TERROR EN PARADISO: POLICÍA MILITAR “BUSCA” ARMAS Y DROGAS EN RECITAL DE POESÍA
De
manera abrupta policías militares de Honduras fuertemente armados y
cubiertos sus rostros con pasamontañas junto a agentes de la Unidad
Antinarcóticos del Ministerio Público ingresaron a Café Paradiso,
revisaron a las personas y el local en busca de estupefacientes y armas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En medio de un recital poético miembros de la Policía Militar y agentes
antinarcóticos con armas de grueso calibre, pasamontañas y muy
agresivos, irrumpieron en un acto cultural, para hacer un registro a
Café Paradiso, buscando armas y drogas, denunciaron los afectados.
Aproximadamente
quince individuos armados y uniformados entraron de modo improcedente
sin ninguna orden judicial, quienes amedrentaron con insultos
amenazantes a las personas que allí estaban y también registraron a
clientes y visitas que participaban en el acto, denunció Anarella Vélez,
propietaria de Café Paradiso.
El
historiador Edgar Soriano, presente en el evento, dijo que Vélez
increpó a los militares y les dijo que ese es un espacio de la cultura
donde van personas que creen que el país puede cambiar y que le apuestan
a transformar las relaciones sociales en el país.
Café
Paradiso, ubicado en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras, es
un lugar cultural que fue fundado por el desaparecido y laureado poeta
hondureño Rigoberto Paredes y, su esposa, la historiadora, docente
universitaria y escritora, Anarella Vélez, en 1989, donde se dan cita
poetas, escritores e intelectuales, entre otros, para realizar recitales
de poesía y debatir sobre la realidad del país.
Los policías militares tras varios minutos en el interior del local salieron del mismo sin armas ni drogas, aseguró Soriano.
UNIÓN DE
ESCRITORES Y ARTISTAS DE HONDURAS - UEAH
ALLANAMIENTO
MILITAR DE “PARADISO”
La noche del
jueves 22 de diciembre del presente año fue allanada militarmente la Casa de la
Cultura emblemática de Honduras “Paradiso”, en medio de un recital de poesía
que realizaban los jóvenes poetas hondureños, con ocasión de aproximarse la
navidad del año que corre, y que además como consecuencia se forma la tertulia
artística correspondiente.
La
justificación de este operativo militar era que expendía droga en el
establecimiento, en donde los jueves, los viernes y todos los día se dan cita
los jóvenes y las jóvenes, a fin de estrechar filas con los productores de
todas las manifestaciones de arte del país, incluso, los turistas que visitan
Honduras y que desean vincularse con los artistas nacionales que han escogido
esta casa del arte, como su casa maternal en donde ha nacido la nueva generación
estética y científica del país, en ausencia de un Ministerio de Arte y Cultura,
que precisamente el gobierno dictatorial de JOH canceló bajo el criterio de
innecesario e inútil.
Produjo una
noche de terror entre los asistentes que alejados de los centros de enajenación
incentivados por el capitalismo consumista y de las cantinas y esquinas donde
se trafica realmente con la drogadicción, intercambian poemas, novelas,
revistas, proyectos culturales, visiones estéticas y políticas de una nueva
sociedad que está en proceso de construcción.
La policía
militar con este allanamiento se convierte de ahora en adelante en la policía
política del gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández y toda la
parafernalia de la élite fáctica y mediática que poseen genes fascistas que van
desarrollando en la medida en que crece la oposición generalizada contra la re
elección de un obseso por el poder político omnímodo.
Todas las
instancias democráticas, sociales, culturales, tienen el deber de alzar su
protesta airada contra el derecho de expresión libre de los ciudadanos comunes
y los artistas e intelectuales comprometidos con el futuro de Honduras, en su
proceso de refundación.
Los partidos
políticos y sus representantes en el Congreso Nacional deben manifestarse
firmemente contra esta violación flagrante del derecho de libre expresión
del pensamiento político, cultural y artístico.
Los
organismos de derecho nacional e internacional deben pronunciarse y exigir al
gobierno el respeto por los derechos humanos fundamentales como es la libertad
de pensamiento.
Solicitamos
la solidaridad internacional ante este abuso del poder político nacionalista.
El Partido
Libertad y Refundación (LIBRE) debe manifestarse reprobando este hecho
condenable, y exigiendo el respeto de los derechos fundamentales del pueblo
hondureño.
Repudiamos
altamente este hecho ilegal, injusto y represivo, vergonzoso desde todo punto
de vista.
ALTO A LA
REPRESIÓN CULTURAL EN HONDURAS
NO A LA
DICTADURA DEL PARTIDO NACIONAL
NO A LA RE
ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE JOH
EL ARTE ES
UN BIEN CULTURAL INALIENABLE
El caminante no se cansa, sólo detiene su firme andar para afilar sus armas y ordenar sus ideas.
Enviado por Jorge Miralda
“CONDENO BRUTALIDAD Y ABUSO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”
La
regidora del Municipio del Distrito Central (capital de Honduras) por
el partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, expresa
su solidaridad a los vendedores que se apuestan en el centro de la
capital, asimismo condena el abuso por la brutalidad que son tratados
por la policía municipal.
Tres
días de protesta llevan los comerciantes en el centro de la ciudad,
exigen que les sea devuelta la mercadería que les decomisaron y que les
permitan vender, pero no los escuchan y solo han recibido golpes y
violencia por la policía municipal.
“Hay
un comerciante herido pero no se ha investigado y los responsables de
este lamentable hecho no han sido llevados a los tribunales de
justicia”, ha reaccionado la regidora sin indicar si ella como parte de
la autoridad del cuerpo municipal, citará junto a los demás regidores al
alcalde, Nasry Asfura, para que rinda un informe por el vandalismo de
los agentes municipales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
“Condeno la brutalidad y el abuso de la fuerza de la Policía Municipal y
Preventiva el día de ayer hacia los vendedores ambulantes en el parque
central de Tegucigalpa”, expresa la regidora del partido libertad y
refundación (Libre), María Luisa Borjas, quien es parte de la Comisión
de Seguridad de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central.
En
un pronunciamiento enviado Borjas, exige a los entes encargados de la
investigación en el país que hagan las pesquisas y den respuestas para
solventar ese conflicto “de la forma más respetuosa y civilizada”.
Para
Borjas la policía municipal se olvida del respeto de los derechos
humanos y la buena convivencia, prueba de ello es el trato que les dan a
los humildes vendedores que solo intentan obtener pocos ingresos para
sobrevivir y son golpeados de manera brutal.
La
regidora dijo que la gente tiene necesidad de empleo por ello buscan
la manera de ganarse el sustento de manera honrada, sugirió que se les
permita vender en el centro y sus alrededores en esta época de navidad,
con un acuerdo con las autoridades.
Borjas,
cuestiona a la policía porque hostigan a la gente pobre que se dedica a
vender en la económica informal, mientras los delincuentes andan
tranquilos por las calles.
En Honduras, la actividad informal ha ido en aumento debido a la falta de empleo, los hondureños se las ingenian para subsistir.
¡ALERTA!: MUERTO Y HERIDOS EN CRUEL DESALOJO DE VENDEDORES EN TEGUCIGALPA
Agentes
de la Policía Municipal de la capital de Honduras, Tegucigalpa,
desalojaron de forma violenta a varios vendedores ambulantes del centro
histórico de la ciudad capital; según los comerciantes, los guardias
abrieron fuego hiriendo de gravedad a varias personas.
Un
testigo dijo a EL LIBERTADOR que después de ocurridos los hechos, al
menos 25 agentes dieron persecución a vendedores en las cercanías del
lugar. El alcalde de la capital hondureño aunque adquiere nombre por la
construcción de infraestructura, aún no atiende la agenda social de los
habitantes de la capital hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un violento desalojo de vendedores ambulantes del casco histórico de esta ciudad se produjo este día con consecuencias mortales.
El
acto criminal perpetrado por guardias municipales de la alcaldía
capitalina realizó el ataque a inmediaciones del centro de la ciudad,
debido a la oposición de los vendedores a que les decomisaran la
mercadería.
No
es primera vez que ocurre este incidente, el problema jamás ha sido
resuelto por ningún alcalde, incluyendo al actual Nasry Asfura, muy
reconocido por la creación de grandes obras de concreto sobre todo
puentes a desnivel, pero en su agenda no ha mostrado todavía para
resolver el subdesarrollo social de la capital por falta de empleos,
carencia de seguridad, falta de alumbrados público, violencia campante,
falta de protección a niños y jóvenes y en general a los contribuyentes
capitalinos.
Esta
tarde, los oficiales reaccionan de forma violenta contra los
vendedores, que intentan llevar sus escasos ingresos a sus familias
mediante ventas de calle o sector informal como se conoce a las personas
que autogeneran sus empleos en vista que el gobierno no se preocupa en
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las
versiones que se manejan es que los uniformados dispararon contra los
comerciantes matando a una persona, se trata de un joven que corresponde
al nombre de Cristian Girón.
El
joven, según se conoció, falleció en un centro asistencial y otras dos
personas se encuentran heridos de gravedad. “Andamos ganándonos la vida
honradamente, porque el gobierno no genera trabajo”, gritaron algunos de
achineros.
Un
testigo de los hechos, dijo a este rotativo que durante los minutos de
terror, muchos de los comerciantes fueron perseguidos por elementos de
la Policía Municipal, que según constató, eran más de 25 agentes.
Comunidades de Pespire no permitirán ningún tipo de extractivismo en el Río Chiquito
Por Marvin Palacios
Cuatro comunidades de la aldea Cacautare, que viven en la ribera del Río Chiquito en el municipio de Pespíre, departamento de Choluteca, frente a las pretensiones de una empresa que busca dragar el río para la obtención de arena, piedra y otros materiales, expresaron a www.defensoresenlinea.com que no permitirán ningún tipo de actividad extractivista en esta región.
En el Cantón Suyapa, se reunieron el domingo 11 de diciembre, los líderes ambientalistas provenientes de las comunidades El Tablado, El Surco y Las Lajas para exponer la problemática que enfrentan. Todas estas comunidades se encuentran en las riberas del Río Chiquito, un afluente del Río Nacaome, que cruza Pespire, y que está formado en su origen por el Río Reitoca y sus afluentes: Moramulca y el Hondo.
Los líderes comunitarios manifestaron su deseo de que el cerro El Majastro (que tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros), donde se ubica una de las principales fuentes de agua de la zona, sea declarado como Área de Reserva y Zona Protegida.
En el cantón Suyapa hay 3 pozos que generan 50 litros de agua por minuto, para beneficio de Las Lajas y al Tablado y existen otros 2 pozos que generan 120 y 180 galones por minuto y que proveen de agua potable al casco urbano de Pespire.
La perforación de pozos ha sido posible gracias a los abundantes acuíferos o estructuras subterráneas de agua que se encuentran a poca profundidad de la tierra en la ribera del Río Chiquito.
De permitir las actividades extractivistas en las riberas del Río Chiquito, se pondría en riesgo la generación de agua de pozo con que cuentan las comunidades, señalaron los dirigentes ambientalistas.
Otra preocupación de los dirigentes es que no solo se trate de extraer materiales de construcción, sino que detrás exista la pretensión de extraer minerales preciosos, en la que las empresas que cuenten con concesiones; utilicen cianuro para dicha actividad.
El cianuro diluido en agua va a depender de la concentración que tenga para que sea tóxico. Entre 5 y 7 microgramos por litro es tóxico para la reproducción de algunos peces.
Si una persona ingiere esa cantidad no presentará ningún efecto, pero si personas o animales tomaran entre 20 y 70 microgramos, sería mortal para los peces y muy tóxico y mortal para los seres humanos.
Cuando pasa los 200 microgramos por litro de agua es mortal para cualquier especie. Si una empresa vierte cianuro en un río o en una napa de agua, sería de mucha gravedad para la salud humana, animal y vegetal.
En este caso específico y para desviar la atención de los habitantes, la empresa Surtidora y Panificadora Hernández es la denunciada como la compañía que pretende desarrollar el proyecto minero en el río Chiquito. Al parecer dicha empresa tendría permiso de la alcaldía de Pespire y del estado para extraer piedra y arena para construir hornos destinados a la supuesta elaboración de pan, por el término de 10 años.
