sedes policiales a realizar sus audiencias y los detenidos y detenidas están siendo apuntados por militares y policías, sus cuerpos estaban torturados, pero aún así fueron acusados de manifestaciones ilícitas y daños, entre otros.
Pero el régimen de Juan Orlando Hernández introdujo la figura del terrorismo en el Código Penal, que conlleva hasta 20 años de cárcel y que fue aprobada en el mes de septiembre de 2017.
Más de 40 detenidos guardan prisión en diversas cárceles del país producto de las detenciones contra manifestantes contra el fraude electoral.
Las represiones dejaron víctimas mortales , las balas fueron disparadas desde fusiles de la Policía Militar, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El gobierno tiene completamente militarizado el país antes de que inicie el paro nacional que convocó la Alianza de Oposición contra la dictadura.
Se puede prever que habrá más violencia contra a población que se manifiesta pacíficamente, paradójicamente Hernández ha llamado al diálogo a dirigentes de la oposición, estos han de nunciado que se trata de un monólogo donde acuden solo los afines a JOH, pero hay falta de legitimación porque el gobernante carece de legitimidad pues es quien genera la violencia contra miles de personas que protestan contra el fraude electoral.
En las elecciones presidenciales de 2017 fue reelegido Juan
Orlando Hernández; la campaña electoral estuvo marcada por numerosas
presiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa.Los
periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o
comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, se ven
obligados a exiliarse, señaló Repórteros sin Fronteras, RSF, en su
informe "Clasificación Mundial de la Libertad de prensa 2018",
Sube un punto negativo en comparación al 2017: Un vergonzoso lugar
En el 2017 Honduras ocupó el 140 lugar de los 180 países del mundo, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero este año 2018 la clasificación es de 141, o sea un punto negativo para el país.
"La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace casi una década, desde el golpe de Estado registrado en 2009. El grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, suelen emprenderse procesos judiciales abusivos contra periodistas por difamación, delito que suele ser castigado con penas de prisión y que en ocasiones puede ser sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo. En las elecciones presidenciales de 2017 fue reelegido Juan Orlando Hernández; la campaña electoral estuvo marcada por numerosas presiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa", destacó RSF.
Vea la clasificación de Honduras Aquí
Vea el informe completo del mundo Aquí
En el 2017 Honduras ocupó el 140 lugar de los 180 países del mundo, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero este año 2018 la clasificación es de 141, o sea un punto negativo para el país.
"La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace casi una década, desde el golpe de Estado registrado en 2009. El grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, suelen emprenderse procesos judiciales abusivos contra periodistas por difamación, delito que suele ser castigado con penas de prisión y que en ocasiones puede ser sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo. En las elecciones presidenciales de 2017 fue reelegido Juan Orlando Hernández; la campaña electoral estuvo marcada por numerosas presiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa", destacó RSF.
Vea la clasificación de Honduras Aquí
Vea el informe completo del mundo Aquí
Los jóvenes deben construir la nación, sino serán los mayores explotados, dice escritor Julio Escoto
Abr 27, 2018
El analista y reconocido escrito
hondureño, Julio Escoto, es de la idea que la profunda crisis política
que arropa a Honduras ve lejos los caminos de solución.
“Dentro de los grupos de oposición, de lo que conocemos en términos generales como la resistencia, no hay claridad, más bien los actores principales de la oposición tienen entre ellos discrepancias que indican que no hay claridad, en muchos casos indican con absoluta visión que algunas personas que pretenden dirigirnos no tienen formación política, dicen hoy una cosa, mañana otra, eso indica que no están preparados para gobernar”, señaló Escoto.
Para el escritor hondureño, el país necesita nuevos líderes. “Mi sueño, mi deseo, mi búsqueda es que la nueva generación, la que está alcanzando los 30 años, esa generación tome el relevo, que se dé cuenta de que si no se lanzan en este momento a construir una nación los mayores explotados serán ellos”, aseguró.
Radio Progreso (RP) dialogó con Julio Escoto (JE) sobre la realidad política del país y las posibilidades de avanzar a soluciones certeras.
RP. ¿Por qué en Honduras se dice que estamos viviendo una dictadura?
JE. Este país ha sido robado, así como en la “mil y una noche” se habla de los 40 ladrones, yo en un artículo he señalado que el país ha sido robado por uno 400 ladrones. Esos 400 ladrones antes pertenecían mayormente a los dos partidos principales del país, liberales y nacionalistas, pero actualmente está mayormente constituido por nacionalistas. Todo lo que es el estamento estatal, todo lo que es el árbol del país, de la patria, de la nación, su sistema jurídico, su sistema económico, hasta su sistema cultural podríamos decir, ha sido totalmente distorsionado en provecho de unos pocos.
RP. ¿Desde cuándo se da esto?
JE. Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero se intensificó desde el año 2009 tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. Si nosotros recordamos la deuda que nos dejó el gobierno del innombrable Micheletti fueron 30 mil millones de Lempiras en deuda interna y no pudo realizar una deuda externa porque los organismos internacionales no le prestaban dinero. Sólo el hecho de que haya comprado 10 mil bombas lacrimógena es suficiente para darse cuenta que la prioridad de ese gobierno era la represión y no el desarrollo.
RP. ¿Y qué ha pasado del 2009 a la fecha?
JE. Pues lo mismo. El grupo negociante del país lo que ha hecho es poner todos los recursos naturales al servicio del lucro, del comercio y de la ganancia personal, individual o empresarial en vez de utilizar el beneficio de esos recursos para la población, por lo tanto, es innegable que estamos ante un robo del Estado por parte de un grupo de políticos.
RP. ¿Cuál es el tipo de democracia que tenemos en Honduras?
JE. Desde el momento en que ha habido un fraude electoral no hay democracia, eso es absolutamente lógico. El Congreso Nacional no quiso aprobar las reformas electorales que hubieran permitido un proceso democrático más limpio de lo que fue. El Tribunal Supremo Electoral no acepta más representaciones de los partidos políticos de los que ha establecido para su propio manejo.
RP. ¿A qué tipo de democracia se le debe apostar?
JE. Es bien básico a pesar de toda su profundidad y complejidad. Es una democracia donde el pueblo sea capaz de decidir qué es lo que quiere como nación y donde la actuación del Estado sea beneficiosa para ese mismo pueblo. Recuerde la frase famosa, clásica, aquello de “el gobierno para el pueblo y por el pueblo”, esa es exactamente la democracia. Cuando la población decide quiero que me gobierne esta persona o este grupo político, y cuando, además de eso, la población decide cómo quiere ser gobernada, qué tipo de sistema político desea, y además tiene el derecho para quitar y poner un presidente, está funcionando definitivamente la democracia, en el instante en que se rompe uno de esos tres basamentos entonces ya no tenemos definitivamente un sistema democrático.
RP. ¿Qué queremos en Honduras?
JE. Pues simplemente un Estado que sea capaz de solucionar los graves, terribles, dolorosos problemas de la nación. Mayormente lo que el Papa Francisco ha señalado con la cláusula de las tres “T”: tierra, techo y trabajo. Un Estado que es capaz de dar esos tres elementos a la población definitivamente que es un Estado querido y democrático, así como un Estado que utiliza los grandes recursos naturales de este país, que son inmensos, que son cuantiosos y grandiosos, en el momento en que los utiliza para desarrollar a su población estamos en democracia.
RP. ¿Cuándo se puede detectar que hay democracia en un país?
JE. Es importantísimo partir de dos elementos esenciales: no hay democracia mientras la pobreza del país se mantenga en un 64, 65% y en vez de reducirse se amplía, y no hay democracia mientras la extrema pobreza en el país está en un 42, en un 43% y en vez de reducirse más bien se amplía, por lo tanto, la lucha democrática en el país deben concentrarse en ese campo de acción que son los únicos que van a ser posible mejorar el país.
RP. ¿Dónde está el poder real en Honduras?
JE. Hay dos poderes reales en Honduras: uno visible y otro invisible. El visible lógicamente es del Estado, quienes ocupan el Estado, los partidos políticos, que son capaces de establecer reglas, leyes, impuesto para ayudar a la población o reprimir a la población. Pero hay otro poder que usualmente se le conoce como fáctico, que es invisible o muy escasamente visible. Ese poder que es generalmente bancario, económico, financiero, industrial pero que también pertenece, a veces, a grupos ultraconservadores que no son económicos.
