Aura Minerals, empresa canadiense en Honduras, desentierra a 89 cadáveres para obtener aun más oro
Mientras que militares y policías hondureños asesinaban a más de 40 personas durante las protestas en contra de las elecciones robadas el 27 de noviembre de 2017, Aura Minerals y MINOSA (la empresa subsidiaria de ésta en Honduras) han desenterrado al menos 89 cadáveres, empleando actos de coerción y pagando a familias que viven en la pobreza por el “derecho” de trasladar a sus muertos.
En varias ocasiones, Aura Minerals/MINOSA han desenterrado “los cadáveres equivocados”, es decir, aquellos que pertenecen a familias que siguen oponiéndose a la profanación y destrucción del cementerio de 200 años de antigüedad, y al traslado de sus muertos – a pesar del amedrentamiento y la represión de soldados, policías y miembros de la seguridad de la empresa.
Con el apoyo de autoridades e inversores canadienses y del gobierno y las fuerzas armadas hondureñas, el día 5 de setiembre de 2017, Aura Minerals / MINOSA empezó con el proceso grotesco y depravado de intentar despejar este lugar sagrado.
“La historia detrás del reportaje: lo que Aura Minerals no quiso que viéramos en Azacualpa”
Aquí, se presenta un documental de 4 minutos (en ingles) en que Maggie Padlewska registra la manera en que la empresa, los soldados y la policía intentaron evitar que una delegación de canadienses visite la mina y el cementerio de Azacualpa en 2016.
Este intento de destruir el cementerio de Azacualpa ocurre después de años de funcionamiento de esta mina de oro a tajo abierto que filtra cianuro que provoca: múltiples daños a la salud, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, el agotamiento y la destrucción de la economía local, además de la represión y la criminalización de los miembros de la comunidad. Muchos de estos miembros de la comunidad participan activamente en el Comité Ambiental de Azacualpa, documentando y protestando estos daños y violaciones.
¿Pretenden la destrucción del pueblo de Azacualpa?
La mayoría de miembros de la comunidad no sólo desean poner fin a la destrucción de su cementerio – tienen cientos de seres queridos enterrados allí – sino que saben que Aura Minerals busca más que sólo el oro que yace debajo del cementerio. Esta empresa también quiere el oro que existe al otro lado del cementerio, subiendo la cuesta de la montaña, es decir, el mismo pueblo de Azacualpa que queda a unos pocos kilómetros más allá.
¿Clamor?
¿Hasta qué tan grotesco y dañino tendrá que mostrarse la minería de origen canadiense, antes de que digan ¡basta! los políticos, los medios de comunicación, los inversores y la industria en Canadá? En nombre de los muertos y los vivos en Azacualpa, compartan esta información con familiares, amigos, los medios de comunicación, los políticos que los representan, etc. para poder dar a conocer la manera en que las empresas canadienses trabajan en otros países.
Continuarán estos abusos – incluso la profanación de los muertos – hasta que la población de los países de origen de empresas mineras – Canadá en este caso – responsabilice a estas empresas, a los inversores y sus gobiernos, y exija que rindan cuentas en lo legal y lo político, por los daños al medio ambiente, por la violación a los derechos humanos y la represión causada por la minería.
Grahame Russell, Rights Action (Derechos en Acción) info@rightsaction.org
*******
Gobierno de Canada en Honduras
Embajador James Hill, Embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua: James.Hill@international.gc.ca
Emabajada canadiense para Honduras, Bertrand-Xavier Asselin: Bertrand-Xavier.Asselin@intern
Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, Presidente y Principal Director Ejecutivo
William Monti Reed, Gerente de minas – Honduras: info@auraminerals.com, www.auraminerals.com;
191 DELITOS ENFRENTA EXPRESIDENTE DE PODER JUDICIAL HONDUREÑO
Se
trata del abogado Jorge Rivera Avilés, expresidente magistrado de la
anterior Corte Suprema de Justicia de Honduras, y por ese mismo cargo
también fungía como presidente del desaparecido Consejo de la Judicatura
y de la Carrera Judicial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un
requerimiento fiscal que contiene más de 600 delitos por actos
corrupción, fue presentado esta semana por el Ministerio Público (MP) en
contra de altos funcionarios del desaparecido Consejo de la Judicatura y
la Carrera Judicial, entre los que figura su máxima autoridad, el
entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera
Avilés.
El
Ministerio que procedió a través de la Fiscalía Especial para el
Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia
(FEEFS-SJ) con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), presentó la acusación ante el Juzgado con Competencia Nacional
en Materia de Corrupción.
Las
averiguaciones del ente acusador, supone a Rivera Avilés responsable de
131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales
públicos. Mientras que acusa al presidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla –ya procesado por corrupción- de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Por
su parte a Julio Cesar Barahona Henríquez, también exmiembro del
Consejo, se le presume implicación en 67 delitos de malversación de
caudales públicos y en la misma categoría a José Francisco Quiroz Mejía
se le imputan 93 delitos.
La
acusación por delitos relacionados al manejo irregular de fondos
públicos, supone responsables a los exservidores públicos –mencionados-
de 13.5 millones de lempiras en concepto de giras nacionales y al
extranjero, específicamente en lo que concierne a la solicitud y
asignación de viáticos, detalló el MP en su comunicado de prensa de este
día.
Conforme
a las líneas investigativas de los fiscales del caso y los agentes de
la ATIC, los hoy acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas
giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero,
observando que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y
tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
Las
averiguaciones sobre el irresponsable manejo de viáticos a lo interno
del extinto organismo, establecen que de las 52 semanas con que cuenta
el año, para el caso de los exconsejales calendarizaron en 2015,
presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo en días
feriados periodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de
semana.
El
ente acusador sustentó que los hallazgos de estas líneas
investigativas, tuvieron como punto de inicio un informe que fue
elaborado por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder
Judicial.
Lo
anterior sirvió de “insumo para orientar una serie de diligencias
investigativas en las cuales se profundizo durante dos años,
recolectando prueba técnica-científica, capaz de acreditar la plena
participación de los hoy imputados en las conductas ilícitas que se les
atribuyen”, agregó el documentó el MP.
Cabe
recordar que a finales de Junio de 2017, Teodoro Bonilla fue
sentenciado entre seis y nueve años de cárcel por tráfico de influencias
durante ejerció como vicepresidente del extinto Consejo,
organismo encargado de la función administrativa del Poder Judicial de
Honduras, y cuya existencia posteriormente fue declarada
inconstitucional, por lo que al quedar disuelto esa función volvió a
manos del Presidente de la Corte Suprema que actual tutela Rolando
Argueta.
Videos ratifican las torturas que altos oficiales de policía aplicaron a defensores de DDHN y estudiantes
Friday, 20 April 2018 22:16 Written by Dina Meza Published in Contexto
La Audiencia Inicial continuó este 20 de abril de 2018 contra de
los comisionados de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy,
Félix Adrián Colíndres Hernández y Marlon Agustín Vásquez Palma,
acusados por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención
ilegal, lesiones, maltratos y violacíón a los deberes de los
funcionarios, en contra de defensores de los derechos humanos y de
estudiantes de la Universidad Naconal Autónoma de Honduras (UNAH).