La Secretaría de Recursos Naturales habría otorgado la concesión “no metálica” a dicha empresa utilizando listados de personas que fueron engañadas por los promotores del proyecto prometiendo mejoras en un cementerio, techo para una escuela, una iglesia y trabajo para la extracción de materiales y reparación de la calle de acceso e incluso contaban la aprobación de vecinos de las 4 comunidades y con la firma del alcalde de Pespire.
El mismo alcalde ha estado por casi 7 años, y se afirma que le falsificaron la firma al edil de Pespire, Ramón Green de filiación nacionalista, sostuvo el presidente de la Junta de Agua de Cantón Suyapa, Jesús Salazar.
Tras conocer estas acciones, los líderes comunitarios realizaron una encuesta con los pobladores y la misma reveló que son unas pocas familias las que apoyan el proyecto de minería y que el resto se opone rotundamente.
Salazar dijo que “quieren explotar y sacar arena y piedras, pero el objetivo es otro, entonces nosotros como comunidades, Lajas, Surco Tablado y Cantón Suyapa, estamos en defensa de que aquí; no se puede sacar arena ni piedra porque se nos profundiza el agua, y quedamos sin agua.
En el verano tenemos muchos problemas para abastecer de agua a unas 12 mil personas que habitan en las cuatro comunidades, así como para suplir los abrevaderos del ganado y para las cosechas, comentó el líder comunitario.
“A nosotros nos perjudicaría la parte humana, la ganadería, habría enfermedades, contaminación ambiental y la tala de árboles en las riberas del río”, advirtió Jesús Salazar.
Por su parte el Coordinador por la Defensa del Río Chiquito y líder comunitario de Las Lajas, Andrés Flores, comentó que lo que hacemos nosotros es cuidar el agua, porque el agua es vida.
“Ese es el sentir y pensar de nuestra población y por eso me han dado esta responsabilidad y hemos andado luchando para defender los derechos que nos corresponden”, afirmó Flores.
Ya se han dado algunos incidentes entre las comunidades y la empresa que pretende extraer materiales del río. Para el caso a finales de diciembre de 2015, ingresó maquinaria pero los vecinos obstaculizaron la labor extractiva. Cabe señalar que en aquella ocasión las comunidades recibieron el acompañamiento de efectivos policiales y del propio alcalde de Pespire, Ramón Green, para evitar las operaciones.
La acusación no surtió efecto y los dirigentes comunitarios señalaron que lo que quería el representante de la empresa Surtidora y Panificadora Hernández era intimidarlos.
Comunidades de Pespire buscan impugnar la concesión minera
Por otro lado, en cuanto a la participación del alcalde, Flores dijo que el propio edil designó a su cuerpo de asesores legales que investiguen la falsificación de su firma en el supuesto apoyo al proyecto minero.
El alcalde se sorprendió cuando en las propias oficinas de la SERNA se le informó que él había plasmado su firma en apoyo del proyecto, dijo Andrés Flores quien participó en dicha reunión.
“Habíamos 6 representantes de las comunidades, entonces el alcalde se sintió sorprendido y en ese momento dijo que era falso, yo no he firmado eso, porque las actas que andan estas gentes dice que no va a haber permiso de operación”, aseguró el dirigente ambientalista de Las Lajas.
A través de las experiencias e intercambios que hemos tenido, de llegar a concretarse un proyecto como este, la principal amenaza sería el agua, porque quieren explotar donde se encuentra un acuífero de 5 pozos, 3 para las comunidades y 2 para el casco urbano de Pespire, y que están a distancia de 100 metros de la vereda del río, advirtió Flores.
De la comunidad de El Tablado asistió a la reunión de líderes ambientalistas, Daniel Antonio Canales, quien es presidente del Comité de Organizaciones Comunitarias por la Defensa de los Derechos Humanos del municipio de Pespire.
Canales señaló que las pretensiones para explotar concesiones mineras en Pespire se vienen dando desde el 2008, pero que hay un documento firmado en la comunidad de Las Lajas, donde la empresa Surtidora y Panificadora Hernández decía que desistía del proyecto, pero ahora vuelve otra vez con ese propósito.
“Ellos hablan de una minería no metálica, pero en sí no sabemos qué metales preciosos se encuentran en el lugar donde quieren explotar, así que nosotros hemos iniciado un proceso jurídico que busca impugnar esa concesión en la SERNA”, comentó Canales.
El líder comunitario de El Tablado anunció que para el 2017 sus planes son que se esclarezca el caso de la falsificación de la firma del alcalde José Ramón Green y el proceso de impugnación de la concesión minera.
Cabe señalar que gracias al trabajo de acercamiento, investigación, incidencia y convocatoria en las comunidades, que realizó el defensor de derechos humanos Gérman Lagos, es que fue posible que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) haya enviado un equipo de sus periodistas para darle cobertura y acompañamiento a la denuncia.
“Es un gusto para mí tener la presencia de COFADEH en mi zona, me siento muy feliz porque han conocido de lleno la problemática de raíz, han estado junto a los líderes que vienen ejerciendo esta lucha desde hace tiempo”, apuntó Lagos.
“Nosotros cuando llegamos a la REDEHSUR, sabíamos que acudíamos para formarnos y luchar contra las violaciones de los derechos humanos en nuestras comunidades, eso nos gusta porque es una lucha de todos, por nuestros bienes naturales, en el caso nuestro del agua y para enfrentar la amenaza de la minería, por eso estoy muy agradecido por la formación que me ha dado COFADEH”.
German Lagos es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos humanos de la Zona Sur (REDEHSUR), organización formada y estructurada por el COFADEH.
Honduras: UNAG - Manotadas de ahogados...
Ana FranzénDespués de darse cuenta que han gastado su arsenal sin poder doblegar los estudiantes, los directivos de la UNAG instruyen a sus allegados y estos manifiestan que si los estudiantes no entregan el alma mater esta semana ellos ingresarán con chilillo en mano para azotarlos la próxima semana
De nuevo planean el ingreso violento, provocando desorden.
Así lo manifiestan en la grabación de mas de 8 minutos que se ha dado conocer.
Están llegando al límite y de esa manera provocar estudiantes sensatos que defienden su Universidad de mercenarios.
Así lo manifiestan en la grabación de mas de 8 minutos que se ha dado conocer.
Están llegando al límite y de esa manera provocar estudiantes sensatos que defienden su Universidad de mercenarios.
Se
hace un llamado a todas las instituciones defensoras de derechos
humanos nacional e internacional que se hagan presente a la UNAG para
que no se permita más agresiones y violaciones de derechos a los
estudiantes.
No más violencia. Los estudiantes no están solos.
No los van a doblegar porque esta lucha tiene su brújula.
No los van a doblegar porque esta lucha tiene su brújula.
Dado en Costa Rica a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diez y seis.
Ana Franzen
Defensora internacional de DDHH.
Defensora internacional de DDHH.
UNAG - Delitos que no prescriben.
Ana Franzen
El
miércoles 7 de diciembre del presente año sin ninguna consideración ni
respeto el señor Ramón Antonio Herrera Antúnez, del área de Tecnología
de alimentos de la UNAG, posteó en su página de facebook en la cual
aparece como Tony Herrera una nota totalmente falsa involucrando al
estudiante Josué Wilton Cruz Salvador en el delito de asociación
ilícita, dicha nota tiene número de oficio de la DPI con fecha 05 de
marzo del año 2012, el señor Tony Herrera pasó por alto que la DPI legalmente comenzó a funcionar con estas siglas en el año 2015.
A
raíz de esta situación el joven estudiante que ha permanecido firme en
la toma de la UNAG exigiendo cambios, solicitó su hoja de antecedentes
penales donde textualmente dice: Que el joven Josué Wilton Cruz Salvador
actualmente no se encuentra registrado que haya cometido delito o falta
alguna.
Es
importante mencionar que a este estudiante los directivos de la UNAG en
varias ocasiones le han hecho ofrecimientos verbales de beca, empleo,
pago de maestría, etc. A cambio que no sea oposición, ni líder
estudiantil.
Se puede
notar la mala fé y la falta de ética de los allegados a los directivos
de la UNAG donde se prestan a hacer este tipo de actos desconociendo que
cometen delitos de injurias, calumnias, difamación y falsificación de
documentos públicos, estos delitos no prescriben y hay pruebas
fehacientes que han sido cometidos.
Esa
no es la manera de tratar a los estudiantes guerreros que defienden su
universidad de directivos alejados de la honestidad y ética.
Se adjuntan: la nota falsa que posteó en su cuenta Facebook el señor Ramón Antonio Herrera Antunez.
La hoja de antecedentes penales del estudiante Josué Wilton Cruz Salvador.
La hoja de antecedentes penales del estudiante Josué Wilton Cruz Salvador.
Esto
ha llegado lejos, nuevamente se hace un llamado a los defensores
nacionales e internacionales de Derechos humanos y entes de justicia
para que frenen este atropello a la dignidad de personas honorables por
el simple hecho de manifestar su desacuerdo y defender su alma mater.
Los estudiantes guerreros de la UNAG no están solos.
Dado en Costa Rica a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diez y seis.
Ana Franzen
Defensora internacional de DDHH.
Defensora internacional de DDHH.
Para ver fotos y documentos, entre por enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1184142481622766&id=122010004502691
miércoles, 14 de diciembre de 2016
El estado de Honduras, la distorsión del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la audiencia temática de la CIDH
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Sambo Creek, 13 de diciembre de 2016.- Con una invitación a un diálogo de “buena fe” el estado de Honduras intentó subsanar los interrogantes planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Audiencia Temática sobre “los pueblos indígenas en s el derecho a la consulta previa”, efectuada a inicios del mes de diciembre en Panamá; eludiendo de esta forma responder a los señalamientos sobre el asesinato de Berta Cáceres y la criminalización sistemática de las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, además de la distorsión estatal del derecho a la consulta, que viene promoviendo la actual administración gubernamental.
Hasta la fecha, la mala fe del estado ha sido evidente en todo el proceso de elaboración de la Ley de Consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informada; sumándose a una actitud represiva, en la que los opositores a los proyectos de “desarrollo” son eliminados o proseguidos, por un sistema judicial que desconoce la independencia de poderes además de estar sumido en la impunidad.
Según la versión del la delegación del estado, no existe una ofensiva para desposeer a los pueblos indígenas de su territorio, desconociendo de esta forma la entrega de la costa norte al crimen organizado, y los cientos de proyectos extractivos y de generación de energía “limpia” que han sido concedidos sin consulta alguna con las comunidades indígenas.
La necropoltica que viene ejerciendo la élite de poder en Honduras, ha dejado como resultado la eliminación física de los opositores. El asesinato y persecución de indígenas ha sustituido los procesos de consulta; los que en caso de haberse efectuado, no han pasado de ser simples socializaciones.
El comisionado de la CIDH, José Eguiguren Praeli, relator de los pueblos indígenas, planteó una pregunta en la Audiencia Temática tanto al estado como a los pueblos indígenas sobre el concepto del consentimiento. En la versión del anteproyecto de ley exhibido en los talleres de socialización -que fueron en primera instancia denominados por el Estado y el PNUD como talleres de consulta- fue excluido totalmente el consentimiento.
Para el pueblo garífuna el consentimiento esta relacionado directamente con la libre determinación reconocida por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) la que en su artículo 3 señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
El Estado de Honduras manifestó en el 143 Período de Audiencias efectuadas en Washington en octubre del 2011, sobre las violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, “el derecho a la consulta no otorga el derecho al veto”. Lo que el Estado denomina el derecho al veto, no es más que la libre determinación de los pueblos indígenas, consagrada en DNUDPI.
La libre determinación de los pueblos indígenas en Honduras ha sido desconocida y frecuentemente violada.
Basta recordar la lluvia de decretos y leyes nocivos para los pueblos que fueron aprobados sin consulta alguna o desde el golpe de estado (2009) hasta la fecha: Ley de Aguas, decretos de energía limpia, Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE), entre otras.
El Estado continúa intentando imponer la versión de ley de consulta trasplantada desde el Perú, para lo cual contrataron a Ivan Lanegra y un equipo de juristas de ese país, para que elaboraran una caricatura nociva de la versión del Perú. Ahora parece que los peruanos son suplantados por la sra. Ana Pineda, ex Ministra de Derechos Humanos del régimen de Porfirio Lobo. Cabe señalar que la Sra Pineda formó parte del gabinete que aprobó las leyes más nocivas, para los pueblos indígenas.
