HONDURAS, COPINH: sigue la criminalizacion. Denunciamos peligrosa campaña mediatica en contra de nuestra organizacion y sus integrantes.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
lunes, 30 de enero de 2017
COPINH: sigue la criminalizacion. Denunciamos peligrosa campaña mediatica en contra de nuestra organizacion y sus integrantes.
El Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denuncia la sucia
campaña de desprestigio y amenaza en contra de la organización y sus
integrantes que se desarrolla en las redes y que tiene el claro objetivo de
deslegitimar el trabajo del COPINH y de justificar ante la opinión pública
cualquier agresión.
En días recientes han
salido por las redes sociales imágenes que incitan al odio en contra del COPINH
y de la compañera Bertha Zúniga Cáceres, hija de nuestra lideresa Berta
Cáceres, y de otras organizaciones nacionales e internacionales, con falsas
acusaciones de desprestigio en contra de Honduras.
Quienes realizan esta
campaña de odio, dirigidas desde los centros de poder político y económico,
obvian que el desprestigio del gobierno sucede por las incalculables
violaciones a los Derechos Humanos, los estruendosos y cada vez peores
escándalos de corrupción y las acciones de la mafia gobernante en un país que
día a día se desangra en masacres, y no por el trabajo de las organizaciones
que luchamos por construir una Honduras que salga de la miseria, el racismo, la
desigualdad y la indignidad.
El COPINH ha sufrido
estos ataques en múltiples ocasiones y nuestra compañera Berta Cáceres también
los denunció; a ella primero la desprestigiaron en los medios de comunicación y
las redes sociales, con este marco de opinión creado, la quisieron judicializar
con cargos falsos para meterla a la cárcel, luego sufrió más agresiones y
atentados en su contra hasta que finalmente fue cobarde y vilmente asesinada.
No se trata de acciones
efímeras sino de una estrategia bien elaborada para destruir a las
organizaciones de base que luchamos en contra de este sistema injusto.
Nuestra organización es
heredera de la histórica lucha de más de 525 años del pueblo Lenca por el
territorio y sus derechos, no pertenecemos a otra bandera política distinta a
la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo. Se quiere
confundir nuestra organización al partido LIBRE y rechazamos los señalamientos
que buscan desprestigiar en medio de la campaña electoral que se adelanta en el
país.
El COPINH reitera su
denuncia ante esta campaña de desprestigio y criminalización y hace saber que
no cesará en la labor de defensa de nuestro pueblo Lenca y nuestros
territorios, ni nuestra denuncia nacional e internacional de las violaciones que
suceden en este país.
Advertimos a quienes
están detrás de esta campaña y a quienes la difunden, sobre las
responsabilidades penales y sociales a las que se someten. No puede seguirse
justificando tanta barbarie para el beneficio de una casta dominante oprobiosa.
¡Con la fuerza ancestral
de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas
de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
¡BERTA VIVE, EL COPINH
SIGUE!
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 30 días del mes de enero de 2017.
La represión contra ambientalistas proviene de altos cargos políticos y élites empresariales
Por Marvin Palacios
Según la Organización No Gubernamental (Ong) Británica, Global Witness, altos cargos políticos y élites empresariales de Honduras estarían vinculados con una violenta represión de personas que defienden sus derechos sobre la tierra.
Una reciente investigación de Global Witness sostiene que la presidenta del partido Nacional, Gladis Aurora López, sería uno de los altos cargos del partido gobernante, que junto a magnates de los negocios, son los que estarían implicados en una violenta represión de familias que hacen frente al expolio y destrucción de sus tierras.
“Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra o el medio ambiente, según estudios llevados a cabo por Global Witness. Desde 2010, más de 120 personas han muerto asesinadas por protestar contra el expolio o la destrucción de su tierra, sus bosques o sus ríos, entre ellas la prominente activista indígena Berta Cáceres, cuyo asesinato, el año pasado, fue el primero en provocar un escándalo internacional”, subraya el comunicado de prensa distribuido a los medios de comunicación.
Ben Leather , representante de Global Witness dijo a la prensa que el informe demuestra que Honduras es el país más peligroso del planeta para defender la tierra y los recursos naturales.
“Ha habido 123 asesinatos de líderes comunitarios desde el año 2010 por haberse opuesto a industrias extractivas, proyectos hidroeléctricos o la tala de árboles, entonces estamos haciendo un llamado al gobierno hondureño a que garantice la seguridad de los líderes comunitarios para que puedan hacer su labor con seguridad”, señaló Leather.
Indicó que otro tema que aborda el informe de Global Witness es la corrupción, “donde exponemos actos de corrupción alrededor de estos proyectos que están implicando abusos de derechos humanos”.
Leather dijo que el derecho internacional señala que los pueblos donde se desarrollan los proyectos hidroeléctricos, extractivos o de cortes de madera, deben ser consultados previamente en relación a la explotación de sus recursos naturales.
“Destacamos un caso en nuestro informe de una represa hidroeléctrica cuyo único administrador es el esposo de la señora Gladys López, entonces nosotros tenemos claro que eso contraviene, no solo a la ley hondureña, sino también la Constitución y que debe de haber una investigación de un caso emblemático como este, para que se envíe una señal de que en Honduras no se tolera la corrupción, que el presidente sí va a garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos”, sostuvo el representante de Global Witness.
Leather añadió que la ley es muy clara en el sentido que liderazgos políticos no pueden beneficiarse directa o indirectamente con el estado, y nuestro argumento es que Gladys López se beneficia en forma directa, ya que su esposo es el único administrador del proyecto.
“Hay vínculos muy claros entre quienes están oponiéndose a estos mega proyectos y su situación de riesgo, en el caso de la empresa Los Encinos, donde 3 líderes indígenas han sido asesinados y además otros miembros de la comunidad han sido agredidos y amenazados. Nuestro argumento es que el estado tiene que tomar medidas fuertes para combatir la corrupción en este caso y también para proteger a la gente en la comunidad que está destacando violaciones a los derechos humanos”, recalcó Leather.
Por
su parte la Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH),
María Soledad Pazo, expresó a www.defensoresenblinea.com que el informe
parece muy bien documentado, y que es muy importante que exista una
documentación exhaustiva en Honduras de los actos de amenazas y ataques a
los defensores y defensoras de derechos humanos.Pazo dijo que este tipo de informes deberían hacerlos más bien los órganos jurisdiccionales como las fiscalías del país, “pero lamentablemente como hay una inacción del Ministerio Público ante ataques a defensores y defensoras, les queda a organizaciones como Global Witness, incluso a la sociedad civil y a nosotros, ser un poco las voces, que entre comillas, trata de hacer un poco de justicia frente a la injusticia.
Global Witness visibiliza una vez más, el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientalistas
La representante de Naciones Unidas señaló que es importante recalcar lo que han dicho en cuanto a los grupos de poder que controlan las fuerzas de seguridad de alguna manera y que hace falta un mayor compromiso para la defensa de derechos humanos.
Entre tanto el coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), Martín Gómez dijo que este informe es real, es actualizado, efectivo y no tiene mentiras, por lo tanto estamos agradecidos con Global Witness por haber elaborado este informe que nos visibiliza a nivel del mundo; no solamente de Honduras.
“Nosotros no queremos la implementación de hidroeléctricas, a excepción de que se hiciera una consulta, libre, previa e informada y de buena fe que nos llevara a tener conciencia en la población de lo que realmente queremos hacer, porque nosotros como pueblos estamos en la obligación de trazar el futuro como nosotros queremos vivir”, explicó el líder lenca.