La acción en contra de los tres comisionados de la Policía la realiza
la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, a través de
una denuncia presentada por la Mesa de Derechos Humanos contra los
imputados, ya que actuaron en perjuicio de la administración pública, la
libertad y la seguridad del Estado de Honduras, la seguridad interior
del Estado de Honduras, de Carlos Del Cid, María Morales, Ariel Díaz,
Hedme Castro, Mario Silva, Cristián Sanabria, Santos Ruiz, Nahún
Portillo Bryan González, Edwin Salas, Andi Villanueva y José Bustillo.
Hechos
El caso que se conoce como los acontecimientos del 08 de septiembre de 2017, donde agentes de la Policía Nacional acorralaron a estudiantes en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y los afectados se fueron a refugiar a un micro bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), en compañía de defensores de derechos humanos, fueron torturados, golpeados y rociados con gas pimienta en sus rostros, por parte de los comisionados a cargo de la orden de desalojo de las instaciones del Alma Mater.
Continúa audiencia inicial
La abogada Kenia Oliva de la organización C-LIBRE en compañía de
representantes de varias organzaciones de derechos humanos, entre ellas
la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), la
Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y del Observatorio
Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), además de
familiares de los 8 estudiantes de la UNAH, indicó que la audiencia de
este viernes 20 de abril es para evacuar las pruebas materiales como
videos, entre otros.
“Se han evacuado hasta ahora 20 videos, los cuales fueron aportados como evidencia por parte del Ministerio Público, unos fueron registrados por las cámaras de la Universidad, la policía y también los hay grabados por los estudiantes”, afirmó.
Oliva señaló que “los videos lo que muestran claramente es que los policías torturaron y procedieron a tirarles gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes dentro del bus”.
Asimismo, “comprueban que los defensores de los derechos humanos lo que estaban solicitando en ese momento era que la policía les mostrara la orden de captura para los estudiantes que estaban dentro del vehículo del CONADEH, el cual había sido autorizado su ingreso a la universidad por los miembros de la policía que también estaban en ese momento dándole resguardo a las instalaciones”.
Oliva detalló que “los videos captan con claridad a los estudiantes que ya habían desalojado los predios de la Univeridad y que habían sido desalojado por la policía, pero que los tenían con candados. En las tomas hechas por los sectores queda claro que los policías abusaron de su poder y procedieron a tirar el gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes, lo cual los convierte a los oficiales de policía en delincuentes y de haber cometido el delito de tortura”.
Según la apoderada legal, también se realizó la inspección de un expediente en donde consta que el desalojo de los estudiantes en la UNAH ya había terminado a la hora en que los defendores de los derechos humanos ingresaron a la universidad a rescatar a los estudiantes que habían sido acorralados por la vigilancia interna del centro educativo.
En la audiencia de este viernes participaron los tres miembros acusados de la policía, algunas de las víctimas del hecho, apoderados legales y representantes de las organizaciones de los derechos humanos, además del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, además de Brigadas Internacionales de Paz, PBI, quienes verifican se respete el debido proceso en la causa que se les sigue a los comisionados de la Policía Nacional, quienes observan la audiencia.
Represión
Por su parte el abogado Alejandro Mairena del Centro de Investigación
y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, indicó que en los videos
no se puede ocultar el tipo de represión del que fueron objeto los
defensores de los derechos humanos y los estudiantes en el microbús del
CONADEH.
“Fue un acoso permanente, existió la amenaza y una fuerte represión por parte de la policía”, aseguró.
Mairena expresó que en la audiencia se van a evacuar las pruebas de inspección del expediente en donde se analizará la expulsión que fueron objeto los defensores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Muestras de apoyo
A los tribunales de justicia se presentó en apoyo a los estudiantes y defensores de derechos humanos la diputada por el Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), María Luisa Borjas, quien fungió también como Comisionada de la Policía en la sección de Asuntos internos. Lamentó el comportamiento de la Policía Nacional contra los Defensores de los Derechos Humanos.
“La Policía fue creada para velar por la integridad física y la vida de los ciudadanos y no para violentarles sus derechos y para torturarlos, en la forma en que estos oficiales de policía lo hicieron contra los universitarios indefensos y contra defensores de derechos humanos”, afirmó.
Para la parlamentaria y ex miembra de la Policía Nacional, “los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, son personas que tienen protección en todos los Estados en todo el Mundo y no es posible que en nuestro país se violenten las garantías constitucionales de los defensores de los derechos humanos”, destacó.
“Ellos (los policías), deben ser mandados a prisión al igual que los que les dieron la orden de proceder, aunque para ellos es más difícil porque no dieron una orden escrita, conocen la ley y no pueden alegar ignorancia, saben que su misión es velar por la integridad física de las personas y que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos, los cuales no pueden violentarlos e interferir con las garantías constitucionales y mucho menos agredir a personas indefensas y que sólo están en una protesta legal”, concluyó.
Los delitos por los cuales se persigue a los policías violadores de los derechos humanos están: lesiones, abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, entre otros, los cuales conllevan a una condena de aproximadamente de 120 años de cárcel por la acumulación de delitos, según los expertos, ya que la mínima ronda los 10 años de cárcel y son 12 delitos los que se les acreditan a los acusados, pero sumando los otros ilícitos serían unos 200 años.
Hechos
El caso que se conoce como los acontecimientos del 08 de septiembre de 2017, donde agentes de la Policía Nacional acorralaron a estudiantes en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y los afectados se fueron a refugiar a un micro bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), en compañía de defensores de derechos humanos, fueron torturados, golpeados y rociados con gas pimienta en sus rostros, por parte de los comisionados a cargo de la orden de desalojo de las instaciones del Alma Mater.
Continúa audiencia inicial
 Abogada Kenia Oliva |
“Se han evacuado hasta ahora 20 videos, los cuales fueron aportados como evidencia por parte del Ministerio Público, unos fueron registrados por las cámaras de la Universidad, la policía y también los hay grabados por los estudiantes”, afirmó.
Oliva señaló que “los videos lo que muestran claramente es que los policías torturaron y procedieron a tirarles gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes dentro del bus”.
Asimismo, “comprueban que los defensores de los derechos humanos lo que estaban solicitando en ese momento era que la policía les mostrara la orden de captura para los estudiantes que estaban dentro del vehículo del CONADEH, el cual había sido autorizado su ingreso a la universidad por los miembros de la policía que también estaban en ese momento dándole resguardo a las instalaciones”.
Oliva detalló que “los videos captan con claridad a los estudiantes que ya habían desalojado los predios de la Univeridad y que habían sido desalojado por la policía, pero que los tenían con candados. En las tomas hechas por los sectores queda claro que los policías abusaron de su poder y procedieron a tirar el gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes, lo cual los convierte a los oficiales de policía en delincuentes y de haber cometido el delito de tortura”.
