Reseña de la criminalización
contra 31 pobladores que se han movilizado por la defensa del derecho
al agua, proceso, enjuiciamiento,SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, sobreseimiento y libertad definitiva defensores de Guapinol criminalizados.
El canto, la oración, la resistencia, la música, la pintura, los gritos de solidaridad, los tambores garífunas, las guitarras, la poesía, las botellas de plástico con arena, pancartas, mantas, pinceles y pinturas lograron su objetivo: “Resiste Guapinol” “De aquí no nos vamos, si no los llevamos”.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la criminalización en contra de 31 pobladores quienes se han movilizado por la defensa del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos[1].
Según la información recibida, el 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas[2], dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención. La audiencia en la que se decidirá si hay suficiente prueba para sustentar los cargos y el procesamiento de las 13 personas se realizará el 28 de febrero de 2019.
El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.
El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
El Observatorio manifiesta su preocupación por el hecho de que las imputaciones contra los 31 pobladores estén originadas en una manipulación del sistema de justicia para amedrentarlos por su movilización en la defensa de derechos y que las mismas tengan como intención desestructurar al movimiento. Es preocupante igualmente la decisión de que el proceso haya sido trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, los cuales fueron concebidos para conocer casos de estructuras criminales que están provocando altos índices de muerte en el país. Esto evidencia la instrumentalización de estos juzgados y del sistema de justicia para criminalizar a las poblaciones que hacen un uso legítimo de su derecho de resistencia en defensa de la tierra y el territorio.
El Observatorio hace un llamamiento a que el Estado de Honduras tome medidas concretas urgentes para asegurar el respeto del derecho al debido proceso de los pobladores y poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial – en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, sobre todo en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso permitiendo que el proceso se lleva a cabo privilegiando la libertad de los 31 defensores del derecho al agua en Honduras;
ii. Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iii. Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y evitar el uso de la prisión preventiva, la cual, en el contexto hondureño está siendo utilizada para la desmovilización social en violación a los estándares internacionales;
iv. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
v. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Por: Sandra Rodríguez
El canto, la oración, la resistencia, la música, la pintura, los gritos de solidaridad, los tambores garífunas, las guitarras, la poesía, las botellas de plástico con arena, pancartas, mantas, pinceles y pinturas lograron su objetivo: “Resiste Guapinol” “De aquí no nos vamos, si no los llevamos”.
Honduras: Criminalización contra 31 pobladores que se han movilizado por la defensa del derecho al agua
Defensores de Derechos Humanos criminalizados por defender el Río Guapinol
El Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante
la siguiente situación en Honduras.Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la criminalización en contra de 31 pobladores quienes se han movilizado por la defensa del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos[1].
Según la información recibida, el 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas[2], dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención. La audiencia en la que se decidirá si hay suficiente prueba para sustentar los cargos y el procesamiento de las 13 personas se realizará el 28 de febrero de 2019.
El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.
El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
El Observatorio manifiesta su preocupación por el hecho de que las imputaciones contra los 31 pobladores estén originadas en una manipulación del sistema de justicia para amedrentarlos por su movilización en la defensa de derechos y que las mismas tengan como intención desestructurar al movimiento. Es preocupante igualmente la decisión de que el proceso haya sido trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, los cuales fueron concebidos para conocer casos de estructuras criminales que están provocando altos índices de muerte en el país. Esto evidencia la instrumentalización de estos juzgados y del sistema de justicia para criminalizar a las poblaciones que hacen un uso legítimo de su derecho de resistencia en defensa de la tierra y el territorio.
El Observatorio hace un llamamiento a que el Estado de Honduras tome medidas concretas urgentes para asegurar el respeto del derecho al debido proceso de los pobladores y poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial – en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, sobre todo en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso permitiendo que el proceso se lleva a cabo privilegiando la libertad de los 31 defensores del derecho al agua en Honduras;
ii. Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iii. Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y evitar el uso de la prisión preventiva, la cual, en el contexto hondureño está siendo utilizada para la desmovilización social en violación a los estándares internacionales;
iv. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
v. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Guapinol: “Ella quería enfrentarse a la ley”
Lourdes Gómez, defensora del Río Guapinol, criminalizada.
Tegucigalpa, Honduras.-
A sus 27 años Lourdes Gómez, nunca había enfrentado problemas legales y
ahora está en prisión a la espera de la audiencia inicial, junto a doce
compañeros acusados ante los Tribunales de Justicia por defender los
bienes comunes de la Naturaleza, en Tocoa, Colón.
Su casa quedó sola. El esposo de la
joven defensora se ha traslado a Tegucigalpa para acompañarla en este
proceso de criminalización que la tiene privada de libertad en el Centro
Femenino de Adaptación Social (Cefas), en Támara, a la altura del
kilómetro 32 en carretera que conduce a la costa norte de Honduras.
La pareja dejó en el Bajo Aguán su
vivienda vacía y cerrada, pues todo cuanto tienen lo llevan en su lucha
por la defensa del agua, del Río Guapinol, de la casa común, tal cual lo
aprendieron en el seno familiar.
Lourdes sabía a lo que se enfrentaba por
defender la cuenca hidrográfica de Guapinol. Tenía claro lo que era
“caer en manos de la justicia” está bien complicado, aun así, ella
quería enfrentarse a Ley, por que defender el agua no es un crimen.
Kelvin Vindel es su compañero de vida y
logró verla ayer en CEFAS. Donde permanece desde el domingo cuando fue
remitida a prisión preventiva por orden del juez de jurisdicción
nacional Víctor Méndez, dándole cita para la audiencia inicial el jueves 28 de febrero, en el juzgado de letras de lo penal de Tegucigalpa.
Defensores de Derechos Humanos criminalizados por defender el Río Guapinol
Según la orden de captura 148-2018
son 18 los y las defensoras acusadas de usurpación y daños en perjuicio
de la empresa minera Inversiones Los Pinares, el pasado mes de octubre,
por lo que su equipo acordó una presentación voluntaria el viernes 22,
pero el juez les informó que no podía dar medidas distintas a la prisión
porque había un segundo requerimiento contra 32 personas, que incluía a
las 18 primeras.
Por este motivo se recusó al juez Carlos Irías de León, en
La Ceiba; y los remitieron a bordo de un camión policial tanto a
Lourdes como a sus 12 compañeros de lucha, en calidad de detenidos para
continuar con la audiencia que concluyó casi a medianoche del sábado 23.
Mujer valiente
Lourdes es una mujer luchadora y
valiente, me siento orgullosa de ella, afirmó a Defensores en Línea, su
hermana Dilma, quien ha hecho el intento de entrar al centro carcelario
para mujeres, pero no lo ha logrado.
Su rostro cambió al preguntarle si logró
ver a su hermana, con melancolía respondió “Mi cuñado sí la vio, me
dijo que está bien, duerme y come bien”, ella considera que Dios tiene
un propósito por lo que está pasando, y no vamos a descansar hasta tener
un municipio libre de minería -detalló Dilma- pues así les enseñó a
luchar su padre, don Julián Gómez, quien por su avanzada edad no puede
estar siempre en las manifestaciones sociales.