Finalmente el coordinador del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Donald Hernández dijo a www.defensoresenlinea.com que Global Witness es la mayor fuente de información sobre temas ambientales en el mundo y el hecho que ellos estén tomando la problemática ambiental y de derechos humanos en Honduras, y enfocando el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en el territorio hondureño es importantísimo.
“Como lo decíamos en el evento, el involucramiento que los investigadores de Global Witness han tenido en estos años en los territorios para vivir las experiencias en carne propia, le da un gran plus a este informe; es así que el informe va directo, porque aborda a personajes de nuestro país, estructuras económicas y políticas que algunos tienen temor de abordarlas y aparte de eso se llama mucho la atención de operadores de justicia, del estado mismo con respecto a lo que está pasando tierra adentro”, explicó Hernández.
Hernández subrayó que la afirmación de que el poder político se ha adueñado de proyectos hidroeléctricos que impactan y afectan a comunidades indígenas es una realidad, porque “la clase política y empresarial desde hace ya varios años se ha dado a la tarea de ofertar a Honduras y sus territorios.
Desde aquel proceso denominado “Honduras is Open for Bussines”, esa clase política se ha dado a la tarea de estar modificando todo el andamiaje jurídico para atraer la inversión extranjera, y todo viene a eso; por ejemplo en materia de minería, una gran cantidad, más de 500 concesiones mineras están aprobadas, hay más de 800 solicitudes existen; en el tema de las hidroeléctricas, con 111 empresas hidroeléctricas que ya están operando en el país con serias vulneraciones a los derechos de las poblaciones.
La mesa principal del evento estuvo presidida por Ben Leather y Billy Kyte de Global Witness, Donald Hernández del CEHPRODEC, Ana Miriam Romero de MILPAH y Berta Zúniga Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Honduras es el lugar más peligroso para quien defiende los bienes comunes
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 1 febrero, 2017
Global Witness presentó nuevo informe
Se trata de la reforma del artículo 25 del Código Penal, mediante la cual se establece que no serán investigados, juzgados ni sancionados los policías, militares, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”.
En otras palabras, esta reforma significa que los agentes de seguridad del Estado tienen licencia para matar, lo cual resulta repugnante y refleja el nulo respeto por los principios democráticos del presidente Hernández y de quienes lo apoyan. Las voces de alarma se han hecho oír ante semejante aberración.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado público que esta reforma contraviene las obligaciones internacionales de Honduras en materia de investigación, enjuiciamiento y sanción de aquellos que incurran en el uso arbitrario o excesivo de la fuerza, y ejecuciones extrajudiciales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también planteó que esta “disposición es contraria a los estándares internacionales a los que Honduras se ha adherido y que reducen el uso de la fuerza a circunstancias específicas previstas por la ley. A su vez, permite que exista impunidad frente a posibles excesos de los agentes de seguridad”.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos señaló que dicha reforma “puede impulsar un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”.
Estas tres organizaciones internacionales coinciden en que esta reforma es contraria a los tratados de derechos humanos y si se aprueba, implicaría una violación del Estado hondureño a sus obligaciones internacionales en la materia.
Esta posición contradice las declaraciones absurdas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, del propio Presidente de la República y de otros altos funcionarios del Estado, en el sentido que las reformas penales propuestas son permitidas por el derecho internacional que protege a la persona humana.
Por mucho que nos quieran vender la idea de que estas reformas respetan los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos y libertades, no pueden ocultar que representan un grave retroceso que, como lo señala CEJIL, “podrían derivar en prácticas autoritarias”.
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
“No hay ningún lugar del planeta en el
que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de
tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras”, aseguró la
organización Global Witness en su más reciente informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”.
De acuerdo con el documento, 123
defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes han sido
asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados,
perseguidos y encarcelados.
Más del 90 por ciento de estos crímenes ha quedado en la impunidad.
Estos niveles de violencia e
intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y
campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra
proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
Corrupción, saqueo, criminalización e impunidad
…un coctel letal
…un coctel letal
Una situación -asegura Global Witness-
que es consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan
corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e
internacional coludido con miembros de la clase política y funcionarios
estatales, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada
de las comunidades y la impunidad.
Además de ubicarse en el puesto 123 de
176 países del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional, Honduras sigue siendo el país más desigual de América
Latina (BM), donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza y 4 en pobreza
extrema (Cepal).
La proliferación de proyectos mineros,
energéticos y agroindustriales se ha convertido en uno de los pilares de
la estrategia económica del país. Organizaciones sociales nacionales
señalan que en Honduras ya existen 714 proyectos extractivos y calculan
que entre el 30 y 35% de su territorio está concesionado.
El asesinato de activistas, entonces,
“está arraigado en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad
para los agresores, respaldados por el sector empresarial”, afirma el
informe.
La investigación realizada por Global
Witness muestra, además, una clara vinculación de instituciones
estatales -sistema judicial, ejército y fuerzas policiales- con
intereses empresariales.
Asimismo, señala la falta de voluntad
política del gobierno y la influencia excesiva de las élites económicas
nacionales, para que no se proporcione una protección real y efectiva a
las y los defensores, dejándolos así expuestos a la persecución y
represión.
“Hemos documentado innumerables ataques y
amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos
soldados a unas mujeres embarazadas, niños a los que la policía apuntó
con un arma e incendios provocados contra los hogares de aldeanos,
mientras asesinos a sueldo siguen campando a sus anchas en las
comunidades de sus víctimas”, afirma Billy Kyte, jefe de campañas de
Global Witness, en el resumen ejecutivo del informe.
Un modelo plenamente respaldado tanto
por las instituciones financieras internacionales como por gobiernos
“amigos”, en especial los Estados Unidos, que fomentan las inversiones
en la industria extractiva.
Fortaleciendo la memoria
Una estrategia colectiva de lucha
El informe de Global Witness presenta el estudio de cinco casos emblemáticos, entre otros el del asesinato de la dirigente indígena lenca y coordinadora del Copinh[1], Berta Cáceres, a raíz de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de la masacre de cinco activistas tolupanes[2] de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal.
Una estrategia colectiva de lucha
El informe de Global Witness presenta el estudio de cinco casos emblemáticos, entre otros el del asesinato de la dirigente indígena lenca y coordinadora del Copinh[1], Berta Cáceres, a raíz de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de la masacre de cinco activistas tolupanes[2] de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal.
“Es un informe muy valioso que documenta
de manera contundente el vínculo que existe entre empresas, política,
órganos de justicia, explotación de recursos naturales, criminalización
de la protesta e impunidad”, dijo a La Rel, Bertha Oliva, coordinadora
del Cofadeh[3].
“Es un aporte significativo al
fortalecimiento de la memoria y al combate a la corrupción y la
impunidad en el país. Un invito a juntar esfuerzos y unificar acciones,
definiendo una estrategia colectiva en contra de esta estructura de
poder y terror”, señaló la defensora de derechos humanos.
Entre las recomendaciones finales,
Global Witness exhorta el Estado de Honduras y sus instituciones a
“priorizar la protección de las y los defensores de la tierra”, poner
fin a la corrupción “que fomenta los proyectos empresariales abusivos” y
acabar con la impunidad.
También recomienda al gobierno colaborar
con las organizaciones sociales “para reforzar y aplicar leyes que
garanticen una verdadera consulta previa, libre e informada de las
comunidades indígenas”.
Asimismo, pide a Estados Unidos
condicionar su política de asistencia e inversión en Honduras a la
protección de defensores y defensoras, la erradicación de la impunidad y
la corrupción y el respeto a la decisión de las comunidades.
