Honduras: En Berta Cáceres se multiplica la rebeldía de los pueblos
por Nadia Fink - LA HAINE - 04/03/2017
A un año del asesinato de Berta Cáceres, entrevistamos a su hijo, Salvador, y damos cuenta de un proceso que sigue
Tanto
en el pedido de justicia como en el trabajo de la organización, COPINH.
En Buenos Aires se realizaron actividades para conmemorar su lucha. Mientras
se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres en su casa de La
Esperanza, en Honduras, nuevos vínculos entre los asesinos y el
entrenamiento militar que recibieron en Estados Unidos generan repudio y
ponen sobre la mesa los tejidos entre las trasnacionales que saquean la
tierra, los gobiernos locales serviles al país del Norte y el
paramilitarismo latinoamericano que es, una vez más y como en un
reciclado Plan Cóndor, entrenado por quienes todo lo saben en
amedrentamientos y ataques a líderes y lideresas sociales: los Estados
Unidos. Pero Berta era la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y pertenecía a la comunidad
Lenca; es decir que tanto en su sangre como en su lucha cotidiana
llevaba impresa la resistencia de más de 50 años y el amor por la tierra
y por los ríos. Así, de estas dos formas de construir opuestas, surge
este homenaje con pedido de justicia que trae a Berta en la continuidad
de sus compañeras y compañeros del COPINH, en las palabras de su hijo,
Salvador; y marca contrastes en la información irrefutable de los
vínculos de sus asesinos con la empresa. Los sospechosos de siempre Berta fue asesinada en la noche del 2 de marzo de 2016, en su casa de
La Esperanza, una pequeña población de Honduras de unos 9 mil
habitantes. Al menos cuatro personas entraron a su hogar y la mataron
mientras dormía. Había recibido 33 amenazas anteriores y, se suponía,
estaba custodiada por el Ejército. Si bien de inmediato quisieron
hacerlo pasar por un crimen pasional, o por una disputa interna del
COPINH, las presiones internacionales llegaron pronto: la lucha
emblemática de Berta era contra la instalación de la represa
hidroeléctrica Agua Zarca, que llevaba adelante la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA) en el departamento de Intibucá, territorio Lenca.
La construcción de la represa era directamente ilegal, porque violaba el
Convenio 169 de la OIT ya que no se había realizado consulta alguna a
la comunidad. En ese contexto de presión, la justicia tuvo que investigar y cuatro
hombres fueron detenidos en mayo de 2016: se trataba de Sergio Ramón
Rodríguez, gerente ambiental de la empresa DESA; Douglas Geovanny
Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y
contratado por DESA como jefe de seguridad entre 2013 y 2015; Mariano
Díaz Chávez, Jefe de inteligencia del Ejército en camino al ascenso y
Edilson Atilio Duarte Meza, contratado como sicario. En una reciente investigación de The Guardian, la periodista
Nina Lakhani afirma que hay registros militares de que al menos dos
imputados asistieron a cursos de contrainsurgencia (http://lahaine.org/dC1T).
“(Mariano Díaz) asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort
Benning, Georgia, en 1997, y a un curso de lucha contra el terrorismo en
la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005. Los registros
militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y
artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia,
donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde
cometieron abusos contra los derechos humanos”, desarrolla en su
informe. Consultado por Marcha, Salvador Zuñiga, hijo de Berta
Cáceres respondió: “Honduras fue la base en la que operaron las
contrarevoluciones, y el Ejército de nuestro país fue servil a eso. Los
batallones del Ejército en las décadas del 70 y 80 eran conocidos como
‘los escuadrones de la muerte’, porque torturaban, perseguían y
asesinaban. Actualmente esos escuadrones siguen funcionando, quizás
modificaron sus maneras de operar. Incluso, dentro de la comunidad de
Río Blanco, que es donde se está llevando adelante la represa de Agua
Zarca y es el motivo por el que asesinaron a mi mami, también hay
presencia de bases militares”. Así la nombra Salvador, “mi mami”, y sin embargo hay en sus 22 años,
en su mirada antigua y en su voz firme, una profunda convicción de los
ideales de Berta, y de la continuidad en el legado y en la lucha que
ella llevaba adelante. Por eso, detalla que si bien no tuvieron acceso a
la causa en todo este año por parte del Estado hondureño, las búsquedas
de justicia se multiplican en varias direcciones: incluso en la
presentación de la “Ley Berta Cáceres” en el Congreso norteamericano en
la que se pide, entre otros puntos, que Estados Unidos detenga el
financiamiento del Ejército de Honduras. No está de más recordar que el
año pasado, el presupuesto fue de 18 millones de dólares de “ayuda” en
apoyo militar. “En las comunidades entendí cuáles eran las razones por las que ella seguía su lucha” Salvador creció escuchando que a su madre la llamaban “revoltosa,
bruja, guerrillera”, en una sociedad donde “pensar cualquier tipo de
transformación es peligrosa”; y si bien siendo un niño le resultaba
difícil escuchar todo ese tipo de comentarios, nos cuenta, “la formación
que tuvimos nosotros es la que nos hizo entender cuáles eran las
razones de por qué ella seguía su lucha, a las que estuvimos vinculados
desde pequeñitos”. Y fue en las comunidades indígenas donde encontró
esas razones: “Iba desde que tenía 4 o 5 años, y así fui aprendiendo sus
realidades: vi las situaciones de pobreza extrema, o que no había
acceso a la salud ni a la educación; pero también fui viendo cómo se
valoran toda la naturaleza: los ríos, las montañas, los animales; y
también se transmite mucho la fuerza y la historia de rebeldía que
tienen los pueblos”. También entendió, desde la cercanía, lo opuesto de las miradas
ancestrales con la voracidad de las empresas. “Estando en las ciudades
es bien difícil entender lo que significa un río. Cuando llegan las
empresas les prometen es dinero y trabajo, pensando que con eso es
suficiente, y al final también termina siendo mentira porque eso se
privatiza”, dice. Y ejemplifica con un recuerdo tan simple como
contundente: “Un muchacho tenía que irse a estudiar fuera de la
comunidad, y él decía que lo que lo hacía sentir más triste era que
cuando se levantara no se iba a poder bañar en el río. Entonces ahí es
cuando uno nota qué significan los ríos: es parte de la cotidianeidad,
es algo elemental, no se concibe la vida sin él”. Berta también pudo ver eso, y construir desde una organización. Hoy
Salvador y Laura, otra de sus hijas, son parte del COPINH y rescatan la
idea que llevo a que se conformara. “El COPINH abarca diferentes pueblos
indígenas en Honduras y surgió porque existía una deuda desde los
movimientos revolucionarios de los 70 y 80, que tomaban sólo como que
los luchadores y las luchadoras pertenecían a la clase obrera. Faltaba
el reconocimiento de los pueblos originarios, poner en contexto dónde
estábamos parados en América Latina”, describe Salvador. Con Berta en el corazón y en la mirada Las jornadas internacionales por el año del asesinato de Berta
Cáceres abarcan 15 países. Coincide, además, con la cercanía al paro
(también internacional) de mujeres que se realizará el 8 de marzo. Si
bien en Honduras ya hay 134 líderes y lideresas asesinadas desde el
Golpe de Estado de 2009, que derrocara al presidente Manuel Zelaya, la
historia de Berta cala profundo. Porque era una mujer escuchada y
reconocida en una sociedad marcadamente machista, y porque contaba con
un reconocimiento que incluía el premio Goldman (el “Nobel Verde”, como
lo llaman) en 2015. “También sentimos que al tener tanto reconocimiento,
por ejemplo haber ganado el premio Goldman, en que tantas
organizaciones estaban pendientes, no nos imaginamos que podía
suceder…”, explica Salvador y demuestra la fragilidad de los derechos
humanos en Honduras. Por eso mismo la jornada, tal como lo explica él,
“tiene que ver con fortalecer estas solidaridades que son tan
importantes, de seguir compartiendo otras luchas, de seguir estando
juntas y juntos. Tiene que seguir siendo importante la solidaridad
porque la situación crítica en Honduras continúa”. Según los datos recientes de la Global Witness, Honduras es el país
más peligroso del mundo para las y los activistas ambientales. ¿La
respuesta del Estado del Honduras?: llevar adelante una demanda a la
organización por difamación. El asesinato de Berta desnuda la trama siniestra de las grandes
transnacionales y el saqueo de la tierra asociadas a la militarización
de los países y al amedrentamiento de quienes se organizan (“la represa
Agua Zarca estaba financiada por el USA ID, por el Banco Holandés, por
bancos alemanes y canadienses… y por eso insistimos en que no es sólo de
Honduras o en la comunidad sino que son transnacionales que financian
proyectos en otras partes del mundo y que también funcionan con estos
mismos mecanismos. Ellos también son responsables”), pero también habla
de la figura colectiva que supo construir en vida; de las comunidades
que resisten, como desde hace 500 años, colonizaciones y avances en sus
tierras; y de la confluencia en las luchas; “Por eso hay movilizaciones y
también actos espirituales; se puede ver toda la pluralidad de la
lucha, la cantidad de colores que se unen en el camino”, cierra
Salvador. Marcha. Fotos: Analía Cid y Camila Parodi
Un año sin Berta Cáceres
Honduras, un narcoestado ilegítimo
Este
mes se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres; este crimen
impune hizo visible a nivel internacional la naturaleza criminal de un
gobierno títere, heredero del golpe de Estado de 2009, que actúa como
cómplice de multinacionales y narcotraficantes en acciones en las que
líderes sociales son asesinados de forma sistemática.
