CALENDARIO DE LA JORNADA "A 1 AÑO DE SU SIEMBRA: BERTA VIVE, COPINH SIGUE" Y ACCIONES
¡ALERTA! EJECUTAN OTRO DIRIGENTE INDÍGENA EN HONDURAS
A
tempranas horas de este viernes, cinco desconocidos entraron a la casa
de habitación del líder de la tribu Tolupán, José de los Santos Sevilla
(foto), para acribillarlo de varios impactos de bala; así lo confirmó el
alcalde del municipio de Orica, Alexander Rodríguez, quien dijo
desconocer las causas que originaron la acción. Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
líder de la comunidad Tolupán, José de los Santos Sevilla, fue
asesinado por desconocidos en el municipio de Orica, ubicado a 120
kilometros al noroeste de Tegucigalpa.
De
acuerdo a la información preliminar, cinco sujetos fuertemente armados
entraron a la casa del líder indígena, en la comunidad de La Ceiba, para
ejecutarlo con varios impactos de bala.
El
alcalde de Orica, Alexander Rodríguez, confirmó el crimen y pidió el
apoyo del presidente, Juan Hernández para que se hagan las
investigaciones correspondientes, ya que afirmó que desconocen los
motivos de tal acción.
De
momento la secretario de Seguridad, asignó que serán enviados dos
equipos de investigación para indagar en el suceso, así lo notificó el
portavoz de esa entidad estatal, Julián Hernández.
La
organización no gubernamental, Global Witness, publicó recientemente un
informe en el que se destaca que desde el 2009 a la fecha, al menos 123
defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras.
Según
Global Witness, los activistas sociales son víctimas de asesinato por
oponerse a la construcción de empresas hidroeléctricas y de la minería,
ya que varios de estos proyectos quieren ser realizados en terreno de
patrimonio indígena, además que afectan el ecosistema de las
localidades.
Cabe
destacar que la dirigente Lenca, Berta Cáceres murió asesinada bajo ese
ideal, ya que venía sosteniendo una lucha en pro de la defensa del Río
Gualcarque.
Cáceres
fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda ubicada en La
Esperanza, Intibucá. Por ese delito ya son ocho personas las que han
sido capturadas al ser señaladas como los autores materiales, en los que
se destaca la participación de miembros activos del Ejército. No
obstante, la justicia hondureña aún no da con los autores intelectuales.
Global
Witness afirmó que Honduras es uno de los países más peligrosos para
ejercer la defensa del medio ambiente, debido a los altos índices de
impunidad que hay en el país.
Activistas hondureños denunciaron violación a los derechos humanos
Por defensores -
Honduras. Tomado de segundoenfoque.com Bertha Oliva, coordinador del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), denunció que “los derechos humanos
en mi país atraviesan por uno de los peores momentos”. A la fecha han asesinado a 120 líderes en Honduras desde el 2010. Esa
situación convierte a esa nación en un país donde se violan los
derechos humanos y los afectados la comparan con los escenarios vividos
durante la década de los años 80, donde hubo desapariciones forzadas de
activistas involucrados en asuntos humanitarios. Oliva declaró que “en la década de los años 80 hubo 184
desapariciones de agrupaciones que tenían cercanía con el Gobierno de
Cuba y el Frente Sandinista de Nicaragua, los cuales fueron asesinados
por los escuadrones de la muerte, a través de una política de seguridad
promovida por el Estado”. Actualmente “desde el Estado se persigue a los activistas y/o
defensores en derechos humanos, de la tierra, ambiente, entre otros.
Mientras que desde 2010 han sido asesinados 120 activistas. Nosotros
corremos riesgos en la defensa de los derechos humanos”, dijo Oliva. Esas declaraciones fueron ofrecidas por Kyte al terminar un foro en
televisión, donde manifestó que fue agredido por personas afectas al
Partido Nacional (PN) que representa la derecha del Gobierno, pero que
afortunadamente no sufrió lesiones física, gracias a la intervención de
Silvia Lavagnoli, representante de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ubicada en Tegucigalpa. La semana pasada fue agredida una defensora de los derechos humanos de la organización británica Global Witnees. La agresión a Kyte pudo haber sido originada por un informe que
presentó a través de Global Witness, donde denunció el apoyo que reciben
las élites políticas y empresariales para asesinar a los ciudadanos de
las comunidades que se oponen a sus proyectos por considerarlos una
amenaza para el medio ambiente. Las agresiones, según el documento, son
cometidas presuntamente por las fuerzas estatales. Pese a ello en Honduras todavía no ha sido aprobado el Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, con sede en Ginebra. Sin embargo sí fue posible desde diciembre
de 2010 abrir una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos a petición del presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández.
NY TIMES: LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN EN HONDURAS ES UNA FARSA
El
periódico estadounidense New York Times, ha publicado un artículo en su
versión digital, el cual hace un recuento de la lucha del Estado
hondureño en el combate a la corrupción y destaca el papel que tuvo la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en
comparación al de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH).
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington.
Durante la primavera y el verano de 2015, protestas enormes en
respuesta a escándalos de corrupción estallaron en dos naciones
centroamericanas. En Guatemala, una investigación que encabezó la
Comisión Internacional Contra la Impunidad, auspiciada por Naciones
Unidas, descubrió una red de corrupción aduanera que llegaba hasta los
altos mandos y reveló pruebas de que su líder era el presidente del
país, Otto Pérez Molina. Las protestas en Ciudad de Guatemala llegaron a
tal punto que en septiembre, Pérez Molina renunció y fue enviado a la
cárcel, desde donde aún espera su juicio.
En
Honduras, las protestas estallaron cuando algunos periodistas revelaron
que millones de dólares del fondo para la salud pública habían sido
desviados al Partido Nacional (el partido del gobierno) y a la campaña
del Presidente Juan Orlando Hernández. Las autoridades presentaron
acusaciones contra algunos directores y ejecutivos empresariales por
otro caso de corrupción en el sistema de salud, pero aún no se ha
presentado ninguna acusación contra Hernández o funcionarios de su
partido. Miles de manifestantes cargaban antorchas mientras exigían la
renuncia de Hernández y la formación de una comisión como la de
Guatemala, respaldada también por las Naciones Unidas.
Hernández
aceptó un “diálogo nacional” bastante controlado en el que varios
líderes opositores se rehusaron a participar, y también propuso un
órgano investigador vinculado al gobierno y sin autonomía. Pero esto no
sirvió para calmar los ánimos de los manifestantes, y la Organización de
los Estados Americanos (OEA) colaboró en el diseño de un plan
alternativo. De ahí surgió.
La
misión se estableció el mes pasado en la sede de la OEA en Washington,
en medio de mucha expectativa y el apoyo del Departamento de Estado.
John Kirby, un portavoz del departamento, explicó que esta misión
“responde a las demandas legítimas del pueblo de Honduras para que se
tomen acciones enérgicas y significativas en contra de la corrupción”.
Sin
embargo, los críticos hondureños no están convencidos. Han denunciado
el plan como ineficaz e insisten en la creación de un organismo
independiente respaldado por Naciones Unidas. Además, 54 miembros del
congreso estadounidense han instado al secretario de Estado, John Kerry,
a apoyar esta demanda. Una coalición conformada por casi todos los
grupos de derechos humanos de Honduras declaró que esta nueva misión
tenía una “capacidad limitada para combatir la corrupción y la impunidad
en el país”.
A
diferencia de la comisión guatemalteca que tiene resultados sólidos en
su lucha contra el crimen organizado y la corrupción en los altos
niveles del gobierno, la hondureña no participará directamente en las
investigaciones o procesos legales. En este caso, el equipo
internacional de jueces y abogados solo ofrece apoyo técnico a los
investigadores y procuradores locales, los cuales son parte de la
judicatura y susceptibles a la presión política. Aunque la misión puede
hacer recomendaciones para reformar el sistema judicial, el gobierno no
tiene la obligación de acatarlas.
Honduras
necesita de apoyo. Sus elevados niveles de violencia (entre los más
altos del mundo) van de la mano con una tasa de impunidad alarmante. Las
fuerzas de seguridad están totalmente filtradas por el crimen
organizado: “Estamos podridos hasta la médula”, declaró un exoficial de
policía a The Miami Herald. Dos semanas después lo mataron a balazos.
Una gran cantidad de periodistas, abogados, activistas, defensores de
derechos de la comunidad LGBT y opositores del sistema han sido
asesinados y los crímenes han quedado impunes.
Los
logros de la nueva misión dependerán de la voluntad política. Hay pocos
motivos para ser optimistas porque Hernández y el Partido Nacional
tienen antecedentes de pasar por encima de la ley. En 2012, como
presidente del congreso, Hernández destituyó a varios jueces de la Corte
Suprema y llenó la magistratura con sus aliados de manera ilegal. En el
2014 su partido disolvió una comisión independiente de reforma a la
seguridad pública que era ampliamente respetada, e hizo caso omiso a sus
recomendaciones. Por lo demás, el fiscal general de Honduras, Óscar
Chinchilla, no ha investigado ni procesado a los líderes del Partido
Nacional por la desviación de los fondos de salud pública.
