Estudios señalan que tres millones y medio de familias hondureñas viven en pobreza
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Aunque entre los años 2010 y 2017, Honduras invirtió unos 1,400
millones de lempiras anuales en la reducción de la pobreza, ésta en vez
de reducirse se ha incrementado.
Un
estudio de la confederación internacional de ONGs (OXFAM), revela que,
en el período entre 2010 y 2017, el gasto en iniciativas encaminadas a
aliviar las condiciones de profunda desigualdad de los hondureños
asciende a 9,500 millones de lempiras.
Entre
tanto, otras investigaciones que abarcan casi dos décadas señalan que,
entre los años 2000 y 2017, las erogaciones para sacar del desamparo a
la población que no puede satisfacer sus necesidades básicas, alcanzaron
la cifra de 450,000 millones de lempiras.
Como
ejemplo de los pésimos resultados en el combate a la pobreza se
muestran cifras que entre el 2016 y 2017, la pobreza subió de 65 a 68
por ciento, lo que se traduce en un incremento de tres por ciento en tan
solo, 24 meses.
En
estos dos años, se contabilizaron 380,000 nuevos pobres, un flagelo que
en el país se profundiza con creces entre la población de mujeres y en
las áreas rurales.
Estas
cifras ubican a Honduras entre los cuatro países con mayor rezago
social y económico, acompañado en esa categoría por Haití, Guatemala
Bolivia y Nicaragua.
En
otro estudio sobre población y desarrollo elaborado por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), Honduras encabeza la lista de
países donde es más alto el porcentaje de la población asalariada que
vive en condiciones de indigencia y pobreza.
La
CEPAL establece que el 57 por ciento de quienes trabajan por su propia
cuenta se encuentran en pobreza extrema y el 75 por ciento viven en
pobreza.
Por
su parte el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), en sus
evaluaciones ha descubierto resultados similares y establece que en el
2017, Honduras cerró con 110,000 familias que se sumaron a la lista de
nuevos pobres.
El
FOSDEH señala que el crecimiento de la pobreza en Honduras es el
resultado de un enfoque equivocado de las políticas sociales, basadas en
los programas asistencialistas y no en acciones orientadas a provocar
una movilidad social.
Nota relacionada Madres solteras hondureñas: ¡La cara de la desigualdad y creciente pobreza del país!
Otros
datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señalan que
más del 60 por ciento de los hondureños vive en la pobreza y un 38 por
ciento sobrevive en condiciones extremas, particularmente en la zona
rural y en la zona urbana los datos no son tan halagueños úes el 59% de
la población vive en pobreza.
A
nivel nacional tres millones y medio de familias son pobres, destaca el
análisis del FOSDEH, en tanto que la información interpretada por el
Banco Mundial enfatiza que la mejor marca de Honduras se obtuvo en 2009,
cuando la pobreza extrema era de 12 por ciento.
Niñez de Honduras vive en una situación de extrema vulnerabilidad
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
La
niñez en Honduras vive en una “situación de vulnerabilidad” frente a la
violencia, la pobreza y el abuso sexual, dijo en una entrevista con
Acan-Efe el director de World Vision en Tegucigalpa, Jorge Galeano.
Galeano
manifestó que el 70 por ciento de los hondureños sufrió al menos una
experiencia adversa en la infancia (EAI), como maltrato físico o la
separación de los padres. Destacó que el Estado no ha dado realmente la
prioridad que merece el combate de la violencia contra las niñas, niños y
adolescentes, lo que sumado a la falta de oportunidades contribuye a
que los menores migren del país, aunque reconoció que Honduras registra
una bajada en la cifra de homicidios. “Cuesta ver en la lista de
prioridades donde están los niños y las niñas, no es que no están, pero
quizás están en un nivel de prioridad que no está permitiendo tener los
resultados que necesitamos”, enfatizó.
El
experto, quien desde hace un año está al frente de World Vision en
Honduras, lamentó que el presupuesto asignado a atender a la niñez
vulnerable “es cada vez menor”, por lo que instó al Estado a “invertir
más” en la infancia que vive en “una situación de vulnerabilidad cada
vez mayor”.
Apuntó
que los niños también son víctimas del trabajo infantil en
Honduras, donde unos 400.000 menores deben trabajar, y muchos son
reclutados por el crimen organizado y las pandillas. Alrededor del 90
por ciento de los jóvenes reclutados por bandas del crimen organizado y
las pandillas “fueron abusados cuando eran niños”, añadió.
Las
pandillas ofrecen a los jóvenes “lo que no tienen en sus hogares:
sentido de familia, protección (…), cosas básicas”, indicó el experto.
Dijo, además, que el Gobierno hondureño debe invertir más en la atención
a la infancia y la prevención de la violencia y el abuso sexual que les
afecta, así como crear espacios seguros para este sector. “La niñez
está sufriendo un nivel de vulnerabilidad bastante elevado”, señaló el
ejecutivo de World Vision, quien dijo que el abuso sexual infantil,
muchos de ellos por familiares, es otro de los temas pocos tratados en
Honduras, aunque no precisó cifras.
Ante
tal situación, Galeano indicó que uno de los grandes desafíos del país
es “concientizar” a los padres de familia para mejorar la relación en el
hogar y que el Estado coordine un trabajo con la sociedad, las iglesias
evangélica y católica, el sector justicia y educación. Cifras oficiales
dan cuenta que cada día se registran tres denuncias por abuso sexual
infantil. Galeano exhortó al Gobierno a implementar programas de
atención a las familias más vulnerables de Honduras, donde el 67 por
ciento de los 9 millones de habitantes son pobres, de las cuales el 48
por ciento viven en pobreza extrema.
“Hay
que focalizar un poco más los programas a estas familias vulnerables,
destinar más presupuesto para la atención en riesgo”, explicó el
experto. Destacó que los niños deben ser educados “no con golpes, no con
maltrato, no con palabras duras, sino a través de ternura, ya que las
palabras hieren, los golpes dañan y el amor transforma”. El director de
World Vision resaltó el “rol fundamental” que juegan los medios de
comunicación en la forma en que se percibe la violencia hacia la
infancia.
“Los
niños y niñas nos están viendo a los adultos pelearnos, nos están
viendo maltratarnos y ellos replican lo que ven (…) debemos reflexionar
sobre qué tipo de sociedad le estamos mostrando a los niños y lo que
esperamos de ellos en el futuro”, enfatizó. El experto insistió en que
los menores en Honduras “están en una situación de vulnerabilidad y es
preocupante”, por lo que pidió a la sociedad ser “consciente y poder
atender a este sector” dijo a EFE. (Con información de EFE)
Precios de los combustibles en Honduras aumentarán más a partir del lunes
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Los
hondureños pagarán más a partir de este lunes para adquirir los
combustibles en las bombas de las estaciones gasolineras a nivel
nacional. El nuevo incremento es el décimo que se registra de manera
consecutiva durante el 2018.
Noticia Relacionada: Honduras: Sigue imparable la ola de aumentos en los precios de los combustibles
La
Comisión Administradora del Petróleo (CAP) establece en su nueva
estructura de precios un incremento de 90 centavos para la gasolina
regular que de 100.42 pasará a 101.32 lempiras por galón y la gasolina
regular registrará un alza de 72 lempiras. Su precio actual, que es de
92.43, se moverá a 93.15 lempiras.
En
tanto el diésel experimentará un incremento de 91 centavos, pasando de
85.35 a 86.26 lempiras por galón. El incremento para el kerosene es de
72 centavos, por lo que su valor pasará de 67.52 a 68.24 lempiras.
Por
su parte el gal LPG de uso vehicular aumentará 63 centavos, es decir
que de 46.16 pasará a 46.79 lempiras por galón y el cilindro de gas
doméstico LPG de 25 libras, registrará un alza 2.82 lempiras, pasando de
273.60 a 276.42 lempiras en Tegucigalpa, mientras en San Pedro Sula se
mantiene a 259.01 lempiras.
En San Pedro Sula el galón de la gasolina superior pasará a costar 99.40 lempiras y la regular 91.22 lempiras
Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 28 de mayo.
Al
fijar los nuevos precios, el gobierno argumenta las crecientes
tensiones geopolíticas que podrían reducir la producción global y a la
demanda que podría alcanzar los 100 millones de barriles por día en el
último trimestre del 2018, según la Agencia Internacional de Energía
(AIE).
Honduras
y Costa Roca son los dos países con los impuestos más elevados en los
combustibles a nivel de la región centroamericana. La fórmula en
Honduras se fija en dólares, pese a que la moneda de curso legal es el
lempira. Por cada galón de gasolina superior el gobierno se queda con $
1.41 el equivalente a 33.84 lempiras. En tanto por galón de gasolina
regular el impuesto es de $1.25 (L. 30) y el diésel tiene un gravamen
de $0.86 (L 20.64 ).
Noticia Relacionada: Hernández comienza su régimen asestando nuevo aumento en precios de los combustibles
La
Colación Patriótica de Solidaridad, una instancia de sociedad civil, ha
denunciado en reiteradas ocasiones que la fórmula de aplicación de los
impuestos de los combustibles es ocultada por el gobierno como si se
tratase de un secreto de Estado. Asimismo que no se sabe su distribución
en el Presupuesto General de la República.
En 35 años no aparece la justicia para los detenidos desaparecidos
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. –
Al menos 184 familias que hoy alcanzan la cuarta generación siguen
siendo víctimas de violaciones de lesa humanidad, porque a más de tres
décadas siguen preguntándose ¿Dónde están nuestros parientes detenidos
desaparecidos?
Ellos y ellas, eran soñadores, líderes
por sus convicciones y opositores al sistema político represor, nos
dejaron su nombre y su rostro estampado en imágenes y letras que pintan
los muros de la ciudad cómplice con su silencio.
El martes 22 de mayo el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó el informe sobre Desaparición Forzada,
en el marco del Examen a que fue sometido el Estado hondureño ante el
Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en Ginebra,
Suiza.
El COFADEH fue creado el 30 de noviembre
año de 1982 por familiares de detenidos desaparecidos para localizar
con vida a sus parientes y exigir las responsabilidades a las
autoridades correspondientes. Su constitución fue una acción concreta
ante la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho de las
víctimas a la vida y al debido proceso entre otros derechos violados.
Ha habido una reiterada negación de los
hechos, primero porque no había leyes, no existía la figura de
desaparición forzada en el Código Penal, se cometía el delito, pero “no
hay delito” era la justificación jurídica, en ese lapso de tiempo
Honduras iba firmando convenios y tratados internacionales, expresó
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH y sobreviviente de la
década del terror, cuando se implementó la Doctrina de Seguridad
Nacional (DSN).
El periodo de la Seguridad Nacional,
cubre desde 1980 hasta 1995, durante el cual los perpetradores de
desapariciones, fueron principalmente los escuadrones de la muerte
creados al interior de las fuerzas de seguridad del Estado -financiados y
entrenados por Estados Unidos e Israel, asesorados por las Fuerzas
Militares Argentinas-, la policía y los servicios de seguridad del
Estado, quienes actuaban en ocasiones con la colaboración de las fuerzas
paramilitares contra revolucionarias de Nicaragua mejor conocidos como
los contras, destalla el informe.
