Funcionarios cómplices en asesinato de Berta Cáceres, según GAIPE
Por Riccy Ponce
Más de 50 gigabyte de información en poder del Ministerio Público desde mayo de 2016, así como numerosos testimonios y pruebas documentales sobre el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, fueron analizados por el grupo Asesor Independiente de Personas Expertas (GAIPE), donde concluye, que la fiscalía cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado público durante una conferencia de prensa que se desarrolló en un hotel capitalino donde estuvieron presentes, la madre, las hijas y otros parientes de la ambientalista asesinada, así como sus apoderados legales.
Liliana María Uribe, miembro del equipo GAIPE, explicó que en las investigaciones se basaron en “la prueba con la cual nosotros construimos las relaciones, primero de identificación de prácticas criminales que empleó DESA (empresa de Desarrollos Energéticos SA), con el único y cabal objetivo de destruir, de desvertebrar, de atacar al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares)”.
Uribe agregó que “lograron el asesinato de Berta Cáceres, nosotros lo concluimos a partir de la prueba que recolectamos de distintas fuentes, pero básicamente la fundamos en la información que tiene el Ministerio Público, desde que empezó la investigación”.
Inmediatamente después del asesinato de la defensora de derechos humanos el 2 de marzo del 2016, su familia exigió al estado que conformara un grupo internacional para monitorear la investigación conducida hasta ese entonces, por el Ministerio Público. Como respuesta a la negativa de parte de las autoridades hondureñas, la familia y el COPINH, reunieron apoyos y organizaciones nacionales e internacionales y formaron el GAIPE, data en el comunicado.
Según Berta Zúñiga Cáceres, hija de la hoy extinta Berta Cáceres, quien ahora está al frente del COPINH, “el caso que se supone que es emblemático y que tiene una investigación ejemplar, no nos imaginamos como son el resto de las investigaciones que tal vez no tienen tanta resonancia y lo otro es una complicidad con respecto a los autores intelectuales”.
Según doña Austraberta Flores, madre de Berta Cáceres, el informe es excelente, pero que todo eso la fiscalía ya lo sabía.
“Todo eso ya lo sabía la fiscalía y lo sabía todo de parte del estado, pero no han querido hacer la captura porque saben que está comprometido el mismo gobierno, ha sido completamente nulo”, sostuvo la madre de la ambientalista.
Agregó que ya se van a cumplir dos años del asesinato de la ambientalista y defensora de los territorios y que aún no han presentado o no han querido presentar las evidencias que ellos ya las tienen, y todo eso da la sensación de que no quieren capturar a los hechores intelectuales, especialmente no quieren hacer justicia.
Marcia Aguiluz del Centro Por La Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL ), expresó que el informe establece que “hay personas de los que ellos pudieron observar que estarían implicadas pero que tienen que ser indagadas por el Ministerio Público”.
Asimismo sostiene que “esas personas, al igual que todas, tienen derechos y entonces cuando el Ministerio Público los indague, seguramente se sabrá públicamente sus nombres pero no corresponde al grupo obstaculizar las investigaciones”.
DESA es la empresa que tiene el contrato en Honduras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La empresa niega su implicación en el asesinato y en cualquier delito.
La conclusión del informe es que este asesinato no fue un hecho aislado. Según GAIPE, tienen las evidencias para demostrar “la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores”.
“Las acciones criminales en contra del COPINH nosotros las identificamos y documentamos 164 agresiones que van desde homicidios, persecuciones, atentados contra el COPINH y contra las personas de las comunidades, esas investigaciones están alguna de ellas de manera separada”, agregó Uribe.
GAIPE surge tras la unión de varios expertos quienes sintieron el malestar de activistas y familiares de Cáceres con las autoridades al solicitar una investigación independiente al Estado, petición que al parecer no fue atendida por lo que el grupo asesor inició la cruzada de indagar más acerca de la muerte de Berta Cáceres.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
BOLETIN ESPECIAL 31 DE OCTUBRE 2017: LANZAMIENTO INFORME GAIPE "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres"
por el Equipo de comunicación de COPINH
El día martes 31 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa se presentó el informe
“Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, producto de las
investigaciones realizadas por el Grupo Asesor Independiente de Personas
Experta, GAIPE. Este documento contiene información acerca de la utilización,
por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de
gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y
muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de
desprestigio y criminalización hacia nuestra compañera Berta y hacia el COPINH.
Una de las cosas que se ve claramente a trevés de las pruebas que contiene el
informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el
COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la
intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de Río Blanco y
hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz
del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de
sus empleados y la persecución de miembros y miembras de COPINH.
A través de las páginas del informe se evidencia el
doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo
al COPINH y a nuestra compañera Berta, pero por el otro brindando total
protección y cobertura a la empresa DESA.
Una de las conclusiones más impactantes y claras del
informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el
asesinato de nuestra hermana Berta fue concebido por altos funcionarios de la
empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la
desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se
encargaban de criminalizarla.
En un apartado se habla de la banca internacional, que
no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND Y EL BCIE no
podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa
hacia el COPINH. Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación
de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio
Lenca.
Quedan grandes preguntas dirigidas al Estado de
Honduras, en especial hacia el ministerio público. Cuestionamientos en torno a
la investigación, la intencionalidad y funcionalidad de la secretividad en
torno a la investigación, la violación del derecho a las víctimas a la
participación integral en la investigación,
la falta de imputaciones a individuos con clara responsabilidad en el
asesinato, y la falta de investigación de otros delitos alrededor del asesinato
de nuestra compañera, delitos como la asociación ilícita, corrupción, entre
otros.
Es totalmente estremecedora la estructura criminal que
se monta para frenar al COPINH, y que
hoy en día no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla.
Queda la gran pregunta; a pesar de las pruebas, de los distintos esfuerzos del
COPINH, de la familia de Berta, de los Abogados, las diversas organizaciones de
Honduras y del Mundo, veremos, juicio y castigo a los autores intelectuales del
asesinato de nuestra Berta o las negligencias en la investigación, el poder
político, mediático y económico de la empresa DESA llevará este crimen a la
impunidad. Y sobre todo, cómo el pueblo superará la impunidad y hará justicia
Para descargar el informe CLICK AQUÍ
Para ver el video completo de la conferencia de prensa
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Les invitamos tambien a acompañarnos y solidarizarse a la ACCION GLOBAL del 2 de noviembre, a 20 meses sin justicia del asesinato de nuestra compañera Berta
Aquí los hashtag : #JusticiaParaBerta
#DesaAsesina #DondeEstanLosAutoresIntelectu
Aquí mas informaciones sobre las acciones
internacionales
INFORME GAIPE "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres" PARA DESCARGAR
CLICK PARA DESCARGAR
el informe del GAIPE "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres"
Hace un año se conformó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE, con personas que han trabajado investigando crímenes emblemáticos, personas muy profesionales. Luego de todo este año de arduo trabajo se estará presentando el informe que sintetiza la investigación realizada por el asesinato contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento contra el compañero Gustavo Castro que fue cometido el 2 de marzo del 2016
Candidatos presidenciales en Honduras: ¡urge incluir medidas relativas a protección a los derechos humanos y sus defensores en sus planes de gobierno!
Reciba saludos cordiales de las organizaciones abajo firmantes. En esta ocasión, nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. En los últimos años, nuestras organizaciones han seguido de cerca este tema y, en particular, han realizado investigaciones y remitido recomendaciones al Estado de Honduras sobre la grave violencia y estigmatización que sufren estas personas.
Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para aquellas personas que defienden derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. Según un informe publicado en enero de 2017 por la ONG Global Witness, Honduras tiene la cifra más alta del mundo de homicidios per cápita de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente . Las investigaciones de las organizaciones firmantes han confirmado que la inmensa mayoría de quienes son responsables de amenazas y ataques contra este grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos no comparecen ante la justicia haciendo que la impunidad contribuye a perpetuar esta violencia. Adicionalmente, las y los defensores enfrentan un contexto de creciente estigmatización y descrédito que facilita y normaliza los ataques en su contra. Los defensores y defensoras de los derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexual, transgénero, e intersex (LGBTI) también son especialmente vulnerables a sufrir amenazas y ataques.
Teniendo en cuenta que la persona elegida en las próximas jornadas electorales como Presidente de la República, deberá afrontar importantes retos en materia de derechos humanos, y adoptar las medidas para abordar temas prioritarios en este campo, y en el ánimo de mantener un diálogo abierto y constante con las autoridades del Estado que permita mejorar las condiciones de derechos humanos para todas las personas en Honduras, quisiéramos reiterar las recomendaciones que hemos hecho en ocasiones pasadas.
* Reconocer públicamente, a través de una campaña pública difundida a nivel nacional, la labor legítima que realizan las personas defensoras de derechos humanos, específicamente aquellas que defienden derechos relacionados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los derechos sexuales y reproductivos.
* Investigar de forma pronta, exhaustiva e imparcial los ataques, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables tanto de carácter material como intelectual.
* Las autoridades deben abstenerse de utilizar indebidamente el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos e iniciar procesos administrativos, disciplinarios o penales, según corresponda, ante las alegaciones de un uso indebido del sistema de justicia para atacar y acosar a defensores y defensoras.
* Fortalecer técnica y financieramente el mecanismo de protección a personas defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para que los planes de protección se definan e implementen en consulta con las y los beneficiarios. Las autoridades deben asegurar que las medidas que se decreten sean integrales, incluyan un enfoque preventivo y respondan a las necesidades individuales y colectivas de los beneficiarios tomando en cuenta su género, edad, identidad étnica y contexto socio-económico.
* Garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En el marco de las protestas, aplicar garantías contra el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y asegurar investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las denuncias interpuestas por uso ilegal de la fuerza, incluyendo la responsabilidad de mandos y superiores. Asimismo, garantizar que las víctimas reciban una reparación adecuada.
* Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con el entrenamiento y los recursos necesarios para desempeñar su labor de conformidad con las normas y estándares internacionales. Los funcionarios públicos responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos no deben continuar en servicio y deben ser destituidos con las garantías de debido proceso y no discriminación. Asegurar un debido control y supervisión de las empresas de seguridad privada en Honduras.
* Garantizar de forma integral los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en particular el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado por parte de las entidades de gobierno encargadas de evaluar y aprobar licencias de exploración y explotación de recursos naturales. Las autoridades deben asegurar la participación efectiva de los pueblos y comunidades afectadas en relación a la planeación y ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios.
* Garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales (incluido el derecho a un medio ambiente sano) de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sin discriminación, y en particular asegurar su derecho al territorio.
* Fortalecer el registro de tierras de forma que se respeten y protejan los derechos asociados a la tenencia de la tierra como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda adecuada y a la vida, pero también el derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Asegurar la seguridad jurídica que evite la superposición de títulos de propiedad en detrimento de estos derechos y de la propiedad colectiva de estos pueblos y comunidades.
* Poner fin a la militarización en el Bajo Aguán y diseñar estrategias encaminadas a solucionar los conflictos de tierras que garanticen los derechos de las familias campesinas de esa región, incluyendo los derechos a la alimentación, la salud y la vivienda adecuada. Honduras debe garantizar que las comunidades del Bajo Aguan no sean desalojadas forzadamente, y que cualquier desalojo sea llevado a cabo de conformidad con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos. Las autoridades deben asignar recursos para asegurar que las denuncias de asesinatos de miembros de la comunidad, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, sean investigadas de forma pronta, exhaustiva e imparcial por la Unidad de Muertes Violentas del Valle del Aguán (UMVBA) del Ministerio Público.
* Incluir en la Constitución la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Adoptar e implementar medidas para prevenir todas las formas de violencia de género contra las personas LGBTI tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas. Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes de aquellas violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas LGBTI y las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Entre las distintas líneas de investigación posibles, se debe considerar aquellas destinadas a determinar si los delitos fueron cometidos con base en la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas o su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
Esperamos conocer su plataforma y planes de acción en temas de derechos humanos Quedamos atentas a recibir sus comunicaciones sobre los temas mencionados en esta carta en el siguiente correo: hrdamericas@amnesty.org
Cordialmente, Amnistía Internacional Coalición Contra la Impunidad Diakonía Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos Global Witness HIVOS Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos Oxfam Plataforma Internacional Contra la Impunidad Trocaire We Effect
Políticos hondureños privilegian los insultos y acusaciones en cuestionado proceso electoral
Oct 27, 2017
Honduras
se alista para escoger a su próximo presidente de la República en un
proceso electoral seriamente cuestionado por el gran y polémico tema de
la reelección presidencial, lograda por el actual presidente Juan
Orlando Hernández, en base a la fuerza de las armas, del poder y del
chantaje.