Desafortunadamente,
el gobierno estadounidense está mal posicionado y es de poca ayuda. En
2009, el Departamento de Estado, a cargo de Hillary Clinton, colaboró en
el golpe de Estado en Honduras que triunfó al impedir que Manuel Zelaya
volviera al poder. Desde entonces, los esfuerzos diplomáticos de
Washington se han concentrado en apoyar a una serie de gobiernos
corruptos. Más de 100 miembros del Congreso de Estados Unidos han pedido
al gobierno de Obama que condene las violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad y han cuestionado la asistencia
otorgada a Honduras en materia de seguridad.
Sin
embargo, Washington todavía apoya a Hernández. En el momento más álgido
de las protestas del año pasado, el embajador estadounidense anunció
que “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras son quizá las
mejores en la historia”. Este año Washington volvió a aumentar la
asistencia militar y policial para Centroamérica, de la que Honduras
recibe un porcentaje significativo, sobre todo a través de la turbia
Iniciativa Regional de Seguridad para América Central.
Debido
a los límites del mandato de la misión anticorrupción, y las
acusaciones en contra de los funcionarios involucrados en el
cumplimiento de las recomendaciones, parece poco probable que este
órgano sea capaz de superar la crisis en Honduras. Por el contrario, da
la impresión de que busca ofrecer apenas una fachada de respetabilidad
para la relación entre Estados Unidos y Honduras.
Aun
así, la legislación sobre asignación de fondos en el Congreso de
Estados Unidos para 2016 proporciona herramientas para presionar al
gobierno hondureño. Dicha legislación obliga a que la mitad de la ayuda
para Honduras (decenas de millones de dólares) esté condicionada a que
el Departamento de Estado certifique que las autoridades ejecutan
acciones efectivas para luchar contra la corrupción, que colaboran con
las comisiones para combatir la impunidad y que investigan y procesan a
los “miembros de las fuerzas militares y de seguridad pública que han
violado derechos humanos”.
¿El Departamento de Estado se tomará en serio el proceso de certificación?
Sin
duda los manifestantes seguirán marchando por las calles de
Tegucigalpa, como lo hicieron durante el último mes, y pedirán la
creación de un órgano anticorrupción más efectivo y respaldado por
Naciones Unidas. Si la misión respaldada por la OEA no da resultados,
Hernández podría recibir una muestra del poder del pueblo, el mismo que
depuso al presidente guatemalteco.
Ombudsman holandés constata vulnerabilidad de defensores de DDHH y altos niveles de impunidad
Por defensores -
Tegucigalpa. Por Marvin Palacios
En un conversatorio desarrollado en el Hogar contra el Olvido, el sitio
erigido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) a la memoria histórica de los desaparecidos y
desaparecidas de los años ochenta, el embajador de derechos humanos de
Holanda, Kees Van Baar dijo que pudo constatar de primera mano la
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores y
defensoras y el nivel de impunidad que impera en Honduras. En su viaje por México y Centroamérica, el diplomático incorporó en
su agenda, una visita exclusiva al Hogar contra el Olvido para conversar
con la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y conocer de
cerca la realidad que se experimenta en cuanto a la situación de los
derechos humanos. En un conversatorio en el que participaron representantes de
sindicatos, gremios magisteriales, defensores y defensoras de derechos
humanos históricos ligados a la vida institucional del COFADEH, Kees Van
Baar conoció de boca de los participantes y de las participantes, los
casos de persecución, intolerancia, campañas de descrédito,
criminalización y hostigamientos que enfrentan de parte de estructuras
del gobierno. Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH, y el Ombudsman holandés, Kees Van BaarEn su intervención, el presidente del Colegio de Profesores de
Educación Media de Honduras (COPEMH), Jaime Rodríguez comentó que la
sociedad hondureña vive prácticamente la misma situación que se
experimentó durante los años ochenta, donde imperó la persecución contra
opositores políticos y la impunidad. Rodríguez dijo que la política represiva sigue siendo la misma en
contra de todo el pueblo hondureño, en los años ochenta apresaban y
desaparecían a la gente, y en aquel entonces ya contábamos con el apoyo
de Bertha Oliva coordinadora general del COFADEH (Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras, para buscar compañeros y para
sacar compañeros de la cárcel. “Pero ahora la situación ha cambiado, ahora ejecutan a los
compañeros, ya no los desaparecen o los llevan presos, y tenemos gran
cantidad de compañeros docentes, muchos de los cuales fueron ejecutados
en sus centros de trabajo”, sostuvo el dirigente magisterial. Por su parte el Director Ejecutivo de Casa Alianza, José Guadalupe
Ruelas dijo que “la niñez es posiblemente la principal víctima de la
pobreza, donde las familias no tienen suficientes recursos para
satisfacer sus necesidades, de la falta de oportunidades, de salud,
protección, de la violencia; porque son las personas más débiles de la
sociedad, con menos recursos para defenderse”. El defensor de derechos humanos también indicó que la niñez es
víctima de la debilidad institucional que se caracteriza porque los
funcionarios tienen más poder que las instituciones, por los altos
niveles de corrupción y por el alto nivel de impunidad para proteger la
corrupción y a las personas que ejercen la autoridad. “En tal sentido cada mes en Honduras, se asesina o se ejecuta a
alrededor de 80 niños y jóvenes menores de 23 años, esa cifra se ha
disparado. En 2008, el porcentaje de ejecuciones de niños era de 40; hoy
estamos rondando 80 ejecuciones mensuales”, resaltó Ruelas. En Honduras hay 3 millones 400 mil niños y niñas, donde 23 de cada 100 niños menores de 5 años, sufre desnutrición. Un millón 400 mil niños y niñas que están en edad escolar, no asisten
a la escuela. De hecho de cada 100 adolecentes que salen de educación
primaria, el estado solo tiene cupo para 35 de cada 100, lo que indica
que 65 de cada 100 niños y niñas, se quedan fuera del sistema educativo. Por
otro lado, unos 435 mil niños y niñas son explotados laboralmente según
datos oficiales, y unos 600 mil adolescentes no están en este momento
estudiando, ni tienen oportunidades de ingreso. 25 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años, están embarazadas.
Es decir la cuarta parte de las niñas adolescentes están embarazadas.
El 50 por centro de esos embarazos según la Secretaría de Salud es por
abuso sexual, y el 8 por ciento de las adolescentes ha contraído
matrimonio antes de cumplir los 18 años. En representación del Colegio de Pedagogos de Honduras
(COLPEDAGOGOSH), participó Indira Aguirre dijo que “tenemos docentes
suspendidos y despedidos, por ejemplo el compañero Jaime Rodríguez
(presidente del COPEMH) es un ejemplo de ello, el año pasado primero fue
suspendida su licencia para poder estar en la organización magisterial y
posteriormente fue despedido de su trabajo”. Aguire dijo que existen varias falencias en el sistema educativo
hondureño, entre ellas que a los docentes no se les forma en derechos
humanos, por lo que de una u otra manera, se cometen muchas
irregularidades. En representación del sector sindical, expuso el presidente del
Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia
(SITRAPANI), Dagoberto Posadas. Posadas expuso que el sector obrero organizado ha sido golpeado en
los últimos años de tal manera que varios sindicatos han desaparecido y
otros han sido cooptados por los gobiernos de turno. El dirigente sindical aseguró que “se están violando las
contrataciones colectivas, que son constitucionales, violando todas las
convenciones internacionales, total que estamos en el más completo de
los abandonos por parte del gobierno, hemos sido desarticulados
completamente, solo quedamos casi nosotros, viviendo en las mismas
condiciones que viven los demás compañeros de otras organizaciones”. Posadas
explicó que dirigentes obreros y sus familias han sido víctimas de
persecución, otros de secuestros, otros tantos enviados a la cárcel y
que sus organizaciones han sido descapitalizadas. Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva (a
quien el gobierno de Holanda le otorgó el premio Tulipán a los Derechos
Humanos en 2010), denunció ante la delegación holandesa que existe en
Honduras un programa de las Fuerzas Armadas denominado Guardianes de la
Patria, donde se recluta a los hijos de los más pobres que van a
unidades militares, donde después están egresando lo que llamó “niños
sicarios”. En los últimos tiempos después del golpe de estado se ha visto de
nuevo la figura de la desaparición forzada donde sabemos que se va a
incrementar, y esa es una lucha que COFADEH ha venido enfrentando para
que hechos como la desaparición forzada no se repitan. “Por eso es importante saber cómo vamos a trabajar con los gobiernos
amigos a nivel internacional para promover espacios donde la memoria
permanezca, porque aquí hay un trabajo muy fuerte en contra de la
memoria, donde hitos históricos han sido borrados”, destacó la
reconocida defensora de derechos humanos. A este respecto, Oliva citó que un monumento, que inmortalizaba la
silueta de una madre de un desaparecido exigiendo justicia, fue atacada a
tiros por desconocidos en varias ocasiones y que transcurridos 3 meses
después de su inauguración fue arrancada de raíz hasta desparecerla por
completo. La silueta se colocó en agosto de 2012 en el marco del Día Nacional
del Detenido Desaparecido en las Vueltas de Jacaleapa, localizada a 5
kilómetros de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, donde el
COFADEH realizó exhumaciones para tratar de encontrar a 4 estudiantes
desaparecidos en 1982 por escuadrones de la muerte. Las exhumaciones no
fueron contundentes en cuanto a la identidad de los desaparecidos. Ese
ataque contra la memoria se produjo en el gobierno consuetudinario del
golpe de estado, dirigido por Porfirio Lobo Sosa. Después del golpe de
estado de 2009, se reportaron más 100 asesinatos de líderes del