Durante esta época se crearon estructuras políticas, económicas y jurídicas para allanar la impunidad total, como los escuadrones de la muerte, Batallón de Inteligencia 3-16, Batallón Ligero para combatir la subversión, Cuerpos Especiales de Operaciones Anti-Subversión, la Escuela de Montaña, las Fuerzas Territoriales y otras.
Ante la falta de voluntad política, a
nivel latinoamericano impulsamos para que se creará el grupo de
Desaparición forzada por motivaciones políticas, por lo que los Estados
están en la obligación de buscar el paradero de nuestros familiares,
continuó Oliva.
Pese a que Honduras fue el primer país
latinoamericano sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Co-IDH), por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez y
Saul Godínez, pero fue hasta 1993 que hubo una aceptación tácita de que
existe una política de Estado contra la disidencia política, y el
Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), reconoce en 184
detenidos desaparecidos, agregó la defensora.
Disparates en sus discursos
foto: Cesario Padilla
Para la coordinadora del COFADEH, el
tema de discusión no es que, si son más o menos -los detenidos
desaparecidos-, sino que hay 184 desaparecidos y no hay voluntad
política para esclarecer estos crímenes de lesa humanidad o con el
paradero si estuvieran con vida.
“Lo que hemos tenido hasta la fecha es
gracias al impulso, demanda, insistencia, persistencia y resistencia del
COFADEH, es así como se habla de la figura de la desaparición forzada; y
es por eso por lo que los representantes del Estado están hablando
disparates en Ginebra, es una vergüenza queriendo manipular dos hechos
que se han dado en estas tres décadas”.
Por un lado, dicen que son 164
desaparecidos, no 184. Pero no dice quiénes son los desaparecidos y
cuales son los que figuran en la lista de 184 que están de demás.
Tampoco ha dicho ni se ha comprometido en esta cita es que no ha podido
entregar los restos de ningún desaparecido, y peor ejercer castigo para
los responsables.
Según
ellos, como este delito de lesa humanidad va a pasar a la historia
porque han pasado tantos años, y cuando alguien quiere recordarla estará
en la memoria colectiva como un eje fundamental para educar para el
nunca más a la población hondureña.
En un reiterado discurso sobre derechos
humanos Karla Cuevas, habla de que Honduras va a ser un eje, un modelo
en materia de derechos humanos, con la aplicación de políticas públicas y
leyes en materia de ddhh según ella, muchos países van a seguir el
ejemplo de Honduras.
Si bien en la audiencia se habló se
desaparición de migrantes, Oliva expresó que no se trata de lo mismo,
porque al hablar de migración es también para justificar los fondos que
de destinan para la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Seis estudiantes
El informe detalla sobre la impunidad en el caso denominado “seis estudiantes”, que el Estado lo presentó como un ligero, pero no mencionó que no se aplicó la ley, supuestamente por no dar con el paradero de los responsables y son hasta figuras públicas y políticas.
En julio de 1995, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos acusó a diez oficiales del ejército (en activo o retirados) de intento de asesinato y detención ilegal de seis estudiantes en 1982. Los oficiales interpusieron recursos ante los tribunales argumentando que las leyes de amnistía de 1987, 1990 y concretamente de 1991 eran de aplicación a sus casos y que, por tanto, las acusaciones carecían de fundamento dado que la responsabilidad legal había prescrito.
La Ley de Amnistía de 1991 entró en vigor el 24 de julio de 1991 y concedió «amplia e incondicional amnistía» a todas las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, hubieran sido «sentenciadas, procesadas o sujetas a ser procesadas» por ciertos delitos políticos o delitos comunes relacionados con los primeros.
Entre los crímenes amparados por la ley se incluían los homicidios, las torturas y las detenciones ilegales cometidas por miembros del ejército y la policía.
Los tres oficiales se fugaron y, según se informó en la prensa, recibieron ayuda de otros compañeros de armas y de sectores políticos relacionados. Billy Fernando Joya salió del país y cuando volvió años después fue detenido por un tiempo antes de ser liberado por falta de prueba, tuvo posteriormente puestos en el gobierno y fue candidato a diputado en dos ocasiones.El 17 de octubre de 1995, el juez Roy Edmundo Medina, del Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, dictó orden de detención de tres de los oficiales: Manuel de Jesús Trejo, Billy Fernando Joya y Alexander Hernández por no haberse puesto a disposición del juzgado.
La única condena fue en 2003 en contra del Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) Juan Blas Salazar Meza. El Tribunal lo encontró culpable de la detención ilegal de dos de los seis estudiantes, en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, pero el tribunal ignoró los otros delitos que se le atribuye.
El Exdirector de la DNI solo fue sentenciado a dos años de prisión. Sin embargo, este oficial estaba ya cumpliendo una pena de 21 años de prisión por haber sido declarado culpable de tráfico de drogas el 30 de octubre de 1995.
En total, solo en cinco casos de los 184 se ejerció acción penal, no obstante, los acusados fueron dejados en libertad en condiciones poco claras. Las averiguaciones no fueron concluidas y a partir de 2002 fueron trasladadas las causas y los expedientes permanecen inactivos.
El Ministerio Público miente
El 27 de agosto del 2015, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos anunció públicamente frente a varios medios que iban a reabrir las investigaciones en relación a las desapariciones forzadas de los años 1980, la Fiscal Soraya Morales afirmó que ya se encontraban los nombres de algunos sospechosos en los expedientes.
Asimismo, informó que iban a inaugurar una unidad especial para estos casos. Este anuncio oportuno tuvo lugar justo el mismo día que el Estado tenía una Audiencia Privada de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reacción de la Fiscalía, parte integrante del Ministerio Público, era una respuesta a una demanda al efecto presentada por el retraso en la presentación del primer informe periódico al Comité de Desapariciones Forzadas. Tres años después de este anuncio público se puede afirmar que el escepticismo del COFADEH era justificado.
La unidad especial prometida nunca fue creada, el COFADEH no fue informado de ningún avance en cuanto a los casos de los desaparecidos de los años 1980 y cuando representantes de la organización se apersonaron en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en el 2017, el abogado que les atendió no sabía o no podía informar sobre el responsable o el fiscal a cargo de los casos.
Los familiares de las víctimas, acudieron al llamado público de la fiscalía, al ser atendidas fueron informadas que iniciarían la apertura de expediente, porque no contaban con ninguna información, no obstante que durante los años 90 la fiscalía especial sometió a los familiares y testigos a extensos interrogatorios y aportación de documentos, incluyendo información ante morten.Nuevamente se les tomó declaración y se aperturaron expedientes, sin embargo, dos años después al solicitar los avances de la investigación, se les informa nuevamente que no existe expediente y que deben tomar nuevamente declaraciones.
El ACNUDH-Honduras, en su informe de 2017, consideró que no había ningún progreso en relación con la promoción del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la década de 1980, en particular con respecto a la situación de los 184 casos de desapariciones forzadas, incluidas las de 25 mujeres
Conclusiones
En el actual contexto político de Honduras, se logra observar que la desaparición forzada ha resurgido como una herramienta de control social y político. Que las víctimas se han diversificado, son defensores de derechos humanos, oponentes políticos, defensores de los territorios o integrantes de las estructuras del crimen organizado.
- Que los instrumentos de derecho como el habeas corpus continúa siendo ineficaz para rescatar con vida a la víctima de la desaparición forzada y que el tímido marco jurídico orientado a evitar este crimen es deficiente y que los órganos encargados de aplicarlo desconocen las figuras y sus alcances y prefieren invocar figuras que no son las idóneas para defender el derecho de las víctimas. C
Que el Estado de Honduras reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
- Que cumpla con sus obligaciones internacionales de establecer a la mayor brevedad un registro nacional de detenidos.
- Que asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período de los años ochenta o de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar el combate a la impunidad y las medidas de no repetición.
- Que adopte una Ley de víctimas que garantice sus derechos en forma integral, que las victimas tengan el derecho a participar en su construcción.
- Que se adopte urgentemente un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y lo implemente.
- Que el Estado cumpla con las sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desapariciones forzadas.
- Que cumpla con las recomendaciones que le formule este Comité.
- Que el Estado localice a la brevedad los restos óseos exhumados de los cementerios clandestinos y le informe a este comité inmediatamente.
- Que amplíe y modifique el marco Jurídico para la protección de las personas contra la desaparición forzada adaptándolo a los estándares internacionales.
- Así mismo que establezca mecanismos para la recuperación de la memoria Histórica.
Bajo fuerte lluvia delegación canadiense logra entrar a “La Tolva”
Tegucigalpa.- Luego de tres días de trámites y de presentar documentos al instituto Nacional Penitenciario y que este ente les diera largas, los integrantes de la delegación canadiense decidieron hacer el último intento al trasladarse a la cárcel de máxima Seguridad “La Tolva”, donde ejerció presión y logró entrar a visitar al preso político Edwin Espinal.
Al llegar a “La Tolva”, ubicada en Moroceli, El Paraíso, en la primera aduana expresaron su deseo de entrar, ya que habían realizado todos los trámites para obtener permiso especial, y al no tener ninguna respuesta decidieron llegar al centro penal para poder ingresar para visitar a Espinal.
Explicaron que su plan de vuelo no les permitía quedarse más tiempo de lo establecido y que por eso habían decido llegar al centro penal para dialogar con las autoridades para que les permitiera el ingreso.
La delegación pidió hablar con el director del centro, ya que este les pidió una serie de documentación para poderlos dejar pasar a visitar al preso político Edwin Robelo Espinal, pero no se encontraba en el centro penal.
El subdirector los atendió y le expresó a la delegación que solo con autorización del INP podían ingresar, a lo que la comitiva le dijo que el director les había pedido una serie de documentación para dejarlos ingresar y que ahí la andaban.
Entre la lluvia y las explicaciones de ambas partes y de los miembros del Comité por la Liberación de los Presos Políticos que acompañaba a la delegación, se logró la entrada a Janet Spring, suegra de Edwin Espinal quien es parte también de la delegación.
El resto de la delegación, espero afuera mientras Spring visitaba a Espinal. Aguantaron la fuerte lluvia en las afuera del penal, que no tiene ni un techo para protegerse.
Miembros del Comité Nacional para la Liberación por los Presos Políticos, encabezado por Prisila Alvarado y Karina Flores, realizaron acciones para lograr que el resto de la delegación ingresara a verificar la situación de los presos políticos.
Después de 40 minutos de insistencia la delegación logró ingresar, estuvieron alrededor de una hora para poder conversar con Robelo Espinal.
“Logramos la primera visita del preso político Edwin espinal, es la primera visita de una delegación internacional, que logró entrar a ver los presos por razones políticas. Los oficiales allá adentro nos atendieron muy bien, pero en términos del INP, de los gobiernos de Honduras y Canadá, no les vamos a decir gracias por nada, eso es una detención arbitraria, los compañeros no deben de estar allí dentro, es un abuso del sistema jurídico en el país y del sistema penitenciario”, expresó Grahame Russell.
Añadió que “Honduras desde el golpe militar en 2009 está pasando por crisis y elecciones fraudulentas y nuestros gobiernos, han estado apoyando y legitimando el régimen de facto que está en Honduras y está legalizando abusos, como lo hemos podido ver el día de hoy en el caso de Edwin, sin hablar de los demás presos políticos y de los cientos de muertos desde el golpe en 2009”.
También dijo que elevaran sus voces para denunciar como sus gobiernos, en este caso Canadá y Estados Unidos, están apoyando directamente y legitimando el régimen del gobierno de Honduras.