RP. ¿Quién es el actor de la institucionalidad hondureña que sostiene esta crisis?
JE. Lastimosamente una fuerza mayor que impide la expresión del pueblo en su voluntad son las Fuerzas Armadas. En el momento en que el pueblo se manifiesta en las calles, en que sale a ocupar las avenidas, a poner obstáculos para la circulación en forma de protesta, en ese momento entran las Fuerzas Armadas a reprimir, a gasear e incluso a matar, y no es su función, la función de las Fuerzas Armadas es defender la territorialidad, defender la soberanía nacional, y además de ello, asegurar que el sistema, entre comillas democrático hondureño, funcione, pero no es reprimir y matar gente.
RP. ¿La clase política se ha burlado de la Constitución, el contrato social?
JE. Sí, definitivamente sí. Viene burlándose, rompiéndose ese contrato social desde hace muchísimo tiempo, cada vez que hay un golpe de Estado, cada vez que se burla en una elección, lógicamente que se rompe con ese contrato.
RP. ¿Cómo reconstruir ese pacto social?
JE. Básicamente a través de la expresión del pueblo, de la expresión popular. Esa expresión puede ser a través de los medios de comunicación, cuando se lo permitan, desde luego educada, suave, cívica si se quiere llamar así. Pero llega un momento en que se da cuenta el ciudadano de que no sirve, que no se le hace caso, no se le escucha, y entonces es obligatorio, lo permite la Constitución de la República, tiene que irse a la calle, tiene que haber una expresión insurreccional obligada, no es que nosotros queramos que eso ocurra, pero si no se pueden cambiar las cosas por la palabra, por el diálogo, entonces definitivamente tiene que haber una presión social mucho más intensa sobre aquellos que están actuando mal dentro de la nacionalidad.
RP. ¿Estamos lejos de ese escenario?
JE. Bastante lejos, lastimosamente si lo estamos. Incluso dentro de los grupos de oposición, de lo que conocemos en términos generales como la resistencia, no hay claridad, más bien los actores principales de la oposición tienen entre ellos discrepancias que indican que no hay claridad, en muchos casos indican con absoluta visión que algunas personas que pretenden dirigirnos no tienen formación política, dicen hoy una cosa, mañana otra, eso indica que no están preparados para gobernar. Necesitamos nuevos líderes. Mi sueño, mi deseo, mi búsqueda es que la nueva generación, la que está alcanzando los 30 años, esa generación tome el relevo, que se dé cuenta de que si no se lanzan en este momento a construir una nación los mayores explotados serán ellos.
“Dentro de los grupos de oposición, de lo que conocemos en términos generales como la resistencia, no hay claridad, más bien los actores principales de la oposición tienen entre ellos discrepancias que indican que no hay claridad, en muchos casos indican con absoluta visión que algunas personas que pretenden dirigirnos no tienen formación política, dicen hoy una cosa, mañana otra, eso indica que no están preparados para gobernar”, señaló Escoto.
Para el escritor hondureño, el país necesita nuevos líderes. “Mi sueño, mi deseo, mi búsqueda es que la nueva generación, la que está alcanzando los 30 años, esa generación tome el relevo, que se dé cuenta de que si no se lanzan en este momento a construir una nación los mayores explotados serán ellos”, aseguró.
Radio Progreso (RP) dialogó con Julio Escoto (JE) sobre la realidad política del país y las posibilidades de avanzar a soluciones certeras.
RP. ¿Por qué en Honduras se dice que estamos viviendo una dictadura?
JE. Este país ha sido robado, así como en la “mil y una noche” se habla de los 40 ladrones, yo en un artículo he señalado que el país ha sido robado por uno 400 ladrones. Esos 400 ladrones antes pertenecían mayormente a los dos partidos principales del país, liberales y nacionalistas, pero actualmente está mayormente constituido por nacionalistas. Todo lo que es el estamento estatal, todo lo que es el árbol del país, de la patria, de la nación, su sistema jurídico, su sistema económico, hasta su sistema cultural podríamos decir, ha sido totalmente distorsionado en provecho de unos pocos.
RP. ¿Desde cuándo se da esto?
JE. Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero se intensificó desde el año 2009 tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. Si nosotros recordamos la deuda que nos dejó el gobierno del innombrable Micheletti fueron 30 mil millones de Lempiras en deuda interna y no pudo realizar una deuda externa porque los organismos internacionales no le prestaban dinero. Sólo el hecho de que haya comprado 10 mil bombas lacrimógena es suficiente para darse cuenta que la prioridad de ese gobierno era la represión y no el desarrollo.
RP. ¿Y qué ha pasado del 2009 a la fecha?
JE. Pues lo mismo. El grupo negociante del país lo que ha hecho es poner todos los recursos naturales al servicio del lucro, del comercio y de la ganancia personal, individual o empresarial en vez de utilizar el beneficio de esos recursos para la población, por lo tanto, es innegable que estamos ante un robo del Estado por parte de un grupo de políticos.
RP. ¿Cuál es el tipo de democracia que tenemos en Honduras?
JE. Desde el momento en que ha habido un fraude electoral no hay democracia, eso es absolutamente lógico. El Congreso Nacional no quiso aprobar las reformas electorales que hubieran permitido un proceso democrático más limpio de lo que fue. El Tribunal Supremo Electoral no acepta más representaciones de los partidos políticos de los que ha establecido para su propio manejo.
RP. ¿A qué tipo de democracia se le debe apostar?
JE. Es bien básico a pesar de toda su profundidad y complejidad. Es una democracia donde el pueblo sea capaz de decidir qué es lo que quiere como nación y donde la actuación del Estado sea beneficiosa para ese mismo pueblo. Recuerde la frase famosa, clásica, aquello de “el gobierno para el pueblo y por el pueblo”, esa es exactamente la democracia. Cuando la población decide quiero que me gobierne esta persona o este grupo político, y cuando, además de eso, la población decide cómo quiere ser gobernada, qué tipo de sistema político desea, y además tiene el derecho para quitar y poner un presidente, está funcionando definitivamente la democracia, en el instante en que se rompe uno de esos tres basamentos entonces ya no tenemos definitivamente un sistema democrático.
RP. ¿Qué queremos en Honduras?
JE. Pues simplemente un Estado que sea capaz de solucionar los graves, terribles, dolorosos problemas de la nación. Mayormente lo que el Papa Francisco ha señalado con la cláusula de las tres “T”: tierra, techo y trabajo. Un Estado que es capaz de dar esos tres elementos a la población definitivamente que es un Estado querido y democrático, así como un Estado que utiliza los grandes recursos naturales de este país, que son inmensos, que son cuantiosos y grandiosos, en el momento en que los utiliza para desarrollar a su población estamos en democracia.
RP. ¿Cuándo se puede detectar que hay democracia en un país?
JE. Es importantísimo partir de dos elementos esenciales: no hay democracia mientras la pobreza del país se mantenga en un 64, 65% y en vez de reducirse se amplía, y no hay democracia mientras la extrema pobreza en el país está en un 42, en un 43% y en vez de reducirse más bien se amplía, por lo tanto, la lucha democrática en el país deben concentrarse en ese campo de acción que son los únicos que van a ser posible mejorar el país.
RP. ¿Dónde está el poder real en Honduras?
JE. Hay dos poderes reales en Honduras: uno visible y otro invisible. El visible lógicamente es del Estado, quienes ocupan el Estado, los partidos políticos, que son capaces de establecer reglas, leyes, impuesto para ayudar a la población o reprimir a la población. Pero hay otro poder que usualmente se le conoce como fáctico, que es invisible o muy escasamente visible. Ese poder que es generalmente bancario, económico, financiero, industrial pero que también pertenece, a veces, a grupos ultraconservadores que no son económicos.
RP. ¿Quién es el actor de la institucionalidad hondureña que sostiene esta crisis?