Domingo 26 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Por Manuel González Ayestarán
“Nuestras conciencias serán sacudidas por el
hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la
depredación capitalista, racista y patriarcal.” (Berta Cáceres, abril de 2015) El 2 de marzo de 2016, en plena víspera de su cumpleaños, la
activista lenca, feminista y medioambiental Berta Cáceres fue asesinada
en su domicilio por sicarios ligados a poderes empresariales y
políticos del país. La líder y fundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llevaba años
denunciando amenazas de muerte contra su persona. De hecho, su asesinato
fue precedido por el de tres miembros de su organización que también
luchaban contra la construcción de represas hidroeléctricas en el río
Gualcarque. En el mismo momento también fue herido de bala el
ambientalista mexicano Gustavo Castro. A un año del trágico episodio,
sus hijas y compañeros denuncian la complicidad del Estado hondureño en
alianza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), presidida por
el exoficial de las fuerzas armadas Roberto David Castillo Mejía. Honduras es el país más desigual de América Latina según el
Banco Mundial. Actualmente, 64,5 por ciento de la población vive en
situación de pobreza y 42,5 por ciento en extrema pobreza. El país se
encuentra inmerso en la continuación del golpe de Estado asestado contra
el gobierno progresista de Manuel Zelaya en 2009, bajo el apoyo y
supervisión del gobierno estadounidense con la dirección de la dupla
Obama-Clinton. Tras este episodio, el conservador Partido Nacional de
Honduras ganó dos comicios electorales (el primero en el mismo año del
golpe, bajo acusaciones de ilegalidad). Movimientos sociales como el
fundado por Berta Cáceres denuncian que, desde el golpe de Estado, el
nuevo gobierno ha dado carta blanca a las empresas mineras e
hidroeléctricas nacionales y extranjeras para la explotación de la
región. Desde entonces, se han multiplicado los crímenes y amenazas
contra activistas sociales y medioambientales que defienden los derechos
de los campesinos e indígenas expulsados de sus tierras. Así, el crimen
de Cáceres es uno más entre los tantos que sufren los campesinos que
denuncian los atentados contra el medioambiente de las empresas
promocionadas por el gobierno. El coordinador de las Izquierdas Socialistas de Honduras,
Gilberto Ríos, señaló al portal Rebelión.org que “de las diez familias
que constituían hasta hace muy poco la oligarquía del país que controla
más de 90% de la economía (alrededor de 2.050 empresas estratégicas),
ahora se han reducido a cinco familias dueñas de las 918 firmas claves
de Honduras. Estamos frente a una concentración abrumadora de la
riqueza”. Su agrupación política denuncia que estas familias están
íntimamente ligadas con el narcotráfico. “El Departamento de Estado
estadounidense hace tres años reportó que por Honduras pasa más de 90
por ciento de la cocaína proveniente de Colombia y dirigida a Estados
Unidos. Ello aumentó todavía más luego del golpe de Estado porque otras
rutas que podían resultar inseguras fueron garantizadas por la nueva
situación del país”, agregó. En este sentido, existe un fuerte vínculo
entre el capital financiero, el narcotráfico y el Estado hondureño, que
es sistemáticamente denunciado por movimientos sociales y agrupaciones
políticas de izquierda, mientras sus líderes son perseguidos y
asesinados. Por otro lado, Honduras siempre ha sido un enclave
geoestratégico fundamental para el gobierno de Estados Unidos. Durante
la segunda mitad del siglo XX, Washington utilizó el territorio
hondureño como enclave militar para desarrollar sus injerencias en
Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Durante las
últimas décadas, bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico,
Estados Unidos aumentó su presencia militar en el país, el cual aloja
tres bases norteamericanas. Un crimen impune La hija de la difunta, Berta Zúñiga Cáceres, lleva
denunciando desde el pasado año que el Estado hondureño únicamente ha
detenido a cargos intermedios, y que los principales instigadores del
delito aún siguen libres. Efectivamente, las autoridades hondureñas
únicamente han arrestado a siete personas, de ellas cuatro son
exmilitares y una ostentaba un alto cargo del Proyecto Hidroeléctrico
Agua Zarca, gestionado por DESA. Un artículo publicado en el diario
inglés The Guardian por la periodista Nina Lakhani informó, con base en
la consulta de fuentes judiciales, que dos de los detenidos en mayo de
2016, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas
Giovanny Bustillo, habían sido entrenados en 1997 en la Escuela de las
Américas (centro estadounidense de entrenamiento en métodos de tortura,
asesinato y represión para fuerzas militares latinoamericanas). El teniente Bustillo era el jefe de seguridad de DESA y es
la persona a la que se atribuye la planificación del asesinato de
Cáceres. La líder social había denunciado ya en 2013 intentos de soborno
y amenazas por parte de Bustillo y del mencionado alto cargo de DESA
encarcelado, Sergio Rodríguez. “Como no les funciona eso, vienen todas
las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo
mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo),
en los que incluso hay acoso sexual”, señaló Cáceres en entrevista con
el periodista Dick Emmanuelson en 2013. En enero de este año se detuvo en México al exmilitar Henry
Hernández, autor material e intelectual del asesinato, el cual trabajó,
según informó Telesur, bajo las órdenes del mayor Díaz Chávez en la
unidad especial del ejército hondureño, 15º batallón. Este cuerpo de
elite es un “legado” del ejército estadounidense en Centroamérica, al
cual entrenó en el marco de la guerra contra el sandinismo en Nicaragua y
contra los grupos guerrilleros que por entonces operaban en El Salvador
y Guatemala. En la actualidad estas fuerzas, inicialmente dedicadas a
luchar contra la insurgencia, siguen operando en el marco de la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo en la región y, como es evidente,
algunas de sus autoridades y efectivos retirados emplean los
conocimientos adquiridos en servicios de sicariato para la oligarquía
regional. Asesinatos y amenazas constantes El crimen contra la fundadora del Copinh, si bien ha dado
visibilidad internacional al proceso de expolio de Honduras a cargo de
empresas y multinacionales asociadas con el gobierno, no ha hecho que
las amenazas y asesinatos contra líderes sociales cesen en el país.
Apenas 13 días después de la muerte de Cáceres, el miembro del Copinh
Nelson García, natural de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado a
balazos. El líder campesino había participado la misma jornada de su
muerte en una movilización contra el desalojo forzado de 150 familias de
bajos recursos a cargo de las autoridades militares hondureñas. Por
otro lado, en octubre de 2016 el Copinh emitió un comunicado por el que
denunció internacionalmente dos intentos de asesinato contra los
miembros de su organización Tomás Gómez Membreño, coordinador general
del Copinh y Alexander García Sorto, líder comunitario de Llano Grande,
Colomoncagua. “En horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a
la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron
numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación
en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas”,
señala el documento. “En la noche del mismo día, una persona disparó
contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás
Gómez Membreño, coordinador general del Copinh, cuando salía del centro
de encuentros Utopía con dirección a su casa”, añade. Alexander García había sido baleado en mayo de 2016 por el
exmilitar Enedicto Alvarado, el cual fue apresado. Su familia llevaba
tiempo amenazando al coordinador del Copinh para que retirase la
denuncia. Entonces, el Copinh denunció “la realización de disparos en
ráfagas que se realizan en la comunidad lenca de Río Blanco por parte
sicarios pagados por DESA como forma de intimidación y amenaza contra la
comunidad que se opone a la destrucción del río Gualcarque y el despojo
de los territorios del pueblo lenca”. Por último, en enero de 2017 fueron detenidos cinco
campesinos lencas integrantes del Copinh en el municipio de Intibucá.
Los activistas fueron acusados de usurpación de tierras por realizar
actividades de agricultura en predios que poseen hace más de 50 años,
por los cuales pagan impuestos a la municipalidad. “Quien reclama el
terreno de los cinco compañeros como propio se fundamenta en una
extensión de dominio pleno hecha por el exalcalde de Intibucá Martiniano
Domínguez Meza, quien se encuentra procesado por otorgar de manera
ilegal el permiso de operaciones a la empresa DESA, ligada públicamente
al asesinato de nuestra coordinadora Berta Cáceres”, denunció el Copinh
en un comunicado oficial. “Esta detención arbitraria se realizó en un contexto del
incremento de acciones represivas del plan Colombia/México en Honduras,
que busca destruir mediante la represión y acciones clandestinas al
movimiento social e indígena-negro de Honduras con el fin de despojar
los bienes comunes (naturaleza, ríos, agua, carretas, minerales,
paisaje, fertilidad del suelo, etc.) al pueblo hondureño y entregarlos a
la explotación privada con beneficio, utilidades económicas y
comisiones a unos cuantos”, añaden.