Finalmente, insta a los inversores
extranjeros e instituciones financieras a detener cualquier inversión en
proyectos extractivos que generen violencia y violación de derechos
humanos.
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[2] Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Erasio Vieda Ponce, Luis Reyes Marcía
[3] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Fuente: Rel-UITA
[2] Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Erasio Vieda Ponce, Luis Reyes Marcía
[3] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Fuente: Rel-UITA
Martes, 31 Enero 2017
|
Licencia para matar
Hay
una reforma penal propuesta por el presidente Juan Orlando Hernández
que representa un peligro para los derechos y libertades de la
ciudadanía, y un serio obstáculo para luchar contra la impunidad.Se trata de la reforma del artículo 25 del Código Penal, mediante la cual se establece que no serán investigados, juzgados ni sancionados los policías, militares, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”.
En otras palabras, esta reforma significa que los agentes de seguridad del Estado tienen licencia para matar, lo cual resulta repugnante y refleja el nulo respeto por los principios democráticos del presidente Hernández y de quienes lo apoyan. Las voces de alarma se han hecho oír ante semejante aberración.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado público que esta reforma contraviene las obligaciones internacionales de Honduras en materia de investigación, enjuiciamiento y sanción de aquellos que incurran en el uso arbitrario o excesivo de la fuerza, y ejecuciones extrajudiciales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también planteó que esta “disposición es contraria a los estándares internacionales a los que Honduras se ha adherido y que reducen el uso de la fuerza a circunstancias específicas previstas por la ley. A su vez, permite que exista impunidad frente a posibles excesos de los agentes de seguridad”.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos señaló que dicha reforma “puede impulsar un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”.
Estas tres organizaciones internacionales coinciden en que esta reforma es contraria a los tratados de derechos humanos y si se aprueba, implicaría una violación del Estado hondureño a sus obligaciones internacionales en la materia.
Esta posición contradice las declaraciones absurdas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, del propio Presidente de la República y de otros altos funcionarios del Estado, en el sentido que las reformas penales propuestas son permitidas por el derecho internacional que protege a la persona humana.
Por mucho que nos quieran vender la idea de que estas reformas respetan los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos y libertades, no pueden ocultar que representan un grave retroceso que, como lo señala CEJIL, “podrían derivar en prácticas autoritarias”.
HONDURAS: ADVIERTEN POSIBLE PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Según el comisionado presidente del Comité
de Prevención de la Tortura en el sistema carcelario de Honduras
(Conaprev), Orle Solís, las 26 cárceles y centros de detención en
lugar de convertirse en centros de rehabilitación, son talleres del
crimen y la extorsión, porque el Estado no cumple con una eficiente
administración y advierte que el hacinamiento es la excusa del gobierno
para ceder el sistema penitenciario a terceros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En Honduras, las 26 cárceles y centros de detención en lugar de convertirse en centros de rehabilitación, son talleres del crimen y la extorsión, porque el Estado no cumple con una eficiente administración de esos lugares, afirma el comisionado presidente del Comité de Prevención de la Tortura en el sistema carcelario de Honduras (Conaprev), Orle Solís.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En Honduras, las 26 cárceles y centros de detención en lugar de convertirse en centros de rehabilitación, son talleres del crimen y la extorsión, porque el Estado no cumple con una eficiente administración de esos lugares, afirma el comisionado presidente del Comité de Prevención de la Tortura en el sistema carcelario de Honduras (Conaprev), Orle Solís.
A
esta problemática, ahora se suma la futura privatización del sistema
penitenciario, de acuerdo con Solís, quien sostiene que “desde el
momento en que los privados de libertad son detenidos, son sometidos al
control del Estado, y éste debe seguir teniendo la responsabilidad en la
política penitenciaria”.
En
otras naciones de América Latina y Europa –prosigue–, los sistemas
penitenciarios están controlados por los gobiernos, y aunque puede
contratar algunos servicios, el Estado debe tener la responsabilidad del
cuidado de la población carcelaria.
HACINAMIENTO
El
entrevistado detalla que el hacinamiento es la excusa del Estado para
ceder el sistema penitenciario a terceros, pero “la reforma al artículo
184 del Código Procesal Penal eliminó las medidas alternas a la prisión
preventiva en más de 21 delitos, y es esto lo que ha incrementado la
población carcelaria”.
En
la actualidad, en el país existen 17,310 privados de libertad en los 26
centros penitenciarios y los cuatro anexos en los batallones, sin
embargo, la capacidad de esos lugares arriba a los 9,000 detenidos, es
decir que el hacinamiento es de al menos 192 por ciento.
“El
gobierno se ha decidido por una política de encarcelamiento, pero como
Conaprev sugerimos tomar otras medidas para la prevención y no la
represión del delito, el encarcelamiento.
“Es
urgente desarrollar una nueva política criminal del Estado, que abarque
a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), para tomar
decisiones que impidan que la cárcel sea la única disposición aplicable,
sino que haya una serie de posibilidades alternativas”, concluye Solís.Honduras: Las reformas al Código Penal y nuevas leyes sobre seguridad deben apegarse a los derechos humanos
El paquete prevé la inclusión de una nueva y llamativa causal de exclusión de la responsabilidad penal para“[q]uien siendo personal policial, militar, servidores de la seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, causara muertes o lesiones a una persona.”
Esta disposición contraviene las obligaciones internacionales de Honduras, que debe contar – como todo Estado – con un marco normativo que garantice la investigación, enjuiciamiento y sanción de aquellos que incurrieren en el uso arbitrario o excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, tortura o desaparición forzada. Además, la disposición propicia la impunidad de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos que pudieran ser cometidos por las fuerzas de seguridad.
Es de señalar que en agosto de 2016 el Comité contra la Tortura recordó al Estado de Honduras que debe velar por que se realicen investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden y del ejército, y que debe asegurarse de que toda persona sospechosa de un crimen debe ser investigada por un tribunal imparcial y, en caso de hallarse pruebas suficientes y admisibles, enjuiciarlos. Además, las víctimas deben reciban una reparación integral.
Amnistía Internacional ha recibido información sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad en ataques cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos. Por lo tanto, la aprobación de la mencionada disposición creará sin dudas un riesgo adicional para la defensa de los derechos humanos, y se convertirá en un factor adicional que reforzará la impunidad en relación con los ataques contra defensores. El Estado de Honduras debe reconocer la legitimidad de la labor que realizan defensores y defensoras de derechos humanos y evitar crear un ambiente hostil para quienes realizan este trabajo vital para la sociedad.
Por otra parte, causa preocupación las propuestas de modificación de la definición de “terrorismo” en el Código Penal y en la Ley de Financiamiento del Terrorismo, debido a que su redacción es amplia y vaga y genera incertidumbre acerca de las conductas que específicamente se pretende sancionar, atentando de dicho modo contra del principio de legalidad.
La necesidad de que la definición del “terrorismo” y de otros delitos conexos sea precisa y estricta ha sido resaltada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin.
Amnistía insiste en que cualquier reforma de la normativa penal debe apegarse estrictamente a las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos, e insta las autoridades a promover espacios de diálogo para la participación de la sociedad civil hondureña en el actual proceso de reformas para el fortalecimiento de la seguridad.
Honduras: Una matanza que no tiene fin
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 24 enero, 2017
Periodistas bajo ataque en toda América Latina
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El reciente asesinato, en la norteña ciudad de San Pero Sula, del periodista Igor Padilla eleva a 64 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en Honduras en los últimos 15 años. Informar se ha convertido en una tarea altamente peligrosa.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, Igor Padilla, destacado periodista del canal HCH, fue acribillado por desconocidos que se transportaban en dos camionetas mientras grababa un anuncio comercial en las afueras de una tienda de juguetes.