JE. Lastimosamente una fuerza mayor que impide la expresión del pueblo en su voluntad son las Fuerzas Armadas. En el momento en que el pueblo se manifiesta en las calles, en que sale a ocupar las avenidas, a poner obstáculos para la circulación en forma de protesta, en ese momento entran las Fuerzas Armadas a reprimir, a gasear e incluso a matar, y no es su función, la función de las Fuerzas Armadas es defender la territorialidad, defender la soberanía nacional, y además de ello, asegurar que el sistema, entre comillas democrático hondureño, funcione, pero no es reprimir y matar gente.
RP. ¿La clase política se ha burlado de la Constitución, el contrato social?
JE. Sí, definitivamente sí. Viene burlándose, rompiéndose ese contrato social desde hace muchísimo tiempo, cada vez que hay un golpe de Estado, cada vez que se burla en una elección, lógicamente que se rompe con ese contrato.
RP. ¿Cómo reconstruir ese pacto social?
JE. Básicamente a través de la expresión del pueblo, de la expresión popular. Esa expresión puede ser a través de los medios de comunicación, cuando se lo permitan, desde luego educada, suave, cívica si se quiere llamar así. Pero llega un momento en que se da cuenta el ciudadano de que no sirve, que no se le hace caso, no se le escucha, y entonces es obligatorio, lo permite la Constitución de la República, tiene que irse a la calle, tiene que haber una expresión insurreccional obligada, no es que nosotros queramos que eso ocurra, pero si no se pueden cambiar las cosas por la palabra, por el diálogo, entonces definitivamente tiene que haber una presión social mucho más intensa sobre aquellos que están actuando mal dentro de la nacionalidad.
RP. ¿Estamos lejos de ese escenario?
JE. Bastante lejos, lastimosamente si lo estamos. Incluso dentro de los grupos de oposición, de lo que conocemos en términos generales como la resistencia, no hay claridad, más bien los actores principales de la oposición tienen entre ellos discrepancias que indican que no hay claridad, en muchos casos indican con absoluta visión que algunas personas que pretenden dirigirnos no tienen formación política, dicen hoy una cosa, mañana otra, eso indica que no están preparados para gobernar. Necesitamos nuevos líderes. Mi sueño, mi deseo, mi búsqueda es que la nueva generación, la que está alcanzando los 30 años, esa generación tome el relevo, que se dé cuenta de que si no se lanzan en este momento a construir una nación los mayores explotados serán ellos.
Apuntes de una Historia contra el olvido
Recordarán las actuales y futuras generaciones que la historia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), temblorosa gota de rocío sobre los pétalos de la crónica del suspenso, surgió con la narración del espanto del primer desaparecido. Cuando el Pentágono y los serviles militares hondureños personificados en el sanguinario Gustavo Álvarez Martínez, Billy Joya, Alexander Hernández y Roberto Suazo Córdova, implementaron, con la asesoría argentina-chilena e israelita, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), en Honduras, país que es la estampa de la espera y del suspenso.
Recordaremos que, organizaciones como el COFADEH fue organizado por mujeres, madres, esposas y familiares de compatriotas que secuestraron y asesinaron en aquellos y presentes años del terror. En estas mujeres imperó más el dolor que el miedo; y colocándose una pañoleta blanca sobre la cabeza cual alas de paz, pintaron una manta con los rostros de las y los primeros desaparecidos en que se plasmó el lema ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
De igual manera recordarán que, tenían una pieza pequeña en el segundo piso en donde un día funcionó la farmacia “Santa Bárbara”, ahí, por el mercado Los Dolores en el centro de Tegucigalpa. Desde ese lugar salían las madres y familiares de los detenidos- desaparecidos y asesinados, rumbo a la Plaza Los Desaparecidos, en el parque La Merced a inmediaciones del Congreso Nacional y antigua Casa Presidencial.
Allí extendían la pequeña manta que les digo, y se paraban impávidas, ante el acoso permanente de “los orejas” de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), asesinos a tiempo completo de los y las que luchaban por un respeto a la Soberanía Nacional, mientras estos seres abominables, mantenían un sistema brutal, injusto e inhumano imperante en aquellos años, vigente y más enrabiado hoy.
La historia registra a estas mujeres, sus nombres están en la memoria, ellas aguantaron el acoso brutal militar y el hostigamiento de los miembros del fatídico escuadro de la muerte 3-16, y por más seguridad, buscaron ubicarse en la plazoleta del Parque “La Merced”. Con este acto de memoria en exigencia de justicia, arribarán a 35 años de estar el primer viernes de cada mes, a la misma hora, lloviera o relampagueara; es decir a sol y agua ellas, ellas, las culpables de la esperanza y de la perseverancia contra la impunidad. Continúan con los años ahí, imponentes en actitud de espera.
De igual manera y gracias a Dios, estas oraciones de la espera, padre nuestro de la espera, ese que me fue enseñado para perderle el respeto al miedo. Así que las acompañaba con mis poemas a grito partido. También llegaba aquel flaco musical y tierno, Daniel González “Jerónimo” con su guitarra a entonar a todo pulmón y amor sus canciones contestatarias y testimoniales, Juana Pavón y tantos y tantas.
En estos plantones conocí a compañeras como Mery Agurcia, a una niña Nohemí Pérez que exigía justicia por su hermano Samuel (desaparecido en 1981), a Ninoska Benítez siempre al frente contra el miedo, a Liduvina Hernández (actual presidenta del COFADEH), Gertrudis Lanza, Fidelina Borjas, y una Berta Oliva de contextura delgada pero mirada firme, decisiva, pero con una prudencia, herencia de sus ancestros olanchanos. y a tantas que hoy son honorables y patriotas mujeres bellas en la pelea, en defensa de los perseguidos… Detenidos y desaparecidos.
Hoy, COFADEH es a diferencia de aquellos años duros en que apenas era conocido por los sicarios y orejas del terror, hoy digo, COFADEH es una globalizada familia con un prestigio de dignidad y respeto ganado a pulso, y de una lucha tenaz de la cual soy hijo moto, que suele acudir cada viernes de cada mes al plantón a reclamar justicia, misma que más temprano que tarde llegará.
Aquí dejo estos apuntes para cuando, plumas más afiladas y con más conciencia social, inscriban la historia de COFADEH, con la esperanza de no olvidar, que a decir de César Vallejo “hay golpes en la vida tan fuertes…yo no sé”.
La historia arreglará cuentas allá, porque si estamos en vuestra memoria, somos parte de esta historia.
OFICIAL HONDUREÑO DENUNCIA SECUESTRO Y PERSECUCIÓN DE CÚPULA POLICIAL
El
oficial de Policía, Norman Mondragón (foto en texto), ha denunciado
esta semana, que a partir del video en el que pide no más opresión para
el pueblo en contra de la imposición de la reelección, ha sido objeto de
persecución y secuestro por parte de la cúpula policial.
El
oficial activo de policía, informó ayer en sus redes sociales, que vino
engañado a Tegucigalpa, ya que una vez en las oficinas de Transito, se
le pidió que firmara su carta de renuncia y al no hacerlo, fue tomado
prisionero por el alto mando.
Mondragón
explicó que la cúpula hace uso del proceso de depuración para afectarlo
por su postura en contra de la reelección. Ha calificado que este
procedimiento es “la inquisición de JOH”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
A través de sus redes sociales, el oficial activo de la Policía
Nacional, Norman Mondragón, informó que desde hace varios meses está
siendo perseguido por el alto mando de la institución.
Mondragón,
cansado del contexto de represión, subió un video a su cuenta de
Facebook que se viralizó, en la proyección audivisual, el oficial pide
al gobierno el cese a la opresión de los que se levantaron en contra de
la reelección.
El
policía describe que esta semana se le ordenó venir a la capital como
parte de un engaño, puesto que una vez que viajó desde Ticamaya,
Comayagua hasta Tegucigalpa y se presentó a las oficinas de la Policía
de Tránsito, donde le presentaron una carta de renuncia para que la
firmara por la fuerza.
Luego
de que el joven policía se negará a hacerlo, fue retenido en las
instalaciones de Transito, “engañado me trajeron a firmar el despido”.