Según la apoderada legal, también se realizó la inspección de un expediente en donde consta que el desalojo de los estudiantes en la UNAH ya había terminado a la hora en que los defendores de los derechos humanos ingresaron a la universidad a rescatar a los estudiantes que habían sido acorralados por la vigilancia interna del centro educativo.
En la audiencia de este viernes participaron los tres miembros acusados de la policía, algunas de las víctimas del hecho, apoderados legales y representantes de las organizaciones de los derechos humanos, además del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, además de Brigadas Internacionales de Paz, PBI, quienes verifican se respete el debido proceso en la causa que se les sigue a los comisionados de la Policía Nacional, quienes observan la audiencia.
Represión
 Abogado Mairena |
“Fue un acoso permanente, existió la amenaza y una fuerte represión por parte de la policía”, aseguró.
Mairena expresó que en la audiencia se van a evacuar las pruebas de inspección del expediente en donde se analizará la expulsión que fueron objeto los defensores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Muestras de apoyo
A los tribunales de justicia se presentó en apoyo a los estudiantes y defensores de derechos humanos la diputada por el Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), María Luisa Borjas, quien fungió también como Comisionada de la Policía en la sección de Asuntos internos. Lamentó el comportamiento de la Policía Nacional contra los Defensores de los Derechos Humanos.
“La Policía fue creada para velar por la integridad física y la vida de los ciudadanos y no para violentarles sus derechos y para torturarlos, en la forma en que estos oficiales de policía lo hicieron contra los universitarios indefensos y contra defensores de derechos humanos”, afirmó.
Para la parlamentaria y ex miembra de la Policía Nacional, “los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, son personas que tienen protección en todos los Estados en todo el Mundo y no es posible que en nuestro país se violenten las garantías constitucionales de los defensores de los derechos humanos”, destacó.
“Ellos (los policías), deben ser mandados a prisión al igual que los que les dieron la orden de proceder, aunque para ellos es más difícil porque no dieron una orden escrita, conocen la ley y no pueden alegar ignorancia, saben que su misión es velar por la integridad física de las personas y que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos, los cuales no pueden violentarlos e interferir con las garantías constitucionales y mucho menos agredir a personas indefensas y que sólo están en una protesta legal”, concluyó.
Los delitos por los cuales se persigue a los policías violadores de los derechos humanos están: lesiones, abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, entre otros, los cuales conllevan a una condena de aproximadamente de 120 años de cárcel por la acumulación de delitos, según los expertos, ya que la mínima ronda los 10 años de cárcel y son 12 delitos los que se les acreditan a los acusados, pero sumando los otros ilícitos serían unos 200 años.
Relatoría de la CIDH conoce situación de derechos humanos y pide a ciudadanía denunciar violaciones
Abr 04, 2018
Esta
semana, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) realizó una visita en Honduras para conocer los testimonios de
las organizaciones que denunciaron las violaciones a los derechos
ciudadanos durante la crisis política y social vivida después de las
Elecciones Generales, desarrolladas el 26 de noviembre de 2017.
La Comisionada Esmeralda Arosemena de
Troitiño (EA), relatora de los derechos de la niñez, conversó con Radio
Progreso (RP) y destacó la preocupación existente frente a la violencia
homicida y la afectación de los derechos en materia de protesta.
RP. ¿En qué consiste la visita de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
EA. El recrudecimiento de la violencia,
la afectación de derechos en materia de la protesta eso ha permitido a
la Comisión expresar al Estado el interés nuestro de realizar una
visita, y la propuesta es tener todos los antecedentes de información
sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en general.
RP. ¿Qué impresiones se lleva luego de reunirse con las organizaciones de sociedad civil y representantes del gobierno?
EA. Hemos tenido la oportunidad de
escuchar a más de 15 organizaciones expresándonos su preocupación por la
situación de violencia que se está viviendo, la realidad de las
condiciones en las que muchos niños y niñas se pueden encontrar. La
violencia homicida, quizá la más dura, está arrojando cifras importantes
que nos indica la necesidad de atender el tema como un problema
estructural e integral y entrar a las causas.
RP. ¿Qué otras expectativas tiene sobre la situación de derechos humanos después de esta visita?
EA. Tuvimos la oportunidad de recoger
situaciones de hostigamiento, situaciones de desapariciones y eso hay
que argumentarlo con las posiciones del Sistema de Justicia, como le
señalo esta solo es una fase de observación y no de evaluación pero nos
da un marco para trabajar.
RP. ¿Cómo valoran el papel del Estado cuando ha sido el principal acusado de violar los derechos humanos?
EA. Los organismos internacionales
tenemos la responsabilidad de investigar cuando la situación de
violación de derechos humanos está generada por el Estado; la posición
de un número importante de la sociedad civil es que la militarización
del país coloca a la ciudadanía en una situación de desprotección de sus
derechos fundamentales, porque la gente tiene temor a manifestarse,
temor a expresarse por las leyes y el movimiento normativo para
criminalizar la protesta.
Los adolescentes tienen que prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía, que es demandar los derechos ante
las autoridades, ¿cómo demando? con la protesta; entonces, ese derecho
tiene que ser evaluado por los organismos internacionales para que nos
permita medir y luego decirle al Estado su situación no es una en la que
se reconoce las recomendaciones.
RP. ¿En términos de administración carcelaria cómo encuentran la situación?
EA. Las cárceles en todos nuestros
países son realmente traumáticas. No tienes un sistema carcelario que te
permita cumplir los derechos fundamentales de esa gente privada de
libertad, es una responsabilidad del Estado, entonces, el tema de las
cárceles tiene que ser atendido por el Estado.
RP. ¿Cómo reciben las denuncias y el descredito que hay ante la institucionalidad hondureña?
EA. La sociedad hondureña debe denunciar
toda situación de violencia de sus derechos ante la Comisión, debe
informar, debe hacer del conocimiento de la Comisión su planteamiento.
Mi llamado es consolidarse como ciudadanía, ciudadanía participativa,
tienen que empoderarse, cuando se empodera la ciudadanía demanda y
exige.
El Estado de Honduras a través de la Secretaría de seguridad
estaría erogando fuertes sumas de dinero para que los jefes policiales
Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín
Vásquez Palma, tengan tres abogados permanentes defendiéndoles en el
juicio incoado en su contra por los delitos de torturas, lesiones, abuso
de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, que sumarían
más de 200 años de prisión.
Los delitos fueron cometidos el 08 de septiembre de 2017 contra los
defensores de derechos humanos Carlos Del Cid, del Observatorio
Ecuménico Internacional de Derechos Humanos,María Morales Tomasa Morales
, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Ariel
Díaz, de CIPRODEH, Hedme Castro, de ACI-Participa, y los estudiantes
Mario Silva, Cristián Sanabria, Santos Ruiz, Nahún Portillo Bryan
González, Edwin Salas, Andi Villanueva y José Bustillo.