movimiento social aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia contra
el Golpe. Tras escuchar las intervenciones de los y las participantes, el
embajador de derechos humanos de Holanda, Kees Van Baar, comentó que
toda la información proporcionada fue muy valiosa, ya que antes había
escuchado sobre las denuncias de impunidad en Honduras y sobre el tema
del grado de vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos
humanos. “Creo que cuando uno escucha de primera mano y escucha los ejemplos
que ustedes han presentado, se deja claro que esto no es solo un tema de
impunidad o falta de capacidad para procesar las denuncias, sino
también que es claro que existe una impunidad activa de parte de las
autoridades”, expresó Van Baar. El embajador de derechos humanos de Holanda señaló que este por
supuesto es otro aspecto de la impunidad que es aún peor, porque no es
solo de falta de capacidad, sino que es impunidad a propósito. En torno a la situación de los defensores de derechos humanos, el
diplomático dijo que “creo que ustedes mismos son los que saben los
riesgos que pueden tomar, pero por supuesto es muy diferente cuando no
son ustedes los que están en riesgo sino cuando se está afectando a sus
familiares, como sus cónyuges o allegados, así que estoy muy consciente
de lo malo que es esto y creo que eso también es impunidad activa, que
en mi opinión es maligna”. Van Baar sostuvo que esto es parte de lo que debemos llevar a las
autoridades, hemos venido aquí a Honduras, pero también hacemos lo mismo
en contextos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, Suiza. Así que hace un año y medio discutimos la situación de Honduras, y
los Países Bajos (Holanda) dice que debe implementarse un mecanismo para
la protección de los defensores de los derechos humanos y según
entiendo ya existe tal mecanismo, dijo el defensor del pueblo de
Holanda. Sobre este tema, Van Baar comentó que el gobierno de Honduras le
habría informado que el Mecanismo de Protección de Defensores de
Derechos Humanos contaba con igual número de representantes, tanto del
gobierno como de la sociedad civil; sin embargo se sorprendió al conocer
que la diferencia es abismal, ya que el estado cuenta con 8
representantes y la sociedad civil apenas con 2. Cuando esto sucede, dijo Van Baar, nosotros sabemos que los gobiernos
mienten y por lo tanto siempre habrá más informes en Ginebra, pero
antes de la presentación del próximo informe hay una larga espera para
las discusiones, aunque el gobierno pueda escribir lo que quiera ya sea
en el Consejo de Derechos Humanos o en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), siempre hay un informe sombra a estos informes, y el
gobierno se encontrará en problemas si después, el informe sombra es
totalmente diferente de lo que el gobierno ha dicho. El embajador de derechos humanos instó a los líderes y dirigentas
gremiales a solicitar apoyo de la OIT, para que esta organización envíe
una delegación a Honduras para constatar las violaciones a los derechos
laborales y para que exista seguimiento. “Así que no es solamente que el gobierno puede ir y mentir, porque
aún así hay mucho por hacer, porque el gobierno no puede salirse con la
suya, así como así”, subrayó. El conversatorio con representantes de organizaciones sindicales,
magisteriales y de derechos humanos se desarrolló en el salón de
memorias del Hogar Contra el Olvido, ubicado en la aldea La Joya, en el
municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. La figura del Defensor del Pueblo tiene sus antecedentes en los países escandinavos, donde recibe el nombre de Ombudsman. El Ombudsman holandés Kees Van Baar, se hizo acompañar del Embajador
de los Países Bajos y Netherland para Centroamérica, Peter Derrek Hof y
otros miembros de dicha delegación diplomática. La visita de Kees Van Baar honra el trabajo que durante 34 años ha
realizado en la promoción y defensa de los derechos humanos, la
Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, quien en 2010 recibió
del gobierno de Holanda, el Premio Tulipán a los derechos humanos.
Honduras: Ante las reacciones oficiales contra informe Witness
Posted on 7 febrero, 2017 by soawlatina
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras,
COFADEH, en este segundo plantón de 2017 en la Plaza de Los Pañuelos
Blancos, en Tegucigalpa, hace suyo el pronunciamiento solidario emitido
ayer en San José Costa Rica por 33 liderazgos de organizaciones sociales
de Centroamérica. Las organizaciones de defensa de derechos humanos y de sociedad civil
de la región, reunidas en el Foro ProDerechos, manifestamos
preocupación por las reacciones oficiales despertadas por el informe de
Global Witness: “Honduras el país más peligroso para defender el
planeta”. Luego de la difusión de este documento que señala vínculos estrechos
entre políticos, funcionarios y empresarios de Honduras beneficiados con
concesiones, exoneraciones y mercados de proyectos extractivos,
represas, complejos turísticos y monocultivos, ha sobrevenido una
campaña desproporcionada de advertencias y ataques que podrían degenerar
en otras acciones lamentables. Particularmente causan preocupación las declaraciones del ministro
coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, quien ha
desacreditado la validez del informe, puesto en duda las objetividad de
las fuentes, la legitimidad de sus motivaciones y la existencia de las
123 vícitimas defensores ambientales asesinadas en el país, alentando
con ello la impunidad. Así mismo, son lamentables las declaraciones del ministro de Recursos
Naturales y Ambiente, José Galdámez, quien ha pedido al Fiscal General,
Oscar Fernando Chinchilla, que abra un expediente sobre “las
acusaciones del Director de Incidencia de Global Witness, Billy Kyte, y
que si no se presenta a declarar sobre los hechos sustentados en el
Informe, entonces que de oficio el Ministerio Público proceda a ordenar
su detención”. Deplorables también son las advertencias de la ex vice presidenta del
Congreso Nacional – actual presidenta del Comité Central del Partido
Nacional — Gladys Aurora López, quien avisó sobre acusaciones penales
contra los ejecutivos de Global Witness, por la mención de su nombre
entre los políticos y empresarios beneficiados con el tráfico de
influencias desde los poderes del Estado hondureño que cambiaron la
legislación ambiental para favorecerse con proyectos depredadores dentro
de territorios ancestrales. Las alocuciones públicas de los funcionarios de gobierno coinciden
con la divulgación de afiches y perfiles falsos en redes sociales con
ataques anónimos a familiares de Berta Cáceres, ejecutivos de
organizaciones comunitarias y de defensa de derechos humanos que
acompañan las luchas de pueblos indígenas en el Occidente de Honduras y
agencias solidarias internacionales que respaldan su trabajo. Los ataques han obligado al Relator Especial para las Defensoras/es
de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, a hacer un llamado público
para “entender que el nuevo Informe de Global Witness es esencial para
entender la dramática situación de quienes defienden los derechos
humanos en Honduras”. Nosotras, como organizaciones defensoras de derechos humanos
trabajando problemáticas similares en toda Centroamérica, exhortamos a
las autoridades hondureñas a reconocer la valiosa contribución de las y
los defensores de derechos humanos al desarrollo y al fortalecimiento
del Estado de Derecho, especialmente en la lucha contra la impunidad,
que es el propósito principal de la investigación de Global Witness. Igualmente, demandamos del Ministerio Público, de la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos y de la Misión de Acompañamiento contra
la Corrupción, MACCIH, asentadas en Honduras, que realicen una
investigación independiente de los casos denunciados en relación a las
prácticas ilegales y violentas de empresas extractivas, represadoras y
turísticas, que han sido señalas en el referido Informe. Exhortamos al Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos, a tomar medidas urgentes para proteger
la vida y la integridad de los funcionarios de Global Witness, de los
liderazgos de las organizaciones que han dado su testimonio en ese
informe, como los miembros del Movimiento Indígena Lenca de la Paz
(MILPAH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Tribu
de LOCOMAPA, el pueblo garífuna de Barra Vieja, el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Centro
Hondureño para la Promoción de los Derechos Comunitarios (CEHPRODEC),
otras organizaciones indígenas, así como las personas que fueron
testigos y fuentes de Información directa en el informe. Tegucigalpa, M.D.C., 3 de febrero de 2017. COFADEH
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
Tras avalar informe internacional, incrementan ataques contra dirigencia de MILPAH
Por defensores -
Tegucigalpa. Por Sandra Rodríguez
Han pasado 14 días desde que la organización internacional Global
Witness, hizo público el informe “Honduras, el lugar más peligroso para
defender el planeta” en el que toma en cuenta cinco casos relacionados a
la defensa del ambiente entre ellos lo que vive la población indígena
lenca del departamento de la Paz. Para apoyar el documento, Felipe Benítez y Martín Gómez, dirigentes
del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH,
comparecieron de manera pública a fin de avalar el informe y denunciar
las violaciones a los derechos humanos que como pueblo indígena poseen. Desde antes de la publicación, se inició una campaña de descrédito a
través de redes sociales por dicho informe, y los integrantes de MILPAH,
documentaron una serie de irregularidades que los expone como
defensores del territorio, en el país considerado como peligroso para
los y las defensoras de derechos humanos. El 29 de enero una patrulla de la Policía Preventiva llegó al
territorio de la comunidad Tapuyman, cuatro policías ingresaron a la
casa del dirigente de MILPAH, Félix López, donde sólo estaba su esposa, a
quien le expresaron que había dos órdenes de captura contra igual
número de personas de la comunidad. Ante el cuestionamiento de la