En un documento que apareció la semana pasada, firmado por la Sra. Pineda, desconoce la condición de pueblo indígena de los Garífunas, reduciéndonos una vez más a afrodescendientes. es importante señalar que el pueblo Garífuna hablamos un idioma arawak-caribe proveniente de la cuenca del caribe, en donde surge nuestra cultura como un sincretismo entre africanos e indígenas Kalinagu,
Hasta la fecha conservamos el idioma y religión que heredamos de nuestros ancestros indígenas arawak-caribe. La ignorancia supina de los que insisten en convertirnos en una minoría étnica, tiene un trasfondo político. Para algunos juristas confundir adrede raza y cultura no es más una estrategia de racismo y dominación.
El artículo 26 de la Convención de Viena indica que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Después de 21 años de haber sido ratificado el Convenio 169, el estado de Honduras no ha demostrado buena fe en su aplicación eludiendo de esta forma el pacta sunt servanda (lo pactado debe honrarse).
Como lo señala la Relatora para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la sra. Vicky Tauli-Corpuz, en relación al proceso de elaboración de la Ley de Consulta: Por tanto, parecieran existir problemas de legitimidad en relación con este proceso que exigen un esfuerzo concertado por las parte del gobierno y del sistema de la ONU en Honduras para garantizar una mayor inclusión de todos los pueblos y organizaciones indígenas”.
La actitud asumida por los representantes del estado en la Audiencia Temática, de la CIDH, es un indicador de que no cejarán de tratar de imponer una ley de consulta distorsionada donde el estado tenga la última palabra, desconociendo el derecho a la libre determinación que poseemos los pueblos indígenas.
Mientras tanto las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres – la cual fue asesinada por su defensa acérrima del derecho a la consulta previa- se dilatan eternamente sin que se efectúe la detención de los autores intelectuales, los funcionarios estatales continúan demostrando la habitual en materia de derechos humanos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
https://ofraneh.wordpress.com/
Detención del ex ministro de Recursos Naturales y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas
Cardona se le sindica de haber autorizado el aumento de capacidad de generación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sin que se hubiera efectuado la consulta previa con las comunidades Lencas afectadas.
Los pueblos indígenas de Honduras venimos padeciendo un recrudecimiento de la ofensiva neoliberal destinada a apropiarse de nuestros territorios y bienes comunes. El asesinato de Berta Cáceres, ventiló la ofensiva neoliberal que existe en contra de los pueblos indígenas además de la violencia y la impunidad imperante en Honduras
Desde el año de 1995 -cuando fue ratificado el Convenio 169 de la OIT- se dio inicio a una serie de reclamos por parte de los pueblos indígenas sobre el derecho a la consulta,. previa libre e informada, como un mecanismo de protección, ante el saqueo sistemático de los hábitats funcionales de las comunidades y el paulatino desplazamiento poblacional, motivado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Con el advenimiento de la dictadura en el año 2009, se inicia una ofensiva sobre los bienes comunes en los territorios indígenas, y tanto en el régimen de facto de Roberto Micheletti Como el de sus sucesor Porfirio Lobo, se efectuó una piñata con las cuencas hidrográficas, y la plataforma marítima además de entregar bastos sectores del país para la minería; desdeñando el derecho a la consulta previa que poseemos los pueblos indígenas, ante los proyectos de ¨desarrollo¨ que puedan afectarnos¨.
Desde la Secretaría de Recursos Naturales -conocido actualmente como el Ministerio del Ambiente- se otorgaron licencias ambientales a doquier, con el supuesto propósito de facilitar la inversión; al mismo tiempo que con la creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) se reciclaron algunos líderes indígenas en empleados estatales neutralizando de esta forma, los posibles reclamos ante los despojos propiciados por empresarios y funcionarios.
El saqueo extractivista llegó hasta el punto de la entrega de 35 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental sin haber efectuado las consultas previas con el pueblos Miskito y Garifuna. La compañía British Gas (BG) firmó un convenio con el Estado, el que fue posteriormente ratificado a matacaballo por el Congreso Nacional. Posteriormente inicia SERNA un proceso de socialización al cual denominaron consulta.
Además de la licencia ilegal otorgada a DESA -compañía constructora de Aguaza Zarca, implicada en el asesinato de Berta- SERNA pretendió que sus socializaciones con organizaciones adeptas al Estado eran Consultas, y de está forma aparentar que honduras se apegaba al Convenio 169 de la OIT.
El Estado presionado por el Programa ONUREDD, comienza en el año 2012 a dar señales de intentar crear una marco jurídico en relación a la consulta previa. Para la implementación del Programa REDD, se requiere suplir una serie de salvaguardas, entre ellas el requerimiento de la consulta previa. De ahí que el PNUD hubiera asumido el rol de “acompañante” de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en la elaboración del anteproyecto de ley.
La CONPAH socializó su versión de proyecto a inicios del año pasado. Intempestivamente el PNUD y la CONPAH abjuraron de la versión de ley que trabajaron para plegarse a una versíon elaborada por el Estado, en la cual la consulta previa se convierte en una simple socialización.
Pasado el tsunami mediático desatado por el asesinato de Berta, se viene dando una campaña de desinformación por parte de la empresa DESA, la que pretende finalizar la hidroeléctrica de Agua Zarca. El caso interpuesto en contra de Dario Cardona, sirve para exculpar al otrora ministro de SERNA y actual Fiscal Adjunto, el Sr. Rigoberto Cuellar, el que parece ser un personaje siniestro además de intocable.
Hasta la fecha los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres han sido protegidos por el Estado y sus instituciones, al mismo tiempo que el derecho a la Consulta previa, Libre e Informada viene siendo tergiversado por el Estado, PNUD y el grupúsculo de supuestos líderes indígenas al servicio de la actual administración gubernamental.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
HONDURAS: Bajo Aguán, 4 años después: 25 defensores y campesinos absueltos pero el asesinato del abogado Trejo impune!
Posted on 22 septiembre, 2016 by soawlatina
Publicación de un informe de Observación judicial
París-Ginebra-Tegucigalpa,
22 de septiembre de 2016 – Cuatro años después del asesinato del
abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo, nuestras
organizaciones denuncian que su crimen permanece en la impunidad.
Antonio Trejo fue asesinado, el 22 de septiembre de 2012, un mes después
de ser acusado de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la
seguridad interior del Estado de Honduras junto con otros 25 defensores
de derechos humanos y campesinos del Bajo Aguán. Este juicio se terminó
en junio de 2016 con el reconocimiento de la inocencia de los defensores
y campesinos.
Nuestras organizaciones publican hoy el informe “Criminalización en el Bajo Aguán: Justicia a medias”, que analiza este juicio y que también denuncia la ausencia de justicia en el caso de Antonio Trejo.
“La situación de
impunidad en el Bajo Aguán es alarmante. Desde hace cuatro años la
investigación por el asesinato de Antonio Trejo no ha avanzado. Si no
avanza en este caso que conmovió al mundo en su momento, que podemos
esperar de los numerosos casos de defensores de derechos humanos
asesinados en Honduras recientemente? Nos preguntamos si el Estado de
Honduras quiere y puede investigar estos graves crímenes y sancionar
debidamente a sus autores” señaló Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.
El informe detalla las
numerosas vulneraciones a los derechos humanos presentadas en el
proceso, desde la detención de los 25 defensores y campesinos el 21 de
agosto de 2012, hasta su absolución el 14 de junio de 2016 y que dan
cuenta además del contexto de riesgo y estigmatización contra ellos, que
por un lado han incrementado las tensiones sociales existentes y que al
tiempo, continúan generando una crisis de legitimidad del sistema
judicial hondureño, que es percibido como un actor generador de nuevos
conflictos y no como un instrumento de defensa de derechos.
“La
criminalización de estas 25 personas no debió haber ocurrido. Han
perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse y
durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su
libertad individual. Además del grave y perjudicial mensaje
intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del
derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos” señaló Bertha Oliva, Coordinadora General de COFADEH.
En el Informe se concluye que los derechos humanos de estas personas han sido vulnerados por las autoridades, que la protesta social en Honduras es gravemente reprimida y que su sistema penal demuestra graves deficiencias. Esta situación impacta gravemente en el trabajo de defensa de derechos humanos y vulnera específicamente los derechos al debido proceso y las garantías judiciales.
“En el marco de la actual discusión y aprobación del Código Penal, solicitamos a las autoridades hondureñas incluir las observaciones de la sociedad civil, así como atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de derogar el artículo 331 del Código Penal de Honduras, que criminaliza el derecho legítimo de la protesta pacífica”, concluyó Gerald Staberock Secretario General de la OMCT.
Antecedentes:
Antonio Trejo representaba a campesinos en
causas judiciales por reivindicaciones de las empresas de propiedad de
los empresarios privados Miguel Facussé y René Morales, logrando que
los jueces reconocieran la propiedad de las cooperativas campesinas
sobre las tierras de los empresarios en 2010, 2011 y 2012. Desde el 2011
el abogado denunció las numerosas amenazas recibidas en razón de su
trabajo en donde responsabilizó a empresarios de la zona y pidió que se
investigara la participación de miembros del Ejército (Batallón Nº 15) y
de la Policía de Tocoa, Colón. El Estado no adoptó ninguna medida de
protección. Ello a pesar de que el peligro que corría Antonio Trejo era
de público conocimiento. Su asesinato envió un mensaje de advertencia
muy fuerte a los campesinos y a quien se atreviera a asumir su defensa. 5
meses después su hermano, José Trejo fue igualmente asesinado.
En 2012, en el Bajo Aguán, varias familias campesinas fueron desalojadas violentamente por policías y militares, tras haberse revertido ilegalmente las sentencias que les otorgaba la titularidad y tenencia de sus tierras, pues fue durante la vacancia judicial y contra las sentencias de los campesinos que estaban en firme, pues no cabía ningún recurso contra ellas. Ante esta situación, Antonio Trejo había solicitado una audiencia ante la Corte Suprema en Tegucigalpa. A pesar de haber sido concedida la audiencia para el 21 de agosto de 2012, la misma no se realizó por negativa del Presidente de la Corte, posteriormente a haberse reunido con los abogados de los empresarios. Ante esta situación, los campesinos iniciaron una manifestación pacífica, por la que Antonio Trejo y otros campesinos fueron detenidos siendo acusados de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Si bien fueron liberados con medidas provisionales el 22 de agosto el juicio continuó hasta Junio de 2016.
El Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado
en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y
tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los
derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
- FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: (+ 33) 1 43 55 25 18; José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650
- OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Chiara Cosentino: (+32) 2 218 37 19
BRASIL
Dirigente sindical brasileño: El gobierno de Temer se acabó
Michel Temer, presidente interino de Brasil. Foto: AFP.
–Si se acabó Temer, ¿quién gobierna?
–Temer asumió después del golpe contra Dilma sin popularidad y teniendo el respaldo condicionado de sus socios, y ahora ese apoyo se desintegró porque la derecha está fragmentada. Está buscando un líder porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. El PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) figura como partido de la coalición pero está con un pie afuera del gobierno, y lo mismo pasa con otros partidos que apoyaron a Temer sólo para sacar al PT del gobierno. ¿Quién va a apoyar a un presidente sin votos que tiene el 63 por ciento de la opinión pública pidiendo que renuncie y llame a elecciones como dice una encuesta del domingo pasado? ¿Quién va a acompañar a un presidente que en siete meses de gobierno, con todo el apoyo mediático, ya tiene peor imagen que Dilma antes de caer y cuando ella era masacrada por los medios?. Y esa impopularidad de Temer seguramente es más alta porque la encuesta de Datafolha se hizo antes de que se sepa que recibió 10 millones de reales (2,9 millones de dólares) de dinero sucio en 2014.
–¿Si Temer no termina el mandato, quién lo sucederá?