Otras miradas
Honduras: autoritarismo, crimen organizado y retroceso democrático
24 Mar 2017
por Javier San Vicente Maeztu Activista en defensa de los derechos humanos “En Honduras es más barato comprar un
diputado que una mula”. Esta frase, tristemente célebre entre los
hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de
una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en
la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos
parlamentarios ocurridos durante la administración del actual presidente
Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo plenamente
válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los partidos
opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del
actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE,
agrupación política creada para reunir los principales sectores sociales
que se opusieron al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de
sus 37 congresistas (casi el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido
Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de sus 13 congresistas (casi el
33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH. Esta oleada de
transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido Nacional de
conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el control
de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer
realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando
Hernández. Pero la degradación de la vida
política, todavía fuertemente influida por las consecuencias del golpe
de Estado de 2009, ha ido mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es
que tas el golpe se produjo la partición del Partido Liberal, cuando una
buena parte de sus bases constituyeron el partido LIBRE siguiendo los
pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia, el Partido Nacional se vio
fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes dueños absolutos del
país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no fue una
sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como
alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía
nacionalista. Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró
establecer sobre el Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de 2013 (en el que se produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido Nacional,
manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento
en mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia. Como consecuencia del afianzamiento
del Partido Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de
los casos de corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro
Social, que sacó a la luz cómo el Partido Nacional utilizó fondos del
sistema de salud para la campaña electoral de JOH, hasta el caso
ASTROPHARMA, en el que se reveló que una empresa de una alta funcionaria
nacionalista vendió durante años pastillas de harina haciéndolas pasar
por medicinas al sistema de salud público, provocando centenares de
muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción de un
nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del
metrobus de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para
la alcaldía, que finalmente no fue utilizado y cuyas vías y estaciones
están siendo demolidas en la actualidad. Además la actividad del crimen
organizado se vio fortalecida durante el periodo de hegemonía
nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no
paran de hacerse evidentes. En 2015 la DEA capturaba en Haití a uno de
los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho que iría relacionándose
con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa
que indicaban que el crimen organizado, aliado con altos mandos del
Partido Nacional, se había repartido el territorio hondureño y estaban
detrás de asesinatos de altas personalidades de la lucha contra el
crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas semanas las
revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los líderes
del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado a
un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña
electoral de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal
habría participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de
Tegucigalpa con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que
también acudieron otros destacados narcotraficantes del país. La
posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de Lobo es
cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro ha implicado en sus
actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco, y ha
denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del
actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel
con el gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James
Nealon llegó a declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo
dirigida por el narcotráfico y altos mandos de las fuerzas armadas (el
hermano de JOH volvió a ser mencionado en relación con estos hechos,
situación que provocó que tuviese que viajar a EEUU para prestar
declaración a las autoridades estadounidenses). Ante un panorama tan escandaloso,
sería de esperar que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte
desgaste a nivel electoral. Sin embargo, la realidad es muy diferente y
en la actualidad parece que la reelección de JOH en noviembre es más que
factible, siendo la principal amenaza contra esta la posibilidad de que
se le sindiquen responsabilidades penales en Estados Unidos por sus
conexiones con el crimen organizado. Para comprender la aparente
inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en
cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder
en el actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema
electoral y de partidos en Honduras. JOH sostuvo antes de ganar las
elecciones que iba a “hacer lo que tenga que hacer”. A estas alturas se
puede afirmar sin lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos
años ha logrado controlar varias de las instituciones clave del Estado,
como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y la
Corte Constitucional entre otros. Especialmente clamoroso es el caso
del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por cuatro magistrados y
en el que no hay representación de dos de las mayores partidos de
Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al servicio
del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de
votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha
cooptado los suficientes congresistas opositores como para sacar
adelante todos sus proyectos y ha barrido con la oposición interna al
interior de su partido. En este proceso ha logrado anular varios
artículos de la constitución hondureña que prohibían la reelección
presidencial, conocidos como pétreos por ser solo modificables mediante
constituyente, y posteriormente ha validado su candidatura presidencial.
Llama la atención que los que hoy aplauden la posibilidad de reelección
en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de evitarla. Combinado con lo anterior, JOH espera
verse favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente
corrupto. Si ya sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar
votos. Según una encuesta realizada para un estudio
del National Democratic Institute, en 2013 la compra de votos fue de
cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más
poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes superaron el
15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y Santa
Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los
beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a
la hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además
perniciosas prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que
todos los trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota
mensual al partido gobernante, que se extrae automáticamente de las
nóminas. Pero el fraude no queda limitado a estas prácticas, también se
deriva de la manipulación del censo electoral en el que se incluye a
menores de edad y personas fallecidas para inflar los resultados cuyos
votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías
por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y cuya venta permite
manipular el proceso de conteo en los colegios electorales. En conclusión, Honduras enfrenta un
contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las
elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido
Nacional muestra una gran fortaleza debido a la consolidación de su
control sobre el Estado y el sistema electoral, se dan varias
situaciones que hacen peligrar su continuidad en el poder. Y es que
parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos la
reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus
posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso
de desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel
de los Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos
con el Partido Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de
oclusión entre el gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor
policial Alfredo Landaverde denunciaba
meses antes de ser asesinado por policías que el gobierno
estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la implicación del
gobierno hondureño en el crimen organizado. Menos claridad aún hay sobre cuál
podría ser el candidato con más posibilidades de disputarle la
presidencia a JOH. Durante 2016 se ha conformado una Alianza Opositora
en la que convergen los partidos LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene
un candidato oficial, aunque suenan con fuerza tanto el líder del PAC
Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE Xiomara Castro y Manuel
Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la Alianza seria en
principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de las
elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un
sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado
por Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis
Zelaya trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al
PAC es real, aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría
el liderazgo de Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En
este sentido, en los próximos meses se irá esclareciendo el escenario de
cara a los comicios, que no excluye la posibilidad de que el propio
Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se
muestran evidencias graves de su involucramiento con el cartel de los
Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para Honduras, donde se
va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria, antidemocrática y
corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el proceso y se
abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas
sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de
la caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones
se han sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en
utilizar los métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus
intereses.
Asesinato de la activista Sra
Berta Cáceres: Abogados sin fronteras Canadá exhorta al gobierno de
Honduras a que continúe y profundice su investigación
Quebec. Hace un año, la defensora de derechos de los pueblos indígenas Berta
Cáceres fue eliminada a quemarropa en su domicilio, en presencia de su
colega mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió milagrosamente. Esta tragedia ocurrió, a pesar que, desde el año 2009 la Sra. Cáceres
había sido objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por las cuales, esta última solicitó
al Estado hondureño a tomar las acciones necesarias para protegerla de
los peligros graves e inminentes que corría su persona. La Sra. Cáceres fue la portavoz del Consejo cívico de organizaciones
populares e indígenas de Honduras (COPINH) quien activamente hacía
campaña contra el proyecto de construcción de la presa eléctrica Agua
Zarca cuya dirección de obra fue confiada a la empresa Desarollos
Energéticos, SA (DESA). La investigación llevada acabo por las autoridades hondureñas
respecto de este crimen, encontró graves dificultades. En efecto, esta
investigación tomó mucho tiempo para empezar y las autoridades
encargadas se negaron a tener informados a los parientes de la víctima
sobre el desarrollo del proceso, alimentando, de esta forma, el temor de
que la investigación no permitiría la identificación de los
responsables, especificamente los que orquestaron dicho atentado. La
prueba recolectada por el Ministerio público en este caso, no habría
sido comunicada a las victimas y sus representantes legales, en obvia
contradicción con la legítima busqueda de la verdad. La acusación contra ocho individuos – entre los cuales cinco forman
parte de las fuerzas armadas – presuntamente responsables del homicidio
de la Sra. Berta Cáceres y de la tentativa de homicidio contra el Sr.
Gustavo Castro, constituye un paso en la buena dirección que hay que
saludar. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar la importancia de
continuar los esfuerzos encaminados a la identificación de los autores
intelectuales del crimen, conforme a las obligaciones internacionales de
Honduras, en la materia. Esto es, aún más importante, teniendo en
cuenta que Honduras se comprometió públicamente a combatir la impunidad y
que este caso tiene un carácter emblemático, no sólo en este país sino
en otros lugares en el mundo, incluido Canadá. Abogados Sin Fronteras Canadá exhorta a las autoridades hondureñas a
que continúen y profundicen la investigación sobre el homicidio de la
Sra. Berta Cáceres. Además de, favorecer la puesta en marcha de una
comisión de investigación internacional bajo la supervisión de la
Comisión interamericana de derechos humanos quien sería la encargada de
esclarecer este caso.