El informe sobre libertad de expresión presentado el año pasado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señala que de los 63 casos de asesinato de comunicadores ocurridos en los últimos 15 años, el 95 por ciento ha quedado impune.
Más de 50 personas ligadas a medios de comunicación han sido asesinadas después del golpe de Estado de 2009, 24 de ellas en los años 2014 y 2015.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) pidió el inmediato esclarecimiento del crimen que acabó con la vida de Padilla.
A través de un comunicado, la Oacnudh recordó que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, va en contra de un estado democrático de derecho donde el respeto a los derechos es fundamental”.
También la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su más honda preocupación.
“Con este ataque a Igor Padilla, es toda la prensa hondureña la que es agredida. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; el gobierno hondureño debe establecer de forma urgente un mecanismo de protección eficaz para detener esta espiral mortífera”, indicó.
Actualmente Honduras se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial[1] de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.
El informe anual del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) [2], indica que en 2015 en Honduras se emitieron 219 alertas por violaciones a la libertad de expresión. El 75 por ciento de las alertas fueron ataques contra periodistas y comunicadores sociales.
El gobierno, a través de su aparato de seguridad y el uso de normas administrativas, resulta ser el mayor violador de la libertad de expresión en el país centroamericano.
Violencia que es regional
América Latina peligrosa para comunicadores
De acuerdo con el más reciente informe[3] de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap), 39 periodistas, fotógrafos y otros comunicadores fueron asesinados durante 2016 en 7 países de América Latina y el Caribe.
Eso representa más del doble de los 19 periodistas asesinados en Siria, y casi duplica los 20 comunicadores asesinados en Irak.
De esa manera sube a 387 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en la última década (2006-2016) en la región latinoamericana.
Entre los países más afectados por la ola criminal se encuentran México (43 por ciento del total), Guatemala, Brasil, Honduras y El Salvador.
El documento hace énfasis en el silencio que envolvió estos asesinatos.
“Cuando la autocensura llegó a dar paso a la noticia lo hizo sin informar, omitiendo datos básicos y utilizando un lenguaje equívoco, abusando de eufemismos como ‘fue encontrado sin vida’”.
La reconocida comisión investigadora asegura que “el instigador y autor intelectual de los asesinatos es la corrupción política que domina en las provincias y los estados, asociada estrechamente a grupos económicos ‘legales’ y a veces locales, también a grandes compañías mineras extranjeras y a los carteles de las drogas, tráfico humano y otros ‘rubros ilegales lucrativos”.
Otro denominador común de los asesinatos de gente de prensa es la absoluta impunidad.
“Los asesinatos de periodistas no hacen noticia. Las policías de todos los países jamás encuentran a los autores intelectuales de los asesinatos. Sólo hallan a uno que otro sicario y entonces lo exhiben a la ciudadanía con abundante cobertura de la gran prensa, para que más rápido se olvide el crimen.
Los nombres y las historias de cientos de periodistas asesinados terminan pasando al olvido”, concluye Ernesto Carmona, presidente de la Ciap-Felap.
Notas
[1]- http://www.rsf-es.org/grandes-
[2]- https://www.dropbox.com/s/ay4d
[3]- http://kaosenlared.net/informe
Fuente: Rel-UITA
El reciente asesinato, en la norteña ciudad de San Pero Sula, del periodista Igor Padilla eleva a 64 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en Honduras en los últimos 15 años. Informar se ha convertido en una tarea altamente peligrosa.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, Igor Padilla, destacado periodista del canal HCH, fue acribillado por desconocidos que se transportaban en dos camionetas mientras grababa un anuncio comercial en las afueras de una tienda de juguetes.
El informe sobre libertad de expresión presentado el año pasado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señala que de los 63 casos de asesinato de comunicadores ocurridos en los últimos 15 años, el 95 por ciento ha quedado impune.
Más de 50 personas ligadas a medios de comunicación han sido asesinadas después del golpe de Estado de 2009, 24 de ellas en los años 2014 y 2015.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) pidió el inmediato esclarecimiento del crimen que acabó con la vida de Padilla.
A través de un comunicado, la Oacnudh recordó que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, va en contra de un estado democrático de derecho donde el respeto a los derechos es fundamental”.
También la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su más honda preocupación.
“Con este ataque a Igor Padilla, es toda la prensa hondureña la que es agredida. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; el gobierno hondureño debe establecer de forma urgente un mecanismo de protección eficaz para detener esta espiral mortífera”, indicó.
Actualmente Honduras se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial[1] de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.
El informe anual del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) [2], indica que en 2015 en Honduras se emitieron 219 alertas por violaciones a la libertad de expresión. El 75 por ciento de las alertas fueron ataques contra periodistas y comunicadores sociales.
El gobierno, a través de su aparato de seguridad y el uso de normas administrativas, resulta ser el mayor violador de la libertad de expresión en el país centroamericano.
Violencia que es regional
América Latina peligrosa para comunicadores
De acuerdo con el más reciente informe[3] de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap), 39 periodistas, fotógrafos y otros comunicadores fueron asesinados durante 2016 en 7 países de América Latina y el Caribe.
Eso representa más del doble de los 19 periodistas asesinados en Siria, y casi duplica los 20 comunicadores asesinados en Irak.
De esa manera sube a 387 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en la última década (2006-2016) en la región latinoamericana.
Entre los países más afectados por la ola criminal se encuentran México (43 por ciento del total), Guatemala, Brasil, Honduras y El Salvador.
El documento hace énfasis en el silencio que envolvió estos asesinatos.
“Cuando la autocensura llegó a dar paso a la noticia lo hizo sin informar, omitiendo datos básicos y utilizando un lenguaje equívoco, abusando de eufemismos como ‘fue encontrado sin vida’”.
La reconocida comisión investigadora asegura que “el instigador y autor intelectual de los asesinatos es la corrupción política que domina en las provincias y los estados, asociada estrechamente a grupos económicos ‘legales’ y a veces locales, también a grandes compañías mineras extranjeras y a los carteles de las drogas, tráfico humano y otros ‘rubros ilegales lucrativos”.
Otro denominador común de los asesinatos de gente de prensa es la absoluta impunidad.
“Los asesinatos de periodistas no hacen noticia. Las policías de todos los países jamás encuentran a los autores intelectuales de los asesinatos. Sólo hallan a uno que otro sicario y entonces lo exhiben a la ciudadanía con abundante cobertura de la gran prensa, para que más rápido se olvide el crimen.
Los nombres y las historias de cientos de periodistas asesinados terminan pasando al olvido”, concluye Ernesto Carmona, presidente de la Ciap-Felap.
Notas
[1]- http://www.rsf-es.org/grandes-
[2]- https://www.dropbox.com/s/ay4d
[3]- http://kaosenlared.net/informe
Fuente: Rel-UITA
LOS DERECHOS HUMANOS Y EL NEO LIEBRALISMO
Han transcurrido 68 años después de aquél acontecimiento que puso la vida y la libertad de las personas en el corazón de todas las constituciones de los Estados parte de la Asamblea General.
En la actualidad vivimos en el mundo la era de los totalitarismos del mercado y de las elites políticas, religiosas y transnacionales, que golpean duramente las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La OTAN en Europa y Asia, el Pentágono y Donald Trump en América, reviven una era que coloca el culto a la muerte al centro de la economía y de la política. Reviven el fascismo y echan a andar de nuevo el Ku Klux Klan.