– Comenzaría por decir que estamos frente a un cuadro de descalabro general, que este gobierno se hundió mucho antes de lo que nosotros, en la CUT, esperábamos, y lo que esperaban las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales. Creo que las protestas va a seguir creciendo porque la población está percibiendo que esta gente vino para robar y para obedecer a los banqueros. Y como estamos viendo a más protestas más represión, y están aplicando la ley de seguridad nacional contra los manifestantes. Nosotros como CUT exigimos elecciones directas y la convocatoria a una asamblea constituyente que tenga como punto principal la reforma política, pero la verdad es que no creo que logremos las directas porque para que eso pase la ley establece que Temer tendría que renunciar hasta el 31 de diciembre, y eso no sucederá. Lo probable es que haya elecciones indirectas a lo largo de 2017 y en ese escenario el candidato favorito es Fernando Henrique Cardoso (del PSDB), un político muy bien visto en las elites locales y por Washington, él es el nombre más confiable para el capital transnacional.
–Ningún golpe es nacional.
–Por su puesto, este golpe tiene una motivación estratégica desde el punto de vista global porque Brasil es un actor de peso en la región y Estados Unidos estuvo involucrado en la caída de Dilma.
Acá hubo temas que pesaron mucho como el petróleo, las reservas gigantes que quedaron en manos de Petrobras durante los gobiernos de Lula y Dilma, contrariando a las multinacionales. Y por supuesto hubo un apoyo decisivo de las elites brasileñas que quieren conservar sus intereses, y sus privilegios. Mientras hubo crecimiento las cosas estaban relativamente tranquilas. En 2010, el último año del gobierno de Lula se creció más del 7 %, luego y luego se siguió creciendo pero a tasas mucho más bajas hasta 2012. Pero en la medida en que la crisis se agravó se acabó la tolerancia de las elites con la distribución y las políticas sociales. Este año la economía va a caer cerca del 3,5 % y el año pasado cayó el 3,8%. Cuando hay recesión el capital no acepta perder su tasa de ganancia y lo primero que hace es echar al trabajador, y si ahora tentemos 12 millones de desocupados ese número va a seguir creciendo con la complicidad de este gobierno que ya avisó que sus prioridades son las reformas previsional y laboral. Este es el golpe de la concentración de riqueza y para garantizar que este país siga siendo injusto como siempre lo fue. La reforma laboral viene para retirar los mínimos derechos que tiene la clase trabajadora brasileña.
Golpe dentro del golpe.
El bloque de diputados del PT deploró ayer por la noche a la “dictadura judicial” encarnada en los fiscales que, horas antes, presentaron una nueva denuncia contra Luiz Inácio Lula da Silva en la causa sobre el Petrolao.“Estos fiscales y juez Sergio Moro (a cargo del proceso) perdieron el sentido de lo razonable con acusaciones inverosímiles, ellos utilizan las denuncias y las sentencias selectivamente para hacer política contra Lula y el PT” denunciaron los legisladores.
Antonio Lisboa comparte el cuestionamiento formulado por el PT a lo que añade “este golpe tuvo una componente judicial muy evidente, hay un grupo de fiscales y jueces que participaron de manera militante contra el gobierno democrático, y especialmente contra Lula, que es el mayor líder popular que tuvo este país. En una encuesta que hicimos hace unos meses Lula fue considerado el mejor presidente de la historia por el 50 % y Fernando Henrique Cardoso fue elegido por el 9 %”.
“El golpe no terminó con la caída de Dilma, tenemos ese grupo de fiscales y el juez Moro que se dedican a perseguir a Lula a partir de cargos irrisorios como el de acusarlo de el dueño de un departamento donde los mismos fiscales reconocen que él nunca estuvo”.
“Esa persecución no es inocente, ellos tienen una demostrada intención de impedirle a Lula que sea candidato en las elecciones de 2018, y este empecinamiento contribuye a aumentar el descalabro político porque ya hay sectores de la propia derecha que se distanciaron de Moro, que algunos piensan que quiere ser candidato presidencial”, sostiene Lisboa.
El dirigente de la mayor entidad sindical latinoamericana vuelve a la idea del “descalabro” para referir a las peleas públicas entre políticos oficialistas y jueces, a los que les reprochan una fiebre justiciera que alimenta la desestabilización. Son disputas que alimentan “intentos de golpe dentro del golpe”, plantea.
–¿Hasta donde pueden llegar esos golpes intestinos, tienen algún peso aquellos grupos extremistas que insinúan una salida militar?
–Para el capital transnacional, que es sobre todo el capital financiero, no es muy conveniente tener a los militares gobernando. Hoy los militares son vistos como factor de inseguridad para los inversores extranjeros. El problema es que en Brasil todo está volviéndose muy imprevisible y este fin de semana el comandante del Ejército, general
Villas Boas, declaró al diario Estado de San Pablo que las posibilidades de intervención militar son cero. Ahora es preciso entender por que un diario entrevistó al general justo cuando la crisis está en su peor momento. Una posible respuesta es que el diario Estado representa a los sectores de las elites que desde hace algún tiempo está señalando que la salida militar no está totalmente descartada. Pero en definitiva me parece que estamos hablando de una posibilidad remota porque los propios militares saben que ellos quedaron muy desprestigiados después del golpe y los 21 años de dictadura (1964-1985).
(Tomado de Página 12)
CAÍDA LIBRE
Brasil: un dictador está al frente de Planalto
Michel
Temer es presidente por medio de un golpe parlamentario. Limita el
gasto público, la Policía reprime y los gobiernos de la región callan.
El 31 de agosto, Michel Temer llegó al cargo
más alto al que puede aspirar un político: la Presidencia de la
República. No lo hizo por elecciones sino por medio de un golpe
parlamentario, desplazando hacia un costado a la presidenta electa Dilma
Rousseff y ocupando su lugar. Mucho se discutió sobre si la forma de
actuar representó un golpe o no. El tiempo se encarga siempre de
dilucidar esos dilemas, y este caso no fue distinto.
A tres meses de asumir la presidencia, Temer ya justificó su estancia en el Palacio de Planalto. La justificó ante quienes reclamaban determinado tipo de cambios en el devenir económico que un gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) no estaba dispuesto a dar. Ojo, no porque los petistas no hayan cedido un ápice en el proyecto de país que prometieron, sino porque ya no podían ceder más sin que su masa de electores se les tirara en contra. Una demostración de eso es lo que sucedió el año pasado en la enseñanza, con una huelga docente de proporciones considerables, tanto en acatamiento como en extensión de tiempo. Escuchamos la disconformidad de la gente en el Mundial de Fútbol de 2014. No sólo adentro del estadio, sino afuera también, estando los manifestantes “anti Dilma” claramente divididos entre los que reclamaban que el PT rencauzara la política hacia el progresismo porque consideraban que se estaba desnivelando hacia la derecha, y quienes exigían que Rousseff abandonara el gobierno para ser ocupado por la derecha lisa y llana. Entre ambos grupos también hubo enfrentamientos, pero aquellas manifestaciones tuvieron una particularidad: mientras la Policía reprimía las marchas populares, los activistas del ‘Tchau querida’ se sacaban fotos con los uniformados.
Al salvataje del gran capital
Dilma Rousseff tenía un deber con el pueblo que la votó, y se podrá discutir hasta el hartazgo si lo cumplía o no. Evidentemente algo falló, porque hubo 54 millones de votos que no estuvieron dispuestos a salir de sus casas para defender su estancia al frente del Ejecutivo. Un porcentaje pequeño se manifestó, pero con eso no alcanzaba cuando en la mayoría reinaba la indiferencia. ¿Se les puede culpar por esto que están viviendo ahora? Por supuesto que no. La gente vota con ilusiones, con esperanza, hasta con alegría, y si después siente que no se le cumple, muchas veces cae en el descreimiento y no mueven un dedo, o salen a la calle y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí que las consecuencias de la decisión de entonces, están a la vista: cayeron Rousseff, su gabinete y las políticas sociales que, por más ‘magrinhas’ que estuvieran quedando, era mejor que ahora, que ni siquiera existen.
En aquel momento, cuando el famoso impeachment, nos preguntábamos a dónde iría todo esto. Parece mentira que, en tan poquito tiempo, ya lo sepamos: a poner de rodillas a la masa de trabajadores que había logrado levantar su mira -un poco, aunque más no fuera- a años de frustración en el país con mayor desigualdad socioeconómica del continente.
Para una persona honesta, carecería de sentido querer que los desposeídos se sumerjan. Algo así como una maldad innecesaria. Pero en Brasil, concomitantemente con la mejoría económica de los trabajadores, la Justicia investiga un enorme andamiaje de corrupción, que involucra a los sectores dominantes, tanto a nivel político como empresarial. Entonces, dentro de esa realidad, la ecuación no cierra. El sistema no está confeccionado para que actúe de esa forma, con pobres libres y ricos tras las rejas. Años de burguesía quemándose las pestañas, discutiendo, creando códigos morales y penales que contemplara a los poderosos y castigara a los desvalidos, para que un día llegue un obrero metalúrgico al gobierno -que ni siquiera al poder-, coincida con un juez que se pone a investigar y todo se va al garete.
Porque acá es bueno recordar un punto: todas estas investigaciones que se dan en la Operación Lava Jato tienen su antecedente en el 2004, a un año y medio de haber llegado Lula Da Silva a la presidencia. Fue entonces que la revista Veja publicó lo que sería un adelanto del “esquema de mensualidades” -o ‘mensalao’, como se le conocería después- mediante el cual se suponía que el Poder Ejecutivo compraba los votos de la oposición para los proyectos que enviaba al Legislativo. Otros medios se encargaron de investigar con mayor profundidad y en el 2005, los principales líderes del PT estaban bajo la lupa de la Justicia. Muchos de ellos debieron dejar sus cargos, siendo el más sonado el caso de José Dirceu, por ser el principal ministro del gabinete de Lula. Sin embargo, la Justicia no logró probar que Lula o el PT como institución estuvieran directamente involucrados en el asunto. La cosa que, como dice el dicho, “aquellos polvos trajeron estos lodos” y lo que no pudieron prever es que al juez Sergio Moro se le dio bien eso de andar escarbando donde había olor desagradable. Así fue como entre investigación un día sí y otro también, sale a luz la Operación Lava Jato. El resultado es que lo que se había pretendido que fuera para derrocar al PT (el ‘mensalao’) terminó demostrando que el relacionamiento político-empresarial estaba altamente corrompido por un sistema de corrupción sistemática -y naturalizada- donde la regla era que los empresarios pagaran a cambio de ser favorecidos en obras públicas. Conclusión: mientras personas nacidas para llevar adelante grandes empresas u ocupar altos cargos, gozar de playas paradisíacas o esquiar en Los Alpes, según les venga en gana, están tras las rejas; otras, llegadas a este mundo para ser analfabetas y servirles coco a los notables, tienen un oficio o están terminando una profesión.
El dictador
Basta mirar para el costado para darse cuenta que este sistema no se creó para que la cosa fuera así. Para colmo de males, este cambio se produjo en el país más grande del continente suramericano, “propietario” de buena parte de uno de los ecosistemas más codiciados en el mundo entero: la Amazonia, y del principal puerto de la región, el de Santos.
Por todos los medios era necesario no perder la joya de la corona. Involucrar al PT no dio resultado. Luego del mensalao, ese partido siguió llegando al gobierno en tres elecciones consecutivas. Al poder real se le hizo necesario subvertir la subversión. Así fue como llegaron al juicio político de Rousseff y, sin pruebas -confirmado porque no pudieron cesarla por ocho años de todo cargo público, como lo marca la Constitución-, la destituyeron.
En su lugar dejaron al vicepresidente Michel Temer, que también cuenta con solicitudes de juicio político en su contra, pero que están dejando quieto hasta que cumpla con la misión que tiene encomendada: que los pobres sigan pensando en cosas de pobres (qué comer mañana, cómo conseguir un empleo en casa de ricos, que el acceso a la salud no es para ellos, que es un lujo que sus hijos estudien…) y se dejen de cuestionar la riqueza de los ricos.
Para eso, a poco de asumir, elevó al Congreso, la propuesta de enmienda constitucional (PEC), mediante la cual se congela el gasto público por 20 años, ya que por ese período de tiempo el aumento anual se limitará a la tasa de inflación del año anterior. Durante los primeros diez años de implementada la normativa, no podrá modificarse. Esto impactará directamente sobre la inversión en salud, educación y vivienda.
Si la reacción del relator especial de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alson, fue de crítica dura y negativa hacia la PEC, es fácil imaginar cómo actuó la masa de trabajadores directamente involucrada: salieron a la calle a protestar.