Para la familia de Lourdes, al igual que el resto de la población que defiende los bienes comunes, pensaron que ir voluntariamente ante el juez nacional los dejaría en libertad,
por lo que existe temor tanto por el grupo de 32 criminalizados, como
por los que se ponen a la instalación de empresas extractivistas.
Hace algún tiempo, los habitantes de
Guapinol notaron que el agua del río no era igual, les causaba alergia e
irritación en la piel, por lo que debían rascarse mucho “el agua del
rio picaba la piel”, recordó la defensora, “el agua era roja”.
En ese contexto, se instaló un campamento en defensa de la vida y del río Guapinol, organizado por el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa,
que logró parar el trabajo de la minera Inversiones Los Pinares, y
ahora algunos de sus representantes están bajo prisión preventiva.
Altar indigena en memoria de Carlos Escalera
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- “Cuando vimos que en la comunidad de Guapinol que el agua se empezó a ensuciar y no se podía hacer nada con ella, teníamos que comprar el botellón que cuesta 20 lempiras, entonces no hallábamos que hacer, el agua parecía como que habían batido un poco de lodo espeso, y cuando llevábamos el agua a la pila, ya empezaba ese mal olor”.
Fue allí cuando nos unimos para hacerle frente a la situación y defender el río, expresó María Victoria del Cid del Comité Municipal de Defensora de los Bienes Comunes en el Bajo Aguán.
En un evento dirigido por la Coalición Contra la Impunidad y realizado en un hotel capitalino, doña María, llevó su testimonio que ha vivido en carne propia desde que decidió defender el río junto a unas mujeres valientes y unos cuatro varones que se animaron, según lo expresó ante los defensores y defensoras que estaban presentes en la sala y que acompañan la lucha de Guapinol.
“Pero por quien estamos así, se preguntó, digamos el alcalde y la corporación de Tocoa y el presidente también, porque ellos son los que vendieron y no les importó que nosotros quedemos sin agua. Nosotros estamos haciendo mucho, no solo por nosotros, si no por los jóvenes y por los niños, por los animales, porque va a llegar el momento que ni un pez va a ver en el agua porque el agua se va a secar”, añadió del Cid.
Por su parte Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes dijo que “la finalidad de este evento es dar a conocer la serie de ilegalidades y de irregularidades en todo el proceso de concesión minera que se ha otorgado, en este caso actualmente la representa la Familia Facussé, el señor Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, y que ahora se llama Inversiones Los Pinares”.
Agregó que es todo un proceso de ilegalidades desde el estado, desde instituciones que debieron inscribir una zona especial que se llama parque Nacional Montaña de Botaderos, que hoy también, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lleva el nombre de Carlos Escaleras.
Para la coordinadora de COPA “el estado es el culpable de el conflicto en El Aguán, en los niveles que correspondan, desde las instituciones del estado, del poder ejecutivo, el mismo Congreso Nacional a través de los diputados y además la corporación municipal en el municipio de Tocoa”.
A dicho evento también se hizo presente el abogado Carlos Jiménez, quien se preguntó ¿Quiénes son los culpables del conflicto? Así como las Irregularidades e ilegalidades que están alrededor de la concesión minera.
“Para empezar vamos a hablar sobre la aprobación nacional sobre el Parque Montaña de Botaderos, el parque fue creado en el 2012 bajo el decreto127 -2012, como área protegida, que su fin es preservar y conservar los recursos naturales, uno de los objetivos generales establecidos en el decreto”.
A través de la protección es estimular la protección de los ecosistemas, generar alternativas sostenibles para las comunidades.
Continuó diciendo que ” vamos a ver que este es un tema recurrente y que tanto en el decreto y en el plan de manejo del parque se hace mención a que es siempre en beneficio de las comunidades a favor de las poblaciones locales”.
“El parque, según el decreto de su creación cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo que es la zona más importante, la zona de mayor protección y 7,1531.7 corresponden a la zona de amortiguamiento que es la encargada de mitigar los efectos de la actividad humana alrededor del parque, para que no alcance precisamente la zona núcleo”, añadió.
Según Jiménez “a pesar de que en el decreto de su creación en el artículo 8 se establece que el parque debe ser inscrito en el catalogo de patrimonio forestal inalienable, esto es como un registro especial de bienes del estado, entonces desde este año 2012 este Parque Nacional debió haber sido inscrito en dicho catalogo”.
“La ley de minería prohíbe otorgar derechos mineros en aéreas protegidas declaradas e inscritas en este catalogo por lo que el parque es una zona de exclusión minera.
Desde el 2012 las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) que son las encargadas de este catalogo tenían la obligación de proceder a esta inscripción, ya estamos en el 2019 y eso no ha pasado todavía”.
“El parque no ha sido inscrito al catalogo bajo el alegato que el proceso, aunque es indispensable, es costoso y lleva tiempo para realizarse, entonces por eso justifican que todavía no se considere zona de exclusión minera; sin embargo en el decreto de su creación ya queda una clausula donde a partir de su publicación en La Gaceta se prohíbe cualquier titulación favor de particulares en el área protegida”.
“Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros, como procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto. También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riegos”.
Cabe señalar que Después del evento se trasladaron hasta el Ministerio Público a poner la denuncia.
Y como lo expresó Elsy Banegas “el acceso para dicha denuncia ha sido la Fiscalía de Defensores de Derechos Humanos, que creemos que es a quien tenemos nosotros la obligación de presionar y exigirle que nos defienda, porque en este caso el comité está integrado por defensores y defensoras de derechos humanos y ambiente.
Añadió que somos las víctimas y los afectados y en general todo el municipio que tal vez una parte que tenga un sentimiento a favor de la minera por desconocimiento, por desinformación y porque han coaptado casi todos los medios de comunicación en la zona, pero en general es un derecho al agua y a la vida.
Tegucigalpa.- Las organizaciones populares,
ambientalistas, de derechos humanos, entre otras, lanzaron hoy sus voces
al unísono en apoyo con 12 defensores de la tierra del sector de
Guapinol, Tocoa, Colón, quienes fueran privadas de libertad luego que se
presentaran voluntariamente a los juzgados, donde han sido acusados de
los delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los
Pinares” y el Estado de Honduras, incendio agravado, robo y asociación
ilícita.
En las afueras del juzgado de Jurisdicción Nacional ubicados en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa, donde se realiza audiencia contra los 12 defensores de la tierra, se aglomeraron centenares de personas para solidarizarse y exigir su libertad.
En un inicio la audiencia se realizaría en los juzgados de Letras del barrio La Granja a las 9:00 de la mañana, pero a última hora la misma se trasladó para el juzgado de Jurisdicción Nacional y comenzó pasada las 12 del mediodía.
Los 12 defensores llegaron en un bus amarrillo y para poder ingresar a los juzgados se tuvo que llamar a un pelón de policías para que hicieran una valla para evitar que las personas que realizaban el plantón tuvieran contacto con ellos.
Los presentes en el plantón al unísono gritaban consigna exigiendo la libertad de los defensores y la cancelación de la explotación minera en el municipio de Tocoa.
Los garífunas con sus tambores pusieron ambiente en el lugar, donde pacientemente las personas esperaban la llegada de los 12 defensores de la tierra, quienes luchan en la defensa del río Guapinol.