La sociedad hondureña estaría asumiendo altos costos de la defensa, en concreto la ciudadanía está pagando para que la policía la torture.
De acuerdo a cálculos modestos cada abogado estaría recibiendo como mínimo 50 mil lempiras por cada audiencia, ya van más de cinco y faltan aún dos de la audiencia inicial, después viene la etapa preliminar antes de llegar al juicio oral y público.
El pasado 20 de abril llegaron dos nuevos abogados, al preguntar los apoderados legales de las víctimas que son los que acusan a los altos mandos el por qué no se informaba quiénes eran, la jueza a cargo adujo que como habían entrado defensores de derechos humanos no podía prohibir a la otra parte llevar sus observadores. Mientras los abogados de los oficiales de policía argumentaron que eran dos personas que estaban haciendo una tesis .
Es muy probable que el equipo de la defensa legal de los jefes policiales haya subido a cinco, lo que sumaría unos 250 mil lempiras como mínimo por cada audiencia, o sea más unos 250 mil lempiras cada audiencia.
Entonces la pregunta es quién paga las cuentas?
El hecho de que los imputados no hayan sido separados de sus cargos, que tengan un cubículo a su disposición donde pueden descansar antes de cada audiencia, comer alimentos llevados también no se sabe quién los paga y estar relajados en las audiencias haciendo llamadas telefónica y chateando sin que la juez les llame la atención, lo cual hace con poca autoridad al momento que los abogados acusadores le demandan que controle esa irregularidad, eso sencillamente evidencia que la Diosa Temis tiene los ojos tapados no para ser imparcial sino para inclinarse y favorecer a quienes deberían estar tras las rejas.
Mientras las víctimas, entre ellas Carlos del Cid y María Tomasa Morales han estado en un proceso largo de recuperación por los impactos de las torturas aplicadas, pero ellos deben asumir los costos.
La sociedad hondureña estaría asumiendo altos costos de la defensa, en concreto la ciudadanía está pagando para que la policía la torture.
De acuerdo a cálculos modestos cada abogado estaría recibiendo como mínimo 50 mil lempiras por cada audiencia, ya van más de cinco y faltan aún dos de la audiencia inicial, después viene la etapa preliminar antes de llegar al juicio oral y público.
El pasado 20 de abril llegaron dos nuevos abogados, al preguntar los apoderados legales de las víctimas que son los que acusan a los altos mandos el por qué no se informaba quiénes eran, la jueza a cargo adujo que como habían entrado defensores de derechos humanos no podía prohibir a la otra parte llevar sus observadores. Mientras los abogados de los oficiales de policía argumentaron que eran dos personas que estaban haciendo una tesis .
Es muy probable que el equipo de la defensa legal de los jefes policiales haya subido a cinco, lo que sumaría unos 250 mil lempiras como mínimo por cada audiencia, o sea más unos 250 mil lempiras cada audiencia.
Entonces la pregunta es quién paga las cuentas?
El hecho de que los imputados no hayan sido separados de sus cargos, que tengan un cubículo a su disposición donde pueden descansar antes de cada audiencia, comer alimentos llevados también no se sabe quién los paga y estar relajados en las audiencias haciendo llamadas telefónica y chateando sin que la juez les llame la atención, lo cual hace con poca autoridad al momento que los abogados acusadores le demandan que controle esa irregularidad, eso sencillamente evidencia que la Diosa Temis tiene los ojos tapados no para ser imparcial sino para inclinarse y favorecer a quienes deberían estar tras las rejas.
Mientras las víctimas, entre ellas Carlos del Cid y María Tomasa Morales han estado en un proceso largo de recuperación por los impactos de las torturas aplicadas, pero ellos deben asumir los costos.
Almagro escondió informe de la MACCIH sobre situación pre electoral en Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis
Almagro, mantiene bajo su custodia un informe que elaboró la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) sobre la
situación pre electoral.
La
información llegó a manos de Almagro desde el 19 de octubre del año
pasado a 37 días antes de las elecciones generales del 26 de noviembre,
sin embargo hasta la fecha no ha hecho mención alguna sobre sus
hallazgos.
Mediante
una extensa carta, Jiménez Mayor expone que dicho incumplimiento de
Almagro es una de las tantas razones por la cual anoche decidió dejar su
cargo al frente de la Misión de la OEA.
Noticia Relacionada:Conozca la carta integra de Juan Jiménez Mayor renunciando a su cargo como jefe de la MACCIH
“Debo
recordar que el informe semestral de la MACCIH, que entregué al
Secretario General, el pasado 19 de octubre, antes de las elecciones
generales, el cual contenía información que el Gobierno debía atender y
la población conocer, no ha sido publicado. La ciudadanía hondureña, a
quien nos debemos, tiene el derecho a conocer en detalle dicho informe”,
dice Jiménez Mayor en el numeral 12 de la carta.
Tras
conocer el contenido de la misiva, el excandidato de la Alianza de
Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, exigió a Almagro a que
proceda a hacer pública la información
“Exijo
se publique el informe enviado por la MACCIH a la OEA el 19 de octubre
de 2017 que contiene información de corrupción en TSE previa a
Elecciones del 26 Nov. 2017 que el gobierno de Joh debía atender y los
hondureños conocer según el punto número 12 de la justificación de la
renuncia de @JuaJimenezMayor”, escribió Nasralla en sus redes sociales.
Honduras
enfrenta una crisis post electoral que ha confluido en protestas
callejeras donde los manifestantes denuncian un fraude electoral y la
reelección ilegal de Juan Hernández, quien pese a la prohibición en la
Constitución de la República se postuló a un segundo periodo.
Ante
la falta de certeza en los resultados electorales, la OEA planteó el 17
de diciembre del año pasado la repetición de las elecciones y ha
reiterado en varias oportunidades que no reconoce el gobierno de
Hernández. Sin embargo, el ambiguo discurso de Almagro mantiene con
dudas a la oposición hondureña e incluso en las últimas horas lo han
denunciado de estar del lado del gobierno y de hacer tiempo para que
Hernández se entronice en el poder.
Gobierno de Trump alista toda su artillería para procesar a indocumentados de la caravana migratoria
Tomado de LaOpinión.com
Gobierno Trump quiere mostrar todo su poder en esta operación en la frontera sur
“He
ordenado a nuestros fiscales en la frontera que tomen medidas
inmediatas para asegurar que tenemos suficientes fiscales
disponibles. También he ordenado que destinemos a los jueces de
inmigración necesarios para los casos que puedan surgir de la
‘caravana’”, dijo en un comunicado Sessions.
Estos
jueces y fiscales estarán encargados de tramitar las detenciones y
expulsiones de los inmigrantes, un proceso que normalmente puede tardar
años, tiempo en el que los inmigrantes suelen estar autorizados a
trabajar en Estados Unidos.