señora, sobre los nombres de a quienes buscaban, los uniformados se
negaron a responder. Ese mismo día, ingresaron a la casa de Antonia López, los policías se
burlaban al mismo tiempo que fotografiaban un afiche dónde aparece la
lideresa indígena Ana Mirian Romero, premio”Front Line Defenders” 2016,
quien fue severamente atacada en el 2015 y a inicios del 2016 le
incendiaron la casa, de este hecho aún no hay responsables. Un policía le dijo a doña Antonia “ustedes saben lo que ocurre aquí
en la comunidad y tienen orden de captura Félix López y Joselino López”,
secretario y presidente del Consejo Indígena de la comunidad de
Tapuyman, respectivamente. Y el 31 de enero fue la presentación del informe, que le llevó dos
años de trabajo investigativo a Global Witness, cuya petición es para el
Estado a que investigue a fondo cinco casos de violaciones a derechos
humanos y actos de corrupción que se denuncian en el informe tales como:
“La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales”,
“El asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la
presa de Agua Zarca”, “La operación minera del empresario Lenír Pérez”,
“La masacre de las comunidades Tolupanes” y “El pueblo garífuna y las
fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras”. Después de esto, no se hicieron esperar las reacciones de parte de
los grupos de poder en Honduras, que se sintieron afectados. Las cuales
se ensañaron contra MILPAH, que se identifica en el caso “La presidenta
del partido Nacional y su relación con presas ilegales”. El 2 de febrero, Vásquez y Benítez, comparecieron en un foro
televisivo, junto a Billy Kyte, director de incidencia de Global
Witness; así mismo estaban representantes de empresa privada de
Honduras, y comunicaciones telefónicas de dirigentes gubernamentales,
que atacaban la postura de los defensores del territorio indígena. Los dirigentes Lencas recibieron ataques raciales, los cuales se
convierten en delitos contra la cultura, irrespeto a sus creencias y
costumbres, así como intromisión a la autodeterminación de los pueblos,
que se establecen el convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, del cual Honduras es signatario desde hace 25 años, y que
no implementa a cabalidad. El cinco y seis de febrero, se ejecutó un operativo militar y
policial en el territorio de la comunidad de La Tejera, en el municipio
de Santa Elena, donde habita Felipe, Martín y Ana Mirian. Hasta allí se movilizaron cuatro patrullas policiales y cuatro
patrullas militares, no se especificó cuál era el motivo de su
presencia. Luego informaron que habían encontrado armas bajo tierra,
pero nadie presenció el hecho. La comunidad se sintió intimidada ante su
presencia, pues no es normal que hombres fuertemente armados
interrumpan en el entorno. Un militar de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, le
dijo a un niño (del cual por seguridad omitimos su nombre), que le daba
cien lempiras para que le dijera ¿Quiénes habían enterrado las cosas y
que si el sabia? El menor le respondió que desconocía el dato. Esa noche hasta el amanecer del lunes 6, se escuchó que varias
motocicletas y vehículos atravesaban el territorio de la comunidad La
Tejera, denunció la dirigencia de MILPAH, a defensoresenlinea.com. Un policía, identificado como “Corrales”, le preguntó don Nasario
Ventura, si el sabia de las armas enterradas, ya que de la casa sale un
camino hasta llegar al risco donde estaban las armas, y la respuesta fue
negativa, ya que nadie en la comunidad sabia de ese entierro. Durante
la noche, siete militares recorrieron la zona. El 10 de febrero un vehículo color rojo, doble cabina, con tres a
cinco personas a bordo y no identificadas entraron a la casa de Martín
Gómez Vásquez, sub coordinador de MILPAH, preguntaron por el dirigente,
pero este se encontraba en diferentes reuniones en el municipio de
Marcala. Permanecieron dentro del vehículo como esperándolo, desde la una
hasta las cinco de la tarde. Uno de ellos entro a la casa y tomó
fotografías de algunas pertenecías de la familia, como ser cuadros,
diplomas y una bandera política. El 11 de febrero, una patrulla policial se presentó en el área urbana
de Nahuaterique y le preguntaban a la población si allí existe la
organización MILPAH, las respuestas fueron sí y no. Lo cual deja clara
la persecución contra el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La
Paz-Honduras, denunció la dirigencia indígena. La población de La Paz, especialmente la que defiende sus derechos
indígenas, está preocupada por la criminalización de que son víctimas,
ya que se reporta asesinatos, desapariciones, torturas desalojos
violentos, quema de viviendas, encarcelamiento incluso de niños y
ancianos, así como ataques contra mujeres embrazas que ha abortado. El pasado 8 de febrero se lanzó el proyecto “Mejorando el Acceso a la
Justicia de la población indígena Lenca de La Paz”, el cual tiene como
objetivo fortalecer las capacidades las y los participantes,
especialmente de las mujeres, así como de los operadores de justicia,
para facilitar así el acceso a un sistema de justicia confiable y que
promueva la equidad social. El proyecto, que tiene una duración de tres años, es ejecutado por el
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario
(CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y el
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
organizaciones con amplia experiencia y reconocimiento en defensa de
derechos humanos. Además, cuentan con el acompañamiento técnico y
financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Trócaire y
con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa
EUROJUSTICIA.
Honduras: El grito al cielo con escalada en precios de productos alimenticios
TEGUCIGALPA.
Escalada de precios de al menos 20 productos de la canasta básica ha
elevado el grito al cielo de la población hondureña en los últimos días. Según
los monitoreos realizados en el mercado nacional. Los cuales realiza la
Asociación defensora de la canasta básica de Honduras (ADECABAH). Para
el caso de la manteca, esta en los últimos días incrementó hasta un
lempira. Del mismo modo el aceite de cocina con el mismo incremento. También
se reporta alzas en la caja de margarina la que subió hasta 1.25
lempiras, de igual forma la libra de embutidos que ha subido un lempira. Asimismo
los frijoles ha incrementado cinco lempiras la medida, la cual hoy está
en el mercado a 55 lempiras. En esa corriente alcista se destacan,
asimismo, el galón de leche fluida que ha sufrido una subida de cuatro
lempiras. Los huevos también se anuncia que ya se planifica un fuerte incremento, según el monitoreo. La
legumbres, papel higiénico, y lácteos también han sufrido fuertes
incrementos. Según Adalid Irías, Presidente de ADECABAH, el aumento del
salario mínimo es la causante de estos fuertes incrementos. “Siempre
que hay una revisión al salario mínimo, nos dan otros aumentos, de allí
la mala estrategia de no negociar la estabilidad de precios”. “Los
trescientos lempiras que aumentaron al salario mínimo, prácticamente lo
están sacando en los veinte productos que se fueron al alza”, dijo
Adalid Irías.
Escalada de precios tendrá el efecto dominó
El aumento al salario se esta pagando en las alzas a los productos alimenticiosAdemás Irías no descartó que en los próximos días el efecto domino podría darse en los otros productos alimenticios. La estrategia de los empresarios, dijo Adalid que es ir incrementando los precios poco a poco. Aunado a los constantes aumentos a los combustibles y la anunciada revisión de las tarifas de energía eléctrica. Según se ha anunciado, las tarifas de la energía podrían traer un incremento de un 40 por ciento.
Ley de Seguridad Interior: "El Gobierno de México está a punto de dar un autogolpe de Estado"
Publicado: 15 feb 2017 02:50 GMT | Última actualización: 15 feb 2017 15:54 GMT - RT
Organizaciones de la sociedad civil de
México advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior, el Ejército legalizaría su actuación durante la guerra contra
el narcotráfico.
Después de poco más de 10 años del comienzo de una guerra abierta
contra el narcotráfico en México, una legislación está a punto de ser
aprobada para legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública. "Autogolpe de Estado": así calificó la
politóloga Denise Dresser a la llamada 'Ley de Seguridad Interior'
durante una conferencia de prensa que reunió a un nutrido grupo de
organizaciones de la sociedad civil y académicos de México. Las
organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional,
advirtieron que, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, el Ejército
tendría "carta abierta" para realizar tareas de fiscalía, detenciones e inteligencia, además de usar "cualquier método de recolección de información".
Antecedentes
Desde hace 10 años, el Ejército se ha visto envuelto en polémicas como la matanza del pueblo mexiquense de Tlatlaya
en el 2014. También existen sospechas de que tuvo conocimiento en todo
momento de la desaparición el mismo año de 43 estudiantes de la normal
rural de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México. En la investigación periodística cadenademando.org,
hay un análisis de las 34 recomendaciones que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México (CNDH) ha hecho al Ejército desde el 2007
hasta la fecha. En las recomendaciones hay evidencia de que el 94% las
autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad. Y que en 18
casos de agresiones, el Ejército alteró escenas del crimen, a veces
sembrando armas, en otras exhumando cuerpos de víctimas. José
Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), agregó que, del 2006 al 2014, las Fuerzas Armadas
detuvieron arbitrariamente a 64.000 ciudadanos. Además, reveló cifras
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2006 al 2011: se
acumularon 390 quejas por desaparición forzada a manos del Ejército en
este organismo. También contó que ante la Fiscalía de México
existen 1.273 denuncias contra las Fuerzas Armadas por torturas como
golpes con armas de fuego en el rostro para confesiones, violación
sexual, toques eléctricos y asfixia con bolsas de plástico.