En Honduras, el Partido Nacional y Liberal son líderes en los últimos 34 años en revertir los derechos humanos civiles, políticos, económicos, culturales y de la tercera generación. Ambos partidos se han asociado con los demonios del mal que llaman el modelo colombiano e israelita.
Con decisiones del poder ejecutivo, del poder judicial y, principalmente, del Congreso Nacional, han involucionado el derecho a la libertad, a la salud, la vivienda, el trabajo y penosamente el derecho a la vida.
En el Poder Legislativo han ubicado los presupuestos de militares y policías por encima de los presupuestos de educación y salud, y eso es una vergüenza nacional.
El mensaje es que importan más el comercio de armas y de municiones con Israel, que la contratación de profesores, la construcción de escuelas y la compra de materiales para la formación de la población.
En el peor de los casos, el mensaje del Estado es que los militares y los policías son más importantes que los médicos y los educadores, y que al estado lo que le importa es asegurar con plomo las inversiones de las mafias que asaltaron los mercados.
Las leyes habilitantes que permiten al sistema nacional de inteligencia esconder información pública y violar, por su parte, las comunicaciones privadas y el derecho a la intimidad personal en nombre del Estado, es uno de los retrocesos más brutales en materia de derechos humanos individuales en Honduras.
La ley de empleo por hora, que vino a desbaratar el contrato de 1954 que establecía precarias conquistas a las y los trabajadores del país, entregó a los empresarios una discrecionalidad total para reabrir la esclavitud laboral en el país.
Es realmente doloroso ver cómo millones de jóvenes mayores de 21 años tienen profesiones, artes y oficios, pero no tienen un espacio público ni privado para construir dignamente sus sueños.
La terrible asociación entre cristianos fundamentalistas y mercaderes perversos ha hecho de las mujeres víctimas de la violencia de género más despiadada que jamás hayamos visto en Honduras.
Las estadísticas de violencia contra la vida son impactantes para el mundo entero, al extremo que los países con mayor potencial de inversión como China, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, han alertado a sus ciudadanos para no visitar este país.
La tasa de homicidios por cien mil habitantes es humillante, aún si se compara con países en guerra convencional como en el medio oriente o en África meridional. Y el número de hombres y mujeres con armas cortas y de combate es aterrorizador para un país que realiza elecciones cada cuatro años.
El ejemplo de Gladys Aurora, la presidenta del Partido Nacional, que aprovechó el golpe de Estado para retorcer las leyes ambientales y auto asignarse ríos, montañas, reservas naturales y pueblos para destruir la Madre Tierra es uno de los peores actos bastardos de la política sucia. Esa señora debería ser encarcelada antes que continúe burlándose del pueblo lenca.
Y el ejemplo de toda la cúpula actual del Partido Nacional y Liberal que se pusieron de acuerdo para robarse el dinero del Seguro Social y provocar la muerte de centenares de personas por violencia directa o por desatención médica.
De modo que pareciera comprensible que la Declaración Universal de Derechos Humanos cumpla hoy 68 años con el mayor rechazo por parte de los últimos dos gobernadores del golpismo que ha tenido el país, Porfirio Lobo y Juan Hernández.
Ambos políticos han realizado las peores declaraciones contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus liderazgos, por el trabajo de registro, denuncia e incidencia pública que realizan en los principales foros del sistema interamericano y universal de los derechos humanos.
La narrativa pública del Partido Nacional y sus socios liberales es contraria a la libertad y la vida en los últimos 34 años. Para ellos, la defensa y promoción de los derechos humanos entorpece el mercado. Atrasa el desarrollo y ahuyenta la inversión. Y se burlan a menudo de este trabajo.
Pero, por supuesto, los enemigos de los derechos humanos son unos cuantos canallas que ni ellos mismos se creen su discurso, pues bien saben que el país está sumido en la pobreza, la indigencia, la corrupción y la violencia, por su propia asociación al crimen organizado y al narcotráfico. Y que es paja que algo realmente esté cambiando por sus acciones.
Las elites de Honduras están podridas aunque asistan a misa los domingos y a cultos evangélicos los sábados. Son esencialmente violadores de derechos humanos.
Esos sectores que destartalaron la Constitución y sus instituciones, que prostituyeron los templos y se robaron el dinero público, sólo merecen una condena en una fecha como hoy.
En este día sólo merecen una especial mención el Cofadeh por sus 34 años el pasado 30 de noviembre, Radio Progreso por sus 60 años el próximo domingo 17 de diciembre y defensoresenlinea.com por sus 8 años de vida en internet este sábado 10.
Y merecen buena mención los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura por luchar en defensa de sus derechos, de sus familias y de su pueblo, frente a los abusos de los abusivos. El doctor Almendares que lucha por su vida, que es la nuestra; los pueblos indígenas que no se rinden y usted, que nos escucha, que lucha por la verdad y la justicia.
EE.UU.: Masivas protestas contra orden de inmigración de Trump
En
importantes ciudades de los Estados Unidos, la gente ha salido a las
calles para demostrar su descontento con la orden ejecutiva de Donald
Trump que impone reglas especiales en la admisión de personas de países
con mayoría musulmana. La imagen es de Boston. Foto: Brian Synder/
Reuters.
Los legisladores se reunieron el domingo con miles de personas que se manifestaron en varios estados para protestar por la orden del presidente.
Miles de personas se reunieron el domingo en la Plaza Copley de Boston para protestar contra la prohibición de inmigración, según USA Today.
Los manifestantes se unieron a la senadora Elizabeth Warren, junto con otros legisladores de Massachusetts como el alcalde de Boston Marty Walsh y el senador Ed Markey.
La gente también salió en la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde para protestar en Battery Park. El Líder de la Mayoría del Senado, Charles Schumer, twitteó que se dirigía a allí para “protestar por estas terribles acciones”.
La senadora Kirsten Gillibrand también dijo que se mantendría con los miles de “neoyorquinos preocupados por la vergonzosa orden ejecutiva de Trump”.
En Washington, DC, los legisladores se unieron a los manifestantes en la Casa Blanca para hacer frente a la orden, con la recién elegida Senadora Kamala Harris.
Las protestas también están programadas durante todo el día en Filadelfia, Atlanta, Los Ángeles, Seattle y Chicago, según CNN.
El presidente firmó el viernes una orden ejecutiva que prohíbe a los refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende el programa de reasentamiento de refugiados durante cuatro meses.
También niega la entrada durante 90 días a personas de siete países mayoritariamente musulmanes: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
Las protestas estallaron el sábado en los aeropuertos de todo el país en contra de la prohibición de inmigración, con gente pidiendo al país que diera la bienvenida a inmigrantes y refugiados, y abogados reunidos para ofrecer ayuda a las personas detenidas.
Un juez federal en Nueva York el sábado por la noche concedió una suspensión de emergencia para detener temporalmente la remoción de personas detenidas tras la orden de Trump.
El movimiento parece marcar el primer desafío legal exitoso al gobierno de Trump y afecta a aquellos que han llegado a los Estados Unidos con solicitudes de refugio previamente aprobadas o estaban en tránsito con visas válidas. Sentencias similares fueron emitidas posteriormente en Virginia, Massachusetts y el estado de Washington.
Schumer dijo el domingo que los demócratas están considerando una legislación para revocar las acciones del presidente.
(Tomado y traducido de The Hill)
Las
protestas continúan en la noche. Decenas de personas participan en una
vigilia en Washington. Caminan desde la mezquita en Massachussets Avenue
hasta el Observatorio Naval, residencia del vicepresidente Mike Pence.
Foto: AFP.
Masivas protestas contra Donald Trump en Boston. Foto: Darren Mccollester/ AFP.