Los candidatos realizan una serie de
visitas a distintas partes del país como parte de su propaganda basada
en cancioncitas y en desprestigiar a sus contrincantes más allá de
presentar propuestas serias y creíbles sobre verdaderos planes de
gobierno.
Un proceso cuestionado
Desde que la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la resolución mediante la
cual permitió la reelección presidencial, al declarar inconstitucionales
el artículo 239 y el numeral 5 del artículo 42 de la Constitución de la
República, ninguna organización o grupo de la sociedad civil ha
planteado la necesidad de hacer frente a los graves problemas que
conlleva la continuidad de Juan Orlando Hernández en la presidencia de
Honduras.
Por esa razón, varias organizaciones
sociales se articularon en la Convergencia Contra el Continuismo con el
propósito de hacer un llamamiento a rechazar la reelección presidencial
por su ilegalidad, y porque representa el continuismo para la
profundización del modelo neoliberal que desmantela el Estado de Derecho
y ahonda la pérdida de la soberanía nacional y viola permanentemente de
los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales.
“La situación del país es sumamente
grave, y este proceso electoral está lleno de elementos irregulares. Es
conveniente, aunque faltan escasos días para las elecciones de 26 de
noviembre, iluminar un poco, con la discusión, este tema tan importante
para la vida del país y por el desenlace que pueda tener el proceso
electoral” manifestó a Radio Progreso Mario Membreño de la Convergencia
Contra el Continuismo.
La Convergencia sugiere que para detener
el continuismo no sólo del presidente Juan Orlando Hernández sino del
proceso de consolidación que lleva su modelo económico, militar y
político que se está gestando en casa presidencial, se necesita de la
participación decisiva de una ciudadanía activa.
Famosa lista
Los diferentes candidatos a la
presidencia de la República están dedicando buena parte de sus discursos
a acusar a sus contrincantes de ser parte de una lista con nombres de
supuestos personajes políticos solicitados en extradición por el
gobierno de los Estados Unidos, acusados de estar vinculados a actos de
corrupción o coludidos con las bandas del narcotráfico en Honduras.
El presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Rolando Argueta, aseguró que no existen solicitudes de
extradición contra funcionarios públicos. Afirmó que, hasta la fecha, el
pleno de magistrados del Poder Judicial ha asignado los jueces
naturales para cada una de las peticiones de extradiciones, las que ya
están en ejecución.
“No hay ninguna solicitud de extradición
que no se le haya dado, en el momento oportuno, de acuerdo a lo que
establece el auto-acordado y la ley, el proceso o tratamiento que merece
en el marco de los plazos establecido por el auto-acordado en torno a,
una vez recibida una solicitud, sea de quién sea, darle el inmediato
trámite correspondiente en el siguiente paso después de ser recibida en
presidencia que es llevar la situación al pleno de la Corte Suprema de
Justicia y designarle un juez” dijo el Argueta.
Luego que el coordinador del Consejo de
Ministros, Ebal Díaz, asegurara que hay una lista de solicitudes de
extradición en la que figuran personajes de todos los colores políticos,
el candidato a la presidencia de la Alianza de Oposición, Salvador
Nasralla, exige al gobierno que haga público los nombres de esos
supuestos extraditables.
“Yo creo que él, lo que debería hacer en
su condición de alto funcionario del gobierno, entiendo que es la
persona más capacitada en la cual confía el presidente Hernández,
debería develar la lista de las personas que él dice y que tienen
pruebas que están involucradas en el narcotráfico” manifestó a Radio
Progreso el presidenciable Salvador Nasralla.
Nasralla aseguró que le harían un gran
favor que se haga pública la lista. “Porque me ahorraría trabajo cuando
yo sea presidente de la República, a partir del 27 de enero, para que ya
estén extraditadas estas personas que están metidas en el crimen
organizado y que forman parte del Congreso de la República, de algunos
ministerios y de algunas alcaldías” aseguró Nasralla.
Nadie ha visto ni conoce la lista de los
supuestos extraditables, y ante la falta de propuestas de planes de
gobierno, la famosa lista les ha servido a los candidatos para atacarse y
contratacarse.
No hay propuestas
El director del Centro de Documentación
de Honduras, Cedoh e investigador del militarismo, Víctor Meza, advierte
que los candidatos presidenciables de la oposición aún no tienen
propuestas y claridad para desmilitarizar la seguridad pública.
“Por ejemplo, el Partido Liberal y la
Alianza Opositora condenan la militarización pero al mismo tiempo le
otorgan a las Fuerzas Armadas roles estrictamente policiales, por
ejemplo la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el
tráfico de armas, el dinero ilícito, las extradiciones, la inteligencia
interior” dijo Meza.
El analista Meza aseguró que los
políticos no saben ni lo que deciden mucho menos de los impactos que en
la vida del país tiene darles más poder a los militares.
“Yo me quedo asombrado cuando todos
insisten en que las Fuerzas Armadas se encarguen de la lucha contra las
drogas, por qué no vemos el ejemplo de México, más de 60 mil muertos y
ahora más bien México está aprendiendo a retirarse de la lucha contra
las drogas por parte de los militares” reflexionó Víctor Meza.
Dentro de la agenda electoral de los
partidos políticos de cara a las elecciones generales, la corrupción y
la impunidad sobresalen, hecho que ha demostrado que los actores en
contienda reconocen la incapacidad del Estado de Honduras para hacerle
frente por tanto le apuestan a instancias internacionales, según el
politólogo, Rolando Sierra.
“La misma clase política, en sus
propuestas, deben generar los mecanismo, las estrategias para como
realmente el país se fortalece, hay independencia de las instituciones
del Estado, que las instituciones creadas cumplen su rol y sobre todo ir
más a profundidad sobre las causas de la corrupción en el país” dijo
Sierra.
El también historiador, Rolando Sierra,
manifestó que los partidos políticos han llevado a la captura del
Estado. “La forma como ha sido históricamente el financiamiento de los
partidos políticos que han tenido de recurrir a fondos de diversas
instituciones, grupos, organizaciones, entonces siempre hay compromisos y
eso es lo que genera impunidad y corrupción” aseguró Sierra. 
Otro gran tema es la migración forzada
en Honduras, un problema que está alejado de la agenda de los políticos.
La socióloga Leticia Salomón señala que el Partido Liberal y la Alianza
de Oposición, están tratando el tema de la migración como una política
internacional y no como un problema nacional.
“El tema en sí no aparece implícito
totalmente, y los dos que lo abordan son los partidos Liberal y la
Alianza, sin embargo aparecen disfrazados. El Partido Liberal lo pone
como una opción de relaciones internacionales con lo cual se concentra a
la migración como un problema externo y no como un problema interno”
dijo Salomón.
La también investigadora, Leticia
Salomón, reconoce que la Alianza puede tener algún asomo de la realidad
migratoria. “Contemplan las distintas instancias o etapas que pasan los
migrantes desde el momento en que son expulsados, el momento en que
transcurren hasta llegar a su destino, cuando son deportados y mientras
están allá, creo que esta propuesta de la Alianza es bastante completa
aunque no está totalmente estructurada” analizó Salomón.
Movilización
Para el próximo 07 de noviembre, la
Convergencia llama al pueblo hondureño a participar de la gran
movilización contra el continuismo programada en la capital de la
república.
“El próximo 7 de noviembre se espera una
movilización, que algunos han calificado como mega movilización que va a
tener, en primer lugar, un aporte significativo de la población
capitalina que tiene ya una tradición en cuanto a movilizaciones
fabulosas. El aporte de los municipios cercanos a la capital y luego la
presencia representativa de las organizaciones que forman parte de la
Convergencia de los diferentes lugares del país” dijo Mario Membreño de
la Convergencia Contra el Continuismo.
La alianza político-social
Más triste es padecer las orejeras de los orientadores de la opinión pública, incluyendo caciques religiosos y académicos domesticados, que no escuchan ni ven por inconvenientes las acciones populares que pueden tumbar ese silencio.
Es evidente que el grupo corporativo de televisión, el sistema multimedia de la radio, la torre de la maldad y los periódicos de opsa y publynsa, están autocensurados por la oficina estratégica de Casa Presidencial que perdona impuestos por difusión de propaganda continuista.
Ese aparato de silencio y de propaganda, que se beneficia enormemente de permanecer autocensurado o mintiendo, minimizó esta semana al menos tres hechos importantes.
El primero asociado con el segundo es la decisión del Partido Liberal de integrar una alianza política contra el fraude organizado por el crimen organizado, y el segundo hecho es la acción constitucional de la Convergencia Social contra la reelección.
“Ir a elecciones con Juan Orlando Hernández como candidato del Partido Nacional es asistir a otro rompimiento constitucional” ha dicho claramente Carlos H Reyes, voz autorizada de la Convergencia Social, minutos antes de delegar poder a dos abogados para impugnar la reelección.
El titular de las noticias destacadas debió ser más voces se juntan contra la ilegal reelección. Pero no fue así.
Aunque el Partido Liberal ha parte del problema actual, porque integra todos los poderes e instituciones de control junto a sus socios cachurecos desde 2009, es relevante su decisión de oponerse al fraude criminal a un mes de las elecciones generales.
El hecho de firmar una declaración pública anti fraude junto a la alianza partidaria opositora que encabeza Salvador Nasrralla, les compromete políticamente. Y Carlos Flores Facussé, el dueño de ese partido, queda al descubierto en su juego futuro, sabedor de la disminución de sus poderes.
El tercer hecho importante, minimizado por la prensa asalariada, es el fondo del mensaje que pasó la MACCIH en rueda de prensa el pasado miércoles.
Los fiscales internacionales han hundido con evidencias a los principales implicados en la operación de asalto al Seguro Social en 2013, han logrado condenas de más de 15 años contra Mario Zelaya, dos ex vice ministros y otros forajidos de marras.
Pero lo más importante del anuncio, lo más ocultado por los medios, es que vienen las acciones contra los altos ejecutivos de la clica que integró el Partido Nacional para asaltar los 6 mil millones de lempiras y matar a más de 2 mil personas por desatención y negligencia.
Nosotras no tenemos dudas que los jefes de los carteles de la corrupción van a caer, antes o después de las elecciones generales. Van a caer y van a ser sacados del juego.
Nosotras no ponemos en duda que Honduras es un país intervenido por la ONU, la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque los carteles del crimen organizado que dieron el golpe en 2009 son insostenibles en términos de seguridad hemisférica. Son una amenaza real para todos y todas.
En este momento, entonces, lo menos que esperaría Honduras sería una actitud más consecuente de la comunidad internacional, especialmente de Europa, México, Estados Unidos, Canadá y el Cono Sur.
La comunidad internacional debería entender que el censo electoral actual hace votar a los muertos, a las fuerzas militares, a los privados de libertad y a los millares de emigrantes, entre otros imposibilitados de hacerlo.
Además, deberían comprender que el Tribunal Electoral es dirigido por tres partidos, uno de los cuales no tiene ni diputados ni alcaldes en el país, y que los órganos de operación de justicia, de control logístico y de documentación de las personas están absolutamente bajo control del candidato continuista.
En vez de apresurarse a llegar a Tegucigalpa para avalar el fraude y profundizar la crisis nacional, deberían unirse a los objetivos de la Convergencia Social y la Alianza de Oposición al Continuismo para acompañar la ruta más corta de una solución integral a esta tragedia que sufre Honduras.
No queremos seguir recogiendo heridos por la policía y el ejército, por sus grupos clandestinos o las agencias armadas de las empresas privadas. No es el momento de enseñarnos los músculos armados.