Yanet Spring, quien es parte de la delegación canadiense y además suegra de Edwin Espinal, salió muy afectada de ver las condiciones en las que se encuentra su yerno.
“Acabo de ver a mi yerno que está siendo detenido en condiciones deplorables, ha perdido mucho peso, se encuentra muy pálido y su estado de salud ha decaído notablemente. Deseamos que él salga libre para que pueda disfrutar del sol, es algo que él necesita. También tiene muy escasa agua y comida”.
Asimismo “demandamos al gobierno de Honduras que libere a todos los presos políticos. Edwin Espinal le agradece a todas las organizaciones de derechos humanos que están presentes, internacionales de Canadá y de Estados Unidos también, y a todos los amigos que han estado abogando por su liberación”.
La delegación, compuesta por siete personas, ofreció una conferencia de prensa el pasado miércoles en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde fueron acompañados por su coordinadora, Berta Oliva, y por miembros del Comité Nacional para la Liberación de Presos Políticos, espacio impulsado por Convergencia contra el Continuismo.
La delegación arribó a Honduras el martes al mediodía y fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos e innecesarias para permitirle la entrada al país.
El objetivo de dicha delegación es verificar la situación de los privados de libertad en Honduras por razones políticas y exigir la pronta liberación del defensor de derechos humanos, Edwin Espinal, preso político desde el 19 de enero del 2018.
Plantón de estudiantes y maestros en La Ceiba reclama educación sin religión
Así
ha dicho este día a EL LIBERTADOR la coordinadora de la Asociación de
Profesionales y Estudiantes de Honduras (APEH), Sua Martínez, que, ante
la decisión del Congreso Nacional que la Biblia sea leída en los centros
educativos, exigen Estado y educación Laica, derechos Humanos y no
discriminación.
“El
Estado laico y la educación laica, son garantía de la libertad de
expresión, la libertad de pensamiento y religión”, expusieron este día
en La Ceiba, ciudad ubicada 437 kilómetros al norte de la capital
hondureña, Tegucigalpa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
La Ceiba, Atlántida.
La Asociación de Profesionales y Estudiantes de Honduras (APEH),
realizó este día un plantón en la “Plaza Cívica” de La Ceiba, ciudad
asentada 437 kilómetros al norte de la capital hondureña, Tegucigalpa;
en la protesta participaron alumnos, maestros y padres de familia,
impulsando el respeto al Estado laico y la educación Laica, derechos
humanos y la no discriminación.
Esta
organización a través de sus agremiados, profesionales y estudiantes
promueve valores en la familia, en comunidades, en el trabajo y en
Iglesias, para fortalecer la convivencia y paz ciudadana afín de reducir
los índices de violencia en el país. La APEH fomenta el respeto a las
leyes de nuestro país, a la Constitución y a todo su ordenamiento
jurídico, a los símbolos patrios, lucha por los derechos de la niñez y
la adolescencia.
Al
respecto, la Coordinadora APEH, capítulo de Atlántida, Sua Martínez,
dijo a este periódico que “El Estado laico y la educación laica, son
garantía de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y
religión. El estado Laico y la educación Laica no vienen a quitar a Dios
de nuestras vidas, al contrario, la educación Laica viene a dar el
respeto absoluto a las distintas confesiones de fe, a la diversidad de
doctrinas religiosas”.
“La
Moción de la Lectura de la biblia en las escuelas y colegios públicos,
promovida por el Diputado y secretario del Congreso Nacional, Tomás
Zambrano, es inconstitucional, discriminatoria y violatoria de los
derechos Humanos, irrespeta el derecho a la libertad de creencia
religiosa y la libertad de conciencia, derechos salvaguardados en
nuestra Carta Magna, Articulo 77, que garantiza el libre ejercicio de
todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no
contravengan las leyes y el orden público”, explicó Martínez.
Además,
el Articulo 151 de la Constitución de la República en materia de
educación laica dice “…La educación en Honduras será laica y se
fundamentará en los principios esenciales de la democracia…”. Y
el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 36 establece:
“El derecho a la educación incluye el de tener acceso a una instrucción
actualizada y de calidad, sin discriminación, son deberes del Estado,
asegurar la enseñanza primaria, laica, obligatoria y gratuita, además
ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Por
su parte el Coordinador de Educación de la APEH, Roberto Matute
Cerrato, maestro en educación media y superior, con más de 30 años de
experiencia expuso: “En un Estado de Derecho Democrático, crear
preeminencia a una biblia y religión en particular, crea discriminación
en nuestros niños y jóvenes, dado que, en Honduras, hay una diversidad
de credos, diversidad de biblias o libros doctrinales, diversidad de
ideologías, el pluralismo religioso debe ser respetado en todo estado
laico”.
Matute
destacó que “la declaración universal de los derechos humanos dispone
en su artículo 20 que toda persona tiene derecho a escoger la religión y
nadie podrá ser obligado a pertenecer a una religión, el Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos señala en su artículo 22
que toda persona tiene derecho a escoger la religió y asociarse
libremente”.
“El
Diputado Tomás Zambrano, promueve la Lectura de la biblia, aunque sea
inconstitucional y discriminatoria, pero en el fondo promueve la
religión que él profesa y su discurso no concuerda con sus hechos,
además no solo es la lectura de la biblia, sino también la
interpretación de la misma de acuerdo a la confesión de fe de la
religión del maestro o tutor, violentando el derecho de muchos niños y
niñas que pertenecen a diferentes religiones”, dijo el dirigente social.
Si esta moción se convierte en ley, desembocaría en las siguientes consecuencias:
I- Discriminación (bullying religioso) para los niños y adolescentes que profesan creencias diferentes a la que se imponga.
II-
Sanciones, que van desde exhibirlos, restarle calificaciones en el
periodo o en algunos casos reprobarlos por perdida de la lectura de la
biblia.
III- Confrontación de credos entre niños, adolescentes y maestros.
27 años de ajuste estructural han agravado problemas de Honduras, critican profesionales
“Nosotros,
profesionales libres y colegiados en nuestros respectivos gremios,
progresistas patriotas y críticos, llamamos la atención a la comunidad
profesional universitaria de Honduras con las siguientes
consideraciones”, indica esta “carta abierta a los agremiados a los
colegios profesionales y a la FECOPRUH”.
“Las
fuerzas nacionales con un genuino interés en nuestros país parecen
tener menos significancia que las externas con las cuales, en forma
clientelar, los actores políticos tradicionales tejen alianzas en pos de
mezquinos interés”, dice el mensaje dirigido a los profesionales del
país.
Ing. Víctor Sierra
Enlace del grupo
EL LIBERTADOR
Nuestro
país en este momento atraviesa una gran encrucijada histórica ante los
hechos recientes que comprenden, no solo la fiabilidad en la
institucionalidad estatal, si no, ante todo, la estabilidad y la paz
social a corto plazo en el pueblo hondureño.
Las circunstancias vividas en días recientes refleja una forma de gestión gubernamental, y a su vez un modelo de
desarrollo construido sobre la falta de consensos nacionales sobre el
camino que los hondureños queremos seguir en procura de un futuro más
promisorio y estable para todos.
27
años de ajuste estructural, no han siquiera hecho mella significativa
en los índices de pobreza y necesidades de la población más relegada del
país, a la vez que las diferencias existentes en las condiciones de
vida de los profesionales tienen algunas carreras, las menos demandadas
por un desarrollo muy dispar y trunco, donde las fuerzas nacionales con
un genuino interés en nuestros país parecen tener menos significancia que
las externas con las cuales, en forma clientelar, los actores políticos
tradicionales tejen alianzas en pos de mezquinos interés.
El
plan nacional de desarrollo que este país había aprobado, fue
abandonado y en su lugar se promueve las Zonas Especiales de Desarrollo
también conocidas como ciudades Modelos o ZEDES, mismas que se asocian
con la renta vil de la soberanía nacional a actores externos con la
supuesta legitima intención de generar empleo en las zonas más pobres
del país, pero que en realidad producen una rentabilidad rápida para los
pocos actores políticos y económicos que la impulsan y que pretenden
sus propios beneficios por la vía de intermediación de influencias y
capacidades de decisión de quienes son los llamados a la cena de la
Zedes.
Honduras
obviamente padece muchos otros problemas que demandan la necesidad de
una participación justa y franca de los pocos hijos de la patria que han
tenido el privilegio social de formarse a nivel universitario en la
toma de decisiones y acciones orientadas al progreso de la nación.
La
necesidad de preservar los recursos naturales, como la seguridad
ambiental para la población en nuestras cuencas, de estimar y gestar el
aprovechamiento racional y desarrollo de nuestros recursos forestales y
la de atacar el alto déficit habitacional con soluciones inteligentes al
requerimiento de un habitad agradable y
seguro, la falta de servicios legales sabios, francos y útiles, con una
administración de la justicia, que resuelva por lo justo y de forma
expedita, además de los deficientes servicios de salud, seguridad y
otros que deben ser temas que como profesionales universitarios debemos
abordar. Los hondureños tenemos el derecho histórico a desarrollar
nuestras carreras y nuestra experiencia profesional a partir de nuestra
práctica, no obstante, en nuestra propia tierra tenemos a ser relegados.
En
vista de la gran crisis política desarrollada a consecuencia de las
irregularidades en el reciente proceso electoral, el sistema político
oficial, aunado con las élites del poder, están llamado a un gran
dialogo nacional. Esta no es una intención inédita en nuestra historia, y
la mayor parte de tales previas experiencias han sido más bien
ejemplos de coaptación, donde se utilizan todas las tácticas necesarias
para tratar solo lo que interesa a los grupos de poder.
Mientras
un dialogo especifico en la dimensión política es totalmente necesario
entre las partes que se disputan las elecciones para acordar las formas
más cívicas en las cuales la crisis coyuntural actual pueda resolverse,
un diálogo Ciudadano amplio con los actores políticos, desde el
ejercicio de la soberanía, que yace en el pueblo es necesario, para
indicarles las rutas generales que la ciudadanía espera se sigan en
procura del sueño, de un desarrollo humano justo, sostenible e
incluyente.
Como
seres socialmente privilegiados por la educación, reconocemos una deuda
con la Patria, que hoy más que nunca nos llama a romper nuestra
indolencia aparente, a que nos unamos hacia la consecución de ACCIONES
POSITIVAS en el camino de apoyar, con criterios técnicos y racionales,
la gestación de tal dialogo ciudadano. Esto a su vez supone un previo
diálogo interno, entre todos aquellos que nos sentimos motivados a
responder, para definir nuestros roles y posturas ante lo indicado.
En
vista de lo anterior es urgente que, a través de la FECOPRUH, los
agremiados a los colegios profesionales universitarios hondureños, nos
reunamos para intercambiar ideas de cómo poder contribuir con el pueblo
hondureño en la mejor defensa de sus intereses. Debido a que el tiempo
apremia, proponemos que dicha reunión ocurra a la brevedad.
Régimen rechaza creación de Comisión de Investigación de violaciones a derechos humanos
May 25, 2018
Tras finalizar la sexta reunión de las mesas técnicas de un
llamado pre-diálogo nacional, representantes del régimen nacionalista,
Partido Liberal y asesores del ex candidato presidencial Salvador
Nasralla anunciaron la creación de una Comisión de Investigación de las
violaciones a derechos humanos durante la crisis post electoral.