Jeff Sessions, fiscal general de EEUU, ordenó hoy destinar a fiscales y jueces para que asuman con
rapidez los casos de los indocumentados que lleguen al país con la caravana migratoria.
El
fiscal general advirtió, asimismo, que “no hay derecho a pedir entrada
sin justificación” y que “aquellos que mientan o cometan fraude serán
procesados con todo el rigor de la ley”.
Antes
del anuncio de Sessions, el Gobierno de EEUU ya había avisado que
llevará ante la Justicia a los integrantes de la caravana que crucen la
frontera sur.
“El
presidente está vigilando la situación. Una nación soberana que no
puede defender su frontera no será una nación soberana durante mucho
más”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
Además,
la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, también anunció
hoy que el Gobierno está tomando una serie de medidas para garantizar
que todos los casos migratorios se resuelvan lo antes posible en los
tribunales.
Entre
otras cosas, Nielsen anunció el envió de funcionarios del Servicio de
Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que tramiten los casos de asilo y
de abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), encargado de detener a los indocumentados.
Nota relacionada Caravana de inmigrantes llegó a frontera de EEUU para socavar la ley: Jeff Sessions
La
secretaria de Seguridad Nacional invitó a las personas que están
buscando asilo a reclamarlo en “el primer país seguro en el que
ingresen, incluido México”.
Medios
estadounidenses informaron de la llegada la semana pasada a California
de 50 miembros de una caravana de inmigrantes centroamericanos que
durante semanas recorrió México y acabó oficialmente su recorrido a
principios de abril en Ciudad de México.
La
caravana llegó a estar compuesta por 1,500 personas y, coincidiendo con
su avance, Trump ordenó el despliegue en la frontera con México de la
Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas que
actualmente tiene unos 900 miembros en la zona limítrofe, según datos
oficiales.
60 mil hondureños a la espera de la ampliación del TPS
Tomado de LaOpinión.com
La
semana que viene se espera el anuncio sobre si estos casi 60,000
hondureños recibirán otra ampliación del TPS o se cancelará el programa y
deberán regresar a su país o vivir escondiendose en los Estados Unidos.
Iris Acosta a veces se despierta en medio de la noche con una pesadilla.
“Sueño
que estoy en Honduras y me pongo a llorar”, confiesa. “No se por qué la
gente es tan injusta, no nos dejan tranquilos ni aquí ni allá”.
Su
permiso de TPS, el que el gobierno de Trump extendió el pasado año por
apenas seis meses, se vence el 5 de julio. Es una fecha que se le viene
encima, porque hasta ahora no se sabe si habrá una extensión.
“Aquí
donde trabajo me encanta como me tratan”, dice Iris, de 51 años de edad
y más de 10 como doméstica en el Hotel W de Westwood. “Pero sí se me
acaba el permiso aquí no puedo quedarme”.
Iris
es una “tepesiana” de Honduras que vino a este país en 1992 y ha estado
aquí legalmente bajo la protección del programa TPS o “Estatus Temporal
de Protección”.
La
próxima semana, a más tardar el día 4 de mayo, el gobierno de Donald
Trump anunciará si los tepesianos hondureños correrán el mismo destino
de otros grupos, como haitianos, salvadoreños y nicaragüenses a quienes
se suspendió el programa.
Aún
así, el gobierno les dio un último período de extensión y es ese tiempo
extra con el que cuentan los activistas que trabajan en Washington y en
todo el país en nombre de los beneficiarios de TPS de diversos países.
Nota relacionada Migración de Estados Unidos lanza alerta para hondureños y nicaragüenses respecto al TPS
“Idealmente,
si cancelan el TPS para hondureños, siguiendo el patrón hasta ahora
practicado por el gobierno de Donald Trump, sería con otra extensión de
18 meses”, dijo Alexandra Morales, directora de defensa del Centro para
Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Angeles.
“No
esperamos escuchar buenas noticias la semana que viene”, agregó
Morales. “Pero si aprovechamos esta oportunidad para recordarle a los
tepesianos que aunque les parezca que no tienen solución, hay mucha
gente que sí tiene otras formas de quedarse en este país”.
Desde
que el gobierno de Trump comenzó a cancelar el programa TPS para
diversos grupos, casi 300,000 personas alrededor de todo el país se
enfrentan a perder eventualmente el estatus que han tenido durante años.
Los
nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y sudaneses con TPS perderán la
protección del programa, que proporcionó estatus legal y permisos de
trabajo luego que sus países enfrentaron catástrofes de diversa índole.
El
caso de Honduras fue algo diferente, en vez de tomar una decisión, el
año pasado el Departamento de Seguridad Nacional anunció que seguía
considerando qué hacer con respecto a los casi 60,000 hondureños.
En ese entonces, Honduras recibió 6 meses de extensión y la esperanza de que su futuro aún no estaba decidido.
Martín
Pineda, un activista con la Alianza Nacional por el TPS, dijo que la
comunidad hondureña aún no ha perdido la esperanza, porque el presidente
Trump mostró simpatías en el pasado por el gobierno de ese país, que
pidió la extensión.
“Estamos Unidos le manda dinero a Honduras”, dijo Pineda.
No
hace mucho, Honduras fue el único país de América Central que anunció
su apoyo a la decisión de Trump de cambiar la embajada estadounidense de
Tel Aviv a Jerusalem.
Pero
hace poco que Trump amenazó con retirar las ayudas a Honduras luego que
se supo de una caravana migrante que partió de ese país con más de 1500
personas que se dirigían hacia Estados Unidos para pedir asilo.
La
caravana debe llegar a Tijuana este fin de semana y el gobierno de
Trump está en alerta, anunciando este lunes que enviarán jueces y
fiscales migratorios a la zona y amenazando con los que “entren
ilegalmente” que serán enviados a la carcel sin contemplaciones.
Entretanto, sin embargo, personas como Iris simplemente toman las cosas como vienen, aunque les cause pesadillas.
“Yo
sé que hay gente que está pensando irse, hay compatriotas míos que
simplemente dejaron de renovar por temor y han vuelto a las sombras”,
dijo Acosta. “A mí, que me vengan a buscar porque sabiendo lo que sé de
la vida en Honduras, yo no me voy voluntariamente”.
Otro juez federal ordena a Trump la reactivación de DACA e incluir a nuevos solicitantes
Tomado de LaOpinión.com
Un
tercer juez federal asestó este martes el golpe más duro contra la
Administración del presidente Donald Trump en el campo migratorio, al
ordenar no sólo la reactivación de DACA, que él desmanteló en septiembre
pasado, sino que también acepte a nuevos solicitantes.
En
su dictamen de hoy, el juez federal en el Distrito de Columbia, sede de
la capital estadounidense, John D. Bates, dijo que la Administración
“prácticamente” nunca explicó el desmantelamiento del programa
de “acción diferida” (DACA) de 2012 y, por lo tanto, su decisión
unilateral fue ilegal.