Es un momento de alta prudencia, se demanda serenidad con seriedad. Los criminales están dispuestos a todo, y también el pueblo está organizado para enfrentarlos. Si es necesario posponer las elecciones para evitar el nuevo golpe debemos hacerlo, porque el país no va a resistir mucho tiempo más antes de desbordarse.
Prevenidos, pues.
Editorial Voces contra el Olvido sábado 21 de octubre de 2017
ATACAN OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN HONDURAS
Las
oficinas de Canal 6 en Tegucigalpa fueron atacadas esta madrugada,
según la Secretaría de Seguridad sujetos a bordo de un vehículo
ignoraron un retén policial, esto ocasiono que la Policía diera
persecución y posteriormente un enfrentamiento con armas de fuego que
daño las instalaciones.
No
obstante, Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el
periodismo, según la oficina del Ombudsman hondureño, de 2001 a 2017,
han sido asesinados al menos 70 comunicadores.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La madrugada de este sábado, varios sujetos dispararon una ráfaga de
balazos contra las instalaciones del Canal 6 en Tegucigalpa.
Según
un comunicado de la Secretaría de Seguridad, el suceso ocurrió debido a
que efectivos de la Policía Nacional, se enfrentaron en fuego cruzado
con una banda criminal a la que daban persecución.
El
documento explicó que el pasado jueves un ciudadano reporto el robo de
su vehículo, un Honda Civic color gris del año 2007 con placas PDK4225.
Las autoridades recibieron la alerta e iniciaron acciones para recuperar
el automotor.
“Alrededor
de las 02:45 de la madrugada de este sábado 28 de octubre, agentes
responsables de un retén policial instalado en el bulevar Morazán de la
capital, interceptaron un vehículo con las mismas características con
varias personas a bordo a quienes se le solicitó detenerse para una
inspección de rutina y en un claro irrespeto a la autoridad se dieron a
la fuga”, dicta el comunicado.
Según
el informe los agentes de la Policía dieron persecución a los sujetos
que ignoraron el alto, la persecución se trasladó a las inmediaciones
del medio de comunicación para enfrentarse con los antisociales causando
daños al edificio.
Sin
embargo, es sabido que Honduras está catalogado como uno de los países
más peligrosos para ejercer el periodismo y el activismo social, datos
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH),
revelan que desde 2001 a la fecha han sido asesinados al menos 70
comunicadores y personas ligadas a los medios de comunicación.
El pasado 24 de agosto de 2017, la mano negra del crimen atentó
contra la vida del director fundador del periódico EL LIBERTADOR,
Jhonny Lagos y su esposa, Lurbin Cerrato. En el ataque según Lagos hubo
cinco disparos, uno de ellos impactando en su compañera de hogar.
A
pocas horas de haber suscitado los hechos, la Secretaría de Seguridad
emitió un comunicado, donde a falta de investigación científica, explica
que el crimen se trataba de un simple robo, porque los sujetos se
llevaron parte de las pertenecías de la pareja.
Días
después, el 13 de septiembre fue asesinado el periodista Carlos William
Flores y a punto de cerrar el mes de octubre se extinguió de forma
violenta la vida de Osmin España y el joven camarógrafo, Carlos Lara.
Por Riccy Ponce
Después de la llegada de la delegación de las mujeres ganadoras del premio nobel de la paz Kawakkol karman (Yemen) y Shirin Ebadi (Irán) a Honduras, y no ser recibidas por el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, se pronunció sobre el caso.
“El Fiscal pidió a las organizadoras que explicaran más a que venían y que querían hablar y lo hicieron llegar, lo que obtuvieron fue la no respuesta, eso fue lo que obtuvieron”, explicó Oliva.
La Coordinadora el COFADEH enfatizó que “nosotras no tenemos medios de comunicación que permita informar lo que realmente vivimos en el país, porque hay un secuestro permanente de información, y la llegada de ellas (las mujeres nobeles) hacen que la información, aunque sea de boca en boca, que trascienda, que se den cuenta de lo que realmente se vive, como se lucha y como se sufre en Honduras”.
La defensora de los derechos humanos fue clara al expresar que las nobeles no creen que en Honduras se viva en paz, no porque se les haya informado, sino porque ellas lo vieron, los cordones de miseria, la falta de avances en materia de justicia en casos concretos como el asesinato de Barta Cáceres.
La coordinadora del Cofadeh es clara al señalar que a la ambientalista y defensora de los territorios, Berta Cáceres, no la llamemos como una más, “llamémosla como lo que es, nuestra nobel verde”.
Por otra parte, Kawakkol karman (Yemen), durante su estadía en el país sostuvo que, para nosotros no es aceptable que Honduras tenga la tasa más alta de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, estos asesinatos tienen que terminar ahora y otra vez pedimos justicia para Berta (Cáceres), nosotros estaremos siguiendo el caso de ella, siguiendo lo que pasa aquí, exigiendo que se haga justicia contra todos los autores.
La organización de la visita a Honduras de las mujeres nobeles de la paz Kawakkol karman en el 2011 y Shirin Ebadi (Irán) en el 2003, estuvo a cargo de la delegación de Mujeres Tierra y Paz organizada por la Iniciativa de Mujeres Nobel, JASS-Asociadas por lo Justo y la Fundación Rigoberta Menchú, que tuvieron la iniciativa para darle continuidad, ya que en el 2012 ya habían visitado por primera vez el país.
Las nobeles visitaron Honduras el pasado 20 de octubre y permanecieron en el mismo cuatro días, para luego continuar la gira programada a Guatemala no estarán hasta el 28 de octubre.
Honduras y Guatemala son países hermanos con altos índices de violaciones a los derechos humanos.
Juventud santabarbarense se siente aterrorizada
Por la difícil situación que vive Honduras en lo social, en lo económico, en lo político y en violencia, donde no se respetan los derechos humanos de los ciudadanos, la juventud del departamento de Santa Bárbara se siente aterrorizada, y con el fin de sensibilizarla y concienciarla, este sábado se realizará una jornada cultural en ese sector del occidente del país.
La actividad se realiza en el marco de la iniciativa del Foro de las 1000 mujeres Nobel por La Paz, organización que surge como consecuencia de una nominación colectiva de mil mujeres al premio nobel de la paz, una nominación que fue simbólica porque hay más de mil mujeres que todos los días luchan por hacer del planeta un lugar mejor.
María Ester Ruiz Ortega, una de las 1000 mujeres nobel por la paz desde hace un poco más de cuatro años viene trabajando en el sector de Santa Bárbara con jóvenes en riesgo social, jóvenes despreciado por el sistema político del país, y soy ellos quienes se han encargado de organizar y montar este evento cultural.
Durante la jornada, que durará un poco más de una hora y que se realizará en el Centro Social de Casa Quemada, comunidad que vio nacer, crecer y donde se quedó María Ester, habrá canto y además los asistentes conocerán el contexto político y social que se vive actualmente en el país, donde la juventud ha sido excluida, el que estará a cargo de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, sostuvo María Ester, una de las 1000 mujeres nobel por la paz.
Además el actual sistema está acabando con la juventud, que es el presente y futuro del país, ya que la violencia contra ellos se ha incrementado y otros para salvaguardar sus vidas han tenido que abandonar obligatoriamente el territorio que los vio nacer.
“Yo creo que es la oportunidad de sensibilizar a la comunidad, porque ahorita nuestro pueblo está aterrorizado, no es miedo, es terror el que han creado en el pueblo”, expresó María Ester.
CHILE
ASESINATO DEL POETA
Caso Neruda: La pista química
La revista mexicana Proceso publicó en su edición del 17 de septiembre de 2016 el reportaje "Caso Neruda: La pista química", de su corresponsal en Chile Francisco Marín, en que se reproduce una conversación telefónica sostenida -en 1991- entre el ex químico de la DINA Eugenio Berríos y el coronel de Ejército Manuel Pérez Santillán, alias Tata, en que –aparentemente- aludirían al asesinato de Pablo Neruda.
“Esto es una historia antigua que data de 1973, cuando yo le entregué algo al coronel Aro, que estaba en la misma oficina que el general Baeza. Luego un avión voló y uno se quedó abajo. Voy a vender el guión: es de película”, señaló Berríos.
Lo dicho allí por Berríos calza perfectamente con lo que le sucedió a Neruda –premio Nobel de Literatura en 1971– en sus horas finales. El escritor murió en la clínica Santa María, de Santiago, el 23 de septiembre de 1973, pocas horas antes de que un avión DC-8 de Mexicana de Aviación –en el que el poeta saldría rumbo al exilio– despegara desde el Aeropuerto de Santiago rumbo a México.
Resulta sugestivo que dicha frase haya sido vertida por Berríos, principal perpetrador de los numerosos “asesinatos químicos” de la dictadura militar del golpista Augusto Pinochet (1973-1990).
Según expuso la recientemente fallecida agente de la Dina Mariana Callejas en entrevista con El Mercurio (publicada el 16 de julio de 1995), una vez escuchó a Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”.
En mayo de 2015, el tanatólogo de la Universidad de Murcia Aurelio Luna encontró en los restos óseos del autor de Canto General trazas de dicha bacteria.
Acá reproducimos reportaje en comento, tal como fue publicado en septiembre de 2016 en Proceso.
Caso Neruda: La pista química
La hipótesis de que el poeta Pablo Neruda fue asesinado ha cobrado fuerza en el último lustro. La pieza más reciente la aporta un telefonema de 1991, en el que un bioquímico y esbirro de Augusto Pinochet insinúa que él entregó la bacteria mortal que supuestamente se le inoculó al Premio Nobel de Literatura en 1973, después del golpe militar contra Salvador Allende. En exclusiva, Proceso presenta el expediente en el que se analiza esta línea de investigación.VALPARAÍSO.- Oficialmente, el poeta chileno Pablo Neruda murió de cáncer de próstata en septiembre de 1973. Sin embargo, desde hace años se han multiplicado los indicios de que fue envenenado. La última pista la acaba de aportar la grabación de una llamada telefónica:
“Me metí en tremendo lío por ser más papista que el Papa. Esto es una historia antigua que data de 1973, cuando yo le entregué algo al coronel Aro, que estaba en la misma oficina que el general Baeza. Luego un avión voló y uno se quedó abajo. Voy a vender el guion: es de película.”
Esta enigmática revelación fue vertida en 1991 por el hoy extinto bioquímico Eugenio Berríos Sagredo –quien trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina)– en medio de una conversación telefónica con el coronel de Ejército Manuel Pérez Santillán, alias Tata.
Este audio –junto con numerosas conversaciones grabadas por Berríos– fue entregado por la viuda de éste (la bailarina Gladys Schmeisser) a la juez Olga Pérez, que entre 1999 y 2003 sustanció el proceso Rol 7.981, caso Berríos.
El telefonema fue recientemente conocido por el juez del caso Neruda, Mario Carroza, quien lo integró a una carpeta ultrarreservada, pero que Proceso da a conocer en exclusiva en el marco del cuadragésimo tercer aniversario de la muerte del poeta, que se conmemora este viernes 23.
Lo señalado allí por Berríos calza perfectamente con lo que le sucedió a Neruda –premio Nobel de Literatura en 1971– en sus horas finales. El escritor murió en la clínica Santa María, de Santiago, el 23 de septiembre de 1973, pocas horas antes de que un avión DC-8 de Mexicana de Aviación –en el que el poeta saldría rumbo al exilio– despegara desde el Aeropuerto de Santiago rumbo a México.
Resulta sugestivo que dicha frase haya sido vertida por Berríos, principal perpetrador de los numerosos “asesinatos químicos” de la dictadura militar del golpista Augusto Pinochet (1973-1990).
Según expuso la recientemente fallecida agente de la Dina Mariana Callejas en entrevista con El Mercurio (publicada el 16 de julio de 1995), una vez escuchó a Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”.
Eugenio Berríos
El ADN de ese microorganismo está siendo analizado, desde febrero pasado, en el Centro de ADN Antiguo de la Universidad de McMaster (Ontario, Canadá) con el fin de determinar si éste fue o no deliberadamente inoculado a Neruda en la clínica Santa María.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, en un informe de marzo de 2014, determinó que “de los hechos acreditados en el expediente resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda”.