De acuerdo a las declaraciones del representante de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, instancia que coordina las mesas técnicas, la Comisión de Investigación estaría integrada por abogados propuestos por cada una de las partes, expertos internacionales, y asesorada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Eduardo Martell, dirigente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en su momento manifestó que “deseamos que sea una nominación en función de las capacidades y no para defender posturas, para que al final salga a la luz quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos y que se deduzcan responsabilidades”.
El informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el marco de la crisis post electoral, precisa que, durante las protestas ciudadanas contra el fraude electoral, que dio paso a la consolidación del régimen nacionalista, por lo menos 22 civiles y una agente de policía perdieron la vida.
Además, señaló que la fuerza excesiva, incluso letal, fue implementada por los cuerpos de seguridad, en particular la Policía Militar, para dispersar las protestas ciudadanas contra los resultados electorales del 26 de noviembre de 2017.
Ante la constante criminalización y las acusaciones contra las personas que se manifiestan y ejercen la labor de defensoría, dicha Comisión podría desarrollar un abordaje superficial de las violaciones durante la crisis post electoral, advierte Wilfredo Méndez, director del CIPRODEH: “porque a la final lo que se hará es un show mediático, todo un drama en el cual habrá algunos procesos de investigación y los delitos serán delitos menores”.
Por su parte, la abogada Mery Agurcia, integrante del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), es del criterio que con la creación de una comisión de investigación el régimen podría estar buscando silenciar las violaciones a los derechos humanos.
“Tengo un poco de esperanzas si la Oficina del Alto Comisionado va a estar presente, pero habría que ver cuáles son los alcances, cuáles van a ser los objetivos, cuáles serán las competencias y hasta dónde serán vinculantes las recomendaciones, y en el tema de derechos humanos el tipo de criterios que se van a usar”, cuestiona Agurcia.
Régimen NO acepta Comisión de Investigación
Horas después de conocerse la propuesta discutida en la Mesa Técnica del llamado pre-diálogo, el ministro del gobierno de facto, Ebal Díaz, salió al paso y manifestó que “nosotros no aceptamos que haya una comisión que investigue, porque a quienes les toca investigar son a los órganos del Estado que por ley tienen esa competencia”.
Díaz agregó que el régimen nacionalista, encabezado por Juan Orlando Hernández, no ha “llegado a ningún acuerdo de crear una comisión que de forma paralela investigue al mismo ritmo lo que le corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio Público, porque eso está fuera de la ley, eso nosotros no podemos acompañarlo”.
En la última semana, Juan Orlando Hernández aseguró que en Honduras organizaciones no gubernamentales violan los derechos humanos, declaraciones que parecían anunciar su postura dentro la Comisión de Investigación que un sector de la oposición busca crear.
El informe de la OACNUDH, sobre las violaciones a los derechos humanos durante la crisis post electoral, precisa que en el contexto de las operaciones para la disolución de las protestas y las consiguientes persecuciones, los elementos de las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal en zonas muy pobladas sin plenamente evaluar los riesgos para terceros, tal y como sugiere el hecho de que al menos 10 transeúntes resultaron muertos o heridos por balas perdidas disparadas por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo a las declaraciones del representante de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, instancia que coordina las mesas técnicas, la Comisión de Investigación estaría integrada por abogados propuestos por cada una de las partes, expertos internacionales, y asesorada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Eduardo Martell, dirigente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en su momento manifestó que “deseamos que sea una nominación en función de las capacidades y no para defender posturas, para que al final salga a la luz quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos y que se deduzcan responsabilidades”.
El informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el marco de la crisis post electoral, precisa que, durante las protestas ciudadanas contra el fraude electoral, que dio paso a la consolidación del régimen nacionalista, por lo menos 22 civiles y una agente de policía perdieron la vida.
Además, señaló que la fuerza excesiva, incluso letal, fue implementada por los cuerpos de seguridad, en particular la Policía Militar, para dispersar las protestas ciudadanas contra los resultados electorales del 26 de noviembre de 2017.
Ante la constante criminalización y las acusaciones contra las personas que se manifiestan y ejercen la labor de defensoría, dicha Comisión podría desarrollar un abordaje superficial de las violaciones durante la crisis post electoral, advierte Wilfredo Méndez, director del CIPRODEH: “porque a la final lo que se hará es un show mediático, todo un drama en el cual habrá algunos procesos de investigación y los delitos serán delitos menores”.
Por su parte, la abogada Mery Agurcia, integrante del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), es del criterio que con la creación de una comisión de investigación el régimen podría estar buscando silenciar las violaciones a los derechos humanos.
“Tengo un poco de esperanzas si la Oficina del Alto Comisionado va a estar presente, pero habría que ver cuáles son los alcances, cuáles van a ser los objetivos, cuáles serán las competencias y hasta dónde serán vinculantes las recomendaciones, y en el tema de derechos humanos el tipo de criterios que se van a usar”, cuestiona Agurcia.
Régimen NO acepta Comisión de Investigación
Horas después de conocerse la propuesta discutida en la Mesa Técnica del llamado pre-diálogo, el ministro del gobierno de facto, Ebal Díaz, salió al paso y manifestó que “nosotros no aceptamos que haya una comisión que investigue, porque a quienes les toca investigar son a los órganos del Estado que por ley tienen esa competencia”.
Díaz agregó que el régimen nacionalista, encabezado por Juan Orlando Hernández, no ha “llegado a ningún acuerdo de crear una comisión que de forma paralela investigue al mismo ritmo lo que le corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio Público, porque eso está fuera de la ley, eso nosotros no podemos acompañarlo”.
En la última semana, Juan Orlando Hernández aseguró que en Honduras organizaciones no gubernamentales violan los derechos humanos, declaraciones que parecían anunciar su postura dentro la Comisión de Investigación que un sector de la oposición busca crear.
El informe de la OACNUDH, sobre las violaciones a los derechos humanos durante la crisis post electoral, precisa que en el contexto de las operaciones para la disolución de las protestas y las consiguientes persecuciones, los elementos de las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal en zonas muy pobladas sin plenamente evaluar los riesgos para terceros, tal y como sugiere el hecho de que al menos 10 transeúntes resultaron muertos o heridos por balas perdidas disparadas por las fuerzas de seguridad.
Minera provoca daños severos al río Guapinol en Tocoa, Colón
May 24, 2018
La empresa minera Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining
Company, propiedad Lenir Pérez y Ana Facussé, ha comenzado los trabajos
de apertura de calle para la explotación de minerales en el sector
conocido como Ceibita en Tocoa, Colón, provocando daños severos al río
Guapinol, principal fuente de agua en la zona.
Además de los daños ambientales, los representantes de la empresa hostigan a la ciudadanía que está liderando una lucha contra la explotación minera en el departamento, donde según el Instituto Hondureño de Geología y Minas Inhgeomin, existen 59 concesiones mineras, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del municipio de Tocoa.
En los habitantes de Tocoa, hablar de las mineras y de quienes son los mineros genera temor y autocensura, por la enorme presencia militar en la zona, y por la vinculación que existe entre la minería y los sectores corruptos y violentos del país. Incluso, los periodistas al momento de dar cobertura a las protestas contra la minería, han sido hostigados por los militares y policías según César Flores, corresponsal de Radio Progreso en Colón.
Sin embargo, a pesar del miedo, varias comunidades han salido a las calles, se han tomado la alcaldía de Tocoa, y han exigido al alcalde del partido Libertad y Refundación, Libre, Adán Fúnez, realizar un cabildo abierto para declarar al municipio libre de proyectos extractivos. El alcalde, lejos de atender la exigencia ciudadana, el día 14 de mayo interpuso una denuncia en el Comisionado de Derechos Humanos contra la población que defiende el río.
Hasta el momento el tema minería no ha sido prioridad para el gobierno local de Tocoa, porque según el regidor Luis Ochoa, las concesiones fueron aprobadas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y la alcaldía actual nada tiene que ver. “Sobre los daños al río Guapinol hay dos personas de la alcaldía realizando una inspección”, expresó el funcionario a Radio Progreso asegurando que respetará la voluntad de las comunidades que se oponen a la explotación minera. El resto de funcionarios municipales se negaron a brindar declaraciones.
En Colón, las acciones en contra de la minería son acompañadas por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Copa, Fundación San Alfonso Rodríguez, Parroquia San Isidro Labrador y el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.
La empresa minera de Lenir Pérez está violentando el derecho humano al agua a más de 10 comunidades de Tocoa. Según los testimonios de la población de Guapinol, las aguas del río lucen como jugo de tamarindo, y no la pueden beber, ni lavar ropa por culpa de la minera. “Compramos diariamente un botellón que vale cien lempiras para los oficios en la casa”, dijo indignada María Medina, quien junto a su familia solía disfrutar del río.
Odalys Ramos Cedillo, es una joven comerciante de Guapinol, que junto a sus vecinos y vecinas se ha organizado para defender el río. Odalys, asegura que representantes de la empresa han llegado hasta su negocio con la intención de realizar una compra significativa de materiales, y lograr detener la lucha que han emprendido.
“Me han catalogado de revoltosa y de andar promoviendo protestas”, dice Odalys que los representantes de la minera le expresaron cuando se negó a venderles materiales de construcción, en un acto claro de hostigamiento.
La empresa ha ingresado a la comunidad por la fuerza, “Únicamente han causado división porque un sector del patronato y junta de agua está a favor de la minería”, expresó la joven asegurando que la minera no ha presentado un estudio de impacto ambiental a las comunidades.
Odalys, que claramente identifica a Lenir Pérez, Ana Facussé y al diputado nacionalista Oscar Nájera como los dueños de la minera y responsables de los daños ambientales, asegura que su prioridad es proteger el río y garantizar que sus habitantes tengan agua. Por eso, su comunidad se ha articulado con el sector de la Abisinia y San Pedro en Tocoa, para declarar al municipio libre de proyectos extractivistas.
Además de los daños ambientales, los representantes de la empresa hostigan a la ciudadanía que está liderando una lucha contra la explotación minera en el departamento, donde según el Instituto Hondureño de Geología y Minas Inhgeomin, existen 59 concesiones mineras, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del municipio de Tocoa.
En los habitantes de Tocoa, hablar de las mineras y de quienes son los mineros genera temor y autocensura, por la enorme presencia militar en la zona, y por la vinculación que existe entre la minería y los sectores corruptos y violentos del país. Incluso, los periodistas al momento de dar cobertura a las protestas contra la minería, han sido hostigados por los militares y policías según César Flores, corresponsal de Radio Progreso en Colón.
Sin embargo, a pesar del miedo, varias comunidades han salido a las calles, se han tomado la alcaldía de Tocoa, y han exigido al alcalde del partido Libertad y Refundación, Libre, Adán Fúnez, realizar un cabildo abierto para declarar al municipio libre de proyectos extractivos. El alcalde, lejos de atender la exigencia ciudadana, el día 14 de mayo interpuso una denuncia en el Comisionado de Derechos Humanos contra la población que defiende el río.
Hasta el momento el tema minería no ha sido prioridad para el gobierno local de Tocoa, porque según el regidor Luis Ochoa, las concesiones fueron aprobadas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y la alcaldía actual nada tiene que ver. “Sobre los daños al río Guapinol hay dos personas de la alcaldía realizando una inspección”, expresó el funcionario a Radio Progreso asegurando que respetará la voluntad de las comunidades que se oponen a la explotación minera. El resto de funcionarios municipales se negaron a brindar declaraciones.