El gobierno respondió como lo hacen las dictaduras: sacando el aparato represivo sin el más mínimo pudor, ni la más mínima vergüenza por ocupar un lugar para el que no fue electo. Palos, gases lacrimógenos, balas de goma y toda esa parafernalia creada para acallar disconformidades, fue puesta en marcha.
A modo de ejemplo se dirá lo sucedido en el Estado de San Pablo, lugar simbólico si los hay. Allí se consolidó la dictadura, bajo el refugio del llamado ABC Paulista, región industrial de ese Estado. Pero ahí también nació la Central Única de Trabajadores (CUT), de donde salió Lula a la vida pública. Fue ahí, en San Pablo, que hubo dos concentraciones este martes 13. Una, en la Plaza del Ciclista; otra, en el Parque Don Pedro II. En un punto se unieron y marcharon juntas hacia la Federación de Industrias (Fiesp), para acusar a los empresarios de haber apoyado el golpe de Estado de 1964 y este parlamentario de 2016, así como de ser los patrocinadores de la PEC. Los manifestantes fueron brutalmente reprimidos.
Lo lamentable es que no resulte extraño que los gobiernos de la región, tan prestos para hablar de la situación de Venezuela, no digan una palabra de todos estos atropellos. Ni siquiera un mísero comunicado salió de un escritorio de alguna cancillería, ni a nadie le interesó que el Mercosur se reuniera de manera urgente para analizar si era necesario tomar una medida contra Brasil. Para algunos parece que ese gobierno vale mucho, o ese pueblo no vale nada.
Durante el impeachment a Dilma Rousseff, la Fiesp instaló una pantalla gigante para que el pueblo pudiera festejar la destitución. Antes, se habían encargado de pregonar a los cuatro vientos que la situación del país iba a mejorar con la salida del PT del gobierno y que Temer era una garantía a la hora de invertir.
Mientras Michel es ejecutivo en el Ejecutivo, los pedidos de impeachment esperan en un cajón. Si de tiempo se trata, él sabe que las agujas del reloj no retroceden jamás. Y que sus minutos ya fueron contados.
A tres meses de asumir la presidencia, Temer ya justificó su estancia en el Palacio de Planalto. La justificó ante quienes reclamaban determinado tipo de cambios en el devenir económico que un gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) no estaba dispuesto a dar. Ojo, no porque los petistas no hayan cedido un ápice en el proyecto de país que prometieron, sino porque ya no podían ceder más sin que su masa de electores se les tirara en contra. Una demostración de eso es lo que sucedió el año pasado en la enseñanza, con una huelga docente de proporciones considerables, tanto en acatamiento como en extensión de tiempo. Escuchamos la disconformidad de la gente en el Mundial de Fútbol de 2014. No sólo adentro del estadio, sino afuera también, estando los manifestantes “anti Dilma” claramente divididos entre los que reclamaban que el PT rencauzara la política hacia el progresismo porque consideraban que se estaba desnivelando hacia la derecha, y quienes exigían que Rousseff abandonara el gobierno para ser ocupado por la derecha lisa y llana. Entre ambos grupos también hubo enfrentamientos, pero aquellas manifestaciones tuvieron una particularidad: mientras la Policía reprimía las marchas populares, los activistas del ‘Tchau querida’ se sacaban fotos con los uniformados.
Al salvataje del gran capital
Dilma Rousseff tenía un deber con el pueblo que la votó, y se podrá discutir hasta el hartazgo si lo cumplía o no. Evidentemente algo falló, porque hubo 54 millones de votos que no estuvieron dispuestos a salir de sus casas para defender su estancia al frente del Ejecutivo. Un porcentaje pequeño se manifestó, pero con eso no alcanzaba cuando en la mayoría reinaba la indiferencia. ¿Se les puede culpar por esto que están viviendo ahora? Por supuesto que no. La gente vota con ilusiones, con esperanza, hasta con alegría, y si después siente que no se le cumple, muchas veces cae en el descreimiento y no mueven un dedo, o salen a la calle y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí que las consecuencias de la decisión de entonces, están a la vista: cayeron Rousseff, su gabinete y las políticas sociales que, por más ‘magrinhas’ que estuvieran quedando, era mejor que ahora, que ni siquiera existen.
En aquel momento, cuando el famoso impeachment, nos preguntábamos a dónde iría todo esto. Parece mentira que, en tan poquito tiempo, ya lo sepamos: a poner de rodillas a la masa de trabajadores que había logrado levantar su mira -un poco, aunque más no fuera- a años de frustración en el país con mayor desigualdad socioeconómica del continente.
Para una persona honesta, carecería de sentido querer que los desposeídos se sumerjan. Algo así como una maldad innecesaria. Pero en Brasil, concomitantemente con la mejoría económica de los trabajadores, la Justicia investiga un enorme andamiaje de corrupción, que involucra a los sectores dominantes, tanto a nivel político como empresarial. Entonces, dentro de esa realidad, la ecuación no cierra. El sistema no está confeccionado para que actúe de esa forma, con pobres libres y ricos tras las rejas. Años de burguesía quemándose las pestañas, discutiendo, creando códigos morales y penales que contemplara a los poderosos y castigara a los desvalidos, para que un día llegue un obrero metalúrgico al gobierno -que ni siquiera al poder-, coincida con un juez que se pone a investigar y todo se va al garete.
Porque acá es bueno recordar un punto: todas estas investigaciones que se dan en la Operación Lava Jato tienen su antecedente en el 2004, a un año y medio de haber llegado Lula Da Silva a la presidencia. Fue entonces que la revista Veja publicó lo que sería un adelanto del “esquema de mensualidades” -o ‘mensalao’, como se le conocería después- mediante el cual se suponía que el Poder Ejecutivo compraba los votos de la oposición para los proyectos que enviaba al Legislativo. Otros medios se encargaron de investigar con mayor profundidad y en el 2005, los principales líderes del PT estaban bajo la lupa de la Justicia. Muchos de ellos debieron dejar sus cargos, siendo el más sonado el caso de José Dirceu, por ser el principal ministro del gabinete de Lula. Sin embargo, la Justicia no logró probar que Lula o el PT como institución estuvieran directamente involucrados en el asunto. La cosa que, como dice el dicho, “aquellos polvos trajeron estos lodos” y lo que no pudieron prever es que al juez Sergio Moro se le dio bien eso de andar escarbando donde había olor desagradable. Así fue como entre investigación un día sí y otro también, sale a luz la Operación Lava Jato. El resultado es que lo que se había pretendido que fuera para derrocar al PT (el ‘mensalao’) terminó demostrando que el relacionamiento político-empresarial estaba altamente corrompido por un sistema de corrupción sistemática -y naturalizada- donde la regla era que los empresarios pagaran a cambio de ser favorecidos en obras públicas. Conclusión: mientras personas nacidas para llevar adelante grandes empresas u ocupar altos cargos, gozar de playas paradisíacas o esquiar en Los Alpes, según les venga en gana, están tras las rejas; otras, llegadas a este mundo para ser analfabetas y servirles coco a los notables, tienen un oficio o están terminando una profesión.
El dictador
Basta mirar para el costado para darse cuenta que este sistema no se creó para que la cosa fuera así. Para colmo de males, este cambio se produjo en el país más grande del continente suramericano, “propietario” de buena parte de uno de los ecosistemas más codiciados en el mundo entero: la Amazonia, y del principal puerto de la región, el de Santos.
Por todos los medios era necesario no perder la joya de la corona. Involucrar al PT no dio resultado. Luego del mensalao, ese partido siguió llegando al gobierno en tres elecciones consecutivas. Al poder real se le hizo necesario subvertir la subversión. Así fue como llegaron al juicio político de Rousseff y, sin pruebas -confirmado porque no pudieron cesarla por ocho años de todo cargo público, como lo marca la Constitución-, la destituyeron.
En su lugar dejaron al vicepresidente Michel Temer, que también cuenta con solicitudes de juicio político en su contra, pero que están dejando quieto hasta que cumpla con la misión que tiene encomendada: que los pobres sigan pensando en cosas de pobres (qué comer mañana, cómo conseguir un empleo en casa de ricos, que el acceso a la salud no es para ellos, que es un lujo que sus hijos estudien…) y se dejen de cuestionar la riqueza de los ricos.
Para eso, a poco de asumir, elevó al Congreso, la propuesta de enmienda constitucional (PEC), mediante la cual se congela el gasto público por 20 años, ya que por ese período de tiempo el aumento anual se limitará a la tasa de inflación del año anterior. Durante los primeros diez años de implementada la normativa, no podrá modificarse. Esto impactará directamente sobre la inversión en salud, educación y vivienda.
Si la reacción del relator especial de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alson, fue de crítica dura y negativa hacia la PEC, es fácil imaginar cómo actuó la masa de trabajadores directamente involucrada: salieron a la calle a protestar.
El gobierno respondió como lo hacen las dictaduras: sacando el aparato represivo sin el más mínimo pudor, ni la más mínima vergüenza por ocupar un lugar para el que no fue electo. Palos, gases lacrimógenos, balas de goma y toda esa parafernalia creada para acallar disconformidades, fue puesta en marcha.
A modo de ejemplo se dirá lo sucedido en el Estado de San Pablo, lugar simbólico si los hay. Allí se consolidó la dictadura, bajo el refugio del llamado ABC Paulista, región industrial de ese Estado. Pero ahí también nació la Central Única de Trabajadores (CUT), de donde salió Lula a la vida pública. Fue ahí, en San Pablo, que hubo dos concentraciones este martes 13. Una, en la Plaza del Ciclista; otra, en el Parque Don Pedro II. En un punto se unieron y marcharon juntas hacia la Federación de Industrias (Fiesp), para acusar a los empresarios de haber apoyado el golpe de Estado de 1964 y este parlamentario de 2016, así como de ser los patrocinadores de la PEC. Los manifestantes fueron brutalmente reprimidos.
Lo lamentable es que no resulte extraño que los gobiernos de la región, tan prestos para hablar de la situación de Venezuela, no digan una palabra de todos estos atropellos. Ni siquiera un mísero comunicado salió de un escritorio de alguna cancillería, ni a nadie le interesó que el Mercosur se reuniera de manera urgente para analizar si era necesario tomar una medida contra Brasil. Para algunos parece que ese gobierno vale mucho, o ese pueblo no vale nada.
Durante el impeachment a Dilma Rousseff, la Fiesp instaló una pantalla gigante para que el pueblo pudiera festejar la destitución. Antes, se habían encargado de pregonar a los cuatro vientos que la situación del país iba a mejorar con la salida del PT del gobierno y que Temer era una garantía a la hora de invertir.
Mientras Michel es ejecutivo en el Ejecutivo, los pedidos de impeachment esperan en un cajón. Si de tiempo se trata, él sabe que las agujas del reloj no retroceden jamás. Y que sus minutos ya fueron contados.
Inaudito: Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar
La
idea de este señor para mejorar la economía de los comedores sociales
brasileños es subir un 150% el precio de los menús y que los pobres
coman con menos frecuencia.
Este tipo de comedores tiene serias dificultades para mantener sus tarifas mínimas con el objetivo de atender a los más necesitados. El espíritu con el que se crearon era alimentar diariamente a quienes menos recursos tengan, como los sintecho. Pues bien, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Pedro Fernandes, opina que la mejor solución para sus problemas económicos es subir los precios un 150% y que los pobres se alimenten con menos frecuencia, concretamente cada dos días.
Las críticas no se han hecho esperar ante semejante idea del político, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que insiste no ver una solución mejor que incrementar el precio de los menús, que pasarían de 2 a 5 reales brasileños.
Pese a lo seguro que estaba de sus palabras, en cuanto le llovieron las críticas reculó diciendo que su idea podría ser “desafortunada”, aunque se defendió recordando las dificultades que entraña mantener estos servicios.
(Con información de Viruji)
El Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años
La Cámara Alta aprueba el polémico proyecto del Gobierno de Temer, que podrá imponer severos recortes en áreas que necesitan la presencia del Estado, como Salud o Educación.
AGENCIAS - PÙBLICO - Publicado: 13.12.2016 18:37
MADRID.- El Senado brasileño ha
aprobado este martes de forma definitiva el polémico proyecto de ley
presentado por el Gobierno de Michel Temer que limitará el aumento del gasto público durante los próximos 20 años. La norma ha salido adelante por 53 votos a favor frente a 16 en contra.