Allí se mencionó que “de haber existido la intervención de terceros, ésta habría consistido en la inoculación, mediante una inyección en el abdomen del poeta”, tal como denunció Manuel Araya Osorio, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte.
En este informe se destaca que, al momento de morir, Neruda “era el personaje más relevante de la intelectualidad chilena”. Había sido senador, amigo y cercanísimo colaborador del presidente Salvador Allende –defenestrado y muerto durante el golpe militar de septiembre de 1973–. El análisis añade que, si bien “la dictadura siempre logró impedir que se formara un gobierno en el exilio, (…) Neruda era el candidato ideal” para encabezarlo.
Los mencionados
En el citado audio, Berríos menciona al “coronel Aro” y al “general Baeza”. El primero es Jorge Aro Confalonieri (fallecido), quien efectivamente fue ayudante del general de Ejército Ernesto Baeza cuando éste dirigió la Policía de Investigaciones (PDI).Baeza es reconocido –tanto por pinochetistas como por partidarios de Allende– como uno de los mayores promotores del golpe militar. Al inicio del gobierno de Allende (1970-73), fue jefe de la Misión Militar de Chile en Washington (1970-71), lo que le permitió acercarse a las esferas de inteligencia de Estados Unidos.
En 1972 fue nombrado comandante en jefe del Comando de Infraestructura del Ejército en Santiago y, ese mismo año, fue ascendido a general de división.
La mañana del 11 de septiembre de 1973, día de la asonada, Baeza conversó dos veces con el presidente Allende, a quien conminó a rendirse. Allende se negó.
Ese mismo día fue nombrado director general de la PDI y conservó sus responsabilidades en el Ejército. Como tal, se encargó de dar a conocer la versión oficial de la muerte de Allende, en una conferencia de prensa realizada el 20 de septiembre de 1973.
Científico perverso
Apenas ingresó –en 1967– a la Licenciatura en Bioquímica, en la Universidad de Concepción, Eugenio Berríos puso de manifiesto su fanatismo de derecha y su carácter extremista.Según informó el periodista Jorge Molina en su libro Crimen imperfecto. La historia del químico de la DINA Eugenio Berríos, en 1969 fue sorprendido intentando hacer explotar la Facultad de Química y Farmacia, luego de ser reprobado en Química Orgánica. Fue expulsado.
En 1970 se trasladó a la Universidad de Chile –sede Santiago–, en la que continuó sus estudios. Además, se volvió militante del ultraderechista Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), fundado a los pocos días de que Allende ganara la elección presidencial de septiembre de 1970. En las filas de esa organización conoció al terrorista estadunidense Michael Townley.
Según Molina, Patria y Libertad planificó el asesinato de Allende en un proyecto dirigido por Townley, y en el que supuestamente participó Berríos.
El reportero recoge en su libro el testimonio de una persona –a la que no identifica– que asegura que, la noche del 11 al 12 de septiembre de 1973, Berríos hirió y asesinó a balazos a numerosas personas en las calles de Santiago.
Durante la dictadura, abunda, el bioquímico mantuvo una gran cercanía con el criminal de guerra nazi y experto constructor de armas químicas y biológicas Walter Rauff, quien fue jefe de la Gestapo en el norte de Italia durante la ocupación nazi y creó los “camiones de la muerte” o “cámaras de gas móviles”.
“Quizás la amistad de Rauff –que se mudó a Chile en 1958– con Berríos pudo haber tenido un horizonte común: las armas químicas (y) los servicios que ambos prestaron a la Dina abren insospechadas conexiones del servicio represivo con la red Odessa (una trama de nazis en América del Sur)”, afirma Molina en su investigación. “No es descartable que la fórmula del gas sarín (un compuesto organofosforado que penetra en el sistema nervioso y produce la muerte por asfixia en pocos minutos) pudo haber llegado a manos de Berríos y la Dina a través del exoficial hitleriano”.
La liga con Colonia Dignidad
El vínculo entre Rauff (“consejero secreto ad honorem de la Dina”, según el cazanazis Simon Wiesenthal) y Berríos evidencia la estrecha relación que mantuvieron la Dina y Pinochet con Colonia Dignidad, un enclave de inmigrantes alemanes creado en 1961 en una hacienda de la Región del Maule, cuyo líder y fundador fue el criminal nazi y pederasta Paul Schäfer.En Colonia Dignidad se fabricaron armas químicas y convencionales; y fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas decenas de personas durante la dictadura pinochetista.
El reportero Carlos Basso expuso –en El paso de Walter Rauff y otros científicos nazis por Colonia Dignidad– numerosos asesinatos perpetrados con sustancias químicas en Colonia Dignidad, antes y después del inicio de la dictadura. El primero de ellos fue el de la joven Ursula Schmidtke, “fallecida en los años sesenta, la cual, según Ingrid Szurgelies (excolona que consiguió fugarse) fue muerta porque en la Colonia pensaban que era una joven a la ‘que le gustaba mirar a los chicos (y eso) no fue bien visto por Schäfer’”, se lee en la obra de Basso.
En julio de 1974 fue asesinado el agente de la Dina Miguel Becerra por querer huir de Dignidad con su hijo homónimo. Se le aplicó un químico basado en organofosforados, semejante al gas sarín.
Espíritu obtuso
En 1975 Mariana Callejas y su esposo, Michael Townley, formaron la Brigada Quetrupillán. Ésta funcionó en una casa-cuartel que la Dina adquirió a dicho matrimonio en la calle Vía Naranja 4925, comuna de Vitacura (Santiago).Allí se puso en marcha el Proyecto Andrea, de la Dina: producir armas químicas y bacteriológicas con las que se cometerían asesinatos de opositores al régimen. Para concretar este plan, Townley convocó a Berríos –alias Hermes– y al bioquímico Francisco Oyarzun Sjoberg.
Berríos y Oyarzun se concentraron en fabricar gas sarín.
La primera partida de gas sarín producida en Quetrupillán fue probada la Semana Santa de 1976 por Townley –que la aplicó directamente, con spray, al rostro de detenidos– en un crimen que fue presenciado por el jefe de la Dina, Manuel Contreras.
También de Quetrupillán, por ejemplo, salió el gas tóxico introducido en un frasco de perfume Chanel N° 5 que Townley llevó a Washington en un avión (de Lan Chile) con la intención de matar al excanciller de Allende, Orlando Letelier.
Finalmente, Letelier fue ultimado por anticastristas cubanos, contactados por Townley, con una bomba instalada en su auto el 21 de septiembre de 1976.
Dos años antes –el 30 de septiembre de 1974– la Dina había matado en Buenos Aires al excomandante en jefe del Ejército y vicepresidente de Chile Carlos Prats González, con una bomba instalada y activada por Townley, quien actuó acompañado por su cónyuge.
Llamativamente, en el tercer piso de la casa-cuartel Quetrupillán –vocablo mapuche que significa “espíritu obtuso o mocho”– funcionaba un taller literario dirigido por Callejas, al que asistían escritores que muy pronto constituirían la médula de “la nueva narrativa chilena”, como Carlos Franz, Gonzalo Contreras y Carlos Iturra.
En 1978, Townley fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó y encarceló por el homicidio de Letelier.
Por esa época, el laboratorio de Vía Naranja fue trasladado al Complejo Químico del Ejército en Talagante (al sur de Santiago), del que se hizo cargo el coronel Gerardo Huber, a la postre asesinado.
En un informe enviado en 2006 por Manuel Contreras al juez Claudio Pavez –que investigaba la ejecución en 1992 de Huber–, afirmó que Berríos produjo en dicho recinto una variedad de cocaína denominada “coca rusa”, que se caracteriza por ser inodora e indetectable para los perros de las policías antinarcóticos.
Contreras aseveró que la producción de droga fue ordenada por el propio Pinochet. En el libro La delgada línea blanca (2000), de los periodistas Juan Gasparini y Rodrigo de Castro, se detallan vínculos del Ejército y de Pinochet con la producción y el tráfico de drogas.
Berríos fue despedido del Complejo de Talagante a mediados de los años ochenta: Se hizo insostenible su alcoholismo y adicción a las drogas. A partir de ahí se dedicó a traficar cocaína, faena en la que aprovechó sus vínculos con altas esferas políticas y militares.
Manuel Contreras
El fin, a manos de sus “amigos”
Berríos fue asesinado a finales de 1992. Su cadáver apareció en abril de 1995 en la playa El Pinar, cercana a Montevideo, con heridas de bala en el cráneo.
Había sido trasladado a Uruguay por la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), en una operación de “control de bajas” activada en octubre de 1991, después de que el juez que sustanciaba el caso Letelier, Adolfo Bañados, lo citara a declarar en esta causa.
En esta operación, acorde con investigaciones periodísticas, participaron escoltas de Pinochet (que entonces era comandante en jefe del Ejército) y agentes de inteligencia uruguayos.
Según señaló la periodista Mónica González en su reportaje Todas las muertes conducen a Berríos (Ciper, diciembre de 2009), “no eran los autores del crimen de Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que, en ese momento y recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores”.
El Tata, quien junto a Berríos asesinó con sarín (en julio de 1976) al diplomático español Carmelo Soria, se encuentra, desde 2015, cumpliendo una condena de cinco años por su complicidad en el secuestro y asesinato de Berríos.
Francisco Marín Proceso
"Certificado de muerte no refleja la realidad del fallecimiento", aseguran
Especialistas confirman que Neruda no murió de cáncer y desechan versión oficial por 44 años
El ministro Mario Carroza es la cabeza de la investigación que se ha volcado a establecer las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda, muerto a 12 días de perpetrado el Golpe Militar, en septiembre de 1973. Es que a 44 años de su muerte había fundadas sospechas de que las causas de su muerte pudieran ser distintas de las que hasta hoy se observan en los diversos libros de historia: que Neruda habría muerto de cáncer a la próstata.
El caso se revisa a semanas de que se confirmara que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva tampoco fue por causas naturales, sino que fue el resultado de la acción de terceros, en la Clínica Santa María, en donde se atendía.
Aurelio Luna forma parte del segundo comité de expertos nacionales e internacionales que ha revisado el caso. El catedrático español sostuvo que el certificado oficial de muerte de Neruda, que apuntaba al cáncer de próstata como causa de muerte, contiene información que no se corresponde con las verdaderas causas de muerte del Premio Nobel. No se puede asegurar hoy, sin embargo, cuál es dicha causa: “El certificado de muerte no refleja la realidad del fallecimiento”, aseguró Luna.
El Ciudadano
A quién le importa Frei
Publicado el 03 Septiembre 2017
Escrito por Pablo Portales - EL CLARÌN DE CHILE
“Magnicidio:
la historia del crimen de mi padre”, así acaba titulándose el largo y
solitario recorrido de Carmen Frei, junto a su esposo, Eugenio Ortega,
fallecido avanzado el camino, y el abogado Álvaro Varela. La obra de la
hija hace de antesala al inicio del juicio, como resultado de las
investigaciones del juez Alejandro Madrid durante 17 años, contra tres
autores, un cómplice y dos encubridores, del crimen al ex presidente de
la República, Eduardo Frei Montalva, que podría quedar para sentencia en
siete meses, marzo de 2018.
El dictador y los médicos
La
inteligencia del Ejército de Chile intervino, con la atenta mirada del
dictador Augusto Pinochet, para que Eduardo Frei Montalva, hospitalizado
para ser operado de hernia al hiato, terminara sin vida, hace más de 35
años, en enero de 1982.
Médicos
de la Universidad Católica se apersonaron de inmediato tras la muerte.
En secreto, sin autorización familiar, lo colgaron de una escalera y
vaciaron sus órganos. Veinte años después, el juez dio con la ficha,
caratulada N.N, correspondiente a Frei Montalva en dependencias de la
clínica de la Universidad, y también encontró la misma escalera usada el
día de su deceso.
El
Ejército y la Universidad Católica, dos instituciones centenarias
envueltas en la participación de un crimen de Estado, según antecedentes
recogidos por la instrucción judicial. Un magnicidio.