En Colón, las acciones en contra de la minería son acompañadas por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán Copa, Fundación San Alfonso Rodríguez, Parroquia San Isidro Labrador y el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.
La empresa minera de Lenir Pérez está violentando el derecho humano al agua a más de 10 comunidades de Tocoa. Según los testimonios de la población de Guapinol, las aguas del río lucen como jugo de tamarindo, y no la pueden beber, ni lavar ropa por culpa de la minera. “Compramos diariamente un botellón que vale cien lempiras para los oficios en la casa”, dijo indignada María Medina, quien junto a su familia solía disfrutar del río.
Odalys Ramos Cedillo, es una joven comerciante de Guapinol, que junto a sus vecinos y vecinas se ha organizado para defender el río. Odalys, asegura que representantes de la empresa han llegado hasta su negocio con la intención de realizar una compra significativa de materiales, y lograr detener la lucha que han emprendido.
“Me han catalogado de revoltosa y de andar promoviendo protestas”, dice Odalys que los representantes de la minera le expresaron cuando se negó a venderles materiales de construcción, en un acto claro de hostigamiento.
La empresa ha ingresado a la comunidad por la fuerza, “Únicamente han causado división porque un sector del patronato y junta de agua está a favor de la minería”, expresó la joven asegurando que la minera no ha presentado un estudio de impacto ambiental a las comunidades.
Odalys, que claramente identifica a Lenir Pérez, Ana Facussé y al diputado nacionalista Oscar Nájera como los dueños de la minera y responsables de los daños ambientales, asegura que su prioridad es proteger el río y garantizar que sus habitantes tengan agua. Por eso, su comunidad se ha articulado con el sector de la Abisinia y San Pedro en Tocoa, para declarar al municipio libre de proyectos extractivistas.
Más de una decena de mujeres periodistas aglutinadas en el
“Colectivo de Periodistas por la Vida y Libertad de Expresión” junto a
organizaciones de derechos humanos, realizaron un plantón frente al
Ministerio Público este 24 de mayo de 2018, para demandar justicia, a
siete años de impunidad después de que fueran reprimidas en el
gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa en el año 2011.
El 13 de diciembre de 2011 varias periodistas decidieron expresar su
malestar por la falta de investigación ante el crimen de su colega Luz
Marina Paz Villalobos, frente a Casa de Gobierno, pero como respuesta
recibieron toletazos y gas pimienta. Ocho días después de los hechos, el
21 de diciembre de ese mismo año, unas 14 periodistas mujeres
presentaron ante el Ministerio Público la denuncia, pero este ente
acusador blindó la información aduciendo que por seguridad nacional la
identidad de los perpetradores está bajo la Ley de Secretos Oficiales y
no pueden tener acceso.
Debido a la impunidad en que se encuentra el caso demandaron “La
desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de
nuestra denuncia, para conocer, en nuestra condición de
víctimas-denunciantes, los avances de las investigaciones”.
También pidieron una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del por qué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión, y por último que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
Estado debe actuar con la debida diligencia en caso de violencia contra mujeres periodistas
Según la jurisprudencia interamericana, en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará, destaca la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la violencia contra las periodistas.
Agrega que “Los Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.
Este es el texto íntegro del comunicado entregado a diferentes medios de comunicación.
Siete años de impunidad
“Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión¨
Tegucigalpa, Honduras, 24 de mayo de 2018.- El 13 de diciembre del año 2011, un contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía Nacional atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de mujeres periodistas, auto convocadas a una movilización para censurar y protestar por el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, primera mujer periodista hondureña asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre de ese mismo año.
El 21 de diciembre de 2011, 14 mujeres periodistas y comunicadoras sociales, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); del General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
En la actualidad, casi siete años después, la denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, sigue en etapa de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial. El caso ha avanzado poco y sólo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participó en los hechos.
Cabe resaltar, que hubo denegatoria de información por parte del gobierno anterior (2014-2018), arguyendo motivos de Seguridad Nacional. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales. Ese es el argumento para no resolver esta denuncia y dar a conocer los nombres de los agresores de las periodistas. La denuncia ha cambiado de manos de un fiscal a otro; actualmente es conocido por la Unidad de Defensores.
Bajo este contexto y en el marco del Día del Periodista Hondureño, 25 de mayo, las 14 periodistas y comunicadoras sociales, víctimas de la represión y la impunidad, exigimos:
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También pidieron una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del por qué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión, y por último que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
Estado debe actuar con la debida diligencia en caso de violencia contra mujeres periodistas
Según la jurisprudencia interamericana, en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará, destaca la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la violencia contra las periodistas.
Agrega que “Los Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.
Este es el texto íntegro del comunicado entregado a diferentes medios de comunicación.
Siete años de impunidad
“Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión¨
Tegucigalpa, Honduras, 24 de mayo de 2018.- El 13 de diciembre del año 2011, un contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía Nacional atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de mujeres periodistas, auto convocadas a una movilización para censurar y protestar por el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, primera mujer periodista hondureña asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre de ese mismo año.
El 21 de diciembre de 2011, 14 mujeres periodistas y comunicadoras sociales, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); del General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
En la actualidad, casi siete años después, la denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, sigue en etapa de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial. El caso ha avanzado poco y sólo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participó en los hechos.
Cabe resaltar, que hubo denegatoria de información por parte del gobierno anterior (2014-2018), arguyendo motivos de Seguridad Nacional. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales. Ese es el argumento para no resolver esta denuncia y dar a conocer los nombres de los agresores de las periodistas. La denuncia ha cambiado de manos de un fiscal a otro; actualmente es conocido por la Unidad de Defensores.
Bajo este contexto y en el marco del Día del Periodista Hondureño, 25 de mayo, las 14 periodistas y comunicadoras sociales, víctimas de la represión y la impunidad, exigimos:
- La desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de nuestra denuncia, para conocer, en nuestra condición de víctimas-denunciantes, los avances de las investigaciones.
- Una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del por qué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión.
- Que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
Justicia tardía no es Justicia
La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, numeral 9, cita:
El
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada. (CIDH, 19
El preso político Edwin Espinal, encarcelado en la cárcel de
máxima seguridad “La Tolva”, fue encontrado en condiciones deplorables,
este 24 de mayo de 2018, cuando fue visitado por una delegación
canadiense y sus familiares.
El 19 de mayo Espinal fue capturado por la Dirección de Investigación
Policial, DPI y después enviado a prisión por el Juzgado de lo Penal de
Francisco Morazán, acusado de daño agravado, incendio agravado y
portación de material de fabricación casera.
Le han aplicado tratos crueles
Con bajo peso, mala alimentación y deshidratado, además de mostrar una moral quebrantada por los tratos crueles y degradantes que recibe en “La Tolva” en Danlí, departamento de El Paraíso, en Honduras, denunciaron sus familiares y amigos, quienes ingresaron este jueves a visitarlo con una delegación canadiense-estadounidense.
Luego de realizar trámites que en primera instancia fueron negados por el Instituto Nacional Penitenciario, al cual criticaron fuertemente por la falta de voluntad y el trámite burocrático para poder ingresar al centro penal a ver a Edwin Espinal, la delegación mostró su descontento con el gobierno americano y canadiense, por el apoyo a la dictadura y la ilegalidad de un mandatario que se alzó el poder mediante el fraude electoral, la muerte de personas y encarcelamiento de muchas por reclamar sus derechos.
Cronología
Desde el miércoles anterior la delegación solicitó al gobierno de Honduras a través de las Embajadas de Estados Unidos y Canadá su ingreso al país y así visitar la cárcel de Danlí, sin embargo los trámites tardaron en llegar y fue así que decidieron solicitarlos personalmente ante el Instituto Nacional Penitenciario en donde entregaron copias de sus pasaportes y mostraron los originales, pero aun así había resistencia a otorgarles el permiso.
Posteriormente se desplazaron hasta la cárcel donde conversaron con el sub director del centro penal, un funcionario que ha primera vista infundió temor en la delegación, cubriendo su rostro con pasamontañas, porque el titular no se encontraba.
En primera instancia permitió el ingreso de la suegra de Espinal, la señora Janet Spring, porque se había negado el ingreso de la delegación de siete personas, entre ellas Grahame Russell de la organización Rights Action y amigos del privado de libertad.
La delegación permaneció por un poco más de una hora, después de estar por otras más esperando el ingreso y a la salida compartieron con www.pasosdeanimalgrande.com su triste experiencia de ver a un luchador incansable de las causas justas, tras los barrotes y sufriendo el despiadado castigo de un gobierno que mantiene en sus arcas a los presos políticos.
Grahame Russell de Derechos en Acción, (Rigth Action). Dijo que “logramos una visita con el preso político Edwin Espinal y es la primera visita de una delegación internacional a Edwin y a Raúl Álvarez, ellos mandan saludos y muchas gracias a toda la resistencia en Honduras, a todos los activistas en derechos humanos y a la prensa hondureña que ha acompañado hoy a la comitiva canadiense. Ellos saben que estamos dentro del país y también a nivel internacional que estamos denunciando su detención arbitraria y abusiva y eso él si lo sabe”.
Obviamente están sufriendo allí dentro (de la cárcel la Tolva), y la suegra va a hablar de cómo encontró a su yerno, expresó.
Anque los oficiales que están dentro del centro penal nos atendieron muy bien, pero en términos del Instituto Nacional Penitenciario ,(INP), del gobierno de Honduras, Canadá y de los Estados Unidos que hicieron sus llamadas, no les vamos a decir gracias por nada, esto es una detención arbitraria, los compañeros no deben estar allí dentro y eso es un abuso del sitema jurídico de Honduras, es un abuso del sistema penitenciario, denunció.
Salimos más determinados nosotros de Canadá y Estados Unidos de ir
atrás de nuestros gobiernos, desde el golpe militar del 2009, pasando
por tres elecciones fraudulentas, los gobiernos han estado apoyando y
legitimando al régimen defacto que está en Honduras y que está
realizando abusos que hemos podido ver el día de hoy, no solamente con
el caso de Edwin, sino de los demás presos políticos, sin hablar de los
cientos de muertos desde el golpe del 2009, reiteró.
Entendemos que este es nuestro problema, de Canadá y los Estados Unidos y vamos a llevar nuestras voces de nuevo a denunciar como nuestros gobiernos están apoyando directamente y legitimizando este régimen.
Por su parte Janet Spring a la salida informó que “acabo de visitar a mi yerno Edwin Espinal que está detenido en condiciones deplorables, él se encuentra muy pálido, ha perdido mucho peso y su estado de salud ha caído notablemente, demandamos que se levanten todos los cargos contra Edwin Espinal y de los demás presos políticos también y demandamos su inmediata liberación, donde están siendo detenidos en condiciones deplorables, por falta de agua y comida”.
Deseamos que él pueda salir libre para que pueda disfrutar del sol, eso el algo que él necesita, también tiene escasa agua, muy escasa comida. Demandamos a los gobiernos de Honduras a que liberen todos los presos políticos, dijo Spring.
Transmitió el mensaje de Espinal quien agradece a todas las organizaciones de los derechos humanos que están pendientes de su salud, a las organizaciones internacionales de Canadá y Estados Unidos también, a todos los familiares y amigos que están abogando para su liberación.