“La
anulación de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento
(DHS) no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era
ilegal. Ni el escaso razonamiento legal ni la evaluación de riesgo de un
litigio que dio el DHS para respaldar su decisión de anulación son
suficientes para sustentar la terminación del programa DACA”, explicó
Bates, un juez designado por el entonces presidente republicano, George
W. Bush.
Bates,
dio, sin embargo, una ventana de 90 días para que el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) entregue al tribunal una explicación más
coherente sobre la cancelación del programa.
Si
en ese plazo, la Administración no da una justificación
aceptable, entonces el juez anulará la decisión de Trump de eliminar
DACA y el DHS tendrá que “aceptar y procesar” tanto la renovación de
permisos como nuevas solicitudes bajo el programa migratorio, según
Bates.
Una
fuente del DHS, que pidió el anonimato, dijo a este diario esta noche
que la agencia “está revisando la orden, y estará dando actualizaciones
en cuanto sea apropiado”.
Este
año, otros jueces federales, en California y Nueva York,
respectivamente, ordenaron la reactivación de DACA pero solo para la
renovación de permisos, mientras el caso proseguía en las cortes. El
Tribunal Supremo, de hecho, tiene una audiencia sobre el futuro de DACA
el mes próximo.
Ante
la inacción del Congreso respecto a una reforma migratoria integral, el
entonces presidente Barack Obama, presionado por la comunidad
inmigrante, puso en marcha DACA en agosto de 2012 y en su momento el
programa amparó a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados.
El
DACA sirvió de escudo de la deportación a jóvenes que entraron a EEUU
de forma ilegal antes de los 16 años de edad y que pudieron mostrar que
vivían en este país de forma consecutiva desde el 15 de junio de 2007,
entre otros requisitos. Además, solo calificaban los que tenían menos de
31 años cuando la Administración Obama anunció DACA el 15 de junio de
2012.
El
programa ha permitido a decenas de miles de jóvenes a continuar sus
estudios universitarios, obtener empleos y licencia de conducir en
algunos estados, además de inscribirse en las Fuerzas Armadas de EEUU.
En
la actualidad, el programa protege de la deportación a unos 690,000
jóvenes indocumentados, y la cifra es menor debido a que muchos dejaron
vencer sus permisos, les fue revocado, o lograron ajustar su estatus
migratorio a residencia permanente por medio de sus empleadores o
cónyuges, según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía
(USCIS).
Según
cálculos del “Migration Policy Institute, alrededor de 1,3 millones de
jóvenes reúnen los criterios para DACA y podían haber solicitado sus
beneficios cuando inició el programa.
La
Administración Trump canceló el programa en septiembre de 2017 y dio al
Congreso plazo hasta el pasado 5 de marzo para lograr una solución
consensuada.
Pero
el Legislativo no logró consenso y sendos tribunales en California y
Nueva York ordenaron la reactivación de DACA para la renovación de
permisos vigentes.
El
dictamen de Bates fue una dulce victoria para activistas y grupos
cívicos de la comunidad inmigrante en todo EEUU, entre éstos “United We
Dream”, que primero habían presionado a Obama a que protegiera a los
“Dreamers” y luego se sumaron a una intensa campaña legal y de
convencimiento ante la opinión pública sobre sus enormes contribuciones
al país.
“Aunque
cada una de estas victorias legales son bienvenidas y subrayan el hecho
de que Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, terminaron DACA de
forma ilegal, también son un recordatorio de que solo el Congreso y el
presidente (con su firma) pueden dar protecciones permanentes a los
Dreamers. Ya es hora de que el Congreso ponga fin a esta crisis”, dijo
Josh Dorner, estratega y vicepresidente sénior de la
empresa SKDKnickerbocker.
Sindicato del Seguro Social protestará mañana por decreto que privatiza los servicios
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social
(Sitraihss) realizará mañana miércoles una protesta en rechazo al Decreto Ejecutivo PCM-010-2018, que autoriza la implementación de fideicomisos para la prestación de servicios a través de entes privados.
Rigoberto
Matute presidente del Sitraihss, explicó que la jornada, que se
efectuará mediante un plantón a las 4:00 de la tarde en los bajos del
Congreso Nacional, es para analizar y explicar sobre los peligros que
tiene el Seguro Social de ser privatizado.
Los
sindicalistas han extendido la convocatoria a la ciudadanía en general
para que se una a la lucha contra la privatización de la salud, que se
ha emprendido por los últimos gobiernos.
El Sitraihss acusa al actual gobierno de provocar una crisis en el Seguro Social para justificar su privatización.
Los
empleados del IHSS demandarán, además, el cese en las funciones de la
Junta Interventora, porque a su criterio no ha cumplido los objetivos
planteados para hacerle frente a los actos de corrupción, que se han
venido denunciado en los últimos años.
A
juicio del sindicalista, la institución no ha sido intervenida, sino
que secuestrada por los interventores, que llevan ya casi cinco años en
sus funciones, sin alcanzar los resultados que el pueblo hondureño
esperaba, e incluso su papel ha sido en contra de los intereses
colectivos porque una de sus decisiones ha sido el incremento en las
tasas de las cotizaciones.
Noticia Relacionada: Junta Interventora del Seguro Social sigue haciendo compras directas de medicamentos
En
el 2015, la población hondureña se volcó a las calles mediante las
marchas de las antorchas, denunciando el saqueo en las finanzas del
IHSS. Las pérdidas fueron cuantificadas en su momento en al menos $ 350
millones. Ante las protestas, el presidente Juan Hernández, admitió que
parte de los fondos dilapidados sirvieron para financiar la campaña que
lo llevó al poder en el 2014.
Luego
que Hernández hiciera la revelación, las manifestaciones exigieron su
renuncia y la implementación de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por las Naciones Unidas. Sin
embargo, Hernández logró esquivar la demanda y optó por la instalación
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras
(MACCIH), asistida por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 6 de abril salió publicado en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-010-2018,
que autoriza a los Regímenes de Previsión Social de los institutos de
previsión social a construir con el Banco Hondureño para la Producción y
la Vivienda (Banprovi) los fideicomisos de administración que sean
necesarios para establecer un sistema temporal de servicios de atención
médica-hospitalaria. Los fideicomisos podrán contratar los servicios de
diseño, alquiler, remodelación, equipamiento, prestación, operación,
seguimiento, monitoreo, control, gestión y/o cualquier otra actividad
que sea necesaria, incluyendo la compra, almacenamiento, distribución y
dispensación de medicamentos e insumos, para la prestación parcial o
total de la cartera de servicios del Régimen del Seguro de Atención de
la Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Coordinadora de Cofadeh participó en foro sobre protección de defensores de Derechos Humanos en la región
Recientemente la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, en el marco de dicho proyecto, participó en un foro junto al embajador de los Países Bajos para Centroamérica, Peter Derrek Hof; la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón; la directora de la Fundación Acceso e impulsora del programa y la directora de Hivos en Costa Rica.