El ejército
El
“Nunca más” del Ejército (2005) ha quedado en nada. Los mandos de la
última década se han sumado al “pacto de silencio” que juraron decenas
de generales, a comienzo de la transición, a no colaborar con jueces que
investigan causas contra crímenes cometidos durante los 12 años de
dictadura.
El
Ejército y su “indiferencia moral”, como la definió una editorial de El
Mostrador, no es coherente con una democracia que se funda en los
derechos humanos y por lo tanto su actitud desafía a las instituciones
democráticas: el gobierno, el parlamento y los tribunales.
El
Ejército se resiste a la investigación repitiendo una y otra vez: no
hay antecedentes, se quemaron, invariable respuesta ante oficios
provenientes del parlamento o preguntas del juez instructor, no obstante
que el juez Madrid ha verificado que el Ejército tenía carpetas sobre
Frei y que esa información había sido digitalizada.
Los gobiernos
Desde
hace 10 años, la presidenta Michelle Bachelet y el presidente
Sebastián Piñera con voz firme y solemne comprometieron su palabra en
empeñarse por aclarar la verdad sobre la muerte del ex presidente Frei
Montalva.
"No cejaremos un instante en aclarar las circunstancias de su muerte (…)” , decía Bachelet. “Como
Presidente de Chile yo hago mío este deber de colaborar para que la
muerte del presidente Frei Montalva sea de una vez por todas esclarecida
(…)”, declaraba Piñera.
Sus
prometedores esfuerzos quedaron ahí. No se sabe si hubo gestiones o si
éstas no tuvieron resultados y optaron por dejarlo. Ni ella el 2010 ni
él en el 2014 dieron cuenta de gestión alguna y ahora, la presidenta
consigna lo que ya se sabe: “la justicia está llegando a quienes
asesinaron al Presidente Frei Montalva”.
Los
gobiernos democráticos de centroizquierda y de derecha han dado señales
de impotencia ante un Ejército que conserva bien atado sus lazos con su
lado oscuro, el del crimen sistemático contra dirigentes opositores a
la dictadura de Pinochet, sean socialistas o comunistas o como Frei,
fundador de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, su máximo
líder durante 36 años.
La DC
La
Democracia Cristiana, “el partido de Frei” reaccionó mal ante la
iniciativa de Carmen Frei de comenzar a indagar en la idea de descubrir
“Quién mató a Frei”. Muchos dirigentes se sintieron incómodos, si no
molestos, de su osadía y algunos hasta intentaron sancionarla en su
propio partido. Obsesionados en el poder no estaban dispuestos a tolerar
dar pasos que pudieran irritar a poderes fácticos como el Ejército.
La
DC demoró 15 años en recapacitar, cuando un consejo directivo se
dispuso a escuchar a Carmen Frei, a interesarse por lo que había hecho
para descubrir el magnicidio. Luego, en marzo de 2016, se sumó a la
querella contra los responsables del crimen. El partido había evitado
involucrarse en acciones que abrieran paso hacia un esclarecimiento del
crimen de su fundador.
Contenta
y cómoda en el poder frente al temor a la reacción militar, la
dirigencia de la DC se inclinó a seguir el llamado del ex ministro de
Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas, cuando,
en 2006, en forma airada planteó que dejaran en paz a Frei en su tumba.
Casi todos callaron. Rojas es concuñado del doctor de sanidad del
Ejército, Patricio Silva Garín acusado por el juez Madrid como uno de
los autores del homicidio de Frei.
La justicia tiene su hora
La
presentación del libro de Carmen Frei, como preludio del juicio y
sentencia, en unos meses más, sobre la causa del crimen de Estado contra
Frei Montalva, es un nuevo hito en el trayecto recorrido por decenas de
miles de familias chilenas que han dado testimonio de que la búsqueda
de la verdad y la justicia se sobreponen al “peso de la noche”, que
mantiene “esa tendencia casi general de la masa al reposo (como)
garantía de la tranquilidad pública”.
Carmen Frei: “Uno no espera la traición de personas tan cercanas y de tanta confianza”
Patricio López |Viernes 8 de septiembre 2017 14:11 hrs.
En
conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex senadora de
la Democracia Cristiana, Carmen Frei, se refirió a su libro
“Magnicidio, la historia del crimen de mi padre”, recientemente
presentado, y ahondó en lo difícil que ha sido esclarecer el asesinato
del ex presidente.
entrevista Carmen Frei
Durante
décadas las causas de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva
se relacionaban a la complicación de una cirugía a la que él concurrió
por voluntad propia, sin que hubiera un requerimiento médico ni una
urgencia de salud.
Esta verdad empezó
muy lentamente a desmoronarse y tuvo un hito cuando en el año 2000, en
el hemiciclo del Senado, Carmen Frei planteó por primera vez de forma
pública que a su padre lo mataron. Hoy esto es una verdad judicial e
histórica: Eduardo Frei Montalva fue asesinado por la dictadura y todo
indica que por orden directa de Augusto Pinochet.
¿Cómo fue el tránsito y la lucha por imponer esta verdad?
Ha
sido un proceso duro. Con mi marido siempre, desde el momento en que mi
papá estaba en la clínica, vimos cosas raras. Tengo el testimonio de
algunas personas amigas mías que me fueron a ver los últimos días de mi
padre y una me contaba que ella se impresionó porque yo le dije “a mi
papá lo mataron”.
Yo entiendo que fue
muy duro para muchos de mi familia creer lo que realmente pasó. Cuando
hay malas noticias las personas tratan de olvidar o pensar que las cosas
no son así, es como una defensa del ser humano.
Con
mi marido trabajamos harto y esperamos tener esas dudas más que
fundamentadas, para iniciar este proceso que comenzó el año 2000 en el
Senado, y después del cual pudimos traer los restos del químico de la
Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Eugenio Berríos a Chile e
iniciar un proceso judicial. Al principio fue muy difícil, ya que no
contábamos con pruebas que ameritaran un juicio.
Con
la muerte de Berríos, que está estrechamente involucrado con la
producción de toxinas y elementos con los que envenenaron a mi padre,
iniciamos el proceso. Ahí el juez Alejandro Madrid comenzó una
investigación muy acuciosa. Completó más de 50 volúmenes donde cada uno
tiene más de 500 páginas con miles de personas a las cuales investigó,
hizo allanamientos muy precisos por ejemplo en la casa de los padres de
Berríos, donde el químico tenía sus cosas. Encontró documentación
relativa a la muerte de mi papá. Cosas muy impresionantes: un libro de
química en el que están los productos y las dosis que se usaron, en las
hojas están las anotaciones de Berríos.
En
el libro queda claro que este era un crimen difícil de esclarecer
porque fue preparado con mucho tiempo, el modo fue muy sofisticado y la
sucesión de acciones que se realizaron para borrar toda evidencia hacían
muy difícil reconstruir las piezas. Su padre se operó con un círculo de
mucha confianza, hablemos de esa traición.
Sí, algunos están procesados como autores y cómplices.
Usted
menciona al doctor Patricio Silva Garín, al chofer del ex presidente,
Luis Becerra, y a Patricio Rojas, que fue ex ministro de su padre y del
ex presidente Patricio Aylwin.
Sí,
además de dos médicos de la clínica de la Universidad Católica y un
agente de los servicios de Pinochet, que era el que lideraba el grupo e
incluso le pagaba a los que vigilaban a mi padre. También está el doctor
Valdivia que estaba a cargo de la Clínica Santa María el día que murió
mi padre. Seguramente fue él quien posibilitó la autopsia en la misma
pieza, cosa que es absolutamente irregular, hay que mencionar que
después le extrajeron todos sus órganos.
Ha
costado mucho comprobar todo esto porque fue muy cuidadoso la forma en
la que se tramó y por qué. En los escritos de Berríos se ve cómo los
productos que utilizaron con mi padre se potenciaban, pero al mismo
tiempo se iban eliminando. Ha sido un proceso muy difícil, pero tenemos
la certeza jurídica, pues el juez ha procesado. Ahora hay que cerrar la
investigación y dolorosamente admitir que mi padre fue asesinado. Al
principio no quería fuera así, pero creo que tengo que admitirlo no solo
por él, sino por todos los casos de desaparecidos, torturados y
detenidos que todavía no se investigan. Es bueno para todos conocer la
verdad y lograr justicia, porque o sino estas heridas no se cerrarán.
Las familias que hemos sufrido no podemos simplemente dar vuelta la
página porque el dolor se hereda, yo lo veo en mis nietos.
Su padre además de ser asesinado fue traicionado, ¿qué le provoca esto?
Eso
es lo más doloroso. Uno puede esperar traiciones de otros, pero no de
personas tan cercanas y de tanta confianza, gente que mi padre quería y
respetaba. Por eso algunos todavía no quieren creer lo que pasó, piensan
que es imposible.
¿Es una verdad incómoda para la Democracia Cristiana?
Yo
creo que fue muy incómodo, por eso no quisieron verlo. Son personas del
corazón de la Democracia Cristiana, entonces es difícil. Ellos decían
que yo estaba viendo fantasmas, que estaba media loca, me trataron
incluso de pasar al tribunal de disciplina del partido. Cuando me
invitaron en el año 2015 a contar lo que yo había vivido y visto, les
dije muy claramente que ninguno de los dirigentes asumió lo que pasó. A
mí me enorgullece que ellos hablen de mi padre, pero cuando vino algo
tan importante como su muerte no supieron asumirlo.
El
jueves, cuando publicamos el libro valoré que Carolina Goic fuera muy
explícita en decir públicamente que ella sentía lo que había pasado y
que ahora yo no iba a estar sola, porque todos estaban pidiendo
justicia.
En el libro queda
acreditado que durante todo el tiempo que ex presidente Frei estuvo en
la clínica Santa María, tanto para la primera intervención como para las
complicaciones de esa intervención, que ahora sabemos que responden a
un envenenamiento con gas mostaza y con talio, el cuerpo médico rendía
informes directamente al general Pinochet. Él estuvo al tanto de todo,
por lo que es evidente que este asesinato no se pudo haber producido sin
su instrucción directa.
Sí,
hay que recordar que muchos de los médicos que trabajaban en la Clínica
Santa María eran de la Dina y de la Central Nacional de Informaciones
(CNI), instituciones que cambiaron el nombre, pero en las que trabajaron
las mismas personas. Además, eran médicos del ejército. El doctor Silva
Garín hasta su edad de 79 años fue parte importante del equipo médico
del Hospital Militar. Es un hombre de mucha confianza, él instaló el
hospital en el Estadio Nacional cuando estaban todos los presos, donde
decidía a quien se le seguía torturando.
Nosotros
supimos esto mucho después, por eso que la traición duele. Pasaron
tantos años en los que ellos sabían todo lo que pasó: que a mi papá lo
vaciaron. Hay que recordar que Silva Garín también está involucrado en
la muerte de José Tohá. Yo no digo ni invento nada, está todo escrito.
Después
de la primera operación de mi papá, cuando comenzó a agravarse, ellos
culparon a otro doctor diciendo que se había generado una “operación
sucia”. Al doctor Silva Garín lo entrevistaron varias veces y hubo mucha
contradicción en sus declaraciones.
Uno
de los temas que se discute bastante es el rol de la Democracia
Cristiana antes, durante y después del Golpe de Estado. En el libro se
establece que parte del partido también fue golpeado por la dictadura
¿Qué reflexión tiene usted sobre el tránsito que sufrió el partido?
Muchos
se creyeron el “milagro económico de los Chicago Boys”, que tanto mal
le hizo a nuestro país. Resultados que estamos viendo hoy, por ejemplo,
en las presiones. Hubo gente que creyó que ese modelo era exitoso, yo me
acuerdo en los años 80 de una reunión en la que al terminar mi papá
hizo la crítica y algunos me dijeron a la salida “pucha que pena que don
Eduardo se esté quedando en el pasado cuando este modelo funciona”. No
sé qué nos pasó, algunas personas están arrepentidas, pero en ese
momento se equivocaron y para muchos no es conveniente reconocer
errores. Felizmente las cosas se han ido aclarando y ahora esperamos que
se crea la verdad y sobretodo que logremos justicia.