Explica que llegó la noche del viernes, pensando en que haría algún
trámite de unas horas; sin embargo al no firmar, se ordenó que no
saliera de las oficinas, “me quieren obligar a dormir en tránsito.
Dejando mis cosas en Ticamaya. Me iré caminando si no me dejan pido su
apoyo”.
El
honorable policía, asegura que ha sido víctima de hostigamiento,
persecución y ahora secuestro, por órdenes del jefe noroccidental de la
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), de San Pedro Sula.
En esta unidad, el oficial al mando responde al nombre de Rommel Lenín
Estrada Pachecho.
Poco
después de denunciar el suceso, el oficial publicó que se había
escapado de Transito, “me salí de Tránsito no me dejaban salir. Estoy
esperando taxi. Si me pasa algo el jefe de la DNVT de SPS. Estrada
Pacheco es el responsable porque mando a retenerme en las instalaciones
de Tránsito sin ningún motivo y me escapé”.
Ayer
en horas del mediodía, el joven policía informó que estaba en su
localidad y que en este domingo presentaría una denuncia formal.
“Gracias por su preocupación los mantendré al tanto de los oficiales que
cumplen órdenes de los jefes de la Policía que están enojados conmigo
después de ver mis vídeos donde les digo que dejen la política y la
opresión al Soberano. De esta lucha sólo en ataúd me sacan. Y la cúpula
Policial ya está trabajando en eso”.
“Dios
siempre me da fuerzas y viene un viento de calma a mi razón son gente
que están rezando por mí. Estoy arreglando mis trapos. Mis compañeros
del parqueo son buenos policías les habían dado la orden de que no me
dejaran entrar por mis cosas y ellos me dejaron llevármelas. Tal vez no
tienen problema por esto”, apuntó Mondragón.
Hace
unos momentos, en otra publicación en sus redes, ratificó que sigue
siendo un miembro activo de la Policía, “SIGO SIENDO POLICÍA. No firmé
ningún papel. El señor jefe de la Policía Nacional justifica su abuso
mediante muchos decretos aprobados por el gobierno para sacar a todo
policía que vaya en contra del inconstitucional gobierno de JOH (Juan
Orlando Hernández). Y dicen que no son políticos. El comité de
depuración es la Inquisición de JOH para acabar con policías fieles al
SOBERANO y a la Constitución”.
Tener una escolta policial las 24 horas por los siete días de la
semana no es nada fácil para quien le toca hacer periodismo en Honduras,
pero que esa escolta sea torpedeada y la obliguen a renunciar, eso ya
traspasa los límites del Abuso de Autoridad. Tal cosa le pasa al
periodista Jairo López, los agentes que le brindan seguridad solo le
duran dos meses como máximo porque alguien se encarga de meterles miedo.
Jairo López es uno de los pocos periodistas críticos en el Sur de
Honduras, un país donde ejercer la profesión es tan peligroso como
colocarse en un paredón de ejecución arbitraria si no se sigue la línea
oficial de maquillar la realidad para que no salga a la luz pública la
verdad.
Desde principios de 2017 López ingresó al Mecanismo de Protección, una instancia creada a raíz de la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada por el parlamento hondureño en mayo de 2015, en los umbrales del Examen Periódico Universal, EPU, donde Honduras se alzó con 152 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, 23 más que en el del 2010 que fueron 129, en materia de la situación de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión e información.
Tropiezos y trampas
Jairo López dijo a pasosdeanimalgrande.com que sus escoltas duran solamente dos meses por mucho ya que les mantienen en constante zozobra. Dos de ellos se le fueron cuando menos lo pensaba, a uno le fueron a tomar fotos a su casa, “es probable que esa fue la causa de su salida o mejor dicho su huida, no es para menos cuando la familia está bajo ataque”, dijo el comunicador social quien enfrenta campañas de desprestigio, cierres de espacios, estigmatización de su labor periodística por funcionarios militares, policiales y gubernamentales, así como constante vigilancia y seguimiento.
López se pregunta por qué tanta rabia con su trabajo,” no me dejan a sol ni a sombra, están tan expectantes de lo que digo en mi programa de televisión El Informador que cada vez sacan un afiche nuevo, nunca había experimentado una situación parecida”.
El anterior Jefe Departamental de la Policía, el Comisionado Eduardo Turcios, quien ya salió del puesto hace pocos días, se resistía a implementar las medidas de protección aprobadas por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que lo integran diversas instituciones del Estado entre ellas la Secretaría de Seguridad. La ex directora del Mecanismo, la abogada Nora Urbina, se vio en la obligación de viajar al Sur para poner las cosas claras. Hubo algunas mejoras momentáneas y después todo volvió a lo mismo, lo que denota que a las autoridades civiles los organismos de seguridad como la Policía Preventiva, no les hacen caso.
A Jairo López le toca pagar la comida de la escolta policial, los siete días de la semana, los tres tiempos de alimentación, quién aguanta el presupuesto con tantos gastos?, se preguntó ya casi resignado, pues el Estado de Honduras a través del Mecanismo de Protección no le dan respuestas sobre este tema que le tiene las bolsas vacías.
Aunque tiene medidas de protección relató que el martes 01 de mayo de este año, ingresó a la colonia donde reside en Choluteca, un vehículo Toyota color gris, nuevo, donde se transportaban un hombre y una mujer. “La mujer con una cámara empezó a tomar fotografías de mi casa pero fue descubierta por el guardia de seguridad de la colonia quien se aproximó a ellos y les preguntó quiénes eran, al no obtener respuesta procedió a decirles que salieran de la zona”.
El 27 de abril pasado a eso de la 1 y 30 p.m. dos hombres con uniformes de la empresa Energía Honduras llegaron hasta su casa supuestamente para cambiar el contador lo cual él no había solicitado.
“Quisieron obligar a una persona que estaba en la casa para que les abriera la puerta, pero como ella se negó entonces quisieron saltar el muro, los perros empezaron a ladrar y los hombres se fueron”, denunció.
Esos son algunos de los incidentes, el recuento de los mismos es interminable, el Mecanismo de Protección está siendo informado de cada uno de ellos.
Hace 10 días llegó otro Jefe Departamental de la Policía al Sur de país, el Subcomisionado Ponce Calderón, Jairo López asegura que casi nada ha cambiado y que todas las fuerzas del mal se unen para hacerle la vida muy gris, eso es parecido como cuando se aproxima una gran tormenta, finalizó.
Desde principios de 2017 López ingresó al Mecanismo de Protección, una instancia creada a raíz de la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada por el parlamento hondureño en mayo de 2015, en los umbrales del Examen Periódico Universal, EPU, donde Honduras se alzó con 152 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, 23 más que en el del 2010 que fueron 129, en materia de la situación de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión e información.
Tropiezos y trampas
Jairo López dijo a pasosdeanimalgrande.com que sus escoltas duran solamente dos meses por mucho ya que les mantienen en constante zozobra. Dos de ellos se le fueron cuando menos lo pensaba, a uno le fueron a tomar fotos a su casa, “es probable que esa fue la causa de su salida o mejor dicho su huida, no es para menos cuando la familia está bajo ataque”, dijo el comunicador social quien enfrenta campañas de desprestigio, cierres de espacios, estigmatización de su labor periodística por funcionarios militares, policiales y gubernamentales, así como constante vigilancia y seguimiento.
López se pregunta por qué tanta rabia con su trabajo,” no me dejan a sol ni a sombra, están tan expectantes de lo que digo en mi programa de televisión El Informador que cada vez sacan un afiche nuevo, nunca había experimentado una situación parecida”.
El anterior Jefe Departamental de la Policía, el Comisionado Eduardo Turcios, quien ya salió del puesto hace pocos días, se resistía a implementar las medidas de protección aprobadas por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que lo integran diversas instituciones del Estado entre ellas la Secretaría de Seguridad. La ex directora del Mecanismo, la abogada Nora Urbina, se vio en la obligación de viajar al Sur para poner las cosas claras. Hubo algunas mejoras momentáneas y después todo volvió a lo mismo, lo que denota que a las autoridades civiles los organismos de seguridad como la Policía Preventiva, no les hacen caso.