El 21 de febrero 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras.
Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron estaban incluidas en el nuevo requerimiento.
Esta segunda acusación contra los defensores es por los delitos de incendio agravado, robo y asociación ilícita.
Al recusar la defensa al juez de la Ceiba, el juicio fue trasladado a otro juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa. Este juez les dicto detención preventiva y señaló para hoy la audiencia en la que se decidirá si hay suficiente prueba para sustentar los cargos y el procesamiento de los 13 defensores.
Pronunciamiento
*RENADETT (integrada por afiliados de la CNTC y LVC-Honduras, con la formación del COFADEH)
Pronunciamiento
A los 28 días del mes de febrero del año 2019
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos de Tocoa, Colón, presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
contra el Decreto Legislativo 252 – 2013 que generó el conflicto en
Guapinol, Tocoa, Colón, que hoy tiene en prisión a 12 defensores de la
vida.
A iniciativa del exdiputado nacionalista por Colón, Ricardo Antonio Diaz, y bajo el pretexto de ampliar la zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos, el Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates, la reducción de su zona núcleo en 217 hectáreas, mismas que coincidentemente fueron entregadas en concesión minera, al empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, propietarios de Inversiones Los Pinares.
El otorgamiento de ambas concesiones en área restringida para la minería, por ser zona de recarga hídrica, según el Plan de Manejo del parque, provocó la indignación de la población que desde entonces se mantiene movilizada en defensa de ese bien común, desatándose una campaña de desprestigio, intimidación y persecución en su contra.
Las denuncias de los pobladores ante el Ministerio Público no encontraron respuesta; que si atendió con diligencia a los empresarios, presentando dos requerimientos fiscales ante Juzgados de Jurisdicción Nacional que tratan delitos de criminalidad organizada, contra 32 defensores del área protegida, para quienes solicitó libramiento de órdenes de captura como si se tratase de delincuentes.
Doce defensores criminalizados que se presentaron voluntariamente, fueron enviados a prisión desde la noche del sábado por el juez de Jurisdicción Nacional, Víctor Méndez, quien anticipó su decisión, violando su obligación de ser imparcial.
Siendo que el Decreto Legislativo 252 – 2013, presentado, dictaminado, discutido, aprobado, sancionado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República, el Recurso de Inconstitucionalidad busca que la Sala de lo Constitucional haga justicia con su fallo, a quienes defienden con su vida los bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, 25 de febrero del 2019.
Es de señalar que el proyecto extractivista está en el área protegida Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora tiene el nombre del ambientalista asesinado en 1997 “Carlos Escalera”, como medida de reparación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, el Congreso Nacional
aprobó la reducción de la zona núcleo del Parque Carlos Escaleras en 217
hectáreas, las que fueron entregadas en concesión minera inversiones
Los Pinares.
Mañana 12 defensores y una defensoras de
los bienes comunes de la naturaleza enfrentaran al sistema de justicia
nacional, ahora con dos órdenes de captura bajo supuestos delitos de
usurpación, daños, incendio, privación injusta de la libertad, y otros.
Mañana se presentan al juzgado unicado en el barrio La Granja de Comayagüela:- Juan Carlos López (aparece en ambos requerimientos)
- Carlos Leonel George George (aparece en ambos requerimientos)
- Reinaldo Domínguez Ramos (aparece en ambos requerimientos)
- Juventino Cruz Hernández (aparece en ambos requerimientos)
- Lourdes Elizabeth Gómez Rodas (aparece en ambos requerimientos)
- Juan Francisco Cruz García (aparece en ambos requerimientos)
- Jose Eugenio Esquivel (aparece en ambos requerimientos)
- Rigoberto Rodríguez Arita (solo aparece en el primero requerimiento)
- Jose Adalid Cedillo Mendoza (aparece en ambos requerimientos)
- Juan Manuel Cruz Hernández (aparece en ambos requerimientos)
- José Santos Hernández (aparece en ambos requerimientos)
- Marcos Tulio Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento)
- Ally Magdaleno Domínguez Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento).
¿Quién es el culpable del conflicto en Guapinol?
Tegucigalpa.- “Cuando vimos que en la comunidad de Guapinol que el agua se empezó a ensuciar y no se podía hacer nada con ella, teníamos que comprar el botellón que cuesta 20 lempiras, entonces no hallábamos que hacer, el agua parecía como que habían batido un poco de lodo espeso, y cuando llevábamos el agua a la pila, ya empezaba ese mal olor”.
Fue allí cuando nos unimos para hacerle frente a la situación y defender el río, expresó María Victoria del Cid del Comité Municipal de Defensora de los Bienes Comunes en el Bajo Aguán.
En un evento dirigido por la Coalición Contra la Impunidad y realizado en un hotel capitalino, doña María, llevó su testimonio que ha vivido en carne propia desde que decidió defender el río junto a unas mujeres valientes y unos cuatro varones que se animaron, según lo expresó ante los defensores y defensoras que estaban presentes en la sala y que acompañan la lucha de Guapinol.
“Pero por quien estamos así, se preguntó, digamos el alcalde y la corporación de Tocoa y el presidente también, porque ellos son los que vendieron y no les importó que nosotros quedemos sin agua. Nosotros estamos haciendo mucho, no solo por nosotros, si no por los jóvenes y por los niños, por los animales, porque va a llegar el momento que ni un pez va a ver en el agua porque el agua se va a secar”, añadió del Cid.
Por su parte Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes dijo que “la finalidad de este evento es dar a conocer la serie de ilegalidades y de irregularidades en todo el proceso de concesión minera que se ha otorgado, en este caso actualmente la representa la Familia Facussé, el señor Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, y que ahora se llama Inversiones Los Pinares”.
Agregó que es todo un proceso de ilegalidades desde el estado, desde instituciones que debieron inscribir una zona especial que se llama parque Nacional Montaña de Botaderos, que hoy también, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lleva el nombre de Carlos Escaleras.
Para la coordinadora de COPA “el estado es el culpable de el conflicto en El Aguán, en los niveles que correspondan, desde las instituciones del estado, del poder ejecutivo, el mismo Congreso Nacional a través de los diputados y además la corporación municipal en el municipio de Tocoa”.
A dicho evento también se hizo presente el abogado Carlos Jiménez, quien se preguntó ¿Quiénes son los culpables del conflicto? Así como las Irregularidades e ilegalidades que están alrededor de la concesión minera.
“Para empezar vamos a hablar sobre la aprobación nacional sobre el Parque Montaña de Botaderos, el parque fue creado en el 2012 bajo el decreto127 -2012, como área protegida, que su fin es preservar y conservar los recursos naturales, uno de los objetivos generales establecidos en el decreto”.
A través de la protección es estimular la protección de los ecosistemas, generar alternativas sostenibles para las comunidades.
Continuó diciendo que ” vamos a ver que este es un tema recurrente y que tanto en el decreto y en el plan de manejo del parque se hace mención a que es siempre en beneficio de las comunidades a favor de las poblaciones locales”.