Si
yo puedo hablar y escribir tengo la obligación de hacerlo no solo por
mi padre, sino por todos los crímenes que están sin conocerse. No es
posible que todavía existan familias que no sepan que pasó con los
suyos; niños que les robaron a sus padres. La gente no pude decir
“olvidemos”. Yo no miro hacia el pasado, hago esto para que los jóvenes
sepan lo pasó y sean parte de nuestra historia.
Eduardo Frei Montalva, 6 de julio de 1973: “Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles”
(Acta
de la reunión que tuvo la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril
con el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, levantada ese mismo
día por el abogado Rafael Rivera Sanhueza, entonces secretario de la
directiva de esa sociedad)
Hoy
viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la
directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, concurrió a entrevistarse
con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había
accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18:30
horas.
Integraban
el grupo Raúl Sahli Natermann, en su calidad de presidente subrogante,
ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero;
Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez,
tesorero; Fernando Aguero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera
Sanhueza, asesor jurídico.
Frei
se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la
presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando
que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de
oposición ante la grave situación que aquejaba al país.
Los
representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el
giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del “tanquetazo” del
viernes 29 de junio último (alzamiento frustrado del Regimiento
Blindados Nº 2, comandado por el teniente coronel Souper), que había
originado una toma masiva de industrias.
Se
le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se
adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una
cruenta dictadura marxista, a la cubana.
Frei
oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón,
abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes.
Luego se sentó arrellanándose, y en forma pausada y solemne dijo que
agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba
con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a
la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había
sobrepasado.
Claramente
agregó, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni
ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con
fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los
regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que
comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas’,
ojalá hoy mismo.
Acto
seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado
que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al
cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en
el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su
situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como
senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que
estaba cumpliendo. ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían
saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.
Nos
despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos
llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural
dubitativo y cauteloso.
Siguiendo
el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por la calle Morandé en
dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o
más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la
guardia si estaban algunos de los tres comandantes en jefe,
manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos. Tras
las consultas de rigor se nos informó que sólo se encontraba en su
despacho el Jefe del Estado Mayor de las FF.AA., vicealmirante don
Patricio Carvajal. Sin embargo éste, al conocer el motivo de nuestra
visita, por intermedio de su ayudante mandó a decirnos que nada teníamos
que plantearle, que no nos recibiría y que tuviéramos la bondad de
retirarnos.
Angustiados frente a tal acogida, nos alejamos con menores esperanzas que las que abrigábamos antes de esta frustrada visita.
(Nota
de José Piñera. Transcribo la carta que he recibido del Sr. Rafael
Rivera Sanhueza junto con el manuscrito original de esta Acta. He pedido
y recibido confirmación escrita de los señores Agüero, Ipinza y Sahli
en cuanto a que esta Acta es fiel reflejo de lo sucedido en esa
reunión).
*Fuente: José Piñera
Chile redescubre la historia del golpe de Augusto Pinochet
La conversación entre Nixon y Kissinger fue registrada por un sistema secreto de grabación que utilizaba el presidente y que su secretaria luego transcribía, creando un conjunto de documentos conocidos como “TELCONS”.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA “creó las mejores condiciones posibles” para acabar con el gobierno democrático de izquierda. “En el período de Eisenhower hubiéramos sido héroes” pero “en lo que se refiere a la gente, déjeme decir que no le van a comprar esta mierda a los liberales en esta ocasión”, comentan.
La transcripción de esta conversación forma parte de los documentos desclasificados por orden del presidente Bill Clinton cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, por su presunta implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, y desaparición forzosa de personas durante su dictadura (1973-1990).
Secretos de Estado
Hasta marzo del próximo año, los chilenos pueden descubrir su historia sabida pero hasta ahora poco documentada, en la exposición “Secretos de Estado”, dirigida por el historiador estadounidense Peter Kornbluh, especializado en esta época negra de Chile, que se presenta en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos.“Esta exposición prueba documentalmente” lo que se sabía pero que no se había podido demostrar, dice a la AFP el director del Museo, Francisco Estevez. Los documentos están “ahí para probar que lo que se dice es cierto”, agrega antes de precisar que en “materia de memoria, el gran enemigo es el negacionismo”.
Para muchos visitantes, en particular los más jóvenes, es una época que empieza a ser conocida. Muchos documentos están todavía con borrones para ocultar información comprometedora. Pero el cruce de informes de miles de archivos desclasificados ha permitido rellenar los huecos que ha dejado la tinta negra.
La exposición abarca desde la asunción de Allende hasta el referéndum convocado por el propio Pinochet el 5 de octubre de 1988 para sabor si los chilenos querían que continuase en el poder. Nunca imaginó que ganaría el “No” y por ello intentó perpetrar un segundo golpe, que en esta ocasión no iba a contar con el apoyo de Estados Unidos. Ante la oposición generalizada, se rindió al veredicto popular y en 1990 cedió el poder al gobierno de la Concertación elegido en las urnas.
La exposición también repasa el papel que jugó el diario El Mercurio, que recibió dinero de la CÍA para obrar en contra del gobierno de Allende y a favor del golpe de Estado o los múltiples pasaportes que utilizó Pinochet y que le permitieron abrir cuentas en bancos estadounidenses para ocultar el botín que había ido amasando a lo largo de sus 15 años de dictadura.
Acoso temprano
Tras la victoria de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Nixon y Kissinger pusieron en marcha una serie de operaciones encubiertas diseñadas para bloquear la asunción de Allende y cuando fallaron, para desestabilizar su gobierno.Antes de que Allende entrara en La Moneda, “Nixon ya había dado instrucciones explícitas de llevar a cabo un cambio de régimen preventivo y generar las condiciones para que se produjera un golpe militar”, en una operación con el nombre de FUBELT y que condujo al asesinato del entonces comandante del ejército René Schneider.
No obstante, los informes que recibió Nixon el día del golpe siguen siendo secretos. La sección censurada sobre Chile “es muy probable que contenga la inteligencia sobre el complot para realizar el golpe de Estado”, aseguran los organizadores de la exposición.
La preocupación de las autoridades estadounidenses era el potencial “propagador” de la vía pacífica de Allende en el resto de América Latina tras el triunfo de la revolución cubana. En Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -creada por Pinochet- llevó a cabo gran parte de la represión brutal que ejerció contra la oposición. Los archivos que documentan las atrocidades han desaparecido.
En el primer mes del golpe perpetró más de 1.600 asesinatos, recuerda Estevez, de los 3.000 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura.
Según le dijo un funcionario chileno al agregado de defensa de Estados Unidos, “hay tres fuentes de poder en Chile: Pinochet, Dios y la DINA”.
Corte Suprema ordena liberar a comuneros detenidos por Operación Huracán
P. Campos y M. Alarcón |Jueves 19 de octubre 2017 6:35 hrs.
La
justicia acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los
ocho imputados. No habría fundamentos para justificar su detención.
El
23 de septiembre pasado, ocho comuneros mapuche eran detenidos y
encarcelados por la policía en lo que se conoció como “Operación
Huracán”.
25 días después, los hombres recibieron la noticia de su liberación, luego de presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo.
Durante la prisión preventiva hubo manifestaciones en Temuco y Concepción, ciudades donde permanecieron privados de libertad Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.
El problema era la forma en la que se armó la operación policial para apresarlos. Según información de la Fiscalía, el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram, pruebas presentadas ante el juzgado de garantía que decidió mantenerlos en prisión preventiva.
De inmediato, los abogados y voceros de los mapuches rechazaron las pruebas, argumentando que -además- la resolución del juzgado no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, dando solo validez a lo señalado por el Ministerio Público.
La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, acogió de forma unánime el recurso de amparo, ordenando la inmediata liberación de los comuneros.
Según indicaron los jueces, el principal problema de la encarcelación fue el no contar con los fundamentos suficientes para justificar la participación de los imputados en los hechos.
La resolución será comunicada oficialmente esta mañana a los penales de Concepción y Temuco para oficializar la liberación de los detenidos.
El “huracán político”
A penas se hizo pública la detención de los ocho comuneros, los ojos se posaron sobre Mahmuh Aleuy, el subsecretario del Interior había estado detrás de la coordinación para activar el protocolo que mediáticamente se denominó “Operación Huracán”.
Días después, en medio de las reacciones a la masiva detención, el funcionario de gobierno partía a Argentina para encontrarse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Mauricio Macri, con quien compartirían información sobre el presunto tráfico de armas entre organizaciones mapuches de ambos sectores.
En Chile, las presiones políticas por la forma en la que se llevó adelante el operativo policial crecían a la par que las defensas presentaban a los medios de comunicación las pruebas para demostrar la debilidad jurídica del caso.
Lo mapuche estaba en todas las portadas nacionales. En paralelo estallaba el escándalo por la prolongada huelga de hambre que mantenían los imputados por el caso Iglesias. Los cuatro mapuches imputados por aquel delito presentaban una crítica condición de salud, por lo que organismos médicos y sectores políticos presionaban al gobierno para acceder a su principal petición: no ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
La presidenta y Mario Fernández accedieron al cambio, señal que fue leída como una “quitada de piso” al que -hasta entonces- era uno de los pocos cercanos de Michelle Bachelet que quedaban en La Moneda.
De regreso en el país, el Subsecretario evidenció su molestia a tal punto que solicitó sus vacaciones legales para alejarse unos días del escenario político. Tras bambalinas, se especula que la decisión solo retrasaría un distanciamiento final: Aleuy habría renunciado a su cargo, enojado por las diferencias sobre el mundo mapuche, sin embargo, su jefa le habría solicitado no hacer pública esta renuncia, coincidiendo en que alejarse por unos días era la mejor alternativa para ambos.
25 días después, los hombres recibieron la noticia de su liberación, luego de presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo.
Durante la prisión preventiva hubo manifestaciones en Temuco y Concepción, ciudades donde permanecieron privados de libertad Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.
El problema era la forma en la que se armó la operación policial para apresarlos. Según información de la Fiscalía, el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram, pruebas presentadas ante el juzgado de garantía que decidió mantenerlos en prisión preventiva.
De inmediato, los abogados y voceros de los mapuches rechazaron las pruebas, argumentando que -además- la resolución del juzgado no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, dando solo validez a lo señalado por el Ministerio Público.
La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, acogió de forma unánime el recurso de amparo, ordenando la inmediata liberación de los comuneros.
Según indicaron los jueces, el principal problema de la encarcelación fue el no contar con los fundamentos suficientes para justificar la participación de los imputados en los hechos.
La resolución será comunicada oficialmente esta mañana a los penales de Concepción y Temuco para oficializar la liberación de los detenidos.
El “huracán político”
A penas se hizo pública la detención de los ocho comuneros, los ojos se posaron sobre Mahmuh Aleuy, el subsecretario del Interior había estado detrás de la coordinación para activar el protocolo que mediáticamente se denominó “Operación Huracán”.
Días después, en medio de las reacciones a la masiva detención, el funcionario de gobierno partía a Argentina para encontrarse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Mauricio Macri, con quien compartirían información sobre el presunto tráfico de armas entre organizaciones mapuches de ambos sectores.
En Chile, las presiones políticas por la forma en la que se llevó adelante el operativo policial crecían a la par que las defensas presentaban a los medios de comunicación las pruebas para demostrar la debilidad jurídica del caso.
Lo mapuche estaba en todas las portadas nacionales. En paralelo estallaba el escándalo por la prolongada huelga de hambre que mantenían los imputados por el caso Iglesias. Los cuatro mapuches imputados por aquel delito presentaban una crítica condición de salud, por lo que organismos médicos y sectores políticos presionaban al gobierno para acceder a su principal petición: no ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
La presidenta y Mario Fernández accedieron al cambio, señal que fue leída como una “quitada de piso” al que -hasta entonces- era uno de los pocos cercanos de Michelle Bachelet que quedaban en La Moneda.
De regreso en el país, el Subsecretario evidenció su molestia a tal punto que solicitó sus vacaciones legales para alejarse unos días del escenario político. Tras bambalinas, se especula que la decisión solo retrasaría un distanciamiento final: Aleuy habría renunciado a su cargo, enojado por las diferencias sobre el mundo mapuche, sin embargo, su jefa le habría solicitado no hacer pública esta renuncia, coincidiendo en que alejarse por unos días era la mejor alternativa para ambos.