El
proyecto fue tramitado con carácter de enmienda constitucional, por lo
que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara Alta,
que este martes dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la
oposición, que llegó a calificar la propuesta de "crimen de lesa patria".
Según varios expertos, el límite impondrá severos recortes del gasto
público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país
requiere de una ingente presencia del Estado, como son la salud, la
educación y la atención a los más empobrecidos.
La oposición fracasó en sus intentos de
frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de
inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.
La
enmienda constitucional dice que el aumento del gasto público anual
estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación
del ejercicio anterior y que ese techo sólo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.
Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la
deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB), lo que
considera "indispensable" para recuperar el equilibrio fiscal.Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6% por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de "insostenible". El Gobierno argumenta que, entre 2008 y 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50% respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está desde hace dos años en una profunda recesión.
La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), que pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno "sólo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros". Según Bezerra, se trata de un "delito de lesa patria" que ya "ha sido condenado por la mayoría de la población".
La senadora del PT citó una encuesta publicada por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60% de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que sólo cuenta con el apoyo del 24% de la sociedad. Sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.
Asesor de Temer renuncia tras escándalo de corrupción
José Yunes, asesor especial de la Presidencia de Michel Temer fue acusado de recibir poco más de dos millones de dólares en efectivo, que Temer le había pedido al empresario Odebrecht para financiar campañas del PMBD.
Asesor de Temer renuncia tras escándalo de corrupción.
Según el comunicado difundido por el gobierno de Brasil, el colaborador, abogado y amigo personal de Michel Temer negó las acusaciones, pero indicó que no podía permanecer como su asesor especial para así “preservar” su “dignidad” y “mantener encendida la llama cívica” que le hace “creer en los inmensos potenciales del país”.
Yunes fue acusado de recibir poco más de dos millones de dólares en efectivo (cerca de seis millones de reales), en su oficina por parte de un ex ejecutivo de la empresa de ingeniería Odebrecht, gigante de la construcción brasileña que aparece como la principal involucrada en el escándalo del Petrolao.
En la carta entregada al gobierno explicó “Renuncio porque no puedo ver mi nombre manchado por irresponsables denuncias de personajes menores con quien nunca tuve contacto directo o de terceros”.
Cooperación judicial
Este caso involucra directamente al presidente brasileño, quien fue denunciado de pedir unos tres millones de dólares al titular del grupo empresarial, Marcelo Odebrecht, para financiar campañas de su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).Yunes fue acusado de recibir una millonaria suma en efectivo en su oficina, producto del pedido de Temer. La acusación la realizó el delator Claudio Melo Filho, un ex ejecutivo de Odebrecht quien declaró el marco de un proceso de cooperación judicial en el que un grupo de 77 antiguos directores de la empresa Odebrecht prometen confesar haber corrompido a funcionarios y haber donado ilegalmente dinero para cubrir gastos de campaña, a cambio de buscar negocios con todos los estamentos del Estado, con el objetivo de obtener una reducción de pena.
En su declaración Melo Filho también involucró al secretario a cargo del plan de privatizaciones del gobierno, Wellington Moreira Franco, quien ante la posibilidad de una renuncia informó que está dedicado a sus tareas habituales en el gobierno y aseguró “no abandono las luchas cuando creo en ellas”.
Según el diario “Folha de Sao Paulo”la versión que involucra a Temer fue confirmada en sede judicial por Marcelo Odebrecht a los fiscales de la Operación Lava Jato, que investigan hechos de corrupción entre empresas y políticos a partir del escándalo de sobornos en Petrobras.
Denuncian encubrimiento de Temer a Macri por cuentas off shore
Desde Brasil denuncian que Temer busca encubrir a Macri. Foto: Reuters.
El requerimiento fue presentado por el legislador Roberto Requião, quien se hizo eco del exhorto enviado al Palacio Planalto por el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los vínculos de Macri con empresas off shore.
El magistrado había remitido al ministro de Justicia y Ciudadanía, Alexandre de Moraes (ex abogado de Eduardo Cunha, el destituido diputado y arquitecto político del golpe contra Dilma Rousseff) un pedido de datos sobre Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações. El objetivo es determinar si existe una relación comercial entre ellas y el jefe de Estado argentino. La respuesta había sido un mero “no”, a lo que Casanello envió otro pedido de cooperación con más detalles. Nunca hubo respuesta.
Por su parte, el senador Requião había presentado el 14 de diciembre también un pedido de informes para que se explique en qué empresas brasileras tenía participación Mauricio Macri. Ante el continuo silencio del gobierno de Temer, el legislador elevó una queja ante el Senado Federal, que ahora deberá resolver si insta a De Moraes para que dé una respuesta.
El legislador opositor no solo pidió saber “cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional” hecho por Casanello sino también sobre los requerimientos que “involucren” a Macri, a su padre Franco, a sus hermanos Mariano y Gianfranco, o a funcionarios del Grupo Macri.
Hace días, los hermanos del titular de la Casa Rosada pidieron al banco alemán UBS Deutschland AG que cierre la cuenta de su sociedad offshore BF Corporation abierta en esa entidad, y que también destruya “toda la correspondencia” que tuviera en sus manos. Luego de este pedido, los apoderados de esa compañía se negaron a responder sobre operaciones por varios millones de dólares y pidieron que se transfiera los fondos de esa firma a la entidad suiza J Safra Sarasin.
En tanto, el senador Requião también pregunta “cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers” y “cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes”. En otro de los puntos del planteo llevado al Parlamento pide que se precise si Macri “figuraba como uno de los socios o accionistas” de Fleg Trading (“creada –según el texto- para instalar el sistema de cobranzas Pago Fácil” en Brasil a través de Global Collection) y Global Colection Owner do Brasil Participações, y si Socma “habría realizado aportes” en ellas.
(Tomado de Página 12)
Crisis institucional
La oposición trabaja por las elecciones directas para presidente en Brasil
Delante de la posible salida de Temer, legisladores de la oposición aceleran medida que evitaría la elección indirecta
Parlamentarios
de la oposición están movilizándose en la Cámara Federal para intentar
acelerar la pauta en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) para
la apreciación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC)
227/2016, que prevé elecciones directas en el caso de quedar vacante el
cargo de presidente de la República, excepto en los últimos seis meses
de mandato.
Para los lideres de la oposición, la PEC sería una forma
de evitar que, en caso de eventual renuncia de Michel Temer, el
Congreso Nacional tenga que elegir indirectamente un nuevo ocupante del
cargo, conforme determina actualmente la Constitución Federal de 1988.
La legislación prevé la elección indirecta cuando la
vacancia se da durante la segunda mitad del mandato. Con la caída de la
popularidad del Temer, cercado de acusaciones resultantes de las
denuncias premiadas, la oposición cree que el país correría el riesgo de
sufrir una elección indirecta delante de una posible renuncia.
La PEC fue presentada el 1º de junio de este año, pero
está estancada en la Comisión de Constitución y Justicia desde el día 7
del mismo mes, cuando el relator de la propuesta, el diputado Esperidião
Amin (PP-SC), presentó su parecer por su admisión.
Articulación
Mirando al calendario electoral, serían necesarias las
firmas de 22 parlamentarios para que la presidencia del colegiado
adicionase la PEC a los ítems de la pauta del día. El número equivalente
a un tercio del número total de diputados que componen la CCJ, la mayor
comisión de la Cámara. Sim embargo, la oposición consiguió algo más de
10 firmas.
“Como la discusión de la Comisión ya comenzó, resolvimos dejar para
mañana, porque algunos lideres aún no llegaron a Brasília y nosotros
teníamos límite de horario para la presentación. Entonces, mañana vamos a
exigir del presidente que él paute la materia, porque es un derecho
constitucional que compete a los lideres colocarla en votación”, dijo al
Brasil de Fato el líder interino de la minoría, el diputado José Guimarães (PT-CE), autor del requerimiento.Propuesta
Para el diputado Miro Teixeira (Rede-RJ), la medida
sería más adecuada en relación a lo que prevé la norma constitucional.
“Ella fue presentada en una fecha ya distante de algunos acontecimientos
actuales, pero está muy presente en la cabeza de los brasileños. Brasil
no admite más elecciones indirectas en caso de vacancia. La base del
gobierno está entendiendo que ella está hecha para debilitar a Temer y
al PMDB, pero no estoy pensando en ellos, y son el Brasil, así como
varios otros diputados. Aunque no hubiese una serie de revelaciones que
están surgiendo, aún así hacen falta motivos para una elección
indirecta”, defendió el legislador.
Congreso y popularidad
Teixeira acrecentó que una eventual elección indirecta
traería perjuicios para el país. “No es posible que aún haya personas
con la cabeza volcada para elecciones indirectas realizadas por el
Congreso Nacional. Sería un retroceso delante de todo el movimiento
social que el país vio organizarse en los últimos tiempos. El pueblo no
entenderá, y Brasil va a hundirse en el caos”, piensa el diputado.
Para el líder de la Rede entre los diputados, Alessandro
Molon (RJ), el gobierno estaría deshidratándose delante del actual
contexto de denuncias que afectan a la cúpula del Ejecutivo. “El
gobierno Temer acabó. Las denuncias del [empresario] Odebrecht afectan
al corazón del gobierno, comenzando por el propio Temer. No hay
condiciones políticas en el país para seguir así hasta el 2018. Brasil
precisa de elecciones directas ya, sino el mismo Congreso que eligió a
Cunha y a Renan va a elegir el próximo presidente de la República. Vamos
a batallar por las directas”, garantiza Molon.
Gobierno
Mientras la oposición se articula para agilizar la PEC
227, la base oficialista continúa defendiendo que no hay motivos para
renunciar ni para elección directas.
“Existe un régimen constitucional y yo entiendo que la Constitución
Federal debe ser cumplida. Pienso también que, en momentos de crisis –
como estamos viviendo, es verdad –, querer alterar la Constitución es
una maniobra ambiciosa. Entonces, somos contrarios a eso y entendemos
que las soluciones deberán ser buscadas dentro de la Constitución
vigente”, argumentó uno de los lideres del PMDB en la Cámara, el
diputado Carlos Marum (PMDB-MS).
El correligionario de Temer, dijo discordar de las
críticas de la oposición de que no habría sintonía entre el Legislativo
Federal y las desmandas de la sociedad. “El Parlamento está conectado a
la sociedad, sí. Lo que existe a veces es una primera reacción que puede
ser contraria al Legislativo, pero, cuando ella para de observar lo que
estamos haciendo, lo que viene a continuación es la aprobación. No hay
posibilidad de una elección directa ni indirecta”, afirmó Marun,
rechazando la idea de la renuncia de Temer.
Traducción: María Julia Giménez
Miércoles 14 • Diciembre • 2016
Está que arde
El gobierno de Michel Temer obtuvo ayer la aprobación en
el Congreso de una de las reformas que considera fundamentales para
mejorar los resultados de la economía brasileña y, sobre todo, reducir
el déficit fiscal. La PEC 55, sucesora de la PEC 241 que se aprobó en
Diputados, fue votada ayer por segunda vez en el Senado. Fue aprobada,
aunque con menos votos que en la instancia anterior, lo que demuestra
una caída en el respaldo parlamentario al gobierno.
El 60% de los brasileños está en contra de la Propuesta de
Enmienda Constitucional 55 (PEC 55), que fue aprobada ayer en el Senado y
que se prevé que sea promulgada mañana por el Congreso. La norma limita
el crecimiento del gasto público por los próximos 20 años, y establece
que cada año sólo puede aumentar lo mismo que la inflación del año
anterior. Según la opinión de 62% de los brasileños, este congelamiento
del gasto público causará más problemas que soluciones, sobre todo en la
educación (51%) y el transporte público (47%).
El gobierno argumenta que los recursos destinados a los servicios públicos y a programas sociales son suficientes pero están mal distribuidos, aunque tampoco impulsa proyectos dirigidos a asegurar otra distribución. Sostiene, además, que el congelamiento del gasto impide que este se dispare por encima de la inflación, como pasó durante los gobiernos de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva, que, en épocas de bonanza económica, apostaron a los servicios públicos y los programas sociales.