Aspectos centrales sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández
Mar 07, 2017
El 20 de diciembre de 1907 los 5
Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de
Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre
ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un
escenario de paz en el istmo . En virtud de ello, los Estados
centroamericanos se comprometieron a cumplir dos principios
fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la
consolidación democrática en la región. En primer lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo
acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que
proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a
gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de
Estado (art. I); y en segundo lugar, realizar reformas constitucionales
para prohibir la reelección del Presidente de la República, donde tal
prohibición no exista, y adoptar “todas las disposiciones necesarias
para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el
poder” (art. III). A la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos
autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda
inestabilidad política, la proscripción de la reelección se constituyó
en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que
fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional
con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el
procedimiento especial que requeriría el voto de 86 diputados y
diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura. El presente artículo tiene el objetivo de analizar la permisión de la
reelección presidencial a la luz de las normas del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la teoría democrática del poder
constituyente y el derecho constitucional, y desmontar los argumentos de
su presunta legalidad basados en la simple idea de que es legal porque
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió
que era legal, lo cual ignora que en las democracias modernas no es
suficiente valorar la validez de los actos y omisiones de los poderes
públicos únicamente desde la legalidad, sino también desde la
legitimidad. LA REELECCIÓN A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los
Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos
políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este
sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos
claramente identificables. Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el
derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una
concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la
soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se
ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en
elecciones libres y auténticas . Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la
expresión de las dimensiones individual y social de la participación
política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden
postularse como candidatos en condiciones de igualdad, y que pueden
ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos;
y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de
igualdad a quienes les representarán . Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres
y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la
salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno
derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones
libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos
humanos sean respetados . Dado que los derechos políticos son elementos
esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de
garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras
asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la
realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad
popular . La realización de las elecciones debe caracterizarse por su
autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está
relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la
voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido
negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la
voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso
electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho
proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación
política, tales como ausencia de coerciones directas o de ventajas
indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e
inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización
del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir,
las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan
ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y
fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de
campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto . La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular
sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la
prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin
plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser
realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a
asegurar la participación política de todas las personas facultadas para
hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas
limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2
del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es
decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal . No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante la Corte IDH) en su sentencia sobre el caso
Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema
electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del
párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana” . En otras
palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones
distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no
implique una restricción indebida a los derechos políticos . La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró
la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección
presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los
derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos
como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala
debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por
sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino
si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos
contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido. Para admitir una
restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la
reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que
analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad
democrática, y su proporcionalidad . De esta manera, para que la prohibición de la reelección sea
admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es necesario que
(a) esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el
sentido formal y material . Por tanto, no se pueden restringir derechos
mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de
otra índole; (b) esté orientada al logro de objetivos imperiosos y de
finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las
demás personas o las justas exigencias del bien común ; y (c) sea
necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se
buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea
para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras
palabras, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos
restrictivo . La Corte IDH ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser
sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad
social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es
suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta
manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al
“derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a
satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la
restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y
ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo
. La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni
una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y
ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales
que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten
a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de
acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y
culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en
una misma sociedad, en distintos momentos históricos . A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición
de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito” y, por
tanto, no es comprensible en qué se basa realmente la Sala de lo
Constitucional para decretar que la prohibición de la reelección es
incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana si, de
acuerdo con las interpretaciones y jurisprudencia de sus dos órganos
facultados para ello -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte IDH-, las normas interamericanas no imponen un sistema
electoral concreto y deja a los Estados la discrecionalidad de
establecer otras limitaciones distintas a las contenidas en el párrafo 2
del citado artículo 23 . Nuestra reciente historia de autoritarismo, ingobernabilidad y
violencia política, hizo de la prohibición de la reelección una garantía
legítima frente al despotismo. Sin embargo, no se puede ignorar que las
normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales que
experimenta una sociedad, y que cada Estado goza de soberanía para
configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e
históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este
sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría
permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción
indebida al derecho a ser electo. En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el
problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido
en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su
modificación o eliminación fue reservada por la Constitución
exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el
único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos
principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados
fundamentales. PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN, CLÁUSULAS PÉTREAS Y PODER CONSTITUYENTE La Constitución hondureña tiene las características de una norma
fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o
garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las
normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es
mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más
complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene
principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo
alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de
acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en
ningún caso. Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la
prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante,
dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es
soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de
sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar
cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales
artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes
constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder
constituyente, ya que es el titular de la soberanía, como lo estable el
artículo 2 de la Constitución de la República, y el único facultado para
realizar este tipo de reformas. Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su
sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución” y
por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo
expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección
está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el
Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o
modificar. La razón es simple, tales instituciones son poderes
constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad
de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar
que se transformen en poder constituyente. La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula
pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de
nuestra Constitución que por su importancia fueron sustraídos de la
competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos. En
ese contexto, es importante resaltar que una Constitución es algo más
que una mera norma, pues también es el diseño de cómo idealmente tendría
que funcionar una sociedad , y quienes elaboraron dicho diseño
ordenaron jurídicamente el ejercicio del poder estatal y limitaron a los
poderes constituidos para que no pudieran modificar esos principios
supremos, entre ellos, la prohibición de la reelección. Por ello es que una Constitución supone ante todo un poder
constituyente, sin el cual no puede haber Constitución; en otras
palabras, sin el consentimiento expreso del pueblo no puede haber
Constitución, sino un gobierno de facto. Así como sin poder
constituyente no hay Constitución, sin soberanía no hay poder
constituyente, el cual “es el instrumento a través del cual se hace
realidad una determinada concepción de la soberanía. Porque la nación es
soberana por lo que dispone el Poder Constituyente y no a la inversa.
Esto es el significado de esa indisoluble asociación entre el pueblo y
la soberanía o, dicho de otra manera, la idea de que la soberanía reside
en el pueblo” . En consecuencia, es absolutamente ilegal e ilegítimo que dos poderes
constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5
magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y
diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al
pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea
que la prohíbe. Dicho de otro modo, la Sala de lo Constitucional asumió
facultades que le corresponden al poder constituyente, se convirtió
temporalmente en poder originario y usurpó sus funciones declarando
inaplicable un artículo pétreo. Del mismo modo, la intención del
Congreso Nacional de interpretar la sentencia para reglamentar la
reelección implica atribuirse facultades judiciales y vulnerar el
principio de separación de poderes . Indudablemente, estos actos implican suplantar la soberanía popular
que reside en los más de 4 millones de hondureñas y hondureños
habilitados para votar, y que son los únicos legitimados como titulares
del poder constituyente para decidir sobre los aspectos fundamentales de
nuestro sistema político, y vulneran la legitimidad de la Constitución
que se basa en el “acuerdo en torno a su contenido, o al menos al