Como
la orden ejecutiva tuvo aplicación inmediata, las personas que en ese
momento se encontraban volando a EE.UU. desde los países afectados
permanecen en un limbo legal. La imagen muestra el aeropuerto de Dallas,
Texas. Foto: Reuters.
Manifestantes
estadounidenses protestan el sábado 28 de enero de 2017 en el
aeropuerto de Nueva York JFK por el veto de Trump a la entrada de
refugiados. Foto: Stephanie Keith/ AFP.
Protestas en el aeropuerto de Seattle. Foto: Genna Martin/ AP.
Protestas contra Trump en el aeropuerto de San Francisco, este domingo. Foto: P. Dasilva/ EFE.
Masivo repudio a veto migratorio de Trump
|
domingo, 29 ene 2017
15:39 - LA JORNADA
Miles de manifestantes protestaron este domingo en contra del veto migratorio de Donald Trump en diferentes ciudades de Estados Unidos como Washington, Boston y Miami. Fotos Afp, Ap y Getty Images vía Afp
Washington. Manifestaciones,
condenas internacionales y políticas: nueve días después de su llegada
al poder, Donald Trump se enfrenta este domingo a una avalancha de
críticas tras su decisión de cerrar las fronteras a todos los refugiados
y a ciudadanos de siete países musulmanes.
Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston y en otras ciudades y aeropuertos del país.
Ver galería fotográfica
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
Críticas políticas
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos", comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
Indignación internacional
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Oscares, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston y en otras ciudades y aeropuertos del país.
Ver galería fotográfica
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
Críticas políticas
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos", comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
Indignación internacional
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Oscares, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
El estado de Washington demanda a Donald Trump
|
lunes, 30 ene 2017
13:02 - LA JORNADA
Protesta contra el acta ejecutiva de Donald Trump que veta las visas a ciudadanos de siete países musulmanes. Foto Ap
Seattle. El estado de Washington está
demandando al gobierno del presidente Donald Trump por la orden
ejecutiva que le prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países de
mayoría musulmana, una decisión que ha desatado protestas a nivel
nacional.
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como "antiamericano e ilegal".
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como "antiamericano e ilegal".
Cien alcaldes de EE.UU se rebelan contra Trump y defienden a inmigrantes
Hoy viernes se cumple una semana de la asunción de Trump al poder, y aunque ha querido hacer tan rápido como sea posible todo lo que prometió en campaña, el escenario se va poniendo complicado para el mandatario ultraconservador cuyas políticas proteccionistas afectarán a millones de inmigrantes con distintos estatus migratorios
Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, acompañado de una familia local. Foto: Facebook BIl De Blasio
“Las órdenes ejecutivas de hoy no cambian quiénes somos ni cómo gobernamos nuestras ciudades y lucharemos contra los intentos de socavar nuestros valores y la seguridad de nuestras ciudades”, señaló la coalición Ciudades en Acción en un comunicado.
Tras el anuncio por parte de la administración Trump de que el muro fronterizo con México se construirá “inmediatamente”, y del retiro de fondos a las llamadas “ciudades santuario” se hizo este anuncio que probablemente le guste poco al presidente Trump.
El término “ciudad santuario” no es un concepto legal, sino que se le empezó a acuñar popularmente a las ciudades estadounidenses que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. En cada una de estas, las políticas o formas de implementación de estas pueden variar, pues no están amparados a ninguna legislación federal sino más bien a leyes estatales o locales.
Varias grandes urbes estadounidenses se han comprometido a proteger a los inmigrantes indocumentados de las avanzadas de Trump en su contra.
Rechazo a la retórica
Decenas de organizaciones civiles y sociales se han sumado al rechazo a la retórica xenófoba y racista de Trump. A estos grupos se agregaron alcaldes de varias de las principales ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Miami.El alcalde neoyorquino, Bill De Blasio, dijo la tarde de este jueves que recurrirá “de inmediato” a la Justicia si la administración Trump decide poner en práctica la orden ejecutiva de cortar los fondos a su ciudad y a todas las demás “ciudades santuario”.
“Defenderemos a nuestra gente no importa de dónde provengan ni su estatus legal”, afirmó De Blasio en conferencia de prensa, solo horas después de que Trump firmara la orden.
La orden, dice De Blasio, “no cambia lo que somos, una ciudad de inmigrantes”, al tiempo que decenas de miles de neoyorquinos se manifestaban en distintos puntos de la ciudad, entre los que se destacó la Torre Trump, centro de operaciones del multimillonario neoyorquino, ahora convertido en presidente.
En 2003, el Consejo de la ciudad aprobó una resolución en la que declaraba a Nueva York “ciudad santuario”, lo que implica que reserva y protege toda información confidencia que pueda poner en riesgo a un inmigrante, y no se comparte a menos que haya una orden de un juez. Aunado a estos, se ofrecen distintos servicios a esta colectividad, entre ellos asistencia legal.
“No vamos a deportar neoyorquinos, no vamos a separar familias, no dejaremos a niños sin padres, no vamos a quitar el sostén económico a esas familias, dijo De Blasio de forma enfática.
La Policía de Nueva York también se suma a esta posición, pues el jefe policial, James O’Neill, dijo que continuarán trabajando igual que hasta ahora, colaborando en lo que sea necesario con las agencias federales, pero sin poner en riesgo la confianza de las comunidades.
La ONG “Se Hace Camino Nueva York” también rechazó la xenofobia de la administración Trump. “Tenemos un mensaje para el Presidente: estamos aquí para quedarnos y nos mantendremos firmes en nuestro esfuerzo para mantener las familias juntas”, afirmó Javier Valdez, copresidente de la organización.
Primera demanda de defensores de los derechos civiles contra Trump
Un grupo de abogados de Nueva York considera inconstitucional la orden del presidente estadounidense para frenar la llegada de refugiados a EEUU.
EFE - Publicado: 28.01.2017 20:37PÙBLICO -
NUEVA YORK.- Un grupo de
abogados presentó hoy en Nueva York una primera demanda contra la orden
aprobada este viernes por el presidente de EEUU, Donald Trump,
para frenar la entrada en el país de refugiados y de ciudadanos de
ciertos países de mayoría musulmana al considerarla anticonstitucional.
La acción, promovida por varios grupos de derechos civiles, está impulsada
en nombre de dos iraquíes que habían obtenido visados para viajar a
Estados Unidos y que fueron retenidos a su llegada a un aeropuerto de
Nueva York, apenas unas horas después de la aprobación de la orden.
La demanda, de 20 páginas, insiste en que no
hay ningún motivo para la detención de los dos hombres, que tenían
todos sus papeles en regla y denuncia la nueva política como contraria a la Constitución.
Además de a estos dos ciudadanos iraquíes,
los abogados solicitan que la acción represente de forma colectiva a
otras personas que se puedan encontrar en su misma situación.
"Es una orden basada en la intolerancia, no en la realidad"
"La guerra contra la igualdad del presidente
Trump ya está teniendo un terrible peaje humano. No puede permitirse
que este veto continúe", dijo en un comunicado Omar Jadwat, el director
para Derechos de Inmigrantes de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las organizaciones de este tipo más importantes del país.
La ACLU es uno de los grupos que está detrás de la demanda presentada en Nueva York, que busca
que el juez ordene a las autoridades que no detengan "a ningún
individuo sólo en base a la orden ejecutiva" aprobada por Trump.
Además, suspende durante 90 días la concesión de visados
a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que
se adopten procesos de "escrutinio extremo", algo que es visto por
algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración
musulmana.