Héctor Llaitul: “Mahmud Aleuy es el responsable de nuestra detención”
P. López y C. Medrano |Viernes 20 de octubre 2017 13:17 hrs.
“Mahmud
Aleuy es el responsable político directo de este montaje”, afirmó el
vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, en sus
primeras declaraciones luego que fuese liberado por la Corte Suprema en
el contexto de la investigación por quema de camiones en La Araucanía.
Llaitul, junto a otros siete defensores de la causa mapuche, fueron liberados luego que se determinara que no había antecedentes suficientes que justificaran la prisión preventiva que se les había decretado en el marco de la llamada “Operación Huracán”.
En conversación exclusiva con Radio y Diario Universidad de Chile, Llaitul valoró el fallo de la justicia y culpó a la autoridad de gobierno de todo lo acontecido en estos últimos 25 días.
¿Cómo reciben el fallo en relación a lo que se había planteado desde el principio, que se trata de un montaje lo que ocurrió y que fue lo que provocó su encarcelamiento?
Estamos contentos, al menos en lo que respecta a lo familiar y medianamente conformes en lo que respecta a lo que, obviamente, nosotros estamos: este proceso de lucha desde las comunidades con el pueblo nación Mapuche, porque si bien hay una señal muy potente que entregó la Corte Suprema con este fallo, el proceso sigue su curso. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que tomarán el Gobierno y el Ministerio Público en este conflicto.
¿A quién señalaría como el responsable de lo que ocurrió con ustedes en estos 25 días?
Nosotros sacamos un comunicado en donde responsabilizamos políticamente al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy: él es el responsable político, directo, de esta operación, un montaje diseñado, entendemos, por la Agencia Nacional de Inteligencia, con el instrumento de la ley de inteligencia y la actuación por parte de Carabineros, de su servicio de inteligencia, que llevó a cabo un tipo de argumentación sobre la base de los antecedentes que se suponen están en la carpeta investigativa. Más allá de las irregularidades, de lo que implica un montaje de este tipo, esto tiene que ver con una señal también que entrega el gobierno respecto de su disposición al tratamiento que tiene de nuestra causa mapuche.
Una de las cosas que ha planteado usted es que, más allá de los casos puntuales, hay un estado general y represivo por parte de las autoridades. ¿En qué situación visualiza ese tema, en lo que tiene que ver con el tránsito de este gobierno y de otras situaciones que están sucediendo?
Nosotros hemos hecho un diagnóstico sobre el escenario en que se desenvuelve este conflicto. Es un escenario de desventaja para la causa mapuche, en el sentido de que es una lucha que se da no solo con el Estado, sino que es una lucha con el capitalismo que opera en esta parte del continente. Estamos frente a un conflicto muy asimétrico, que tiene que ver con la voluntad férrea, de mucha tozudez del empresariado que confronta con nuestras reivindicaciones territoriales y políticas y que -de la cual- de alguna manera, se hace parte el Estado. Este escenario lo hemos denominado de un aumento de la criminalización, de la militarización de las zonas en lucha por las reivindicaciones territoriales y aquí el punto de inflexión es la confrontación entre nuestro pueblo y sus comunidades movilizadas a la hora de recuperar territorios y donde el Estado toma partido en favor de la defensa del empresariado y en contra de nuestras demandas.
Lo que tendríamos acá es un problema de arrastre histórico, pero que en la coyuntura de los últimos años se radicalizaría por el interés forestal en el tema.
Eso es efectivo y tiene que ver con las posiciones que puedan asumir distintos gobiernos en relación a estas políticas económicas y en relación, sobre todo, respecto del extractivismo que opera indiscriminadamente en esta parte de nuestros territorios. En ese sentido, nos hemos adelantado a futuros escenarios y creemos que si viene un gobierno cercano a los intereses empresariales, seguramente el conflicto se agudizaría. Nosotros no planteamos un escenario de confrontación, eso nunca ha sido nuestra intención, nosotros lo que hacemos es una lectura que nos obliga como organización a asumir una suerte de rol histórico a la hora de ser defensa de nuestras demandas principales que son la recuperación de las tierras para sentar las bases de un proyecto de autonomía que hemos ido definiendo las distintas organizaciones mapuche.
Para la CAM, entonces, las acciones que ustedes realizan no son acciones de acción y de ataque, sino que acciones de reacción y de defensa.
Claro, las veces que nosotros hemos tenido que pronunciarnos al respecto hemos dicho, claramente, que tiene que ver con la resistencia mapuche a un modelo neoliberal, con políticas de extractivismo, que son devastadoras en relación al hábitat de nuestras comunidades, sobre todo cuando dice relación con proyectos de inversión capitalista que tienen una arremetida muy feroz en contra de las comunidades. En ese plan principalmente, tiene que ver todas nuestras expresiones de resistencia y de autodefensa, no hay otra lógica detrás.
Cuando algunos medios de comunicación o actores señalan que aquí hay una disputa en relación a las tierras, en principio se dice algo que es correcto, pero el trasfondo es muy distinto y esto tiene que ver con una mirada distinta del pueblo Mapuche en relación con la mirada más occidental respecto de lo que es el Medio Ambiente.
Correcto, hay, por decirlo de alguna manera, un choque de culturas. Una cultura occidental que ve a la tierra con un sentido de la propiedad privada para la acumulación de capital y en manos de unos pocos y, por lo tanto, hay ahí una mirada de destrucción, de sacar el máximo de utilidad y, por otra parte, está la mirada nuestra que tiene que ver con otra concepción u otra de la tierra y el hombre. En ese sentido, tenemos otras lógicas respecto de la utilización de estos recursos, con más sustentabilidad, con más respeto. Los medios de comunicación han desenfocado el conflicto mapuche, incluso a extremos, por eso la actitud de no dar una entrevista a la salida de las cárceles, porque no confiamos en los medios de comunicación de masas, porque actúan como caja de resonancia del poder, principalmente del empresariado comprometido con el conflicto mapuche. En ese sentido, hacemos una valoración a su medio, porque fue los pocos que asumió con profesionalismo la visión que está en juego acá, entonces, ciertamente el montaje tiene esa arista que es mediática, que es tratar de instalar este estigma, para así avanzar en estos intereses de estos sectores que son de dominación comprometidos con la causa mapuche.
¿Para ustedes, este problema que es complejo, cómo podría tener un punto de partida para una eventual solución?
El escenario es complejo, es un escenario en donde el Estado chileno ha implementado una confrontación donde se ha asumido, no solo por parte de la oficialidad, sino que de los sectores comprometidos, la militarización, los montajes y el rol de los medios de comunicación reproduciendo este discurso racista respecto de nuestras demandas. Hay una confrontación que si lo analizamos desde el punto de inflexión que tiene el conflicto, se vuelve compleja, sobre todo en un escenario donde la clase política aún no ha asumido que el conflicto es político y tiene que ver con buscar una salida de ese tipo. En ese marco hacemos una valoración, más allá de cuestionar en los términos como se llevó a cabo este montaje, con todas sus irregularidades, sus mentiras, más allá de eso, en la resolución de los supremos, por lo menos, puede ser una señal respecto de tratar de buscar una salida política. Desde la Corte Suprema han dicho que este no es un problema judicial, sino que es un problema político, hay un agotamiento de la vía para resolver el problema. Y eso para nosotros podría ser un rescate mínimo de lo que significó este fallo en el sentido de que nosotros hacer una salida política. No sé si estamos hablando del establecimiento de un dialogo, sino de la posibilidad de interlocutar, distintos entes, para buscar una solución en ese marco, pero toda solución pasaría por una visibilización de nuestro proyecto político de recuperación territorial, es decir, sobre la base de la recuperación del territorio y de la autonomía del pueblo mapuche.
Lo que usted plantea como “la recuperación de las tierras” y “la autonomía de la nación Mapuche”, en términos concretos, ¿cómo se manifestaría?
Nosotros estamos, por lo menos, en esta etapa desarrollando un proceso de recuperación territorial sobre la base del control territorial que ejercemos a la hora de la disputa de las tierras. Hemos planteado la autonomía de facto, es decir, reconstruyendo todos los aspectos propiamente mapuches en espacios que se van recuperando y esto, principalmente, sobre nuestro eje fundamental que es el control territorial, ahí nosotros tenemos la posibilidad concreta de ejercer procesos de autogestión y de presión respecto del Estado, de la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades etnopolíticas para poder gobernarnos y esa es una propuesta que queremos discutir con la sociedad.
¿Cómo visualiza el futuro de este conflicto?
Nosotros mantenemos nuestra propuesta política de lucha territorial, de lucha en recuperación autonómica y en ese marco hay distintas dimensiones de estos procesos que tiene que ver no solo con la resistencia, sino que también con los esfuerzos que han hecho movimientos mapuche autónomos para la recuperación de nuestra nación. Hay una cantidad de expresiones que no conoce la prensa o la ciudadanía y que tiene que ver con los esfuerzos que hacemos a través de nuestras expresiones de deliberación, donde la gente va sosteniendo estos planteamientos de lucha territorial y política, y esta expresión se está dando muy fuerte en todo el movimiento mapuche y es lo que ha sostenido los niveles de resistencia y de lucha que se conocen en general.
Llaitul, junto a otros siete defensores de la causa mapuche, fueron liberados luego que se determinara que no había antecedentes suficientes que justificaran la prisión preventiva que se les había decretado en el marco de la llamada “Operación Huracán”.
En conversación exclusiva con Radio y Diario Universidad de Chile, Llaitul valoró el fallo de la justicia y culpó a la autoridad de gobierno de todo lo acontecido en estos últimos 25 días.
¿Cómo reciben el fallo en relación a lo que se había planteado desde el principio, que se trata de un montaje lo que ocurrió y que fue lo que provocó su encarcelamiento?
Estamos contentos, al menos en lo que respecta a lo familiar y medianamente conformes en lo que respecta a lo que, obviamente, nosotros estamos: este proceso de lucha desde las comunidades con el pueblo nación Mapuche, porque si bien hay una señal muy potente que entregó la Corte Suprema con este fallo, el proceso sigue su curso. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que tomarán el Gobierno y el Ministerio Público en este conflicto.
¿A quién señalaría como el responsable de lo que ocurrió con ustedes en estos 25 días?
Nosotros sacamos un comunicado en donde responsabilizamos políticamente al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy: él es el responsable político, directo, de esta operación, un montaje diseñado, entendemos, por la Agencia Nacional de Inteligencia, con el instrumento de la ley de inteligencia y la actuación por parte de Carabineros, de su servicio de inteligencia, que llevó a cabo un tipo de argumentación sobre la base de los antecedentes que se suponen están en la carpeta investigativa. Más allá de las irregularidades, de lo que implica un montaje de este tipo, esto tiene que ver con una señal también que entrega el gobierno respecto de su disposición al tratamiento que tiene de nuestra causa mapuche.
Una de las cosas que ha planteado usted es que, más allá de los casos puntuales, hay un estado general y represivo por parte de las autoridades. ¿En qué situación visualiza ese tema, en lo que tiene que ver con el tránsito de este gobierno y de otras situaciones que están sucediendo?
Nosotros hemos hecho un diagnóstico sobre el escenario en que se desenvuelve este conflicto. Es un escenario de desventaja para la causa mapuche, en el sentido de que es una lucha que se da no solo con el Estado, sino que es una lucha con el capitalismo que opera en esta parte del continente. Estamos frente a un conflicto muy asimétrico, que tiene que ver con la voluntad férrea, de mucha tozudez del empresariado que confronta con nuestras reivindicaciones territoriales y políticas y que -de la cual- de alguna manera, se hace parte el Estado. Este escenario lo hemos denominado de un aumento de la criminalización, de la militarización de las zonas en lucha por las reivindicaciones territoriales y aquí el punto de inflexión es la confrontación entre nuestro pueblo y sus comunidades movilizadas a la hora de recuperar territorios y donde el Estado toma partido en favor de la defensa del empresariado y en contra de nuestras demandas.