respeto del mismo” . A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legal ni
legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que
actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente
corresponde al pueblo como poder constituyente . Por tanto, mientras el
pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección no está
revestida de validez democrática y, consecuentemente, las intenciones de
Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y la
inscripción de su candidatura constituyen un delito de traición a la
patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el
artículo 2 constitucional. REELECCIÓN Y ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA El segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que
“[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República
es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que
exista una rotación en el poder” y según el Diccionario de Derecho
Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala,
la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente
en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos” . En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la
reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder
constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona
titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y
prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro
período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras
del Dr. Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la
reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección” . La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Honduras en ningún momento declaró inaplicable la totalidad del artículo
4 constitucional, solamente su último párrafo que establece que su
infracción constituye delito de traición a la patria, y en consecuencia,
siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la
sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el
único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual
Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el
ejercicio de la Presidencia’” . En otras palabras, el señor Juan
Orlando Hernández no debió inscribirse como candidato a la presidencia
pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial . La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la
candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández violenta abiertamente
la Constitución y todos los responsables incurren en los delitos de
traición a la patria por suplantación de la soberanía popular y de abuso
de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que el
Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio, de
acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal. EL PAPEL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA REELECCIÓN La reelección del presidente Juan Orlando Hernández no es un simple
capricho personal que surgió a último momento. Es parte de un plan bien
orquestado que se fraguó desde que se convirtió en presidente del
Congreso Nacional en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, surgido de unas
cuestionadas elecciones organizadas por el gobierno de facto que asumió
el poder después del golpe de Estado en 2009. Uno de los puntos centrales de dicho plan ha sido asegurar el control
absoluto de las instituciones democráticas y exaltar su figura personal
desde una lógica mesiánica que proyecta al presidente Hernández como el
único hombre capaz de manejar con mano dura las riendas del país. Para
ello, él y sus partidarios han logrado concentrar el poder en su persona
pero guardando las apariencias formales de la democracia
representativa. Así, en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando
Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, y su partido se
basaron en acusaciones vagas de vinculación con el crimen organizado
para destituir ilegalmente a cuatro magistrados y magistradas de la
anterior Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional
uno de sus proyectos estrella, la “Ley de las Ciudades Modelo”, y en el
mismo acto nombraron a cuatro nuevos magistrados y magistradas afines
que posteriormente revirtieron esa decisión. El Congreso Nacional no
tenía la competencia para ejecutar esta destitución y aprovechando la
mayoría técnica violó abiertamente los principios de separación de
poderes y de independencia judicial. El único magistrado sobreviviente a las destituciones fue Óscar
Chinchilla, quien fue el único que votó a favor de la constitucionalidad
de dicho proyecto, y ocho meses después fue nombrado Fiscal General del
Estado por el parlamento anterior en una cuestionada elección debido a
que en el proceso de preselección había sido descartado por la Junta
Nominadora y a que conforme a la Constitución debía ser elegido por el
congreso actual . Bajo esta misma lógica de control de instituciones claves, se eligió
al nuevo Procurador General del Estado, Abraham Alvarenga , y al
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres,
se integró el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuya
ley de creación fue declarada inconstitucional por la Sala de lo
Constitucional actual, provocando que sus funciones se concentren en la
figura del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando
Argueta, hombre cercano al presidente Hernández. La elección de la actual Corte Suprema de Justicia que quedó
integrada por 8 magistrados y magistradas afines al Partido Nacional, y 7
al Partido Liberal, también se enmarca dentro de esa misma lógica y,
además, en la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia,
evitando así la existencia de un Poder Judicial independiente y
profesional que luche frontalmente contra la corrupción y la impunidad. A
su vez, se activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más
que un órgano de coordinación entre los poderes del Estado, tiene todas
las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de
la República. Las Fuerzas Armadas tampoco han escapado de tal control, ya que el
presidente Hernández ha logrado colocar a familiares, amigos y ex
compañeros del Liceo Militar del Norte en puestos claves, tales como, la
Universidad de Defensa, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección
Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Especiales, la
Fuerza Aérea Hondureña y la comandancia general del Ejército . Y para
cerrar el círculo, se creó la Policía Militar de Orden Público que
además de otorgarle las mismas facultades de la Policía Nacional,
mediante una reforma a su ley constitutiva en el año 2003, se le asignó
todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la
República. Lo anterior nos muestra cómo el presidente Hernández ha consolidado
una inmensa de red de favores y controles para colocar al frente de la
institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes
continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas
inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a
la frágil democracia hondureña. Por ello es que toda la
institucionalidad del Estado defiende la supuesta legalidad de la
reelección y con una pobreza argumentativa impresionante se limitan a
señalar que la reelección es legal porque hay una sentencia que dice que
es legal. De esta manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia declaró inaplicable el artículo pétreo que contiene la
prohibición de la reelección, el Congreso Nacional rechazó la petición
de convocar a un plebiscito para consultar al poder constituyente si
está de acuerdo o no con la reelección, el Tribunal Supremo Electoral
inscribió la candidatura del señor Hernández y las Fuerzas Armadas se
declararon “respetuosas” de estas decisiones pese a que el artículo 272
constitucional les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio
de la presidencia. Finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó
al Congreso Nacional derogar los artículos constitucionales que prohíben
la reelección a pesar de su ilegalidad e ilegitimidad , y el Ministerio
Público sigue guardando un silencio sepulcral pese a su obligación de
iniciar investigaciones de oficio por suplantación de la soberanía
popular y la transgresión del principio de alternabilidad . El irrespeto
hacia la ciudadanía es tal que ninguno de los titulares de las
instituciones mencionadas son capaces de hilvanar justificaciones éticas
y jurídicas congruentes para sostener semejante ilicitud e intentan
lavarse las manos con el lacónico argumento de que la reelección es
legal porque supuestamente lo dice una sentencia y que es cosa juzgada. CONCLUSIÓN Sustentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del
actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a
importantes obstáculos para encontrar argumentos democráticos sólidos
que permitan negar que su candidatura representa una nueva ruptura del
orden constitucional. En el año 2009, quienes ahora defienden con
dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por
considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la
institucionalidad republicana y los derechos humanos. Y lo más grave es
que han usurpado al soberano su facultad constituyente de modificar o no
el artículo pétreo que la prohíbe, y se colocan por encima de la
Constitución nacional para ignorar la obligatoriedad del principio de
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Indudablemente nos encontramos frente a un tercer rompimiento del
orden constitucional ejecutado en los últimos 8 años, el cual no puede
comprenderse sin el contexto de subordinación absoluta de las
instituciones democráticas al Poder Ejecutivo. Los tres están
intrínsecamente conectados y no se pueden explicar los unos sin los
otros; el primero fue en el 2009 cuando se dio el golpe de Estado al ex
presidente Manuel Zelaya Rosales; y el segundo fue en diciembre de 2012
cuando el Congreso Nacional destituyó ilegalmente a 4 de los 5
magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional, y que
paradójicamente es la misma Sala que jugó un papel legitimador de las
violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de facto . Creo que a estas alturas me quedé corto cuando hace unos meses señalé
que la consolidación del despotismo en el país era aún una amenaza a la
funcionalidad y esencia de la democracia , pues realmente nos
encontramos ante un momento histórico plagado de autoritarismos en donde
solo una ciudadanía activa, pensante, crítica y consciente de sus
derechos, podrá detener “la dulce dictadura” que desde el 2009 comenzó a
instaurarse y que a todas luces se va convirtiendo en una dictadura en
toda su crudeza, a vista y paciencia de la llamada “comunidad”
internacional que se empeña en continuar financiando reformas normativas
e institucionales con los mismos actores que hasta el momento han
impedido el logro de resultados tangibles que se traduzcan en una
verdadera democratización del país .
Familiares de Berta Cáceres se confrontan con presidente de Honduras en el Congreso de EEUU
Posted on 23 marzo, 2017 by soawlatina
Washington, DC – Manifestantes, incluso una hermana y sobrina de
Berta Cáceres, activista que fuera asesinada en marzo del 2016 en
Honduras, bloquearon la puerta de la sala donde el presidente hondureño
Juan Orlando Hernández se reunía este martes con miembros del Comité de
Centroamérica de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. La reunión del Presidente Hernández fue por invitación de la
fundadora y copresidenta del Comité Centroamericano, Norma Torres
(D-CA), y se desarrolló después de que la Representante Torres declino
la solicitud de los familiares de Cáceres que ella sea copatrocinadora
del Proyecto de Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras. Los familiares de Cáceres habían enviado a la Representante Torres
una carta abierta en la que la instaban a ser copatrocinadora del
Proyecto de Ley HR 1299, citando asesinatos y amenazas en curso a
líderes y activistas sociales en Honduras como la investigación
vergonzosa del asesinato de Berta Cáceres. El Proyecto de Ley podría suspender el apoyo estadounidense a las
fuerzas de seguridad hondureñas “hasta que las violaciones a los
derechos humanos, por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas,
cesarán y sus autores fueran llevados ante la justicia”. Documentos judiciales filtrados indican que al menos dos de los
acusados por el asesinato de Cáceres recibieron entrenamiento militar
extenso en los Estados Unidos, incluso en la infame Escuela de las
Américas. “Un gobierno que no protege a sus ciudadanos y cuyas fuerzas de
seguridad están implicadas en ataques y asesinatos de activistas no
debería recibir financiamiento de seguridad y entrenamiento del gobierno
de los Estados Unidos”, dice la carta de la familia. La visita del presidente hondureño a Washington DC, para reunirse con
el Comité de Centroamérica de la Cámara de Representantes, también se
produce en medio de la controversia en Honduras por su intención de
postularse para la reelección. Según la Constitución hondureña, el presidente Hernández no puede
postularse pero la Corte Suprema está permitiendo la candidatura de
Hernández en 2017. El Congreso hondureño destituyó a varios jueces de la Corte Suprema
en 2016, cuando Hernández era presidente del Congreso, en un “golpe
técnico” tras declarar inconstitucional la ley de reforma policial.
Otro escándalo también involucra a la familia, el partido y el gabinete
del presidente Hernández en el tráfico de drogas. Un informante de la
DEA y ex miembro del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera
Maradiaga, declaró ante un tribunal de Nueva York, la semana pasada, que
había discutido un plan de soborno con el hermano del presidente
Hernández, el diputado Antonio “Tony” Hernández. La audiencia fue sobre el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, Fabio
Porfirio Lobo, quien se declaró culpable del tráfico de drogas el año
pasado. Rivera Maradiaga también ha declarado que el ex presidente Lobo
recibió sobornos de “Los Cachiros”, ofreciendo protección, contra las
autoridades y de extradición, a cambio. El presidente Hernández es del
mismo partido político, el Partido Nacional, como el ex presidente Lobo. Rivera Maradiaga testificó que entregó una grabación de su reunión
con Tony Hernández, en la que Hernández solicita soborno a la
DEA. Rivera Maradiaga también ha proporcionado testimonios en la Corte