La delegación constituida por siete personas , entre ellas la compañera de Espinal, la defensora internacional Karen Spring, fue retenida por unas cuatro horas a su llegada al aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa. Vea más detalles de esta arbitrariedad en este link.
Le han aplicado tratos crueles
Con bajo peso, mala alimentación y deshidratado, además de mostrar una moral quebrantada por los tratos crueles y degradantes que recibe en “La Tolva” en Danlí, departamento de El Paraíso, en Honduras, denunciaron sus familiares y amigos, quienes ingresaron este jueves a visitarlo con una delegación canadiense-estadounidense.
Luego de realizar trámites que en primera instancia fueron negados por el Instituto Nacional Penitenciario, al cual criticaron fuertemente por la falta de voluntad y el trámite burocrático para poder ingresar al centro penal a ver a Edwin Espinal, la delegación mostró su descontento con el gobierno americano y canadiense, por el apoyo a la dictadura y la ilegalidad de un mandatario que se alzó el poder mediante el fraude electoral, la muerte de personas y encarcelamiento de muchas por reclamar sus derechos.
Cronología
Desde el miércoles anterior la delegación solicitó al gobierno de Honduras a través de las Embajadas de Estados Unidos y Canadá su ingreso al país y así visitar la cárcel de Danlí, sin embargo los trámites tardaron en llegar y fue así que decidieron solicitarlos personalmente ante el Instituto Nacional Penitenciario en donde entregaron copias de sus pasaportes y mostraron los originales, pero aun así había resistencia a otorgarles el permiso.
Posteriormente se desplazaron hasta la cárcel donde conversaron con el sub director del centro penal, un funcionario que ha primera vista infundió temor en la delegación, cubriendo su rostro con pasamontañas, porque el titular no se encontraba.
En primera instancia permitió el ingreso de la suegra de Espinal, la señora Janet Spring, porque se había negado el ingreso de la delegación de siete personas, entre ellas Grahame Russell de la organización Rights Action y amigos del privado de libertad.
La delegación permaneció por un poco más de una hora, después de estar por otras más esperando el ingreso y a la salida compartieron con www.pasosdeanimalgrande.com su triste experiencia de ver a un luchador incansable de las causas justas, tras los barrotes y sufriendo el despiadado castigo de un gobierno que mantiene en sus arcas a los presos políticos.
Grahame Russell de Derechos en Acción, (Rigth Action). Dijo que “logramos una visita con el preso político Edwin Espinal y es la primera visita de una delegación internacional a Edwin y a Raúl Álvarez, ellos mandan saludos y muchas gracias a toda la resistencia en Honduras, a todos los activistas en derechos humanos y a la prensa hondureña que ha acompañado hoy a la comitiva canadiense. Ellos saben que estamos dentro del país y también a nivel internacional que estamos denunciando su detención arbitraria y abusiva y eso él si lo sabe”.
Obviamente están sufriendo allí dentro (de la cárcel la Tolva), y la suegra va a hablar de cómo encontró a su yerno, expresó.
Anque los oficiales que están dentro del centro penal nos atendieron muy bien, pero en términos del Instituto Nacional Penitenciario ,(INP), del gobierno de Honduras, Canadá y de los Estados Unidos que hicieron sus llamadas, no les vamos a decir gracias por nada, esto es una detención arbitraria, los compañeros no deben estar allí dentro y eso es un abuso del sitema jurídico de Honduras, es un abuso del sistema penitenciario, denunció.
 Delegación sorteó varios obstáculos para poder ver a Edwin Espinal |
Entendemos que este es nuestro problema, de Canadá y los Estados Unidos y vamos a llevar nuestras voces de nuevo a denunciar como nuestros gobiernos están apoyando directamente y legitimizando este régimen.
Por su parte Janet Spring a la salida informó que “acabo de visitar a mi yerno Edwin Espinal que está detenido en condiciones deplorables, él se encuentra muy pálido, ha perdido mucho peso y su estado de salud ha caído notablemente, demandamos que se levanten todos los cargos contra Edwin Espinal y de los demás presos políticos también y demandamos su inmediata liberación, donde están siendo detenidos en condiciones deplorables, por falta de agua y comida”.
Deseamos que él pueda salir libre para que pueda disfrutar del sol, eso el algo que él necesita, también tiene escasa agua, muy escasa comida. Demandamos a los gobiernos de Honduras a que liberen todos los presos políticos, dijo Spring.
Transmitió el mensaje de Espinal quien agradece a todas las organizaciones de los derechos humanos que están pendientes de su salud, a las organizaciones internacionales de Canadá y Estados Unidos también, a todos los familiares y amigos que están abogando para su liberación.
La delegación constituida por siete personas , entre ellas la compañera de Espinal, la defensora internacional Karen Spring, fue retenida por unas cuatro horas a su llegada al aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa. Vea más detalles de esta arbitrariedad en este link.
En la foto de izquierda a derecha:
Abogados Mario Rojas, de C-LIBRE, Kenia Oliva de C-LIBRE y Omar Menjívar
de la Coalicón contra la Impunidad, todos del equipo de abogados
privados acusadores
Los abogados que representan a los defensores de derechos humanos
que fueron torturados por oficiales de la Policía Preventiva, que si la
jueza que está a cargo del juicio observa la Ley, estos agentes irán a
prisión. Las aseveraciones las dieron a la salida de una última fase de
la audiencia inicial, las réplicas de los representantes legales en
relación a las conclusiones de la parte acusada, que se llevó a cabo
este 17 de mayo de 2018. La resolución de la jueza será el próximo 01 de
junio de este año.
El 28 de febrero inició el juicio contra los oficiales de la Policía
Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín
Vásquez Palma, que torturaron a las defensoras Tomy Morales,(ASOPODEHU, y
Hedme Castro (ACI-Participa), y los defensores Carlos del
Cid)Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos) y Ariel
Díaz (CIPRODEH).
El abogado Omar Menjivar, quien representa a Hedme Castro y a Tomy Morales dijo que “si la Juez se apega a derecho, deberá dictar un auto de formal procesamiento por los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones y Abuso de autoridad contra los oficiales”
Informó que la estrategia de defensa de los oficiales no consistió en negar el hecho sino a justificarlo diciendo que tuvieron razón y que las circunstancia los obligaron a hacer uso de la fuerza , pero “desde luego no hay manera de justificar un uso abusivo de la fuerza y en este caso nosotros sostuvimos ante la juez que no podemos ni hablar ni de uso desproporcionado de la fuerza sino que nunca hubo necesidad de usarla por lo tanto podemos hablar de uso desproporcionado e irracional , eso quedó acreditado con los videos que se evacuaron como evidencia”.
Menjivar refirió que las órdenes de captura y de desalojo, también fueron presentadas como prueba documental porque la defensa basaba su argumento en que habían órdenes judiciales pero las mismas llevan delimitadas en qué consisten esas órdenes, “los líderes de esos desalojos eran los jueces ejecutores que nombró el juzgado pero éstos no tuvieron ningún protagonismo todo eso lo asumieron los oficiales de policía que están siendo emplazados, desplazaron a los jueces de ejecución e hicieron lo que quisieron. Las órdenes que emitió el juzgado no le dio autorización a la policía para los abusos”.
Al consultarle cómo le ha ido en este tipo de casos de acuerdo a su experiencia de litigación, dijo que “la experiencia que tengo es que cuando se acusa a policías el sistema termina favoreciéndoles, la lucha tiene que darse más allá de esta audiencia e incluso del juicio y en otras instancias, ojalá que en este caso no sea así, porque facilita el hecho de que la propia defensa acepta el hecho, no lo niega, ojalá que en este caso tengamos una resolución que sancione a estos oficiales de policía que valiéndose del cargo y de la autoridad de que están investidos abusan de las personas”.
Ante informaciones que han circulado de subalternos de los oficiales que usan los hechos ocurridos a los defensores como un antecedente para generar miedo y usarlo como mal ejemplo ante la ciudadanía, Menjívar expresó que eso es actuar con impunidad, con conciencia de la impunidad que disfrutan. La policía tal como está concebida en un Estado democrático es el principal garante de los derechos humanos, pero en la práctica es la principal violadora de estos derechos , y es peor cuando tienen conciencia de lo que hacen.
Mario Rojas, otro de los abogados del equipo de acusadores privados manifestó que en la audiencia hizo un pequeño control de convencionalidad en lo referente a la impunidad, “ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha referido que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por el Estado, para recalcarle a la jueza que esta es una etapa inicial y este caso debe ir a un juicio oral y público para probar esas violaciones a los derechos humanos”.
El Estado de Derechos está bastante vulnerado, es por eso que el temor de nosotros es que por los cargos que ostentan los acusados puedan influir en el aparato jurisdiccional y que puedan salir sin ningún proceso por haber violado derechos humanos.
Entretanto Kenia Oliva, abogada acusadora privada también, expresó que lLa defensa está tratando de justificar las acciones de la policía diciendo que ellos son el Estado, “o sea nos excluyen como ciudadanos parte del Estado, han dicho que los policías estaban ante un hecho infraganti, ya se les aclaró que no había eso y que no estaban autorizados para permanecer en la universidad”.
Otra de las cosas es que la defensa sigue discriminando a los estudiantes diciendo que debemos de probar de si efectivamente eran estudiantes, en todo caso si hay una duda quienes deben probar son ellos mismos , en ningún momento fue un hecho controvertido que no está en discusión.
Además que los hechos contra los defensores de derechos humanos es un caso juzgado y que fue sobreseído por los delitos de que fueron acusados los defensores, “esta juez no puede inmiscuirse en esa causa, la ley se lo prohíbe u opinar sobre las acusaciones contra los defensores”, reiteró.
Señaló que la defensa de los oficiales lo que está tratando es de confundir a la jueza, eso es un acto de deslealtad “ya la Ley dice que los abogados debemos ser leales con lo que decimos, no se debería estar hablando de los hechos pasados sino de que los policías torturaron a las personas que se encontraban allí”.
En la audiencia se hizo presentre Carlos del Cid, quien espera con ansias que por fin se haga justicia y se castigue a los altos mandos policiales que le torturaron a él y a sus compañeros defensores de derechos humanos el pasado 08 d septiembre de 2018 en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
El abogado Omar Menjivar, quien representa a Hedme Castro y a Tomy Morales dijo que “si la Juez se apega a derecho, deberá dictar un auto de formal procesamiento por los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones y Abuso de autoridad contra los oficiales”
Informó que la estrategia de defensa de los oficiales no consistió en negar el hecho sino a justificarlo diciendo que tuvieron razón y que las circunstancia los obligaron a hacer uso de la fuerza , pero “desde luego no hay manera de justificar un uso abusivo de la fuerza y en este caso nosotros sostuvimos ante la juez que no podemos ni hablar ni de uso desproporcionado de la fuerza sino que nunca hubo necesidad de usarla por lo tanto podemos hablar de uso desproporcionado e irracional , eso quedó acreditado con los videos que se evacuaron como evidencia”.
Menjivar refirió que las órdenes de captura y de desalojo, también fueron presentadas como prueba documental porque la defensa basaba su argumento en que habían órdenes judiciales pero las mismas llevan delimitadas en qué consisten esas órdenes, “los líderes de esos desalojos eran los jueces ejecutores que nombró el juzgado pero éstos no tuvieron ningún protagonismo todo eso lo asumieron los oficiales de policía que están siendo emplazados, desplazaron a los jueces de ejecución e hicieron lo que quisieron. Las órdenes que emitió el juzgado no le dio autorización a la policía para los abusos”.