El veto afecta también a quienes tengan doble nacionalidad con cualquier otro país no estadounidense
En principio los países afectados son Libia,
Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, aunque el veto de Trump
afecta también a aquellos que tengan al mismo tiempo pasaporte de otra
nación, informó hoy "The Wall Street Journal".
El diario, que cita un comunicado que supuestamente publicará próximamente el Departamento de Estado,
dice que la prohibición temporal de entrada afecta además a cualquier
ciudadano originario de esos países, aunque cuente también con un
pasaporte de otra nación.Por ejemplo un iraquí con segunda nacionalidad británica no podrá ingresar en EEUU aunque utilice su pasaporte del Reino Unido, que hasta ahora le permitía viajar sin visado, explica el periódico.
El veto, de momento, no se aplicará a ciudadanos estadounidenses que también tengan la nacionalidad de uno de los siete países en cuestión.
"Esta es una orden basada en la intolerancia, no en la realidad", señaló el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses
en un comunicado, al tiempo que insistió en que no hay ninguna prueba
de que los refugiados supongan una amenaza a la seguridad nacional.
Por ahora se desconoce con exactitud cuántos refugiados y migrantes han sido retenidos a su llegada a EEUU en las últimas horas, pero la medida ha provocado una gran conmoción dentro y fuera del país.
Donnelly, la juez que plantó cara a Trump
Fue fiscal especializada en bandas organizadas y abuso infantil. Nombrada juez federal por Obama en 2015, es la juez que ha prohibido las deportaciones de los detenidos en los aeropuertos de EEUU. Juzgará el caso "Darweesh y otros contra Trump"
J. P. - PÙBLICO - Publicado: 29.01.2017 14:06
MADRID.- “Su reputación es legendaria”, aseguró al entonces presidente norteamericano, Barak Obama, un senador cuando recomendó a Ann Donnelley como juez federal, en 2015.
Y se ha cumplido esta promesa del político Chuck Schumer.
Y se ha cumplido esta promesa del político Chuck Schumer.
Anna M. Donnelly (Royal Oak, Michigan, 1959) es la juez federal del distrito neoyorquino de Brooklyn que ha dictado una resolución histórica: suspende de forma temporal la orden ejecutiva dictada por el presidente norteamericano, Donald Trump, que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con problemas de terrorismo.
Su resolución ampara a aquellas personas que
habían llegado a los aeropuertos y puertos de Estados Unidos y que
estaban siendo deportadas en aplicación del decreto de Trump. La juez
federal ha prohibido estas expulsiones ante el “daño irreparable” que iba a causarles.
A sus 57 años de edad, esta jurista se ha erigido en símbolo de la defensa de los derechos civiles,
tras una jornada donde cientos de personas se presentaron en la
terminal internacional del aeropuerto de Nueva York para protestar por
las deportaciones.
Definida como una persona justa, amable y de mente abierta, Anna M. Donnelly es una jurista de profundas convicciones, que dedica su tiempo libre a formar estudiantes y abogados jóvenes, con la realización de juicios simulados.
Durante 25 años fue fiscal de la oficina de Manhattan, donde trabajó para Robert Morgenthau, y se especializó en la lucha contra las bandas organizadas.
Uno de los casos más famosos fue su colaboración en el procesamiento de Dennis Kozlowski, el ex CEO de Tyco International,
condenado por apropiarse de 81 millones de dólares en forma de bonus de
la empresa, así como por gastar más de 14 millones en obras de arte.
Donnelly fue fiscal jefe de la Oficina de la lucha contra la violencia familiar y el abuso infantil, hasta que en octubre de 2015 fue elegida juez federal.
Formada en la Universidad de Michigan,
Donnelly consiguió su graduado en la Escuela de Derecho de la
Universidad Estatal de Ohio.
El caso Darweesh contra Trump
Las copias de la resolución de Donnelly son exhibidas por los refugiados, inmigrantes, y turistas de los países afectados ante la policía y los agentes de aduanas de los aeropuertos, mientras abogados voluntarios les ayudan para solicitar el amparo.
Al más puro estilo norteamericano, Donnelly juzgará el caso 'Darweesh vs. Trump'. Los derechos constitucionales están en juego.
El caso es una demanda que presentaron este sábado dos ciudadanos iraquíes, en su nombre y en nombre de quienes se encuentren en una situación similar, contra el propio Donald Trump y otras autoridades e instituciones de seguridad nacional y aduanas.
La juez entrará en el fondo del asunto en una vista que se celebrará el 21 de febrero. El primer firmante de la demanda es Hameed Khalid Darweesh, quien colaboró durante años con el ejército norteamericano en Irak.
Se calcula que hay entre 100 y 200
personas detenidas, procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak,
Yemen e Irán. Pero las asociaciones de derechos civiles aún no saben la
cifra exacta mientras exigen al Gobierno que facilite la lista de
afectados.
Darweesh v Trump Order by Público.es on Scribd
Trump despide a la fiscal general en funciones por negarse a cumplir el decreto antimigratorio
Publicado: 31 ene 2017 02:31 GMT | Última actualización: 31 ene 2017 03:00 GMT - RT
Sally Yates desobedeció la orden del
presidente estadounidense según cual se restringe la entrada y
permanencia en EE.UU. de los ciudadanos de siete países musulmanes.
Exfiscal general en funciones Sally YatesKevin LamarqueReuters
"La fiscal general en funciones, Sally Yates, ha traicionado el Departamento de Justicia al negarse a llevar a cabo la orden legal que busca proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", según un comunicado de la Casa Blanca.
"Soy el responsable de garantizar que las posturas que tomamos en el tribunal son coherentes con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y abogar por lo que es correcto", escribió en una carta citada por el periódico 'The New York Times'. "En estos momentos no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con esas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal".
- El mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva para regular el flujo de entrada de inmigrantes en EE.UU. el pasado 27 de enero. Esa medida contempla la restricción durante 90 días del acceso a territorio norteamericano de personas procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
- La orden provocó fuertes protestas y críticas tanto dentro de EE.UU. como más allá de sus fronteras. Numerosos actos de protesta se registraron en los aeropuertos internacionales de EE.UU. y en torno a la Casa Blanca.
Más jueces de EEUU paralizan el portazo de Trump a los inmigrantes
Jueces de Massachusetts, Virginia y Washington siguieron el ejemplo de Ann Donnelly y paralizaron momentáneamente la retención de extranjeros en los aeropuertos, aunque aún siguen activas más de 100 demandas.
AGENCIAS - PÙBLICO - Publicado: 29.01.2017 20:42
WASHINGTON.- Jueces de al menos cuatro estados de EEUU han emitido órdenes para bloquear la restricción impuesta por Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana en el país.
En concreto, jueces del Massachusetts, Virginia y Washington han
emitido este fin de semana sus correspondientes sentencias para
paralizar las detenciones que se estaban llevando a cabo en los
principales aeropuertos de sus estados. Aprovecharon, para ello, el precedente sentado por la jueza Ann Donnelly en Nueva York, que falló a favor de dos iraquíes que permanecían retenidos en el aeropuerto JFK.
Ninguno de estos fallos judiciales tiene
poder para derogar la orden ejecutiva emitida por Trump el pasado
viernes y que suspende durante 90 días los visados y durante 120 la
entrada de refugiados. La orden afecta, de momento, a personas
procedentes de países de mayoría musulmana como Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.
El nuevo presidente norteamericano alegó que
se trata de una medida de protección antiterrorista, pero las
sentencias judiciales, resueltas después de que varias organizaciones que luchan por los derechos civiles se rebelaran contra las primeras detenciones, denunciaron que estas acciones policiales eran "discriminatorias".