Imagen Ilustrativa
Henry RomeroReuters
Consecuencias
La semana pasada, las imágenes
de un helicóptero artillado de la Marina de México disparando en un
barrio residencial del estado de Nayarit en plena noche recordaron
escenas de guerra de Siria e Irak. Si bien la Marina de México abatió a
'El H1', líder del cartel de los Beltrán Leyva, durante todos los
enfrentamientos murieron otras 15 personas.
Como no existe una investigación independiente sobre el caso, no se
sabe si todas las personas abatidas tenían que ver con el capo o no. En
octubre del 2016, el poderoso general Salvador Cienfuegos, secretario
de Defensa Nacional, habló del cansancio de los militares por estar en
las calles. "El marco jurídico pregúntenselo a los legisladores, no a
mí; yo no hago leyes", habría dicho en ese entonces. El
dictamen final de la Ley de Seguridad Nacional es desconocido por
legisladores de partidos opositores, los cuales propusieron que el tema
se discutiera de manera más amplia este miércoles 15 de febrero, informó
el semanario 'Proceso'. "En lugar de regresar a los soldados, el Gobierno permite la cuartelización del país", concluyó Dresser. Académicos y activistas también advirtieron que, ante el escenario generalizado de asesinatos y la aparición de fosas en México,
la nueva ley blindaría al Ejército para evitar que soldados puedan ser
llamados a cuentas conforme a las leyes nacionales e incluso
internacionales. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel
Agustín Pro de Derechos Humanos, advirtió que el concepto de "seguridad
interior" que propone la nueva ley diluye la frontera entre la seguridad
nacional y la seguridad pública; una característica de los "regímenes
autoritarios".
El debate más importante en décadas
Alejandro
Madrazo, del programa de política de drogas del Centro de Investigación
y Docencia Económicas calificó el debate en torno a la Ley de Seguridad
Interior como "una de las decisiones más importantes en décadas". Urgió
que la legislación se haga conforme a los datos disponibles, pues los
operativos conjuntos entre Policía y Ejército durante la presidencia de
Felipe Calderón dispararon los homicidios en el país: de 8 por cada
100.000 habitantes a 24 por cada 100.000 habitantes.
"Muertes que no se investigan. Se les descarta como sicarios porque supuestamente andan en malos pasos", denuncia. El
académico recomendó: "Si el gobierno civil se rinde, el aparato
castrense se expandiría y cada vez más funciones pasarían a órganos
militares". José Guevara de la CMDPDH advirtió que, con la nueva
ley, toda información interior generada por el combate al crimen
organizado tendría la etiqueta de 'clasificada' por motivos de seguridad
nacional, es decir, conservaría un candado para evadir las leyes de
acceso a la información de México. "Ya son diez años de esta
política que ha fomentado, tolerado y formado estas violaciones de
derechos humanos: estamos ante un escenario catastrófico para el país",
advierte. Al-Dabi Olvera
OPINIÒN Seguridad interior: una ley peligrosa
Ante la
posibilidad de la rápida aprobación de la iniciativa de ley de seguridad
interior por el Poder Legislativo, diversas organizaciones no
gubernamentales y de promoción de los derechos humanos llamaron al
Congreso de la Unión a detenerla y a emprender un proceso transparente,
con margen de tiempo y abierto a la participación social. Los centros de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez,
el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la organización
Fundar y otros señalaron que la iniciativa mencionada constituye una
afrenta a las recomendaciones formuladas a México por diversos
organismos internacionales y destacaron, asimismo, que la pretendida
legalización de la participación de militares en tareas de seguridad
pública reduce y desalienta el fortalecimiento y la profesionalización
de las corporaciones policiales civiles, que son las que, por mandato
constitucional, deben asumir tales tareas.
Desde hace más de una década se ha señalado en numerosas ocasiones la
improcedencia de involucrar a las fuerzas armadas en asuntos que deben
ser atendidos por la policía. Sin embargo, ante la intensificación desde
el sexenio pasado de ese recurso inconstitucional, y ante la
perspectiva de que las autoridades civiles sigan confiando al Ejército y
a la Marina la lucha contra la delincuencia organizada, altos mandos
castrenses han instado a los legisladores para que elaboren un marco que
otorgue sustento legal a esa tarea. Debe considerarse que la legalización de una práctica gubernamental
anómala e improcedente no sólo no resolverá el problema, sino
posiblemente lo agravará. En los más de 10 años transcurridos desde que
Felipe Calderón declaró una guerra a las corporaciones criminales
y recurrió para ello a la utilización intensiva y excesiva de las
fuerzas armadas, se descuidó el saneamiento y la profesionalización de
los organismos policiales de los tres niveles, se recurrió a la
simulación de los exámenes de confianza y se expuso a los institutos
armados a los peligros de la descomposición institucional, la erosión de
la credibilidad y el conflicto social por la multiplicación de los
casos de violaciones graves a los derechos humanos.
A lo largo de este proceso, sobre las fuerzas armadas no ha
recaído más responsabilidad que la de acatar el mandato del poder civil.
Éste, en cambio, ha persistido en el error y no ha sido capaz de
comprender que el Ejército y la Marina no son superpolicías, sino
instituciones concebidas, formadas y preparadas para defender la
soberanía nacional, preservar la integridad del territorio y auxiliar a
la población en casos de desastre. Ahora, tras los deplorables resultados de esa estrategia, en vez de
rectificar el camino se pretende legalizar la desnaturalización de las
tareas constitucionales y sociales de los militares mediante la
redacción de la ley referida, la cual, de aprobarse, podría generar una
nueva escalada de violaciones a los derechos humanos, avanzar en la
indeseable militarización de la vida y el espacio públicos y someter a
las instituciones castrenses a un desgaste mayor del que han sufrido en
esta década. Una solución alternativa y razonable a ese extravío trágico es que el
Ejecutivo y el Legislativo federales, así como las autoridades
estatales y municipales del país, enfrenten de una vez por todas la
tarea de limpiar y moralizar los cuerpos policiales de los tres niveles,
que se cambie radicalmente el contraproducente enfoque de la lucha
antidrogas –a fin de cuentas, una imposición estadunidense– y se permita
a las fuerzas armadas el retorno a sus cuarteles.
"Parece que Peña Nieto intenta demostrar que es igual de sangriento que Trump"
Publicado: 14 feb 2017 16:59 GMT - RT
por John M. Ackerman
Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Ostula, Nochixtlán, Ixmiquilpan y ahora Nayarit. El jueves pasado un helicóptero de la Secretaría de Marina abrió fuego
desde el cielo en contra de una vivienda en Tepic, Nayarit. Cayeron
muertos por lo menos una docena de supuestos narcotraficantes. La Marina
no ha informado sobre la identidad de los muertos, pero de acuerdo con algunos reportes, entre las víctimas hubo menores de edad. Las
escenas recuerdan los operativos de los EE.UU. en Yemen, Afganistán o
Irak en que se dispara de manera indiscriminada en contra de los
supuestos "enemigos" sin primero averiguar sus identidades. Incluso
cabe la hipótesis de que el operativo hubiera sido ordenado y operado
directamente por soldados estadounidenses. Es importante recordar que
las fuerzas armadas no tienen el derecho de actuar de la misma forma que
los delincuentes. Nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte y
garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la presunción de
inocencia y el debido proceso. Las ejecuciones extrajudiciales no tienen
lugar en el marco de un Estado de Derecho. Si la procuración de justicia no sirve para detener y desarmar a los delincuentes, la respuesta no debe ser ¡Mátenlos en caliente! Ni
la militarización del país, sino una profunda limpieza de las
instituciones a partir de una transformación política de fondo. Pero la nueva Ley de Seguridad Interior busca mantener y legalizar la actual estrategia sanguinaria y violenta. Parece que Peña Nieto intenta demostrar que es igual de sangriento que Trump. Hay que pararlo.
@JohnMAckerman
Las declaraciones y opiniones
expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
La primera baja para Donald Trump
Por:
David Brooks
| CUBADEBATE
Dimite el general retirado Michael Flynn. Foto: Reuters.