Lo que tendríamos acá es un problema de arrastre histórico, pero que en la coyuntura de los últimos años se radicalizaría por el interés forestal en el tema.
Eso es efectivo y tiene que ver con las posiciones que puedan asumir distintos gobiernos en relación a estas políticas económicas y en relación, sobre todo, respecto del extractivismo que opera indiscriminadamente en esta parte de nuestros territorios. En ese sentido, nos hemos adelantado a futuros escenarios y creemos que si viene un gobierno cercano a los intereses empresariales, seguramente el conflicto se agudizaría. Nosotros no planteamos un escenario de confrontación, eso nunca ha sido nuestra intención, nosotros lo que hacemos es una lectura que nos obliga como organización a asumir una suerte de rol histórico a la hora de ser defensa de nuestras demandas principales que son la recuperación de las tierras para sentar las bases de un proyecto de autonomía que hemos ido definiendo las distintas organizaciones mapuche.
Para la CAM, entonces, las acciones que ustedes realizan no son acciones de acción y de ataque, sino que acciones de reacción y de defensa.
Claro, las veces que nosotros hemos tenido que pronunciarnos al respecto hemos dicho, claramente, que tiene que ver con la resistencia mapuche a un modelo neoliberal, con políticas de extractivismo, que son devastadoras en relación al hábitat de nuestras comunidades, sobre todo cuando dice relación con proyectos de inversión capitalista que tienen una arremetida muy feroz en contra de las comunidades. En ese plan principalmente, tiene que ver todas nuestras expresiones de resistencia y de autodefensa, no hay otra lógica detrás.
Cuando algunos medios de comunicación o actores señalan que aquí hay una disputa en relación a las tierras, en principio se dice algo que es correcto, pero el trasfondo es muy distinto y esto tiene que ver con una mirada distinta del pueblo Mapuche en relación con la mirada más occidental respecto de lo que es el Medio Ambiente.
Correcto, hay, por decirlo de alguna manera, un choque de culturas. Una cultura occidental que ve a la tierra con un sentido de la propiedad privada para la acumulación de capital y en manos de unos pocos y, por lo tanto, hay ahí una mirada de destrucción, de sacar el máximo de utilidad y, por otra parte, está la mirada nuestra que tiene que ver con otra concepción u otra de la tierra y el hombre. En ese sentido, tenemos otras lógicas respecto de la utilización de estos recursos, con más sustentabilidad, con más respeto. Los medios de comunicación han desenfocado el conflicto mapuche, incluso a extremos, por eso la actitud de no dar una entrevista a la salida de las cárceles, porque no confiamos en los medios de comunicación de masas, porque actúan como caja de resonancia del poder, principalmente del empresariado comprometido con el conflicto mapuche. En ese sentido, hacemos una valoración a su medio, porque fue los pocos que asumió con profesionalismo la visión que está en juego acá, entonces, ciertamente el montaje tiene esa arista que es mediática, que es tratar de instalar este estigma, para así avanzar en estos intereses de estos sectores que son de dominación comprometidos con la causa mapuche.
¿Para ustedes, este problema que es complejo, cómo podría tener un punto de partida para una eventual solución?
El escenario es complejo, es un escenario en donde el Estado chileno ha implementado una confrontación donde se ha asumido, no solo por parte de la oficialidad, sino que de los sectores comprometidos, la militarización, los montajes y el rol de los medios de comunicación reproduciendo este discurso racista respecto de nuestras demandas. Hay una confrontación que si lo analizamos desde el punto de inflexión que tiene el conflicto, se vuelve compleja, sobre todo en un escenario donde la clase política aún no ha asumido que el conflicto es político y tiene que ver con buscar una salida de ese tipo. En ese marco hacemos una valoración, más allá de cuestionar en los términos como se llevó a cabo este montaje, con todas sus irregularidades, sus mentiras, más allá de eso, en la resolución de los supremos, por lo menos, puede ser una señal respecto de tratar de buscar una salida política. Desde la Corte Suprema han dicho que este no es un problema judicial, sino que es un problema político, hay un agotamiento de la vía para resolver el problema. Y eso para nosotros podría ser un rescate mínimo de lo que significó este fallo en el sentido de que nosotros hacer una salida política. No sé si estamos hablando del establecimiento de un dialogo, sino de la posibilidad de interlocutar, distintos entes, para buscar una solución en ese marco, pero toda solución pasaría por una visibilización de nuestro proyecto político de recuperación territorial, es decir, sobre la base de la recuperación del territorio y de la autonomía del pueblo mapuche.
Lo que usted plantea como “la recuperación de las tierras” y “la autonomía de la nación Mapuche”, en términos concretos, ¿cómo se manifestaría?
Nosotros estamos, por lo menos, en esta etapa desarrollando un proceso de recuperación territorial sobre la base del control territorial que ejercemos a la hora de la disputa de las tierras. Hemos planteado la autonomía de facto, es decir, reconstruyendo todos los aspectos propiamente mapuches en espacios que se van recuperando y esto, principalmente, sobre nuestro eje fundamental que es el control territorial, ahí nosotros tenemos la posibilidad concreta de ejercer procesos de autogestión y de presión respecto del Estado, de la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades etnopolíticas para poder gobernarnos y esa es una propuesta que queremos discutir con la sociedad.
¿Cómo visualiza el futuro de este conflicto?
Nosotros mantenemos nuestra propuesta política de lucha territorial, de lucha en recuperación autonómica y en ese marco hay distintas dimensiones de estos procesos que tiene que ver no solo con la resistencia, sino que también con los esfuerzos que han hecho movimientos mapuche autónomos para la recuperación de nuestra nación. Hay una cantidad de expresiones que no conoce la prensa o la ciudadanía y que tiene que ver con los esfuerzos que hacemos a través de nuestras expresiones de deliberación, donde la gente va sosteniendo estos planteamientos de lucha territorial y política, y esta expresión se está dando muy fuerte en todo el movimiento mapuche y es lo que ha sostenido los niveles de resistencia y de lucha que se conocen en general.
Condenan a 35 exagentes de la DINA por secuestro de embarazada de 5 meses en 1976
Publicado el 19 Octubre 2017
Escrito por Administrator EL CLARÌN DE CHILE
El
ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los
derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez
Plaza, condenó a 35 exmiembros de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de Reinalda
Pereira Plaza, quien estaba embarazada de 5 meses, al momento de su
detención y desaparición, en diciembre de 1976.
En
el fallo (causa rol 2.182-1998), el ministro Vázquez condenó a penas de
10 años de presidio a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales
Salgado y Ricardo Víctor Lawrence Mires, en calidad de autores del
delito.
En
tanto, los agentes Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Juvenal
Alfonso Piña Garrido, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Héctor Raúl
Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña, Jorge Lientur
Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Yolanda Saavedra
Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Eduardo Alejandro Oyarce
Riquelme, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Enrique Pacheco
Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Teresa del Carmen Navarro
Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero
Aguilera, Manuel Antonio Montre Méndez y Jorge Hugo Arriagada Mora,
deberán purgar 7 años de presidio, como autores del ilícito.
Asimismo,
los agentes Hernán Luis Sovino Maturana, José Alfonso Ojeda Obando,
José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Iván Díaz
Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro
Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett,
Orlando del Transito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz
Ramírez, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López
Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy, fueron sentenciados a 4 años de
presidio, por su responsabilidad como cómplices en la desaparición de la
víctima.
En
la causa, el ministro de fuero decretó la absolución de los agentes
Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Juan Edmundo Suazo Saldaña,
Orlando Jesús Torrejón Gatica, Hiro Álvarez Vega, Celinda Angélica Aspe
Rojas, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Eduardo Patricio Cabezas Mardones,
Italia Donatta Vacarella Gilio, Camilo Torres Negrier, Marilin Melahani
Silva Vergara y José Domingo Seco Alarcón.
Los hechos
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos.
"a) Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina, en una fecha no precisada, pero durante el primer semestre del año 1976, ocupó y habilitó un inmueble de calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada para su propósito de reclusión. Contaba con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hacía la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby fútbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde había un casino, cocina y unos camarines y baños, que se acondicionaron para ser utilizados como calabozos, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y que fue ocupado como un lugar secreto y clandestino de reclusión; a dicho recinto eran llevadas personas en calidad de detenidas, para ser interrogadas bajo el empleo de diversas técnicas de apremios físicos, en especial respecto de aquellas que tenían o habían tenido militancia política adherente al Partido Comunista.
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos.
"a) Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina, en una fecha no precisada, pero durante el primer semestre del año 1976, ocupó y habilitó un inmueble de calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada para su propósito de reclusión. Contaba con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hacía la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby fútbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde había un casino, cocina y unos camarines y baños, que se acondicionaron para ser utilizados como calabozos, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y que fue ocupado como un lugar secreto y clandestino de reclusión; a dicho recinto eran llevadas personas en calidad de detenidas, para ser interrogadas bajo el empleo de diversas técnicas de apremios físicos, en especial respecto de aquellas que tenían o habían tenido militancia política adherente al Partido Comunista.
b)
Que asimismo, en el segundo semestre del año 1976, se trasladaron a
dicho recinto las agrupaciones de la DINA a cargo de los oficiales
Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes
operativos, los que se preocuparon fundamentalmente de investigar,
ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del
Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se
habilitaron dependencias provisorias para su instalación; consistentes
en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro,
en donde se realizaban los interrogatorios y torturas, utilizando
apremios con diversos métodos.
c)
Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo,
de 5 meses de gravidez, tecnólogo médico y militante comunista, que
trabajaba asilando personas y como enlace entre Eliana Ahumada y
Fernando Navarro, aunque también relacionada al militante comunista
Fernando Ortiz, fue detenida a sus 29 años de edad, aproximadamente a
las 20:30 horas, mientras esperaba locomoción colectiva, por agentes de
seguridad el día 15 de diciembre de 1976, en la calle Exequiel Fernández
esquina Rodrigo de Araya, comuna de Nuñoa, actualmente comuna de Macul.
Los agentes que la detuvieron, se movilizaban en dos automóviles marca
Peugeot; uno de ellos patente HLN-55, de donde se bajó un sujeto que la
tomó violentamente, al dar gritos de auxilio, se bajó un segundo sujeto
con el cual fue reducida a la fuerza e ingresada al interior del
vehículo. La detención fue materializada en presencia de testigos que se
encontraban en los diversos locales comerciales circundantes, que dan
cuenta que una vez reducida la víctima y materializada la detención, el
automóvil se dirigió por Rodrigo de Araya en dirección al norte.
d)
Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza fue trasladada al cuartel
secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros
privados de libertad, que a su vez, habían sido detenidos por las mismas
brigadas bajo la misma política operativa entre el 13 y 15 de diciembre
de 1976; esto es, Héctor Veliz Ramírez, Fernando Navarro Allendes,
Lincoyán Yalu Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier y Horacio
Cepeda Marincovich. En este lugar, Reinalda fue duramente golpeada,
torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que
hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.
e)
Que, el gobierno chileno de la época, dada las gestiones de búsqueda
efectuadas por su familiares, informó que la afectada registraba salida
"a pie" por el paso fronterizo de Chile con Argentina Los Libertadores,
el día 21 de diciembre de 1976, versión oficial que se estableció
judicialmente como falsa, según consta en proceso tenido a la vista,
autos Rol 2-77, en el cual se constató que la hoja de ruta que
consignaba dichas circunstancias, había sido falsificada.
f)
Que, la víctima de autos fue detenida en la vía pública al igual que
otras trece personas en circunstancias similares; once pertenecientes al
Partido Comunista y dos al MIR y, donde la información proporcionada
por el Gobierno Militar fue semejante y errada, demostrando un operativo
a gran escala que obedeció a una política de investigación, persecución
y desarticulación del Partido Comunista y no, a un hecho aislado.
g)
Que, todas las personas antes mencionadas, incluida la víctima, fueron
detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia
política y, a fin de obtener información sobre sus actividades de
partido y la identificación de otros miembros del Partido Comunista en
la clandestinidad; apremios que no cesaban hasta la obtención de la
información requerida o, hasta la inconciencia de las víctimas.
En
el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de
$130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) al cónyuge de la
víctima.