Al consultarle cómo le ha ido en este tipo de casos de acuerdo a su experiencia de litigación, dijo que “la experiencia que tengo es que cuando se acusa a policías el sistema termina favoreciéndoles, la lucha tiene que darse más allá de esta audiencia e incluso del juicio y en otras instancias, ojalá que en este caso no sea así, porque facilita el hecho de que la propia defensa acepta el hecho, no lo niega, ojalá que en este caso tengamos una resolución que sancione a estos oficiales de policía que valiéndose del cargo y de la autoridad de que están investidos abusan de las personas”.
Ante informaciones que han circulado de subalternos de los oficiales que usan los hechos ocurridos a los defensores como un antecedente para generar miedo y usarlo como mal ejemplo ante la ciudadanía, Menjívar expresó que eso es actuar con impunidad, con conciencia de la impunidad que disfrutan. La policía tal como está concebida en un Estado democrático es el principal garante de los derechos humanos, pero en la práctica es la principal violadora de estos derechos , y es peor cuando tienen conciencia de lo que hacen.
Mario Rojas, otro de los abogados del equipo de acusadores privados manifestó que en la audiencia hizo un pequeño control de convencionalidad en lo referente a la impunidad, “ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha referido que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por el Estado, para recalcarle a la jueza que esta es una etapa inicial y este caso debe ir a un juicio oral y público para probar esas violaciones a los derechos humanos”.
El Estado de Derechos está bastante vulnerado, es por eso que el temor de nosotros es que por los cargos que ostentan los acusados puedan influir en el aparato jurisdiccional y que puedan salir sin ningún proceso por haber violado derechos humanos.
Entretanto Kenia Oliva, abogada acusadora privada también, expresó que lLa defensa está tratando de justificar las acciones de la policía diciendo que ellos son el Estado, “o sea nos excluyen como ciudadanos parte del Estado, han dicho que los policías estaban ante un hecho infraganti, ya se les aclaró que no había eso y que no estaban autorizados para permanecer en la universidad”.
Otra de las cosas es que la defensa sigue discriminando a los estudiantes diciendo que debemos de probar de si efectivamente eran estudiantes, en todo caso si hay una duda quienes deben probar son ellos mismos , en ningún momento fue un hecho controvertido que no está en discusión.
Además que los hechos contra los defensores de derechos humanos es un caso juzgado y que fue sobreseído por los delitos de que fueron acusados los defensores, “esta juez no puede inmiscuirse en esa causa, la ley se lo prohíbe u opinar sobre las acusaciones contra los defensores”, reiteró.
Señaló que la defensa de los oficiales lo que está tratando es de confundir a la jueza, eso es un acto de deslealtad “ya la Ley dice que los abogados debemos ser leales con lo que decimos, no se debería estar hablando de los hechos pasados sino de que los policías torturaron a las personas que se encontraban allí”.
En la audiencia se hizo presentre Carlos del Cid, quien espera con ansias que por fin se haga justicia y se castigue a los altos mandos policiales que le torturaron a él y a sus compañeros defensores de derechos humanos el pasado 08 d septiembre de 2018 en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
Confunden a periodistas con terroristas
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Hoy se llevó a cabo un plantón frente al Ministerio Público (MP), donde
un grupo de periodistas exigieron que se haga justicia por un ataque
militar y policial sufrido hace siete años frente a Cada Presidencial.
Entre los mensajes que
manifestaron los y las periodistas es que “soy periodista no
terrorista”, asi mismo abogan por el respeto a la libertad de expresión,
la liebertad de prensa y la derogación del aerticulo 335-B del Código
Penal hondureño conocido también como “ley mordaza” que restingue la
actividad periodística.
Eran trece mujeres entre ellas, la histórica defensora Gladys Lanza,
que exigían investigación por el asesinato de la periodista Luz Marina
Paz Villalobos, y lo que recibieron fue golpes y gases lacrimógeno, pese
a que sólo iban a dejar una nota al entonces presidente Porfirio Lobo
Sosa.
Las “Periodistas por la Vida y
la Libertad de Expresión”, acompañadas por el Comité por la Libre
Expresión (C-Libre), recordaron que el 13 de diciembre del año 2011, un
contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía
Nacional, atacó con bombas lacrimógenas a un grupo de periodistas
mujeres, auto convocadas a una movilización para censurar y protestar
por el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, primera mujer periodista
hondureña asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre
de ese mismo año.
El 21 de diciembre de 2011,
las periodistas y comunicadoras sociales, interpusieron una denuncia
ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces
presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014);
del General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de
la Guardia de Honor Presidencial.
Lamentaron que la Denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, va de una fiscalía a otra, y más bien se ventilan sus testimonios. Actualmente es conocido por la unidad de defensores.
“El expediente sigue en etapa
de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva
militar y policial. El caso ha avanzado poco y sólo se ha llegado a
determinar el nombre de una de las personas que participó en los
hechos”, expresa el comunicado leído esta mañana.
La negación no sólo es de
justicia, sino de información, pese a que una de las atacadas, Wendy
Funes, hizo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, según
denunció. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales.
En el marco del Día del
Periodista Hondureño (25 de mayo), las periodistas y comunicadoras
sociales, víctimas de la represión y la impunidad, exigieron al MP la
desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de la
denuncia, para conocer, en su condición de víctimas-denunciantes, los
avances de las investigaciones.
También requieren una
explicación congruente por parte de las autoridades estatales que dirige
el impuesto ilegalmente Juan Orlando Hernández, del por qué no hay
avances en este atentado contra la libertad de expresión.
Las periodistas acompañadas por C-Libre, solicitan que se deduzca la responsabilidad a sus atacantes.
Silencio para periodistas que no callan
Al
agotar las instancias internas queda ir ante organizamos
internacionales, para que no quede el caso en la impunidad, pues no
hemos encontrado justicia, considerando que estamos en un régimen
dictatorial, denunció la periodista de Reporteros de Investigación, Iris
Mencia.
El caso fue abandonado por el
juez Carlos Griffin, porque dijo que nos conocía y no podía ser juez y
parte, entonces lo tomó Soyara Morales, después alguien de nombre
Mercedes y ahora está en otra fiscalía, explicó Mencias, quien sigue
exigiendo justicia por Luz Marina Paz.
Fuimos atacadas, nos apartamos
para ir a reponernos, lloramos de vergüenza y volvimos, por que eso es
resistir, afirmó Iris. También tuvimos bajas, hoy no estamos todas,
falta Gladys Lanza (fallecida el 20 de septiembre del 2016), y otras que
se enfermaron desde entonces.
Las amenazas son casi permanentes, es difícil ejercer un
periodismo independiente y alternativo en el país, que cuestiona las
graves violaciones a derechos humanos, lamentó la periodista de TeleSur y
La Plaza, Gilda Silvestrucci.
Llamarnos al silencio es una estrategia del poder, debemos seguir adelante.
Quedamos señaladas y marcadas
cómo periodistas inconformes con el sistema, comunistas, de izquierda,
pero ejercemos un periodismo alternativo informativo para la población,
afirmó Silvestrucci.
La actividad de protesta fue
solidarizada por compañeros periodistas que también son víctimas
constantes del sistema al mantenerse en un formato de denuncia.
Estamos jugando al cansancio,
pero ya nos hartamos, incluso he sido atacado al aire, hay videos y
otras pruebas pero la policía no da con loa responsables, lamentó César
Silva, del canal Une Tv.
Por su parte Dassaev Aguilar
de Hispan Tv, tras ser tacado por la Policía Militar del Orden Público
(PMOP), en una cobertura de la crisis post electoral, acudió al sistema
nacional de protección para defensores/as de DDHH, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia, y tres meses después
“me dijeron que yo debo cuidarme solo, ellos no pueden hacer nada”.
La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, numeral 9, cita:
El asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada. (CIDH, 1999).
Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos entre ellos ambinetalistas, indígenas y periodistas, según el informe presentado por C-Libre
el pasado 13 de marzo, en el contexro del fraude electoral hasta enero
del 2018 hubo 59 agresiones contra Libertad de Expresión, y 30
directamente contra la libertad de prensa.
HONDURAS: LA SEGURIDAD NACIONAL, OTROS APUROS DE TRUMP Y EL TPS
Es
buena idea que Honduras revoque a EE.UU. el convenio para bases
militares en general, que afecta a nuestra seguridad; todas nuestras
fuerzas deben dedicarse a proteger de la delincuencia a nuestra
población, a retornados y visitantes, en vez de andar peleando guerras
ajenas.Las remesas anuales que los migrantes han enviado a la letrina hondureña superaron la cifra estratósferica de cuatro mil millones de dólares. Y ese dinero devino el ingreso más importante del país. Y anima a nuestra economía más que el ingreso de otros rubros importantes (exportaciones de café, fruta y el turismo).
Rodolfo Pastor Fasquelle
Pensador hondureño
EL LIBERTADOR
Allá
en el Norte, la grave noticia es que el mentiroso del tupé rubio ahora
acepta lo que antes negó, que le había pagado entre otras a la súper
dotada actriz “Tormentosa Daniella”, para que no afectara a su familia,
divulgando su escandalosa relación sexual.
Envidiosos.
Como si a alguien, más allá de su intimidad, le tendría que importar
quien se cogía a Trump antes que fuera Presidente. O incluso después,
fuera de horas laborables. Que no fueron siempre así de mojigatos los
gringos y a muchos de sus mejores presidentes –siéndolo– les permitieron
tener relaciones extramaritales, sin reclamo. Una telenovela barata que
acaso sirve para encubrir las serias acusaciones por abuso y corrupción
contra alguno de sus ministros y la deriva de la investigación que
tendría que despejar pero no la sospecha de que, para ganar las
elecciones con menos voto popular Trump se coludió con un estado
enemigo.
Pudiera
ser solamente otra distracción. Pero el Departamento de Seguridad
Interna de EUA anuncia ayer que, después de 20 años, el TPS no se
extenderá más allá de Enero del 2019 a los hondureños. En EUA no es una
noticia importante. No la reproduce ninguno de los diarios mayores. La
cubren ayer tarde solo los noticieros como Univisión y CNN en Español,
dirigidos por su medio y mercado al público latino.
Decimos
que un suceso es histórico cuando constituye una novedad trascendente y
acarrea noveles consecuencias. Hace seis meses se había cancelado el
TPS para nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y gentes de otros
pelambres, y estaba claro –para quien quisiera ver– que la prórroga por
seis meses para tomar la decisión sobre los hondureños era un
transparente ardid, para no afectar la esperada reelección del régimen
amigo.
Muchos
se hacían a la idea de que el caso de Honduras era excepcional. (A
nosotros no, a nosotros no nos lo cancelan, ni van a cancelar porque a
nosotros si nos quieren). Una veintena de congresistas mayoritariamente
de oposición publicó una carta dirigida a su Ejecutivo pidiendo que se
prolongara ese beneficio al hondureño, que vive aún una circunstancia
tan difícil.
JOH
hizo lobby a sabiendas de que nada hacía porque había sido notificado.