En todo Estados Unidos, varios
abogados trabajaron durante toda la noche para ayudar a los viajeros
internacionales confundidos en los aeropuertos. Y es que, según
denuncian los activistas, hay patrullas fronterizas que todavía ignoran
las citadas órdenes judiciales que paralizan, al menos, momentáneamente
la orden de Trump para aquellos que ya se encuentran ''presos' en los aeropuertos norteamericanos.
Por ello, se han presentado demandas en nombre de más de 100 viajeros en todo el país, según han estimado algunos activistas y abogados.
Una jueza de Boston prohíbe a los policías detener a quienes ya hayan entrado con visado en el país
En Boston, la jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs ha
sido una de las que ha emitido este domingo una orden de restricción
temporal para bloquear la retención de dos iraníes que trabajaron en la
Universidad de Massachusetts y que habían sido detenidos en el
aeropuerto internacional de Logan.
Dicha orden duraría siete días y parecía ir más allá de la de Donnelly al prohibir a los funcionarios detener, así como expulsar a los refugiados ya aprobados,
a los titulares de visados y a los residentes permanentes de los
Estados Unidos que entran desde los siete países restringidos por Trump
(Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán). La orden de Donnelly prohibía sólo la deportación a sus países de origen.
En la ciudad de Alexandria (Virginia), la jueza de distrito Leonie Brinkema también
prohibió el sábado a la Agencia de Seguridad Nacional retirar a unos 50
a 60 residentes legales permanentes que habían sido detenidos en el
aeropuerto internacional de Dulles, que sirve al área de Washington DC.
Y en Seattle, el juez de distrito Thomas
Zilly prohibió al Gobierno deportar a dos personas que no fueron
identificadas por su nombre en documentos judiciales.
La 'rebelión' del Departamento de Seguridad
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU insistió hoy en que aplicará la polémica orden del presidente Donald Trump.
Ese veto provisional provocó ayer el caos y la indignación en medio mundo,
mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio
estadounidense y se producían protestas en varios aeropuertos del país. - PÙBLICO
Pese a ello, el DHS, que si bien aseguró
que "cumplirá los mandatos judiciales", también incidió en que las
órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que "los viajes prohibidos seguirán prohibidos".
"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional"
"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional", subrayó el comunicado.
El polémico decreto de Trump, argumenta el
DHS en la nota, "afecta a una pequeña porción de los viajeros
internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de EEUU y la seguridad nacional".
"Ningún extranjero sin vínculo con Estados
Unidos tiene derecho sin restricciones para pedir la entrada en Estados
Unidos o prestaciones por inmigración en Estados Unidos", concluyó la
nota oficial del equipo de Trump.
Van 109 detenidos en fronteras de EU: Casa Blanca
|
domingo, 29 ene 2017
11:32 - LA JORNADA
Manifestantes repudiaron ayer por la noche las medidas migratorias de Donald Trump, en el aeropuerto de Dallas. Foto Afp
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó de que, de los 325.000 extranjeros llegados a Estados Unidos el sábado, "109 personas" pasaron por procedimientos de control reforzados para "garantizar que las personas a las que dejamos entran en nuestro país vengan con intenciones pacíficas", declaró este domingo a la cadena ABC.
"No queremos dejar que se infiltre alguien que quiere perjudicarnos. Eso es todo. Sé que en algunos casos eso va a provocar inconvenientes", añadió.
Una "veintena de personas" seguían retenidas este domingo por la mañana por los servicios de inmigración para "controles más estrictos", en virtud del decreto, indicó el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus.
"Creo que estas personas serán liberadas si no presentan peligro y quizás algunas continúan retenidas si son consideradas peligrosas para el país", dijo este domingo en la cadena CBS. A otras 200 personas se les impidió embarcar hacia Estados Unidos, dijo la consejera de Donald Trump Kellyanne Conway a la emisión Fox News Sunday.
Spicer justificó la ausencia de anuncio previo, que condujo a una situación de caos en los aeropuertos, sobre todo en Nueva York, por la necesidad de "garantizar que la gente no llegue en masa antes de que (el decreto) entre en vigor".
Según el diario The New York Times, el sábado por la noche 81 personas obtuvieron la autorización de entrar en territorio estadunidense tras esas "verificaciones extremas" reclamadas por Trump para los nacionales de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen.
Secretario General de la ONU critica a Trump: “Va contra los valores fundamentales”
António
Guterres, secretario general de la ONU, arremetió contra la orden
ejecutiva sobre migración de Donald Trump. Foto: AFP/ Fabrice Coffrini.
Guterres ha reconocido que los países tienen el derecho -“e incluso la obligación”- de gestionar el flujo de personas en sus fronteras, para evitar, entre otras cosas, la entrada de miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, ha advertido de que hay límites, según un comunicado de su portavoz.
En este sentido, ha subrayado que “cualquier forma de discriminación” contraviene principios básicos y genera “ansiedad y enfado” que puede actuar a su vez como “propaganda” de los grupos terroristas a los que se quiere combatir. Además, ha puesto en duda la eficacia de medidas de este tipo, si bien no ha hecho referencia directa a la orden de Trump.
Guterres también ha aprovechado para expresar su preocupación por las decisiones que pueden perjudicar la “integridad” del régimen internacional de protección para los refugiados, en la medida en que estas personas en situación vulnerable cada vez se encuentran “con las fronteras más cerradas”.
Una “amenaza” para Europa
El
primer ministro de Polonia y presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, criticó la política de Trump y llamó a Europa a unirse para
responder ante las medidas de la nueva administración estadounidense.
Foto: Reuters/ Francois Lenoir
En ese contexto ha incluido las declaraciones “preocupantes” de la nueva Administración norteamericana y ha avisado de las consecuencias “impredecibles” que todo ello puede tener para la Unión Europea. “Por primera vez en nuestra historia, en un mundo cada vez más multipolar, muchos se están volviendo antieuropeos o euroescépticos”, ha lamentado Tusk, para quien los mejores momentos de Europa han sido cuando se ha mantenido unida y ha pedido no olvidar las “trágicas lecciones” aprendidas de una Europa dividida.
“Mostremos nuestro orgullo europeo. Si hacemos ver que no oímos las declaraciones y no nos damos cuenta de las decisiones tomadas contra la UE y nuestro futuro, la gente dejará de ver Europa como su gran patria. E igualmente peligroso, los socios mundiales dejarán de respetarnos”, ha asegurado Tusk.
El exprimer ministro polaco ha subrayado que no existen razones “objetivas” para que los países de la Unión Europea se muestren complacientes con los líderes de potencias extranjeras, por lo que ha reclamado una UE unida y “digna”.
“Sé que en la política, no se debe abusar del argumento de la dignidad, porque puede llevar a conflictos y emociones negativas, pero hoy en día hay que levantarse con firmeza por la dignidad de una Europa unida”, ha insistido.
La desintegración de la UE, ha añadido, no llevará a “restaurar el mito de una soberanía plena” de sus Estados miembros, sino a su “dependencia real y de facto” de grandes superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. “Sólo juntos seremos plenamente independientes”, ha zanjado.
Otra de las claves que Tusk aspira a discutir con los líderes europeos en Malta es la oportunidad que ofrece el giro de la política comercial de Estados Unidos hacia el proteccionismo, para que la UE muestre que está “abierta a los demás” e intensifique sus vínculos con otros socios.
En
sus primeros días en la presidencia Donald Trump ha cumplido varias de
sus polémicas promesas electorales y esto ha removido la opinión pública
mundial. Foto: Jonathan Ernst/ Reuters.