El caos político dentro y fuera de la Casa Blanca detonado por Donald Trump
acrecienta la incertidumbre entre su propio equipo, la burocracia
federal y en sectores sociales vulnerables de todo el país, sobre todo
los inmigrantes, y la noche de este lunes cobró su primera víctima
dentro del nuevo gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional, el sistema nervioso de la Casa Blanca para abordar los problemas de seguridad, está en crisis con su jefe, el general retirado Michael Flynn, obligado a presentar su renuncia. Trump prometió manejar el gobierno de manera efectiva y eficiente con
el argumento de que el presidente debería ser el Ejecutivo en jefe de
una gran empresa. Por ahora eso está fracasando y en su lugar
todos los días hay pruebas de la falta de coordinación, intrigas e
incluso berrinches. Desde finales de la semana pasada, cuando los medios nacionales
reportaron que las agencias de inteligencia estadunidenses contaban con
evidencia de que Flynn sostuvo un intercambio con el
embajador ruso en Washington sobre el tema de sanciones poco antes de la
toma de posesión de este gobierno, el asesor de Seguridad Nacional ha
tenido que ofrecer disculpas al vicepresidente Mike Pence y aparentemente a otros miembros de la Casa Blanca, supuestamente, por haberlos engañado en esencia. Flynn había asegurado que nunca abordó el tema de las sanciones o cuestiones de política estadunidense, y Pence,
con base en eso, declaró públicamente que estas conversaciones jamás
habían ocurrido. Es delito federal que un ciudadano negocie relaciones
exteriores con un gobierno extranjero. El presidente había guardado silencio sobre el asunto, y este lunes no respondió a una pregunta sobre si aún apoyaba a Flynn, ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa y uno de los primeros altos oficiales en respaldar a Trump durante su campaña. Poco después, la consejera presidencial Kellyanne Conway declaró que el mandatario mantiene plena confianza en su asesor de Seguridad Nacional. Una hora después la Casa Blanca corrigió esa afirmación, al informar que Trump estaba evaluando la situación. A la vez, medios informaron que el Departamento de Justicia sigue investigando si Flynn violó la ley. Pero el Consejo de Seguridad Nacional tiene problemas no sólo por su jefe, sino por una dinámica deficiente, reportó el New York Times. A tres semanas del inicio del gobierno de Trump, integrantes del consejo se despiertan por la mañana, leen los mensajes en Twitter del presidente Trump
y luchan para armar políticas en torno a ellos, reporta el rotativo, y
agrega que la mayoría del equipo no es informado sobre los intercambios
del presidente con sus contrapartes, y varios están contemplando medidas
para proteger las comunicaciones con sus colegas ante la sospecha de
que podrían ser interceptadas y vigiladas no por un enemigo, sino por
altos asesores del presidente que buscan controlar las filtraciones. Mientras tanto, la permanencia de Reince Priebus, jefe de gabinete,
también está en duda, según algunos informes filtrados a medios y por
comentarios de un amigo muy cercano del presidente que cuestionan su
labor. Nada menos que la consejera del presidente, Kellyanne Conway ha
indicado que estaría interesada en ocupar ese puesto (según informes
filtrados por funcionarios). Pero la misma Conway sigue en apuros por
haber promovido –en violación de reglamentos y normas de ética de
funcionarios públicos– productos de Ivanka, la hija de Trump. Y la labor del vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, también ha sido repetidamente cuestionada por su jefe, según fuentes dentro del gobierno. Algunos señalan que la falta de congruencia en las decisiones de la Casa Blanca son resultado de pugnas internas, “la
intensa competencia cotidiana entre dos perspectivas muy diferentes…
aquellos que desean una confrontación radical tanto en casa como en el
extranjero, versus los que desean enfocarse más a Washington y a las
normas internacionales”, afirmó Mike Allen, veterano observador y periodista político en Axios. En parte por todo esto, nadie está seguro de qué sigue en términos de
políticas, incluida la migratoria. Mientras continúa la pugna judicial
con la orden ejecutiva contra viajeros de países musulmanes,
la implementación de otra orden ejecutiva dedicada a fortalecerlas
medidas contra inmigrantes indocumentados está generando confusión y
temor de costa a costa. Después de que más de 600 inmigrantes fueron detenidos,
y muchos deportados, en las redadas realizadas la semana pasada en por
lo menos seis estados, las autoridades del servicio de migración
insistieron en que éstas no eran parte de alguna nueva política ni en
cumplimiento de las nuevas órdenes ejecutivas. Pero desde ayer, y de
nuevo hoy, Trump tomó el crédito por las operaciones y afirmó que éstas
fueron contra “inmigrantes ilegales…criminales… estamos haciendo lo que
dijimos que haríamos”.
Se reúne con Trudeau
El
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en la ciudad de Washington
para tratar el futuro de sus acuerdos comerciales y sobre la
inmigración.
En su reunión de este lunes con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
ambos mandatarios decidieron evitar una confrontación sobre el tema de
la inmigración de ciudadanos de países de mayoría musulmana, y sobre
todo el asunto de los refugiados, cuestiones en las que tienen políticas
casi opuestas. Trudeau explicó que no venía a darle lecciones a otro
país. Al parecer no hubo conflictos, y ambos expresaron su voluntad de
continuar trabajando en temas de cooperación y promoción económica, y
sobre todo en ofrecer mayores oportunidades a las mujeres. Notablemente,
no abordaron, en público, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, en su primera acción contra un país latinoamericano más allá de México, el gobierno de Trump anunció nuevas sanciones contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck el Asissami,
a quien acusó de desempeñar un papel mayor en el narcotráfico
internacional, reportó primero la agencia de prensa AP y después fue
confirmado por el Departamento del Tesoro. Como parte
de las sanciones, sus bienes estadunidenses fueron congelados y tendrá
prohíbido el ingreso a este país. Junto con él, también se aplicaron
sanciones contra el empresario venezolano Samark López, sospechoso de
ser operador del vicepresidente.
Mnuchin, ratificado como titular del Departamento del Tesoro
Y el Departamento del Tesoro tendrá por fin un jefe al ser ratificado esta noche por el Senado Steven Mnuchin como su titular.
Mnuchin encabezó OneWest, un banco que expulsó a decenas de miles de
sus casas por la crisis de la hipotecas que detonó la gran recesión de
2008. Ahora será encargado de implementar la aún ambigua estrategia de Trump, que incluye desmantelar regulaciones sobre Wall Street, algo que Mnuchin conoce de cerca como ex ejecutivo de Goldman Sachs; de hecho, es el cuarto egresado de esa empresa en los puestos más elevados del nuevo gobierno. La gran pregunta es si el caos de esta Casa Blanca es a propósito o si es consecuencia de la ineptitud y/o pugnas del círculo íntimo del presidente. Trump prometió que venía a sacudir Washington. Al entrar en su cuarta semana de gobierno, 24 días después de haberse instalado, Trump ha logrado mucho. (Tomado de La Jornada)
El fantasma de Watergate ronda la Casa Blanca
David Brooks, corresponsal
|
miércoles, 15 feb 2017
19:51 - LA JORNADA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en imagen de este miércoles. Foto Afp
Nueva York.
Huracán político, régimen inestable y hasta Watergate, son algunas de
las caracterizaciones de la creciente crisis política detonada por la
expulsión del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, nutrida
cada vez más con revelaciones sobre las relaciones extensas entre Donald
Trump y su círculo íntimo con el gobierno ruso y la guerra abierta del
presidente contra sus propias agencias de inteligencia de Estados
Unidos.
Como siempre en Washington, no son los hechos indebidos o hasta criminales los que provocan una crisis política,
sino los intentos para encubrirlos. Desde un inicio, Trump y sus
asesores repetidamente han rechazado haber tenido contactos con
oficiales rusos. Ahora hay cada vez mayor evidencia de que no solo su
asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn sino varios integrantes de la
campaña de Trump y sus socios tuvieron interacciones constantes con
oficiales de inteligencia rusos a lo largo del último año, según
reportajes del New York Times y CNN en las últimas horas.
El escándalo se está ampliando justo porque
revela que Trump y sus socios han mentido repetidamente sobre contactos
con oficiales rusos, con medios haciendo listas de fechas en que una y
otra vez rechazaron que hubiera interacciones con rusos. Tan
recientemente como el pasado viernes, volando en Air Force One, Trump
fue preguntado sobre su opinión del reportaje del Washington Post
en torno a Flynn, y el presidente respondió que no estaba enterado de
eso. Para el martes, su vocero admitó que Trump había sido informado de
la famosa conversación entre Flynn y el embajador ruso desde hace dos
semanas.
Flynn fue expulsado de su puesto el lunes después de revelaciones de que había
discutido el tema de las sanciones estadunidenses con el embajador ruso
en Washington antes de que Trump asumiera la presidencia
-posiblemente violando una ley que prohíbe a ciudadanos privados
interferir en la negociación de disputas diplomáticas con otros
gobiernos- y después engañó al vicepresidente Mike Pence y a otros en la Casa Blanca sobre el contenido de ese intercambio.
Pero Trump hoy buscó cambiar el enfoque y en
lugar de responder al tema de las relaciones con los rusos, contra
atacó culpando a las agencias de inteligencia. “El verdadero escándalo aquí
es que información clasificada está siendo ilegalmente repartida por
‘inteligencia’ como si fueran dulces. Muy antiestadunidense”, declaró en
un tuit la mañana de este miércoles.
Poco más tarde, en declaraciones a la prensa
durante su reunión con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu,
continuó atacando a sus propias agencias de inteligencia: “desde la
inteligencia, se están filtrando papeles… es un acto criminal….” y acusó
que “la gente está intentando encubrir lo que fue una derrota terrible
de los demócratas con Hillary Clinton”.