En su participación la coordinadora del Cofadeh reconoció la voluntad del gobierno de los Países Bajos en apoyar el respeto a los derechos humanos y que ella sobrevive gracias a las acciones oportunas del gobierno de Holanda al exigir su protección.
Indicó que es de celebrar esta iniciativa de implementar Shelter City, pero se debe buscar como fortalecerla.
Costa Rica se convierte en el tercer país en unirse al programa Shelter City, el que nació en Holanda y se ha extendido a otras regiones del mundo como África y Georgia, donde se coordinan diversas modalidades de protección y reubicación según los contextos y la situación específica de las personas defensoras.us primeras etapas.
El “Shelter City” es un centro de protección integral donde se brindará una alternativa de reubicación temporal a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
No nos alcanzará la vida para agradecer a los que han defendido a Eduardo
El agradeciendo es extensivo a cada una de las personas que de diferentes maneras han apoyado al líder estudiantil preso en Puntarenas, Costa Rica, por una petición de extradición del régimen en Honduras.
Estamos felices porque le han dado el refugio, porque está en Costa Rica, si doña Bertha Oliva y el COFADEH, no hubieran actuado a tiempo, lo podríamos estar llorando por muerto, expresó su familia.
Urbina saldrá en libertad bajo la condición de Refugiado, el próximo lunes. Pese a que el jueves 19 de abril, Costa Rica le concedió el Refugio, el juez que conoce la causa dio derecho a réplica al Ministerio Público de ese país, el cual es injustificado, afirmó el abogado Abraham Sequeira, uno de los representantes del joven.
Eduardo tiene tres procesos, el que se le sigue en Honduras, acusado de incendiar un camión militar, dicha representación la tiene el COFADEH.
El proceso de petición de Refugio y el proceso de la extradición.
Por su parte, Marcia Aguiluz de Cejil, afirmó que la postura del juez fue arbitraria, por lo que se presentó un Habeas Corpus en favor de Urbina, el cual debe resolverse en tres días, y el lunes es el día máximo.
Así mismo, Ana Jiménez de ACODEHU, expresó que hoy visitó a Eduardo en la cárcel, como su organización lo ha hecho, y está optimista, pensando en que el próximo 25 cumplirá años doña Nubia, su abuela y madre.
La libertad de Eduardo, el estudiante de Historia de la Universidad Nacional es un logro para el pueblo hondureño, afirmó Sequeira.
Este es sólo un caso de lograr libertad, pero nos faltan 21 #PresosPoliticos por los que seguiremos luchando hasta que estén libres, afirmó Bertha Oliva, del #COFADEH.
Aun no se aclara muerte de familiares de dirigente de MILPAH
Por: Sandra Rodríguez
Marcala, La Paz.- El pasado 13 de diciembre, el sub coordinador del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH), Martín Gómez Vásquez, informó sin conocer mayores detalles sobre la muerte de su hermano y sobrina, sin que hasta el momento exista una investigación de los hechos.
A casi un mes de los hechos, Gomez lamenta que las autoridades encargadas de la investigación no se pronuncien y deba esperar todavía dos meses para saber algo.Cenaron pollo y tortilla, y una hora después de haberse ido a dormir les dio un vómito de una hora y fallecieron, relató Martín a defensoresenlinea.com.
El defensor debió esperar muchas horas hasta que llegaran las autoridades correspondientes al reconocimiento de los cuerpos en una aldea del municipio de Santa Elena, La Paz, zona fronteriza con El Salvador. Y después debió acompañar los cuerpos sin vida de Enrique Gómez Vásquez (42) y su hija Reina de la Paz de cuatro años.
Expresó que “estoy todavía traumatizado por los incidentes que me han ocurrido en los últimos días”.
Apenas había vuelto de una gira por Europa, atendiendo una invitación de la organización Amnistía Internacional, dónde, junto a la también lideresa indígena, Margarita Rodríguez, obtuvo un reconocimiento y expuso el trabajo de Milpah, sus avances y problemas, además del contexto actual del pueblo hondureño, que libra acciones contra el fraude electoral y corrupción.
El 12 volvió a Honduras, y el 13 de Diciembre entre 8 y 9 de la noche estaban falleciendo mis parientes, de forma misteriosa sin que, hasta la fecha no se sabe la verdad, denunció Martín.
Quique, como lo llamaban de cariño, era padre de cinco memores de edad, ahora su esposa deberá enfrentar sola el futuro de sus cuatro hijos entre 2 y 10 años de edad.
La pobreza es extrema de esta familia indígena lenca, y temen que también se les niegue el derecho a saber la vedad, sobre el motivo de muerte de su padre y hermana.
Por lo que, Martín no descarta que sea un crimen cómo represalia a su actividad política, defensoría ¿será porque en mi gira denuncie a políticos, alcaldes, diputados, militares, policías y activistas del partido de JOH -Juan Orlando Hernández- presidente de Honduras, y reelecto ilegalmente para seguir en ese puesto.“El fallecimiento de mi hermano y sobrina sigue en la impunidad ya que en la ciudad de Marcala no existe Dirección Policial de Investigación (DPI), para poner la denuncia, además existen varios supuestos sobre la muerte de ellos” Martín Gomez
Existe una pregunta ¿para quien era estorbo la vida de mi hermano y una niña de 4 años, como defensor de DDHH y el ambiente? Nadie debe decidir sobre la vida de las personas.
La verdad es que en este país no se puede vivir, no había hablado ni escrito por esta experiencia que no deseo para nadie, afirmó el sub coordinador de MILPAH.
Resistencia de la población es un acto de dignidad, frente a un modelo corrupto y violento
Abr 06, 2018
Para
el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia, Madj, es difícil transparentar la administración pública
porque hay un comportamiento normal, y por mucho tiempo fue hasta
aplaudido ser corrupto, de manejar todo en secreto.
“Si el tema de la transparencia es poner
todo sobre la mesa, esto te da la posibilidad de descubrirte, pero la
administración pública siempre fue vista, y sigue siendo vista, como el
espacio para hacer todas las “picardías” posibles y para enriquecerte
desde lo público, ese es un enfoque tergiversado, y por eso quienes
detentan el poder, quienes aspiran al poder, tienen como práctica, y hoy
lo vivimos más que nunca, lo secreto es la norma y la transparencia es
la excepción”, aseguró Fernández.
Se están cumpliendo diez años de la
huelga hambre que iniciaron cuatro jóvenes fiscales del Ministerio
Público: Víctor Fernández, Luis Javier Santos, Soraya Morales y Jari
Dixon. Una huelga de hambre que se desarrolló en los bajos del Congreso
Nacional, pero que tuvo un impacto nacional e internacional sin
precedentes. La huelga de hambre fue contra la corrupción patrimonial,
pública y privada.
Radio Progreso (RP) dialogó con el
abogado Víctor Fernández (VF) sobre los impactos de la huelga de hambre y
la lucha contra la corrupción y la impunidad, años diez años después
de aquel acto histórico que duró 38 días, en los bajos del Congreso
Nacional.