El proyecto fue votado en las dos cámaras del Congreso dos veces, la última de ellas ayer, y las votaciones siempre fueron acompañadas por movilizaciones en contra de la iniciativa. Ayer miles de personas protestaron en una docena de ciudades contra la PEC 55. En Brasilia, cerca del Congreso, cientos de manifestantes se enfrentaron con la Policía, que los reprimió con gases lacrimógenos. Otros intentaron entrar a la sede de la conservadora Federación de Industrias del Estado de San Pablo, protegida por policías, y rompieron a pedradas parte de la fachada.
Los críticos con la propuesta aseguran que los miles de millones de reales que dejarán de invertirse en el sector público por la reforma repercutirán sobre todo en las personas con menos recursos, que contarán con peores servicios públicos y planes sociales.
En la segunda votación en el Senado la reforma constitucional recibió menos votos a favor que en la primera, 53 a 61. Varios senadores que antes habían respaldado la iniciativa ayer se ausentaron de la sesión y uno cambió su voto. Un asesor de Temer dijo a Folha de São Paulo, bajo la condición de que no se lo identificara, que el gobierno va a averiguar si estos senadores se ausentaron por diferencias con el proyecto y que va a aprovechar el receso parlamentario del verano para reunificar su base aliada. En las dos votaciones hubo senadores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer, que votaron en contra del proyecto. Estos senadores, entre los cuales están Kátia Abreu y Roberto Requião, respaldaron a Rousseff durante el juicio político y suelen votar en contra de las iniciativas del gobierno de Temer.
Un refuerzo
La aprobación de la PEC es un respiro para el gobierno de Temer, que atraviesa dificultades por las sospechas de que integrantes de su equipo, e incluso él mismo, están involucrados en actos de corrupción.
Son varias las noticias que se sucedieron en este sentido en las últimas semanas, varias de ellas después de que el domingo 4 salieran a las calles miles de brasileños a protestar contra la corrupción. El presidente del Senado, Renan Calheiros, será investigado por un presunto caso de corrupción cometido en 2007, y el lunes fue denunciado por la Procuraduría General por su supuesto involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Uno de los ex ejecutivos de Odebrecht, que acordó decir todo lo que sabe a cambio de una reducción de la pena, dijo que Temer pidió al menos un soborno al ex presidente de esa empresa, Marcelo Odebrecht, y mencionó como intermediarios al ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, y al senador Romero Jucá, muy cercano a Temer. Estas denuncias se suman a otra que surgió dentro del propio gabinete: el ex ministro de Cultura Marcelo Calero dijo que Temer, Padilha y Geddel Vieira Lima -quien tuvo que renunciar a su cargo de secretario de Gobierno por esta denuncia- lo habían presionado para que modificara una decisión de uno de los organismos dependientes del ministerio.
Con este escenario de fondo, el presidente dedicó la jornada del lunes a reunirse con sus aliados. Después de los encuentros no hubo declaraciones oficiales, pero los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo informaron acerca de la posición que llevó al encuentro el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a partir de testimonios de integrantes del partido, que integra la alianza de gobierno. Los representantes del PSDB dijeron que no van a dejar de apoyar al gobierno porque quieren colaborar con la “refundación” del país, pero dejaron claro que consideran necesario que algunos de los principales aliados de Temer dejen el Ejecutivo como un gesto de “grandeza” que traería de vuelta la “calma” política.
Quien fue un poco más allá ayer, en la sesión del Senado, fue el jefe de la bancada oficialista, Ronaldo Caiado, de Demócratas, otro de los partidos que respaldan al gobierno. Sugirió que Temer tiene que renunciar y se deben convocar elecciones anticipadas. “Podemos llegar a esta última instancia para perseverar en la democracia, es un gesto mayor para demostrar que nadie gobierna sin apoyo popular. En este momento no podemos tener miedo a una anticipación del proceso electoral, de ninguna manera”, dijo Caiado en la sesión. Agregó que no está pidiendo expresamente la renuncia de Temer, pero sí que “tenga la sensibilidad que no tuvo Dilma” Rousseff, su antecesora: “No hay que provocar a las calles e insistir con una posición que no va a sobrevivir”, indicó.
Caiado aclaró que hablaba a título personal y no anticipando una decisión de su partido, aunque en Demócratas hay divisiones sobre si se debe seguir respaldando al Ejecutivo de Temer. También las hay en el Partido Socialista Brasileño (PSB), que atraviesa problemas internos desde la muerte de su líder, Eduardo Campos, durante la campaña electoral de 2014. Un sector, liderado por su presidente, Carlos Siqueira, considera que el partido debe permanecer en el gobierno, donde incluso ocupa cargos. Otro, encabezado por el ex candidato a vicepresidente por el partido, Beto Albuquerque, considera que “es la hora de salir” del gobierno. El partido, que fue aliado de Rousseff y defendió ideas más cercanas a la izquierda, considera que las propuestas económicas de Temer son demasiado derechistas.
El PSB no pidió la renuncia de Temer, pero sí lo hizo la oposición. Debería dimitir “por la falta de condiciones para gobernar”, según dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa. Otra dirigente del PT, Fátima Bezerra, dijo que tiene que renunciar ahora mismo, ya que si lo hace antes de fin de año se harán nuevas elecciones, mientras que si lo hace en 2017 el nuevo mandatario será elegido por el Congreso. “No podemos permitir que el Congreso elija al nuevo presidente”, dijo Bezerra, recordando que más de la mitad de los senadores y diputados están siendo investigados por la Justicia.
Andrea MartínezEl gobierno argumenta que los recursos destinados a los servicios públicos y a programas sociales son suficientes pero están mal distribuidos, aunque tampoco impulsa proyectos dirigidos a asegurar otra distribución. Sostiene, además, que el congelamiento del gasto impide que este se dispare por encima de la inflación, como pasó durante los gobiernos de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva, que, en épocas de bonanza económica, apostaron a los servicios públicos y los programas sociales.
El proyecto fue votado en las dos cámaras del Congreso dos veces, la última de ellas ayer, y las votaciones siempre fueron acompañadas por movilizaciones en contra de la iniciativa. Ayer miles de personas protestaron en una docena de ciudades contra la PEC 55. En Brasilia, cerca del Congreso, cientos de manifestantes se enfrentaron con la Policía, que los reprimió con gases lacrimógenos. Otros intentaron entrar a la sede de la conservadora Federación de Industrias del Estado de San Pablo, protegida por policías, y rompieron a pedradas parte de la fachada.
Los críticos con la propuesta aseguran que los miles de millones de reales que dejarán de invertirse en el sector público por la reforma repercutirán sobre todo en las personas con menos recursos, que contarán con peores servicios públicos y planes sociales.
En la segunda votación en el Senado la reforma constitucional recibió menos votos a favor que en la primera, 53 a 61. Varios senadores que antes habían respaldado la iniciativa ayer se ausentaron de la sesión y uno cambió su voto. Un asesor de Temer dijo a Folha de São Paulo, bajo la condición de que no se lo identificara, que el gobierno va a averiguar si estos senadores se ausentaron por diferencias con el proyecto y que va a aprovechar el receso parlamentario del verano para reunificar su base aliada. En las dos votaciones hubo senadores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer, que votaron en contra del proyecto. Estos senadores, entre los cuales están Kátia Abreu y Roberto Requião, respaldaron a Rousseff durante el juicio político y suelen votar en contra de las iniciativas del gobierno de Temer.
Un refuerzo
La aprobación de la PEC es un respiro para el gobierno de Temer, que atraviesa dificultades por las sospechas de que integrantes de su equipo, e incluso él mismo, están involucrados en actos de corrupción.
Son varias las noticias que se sucedieron en este sentido en las últimas semanas, varias de ellas después de que el domingo 4 salieran a las calles miles de brasileños a protestar contra la corrupción. El presidente del Senado, Renan Calheiros, será investigado por un presunto caso de corrupción cometido en 2007, y el lunes fue denunciado por la Procuraduría General por su supuesto involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Uno de los ex ejecutivos de Odebrecht, que acordó decir todo lo que sabe a cambio de una reducción de la pena, dijo que Temer pidió al menos un soborno al ex presidente de esa empresa, Marcelo Odebrecht, y mencionó como intermediarios al ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, y al senador Romero Jucá, muy cercano a Temer. Estas denuncias se suman a otra que surgió dentro del propio gabinete: el ex ministro de Cultura Marcelo Calero dijo que Temer, Padilha y Geddel Vieira Lima -quien tuvo que renunciar a su cargo de secretario de Gobierno por esta denuncia- lo habían presionado para que modificara una decisión de uno de los organismos dependientes del ministerio.
Con este escenario de fondo, el presidente dedicó la jornada del lunes a reunirse con sus aliados. Después de los encuentros no hubo declaraciones oficiales, pero los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo informaron acerca de la posición que llevó al encuentro el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a partir de testimonios de integrantes del partido, que integra la alianza de gobierno. Los representantes del PSDB dijeron que no van a dejar de apoyar al gobierno porque quieren colaborar con la “refundación” del país, pero dejaron claro que consideran necesario que algunos de los principales aliados de Temer dejen el Ejecutivo como un gesto de “grandeza” que traería de vuelta la “calma” política.
Quien fue un poco más allá ayer, en la sesión del Senado, fue el jefe de la bancada oficialista, Ronaldo Caiado, de Demócratas, otro de los partidos que respaldan al gobierno. Sugirió que Temer tiene que renunciar y se deben convocar elecciones anticipadas. “Podemos llegar a esta última instancia para perseverar en la democracia, es un gesto mayor para demostrar que nadie gobierna sin apoyo popular. En este momento no podemos tener miedo a una anticipación del proceso electoral, de ninguna manera”, dijo Caiado en la sesión. Agregó que no está pidiendo expresamente la renuncia de Temer, pero sí que “tenga la sensibilidad que no tuvo Dilma” Rousseff, su antecesora: “No hay que provocar a las calles e insistir con una posición que no va a sobrevivir”, indicó.
Caiado aclaró que hablaba a título personal y no anticipando una decisión de su partido, aunque en Demócratas hay divisiones sobre si se debe seguir respaldando al Ejecutivo de Temer. También las hay en el Partido Socialista Brasileño (PSB), que atraviesa problemas internos desde la muerte de su líder, Eduardo Campos, durante la campaña electoral de 2014. Un sector, liderado por su presidente, Carlos Siqueira, considera que el partido debe permanecer en el gobierno, donde incluso ocupa cargos. Otro, encabezado por el ex candidato a vicepresidente por el partido, Beto Albuquerque, considera que “es la hora de salir” del gobierno. El partido, que fue aliado de Rousseff y defendió ideas más cercanas a la izquierda, considera que las propuestas económicas de Temer son demasiado derechistas.
El PSB no pidió la renuncia de Temer, pero sí lo hizo la oposición. Debería dimitir “por la falta de condiciones para gobernar”, según dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa. Otra dirigente del PT, Fátima Bezerra, dijo que tiene que renunciar ahora mismo, ya que si lo hace antes de fin de año se harán nuevas elecciones, mientras que si lo hace en 2017 el nuevo mandatario será elegido por el Congreso. “No podemos permitir que el Congreso elija al nuevo presidente”, dijo Bezerra, recordando que más de la mitad de los senadores y diputados están siendo investigados por la Justicia.
Brasil presenta la mayor cifra de muertes en conflictos agrarios
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dic. Por Brasil de Fato* – Entre enero y noviembre de 2016 se
registraron 54 homicidios provocados por disputas de tierras en Brasil,
superando los 50 muertos en el 2015, según el levantamiento realizado
por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Con este índice el año 2016
es el más violento desde el 2003, cuando fueron registradas 71 muertes
en el campo.
El estado más violento, Rondônia, situado en el Norte de Brasil, sumó
17 homicidios. Maranhão, estado del Nordeste, quedó en el segundo lugar
del ranking, con 12 muertes, seguido de Pará, también del Norte, con
seis.Rúben Siqueira, de la coordinación nacional de la CPT, indicó que desde hace cuatro años ya se verifica el incremento de homicidios, y que estos se concentran en la región Amazónica, “la niña de los ojos del mercado mundial”.
Según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, o sea, la valorización de las tierras como activo económico, y la creación del programa Tierra Legal, creado por el gobierno federal para regularizar tierras en la Amazonía, son determinantes para entender la intensificación de los conflictos. “Hay una corrida por obtener esas tierras como futuras inversiones o como una posibilidad de conseguir su legalización a precios muy bajos”, dijo.