A Jairo López le toca pagar la comida de la escolta policial, los siete días de la semana, los tres tiempos de alimentación, quién aguanta el presupuesto con tantos gastos?, se preguntó ya casi resignado, pues el Estado de Honduras a través del Mecanismo de Protección no le dan respuestas sobre este tema que le tiene las bolsas vacías.
Aunque tiene medidas de protección relató que el martes 01 de mayo de este año, ingresó a la colonia donde reside en Choluteca, un vehículo Toyota color gris, nuevo, donde se transportaban un hombre y una mujer. “La mujer con una cámara empezó a tomar fotografías de mi casa pero fue descubierta por el guardia de seguridad de la colonia quien se aproximó a ellos y les preguntó quiénes eran, al no obtener respuesta procedió a decirles que salieran de la zona”.
El 27 de abril pasado a eso de la 1 y 30 p.m. dos hombres con uniformes de la empresa Energía Honduras llegaron hasta su casa supuestamente para cambiar el contador lo cual él no había solicitado.
“Quisieron obligar a una persona que estaba en la casa para que les abriera la puerta, pero como ella se negó entonces quisieron saltar el muro, los perros empezaron a ladrar y los hombres se fueron”, denunció.
Esos son algunos de los incidentes, el recuento de los mismos es interminable, el Mecanismo de Protección está siendo informado de cada uno de ellos.
Hace 10 días llegó otro Jefe Departamental de la Policía al Sur de país, el Subcomisionado Ponce Calderón, Jairo López asegura que casi nada ha cambiado y que todas las fuerzas del mal se unen para hacerle la vida muy gris, eso es parecido como cuando se aproxima una gran tormenta, finalizó.
Los oficiales de la Policía Preventiva, Juan Manuel Aguilar Godoy;
Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, que torturaron a cuatro
defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, le apostaron este 16
de mayo de 2018 a desprestigiar la labor de los defensores de derechos
humanos con el objetivo de justificar sus graves abusos y no ir a la
cárcel.
Este miércoles 16 de mayo se llevaron a cabo las conclusiones de la
Audiencia Inicial, donde los tres imputados están acusados aparte del
delito de torturas, de detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad,
violación a los deberes de los funcionarios, contra las víctimas que aún
esperan justicia y la aplicación imparcial de la Ley. Mañana jueves 17
de mayo habrá otra audiencia para las réplicas, se supone que después se
producirá el fallo de la juez a cargo del juicio.
Los hechos ocurrieron el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuando las defensoras Tomy Morales,(ASOPODEHU, y Hedme Castro (ACI-Participa), y los defensores Carlos del Cid)Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos) y Ariel Díaz (CIPRODEH), trataban de proteger a ocho estudiantes de una detención ilegal que los policías pretendían efectuar violentando la legislación nacional.
Abogados acusadores fueron contundentes
Mientras tanto la parte acusadora constituida por el Ministerio
Público y los abogados Omar Menjivar, Kenia Oliva y Alejandro Mairena,
argumentaron la ilegalidad con que actuaron los oficiales.
La abogada Kenia Oliva, de C-LIBRE, quien forma parte de los abogados de los defensores de derechos humanos, informó que aportaron como prueba la orden de la Jueza que ordenó el desalojo en la UNAH el 08 de septiembre, donde pide a la policía que únicamente acompañen a los jueces ejecutores del desalojo para darles seguridad, “es decir que el mandato que la juez da a la policía debía terminar una vez que los jueces ejecutores realizan su labor de desalojar los 10 edificios, por eso se juramentaron 10 jueces ejecutores. El oficial Félix Colindres que es quien está al mando del operativo hace un informe, lo cual incorporamos como prueba documental donde él dice que los edificios estaban desalojados a las 8:10 a.m. , entonces la policía no debían permanecer más tiempo en la UNAH porque no tenían una orden para hacerlo, Este informe también lo aportamos como prueba documental”.
Otra prueba documental que aportamos es el informe es el Apolo III que fue realizado por la policía el 05 de septiembre donde planearon toda la operación donde hablan de tanquetas, usar drones, helicópteros, para hacer un desalojo en la universidad, sin embargo hasta ese momento la UNAH no había presentado ninguna denuncia ni a la policía ni al Ministerio Público, por lo tanto es un acto deliberado y abusivo de la policía hacer esta planificación sin tener la denuncia ni una orden judicial, ya que el delito de Usurpación es a instancia de particular y no de oficio, agregó Oliva.
Los alegatos quieren evitar la cárcel y desprestigiar la labor de DDHH en Honduras
Los oficiales han hecho uso de todas las argucias posibles para
zafarse de la cárcel, desde conseguir las personerías jurídicas de las
organizaciones a las que pertenecen los defensores, hasta la utilización
de testigos como el jefe de seguridad de la UNAH que está en todos los
juicios promovidos desde la esa institución educativa contra los
estudiantes, así como al oficial Leonel Sauceda, a quien el Ministerio
Público no ha acusado aún a pesar de haber participado activamente en
los hechos.
Desde el inicio del juicio el 28 de febrero de este año, la defensa de los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, han tratado de justificar los delitos de lesa humanidad cometidos, pero los hechos y los dichos distan mucho de coincidir y cada vez van saliendo datos que los hunden .
Carlos Del Cid se hizo presente a la audiencia de conclusiones este día y relató que “la defensa de los oficiales hizo acopio del desprestigio encarnizado contra Tomy Morales y contra él, con mucha saña, presentándoles como victimarios y que estaban según ellos a favor de la violencia del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU”.
O sea que ellos pretenden justificar sus delitos tratando de desprestigiarnos no solo a nosotros sino la labor de defensa de los derechos humanos en el país, lo cual lleva un objetivo intrínseco que es obstaculizar nuestro trabajo para que ya no defendamos derechos fundamentales y los violadores de estos derechos estén a sus anchas cometiendo abusos, recalcó Del Cid.
“Los abogados fueron contundentes. Al final tuve que denunciar ante la jueza que los oficiales me estaban dando seguimiento y que era urgente que se tomara una decisión en el juicio por los delitos que cometieron”, informó Del Cid.
En las audiencias han asistido delegaciones internacionales como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), Brigadas Internacionales de Paz, PBI; Embajada de los Estados Unidos, entre otras. También representantes de las organizaciones ACI-Participa. Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, ASOPODEHU, y muy constante la presencia de Carlos Del Cid y Hedme Castro.
Por qué se incluye el delito de torturas?
Los abusos cometidos por la alta oficialidad de la Policía Preventiva calzan con lo que dice la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que:
Los hechos ocurrieron el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuando las defensoras Tomy Morales,(ASOPODEHU, y Hedme Castro (ACI-Participa), y los defensores Carlos del Cid)Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos) y Ariel Díaz (CIPRODEH), trataban de proteger a ocho estudiantes de una detención ilegal que los policías pretendían efectuar violentando la legislación nacional.
Abogados acusadores fueron contundentes
 Abogada Kenia Oliva |
La abogada Kenia Oliva, de C-LIBRE, quien forma parte de los abogados de los defensores de derechos humanos, informó que aportaron como prueba la orden de la Jueza que ordenó el desalojo en la UNAH el 08 de septiembre, donde pide a la policía que únicamente acompañen a los jueces ejecutores del desalojo para darles seguridad, “es decir que el mandato que la juez da a la policía debía terminar una vez que los jueces ejecutores realizan su labor de desalojar los 10 edificios, por eso se juramentaron 10 jueces ejecutores. El oficial Félix Colindres que es quien está al mando del operativo hace un informe, lo cual incorporamos como prueba documental donde él dice que los edificios estaban desalojados a las 8:10 a.m. , entonces la policía no debían permanecer más tiempo en la UNAH porque no tenían una orden para hacerlo, Este informe también lo aportamos como prueba documental”.
Otra prueba documental que aportamos es el informe es el Apolo III que fue realizado por la policía el 05 de septiembre donde planearon toda la operación donde hablan de tanquetas, usar drones, helicópteros, para hacer un desalojo en la universidad, sin embargo hasta ese momento la UNAH no había presentado ninguna denuncia ni a la policía ni al Ministerio Público, por lo tanto es un acto deliberado y abusivo de la policía hacer esta planificación sin tener la denuncia ni una orden judicial, ya que el delito de Usurpación es a instancia de particular y no de oficio, agregó Oliva.