RP. ¿Qué recuerda de aquella huelga de los fiscales?
VF. Pueden existir recuerdos personales hasta el significado social, histórico que tiene el evento. En lo personal, fue un evento que marcó mucho mi vida, lo ha marcado desde siempre, es un marco de confrontación con uno mismo, con tu propia práctica de vida. La huelga fue un paso cualitativo de la postura crítica frente a un tema tan fundamental, tan terrible para el país como es la corrupción y sobre todo la impunidad.
VF. Pueden existir recuerdos personales hasta el significado social, histórico que tiene el evento. En lo personal, fue un evento que marcó mucho mi vida, lo ha marcado desde siempre, es un marco de confrontación con uno mismo, con tu propia práctica de vida. La huelga fue un paso cualitativo de la postura crítica frente a un tema tan fundamental, tan terrible para el país como es la corrupción y sobre todo la impunidad.
RP. ¿Qué marcó esa huelga?
VF. La huelga marcó un nivel de
convergencia de muchos actores que para nosotros mismos fue
sorprendente, nosotros, como personas que iniciamos ese evento, esa
actividad, creíamos sí que iba a concitar algunas reacciones pero no las
que tuvo, la posibilidad de coincidir con gente tan diversa, gente que
ahora para nosotros es gente muy cercana, muy querida, que si no hubiera
sido por la huelga no tuviéramos esa oportunidad.
RP. ¿Cuál cree fue el impacto en la ciudadanía?
VF. Marcó, creo, un nivel de
cotidianidad de la denuncia frente al fenómeno de la corrupción, la
gente volvió normal la denuncia contra la corrupción, la gente volvió
normal aportar desde su propia individualidad, por ejemplo los artistas,
los profesionales lo hicieron, las organizaciones de todo tipo e
incluso las religiosas. Seguro pasó en otro tiempo pero para mí son
temas importantes.
RP. ¿Por qué cuesta tanto transparentar la administración pública?
VF. Porque hay un comportamiento normal,
y por mucho tiempo fue hasta aplaudido ser corrupto, de manejar en
secreto. Si el tema de la transparencia es poner todo sobre la mesa,
esto te da la posibilidad de descubrirte, pero la administración pública
siempre fue vista, y sigue siendo vista, como el espacio para hacer
todas las “picardías” posibles y para enriquecerte desde lo público, ese
es un enfoque tergiversado, y por eso quienes detentan el poder,
quienes aspiran al poder, tienen como práctica, y hoy lo vivimos más que
nunca, del secreto de la administración, es decir, el secreto es la
norma y la transparencia es la excepción.
RP. ¿Cómo valora el gobierno de Juan Orlando Hernández?
VF. Este gobierno es de lo peor que le
pasa a la sociedad hondureña porque tenemos a un gobierno que tiene a la
cabeza a un presidente confeso de haber realizado actos de corrupción.
Recordemos que esta persona afirmó que reconocía que su partido, para su
campaña, había recibido fondos que eran del Seguro Social y que como
remedio entendió que lo que debía hacer era devolver ese dinero. Tenemos
un gobierno y una dirigencia política que además de ser corruptos son
descarados. Este gobierno es una vergüenza para el país y para nosotros
como sociedad.
RP. ¿Qué piensa de la actuación de la Maccih a dos años de estar en Honduras?
VF. ¡Bueno lo que queda de la Maccih!
Creo que hay que reconocer que la Maccih viene en un proceso de ataques
constantes. Pareciera que en la medida que la Maccih se convirtió en una
amenaza para esa estructura criminal, se convirtió en un espacio
amenazado. Nosotros siempre hemos sido críticos de la Maccih porque no
es lo que la sociedad hondureña estaba pidiendo sino que es un pacto
para salir de la crisis planteada en el 2015.
RP. ¿Qué piensa de la dirigencia de la Maccih?
VF. Yo lamento que la dirigencia de la
Maccih siempre planteó una serie de cuestionamientos válidos al sistema
de justicia en el país y a muchos actores pero nunca plantearon un
cuestionamiento directo a la estructura criminal que pasa por el
Presidente de la República. Es esa estructura la que sabotea todo aquel
esfuerzo que pueda convertirse en un mecanismo eficaz de combate a la
corrupción, ellos son los que están torpedeando a la Maccih.
RP. ¿Cuál fue el error que se cometió en la Maccih?
VF. No lograron en estos dos años un
nivel de vinculación con la sociedad hondureña que les permitiera tener
el matrimonio Maccih – sociedad hondureña demandando justicia, y eso la
colocó en un nivel de debilidad cuando empezó a confrontar a la
estructura del poder corrupto de este país.
RP. 10 años después de la huelga de los fiscales, ¿en qué ha cambiado el Ministerio Público?
VF. No sé si ha cambiado el Ministerio
Público o en qué ha cambiado, le cambiaron el logo al Ministerio
Público, es un logo más vistoso, ja ja ja ja, me río de verdad porque en
realidad ese tipo de cambios fueron los que se presentaron como cambios
relevantes en algún momento. Debilitaron absolutamente las dos oficinas
más importantes para la sociedad hondureña: la fiscalía especial contra
la corrupción, es una instancia casi desaparecida en el Ministerio
Público y la fiscalía de Derechos Humanos. Se consolidó esa línea que
nosotros denunciamos hace 10 años que el Ministerio Público se había
convertido en instrumento del poder político y económico del país, eso
es hasta este momento.
RP. Con algunos casos muy sonados, se asegura que el Ministerio Público ha tenido éxito, ¿usted qué piensa?
VF. Lo que pasa que un enfoque serio que
evalúe el funcionamiento de una institución como el Ministerio Público
no puede pasar por una evaluación de casos, pasa por una evaluación del
funcionamiento estructural del Ministerio Público en su perspectiva de
persecución de la política de persecución criminal.
RP. ¿Cómo ve usted el proceso de elección del próximo Fiscal General de la República?
VF. Está marcado por un ambiente muy
gris la elección del nuevo Fiscal General. Venimos de sufrir el acto de
corrupción más grande del país, es el fraude electoral impuesto a sangre
y fuego. Tenemos un gobierno que tiene control de casi todos los
espacios institucionales y éste no es el espacio que van a dejar de
controlar, es un espacio calificado para tenerlo bajo control y así lo
están haciendo. Esta posibilidad que ratifiquen a Oscar Fernando
Chinchilla es una posibilidad que sale de los mismos sectores oficiales.
RP. ¿Qué signos de dignidad y justicia usted puede identificar entre la población?
VF. La sociedad hondureña es una
sociedad en resistencia permanente. Resistir es el acto de dignidad más
importante en nuestra sociedad. Lo más fácil es ponerse de acuerdo con
quien te oprime, lo más fácil es que te pongas de rodilla frente a él,
pero aquí hay una población, hay un sector popular en resistencia
permanente.