“El parque, según el decreto de su creación cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo que es la zona más importante, la zona de mayor protección y 7,1531.7 corresponden a la zona de amortiguamiento que es la encargada de mitigar los efectos de la actividad humana alrededor del parque, para que no alcance precisamente la zona núcleo”, añadió.
Según Jiménez “a pesar de que en el decreto de su creación en el artículo 8 se establece que el parque debe ser inscrito en el catalogo de patrimonio forestal inalienable, esto es como un registro especial de bienes del estado, entonces desde este año 2012 este Parque Nacional debió haber sido inscrito en dicho catalogo”.
“La ley de minería prohíbe otorgar derechos mineros en aéreas protegidas declaradas e inscritas en este catalogo por lo que el parque es una zona de exclusión minera.
Desde el 2012 las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) que son las encargadas de este catalogo tenían la obligación de proceder a esta inscripción, ya estamos en el 2019 y eso no ha pasado todavía”.
“El parque no ha sido inscrito al catalogo bajo el alegato que el proceso, aunque es indispensable, es costoso y lleva tiempo para realizarse, entonces por eso justifican que todavía no se considere zona de exclusión minera; sin embargo en el decreto de su creación ya queda una clausula donde a partir de su publicación en La Gaceta se prohíbe cualquier titulación favor de particulares en el área protegida”.
“Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros, como procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto. También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riegos”.
Cabe señalar que Después del evento se trasladaron hasta el Ministerio Público a poner la denuncia.
Y como lo expresó Elsy Banegas “el acceso para dicha denuncia ha sido la Fiscalía de Defensores de Derechos Humanos, que creemos que es a quien tenemos nosotros la obligación de presionar y exigirle que nos defienda, porque en este caso el comité está integrado por defensores y defensoras de derechos humanos y ambiente.
Añadió que somos las víctimas y los afectados y en general todo el municipio que tal vez una parte que tenga un sentimiento a favor de la minera por desconocimiento, por desinformación y porque han coaptado casi todos los medios de comunicación en la zona, pero en general es un derecho al agua y a la vida.
Organizaciones sociales llegan a tribunales a solidarizarse con defensores de Guapinol
En las afueras del juzgado de Jurisdicción Nacional ubicados en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa, donde se realiza audiencia contra los 12 defensores de la tierra, se aglomeraron centenares de personas para solidarizarse y exigir su libertad.
En un inicio la audiencia se realizaría en los juzgados de Letras del barrio La Granja a las 9:00 de la mañana, pero a última hora la misma se trasladó para el juzgado de Jurisdicción Nacional y comenzó pasada las 12 del mediodía.
Los 12 defensores llegaron en un bus amarrillo y para poder ingresar a los juzgados se tuvo que llamar a un pelón de policías para que hicieran una valla para evitar que las personas que realizaban el plantón tuvieran contacto con ellos.
Los presentes en el plantón al unísono gritaban consigna exigiendo la libertad de los defensores y la cancelación de la explotación minera en el municipio de Tocoa.
Los garífunas con sus tambores pusieron ambiente en el lugar, donde pacientemente las personas esperaban la llegada de los 12 defensores de la tierra, quienes luchan en la defensa del río Guapinol.
El 21 de febrero 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras.
Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron estaban incluidas en el nuevo requerimiento.
Esta segunda acusación contra los defensores es por los delitos de incendio agravado, robo y asociación ilícita.
Al recusar la defensa al juez de la Ceiba, el juicio fue trasladado a otro juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa. Este juez les dicto detención preventiva y señaló para hoy la audiencia en la que se decidirá si hay suficiente prueba para sustentar los cargos y el procesamiento de los 13 defensores.
REDEHSUR: No más presos por defender los bienes comunes
Pronunciamiento
Este
día que se lleva a cabo la audiencia inicial contra 10 compañeros y una
compañera defensores del río Guapinol, la Red de Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos de la Zona Sur del país (REDEHSUR), exigimos su liberación inmediata.
Nadie
debe ir a prisión por defender la naturaleza, por eso nos solidarizamos
con la lucha que liberan en Guapinol, Tocoa, departamento de Colón, por
la cual han sido requeridos con orden de captura 31 personas, 18 de
ellas con doble acusación por varios delitos como usurpación, privación
injusta de la libertad, incendio, robo, y daños en perjuicio de la
empresa minera Inversiones Los Pinares.
Afirmamos
que en la defensa del ambiente somos un sólo grupo, porque los bienes
comunes no deben tener dueños, ya que es el patrimonio que nos dejaron
nuestros ancestros y que nosotros cuidamos para las futuras
generaciones.
Compartimos
el dolor en esta lucha, por que en la zona sur de Honduras sufrimos los
mismos daños que en la costa norte, ya que hay empresas extractivistas
mineras, hidroeléctricas y fotovoltaicas, así como terrateniente que
aparecen de repente para adueñarse de nuestra tierra, ríos y playas.
Ante el
panorama incierto que vivimos los y las defensoras de derechos humanos
en Honduras, especialmente hoy los hermanos y hermana de Guapinol,
solicitamos a la comunidad nacional e internacional que no aparte su
mirada de este país y que nos acompañe en esta lucha donde lo que
exigimos es Justicia para quienes defienden el planeta.
Así
mismo exigimos al Estado bajo el mando ilegítimo de Juan Orlando
Hernández, que deje de violentar convenios y tratados internacionales
que establecen su deber de cuidar a quienes defienden Derechos Humanos,
tomando en cuenta que algunos de los criminalizados y enviados a prisión
preventiva gozan de medidas cautelares MC 50-14 otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de líderes y
campesinos del Bajo Aguán
Desde las afueras del Juzgado de Jurisdicción Nacional, Tegucigalpa, Honduras, 28 de febrero de 2019.
Red de Defensores y Defensoras de la Zona Sur del país (REDEHSUR)
Con el apoyo y acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
RENADETT: Cese a la criminalización de los defensores del territorio en Guapinol
Debido a
la criminalización y encierro en centros penales de 12 compañeros y una
compañera que defienden el Río Guapinol en la comunidad de Ceibita,
municipio de Tocoa, departamento de Colón, nosotros y nosotras
integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
Tierra y Territorio (RENADETT), hacemos de conocimiento
público a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e
internacionales y pueblo en general lo siguiente:
Que el
atropello que han sido víctimas las y los defensores de derechos humanos
de Guapinol, quienes están en prisión preventiva tras ser enjuiciados
injustamente, por el régimen hondureño encabezado por Juan Orlando
Hernández respaldado por las empresas extractivistas, las instituciones
del Estado, y la empresa privada, han criminalizado y mantienen una
abierta persecución contra los y las defensores de DDHH, tierra y
territorio que buscamos proteger y evitar la explotación minera,
extracción, contaminación, desplazamiento y destrucción de la
biodiversidad de las montañas y toda la vida genética que es parte de la
riqueza natural de nuestro país y suelo heredado ancestralmente de
generación en generación.
Por
estas razones lamentamos y repudiamos que se mantenga en prisión -por
dictamen del juez Víctor Méndez- a los compañeros y compañeras que se
han levantado en defensa del río Guapinol, la principal fuente de agua
que abastece todas las comunidades del municipio de Tocoa, Colón.