Los alegatos quieren evitar la cárcel y desprestigiar la labor de DDHH en Honduras
Carlos del Cid Tomy Morales
La saña legal de la oficialidad acusada se enfoca hacia la labor de ambos defensores
|
Desde el inicio del juicio el 28 de febrero de este año, la defensa de los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, han tratado de justificar los delitos de lesa humanidad cometidos, pero los hechos y los dichos distan mucho de coincidir y cada vez van saliendo datos que los hunden .
Carlos Del Cid se hizo presente a la audiencia de conclusiones este día y relató que “la defensa de los oficiales hizo acopio del desprestigio encarnizado contra Tomy Morales y contra él, con mucha saña, presentándoles como victimarios y que estaban según ellos a favor de la violencia del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU”.
O sea que ellos pretenden justificar sus delitos tratando de desprestigiarnos no solo a nosotros sino la labor de defensa de los derechos humanos en el país, lo cual lleva un objetivo intrínseco que es obstaculizar nuestro trabajo para que ya no defendamos derechos fundamentales y los violadores de estos derechos estén a sus anchas cometiendo abusos, recalcó Del Cid.
“Los abogados fueron contundentes. Al final tuve que denunciar ante la jueza que los oficiales me estaban dando seguimiento y que era urgente que se tomara una decisión en el juicio por los delitos que cometieron”, informó Del Cid.
En las audiencias han asistido delegaciones internacionales como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), Brigadas Internacionales de Paz, PBI; Embajada de los Estados Unidos, entre otras. También representantes de las organizaciones ACI-Participa. Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, ASOPODEHU, y muy constante la presencia de Carlos Del Cid y Hedme Castro.
Por qué se incluye el delito de torturas?
Los abusos cometidos por la alta oficialidad de la Policía Preventiva calzan con lo que dice la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que:
1.
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término
"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
Video delata las torturas y demás abusos, veálo AQUÍ Guatemala e Israel, una historia antigua y sangrienta
por Maurice Lemoine
08/01/2018 - LA HAINE
El genocida Ríos Montt declaró al periódico
español ABC: "Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron
entrenados por los israelíes"
Por
una amplia mayoría 128 países miembros de las Naciones Unidas, de un
total de 193, condenaron el 21 de diciembre de 2017 el reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel declarado por el presidente de EEUU
Donald Trump. El texto de la resolución repetía, agrandes rasgos, un
proyecto apoyado por 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en
el que EEUU tuvo que utilizar su veto de miembro permanente para impedir
que se adoptara.
Con el fin de evitar esta condena masiva de la comunidad internacional, previamente Washington multiplicó las amenazas y las presiones. Así, 35 Estados se abstuvieron y 21 juzgaron prudente no tomar parte en la votación. Entre los abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva» de algunos comparsas continentales: México, Argentina y Canadá. Pero, por supuesto, fueron «siete grandes potencias» totalmente alineadas con Washington y Tel Aviv las que llamaron la atención: las islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo y sobre todo, del tradicional patio trasero, Honduras y Guatemala.
Nada sorprendente en el caso de Honduras, donde Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de autoproclamarse reelegido en una elección presidencial en condiciones tan escandalosas que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) protestó por la irregularidad (1). Trump por el contrario, y contra toda evidencia, reconoció la «victoria», se entiende que «JOH» rivalizase en servilismo. Sin embargo, en el registro de «alianzas dudosas y compromisos absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo hizo todavía mejor: el 24 de diciembre anunció su intención de imitar a Washington trasladando su embajada de Herzliya (barrio de Tel-Aviv) a Jerusalén, en desafío del voto de condena de la Asamblea General de las Nacionales Unidas.
Al igual que Honduras, Guatemala se encuentra en posición de gran debilidad frente al eventual mal humor de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Aunque modesta y dirigida prioritariamente a las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda económica de Washington es vital para esta nación abandonada. Además el chantaje de la expulsión pende sobre el millón de guatemaltecos que residen más o menos legalmente en territorio estadounidense y permiten la supervivencia de sus compatriotas gracias a las remesas. Casi 40.000 de esos emigrantes ya fueron repatriados manu militari en 2017.
Finalmente, al igual que «JOH», Jimmy Morales arrastra algunos escándalos que solo pueden incitarle a la más pragmática de las sumisiones. Desde 2015, encargada por las Naciones Unidas y Washington, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) lleva en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no sin resultados: en 2015 la comisión hizo destituir y encarcelar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por malversación de fondos.
A su vez Jimmy Morales, tras acceder a la cabeza del Estado, se ha señalado por algunas «fruslerías». En septiembre de 2017, por ejemplo, se descubrió que percibía todos los meses de las fuerzas armadas, con total discreción, una presunta «prima de riesgo» de 7.300 dólares (un incremento irregular de su salario del 33 %) Después otra revelación agitó la opinión pública: 800.000 dólares de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de Convergencia Nacional del que era el candidato. La Procuradora General Thelma Aldana y la CICIG demandaron que se levantara su impunidad y se permitiera juzgarle y Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están encarcelados por emitir facturas falsas), apoyado por la extrema derecha y antiguos militares, replicó declarando persona non grata y pretendiendo expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e internacionales y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y anuló. En semejante contexto, atraerse la simpatía de Trump no es nada secundario para el jefe del Estado centroamericano.
Pero la decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde solo a esa preocupación. Al hacer el anuncio Jimmy Morales informó de una entrevista telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el curso de la cual ambos mandatarios señalaron las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países «desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Recordemos brevemente ese episodio, que no es el más importante (para los guatemaltecos, se entiende). El hecho es que ese pequeño Estado de América central fue el segundo (¡Inmediatamente detrás de EEUU!) que reconoció la existencia de un «Estado judío» en territorio palestino el 14 de mayo de 1948.
En el origen de esta presencia en los primeros tiempos de las convulsiones del lejano Oriente Próximo, se encuentra un diplomático progresista (o al menos reformista), Jorge García Granados. Hijo menor de un jefe de Estado encarcelado y torturado por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió en el bando republicano de la guerra civil española antes de unirse a la «Revolución de Octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de Guatemala.
Marcado por el control colonial de Londres sobre la Honduras británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente reivindicado por Guatemala, Granados, miembro del Comité Especial para Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 (2), veía con buenos ojos el fin del mandato británico sobre ese territorio y como la mayoría de los miembros de la Comisión recomendó su partición entre un Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel unos meses después), con un estatuto especial internacional para Jerusalén bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas (3). A pesar de lo que se pueda pensar a posteriori, nada que ver con las ineptas iniciativas de Trump y después de Jimmy Morales que, a finales de diciembre de 2017, han pisoteado los derechos más elementales de los palestinos.
Tras las elecciones de 1944, Guatemala vivió 10 años de «primavera democrática» bajo las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por un golpe de Estado que organizaron la compañía bananera americana United Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado la Central Intelligence Agency (CIA), marca el principio de una tragedia de la cual Granados solo conoció el principio, puesto que murió en 1961.
Muy poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio –apodado «el chacal de Zacapa»– con el apoyo de los instructores y los Boinas verdes estadounidenses, dirige una campaña de represión sin precedentes contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad. Los asesinatos políticos llegaron a la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968. Convertido en general y llegado al poder en 1970, Arana Osorio se declaró decidido «si fuese necesario, a convertir el país en un cementerio para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000 guatemaltecos pagaron con su vida esa filosofía.
A pesar de la convergencia de los intereses de la nueva oligarquía militar y las multinacionales estadounidenses (Hanna Mining, Del Monte, Standard Brands –nueva rama de la UFCo-) la amplitud y los métodos de la represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos -150 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza de la ciudad de Panzos- llevaron al presidente James Carter a suspender la ayuda militar de EEUU. Desde entonces la «diplomacia del Uzi» (en referencia al potente y célebre fusil de asalto israelí) va a desempeñar un papel preponderante.