que vinculan al actual ministro de Seguridad de Honduras, Julián
Pacheco, con el cártel de “Los Cachiros”. La sobrina de Berta Cáceres declaró: “Una de mis preguntas al
gobierno de los Estados Unidos es ¿Por qué estamos dando ayuda en
seguridad a un gobierno corrupto, un gobierno que protege a
narcotraficantes?”. También le gritó al presidente Hernández, mientras salía de la
reunión, en medio de una gran seguridad, preguntando ¿Por qué se niega a
permitir una investigación internacional sobre el asesinato de su
tía?; siendo ignorada. Video de la protesta: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1292298774189883&id=912992785453819 Para más información:bertacaceres.org Fuentes: The Guardian: Berta Caceres court papers show murder suspects’ links to U.S.-trained elite troops; InSight Crime: Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker; AFP:Honduras vows fight against drug gangs after narco-chief testimony Envio de SOAWatch
domingo, 26 de marzo de 2017
El sacerdote que se enfrenta al presidente de Honduras
Publicado por
Américo Roca Dalton en HONDURAS TIERRA LIBRE
Por: Sandra Rodríguez “La Verdad” es un derecho que se le ha negado históricamente al
pueblo hondureño, de manera directa a las víctimas de delitos de lesa
humanidad como las detenciones y desapariciones forzadas, y asesinatos
políticos. Situación que crecentó la impunidad hasta en un 95 por
ciento, según estudios de diferentes organizaciones, ante la falta de
investigación. Las víctimas tienen derecho a la verdad, como lo exigen desde hace
más de tres décadas los y las integrantes del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que cada primer viernes
del mes, se manifiestan en la Plaza “Los Desparecidos”, de Tegucigalpa,
frente al Congreso Nacional y cerca de la Antigua Casa Presidencial,
para exigir que el Estado les responda ¿Dónde están sus parientes? Más
de 184 detenidos desaparecidos durante la Doctrina de Seguridad Nacional
entre 1979 y 1994. Así como ayer miércoles 23, familiares del político Ángel Pacheco
León, acompañados por el COFADEH, se presentaron ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, CO-IDH, para encarar al Estado de
Honduras, quien no ha dado respuesta por el asesinato del entonces
aspirante a diputado por el Partido Nacional, representando al al
departamento de Valle, en noviembre del 2001. Esa misma verdad, es el derecho por el que espera la familia de las
defensoras de derechos humanos Margarita Murillo y Berta Isabel Cáceres
Flores, asesinadas en 2014 y 2016 respectivamente. Es el mismo derecho
por el que Wilfredo Yánez, esperó hasta el día de su muerte hace seis
meses, ante el asesinato de su hijo de 16 años de edad en el 2012, a
manos de militares. Son cientos los casos impunes en cuanto al asesinato de 123
defensores de la tierra y el ambiente en Honduras, 70 periodistas y
comunicadores sociales, más de 4 mil femicidios, incontables casos de
niños y adolescentes, campesinos y personas de diversidad sexual, en los
últimos siete años. Y
es el derecho a la Verdad, lo que ansía las familias de los
desaparecidos forzados en el 2011, Reynaldo Cruz Palma, Elías Muñoz, y
el sindicalista Donatilo Jiménez en el 2015, entre otros casos, que
acompaña el COFADEH. Hoy se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad y por
la Dignidad de las Víctimas, con lo que, se le rinde tributo al
arzobispo salvadoreño -ahora Beato- Óscar Arnulfo Romero, asesinado la
tarde del 24 de marzo de 1980, cuando celebraba Eucaristía en un
hospital capitalino. Monseñor Romero, un defensor del derecho a la vida, la verdad,
libertad y a la justicia, entre muchos más, condenaba las violaciones
cometidas en su país, denunciaba la ocupación militar y la opresión
contra los más desposeídos, hasta el día de su martirio. “Mi muerte sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de
esperanza en el futuro”, expresó el Obispo Salvadoreño de la orden
Jesuita, cuyo crimen se encuentra en la impunidad. Hace dos años el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
de El Salvador, David Morales, pidió a las autoridades de justicia
reabrir el caso del prelado, para investigar el crimen y deducir
responsabilidades, expresando que “es una obligación de Estado aplicar
la justicia a todas las gravísimas violaciones y crímenes de lesa
humanidad que tuvieron lugar durante el conflicto armado”. Después de 37 años, la verdad sobre el crimen que cegó la vida de Monseñor Romero, es acallado por la impunidad. Romero tenía 62 años de edad, cuando su sangre fue derramada como
semilla de libertad, en un crimen que aún espera “Verdad”. El siguiente
texto es de fragmentos de sus últimas homilías en la Catedral
Metropolitana, donde ahora descansan sus restos, en una tumba con su
figura revestida de Obispo y una esfera color rojo en su pecho, símbolo
del impacto de bala, y tras de él, decenas de criptas de sacerdotes: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres
del ejército. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la
policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a
sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un
hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de
Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que
recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la
orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la
Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse
callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las
reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios pues, y en
nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada
día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de
Dios: cese la represión”. Cabe mencionar que entre las víctimas de desaparición forzada que
registra el COFADEH, durante la guerra sucia en Honduras también
desaparecieron las salvadoreñas Sara del Carmen Arce Romero, Jesús Enoé
Arce Romero, Nora Gomez Barillas (secretaria de monseñor Romero), y su
esposo Maurico Barillas, quienes después del asesinato del Obispo
integraron la comunidad Cristiana Monseñor Romero, que fue allanada por
agentes de la entonces Dirección Nacional de Investigación (DNI), en
1981. El matrimonio Barillas Gómez, fue separado de sus tres hijos Nora
Patricia (11), Gerardo Mauricio (9) y José Daniel (5), y según los
recortes periodísticos de la época -documenta el COFADEH- los niños y
una anciana fueron entregados en mayo del mismo año con nombres falsos a
las autoridades migratorias de El Salvador, en el puesto fronterizo de
El Amatillo. En memoria de San Romero de América El
21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad
en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas, rindiendo de esa forma un justo homenaje a
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño que se constituyó
en un incansable defensor de los derechos humanos hasta su martirio. La iniciativa reconoce la necesidad de promover la memoria histórica y
la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Asimismo, busca
rendir tributo a personas que como Monseñor Romero dedicaron su vida a
promover los derechos humanos de todos, protegiendo a los más
vulnerables y desposeídos. La resolución, propuesta por El Salvador, contó con el copatrocinio
de 45 países miembros de Naciones Unidas: Argentina, Austria, Bolivia,
Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, Hungría,
Nicaragua, Perú, Polonia, República Dominicana, Venezuela, Armenia,
Albania, Bélgica, Colombia, Ecuador, Honduras, Italia, Panamá, Grecia,
Chile, Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro, Chipre, Jamaica,
Portugal, Luxemburgo, Uruguay, Costa Rica, Brasil, México, España,
Alemania, Moldova, Rumania, Azerbaiyán, Seychelles, Paraguay e India. El propósito del Día es el siguiente: Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la
verdad y la justicia; Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover
y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en
ese empeño; Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores
de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró
activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su
país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus
mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las
poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la
humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista
consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas
humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos
constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para
evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida
el 24 de marzo de 1980. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San
Miguel, el 15 de agosto de 1917. Desde pequeño, fue conocido por su
carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las
comunicaciones.
Chile
Marcha "No+AFP": histórica movilización en contra el sistema privado de pensiones
Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar.
¡Nuestro pueblo construyendo dignidad!
Marcha contra las AFP para construir hoy un nuevo sistema de reparto, justo y solidario.
Coordinadora “No+AFP” calificó como histórica la jornada de movilización
Autor: A. Vera - LA TERCERA
La pacifica manifestación que comenzó a las
11.00 horas contó con la presencia de alrededor de 800 mil personas en
Santiago y más de 2 millones de participantes a nivel nacional.
Foto: Agencia Uno.Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora “No + AFP”. La convocatoria de carácter familiar comenzará en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo de realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes. En Santiago, se reunieron miles de personas a marchar en contra de las AFP. Organizaciones como la CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta masiva movilización. Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas a esta hora en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. En tanto, Carabineros cifró en 50 mil los asistentes. Luis Mesina aseguró a ADN que se espera “que hayan más de 2 millones de personas en las calles desde Arica a Magallanes”. Además destacó algunos avances que se han realizado. “Hemos
logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta
todavía más”. “El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los
cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la
calle”, añadió. Respecto a la posición política de la coordinadora fue enfático en señalar que no se involucrarán con ningún partido político y hicieron un llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema de pensiones.
Por su parte, el Intendente metropolitano, Claudio Orrego,destacó el carácter pacífico de las marchas anteriores y dijo que espera que esta no sea la excepción. Debido a esta pacifica manifestación Carabineros presentó algunos desvíos que puedes revisar a continuación:
Histórica movilización en Chile contra el sistema privado de pensiones
26 de Marzo de 2017 - LIBRERED
La manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la
presencia de alrededor de 800.000 personas en Santiago de Chile y más de
2 millones de participantes a nivel nacional. Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha
contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora
“No + AFP” (No más Administradoras privadas de Fondos de Pensiones). La
convocatoria comenzó en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó
en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo se realizaron
manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes. En Santiago, se reunieron miles de personas a marchar en contra de
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Organizaciones como la
CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta
masiva movilización. Desde la coordinadora se contabilizaron más de 800.000 personas en
Santiago, mientras que ha nivel nacional más de dos millones de personas
se unieron a la movilización familiar. Luis Mesina aseguró a ADN que se espera “que hayan más de 2 millones de personas en las calles desde Arica a Magallanes”. Además destacó algunos avances que se han realizado. “Hemos logrado
que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta todavía
más”. “El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y
los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”,
añadió. Respecto a la posición política de la coordinadora fue enfático en
señalar que no se involucrarán con ningún partido político e hicieron un
llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema
de pensiones. Por su parte, el Intendente metropolitano, Claudio Orrego, destacó el
carácter pacífico de las marchas anteriores y dijo que espera que esta
no sea la excepción. - La Tercera
Marcha "No+AFP" espera más de 2 millones de personas: "Creemos que será la marcha más grande de la historia"
por El Mostrador 26 marzo, 2017
"Hicimos
un recuento de los más de 65 puntos del país desde donde vamos a salir a
marchar desde las 11:00 de la mañana (...) Yo creo que en el país vamos
a tener dos millones de personas", agregó Luis Mesina, uno de los
voceros de la coordinadora."Creemos que
será la marcha más grande la historia". La coordinadora "No + AFP" tiene
grandes expectativas de lo que será la manifestación nacional de este
domingo para exigir el fin de las Administradoras de Fondos de
Pensiones. 2 millones de personas es lo que esperan a nivel nacional Luis
Mesina, uno de los voceros de la coordinadora. "Creemos que será,
esperamos, la marcha más grande la historia, porque tenemos una
coordinación nacional desde Arica a Magallanes", señaló a Emol. "Hicimos un recuento de los más de 65 puntos del país desde donde
vamos a salir a marchar desde las 11:00 de la mañana (...) Yo creo que
en el país vamos a tener dos millones de personas", añadió. Por lo demás, Mesina cuenta con que la manifestación sea tranquila,
"que la indignación se canalice de manera pacífica, pues esta es una
marcha familiar. No queremos gente que venga a producir desmanes". A su
juicio, nunca en la historia de Chile una organización de las
características de "No + AFP", que asegura no depende de ningún partido u
organización sindical, ha logrado una manifestación como la que
esperan. "Esto devela que tenemos una organización potente. La gente cree en
este movimiento, en esta demanda, y por eso estamos muy confiados en que
la gente va a salir con mucha fuerza y confianza a esta gran marcha
familiar y pacífica", puntualizó..