Aunque la Casa Blanca informó que Trump
había exigido la renuncia de Flynn el lunes, hoy el presidente argumentó
que fueron las filtraciones y no los actos de Flynn los que llevaron a
su despido, insistiendo en que Flynn había sido “tratado muy, muy
injustamente por los medios”.
En otro tuit esta mañana, acusó a los dos periódicos
que publicaron las revelaciones sobre Flynn ademas de los contactos del
círculo del presidente con oficiales rusos y nombró a dos de las
agencias de inteligencia como posibles culpables: “se está dando
información de manera ilegal a los fracasando @nytimes
&@washingtonpost por la comunidad de inteligencia (NSA y FBI?).
Justo como Rusia”.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) fue la que capturó, según el Times,
las llamadas entre socios de Trump y los rusos como parte de su
“vigilancia extranjera rutinaria” y el FBI está revisando éstas y otras
comunicaciones internacionales entre la gente de Trump y los rusos como
parte de una investigación.
Esa creciente guerra contra las agencias de
inteligencia está generando aún más tensión y alarma dentro y fuera de
la Casa Blanca, con varias voces, desde militares y funcionarios como
analistas cuestionando la “estabilidad:” del nuevo gobierno. El senador
republicano Bob Corker declaró a MSNBC que se tiene que transparentar
todo lo relacionado con este escándalo pero, alarmado, preguntó: “¿tendrá la Casa Blanca la capacidad para estabilizarse?”.
El torrente de revelaciones está complicando
la tarea de los legisladores republicanos de apoyar a su nuevo
presidente, y políticamente ya se están observando algunos tibios
intentos de distanciarse de Trump, mientras que críticos dentro de su
propio partido, como los senadores John McCain y Lindsey Graham,
expresaron alarma ante las nuevas revelaciones. Hoy el senador Corker,
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, entre otros,
solicitaron más información sobre la relación entre el equipo de Trump y
Rusia.
Los demócratas están llamando por una
investigación independiente sobre las comunicaciones de Flynn como
cualquier intento para encubrirlas. Mientras tanto, los del equipo de
campaña de Hillary Clinton está atacando, con su ex vocero Brian Fallon
declarando por tuit: “todo lo que habíamos sospechado durante la campaña
se está comprobando. Este es un escándalo colosal”.
Ante todo esto, el fantasma de Watergate
esta resucitando en el sentido que el error que lleva a los escándalos
no es el delito o acto indebido mismo, sino el encubrimiento de éste. El
columnista del Washington PostWalter
Pincus señala que la famosa pregunta de un legislador en la
investigación de Richard Nixon sobre Watergate es la misma ahora para
esta crisis en la Casa Blanca: “¿Qué sabía el presidente y cuándo lo
supo?”.
El veterano periodista y autor experto en
asuntos e historia de la comunidad de inteligencia, Tim Weiner recuerda
hoy en un articulo en el New York Times escándalos
de inteligencia del pasado (dos asesores de Seguridad Nacional de Ronald
Reagan renunciaron por el escándalo Irán-contra, por ejemplo), y los
antecedentes de Flynn y su patrón de engañar o promover hechos poco
sustentados cuando era director de la Agencia de Inteligencia de
Defensa, y tras preguntar si el país está en el camino de otro
Watergate, concluye: “han sido apenas tres semanas desde que el equipo
de Trump asumió el poder, y un aroma distintivo ha empezado emanar de
Washington, lo que el señor Kissinger supuestamente llamó ‘el odioso
olor de la verdad”. (https://www.nytimes.com/2017/02/15/opinion/on-the-road-to-another-watergate.html?ref=opinion).
Otra derrota
Trump sufrió hoy otra derrota mñas cuando
Andy Puzder nominado como su secretario de Trabajo, se retiró después de
que el liderazgo republicano informó que no contaría con suficientes
votos para ser ratificado. Puzder fue uno de varios nombramientos
controvertidos tanto por su falta de experiencia en el sector público
como por sus posiciones contrarias a la misión de su secretaría -sus
críticos lo llaman el secretario de anti Trabajo.
Israel
También hoy Trump sorprendió al marcar un giro de la posición diplomática estadunidense sobre Medio Oriente de las últimas dos décadas,
al afirmar que está dispuesto a abandonar la insistencia sobre un
Estado palestino como parte de algún acuerdo de paz con Israel. No
abandonó por completo la llamada “solución de dos Estados”,
pero consideró que se debe evaluar la de un solo Estado (o sea, Israel,
con un palestino dentro de ese estado) y que “puedo vivir con
cualquiera de las dos”.
Con Netanyahu a su lado y expresando su
apoyo para este giro, Trump insistió en que “pienso que vamos a tener un
acuerdo…. Podría ser un acuerdo mejor de lo que la gente en este salón
entiende”. También insto a su contraparte israelí a hacer una pausa por
ahora en la ampliación de las colonias israelíes en territorio
palestino.
Locuras
Mientras evoluciona el escándalo, el
Congreso aprobó hoy anular un reglamento impuesto por el gobierno de
Barack Obama diseñado para impedir la venta de armas de fuego a decenas
de miles de personas con desórdenes mentales. Se espera que Trump lo
promulgue en ley rápidamente.
Trump intenta ocultar el caos en su gabinete de seguridad
por David Brooks, corresponsal
|
miércoles, 15 feb 2017
07:19 LA JORNADA
Dos mujeres venden tamales y churros en una calle del
vecindario Jackson Height, en Queens, el cual tiene gran población de
latinoamericanos. Foto Afp
Trump sabía desde hace dos semanas que el ex asesor mintió sobre sus pláticas con los rusos
La dimisión de Flynn, cuestión de confianza: la Casa Blanca
Un año antes de la elección miembros de la campaña presidencial contactaron a oficiales rusos Oficina de ética concluye que Conway violó las normas al promover los productos de Ivanka
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 15 de febrero de 2017, p. 26
Nueva York.
Lejos de controlar los daños, la renuncia obligada del asesor de
Seguridad Nacional Michael Flynn la noche del lunes, después de
comprobarse que había mentido a sus jefes desde hace semanas sobre sus
contactos ilícitos con el gobierno ruso, sólo es el inicio del primer
gran escándalo de la Casa Blanca, a menos de cuatro semanas desde la
llegada de Donald Trump. Este martes se reveló que el presidente Trump fue informado hace más
de dos semanas de que Flynn no había sido honesto sobre sus
conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey I Kislyak, en
diciembre pasado. Más aún, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interrogó a
Flynn en sus primeros días de funcionario de la Casa Blanca sobre el
asunto, y poco después la procuradora general en funciones, Sally Yates,
informó a la Casa Blanca que Flynn no había sido franco sobre sus
interacciones con los rusos, y que por lo tanto podría ser sujeto al
chantaje ruso (Yates fue cesada poco después por órdenes de Trump porque
rehusó implementar lo que ella consideraba una orden ejecutiva
antimusulmana inconstitucional). El vocero de la Casa Blanca Sean Spicer ofreció este martes la versión oficial sobre el asunto, afirmando que el fin de Flynn no fue un asunto legal, sino de confianza, y explicó que el equipo del presidente había estado evaluando este tema todos los días, y que aunque se concluyó que no hubo una violación de la ley, se le pidió su renuncia. La
evolución y erosión del nivel de confianza como resultado de esta
situación y una serie de otras instancias cuestionables fue lo que llevó
al presidente a pedir la renuncia del general Flynn, informó Spicer. Con ello quedó comprobado que Trump estaba enterado de todo esto mucho antes de cuando fue reportado, primero por el Washington Post, el
jueves pasado, que Flynn había tenido conversaciones sobre el tema de
las sanciones estadunidenses contra Rusia con el embajador, cuando aún
no tenía un cargo oficial. Es ilegal que un ciudadano privado negocie
disputas oficiales con un gobierno extranjero. Todo gira sobre una conversación por teléfono entre Flynn y Kislyak
en diciembre (Flynn ya había sido designado asesor de Seguridad Nacional
durante la transición, pero sólo entró en funciones después del 20 de
enero, cuando empezó el nuevo gobierno). Flynn supuestamente informó al
vicepresidente Mike Pence, y se supone que a otros en la Casa Blanca, de
que en esa conversación no abordó el tema de las sanciones recién
aplicadas por el presidente saliente Barack Obama en represalia por la
supuesta interferencia rusa en el proceso electoral estadunidense a
favor de Trump, y Pence y Spicer expresaron esa posición en público. Pero esa llamada fue intervenida por las agencias de inteligencia
estadunidenses que de manera rutinaria vigilan las comunicaciones de
diplomáticos rusos, entre otros. Lo que llama la atención de inmediato a
varios expertos es que Flynn, ex director de la Agencia de Inteligencia
de Defensa, y ex general, no sospechara que sus llamadas podrían no ser
privadas. El 26 de enero el Departamento de Justicia informó al abogado de la
Casa Blanca, Donald McGahn, de la discrepancia entre lo que Flynn
aseguró a Pence y la verdad, y, según la versión oficial de este martes,
se informó de inmediato al presidente. Pence, sin embargo, continuó sin saber nada y sólo se enteró de que Flynn lo había engañado cuando lo vio publicado en el Washington Post, confirmó su vocero al portal político Axios. Pero ahora todo esto ha detonado más preguntas, sobre todo si Flynn
había hablado con el embajador por instrucciones del propio presidente
electo en ese momento, algo que Spicer rechazó este martes, y que el
presidente no estaba enterado del asunto antes de que el Departamento de
Justicia informara a la Casa Blanca. A la vez, si resulta que Flynn mintió a la FBI cuando lo interrogaron
sobre la conversación con el ruso, el ex general podría no sólo haber
perdido su empleo, sino podría haber cometido un delito federal.