La asistencia militar israelí a Guatemala había empezado oficialmente en 1971. Desde 1975 el Estado terrorista proporcionaba los aviones Aravaet y diversos tipos de armamento –cañones, armas individuales- que EEUU dejó de suministrar. Cuando en 1977 Carter interrumpió totalmente la venta de armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general Lucas García fue «elegido» en 1978, mediante un fraude descarado y con una tasa de abstención del 63,5 %. Este imposible regreso a la vía política provocó la aparición de las guerrillas. En 1975, en primer lugar en la región del Ixcán, reaparece el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento precedente antes de replegarse a México. En 1979 surgió la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El poderoso lobby guatemalteco «Asociación de los Amigos del país» invirtió varios cientos de miles de dólares en el Partido Republicano como contribución a la campaña electoral de Ronald Reagan. Cuando este llegó a la Casa Blanca las relaciones se volvieron menos difíciles. Aparte de los intereses estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los militares guatemaltecos (el 33 % de la región petrolera del Petén les pertenecía) ofrecía ahora más oportunidades, además de las de la oligarquía nacional tradicional, a las posibilidades de beneficio de las empresas estadounidenses.
Cuando en el segundo semestre de 1981 el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, llegó a los sectores más moderados de la sociedad, incluida la democracia cristiana. Una primera etapa de «pacificación» se tradujo en masacres y la destrucción de más de 250 pueblos indígenas considerados bases del apoyo a la insurrección armada. Este período de toma de control total de la población se saldó con alrededor de 20.000 muertos, la huida de aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron mayoritariamente en el sur de México, un millón de personas desplazadas y la militarización de la administración del Estado.
Efectuando «un trabajo fantástico» , según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores militares israelíes respaldaban al servicio de inteligencia guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la población. Gracias a los ordenadores fabricados en Israel, el ejército guatemalteco descubre y destruye en 1981 veintisiete escondites de las organizaciones revolucionarias a través de un análisis de los consumos nocturnos de agua y electricidad en la ciudad de Guatemala. Además de la construcción de una fábrica de armas en la provincia de la Alta Verapaz por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribe en el «programa de pacificación rural» responsable de la muerte de miles de campesinos pertenecientes a los pueblos mayas. Ese siniestro plan se inspira directamente, según su responsable el coronel Eduardo Walhero, en el Nahal Program –«Jóvenes pioneros combatientes»– destinado a formar a jóvenes soldados en técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general Aníbal Guevara, ganador en 1982 de uno de los escrutinios más fraudulentos de la historia del país, lleva al golpe de Estado del general Efraín Ríos Montt, especialista en la contrainsurrección y candidato electo expulsado de la democracia cristiana en 1974. Este relanza la ofensiva contra el movimiento armado, unificado entonces en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia «tortilla, techo, trabajo» agrupa a las poblaciones de las aldeas estratégicas bajo el modelo estadounidense utilizado en Vietnam, el reclutamiento forzoso de los indios en patrullas civiles de autodefensa (PAC). Bajo el lema «Fusiles y frijoles» esas patrullas servirían fundamentalmente de carne de cañón –solo el 5 % de esos pseudovoluntarios estaban armados- y permitían vigilar constantemente a «los 265.000 campesinos» que según el ejército «ayudan a la guerrilla». Todo esto siempre con la atenta ayuda de Tel Aviv cuando, bajo el régimen de Ríos Montt, 18.000 campesinos fueron masacrados, víctimas de las peores atrocidades.
Cuando las luchas populares triunfaban en la vecina Nicaragua, progresaban en El Salvador y en menor medida en Honduras, Guatemala se convirtió en un centro de difusión regional, el 30 % de las armas israelíes recibidas se revendían en la zona –especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (la contra)-
«Nuestros dos países comparten los mismos objetivos y las mismas cualidades, como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró finalmente (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida la ayuda militar de Washington esta se añade a la de Tel Aviv, que no se interrumpe. Cuando el conflicto acabó, en 1996, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas reveló que se saldó con el desplazamiento de un millón y medio de personas y la muerte de 200.000 –el 93 % víctima de los grupos paramilitares y el ejército- Aunque la tragedia se desarrolló a lo largo de más de tres decenios, los picos más atroces de violencia provocados por la estrategia de tierra quemada se desarrollaron entre 1980 y 1983, bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Atrapado por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado por «genocidio y crímenes contra la humanidad» (aunque el Tribunal Constitucional guatemalteco se apresuró después a anular el proceso). En 1982, es el mismo Ríos Montt quien declaraba al periódico español ABC: «Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron entrenados por los israelíes».
Doscientos mil muertos no se pueden comparar con seis millones. Pero aún así… en pleno siglo XX, apenas algunos años después de revelarse el crimen absoluto del Holocausto, un genocidio es un genocidio. Una monstruosidad que según Jimmy Morales y Netanyahu permitió a los gobernantes de ambos países, a lo largo de esos años sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Ahora para mayor desgracia de los palestinos.
Notas:
(1) Leer «Au Honduras, le coup d’Etat permanent», Mémoire des Luttes, 5 décembre 2017, http://www.medelu.org/Au-Hondu
(2) Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947, el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP) constaba de los representantes de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Checoslovaquia, Uruguay y Yugoslavia).
(3) Una vez proclamada la independencia del Estado de Israel en 1948, Granados sería el primer diplomático que anunció en las Naciones Unidas el reconocimiento de Israel por su país. A partir de 1956 fue el primer embajador de Guatemala
Mémoire des luttes. Traducido del francés para Rebelión por Caty R. Extractado por La Haine
Con el fin de evitar esta condena masiva de la comunidad internacional, previamente Washington multiplicó las amenazas y las presiones. Así, 35 Estados se abstuvieron y 21 juzgaron prudente no tomar parte en la votación. Entre los abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva» de algunos comparsas continentales: México, Argentina y Canadá. Pero, por supuesto, fueron «siete grandes potencias» totalmente alineadas con Washington y Tel Aviv las que llamaron la atención: las islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo y sobre todo, del tradicional patio trasero, Honduras y Guatemala.
Nada sorprendente en el caso de Honduras, donde Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de autoproclamarse reelegido en una elección presidencial en condiciones tan escandalosas que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) protestó por la irregularidad (1). Trump por el contrario, y contra toda evidencia, reconoció la «victoria», se entiende que «JOH» rivalizase en servilismo. Sin embargo, en el registro de «alianzas dudosas y compromisos absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo hizo todavía mejor: el 24 de diciembre anunció su intención de imitar a Washington trasladando su embajada de Herzliya (barrio de Tel-Aviv) a Jerusalén, en desafío del voto de condena de la Asamblea General de las Nacionales Unidas.
Al igual que Honduras, Guatemala se encuentra en posición de gran debilidad frente al eventual mal humor de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Aunque modesta y dirigida prioritariamente a las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda económica de Washington es vital para esta nación abandonada. Además el chantaje de la expulsión pende sobre el millón de guatemaltecos que residen más o menos legalmente en territorio estadounidense y permiten la supervivencia de sus compatriotas gracias a las remesas. Casi 40.000 de esos emigrantes ya fueron repatriados manu militari en 2017.
Finalmente, al igual que «JOH», Jimmy Morales arrastra algunos escándalos que solo pueden incitarle a la más pragmática de las sumisiones. Desde 2015, encargada por las Naciones Unidas y Washington, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) lleva en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no sin resultados: en 2015 la comisión hizo destituir y encarcelar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por malversación de fondos.
A su vez Jimmy Morales, tras acceder a la cabeza del Estado, se ha señalado por algunas «fruslerías». En septiembre de 2017, por ejemplo, se descubrió que percibía todos los meses de las fuerzas armadas, con total discreción, una presunta «prima de riesgo» de 7.300 dólares (un incremento irregular de su salario del 33 %) Después otra revelación agitó la opinión pública: 800.000 dólares de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de Convergencia Nacional del que era el candidato. La Procuradora General Thelma Aldana y la CICIG demandaron que se levantara su impunidad y se permitiera juzgarle y Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están encarcelados por emitir facturas falsas), apoyado por la extrema derecha y antiguos militares, replicó declarando persona non grata y pretendiendo expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e internacionales y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y anuló. En semejante contexto, atraerse la simpatía de Trump no es nada secundario para el jefe del Estado centroamericano.