Según la coordinadora "No+AFP", marcharon 2 millones de personas
Multitudinaria marcha contra las AFP se destaca por su carácter pacífico y familiar
por El Mostrador 26 marzo, 2017
Luis
Mesina, vocero de la coordinadora, envió un mensaje político al decir
que no se involucrarán con ningún partido y, además, hizo un llamado a
no votar por los candidatos que no quieran modificar el sistema de
pensiones. "Muchos candidatos han salido a vestirse oportunistamente con
las banderas del movimiento y a prometer sistemas mixtos sin tener una
propuesta concreta", acotó.Desde las 11:00
horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de
pensiones, organizada por la coordinadora "No+AFP". Una jornada familiar, pacífica y de carácter masivo, que reunió,
según la coordinadora, a 800 mil personas en Santiago y a 2 millones de
personas a nivel nacional. En Santiago, la marcha partió en Plaza Italia y terminó en Los Héroes, alrededor de la 14:00 horas. Luis Mesina, vocero de la coordinadora, envió un mensaje político al
decir que no se involucrarán con ningún partido y, además, hizo un
llamado a no votar por los candidatos que no quieran modificar el
sistema de pensiones. "Muchos candidatos han salido a vestirse
oportunistamente con las banderas del movimiento y a prometer sistemas
mixtos sin tener una propuesta concreta", acotó. "A la mayoría de los políticos y candidatos no le creemos, no nos van
a engañar una vez más. No basta con decir 'No AFP', no basta con decir
que hay que mejorar las pensiones", agregó Mesina,
Con marcha nacional, NO+AFP vuelve a exigir el fin del sistema de pensiones
Paula Campos |Domingo 26 de marzo 2017 7:47 hrs.
En
la nueva jornada de movilización, se proyecta que más de cuarenta
comunas en todo Chile se movilicen exigiendo el fin del sistema de
pensiones. Además, de la convocatoria, las miradas están puestas en el
anuncio que la Coordinadora hará a la ciudadanía.
Este
domingo, la Coordinadora No+AFP encabezada por Luis Mesina, sale a la
calle por cuarta vez para exigir el fin de las Aseguradoras de Fondos de
Pensiones.
La
convocatoria alcanza a más de cuarenta ciudades en todo el país. De
norte a sur, estudiantes, trabajadores de la salud, profesores,
empleados públicos, mineros, entre otros, anunciaron sumarse a la marcha
que, en todo Chile, se iniciará a las 11 horas.
En
la previa a la movilización, los organizadores extendieron la
invitación a todos quienes quieran un cambio en el sistema de pensiones:
“A todas luces, las AFP han fracasado, las pensiones que el sistema
otorga a los afiliados cuando se pensionan son absolutamente
insuficientes, y seguirán empeorando. Hoy, las pensiones de las AFP en
promedio son de $125.319 pesos, y más del 91% recibe menos de $151.353”.
Las cifras, según la OCDE, son de las más bajas del grupo. Además, con
tasas de reemplazo de 35% para mujeres y 40% para hombres, siendo uno de
los países que presenta mayor desigualdad entre ambos sexos.
Otra
de las acusaciones de la Coordinadora es que las AFP han sido exitosas
“en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en
capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para
invertirlo en los mercados financieros”.
Por
eso, exigen a las autoridades el garantizar un Sistema de Reparto
Solidario con aportes tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar
significativamente las pensiones tanto para los pensionados actuales
como para los futuros. Chile no es un país envejecido, por el contrario
estamos en un periodo de transición demográfica con más de cinco
trabajadores activos por cada pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor
enfrenta los futuros problemas demográficos, mientras que las pensiones
del sistema de AFP ya están cayendo a niveles insostenibles”.
En
la movilización de octubre, la Coordinadora hizo un llamado a abandonar
las aseguradoras Cuprum y Hábitat, antes, habían solicitado cambiarse
al Fondo E: en 2016 fueron más de 200 mil las personas que se sumaron a
este fondo con el fin de capear la volatilidad de los mercados.
Con
este precedente, este cuarto llamado a movilización culminará con un
nuevo anuncio. Al menos así lo comprometió Luis Mesina, quien -además-
es sondeado para ser uno de los candidatos presidenciales del Frente
Amplio, definición que se podría confirmar durante las próximas horas.
Sin
embargo, el propio Mesina ha manifestado “pudor” ante la posibilidad de
convertirse en alternativa a La Moneda. En conversación con Cooperativa
dijo no tener aspiraciones políticas, pero estar consciente de que las
decisiones no son estáticas: “Hay que escuchar más a la gente para tomar
una decisión (…) Nosotros vamos a evaluar, como coordinadora, qué es lo
que vamos a hacer políticamente. A priori, nunca hemos descartado
nada”.
Criticas a Valdés
La cuarta marcha contra el sistema se da en medio de las críticas políticas hacia el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD).
La primera en encender el debate fue la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (DC), quienaseguró que su salida fue producto de la hegemonía de la cartera de Hacienda en el tema de pensiones.
La
nueva ministra de Trabajo, Alejandra Krauss (DC), también tuvo un
capítulo polémico con Valdés. La secretaria de Estado reveló que el
cinco por ciento extra de cotización no sería administrado por las AFP, a
lo que el jefe de la cartera fiscal respondió con duras críticas hacia
su compañera, a quien calificó de imprudente, y desmintió que estuviera
zanjado el destino de la cotización adicional.
Los
problemas no sólo han sido al interior del gabinete. En la Nueva
Mayoría diversas voces lo acusan de defender los intereses de las AFP en
desmedro de los trabajadores. Sin embargo, y mientras se discute el
destino de los nuevos dineros que entrarán a la ecuación, con las
declaraciones de los ministrosse deja entrever que el Gobierno cerró la
puerta a la propuesta que en agosto pasado entregara la Coordinadora a la presidenta Bachelet.
Por
eso, desde No+AFP también aportaron al debate: “Lamentablemente a esta
altura no nos sorprende que nuevamente el ministro (Rodrigo) Valdés
salga en defensa de las AFP y los grandes grupos económicos, pero se
entiende al saber que en medio de las manifestaciones nacionales por
terminar con las AFP, se reuniera en EEUU, en una cena en octubre de
2016, con representantes de las multinacionales Principal Financial
Group, propietaria de Cuprum, y de MetLife, propietaria de Provida.
Menos escabroso, pero igual de imprudente, fue el ataque público que
hizo contra la ministra de Trabajo y Seguridad Social”.
Además, responsabilizan a la Presidenta por la demora en el cambio al sistema. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile,
el vocero Luis Mesina dijo que “los partidos de la Nueva Mayoría tienen
una posición interesada de culpar a los ministros de estado del nulo
avance en esta materia cuando toda responsabilidad recae en la
presidenta Michelle Bachelet.“Realmente los trabajadores no hemos tenido
nada. El anuncio que se hizo en agosto pasado sobre el aumento del
cinco por ciento gradual a la contribución de los empleadores aún no se
resuelve”.
Por
eso insistieron en su llamado a “todas las familias trabajadoras de
Chile a marchar masivamente este domingo 26 de marzo para dejar en claro
que no queremos más AFP, ni privada ni estatal, y no toleraremos
reformas cosméticas que no dan solución real a las bajas pensiones ni a
la estafa permanente de que venimos siendo objeto los trabajadores
chilenos por las AFP desde hace más de 36 años”.
La
exigencia es volcarse a un Sistema de Reparto Solidario con aportes
tripartitos”, es decir, con dineros provenientes desde el trabajador/a,
empleador y el Estado, dejando atrás el modelo de capitalización
individual impuesto por José Piñera durante la dictadura.
Con histórica convocatoria, chilenos exigen el fin de las AFPs
Paula Campos |Domingo 26 de marzo 2017 14:51 hrs.
Más
de dos millones de chilenos se manifestaron en contra del sistema
previsional. Los convocantes agradecieron la participación y emplazaron
al Ejecutivo a escuchar la voz de la gente. En la marcha, la
Coordinadora No+AFP dijo que la primera meta de 2017 es hacer colapsar a
Cuprum y Provida. Luis Mesina, en tanto, no descartó ser candidato
presidencial del Frente Amplio, pero aclaró que eso solo pasará con el
beneplácito de todo el movimiento.