Expresamos
nuestras muestras de solidaridad como compañeros, hermanos y paisanos, a
quienes han sido trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, por
orden del juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, el sábado
anterior, y que este día comparecerán en audiencia inicial.
La
RENADETT hace un llamado a todas las organizaciones defensoras de
derechos humanos y movimiento popular a que nos unamos para exigir la
liberación de los compañeros y compañera de Guapinol.
De igual manera hacemos el
llamado a las organizaciones, instituciones nacionales e internacionales
afines para que se brinde todo el respaldo a los 31 compañeros que han
sido requeridos con orden de captura emitidas en octubre del 2018 y
enero del 2019, la que se desconocía hasta que se presentaron
voluntariamente en el Tribunal de Justicia de La Ceiba, Atlántida, el
jueves 21 de febrero, donde el juez Carlos Irías de León afirmó no poder
dar medidas distintas a la prisión, y al ser recusado por la defensa,
los envió al juzgado de Tegucigalpa, en un camión policial.
Exigimos que se retiren del país
las empresas extractivistas y cesen las concesiones o “proyectos de
desarrollo” que se instalan mediante concesiones sin tomar en cuenta la
opinión de los y las pobladoras.
Reiteramos
nuestro grito de protesta: alto a la criminalización de los defensores
de DDHH de la tierra, territorios y sus bienes naturales, y libertad
para los defensores.
Y, demandamos se respete el derecho de decidir de las personas sobre su territorio.
28 de febrero del 2019*RENADETT (integrada por afiliados de la CNTC y LVC-Honduras, con la formación del COFADEH)
El Paraíso: Exigimos libertad para defensores de Guapinol
Nosotros
y nosotras integrantes de la Red de Comunicadores/as sociales y
Defensores/as de Derechos Humanos del departamento de El Paraíso (Red-El
Paraíso) nos pronunciamos ante los organismos nacionales e
internacionales defensores de derechos humanos y la comunidad en
general, para denunciar los grandes atropellos contra nuestros
compañeros y compañeras de Guapinol.
Hay
trece compañeros/a defensores de derechos humanos, derechos ambientales y
derechos territoriales que integran el CAMPAMENTO POR LA VIDA Y EL AGUA
DE GUAPINOL, en Tocoa, Colón, quienes permanentemente defienden la vida
y por ello están con prisión preventiva, acusado por empresarios
mineros.
En total
son 31 defensores de los bienes comunes de la naturaleza perseguidos y
acusados criminalmente por defender la zona del río Guapinol que recorre
el parque nacional “Carlos Escaleras” en la montaña El Botadero, que
abastece de agua a las comunidades cercanas.
La zona
es militarizada y atacada sin importar que hay leyes y convenios
internacionales que la protegen, así como la existencia de la Medida
Cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) MC- 50-14 que protege a varios líderes
campesinos y ambientales que han sido enviado a la Penitenciaría
Nacional “Marco Aurelio Soto” y al Centro Femenino de Adaptación Social
(CEFAS) en Támara, Francisco Morazán, mientras se celebra la audiencia
inicial este 28 de febrero en Tegucigalpa.
Por
tanto, denunciamos la criminalización contra los y las defensoras de
derechos humanos, y responsabilizamos al Estado de Honduras, bajo el
régimen de Juan Hernández, por el abuso, despojo, estigmatización y
privación de la libertad de nuestros compañeros/as, ya que esto destruye
a las familias hondureñas.
Con la
criminalización de quienes defienden los bienes comunes de la
naturaleza, únicamente se beneficia a las empresas concesionarias que se
roban la riqueza de nuestros territorios, como en este caso la empresa
minera INVERSIONES LOS PINARES, que supuestamente ha sido afectada por
este grupo de defensores, y cuya actividad extractivista causa grandes
daños a nuestras poblaciones creando envidias, divisiones violencia,
persecución y en algunos casos hasta provoca la muerte.
Por
tanto, pedimos a la comunidad nacional e internacional nos ayuden a
contrarrestar esta situación de zozobra que vivimos y padecemos cada día
como hondureños.
Exigimos que se respete la integridad
física y emocional de nuestros compañeros y compañera privados
injustamente de su derecho a la libertad, por hacer uso de su derecho a
defender la naturaleza.
“El río también es mi prójimo” Juan López, privado de libertad.
¡GUAPINOL RESISTE!A los 28 días del mes de febrero del año 2019
Red de comunicadores/as sociales y defensores/as de DDHH del departamento de El Paraíso, Honduras
*Con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Corte debe acabar con el origen del conflicto en Guapinol
A iniciativa del exdiputado nacionalista por Colón, Ricardo Antonio Diaz, y bajo el pretexto de ampliar la zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos, el Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates, la reducción de su zona núcleo en 217 hectáreas, mismas que coincidentemente fueron entregadas en concesión minera, al empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, propietarios de Inversiones Los Pinares.
El otorgamiento de ambas concesiones en área restringida para la minería, por ser zona de recarga hídrica, según el Plan de Manejo del parque, provocó la indignación de la población que desde entonces se mantiene movilizada en defensa de ese bien común, desatándose una campaña de desprestigio, intimidación y persecución en su contra.
Las denuncias de los pobladores ante el Ministerio Público no encontraron respuesta; que si atendió con diligencia a los empresarios, presentando dos requerimientos fiscales ante Juzgados de Jurisdicción Nacional que tratan delitos de criminalidad organizada, contra 32 defensores del área protegida, para quienes solicitó libramiento de órdenes de captura como si se tratase de delincuentes.
Doce defensores criminalizados que se presentaron voluntariamente, fueron enviados a prisión desde la noche del sábado por el juez de Jurisdicción Nacional, Víctor Méndez, quien anticipó su decisión, violando su obligación de ser imparcial.
Siendo que el Decreto Legislativo 252 – 2013, presentado, dictaminado, discutido, aprobado, sancionado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República, el Recurso de Inconstitucionalidad busca que la Sala de lo Constitucional haga justicia con su fallo, a quienes defienden con su vida los bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, 25 de febrero del 2019.
Amnistía internacional demanda garantizar el Debido Proceso a las personas defensoras de DDHH de Guapinol encarceladas
Wednesday, 27 February 2019 23:44 Written by Dina Meza Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:criterio.hn
Además de urgir el respeto al debido proceso de 12 personas
defensoras de los derechos humanos de Guapinol que fueron encarceladas
por oponerse a la empresa minera Inversiones Los Pinares, Amnistía
Internacional señaló en una declaración pública difundida este 27 de
febrero de 2019, que el Estado de Honduras debe llevar a cabo una
investigación independiente e imparcial .
11 defensores y una defensora que se presentaron voluntariamente el
21 de febrero pasado ante un juez de jurisdicción nacional, recibieron
como castigo la cárcel por oponerse a la contaminación de su medio
ambiente y deberán enfrentar la maquinaria estatal que responde a los
intereses de la empresa minera Inversiones Los Pinares, este jueves 28
de febrero de 2019.
Asimismo en la declaración pública Amnistía Internacional recuerda a las autoridades hondureñas que la prisión preventiva solo debe aplicarse de manera excepcional
Este es el documento emitido por Amnistía Internacional a pocas horas de la Audiencia Inicial contra las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad de Guapinol.