Para la defensora Ilemara Sesquin Lopes, del Núcleo de Conflictos Agrarios de la Defensoría Pública del Estado de Rondônia, el crecimiento de la violencia en el campo en el estado (que continua en entre los más violentos) está relacionado a los retrocesos de las políticas públicas del gobierno federal, ya que la mayoría de los conflictos está en áreas de la Unión y que le compete al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
Según la defensora, el Estado intervino de forma más incisiva en la región después de los grandes conflictos en el 2003, a través de la creación de la Defensoría Agraria, que fue extinta el 25 de noviembre.
“Hubo muchos cambios en el directorio del Incra. Algunos programas que estaban evolucionando, de repente, retrocedieron. Desde hace algún tiempo que ya no hay tanta participación del gobierno federal en las cuestiones agrarias del Estado. Es natural que, con eso, la situación vuelva a ser lo que era en el pasado”, analizó.
Siqueira observa con preocupación la “desinstitucionalización del país”. Según afirmó, la disolución de secretarías ligadas a la reforma agraria y a la agricultura familiar en la Casa Civil y la extinción de la Defensoría Agraria, el día 25 de noviembre, sólo agravan el cuadro de violencia.
Falta de protección
Entre los homicidios contabilizados por la CPT en Rondônia, está el asesinato del matrimonio Edilene Mateus Porto, de 32 años, e Isaque Dias Ferrira, de 34, en septiembre de este año. La muerte de los líderes de la Liga Campesina fueron anunciadas unos años antes de lo ocurrido, cuando ella registró una denuncia informando a la Policía Militar que había hombres armados rodeando el Campamento 10 de Mayo, donde vivían.
Ilemara Sesquin Lopes reiteró la falta de programas específicos para la protección de víctimas y testigos de violencia y defensores de derechos humanos en el Estado. “La mayoría de las muertes son anunciadas. Las personas son amenazadas por grandes propietarios rurales y otras personas que tienen intereses en la situación, sólo que poquísimas cosas son hechas en este ámbito”, dijo.
A finales de agosto, el gobierno del estado creó, a través de la Ley n°3889, el Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados del Estado de Rondônia (Provitas-RO), que busca dar protección a las personas que están siendo coaccionadas o expuestas a graves amenazas, lo que están colaborando con investigaciones o procesos criminales.
Brasil de Fato cuestionó, por correo electrónico, al Consejo del Estado de Defensa de los Derechos Humanos sobre la cantidad de personas que ya integran el Provita-RO, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuestas.
Siqueira afirmó que medidas paliativas son pensadas cuando las muertes son notificadas fuera del estado, inclusive internacionalmente. “Ninguna medida es estructural, en sentido de atacar las causas de la situación. Lo que tiene que ser realizada es una reforma agraria verdadera y sacar a los ilegítimos pretendientes”, dijo.
Impunidad
La impunidad complementa el “caldo de cultivo” del aumento de los conflictos. “Casos que no van a juicio señalizan que la tierra no tiene ley, ni dueño”, declaró Siqueira.
Otro levantamiento realizado por la CPT, del año 2015, apunta que, en los últimos 30 años, apenas el 10% de los casos que fueron a la Justicia fueron juzgados. De los 1.270 casos de homicidio registrados en este periodo, apenas 108 tuvieron una conclusión en el Poder Judicial y solamente 28 autores intelectuales y 86 ejecutores fueron condenados por los crímenes cometidos.
Sesquin afirma que la situación es resultado de una policía sometida al poder político de los latifundistas de la región. Además, “no hay estructura para enfrentarlos”. “El contingente es pequeño. Las comisarías no tienen estructura para investigar, y los crímenes, tan graves, se miden con la misma vara que los otros”, evaluó la defensora.
La Defensoría cumple el papel de intermediación de ocupantes de tierras y los supuestos dueños de las áreas, y está al frente de las negociaciones con los gobiernos locales y federales. Sin embargo, Sesquin alega que la atención de los órganos es “bien limitada”. En Rondônia, son apenas dos defensores públicos agrarios, lo que es poco para el tamaño del estado, según ella.
“Conseguimos atender poquísima gente. Pero actuamos intentando hacer la mediación de los conflictos, generalmente para evitar que haya intervenciones de la policía de forma agresiva en las reintegraciones de pose”, afirmó.
Repercusión
En una nota, movimientos populares y entidades repudian las graves violaciones de derechos humanos en conflictos por la tierra ocurridos en el estado. “En el último período, la criminalización y el exterminio se tornaran regla, colocando al estado [Rondônia] como el primero del país en asesinatos a líderes de movimientos sociales campesinos de lucha por el derecho a la tierra”, dice un trecho del texto.
En el año 2015, de los 50 asesinatos ocurridos en conflictos agrarios, 47 fueron en la Amazonia; Rondônia es el estado con más casos: fueron 20 personas asesinadas entre indígenas, quilombolas, ocupantes, sin-tierra, ambientalistas, trabajadores rurales, y líderes.
La región contó con 30 de los 59 intentos de asesinato, 93 de las 144 amenazas de muerte, 66 de los 80 campesinos presos y 20.000.853 de los 21.374.544 hectáreas en conflicto.
Entre los principales conflictos están aquellos vividos por las comunidades afectadas por diques e hidroeléctricas; la tensión con los terratenientes, oriunda del problema de la propiedad de las tierras públicas; conflictos provenientes de la inexistencia de implementación de las Reservas; y los que afectan pueblos indígenas y quilombolas, que sufren con el desguace del Incra.
El Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) encaminó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 24 de octubre, un pedido de acción urgente para que el gobierno de Brasil y, específicamente, el gobierno del estado de Rondônia, tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en curso y que impida que nuevas violaciones sucedan.
BdF DM/15/11/16/7:00
*Brasil de Fato -BdF- es un portal de noticias orientado a cubrir procesos políticos, sociales, económicos y culturales, a partir de una visión popular de Brasil y del mundo. Nota original: https://www.brasildefato.com.b
EE.UU.: El club de millonarios del Gobierno Trump acumula una fortuna de 4.500 millones de dólares
El cálculo, realizado por la revista 'Forbes', no incluye el patrimonio del presidente, que se estima en 3.700 millones
EFE -PÚBLICO - Publicado: 22.12.2016 17:52
NUEVA YORK.- Los miembros del Gabinete nombrados hasta el momento por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, acumulan una fortuna de unos 4.500 millones de dólares, según un cálculo publicado este jueves por la revista Forbes.
Esa
cantidad no incluye ni el patrimonio del propio Trump, que la
publicación estima en 3.700 millones de dólares, ni el de otros de sus
nombramientos al margen del Gabinete, entre los que hay multimillonarios
como el próximo secretario del Ejército, Vincent Viola, o el
subsecretario de Comercio, Todd Ricketts.
La riqueza del equipo de Trump es un 60% superior a la del actual Gabinete de Barack Obama
Según Forbes, dentro del equipo de Gobierno de Trump el más rico es el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con una fortuna de unos 2.500 millones de dólares
tras una carrera especializada en el rescate de empresas en quiebra del
sector manufacturero. Tras él figura la secretaria de Educación, Betsy
DeVos, parte de la familia propietaria de la multinacional Amway y que
dispone de unos 1.250 millones de dólares.
El próximo secretario
de Estado, el petrolero Rex Tillerson, tienen una fortuna de 325
millones de dólares; mientras que la del que será secretario del Tesoro,
Steve Mnuchin, es de unos 300 millones, siempre según Forbes.La revista estima que sólo dos miembros del Gabinete, el vicepresidente Mike Pence y el responsable de Interior Ryan Zinke, tienen un patrimonio inferior al millón de dólares, aunque están muy cerca de esa cifra con 800.000 dólares.
En conjunto, la riqueza del equipo de Trump es un 60% superior a la del actual Gabinete de Barack Obama, a pesar de que aún quedan dos puestos por designar. Los componentes del Gobierno de Obama acumulan un patrimonio de unos 2.750 millones, gracias principalmente a la secretaria de Comercio y heredera de los hoteles Hyatt, Penny Pritzker, y sus 2.500 millones de dólares.
Según cálculos de algunos medios, en conjunto, los altos cargos nombrados hasta ahora por Trump, dentro y fuera de su Gabinete, acumulan una fortuna de más de 10.000 millones de dólares.
Keiser Report en español: "O darán un golpe contra Trump, o están planeando su asesinato"
Publicado: 20 dic 2016 17:08 GMT | Última actualización: 20 dic 2016 17:40 GMT - RT
En este episodio de Keiser Report desde
Pensacola, en Florida, Max y Stacy hablan de cómo florecen en los medios
la xenofobia y las teorías de la conspiración de Keith Olbermann.
Además, comentan las últimas adquisiciones de oro de Rusia. En la
segunda parte Max entrevista al exasesor del secretario del Tesoro de
Reagan, Paul Craig Roberts, sobre el intento de golpe de Estado contra
Trump en el colegio electoral y las diferencias entre la Guerra Fría de
antaño y la de hogaño.
"Se llama xenofobia. Cuando alguien está en contra de una nacionalidad concreta, se dice que es un xenófobo", apuntó Stacey. Asimismo "esa guerra de los memes contra Rusia en la que se han embarcado algunos personajes de lo que en su momento fueron los medios dominantes es una vergüenza", completó Max.
Para Stacey si Putin "era consciente de que hackear los correos electrónicos del partido demócrata supondría la derrota en las elecciones de una de las candidatas más chifladas de la historia de la democracia estadounidense, entonces me quito el sombrero ante él". Pero al mismo tiempo señaló que cuando la NBC dio esa supuesta información "nada más soltar la bomba, pasaron a la siguiente noticia, como si lo que acababan de decir no tuviera la más mínima relevancia". Lo que les pasa es que, "como están obsesionados con las noticias falsas, ellos mismos han acabado publicando una. Pero con su comportamiento han demostrado que ni ellos mismos se creen su propia mentira".
El oro de Moscú
Por otra parte los conductores de Keiser Report analizaron la compra de oro que acaba de hacer Rusia, que es la más grande desde 1998."Si Rusia está comprando tanto oro, es porque está segura de que el sistema de las divisas fiat acabará por desplomarse", explicó Max. Sin embargo "Occidente, Estados Unidos y Wall Street siguen inundando el mercado de contratos de papel moneda ficticios, con el objetivo de suprimirlo", añadió.
"Ahí es donde se está librando la batalla en este momento; en la trinchera de los metales preciosos y las divisas fiat", puntualizó.
¿Golpe de Estado a Trump?
En la segunda parte del programa Max entrevistó a Paul Craig Roberts, exasesor del secretario del Tesoro de Ronald Reagan y titular de uno de los medios online de la llamada "derecha alternativa" que apoyó a Donald Trump en las elecciones. "Creo que lo que intentan algunos es acabar con la independencia de los medios online para seguir controlando las explicaciones que se le dan a la opinión pública", disparó Roberts. Pero aclaró que "contra quien está dirigida la campaña" no es contra esos medios, "sino contra Trump".Desde su perspectiva, detrás de todo esto están "la oligarquía que gobierna Estados Unidos, los seis poderosos grupos de interés privado, el complejo militar y de seguridad, Wall Street, los grandes bancos y el lobby israelí". Ahora "lo importante" para el complejo militar-industrial es "tener un gran enemigo: primero, durante la Guerra Fría, fue la Unión Soviética. El problema es que cuando Reagan y Gorbachov pusieron fin a la Guerra Fría y se produjo el desmembramiento de la Unión Soviética, el complejo se quedó sin enemigo; por eso tuvo que crear la amenaza islámica".
Sin embargo, con la "caída" de la amenaza musulmán tras la muerte de Bin Laden "han tenido que recrear la amenaza rusa", señaló Roberts. Es que "el poder se ha dado cuenta de que, si no puede controlar la mente de la ciudadanía, no puede sacar adelante sus planes". Por eso "el objetivo principal del poder es Trump, a quien intentan impedir que llegue a la presidencia".
Finalmente opinó que "en ningún país de Occidente hay democracia como tal" y que los grandes poderes "van muy en serio; o están convencidos del éxito del golpe contra Trump, o es que están planeando su asesinato".