Pero la decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde solo a esa preocupación. Al hacer el anuncio Jimmy Morales informó de una entrevista telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el curso de la cual ambos mandatarios señalaron las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países «desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Recordemos brevemente ese episodio, que no es el más importante (para los guatemaltecos, se entiende). El hecho es que ese pequeño Estado de América central fue el segundo (¡Inmediatamente detrás de EEUU!) que reconoció la existencia de un «Estado judío» en territorio palestino el 14 de mayo de 1948.
En el origen de esta presencia en los primeros tiempos de las convulsiones del lejano Oriente Próximo, se encuentra un diplomático progresista (o al menos reformista), Jorge García Granados. Hijo menor de un jefe de Estado encarcelado y torturado por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió en el bando republicano de la guerra civil española antes de unirse a la «Revolución de Octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de Guatemala.
Marcado por el control colonial de Londres sobre la Honduras británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente reivindicado por Guatemala, Granados, miembro del Comité Especial para Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 (2), veía con buenos ojos el fin del mandato británico sobre ese territorio y como la mayoría de los miembros de la Comisión recomendó su partición entre un Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel unos meses después), con un estatuto especial internacional para Jerusalén bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas (3). A pesar de lo que se pueda pensar a posteriori, nada que ver con las ineptas iniciativas de Trump y después de Jimmy Morales que, a finales de diciembre de 2017, han pisoteado los derechos más elementales de los palestinos.
Tras las elecciones de 1944, Guatemala vivió 10 años de «primavera democrática» bajo las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por un golpe de Estado que organizaron la compañía bananera americana United Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado la Central Intelligence Agency (CIA), marca el principio de una tragedia de la cual Granados solo conoció el principio, puesto que murió en 1961.
Muy poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio –apodado «el chacal de Zacapa»– con el apoyo de los instructores y los Boinas verdes estadounidenses, dirige una campaña de represión sin precedentes contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad. Los asesinatos políticos llegaron a la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968. Convertido en general y llegado al poder en 1970, Arana Osorio se declaró decidido «si fuese necesario, a convertir el país en un cementerio para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000 guatemaltecos pagaron con su vida esa filosofía.
A pesar de la convergencia de los intereses de la nueva oligarquía militar y las multinacionales estadounidenses (Hanna Mining, Del Monte, Standard Brands –nueva rama de la UFCo-) la amplitud y los métodos de la represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos -150 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza de la ciudad de Panzos- llevaron al presidente James Carter a suspender la ayuda militar de EEUU. Desde entonces la «diplomacia del Uzi» (en referencia al potente y célebre fusil de asalto israelí) va a desempeñar un papel preponderante.
La asistencia militar israelí a Guatemala había empezado oficialmente en 1971. Desde 1975 el Estado terrorista proporcionaba los aviones Aravaet y diversos tipos de armamento –cañones, armas individuales- que EEUU dejó de suministrar. Cuando en 1977 Carter interrumpió totalmente la venta de armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general Lucas García fue «elegido» en 1978, mediante un fraude descarado y con una tasa de abstención del 63,5 %. Este imposible regreso a la vía política provocó la aparición de las guerrillas. En 1975, en primer lugar en la región del Ixcán, reaparece el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento precedente antes de replegarse a México. En 1979 surgió la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El poderoso lobby guatemalteco «Asociación de los Amigos del país» invirtió varios cientos de miles de dólares en el Partido Republicano como contribución a la campaña electoral de Ronald Reagan. Cuando este llegó a la Casa Blanca las relaciones se volvieron menos difíciles. Aparte de los intereses estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los militares guatemaltecos (el 33 % de la región petrolera del Petén les pertenecía) ofrecía ahora más oportunidades, además de las de la oligarquía nacional tradicional, a las posibilidades de beneficio de las empresas estadounidenses.
Cuando en el segundo semestre de 1981 el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, llegó a los sectores más moderados de la sociedad, incluida la democracia cristiana. Una primera etapa de «pacificación» se tradujo en masacres y la destrucción de más de 250 pueblos indígenas considerados bases del apoyo a la insurrección armada. Este período de toma de control total de la población se saldó con alrededor de 20.000 muertos, la huida de aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron mayoritariamente en el sur de México, un millón de personas desplazadas y la militarización de la administración del Estado.
Efectuando «un trabajo fantástico» , según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores militares israelíes respaldaban al servicio de inteligencia guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la población. Gracias a los ordenadores fabricados en Israel, el ejército guatemalteco descubre y destruye en 1981 veintisiete escondites de las organizaciones revolucionarias a través de un análisis de los consumos nocturnos de agua y electricidad en la ciudad de Guatemala. Además de la construcción de una fábrica de armas en la provincia de la Alta Verapaz por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribe en el «programa de pacificación rural» responsable de la muerte de miles de campesinos pertenecientes a los pueblos mayas. Ese siniestro plan se inspira directamente, según su responsable el coronel Eduardo Walhero, en el Nahal Program –«Jóvenes pioneros combatientes»– destinado a formar a jóvenes soldados en técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general Aníbal Guevara, ganador en 1982 de uno de los escrutinios más fraudulentos de la historia del país, lleva al golpe de Estado del general Efraín Ríos Montt, especialista en la contrainsurrección y candidato electo expulsado de la democracia cristiana en 1974. Este relanza la ofensiva contra el movimiento armado, unificado entonces en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia «tortilla, techo, trabajo» agrupa a las poblaciones de las aldeas estratégicas bajo el modelo estadounidense utilizado en Vietnam, el reclutamiento forzoso de los indios en patrullas civiles de autodefensa (PAC). Bajo el lema «Fusiles y frijoles» esas patrullas servirían fundamentalmente de carne de cañón –solo el 5 % de esos pseudovoluntarios estaban armados- y permitían vigilar constantemente a «los 265.000 campesinos» que según el ejército «ayudan a la guerrilla». Todo esto siempre con la atenta ayuda de Tel Aviv cuando, bajo el régimen de Ríos Montt, 18.000 campesinos fueron masacrados, víctimas de las peores atrocidades.
Cuando las luchas populares triunfaban en la vecina Nicaragua, progresaban en El Salvador y en menor medida en Honduras, Guatemala se convirtió en un centro de difusión regional, el 30 % de las armas israelíes recibidas se revendían en la zona –especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (la contra)-
«Nuestros dos países comparten los mismos objetivos y las mismas cualidades, como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró finalmente (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida la ayuda militar de Washington esta se añade a la de Tel Aviv, que no se interrumpe. Cuando el conflicto acabó, en 1996, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas reveló que se saldó con el desplazamiento de un millón y medio de personas y la muerte de 200.000 –el 93 % víctima de los grupos paramilitares y el ejército- Aunque la tragedia se desarrolló a lo largo de más de tres decenios, los picos más atroces de violencia provocados por la estrategia de tierra quemada se desarrollaron entre 1980 y 1983, bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Atrapado por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado por «genocidio y crímenes contra la humanidad» (aunque el Tribunal Constitucional guatemalteco se apresuró después a anular el proceso). En 1982, es el mismo Ríos Montt quien declaraba al periódico español ABC: «Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron entrenados por los israelíes».
Doscientos mil muertos no se pueden comparar con seis millones. Pero aún así… en pleno siglo XX, apenas algunos años después de revelarse el crimen absoluto del Holocausto, un genocidio es un genocidio. Una monstruosidad que según Jimmy Morales y Netanyahu permitió a los gobernantes de ambos países, a lo largo de esos años sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Ahora para mayor desgracia de los palestinos.
Notas:
(1) Leer «Au Honduras, le coup d’Etat permanent», Mémoire des Luttes, 5 décembre 2017, http://www.medelu.org/Au-Hondu
(2) Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947, el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP) constaba de los representantes de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Checoslovaquia, Uruguay y Yugoslavia).
(3) Una vez proclamada la independencia del Estado de Israel en 1948, Granados sería el primer diplomático que anunció en las Naciones Unidas el reconocimiento de Israel por su país. A partir de 1956 fue el primer embajador de Guatemala
Mémoire des luttes. Traducido del francés para Rebelión por Caty R. Extractado por La Haine