DECLARACIÓN PÚBLICA Índice AMR 37/9929/2019
Honduras: Autoridades deben garantizar debido proceso a personas defensoras
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la detención preventiva de 12 personas defensoras de los derechos humanos que hacen campaña por la protección del área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras frente a proyectos de minería. El estado hondureño debe garantizar una investigación independiente e imparcial, y con apego a todas las garantías del debido proceso para estas personas. Igualmente, la organización recuerda a las autoridades que sólo se debe hacer uso de la prisión preventiva de forma excepcional, cuando exista un riesgo considerable de huida, o un potencial perjuicio para las víctimas o testigos, o sea probable la alteración por parte de las personas investigadas de las pruebas existentes o en la investigación misma.
El 21 de febrero de 2019, 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se presentaron voluntariamente en los tribunales de La Ceiba, en respuesta a un requerimiento emitido por el Ministerio Público en octubre de 2018, por los supuestos delitos de usurpación y daños. Los abogados de las personas defensoras han relatado a Amnistía Internacional que no recibieron información de otros requerimientos, por lo que tanto ellos como las personas defensoras fueron sorprendidos con la existencia de un segundo requerimiento que incluía a 13 personas más, para un total de 31 personas acusadas de los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Al día siguiente, fueron presentados ante un juez de jurisdicción nacional que ordenó el ingreso en prisión de una defensora y 11 de sus compañeros defensores. Desde el 24 de febrero, las 12 personas defensoras están en prisión preventiva a la espera del juicio.
La comunidad de Guapinol y el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se han opuesto a la concesión de un proyecto minero por parte del Estado hondureño a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escalera, antes llamado Montaña de Botaderos, ubicado en el municipio de Tocoa. Desde el 1 de agosto de 2018 los pobladores instalaron un campamento en protesta ante la que consideran una concesión ilegal por estar en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir. Asimismo, han denunciado la reducción del área de la zona núcleo, a través de un decreto de 2013 para facilitar que las concesiones quedaran ubicadas fuera de la zona protegida.
Lea la delcración pública en el sitio web de Aministia Internacional Aquí
Por: Sandra Rodríguez
Asimismo en la declaración pública Amnistía Internacional recuerda a las autoridades hondureñas que la prisión preventiva solo debe aplicarse de manera excepcional
Este es el documento emitido por Amnistía Internacional a pocas horas de la Audiencia Inicial contra las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad de Guapinol.
DECLARACIÓN PÚBLICA Índice AMR 37/9929/2019
Honduras: Autoridades deben garantizar debido proceso a personas defensoras
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la detención preventiva de 12 personas defensoras de los derechos humanos que hacen campaña por la protección del área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras frente a proyectos de minería. El estado hondureño debe garantizar una investigación independiente e imparcial, y con apego a todas las garantías del debido proceso para estas personas. Igualmente, la organización recuerda a las autoridades que sólo se debe hacer uso de la prisión preventiva de forma excepcional, cuando exista un riesgo considerable de huida, o un potencial perjuicio para las víctimas o testigos, o sea probable la alteración por parte de las personas investigadas de las pruebas existentes o en la investigación misma.
El 21 de febrero de 2019, 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se presentaron voluntariamente en los tribunales de La Ceiba, en respuesta a un requerimiento emitido por el Ministerio Público en octubre de 2018, por los supuestos delitos de usurpación y daños. Los abogados de las personas defensoras han relatado a Amnistía Internacional que no recibieron información de otros requerimientos, por lo que tanto ellos como las personas defensoras fueron sorprendidos con la existencia de un segundo requerimiento que incluía a 13 personas más, para un total de 31 personas acusadas de los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Al día siguiente, fueron presentados ante un juez de jurisdicción nacional que ordenó el ingreso en prisión de una defensora y 11 de sus compañeros defensores. Desde el 24 de febrero, las 12 personas defensoras están en prisión preventiva a la espera del juicio.
La comunidad de Guapinol y el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se han opuesto a la concesión de un proyecto minero por parte del Estado hondureño a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escalera, antes llamado Montaña de Botaderos, ubicado en el municipio de Tocoa. Desde el 1 de agosto de 2018 los pobladores instalaron un campamento en protesta ante la que consideran una concesión ilegal por estar en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir. Asimismo, han denunciado la reducción del área de la zona núcleo, a través de un decreto de 2013 para facilitar que las concesiones quedaran ubicadas fuera de la zona protegida.
Lea la delcración pública en el sitio web de Aministia Internacional Aquí
Héroes y heroína del ambiente en el banquillo de los acusados
Tegucigalpa, Honduras. –
Incierta e impredecible, así se describe la audiencia inicial contra
once defensores de los bienes comunes de la naturaleza, que hoy
continúan el proceso de enfrentar el sistema de justicia, ante un juez
de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, quien los tiene bajo prisión
preventiva, desde el domingo anterior.
Centenares de personas de diferentes
pueblos originarios, grupos campesinos, defensores de derechos humanos y
estudiantes llegaron a las inmediaciones del Juzgado de Jurisdicción
Nacional, en la avenida La Paz, de Tegucigalpa. Aunque se había citado
para el juzgado de letras de lo Penal, en el barrio La Granja, de
Comayagüela.
El autobús que traslada a los y las
privadas de libertad, arribó cerca de las 10:30 de la mañana, dejando a
ahí a algunas personas, y siguió su marcha, creando incertidumbre a los
presentes, sin embargo, volvió con los defensores media hora después.
Al grito “no están solos, no están
solos”, bajaron los defensores esposados de dos en dos, con la alegría
que los caracteriza en esta lucha por su Río Guapinol, por la Casa
Común. La policía acordonó la zona impidiendo el acercamiento con los y
las compañeras, incluso obstruyendo el acceso a la prensa que cubría la
audiencia que inició este jueves 28 de febrero.
Mientras el proceso penal se desarrollaba en el juzgado, afuera, en la calle no se descansa ni un momento exigiendo justicia.
El
sacerdote Marcio Matute, denunció el abuso de este sistema devorador
contra quienes defienden los derechos humanos, además que un mandato
cuidar de la Casa Común, de la cual “todos y todas somos parte, por lo
que debemos tener una forma adecuada de vivir son perjudicar a los
demás”.
Los compañeros no pierden la esperanza
confían en el trabajo del equipo legal, pero también son conscientes de
lo que están enfrentando, detalló la coordinadora de la Fundación San
Alonso Rodríguez (FSAR), Juana Esquivel, quien ha estado presente en la
audiencia. Ella considera que hay intencionalidad de hacer este proceso
más largo.
Mientras que, Esly Banegas,
representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
(COPA), hizo un llamado a organizaciones nacionales e internacionales
para que se mantengan alertas y pendientes de este caso, donde 31
personas son acusadas por defender los bienes naturales.
Lucha de resistencia permanente
Es
grave que a los defensores y defensora no se les permita ver, detalló
el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC-sj), y resaltó la labor de los
abogados defensores que ha descartado los argumentos del juez Víctor
Méndez.