Ivanka Trump publicó en su cuenta de Twitter. Una gran discusión con dos líderes mundiales acerca de la importancia de que las mujeres tengan un lugar en la mesa!
En referencia a su padre, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá que estuvo de visita
en WashingtonFoto Tomada de Twitter
Trump nombró al ex general Keith Kellogg como asesor de
Seguridad Nacional interino –ya era jefe de equipo del Consejo de
Seguridad Nacional– mientras decide sobre un sustituto permanente. Además, llamadas interceptadas por agencias estadunidenses de
inteligencia demuestran que integrantes de la campaña presidencial de
Trump, así como asociados de él, tuvieron múltiples contactos con altos
oficiales rusos de inteligencia durante un año, antes de la elección de
noviembre, reportó la noche de este martes el New York Times. A la vez, legisladores demócratas y expertos en asuntos de relaciones
exteriores cuestionan el manejo de la seguridad nacional por el nuevo
gobierno, sobre todo la alarmante afirmación del Departamento de
Justicia de que el jefe de asuntos de seguridad nacional de la Casa
Blanca podría haber estado en riesgo de ser sujeto al chantaje de los
rusos por sus mentiras en público. Algunos legisladores exigieron este martes una investigación
independiente sobre las comunicaciones de Flynn con los rusos, sobre
cuánto sabía Trump sobre el asunto, y por qué tardó más de dos semanas
en actuar después de que el Departamento de Justicia informó que Flynn
no había dicho la verdad. Algunos republicanos, como el senador Roy Blunt, indicaron que el
comité de Inteligencia, del cual es integrante, pronto iniciará lo que
llamó una investigación exhaustiva. Su colega John McCain, presidente del comité de Fuerzas Armadas, comentó: todo este asunto es una indicación preocupante de la disfunción del aparato actual de seguridad nacional.
Sin embargo, el resto del liderazgo republicano de ambas cámaras mostró
renuencia a proceder sobre el asunto, e indicó que ya se está
resolviendo. Todo esto también está incrementando la presión política sobre Trump
para que aclare su relación con el gobierno de Vladimir Putin, tema que
ha perseguido al multimillonario durante meses. Pero, para variar, Trump trató de cambiar el enfoque con un tuit en el que aseguró que la
verdadera historia aquí es ¿por qué hay tantas filtraciones ilegales
saliendo de Washington? ¿Estas filtraciones ocurrirán mientras trato lo
de Corea del Norte, etc? Y Spicer agregó que el presidente está preocupado por las filtraciones de información clasificada por aquellos que manejan secretos de seguridad nacional. O sea, quién filtro a los medios todo este escándalo es la mayor preocupación. Mientras tanto, la Oficina de Ética en el Gobierno, agencia oficial,
concluyó este martes que la consejera del presidente Kellyanne Conway
cometió una violación clara de las normas cuando promovió los
productos de la hija del presidente en los medios la semana pasada, y
recomendó que la Casa Blanca investigue y emprenda una acción disciplinaria contra ella.
Falta de coordinación
Conway también ha sido ejemplo de la constante falta de
coordinación interna en la Casa Blanca. El domingo había declarado a los
medios que Trump mantenía confianza plena en Flynn. Poco después el vocero de la Casa Blanca expresó otra cosa, afirmando que el presidente estaba evaluando
el asunto de su asesor de seguridad nacional. Este martes Conway afirmó
que Flynn había decidido renunciar la noche del lunes, pero en la
conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca el vocero dejó claro que
Trump había pedido su renuncia.
Muchos políticos veteranos, funcionarios y analistas reiteran que
este primer mes de la presidencia de Trump ha sido caracterizada por
caos y manejos cuestionables. Tal vez el comentario más notable de este
martes fue el del general Tony Thomas, jefe del Comando de Operaciones
Especiales, quien en una conferencia militar expresó: nuestro gobierno continúa en un desorden increíble. Espero que lo resuelvan pronto porque somos una nación en guerra, reportó el New York Times. Preguntado sobre lo que implicaba eso, respondió: como comandante, estoy preocupado por que nuestro gobierno sea lo más estable posible.
Empresarios de Canadá piden visas para afectados por Trump
Afp
|
domingo, 29 ene 2017
14:36 - LA JORNADA
"A quienes escapan de la persecución, el terror y la guerra,
sabed que Canadá os recibirá independientemente de vuestra fe",
escribió el primer ministro Justin Trudeau en su Twitter. Foto Ap
Ottawa. Un grupo de líderes de la
comunidad tecnológica canadiense pidió este domingo a su gobierno que
otorgue visas de residencia temporal a las personas afectadas por el
decreto de Estados Unidos que prohíbe a ciudadanos de siete países
musulmanes su ingreso a ese país. "Estamos todos afectados",
escriben más de 150 miembros de la comunidad de las empresas
tecnológicas canadienses en una carta abierta, señalando que el decreto
firmado por el presidente Donald Trump "ya ha afectado a varios miembros
de (su) comunidad". "Las empresas tecnológicas canadienses son
conscientes de la potencia de la inclusión y de la diversidad de las
corrientes de pensamiento, y de que los talentos y las competencias no
conocen fronteras", escriben los firmantes. En esta línea, piden
a Ottawa que ponga "en marcha sin más tardar una visa específica que
permita a las personas afectadas y desplazadas por el decreto
estadunidense obtener el derecho de residencia temporal en Canadá".
Entre los firmantes de la carta, titulada "La diversidad hace nuestra
fuerza", figuran los dirigentes de Google, Facebook y de incubadoras
tecnológicas, según el texto publicado este domingo. El gobierno
canadiense por ahora no ha comentado ni criticado directamente la
medida estadounidense, pero el primer ministro Justin Trudeau reaccionó
el sábado en un tuit ampliamente distribuido, donde ponía de relieve la
política de acogida canadiense, que contrasta con la decretada por
Trump. "A quienes escapan de la persecución, el terror y la
guerra, sabed que Canadá os recibirá independientemente de vuestra fe.
La diversidad hace nuestra fuerza #BienvenueAuCanada (bienvenido a
Canadá)", escribió Trudeau. El mandatario publicó también en su cuenta
de Twitter una foto en la que se le ve dando la bienvenida a refugiados
sirios en diciembre de 2015. Ottawa indicó, por otra parte, que
había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses
que tengan también algunas de las nacionalidades de los países
incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición.
Candidato de Trump a la Corte Suprema, consideró "decepcionantes" las críticas del presidente sobre la Justicia
Neil Gorsuch y Trump
Credito: Web - Por: Aporrea-Agencias | | Aporrea
El nominado por Donald Trump para cubrir la vacante en el Tribunal
Supremo de Justicia de los Estados Unidos, Neil Gorsuch, aseguró el
miércoles que las críticas del presidente estadounidense a un juez
federal y a la rama judicial del país son "decepcionantes" y
"desmoralizantes", según confirmó su vocero. Con esto, se abre la
primera crisis importante en el gabinete del flamante primer mandatario.
"Me expresó que está decepcionado por los comentarios desmoralizantes y
aborrecibles que el presidente Trump ha hecho sobre el sistema
judicial", afirmó a periodistas el senador demócrata Richard Blumenthal
después de reunirse en privado con Gorsuch.
Ron Bonjean, un vocero del magistrado, confirmó más tarde a la cadena
CNN y a otros medios que el juez había "usado las palabras decepcionante
y desmoralizante" en referencia a los comentarios de Trump, quien la
semana pasada lo nominó para convertirse en el noveno integrante del
Tribunal Supremo.
El domingo, Trump fue más allá al asegurar que ese juez y el sistema
judicial del país en general serán los culpables si "pasa algo" malo a
raíz de la suspensión de su veto migratorio, en una aparente alusión a
un posible ataque terrorista.
A pesar de esos comentarios, la Casa Blanca ha asegurado que es
"indiscutible que el presidente respeta la rama judicial y sus
decisiones", en palabras del portavoz de Trump, Sean Spicer.
Trump continuó el miércoles con sus ataques, al asegurar que los
tribunales del país son "muy políticos" y criticar la corte de
apelaciones que revisa el veto migratorio que él impuso a los refugiados
de todo el mundo y a los inmigrantes de Libia, Sudán, Somalia, Siria,
Irak, Irán y Yemen.
"No quiero llamar a una corte sesgada, así que no la llamaré sesgada
(…). Pero los tribunales parecen ser muy políticos", sostuvo Trump
durante un discurso ante una conferencia de jefes de policía y oficiales
de las fuerzas del orden.
Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Noveno
Circuito, con sede en San Francisco (California), estudia la petición
del Gobierno de restituir el veto migratorio de Trump, suspendido
temporalmente por orden del juez federal Robart desde el pasado viernes.
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