Histórica
fue la convocatoria alcanzada en la marcha No+AFP. En Santiago cerca de
ochocientas mil personas se sumaron a la movilización que a nivel
nacional superó los dos millones de manifestantes que caminaron
pacíficamente por los recorridos autorizados por cada intendencia.(Ver galería fotográfica) Al
final del recorrido, el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina,
agradeció la convocatoria y reiteró en el llamado a movilizarse para
exigir el fin del modelo de pensiones. La propuesta es garantizar un
Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos. Antes, había
señalado que “sobre la base de las reformas no mejoraremos las
pensiones”, haciendo alusión a la tibia respuesta del Ejecutivo que se
comprometió a “mejorar” el sistema. Mesina volvió a criticar al
Gobierno, acusándolos de mantener la actitud de desdeñar al movimiento
social: “es por esto que este movimiento va a acabar con las AFP les
guste o no les guste”. Uno de los primeros pasos para lograr ese
objetivo es lograr que Cuprum y Provida colapsen durante el primer
semestre, explicó el dirigente sindical bancario. El llamado fue seguir
con las desafiliaciones masivas de estas administradoras que en 2015
hicieron una fusión de papel que les permitió evadir más de
cuatrocientos millones de dólares. “Con esta acciones golpearemos
el corazón del sistema y avanzamos en la dirección de nuestro objetivo
final, que es acabar con las AFP e instalar un sistema público de
pensiones, solidario y para todos los chilenos”, exclamó Mesina. La
molestia contra las aseguradoras radica en el bajo retorno que entrega a
los trabajadores. Según datos entregados por la OCDE, Chile es el país
del grupo que entrega menores dineros a sus jubilados. A eso se suma que
es el más desigual en materia de equidad de géneros a la hora de
repartir los dineros de pensiones. En promedio, un pensionado
local alcanza los 208 mil pesos y fracción (Sol), cifra por debajo,
incluso, del salario mínimo. En Fundación Sol lo tienen claro, por eso
aseguran que ser viejo y pobre es el destino de miles de chilenos si se
mantiene el sistema. En
cambio, en un sistema tripartito, se busca que el origen del dinero no
provenga completamente del trabajador, reduciendo así los factores de
inestabilidad del mercado. Camino a La Moneda Antes
de iniciar el recorrido de este 26 de marzo, se presumía que Luis
Mesina podría sumarse a la carrera presidencial. El vocero de la
Coordinadora es una de las alternativas que baraja el Frente Amplio para
competir en la definición interna y escoger la mejor carta para la
papeleta de noviembre. Pese a las especulaciones, la marcha
culminó sin anuncio presidencial. La única mención que se hizo a las
elecciones fue en el discurso final de la convocatoria en Santiago,
cuando se anunció que la Coordinadora apoyará al candidato presidencial
que se muestre partidario de poner fin al sistema previsional. En
conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero no
descartó su participación en las elecciones del movimiento de izquierda.
Sin embargo, dejó en claro que esta era una decisión que tomarían todos
los miembros de la Coordinadora, porque “el hacer política desde la
cúspide” es algo que rechazan como movimiento ciudadano. Beatriz
Sánchez, otra de las posibles cartas del Frente Amplio, si participó de
la manifestación. También lo hizo Marco Enríquez Ominami, junto al PRO. Discurso contra Valdés La
cuarta marcha en contra de las AFPs se dio enmarcada en la discusión
sobre el rol del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la reforma al
sistema. Desde que la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, lo
acusara de monopolizar la agenda de pensiones, solo se han sumado voces a
la crítica contra el actuar del militante PPD. Desde la nueva jefa de
la cartera de Trabajo, Alejandra Krauss, hasta parlamentarios de la Nueva Mayoría,
lo acusan de defender el patrimonio de las empresas. Por ejemplo, el
diputado Lautaro Carmona apuntó a la falta de empatía de Valdés con
algunas iniciativas gubernamentales. “Prefiero estar con los imprudentes
que luchan por causas justas, por causas históricas que además tienen
la empatía absoluta de lo que fue el mensaje que hizo la presidenta de
la república en días pasados. Yo anuncio que el Partido Comunista no va a
transigir en destinar aunque sea un centavo para fortalecer la
industria privada de las AFP”. Desde la Democracia Cristiana, el
jefe de bancada de ese partido, Roberto León manifestó que “el ministro
Valdés demuestra su escaso manejo político y su nula sintonía con los
chilenos”, mientras que el diputado Gabriel Silber apuntó a la
desconexión entre el titular de Hacienda y lo que espera la ciudadanía.
“Parece que en Teatinos 120 viven en otro planeta, y no lo digo sólo por
el tema reformas y AFPs”, acusó el parlamentario. La Coordinadora
también ha tenido duras palabras para el ex presidente del BancoEstado.
En el discurso de cierre de la marcha, Luis Mesina adelantó que
exigirán la renuncia del ministro por ser un “actor del sistema”. En
entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile reforzó la idea
asegurando que los trabajadores no pueden seguir permitiendo este tipo
de conductas.
En Santiago
[Fotos] Con masiva marcha los ciudadanos se manifestaron en contra de las AFP
Este domingo
miles de personas se reunieron en todas las ciudades del país para
exigir un mejor sistema de pensiones. En Santiago la marcha se
desarrolló con fuerza a lo largo de la Alameda.
El Ciudadano
Este domingo en todo Chile los ciudadanos salieron a las
calles a manifestarse en contra del sistema de pensiones que impera en
nuestro país. En Santiago la convocatoria fue multitudinaria. Miles de personas marcharon por la Alameda exigiendo pensiones más dignas. A continuación fotografías de la marcha No + AFP:
Foto: Vasti Abarca
Foto: Vasti Abarca
Marcha recorre el país exigiendo el fin a las AFPs
Diario Uchile |Domingo 26 de marzo 2017 12:16 hrs.
Desde
las once de la mañana, ciudades de todo el país marchan en contra de
las AFPs y exigen un cambio en el sistema de pensiones. En
Santiago, la convocatoria se inició en Plaza Italia, desde donde caminan
hasta Plaza Los Héroes, lugar escogido por la Coordinadora No+AFP para
entregar un importante anuncio. A la convocatoria se suman
estudiantes, sector minero, portuarios, empleados públicos, la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), profesores y gremios de la salud, entre
otros. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile,
Mario Aguilar, presidente del Magisterio, aseguró que es una
multitudinaria marcha que demuestra que esta es una de las principales
luchas que levanta el pueblo de Chile. Es un tema transversal en el que
todos estamos afectados por este fracasado previsional. “No hay un
sistema en el mundo más fracasado que este”. Por eso, insiste en la
necesidad de fortalecer el descontento ciudadano para presionar a los
políticos. En tanto, Luis Mesina volvió a increpar a la presidenta
a quien responsabiliza de la demora en las definiciones para generar un
cambio en el sistema.
A
través de un video, Radio Villa Francia logró captar el momento en que
Fuerzas Especiales de Carabineros impedía el paso de los manifestantes
de la marcha No+AFP en Santiago.
Tal como se
ve en la grabación, la masiva convocatoria logró imponerse y seguir
avanzando en completa calma por el trazado autorizado del recorrido.
CHILE 26 de marzo de 2017, 16:03hs LR21
Chilenos realizaron la marcha "más grande de la historia” contra las AFP
Este
domingo se desarrollaron masivas movilizaciones en las principales
ciudades de Chile contra el actual sistema privado de pensiones,
heredado de la dictadura de Pinochet. Se calcula que cerca de 800 mil
personas se concentraron en Santiago.
Chilenos realizaron la marcha “más grande de la historia” contra las AFP. Foto archivo.
Desde las 11 horas de este domingo se llevó a cabo una nueva marcha
contra el actual sistema privado de pensiones chileno que se mantiene
como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. La marcha fue convocada por la coordinadora “No + AFP” y el apoyo de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNT) y fue primera gran
manifestación del año en ese país. Los organizadores calculas que hubieron 800 mil persoas en Santiago y
que cerca de dos millones se movilizaron a nivel nacional para exigir
el fin de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP fueron instauradas por la dictadura de Pinochet en 1981 y
administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de trabajadores
chilenos, entregando pensiones bajísimas a sus afiliados. Luis Mesina coordinador del movimiento “No + AFP”, destacó que en los
últimos tiempos se han logrado algunos avances pero no es suficiente:
“Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos
falta todavía más”. “El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y
los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”,
aseguró.
Respecto a la posición política de la coordinadora de cara a las
próximas elecciones de noviembre dejó en claro que no se involucrarán
con ningún partido político e hizo un llamado a no votar por los
candidatos que no quieran cambiar el sistema de pensiones. La actual presidenta Michelle Bachelet prometió reformar la normativa
que establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de
destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las
AFP. El sistema, pionero en el mundo al establecer la capitalización
absolutamente individual del trabajador, prometió cuando fue creado una
jubilación equivalente al 70% del último salario, sin embargo a 30 años
de su instalación la pensión media es menor al sueldo mínimo (casi 400
dólares). Desde la coordinadora No + AFP señalan que éstas han sido exitosas
“en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en
capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para
invertirlo en los mercados financieros”. Por lo que exigen a las
autoridades el garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes
tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar significativamente las
pensiones tanto para los pensionados actuales como para los futuros.
Chile no es un país envejecido, por el contrario estamos en un periodo
de transición demográfica con más de cinco trabajadores activos por cada
pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor enfrenta los futuros
problemas demográficos, mientras que las pensiones del sistema de AFP ya
están cayendo a niveles insostenibles”.
Un grito de los excluidos
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Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora “No + AFP”. La convocatoria de carácter familiar comenzará en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo de realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes. 
La manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la
presencia de alrededor de 800.000 personas en Santiago de Chile y más de
2 millones de participantes a nivel nacional.
Desde las 11 horas de este domingo se llevó a cabo una nueva marcha
contra el actual sistema privado de pensiones chileno que se mantiene
como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