Detalló que hay miradas internacionales
en el caso, representantes de organizaciones de derechos humanos,
Embajada de los Estados Unidos, Unión Europea e incluso el director
general de los sacerdotes jesuitas, radicado en Canadá exhortó a dicho
gobierno estar pendiente de este caso donde se criminaliza a defensores
del ambiente y se violenta además el derecho al ambiente.
El también integrante de la Convergencia
Contra el Continuismo (CCC), afirmó que son héroes y heroínas a quienes
se les lleva a juicio. Los 10 defensores y una defensora del Río
Guapinol, cuenca que abastece de agua a varias las comunidades de Tocoa,
son víctimas de un modelo feroz y depredador contra quienes de algún
modo están representando a todos los sectores de la sociedad que
defienden el ambiente, el agua, los derechos humanos.
Se está, ante una decisión política que
los convierte en víctimas y tiene como objetivo neutralizar la labor que
ellos han estado realizando y el liderazgo que ellos ejercen en la zona
del agua. También pretende desarticular la labor en las comunidades y
disuadir a toda la gente luchadora en Honduras, porque los están
poniendo como espejo, aseveró el padre “Melo”.
“Si ustedes continúan haciendo lo que
están haciendo, defendiendo los ríos y el agua les va a pasar lo que
paso a los de guapinol”, sería, a criterio de Moreno, la advertencia del
sistema represor.
Considera que ellos y ella, están siendo
carne de cañón, con la pretensión de ponerlos como ejemplo de lo que no
se debe hacer, pero nosotros lo estamos viendo al reverso de los
empresarios y políticos, los están convirtiendo en auténticos héroes y heroína,
y eso está despertando más la conciencia de la sociedad hondureña y de
los pobres que estamos defendiendo el ambiente, -consecutivo- está
generando más movilización no sólo por la libertad sino por aumentar la
defensa de los nuestros bienes en todo el país.
La CCC se ha pronunciado contra los
proyectos mineros y extractivistas, por lo que, el caso de Guapinol es
un ejemplo de resistencia y rebeldía, soberanía popular y de lo que nos
toca continuar. Así como Berta Cáceres es el ejemplo más emblemático de
quienes luchas por los derechos humanos, los compañeros de Guapinol son
la continuadad de Berta Cáceres y por eso los ojos de la comunidad
internacional está sobre ellos.
Todos tenemos derechos a cansarnos, a lo que no tenemos derecho es a no administrar el cansancio de acuerdo con el proceso de resistencia permanente. Esta lucha no es de velocidad es de resistencia permanente, pero para ello hay relevos, mientras unos nos cansamos, otros que vienen atrás nos relevan.
Por la defensa del ambiente no debe
haber justificación para que los defensores sigan privados de libertad,
pero si hay una decisión política por encima de cualquier argumento
legal, no estamos haciendo nada en el proceso legal; sin embargo, se
mantiene la confianza que va a prevalecer la verdad, la justicia e
incluso el sentido común, culminó el defensor de derechos humanos.
Este
día a las 12 de la noche se vence el término de prisión preventiva, por
lo que se espera la libertad para los defensores y la defensora, del
Río Guapinol que han enfrentado dos órdenes de captura, y según
declaraciones de la defensa se ha logrado el sobreseimiento definitivo
en dos casos del primer expediente.
Honduras es considerado el lugar más
peligroso para defender el planeta, tal como lo estableció el informe de
la organanización Global Witness , presentado en enero del
Denuncian apoderados legales: Juez llama por teléfono al presidente de la CSJ para que le diga cómo actuar contra ambientalistas de Guapinol
Thursday, 28 February 2019 22:46 Written by German Reyes Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:ellibertador.hn
Este jueves 28 de febrero de 2019, con dos horas de retraso de la
hora programada, a las 11 de la mañana, un juzgado con jurisdicción
nacional, dio comienzo de la audiencia inicial de un juicio amañado,
según la defensa, que evidencia las directrices que obedece el juez de
parte de la empresa y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Rolando Argueta.
"El Juez no es imparcial", denunció la defensa de los 12
ambientalistas criminalizados en la comunidad de Guapinol, en la
jurisdicción de Tocoa Colón, por defender los recursos naturales,
entregados inconsultamente, por el gobierno de Juan Orlando Hernández a
la empresa minera, Inversiones Los Pinares.
La compañía, es propiedad de Lenir Pérez y su esposa, Ana Facusse, hija del terratenientre, Miguel Facusse, a quienes les dieron en concesión parte de la zona núcleo del Parque Nacional, Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras, lugar donde nacen todas las fuentes de agua potable del municipio de Tocoa, una situación que tiene en alerta a los pobladores que se oponen a las operaciones de la empresa.
Y por defender el agua y los bosques, las autoridades han criminalizado a 32 pobladores de Guapinol y enviado a la cárcel a doce de sus líderes, incluida una mujer.
Los doce defensores del ambiente se presentaron voluntariamente para responder a los cargos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, el pasado 25 de febrero, al finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez, Víctor Méndez, les dictó detención judicial y los mandó a la Penitenciaría Nacional.
Ellos son, Lourdes Elizabeth Gómez, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, Jose Eugenio Esquivel, Juventino Cruz, Alí Magdaleno Domínguez, Juan Manuel Cruz, Juan Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos Leonel George y José Adalid Cecilio Mendoza, a quienes presentaron en la audiencia inicial, esposados y fuertemente custodiados, como si se tratara de verdaderos criminales.
Omar Menjivar, abogado defensor, dijo que el juez, Víctor Méndez, ha tomado partido a favor de la empresa minera convirtiéndose en la contraparte del juicio, un lugar que le corresponde a la fiscalía, pero "estamos peleando contra el juez y esa no es la naturaleza", insistió el Menjivar.
En la audiencia inicial la defensa en la que también forma parte del abogado, Edy Tábora, ha planteado la nulidad del juicio y argumentado que el juez con jurisdicción nacional no tiene competencia para conocer la causa de los ambientalistas de Guapinol.
Además sin lograr nada en favor de los imputados, la defensa también ha planteado recursos de inconstitucionalidad y habeas corpus, "pero el juez está cumpliendo instrucciones de la empresa", aseguró el abogado Menjivar.
Asimismo, acusó al juez de resolver los planteamientos de la defensa, sin invocar ninguna ley. También denunció que el juez Méndez le pide opiniones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, una situación que evidencia su falta de independencia.
Vale decir que éste es un juicio observado por misiones diplomáticas de diversos países y por organismos nacionales y extranjeros de los derechos humanos.
En las afueras desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas, representantes de diversas organizaciones sociales, respaldan a los ambientalistas y le exigen al juez su liberación.
Entre ellos, están los parientes de los imputados, campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de las organizaciones indígenas y negras.
Por la tarde una nutrida delegación de Guapinol y organizaciones de derechos humanos que les acompañan, acudió al Consejo de protección para denunciar la violación al Debido Proceso de los defensores de derechos humanos que están bajo total indefensión. Allí expusieron las irregularidades, entre ellas la asignación de un juez de jurisdicción nacional, persecución y amenazas que denunciaron desde el año pasado ante el Ministerio Público, pero que no fueron investigadas.