Aquí y allá se celebraron manifestaciones que iban desde lo ingenuo,
escríbele una carta a tu diputado, hasta lo ridículo de los círculos de
oración para que Trump se tocara el corazón, si tuviera. (La pretensión
de que Dios es un jugador manipulable del azar político y se concierne
con esa clase de tomadura de pelo es antiteológica.)
En
todo caso la revocación del TPS es una novedad trascendente que cancela
una generosidad de larga data y tendrá consecuencias sin precursor ni
paralelo, el retorno forzado de decenas de miles de personas que no
consigan un cambio de estatus, que es cada vez más difícil, para cumplir
la promesa política de Trump y crear la ficción de que sigue creando
empleo en Junio, cuando ya no sea así.
Si
se hiciera la historia de la migración de hondureños a EUA ¿cuándo
habría que arrancar? ¿En la segunda mitad de los 30s, en que ya allá se
recuperaba la economía, aunque aquí la depresión se prolongó hasta el
inicio de la guerra? ¿O justo, entonces, 1941 cuando, además de que
muchos de nuestros muchachos se fueron a la batalla con el gringo como
aliados, otros más numerosos fueron acomodados en los muelles y puestos
de producción fabril vacados por la salida de las tropas? O ¿a mediados
de los 50s cuando la crisis de la economía bananera después de la Gran
Huelga indujo un éxodo también de las personas muy estrechamente
vinculadas a la enclave? Hacia Nueva Orleans y Boston. Habría que
compilar y construir las series estadísticas.
Las
guerras de los 1980s en todo Centroamérica impulsaron el éxodo a EUA de
burgueses y aun milicos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Militares derrotados que en algunos casos los gringos repatriaron
después para que enfrentaran la justicia por crímenes de lesa humanidad
cometidos en el marco de esa guerra. Y por entonces se produjo también
la primera migración propiamente económica de los hondureños que sufrían
las consecuencias, de la fuga de capital y de la década perdida.
No
sé si al tiempo que el primer ajuste neoliberal a inicios de los 90s
trajo nuevas inversiones en maquila que proveían algún espacio para
obreros en las zonas más desarrolladas amainó la presión migratoria.
Pero a inicios de 1999 el TPS se fundamentó en la idea de que la
devastación del mega huracán Mitch había provocado una oleada migratoria
sin precedente, de gente que huía de la desaparición súbita de sus
condiciones de subsistencia. El Programa reconocía que esa oleada
respondía a una situación límite, supuestamente temporal, porque algún
día nos íbamos a recuperar. Más tarde se fue prorrogando para un número
fluctuantes de registros, ya que unos se regresaban por sus propias
pistolas y otros advirtiendo que los iban a fichar, se escondían.
En
la sucesión de esas prorrogas, entre las de los tepesianos, las de los
migrantes con otro tipo de estatus y aun las de residentes –que guardan
aun algún interés en volver o sufren mala conciencia por haber
abandonado a padres y madres o niños y cónyuges– las remesas anuales que
los migrantes enviaban a la letrina hondureña superaron la cifra
estratósferica de 4 mil millones de dólares. Y ese dinero devino el
ingreso más importante del país. Animaba a nuestra economía más que el
ingreso de otros rubros importantes (exportaciones de café, fruta, el
turismo) porque está mejor repartido y sus receptores prácticamente
tienen que gastarlo o invertirlo, mientras que otros podían distraer y
retenerse. Valga profundizar en las reacciones. Que lucen estereotípicas
e inútiles.
Un
Comunicado de la Cancillería Hondureña, rumoran que hoy Lizzy lamenta
su cancelación, luego de una página de bonitos reconocimientos y
agradecimientos de todo lo que el TPS significó. Por su lado Mel Zelaya
condena la negación del derecho del migrante. Y plantea que al ejercicio
indudablemente soberano del gobierno de EUA de cancelar un programa
migratorio que considera lesivo a su seguridad, tendría que
corresponderse otro simétrico ejercicio soberano para anular licencias
de operación de las transnacionales y la concesión de la base de
Palmerola.
No
parecen respuestas eficaces. La expulsión de las empresas
estadounidenses solo agravaría el daño económico esperado. Honduras debe
seguir siendo amigo de EUA pero si no hay alianza tiene que replantear
su relación formal. Es buena idea revocar el convenio para bases
militares en general, que afecta a nuestra seguridad ante el prospecto
de una guerra y todas nuestras fuerzas deben dedicarse a proteger a
nuestra población y en todo caso a retornados y visitantes, contra la
delincuencia común, en vez de andar peleando guerras ajenas.
Activistas sociales de cinco países ganan Premio de Front Line Defenders 2018
Por
primera vez en sus 13 años de historia, el Premio Front Line Defenders
para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo este año se otorgó a
activistas de cinco países del mundo, en América Central se alzó con el
homenaje la “Resistencia Pacífica de la Microrregión Ixquisis” en Guatemala.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Front
Line Defenders anunció hoy los cinco ganadores de su Premio 2018 para
Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo. Los ganadores regionales
son; La Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis (Guatemala),
Soni Sori (India), Nurcan Baysal (Turquía), el movimiento LUCHA
(República Democrática del Congo) y Hassan Bouras (Argelia).
La
Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kate
Gilmore, presentó a Nurcan Baysal, galardonada con el Premio Global para
2018, durante una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Dublín,
capital de Irlanda.
«Los/as
defensores/as de derechos humanos a los que hoy galardonamos trabajan
en algunas de las zonas más peligrosas del mundo, sacrificando su propia
seguridad para exigir pacíficamente justicia y el cumplimiento de los
derechos humanos de sus comunidades», señaló Andrew Anderson, Director
Ejecutivo de Front Line Defenders al anunciar a las personas
galardonadas en Dublín.
Desde
2005, el Premio se ha presentado anualmente a los/as defensores/as de
derechos humanos que, asumiendo un gran riesgo personal, han realizado
una contribución excepcional a la protección y defensa de los derechos
de sus comunidades. Históricamente este premio se ha otorgado a un/a
defensor/a o movimiento cada año. Sin embargo, el año 2018 marca la
primera vez que Front Line Defenders premia a defensores/as de cinco
países diferentes como ganadores regionales. Los finalistas de este año
2018 y sus familias se han enfrentado a ataques, campañas difamatorias,
acoso judicial, amenazas de muerte, penas de cárcel e intimidación.
«Si
bien los gobiernos y las empresas trabajan para deslegitimar y difamar
el trabajo pacífico de los/as defensores/as de derechos humanos, los
activistas de todo el mundo nos enseñan que la visibilidad y el
reconocimiento internacional es una herramienta de protección
fundamental», dijo Andrew Anderson. «El Premio demuestra que estos/as
defensores/as cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, que
sus sacrificios no han pasado desapercibidos y que nos solidarizamos con
su implacable valentía».
Nurcan Baysal, Turquía
Ganadora regional de Europa y Asia Central
Ganadora mundial
Nurcan
es una periodista kurda y defensora de derechos humanos con sede en
Diyarbakir. Cuando en 2016, el gobierno lanzó una ofensiva militar en el
sudeste, Nurcan pasó meses visitando pueblos kurdos que estaban siendo
bombardeados, documentando violaciones de derechos humanos y ayudando a
familias que habían perdido todo en el conflicto. Sus escritos son
conocidos por su enfoque crítico en dar voz a las mujeres que viven bajo
los bombardeos. Cuando las autoridades lanzaron la operación militar en
Afrin, Nurcan recurrió a las redes sociales para exigir la paz y
condenar este violento ataque. Fue detenida por denunciar la violencia, y
aunque fue liberada, ahora enfrenta hasta 3 años de cárcel en por otro
caso relacionado con sus escritos. Según las absurdas declaraciones de
la policía, Nurcan había «difundido propaganda de organizaciones
terroristas armadas... y hecho un llamamiento a llevar a cabo acciones
de provocación». Además de su labor como reportera, Nurcan también ha
cofundado varias ONG, estableció un campamento para ayudar a las mujeres
yazidíes que huyen del Estado Islámico, y ha sido una voz clave en
innumerables programas de reconciliación en la región.
Soni Sori, India
Ganadora regional de Asia
Soni
Sori es una defensora de los derechos indígenas y de las mujeres en la
militarizada región Bastar de Chattisghar, India, donde fuerzas
paramilitares respaldadas por el Estado están librando una violenta
campaña contra las tribus adivasi locales en nombre de la lucha contra
la insurgencia armada maoísta. Soni documenta y lucha contra la
violencia ejercida por las fuerzas paramilitares y policiales, que
incluye acciones como destruir pueblos, incendiar hogares, violar a las
mujeres de la zona y torturar y agredir sexualmente a miembros de las
tribus detenidas sin ningún motivo. Soni también ha defendido a varios
centros educativos de la destrucción a manos de grupos maoístas. En
represalia por su trabajo, las fuerzas de seguridad detuvieron y
torturaron a Soni, introduciendo piedras en su cuerpo y agrediéndola
durante horas. Años más tarde, unos hombres la atacaron con ácido y
amenazaron con hacerle lo mismo a su hija si no cesaba su defensa en
favor de las mujeres de las tribus que habían sido violadas por las
fuerzas de seguridad. Ella se negó a detener su trabajo y continúa
viajando a las regiones maoístas para hablar con las personas
supervivientes del conflicto en curso.
Resistencia pacífica de la micro-región de Ixquisis, Guatemala
Ganadora regional de América
La Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis se
creó en respuesta a las graves violaciones de derechos cometidas en
nombre del desarrollo económico en Guatemala. El gobierno dio luz verde a
megaproyectos hidroeléctricos y de minería destructivos en la región, a
pesar de la amplia oposición de los 59 pueblos y 7 comunidades del
municipio. Los/as DDH de la Resistencia Pacífica arriesgan sus vidas
para defender el territorio. Solo en 2016, se reportaron más de 75
ataques contra DDH en la Resistencia Pacífica, entre ellos asesinatos,
tiroteos, acoso y campañas de difamación.
LUCHA, RDC
Ganador regional de África
LUCHA
es un movimiento juvenil apolítico formado en la República Democrática
del Congo oriental que lucha contra la corrupción crónica y la impunidad
en la RDC. Aunque inicialmente se centró en cuestiones locales como el
acceso a agua potable, electricidad y el desempleo juvenil, en solo 6
años el movimiento se ha convertido en una extensa red nacional de
organizadores sociales muy influyentes. Las protestas y manifestaciones
pacíficas lideradas por LUCHA son habitualmente reprimidas por las
autoridades. En octubre de 2017, 5 jóvenes manifestantes fueron
asesinados durante una manifestación organizada por LUCHA, y muchos de
sus miembros y líderes fueron arrestados/as y detenidos/as durante
reuniones pacíficas. La agencia nacional de inteligencia congoleña
detuvo a varios miembros que sufrieron abusos físicos y psicológicos
durante su detención.
Hassan Bouras
Ganador regional de Oriente Medio y Norte de África
Hassan
Bouras es periodista, bloguero, miembro destacado de la Liga Argelina
de Derechos Humanos y miembro fundador del Frente de Rechazo, una
coalición contra el fracking para extraer gas de esquisto en Argelia.
Sus informes sobre la corrupción y la tortura en Argelia abarcan más de
dos décadas y debido a ello ha sido constantemente perseguido por las
autoridades argelinas. Continuó escribiendo y defendiendo a pesar de
años de acoso judicial, detenciones arbitrarias, redadas violentas en su
casa y encarcelamiento.