Defensa: Juez y fiscales delincuentes llevan a cabo el juicio
Estamos ante un juez totalmente delincuente que no tiene ninguna
garantía en el juicio, hemos interpuesto todos los recursos pertinentes y
todo nos indica que a los compañeros los van a mandar a un centro
penitenciario después de esta audiencia, dijo Edy Tábora, de C-LIBRE, en
conferencia de prensa transmitida por redes sociales.
Los fiscales también son delincuentes, el Estado de Honduras tiene todo preparado para mandar a los compañeros de vuelta a la cárcel.
El Ministerio Público debe hacerse presente aquí y a la señora Any Ochoa que es Inspectora de Tribunales para que investigue la conducta delictiva y tráfico de influencias de este juez, porque esto es un juicio político contra todas estas personas.
Lo que está claro aquí es que este juez tiene un empecinamiento para mantener este caso, él no es competente para hacerlo porque la Ley no le da autoridad, el juez que debe conocer del mismo es el del Juzgado de Tocoa.
Él está cumpliendo órdenes y las está cumpliendo a toda costa, aunque quede evidenciado que no tiene capacidad profesional porque no puede argumentar sus resoluciones.
El sábado pasado Edy Tábora lo recusó el sábado pasado y se levantó diciendo que le iba a hablar al presidente de la Corte, eso lo descalifica como juez independiente, idóneo, que conozca de la materia judicial. Llega al colmo esto que nosotros no estamos confrontamos con la fiscalía sino contra el juez, eso no es la naturaleza del proceso.
Aquí nos toca estar rebatiendo los argumentos del juez, hemos planteado todos los recursos posibles, sin ninguna prospera, y no es que no tengamos la razón, sino que fundamentamos en ley y queda claro que no es competente en este caso. Este señor no merece respeto.
Aquí es claro que están cumpliendo instrucciones de le empresa minera que canaliza los mandatos a través del presidente de la Corte, cada vez que presentamos un recurso que le incomoda suspende la audiencia y va a hacer llamadas.
Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, dijo que es lamentable que cuando uno observa que hay una actitud persecutoria contra los compañeros y compañeros, pero este juez no argumenta, este es un juicio político donde se utiliza la Ley para enjuiciar a nuestros hermanos y hermanas porque no hay una argumentación para mantenerlos presos.
La compañía, es propiedad de Lenir Pérez y su esposa, Ana Facusse, hija del terratenientre, Miguel Facusse, a quienes les dieron en concesión parte de la zona núcleo del Parque Nacional, Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras, lugar donde nacen todas las fuentes de agua potable del municipio de Tocoa, una situación que tiene en alerta a los pobladores que se oponen a las operaciones de la empresa.
Y por defender el agua y los bosques, las autoridades han criminalizado a 32 pobladores de Guapinol y enviado a la cárcel a doce de sus líderes, incluida una mujer.
Los doce defensores del ambiente se presentaron voluntariamente para responder a los cargos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, el pasado 25 de febrero, al finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez, Víctor Méndez, les dictó detención judicial y los mandó a la Penitenciaría Nacional.
Ellos son, Lourdes Elizabeth Gómez, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, Jose Eugenio Esquivel, Juventino Cruz, Alí Magdaleno Domínguez, Juan Manuel Cruz, Juan Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos Leonel George y José Adalid Cecilio Mendoza, a quienes presentaron en la audiencia inicial, esposados y fuertemente custodiados, como si se tratara de verdaderos criminales.
Omar Menjivar, abogado defensor, dijo que el juez, Víctor Méndez, ha tomado partido a favor de la empresa minera convirtiéndose en la contraparte del juicio, un lugar que le corresponde a la fiscalía, pero "estamos peleando contra el juez y esa no es la naturaleza", insistió el Menjivar.
En la audiencia inicial la defensa en la que también forma parte del abogado, Edy Tábora, ha planteado la nulidad del juicio y argumentado que el juez con jurisdicción nacional no tiene competencia para conocer la causa de los ambientalistas de Guapinol.
Además sin lograr nada en favor de los imputados, la defensa también ha planteado recursos de inconstitucionalidad y habeas corpus, "pero el juez está cumpliendo instrucciones de la empresa", aseguró el abogado Menjivar.
Asimismo, acusó al juez de resolver los planteamientos de la defensa, sin invocar ninguna ley. También denunció que el juez Méndez le pide opiniones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, una situación que evidencia su falta de independencia.
Vale decir que éste es un juicio observado por misiones diplomáticas de diversos países y por organismos nacionales y extranjeros de los derechos humanos.
En las afueras desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas, representantes de diversas organizaciones sociales, respaldan a los ambientalistas y le exigen al juez su liberación.
Entre ellos, están los parientes de los imputados, campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de las organizaciones indígenas y negras.
Por la tarde una nutrida delegación de Guapinol y organizaciones de derechos humanos que les acompañan, acudió al Consejo de protección para denunciar la violación al Debido Proceso de los defensores de derechos humanos que están bajo total indefensión. Allí expusieron las irregularidades, entre ellas la asignación de un juez de jurisdicción nacional, persecución y amenazas que denunciaron desde el año pasado ante el Ministerio Público, pero que no fueron investigadas.
Defensa: Juez y fiscales delincuentes llevan a cabo el juicio
 Abogados defensores Edy Tábora y Omar Menjivar |
Los fiscales también son delincuentes, el Estado de Honduras tiene todo preparado para mandar a los compañeros de vuelta a la cárcel.
El Ministerio Público debe hacerse presente aquí y a la señora Any Ochoa que es Inspectora de Tribunales para que investigue la conducta delictiva y tráfico de influencias de este juez, porque esto es un juicio político contra todas estas personas.
Lo que está claro aquí es que este juez tiene un empecinamiento para mantener este caso, él no es competente para hacerlo porque la Ley no le da autoridad, el juez que debe conocer del mismo es el del Juzgado de Tocoa.
Él está cumpliendo órdenes y las está cumpliendo a toda costa, aunque quede evidenciado que no tiene capacidad profesional porque no puede argumentar sus resoluciones.
El sábado pasado Edy Tábora lo recusó el sábado pasado y se levantó diciendo que le iba a hablar al presidente de la Corte, eso lo descalifica como juez independiente, idóneo, que conozca de la materia judicial. Llega al colmo esto que nosotros no estamos confrontamos con la fiscalía sino contra el juez, eso no es la naturaleza del proceso.
Aquí nos toca estar rebatiendo los argumentos del juez, hemos planteado todos los recursos posibles, sin ninguna prospera, y no es que no tengamos la razón, sino que fundamentamos en ley y queda claro que no es competente en este caso. Este señor no merece respeto.
Aquí es claro que están cumpliendo instrucciones de le empresa minera que canaliza los mandatos a través del presidente de la Corte, cada vez que presentamos un recurso que le incomoda suspende la audiencia y va a hacer llamadas.
Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, dijo que es lamentable que cuando uno observa que hay una actitud persecutoria contra los compañeros y compañeros, pero este juez no argumenta, este es un juicio político donde se utiliza la Ley para enjuiciar a nuestros hermanos y hermanas porque no hay una argumentación para mantenerlos presos.
